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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 19, de 22/09/2016
cve: BOCG-12-D-19
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de septiembre de 2016

Núm. 19


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

PLENO

051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página4)

GRUPOS PARLAMENTARIOS

010/000011 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página4)

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página4)

PERSONAL

299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios.

Ceses ... (Página5)

Nombramientos ... (Página6)

299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión.

Cese ... (Página7)

Nombramientos ... (Página7)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la denegación por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos políticos ... (Página11)


Página 2




Comisión de Fomento

161/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conclusión de las obras del enlace sur de la AP-9 de Sigüeiro (A Coruña)... (Página12)

Comisión de Educación y Deporte

161/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización, hasta que se alcance un Pacto Nacional por la Educación, del calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados, lo que conlleva la derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ... (Página13)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la defensa del futuro de los Astilleros de Sestao y de sus trabajadores ... (Página15)

Comisión de Cultura

161/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el retorno de la Dama de Elche ... (Página16)

Dirigidas, en el caso de su aprobación, al Gobierno que se constituya

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reconocimiento del genocidio armenio ... (Página17)

Comisión de Defensa

161/000261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la desmilitarización de la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su declaración como Bien de Interés Cultural ... (Página18)

Comisión de Economía y Competitividad

161/000278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a lograr una mayor igualdad de género en el sistema científico español e impulsar medidas de reconocimiento y visibilización de las mujeres en la ciencia ... (Página19)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 % ... (Página21)

161/000274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en productos de higiene íntima femenina, así como en pañales para infancia y adultos ... (Página23)

Comisión de Fomento

161/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la autovía A-73 ... (Página24)


Página 3




161/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada ... (Página25)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página26)

161/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico ... (Página27)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los bajos precios de la leche ... (Página28)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión de la prestación de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado español durante más de noventa días ... (Página30)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre cooperación con el Kurdistán ... (Página34)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y un Plan Interdepartamental de Transición Energética ... (Página36)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/001823 Autor: Tardà i Coma, Joan.

Accidente hípico de la Infanta Elena en las instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela ... (Página37)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000004 Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas Comunidades ... (Página38)


Página 4




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

PLENO

051/000002

A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado

Baja:

GALLEGO ARRIOLA, María del Puerto 20-09-2016

GRUPOS PARLAMENTARIOS

010/000011

Grupo Parlamentario Socialista

(010/000002)

Número de miembros al 20 de septiembre de 2016: 83.

Baja:

GALLEGO ARRIOLA, María del Puerto 20-09-2016

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

(031/000007)

Portavoces sustitutos:

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta.

GARCÍA EGEA, Teodoro.

MORENO PALANQUES, Rubén.


Página 5




PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 14 de septiembre de 2016, de D.a Concepción Bartolomé del Álamo, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 15 de septiembre de 2016, de D.a María José Mariscal de Gante Burguete, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 15 de septiembre de 2016, de D.a María del Pilar Belmonte Torrado, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 14 de septiembre de 2016, de D.a Aránzazu Gutiérrez Pérez-Fajardo, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 6




Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 14 de septiembre de 2016, de D.a María de Gracia Marín González, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 14 de septiembre de 2016, de D.a María del Mar Soria del Río, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a las personas que a continuación se relacionan, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistentes para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista:

- D. Mohammed Azahaf Moumen.

- D.a Idoia Esteban del Amo.

- D. José Villalba Roldán.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María Gema Bonilla Alonso, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera,


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con efectos de 16 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 19 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María Corrales Pons, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Domènech Sampere, con efectos de 19 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

299/000005

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Pilar Rojo Noguera, con efectos de 14 de septiembre de 2016, de D.a Paloma Abejón Mendoza, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Peticiones.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

299/000005

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Paloma Abejón Mendoza, a propuesta del Excmo. Sr. D. Celso Luis Delgado Arce, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Fomento.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a


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bien nombrar a D.a Concepción Bartolomé del Álamo, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Ignacio Llorens Torres, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 15 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María del Pilar Belmonte Torrado, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Pilar Cancela Rodríguez, con efectos de 16 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Igualdad.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Margarita María Cazenave Zarandona, a propuesta del Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Constitucional.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Carmen García Tortosa, a propuesta del Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Concepción Gea Manuel, a propuesta del Excmo. Sr. D. Rafael Merino López, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Interior.


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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Ana Isabel Grande Collados, a propuesta del Excmo. Sr. D. Leopoldo Barreda de los Ríos, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Aránzazu Gutiérrez Pérez-Fajardo, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Pradas Torres, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta, del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Alberto Lázaro Nieto, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Teófila Martínez Saiz, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Educación y Deporte.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María de Gracia Marín González, a propuesta del Excmo. Sr. D. José María Barreda Fontes, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Defensa.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María José Mariscal de Gante Burguete, a propuesta de la Excma. Sra. doña Pilar Rojo Noguera, con efectos de 16 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Peticiones.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Remedios Rodríguez Sánchez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Arturo García-Tizón López, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Economía y Competitividad.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a María del Mar Soria del Río, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Margarita Robles Fernández, con efectos de 15 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Justicia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Pablo Taylor Castro, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Díaz, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Presupuestos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/000268

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la denegación por el CNI de la Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos políticos.

Exposición de motivos

La dirección de la empresa "Navantia, S.A.",. ha impedido a un empleado el acceso a salas con documentación clasificada, tras la denegación de la preceptiva habilitación personal de seguridad (HPS) impidiendo la prestación de sus servicios. Las razones aducidas por la empresa para la denegación y entrada en dichas dependencias se deben a que estamos ante un "trabajador peligroso" para la Seguridad Nacional.

El referido trabajador entabló acciones judiciales en defensa de sus derechos laborales, dictando Sentencia la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En el cuarto de los Fundamentos de Derecho, la Audiencia Nacional hace un repaso exhaustivo de los requisitos de fondo dimanantes de la norma NS/02 sobre los criterios para valorar la idoneidad de las personas relativas a la Habilitación de Seguridad de personal y resuelve que dichos requisitos no resultan de aplicación a este caso.

En el sexto de los Fundamentos de Derecho, la resolución señala que es necesario motivar dicha prohibición al trabajador para acceder a la referida Sala con documentación clasificada para no caer en arbitrariedades prohibidas por el Ordenamiento Jurídico.

Finalmente, la resolución dictada por la Audiencia Nacional estima el Recurso de Apelación interpuesto por el trabajador y señala que la prohibición de acceso del empleado adolece de falta de motivación. A pesar de la Resolución dictada por la Audiencia Nacional y con el ánimo de "motivar dicha prohibición", en fecha 3 de noviembre del pasado año, el Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán reconoce mediante escrito las verdaderas razones por las que se niega al trabajador la habilitación de seguridad que no son otras que políticas.

Citamos literalmente: "[...] El Sr. Sinde ha demostrado una continuada participación en organizaciones y grupos cuyos ideales defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista... Si bien esta participación es lícita, se considera discordante con la protección clasificada que el Ministerio de Defensa cede a la industria para sus desarrollos armamentísticos". Este trabajador, informático, viene prestando servicios para la empresa Navantia Ferrol desde hace muchos años, siempre desempeñó sus funciones sin problema alguno y, al amparo a sus derechos constitucionales milita y desarrolla su


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compromiso sindical en CC.OO. Las afirmaciones vertidas por el Director del CNI son graves en un Estado Social y Democrático de Derecho, no hacen más que recordar las prácticas macartistas, pero no hay ninguna razón que avale la posición discriminatoria del Gobierno en esta cuestión.

No podemos olvidar que si este trabajador prestara sus servicios en una empresa auxiliar de Navantia, esta práctica discriminatoria, supondría su despido. Esta flagrante discriminación fue denunciada ante la Xunta de Galicia quien se limitó a señalar que no puede actuar porque estamos "ante una competencia estatal ajena a las competencias del Gobierno gallego".

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las gestiones oportunas que conduzcan a garantizar los derechos constitucionales que en la actualidad se vulneran con la segunda negativa a autorizar la habilitación personal de seguridad al referido empleado de Navantia Ferrol, y conceda la HPS para poder prestar las funciones propias de su cargo en condiciones de igualdad al resto de sus compañeros de trabajo

- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que remueva los obstáculos que pesan en la decisión del CNI para discriminar a un trabajador por estrictos motivos políticos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/000262

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conclusión de las obras del enlace sur de la AP-9, de Sigüeiro (A Coruña), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Real Decreto 1733/2011 aprobó el Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, concesionaria española sociedad anónima, por la que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del Atlántico AP-9 para la ampliación de la capacidad de diversos tramos de dicha autopista. Este Real Decreto incluía una adenda sobre un proyecto de enlace sur de la AP-9 a su paso por el término municipal de Sigüeiro (A Coruña). Un proyecto que contaba con un presupuesto base de licitación de 7,94 millones de euros y que suponía la culminación de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Oroso desde el año 2002.

A pesar de que el enlace sur de la AP-9 era un compromiso de Estado, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy aparcó el proyecto durante los años 2012 y 2013, desentendiéndose total e inexplicablemente de unas obras tan beneficiosas para Sigüeiro y comarca, en el momento de mayor recesión económica y a pesar de que el Ministerio de Fomento no tenía que aportar financiación alguna, sino simplemente autorizar la realización de los trabajos.

Finalmente, la concesionaria de la autopista, Audasa, realiza en marzo de 2014 una operación financiera para poder financiar las obras. Dos meses después, el Ministerio de Fomento autoriza definitivamente la Adenda, adjudicándose las obras el a la UTE compuesta por el Grupo Puentes y Francisco Gómez y compañía, que garantizan que la obra estará operativa en 2015. En febrero de 2015 se anuncia el inicio de las obras, comenzando el trabajo en marzo de ese mismo año. El Ministerio de Fomento anuncia incluso la posibilidad de que el enlace entre en funcionamiento en agosto, sin embargo


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los retrasos llegan hasta octubre, momento en que el Ayuntamiento de Oroso hace una reclamación ante el Ministerio de Fomento al comprobar que las obras están transcurriendo con lentitud y que el 19 de octubre ya no hay nadie trabajando.

Las obras permanecen paralizadas desde entonces, alegándose "cuestiones burocráticas". Esta paralización afecta a la construcción del puente sobre la carretera N-550, que debería servir de salida para los vehículos que, procedentes de Santiago, quieren salir en Sigüeiro, pero que mantiene cerrada toda la obra al no estar aún recepcionada. Las obras llevan diez meses paralizadas y las máquinas hace ya más de ocho meses que abandonaron la zona.

La situación está causando graves perjuicios a los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Oroso. En primer lugar, a los vecinos del Alto de Vilanova, los más cercanos a las obras, que están viendo como tienen serias dificultades para acceder a sus viviendas, tanto por cuestiones de salubridad como de seguridad viaria, pues tienen que circular por una zona en obras con escasa iluminación. En segundo lugar, para los miles de conductores que circulan cada día por un tramo en obras y con una señalización provisional que por las noches no es fácil de visualizar, lo que ya ha provocado algún que otro siniestro de tráfico, afortunadamente de escasa entidad.

Estos cinco años de continuos atrasos por parte del Gobierno han supuesto tanto una merma en la movilidad de los vecinos y vecinas de Oroso como una pérdida económica para las empresas instaladas en el municipio, que no pueden hacer uso de una infraestructura tan necesaria para el crecimiento y el desarrollo económico de este ayuntamiento.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar las gestiones oportunas a través del Ministerio de Fomento, tendentes a solucionar de una vez los problemas burocráticos que motivaron la paralización de las obras de construcción del enlace sur de la AP-9 desde el pasado mes de octubre de 2015.

- Llevar a cabo la construcción de forma inmediata del puente sobre la carretera N-SSO.

- Terminar las obras de dicho enlace sur, dando así solución a los problemas de seguridad vial existentes y poniendo fin a meses de molestias injustificadas para los vecinos y vecinas de la zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Pilar Cancela Rodríguez, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Margarita Pérez Herráiz y Ricardo Antonio García Mira, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/000264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización, hasta que se alcance un Pacto Nacional por la Educación, del calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados, lo que conlleva la derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Nuestro sistema educativo ha sido reformado en múltiples ocasiones y ninguna de ellas contó con el consenso de los principales partidos de la Cámara. A pesar de algunos logros importantes, como la


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escolarización universal hasta los dieciséis años o la extensión de la educación infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar continúa siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20 % de nuestros alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales, desacorde con nuestro nivel económico.

Es tiempo de dejar de lado la política de bandos y empezar a trabajar juntos en la construcción de consensos para lograr un Pacto Nacional por la Educación que sea para una generación y no para una legislatura. Es el propósito de Ciudadanos que, como en las naciones más avanzadas del planeta, se empiece a tratar la educación en España como una cuestión de Estado. Debemos empezar a remar todos en la misma dirección para abordar los grandes retos educativos comunes de forma conjunta y en beneficio de todos.

A finales de noviembre de 2013 se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 182 votos a favor, el texto final de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Todas las fuerzas parlamentarias, exceptuando el Partido Popular, votaron en contra de esa Ley. La razón principal de ese rechazo fue la falta de voluntad política a la hora de generar los acuerdos y consensos necesarios para reformar un asunto tan delicado y tan esencial para el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía como es la educación.

Entre los principales escollos de la LOMCE a la hora de alcanzar un mayor número de apoyos está la implantación de las pruebas de evaluación de final de etapa de carácter nacional en diferentes cursos. Sin embargo, el Gobierno, aun estando en funciones, aprobó el pasado 29 de julio, el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

En Ciudadanos consideramos que la vía de la imposición por Decreto no es una buena base para comenzar un nuevo tiempo de diálogo en el ámbito de la educación. Pero también consideramos que la derogación de la LOMCE en su totalidad y el consiguiente retorno a la LOE no es una buena solución. El sistema anterior tampoco dio los resultados deseados y además el retorno a la LOE causaría un tremendo desbarajuste en los planes educativos.

Por esa razón pactamos en sendos acuerdos con PSOE y PP (uno de gobierno y el otro de investidura) un marco común para avanzar hacia un nuevo Pacto Nacional por la Educación. En concreto, el Grupo Popular y el Grupo Socialista se comprometieron, en su literalidad, a:

"Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor."

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es necesario un Pacto Nacional por la Educación que se asiente en el consenso de las principales fuerzas políticas del país de modo que no se legislen nuevos modelos educativos con cada cambio de Gobierno. Atendiendo a la necesidad de construir un sistema basado en el acuerdo y orientado a evitar conflictos y problemas entre las administraciones, pero sobre todo, atendiendo a los estudiantes y sus familias, consideramos que es preciso paralizar la implantación de la LOMCE, lo que exige la derogación del Real Decreto 310/201 y que se ponga en marcha cuanto antes una mesa de diálogo para llegar, en el plazo de seis meses, a un Pacto Nacional por la Educación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, que permita la elaboración de un marco legal consensuado y tenga como principal objetivo lograr que la educación sea una herramienta eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. Hasta que se logre un Pacto Nacional, se paralizará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos pendientes aún de ser implantados.


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b) Derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

A su vez, el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir una Subcomisión parlamentaria, mediante el procedimiento correspondiente y en el plazo más breve posible, que permita sentar las bases de un Pacto Nacional por la Educación en el plazo de seis meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la defensa del futuro de los Astilleros de Sestao y de sus trabajadores, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El Astillero de la Naval de Sestao es un astillero con más de cien años de historia, siempre dedicados al diseño y construcción de buques especiales de alto valor añadido.

Da empleo directo a 200 trabajadores y su actividad afecta a más de 1.500 de la industria auxiliar que dependen de este astillero (principalmente en la margen izquierda de Bizkaia, comarca con una fuerte incidencia del paro).

La Naval fue privatizada en diciembre de 2006 al segregarse del grupo público Izar y los términos de la privatización incluían una serie de garantías sociolaborales (prejubilaciones y recolocaciones) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la plantilla.

La empresa ha sufrido nueve expedientes de regulación de empleo (EREs) en los años anteriores a 2015, años en los que el sector naval se enfrentó a una situación angustiosa tras la desaparición del sistema de financiación de "tax lease" anterior, aunque en los dos últimos años ha logrado una importante carga de trabajo.

Sin embargo, existe una seria preocupación por parte de los trabajadores respecto a los escasos resultados obtenidos estos años, a pesar de la carga de trabajo que tiene el astillero, así como las dificultades para encontrar mano de obra cualificada, clave para afrontar nuevos pedidos y para el futuro de la empresa.

Por otra parte, en octubre de este año finaliza el periodo de garantías de empleo que se estableció para los trabajadores de Izar y, en ese momento, los trabajadores tienen que optar por continuar en el astillero vizcaíno o pueden decidir incorporarse a Navantia.

La eliminación de ese régimen de garantías sociolaborales pone en riesgo el futuro de la empresa por la posible descapitalización de los recursos humanos del Astillero y ante las dificultades de encontrar mano de obra cualificada.

La Naval tiene carga de trabajo garantizada para un año más, pero su continuidad futura peligra, si no se consigue una mayor implicación de la SEPI con el proyecto y trabajadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Se involucre con el futuro de la empresa Astilleros La Naval y de sus trabajadores y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se reúna con los trabajadores para buscar un acuerdo


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satisfactorio para ambas partes y, sobre todo, que adopte las decisiones necesarias para mantener a flote a la Naval.

2. Impulse planes de empleo y reindustrialización en la margen izquierda de Bizkaia que es una de las zonas de Euskadi más golpeadas por la crisis."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-José Javier Lasarte Iribarren, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/000265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el retorno de la Dama d'Elx, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La Dama de Elche, junto con el Misteri d'Elx y el Palmeral, es una de las señas de identidad más representativas de la ciudad desde que esta fue descubierta el 4 de agosto de 1897 en el yacimiento de La Alcudia. De todos es conocido que a los pocos días de su hallazgo fue adquirida por el Museo del Louvre y expuesta en este insigne museo parisino, hasta que en 1941 volvió a España fruto de los intercambios que se realizaron con el Gobierno de Vichy. Desde ese momento, la Dama de Elche solo ha regresado a la ciudad en la que fue descubierta en dos ocasiones: en 1965, periodo en el que estuvo únicamente dos semanas, y en 2006, en el que permaneció por un espacio de seis meses. Con motivo de esta última visita, que atrajo a más de cuatrocientos mil visitantes a la ciudad, se desarrolló un ambicioso proyecto museístico, el MAHE, cuyo propósito inicial era ofrecer un contexto a la Dama, y después convertirse en el museo que albergara los muchos fondos arqueológicos e históricos de los que disponemos. Con este objetivo, se acondicionó técnicamente la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira, lugar en el que quedó expuesta, para que dicho espacio reuniera las condiciones de seguridad y de conservación necesarias. Para muchos ilicitanos el regreso de la Dama es una cuestión fundamentalmente sentimental, el deseo de volver a tenerla entre nosotros. Sin embargo, debemos señalar que la presencia de la Dama durante los seis meses de 2006 supuso un revulsivo económico, cultural, turístico y social que quedó reflejado en la vida de la ciudad. Al mismo tiempo, esta se convirtió en un destino atractivo que ofrecía la posibilidad de contemplar "in situ" una de las esculturas íberas de mayor belleza, revitalizando de esta manera todos los sectores económicos.

Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ceder al municipio de Elx en 2017 la Dama d'Elx con motivo de la conmemoración del 120 aniversario de su descubrimiento en el municipio.

2. Estudiar su cesión definitiva al municipio de Elx a través del forma más adecuada, sea directamente al Museo Arqueológico y de Historia de Elche, o convirtiendo este en una subsede del Museo Arqueológico Nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El genocidio armenio es el término usualmente utilizado para hacer referencia a la deportación masiva, y a la muerte durante la misma, de un número indeterminado de civiles armenios -estimado en más de un millón- durante los años de la Primera Guerra Mundial, así como los años previos y posteriores, como consecuencia de las políticas represivas del gobierno turco.

Al inicio del genocidio, Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a los llamados Jóvenes Turcos, que dirigían el gobierno de Turquía, que eran responsables de un crimen contra la humanidad. Tras la Primera Guerra Mundial, tribunales de posguerra de la propia Turquía sometieron a juicio a los Jóvenes Turcos, condenándolos a muerte por un genocidio que fue reconocido por muchos de sus oficiales y por pruebas recopiladas por EE.UU., Reino Unido y Alemania. Sin embargo, y con los Jóvenes Turcos condenados en el exilio, el genocidio armenio continuaría con mayor virulencia si cabe de la mano de Mustafa Kemal "Atatürk".

A pesar de todas las evidencias, Turquía siempre ha negado la existencia de un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el estado otomano, sino que fueron causadas por las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

No obstante, casi todos los estudiosos -incluso turcos- opinan que los hechos encajan en la definición actual de genocidio, opinión respaldada por las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y una lista creciente de países, entre los cuales Alemania, Francia, Canadá, Italia, Grecia, Chipre, Armenia, Eslovaquia, Polonia, Líbano, Rusia, Lituania, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Suecia, Venezuela, Argentina, Uruguay, el Vaticano e, incluso, Estados Unidos.

El Estado español todavía no se cuenta entre los que han reconocido el genocidio armenio. Sin embargo, parlamentos autonómicos como los de Baleares, Catalunya, Navarra, Euskadi o Aragón ya han reconocido en distintas ocasiones el genocidio armenio.

En tanto que el reconocimiento histórico de los crímenes perpetrados es necesario para cicatrizar heridas y reconstruir lazos de paz; es importante el reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado español y que se inste en el marco de los organismos internacionales oportunos a su definitiva recuperación.

Es por todo ello que se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reconoce el genocidio armenio ejecutado por Turquía como un crimen contra la humanidad e insta al Gobierno español a:

1. Instar al Estado de Turquía al reconocimiento del genocidio armenio como un gesto de concordia con Armenia y de buena voluntad en las relaciones regionales, en el marco de la cultura la cultura de la paz, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos y controversias.

2. Reclamar a la Unión Europea el papel de mediador entre los Estados de Turquía y Armenia para la superación definitiva del genocidio armenio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Defensa

161/000261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida a través del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desmilitarización de la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su declaración como Bien de Interés Cultural, para su debate en Comisión.

Desde 1986 el Ministerio de Defensa ha mantenido el proyecto de instalar en el Pico de Malpaso (El Hierro, Canarias) un radar de uso militar pretendiendo inicialmente la ocupación "de una parcela de 35.000 m2 de terrenos de la propiedad de este Ayuntamiento en Pico de Malpaso, para llevar a cabo el programa de potenciación de la defensa aérea del Archipiélago Canario, instalaciones a efectuar por el Ejército del Aire (Ministerio de Defensa)".

Dicha pretensión fue inicialmente rechazada por el pleno extraordinario del Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro), concitando el rechazo del conjunto de la sociedad herreña no solo por su reiterada apuesta por la paz y la neutralidad del archipiélago sino también por ser un sitio histórico de gran valor cultural y una zona de espacios naturales a proteger, incluidos en el avance de las normas subsidiarias, ya que la construcción de dicha instalación contradice el Proyecto de Ley de Espacios Naturales del Archipiélago Canario, aprobado por el Gobierno Autónomo y pendiente de la aprobación del Parlamento de Canarias.

El 24 de noviembre de 1987, a propuesta de dos de los tres diputados de la isla, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó la siguiente Proposición no de Ley:

"El Parlamento de Canarias acuerda: Instar al Gobierno de Canarias para que en defensa de la tradición cultural, histórica y religiosa y de los valores ecológicos de la zona de Malpaso de la isla de El Hierro, solicite del Ministerio de Defensa la no ubicación en ella de instalaciones militares."

La amenaza de militarización de una isla que, por sus características geográficas y sociales, presenta una gran fragilidad que se vería gravemente alterada con una instalación de este tipo, ha generado un amplio movimiento social que abarca a la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sectores sociales de El Hierro.

En febrero de 2002 el Gobierno de España, con absoluto desprecio a lo manifestado por el conjunto de la sociedad y Parlamento de Canarias, procedió a la declaración de la zona como "Zona de Interés para la Defensa Nacional" mediante el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, decreto que no ha sido revocado por los sucesivos gobiernos, manteniéndose como una amenaza permanente sobre la isla, sin que se haya llegado a ejecutar el proyecto durante estos casi treinta años, muestra más que evidente que el mismo carece de la urgencia y necesidad que se argumentaba por la "sombra" producida por el Teide en el control de la aviación civil.


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Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Derogar el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso a la misma.

- Declarar la zona de Malpaso de la isla de El Hierro, debido a su interés arqueológico, histórico y cultural, como Bien de Interés Cultural (BIC) a partir de lo regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, lo que impedirá en el futuro las instalaciones militares en ella."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2016.-Eva García Sempere y Miguel Bustamante Martín, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para lograr una mayor igualdad de género en el sistema científico español e impulsar medidas de reconocimiento y visibilización de las mujeres en la ciencia, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

A pesar de que en los últimos años ha habido un gran avance en comparación con el pasado en cuanto al reconocimiento de las contribuciones de las mujeres en la ciencia y la investigación. En España y en Europa, la desigualdad de género en ciencia sigue siendo un problema sin resolver. Tal como muestra el último informe She Figures 2015.

Las mujeres están infrarrepresentadas en la ciencia, y lo están más a medida que se avanza en la carrera científica. Las alumnas de carreras científicas obtienen los mejores resultados pero la élite de la ciencia en Europa y en España sigue siendo, casi en exclusiva hoy en día dominada por hombres.

En España se siguen concentrando en los puestos con menor retribución, prestigio, estabilidad y proyección y hay un estancamiento en la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las entidades científicas. Por otro lado, son los investigadores quienes obtienen financiación pública mediante proyectos de 1+D en mayor proporción que las investigadoras en España.

En el CSIC, en el mayor organismo de ciencia de España, las mujeres siguen invisibilizadas, según constata el informe oficial Mujeres Investigadoras CSIC 2016 presentado por la institución.

Las mujeres son mayoría (57,5 %) entre los jóvenes investigadores que se incorporan al CSIC para completar su doctorado, pero desaparecen a medida que se avanza en la carrera científica y se incrementan tanto la responsabilidad como los sueldos. Las mujeres son el 40,62 % de los científicos titulares, el 35,07 % de los investigadores científicos y tan solo el 24,88 % de los profesores de investigación, máxima categoría en el escalafón del CSIC. La brecha en el CSIC es incluso un par de décimas mayor que el año anterior, entre los científicos titulares y los profesores de investigación. Y no es por falta de mujeres preparadas.

El último Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del CSIC, fechado el 15 de diciembre de 2015, afirma que en los órganos directivos del CSIC se ha alcanzado la paridad, pero no ocurre así en las direcciones de sus 123 centros de investigación. Se pone de manifiesto que existe una preeminencia de la población de hombres respecto a la de mujeres y una situación de mayor precariedad de las mujeres


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en el empleo en el CSIC. Mientras que en la plantilla fija (personal funcionario y personal laboral fijo) hay más hombres que mujeres, en la de personal laboral temporal ocurre lo contrario.

Se ha venido dando también un constante escaso reconocimiento social de las mujeres, como así se refleja en el sesgo de género en los premios científicos. A pesar del informe realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia de la Secretaría de Estado de I+D+i. Las mujeres en los premios científicos en España 2009-2014, donde se alertaba de que las mujeres solo consiguen el 18 % de los premios científicos en España, (el porcentaje se hunde hasta el 7 % si los galardones cuentan con una dotación económica de 100.000 euros o más), un año más, los grandes premios científicos en España ignoran sistemáticamente a las mujeres.

Es crucial que los recursos lleguen tanto a investigadoras jóvenes como a investigadoras consolidadas de forma que puedan continuar con su carrera e invertir en ella, evitando la pérdida de valiosas profesionales a lo largo de la carrera científica.

Por otro lado, la ciencia se ha desarrollado históricamente como una actividad masculina y adoptando una perspectiva androcéntrica, que hace de lo masculino la norma: identifica lo masculino con lo humano en general y, a su vez, equipara todo lo humano con lo masculino.

En la investigación clínica, que investiga los efectos de los fármacos en las personas, a menudo se excluyen de los ensayos a las mujeres bajo el supuesto de que los medicamentos se comportarán de la misma forma en ambos sexos. Pero desde hace años hay críticas a este enfoque desde el mundo científico. Sin embargo, cada vez más investigadores e investigadoras señalan que existen diferencias cromosómicas y hormonales que pueden hacer variar el efecto de los fármacos. Cuando el médico receta un medicamento lo más probable es que este no haya sido probado en mujeres.

En todos los países con un acceso igualitario al sistema de salud se constata que las mujeres presentan más enfermedades crónicas que los hombres y hacen un mayor uso de los servicios sanitarios ambulatorios. Sin embargo, las mujeres tienden a recibir peor asistencia sanitaria: el esfuerzo terapéutico es menor, se hace menos uso de pruebas diagnósticas sofisticadas. Existe aún un gran desconocimiento, por falta de investigación y de información, sobre las enfermedades que padecen las mujeres, sus causas y las maneras de prevenirlas y tratarlas.

En 2012 la Comisión Europea (CE), en su comunicación sobre el Espacio Europeo de Investigación (ERA, por sus siglas en inglés), estableció cinco prioridades clave. La cuarta prioridad era alcanzar la igualdad de género y la inclusión del género en los contenidos de la investigación, mediante el fomento de la diversidad de género para promover la excelencia científica. También la Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación requiere, en la disposición adicional 13.a, incorporar adecuadamente el análisis de género en la investigación como también lo hace el Programa HORIZONTE 2020 de la CE.

Asimismo, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) incluye como quinto principio la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de I+D+i.

Sin embargo, el CSIC tiene esta otra gran asignatura pendiente. La Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC alertó por escrito, a finales de 2015, de que "el CSIC carece de documentación específica sobre la inclusión de la dimensión de género en los contenidos de la investigación". Medidas ausentes por cierto, también en su II Plan de Igualdad. Otros países han tomado la delantera. EE.UU. anunció en 2014 que exigiría una representación adecuada de los dos sexos en los animales empleados en investigaciones biomédicas.

Las políticas de igualdad de género en ciencia y tecnología no pueden limitarse a promover directamente la presencia de mujeres: es preciso ir más allá, pues las instituciones y la investigación científica no son neutrales desde la perspectiva de género. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista recogiendo las propuestas de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), y de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, y con el fin de reforzar las medidas de igualdad en el sistema de Ciencia y Tecnología y aplicar políticas transversales con perspectiva de género en toda las acciones públicas relacionadas con la ciencia, la educación y el conocimiento, que sirvan para impulsar el empoderamiento de las mujeres en la ciencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Lanzar programas de concienciación desde primaria hasta el doctorando para dar mayor visibilidad a referentes femeninos que sirvan de inspiración a las jóvenes y de normalización de la presencia femenina


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en ámbitos científicos y técnicos. Incentivar las vocaciones científicas y el interés por la ciencia desde niñas.

2. Potenciar programas de mentores que ofrezcan a las jóvenes investigadoras un punto de vista independiente y recomendaciones acerca de su carrera.

3. Fomentar la labor de las oficinas de Mujer y Ciencia en universidades y centros de investigación como lugar en donde, entre otras tareas, se puedan recoger quejas de desigualdades y malas prácticas.

4. Estudiar las causas del cuello de botella en la transición posdoc científica titular y combatirlas eficientemente con medidas que faciliten el tránsito como los contratos posdoc más largos y medidas de conciliación y corresponsabilidad.

5. Crear un certificado ''Mujer y Ciencia'' para centros de investigación y universidades con trayectoria probada de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, similar al sello Athena SWAN25 de Reino Unido que se asocia a una mejor imagen y mayor dotación presupuestaria. Entre los criterios de este sello, se debería garantizar la presencia de la mujer en órganos de toma de decisiones, consultivos y tribunales de adjudicación de plazas o contratos, algo que evitaría sesgos. Para ello, se debería recomendar la presencia de un mínimo (25-50 %) de mujeres, normalizando así su presencia.

6. Lanzar el programa de contratos Dorotea Barnés, para facilitar la estabilización profesional de personas que hayan tenido bajas continuadas por maternidad, paternidad, adopción o dependencia. Se trataría de una convocatoria pública competitiva solo para solicitantes que cumplan los anteriores requisitos, con parámetros similares al programa Ramón y Cajal y que ofrezca una flexibilidad laboral para el cuidado de hijos/as o personas dependientes.

7. Impulsar que los organizadores de los premios establezcan jurados paritarios y pongan en marcha una política proactiva para que las instituciones propongan candidatas, como ha empezado a hacer este año la Fundación Princesa de Asturias.

8. El CSIC debe asumir el desarrollo de la dimensión de género en la investigación para fomentar la inclusión de variables referidas al género y al sexo. En particular, éstas son de vital importancia en el sector biosanitario, en estudios ambientales y recursos naturales, así como en las investigaciones sociales, históricas y culturales. Además, son relevantes en otros campos, como es el caso de los vinculados al diseño tecnológico, que deben tener en cuenta estas variables en relación a las personas que van a ser usuarias de dichos diseños.

9. Campaña de difusión entre los órganos de investigación y de innovación de la guía práctica para la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-María González Veracruz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 %, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

En 2012, el anterior gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 12/2012 diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público entre ellas la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones estableciendo un gravamen especial del 10 %. Esta polémica regularización fiscal -más y mejor conocida como amnistía fiscal- asestó un golpe fatal a la ya


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frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.

En aquel momento el gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones -y escasamente se recaudaron 1.193 millones-, lo que supone un tipo efectivo inferior al 3 % y no del 10 %, como establecía el Real Decreto-ley. El anterior gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal, permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso de la XI Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3 % en lugar del 10 % legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización "no eran comprobables".

Con el objetivo de paliar el daño causado por esta de "facto" amnistía fiscal, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto seis: "Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 % previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria."

No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.

Hay que recordar también que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza. Esto solo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudores.

De este modo, urge instar al Gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que ponga a la Agencia Tributaria a comprobar y liquidar a estos defraudadores para recaudar los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.

Considerando fundamental mantener por un lado el compromiso con la estabilidad presupuestaria, habida cuenta de los desvíos de déficit, deuda y gasto devengados hasta la fecha, incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea y, por otro lado, la necesidad de recursos para potenciar las políticas sociales y de bienestar dada la alta tasa de desempleo y precariedad laboral, más que nunca son necesarios esos 2.800 millones de euros dejados de ingresar por los defraudadores fiscales acogidos a esta amnistía fiscal, dinero público de todos los españoles y no de unos pocos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Realice con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10 % por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria.

2. En ejecución de lo anterior, anule las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012.

3. Ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que estas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para garantizar que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, es decir, pagando el 10 % de las cuantías afloradas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/000274

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en productos de higiene íntima femenina, así como en pañales para infancia y adultos, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El consumo de productos de higiene íntima representa para las mujeres una necesidad primordial y regular. Sin embargo, estos artículos están gravados como productos de consumo, lo cual comporta que un artículo sanitario indispensable para las mujeres se convierta en un producto de lujo. Este hecho supone una discriminación puesto que se trata de productos higiénicos que evitan muchas infecciones y que son necesarios para todas las mujeres desde la adolescencia hasta la retirada de la menstruación, es decir, durante un periodo amplio de su vida.

Actualmente, las compresas y tampones -que no están considerados como material sanitario ni como medicinas- están gravados con un 10 %, hecho que va en detrimento del poder adquisitivo de las consumidoras y representa una discriminación económica y social. En este sentido tanto los productos de higiene íntima femenina como los pañales para infancia y adultos deberían también ser considerados productos de primera necesidad y obtener un tipo de IVA del 4 %.

Las copas menstruales, compresas, tampones y protege-slips son y deben de ser considerados como productos de primera necesidad. Ya en la última subida impositiva, en julio de 2012, dejaron de ser considerados como objetos de lujo, IVA del tipo general (que subía del 18 % al 21 %) al IVA del tipo reducido (que subía del 8 % al 10 %). Un hecho que también fue aprovechado por los fabricantes de dichos productos así como por las distribuidoras y comercializadoras, para subir los precios de venta al público de estos productos de primera necesidad.

En cuanto a los pañales, se encuentran dentro de la categoría de cosméticos y productos de higiene personal, y actualmente están gravados con un 21 % del IVA (hasta julio de 2012 era del 18); equiparándolos a los productos de lujo. Los pañales tanto para niños como para adultos, son productos de primera necesidad que suponen un impacto importante en la economía de las familias. La rebaja del tipo impositivo a estos productos es una reivindicación histórica tanto de la sociedad como de las fuerzas políticas. Sin embargo, una Directiva Europea impedía aplicarle el IVA reducido. No obstante, la Comisión Europea pretende reformar el IVA y permitir que los Estados puedan aplicar la tasa que consideren a los productos. Como se demuestra del plan de acción para reformar dicho impuesto [COM(2016)148/F1]. En dicho plan de acción la misma Comisión Europea reconoce que, si bien las medidas de fiscalidad en la en el marco comunitario necesitan aprobarse por unanimidad, es imprescindible que el tipo impositivo de estos productos sea armonizado.

Dada la clara evidencia de que este tipo de productos deben pasar a ser considerados como productos de primera necesidad así como las iniciativas comunitarias encaminadas a armonizar el tipo impositivo a este tipo de productos, es oportuno, por tanto, defender un IVA superreducido para los mismos.

Por todo ello, se presente la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Defender ante la Comisión Europea la capacidad de los Estados para establecer tipos de reducidos o superreducidos de IVA para los productos de primera necesidad.

2. Reconocer, en cuanto la Unión Europea lo permita, la rebaja al 4 % del Impuesto de Valor Añadido en los productos de higiene íntima femenina más necesarios (compresa y tampones) y pañales absorbentes para infancia y adultos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.- Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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Comisión de Fomento

161/000263

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso a la autovía A-73, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Muchas personas residentes en el noreste de la provincia de Palencia, residentes en Aguilar de Campoo y en el territorio aledaño utiliza la carretera nacional 627 (N-627) como itinerario frecuente para sus desplazamientos laborales o de ocio a Burgos, Madrid y otros destinos.

La ejecución de la autovía A-73, que sería alternativa a la N-627, se encuentra desgraciadamente paralizada y sin dotación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para esta anualidad de 2016.

Es notoria la peligrosidad de la N-627 en virtud de las frecuentes condiciones climatológicas adversas, el riesgo de colisión por abundancia de fauna salvaje de su entorno (ciervos, corzos, jabalíes, zorros e, incluso, buitres leonados), así como la probabilidad de siniestralidad originada por el denso tráfico de vehículos pesados.

Asimismo, las condiciones de la vía, con grandes tramos de prohibición de adelantamiento a causa del complicado trazado físico y de la travesía de numerosas poblaciones, ralentiza el tráfico de turismos y otros vehículos ligeros debido a la citada densidad de vehículos de gran tonelaje, más aún en temporada estival, como en la que nos encontramos.

Ya en 2012, el Real Automóvil Club de España marcaba en negro por el riesgo de accidentes de tráfico dos tramos en la N-627: el tramo de 18,5 km entre las localidades burgalesas de Ubierna y Quintana del Pino y el tramo de 14,5 km entre Llanillo y Aguilar de Campoo. Justamente dos tramos que están a la espera de su sustitución por la autovía y que suponen más de la mitad del recorrido entre Aguilar de Campoo y el enlace con la inconclusa A-73.

A mayor abundamiento, podemos ver cómo el prestigioso Real Automóvil Club de Cataluña indica que con solo desviar el tráfico pesado y transportes especiales por las autovías cuando haya trazado alternativo, como en el caso que nos ocupa, disminuirían un 8 % los accidentes con víctimas mortales.

El tráfico pesado registrado en la estación de aforo situada en el kilómetro 74,75, en la localidad de Camesa, ascendió en 2015 hasta los 799 vehículos pesados de media al día. Dicha cantidad lleva en aumento según los datos de los últimos años: 733 vehículos en 2014, 669 vehículos en 2013, etc.

El Ministerio de Fomento puso en marcha en julio de 2015 un plan para mejorar la seguridad vial, redistribuyendo los tráficos por las infraestructuras, es decir, fomentando el desvío del tráfico pesado de las carreteras convencionales a las autopistas, en ese caso, de peaje.

Unos meses antes, en febrero de 2015, el mismo Ministerio de Fomento había decretado ya el desvío del tráfico de mercancías peligrosas entre Aguilar de Campoo y Burgos, obligando a su desplazamiento por autovía hasta Osorno para enlazar allí con la A-231 o autovía del Camino de Santiago.

Todas ellas soluciones parciales que evidencian la necesidad de que la autovía A-73 sea una realidad y cuente con el impulso del gobierno de la nación para incluir una partida presupuestaria suficiente para retomar las obras paralizadas y avanzar en su ejecución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para: Impulsar la ejecución de la autovía A-73 mediante su inclusión en próximos ejercicios presupuestarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-María Luz Martínez Seijo y Esther Peña Camarero, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la búsqueda de una solución a la falta de conexión ferroviaria que padece la ciudad de Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

A día de hoy, Granada es la única ciudad española que actualmente no posee ninguna conexión ferroviaria, una situación que se prolonga desde hace más de un año, concretamente desde el 7 de abril de 2015. Por aquel entonces, el Gobierno decretó el corte de la circulación de trenes entre Antequera y Granada para llevar a cabo las obras de la línea de alta velocidad.

El Gobierno aseguraba entonces que el corte duraría cuatro meses, tiempo en el que se debían acondicionar los 27 kilómetros de vía convencional a su paso por Laja con un tercer hilo y los 2,7 kilómetros de entrada a Granada. Sin embargo, más de un año después, el tráfico ferroviario sigue aún cortado. Actualmente, las obras de Laja acumulan al menos ocho meses de parálisis y se encuentran al 20 % de ejecución. La propia Adif admitió la existencia de problemas administrativos relacionados con las obras: los tres últimos contratos adjudicados -estación de Granada, paso por La Chana y Loja- sufrieron modificados para aumentar su presupuesto y el modificado de Laja -para aumentar la dotación- se encuentra pendiente de aprobación.

El efecto sobre el número de viajeros ha sido notorio. Pese a que Renfe se ha negado a facilitar datos oficiales, se ha conocido que el número de viajeros se ha reducido un 33 %, al pasar de 588.000 viajeros en los doce meses anteriores al corte, a 396.539 en los doce siguientes. La conexión con Madrid ha perdido en este último año un 61 % de viajeros y alcanza una caída del 82 % en el caso del enlace con Barcelona.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos injustificable esta parálisis que ha llevado al aislamiento ferroviario de la ciudad de Granada, que se ha producido por criterios exclusivamente políticos y, por tanto, perfectamente evitables. Tampoco resulta aceptable la opacidad y la confusión a la que han sido sometidos los viajeros en relación con la situación real de las obras o las fechas previstas para su finalización.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Con el objetivo de recuperar las conexiones ferroviarias a Granada suspendidas desde hace más de 500 días, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Adopte las medidas necesarias para el desbloqueo inmediato con la empresa adjudicataria (UTE Dragados-Tecsa) de la obra del AVE a Granada en el tramo desde el kilómetro 59,560 al 86,520 de la línea ferroviaria Bobadilla-Granada. De tal forma que la ejecución pendiente de dicho tramo sea realizada en un periodo máximo razonable de entre seis y ocho meses.

2. Partiendo del conocimiento de que el resto de tramos del AVE a Granada, así como la adecuación de la estación, están prácticamente terminándose. Solicitamos que la fecha de llegada del AVE a Granada coincida con la de finalización del tramo mencionado en el punto anterior.

3. Recuperar a la mayor celeridad el servicio del tren nocturno Federico García-Lorca entre Granada y Barcelona. Y explicar, si hubiere algún problema para ello, qué se está haciendo para que vuelva a estar en servicio.

4. Dar los pasos necesarios tras la llegada del AVE a Granada para convocar a todas las instituciones que deben constituir la necesaria sociedad de integración, para debatir y acordar el proyecto de soterramiento del AVE a Granada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.

Exposición de motivos

La dejadez de los gobiernos del PP al desatender las condiciones en las que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a nivel global para desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las inversiones acomodadas en la planta de A Coruña suponen una peligrosa amenaza para el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la capital herculina, al igual que el progresivo retraso en la celebración de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras de energía.

El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad económica sin que el gobierno del PP defina un sistema de precios que entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado tanto directo como indirecto.

Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megawatios porque las subastas con una periodicidad anual no son el periodo idóneo para definir inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos- acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede excluida.

Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo energético, caracterizado por su condición de sostenible y social, y que responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales severos y una exportación de alrededor del 40 % del total de energía producida en nuestro país.

La administración tiene que acordar una política de precios que garantice el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el consumo de energía, las emisiones y fomente el empleo.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, especialmente en las plantas de Alcoa, de A Coruña, San Ciprián y Avilés.

2. Impulsar todas aquellas reformas necesarias para estudiar el restablecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible que permita disponer de unos costes energéticos asumibles para la industria eléctrica española, y en particular para las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica del país. Este posible nuevo sistema debe basarse en la transición a las renovables, eficiencia energética y en la revisión de costes fiscales, y que supondrían un gran beneficio reduciendo los costes productivos como en el caso de Alcoa y otras grandes consumidoras de energía eléctrica.

3. Emprender las medidas que procedan para fomentar la implementación por parte de estas grandes industrias consumidoras de energía de un plan de inversiones que favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de emisiones contaminantes y la innovación y creación de valor añadido en su producción; todo ello


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teniendo en cuenta el importante peso que estas industrias poseen en la economía y el empleo de las zonas en las que desarrolla su actividad.

4. Promover un pacto de Estado de la energía, a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para dotar a la política energética de la estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. Un modelo basado en las energías renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.

5. Solicitar a la Unión Europea que exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Adhesión con China de la O.M.C."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000270

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico.

Exposición de motivos

La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación del sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema, mediante la prestación de un servicio retribuido al operador del sistema "Red Eléctrica de España, S.A.", por parte de consumidores debidamente cualificados para dicha prestación.

Los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio constituyen, para empresas con procesos de producción electrointensivos, un componente muy importante de su estructura de precios y por lo tanto de su competitividad e incluso su viabilidad en mercados de productos, como el aluminio primario que, en general, son objeto de contratos a medio o largo plazo.

En estas condiciones, y considerando que, de acuerdo con el artículo 4.2 de la IET/2013/2013, modificado por la IET/1752/2014, de 26 de septiembre, desde el 29 de julio pasado debe de obrar en la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la propuesta del operador del sistema, informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el requerimiento de potencia interrumpible para la temporada eléctrica 2017, una propuesta de fechas para la realización de las subastas y un calendario de los hitos a realizar de cara a la celebración de las mismas.

Por otra parte, el pasado 12 de agosto se publicó la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 5 de agosto, por la que se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la participación en las subastas.

En consecuencia, desde el pasado 12 de agosto están disponibles todos los elementos técnicos y regulatorios para que la Secretaría de Estado de Energía de cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.5 de la resolución de 5 de agosto, antes citada, y publique la resolución con el detalle de las subastas, cantidades y precios, así como las fechas de realización de las mismas.

Si se toma como referencia la temporada eléctrica 2016, el 10 de julio de 2015 ya se había publicado el calendario de subastas y el 4 de setiembre de 2015, ya habían tenido lugar las mismas y los consumidores interrumpibles estaban en disposición de planificar su producción para el año 2016.

Por lo tanto, resulta de todo punto incomprensible que todavía no se disponga del calendario de las subastas, la potencia interrumpible a subastar y los precios de salida de los productos. Una situación que


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de prolongarse, puede causar daños irreversibles a la producción de muchas empresas y por consiguiente poner en peligro miles de puestos de trabajo.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, con carácter de urgencia, la siguiente

Proposición no de Ley

"a) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar las razones por las cuales, de acuerdo con la regulación vigente, la Secretaría de Estado de Energía no ha hecho público las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad

b) Considerando las repercusiones de la situación actual para la viabilidad y el empleo de muchas industrias y en particular las electrointensivas, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a tomar alguna medida para remediar esta situación.

c) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a publicar, de forma urgente, la información necesaria para proceder a la realización de las subastas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez y del Diputado Antón Gómez-Reyno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativa a la situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los bajos precios de la leche.

Exposición de motivos

Aunque ha disminuido la atención mediática sobre el tema, lo cierto es que la crisis del sector lácteo gallego sigue sin resolverse. Es más, desde la finalización del sistema de cuotas lácteas hace ya un año, la situación no ha hecho más que agravarse. El panorama se resume con brevedad: los precios de la leche en origen siguen cayendo, son ya los más bajos de la década, y las explotaciones ganaderas continúan cerrando de manera galopante. De hecho, en estos meses han cerrado en Galicia 323 explotaciones ganaderas, 51 de ellas en el mes de julio.

Los precios se sitúan en Galicia por debajo de los 24 céntimos, son los más bajos del Estado, lo cual no cubre ni mínimamente los costes de producción que están se sitúan por encima de los 30 céntimos. Las pérdidas económicas para los ganaderos son enormes, mientras se les añaden problemas como los créditos y la falta de liquidez para poder sacar adelante su explotación ganadera.

El principal problema está en los bajos precios de la leche que bajo nuestro punto de vista y el de las organizaciones del sector se solventaría con el establecimiento de precios de referencia. Varias son las demandas de los ganaderos que nunca se han tenido en cuenta.

Por mucha propaganda que el Gobierno hizo del Acuerdo Lácteo firmado en septiembre del pasado año 2015 entre la industria del sector, las empresas de distribución y solo una parte de los productores, es más que evidente su estrepitoso fracaso dadas las ambiguas e insuficientes medidas. Conviene recordar que no participaron en su firma las principales organizaciones lácteas que representan a la mayoría del sector lácteo del Estado. Ya advertían entonces que era papel mojado, y que no garantizaría la resolución de la crisis de los precios, entre otras cosas, por la negativa a recoger un precio mínimo y justo, además de la necesidad de contemplar garantías para su cumplimiento por parte de las industrias de modo que se


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impusiesen sanciones en caso de incumplimiento. Eran las principales demandas del sector: precios de referencia de la leche, y ante los continuos incumplimientos de pactos anteriores con industrias y distribución, la necesidad de contemplar sanciones.

El contenido del Acuerdo de septiembre de 2015 es abstracto y ambiguo, no obliga a las industrias a pagar precios sostenibles a los ganaderos. Todo son vanas recomendaciones y su efectividad ha sido escasa. El sistema implantado de abuso de poder por parte de las grandes industrias lácteas sigue vigente.

El gobierno del PP prefirió alinearse con los intereses de las grandes industrias lácteas y cadenas de distribución antes de defender al eslabón más débil de la cadena: los productores. No nos valen los reiterados argumentos centrados en la normativa comunitaria sobre competencia porque países como Francia han aprobado acuerdos lácteos que incluyen los precios de referencia. Por tanto, el Estado español podría haber hecho exactamente lo mismo. Es una cuestión de voluntad política.

Los problemas continúan pendientes de resolución. Además de las demandas mencionadas, los ganaderos llevan tiempo pidiendo sin éxito que no se utilice la leche como producto de reclamo para atraer compradores en las áreas comerciales. Demandan que se indique la procedencia de la leche puesto que solo uno de cada tres cartones informa sobre el origen, o las medidas para que se prioricen los productos autóctonos sobre los lineales. El etiquetado del origen de la leche en los cartones posibilitaría una revalorización del producto autóctono.

Dado que todos los Paquetes Lácteos o Acuerdos no contemplaron medidas de penalización, los contratos homologados entre industrias y ganaderos nunca se han cumplido. El problema principal reside en la escasa o nula capacidad que tienen los productores para negociar los contratos con las industrias que son las que establecen las condiciones y solo ofrecen a los ganaderos la posibilidad de firmar o no, pero ningún margen para la negociación. De ahí la necesidad de una figura intermedia, de un mediador para este tipo de negociaciones.

Cuando se cumple ya un año de la finalización del sistema de cuotas lácteas, el balance no podría ser peor. Cada día cierran dos explotaciones lácteas en Galicia cuyo número se sitúa ya por debajo de las 9.000 explotaciones ganaderas.

A la pasividad del Gobierno central se une la ineficacia interesada de la Unión Europea que no ha aportado soluciones ni previsto medidas para solucionar la grave crisis a nivel europeo del sector lácteo. No ha aceptado aumentar los precios de intervención, y se ha decantado por permitir una reducción unilateral y voluntaria de la producción en cada Estado miembro en lugar de una conjunta que a priori podría ser más efectiva.

La ausencia de medidas de la UE ha frustrado al sector que llevaba cinco años preparándose para la eliminación de las cuotas lácteas, el conocido como "aterrizaje suave".

Otro de los graves problemas que hemos citado es la delicada situación financiera en la que se hallan muchas explotaciones. La crisis láctea ha llevado a muchas granjas gallegas a una situación financiera crítica. El nivel de endeudamiento en el último año se ha elevado a unos 75 millones de euros. Más de la mitad de las granjas están perdiendo capacidad económica mientras el volumen de sus deudas sigue creciendo entre dos y cinco céntimos con cada litro de leche que producen. Algunos cálculos indican que el montante pasivo de las explotaciones llegaría a superar los 125 millones de euros. Las deudas de los ganaderos repercuten en toda la cadena de servicios dada la incapacidad para poder costearlos.

Las entidades financieras y bancarias son reacias a dar préstamos o créditos al sector, que acusa así la falta de liquidez como otro de sus grandes problemas.

El sector lácteo en Galicia tiene un peso muy importante, y de hecho es el principal productor a nivel estatal. El sector primario, junto con el mar, ha sido uno de las fuentes de creación de empleó en el territorio gallego en muchas comarcas del interior. Pero la difícil situación del sector ha llevado a una enorme pérdida de empleo en los últimos ejercicios. Hace solo dos años un tercio del empleo en localidades como Meira, Os Ancares o A Fonsagrada procedía del campo. Actualmente ese porcentaje no lo alcanza ninguna comarca del territorio gallego. Tan solo en Pol, Pastoriza y Paradela (en Lugo) y Rodeiro (Pontevedra), el ámbito de la agricultura genera más empleo que otros sectores, lo cual da muestra de la importante destrucción de empleo agrario que se ha producido en Galicia.

Con todas estas cuestiones sobre la mesa, consideramos vital que se adopten medidas urgentes, esta vez eficientes, útiles y que aporten soluciones reales y concretas.


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"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar medidas concretas y útiles para solucionar la grave crisis del sector lácteo:

1. Introducir en la Ley de 12/2013, de la Cadena Alimentaria, el concepto de precio de referencia, que será fijado en función de los costes de producción, con el objetivo de que los productores lácteos perciban un precio justo y digno.

2. Contemplar un régimen sancionador o de penalización como instrumento necesario para garantizar el cumplimiento por parte de las industrias de las condiciones establecidas en los pactos y en los contratos homologados.

3. Prohibir que se utilice la leche como producto de reclamo para atraer consumidores en las áreas comerciales.

4. Obligar a etiquetar fielmente la procedencia de la leche en los cartones, informando adecuadamente sobre su origen e incentivando así los productos autóctonos sobre los lineales.

5. Aprobar la figura del mediador lácteo o intermediario con capacidad normativa suficiente para desempeñar el papel de negociador en los contratos entre las industrias y los productores, siempre que una de las dos partes lo demande.

6. Habilitar líneas de crédito o de financiación públicas destinadas a aliviar el enorme endeudamiento al que se ha visto obligado el sector ganadero debido a la pérdida de capacidad económica por la situación de aguda crisis."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez, y a través de su portavoz, Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la supresión de la prestación de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado español durante más de noventa días.

Exposición de motivos

La redacción inicial de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, regulaba en su artículo 3 el derecho a la salud y la atención sanitaria y reconocía ese derecho a la ciudadanía española, a las personas extranjeras en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea con arreglo al derecho europeo y a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que con arreglo a las leyes, los tratados y convenios suscritos.

Redacción inicial de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:

"Artículo 3. Titulares de los derechos.

1. Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los siguientes:

a) Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000.


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b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que tienen los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y de los tratados y convenios que se suscriban por el Estado español y les sean de aplicación.

c) Los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea que tienen los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y convenios suscritos.

2. Las Administraciones públicas orientarán sus acciones en materia de salud incorporando medidas activas que impidan la discriminación de cualquier colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales tenga especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud."

A partir del 24 de abril de 2012, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ("BOE" de 24 abril; corrección de errores "BOE" de 15 mayo), se reformula íntegramente el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que deja de referirse a los "titulares del derecho a la salud y la atención sanitaria" para regular "10 condición de asegurado", quedando regulado en los siguientes términos:

"Artículo 3. De la condición de asegurado.

1. La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.

2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social yen situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el excónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igualo superior al 65 %.

5. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de 105 regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico.

A este respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa vigente."


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Es decir, en abril de 2012 se produce una transformación radical del sistema sanitario español: desaparece el acceso universal al sistema que se sustituye por el actual sistema de aseguramiento, en el que solo tienen derecho a una atención integral quienes reúnan los requisitos establecidos para tener la condición de persona asegurada o beneficiaria.

De este modo, el derecho a la salud queda supeditado al cumplimiento de determinados requisitos administrativos que se han ido endureciendo progresivamente mediante la aprobación de sucesivas normas, la exclusión de la asistencia sanitaria pública a las personas de nacionalidad española que no coticen ni perciban ningún tipo de prestación de la Seguridad Social y salgan del país más de noventa días en un año (sin necesidad de que esos noventa días sean consecutivos) es el último eslabón.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014; en la Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se va a producir la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas de nacionalidad española que no coticen ni perciban ningún tipo de prestación de la Seguridad Social y pasen fuera del país más de noventa días en un año (sin necesidad de que esos noventa días sean consecutivos).

Así, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 ("BOE" de 26 diciembre. Entrada en vigor: 1 de enero de 2014), en su disposición final décima primera, modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para añadir el requisito de residir en España, quedando redactada en los siguientes términos:

"2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

(...)

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España."

Esa misma Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 ("BOE" de 26 de diciembre. Entrada en vigor: 1 de enero de 2014); en el apartado siete de su disposición final cuarta introduce una disposición adicional sexagésima quinta en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, del siguiente tenor:

Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos.

"1. (...)

2. A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los noventa días a lo largo de cada año natural."

El juego de ambas disposiciones es lo que da lugar a la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas de nacionalidad española que no coticen ni perciban ningún tipo de prestación de la Seguridad Social y pasen fuera del país más de noventa días en un año (sin necesidad de que esos noventa días sean consecutivos).

Dicha situación es la que permanece vigente en la actualidad, ya que de las dos reformas legislativas producidas con posterioridad a la citada Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que se mencionan a continuación y que entraron en vigor, respectivamente, el 1 y el 2 de enero de 2016; la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, únicamente introduce una precisión en la letra d) del número 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto Legislativo 8/2015, de


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30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social conserva la dicción literal de la disposición adicional sexagésima quinta en el Real Decreto Legislativo 1/1994

La disposición final quinta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (publicación: "BOE" de 30 de octubre. Entrada en vigor: 1 de enero de 2016), vuelve a modificar la letra d) del número 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para añadir que, a efectos de lo dispuesto en el mismo, "la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, por un periodo inferior a seis meses, cuando no se acceda a nueva prestación o subsidio por desempleo, no impedirá recuperar la condición de parado que agotó la prestación o el subsidio por desempleo."

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que queda redactado del siguiente modo:

"d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España.

A los solos efectos de lo dispuesto en este artículo, la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, por un periodo inferior a seis meses, cuando no se acceda a nueva prestación o subsidio por desempleo, no impedirá recuperar la condición de parado que agotó la prestación o el subsidio por desempleo."

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General de la Seguridad Social. Publicado en el "BOE" número 261, de 31 de octubre de 2015. Vigencia desde 2 de enero de 2016, dispone:

"Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos.

(...)

3. Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural."

La universalización de la asistencia sanitaria es una exigencia derivada del mandato constitucional, en la redacción contenida en el artículo 43 de la CE, en cuyo apartado 1) señala (...):

1. Reconoce el derecho a la protección de la salud."

De tal modo que con esta medida, el Gobierno vulnera el mandato constitucional que exige garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas. A su vez, el Gobierno desoye el mandato establecido en el Reglamento 883/2004 del Parlamento Europeo y la Comisión Europea según el que los Estados miembros deben garantizar la prestación sanitaria a todas las personas, sin distinción ni discriminación en cualquiera de los Estados en los que se encuentren.

Este nuevo recorte es dramático en la situación de desempleo actual, en la que miles de ciudadanos y ciudadanas se ven abocados a la emigración ante la imposibilidad material de encontrar empleo o por carecer de la imprescindible protección social; por lo que alcanzará a miles de personas que verán mermados sus derechos a la asistencia sanitaria, produciendo un retroceso insoportable en nuestro país.

Ningún fundamento económico puede justificar la decisión de privar de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado más de noventa días, sin olvidar la enorme desigualdad que esta medida genera en relación al acceso a la asistencia sanitaria, así como los problemas de salud pública que pueden derivarse de dicha privación.

El sistema actual restringe la asistencia sanitaria a las "personas aseguradas" con independencia de las necesidades de su salud.


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Con este nuevo recorte, el Gobierno del PP da un paso más en la vulneración de derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la asistencia sanitaria con carácter universal.

En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, a través de sus Diputadas Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez Martínez, la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que derogue y deje sin efecto cualesquiera normas jurídicas que limiten o cercenen el derecho de los y las ciudadanas de nacionalidad española al acceso a la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social, con independencia de su residencia o no en territorio español y del mayor o menor tiempo que residan en otro país.

- En cumplimiento del mandato constitucional que se garantice el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía española con carácter universal en tanto residan en territorio, sin perjuicio del cual fuere su nacionalidad.

- Que se inicien los trámites legislativos pertinentes para derogar cuantas normas impidan el acceso a la asistencia sanitaria a aquellas personas de nacionalidad española que residan fuera del territorio español durante más de noventa días, en especial mediante la derogación de la exigencia de residir en España contenida en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y del artículo 51, apartado 3.º, del Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y aplicando tal derogación con carácter retroactivo a todas aquellas personas que por aplicación de las meritadas normas se encontraron privadas de tal asistencia sanitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000276

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ana María Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cooperación con el Kurdistán, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El Kurdistán es una nación de más treinta millones de personas, que se encuentra dividida entre diversos Estados (Turquía, Irán, Iraq, Siria, Armenia), y que tiene buena parte de su población en el exilio.

La mayor parte de los kurdos (quince millones) viven en Turquía, representando alrededor del 20 % de la población del actual Estado turco, y de donde Turquía extrae todo el petróleo "propio". En Irán viven 8 millones de kurdos, que representan menos del 20 % de la población iraní, pero de donde se extrae el 20 % de la producción petrolífera. En Iraq viven cinco millones, que representan la cuarta parte de la población del Estado iraquí, y de donde este extrae tres cuartas partes de su codiciado petróleo. Siria, donde vive un millón de kurdos, extrae del territorio kurdo todo el petróleo. Y finalmente, en el territorio kurdo de Armenia viven medio millón de kurdos.

A la riqueza petrolífera, hay que sumarle los recursos acuíferos (en Kurdistán nacen los principales ríos de la región), los cereales (es considerado el Granero de Oriente Próximo) y la situación geoestratégica (que, entre otras, hace que pase por su territorio buena parte del crudo con dirección a Europa).


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Todos los Estados que ejercen la soberanía sobre el territorio kurdo niegan sus derechos políticos, desde los lingüísticos y culturales hasta los nacionales, con políticas represivas, incluso agresivas. En este sentido, la represión turca en los años ochenta-noventa (con armamento occidental, incluyendo español) provocó más de 30.000 personas asesinadas, más de 3.000 pueblos y aldeas destruidas y más de tres millones de personas desplazadas. Asimismo, hay que señalar la ya conocida represión del régimen de Saddam Hussein, incluyendo ataques con armamento químico.

Actualmente la situación del pueblo kurdo es la siguiente en los diferentes Estados en que se reparte:

Según los informes de Amnistía Internacional,"la población kurda en Siria siguió sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricciones en el uso de la lengua y la cultura kurdas. Decenas de miles de kurdos seguían siendo apátridas en la práctica y continuaban privados de acceso igualitario a los derechos económicos y sociales". Entre otro tipo de represiones, docentes kurdos llegaron a ser detenidos por enseñar la lengua kurda. A esta represión cultural se le tiene que añadir el conflicto civil que se sucede en Siria y los combates reiterados entre las Fuerzas del Estado Islámico y la resistencia Kurda. Enfrentamientos que según el Informe de Amnistía Internacional se cobraron la vida de cerca de 250 civiles en la ciudad de Kobani.

En Irán, las manifestaciones son cruelmente reprimidas con decenas de detenciones e incluso con muertos. Asimismo, los diarios kurdos son prohibidos y sus profesionales procesados.

En Iraq, la población kurda fue víctima de un gran exterminio. El gobierno iraquí, durante dos décadas de persecuciones, empleó desde armas químicas hasta la limpieza étnica para silenciar la voz de este pueblo sin Estado. La represión al pueblo iraquí llegó hasta tal punto que la comunidad internacional llegó a imponer sanciones económicas a Irak durante los años ochenta y noventa el establecimiento de zonas de exclusión aéreas destinadas a la protección de la población kurda del Kurdistán iraquí, a fin y efecto de evitar bombardeos con gas mostaza y otros componentes químicos. Es en el periodo de la invasión de Irak en 2003, que la coalición internacional liderada por el llamado Trío de las Azores (Estados Unidos, España y Reino Unido) usó como pretexto, junto con la existencia de armas de destrucción masiva, la opresión de la población kurda para iniciar, en marzo de 2003, la invasión a Irak.

A pesar de que la represión ha llegado en momentos al punto del exterminio, actualmente es el país donde mejor se conserva la cultura y la lengua kurda. El Kurdistán iraquí goza de una importante autonomía, pero la situación se ve obviamente condicionada por la conflictividad que se vive en el Estado.

En Turquía se produce una represión violenta del pueblo kurdo dentro y fuera de sus fronteras (mediante incursiones militares). Defensores de los derechos del pueblo kurdo son encarcelados, como recientemente la exdiputada Leyla Zana, que fue reconocida por el Parlamento Europeo con el premio "Sfikharov por la Libertad de Conciencia" después que en 1995 fuera también condenada. Pasó nueve años en prisión por supuesta pertenencia al PKK, motivo por el que ha vuelto a ser condenada a pesar de que el Tribunal Europeo recientemente ha considerado que no se debe considerar a este partido kurdo como una organización terrorista.

Del mismo modo, es necesario también mencionar los reiterados ataques indiscriminados contra la población del Kurdistán turco y que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado y denunciado.

Mientras, la mayoría de países occidentales enfocan el problema kurdo como un problema de terrorismo o de ayuda humanitaria, y no como un problema político. No obstante, la situación de violación de derechos humanos y políticos en el Kurdistán merece una implicación más activa de la Comunidad Internacional, y particularmente en la búsqueda de una solución política.

Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reconoce los derechos históricos y nacionales del pueblo kurdo e insta al Gobierno español a:

1. Establecer relaciones de cooperación con los representantes de Kurdistán en el exilio y, en particular, en el Estado español.

2. Promover la cooperación del Estado español con la población kurda en todos sus territorios. En este sentido, se estudiará la posibilidad de abrir delegaciones o agregadurías de las embajadas en el Kurdistán.


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3. Impulsar la concesión de becas de formación para la población kurda y, en particular, de estudios diplomáticos para representantes kurdos en el exilio.

4. Reclamar en las relaciones bilaterales con los Estados que ejercen su soberanía sobre los territorios kurdos (Turquía, Irán, Iraq, Siria y Armenia), el reconocimiento del pueblo kurdo y sus derechos culturales y lingüísticos, y especialmente el cumplimiento de los derechos humanos y políticos.

5. No vender armamento a aquellos Estados que reprimen a la población kurda.

6. Reclamar, en el marco de la Unión Europea, la mediación de esta para frenar las políticas represivas de las libertades individuales y colectivas del pueblo kurdo y buscar vías para un proceso de democratización y autonomía.

7. Instar al Gobierno español a trabajar para el reconocimiento de los derechos históricos y nacionales del pueblo kurdo en el marco de los diferentes organismos internacionales en los que el Estado español está representado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000275

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y un Plan Interdepartamental de Transición Energética, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

Se conoce como cambio climático la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial ya sea a escala regional o global. Se trata sobre todo de cambios de orden natural que en la actualidad están directamente asociados al impacto de la actividad humana sobre el planeta. Si bien el concepto de cambio climático no es sinónimo de calentamiento global, comúnmente lo encontramos asociado a este fenómeno de aumento de la temperatura promedio en la atmósfera y en los océanos así como también influye en las precipitaciones y otros parámetros meteorológicos y climatológicos.

Así, en cuanto al impacto humano, se considera que ciertas prácticas desmedidas como la utilización indiscriminada de recursos naturales, la quema de combustibles que producen dióxido de carbono (CO2) y otras han alcanzado un efecto negativo trascendente en el aumento de la temperatura. La mayor presencia de CO2 en la atmósfera motiva el llamado "efecto invernadero", por el cual la radiación calórica que llega a la Tierra es reflejada en menor medida hacia el espacio de lo esperado para la presencia de concentraciones normales de ese gas. En consecuencia, la temperatura aumenta, con consecuencias directas en distintos parámetros, a predominio del descongelamiento de las grandes masas de hielo de las regiones polares.

Han sido muchas las iniciativas globales a nivel de Estados y organismos internacionales para tratar de paliar o reducir las emisiones de dióxido de carbono con tal de evitar la aceleración del cambio climático. Una de las más recientes fue la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en París, y que dio lugar al llamado Acuerdo de París. Este acuerdo forma parte de un proceso que comenzó el año 1992 en Río de Janeiro y que poco a poco ha ido sumando países. Así el protocolo de Kioto, el año 1997, lo firmaron solo 38 países, y quedaron fuera los que aportaban más CO2 al planeta. El intento de firmar un acuerdo importante en la cumbre de Copenhague el 2009 no fructificó, por lo que la presión sobre la cumbre de París fue elevada, pues todo el mundo, o casi, sabía que el planeta no se podía permitir acabar sin acuerdo y no hacer nada durante años.

Dicho acuerdo, firmado el 12 de diciembre de 2015, contiene una serie de medidas destinadas a la reducción de emisiones de CO2 a partir del año 2020 y fue adoptado por 195 Estados. Los objetivos del Acuerdo quedan perfectamente definidos en el artículo 2 del mismo:


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"a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero."

Sin embargo, el acuerdo de París no es vinculante en el sentido que no obliga los Estados a bajar la producción de CO2, es un acuerdo voluntario. Está depositado en la sede de la ONU y estará a disposición de los estados para ser firmado durante un año a partir del 22 de abril de 2016. El Acuerdo entrará en vigor cuando 55 estados que representen al menos el 55 % de las emisiones mundiales de CO2 hayan efectuado la ratificación del tratado.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Elaborar una Ley de Cambio Climático y un Plan Interdepartamental de Transición Energética, en el marco de las competencias del Estado, que permita el cumplimiento de los objetivos europeos de lucha contra el cambio climático por parte de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Joan Olòriz Serra, Diputado.- Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/001823

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Tardà i Coma, Joan (GER).

Accidente hípico del la Infanta Elena en las instalaciones de la Zarzuela.

Acuerdo:

1. Admitir a trámite, excepto los guiones segundo, tercero y décimo, cuya admisión a trámite no procedería, por tratarse de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución y no sometidas por tanto a control parlamentario de la Cámara. Las preguntas se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución configura dicha función, sino que supondría, de facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquel, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

2. Trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas sobre el accidente hípico de la Infanta Elena en la instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela, solicitando su respuesta por escrito.

Según un comunicado de la Casa Real, el pasado jueves 1 de septiembre, la hermana del Jefe del Estado, Felipe VI, Elena de Borbón, sufrió un accidente en que padeció rotura de muñeca mientras practicaba equitación.

Según informaron diversos medios de comunicación, el suceso ocurrió en las instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela. Unas instalaciones que, según han publicado diferentes medios de comunicación, fueron construidas a petición del actual Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, para uso y disfrute de su familia:

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Puede confirmar el Gobierno la existencia de un complejo hípico en el Palacio de la Zarzuela?

- [...]

- [...]

- En caso afirmativo, ¿cuál fue el precio total de la construcción de este equipamiento? ¿A cargo de qué partida presupuestaria se consignó el gasto?

- ¿Quién es el responsable de la gestión y mantenimiento de las instalaciones hípicas?

- ¿Quién es el responsable de asumir económicamente esos gastos? ¿A cargo de qué partidas presupuestarias? En caso de que sean diferentes organismos o instituciones, detallar qué gastos asume cada una.

- ¿Cuál ha sido el coste anual de estas instalaciones desde su construcción? Detallar año por año.

- ¿Quién asume el gasto de la caballería usada en el centro hípico?

- ¿Los caballos del centro forman parte de la Caballería de la Guardia Real?

- [...]

- ¿Cree el Gobierno español que debe mantenerse con dinero público un centro hípico en el Palacio de la Zarzuela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS

E INSTITUCIONES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000004

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.

Autor: Senado.

Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos entre ambas Comunidades.

Acuerdo:

Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA RENOVACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE ABONO TRANSPORTES DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID EN LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE AMBAS COMUNIDADES

En Madrid, a 8 de julio de 2016.

Reunidos de una parte, la Excma. Sra. D.ª Cristina Cifuentes Cuencas, Presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo para la que fue designada por Real Decreto 533/2015, de 24 de junio, y habilitada para este acto por los artículo 7.b) y 21.j) de la Ley 1/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 4.1 de la Ley 8/1999, de 9 de abril, y con el punto 4.1 del Acuerdo de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los criterios de coordinación convencional de la Comunidad de Madrid.

De otra, el Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 590/2015, de 2 de julio, y habilitado para este acto por el artículo 5.b) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Reconociéndose ambas partes la capacidad suficiente para la realización de este acto,

MANIFIESTAN

Que la Comunidad de Madrid puede celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas, en especial con las limítrofes, para la gestión y prestación de servicios propios de la competencia de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de su Estatuto de Autonomía. Por otra parte, tiene competencia exclusiva en materia del transporte terrestre que transcurra íntegramente por su territorio.

Que, por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está facultada para celebrar convenios en idénticos términos a los expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de su Estatuto de Autonomía. Igualmente, tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de transporte terrestre cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la región, según determina el artículo 31.4.ª del Estatuto de Autonomía.

Que, por otra parte, desde 2001 funcionó a satisfacción de ambas partes el Convenio suscrito el 22 de noviembre de 2000, regulador de las condiciones de utilización de los títulos de abono transportes creados expresamente entonces con el objeto de facilitar los desplazamientos entre diversas poblaciones de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.

Dicho convenio fue renovado para mantener su continuidad en el año 2007, por un nuevo acuerdo que se mantuvo en vigor en dicho ejercicio. Posteriormente, en virtud del Convenio de 17 de octubre de 2011, se acordó la renovación de la utilización de los títulos de Abono Transportes del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (en adelante, el Consorcio) en los desplazamientos entre ambas Comunidades durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2011, ambos incluidos.

El día 2 de julio de 2013 se suscribió un nuevo convenio para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio en los desplazamientos entre ambas Comunidades, para el periodo que abarca los años 2012 y 2013.

Permaneciendo los motivos que justificaron los citados convenios, y habida cuenta de las modificaciones operativas que por diversas circunstancias afectan a los servicios incluidos, es por lo que la Comunidad de Madrid, actuando al amparo de la competencia atribuida por los artículos 31 y 26.1.6 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también actuando al amparo de la competencia atribuida por los artículos 33.15 y 40.1 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, consideran oportuno suscribir un nuevo Convenio, con arreglo a las siguientes


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ESTIPULACIONES

Primera. Naturaleza del convenio.

El presente convenio es de naturaleza pública y carácter administrativo, y como tal se encuentra sometido a la regulación vigente en la materia, contenida esencialmente en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de dicho texto legal.

Segunda. Objeto.

El objeto del presente convenio es mantener la utilización de los títulos de Abono Transportes que permiten realizar desplazamientos entre ambas Comunidades en las condiciones establecidas, así como la determinación del marco regulador de las obligaciones de las partes en relación con la utilización y financiación de tales títulos de transportes. Igualmente contempla el régimen transitorio de liquidaciones por los servicios prestados a partir de 2014.

Tercera. Características de los títulos.

El conjunto de títulos de abono incluidos en el presente convenio responden a la siguiente estructura zonal:

- Abono Zona Exterior E1 (límite de distancia 59 km).

- Abono Zona Exterior E2 (límite de distancia 85 km).

- Abono Interzonal B1-E1.

- Abono Interzonal B1-E2.

- Abono Interzonal B2-E1.

- Abono Interzonal B2-E2.

- Abono Interzonal B3-E1.

- Abono Interzonal B3-E2.

- Abono Interzonal C1-E1.

- Abono Interzonal C1-E2.

- Abono Interzonal C2-E1.

- Abono Interzonal C2-E2.

Todos ellos en las modalidades de abonados jóvenes (hasta veintiséis años de edad) y normales (resto de usuarios), y en los periodos de validez mensual y anual.

En relación con las modalidades indicadas, la Comunidad de Madrid ha acordado implementar a partir del 1 de octubre de 2015 la tarifa plana para jóvenes menores de veintiséis años, con validez para desplazamientos en todas las zonas tarifarias anteriormente citadas. La financiación de esta tarifa plana está incluida en el presente Convenio.

Cuarta. Condiciones de utilización de los títulos.

Los títulos tienen las siguientes características y condiciones de utilización:

? Títulos personales e intransferibles.

? Posibilitan la realización de un número ilimitado de viajes en cualquier medio de transporte público durante el periodo de validez, con las condiciones de tráfico establecidas en los títulos concesionales correspondientes y con las siguientes restricciones:

- En el caso de RENFE, solo son válidos en la red de Cercanías.

- No podrán utilizarse en ninguna concesión de transporte interurbano por carretera que no esté incluida en el anexo del presente convenio, donde se indican, además, las poblaciones servidas y los operadores de transporte correspondientes.


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Asimismo, no podrán utilizarse en el servicio directo entre Guadalajara y Toledo, prestado al amparo de las concesiones VAC-044 y VAC-023, ni en los trayectos internos a la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Para todo lo no contemplado expresamente en este Convenio se consideran de aplicación las condiciones vigentes establecidas con carácter general para los títulos de abono y publicadas en la página web del Consorcio.

Quinta. Titularidad.

Los abonos son de titularidad exclusiva del Consorcio, correspondiendo a este la emisión y fabricación de los soportes de los mismos, su comercialización y venta y, en consecuencia, la recaudación de los ingresos tarifarios.

La red de comercialización de los títulos de transporte incluidos en el presente convenio será la que corresponda en función de los acuerdos establecidos por el Consorcio con sus proveedores. No obstante, el Consocio garantiza la cobertura del servicio en las principales poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en el presente acuerdo y durante la vigencia del mismo.

Sexta. Precios de venta.

Los precios de aplicación al usuario para los títulos de abono serán los aprobados en cada momento por el Consejo de Administración del Consorcio y publicados en la página web del organismo.

Séptima. Financiación.

Las aportaciones económicas necesarias para la financiación derivada de la utilización de los abonos se distribuirán entre ambas Administraciones según la residencia de los abonados y la movilidad de los mismos, de acuerdo con los datos que se desprendan de los estudios de movilidad que se elaboren con este propósito, que asimismo determinarán la recaudación del Abono Joven correspondiente a estos servicios.

Los estudios de movilidad realizados en el año 2008 dan lugar a un reparto, teniendo en cuenta la combinación de ambas variables, del 34 % para la Comunidad de Madrid y el 66 % para la Comunidad de Castilla-La Mancha, por lo que la financiación se asumirá con esta distribución entre las dos Comunidades Autónomas en tanto se actualizan dichos estudios.

A este respecto, la Comunidad de Madrid adquiere el compromiso de actualizar, en el plazo máximo de un año a partir de la suscripción del Convenio, el Estudio de Movilidad en Transporte Público entre ambas regiones, en las zonas afectadas por el presente Convenio.

El resultado de dicho estudio se utilizará como referencia para revisar los porcentajes de aportación de cada una de las partes, a partir de su conclusión. En su caso, la modificación de los porcentajes de reparto se realizará de conformidad con lo dispuesto en la estipulación duodécima, a propuesta de la Comisión Técnica de Seguimiento.

El importe de las aportaciones de determinará anualmente como diferencia entre el producto del sumatorio de los viajes realizados y la tarifa de compensación para cada operador y la recaudación obtenida por la venta de los abonos transportes. El importe definitivo se determinará una vez conocidos los datos del cierre de la demanda real transportada y las tarifas de compensación de los operadores.

Octava. Liquidación de las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Anualmente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha liquidará al Consorcio el importe de financiación que le corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la estipulación anterior.

El importe de la liquidación deberá ser abonado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Consorcio en dos aportaciones: una el 15 de julio de cada año, correspondiente a la mitad de la cantidad prevista para el año en curso, y otra antes del 1 de marzo de la anualidad siguiente, correspondiente a la diferencia entre la liquidación efectuada y la liquidación anual definitiva, para lo cual el Consorcio remitirá a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha certificación del importe de dicha financiación anual antes del 31 de enero del año inmediatamente posterior al de realización de los servicios.

Además, con vistas a realizar la pertinente previsión presupuestaria, el Consorcio deberá remitir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, antes del 1 de julio de cada año, la estimación del importe


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de la financiación que le corresponda abonar en el ejercicio siguiente y suministrará, con periodicidad mensual, las cifras de títulos y los datos de demanda real transportada en cada una de las líneas, junto con las tarifas de compensación que aplican en cada una de ellas.

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha efectuará los pagos en la cuenta corriente 2100-2338-90-0200057050, y se imputará a la partida 4590 "Otras transferencias de Comunidades Autónomas" del presupuesto de ingresos del Consorcio.

El Consorcio hará frente a las aportaciones derivadas de la aplicación del Convenio, imputándolas al subconcepto presupuestario 4830 "Compensación Tarifaria". Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha financiará los gastos derivados de este Convenio con cargo a la partida presupuestaria 45000 "Transferencias corrientes a Comunidades Autónomas", dentro del programa funcional de gasto 513C, gestionado por la Consejería de Fomento.

Novena. Régimen transitorio.

El procedimiento de liquidaciones descrito en la estipulación anterior será de aplicación para los servicios prestados a partir del año 2018.

Hasta entonces, se establece el siguiente régimen transitorio:

- Servicios prestados en 2014. Se liquidarán por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de un (1) mes desde la entrada en vigor del presente Convenio, por importe de 2.321.945,90 euros.

- Servicios prestados en 2015. Se liquidarán por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del 1 de marzo de 2017, tras certificación presentada por el Consorcio antes del 30 de junio de 2016.

- Servicios prestados en 2016. Se liquidarán por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del 1 de marzo de 2017, tras certificación presentada por el Consorcio antes del 31 de enero de 2017.

- Servicios prestados en 2017. Se liquidarán por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del 1 de marzo de 2018, tras certificación presentada por el Consorcio antes de 31 de enero de 2018.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se compromete a reservar el crédito presupuestario suficiente para afrontar los compromisos asumidos en el presente Convenio durante la vigencia del mismo. El incumplimiento de este compromiso o el retraso en el pago facultará a la Comunidad de Madrid para resolver el presente Convenio.

Décima. Protección de datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal facilitados por los beneficiarios gozarán de la protección establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, incorporándose al fichero de datos de carácter personal que al efecto obra en el Consorcio.

Undécima. Comisión técnica de seguimiento.

En los dos meses siguientes a la firma de este Convenio se constituirá una Comisión paritaria de Seguimiento, compuesta por dos miembros de la Consejería de Fomento, en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y dos miembros del Consorcio, en representación de la Comunidad de Madrid.

Las funciones de la Comisión serán:

- Resolver las cuestiones que puedan plantearse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente Convenio.

- Analizar y considerar cualquier petición en relación con la inclusión o exclusión de nuevas líneas o concesiones, así como toda la información necesaria para controlar la ejecución del presente Convenio en los términos acordados.

- Analizar las consecuencias que se deriven de las modificaciones de las tarifas y de los cambios en el tipo y/o características de los títulos descritos en la estipulación tercera.

- Conocer y aprobar los estudios de movilidad que elabore la Comunidad de Madrid en base a la estipulación séptima y proponer el reparto de financiación entre las partes firmantes del Convenio, basados en dichos estudios.

- Cuantas otras deriven de este Convenio o que las partes firmantes de común acuerdo le confieran.


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Duodécima. Facultades de modificación.

Se faculta a los Consejeros competentes por razón de la materia de cada una de las administraciones autonómicas firmantes, y dentro de su ámbito de facultades, previas las autorizaciones que fueran necesarias por el ejercicio de competencias sobre la aprobación del gasto, para que de común acuerdo modifiquen los siguientes aspectos del presente Convenio:

- Los límites de distancia establecidos en la estipulación tercera para las respectivas zonas exteriores, si se produjeran nuevos desarrollos urbanísticos o lo hicieran conveniente las peculiaridades de un municipio determinado.

- Los porcentajes de reparto de financiación fijados en la estipulación séptima, con arreglo a los resultados del correspondiente estudio de movilidad.

- El anexo, si lo hiciera necesario la evolución y las modificaciones de las concesiones en él recogidas.

En particular, las administraciones firmantes estudiarán la posibilidad de extensión del Convenio a otras poblaciones castellano-manchegas con un importante flujo de transporte hacia la Comunidad de Madrid.

Decimotercera. Ratificación, efectos y vigencia.

El presente Convenio habrá de ser ratificado por la Asamblea de Madrid y aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.j) del Estatuto de Autonomía de Madrid, y en el artículo 9.2.d) del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, respectivamente.

El presente Convenio entrará en vigor a los treinta días de su comunicación a las Cortes Generales, si estas no formulan reparos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de Madrid y en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En caso de que las Cortes Generales o alguna de las Cámaras manifiesten reparos, la entrada en vigor del Convenio se producirá una vez obtenida la autorización de las Cortes Generales.

Una vez cumplidos estos trámites, el convenio entrará en vigor, retrotrayéndose sus efectos al 1 de enero de 2014 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Podrá ser objeto de prórroga expresa por años naturales sucesivos.

Decimocuarta. Extinción.

Además de por el trascurso del plazo de vigencia o, en su caso, del de la prórroga, el presente convenio podrá ser extinguido por mutuo acuerdo entre las partes; también por denuncia expresa con un plazo de antelación de un mes por la existencia de causas excepcionales que impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos o por el incumplimiento de las estipulaciones de este Convenio, a instancia de la parte no incumplidora. Asimismo, por las causas previstas en el último párrafo de la estipulación novena.

En caso de extinción anticipada, y para no perjudicar los legítimos intereses de los usuarios, se mantendrá durante un periodo de dos meses la posibilidad de utilización de los títulos descritos en este Convenio con el modo de financiación en él contemplado.

Decimoquinta. Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se suscribe el presente Convenio, en lugar y fecha indicados al principio.


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ANEXO

Relación de núcleos y poblaciones, concesiones y operadores por carretera incluidos en el convenio

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