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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 230, de 17/10/2017
cve: BOCG-12-D-230
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de octubre de 2017

Núm. 230


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la solidaridad con el pueblo de Cuba... (Página6)

161/002343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos bélicos... (Página7)

Comisión de Interior

161/002333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reprobaciones del Ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez, y del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don Alfonso Dastis Quecedo... (Página8)

161/002349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que el Ministerio del Interior convoque una oferta extraordinaria de ocupación que solucione el déficit de personal penitenciario en la Comunitat Valenciana... (Página9)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de la venta de armas y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 ? (Página 10)

161/002347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir a las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la Ciencia... (Página13)

161/002370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que la banca devuelva las cláusulas suelo a los miles de ciudadanos y ciudadanas cuyas hipotecas fueron modificadas... (Página14)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto... (Página15)


Página 2




Comisión de Fomento

161/002328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exigencia al Gobierno para que concluya la autovía A-32 Linares-Albacete... (Página16)

161/002361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adecuación de la conexión de la Ronda Oeste de Córdoba con la Autovía del Sur (A4)... (Página18)

161/002362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adoptar sistemas de protección de mamparas o vallas metálicas de una altura considerable en todos los viaductos de la A-7 entre Málaga y Rincón de la Victoria... (Página19)

161/002363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en servicio de un sistema de transporte sostenible mediante un ferrocarril transfronterizo que conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la Eurociudad Vasca... (Página20)

161/002364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a equipar a las estaciones de Alta Velocidad de aparcamientos vigilados para bicicletas... (Página21)

161/002365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reordenación del tráfico en la N-525 a su paso por Benavente... (Página22)

Comisión de Educación y Deporte

161/002368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas... (Página23)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover una estrategia integral para mejorar las competencias digitales de la población y aumentar la formación de especialistas en tecnologías digitales... (Página24)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad... (Página26)

161/002331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un "Camí de Guarda" (paseo de ronda) a lo largo de la línea de costa del Delta del Ebro en la provincia de Tarragona... (Página27)

161/002336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control de la avispilla del castaño... (Página28)

161/002337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación por parte del Gobierno de Estados Unidos a la importación de aceituna de mesa... (Página30)

161/002344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los Caminos Naturales de la Vía del Val de Zafán (Teruel)... (Página31)

161/002350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de ayudas para las personas que se dedican al marisqueo en la Ría do Burgo en A Coruña... (Página32)


Página 3




161/002354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos del incendio que ha afectado gravemente a la isla de Gran Canaria... (Página33)

161/002366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aplicar el máximo coeficiente reductor que estaba previsto para los trabajadores de palangreros y arrastreros congeladores, para evitar el retraso en la edad de jubilación de estos marineros... (Página35)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección de la salud en la aplicación de tatuajes y maquillaje permanente... (Página36)

161/002356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo reglamentario de la Ley del Voluntariado... (Página38)

161/002357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social... (Página38)

161/002358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio... (Página40)

161/002360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir la exclusión financiera en el medio rural... (Página41)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico y los criterios de responsabilidad en todos los contratos públicos de servicios y suministros... (Página42)

Comisión de Cultura

161/002330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad... (Página44)

161/002340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la gestión pública de visitas del BIC Torres de Meirás en Sada... (Página45)

161/002341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las acciones que se puedan tomar por parte de los organismos competentes del Estado en relación a la devolución de las esculturas de Abraham/Xeremías e Isaac/Ezequiel, realizadas por el Mestre Mateo para el Pórtico de la Gloria, en actual posesión de la familia del dictador Franco, al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, propietario legal de las tallas... (Página46)

161/002353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conmemoración y difusión de las figuras de Eduardo María González-Pondal y Abente (1835-1917), literariamente Eduardo Pondal, en el 100 aniversario de su fallecimiento, y de Enrique Labarta Pose (1863-1925), en el 92 aniversario de su fallecimiento... (Página48)

161/002355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de la lengua gallega como lengua internacional... (Página50)


Página 4




161/002359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a coordinar y planificar las diferentes acciones y actividades que España realizará con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, logrando con ello una mayor eficiencia y eficacia en su gestión... (Página51)

Comisión de Igualdad

161/002367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas... (Página52)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha del Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural... (Página53)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a radares de tráfico en la provincia de Málaga... (Página54)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del sistema de protección a la infancia y adolescencia... (Página56)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000471 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre coste del despliegue policial en Cataluña para el 1 de octubre... (Página58)

Comisión de Fomento

181/000472 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), sobre ejecución de las partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado a la provincia de Ourense... (Página58)

181/000473 Pregunta formulada por la Diputada doña Elena María Bastidas Bono (GP), sobre previsiones acerca del nuevo eje ferroviario pasante de la ciudad de Valencia... (Página59)

181/000474 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre avances producidos entre España y Francia para el desarrollo de las autopistas ferroviarias... (Página59)

181/000475 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre previsiones acerca del tramo de alta velocidad ferroviaria entre Valencia y Castellón... (Página59)

181/000476 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), sobre previsiones acerca de bonificar el peaje a los vehículos pesados en la AP-68 y mejorar la movilidad en la N-232... (Página59)


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/015515 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Declaraciones del narcotraficante gallego Laureano Oubiña sobre la financiación ilegal del Partido Popular... (Página60)

184/015517 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Posibles demandas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras ejecutar la operación de venta/liquidación del Banco Popular-Pastor... (Página61)

184/016961 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Orden INT/853/2017, de 16 de agosto, por la que se concede subvención directa a favor de la Conferencia Episcopal Española... (Página62)

184/017400 Autor: Luis Bail, Jorge

Escalada de violencia del colectivo taurino en concentraciones pacíficas... (Página63)

Otros textos

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

120/000005 Proposición de Ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada (corresponde al número de expediente 120/000007 de la XI Legislatura). Caducidad de la iniciativa... (Página64)

120/000012 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña María Gloria Lago Cuadrado y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular de libertad de elección lingüística... (Página64)

Secretaría General

292/000020 Convocatoria de 28 de septiembre de 2017 de cuatro becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento. Corrección de errores... (Página65)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la solidaridad con el pueblo de Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En julio de 2017, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba que abre una nueva era entre la Unión Europea y el pais caribeño. Un pacto que va a hacer posible normalizar las relaciones con la isla a través de un mayor diálogo en temas tan importantes como son la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.

Este acuerdo, rubricado en diciembre de 2016, por la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, y el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, tras dos años de negociaciones, y que no se implementará definitivamente hasta su aprobación por los parlamentos de los 27 Estados miembros, tiene entre sus objetivos impulsar la cooperación mutua, el diálogo político y las relaciones comerciales.

A partir de entonces y durante los próximos años, con el concurso de la Unión Europea, la República de Cuba debe integrarse de forma plena en el conjunto de países que hacen posible avanzar por la senda del desarrollo a su población.

Diversas razones, estructurales en el modelo de esa República, no han hecho posible un futuro de esperanza para el pueblo de Cuba, tendencia que hoy, con el concurso de la Unión Europea y por ello de sus países miembros, es posible conseguir.

Este puede ser por tanto el marco idóneo que sirva para acompañar el proceso de apertura económica, social y política, hacia un espacio de mayor libertad, democracia y desarrollo, dónde es importante que España tenga el papel que le corresponde.

En este especial momento, en el que nuestro país apoyará la ratificación del acuerdo de la UE y sus Estados miembros con la República de Cuba, es necesario dejar claro que, tal y cómo ha sido tradición en esta Cámara desde hace muchos años, los grupos parlamentarios representados en la misma, siempre han encontrado un punto común para apoyar el conveniente tránsito hacia un completo respeto a los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. El nuevo escenario debe ofrecer la oportunidad para que, desde la UE y en base a la defensa de los principios democráticos que prevalece en su política exterior logre resultados positivos incuestionables en este campo.

Es por ello que ante la próxima ratificación por esta Cámara del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba se puede entender oportuna una manifestación del Congreso que pueda transmitir al pueblo de Cuba nuestra compañía y apoyo en su recorrido hacia un espacio de mayor libertad y desarrollo.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante la ratificación por esta Cámara del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba expresa su voluntad de que, como consecuencia del desarrollo y ejecución del mismo.

- El pueblo de Cuba pueda gozar del necesario espacio de libertad con pleno reconocimiento de los Derechos Humanos.

- El pueblo de Cuba pueda obtener oportunidades de desarrollo que le permitan alcanzar un futuro de prosperidad material y pleno respeto a los Derechos Laborales de sus trabajadores, según se reconoce internacionalmente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002343

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los derechos de las mujeres en los conflictos bélicos, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Durante los últimos años se ha producido una escalada a nivel mundial de los conflictos armados. La complejidad que caracteriza al mundo actual no ha conseguido solucionar estas situaciones de un modo ágil y efectivo, por lo que gran parte de la población afectada se ha visto obligada a huir de sus hogares y buscar refugio en países vecinos. Nadie queda ajeno a la guerra y muchas personas son secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas.

En el siglo XXI, ha cambiado la forma de hacer la guerra. Especialmente, cobra relevancia la violencia contra la población y el uso de la misma con fines bélicos, en muchos casos en forma de violación u otras formas de violencia sexual, que afectan de manera especial a mujeres y niñas. Para las mujeres y las niñas el impacto de la guerra se ve agravado por las discriminaciones e inequidades preexistentes, y es deber de todas las naciones condenar y erradicar el uso de la violencia que impropio y ajeno a la idea misma de civilización y contrarios al derecho internacional humanitario. Las mujeres son objeto de diferentes formas de violencia que exigen una especial protección, pero fundamentalmente son agentes de cambio. Cuestiones como la prevención y la participación han pasado a ocupar un lugar central en la agenda, ante la evidencia empírica del nexo entre la participación de las mujeres y la paz y la seguridad internacionales.

La forma más extrema de esta violencia, la violencia sexual, supone una vejación de los derechos más fundamentales de los seres humanos, en sí misma es una barrera más para la reconciliación interna de los países en conflicto. Por todo ello, necesitamos dar una respuesta contundente.

La Convención de Ginebra firmada en 1949, sentó las bases sobre "la protección de personas civiles en tiempo de guerra" y su protocolo primero de 1977, referido "a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales" situó el marco internacional por el que regir el conflicto.

Es la Resolución 1820, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2008, la que exige que las partes enfrentadas establezcan medidas concretas para proteger a las víctimas y que sus perpetradores puedan ser condenados por cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad. A raíz de la "Declaración de Compromiso para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos" asumida por casi 150 países en la Asamblea General de la ONU el pasado año algunos países han continuado con campañas de concienciación, como es el caso de Reino Unido. Este aspecto, también formó parte de la agenda española durante su pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el bienio 2015-2016,


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concretamente con el aniversario y renovación de la resolución 1325, que dio lugar al impulso de la agenda de "Mujeres, Paz y Seguridad" a través de la Resolución 2242. Resultado de nuestros compromisos anunciados en la materia, el pasado 28 de julio se aprobó el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad.

Estas campañas internacionales de movilización civil y política han puesto de manifiesto la situación que hemos descrito y han servido para implicar a los principales líderes, y concienciar a la población mundial sobre la situación de las mujeres y la necesidad de su participación efectiva en los procesos de paz. Un ejemplo de esto fue la Cumbre celebrada en la capital británica, en junio de 2014, bajo el lema "#TimeToAct", cuyo objetivo fundamental es que los países se comprometan a dar una respuesta contundente a la vulneración de los derechos humanos.

Con el fin de erradicar esta situación y de defender los derechos de la mujer en estos conflictos armados y su efectiva participación en los procesos de paz y mediación, consideramos que debemos prevenir desde el inicio de estos conflictos a través del diálogo y la negociación, dando voz, asistencia y seguridad a las víctimas, y evitando la impunidad de los crímenes. Asegurar la paz a través de la mediación internacional, dando un papel preponderante a las Organizaciones Internacionales, es un objetivo asumido por los países firmantes en sede de las Naciones Unidas que todos debemos perseguir.

Con el compromiso adquirido hemos de dar apoyo a los países que actualmente padecen estas situaciones y elaborar políticas nacionales e internacionales para que los perpetradores y los instigadores no queden impunes, dotando de los mecanismos necesarios a los órganos judiciales competentes. Estos mecanismos deben facilitar a los tribunales la documentación e investigación de los crímenes que se cometen en conflictos a nivel nacional, regional e internacional.

Así mismo, debemos adecuar la formación militar y de policía de los estados a los parámetros impuestos por el derecho internacional, fomentando la recopilación de datos que evidencien los crímenes sexuales y apoyando a la sociedad civil de los países en conflicto.

Estos crímenes son inasumibles por la Comunidad Internacional, por lo que, promover el respeto de los derechos y la efectiva participación de las mujeres, en los procesos de negociación y mediación, es fundamental para garantizar una paz sostenible y duradera. Por esto mismo, consideramos oportuna la celebración de una Conferencia Internacional en España que reúna a los principales líderes y expertos en la materia con el objetivo de seguir avanzando en la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y en la lucha contra la impunidad, así como, en la prevención de los delitos de violencia sexual en los conflictos bélicos, garantizando apoyo humanitario a todas sus víctimas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados defiende la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz y condena firmemente el uso denigrante e inhumano de la violencia sexual en los conflictos bélicos. Además, se compromete a impulsar medidas dirigidas a prevenir y erradicar esta situación, evitando que tengan algún tipo de cabida en el mundo actual. Con este fin instamos al Gobierno a la celebración de una Conferencia Internacional en España en esta materia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Interior

161/002333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a las reprobaciones del Ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez, y del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Alfonso Dastis Quecedo.


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Exposición de motivos

El 26 de septiembre de 2017 finalizó el plazo que el Gobierno tenía para cumplir con el compromiso adquirido con la Unión Europea en septiembre de 2015, Decisión (UE) 2015/1523/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia (compromiso reafirmado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 21 de diciembre de 2016) de acoger a 17.337 personas refugiadas en el periodo de dos años. Llegada esta fecha, no se ha cumplido con el compromiso, faltando por ser acogidas en territorio español aún 15.357 personas refugiadas.

Este incumplimiento con el compromiso de reubicación es sólo una prueba más de la constante dejación en el cumplimiento de las responsabilidades tanto del Ministro del Interior, como del Ministro de Asuntos Exteriores, responsabilidades que conllevan su obligación compartida de implementar una política migratoria y de asilo que garantice los derechos humanos de las personas refugiadas en coherencia con las normativa europea tal y como se reconoce en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho al asilo y la protección subsidiaria.

En lo referente a la normativa europea, la política europea de asilo, subrayar que esta arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias. De entre estas normas destacan, por afectar al núcleo de todo sistema de asilo, la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; y el capítulo V de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.

De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables para las personas de terceros países que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que tales normas sean compatibles con lo dispuesto en las Directivas comunitarias que con la mencionada Ley 12/2009, de 30 de octubre, se transponen.

Así, la transposición de esta legislación de la Unión Europea supone la total acogida en nuestro ordenamiento de la denominada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, tal y como se recoge en las Conclusiones de Tampere de 1999 y se ratifica en el Programa de La Haya de 2004 y que contiene las bases para la constitución de un completo régimen de protección internacional garante de los derechos fundamentales, partiendo de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el estatuto de los refugiados como piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de las personas refugiadas.

Garantizar los derechos fundamentales de las personas refugiadas implica la ampliación las rutas legales y seguras para quienes huyen de la violencia y las atrocidades, garantizando unas condiciones de acogida dignas para todas ellas y teniendo en cuenta la situación especial de las mujeres, menores y colectivos en situación de especial vulnerabilidad (víctimas de violencia de género, personas LGTB y víctimas de trata, entre otras).

Tanto el Ministro del Interior, como el Ministro de Asuntos Exteriores también han incumplido hasta ahora estas obligaciones nacionales y europeas, tal y como muestran acciones como que el 20 de marzo de 2016, en la UE entrase en vigor el acuerdo con Turquía con el claro propósito de cerrar la ruta marítima a los refugiados procedentes de este país o que desde el inicio del compromiso se limitase la reubicación en España a personas de nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75 % de media en el conjunto de los Estados miembro. Además de su carácter discriminatorio, contrario a la Convención de Ginebra, esto ha supuesto dejar fuera del proceso a miles de personas que han llegado a Italia y Grecia desde países como Afganistán, Irak, Sudán o Nigeria que quedan fuera de requisito, a pesar de que en sus países se vivan graves conflictos.

Por todo ello se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:

1.º A reprobar la actuación del Ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez y del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don. Alfonso Dastis Quecedo en virtud de lo dispuesto en el art. 29.1 y 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, del Gobierno.

2.º A proceder al cese de ambos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, para el Ministro del Interior y de lo dispuesto en el artículo 1.1 del Real Decreto 768/2017, de 28 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el caso del Ministro de Asuntos Exteriores.

3.º A iniciar los trámites que sean procedentes para hacer efectiva su sustitución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la que el Ministerio de Interior convoque una oferta extraordinaria de ocupación que solucione el déficit de personal penitenciario en el País Valencià, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Ley General Penitenciaria establece que el objetivo de las prisiones y de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Resulta evidente que para conseguir estos objetivos de reeducación y reinserción, así como para garantizar la seguridad en las prisiones -tanto del personal que trabaja como de los mismos confinados, se necesita, entre otras medidas básicas, disponer de medio humanos y materiales suficientes para llevar a cabo esta labor. No obstante, según los últimos informes de los sindicatos de trabajadores de prisiones, los recintos penitenciarios en el País Valencià superan en mucho el número de presos porqué fueron diseñados mientras que se sufría una falta estructural de personal para abastecer sus objetivos y para garantizar la seguridad tanto de los reos como de los mismos trabajadores.

En los últimos meses todos los sindicatos de trabajadores presentes en las prisiones valencianas se han movilizado para denunciar la situación que viven nuestros centros penitenciarios. Así, en junio, CSIF, UGT, CCOO y la Asociación Profesional de Funcionarios de prisiones y Funciones de Prisiones Unidos (APFP), denunciaron un déficit de personal y envejecimiento de la plantilla y exigieron una oferta pública extraordinaria de ocupación para cubrir las 312 plazas pendientes. Incidieron en que, de hecho, en prisiones como la de Albocàsser (Castellón), la situación de falta de personal era alarmante ya que hacía falta un 40 % más de personal. Tanto es así que, por falta de farmacéuticos, los propios funcionarios se ven obligados a administrar las dosis de metadona.

El problema de la falta de profesionales se agrava con la saturación sistémica que sufre el sistema penitenciario en nuestra tierra desde hace años -y que la puesta en marcha de la prisión de Albocàsser no solucionó. De hecho, en el mes de agosto de este mismo año, el sindicato ACAIP salió a denunciar que las prisiones de las tres demarcaciones provinciales de nuestro territorio duplican prácticamente la capacidad de presos. La situación más grave se da en Picassent (València), donde están 2.300 internos en una prisión que no debería superar los 1.400.


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Estos dos factores expuestos, saturación y falta de personal, provocan una tercera consecuencia: un aumento de la conflictividad que se viene denunciando desde hace casi una década y que, según los sindicatos, sitúa los centros penitenciarios valencianos entre los más conflictivos del Estado. Tanto es así que, según los sindicatos, la conflictividad ha motivado una fuga de funcionarios de las cárceles valencianas a otros territorios en el último concurso de traslados convocado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Como ejemplo, en el concurso de mayo, casi el 60 % del personal de Albocàsser pidió el traslado. Este fenómeno ha agravado aún más la preocupante situación de nuestras cárceles.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Reclamar a la Dirección general de Política Penitenciaria del Ministerio del Interior a que convoque una oferta extraordinaria de ocupación que soluciones el déficit de personal penitenciario en el País Valencià.

- Que pida a la Dirección General de Política Penitenciaria del Ministerio del Interior que estudie mecanismos para reducir la masificación de las cárceles valencianas así como para disminuir la conflictividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la paralización de la venta de armas y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

El 31 de octubre de 2014, el Estado español ratificó el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). Dicho tratado sienta las bases de un acuerdo internacional que contribuya a cambiar la manera de funcionar del comercio de armas con el fin de salvar vidas regulando una industria rodeada de secretismo y poca transparencia. Así pues, el Tratado Internacional de Comercio de Armas es el primer acuerdo legalmente vinculante en el mundo en esta materia.

Tal y como menciona el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la entrada en vigor del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas es la primera negociación global que ha logrado conectar el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos a las transferencias de armas, creando, al más alto nivel, un marco jurídico común de responsabilidades y rendición de cuentas.

A raíz del voto favorable de Naciones Unidas a la puesta en marcha de TCA y de la fuerte presión social a nivel estatal, el 28 de diciembre de 2007, entró en vigor la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Dicha Ley supuso un avance en la adecuación de su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso dado que se establecía la obligación de aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que impiden la transferencia de armas a países en conflicto o donde haya un riesgo de que puedan ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos, entre otras limitaciones. Además, la Ley abría la puerta a un mayor control parlamentario y a poner en conocimiento de la ciudadanía de manera detallada el material de defensa y doble uso que exporta España.


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Tal y como viene publicado en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre los informes de las exportaciones españolas de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, disponibles en http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exteriodinformacionsectorial/material-dedefensa-y-de-doble-uso/Paginas/Publicaciones-MDDU.aspx,

España exportó en 2016, material de defensa por un valor superior a los 4.000 millones de euros, de los cuales 116.2 millones de euros fueron destinados a Arabia Saudí o 52,7 millones de euros fueron destinados a la venta de munición de artillería y para arma ligera y vehículos blindados para Irak.

El pasado mes de marzo de 2017, se cumplían dos años del inicio del conflicto en Yemen desde que una coalición de varios gobiernos del Golfo Pérsico, dirigida por Arabia Saudí, comenzara los ataques en el país contra las milicias de los huzíes. Dicho conflicto ha derivado en que se hayan producido violaciones del derecho internacional con ataques a civiles y se estima que tres millones de personas han tenido que huir del país, según Naciones Unidas.

Los ejemplos de Arabia Saudí e Irak anteriormente citados, son solo dos ejemplos de las operaciones que resultan especialmente preocupantes en la venta de armas por el posible riesgo de su uso llevadas a cabo por parte del Estado español. En reiteradas ocasiones Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón han exigido el cese de la venta de armas españolas ante el riesgo de que éstas pudieran estar siendo utilizadas para violar los derechos humanos, por ejemplo, en el conflicto armado de Yemen o por la posibilidad de que acaben en manos del autodenominado Estado Islámico.

Después de una década de la entrada en vigor de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas, y tres desde la ratificación por parte del Estado español del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, consideramos necesaria una revisión en la legislación para blindar la aplicación de su articulado, garantizar la transparencia y evitar que los efectos prácticos de la norma queden debilitados. Consideramos que estaríamos haciendo un flaco favor a la seguridad del Estado, así como a todos los avances llevados a cabo a nivel global en materia de persecución de comercio ilegal de armamento, si continuamos permitiendo la exportación de armas a países en los que se dan preocupantes contextos de violencia armada y cuya utilización de dichas armas procedentes de España pudieran ser utilizadas para cometer graves violaciones de los derechos humanos como es en el caso de la venta a: Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso reafirma su compromiso en virtud del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) de no exportar armas a aquellos países donde exista un riesgo preponderante para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en conflicto armado interno y donde haya peligro de exportación de armas a países en conflicto como es el caso de Yemen.

El Congreso insta al Gobierno a:

1. Promover activamente la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas.

2. Realizar una revisión de la aplicación de la Ley 53/2007, en la que se identifique las medidas para reforzar los mecanismos de trasparencia, control de las exportaciones, el control parlamentario y donde se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil.

3. Reforzar los controles sobre las exportaciones de armas, así como llevar a cabo las investigaciones en profundidad pertinentes que esclarezcan cualquier tipo de duda ante las denuncias de presuntas violaciones de la legislación sobre la venta de armas por parte del Estado español, cuando exista el riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

4. Paralizar la transferencia de armas a Arabia Saudí o cualquier otro estado cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para incluir a las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la Ciencia, para su debate en Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

La Ley de Presupuestos Generales de 2017, se ha convertido en una trampa y una amenaza para la ciencia española. La disposición adicional trigésima cuarta de esta Ley responsabiliza a los gerentes de los centros públicos de cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal, como la realización de contratos temporales de más de tres años o la concatenación de contratos.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en 2011, establece excepciones para estas contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación, dada la naturaleza de muchos de sus proyectos que necesitan de cierta flexibilidad en la contratación de los investigadores.

Sin embargo, la Ley de la Ciencia no contempló entre estas excepciones a otros agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, como las fundaciones del sector público.

El temor ante la posibilidad que prevé la Ley de presupuestos en vigor (y su anunciada prórroga para 2018) de implicaciones de responsabilidad personal contra los órganos competentes en materia de personal y los gerentes de estos centros de investigación está provocando la paralización de contrataciones y renovaciones de investigadores muy cualificados y pone en peligro proyectos muy importantes de los mejores centros de investigación de nuestro país.

En esta situación se encuentran el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), o el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Según la dirección del CNIO, considerado uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo, estas restricciones en la contratación del personal investigador afectan a más de 80 trabajadores del centro hasta diciembre de 2017, y pueden suponer el despido de más de 100 en 2018. La dirección del CNIC ha comunicado al comité de empresa que este problema afectará a unos 30 trabajadores de aquí a finales de año. Esta dramática situación ya ha provocado que algunos investigadores hayan dejado estos Centros de excelencia y hayan buscado otras oportunidades con mayor estabilidad profesional.

Estamos ante una situación muy grave, que puede ser dramática en el caso de algunos grupos de investigación o departamentos que perderían a la mayoría de su personal en los próximos meses y, de esta forma, dañar muy seriamente proyectos de investigación de enorme interés social.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar de forma urgente las acciones oportunas para que las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación sean incluidos entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para las contrataciones en Universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-María González Veracruz y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que la banca devuelva las cláusulas suelo a los miles de ciudadanos y ciudadanas cuyas hipotecas fueron modificadas, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

Los bancos han encontrado una escapatoria para no tener que asumir la devolución de todo el dinero que deberían reintegrar a miles de sus clientes afectados por las cláusulas suelo en un grupo de hipotecas: aquellas que han registrado algún cambio en sus condiciones tras ser concedidas por primera vez.

La mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron una modificación en el capital o el plazo; o una subrogación -traspaso del crédito a otro banco- al considerar que esa persona estaba perfectamente informada de la limitación de los intereses.

Desde que el Ministerio de Economía puso en marcha el procedimiento extrajudicial con el que se pretendía solucionar este conflicto, los bancos han remitido una respuesta similar a los clientes que han realizado algún cambio registral: se rechaza la devolución del dinero cobrado de más en los "suelos" porque el hipotecado "tuvo pleno conocimiento de la existencia y el alcance" de la cláusula, que está redactada "de un modo claro, concreto y comprensible", argumentan.

En el sector financiero justifican la postura alegando que al tratarse de hipotecas que se han vuelto a renegociar después de ser constituidas, el cliente tuvo la posibilidad de percatarse de los "suelos". Así está ocurriendo con las misivas que algunas grandes entidades están remitiendo a los afectados.

BBVA reconoce que ante una novación o subrogación se "analiza si hubo una negociación individual con la entidad por la que tuvo conocimiento de la cláusula suelo y la aceptó libremente", en cuyo caso "no se procede a la devolución".

CaixaBank, donde también aplican este criterio, explica que al variar las condiciones de un préstamo se entiende que "las cláusulas se han renegociado y el consumidor conoce bien sus condiciones". Esta entidad aclara que en cualquier caso analizan las reclamaciones caso por caso, al igual que BBVA.

El problema al que se enfrentan los perjudicados por esta negativa, es que muchos de ellos fueron los que peor lo pasaron con las hipotecas durante la crisis.

De hecho, cambiaron las condiciones de las mismas a partir de 2009 -precisamente cuando se activaban los "suelos" al descender rápidamente el Euríbor- para hacer frente a la imposibilidad de asumir las altas cuotas que pagaban. La ampliación de los plazos, la reestructuración de la deuda o los periodos de carencia permitieron afrontar mejor esos compromisos.

"Su cláusula supera el control de transparencia". Esta es la argumentación que casi todas las grandes entidades salpicadas por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) alegan de forma genérica a los clientes para evitar la devolución.

Las más reacias desde el principio a realizar el reintegro, como Popular o Sabadell, también añaden como causa los cambios registrales, entre otras.

A todos estos casos se unen otros en los que se deniega la devolución debido a un cambio del titular de la hipoteca, cuando el préstamo está cancelado. Por ahora, ningún banco ha ofrecido datos sobre los reintegros, a excepción de Bankia, el único que, junto a BMN, optó por la devolución generalizada.

A la espera de la comisión de seguimiento que el Ministerio de Economía aprobó en mayo para evaluar estos casos, no será hasta bien entrado el otoño cuando se conozcan las conclusiones del análisis sobre las devoluciones. Sin embargo, en el sector destacan que, tras la avalancha inicial de reclamaciones, el dinero destinado a este fin será inferior al de las provisiones máximas realizadas por las entidades, que rondarían en su conjunto los 4.000 millones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Informar antes de finales de año de cuántas devoluciones se han llevado a cabo hasta la fecha de cláusulas suelo.

2. Informar de qué entidades se están negando a devolver las cláusulas suelo opacas.

3. Plantear medidas para que la banca devuelva las cláusulas suelo opacas a los miles de ciudadanos cuyas hipotecas que fueron modificadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando "prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición, en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en "déficit estructural", y la enunciación, en el artículo 12, de la denominada "regla de gasto" están restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

Tal y como explica la AlReF, la formulación de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas. Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. No solo eso, sino que la regla es un indicador del objetivo de estabilidad a medio plazo y, por tanto, su posible incumplimiento no tiene consecuencias en forma de sanciones. Nuestra regulación, en cambio, impone, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país, una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central.

Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone una agravio comparativo para las CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración Central. En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo de estabilidad.

De este modo, no es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6 % del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,8 %, el 1,6 % y el 2,5 % de las Comunidades Autónomas, la Seguridad


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Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las CCLL presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (5,7 % de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4 % del PIB de gasto público total; y 2,9 % de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4 % del PIB de total de deuda pública en 2016).

La profunda inequidad en el reparto del esfuerzo de consolidación ha producido, al mismo tiempo, una sustancial brecha en el saldo presupuestario que mantienen las CCLL españolas en comparación con las del promedio de la Unión Europea (0,6 % del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1 % en la media europea). Como consecuencia, la aplicación de la regla de gasto ha supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que las CCLL españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia presente en el resto de Europa.

No solo eso, sino que el hecho de que la LOEPSF incluya sanciones económicas y mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las administraciones que no cumplan con el nivel de gasto que se deriva de la regla socava también el principio de autonomía local. De hecho, supone una injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que en el que la mayoría de las CCLL presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería; en el que, tomadas en su conjunto, cumplen ya con el límite de deuda que se les asigna en el artículo 13 de la Ley y, tomadas por separado, cumplen, en muchos de los casos, los límites de deuda respecto a ingresos fijados por la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento; y en el que, además, respetan el periodo medio máximo de pago a proveedores establecido en la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En conclusión, para evitar todas las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es necesaria una modificación de la misma con el objetivo de que dicha ley, que establece los principios y normas que han de regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los determine respetando la autonomía local y garantizando la capacidad de las CCLL de asegurar una prestación suficiente de los servicios públicos cuya competencia tienen asignada, exigiendo un esfuerzo equitativo a cada una de esas administraciones en el logro de la citada estabilidad.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Segundo González García, Alberto Garzón Espinosa, Alexandra Fernández Gómez y Josep Vendrell Gardeñes, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002328

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la exigencia al Gobierno para que concluya la autovía A-32 Linares-Albacete, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

La autovía A-32 Linares-Albacete es una infraestructura vital para las provincias de Jaén y Albacete, ya que en esta última afectaría de manera directa a 17 municipios y una población de 185.000 habitantes de los 392.118 que tiene la provincia, y en el caso de la provincia de Jaén afectaría a otros 17 municipios y 180.000 habitantes.

Pero esta autovía también es clave para tres Comunidades Autónomas, pues permitiría mejorar las infraestructuras de comunicación por carretera vertebrando Andalucía con Castilla-La Mancha y con el Levante.

Supondría una conexión más segura y eficaz, pues la actual N-322 presenta un estado de conservación lamentable, además de contar con numerosos tramos peligrosos al atravesar diferentes municipios, elementos que han contribuido a que los accidentes de tráfico sean habituales.

Sería una infraestructura de gran importancia no sólo para el tráfico seguro y eficaz, sino también para el desarrollo económico y la cohesión social y territorial de las provincias por las que transcurre esta autovía, Albacete y Jaén.

El Plan Director de Infraestructuras de 1994 supuso el inicio del tortuoso periplo sufrido por la ya tristemente famosa Autovía A-32 (Linares-Albacete), autovía que parte del desdoblamiento de la actual N-322. La autovía A-32 tiene su inicio en el PK. 2 de la A-44, que se encuentra ubicado en el término de la ciudad de Bailén. El tramo Bailén-Linares se encuentra en servicio desde 1996, obra de un Gobierno socialista. Actualmente, también están en servicio los tramos Linares-lbros e Ibros-Úbeda como consecuencia del compromiso inversor de otro Gobierno socialista,

Si bien es cierto que la presión social y política ha conseguido que desde hace escasos meses, se hayan reiniciado las obrasen dos tramos, no es menos cierto que nos encontramos con tramos cuyas obras se iniciaron, pero que se han paralizado; otros tramos en los que las obras, pese a estar adjudicadas, no se han comenzado; y otros en los que incluso falta la adjudicación de la obra a la empresa que vaya a realizarlo. La realidad es que desde 2011, coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno de España, esta infraestructura ha sufrido una gran ralentización.

Si para todos los municipios la calidad de sus comunicaciones por carretera es determinante en sus perspectivas de desarrollo, lo es en mayor medida para aquellos cuya renta y empleo depende de manera importante del sector turístico. Tal es el caso de las ciudades de Úbeda y Baeza, dos privilegiados enclaves del Renacimiento catalogados como Patrimonio de la Humanidad, y del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Es por ello que la autovía A-32 Linares-Albacete, que transcurre por los enclaves antes mencionados, es de suma importancia para estos municipios. Por eso se hace especialmente necesaria la inmediata realización del "Proyecto de Trazado de Nueva Configuración del enlace de la Autovía A-32 Linares Albacete, con la N-322 y la A- 316 y nuevo acceso a Baeza, provincia de Jaén".

Este proyecto fue aprobado provisionalmente por la Dirección General de Carreteras, con fecha 16 de octubre de 2009, y cuenta un presupuesto de licitación estimado de 2.005.568,10 de euros. Consiste en la construcción de un semienlace de conexión con la carretera provincial JA-4109 que permite la comunicación de la localidad de Baeza con la A-32 hacia Linares. Y con fecha 2 de noviembre de 2011 se aprobó definitivamente el expediente de información pública y el Proyecto de Trazado; pero la realidad es que la tramitación administrativa no se ha traducido en la ejecución de la obra.

Ante esta injusta situación, los ayuntamientos de las comarcas afectadas, tanto de la provincia de Albacete como de Jaén, han iniciado diferentes actuaciones para lograr el compromiso del Gobierno de la Nación para que esta infraestructura se reactive de nuevo y sea pronto una realidad.

Con esta autovía, se facilitaría la posibilidad de hacer de estos municipios un polo de atracción de inversiones y distribución de mercancías entre el sureste español y el levante; un enclave estratégico en el transporte que los posicione como un lugar de interés para las inversiones, con lo que esto supondría de beneficio para el desarrollo económico y la creación de empleo.

Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado que elabore, y en los futuros ejercicios económicos, se asegure la viabilidad económica de esta infraestructura: retomando la construcción de todos los tramos de la A-32 cuyas obras fueron paralizadas, así como la ejecución del resto de los tramos que trascurren por la provincia de Albacete y Jaén.

2. La inmediata ejecución del proyecto "Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2017.-Manuel Gabriel González Ramos, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adecuación de la conexión de la Ronda Oeste de Córdoba con la Autovía del Sur (A4), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 26 de junio de 2015, fue inaugurada la conexión de la Ronda Oeste con la Autovía del Sur (A-4). La apertura de la conocida como variante de Porcelanosa era muy esperada por la ciudadanía cordobesa, ya que facilitaba la conexión de la ciudad con la principal vía que discurre por Córdoba.

Sin embargo, la conexión de la autovía con la Ronda Oeste no ha sido tan apropiada como debiera ser. Para acceder hay que tomar la salida justo después del puente de la autovía que pasa sobre el río Guadalquivir. Este único carril tiene que soportar el paso de los vehículos que van a tomar la Ronda oeste, Hospitales o el acceso al Polígono de la Torrecilla, pero, además, también soporta el tránsito de los vehículos que acceden a la Carretera de Granada, al barrio del Sector Sur o al centro a través de la Plaza de Andalucía.

El aglutinar tantas salidas, por un único carril, está provocando no solamente importantes retenciones, sino situaciones de inseguridad para los conductores. De hecho, ya son muchos los siniestros acaecidos en la zona, alguno, tristemente, de carácter mortal.

El Ministerio de Fomento la única solución, que a día de hoy, ha llevado a cabo ha sido la instalación de una señal que advierte: "¡Precaución Retenciones!", con el fin de que el conductor ponga la máxima precaución en esta zona y evitar accidentes.

El Gobierno reconoce errores en la ejecución de esta salida. El primero de ellos el de aunar las salidas a distintas zonas de Córdoba cuando con anterioridad eran diferentes. Y propone como primera solución mejorar la conexión de la vía colectora distribuidora con la Ronda Oeste de Córdoba. Se reconoce un segundo error que requiere la segunda fase con el proyecto denominado "Mejora de la capacidad de la salida del ramal de conexión de la vía colectora derecha de la A-4 en PK 403 a la Ronda Oeste de Córdoba". Dentro de este segundo proyecto se realizarán la duplicación del ramal vía colectora derecha de la A-4 a la Ronda Oeste de Córdoba, mejora del trenzado vía colectora derecha A-4 entre salida 403 y ramal Ronda Oeste, reordenación enlace A-4 con Ronda Oeste para lo que se necesitará una inversión total de 2,42 millones de euros.

Según el Gobierno, "los plazos para la realización de estas actuaciones dependerán de las disponibilidad presupuestarias".

De esta manera, se hace necesaria una solución urgente para la adecuación del tramo de salida de la Ronda Oeste con la Autovía del Sur (A-4) con el fin primordial de mejorar la seguridad vial de todas las personas usuarias que circulen por este recorrido. La ciudadanía cordobesa, los colectivos sociales, el


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tejido empresarial, así como el resto de usuarios de este recorrido no merecen poner en riesgo sus vidas por la nefasta gestión política y administrativa del Gobierno del Partido Popular.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abordar con carácter de urgencia la ejecución de la nueva salida 404 en la A-4 a su paso por Córdoba, proyecto ya redactado y aprobado desde el mes de enero del presente año.

2. Redactar y ejecutar la segunda fase del proyecto que consiste en "La mejora de la capacidad de la salida del ramal de conexión de la vía colectora derecha de la A-4 en el PK 404 a la Ronda Oeste de Córdoba".

3. Poner en marcha medidas transitorias que reduzcan y eviten los embotellamientos y el enorme riesgo de accidentes que se produce en este punto de la A-4 a su paso por Córdoba y que está provocando muchas dificultades en el acceso a las áreas sur y poniente de la ciudad de Córdoba desde otros distritos y desde los distintos municipios de la provincia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar sistemas de protección de mamparas o vallas metálicas de una altura considerable en todos los viaductos de la A-7 entre Málaga y Rincón de la Victoria, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El pasado mes de julio el Viaducto de Totalán, fue de nuevo y tristemente noticia por el cuarto suicidio acaecido en los últimos años en la zona, y que atemoriza al vecindario.

Los medios de comunicación malagueños, el 20 de julio de 2017, se hicieron eco de la noticia y del temor de los vecinos porque se puedan producir nuevas desgracias.

Otro suicidio en el gran puente de la A-7 en el Viaducto de Totalán, la obra de ingeniería que hace de frontera entre Rincón de la Victoria y Málaga.

Este tipo de situación que no es nueva, ha movilizado a los vecinos de Las Tres Marías y Cacho Pan, angustiados por la caída de los cuerpos junto a las casas. Además de problemas como la imposibilidad de acceder a sus viviendas hasta el levantamiento del cuerpo de los trámites administrativos, como ocurrió en el último caso.

A ello se añade el incivismo de algunos conductores, que desde la carretera lanzan de todo, incluyendo botellas, lo que puede ocasionar cualquier día una desgracia en los vecinos que viven en la zona.

La solución para atajar el problema sería bien sencilla y poco costosa, adaptar medidas preventivas, como la colocación de mamparas o pantallas metálicas, pero constituye una barbaridad que un viaducto de una altura muy considerable no tenga ningún tipo de protección a ambos lados.

En esa misma zona se encuentra el Viaducto Toquero que tiene una barandilla y una valla metálica a lo largo de todo el viaducto, de unos dos metros de altura.

El Viaducto de Jaboneros tiene la barandilla y detrás una mampara de metacrilato de poco más de dos metros.

Nadie puede entender como un viaducto como el de Totalán, donde se ha registrado varios suicidios en los últimos años, no existan ningún tipo de protección, solo una barandilla y baja.


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Por cierto en otro viaducto como el del Gálica, más bajo que el de Totalán, pero de altura también considerable, en donde es cierto que no se han registrado este tipo de sucesos, tampoco hay protección de ningún tipo.

En este marco exigimos al Ministerio de Fomento que para evitar este tipo de sucesos y para proteger a las familias que viven bajo el viaducto de los objetos que se tiran desde lo alto del viaducto por conductores desaprensivos, a la mayor brevedad posible, instale sistemas de protección de mamparas o vallas metálicas de una altura considerable en todos los viaductos de la A-7 entre Málaga y Rincón de la Victoria para dar una solución a este problema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Instalar mamparas o vallas metálicas de la altura suficiente a ambos lados de todos los viaductos de la A-7 entre Málaga y Rincón de la Victoria, fundamentalmente en el de Totalán, pero también en otros donde no existen como el de Gálica, como medida de protección para las vidas humanas y para evitar la caída de objetos a las viviendas existentes debajo de los viaductos.

- Llevar a cabo estas medidas a la mayor brevedad posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en servicio de un sistema de transporte sostenible mediante un ferrocarril transfronterizo que conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la Eurociudad Vasca, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Transcurre el verano de 2017 y se vuelve a poner de manifiesto la necesidad de un sistema de transporte colectivo que cumpla con criterios de sostenibilidad y eficiencia para mejorar la movilidad entre los polos de la Eurociudad Vasca, entre Bayona y San Sebastián.

El gran número de amigos y turistas que acuden a San Sebastián procedentes del país vasco-francés, así como el desplazamiento de buen número de guipuzcoanos a las localidades del otro lado del rio Bidasoa, demandan y justifican la necesidad de un tren que una este territorio transfronterizo. Un tren que sea moderno, regular y con espacio para llevar bicicletas.

El importante volumen que ha adquirido esta movilidad ciudadana, especialmente en verano, supone el uso obligado del coche para miles de familias, con los problemas existentes en la autopista de peaje, las dificultades de acceso y circulación por San Sebastián y las lógicas incomodidades para aparcar en Biarritz, Irún, Bayona o San Sebastián.

Sin embargo, una alternativa acorde con los objetivos sobre cambio climático, en pleno siglo XXI, está inventada. Por ello, no se entiende que, formando parte de la UF, la distancia de 50 km entre las dos capitales no se pueda superar mediante una oferta de trenes en condiciones. La única opción existente exige hacer transbordo en la antigua frontera de Hendaya y, con mucha suerte, emplear más de dos horas para hacer el viaje.

Como Diputado por Gipuzkoa, vengo reclamando con reiteración al Gobierno de España (Ministerio de Fomento), que estudie con el Gobierno de Francia la puesta en servicio compartido de una línea de ferrocarril que conecte ambas localidades, con frecuencias diferentes según la época del año, trenes directos y trenes con posibles paradas en Pasaia, Errenteria, Irún, Hendaya, San Juan de Luz y Biarritz.


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El tren Bayona-San Sebastián, sin transbordo en Hendaya, será posible con el final de las obras que viene realizando ADIF de renovación integral de las vías convencionales de Renfe entre San Sebastián e Irún desde hace cinco años. La obra incluye la colocación en las nuevas traviesas del tercer raíl o hilo para contar con vías de doble ancho, salvando así el diferente ancho de vía existente todavía entre Francia y España. No olvidemos que la llegada de la línea del TAV y su extensión hasta París no parece que se producirá antes de 2022.

Con la desaparición de las fronteras en la Unión Europea, se puso en marcha la creación de la Eurociudad Vasca denominada "Bayona-San Sebastián", apoyada en un Convenio Transfronterizo. Desde el principio, uno de los proyectos más relevantes para vertebrar el desarrollo de esta Metrópoli -a caballo entre los Estados de Francia y España- consistía en buscar la conexión por ferrocarril de las dos ciudades citadas, ejes de la conurbación.

La Eurociudad Vasca, Bayona-San Sebastián, persigue profundizar en los contenidos de un espacio de relaciones humanas, de convivencia y de cooperación. Y ha venido dando paso a impulsos e iniciativas de las instituciones del País Vasco y del Distrito Biarritz-Anglet-Bayona por medio de una Agencia Transfronteriza para el Desarrollo, en base a estudios y proyectos compartidos en el apasionante terreno de la cooperación entre territorios y entre ciudadanos de diferentes Estados dentro de la Unión Europea. Hablamos de un continuo urbano que reúne a más de 600.000 habitantes, con voluntad de potenciar y cohesionar una conurbación que se extiende a lo largo de un corredor de 50 km. Se dan en su favor razones económicas, comerciales, culturales, turísticas, de infraestructuras y políticas comunes para su desarrollo sostenible.

Esta actuación será posible en la medida en que los Gobiernos de Francia y España marquen directrices claras a los organismos implicados, como Adif, Renfe y la SNCF francesa, para que se pongan a resolver las cuestiones técnicas, administrativas y de viabilidad comercial de la nueva línea.

Para impulsar este proyecto de transporte sostenible, se tiene que firmar un acuerdo político y un convenio de financiación entre los Gobierno de Francia y España, con la colaboración del Consejo Regional de Aquitania, la Diputación Foral, el Gobierno de Euskadi y la Eurociudad Vasca. No olvidemos la existencia de fondos europeos para la mejora del transporte ferroviario en un tramo interestatal del Corredor Atlántico que forma parte de los grandes ejes europeos. Si hubiera voluntad política y una planificación rigurosa -que hasta ahora no se ha dado- en un año se podría poner en marcha el tren de la costa vasca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a gestionar ante el Gobierno de Francia, desde el Ministerio de Fomento, y con la implicación del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, la puesta en servicio de una línea de ferrocarril transfronterizo que conecte las localidades de Bayona y San Sebastián, con el fin de favorecer la movilidad sostenible en el territorio así como la cohesión social, la cooperación y colaboración en materias económicas y culturales en el ámbito de la Eurociudad Vasca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a equipar a las estaciones de Alta Velocidad de aparcamientos vigilados para bicicletas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Según respuesta recibida del Gobierno: "Todas las estaciones de Alta Velocidad disponen de aparcamiento para bicicletas. En las estaciones de Zaragoza-Delicias y Ourense, al encontrarse dentro


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del recinto del aparcamiento para vehículos explotados por el Grupo SABA, están vigilados por personal de dicha organización; en el resto de estaciones de Alta Velocidad los aparcamientos para bicicletas no son vigilados".

En cuanto a la previsión de equipar a las estaciones de Alta Velocidad de aparcamientos vigilados para bicicletas cabe indicar que, de momento, no existen previsiones a este respecto.

Acudir a las estaciones de AVE en bicicleta requiere de un aparcamiento vigilado que ofrezca garantías suficientes. En caso contrario, quienes utilizamos la bicicleta dejamos de cogerla para ir a la estación del AVE. Cada día son más las personas que utilizan la bicicleta para moverse en las ciudades y una medida de este tipo ayudaría a promover su uso, evitando la utilización de vehículos a motor y reduciendo consecuentemente la contaminación atmosférica de la ciudad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a equipar a las estaciones de Alta Velocidad de aparcamientos vigilados para bicicletas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002365

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reordenación del tráfico en la N-525 a su paso por Benavente, para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Benavente es uno de los nudos de comunicación de carreteras del noroeste peninsular más importante, ya que en sus alrededores confluyen varias carreteras de la red nacional como la N-630, N-VI y N-525 y las autovías A-66, A-VI y A-52.

En contra de lo que se pudiera pensar, la existencia de las autovías no han descongestionado el tráfico de vehículos en todas las carreteras nacionales que atraviesan esta ciudad zamorana, y ese es el caso de la N-525, cuyo tramo a su paso por Benavente, presenta una alta densidad tanto de vehículos, como de peatones, en concreto en su punto kilométrico 0,950; el conocido como cruce de Los Salados. Hablamos de una fuente de peligro real y causa de numerosos accidentes (hasta tres accidentes en los últimos tres meses). Tiene además la problemática añadida del emplazamiento de una serie de instalaciones educativas (IESO Colegio Comarcal de Los Salados, CEFIE), deportivas (Campo de Futbol Luciano Rubio, piscinas de los Salados, Pabellón de los Salados, pistas deportivas de tenis y pádel, pista de atletismo, etc), sociales y asistenciales (sede de ASPROSUB) y además sirve de acceso o salida a determinados negocios y empresas locales. En definitiva, el citado cruce es un enclave de gran afluencia de tráfico peatonal y circulatorio sobre el que los benaventanos y benaventanas vienen reclamando de la Administración actuaciones concretas para poner fin a la alta peligrosidad que para la seguridad del tráfico este punto kilométrico supone, de manera que la administración municipal lleva reclamando la adopción de medidas al titular de la vía, el Ministerio de Fomento, desde hace más de dos décadas sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta satisfactoria para los intereses de la ciudad.

En fecha reciente el Alcalde de la localidad ha vuelto a mantener sucesivas reuniones con la Subdelegación de Gobierno en Zamora a fin de exponer la necesidad de dar una solución a la peligrosidad de esta vía nacional a su paso por Benavente trasladando así, una vez más, la voz de sus conciudadanos al Gobierno de España.


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Es necesario que el Ministerio de Fomento de una solución definitiva que permita la reducción de la peligrosidad de la vía para peatones y vehículos, máxime si tenemos en cuenta el enorme tránsito de unos y otros en este punto kilométrico, tal y como hemos expuesto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La realización de un estudio técnico y la adopción de aquellas acciones y medidas que sirvan para mejorar la seguridad vial en el cruce de Los Salados (N-525), así como a realizar diversos estudios de aforos y adopción de medidas de seguridad vial en los distintos cruces e incorporaciones que tiene la N-525 entre los puntos kilométricos O y 1,650, a fin de determinar si son necesarias a lo largo de ese tramo la adopción de acciones y medidas tendentes a mejorar la seguridad vial de todo ese tramo de la carretera nacional N-525.

2. La puesta en marcha de las acciones y medidas de refuerzo de la señalización vial que adviertan de la peligrosidad del cruce y faciliten la mejor visibilidad y tránsito para sus usuarios durante el tiempo en que se lleven a cabo los estudios y obras para dotar de la máxima seguridad al cruce de Los Salados.

3. La realización de campañas de vigilancia y ordenación del tráfico en el cruce de Los Salados, especialmente dentro del calendario escolar y durante el periodo estival por el aumento del tráfico en la vía, a fin de garantizar la seguridad de los peatones, al tráfico rodado y dar fluidez a la circulación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/002368

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

En los últimos años, diversos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la formación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés), para la economía de los países. Un elevado nivel formativo en disciplinas STEM se asocia con incrementos de productividad en sectores de alta tecnología y ha tenido un innegable impacto positivo en el empleo en la última década: mientras que el empleo total creció un 8% entre 2000 y 2011 en la Unión Europea, el empleo en áreas STEM aumentó a tasas significativamente mayores (34%), llegando a suponer el 7% de la oferta global en 2011 (Goos et al. 2013).

Además, es relevante destacar la transcendencia que la formación en estas materias también tienen a nivel del mercado laboral: los graduados en carreras STEM se benefician de tasas de empleo superiores (hasta un 7% más que en otras áreas, según la OCDE) y salarios medios más altos. Esta situación no parece que vaya a modificarse en los próximos años, ya que se espera una creciente demanda de personal especializado para cubrir las necesidades propias de una economía cada vez más innovadora y basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

A pesar de los aspectos positivos mencionados, los últimos datos indican que existe una fuerte desproporción en la incorporación de hombres y mujeres al estudio de carreras STEM en todo el entorno OCDE: solo un 24 % de las mujeres emprenden estudios en materias relacionadas con la ingeniería y un porcentaje aún menor lo hace en el ámbito de las TICs. Si nos fijamos en España, aunque a nivel global


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los datos son positivos (un 3 % más de estudiantes que la media de la OCDE se decantan por estas carreras), los datos revelan una situación alarmante en relación con ciertas carreras, como en el caso de las TICs, donde solo un 12 % de los estudiantes son mujeres (es decir, siete puntos menos que los países de nuestro entorno).

Desde Ciudadanos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en un ámbito en el que brecha de género sigue muy presente como es el mercado laboral. Por tanto, consideramos prioritario el establecimiento de un plan de promoción de la incorporación de las mujeres en el ámbito educativo de disciplinas STEM.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar una comisión de estudio, con la participación de todos los agentes relevantes en el sector, para estudiar medidas que fomenten la incorporación de las mujeres al estudio de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

2. Elaborar, en el plazo máximo de un año, un plan de promoción en el ámbito educativo de disciplinas STEM, con especial atención a la incorporación de las mujeres en estas áreas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002369

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para promover una estrategia integral para mejorar las competencias digitales de la población y aumentar la formación de especialistas en tecnologías digitales, para su debate en Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La Comisión Europea, en su Informe sobre los avances digitales en Europa (EDPR), ofrece un seguimiento del progreso realizado por cada uno de los Estados miembros en materia de digitalización a través de análisis cualitativos y del índice cuantitativo de la Economía y la Sociedad Digitales (DES 1). España ocupa el puesto 14 en la clasificación de los 28 Estados miembros del Índice DESI de 2017. Según la Comisión, nuestro país ha progresado en la mayoría de las magnitudes estudiadas excepto en las relativas al capital humano, ámbito en el que desciende dos puestos (16) en relación al año anterior, y sigue por debajo de la media europea.

Según este documento, las debilidades se centran principalmente del lado de la demanda, con un crecimiento muy lento en el uso de Internet y niveles de avance muy inferiores a la media europea en materia de competencias digitales básicas y avanzadas. Así solo el 53 % de las personas de entre 16 y 74 años de edad tienen competencias digitales básicas, es decir, hay un 47 % de personas en edad productiva que no saben para qué o cómo utilizar Internet y todas las posibilidades que ofrece la sociedad digital.

Recientemente, la OCDE ha publicado el informe Panorama de la Educación 2017, en el que destaca que el 26 % de los graduados en educación terciaria en España obtuvieron una titulación en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM, o STEM en sus siglas en inglés), tres puntos porcentuales más que la media de los países de la OCDE. Además, la diferencia es incluso mayor cuando se trata de los titulados en programas de doctorado, el 50 % frente al 43 % de los países de la OCDE. Sin embargo, estas cifras positivas esconden una brecha de género desproporcionada, ya que solo el 12 %


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de las personas tituladas en estas materias son mujeres, siete puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE.

La OCDE constata que los estudios en las áreas CTIM son los más demandados en el mercado laboral y recomienda explícitamente "a las autoridades públicas españolas a reducir la brecha de género mediante servicios de orientación e información que aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de escoger un área de estudio".

Según los últimos datos de Eurostat, en 2016, 8.2 millones de personas estaban empleadas como especialistas en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, representando el 3,7 % del total de empleo de la Unión Europea. Los Estados miembros con mayor porcentaje de este tipo de empleados son Finlandia (6,6 %), Suecia (6,3 %) y Estonia (5,3 %). España ocupa el puesto 18 con 557.600 empleos de especialistas en tecnologías digitales, solo el 3 % del empleo total. A pesar de los avances en los últimos años en la transformación digital de la sociedad, desde el año 2011 España solo ha aumentado en 0,3 puntos porcentuales el número de empleados en este sector. También en estos datos hay que destacar negativamente la brecha de género, ya que solo el 12,7 % de las personas empleadas especialistas en tecnologías digitales son mujeres (4 puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea).

Por último, según el informe del Foro económico Mundial sobre el avance de la digitalización en las principales economías del mundo (The Global Information Technology Report 2016), España ocupa el puesto 35 de 139 países en el índice Networked Readiness Index, por detrás de Malta, Letonia, o Portugal. Pero si nos fijamos en los subíndices e indicadores estudiados, encontramos datos aún más desalentadores, dado que España ocupa el puesto 104 en la formación y capacitación en habilidades digitales que ofrecen las empresas a sus trabajadores.

Los diferentes índices cuantitativos, tanto de entidades públicas (DESI de la Comisión Europea) como privadas (NRI del World Economic Forum, DEO de Accenture y Oxford economics, o el índice de digitalización de McKinsey), que tratan de medir el avance en la digitalización de la economía y la sociedad española, coinciden en destacar el retroceso o el estancamiento de la transformación digital en España y el retraso frente al dinamismo de los países de nuestro entorno.

Podemos concluir por tanto, que todos los estudios y análisis constatan que la principal barrera para el avance de la digitalización en nuestro país es la carencia de suficiente talento digital para cubrir la demanda creciente de empleos con competencias digitales avanzadas.

Nuestro país aún tiene mucho camino que recorrer en educación, formación y capacitación de su capital humano para poder aprovechar todo el potencial que ofrece la economía digital. Es necesario un impulso decidido desde las distintas administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para cambiar esta tendencia. Es imprescindible y urgente definir e implementar las medidas y actuaciones necesarias para incrementar el número de especialistas en tecnologías digitales y dotar a la población activa de nuevas competencias y habilidades.

Como punto de partida, es muy importante que toda la ciudadanía tenga como mínimo competencias digitales básicas para el avance de nuestra sociedad en igualdad de oportunidades. Además, es fundamental, la innovación, actualización y adaptación continua de los planes de estudio en todos los niveles de formación dados los cambios que se conocen actualmente y los que aún no conocemos del futuro cercano en la economía digital. Un reciente estudio del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, se hace eco de una estimación que asegura que el 65 % de los niños y niñas que empiezan primaria en la actualidad van a terminar trabajando en ocupaciones que aún no existen

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente en la necesidad de impulsar de forma urgente y decidida medidas para incrementar las competencias digitales de la sociedad española en todos los niveles, reformulando la educación reglada desde edades tempranas, la formación profesional y universitaria y el reciclaje continuo de la población activa.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, y en colaboración con los agentes económicos y sociales, una estrategia integral para mejorar


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las competencias digitales de la población y aumentar la formación de especialistas en tecnologías digitales, con acciones específicas para:

1. Formar en competencias y habilidades digitales básicas a la ciudadanía poniendo especial atención en personas y colectivos en riesgo de exclusión digital.

2. Reforzar los planes educativos, introduciendo la formación en Ciencias de la Computación (programación) de forma intensiva en primaria y secundaria y, periódicamente, dotando y actualizando a las escuelas públicas con las herramientas y equipos necesarios.

3. En la educación terciaria, impulsar medidas para mejorar e innovar en la oferta curricular de áreas CTIM en función de la demanda de talento de todos los sectores de la economía, y reforzar los servicios de orientación e información para que ayuden a reducir la brecha de género en la elección de estas áreas de estudio.

4. Impulsar planes de apoyo en los diferentes sectores industriales y empresariales para favorecer el reciclaje y actualización de los empleados en el uso de herramientas y nuevas capacidades digitales.

5. Poner en marcha planes de formación y capacitación en tecnologías digitales para desempleados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2017.-Óscar Galeano Gracia, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del Olivar como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Diputación de Jaén tiene el firme propósito de seguir trabajando para que el fastuoso capital paisajístico del olivar que tiene esta provincia sea considerado como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, el Presidente de la Diputación Provincial ha mantenido recientemente una reunión, con el Rector de la Universidad de Jaén, el Presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y con el Presidente de la Fundación Juan Ramón Guillén, con el objetivo de plantear los primeros pasos para la elaboración del expediente que permita que el paisaje del olivar andaluz reciba este reconocimiento por parte de la UNESCO.

Si algo distingue a la provincia de Jaén y la hace única es el olivar y la cultura del aceite de oliva. No solo porque supone el sustento fundamental de nuestra economía, sino que incluso esta afirmación está también por encima de la consideración de que esta tierra sea la máxima productora mundial de aceite de oliva.

La vinculación de Jaén con el olivar impregna una forma de vida heredada de generaciones pasadas, sus acciones han configurado un paisaje formado por un bosque de más 60 millones de olivos que es único, y que deja estampas de un mar geométrico, de tonos de colores que ocupan hasta el infinito, capaces de sorprender y despertar una sensación verdaderamente conmovedora por la belleza y la evocación que produce a quien los contempla. Así lo reflejaron poetas universales como Antonio Machado o Miguel Hernández.

Su dimensión paisajística, artística, histórica, arquitectónica, arqueológica y etnológica puede ser un recurso de desarrollo territorial no solo para nuestra provincia sino también para Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

En el año 2008, esta Diputación ya fue pionera en aprobar el iniciar las gestiones necesarias para su declaración. A pesar de que existían reiteradas sugerencias del órgano asesor de la UNESCO (ICOMOS), para su tramitación, esta no se realizó, quizás por su dimensionamiento al querer implicar todos los países mediterráneos. Entendemos que ahora existen razones más que suficientes en base al incremento de la


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demanda de aceite de oliva en el mundo, por la necesidad de información que tienen muchos consumidores de este producto, que quieren conocer cómo se produce, como se cultiva, como se busca el equilibrio y la conservación medioambiental de sus territorios. Así mismo, la delimitación de su declaración para las provincias andaluzas va a beneficiar la elaboración de su expediente de declaración.

Entendemos que, en nuestro caso, la mejor fórmula para obtener un respaldo positivo a la candidatura y aumentar las posibilidades de declaración de Patrimonio Mundial es estructurar la propuesta como "Paisajes del Olivo" e inscribirlo dentro de la categoría Paisaje Cultural Orgánicamente Evolutivo Vivo.

En la actualidad, hay declarados en España el Paisaje Cultural de Aranjuez, el Paisaje Cultural de la Sierra de Tramontana, Las Médulas (León), el Monte Perdido (Pirineos) y el Palmeral de Elche. Este mismo año, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad el Paisaje Cultural del sur de Jerusalén "Palestina: Tierra de olivos y vides". Así mismo, la candidatura "El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa", presentado por La Rioja y el País Vasco, confía en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015.

Estos ejemplos de otros territorios, nos sirve de incentivo de nuevo para emprender este camino ilusionante de sumar otro valor a nuestro olivar. Esta provincia no se entendería sin su cultura del olivar que está en la raíz de lo que fuimos, somos y seremos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Plantear que el Paisaje del Olivar de Andalucía sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

- Colaborar con la Diputación Provincial de Jaén, institución impulsora de esta iniciativa, en los aspectos necesarios para lograr esta declaración del Paisaje del Olivar como Patrimonio de la Humanidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2017.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un "camí de guarda" (paseo de ronda) a lo largo de la línea de costa del Delta del Ebro en la provincia de Tarragona, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El encuentro de diferentes medios naturales, el terrestre, el fluvial y el marítimo en un territorio llano, que se adentra más de 20 km en el mar sin sobrepasar nunca los 5 metros de altitud, ha dado lugar, en la desembocadura del rio Ebro, en la provincia de Tarragona, a una extensión de 300 Km2, en el que se alternan diferentes hábitats vegetales como, cañaverales, formaciones vegetales de zonas de dunas, bosques de ribera en algunos puntos, junto a los que ha creado el hombre, como los arrozales. En los que se encuentran un gran número de animales acuáticos o semiacuáticos, peces de todo tipo o anfibios, junto a algunas de las colonias de cría de aves más numerosas del Mediterráneo.

La compactación de los sedimentos que ha transportado el rio, a lo largo de los siglos, para formar el Delta, la falta de afluencia de nuevos sedimentos, como consecuencia de la construcción de embalses a lo largo del siglo XX, así como la sobreexplotación de los acuíferos, entre otras causas, han acelerado el proceso de subsidencia (hundimiento), que se da en los deltas, dejándolo sin defensas ante la erosión habitual y ante los temporales. Erosión que no se da por igual en toda la línea de costa, dándose el caso que mientras en buena parte del Delta ha retrocedido, en alguna otra ha sucedido lo contrario. A todo ello habría que añadir el cambio climático con la incidencia que empieza a tener sobre la subida del nivel del mar.


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Como consecuencia de uno de los temporales, el de este mes de enero de 2017, el mar rompió, a lo largo de 100 metros, la barrera de arena que defiende la Isla de Buda con lo que durante unos meses el agua salada ha entrado en las pequeñas lagunas litorales de dicha isla que son de agua dulce y ha requerido de actuaciones por parte del Parque Natural del Delta para reponer la barrera, con la aportación de arena, debido a que, a diferencia de otras ocasiones, la rotura no se cerraba por sí misma.

En el pasado, la Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con los ayuntamientos del Delta llevó a cabo la construcción, en algún tramo en la línea de costa, de un "camí de guarda" (paseo de ronda), que ha sido de gran ayuda para salvaguardarla y redactó proyectos constructivos que no se han llevado a cabo como el de la bahía de los "Alfacs" que pertenece a los municipios de Amposta y Sant Carles de la Rápita, que llegó a estar presente en algún Presupuesto General del Estado, así como algún otro tipo de actuación.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A recuperar y actualizar los proyectos redactados de diferentes tramos, en el Delta del Ebro, de "camí de guarda" de las bahías de los Alfaques y el Fangar (paseos de ronda).

2. A redactar el proyecto de los tramos cuya redacción todavía no se ha llevado a cabo de la línea de costa exterior del Delta, especialmente en la zonas de más regresión: la costa de la Isla de Buda (t.m. de Sant Jaume d'Enveja) y la Playa de la Marquesa (t.m. de Deltebre).

3. A dotar en los próximos presupuestos del estado, las cantidades necesarias para llevar a cabo la construcción del tramo de "camí de guarda" de la Bahía dels Alfacs."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de la avispilla del castaño, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Según datos del Tercer Inventario Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), el castaño es la especie principal en 227.000 hectáreas del territorio nacional y está presente en más de un millón de hectáreas, formando parte de distinto tipos de bosques. Se distribuye, especialmente, por Cantabria, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia, y es abundante en determinadas zonas de Castilla-León, en Extremadura, Andalucía, Cataluña, y existen pequeñas masas boscosas en Canarias.

La Castanea sativa es la especie originaria y predominante en toda Europa, aunque el género Castanea se compone de una docena de especies, alguna de las cuales han sido introducidas en España por su mayor resistencia a las enfermedades del castaño. El castaño tiene una elevada importancia económica por la producción de su fruto y la calidad de su madera, pero también forman parte de un valioso ecosistema natural, frecuentemente enclavados en espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000.

La avispilla del castaño (Dtyocosmus kuriphilus), es un insecto de origen chino que inició su propagación por el mundo a mediados del siglo XX. Se detectó por primera vez en Europa, más concretamente en Italia, en 2002 y posteriormente ha ido localizando en diferentes países europeos. En España, las primeras referencias se realizan en Cataluña y un vivero de Granada, en 2012, y a continuación en Cantabria y


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Asturias (2013), Galicia, Andalucía, en los castañares de Málaga y algunas zonas de Castilla y León (2014), siendo la propagación más rápida de lo esperado.

Los medios de propagación de la avispilla son el propio desplazamiento de individuos adultos, la plantación o injerto con material vegetal de castaño infestado y el transporte accidental del insecto en restos de poda o en madera.

La avispilla puede afectar a casi la totalidad de especies de castaño. Pica en las hojas y ramas de castaños, provocando una agallas características en las que se desarrollan las larvas. El insecto aparece en primavera, en función de las temperaturas, y durante sus diez días de vida puede depositar entre 150 y 180 huevos. Las larvas debilitan la capacidad vegetativa del castaño produciendo una reducción de la capacidad de fructificación de castañas, que llega al 80 % del valor de la producción.

En el marco del Comité Fitosanitario Nacional existe el Grupo de Expertos de la avispilla del castaño, que cuenta con presencia de expertos de las Comunidades Autónomas productoras, está realizando un seguimiento de este problema, y valoración de posibles daños y medidas a tomar en los castañares de nuestro país, para diseñar un Plan de Contingencia y Control Biológico de la Avispilla del Castaño.

El control biológico de la avispilla, realizado con la introducción de Torymus sinensis, otro insecto que ataca parasitando las larvas de la avispilla, está demostrando eficacia en otros países donde está presente. Pero el Torymus también es una especie originaria de Asia y se considera una especie exótica. Por este motivo, su introducción, distribución y liberación requiere una autorización por parte de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio prevista en la Ley de Sanidad Vegetal.

En España, para el otorgamiento de esta autorización resulta preceptivo, el informe de biodiversidad, que también se exige en el Real Decreto 630/2013, del Catálogo de especies exóticas invasoras, que prevé la posibilidad de que para emitir dicho informe se recabe la opinión de un Comité Científico.

El citado Comité científico ya publicó su dictamen, y plantea una serie de incertidumbres sobre el impacto de una liberación incontrolada del parásito. Para resolverlas se viene trabajando desde 2015 en las zonas de suelta controlada y ha recomendado que se realice un proyecto de investigación complementario, motivo por el que, en 2017, se ha firmado un Convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.

Hasta el momento se han autorizado ensayos de liberación controlada en zonas aisladas, solicitadas por las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Andalucía, que forman parte de los estudios previos. Los primeros resultados, por confirmar, apuntan a que sería factible autorizar el uso de dicho parásito de forma generalizada.

Las conclusiones del estudio científico tendrán que ser elevadas a los diferentes órganos y, en último lugar, la autorización debería ser comunicada a la Comisión Nacional del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

En resumen, la avispilla se encuentra actualmente distribuida por toda las zonas peninsulares donde el castaño es relevante, especialmente en Galicia y Andalucía, menos en Extremadura. El Ministerio ha realizado los preceptivos estudios para que estas técnicas de control puedan ser utilizadas en nuestro país. Existe tratamiento biológico, por lo que se espera que los daños puedan ser prevenidos en gran medida.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en cuanto estén disponibles los resultados de las investigaciones sobre la incidencia de la especie "Torymus sinensis", en la biodiversidad española, a aprobar un Plan de Contingencia y Control Biológico de la Avispilla del Castaño que contemple el control biológico y, en medida de lo posible, plantee actuaciones para la erradicación y posterior vigilancia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/002337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la limitación por parte del Gobierno de EEUU a la importación de aceituna de mesa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Andalucía produce más del 80 % de la aceituna de mesa en toda España, lo que supone el 17 % de la producción mundial; más de 350.000 toneladas por campaña.

Aproximadamente 100.000 hectáreas de superficie, concentradas principalmente en la provincia de Sevilla, con más de un 75 % de la producción final, en torno a los municipios de Aljarafe y la campiña sevillana.

Existen en Andalucía más de 20.000 explotaciones dedicadas al cultivo, que generan más de 8 millones de jornales al año en una época en que apenas existe trabajo en el campo.

Además, Andalucía cuenta con más de 200 entamadoras, 112 envasadoras, que dan empleo a más de 8.500 personas.

Se trata de un sector donde prima el trabajo asociado, a través de cooperativas, que aglutinan el 55 % de la producción y una facturación que supera los 350 millones de euros anuales.

Andalucía cuenta además con cooperativas de segundo grado y comercializadoras, líderes a nivel mundial.

Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), España es el primer país exportador de aceituna de mesa con 332.319 toneladas, cuyo valor asciende a 760 millones de euros España exporta a 180 países, siendo EEUU el principal mercado con un 23,79 euros de las exportaciones, seguido de Italia, Alemania y Francia.

Por parte de la industria americana se realizó una queja a la administración de EEUU afirmando que las importaciones europeas de aceituna negra, en especial la española, se vende más barata como consecuencia de estar apoyada por la PAC.

Dicho argumento no se sostiene, toda vez que las ayudas de la PAC se basan en criterios establecidos por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Cualquier limitación a las exportaciones, adoptada de forma unilateral no solo es injusta, sino que sienta un precedente que puede afectar en general a todo el sector de la aceituna y del aceite, así como a otros productos agrícolas igualmente regulados por la PAC.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar las gestiones comerciales y diplomáticas necesarias ante la Administración de EEUU para que, en base a la reciprocidad que debe guiar el entendimiento entre España y EEUU, cesen en una interpretación que está causando un grave daño al sector de la aceituna de mesa, que puede extenderse a otros productos.

2. Instar a la Comisión Europea a la utilización de todas las herramientas legales y de negociación para corregir esta interpretación que perjudica gravemente a la agricultura comunitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello Pérez, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Gutiérrez Limones, Elvira Ramón Utrabo, Antonio Hurtado Zurera, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Gregorio Cámara Villar, José Andrés Torres Mora, José Juan Díaz Trillo, Josefa Inmaculada González Bayo, Juan Carlos Campo Moreno, Juan Jiménez Tortosa, María Jesús Serrano Jiménez, Micaela Navarro Garzón, Miguel Ángel Heredia Díaz, Miriam Alconchel Gonzaga, Sonia Ferrer Tesoro y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los Caminos Naturales de la Vía del Val de Zafán (Teruel), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La antigua línea de ferrocarril que fue proyectada en el año 1863, pretendía conectar las localidades de La Puebla de Híjar en la provincia de Teruel, con San Carlos de la Rápita en Tarragona, como salida de Aragón al Mediterráneo por ferrocarril, tiene una longitud aproximadamente de 130 kms.

En la actualidad, solo parte de este trazado, concretamente 81 kms, desde la Estación de Valdeargorfa (Teruel), hasta Tortosa (Tarragona), se ha convertido en tres tramos de Caminos Naturales, que además tienen la catalogación de Vías Verdes, aprovechando la plataforma del antiguo ferrocarril del Val de Zafán.

El Camino Natural del Baix Ebre, que abarca desde la Estación de Pinell de Brai hasta Tortosa, con 25,3 km de longitud, constituye la Ruta 27 del Sector Noreste Peninsular y corresponde con el tramo final de la antigua vía del ferrocarril del Val de Zafán.

El Camino Natural de la Terra Alta que abarca desde la Estación de Arnés-Lledó hasta la Estación de Pinell de Brai con 22,6 km de longitud y también catalogación de vía verde, constituye la Ruta 26 del Sector Noreste Peninsular y corresponde al tramo intermedio del antiguo ferrocarril del Val de Zafán.

Y el Camino Natural de la Val de Zafán que abarca desde el Apeadero de Alcañiz ,hasta la estación de Arnés-Lledó con 52,1 km de longitud, determinando la Ruta 25 del Sector Noreste Peninsular. Este Camino Natural conecta las poblaciones de Valdeargorfa, Valjunquera, Valdeltormo, Torre del Compte, Valderrobres, Cretas, Arnés y Lledó.

Según lo visto anteriormente, quedarían pendientes de habilitar 46,1 kilómetros del antiguo ferrocarril, desde la Estación de La Puebla de Hijar hasta la Estación de Valdeargorfa, pasando por Samper de Calanda y Alcañiz.

El Programa de Caminos Naturales entiende como prioritaria la promoción, valorización y el conocimiento de estos caminos entre la población, cuya ejecución contribuye al desarrollo sostenible del medio rural, reutilizando infraestructuras de transporte, vías pecuarias, plataformas de ferrocarril, caminos de sirga, caminos tradicionales en desuso, o abriendo nuevas sendas, y permitiendo acercarse a la población a la naturaleza y al medio rural en general, satisfaciendo una demanda creciente del uso eco-recreativo del campo entre la población.

Por lo tanto, son varios los objetivos que busca la rehabilitación de este camino natural: mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación; dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos; facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de contacto con la naturaleza; y favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la potenciación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su lugar de origen.

En consecuencia, faltaría acondicionar dos tramos para cumplimentar la totalidad de la vía. Un tramo de 24,9 kilómetros entre Puigmoreno y la Estación de Valdeargorfa, incluyendo la práctica totalidad del término municipal de Alcañiz, y el tramo entre La Puebla de Híjar y Puigmoreno con un total de 21,2 kilómetros, situado entre las localidades de La Puebla de Híjar y Samper de Calanda.

La ejecución de estas dos actuaciones acercaría de nuevo el Bajo Aragón con el mar, a través de una ruta natural y de ocio, recuperando los principios con los que fue concebido el Val de Zafán y contribuyendo al desarrollo sostenible del medio rural y su proyección turística, con el objetivo de poder recibir a esos casi 50.000 visitantes que cada año transitan por esta vía en su parte final.

Por todo ello, se desea adaptar los 25 km. que comprenden el trazado de la antigua vía desde el apeadero de Puigmoreno, barrio pedáneo de Alcañiz, hasta la estación de Valdeargorfa, dando así continuidad al camino natural existente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera necesario que la Vía Val de Zafán, que une las localidades de La Puebla de Híjar en la provincia de Teruel, con San Carlos de la Rápita en Tarragona y que ya contemplan el Camino Natural del Baix Ebre, el Camino Natural de la Terra Alta y Camino Natural de la Val de Zafán sea declarada de interés general."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados Antón Gómez-Reino Varela y Yolanda Díaz Pérez, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de ayudas para las personas que se dedican al marisqueo en la Ría do Burgo en A Coruña.

Exposición de motivos

En los años ochenta, la Ría do Burgo, en la provincia de A Coruña, conformaba un rico parque de marisco, que llegó a producir hasta 70.000 kilos anuales de almeja fina de la mejor calidad. Su capacidad productiva era del 80 % y daba trabajo a dos mil mariscadores.

En la actualidad, su capacidad productiva ha mermado hasta alcanzar apenas el 20 % y emplear a menos de cien personas en actividades extractivas, ya que es una de las rías más contaminadas de Europa, que acumula lodos que, en mayo de este año, alcanzaban en algunas zonas los 1,70 metros de espesor, debido a los vertidos tanto industriales como fecales, ya que muchas de las localidades que atraviesa todavía no cuentan a día de hoy con los sistemas de depuración adecuados.

Para que la ría recupere su capacidad productiva es necesario acometer su saneamiento integral, que se retiren las toneladas de lodos que se encuentran depositados en sus fondos y que se adopten todas las medidas necesarias para su regeneración, tal como llevan décadas demandando la ciudadanía, colectivos de mariscadores y mariscadoras, colectivos ecologistas y hasta las administraciones locales.

El 22 de octubre de 2013, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar envió el Documento de Inicio del Proyecto de "Dragado ambiental de los sedimentos de la Ría do Burgo (A Coruña)", a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, para que procediera a la tramitación correspondiente. Según los tiempos máximos de resolución de cada fase, contemplados en la legislación ambiental vigente, los trámites tendrían que haber acabado aproximadamente dos años después.

Sin embargo, a día de hoy, casi cuatro años después del inicio del procedimiento todavía estamos en la fase de aprobación y publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de dragado de la Ría do Burgo -trámite indispensable para la materialización del proyecto, ya que ésta será la que determine las obras a realizar en el estuario y contendrá las actuaciones que, obligatoriamente, se tienen que realizar para reducir el impacto ambiental de este plan de dragado en la Ría do Burgo y la regeneración del enclave afectado-, pero que no es más que un paso más de un procedimiento administrativo que no sabemos cuándo va a finalizar.

Mientras el Ministerio sigue retrasando de forma totalmente injustificada e incomprensible la tramitación del procedimiento, las personas que se dedican al marisqueo ven como su situación económica empeora día a día. La Ría continúa perdiendo capacidad productiva, entre la aparición de toxinas y el enlodado, son muchos los días que se ven obligados a parar la actividad y su capacidad de trabajo es cada vez menor, la cantidad de molusco que recoge desciende constantemente y, por tanto también sus ingresos, por el contrario, los gastos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad se mantienen o suben. Según los cálculos económicos efectuados por la Cofradía de pescadores y mariscadores de A Coruña, teniendo actividad 22 días al mes, lo que en muchas ocasiones no se produce, la totalidad de ingresos por persona mariscadora al trimestre de todas las especies arroja un total de 1.033.82 euros, es decir, 344,60 euros al


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mes, lo que apenas alcanza para cubrir los gastos de Seguridad Social, de modo que muchos de ellos se ven en la necesidad de abandonar la actividad.

Esta situación continuará empeorando hasta que se lleve a cabo el saneamiento integral de la Ría, actuación que como ya se ha expuesto, a día de hoy, se desconoce siquiera cuando se va a iniciar, por lo que si no se crea de forma inmediata una línea de ayudas que les permita continuar con su actividad hasta que de una vez por todas se acometa el saneamiento integral de la Ría y esta recupere totalmente su actividad productiva, el colectivo de mariscadores y mariscadoras está llamado a extinguirse, lo que supone no sólo un perjuicio evidente para las familias directamente afectadas sino que supondría además la pérdida de una actividad económica tradicional, que puede volver a ser, como lo fue en su día, generadora de una enorme riqueza en la zona.

El comisario de Medio Ambiente Asuntos Marítimos y Pesca, ha señalado que la legislación europea contempla la compensación a estos trabajadores, pero corresponde a las autoridades españolas decidir la asignación de los fondos a medidas específicas.

La personas que se dedican a la actividad de marisqueo en la Ría do Burgo no han recibido hasta la fecha ningún tipo de ayuda por los paros a los que se ven sometidos.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Iniciar de forma inmediata, en coordinación, en su caso, con el resto de Administraciones con competencias en la materia, todos los trámites necesarios para la creación de ayudas específicas para las personas que se dedican al marisqueo en la Ría do Burgo en A Coruña hasta que finalicen las obras de saneamiento y regeneración integral de la Ría y ésta recupere plenamente su capacidad productiva.

2. Habilitar, de forma inmediata, la partida presupuestaria necesaria para ello."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes para paliar los efectos del incendio que ha afectado gravemente a la isla de Gran Canaria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado miércoles 20 de septiembre la isla de Gran Canaria se vio asolada por un incendio de gran magnitud, que ha devastado la cumbre de la isla. El fuego, con un perímetro de 27 kilómetros, terminó arrasando cerca de 2.800 hectáreas y afectó a nueve municipios, los de Vega de San Mateo, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Agüímes, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Valleseco y Telde, cobrándose la vida de una vecina de Vega de San Mateo, una de las localidades más afectadas junto a Tejeda.

Unos efectos que, en opinión de los expertos, se hubieran quintuplicado si la lluvia y los equipos de extinción no hubiesen frenado las llamas en la madrugada del jueves. En las labores de extinción han participado más de 300 efectivos y han intervenido hasta 12 medios aéreos pertenecientes al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Administración del Estado.

Sin duda, se trata de uno de los fuegos más agresivos que ha vivido la isla de Gran Canaria, que se propagó de forma eruptiva, casi como si de una deflagración se tratara. En apenas dos horas, el fuego, que se originó entre los municipios de Tejeda y San Mateo, había obligado a evacuar a centenares de


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personas, a más de ochocientas finalmente. Y avanzó rápidamente durante sus primeras horas, impulsado por vientos que superaban los 25 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 30 grados centígrados.

El fuego se desató en la misma cumbre de la isla, quemando al inicio monte bajo para luego pasar a grandes pinares que ocupan la parte más alta de Gran Canaria. Una de las zonas más afectadas, próxima al inicio del incendio, fue el Parador Nacional de Tejeda, que en el momento del suceso tenía ocupadas 22 habitaciones. Después del desalojo, las llamas pasaron por parte de la instalación. Posteriormente, el incendio, con un alto potencial destructivo, avanzó hacia zonas despobladas, pero en las que la masa forestal es importante, internándose en el Parque Rural del Nublo.

En suma, un tercio de la superficie devastada es pino canario, mientras que el resto se trata de árboles frutales, castaños y monte bajo. El fuego ha afectado a algunos espacios protegidos de la isla. Entre ellos, figuran el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de Las Cumbres, el monumento natural de los Riscos de Tirajana y la reserva natural especial de Los Marteles.

La superficie total quemada, aproximadamente de 2.780 hectáreas, supera las 2.500 fijadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), para establecer medidas de urgencia en los territorios insulares para paliar los daños producidos por los incendios forestales. Estas medidas suponen la declaración de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y la declaración de emergencia de las obras a ejecutar por el MAPAMA.

Además, la superficie afectada incluida en lugares de la Red Natura 2000, en concreto en Zonas Especiales de Conservación, es de 1.836,75 hectáreas, una extensión que supera las 250 hectáreas establecidas para territorios insulares; a lo que se suma que, de las 2.780 hectáreas afectadas, 2.677 pertenecen a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y 1.157 a la reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Tras esta catástrofe, es preciso ahora abordar la restauración hidrológica forestal, el control de la erosión y desertificación, así como trabajos complementarios en los espacios forestales incendiados para mitigar los posibles efectos de posteriores lluvias. También, serán precisos la retirada y el tratamiento de la biomasa forestal quemada, y la restauración de infraestructuras rurales de uso general, caminos naturales y vías verdes.

Sin perjuicio de su concreción, mediante la realización de una detallada evaluación, se impone como prioritario la recuperación y regeneración ambiental de los efectos del incendio en los espacios de la Red Natura 2000, especialmente en los hábitats de interés comunitario y en aquéllos en los que existan especies de interés comunitario, endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

En síntesis, es necesario adoptar medidas urgentes para la restauración de los terrenos afectados dados los importantes daños causados, no solo de carácter ecológico sino también en varias zonas urbanas, agrícolas y ganaderas de Gran Canaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Contribuir a evaluar y cuantificar de forma inmediata los daños producidos por el grave incendio padecido por la isla de Gran Canaria desde el pasado 20 de septiembre, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y los municipios y colectivos afectados, realizando un análisis detallado de las consecuencias medioambientales y socioeconómicas derivadas del mismo.

2. Aplicar los artículos 20 y siguientes de Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección, y, en consecuencia, a arbitrar las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por dicho incendio en la isla de Gran Canaria. Y, concretamente, concurriendo las circunstancias para establecer las medidas de urgencia en los territorios insulares para paliar los daños producidos por los incendios forestales, se insta al Gobierno a proceder a la declaración de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas y a la declaración de emergencia de las obras a ejecutar por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.


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3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con este incendio forestal ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Sebastián Franquis Vera y Gonzalo Palacín Guarné, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002366

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley relativa a aplicar el máximo coeficiente reductor que estaba previsto para los trabajadores de palangreros y arrastreros congeladores, para evitar el retraso en la edad de jubilación de estos marineros.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 50171, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a aplicar el máximo coeficiente reductor que estaba previsto para los trabajadores de palangreros y arrastreros congeladores, para evitar el retraso en la edad de jubilación de estos marineros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Miles de marineros gallegos pueden ver cómo se puede retrasar su edad de jubilación al no aplicárseles el máximo coeficiente reductor que tenían previsto.

La Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte de la CIG (FGAMT-CIG) ha denunciado que el Gobierno central es quien ha decidido que no se aplique este máximo multiplicador a los tripulantes de palangreros y arrastreros de la abundante flota congeladora gallega.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación son un factor que se aplica para compensar la dureza de determinadas actividades profesionales y se aplica de manera diferente según la especialidad y categoría del trabajo.

Se permite así que el trabajador pueda retirarse de manera anticipada cobrando la pensión íntegra sin tener que cumplir los 65 años exigidos en la mayoría de los casos. En el caso de los marineros, la dificultad del medio donde se realiza la labor, la cantidad de meses en alta mar o las dificultades del empleo justifican esta reducción.


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Según la CIG, la decisión de no aplicarles el mayor coeficiente reductor de la edad de jubilación a los marineros que faenaban en palangreros-congeladores y arrastreros-congeladores figura en una circular interna del Instituto Social de la Marina (ISM).

El conflicto surgió hace casi tres años, al detectarse muchos casos de marineros a los que les faltan años de cotización para jubilarse y descubrir que la Dirección General de la Marina Mercante "había modificado los coeficientes reductores", un derecho social, que "tienen los marineros y otras personas con profesiones especialmente duras o de riesgo como mineros o policías y que les permite adelantar la jubilación".

Todo se debe a dicha circular interna del ISM, donde se establece que no se podrá aplicar el máximo coeficiente reductor (0,4) a los tripulantes en unas novedosas subclases incorporadas: las de "palangrero-congelador" y "arrastrero-congelador".

Así, la Administración pasa a hacer el cálculo en función del arte de pesca y de las toneladas. Dos conceptos no existen en el mundo pesquero de la Seguridad Social, donde siempre se aplicó el criterio de congelador.

Es un claro intento por recortar los derechos y la jubilación de los marineros. Exigimos que se garanticen los derechos sociales de estos trabajadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar el máximo coeficiente reductor que estaba previsto para los trabajadores de palangreros y arrastreros congeladores, para evitar el retraso en la edad de jubilación de estos marineros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Margarita Pérez Herráiz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de la salud en la aplicación de tatuajes y maquillaje permanente, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Desde hace años los tatuajes están de moda, de hecho el 12 % de la población europea tiene algún tatuaje, especialmente entre los jóvenes que pudieran incluso duplicar esa cifra. Un fenómeno además en continuo crecimiento. La preocupación por la seguridad de los productos (tintas y otros ingredientes que contienen) así como por las condiciones de su aplicación ha llevado al Consejo de Europa a adoptar sendas resoluciones, no vinculantes, en 2003 y 2008 respectivamente, adoptando criterios y condiciones de seguridad para los tatuajes y maquillajes permanentes: sus ingredientes, empaquetado, etiquetado y prácticas higiénicas de aplicación.

La Comisión Europea ha publicado el pasado año 2016, un informe titulado "Seguridad de los tatuajes y maquillaje permanente" revisando la situación legal en los diferentes países de la UE y la información disponible sobre el uso, las condiciones de aplicación de estas regulaciones, y los datos de vigilancia disponibles sobre riesgos y efectos adversos de estas prácticas en Europa. Este informe alerta de que las tintas utilizadas para realizar tatuajes, que en la mayoría de los casos se importan de Estados Unidos, contiene pigmentos de baja pureza, y no han sido fabricados específicamente para decorar la piel ni autorizados para su uso en cosmética por lo que pueden producir riesgos para la salud. Otro fenómeno destacado es la degradación de los productos utilizados que se produce con el paso del tiempo. Y avisa también de la falta de una regulación común europea específica de estas prácticas.


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Debido a la falta de seguimiento y vigilancia, se desconoce la frecuencia de complicaciones y reacciones adversas de los tatuajes; pero se conoce que, además de reacciones transitorias propias de las heridas sobre la piel producidas, se producen casos de infecciones por aplicaciones no higiénicas, reacciones alérgicas a los ingredientes, o lesiones consecuencia del tratamiento con láser para remover los tatuajes. Su posible efecto cancerígeno sobre la piel a largo plazo no ha sido probado, pero dada la composición de algunas tintas, se exigiría disponer de estudios de seguimiento apropiados.

En cuanto a la percepción de riesgo, la información sobre los riesgos potenciales se adquiere, según el informe europeo, únicamente a través de los propios tatuadores, de amigos o a través de canales sociales e internet, no estando garantizada siempre la veracidad y suficiencia de dicha información.

De acuerdo a este informe, España se encuentra entre los países que han adoptado las regulaciones emanadas de las recomendaciones de la Resolución del Consejo de Europa de 2008. Los productos para maquillaje permanente y tatuaje se encuentran regulados por el Real Decreto 1599/1997, que recoge la normativa sobre productos cosméticos. Con arreglo a dicha normativa, estos productos son objeto de autorización sanitaria de comercialización otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en base a la evaluación de la documentación toxicológica y de calidad que presentan las empresas que desean comercializar tales productos. En la evaluación se tienen en cuenta los criterios establecidos en la Resolución Res Ap (2008)1 del Consejo de Europa sobre los requisitos y criterios de seguridad de tatuajes y maquillajes permanentes. Una vez autorizados, se inscriben en el registro correspondiente. Por ello, puede decirse que España es el único país de la UE que dispone de una lista positiva de pigmentos que se pueden emplear en tatuajes y que está disponible en la página web de la AEMPS.

Por su parte, la mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado, a partir del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 13 de enero de 2003, decretos que tienen como objeto establecer las normas sanitarias que deben cumplir los establecimientos que se dedican a prácticas de tatuaje, micropigmentación, o piercing, así como las medidas higiénico-sanitarias básicas que deben observar los profesionales que las realicen. El más reciente es el Decreto 71/2017, de 13 de junio, de la Junta de Andalucía. En cuanto a la cualificación de los profesionales, las comunidades autónomas han establecido, igualmente, la formación mínima que deben poseer las personas que llevan a cabo estas prácticas.

A pesar de toda esta regulación, existe un problema real que radica en que los pigmentos homologados en España no tienen las propiedades técnicas más apreciadas por tatuadores y clientes, según muchas informaciones recogidas por testimonios y opiniones de asociaciones de profesionales. Ello está llevando a muchos tatuadores a aplicar pigmentos importados, muchos de Estados Unidos, que no disponen de la correspondiente autorización para su uso en España. Otros países europeos han autorizado ya productos para tatuaje y maquillaje permanente que cumplen ambas condiciones: protección de la seguridad de los consumidores y adecuadas condiciones para su aplicación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Revisar y actualizar la lista de productos autorizados en España para tatuajes y maquillaje permanente con el objeto de hacer compatibles sus propiedades técnicas con la seguridad para la población. Y para ello, escuchar la opinión de los tatuadores acreditados en España, fabricantes, comercializadores y usuarios.

- Mantener un sistema de vigilancia sobre reacciones adversas y sobre posibles efectos sobre la salud de los tatuajes y maquillaje permanente.

- Asegurar la protección de la salud y seguridad de los usuarios de tatuajes y maquillaje permanente, estableciendo un plan coordinado con el resto de autoridades competentes de inspección de centros y control de productos utilizados.

- Mejorar la información disponible a la ciudadanía y promover campañas de información sobre la seguridad, las condiciones higiénicas de aplicación y los posibles riesgos, tanto en su aplicación como en el momento de su eventual remoción, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes, que son sus principales usuarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo reglamentario de la Ley del Voluntariado, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: que tengan carácter solidario; que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente; que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a los voluntarios; que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos y dentro o fuera del territorio español.

La aprobación de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado generó muchas expectativas. Sin embargo esta nueva norma no ha tenido efectos en la práctica como consecuencia de la inclusión de la disposición final quinta que establece que "las medidas incluidas en esta Ley no podrán suponer incremento del gasto público".

A ello hay que añadir la ausencia de desarrollos, a pesar de haber transcurrido casi dos años desde su aprobación y de que la propia Ley estableció un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor para la aprobación de su reglamento de ejecución.

Además del Reglamento de ejecución de la Ley, están pendientes de desarrollo aspectos tales como la regulación de las condiciones en las que se llevará a cabo las actividades de voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo; las especialidades pertinentes a efectos de fomentar y facilitar que las pymes promuevan, y participen en programas de voluntariado; los beneficios que puedan establecerse para el personal voluntario con el exclusivo objeto del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria; la Comisión Interministerial de Voluntariado; el Observatorio Estatal del Voluntariado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses y tras un proceso de diálogo con el movimiento asociativo, los desarrollos pendientes de la Ley del Voluntariado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos,


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sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En España, el Tercer Sector de Acción Social, engloba a unas 30.000 entidades cuya actuación proporciona servicios sociales de apoyo directo a más de siete millones de personas. Su importancia económica es muy relevante considerando , que su actividad representa el 1,5 % del PIB y que trabajan en él unas 645.000 personas, las cuales representan más del el 4,6 % de toda la población ocupada en España, a las que hay que añadir cerca de 1.300.000 voluntarios que colaboran y participan en su actividad. El Tercer Sector de Acción Social juega un papel importante en la puesta en práctica de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

El Gobierno del Partido Popular ha realizado importantes recortes en las políticas sociales, derivando en gran medida su responsabilidad al tercer sector, a la vez que le colocaba en una difícil situación, al brindarle menos apoyo, ayudas y subvenciones. Los estudios de numerosas organizaciones constatan que la etapa de Gobierno del PP se ha caracterizado por el desarrollo de políticas de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, supresión de derechos, extensión de la pobreza y la desigualdad, y pérdida de la esperanza para millones de españoles.

Han sido años de recortes indiscriminados en el gasto público destinado a luchar contra la desigualdad, promover la igualdad de oportunidades y ofrecer seguridad contra las situaciones de necesidad vinculadas con la edad, la enfermedad, la dependencia, la pobreza, la condición de mujer o el desempleo. La gestión de la crisis económica ejecutada por el Gobierno del PP, centrada en la búsqueda del equilibrio fiscal mediante la reducción de los gastos, el social de forma más intensa, ha consistido en recortes presupuestarios, acompañados de reducción de ingresos fiscales y reformas restrictivas de derechos sociales (reforma laboral, educativa, de la administración local y sanitaria), han convergido incrementando la desigualdad a niveles alarmantes, disparando todos los indicadores de pobreza y exclusión social.

En la etapa de la crisis española, el Tercer Sector de Acción Social ha continuado respondiendo al rápido y constante crecimiento de las necesidades sociales, pero con dos elementos básicos que definen este momento. Por un lado, una disminución importante de los ingresos procedentes de las administraciones públicas, como consecuencia de las políticas de recorte del gasto social. Por otro, un cambio en el perfil de las personas beneficiarias, incluyendo entre los mismos a la clase media erosionada, con problemáticas y demandas nuevas, como, por ejemplo, la vivienda y una mayor atención a la infancia.

La aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, generó expectativas, pero lejos de ser un paso adelante, apenas ha desplegado ningún efecto. Ello se ha debido, fundamentalmente a dos razones: por un lado, la inclusión de la disposición adicional cuarta que establece que "la regulación incluida en esta Ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal"; y por otro, la ausencia de desarrollos, a pesar de haber transcurrido casi dos años desde su aprobación, con la única excepción de la regulación de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses y tras un proceso de diálogo con la representación del tercer sector, los desarrollos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, con especial atención a los más relevantes y a los que tienen plazo de adopción fijado, en concreto:

- Aprobación del Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social.

- Regulación del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

- Regulación del Estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.

- Creación y puesta en marcha del inventario de entidades sociales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la derogación del Real Decreto-ley 20/2012, del 13 de julio, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El 13 de julio de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 20/2012, que supuso de un golpe recortes en derechos y presupuesto. Implica que decenas de miles de dependientes mueran sin prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia. Un extraordinario ataque contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un desconcierto en la política social de España.

Este Real Decreto destruye el sistema de atenciones y retrocede en los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias a un nivel, incluso, anterior a la Ley 39/2006. Se trata, de una derogación encubierta de la Ley de Dependencia que significa un largo listado de sacrificios que se imponen a la ciudadanía española, mientras se continua de forma enmascarada recortando poco a poco en derechos.

Las medidas que contiene no solo son crueles, sino que no respetan el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Olvidando y dejando fuera del sistema de protección social a las personas dependientes, sus familiares y a los/as profesionales del sector de los servicios sociales.

Especialmente sangrantes han sido medidas como la suspensión en la incorporación de dependientes con Grado I (moderados), hasta el 1 de julio de 2015, atrasando su atención. Se simplificó también la valoración (baremo) a tres grados (eliminando los niveles dentro de cada grado). Esto no responde a otro objetivo que no sea dinamitar el sistema de dependencia, haciendo parecer que se trata de una pequeña modificación. La eliminación de niveles ha puesto en peligro a las personas valoradas que, si son sometidas a revisión de grado "a la baja", pierden derechos y recursos para la atención que necesitan.

Se han incrementado las aportaciones de los usuarios sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite la capacidad real de las economías familiares. El copago ha aumentado de manera importante las aportaciones y ha afectado al patrimonio de las personas dependientes. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, se han empeorado las atenciones y la disponibilidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio que ha visto reducida su cobertura, así como las condiciones laborales de las personas que trabajan en este servicio.

Con este Real Decreto-ley se ha reducido la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 por 100, la más solicitada de las prestaciones por dar apoyo económico a las cuidadoras no profesionales, a la par que las Administraciones Públicas no han incrementado sus servicios profesionales, mostrándose insuficientes a la hora ofrecer una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad, con un aumento exponencial de la tendencia a externalizar los servicios. El resultado es que la reducción ha afectado a miles de personas dependientes que han visto reducidas las prestaciones que recibían en una media de 55 euros al mes. El ahorro obtenido no se reinvierte en servicios o mejoras del sistema, sino que se volatiliza.

Se suspendió, además, la retroactividad de las prestaciones para quienes ya se encontraban en situación de generar derechos por las mismas, concretamente prestaciones por cuidados en el entorno familiar dejaron de producir efectos retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha de aprobación no hubiesen comenzado a percibir las prestaciones reconocidas (se estableció un plazo suspensivo 2 años). Para agravar más la situación se eliminaron las compatibilidades entre servicios. Esto hace imposible la necesaria complementariedad entre servicios, la flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. Una de las alteraciones más dramáticas de este Real Decreto-ley ha sido el cambio en el modelo de cotizaciones de los cuidadores y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar. Esta alteración ha dejado a 170.000 personas sin cotización en el régimen especial de cuidadores/as, y siendo expulsadas del régimen de cotización de la Seguridad Social de manera que solo podrían permanecer en dicho régimen, siempre y cuando abonasen por sí mismas la totalidad de la cotización.


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La financiación del sistema también se ha reducido en lo referido a las cuantías a aportar por parte de la Administración Central a las CCAA.

Gracias a esta medida serán muchas las Comunidades Autónomas que no puedan seguir recorriendo el camino de la dependencia.

En definitiva, el cálculo estimado en recortes en dependencia ronda los 3.700 millones de euros. Este mayúsculo recorte junto con las medidas que supuso el Real Decreto-ley 20/2102, nos lleva a afirmar con absoluta rotundidad que la reforma de la Ley 39/2006 es un tremendo ataque contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales comprometidos y contra las políticas sociales en España.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

1. Derogación inmediata del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio.

2. Restitución de la inversión recortada a consecuencia de este Real Decreto-ley 20/2012, del 13 de julio vía PGE para asegurar una atención real y de calidad a las personas en situación de dependencia y sus familias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2017.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente, Proposición no de Ley sobre medidas para combatir la exclusión financiera en el medio rural, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El cierre de oficinas bancarias ha tenido como objetivo corregir desequilibrios acumulados en el sector bancario español durante la etapa de expansión y burbuja crediticia. Este ajuste, auspiciado por los organismos supervisores para garantizar la viabilidad del sector bancario español, ha perjudicado la accesibilidad de algunos usuarios a los productos y servicios financieros, llegando a plantearse problemas de exclusión financiera para algunos consumidores.

Aunque España sigue teniendo una elevada ratio de sucursales bancarias por habitante dentro de la Unión Europea, el ajuste de la capacidad instalada llevada a cabo desde el año 2008 ha dejado a muchos ciudadanos sin oficina bancaria en su localidad. Las localidades afectadas normalmente pertenecen al ámbito rural, donde reside principalmente a una población cada vez más envejecida.

Según el informe elaborado por el Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos: "El acceso a los servicios bancario en España: el impacto de la reducción del número de oficinas, publicado en marzo de 2017; el número de oficinas bancarias de las entidades de depósito en España se ha reducido un 32 % desde el año 2008, situando el porcentaje de población que no puede acceder físicamente a los servicios financieros de una oficina bancaria en su lugar de residencia en el 2,4 % de la población española (1.128.000 personas aproximadamente).

Si bien es cierto que el hecho de que un 2,4 % de la población no tenga una oficina bancaria en su lugar de residencia no implica que esté financieramente excluida, debido a la existencia de otras vías de acceso a los productos y servicios bancarios como la banca telefónica o la banca por Internet, existe un porcentaje importante de la población que reside en localidades pequeñas que se ve especialmente perjudicada por el cierre de sucursales, ya que, por su edad o por otras razones, carece de una mínima cultura digital y el acceso a los medios electrónicos les resulta complicado y, a veces, imposible. Además,


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el desplazamiento a oficinas ubicadas en poblaciones cercanas para la realización de las gestiones necesarias no es una solución siempre factible, bien porque no se disponga de medios de transporte, por razones de salud o por no poder hacer frente al coste que estos desplazamientos implican.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

En colaboración con las Comunidades Autónomas y las Federaciones de Municipios, a adoptar, entre otras, las siguientes medidas contra la exclusión financiera en el medio rural:

1. Valorar, en los préstamos u otro tipo de servicios que concierten las Administraciones públicas con las entidades financieras, aquellas que asuman un mayor compromiso en la aplicación de medidas para reducir la exclusión financiera.

2. Impulsar la utilización de dispositivos de atención presencial móvil por parte de las entidades financieras.

3. Facilitar el uso de instalaciones públicas o empresas locales para prestar el servicio bancario en aquellas localidades que carecen de oficinas bancarias.

4. Promover la alfabetización digital de la población más afectada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se incluya una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico e incluir criterios de responsabilidad en todos los contratos públicos de servicios y suministros, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Denominan a nuestro periodo "la era de la información", la última etapa de una revolución tecnológica que tuvo como punto de salida el lanzamiento del primer teléfono móvil comercial allá por los años 70.

Es evidente que las nuevas tecnologías hacen nuestra vida más cómoda y que nos ayudan a mantenernos en conexión permanente desde casi cualquier lugar del mundo donde nos encontramos. Pero toda esta innovación tecnológica que a algunos nos hace la vida más fácil cuesta millones de vidas a la otra parte del hemisferio terrestre. Las instituciones públicas occidentales no sólo tenemos que velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestros territorios. Tenemos, además una responsabilidad ética, moral y humanitaria con los países productores de las materias primas para que su extracción no suponga un peligro para la vida, la seguridad, los derechos humanos y la paz en estos territorios.

Entre los conflictos originados por la evolución y la innovación tecnológica a occidente destacan algunos como los que tienen lugar en la República Democrática del Congo. Un territorio de una riqueza mineral incalculable del que se extraen materias primas como oro, tungsteno, wolframio, diamantes o coltán.

El coltán, formado por el aleación natural de columbita (óxido de niobio con hierro y manganeso) y tantalita (óxido de tántalo con hierro y manganeso), es un metal de alta conducción y eficacia volumétrica,


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es decir, que con poco volumen de este mineral se pueden obtener los mismos resultados en cuanto a conducción, lo que permite reducir el tamaño de los productos electrónicos. Además resiste la corrosión, es maleable y tiene una buena resistencia a las bajas y altas temperaturas.

El caso de la extracción de este mineral en la República Democrática del Congo es singular por la precariedad laboral de sus trabajadores frente otros lugares productores de coltán -como pueden ser Australia, China, Brasil o Canadá- y por las reservas que se estima que alberga el Estado congoleño, alrededor de un 80 % de las reservas mundiales.

La explotación infantil, la precaria seguridad laboral, y la elevada peligrosidad de la extracción de este mineral al cual se accede mediante túneles de baja envergadura excavados a mano con prácticamente ninguna ayuda mecánica hace que su obtención se cobre miles de vidas cada año.

Sobre todo también hay que destacar los conflictos armados derivados de la voluntad de dominio sobre los yacimientos minerales. Por un lado Burundi, Ruanda y Uganda con el apoyo de EEUU y la financiación del FMI, por otro lado Angola, Chad, Namibia, Zimbabue y diferentes milicias armadas.

Desde el inicio de la conocida como la "Guerra del coltán" en 1998, hay documentados casi tres millones de desplazados y más de cinco millones de muertos. Además, según un estudio publicado en el American Journal of Public Health en 2011, más de 400.000 mujeres de entre 15 y 49 años fueron violadas entre 2006 y 2007 (una media de 48 mujeres cada hora), convirtiendo la República Democrática del Congo en "uno de los peores lugares del mundo para ser niña o mujer como apuntan diferentes organizaciones humanitarias.

No solo el Congo es desgraciadamente conocido por tener el 80 % de las reservas mundiales de coltán, también es rico en otros minerales como cobre, oro y la mitad de las reservas de diamantes del mundo. Una riqueza natural que lejos de convertir este país en una potencia mundial está sufriendo el expolio de las empresas occidentales y de los Estados de su entorno que esquilman sus recursos naturales. De hecho, Ruanda, un Estado más pequeño que Holanda y del que no se conocen minas extraordinariamente productivas de tantalita es el mayor exportador mundial de coltán del mundo, presumiblemente de procedencia congoleña.

Diferentes gobiernos y administraciones han insinuado medidas de regulación sobre los metales de sangre que, en última instancia han cambiado muy poco (sino nada) la situación de los territorios donde se producen estas extracciones mineras, principalmente por empresas occidentales.

Algunos casos son el gobierno norteamericano de la administración Obama durante el año 2010, con la llamada Ley Dodd Frank para la reforma de Wall Street que incluía algunas cláusulas referidas en las empresas extractivas de este tipo de minerales, como la sección 1504 -que obligaba a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo y la minería a hacer públicos los pagos que realizaban en gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos- o la sección 1502 -que obliga a las empresas que emplean 4 minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tántalo) a investigar y tomar medidas pertinentes si su procedencia se encontraba en áreas de conflicto existentes en la RDC o los 9 países vecinos.

En nuestro continente la eurodiputada belga Marie Enarena impulsó una directiva para la regulación de los metales de sangre empleados por las empresas europeas que -aunque fue aprobada por una amplia mayoría de la cámara en 2015 (400 votos a favor, 285 en contra y 7 abstenciones)- todavía tiene un largo camino para recorrer hasta convertirse en una regulación verdaderamente garantista de los Derechos Humanos en los países donde se producen las extracciones.

Esta última medida, la europea, afectaría a 800.000 empresas europeas que deberían de certificar que los metales que emplean provienen de extracciones controladas en cada una de las etapas desde su extracción. Desde la mina hasta la tienda o mayorista donde se comercializa el producto final.

El comercio de bienes de lujo o comunicación a occidente no puede estar por encima de la vida de miles de personas que ven como su tierra es expoliada por empresas del llamado "primer mundo" sin ninguna reparación por parte de los gobiernos occidentales.

El futuro y la dignidad de los países no desarrollados económicamente o en vías de desarrollo está en la mano de los parlamentos que apuestan por los derechos humanos como vía única para la reconciliación de los pueblos, la fraternidad y la paz en el mundo.

Por todos estos motivos, y a falta de la puesta en funcionamiento de una regulación europea sobre todas las empresas de la Unión, presentamos la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incluir una cláusula contra los minerales de conflicto en todos los contratos públicos de suministro tecnológico.

- Incluir criterios de responsabilidad social en todos los contratos públicos de Servicios y suministros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Cultura

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del Olivar andaluz como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La Diputación de Jaén tiene el firme propósito de seguir trabajando para que el fastuoso capital paisajístico del olivar que tiene esta provincia sea considerado como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, el Presidente de la Diputación Provincial ha mantenido recientemente una reunión, con el Rector de la Universidad de Jaén, el Presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y con el Presidente de la Fundación Juan Ramón Guillén, con el objetivo de plantear los primeros pasos para la elaboración del expediente que permita que el paisaje del olivar andaluz reciba este reconocimiento por parte de la UNESCO.

Si algo distingue a la provincia de Jaén y la hace única es el olivar y la cultura del aceite de oliva. No solo porque supone el sustento fundamental de nuestra economía, sino que incluso esta afirmación está también por encima de la consideración de que esta tierra sea la máxima productora mundial de aceite de oliva.

La vinculación de Jaén con el olivar impregna una forma de vida heredada de generaciones pasadas, sus acciones han configurado un paisaje formado por un bosque de más 60 millones de olivos que es único, y que deja estampas de un mar geométrico, de tonos de colores que ocupan hasta el infinito, capaces de sorprender y despertar una sensación verdaderamente conmovedora por la belleza y la evocación que produce a quien los contempla. Así lo reflejaron poetas universales como Antonio Machado o Miguel Hernández.

Su dimensión paisajística, artística, histórica, arquitectónica, arqueológica y etnológica puede ser un recurso de desarrollo territorial no solo para nuestra provincia sino también para Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

En el año 2008, esta Diputación ya fue pionera en aprobar el iniciar las gestiones necesarias para su declaración. A pesar de que existían reiteradas sugerencias del órgano asesor de la UNESCO (ICOMOS), para su tramitación, ésta no se realizó, quizás por su dimensionamiento al querer implicar todos los países mediterráneos. Entendemos que ahora existen razones más que suficientes en base al incremento de la demanda de aceite de oliva en el mundo, por la necesidad de información que tienen muchos consumidores de este producto, que quieren conocer cómo se produce, como se cultiva, como se busca el equilibrio y la conservación medioambiental de sus territorios. Así mismo, la delimitación de su declaración para las provincias andaluzas va a beneficiar la elaboración de su expediente de declaración.

Entendemos que, en nuestro caso, la mejor fórmula para obtener un respaldo positivo a la candidatura y aumentar las posibilidades de declaración de Patrimonio Mundial es estructurar la propuesta como "Paisajes del Olivo" e inscribirlo dentro de la categoría Paisaje Cultural Orgánicamente Evolutivo Vivo.


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En la actualidad, hay declarados en España el Paisaje Cultural de Aranjuez, el Paisaje Cultural de la Sierra de Tramontana, Las Médulas (León), el Monte Perdido (Pirineos) y el Palmeral de Elche. Este mismo año, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad el Paisaje Cultural del sur de Jerusalén "Palestina: Tierra de olivos y vides". Así mismo, la candidatura "El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa", presentado por La Rioja y el País Vasco, confía en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015.

Estos ejemplos de otros territorios, nos sirve de incentivo de nuevo para 1 emprender este camino ilusionante de sumar otro valor a nuestro olivar. Esta provincia no se entendería sin su cultura del olivar que está en la raíz de lo que fuimos, somos y seremos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Plantear que el Paisaje del Olivar de Andalucía sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

- Colaborar con la Diputación Provincial de Jaén, institución impulsora de esta iniciativa, en los aspectos necesarios para lograr esta declaración del Paisaje del Olivar como Patrimonio de la Humanidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a la gestión pública de visitas del BIC Torres de Meirás en Sada, A Coruña.

Exposición de motivos

Como recoge el informe del 2014, del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, los símbolos y monumentos conmemorativos de exaltación de la dictadura franquista, en el caso de que no puedan ser removidos, es necesaria una contextualización y "resignificación", con técnicas y pedagogías adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva.

Las políticas de memoria implican patrimonio cultural y por ello conviene subrayar que el franquismo no ha sido desactivado simbólicamente en la esfera pública. Su proyecto histórico de dominación mantiene vigentes importantes bazas culturales aún presentes en los espacios públicos (en placas, callejeros, monumentos, etc.) con total permisividad de reivindicación y conmemoración como demuestra la bien subvencionada Fundación Francisco Franco.

Según el Decreto 299/2008, de 30 de diciembre, se decide declarar las Torres de Meirás (también conocidas como Pazo de Meirás) como bien de interés cultural bajo la figura de protección de "sitio histórico" por adecuarse los valores culturales que contienen la memoria de hitos importantes de la historia de Galicia y del Estado español, habiendo sido lugar de residencia de Emilia Pardo Bazán y más tarde regalado a la familia Franco como lugar de estancia veraniega, mediante un proceso de transacción de propiedad bajo términos de cuestionable legitimidad, ya que supuso un endeudamiento de las instituciones locales, la rebaja de salarios de funcionarios y un expolio a los propietarios de terrenos aledaños para ampliar la propiedad de cara a su uso por la familia Franco.

La declaración de BIC supone una serie de responsabilidades para los propietarios ya sean de carácter público o privado, como la obligación de aperturar al menos durante cuatro días al mes con acceso gratuito el sitio histórico, según se explicita tanto en el artículo 48 de la Ley 5/2016, del 14 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia como en el artículo 13 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio


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Histórico Español. Esta normativa ha sido incumplida sistemáticamente desde 2008, cuando la familia Franco comenzó a interponer recursos judiciales para que la declaración de BIC no se hiciera efectiva. En 2011, bajo imperativo del Tribunal Supremo que desestimó el último recurso interpuesto, empujó a la apertura de visitas del Pazo, para lo que los propietarios crearon una página web de reservas fantasma e inoperante, cuestión que recibió numerosas quejas y denuncias por parte de los visitantes.

Durante los últimos meses hemos visto cómo la familia Franco dejaba en manos de la Fundación Francisco Franco (cuyo objetivo por autodefinición es la de "la difusión de la memoria y obra" del dictador) la gestión del régimen de visitas al público. El día 10 de septiembre la fundación emite un comunicado de detención de las visitas por "motivos de seguridad", volviéndose así a incumplir los dictámenes legales respecto al bien de interés cultural.

La gestión del régimen de visitas del Pazo de Meirás ha sido reivindicada reiterativamente por parte del Concello de Sada (término municipal al que pertenece el BIC), desde el año 2011, sin embargo la Xunta de Galicia se interpone en este trámite, decidiendo que la familia Franco sea quien ostente esta responsabilidad.

Ante la ineficacia de la gestión por parte de la familia y de la fundación, tras muchas protestas de colectivos de la ciudadanía gallega como la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH), el Concello de Sada celebró un pleno extraordinario el pasado 12 de agosto donde se aprobó una propuesta de asunción y gestión pública municipal del régimen de visitas del Pazo de Meirás y medidas complementarias, donde se pide a la Xunta de Galicia conceder la gestión pública del BIC y donde se plantea la creación de un Plan Especial de Protección de Patrimonio donde este bien de interés cultural sea de dominio y uso públicos.

Para acabar con la cultura de la impunidad, construimos una cultura de los derechos humanos donde los paisajes (naturales o culturales) juegan un papel clave en la labor pedagógica: se debe explicar a todos los visitantes el origen de este monumento y su contexto sociopolítico. Como sucede en Alemania con los campos de concentración.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a su vez inste a la Xunta de Galicia a que apruebe el requerimiento del Ayuntamiento de Sada para que sea el consistorio quien gestione el régimen de visitas al BIC el Pazo de Meirás e iniciar los trámites pertinentes desde las instituciones para recuperar el BIC e incorporarlo al patrimonio público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de los Diputados Miguel Anxo Fernández Bello y Eduardo Maura Zorita, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Cultura relativa a las acciones que se puedan tomar por parte de los organismos competentes del Estado en relación a la devolución de las esculturas de Abraham/Xeremías e Isaac/Ezequiel, realizadas por el Mestre Mateo para el Pórtico de la Gloria, en actual posesión de la familia del dictador Franco al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, propietario legal de las tallas.


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Exposición de motivos

El dictador Francisco Franco y su familia saquearon y expoliaron numerosos bienes culturales, inmuebles y obras de arte pertenecientes al dominio público. Es de dominio público, era el modo de proceder habitual de un dictador, pero lo que ya no es tan habitual es que dichos bienes expoliados sigan en sus manos y no hayan sido devueltos al patrimonio público una vez muerto Franco y una vez iniciado el periodo político democrático.

También carece de justificación que un Gobierno democrático no se haya preocupado aún de reclamar los bienes expoliados, sobre todo cuando fueron producto de un auténtico robo.

Es el caso de las dos esculturas románicas realizadas por el Mestre Mateo, que formaban parte de la fachada exterior que cubría el Pórtico de la Gloria y que están a día de hoy en posesión de la familia del dictador cuando deberían haber sido devueltas a la catedral de Santiago de Compostela. Son dos estatuas-columnas de finales del siglo XII y comienzos del XIII, dos piezas talladas por el Mestre Mateo entre 1188 y 1211 para que figurasen en el Pórtico de la Gloria.

Pertenecían al mismo grupo que el David y Salomón, presentes actualmente en el pretil de la escalinata de la entrada occidental a la catedral. Según los estudiosos, representan a Isaac/Ezequiel y Abraham/Xeremías. En el siglo XVIII se desmanteló parte de la fachada de la catedral. Expertos como el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Harvard, Francisco Prado-Vilar consideran que lo adecuado es juntar todas las esculturas a fin de descifrar todo el programa iconográfico completo de la fachada diseñada por Mestre Mateo. Asociaciones de defensa del patrimonio medieval gallego han demandado en numerosas ocasiones que se restituyan dichas esculturas para incorporarlas al conjunto.

Se tiene conocimiento de las esculturas en 1933 cuando el historiador Fermín Bouza Brey las localizó en un pazo del Ulla, propiedad del conde de Ximonde. Según sus investigaciones un antecesor del aristócrata las había trasladado allí a finales del siglo XVIII.

Con la dictadura de Franco ya establecida, el susodicho conde vende ambas tallas en 1947 al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas, con la condición de que no saliesen nunca de la ciudad. Estuvieron en las escaleras del Pazo de Raxoi durante un tiempo. Sorpresivamente, en 1961, al albur de la exposición "El arte románico", las esculturas aparecen identificadas como propiedad del caudillo y sitúan su origen en el Pazo de Meirás. Se sabe que pasaron a su propiedad como "regalo" del Ayuntamiento de Santiago.

Según las informaciones y documentos que manejan asociaciones expertas e investigadores, no existe documento que acredite la donación. Es más, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela encontró el pasado mes de septiembre de 2017 la documentación que demuestra que las estatuas pertenecen al consistorio compostelán. Se ha hallado tanto el documento de compraventa como el resto del expediente, fruto de una ardua labor de investigación realizada en los archivos de la Universidad de Santiago. Unos documentos que condicionan la posible venta para que dichas esculturas no salgan del patrimonio municipal, ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquiera otra figura, puesto que en caso contrario debiera indemnizarse al vendedor con la cantidad de 400.000 pesetas. En este hallazgo documental también consta un informe técnico del arquitecto Francisco Asorey en el cual describe las figuras e indica que poseen "un gran valor artístico".

No existe, por tanto, ningún documento de cesión por parte del Ayuntamiento de Santiago. Es intención del actual Consistorio emprender las acciones necesarias para reclamar la devolución de las esculturas al municipio.

Sin embargo, bajo la dictadura, no se cumplieron ninguna de las condiciones acordadas entre el Ayuntamiento de Santiago y el conde de Ximonde, sino que el dictador se adueñó de las esculturas, llevándolas del Pazo de Meirás a la Casa de Comide en A Coruña, otro inmueble fruto de un "regalo".

Allí siguen, a pesar de lo descrito.

Son muchas las organizaciones, instituciones, organismos, fundaciones y asociaciones las que a lo largo de los años, han reclamado a la familia Franco la devolución de las tallas sin que obtuviesen respuesta alguna. La propia Fundación Francisco Franco ha confirmado en diversas ocasiones haber recibido cartas en las que se canalizaba esta demanda. Recibe las peticiones pero no responde ni lo va a hacer porque su origen y su deriva es absolutamente anti democrática. Razón por la que deben intervenir los poderes públicos.

Las estatuas, de gran belleza y valor patrimonial, fueron expuestas en distintas ocasiones. En A Coruña en 2008 y en la exposición Dominus Iacobi en Santiago. Pero también en la más reciente en el


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Museo del Prado, de noviembre de 2016 a marzo de 2017. En estos momentos, la misma exposición se exhibe en el Pazo de Xelmírez en Compostela.

Dado el enorme valor de las esculturas, su relevancia y su pertenencia a una de las portadas catedralicias más bellas del mundo, el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, consideramos que existen argumentos sobrados para que el Ministerio de Cultura proceda a llevar a cabo una labor de intermediación en aras a reclamar a la familia Franco que devuelva las estatuas a su legítimo y legal propietario, el Ayuntamiento de Santiago para que redunden en el beneficio colectivo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de su responsabilidad para comprobar si la posesión de las esculturas de Isaac/Ezequiel y Abraham/Xeremías, realizadas por el Mestre Mateo y que formaban parte de la fachada exterior que cubría el Pórtico de la Gloria, por parte de la familia Franco, fueron objeto de un expolio, y a tal efecto, ejercitar las acciones pertinentes, incluida en su caso la intervención de la Fiscalía, a fin de depurar posibles responsabilidades y proceder a la devolución de las esculturas a su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Santiago, sin perjuicio de las acciones legales que procedan por parte de este."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Eduardo Javier Maura Zorita, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración y difusión de las figuras de Eduardo María González-Pondal y Abente (1835-1917), literariamente Eduardo Pondal, en el 100 aniversario de su fallecimiento, y de Enrique Labarta Pose (1863-1925), en el 92 aniversario de su fallecimiento, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En primer lugar, a lo largo del presente año se cumple el 100 aniversario del fallecimiento de Eduardo Pondal (1835-1917), uno de los referentes de la poesía y literatura del siglo XIX y principios del siglo XX. A lo largo de todo el año vienen realizándose por parte de la Fundación que lleva su nombre, la Fundación Eduardo Pondal, diversas iniciativas, como el reciente encuentro celebrado el pasado día 20 entre organizaciones profesionales del mar y organizaciones conservacionistas, que tenía por objeto concienciar sobre el estado del medio marino. Una actividad que constituía la número 79 del programa del centenario de la muerte del poeta. El pasado día 24 de junio se celebró igualmente la actividad 80, consistente en el I Encuentro Gallego de Fundaciones de Autor, al que acudieron a Ponteceso doce entidades relacionadas con creadores literarios y en las que además de la Fundación Eduardo Pondal, otras fundaciones como la Emilia Pardo Bazán, Luis Seoane, Fernández Flórez, Camilo José Cela, Rosalía de Castro, Valle Inclán, Castelao, entre otras, se dieron cita en el lugar. Otras actividades vienen desarrollándose a lo largo del año, como la presentación del proyecto audiovisual "O himno, de Andrea Pousa", documental con entrevistas de interés, que constituye un homenaje al himno gallego con motivo del centenario de la muerte del autor de su letra, Eduardo Pondal. El área de Cultura de la Diputación de A Coruña publica una antología geográfica de Eduardo Pondal elaborada por Manuel Ferreiro, el principal especialista en la obra del escritor, con motivo del centenario de su muerte. Además, la Diputación colaborará con la Fundación Pondal en los actos de conmemoración. La ONCE homenajeará también a Eduardo Pondal con un cupón en el centenario de su muerte. La Xunta de Galicia, así como las fundaciones de Eduardo Pondal, Rosalía de Castro y Curros Enríquez activan iniciativas en colaboración con los ayuntamientos de Ponteceso, Padrón y Celanova.


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Pondal publicó su primer poema en gallego en 1862. En 1877 publicó "Rumores de los pinos", colección que servirá posteriormente de base a sus "Queixumes dos pinos" (1886). Además de estas obras, Pondal dejó una amplia producción inédita, entre la que se cuenta el poemario "Os Eoas", un canto épico al descubrimiento de América claramente inspirado en "Os Lusiadas" de Luís de Camões, y en el que trabajó a lo largo de toda su vida literaria, llevando adelante una perfecta simbiosis entre el mundo mítico celta y la voluntad regeneracionista de España. En 1890 el músico Pascual Veiga le pedirá una letra para una obra que pretendía presentar a un certamen en A Coruña. Eduardo Pondal compone para la ocasión el poema "Os Pinos", cuyas dos primeras estrofas formarán parte de la letra de la melodía, y aparecerá publicado ese mismo año en un folleto del certamen, así como en varios periódicos gallegos de la emigración cubana. En 1907 la composición de Pascual Veiga será estrenada en La Habana y considerada desde entonces Himno de Galicia. En 1981 será legalizada como himno oficial por el Estatuto de Galicia.

Pondal es el máximo exponente de la literatura del regionalismo gallego. Idealiza el pasado céltico de Galicia, que él imagina libre e independiente y como apenas quedan vestigios de esta época, se inspira en las fuentes clásicas de la invasión romana, en los poemas ossiánicos de James McPherson, en algunas citas del Leabhar Gabala y en las investigaciones de Manuel Murguía y Benito Vicetto. El simbolismo del celtismo dentro de la poesía de Pondal es claro: así como los celtas combatieron heroicamente la invasión romana, los gallegos deben tomar su ejemplo y combatir igualmente la opresión castellana. Al mismo tiempo su poesía incorpora una tendencia helenista, que entronca con su afán de crear una lírica culta. El significado político de la obra de Pondal ha sido objeto de muchas teorías y discusiones. Aunque manifestó una profunda preocupación por la recuperación del orgullo del pueblo gallego, con un ideario político personal próximo a un socialismo emergente, como demuestra su participación en el banquete de Conxo y su compromiso estético con la idea de la libertad del hombre, en la cuestión territorial pareció más próximo a un iberismo federal que a un nacionalismo gallego aún por surgir. Pondal expresa repetidamente su sentimiento de hermandad con el pueblo portugués, y su simpatía por el catalanismo.

En segundo lugar, conmemoramos además este año el 92 aniversario del fallecimiento de Enrique Labarta Pose (Baio, 1863-Barcelona, 1925), escritor y periodista gallego, referente de la literatura gallega de finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Cabe destacar en su trayectoria su participación en las tertulias de la Academia de la Juventud Católica, donde tiene ocasión de conocer a escritores como Valle-Inclán, Augusto González Besada, Juan Barcia Caballero, Vázquez de Mella, Cabeza de León o Alfredo Brañas. Labarta Pose es un poeta encuadrado en la línea costumbrista de finales del siglo XIX, aunque incorporó elementos modernistas. Algunas de sus obras: "Galicia Humorística" (1888), "El País Gallego" (1888), "La Pequeña Patria" (1890), "Extracto de Literatura" (1893) y "Pasatiempos" (1893-1894); dirigió "Galicia Moderna" (1897) y colaboró en "Galicia Recreativa" y "Mí Tierra" con el pseudónimo de Antón de Rabodegalo. Uno de los volúmenes de la Biblioteca Galega comprende la obra "Tío Miseria e outros contos", de Labarta Pose.

Su memoria sigue aún viva en su villa natal. Así, el colegio de la localidad lleva su nombre, mientras que las asociaciones locales de carácter cultural más relevantes (Adro y Badius) homenajean año tras año al escritor con la finalidad de proponer su homenaje con la dedicación del Día de las Letras Galegas, hasta el punto de constituirse una comisión para canalizar esta petición, encabezada por un científico y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Jorge Mira, conocido divulgador y director del programa ConCiencia de la USC. Quizá uno de los hitos más relevante en el afán por destacar la figura y la obra del escritor, se vivió hace más de 20 años con la publicación de la obra "Contos" (Galaxia, editada por Xosé Manuel Varela Varela y Xosé María Lema), un libro que recoge ocho de los relatos que Labarta Pose publicara en 1897 y 1908 en revistas diversas. Enrique Labarta Pose fue pionero introduciendo la literatura en la Costa da Morte, y con ella el género humorista, como una señal de identidad de sus relatos, ambientados en muchos lugares del interior de esta comarca de la provincia de A Coruña.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Al cumplirse cien años del fallecimiento del escritor Eduardo Pondal, se implique institucional y presupuestariamente en la difusión y conmemoración de la figura y de la obra del intelectual, escritor y


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poeta pontecesano, a través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Ponteceso, cuna del escritor, y con la institución que actualmente viene emprendiendo distintas actividades de conmemoración, la Fundación Eduardo Pondal.

2. Cuando se cumplen noventa y dos años del fallecimiento del escritor Enrique Labarta Pose, se implique institucional y presupuestariamente en la difusión y conmemoración de la figura y de la obra del intelectual, escritor y poeta baiés, a través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento Zas (en el que se ubica la localidad de Bajo, donde nació), y con las entidades culturales Adro y Badius, que vienen todos ellos emprendiendo actualmente actividades de homenaje y conmemoración de la vida y obra de Enrique Labarta Pose."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2017.-Ricardo Antonio García Mira y Pilar Cancela Rodríguez, Diputados.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002355

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Elías Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Cultura, para que se reconozca la lengua gallega como lengua internacional.

Exposición de motivos

El concepto de "gallego" como lengua internacional no es una figuración de amantes de la lengua gallega, es un hecho objetivable en la comunidad de hablantes en el mundo. Los gallegos y las gallegas compartimos con la comunidad de la lusofonía el mismo idioma y nos podemos comunicar con una comunidad de hablantes de más de 200 millones de personas. El idioma gallego nos permite conectar con millones de personas que hablan portugués permitiendo la intercomprensión sin necesidad de mediación.

Los gallegos y las gallegas podemos comunicarnos sin intermediación con los hablantes de Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé, Timor Este, Macao, países que tienen el portugués como lengua oficial, e importantes comunidades lusófonas ofrecen oportunidades en el mismo sentido en estados como EE.UU, Canadá, África del Sur, Francia o Luxemburgo.

La lengua gallega no solo es un signo identitario del pueblo gallego, es un idioma de comunicación de proyección internacional, es una lengua con un alto valor cultural pero al mismo tiempo con un valor económico y social.

La propia Xunta de Galicia ha definido a la lengua gallega como lengua internacional aunque relegando su argumentación al plano económico, dada la emergente internacionalización de la actividad de empresas gallegas y de búsqueda de nuevos mercados. A pesar de su contraria y negativa política lingüística en Galicia, el Gobierno actual que preside Alberto Núñez Feijoó ha comprobado que en procesos de internacionalización de empresas, la lengua gallega ha funcionado como un factor que suma, como una ventaja en mercados muy competitivos y lejos de los mercados europeos, nos referimos a América latina o a África, caso de Brasil o de Angola.

El peso de las exportaciones gallegas en países lusófonos es alto, en torno al 20 % de las exportaciones gallegas se dirigen a países de habla portuguesa. De hecho, las exportaciones gallegas con rumbo a Portugal superan el 17 % según datos del Instituto Galego de Estadística. En América Latina el principal destino es Brasil con el 23 % de las exportaciones. Los lazos económicos en países como los mencionados contribuyen a motivar la definición del gallego como lengua internacional y vía de comunicación en el mundo económico. Pero no son las únicas razones: existen significativos argumentos culturales y sociales que proyectan el gallego como idioma internacional.

Sin embargo, a pesar de la gran riqueza del gallego y de su valor en diversos ámbitos como los expuestos, de su clara fundamentación como lengua internacional, ni la Xunta de Galicia ni el Gobierno central se han preocupado de impulsar su uso de forma real en los últimos años. Otra cuestión es la


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dimensión retórica o propagandística que queda en entredicho cuando se observan las estadísticas de descenso del uso de la lengua gallega.

La encuesta del Instituto Galego de Estadística (IGE) pone de relieve los datos de la disminución de la utilización del gallego. El porcentaje de gallegos que lo utilizan siempre o con más frecuencia que el castellano pasó del 61,2 % en 2003, al 56,4 % en 2008 y al 50,9 % en 2013. La política lingüística de Núñez Feijoó durante estos años no ha servido para incentivar su uso sino todo lo contrario, para empeorar las cifras. Existe pues una clara responsabilidad política en esta deriva de retroceso. No sucede así con la evolución de las otras dos lenguas cooficiales como el catalán y euskera, que han experimentado una mejora en la evolución de su uso, pero nunca un retroceso como en el caso del gallego, especialmente acuciante en la etapa infantil y en la adolescencia, entre el sector más joven de la población.

La Administración del Estado, también gobernada por el Partido Popular en los últimos años, nada ha hecho por cumplir la Carta de Lenguas Minorizadas firmada por el Estado español para impulsar las lenguas cooficiales en el ámbito educativo, en el ámbito de la justicia o en los medios de comunicación. Las medidas del Gobierno central han ido precisamente en la dirección contraria y basta con recordar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa -LOMCE- que disminuye las horas de enseñanza del gallego.

Organizaciones de defensa de la lengua gallega como la Mesa por la Normalización Lingüística, han apuntado al ámbito educativo como un "agente de desgalleguización" desde la puesta en práctica de normativas de la Xunta como el denominado decreto de plurilingüismo, absolutamente cuestionado desde la comunidad educativa y desde el ámbito social.

Según las investigaciones realizadas por entidades como la citada anteriormente, el gallego sigue viviendo en una situación de diglosia, es decir, de claro dominio del castellano sobre el gallego. De hecho, se cifra el dominio del castellano en los centros educativos en el 75,8 %, mientras que el gallego se mantiene en un porcentaje del 24,2 %. La disponibilidad de material escolar en castellano es total pero no así con materiales en gallego.

Las alertas por el retroceso en el uso del gallego llevan reiterándose desde hace tiempo, e incluso las Universidades de Galicia han advertido del riesgo de que se convierta en una lengua residual o en un elemento exótico pero no en una lengua vehicular como sucede en Catalunya o en Euskadi.

Su definición como lengua internacional supondría un avance en su reconocimiento y que podría servir para motivar otro tipo de políticas lingüísticas, verdaderamente implicadas y comprometidas con la diversidad lingüística, con el impulso e incentivación de la lengua propia y con su puesta en valor como patrimonio de todos.

El gallego posee un enorme potencial en el mundo de la lusofonía que sería pertinente que se reconociese.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Declarar y definir la lengua gallega como lengua internacional por su conexión con el mundo de la lusofonía y por compartir la misma lengua con una comunidad de hablantes de más de 200 millones de personas, permitiendo la comunicación e interconexión sin necesidad de que exista mediación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2017.- Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para coordinar y planificar las diferentes acciones y actividades que España realizará con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, logrando con ello una mayor eficiencia y eficacia en su gestión, para su debate en la Comisión de Cultura.


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Exposición de motivos

El año que viene se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, cuando los bombardeos destrozaron gran parte del patrimonio histórico europeo. Un hecho, que se agravó aún más en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas ciudades fueron destruidas y miles de edificios acabaron transformados en escombros. Debido a ello, las instituciones europeas aprobaron declarar el año 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Los objetivos marcados en este evento son los de promover la herencia cultural europea y que vuelva a estar presente en la conciencia pública como herramienta de cohesión social y motor de desarrollo económico.

El potencial económico de este sector (entre 2007 y 2013, la Unión Europea invirtió unos 4.500 millones de euros) es muy importante porque no solo enriquece la vida de los ciudadanos, sino que impulsa los sectores cultural y creativo, incrementando el capital económico y social de las ciudades. Es un recurso importante para el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, revitalizando zonas urbanas, rurales y fomentando el turismo sostenible. En palabras del eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación, el Sr. Diaconu, por cada euro invertido en patrimonio cultural se generan más de 20 euros de ganancias, en base a los estudios sobre los beneficios de la protección de la herencia cultural. De esta manera el Parlamento Europeo ha apostado claramente por la importancia del patrimonio cultural asegurando un presupuesto de 8 millones de euros de fondos comunitarios para costear las actividades de promoción.

El Año Europeo del Patrimonio Cultural supone una gran oportunidad para nuestro país que no podemos dejar escapar. Es imprescindible que España participe de manera activa, tanto en nuestro territorio, como en las instituciones europeas, a hacer visible nuestro importante patrimonio cultural en los diferentes países de la Unión. Aprovechando esta oportunidad para reforzar la cohesión y vertebración social, contribuyendo, además, en la generación de empleo en nuestro país.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar una planificación programática coordinada y estratégica entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para la participación de España en el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

2. Dotar de una partida presupuestaria específica, para los diferentes eventos y actividades que realice España con motivo del Año Europeo del Patrimonio 2018.

3. Establecer las coordinaciones oportunas con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a través del Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, con el fin de planificar las diferentes acciones que se realizaran con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural en las diferentes partes del territorio español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Félix Álvarez Palleiro, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Igualdad

161/002367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para promover una mayor incorporación de la mujer al estudio de disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para su debate en la Comisión de Igualdad.


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Exposición de motivos

En los últimos años, diversos estudios han puesto de manifiesto la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés) para la economía de los países. Un elevado nivel formativo en disciplinas STEM se asocia con incrementos de productividad en sectores de alta tecnología y ha tenido un innegable impacto positivo en el empleo en la última década: mientras que el empleo total creció un 8 % entre 2000 y 2011 en la Unión Europea, el empleo en áreas STEM aumentó a tasas significativamente mayores (34 %), llegando a suponer el 7 % de la oferta global en 2011 (Goos et al. 2013).

Además, es relevante destacar la transcendencia que la formación en estas materias también tienen a nivel del mercado laboral: los graduados en carreras STEM se benefician de tasas de empleo superiores (hasta un 7 % más que en otras áreas, según la OCDE) y salarios medios más altos. Esta situación no parece que vaya a modificarse en los próximos años, ya que se espera una creciente demanda de personal especializado para cubrir las necesidades propias de una economía cada vez más innovadora y basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

A pesar de los aspectos positivos mencionados, los últimos datos indican que existe una fuerte desproporción en la incorporación de hombres y mujeres al estudio de carreras STEM en todo el entorno OCDE: solo un 24 % de las mujeres emprenden estudios en materias relacionadas con la ingeniería y un porcentaje aún menor lo hace en el ámbito de las TICs. Si nos fijamos en España, aunque a nivel global los datos son positivos (un 3 % más de estudiantes que la media de la OCDE se decantan por estas carreras), los datos revelan una situación alarmante en relación con ciertas carreras, como en el caso de las TICs, donde solo un 12 % de los estudiantes son mujeres (es decir, siete puntos menos que los países de nuestro entorno).

Desde Ciudadanos apoyamos firmemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en un ámbito en el que brecha de género sigue muy presente como es el mercado laboral. Por tanto, consideramos prioritario el establecimiento de un plan de promoción de la incorporación de las mujeres en el ámbito educativo de disciplinas STEM.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar una comisión de estudio, con la participación de todos los agentes relevantes en el sector, para estudiar medidas que fomenten la incorporación de las mujeres al estudio de disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

2. Elaborar, en el plazo máximo de un año, un plan de promoción en el ámbito educativo de disciplinas STEM, con especial atención a la incorporación de las mujeres en estas áreas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002335

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.


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Exposición de motivos

El medio rural cobra gran importancia en la configuración del territorio español debido, entre otros factores, a la gran superficie territorial que ocupa (en torno al 90 por ciento del territorio) según lo establecido en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Además, según esta misma norma, el medio rural español integra al 20 por ciento de la población, que se elevaría hasta el 35 por ciento si se incluyen las zonas periurbanas; de ahí la importancia de impulsar políticas que contemplen actuaciones concretas que apoyen y acompañen a la población que allí reside.

De forma especial, hay que tener en cuenta al millón de personas con discapacidad que viven en el medio rural, según fija una encuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), es decir, que 1 de cada 4 personas con discapacidad que hay en España habita en zonas rurales.

Cifras que deben llevar a la reflexión de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de poner en marcha nuevas medidas para potenciar el papel y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en zonas rurales, porque no debemos olvidar que estas personas, además de tener que hacer frente a los obstáculos inherentes a la discapacidad, tienen que afrontar las barreras propias de las áreas rurales (núcleos alejados, zonas de difícil acceso, etc.).

Es decir, estas dificultades se retroalimentan y hacen que las personas con discapacidad estén expuestas a una situación de clara vulnerabilidad que pone en riesgo su autonomía personal, su calidad de vida, su participación en la sociedad y por lo tanto, su plena inclusión.

Por ese motivo, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fija especial interés en las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y también en los mayores con discapacidad.

En consonancia con la preocupación internacional, los poderes públicos de nuestro país han impulsado una serie de instrumentos que persiguen salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito rural: entre ellos cabe destacar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que contempla medidas de acción positiva para personas con discapacidad que residen habitualmente en el ámbito rural y el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, que establece una serie de actuaciones, como la elaboración de un Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural.

Es necesario continuar trabajando para consolidar los derechos de las personas con discapacidad en el medio rural, construyendo de este modo y entre todos, una sociedad más justa, más abierta y participativa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de actuación del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, a elaborar y poner en marcha el Plan Especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural, que contemple medidas eficaces de defensa y apoyo a estas personas con el objetivo de eliminar barreras y mejorar su calidad de vida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,


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presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a radares de tráfico en la provincia de Málaga, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La provincia de Málaga arrastra el mismo triste récord desde hace años, y no parece que esté dispuesta a ceder el testigo a codo plazo. Málaga es la provincia española donde el Gobierno central recauda más por multas de tráfico, y la segunda donde más denuncias se interponen.

En el primer semestre del presente año, en concreto, desde el 1 de enero al 21 de junio, la DGT ha recaudado por multas en las carreteras nacionales de Málaga (básicamente, los radares de la A-7 y la A-45) más de 4,85 millones de euros.

Es la provincia que tiene una mayor recaudación con diferencia, seguida a gran distancia por Madrid (3,25 millones, con una densidad de tráfico muy superior); Sevilla (3,2 millones) y Córdoba, con casi 3 millones.

En estos seis meses, 137.527 conductores han sido sancionados, es decir, unas 800 multas diarias.

Nadie puede entender cómo siendo Málaga la sexta provincia en población, seamos la segunda donde más se multa, casi como Madrid que tiene 4 veces más población.

Y lo que es peor, ¿cómo es posible que Málaga sea la provincia donde el Gobierno más recauda por multas? Rajoy está haciendo negocio a costa del bolsillo de los malagueños.

Desde que Rajoy llegó al Gobierno ha incrementado el número de radares en nuestras carreteras en un 25 %, pasando de los 16 que había en 2011 a los actuales 20. Este incremento es más del doble que la media nacional, donde el aumento ha sido del 11 %.

Frente a este afán recaudatorio, el Gobierno de Rajoy, margina y castiga a Málaga sin las inversiones que necesita en materia de carreteras.

También se da la paradoja de que lo que se está recaudando por multas no sirve ni para aumentar la seguridad de las carreteras malagueñas, ni para la mejora de las infraestructuras ni para impulsar los proyectos pendientes. En este punto, cabe recordar las kilométricas caravanas que se están formando de nuevo este verano a la vuelta de las playas los fines de semana en todo el litoral.

Según los últimos datos facilitados por la DGT a mediados de agosto, las carreteras interurbanas de la provincia de Málaga sumaban 25 personas fallecidas en accidentes de tráfico, una cifra provisional que supera ampliamente el registro alcanzado durante el mismo periodo de 2016, concretamente un aumento del 38,8 %.

Con cuatro meses y medio todavía por delante para que finalice el año, esta cifra amenaza con alcanzar y superar los 30 muertos contabilizados durante todo el ejercicio pasado, dato que confirmó la tendencia al alza tras los 27 de 2015 y los 24 de 2014, año este último que posee el mínimo histórico de fallecidos en la provincia.

La instalación de radares por parte del Gobierno de Rajoy solo se traduce en hacer negocio con el bolsillo de los malagueños y no está sirviendo ni para reducir accidentes de tráfico.

Sería además necesario cambiar, con la mayor brevedad, la ubicación de los radares para colocarlos en los puntos negros de tráfico de las carreteras nacionales malagueñas y así reducir la siniestralidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Retirar los radares de tráfico en aquellos puntos donde el riesgo de accidente se ha reducido a la mínima expresión.

2. Instalar los radares de tráfico realmente donde tienen sentido de estar, que es en los puntos negros de tráficos de las carreteras malagueñas con el objetivo de reducir la siniestralidad.

3. lncrementar la velocidad de la A-7 en los puntos donde están a 80 km/h a 90 km/h, así se reducirían atascos y multas de tráfico.

4. Incrementar la velocidad de la A-45 desde Casabermeja sentido Málaga de los 80 km/h a los 90 km/h; al objeto de reducir las multas de tráfico e incrementar la fluidez del tráfico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002332

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión del sistema de protección a la infancia y adolescencia, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Exposición de motivos

En 2015, 42.628 menores fueron separados de sus padres para ser tutelados en centros de menores. Estas retiradas de la tutela se produjeron tras el decreto de desamparo, que se produce a su vez tras la fase administrativa de instrucción y resolución del expediente. Sin embargo, la revocación del desamparo únicamente puede hacerse por vía judicial, lo que dificulta enormemente que las personas con menos recursos puedan disentir de la decisión adoptada por los equipos técnicos encargados de acreditar la situación de desamparo.

Por tanto, a pesar de las graves consecuencias que para los padres tiene una decisión de esta naturaleza, incluida la suspensión del ejercicio de la patria potestad, lo cierto es que tal decisión queda en manos de las administraciones de las distintas CC. AA.

Así lo establece el artículo 172 del Código Civil, De la guarda y acogimiento de menores, cuando dice que:

"1. Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado [...]"

Asimismo, artículo 17.6 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificado por la reciente Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia -y todavía no reglamentada-, establece que:

"La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil."

Por tanto, estas medidas de protección de los menores se articulan en un procedimiento en el que la falta inicial de intervención judicial puede tener graves consecuencias, en la medida en que introduce de facto una situación que afecta directamente al núcleo familiar y el interés superior del menor.

Una vez producida esta declaración de desamparo por la entidad pública sin que, como decimos, haya mediado un procedimiento judicial al efecto, los menores pasan en muchos casos a ingresar en un centro de menores.

Y la realidad es que existen dudas de que estos centros garanticen plenamente los derechos de los niños, con origen en la Constitución y en el protocolo de la Convención de Derechos del Niño que España firmó en 2011, y en el que se reconoce al menor la capacidad de defenderse. En otros casos, como el de los niños perdidos en el distrito de Hortaleza, evidencian una falta total de control por los centros que no hacen sino agravar la ya precaria situación de los menores.


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Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar y promover los derechos a los que nos referíamos desde el preciso momento de su ingreso en un centro de menores. Estos derechos incluyen:

- El derecho a no ser sometido a ninguna forma de violencia.

- El derecho a participar y opinar en las decisiones que se vayan a tomar sobre su vida.

- El derecho del menor a saber por qué está en un centro.

- El derecho a conocer las normas de funcionamiento del centro.

- El derecho a ser respetado.

- El derecho a un tutor que se preocupe por él y atienda sus problemas.

- El derecho a participar en las asambleas del centro.

- El derecho a participar de forma activa en la programación de actividades internas y externas del centro.

- El derecho a la intimidad y a sus objetos personales, así como a un lugar donde guardarlas, y también a decorar el espacio que se le asigna.

- El derecho a la confidencialidad de sus datos e historia personal.

- El derecho a ser respetado por sus creencias y practicar su religión.

- El derecho a recibir visitas de su familia.

- El derecho a recibir llamadas telefónicas sin que estas sean escuchadas por el personal del centro.

- El derecho a recibir y enviar cartas, así como a utilizar correo electrónico sin que nadie sea conocedor del contenido.

- El derecho a elegir los estudios que quiera cursar.

Si estos derechos no son respetados, o cualesquiera otros, el menor debería poder interponer una queja en el propio centro a una institución independiente y solicitar ayuda. Sin embargo, estas quejas suelen quedar en papel mojado y, lo que es más grave, el menor puede ver coartada su capacidad para defenderse cuando la queja se interpone y resuelve por aquellos a los que va dirigida.

De todos los derechos que reconoce la Convención, hay que destacar los que el Comité de Derechos del Niño ha proclamado como los principios rectores que deben orientar la aplicación e interpretación del resto de derechos. Son el principio de no discriminación (artículo 2); el principio del interés superior del niño (artículo 3.1); el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6); y el respeto a la opinión del niño en todos los asuntos que le afecten (artículo 12).

Estos derechos se incorporan a nuestro Derecho como normas internas obligatorias con rango de ley, por lo que los derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño son vinculantes y obligatorios y deben ser respetados y cumplidos por todos, especialmente por los poderes públicos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Revisar y evaluar la normativa aplicable a las distintas formas de protección de los menores, asegurando la intervención del órgano judicial competente conjuntamente con el Ministerio Fiscal desde el comienzo de la tramitación de los expedientes de esta naturaleza;

- Elaborar un plan de inspección de ámbito nacional respecto del ejercicio efectivo de los derechos de la infancia y adolescencia en los centros de menores, asegurando que las condiciones de internamiento de los menores se adecúan a lo establecido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como a los distintos tratados e instrumentos internacionales suscritos por España y que existen mecanismos de denuncia accesibles a los menores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera y María Virginia Millán Salmerón, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

181/000471

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Cuánto ha costado todo el despliegue policial en Catalunya para el 1 de octubre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000472

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María del Rocío de Frutos Madrazo

Texto:

En el periódico "La voz de Galicia" en su edición de Ourense en fecha 12 de septiembre se señalaba que al Estado le queda por licitar el 98 % de las partidas previstas en los presupuestos de la provincia de Ourense, destinadas a inversión; ello a pesar de que ya el gasto previsto por habitante es el más bajo de todas las provincias gallegas.

- ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las partidas destinadas en los PGE a la provincia de Ourense?.

- ¿Se van a ejecutar las inversiones destinadas a la provincia de Ourense en los PGE para el 2017?.

- ¿Qué obras se han licitado hasta la fecha y con qué cuantías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.


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181/000473

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Elena María Bastidas Bono

Texto:

¿Qué previsiones hay respecto al nuevo eje ferroviario pasante de la ciudad de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Elena María Bastidas Bono, Diputada.

181/000474

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Barrachina Ros

Texto:

¿Qué avances se han producido entre España y Francia para el desarrollo de las Autopistas Ferroviarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.

181/000475

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Barrachina Ros

Texto:

¿Qué previsiones hay respecto al tramo de alta velocidad ferroviaria entre Valencia y Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.

181/000476

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada don Jaime Miguel Mateu Istúriz

Texto:

¿Qué previsiones hay para bonificar el peaje a los vehículos pesados en la AP-68 y mejorar la movilidad en la N-232?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/015515

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre declaraciones del narcotraficante gallego Laureano Oubiña sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta escrita relativa a las declaraciones del narcotraficante gallego Laureano Oubiña sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

Exposición de motivos

El Juez de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, concedió el pasado 24 de febrero de 2017 el tercer grado penitenciario a Laureano Oubiña. Cumplió 22 años de condena por varias causas, entre ellas blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Laureano Oubiña, el narcotraficante gallego, tras su salida de la cárcel, ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena SER el pasado 12 de julio que "tiene pruebas" de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular (AP), y "en el juzgado las presentaré, si me llaman". Y siguen sus declaraciones afirmando que "desde aquí reto a Alianza Popular (actualmente PP) a que vaya al juzgado" a denunciarle. Incluso llegó a afirmar que "los financié (al PP), al igual que otros empresarios de Galicia que no se dedicaban al contrabando", e incluso ha apostillado que la financiación fue "así, a tocateja".

Por todo lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta la siguiente pregunta escrita:

¿Tiene previsto el Gobierno emprender algún tipo de acción administrativa o judicial contra Laureano Oubiña después de las declaraciones del narcotraficante en las que afirma tener pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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184/015517

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)

Reformulación de su pregunta sobre posibles demandas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras ejecutar la operación de venta/liquidación del Banco Popular-Pastor.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas escritas relativas a las posibles demandas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras ejecutar la operación de venta/liquidación del Banco Popular-Pastor.

Exposición de motivos

El Banco Santander, nuevo propietario del Banco Popular-Pastor ha presentado una oferta a los accionistas minoristas perjudicados por la operación de liquidación de la entidad. Se trata de una emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del séptimo año, cuando al Banco Santander le convenga y con un interés anual del 1 %, que podrán suscribir gratuitamente en septiembre de este año 2017 quienes acudieron a la última ampliación del Banco Popular-Pastor o mantenían en su poder deuda subordinada de la emisión de 2011.

Sin embargo, no todo el mundo podrá beneficiarse de esta posibilidad, que está restringida a los inversores con hasta un millón de euros pillados en el Banco Popular-Pastor y que prevé importantes quitas para los tramos de entre 100.000 y 500.000 (25 %) y de entre 500.000 y un millón (50 %). Además, para acceder a lo que el Banco Santander llama "bonos de fidelización" será imprescindible renunciar a acciones legales y mantener durante toda su vigencia las posiciones que se tenían previamente con el Banco Popular-Pastor, lo que en teoría equivale al compromiso de continuar vinculado de por vida con el Banco Santander.

Quienes acepten los "bonos de fidelización" no podrán pleitear contra el Banco Popular-Pastor, ni por elevación contra el Banco Santander. Pero nadie puede prohibirles que actúen contra los organismos que decidieron la intervención y venta de su antiguo banco, si consideran que hay base suficiente para ello. Así, pueden ser objeto de demandas tanto la Junta Única de Resolución como en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se encargó de ejecutar la operación.

Por todo lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta las siguientes preguntas escritas:

1. ¿Conocía el Gobierno que por parte del Banco Santander se realizaría la oferta de compensación en el momento de la adquisición por su parte del Banco Popular-Pastor?

2. ¿Cuáles fueron las condiciones de venta en relación a la compensación de accionistas e inversores perjudicados por la operación de liquidación y venta del Banco Popular-Pastor al Banco Santander por el precio simbólico de un euro?


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3. ¿Existe algún tipo de compromiso por parte del Gobierno y de las autoridades reguladoras y supervisoras en relación a la asunción de responsabilidades por la compensación a los accionistas e inversores perjudicados por la citada operación de liquidación y venta del Banco Popular-Pastor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

184/016961

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica, respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)

Reformulación de su pregunta sobre Orden INT/853/2017, de 16 de agosto, por la que se concede subvención directa a favor de la Conferencia Episcopal Española.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas escritas relativas a la Orden INT/853/2017, de 16 de agosto, por la que se concede subvención directa a favor de la Conferencia Episcopal Española.

Exposición de motivos

El "Boletín Oficial del Estado" publica, con fecha 9 de septiembre de 2017, la Orden INT/853/2013, de 16 de agosto, por la que se concede subvención directa a favor de la Conferencia Episcopal Española por valor de 598.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.05.133A.481.

Según se indica en la orden publicada en el citado BOE, el objeto de esta subvención es garantizar a los internos en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la libertad religiosa y de culto a través de la asistencia religiosa católica.

La citada subvención se concede con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, una Ley en la que descendieron las partidas destinadas a Instituciones Penitenciarias en más de cuatro millones y medio de euros.

Por todo lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta las siguientes preguntas escritas:

1. Frente a los recortes presupuestarios en Instituciones Penitenciarias, ¿por qué motivo el Gobierno concede esta subvención directa a la Conferencia Episcopal en lugar de atender demandas prioritarias de las personas reclusas como son sanidad, educación, mejora alimentaria, entre otras?

2. Siendo España un Estado aconfesional, tal y como indica la Constitución Española, ¿cuáles son los criterios seguidos por el Gobierno para conceder a la Conferencia Episcopal Española una subvención de más de medio millón de euros?

3. Siendo el objeto de esta subvención garantizar a las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la libertad religiosa y de culto, ¿por


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qué se concede esta subvención a la Conferencia Episcopal Española, incurriendo en una discriminación frente a otras creencias religiosas?

4. ¿Qué criterios estableció el Gobierno para definir las diferentes partidas destinadas a cada una de las creencias religiosas a las que se les concedió esta subvención directa?.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

184/017400

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)

Escalada de violencia del colectivo taurino en concentraciones pacíficas.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1 dado que, en los términos en que está formulada, resulta contraria a la debida cortesía parlamentaria, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa del Diputado don Jorge Luis Bail las siguientes preguntas relativas a la escalada de violencia del colectivo taurino en concentraciones pacíficas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Exposición de motivos

El pasado 8 de septiembre tuvo lugar en Barbastro (Huesca) una concentración por la defensa de los animales debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno en la que, al contrario de lo que sucedió en la de Huesca el 12 de agosto con similares características donde la policía se dispuso en barrera, los efectivos desplegados se recogieron a una generosa distancia del evento. Por ello, fueron hasta tres las personas que no tuvieron impedimento alguno para acercarse a las concentradas profiriendo insultos, gestos ofensivos,e incluso amenazas.

Incluso una pareja atravesó la concentración tratando de sustraer una de las pancartas, increpando y realizando gestos ofensivos a las personas allí presentes y finalmente golpeando a un fotógrafo que se hallaba realizando su trabajo a varios metros de la misma, junto a la policía local que, tras los hechos, desvió al agresor hacia la plaza de toros. De todo ello, la víctima presentó denuncia ante la Guardia Civil de Barbastro.

Por ello, este Diputado realiza las siguientes preguntas:

1. [...]

2. ¿Qué instrucciones fueron dadas desde la delegación del Gobierno a los agentes de Barbastro (Policía y Guardia Civil) para proteger el libre ejercicio de sus derechos constitucionales de las personas concentradas?


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3. ¿Está llevando a cabo el Ministerio del Interior algún tipo de acción para evitar la radicalización violenta del colectivo de aficionados a la tauromaquia?

4. En caso de que no, ¿considera que sería interesante llevar a cabo alguna acción al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2017.-Jorge Luis Bail, Diputado.

OTROS TEXTOS

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

120/000005

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(120) Iniciativa legislativa popular.

Autor: Junta Electoral Central.

Comunicación de que la Proposición de Ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Acuerdo:

Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

120/000012

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(120) Iniciativa legislativa popular.

Autor: Doña María Gloria Lago Cuadrado y otros.

Proposición de Ley de libertad de elección lingüística.

Acuerdo:

Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo


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en el Boletín, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

SECRETARÍA GENERAL

292/000020

Advertido error en la publicación del acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de cuatro becas individuales de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 227, de 11 de octubre de 2017, pág. 44, Anexo I, consistente en la omisión de la fecha de nacimiento en los datos personales del solicitante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados, se acuerda la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG de un nuevo Anexo I.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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ANEXO I

Solicitud de becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento

Datos personales del solicitante

1.er Apellido;;2.º Apellido;

Nombre;;DNI/NIF;

Domicilio (C. Av. P. Pl.);Núm.;;Piso

Localidad;Provincia;;C.P.

Teléfono;Teléfono móvil;;

Correo electrónico;;;

Fecha de nacimiento;;;

Documentos que se adjuntan

DNI

Formulario de méritos (Anexo II); CAP

Justificación de méritos alegados

Turno de reserva para personas discapacitadas

El aspirante NO SE ACOGE al turno de reserva para personas discapacitadas.

El aspirante SE ACOGE al turno de reserva para personas discapacitadas, comprometiéndose a acreditar el grado de discapacidad establecido para este turno y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Expone que desea obtener una de las becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento, a cuyo efecto hace constar que acepta las bases de la convocatoria y que cumple con los requisitos de la misma.

En ......................., a ..... de ........................ de 2017.

(Firma del solicitante)

EXCMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

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