BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 296, de 13/02/2018
cve: BOCG-12-D-296
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de febrero de 2018
Núm. 296
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación en la República Islámica de Irán... (Página5)
Comisión de Interior
161/002868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre el estudio de la readmisión de los guardias civiles
separados del servicio por actividades en pro del derecho asociativo en
la Benemérita... (Página6)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al "Informe
de fiscalización de la situación a 31/12/2016 de las actuaciones
realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas
al Servicio Postal Universal" del Tribunal de Cuentas... (Página8)
Comisión de Fomento
161/002849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
ampliación de los plazos contenidos en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12
de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento
de infracción 2009/4052)... (Página9)
161/002851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al inicio
del estudio informativo de la actuación del baipás de Piadela (Betanzos)
en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la
mejora de la línea... (Página11)
161/002865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a asegurar
la modernización y la viabilidad del Servicio Postal Universal... (Página12)
161/002866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
desdoblamiento completo del trazado y ampliación de la línea de Cercanías
C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola con el objetivo de mejorar la cadencia y
frecuencia de paso y convertirse en el transporte público colectivo
sostenible de referencia en la Costa del Sol... (Página13)
161/002867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre actuaciones en
la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza... (Página14)
Comisión de Educación y Deporte
161/002874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a liderar el fomento del español en Gran
Bretaña... (Página15)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reposición
del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de
Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos
Generales del Estado, aumento de la cuantía y reconocimiento del derecho
a desempleo... (Página16)
161/002864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el alcance de
los incumplimientos por la legislación española de la Carta Social
Europea... (Página18)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a promover el proyecto de un Parador Nacional de
Turismo en Estella (Navarra)... (Página20)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
protección y fomento de la trashumancia del ganado... (Página22)
161/002870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la subasta de leche... (Página25)
161/002871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el traspaso de la cuota de jurel y el mantenimiento de
la actividad del cerco en Galicia... (Página26)
161/002872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a negociar con la Unión Europea para proteger el
sector pesquero español... (Página27)
161/002873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al almacenamiento de residuos radiactivos del Cabril
(Córdoba)... (Página28)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la inclusión de la información del sistema sanitario
catalán en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud
(HCDSNS)... (Página29)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a promover los derechos humanos de todas
las mujeres y niñas del mundo en contextos de migración... (Página30)
161/002862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
aprobación del V Plan Director para la Cooperación Internacional Española
(2018-2021)... (Página32)
Comisión de Cultura
161/002860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la puesta en valor del patrimonio de Castrillo Mota de
Judíos en Burgos... (Página35)
161/002863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ilustradoras y
autoras de cómic, tebeo y novela gráfica... (Página36)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a reformar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal... (Página37)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
desarrollo de un Plan Estatal de Inclusión Educativa... (Página38)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000728 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Urquizu Sancho
(GS), sobre dispositivo y medidas que utilizó el Ministerio del Interior
para encontrar al autor de los disparos del tiroteo del día 05/12/2017 y
del posterior asesinato de dos guardias civiles y un agricultor el día
14/12/2017 en el término municipal de Albalate del Arzobispo (Teruel)...
(Página40)
Comisión de Fomento
181/000719 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre estado del proyecto de la estación de alta velocidad de A
Gudiña dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia... (Página41)
181/000720 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre situación de los proyectos de carreteras que el Ministerio de
Fomento tiene en marcha en la provincia de Ourense... (Página41)
181/000721 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre evolución de los proyectos que están siendo financiados con
cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria... (Página41)
181/000722 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre balance que hace Puertos del Estado sobre la posición en el
año 2017 de España en relación con los visitantes en barcos de
cruceros... (Página41)
181/000723 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre balance de los resultados de los puertos gallegos del Sistema
Portuario español de titularidad estatal en el año 2017... (Página42)
181/000724 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre balance de los resultados de los tres aeropuertos gallegos de
la red de AENA en el año 2017... (Página42)
181/000725 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre evolución de las obras de la Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Galicia entre Zamora y Pedralba de la Pradería... (Página42)
181/000726 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce
(GP), sobre estado de las obras de construcción del cambiador de anchos
en Pedralba de la Pradería, dentro de la Línea de Alta Velocidad (LAV)
Madrid-Galicia... (Página43)
181/000727 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Valido Pérez
(GCUP-EC-EM), sobre protocolos de actuación respecto a la seguridad aérea
y al control, tratamiento, seguridad y alimentación en condiciones dignas
de animales que transitan los aeropuertos estatales ya sean porque viajan
acompañados, son abandonados o habitan en las instalaciones de AENA SME,
SA... (Página43)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000729 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere
(GCUP-EC-EM), sobre medidas para revertir el enorme deterioro del río
Tajo y garantizar un caudal suficiente y limpio, en particular, a su paso
por la ciudad de Toledo... (Página43)
181/000730 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere
(GCUP-EC-EM), sobre actuaciones para retirar y gestionar los depósitos de
fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las laderas del
arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en la salud y
el medio ambiente... (Página44)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/026895 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Desarrollo del autoconsumo renovable en España ... (Página44)
184/027670 Autor: Tardà i Coma, Joan
Participación del Rey Felipe VI en el Foro Económico Mundial en Davos,
celebrado el día 24/01/2018 ... (Página45)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre la situación en la República
Islámica de Irán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El final del año 2017 y el comienzo del 2018 han estado marcados en la
República Islámica de Irán por las manifestaciones y disturbios que han
tenido lugar esos días en dicho país.
Las manifestaciones, que comenzaron el día 28 en la ciudad de Mashad, se
extendieron rápidamente a más de 40 ciudades por todo Irán, incluida
Teherán, han sido protagonizadas por las clases populares y medias del
país y tenido como objeto protestar contra el Gobierno Hasan Rohaní al
entender que no está sabiendo solucionar la difícil situación económica
por la que pasa la sociedad iraní, con un alto índice de paro,
especialmente juvenil, que no se ve reducido por el crecimiento
económico, cuya inmensa mayoría tiene que hacer frente a unos precios
cada vez más elevados, pese a la reducción de los niveles de inflación,
con bajos salarios, y como las expectativas puestas en el levantamiento
de las sanciones no se han satisfecho. Todo ello al tiempo que ven cómo
se perpetúan o agrandan las desigualdades entre la mayoría de la sociedad
y los círculos cercanos al poder, o como se financia la participación de
Irán en otros conflictos de región.
Aunque la respuesta de las autoridades ha variado en función de la
localidad y del discurrir de las manifestaciones, lo cierto es que en la
mayoría de los casos ha habido una fuerte represión de dichas
manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, que ha
incluido no solo el uso de gases lacrimógenos u otros medios
antidisturbios sino también el uso de armas de fuego contra manifestantes
desarmados. Una represión que ha tenido como resultado más de 22 muertes,
entre ellas la de dos agentes de seguridad, y entorno a un millar de
detenciones, algunos informes hablan de más de 423 entre el 31 de
diciembre y el 1 de enero solo en Teherán.
El Grupo Parlamentario Socialista, ha apoyado el acuerdo nuclear con lrán,
lo valora muy positivamente, así como el levantamiento de las sanciones y
el resto de esfuerzos realizados por la comunidad internacional y el
régimen iraní por incorporar a este país a la normalidad internacional.
Una incorporación que supone una gran oportunidad para que irán avance
por la senda de democratización y el respeto a los derechos humanos.
Por ello, sin perjuicio del respeto al derecho y el deber de las fuerzas
de seguridad iraníes para hacer guardar la ley y el orden público, en
coherencia con los valores y principios que defiende el Grupo
Parlamentario Socialista no podemos sino mostrar nuestra preocupación,
que creemos compartida por
todos los demócratas, por la existencia de solidas evidencia de
comportamiento que han vulnerado los derechos fundamentales de los
manifestantes y su integridad y seguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para que sea
debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores esta
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con la democracia y
los derechos humanos, en particular los de libertad de conciencia,
expresión y manifestación, y por ello, desde el máximo respeto a la
soberanía e independencia de la República Islámica de Irán, manifiesta su
solidaridad con las familias de las víctimas mortales habidas durante los
disturbios de final de año en dicho país y su preocupación por la
existencia de indicios de vulneración de los derechos humanos de los
manifestantes y de quienes han sido detenidos en el curso de dichas
manifestaciones. Así mismo insta al Gobierno a:
1.º trasladar al Gobierno iraní la presente resolución;
2.º transmitir a las autoridades iraníes el pleno convencimiento de que la
mejor manera de contribuir a la normalización de las relaciones de ese
Estado con el resto de la comunidad internacional y a la credibilidad del
mismo es la realización de una investigación sobre las respuesta dada por
las fuerzas de seguridad a las manifestaciones; e
3.º incluir en las relaciones bilaterales entre los dos Estados una
especial atención a la evolución de los derechos humanos en la República
Islámica de Irán, buscando mecanismos que refuercen la colaboración entre
los dos Estados en la promoción de los derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2018.-José Ignacio
Sánchez Amor, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/002868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el estudio de la readmisión de los
guardias civiles separados del servicio por actividades en pro del
derecho asociativo en la Benemérita, para su debate en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Con la llegada de la democracia, y con el fin de reclamar mejoras
profesionales y de reconocimiento de los derechos constitucionales,
agentes de la Guardia Civil se organizaron para conquistar derechos y
libertades que aún no existían en los cuarteles. Sin embargo, la lucha
por reformar el Instituto Armado trajo consigo para algunos agentes
graves sanciones que a día de hoy siguen sufriendo.
En el año 1977 se produjo la primera manifestación de policías nacionales
y guardias civiles, y en los años 80 se creó el hoy extinto Sindicato
Unificado de Guardias Civiles (SUGC). Si bien es cierto que el mayor auge
del movimiento reivindicativo tuvo lugar entre los años 1986 y 1992, no
fue hasta finales de los años 80 cuando el Gobierno de entonces endureció
las medidas emprendidas contra estos movimientos y cuando juzgados
militares, entre ruido de sables, comenzaron a formular cargos por delito
de sedición contra estos agentes, con el correspondiente ingreso en
prisiones militares.
Fue el Tribunal Constitucional quien dio el primer varapalo a estas
medidas cuando en noviembre de 1989 dictó una sentencia que creó
precedente para el resto de sumarios. Así el Tribunal Constitucional
resolvió un recurso de amparo interpuesto por el Cabo Primero Manuel Rosa
Revuerda, estableciendo que la Guardia Civil no pertenecía a las Fuerzas
Armadas, no debiendo por tanto sus agentes asumir los límites
constitucionales de los militares.
Siguiendo esta doctrina, durante años los procedimientos abiertos en
Tribunales contra este tipo de movimientos reivindicativos concluían en
autos de sobreseimiento o absolución. Sin embargo, al contrario de lo que
hacían los Tribunales, el Ministerio del Interior a través de la
Dirección General de la Guardia Civil y haciendo oídos sordos a los
Tribunales, siguió con la apertura de expedientes sancionatorios contra
los encausados, acusándoles de faltas muy graves por realizar actividades
contrarias a la disciplina militar.
Así, ante la dura respuesta del Gobierno contra los agentes sancionados,
estos comenzaron a buscar vías alternativas que pudiesen encauzar sus
reivindicaciones dentro de los cauces de la legalidad, resultando todas
ellas en vano hasta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
del año 2006.
En dicha sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecía que
el régimen disciplinario de la Guardia Civil carecía del principio de
legalidad y seguridad jurídica, considerando que el Gobierno debía volver
de oficio sobre sus propios actos y anular todos los actos ilegales
llevados a cabo con un régimen disciplinario ilegal.
Así, gracias a esta sentencia y con el objetivo de dotar a la Guardia
Civil de un Estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros,
en el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica Reguladora de los derechos y
deberes de los miembros de la Guardia Civil, en la que se reguló -entre
otros- el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia
Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la
Constitución para la representación y promoción de las condiciones
profesionales de sus miembros.
Tras muchos años de larga lucha, se ha demostrado que las reivindicaciones
promovidas por estos movimientos asociativos clandestinos eran de
justicia, y prueba de ello es que algunas de estas reivindicaciones han
sido finalmente puestas en marcha por considerarse de justicia y
necesarias para la modernización del Instituto Armado. Tal es así, que
incluso estas reivindicaciones han sido formuladas a través de
iniciativas parlamentarias apoyadas por todos los grupos parlamentarios.
Sin embargo, reivindicaciones como la readmisión de estos agentes en el
Cuerpo, a pesar de haber sido apoyadas por unanimidad en el Congreso, no
han sido llevadas a la práctica, incumpliéndose así un mandato que
consideramos fundamental sobre la base de la legalidad y la seguridad
jurídica.
Se pretende así alcanzar un reconocimiento a los agentes separados del
Cuerpo por pretender ejercer un derecho asociativo, de igual forma que el
Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo en el año 2009 respecto a los
militares que formaron la UMD.
A raíz de una Proposición no de Ley presentada en el año 2009 en el
Congreso de los Diputados en la que se reconocía la labor de los militare
de la UMD durante la transición, y se instaba al Gobierno a una
declaración institucional, el Consejo de Ministros en diciembre del año
2009 aprobó una declaración institucional en la que se reconocía la
participación de estos militares y se hacía referencia a la persecución
de la que fueron víctimas tanto judicial como extrajudicialmente.
Además, en febrero de 2010, el Ministerio de Defensa entregaría la Cruz
del Mérito Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la UMD, por su
valentía para alcanzar el camino hacia la democracia, debiendo pagar
algunos de ellos con penas de cárcel y expulsión del Ejército.
Consideramos así que de igual forma que se hizo con los militares que
formaron la UMD, el Gobierno debe proceder al reconocimiento de los
guardias civiles que fueron expulsados del Instituto Armado por querer
democratizar el Instituto Armado durante los primeros años de la
democracia española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar entorno a los
guardias civiles separados del Instituto Armado, las siguientes medidas:
1.º Rehabilitar sus situaciones administrativas y destinos anteriores a la
separación del Cuerpo.
2.º Reconocer la antigüedad de estos agentes en todos los conceptos y sin
interrupción, de forma que conserven sus derechos pasivos de jubilación.
3.º Obtener las retribuciones correspondientes desde el día del ingreso en
el Instituto Armado.
4.º Recibir las indemnizaciones correspondientes por los daños y
perjuicios causados como consecuencia de la separación del Cuerpo, previa
acreditación mediante expediente individualizado.
5.º Una vez reintegrados en sus correspondientes destinos y situaciones
administrativas, abrir para cada caso un expediente de inutilidad
individualizado para pasar a la situación de inutilidad en acto de
servicio por las situaciones biopsicosociales padecidas.
6.º Valorar la carrera profesional de estos agentes considerando los
posibles ascensos que podrían haber alcanzado y que por su situación de
separación les fue imposible alcanzar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
Portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública,
relativa al Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de
2016 de las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. relativas al Servicio postal universal del Tribunal de
Cuentas.
Exposición de motivos
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, este mes de enero de 2018,
el "Informe de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de
las actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. relativas al Servicio postal universal", fiscalización realizada a
iniciativa del propio Tribunal de Cuentas.
Recordemos que el operador designado para la prestación del denominado
Servicio Postal Universal (SPU) fue la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. (Correos), tal y como dispone la disposición adicional
primera de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal
Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (Ley
Postal), por un periodo de quince años (2011-2025).
Sin embargo, a día de hoy, y tal como refleja el citado informe del
Tribunal de Cuentas, ni el Gobierno del Partido Popular ni la empresa
pública Correos han desarrollado los principales aspectos de la Ley
Postal, a pesar de haber transcurrido más de seis años desde su entrada
en vigor. Así, y como denuncia la institución fiscalizadora, el Gobierno
aún no ha aprobado un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal, en el que se establezcan las condiciones de prestación, el
procedimiento para la evaluación del coste neto del citado servicio, su
forma de financiación y los criterios que han de tenerse en cuenta para
determinar la contribución del Estado. Tampoco se ha formalizado el
correspondiente contrato regulador entre la Administración General del
Estado y Correos.
Otro de los incumplimientos a día de hoy son los relativos al sistema de
contabilidad de costes aplicado por Correos, ya que, aunque debería ser
determinado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
hasta la fecha este ha sido establecido por Correos, con lo cual, no ha
podido ser validado por el citado Instituto, ni ha sido informado ni por
la CNMC ni por la Intervención General de la Administración del Estado,
tal y como establece el artículo 26.5 de la Ley Postal.
Además, otra de las graves consecuencias que conlleva la falta de
formalización del contrato de prestación de servicios y de la aprobación
del nuevo Plan de Prestación, es que la CNMC considera que no puede
realizar la revisión de los cálculos del coste neto del Servicio Postal
Universal y de la carga financiera para determinar las aportaciones que
debe realizar el Estado. Y lo más sorprendente es que aún se encuentran
pendientes de revisión y aprobación los correspondientes al ejercicio
2011 (año de entrada en vigor de la Ley) y siguientes.
Asimismo, las tarifas de los servicios postales prestados por Correos son
aprobadas por su Consejo de Administración, si bien está establecida la
obligación de comunicar a la CNMC el establecimiento y la modificación de
nuevos precios para los productos que forman parte del SPU, con una
antelación de tres
meses a la fecha de aplicación. La CNMC realiza sus comprobaciones y
comunica a Correos los aspectos en los que considera que se están
incumpliendo los principios de asequibilidad, transparencia y no
discriminación, para que aquella Entidad pueda manifestar sus
alegaciones. En el informe del Tribunal de Cuentas se indica que
analizado el último procedimiento seguido por Correos para la fijación de
tarifas, correspondientes al ejercicio 2017, los principales aspectos en
los que existen discrepancias entre Correos y la CNMC respecto a las
tarifas se derivan de las políticas comerciales con los clientes con
contratos, tanto por la necesidad de que exista transparencia en los
criterios de descuento, como por la no adecuación a costes de las tarifas
en el caso de dichos clientes.
La Ley Postal también prevé que Correos elabore un contrato tipo de acceso
a su red postal, por parte de otros operadores postales, que deberá ser
aprobado por la CNMC y publicado en las páginas web de Correos y de la
CNMC. Si bien se ha acreditado que Correos ha elaborado en distintos
momentos un contrato tipo para los operadores postales, no consta que
este sea público. Hay que recordar que desde la aprobación de la Ley
Postal, la CNMC ha resuelto varios procedimientos sancionadores por
denuncias contra Correos por prácticas para evitar la competencia. En
esta fiscalización se ha comprobado que Correos viene realizando
negociaciones individuales con los operadores postales para fijar las
condiciones específicas de acceso a la red, o sea, irregularidades que
incumplen la legislación vigente.
Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas al que hacemos referencia
también certifica que la CNMC elabora anualmente un informe de
indicadores de control de calidad sobre la actividad de Correos, cuyos
resultados deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el importe
de la carga financiera injusta. En los informes de 2015 y 2016 se pone de
manifiesto que Correos no está cumpliendo los objetivos sobre porcentajes
de cartas y paquetes que han de ser entregados en los plazos fijados,
empeorando en cada ejercicio sus resultados respecto al anterior.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y aprobar un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal, negociado con los representantes de las personas trabajadoras,
en el que se establezcan:
- las condiciones de la prestación (equidad, no discriminación,
continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de las personas
usuarias);
- el procedimiento para la evaluación del coste neto del citado servicio;
- su forma de financiación;
- los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar la
contribución del Estado.
2. Formalizar el correspondiente contrato regulador entre la
Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A., tal y como se estipula en la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios
y del mercado postal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/002849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa a la ampliación de los plazos contenidos en el Real
Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que
se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio
portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el
Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), atribuye al
Consejo de Ministros y a los Ministerios de Fomento y Empleo la
competencia para el desarrollo reglamentario en los términos fijados en
la disposición final tercera, tal y como sigue:
"1. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias que requiera el
desarrollo y aplicación de este real decreto-ley, sin perjuicio del
ejercicio por el Ministro de Fomento y por la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, de sus respectivas potestades reglamentarias, en los
términos legalmente establecidos.
2. El Gobierno aprobará un real decreto que recoja la propuesta de
mediación de fecha 30 de marzo de 2017, por la que se pone fin a la
mediación tripartita entre las organizaciones sindicales, la asociación
empresarial y el Gobierno.
Dicha propuesta, que tiene por objeto el mantenimiento del empleo de los
actuales trabajadores de las SAGEP y la mejora de la organización y
productividad en el sector de la estiba, mediante acuerdo de las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, y el
establecimiento de un sistema de ayudas para los trabajadores de mayor
edad, que se desarrollará reglamentariamente, se acompaña como Anexo I."
Por su parte, la disposición adicional primera en su punto 1 establece:
"En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este real
decreto-ley las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo
dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea.
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos
que incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la
libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de
manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la
competencia, serán nulas de pleno derecho."
La aprobación del Desarrollo Reglamentario del Real Decreto-ley 8/2017 es
un paso necesario para poder avanzar en la negociación colectiva y el V
Acuerdo marco que regulará las condiciones laborales del sector de la
estiba. Transcurridos ocho meses aún desconocemos la fase en la que se
encuentra la redacción y elaboración de dicho desarrollo reglamentario ni
los plazos en los que el Gobierno lo finalizará.
Tal y como reconoce la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, en un
comunicado sobre esta situación: "de no efectuarse ampliación en los
plazos, ante la práctica imposibilidad de llegar a acuerdos entre
trabajadores y patronal, debido a la ausencia de reglamento, el 14 de
mayo próximo se producirá un conflicto entre la nueva norma y algo más de
una treintena de convenios colectivos de distintos ámbitos, que afectan a
la totalidad del personal estibador de los puertos de interés general y a
las empresas estibadoras de todo el país. Las negociaciones colectivas,
como las normas jurídicas, tienen sus procesos reglados que llevan
tiempo, a los que, en este caso, hay que añadir las jornadas, no
determinadas, para alcanzar los acuerdos pertinentes."
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar las medidas legislativas oportunas para ampliar por un año los
plazos contenidos en la disposición adicional primera y la disposición
transitoria segunda del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el
que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13
(procedimiento de infracción 2009/4052), con el objetivo de posibilitar,
de forma real y efectiva, la finalidad de la norma que ofrecía a los
sujetos legitimados un año para la negociación colectiva y garantizar,
por igual periodo, el empleo vinculado al 75 % de la actividad de las
empresas estibadoras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Sergio Pascual
Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/002851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
Portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa al inicio del
estudio informativo de la actuación del baipás de Piadela (Betanzos) en
la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora
de la línea.
Exposición de motivos
El 20 de marzo de 2017, alcaldes y representantes políticos de varios
ayuntamientos (Ferrol, Narón, Neda, Fene, Pontedeume, Miño, Betanzos,
Cambre, A Coruña) hicieron pública y de forma conjunta una Declaración
Institucional en apoyo al Eje Ferroviario Ferrol-A Coruña, reclamando una
actuación firme y vertebradora en un trazado que hoy en día no es
atractivo. En este mismo sentido se habían pronunciado también el
Parlamento de Galicia y numerosos colectivos empresariales y sociales.
Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno se escuda en que es la falta de
consenso social lo que ha evitado actuaciones de mejora en esta línea
ferroviaria centenaria. Y el Ministerio de Fomento tan solo se plantea
una intervención por fases en la línea.
De hecho, la única actuación anunciada por los representantes del
Gobierno, concretamente por el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Julio Gómez-Pomar Rodríguez, en el Senado y por el Secretario General de
Infraestructuras, Manuel Niño, en el Congreso, en el mes de diciembre de
2017, es una renovación de esta línea ferroviaria de baja intensidad, ya
que solo se está trabajando en la mejora de la línea existente con
modificaciones de menor calado, como el baipás de Betanzos. Hasta la
fecha, el Ministerio de Fomento solo ha informado de que se ha completado
el estudio de viabilidad del baipás de Betanzos y que se tiene previsto
el inicio del estudio informativo.
Hay que recordar que el Gobierno había consignado en los Presupuestos
Generales del Estado para 2017 una partida de 500.000 euros para la
elaboración de los estudios de la variante de Betanzos, partida que no se
ha ejecutado, al igual que los 4 millones de euros restantes que tenía
previsto el Gobierno invertir en la mejora de la línea ferroviaria.
Sin embargo, estos datos confrontan con la estimación que, según el
Gobierno, costaría una actuación sería que hiciera esta vía atractiva, y
que sería de entre 870 y 1.000 millones de euros.
Así que, tras la inactividad del Gobierno, en enero de 2018, la línea
ferroviaria que enlaza Ferrol con A Coruña sigue siendo una vía de
comunicación total y absolutamente residual. Desde que se construyó en
1913 no se acometieron las mejoras imprescindibles para favorecer el
asentamiento demográfico, el desarrollo industrial y la apuesta por el
tren como medio de transporte público, eficiente y práctico para el
transporte de personas y mercancías. La conexión ferroviaria entre estas
dos ciudades del Eje Atlántico Norte fue la gran olvidada en los planes
de inversión e infraestructuras, gobierno tras gobierno y mandato tras
mandato, lo que supone un desprecio sistemático por esta comarca y sus
vecinas y vecinos.
La Consellería de Infraestructuras e Vivenda de la Xunta de Galicia acaba
de hacer públicas, asimismo, parte de las conclusiones del estudio
encargado para evaluar las condiciones técnicas y de utilización de la
línea de tren que une Ferrol con A Coruña que permitan mejorar este
servicio ferroviario, y equiparar el viaje en tren al de la autopista
reduciendo los tiempos actuales de la línea férrea a la mitad. Otro de
los objetivos de este estudio era analizar la viabilidad del incremento
de la capacidad de la vía, permitiendo cruces entre trenes que faciliten
un incremento de las frecuencias. En este sentido, el informe apunta a la
conveniencia de instalar tres posibles PAET (Puestos de Adelantamiento y
Estacionamiento de Trenes), así como otras actuaciones de menor calado,
como la rectificación de algunas curvas de radio reducido que,
actualmente, obligan a los convoyes a aminorar la velocidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar la redacción del estudio informativo de la actuación del baipás
de Piadela (Betanzos) en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña.
2. Ejecutar la partida presupuestaria incluida en los Presupuestos
Generales del Estado de 2017, del Ministerio de Fomento, destinada a la
"Variante de Betanzos-Conexión Ferroviaria A Coruña-Ferrol" y con un
importe de 500.000 euros.
3. Incluir, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018,
partidas presupuestarias para acometer actuaciones en la línea
ferroviaria Ferrol-A Coruña que contemplen la mejora en radio de curvas
para permitir aumento de la velocidad, el desdoblamiento y
electrificación de la vía, la construcción de una variante (baipás) en
Betanzos Infesta y de apeaderos en núcleos de población importantes entre
las ciudades de Ferrol y A Coruña, así como aumentar el número de
circulaciones y mejorar las cadencias, con intervalos de tiempo fijos en
función de si es hora punta o valle y las horas fijas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa a asegurar la modernización y la viabilidad del
Servicio Postal Universal.
Exposición de motivos
El pasado 28 de junio de 2017, la Comisión de Fomento acordó aprobar con
modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la aprobación del
nuevo plan de prestación del Servicio Postal Universal (SPU) por parte de
Correos, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Dicha Proposición no de Ley incorporaba una serie de medidas encaminadas a
asegurar la financiación del Servicio Postal Universal que Correos tiene
legalmente encomendada así como para garantizar su viabilidad empresarial
y económica. Además, se acordaba emplazar al Gobierno a la concreción de
estas iniciativas en un plazo prudencial de seis meses.
A fecha de hoy, desconocemos la situación del recorte en la financiación
del Servicio Postal Universal que el Gobierno aplicó en los PGE de 2017
(dos tercios de lo inicialmente previsto en el proyecto de esos mismos
Presupuestos), la previsión para los PGE de 2018, así corno la situación
de los avances del Grupo de Trabajo creado por Fomento para la
elaboración del Plan de Prestación del SPU, del Plan estratégico de
Correos y del Convenio Colectivo del que dependen las condiciones de más
de 55.000 trabajadores.
Por otro lado, Correos necesita de la aprobación de un nuevo Plan
Estratégico ambicioso y realista, que prepare a la compañía para los
inminentes cambios tecnológicos y de hábitos del sector, forme
adecuadamente a la plantilla, estudie la potencialidad de nuevas
necesidades y mercados, considere la oportunidad de recuperar servicios
financieros y bancarios, favorezca la articulación territorial, la
transmisión de conocimiento, de información y de tecnología, y cuya misión
sea el de reforzar la posición pública, de liderazgo y modernización en
el sector de la mensajería postal y paquetería.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar y aprobar un nuevo Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal, negociado con los representantes de las personas trabajadoras,
en el que se establezcan las condiciones de la prestación (equidad, no
discriminación, continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de
las personas usuarias), el procedimiento para la evaluación del coste
neto del citado servicio, su forma de financiación y los criterios que
han de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado, así
como formalizar el correspondiente contrato regulador entre la
Administración General del Estado y la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., tal y como se estipula en la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios
y del mercado postal.
2. Aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y del
correspondiente Contrato Regulador a la mayor brevedad para garantizar
una financiación estable a futuro, que, de acuerdo con los estudios de
expertos del sector y de las propias organizaciones sindicales, no debe
ser inferior a los 230 millones de euros.
3. Desbloquear del Plan estratégico de Correos, herramienta necesaria para
desarrollar la actividad postal en un marco de abierta competencia y en
un mercado en continua transformación que requiere iniciativas de
diversificación para afrontar la constante caída del volumen de tráfico
postal tradicional (cartas) y el incremento de demanda por parte de los
ciudadanos en servicios de paquetería y en servicios asociados a las
nuevas tecnologías.
4. Incorporar corno líneas claves dentro del Plan estratégico de Correos
la posición de la compañía pública como centro de intercambio, servicios
financieros y bancarios, paquetería, espacio multi-servicios y freno a la
brecha digital del mundo rural.
5. Concretar con los representantes de los trabajadores un pacto laboral
(Convenio Colectivo y Acuerdo General) que incorpore medidas de
consolidación de empleo de los miles de puestos estructurales cubiertos
por personal eventual, un acuerdo salarial que contemple la singularidad
de la actividad de Correos en el conjunto del sector público, un plan de
formación adecuado y un plan de jubilaciones anticipadas orientadas a la
renovación de la plantilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Félix Alonso
Cantorné, Yolanda Díaz Pérez, Carmen Valido Pérez y Sergio Pascual Peña,
Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa al desdoblamiento completo del trazado y ampliación
de la línea de Cercanías C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola con el objetivo
de mejorar la cadencia y frecuencia de paso y convertirse en el
transporte público colectivo sostenible de referencia en la Costa del
Sol.
Exposición de motivos
La línea de Cercanías "C1 Málaga-Aeropuerto-Fuengirola" en la provincia de
Málaga es una de las más rentables y eficientes de todo el sistema
nacional de trenes de Cercanías, con un total de 10 millones de viajeros
anuales.
Esta línea es una infraestructura necesaria (aunque insuficiente) al
vertebrar la capital con el aeropuerto y algunas de los principales
municipios de la Costa del Sol. En términos reales significa un servicio
público
de carácter social, económico y ecológico. Es una línea popular, usada
diariamente por personas trabajadoras, estudiantes, pensionistas; pero
también supone para miles de visitantes que llegan a la Estación de
trenes de Málaga María Zambrano o al Aeropuerto la primera toma de
contacto con la provincia.
Desde el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la línea de Cercanías C1
permite llegar al centro de Málaga en 12 minutos de trayecto, 10 minutos
a Torremolinos, 18 minutos a Benalmádena o 34 minutos a Fuengirola.
Sin embargo, el servicio prestado por la C1 es insuficiente para atender
la demanda existente. La frecuencia mínima de paso de 20 minutos hace que
en determinados momentos del día y en temporada alta la línea se sature.
Por otro lado, la línea pierde atractivo y competitividad frente al
vehículo privado. La solución pasa por acortar la cadencia y frecuencia
de paso a partir del desdoblamiento completo de la línea, que a día de
hoy, realiza dos tercios del recorrido a través de vía única, lo que
produce serios cuellos de botella.
Sumado al desdoblamiento, las necesidades actuales de la Costa del Sol
incluyen la de ampliar el trazado de esta línea de Cercanías hasta
Marbella y Estepona. Las estimaciones con esta ampliación suponen
alcanzar con facilidad la cifra de 30 millones de usuarios y usuarias al
año.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar y aumentar la frecuencia de los trenes de la línea de
Cercanías C1 de la provincia de Málaga en coordinación con los picos de
afluencia turística y llegadas a través del Aeropuerto de Málaga y la
Estación de trenes de Málaga María Zambrano.
2. Desdoblar las vías en su trazado actual por completo, permitiendo
reducir la cadencia y frecuencia de paso ganando competitividad frente al
vehículo privado y convirtiéndose en el transporte público colectivo y
ecológico de referencia de la Costa del Sol.
3. Impulsar la ampliación de la línea de Cercanías C1 hasta los municipios
de Marbella y Estepona por el trazado que beneficie a mayor número de
población de los núcleos urbanos, en trazado desdoblado, que contemple la
implantación de nuevas estaciones y paradas intermedias, así como la
mejora de la intermodalidad con otros transportes públicos y el
establecimiento de nuevos parkings disuasorios, de forma que se priorice
el garantizar el derecho a la movilidad social y ambientalmente
sostenible a la mayor población posible.
4. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 una partida
presupuestaria plurianual suficiente que recoja la inversión necesaria
para realizar las actuaciones anteriormente señaladas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Eva García
Sempere, Alberto Montero Soler y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto
Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, sobre actuaciones en la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza.
Exposición de motivos
Actualmente, la línea ferroviaria Sagunt (Valencia)-Zaragoza se encuentra
en el punto de mira de diferentes inversiones tanto del Ministerio de
Fomento como del Puerto de Valencia. Se han anunciado inversiones
conjuntas por unos 330 millones de euros que irán destinados a permitir
el paso de convoyes más largos, de 500 a 700 metros de longitud, y con
mayor peso, de 20 a 22,5 toneladas por eje. El objetivo
es derivar parte del tráfico actual que se realiza por las líneas
Valencia-Tarragona o Valencia-Almansa por esta línea y acercar el Puerto
de Valencia al gran centro logístico de Zaragoza Plaza.
Existen algunas actuaciones que consideramos prioritarias y que deberían
recogerse entre las inversiones planeadas en la línea ferroviaria. Una de
ellas es la construcción de un nuevo puente entre Jérica y Novaliches
(Castellón) por debajo de la propia línea ferroviaria.
El titular de la carretera (CV-212) es la Diputación Provincial de
Castellón, pero el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif,
como titular de la línea ferroviaria, sería el responsable de construir
un nuevo puente. Actualmente existe un puente por el que no cabe un
autobús convencional ni un camión articulado y por su estrechez solo
permite el paso de vehículos en un sentido, siendo muy peligrosa la
travesía para peatones o ciclistas. Es el único acceso directo entre
Novaliches y Jérica, pedanía y núcleo principal del municipio y, por lo
tanto, muy utilizado por el tráfico local. Las características del puente
obligarían en cualquier caso a modificaciones en el mismo para absorber
el mayor peso de los trenes, por lo que debería aprovecharse la situación
para construir directamente un puente nuevo.
En segundo lugar se encuentra la necesaria recuperación de dos pasos
cegados en la actualidad. Por un lado, el que impide la continuidad en
una importante vía pecuaria del sendero de gran recorrido GR-7, el mayor
itinerario no motorizado de Europa. Los ganados y usuarios de la zona o
bien realizan rodeos kilométricos o bien atraviesan las vías
directamente, lo cual representa un importante riesgo que aumentará ante
el previsible aumento de la circulación. La recuperación del paso cegado
permitirá aumentar la seguridad y restablecer los derechos de paso
anulados unilateralmente por Renfe-Adif.
Por otro lado, en el caso del paso cegado del antiguo ferrocarril minero
en Barrancas, su cierre impide la continuidad en la Vía Verde de Ojos
Negros, la mayor de España, obligando a la señalización de un desvío de
varios kilómetros por un camino de acceso libre a vehículos a motor y con
características diferenciadas al trazado del resto de la Vía Verde, con
desniveles superiores al 2 % y badenes que dificultan la circulación de
niños o personas con movilidad reducida. La reapertura del paso permitirá
recuperar el trazado original, permitiendo a los usuarios de la Vía verde
mantenerse dentro de un itinerario no motorizado, seguro y accesible.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar las siguientes actuaciones inversoras dentro de las reformas
programadas de la línea ferroviaria Sagunt-Zaragoza en la provincia de
Castellón:
a) Construir de un nuevo puente entre Jérica y Novaliches por debajo de la
línea ferroviaria.
b) Recuperación de los pasos hoy día cegados, tanto el que impide la
continuidad en una importante vía pecuaria del sendero de gran recorrido
GR-7 como el del antiguo ferrocarril minero en Barrancas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Ricardo Sixto
Iglesias y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión de Educación y Deporte
161/002874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
liderar el fomento del español en Gran Bretaña, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
El British Council ha publicado un estudio, "Lenguas para el futuro: las
lenguas extranjeras que necesita Reino Unido para convertirse en una
auténtica nación global, que recomienda la enseñanza del español como
primera opción, ante la necesidad de mejorar las competencias
lingüísticas de los británicos en la nueva situación política tras el
abandono de la Unión Europea. El estudio sitúa al español como idioma
prioritario por delante del chino, francés, árabe y alemán, en ese orden.
Se trata del primer análisis sistemático de las necesidades de Reino Unido
en política lingüística analizando factores económicos, geopolíticos,
indicadores culturales y educativos, e identificando los idiomas que
serán claves para la prosperidad futura del país tras su salida de la
Unión Europea. En este contexto de una "Gran Bretaña global", el
multilingüismo se convierte en valor fundamental.
El informe propone superar la idea de que el inglés es "el lenguaje
internacional de los negocios", y defiende "la necesidad de comprender
otras culturas", la importancia de "fomentar el multilingüismo si se
pretende garantizar el éxito de las relaciones internacionales". Se
considera, por tanto, que el éxito del Brexit pasa por hablar más
lenguas.
Las razones fundamentales por las que el español lidera esta lista son: su
potencial comercial, es el segundo idioma más hablado en el mundo con
aproximadamente 437 millones de hablantes nativos, tiene estatus oficial
en 21 países y es idioma oficial de organismos internacionales como
Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización
Internacional del Trabajo, el Acuerdo de Libre Comercio de los Estados
Unidos (NAFTA) o la Organización para la Seguridad y la Cooperación
Europea, entre otros, lo que supone que su dominio sea, desde un punto de
vista estratégico, muy importante.
A ello se unen los motivos económicos de la prioridad de enseñanza del
español de esta propuesta, que se basan en un mercado español de 15.000
millones de libras en 2015 y los mercados de oportunidad, muy
especialmente Méjico, de la que Gran Bretaña es ya su quinto inversor,
así como Chile y Colombia. En definitiva, se trata de un mercado de 185
millones de personas hispanohablantes con poco conocimiento del inglés.
Además, el 45 % de los encuestados, según los datos de CBI/Pearson 2017,
consideran el español como útil para las relaciones comerciales. Existen
además razones turísticas, ya que España es el destino turístico más
popular para los británicos con más de 14 millones de visitantes al año.
Según el informe, se calcula que solo un 34 % de los jóvenes aprende, con
un nivel muy básico, una lengua extranjera en Gran Bretaña hasta los 16
años. Hasta ahora la oferta de la enseñanza de idiomas pivotaba sobre el
francés o el alemán, y en menor medida el español. Hoy esta tendencia se
invierte debido a motivos económicos, referidos a las exportaciones, las
necesidades de las empresas, las prioridades del comercio en el futuro y
los mercados emergentes, pero también a motivos de seguridad y
diplomacia, turismo, el interés del público, los acuerdos educativos
internacionales y la prevalencia de los otros idiomas en internet.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar las acciones de
fomento del idioma español en Gran Bretaña promoviendo los convenios de
intercambio que permitan entender y apreciar el español y su cultura, en
el marco de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre la
reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del
Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía
Presupuestos Generales del Estado, aumento de la cuantía y reconocimiento
del derecho a desempleo.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, fue aprobada con una amplia mayoría
parlamentaria y apoyo social, dando así amparo, en teoría, a las personas
en situación de dependencia.
El artículo 18 de la Ley establecía el derecho a Prestación económica para
cuidados no profesionales desempeñados por personas del entorno familiar,
en su mayoría mujeres. El apartado 3 de dicho artículo previó la
cobertura de Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, en las
condiciones que se desarrollaron posteriormente en el Real Decreto
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores y cuidadoras de las personas en situación de dependencia, en
cuyo artículo 4.5 se determinó que: "5. La cotización a la Seguridad
Social, así como la correspondiente a las acciones formativas a que se
refiere el apartado anterior, será asumida directamente por convenio con
la Tesorería General de la Seguridad Social por la Administración General
del Estado".
El 13 de julio de 2012, el Gobierno del Partido Popular estableció entre
otras medidas la eliminación de la financiación estatal de las
cotizaciones de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales,
por medio del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Las disposiciones adicionales séptima y octava del citado Real Decreto-ley
vinieron a aniquilar en gran medida los avances conseguidos por la Ley de
Dependencia. La disposición adicional séptima al cargar sobre los
dependientes los costes de los prolongadísimos retrasos de las
administraciones públicas en la concesión y pago de las ayudas. La
disposición adicional octava supuso eliminar la cobertura social de las
cotizaciones a la Seguridad Social con cargo a la Administración General
del Estado de los cuidadores y cuidadoras no profesionales, en el modo en
que se había regulado en el artículo 4.5 del Real Decreto 615/2007.
Desde el 1 de enero de 2013, los convenios especiales suscritos con la
Seguridad Social por los cuidadores y cuidadoras no profesionales pasaron
a ser voluntarios y costeados íntegramente por los propios cuidadores.
Los convenios especiales pasarían a tener carácter voluntario y las
correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social a cargo
exclusivamente del suscriptor.
Esta medida, ha afectado especialmente a las mujeres, dado que son el 84 %
de las personas cuidadoras no profesionales. De las 170.000 cuidadoras no
profesionales del Sistema de Dependencia que habían suscrito el convenio
especial con antelación a la entrada en vigor de los recortes del Real
Decreto-ley 20/2012, hoy en día subsisten tan solo 10.000 de ellas, dato
que expresa la pauperización general del sistema de atención a la
dependencia en España.
Todo ello se agrava debido al proceso de desmantelamiento del sistema
público de servicios sociales. Asimismo, continúa la senda de la
privatización de los servicios y recursos públicos, perdiendo así la
Administración General el control y a la vez que se despoja a la
ciudadanía de sus derechos universales garantizados.
Consideramos una prioridad recuperar la protección de la Seguridad Social
a las cuidadoras no profesiones garantizando este derecho vía los
Presupuestos Generales del Estado y también velar por que el resto de sus
derechos sean respetados.
Además, planteamos la necesidad de cumplir con el modelo de financiación
acordado, siendo este del 50 % asumido por las comunidades autónomas y el
50 % restante contraído por la Administración General del Estado. En la
actualidad la Administración General del Estado aporta el 18 % y las
comunidades autónomas el 81,9 %.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Restablecer la cobertura obligatoria y la financiación íntegra con cargo
a los Presupuestos Generales de la Administración del Estado de los
convenios especiales con la Seguridad Social de las
cuidadoras no profesionales vinculadas al Sistema de Atención a la
Dependencia, en los términos contemplados en el artículo 18 de la Ley
39/2006 y en el artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por
el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras de
las personas en situación de dependencia, vigentes con antelación a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.
- Reconocer el derecho a prestaciones por desempleo a las cuidadoras no
profesionales para que no queden desamparadas una vez finaliza su
actividad de cuidadora no profesional.
- Garantizar el derecho de Formación Profesional para que puedan
reincorporarse al mercado laboral una vez que son ex cuidadoras no
profesionales.
- Garantizar su derecho a prestación por maternidad y paternidad y a la
prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
- Apostar por una subida de la cuantía de la prestación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Ana Marcello
Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Irene María Montero Gil,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/002864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el alcance de los
incumplimientos por la legislación española de la Carta Social Europea,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de verificar si
los Estados miembros, entre ellos España, cumplen las obligaciones que
les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de
1988, emitió recientemente sus conclusiones anuales sobre el grado de
cumplimiento de la misma por parte de los Estados miembros en lo
referente al respeto a los derechos de salud, seguridad social y
protección social.
Según las citadas conclusiones, se constata una vez más que nuestro país
incurre en considerables incumplimientos en estas materias, incluyendo
numerosos aspectos que hacen referencia a las insuficientes medidas para
reducir los accidentes laborales, los escasos subsidios por desempleo
para personas sin cargas familiares, los impedimentos a la reagrupación
familiar y los inadecuados requisitos para acceder a prestaciones y
asistencia social.
Además de constatar diversos incumplimientos de las obligaciones por parte
de España, el Comité se reserva su opinión sobre diversas materias en las
que entiende que el Gobierno no ha facilitado suficiente información para
poder pronunciarse, pero que en algunos casos a priori también pueden
considerarse incumplimientos.
El primero de ellos hace referencia al artículo 12.4 de la Carta, según el
cual y de acuerdo a lo concluido por el Comité, los Estados miembros
deben asegurar a los nacionales de otros Estados parte firmantes de la
Carta de 1961 y a los miembros firmantes no pertenecientes a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo, igual trato respecto a la
seguridad de los derechos sociales siempre que residan legítimamente en
su territorio [Conclusiones XVIII-1 (2006)]. Como ya hizo en informes
anteriores, el Comité reitera que España no cumple con dichas garantías.
El organismo se refiere al trato de España a las personas procedentes de
países que forman parte de la Carta Social -aunque no de la UE ni del
Espacio Económico Europeo- respecto a su acceso a la pensión de
jubilación no contributiva. En concreto, apunta que el periodo mínimo
exigido de diez años de residencia para que estas personas accedan a una
prestación de vejez es excesivo y que, al considerarse esta una ayuda
básica, tal limitación no es conforme a lo dispuesto en la Carta.
En segundo lugar, el Comité también denuncia que los subsidios por
desempleo que reciben las personas desempleadas sin hijos a cargo son
insuficientes. En este sentido, considera que España incumple el artículo
12.1 según el cual las Partes deben garantizar el ejercicio efectivo del
derecho a la
seguridad social estableciendo o materializando un régimen de seguridad
social. Tomando los datos del Sistema de Información Mutua sobre
Protección Social debido a la no actualización de la información por
parte del Gobierno de España, el Comité señala que mientras el nivel
mínimo de las prestaciones por desempleo es del 107 % del IPREM para un
desempleado con descendientes dependientes, esa cantidad baja hasta los
426 euros, 100 euros por debajo de lo que marca el IPREM (537,84 euros
tras el reciente aumento de 2017 y actualmente congelado) para los
desempleados sin cargas familiares, lo cual supone que la prestación
recibida por ese colectivo sea inferior al 40 % del ingreso mediano
equivalente y, por tanto, insuficiente.
El tercer incumplimiento señalado por el Comité de derechos sociales hace
referencia al hecho de que España no garantiza el ejercicio efectivo del
derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y
asistencia en lo referente a facilitar en lo posible el reagrupamiento de
la familia del trabajador extranjero residente (artículo 19.6 de la
Carta). En concreto, el Comité reprocha que los ingresos derivados del
sistema de asistencia social no formen parte en el recuento de recursos
financieros disponibles y necesarios para solicitar la reagrupación
familiar.
En cuarto lugar, el Comité reprocha a España que la ratio de accidentes
laborales casi dobla la media europea. Tomando las cifras de la oficina
de estadística comunitaria Eurostat sobre accidentes de trabajo, el
Comité considera que en España no está garantizado el derecho a la
seguridad e higiene en el trabajo (artículo 3 de la Carta) pues las ratio
de incidencia de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores/as
son demasiado elevadas y se encuentran claramente por encima de la media
europea. Sumado a ello, el Comité también denuncia que la cifra total de
inspectores de trabajo de la Seguridad Social facilitada por España no
coincide con los datos publicados por la oficina estadística de la
Organización Internacional del Trabajo (ILOSTAT), que apunta que el
número de empleados de la inspección de trabajo de la Seguridad Social
cayeron de 2012 a 2014.
Por último, el Comité Europeo de Derechos Sociales vuelve a advertir que
España no cumple con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Carta, según
el cual las Partes se comprometen "a velar por que toda persona que no
disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir
estos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes,
especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social,
pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los
cuidados que exija su estado". En este sentido, el Comité señala que los
requerimientos para acceder a la renta mínima, tanto en lo que hace
referencia al tiempo de residencia mínimo exigido en la mayoría de las
Comunidades Autónomas como a la edad mínima (25 años) que se debe haber
alcanzado para recibir la renta mínima de inserción no son conformes a la
Carta Social Europea. Además, recuerda que la asistencia social debe ser
provista en tanto que la situación de necesidad persista, algo que no
ocurre en estos momentos en España, y que la cantidad que reciben las
personas receptoras de rentas mínimas es claramente insuficiente para su
sustento.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha el proceso de reforma legislativa para dar cumplimiento
a la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa en los términos
recogidos en las últimas conclusiones del Comité Europeo de Derechos
Sociales en lo referente al respeto a los derechos de salud, seguridad
social y protección social; así como en los términos recogidos en la
Proposición no de Ley sobre el alcance de los incumplimientos por la
legislación laboral española de la Carta Social Europea (161/000165)
aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los
Diputados en fecha de 18 de abril de 2016.
2. Impulsar la implementación de políticas públicas de salud laboral así
como establecer un mayor control por parte de la Administración sobre la
aplicación de obligaciones legales de prevención de riesgos laborales en
todas las empresas, exigiendo que se haga prevención de calidad.
Paralelamente, dotar a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de
los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar sus
funciones de forma eficaz.
3. Impulsar la reforma del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009, con el objetivo que los ingresos
provenientes del sistema
de asistencia social sean computables en el momento de acreditar los
medios económicos por un extranjero para la obtención de una autorización
de residencia por reagrupación a favor de sus familiares.
4. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que los
requisitos para acceder a la renta mínima se configuren de acuerdo a lo
dispuesto en las últimas conclusiones del Comité Europeo de Derechos
Sociales (cuantía suficiente de la prestación, mantenimiento de la misma
en tanto que la situación de necesidad persista, y eliminación del
requisito vinculado a la edad del solicitante así como reducción del
tiempo de residencia mínimo).
5. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que
el subsidio por desempleo que reciben las personas desempleadas sin hijos
a cargo no pueda ser inferior al 40 % del ingreso mediano equivalente.
6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar a
los nacionales de otros Estados parte firmantes de la Carta Social
Europea y a los miembros de la Carta no pertenecientes a la Unión Europea
o al Espacio Económico Europeo, un igual trato respecto a la seguridad de
los derechos sociales.
7. Ratificar la Carta Social Europea Revisada de 1996 y el Protocolo
Adicional a la Carta Social Europea de 1995 que establece un
Procedimiento de Reclamación Colectiva que permite a sindicatos,
entidades sociales y organizaciones empresariales demandar al Gobierno
ante el Comité de Derechos Sociales, cuando sus leyes o políticas
públicas sean contrarias a la Carta Social Europea.
8. Aportar la información completa en los términos en que ha sido
requerido por el Comité Europeo de Derechos Sociales y su remisión al
mismo, a los efectos de que el referido Comité pueda evaluarla y emitir
sus conclusiones sobre la adecuación de la legislación española a la
Carta Social Europea de 1961."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Aina Vidal
Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, para promover el proyecto de un Parador Nacional
de Turismo en Estella (Navarra), para su debate en la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El proyecto de un nuevo Parador Nacional de Turismo en Estella (Navarra)
comienza ya en el año 2000 cuando surge la idea de ubicar en Navarra un
segundo Parador Nacional de Turismo, uniéndose así al ya situado en el
Castillo de Olite, hoy uno de los 43 Paradores Esentia ubicados en
edificios monumentales e históricos, dentro de la red nacional de
Paradores que incluye 97 de estas instalaciones. Esta red de Paradores
contribuye de una manera destacada a la conservación, valorización y
difusión del patrimonio histórico artístico español, a la diversificación
de un sector turístico, el cultural, en constante crecimiento, y de mayor
valor añadido y más desestacionalizado que otros. Contribuye también a la
fijación de las personas allá donde se ubican, muchas veces poblaciones
rurales o alejadas de los grandes centros urbanos. Y ello por el empleo
directo que generan, pero, sobre todo, por el desarrollo comercial, de
servicios, gastronómico y artesanal que generan a su alrededor.
Estella, ciudad enclavada en el Camino francés de Santiago, fue fundada en
1090 por el entonces Rey de Pamplona, Sancho Ramírez, precisamente con el
fin de atender a la numerosa afluencia de peregrinos venidos de toda
Europa con dirección a Santiago de Compostela. Ciudad con una estructura
y casco urbano medieval, cuenta con un importante patrimonio monumental,
entre el que destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel,
la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra, un
hermoso ejemplo de arquitectura románica civil. A pocos kilómetros de
Estella se encuentran dos de los principales Monasterios de la ruta
Jacobea, el Monasterio de Santa María la Real de lrache y el Monasterio
de lranzu, dos joyas arquitectónicas del siglo XI construidas por la
Orden Benedictina. Todo ello hace de Estella, según el historiador Julio
Caro Baroja, "la capital del románico navarro".
Junto a su riqueza monumental, Estella ofrece a pocos kilómetros el
espacio boscoso del Parque Natural Urbasa-Andía, una de las mayores
(21.000 ha) reservas biológicas del norte de España, con diferentes
lugares atractivos, centros de interpretación y actividades naturales
organizadas por la gestión del parque.
Estella dispone de dos principales festivales culturales ya reconocidos
internacionalmente, el de Estudios medievales (julio) y el de Música
Antigua (septiembre). Dispone asimismo de dos museos abiertos al público
(Museo Gustavo de Maeztu y Museo Carlista), y alberga la sede provisional
del Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baraja", cuyos fondos están
pendientes de su puesta en exhibición definitiva y son visitables en
fechas determinadas. A sus fiestas patronales (comienzos de agosto) se ha
de sumar su cercanía (45 km) a Pamplona, ciudad internacionalmente
conocida por sus Sanfermines, que atraen cada mes de julio a varios
cientos de miles de turistas.
La ciudad cuenta con un Consorcio de Turismo que agrupa a instituciones y
empresas de Tierra Estella y de una oficina de Turismo que ofrece
diferentes rutas y propuesta de actividades. Pero es sin duda el Camino
de Santiago, al cual la ciudad de Estella (Campus Stellae) debe su origen
y apogeo a lo largo de siglos, el principal activo turístico de esta
ciudad. Estella se encuentra en la confluencia del Camino navarro y el
Camino aragonés, que forman conjuntamente el llamado Camino francés a
Santiago de Compostela. El Camino ha sido declarado por la UNESCO,
precisamente en 2018 hace 25 años, "Patrimonio de la Humanidad", y a lo
largo de toda su historia, desde el siglo X, constituye la gran ruta
artística que da lugar al desarrollo del arte románico y gótico, y el
intercambio comercial y cultural de todo Europa.
En 2017 se ha superado la cifra de 300.000 peregrinos acreditados que
realizan el Camino de Santiago, cifra en continuo crecimiento (desde 2016
ha crecido un 6 % y un 8,5 % respectivamente en relación al año
anterior), de los cuales casi el 70 % realizan el Camino francés, y el 55
% son de procedencia extranjera. A esta enorme afluencia se ha de sumar
el crecimiento que se da con motivo de cada año santo, como así ocurrirá
con motivo del año Xacobeo 2021.
El Plan Estratégico de Turismo de Navarra para 2017-2025, recientemente
presentado por el Gobierno de Navarra en Fitur 2018, apuesta por el
Camino de Santiago y los Sanfermines como principales atractivos a
desarrollar, para lo cual prevé un plan de inversiones tanto en promoción
y publicidad como en diferentes actuaciones de mejora del trazado del
Camino.
En este contexto sumamente atractivo para el desarrollo de un alojamiento
turístico de alta calidad en Estella se entiende la iniciativa de crear
un Parador Nacional. Entre 2001 y 2003, se consideró la ubicación dentro
del entorno urbano histórico de Estella, para ello se barajó en primer
lugar, el Convento de Santo Domingo, un edificio emblemático fundado en
1259 Este edificio está actualmente dedicado a Residencia de mayores, con
algunos problemas de funcionalidad para este cometido. Posteriormente se
barajó también el Convento de Santa Clara (siglo XIII), situado en el
centro de la ciudad, rodeado del parque natural de Los Llanos, el cual se
consideraba la mejor de las opciones por el edificio ya construido y el
amplio terreno que tiene. En ese momento no fue posible llegar a un
acuerdo con la comunidad religiosa que lo habitaba.
Posteriormente, al no encontrar ningún otro espacio idóneo en Estella se
buscó una ubicación no muy Lejana, el Monasterio de Irache, el cual
reunía todos los requisitos de espacio para su reconversión como Parador
Nacional de Turismo.
El 4 de mayo de 2003 se firmó el acuerdo marco entre Gobierno de Navarra y
Turespaña para la construcción del parador. En 2006 se acuerda entre los
Gobiernos de Navarra y de España la ubicación en lrache de este nuevo
Parador por lo que se acuerda la cesión del edificio al Estado por un
plazo de 50 años renovable y para ello se produjo el traslado de los
bienes artísticos de la colección del Museo Etnológico Julio Caro Baroja
allí recogidos a otras instalaciones provisionales en la ciudad del Ega,
donde continúan. En marzo de 2007 se firmó el acta de traspaso del
edificio a la Administración General del Estado, quedando adscrito al
Instituto de Turismo de España. Posteriormente se dispone ya de un
proyecto de construcción, con la previsión de un parador de cuatro
estrellas, 70 habitaciones y una inversión de en torno a los 23 millones
de euros.
Pese al acuerdo y aludiendo a circunstancias económicas, en 2012 el
Ministro del ramo, José Manuel Soria, anunció la paralización del
proyecto de Parador Nacional. Por su parte, el Parlamento de Navarra
aprobó el 11 de abril de 2012 una moción instando a retomar cuanto antes
la instalación de este Parador. Siendo voluntad de todas las partes
continuar con el proyecto de Parador de Turismo en Estella, en la
actualidad, y tras cinco años de parálisis, las nuevas circunstancias
permiten reconsiderar la idea original de establecer el Parador Nacional
de Turismo dentro del casco urbano de Estella, y ello por varios motivos:
- El proyecto de lrache sigue paralizado sin previsión de que se vaya a
concluir, pero existe el compromiso firmado de realizar un Parador en
Navarra.
- Estella apuesta claramente por el sector turístico y cultural, integrado
en asociaciones como la Red de Municipios del Camino de Santiago o la Red
de Juderías. Ciudad por la que trascurre el Camino de Santiago y con un
amplio patrimonio declarado Bien de Interés Cultural, reúne los
requisitos necesarios para que el establecimiento de un Parador Nacional
sea de gran interés para el desarrollo de la ciudad, así como de la zona
y de Navarra.
- En la actualidad el proyecto de Parador dentro del casco histórico de
Estella supondría una mayor oportunidad para el desarrollo del sector
comercial y de servicios de la ciudad que su ubicación en Irache. Ello
además permitiría retomar la función museística prevista para este
Monasterio cuando se desalojó de él los bienes del Museo Etnológico de
Navarra.
- La opción del convento de Santa Clara podría ser reconsiderada ya que la
congregación de las Clarisas que residían fueron trasladadas a otras
congregaciones, quedando el espacio sin utilidad; y en cuanto a inversión
económica, en la actualidad resultaría más viable, pudiéndose retomar el
proyecto inicial, cuyos estudios ya se realizaron por parte del Gobierno
de Navarra.
- También es revisable la ubicación prevista inicialmente en el convento
de Santo Domingo, trasladando la residencia de mayores que ahora aloja a
otro emplazamiento con mayor idoneidad para esta función.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar el proyecto de Parador de Turismo en la ciudad de Estella. Y
para ello, reevaluar con la mayor premura y en coordinación con las
Instituciones competentes, Gobierno de Navarra y Ayuntamientos de
Estella, la idoneidad de las ubicaciones disponibles en la propia ciudad
de Estella; o recuperar la alternativa del Monasterio de Santa María la
Real de Irache si las anteriores fueran descartadas.
2. Dar una solución definitiva a la situación jurídico-patrimonial actual
del Monasterio de lrache con el objeto de valorizar su patrimonio
arquitectónico y definir una solución definitiva a la ubicación del Museo
Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".
3. Programar como objetivo la apertura de un nuevo Parador de Turismo en
el entorno de la ciudad de Estella con motivo del año Xacobeo 2021."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2018.-Jesús María
Fernández Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la protección y
fomento de la trashumancia del ganado.
La trashumancia es más que una práctica de manejo ganadero, o una
tradición, hablarnos de un sistema cultural, entendido en su más amplio
sentido. Integra la gestión ganadera con una sólida base ecológica. Se
fundamentada en el aprovechamiento alternativo de la diversidad de
pastizales de la Península en el momento óptimo de su producción
potenciando el aprovechamiento de áreas cuya productividad, limitada o
bien por el clima, o bien por los suelos, no admite aprovechamientos
intensivos o continuos en el tiempo (Rebollo y Gómez-Sal, 2003).
Se sostiene sobre un conjunto de razas autóctonas seleccionadas para este
régimen ganadero cuyas características se han conservado a lo largo del
tiempo, y un sistema de gestión de los recursos naturales y de
interrelaciones culturales, sociales, económicas y biológicas que ha
modelado muchos de los paisajes de España y contribuido a su cohesión.
Pero además, la trashumancia es generadora de servicios ambientales para
el conjunto de la sociedad. Un patrimonio único en Europa y que, pese al
fuerte deterioro sufrido, sigue constituyendo una red que bien puede
calificarse de estratégica, además de cumplir funciones como corredores
ecológicos y espacios para el desarrollo de actividades al aire libre.
Por todo ello, el mantenimiento de unos censos mínimos de ganado
extensivo, con diferentes especies y cargas adecuadas, es imprescindible
para garantizar la conservación de la biodiversidad en general y
especialmente de la Red Natura 2000, tal y como reconoció la Directiva
Hábitat en su catálogo de ecosistemas altamente dependientes de la
ganadería extensiva.
Conscientes de su importancia y de la creciente demanda del sector por
poner en valor esta actividad e impulsarla, en el seno de Red Rural
Nacional se constituyó en 2009 el Grupo de trabajo de trashumancia y
ganadería, en el que hay representantes de las distintas unidades
implicadas del Ministerio de Medio Ambiente, Comunidades Autónomas y
organizaciones vinculadas a la actividad ganadera en general y a la
trashumancia en particular. Este grupo culminó con la elaboración y
aprobación en el año 2012 del Libro Blanco de la Trashumancia.
Más de la mitad del territorio español se encuentra ocupado por
superficies aptas para uso ganadero, aprovechable casi de forma exclusiva
por la ganadería extensiva compuesta por razas rústicas. La gestión del
territorio afectado por la trashumancia depende de una variedad de
regímenes de propiedad de distinta naturaleza. En el caso de los
agostaderos predomina la titularidad pública de los terrenos, en su mayor
parte Montes de utilidad pública. Por su parte, en las dehesas invernales
es habitual la propiedad privada de la tierra, grandes fincas en las que,
frecuentemente, se priorizan otros usos, a veces más rentables
económicamente, como la caza o el aprovechamiento ganadero estante y en
los cuales la trashumancia aparece vinculada a servidumbres de uso sobre
estas tierras.
Las infraestructuras ganaderas características de la actividad
trashumante, imprescindibles para el ejercicio de la actividad y, en
muchos casos de singular valor etnográfico y cultural, se encuentran con
frecuencia en avanzado estado de deterioro y no disponen de los servicios
mínimos imprescindibles, como agua o electricidad. Además, el sistema de
renovación anual de arriendos limita la inversión en mejoras necesarias
para su conservación.
Cuantificar y analizar los movimientos y el volumen de cabezas de ganado
es importante para definir una estrategia de revalorización. En este
sentido, hay que ser conscientes de que además del traslado a pie, el
paulatino abandono de la red de vías pecuarias y la dureza del trabajo ha
llevado al correlativo empleo de transporte por ferrocarril y carretera.
Por ello, no podemos considerar hoy que la trashumancia es tan solo la
que se desarrolla a pie, sino que, para una correcta valoración y
planteamiento de medidas de promoción, debemos fijarnos en la que sin
duda es hoy mayoritaria. Desde el punto de vista de la sanidad ganadera,
atendiendo a las competencias de la Administración General del Estado y
en el marco de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, se
consideran trashumantes los ganados que realizan desplazamientos tanto
entre distintas Comunidades Autónomas, como los internos dentro del
ámbito de la misma Comunidad Autónoma. El Real Decreto 728/2007, de 13 de
julio, establece y regula el Registro General de Movimientos de Ganado;
para poder garantizar la trazabilidad del ganado vivo, se ha desarrollado
el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) que consiste en una
base de datos heterogénea y distribuida que comunica los registros
existentes en las diferentes Comunidades Autónomas con un registro
centralizado. Uno de sus módulos principales, REMO (Registro de
movimientos de las especies de interés ganadero), recoge información
relativa a los movimientos de las diferentes especies y señala su
carácter trashumante.
Los datos en el SITRAN se presentan diferenciados entre vacuno, y pequeños
rumiantes y, por otro lado, separa los movimientos de trashumancia (entre
CCAA) y transtermitancia (dentro de la misma CCAA). El periodo de
referencia abarca desde el 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente
puesto que recoge los movimientos de inicio y finalización de
trashumancia a los pastizales de verano y a las zonas de invernada.
Tomando como base los datos de 2015, comprobamos como en bovinos se
registraron 18.982 desplazamientos internos dentro de la misma CCAA, con
355.320 animales implicados, de los cuales, el 42,16 % de los mismos se
realizaron "a pie" y el resto, en general en camión, además de 1.870
movimientos entre CCAA con 43.450 animales implicados. En ganados ovinos
y caprinos, se contabilizaron 1.911 desplazamientos, con 230.000 cabezas
de ganado en movimientos de transtermitancia más otros 200 movimientos,
con 23.340 animales implicados en desplazamientos entre CCAA. Estos datos
traducidos a número de explotaciones nos reflejan la existencia de 930
titulares de explotaciones de ovino y caprino y 3.203 titulares de
explotaciones de bovino los que practican la trashumancia y la
transtermitancia. Sin embargo, resulta difícil hacerlo con precisión,
debido a que la encuesta del Censo Agrario y del Registro Ganadero no
permiten elaborar un censo de ganaderos y ganaderas trashumantes que
permita conocer con relativo grado de detalle cuestiones sociales
importantes como el número de familias que realizan la actividad, la
estructura de edad de los ganaderos, el papel real de las mujeres, el
relevo generacional, etc.
Sin embargo, tan importante para la supervivencia de la actividad
trashumante son los condicionantes económicos como los sociales. Una
singularidad social de la trashumancia es la doble residencia de los
ganaderos que la practican en función del desplazamiento estacional del
ganado. La doble residencia, en dos lugares frecuentemente muy distantes
y durante unos periodos relativamente prolongados, plantea una serie de
dificultades para la familia trashumante que suponen un obstáculo más
para el mantenimiento de la actividad desde el punto de vista social.
Entre ellos se pueden destacar: la falta de reconocimiento de la "doble
residencia" entre Comunidades Autónomas, lo que genera dificultades de
empadronamiento, recepción de notificaciones oficiales, escolarización y
dificultades en el seguimiento de los estudios, acceso a servicios
sanitarios, percepción de subvenciones y becas. La relativa importancia
de la participación de mano de obra familiar explica por sí sola la
escasa presencia de trabajadores contratados. En aquellos casos en los
que sí se produce la contratación de pastores para la realización de la
actividad, se hace presente otro fenómeno socialmente relevante como es
el hecho de que una parte sustancial de los mismos sean inmigrantes. La
base familiar del empleo no soluciona tampoco otro de los obstáculos que
debe superar la trashumancia: la reducida presencia de jóvenes en la
actividad. Este hecho limita las posibilidades de relevo generacional y,
por tanto, su continuidad en el medio y largo plazo.
Una cuestión relevante a tener en cuenta es el papel de la mujer. Lo
cierto es que la experiencia muestra que la supervivencia de las
explotaciones trashumantes es más alta en aquellas en las que hay
participación de la mujer. El reconocimiento del trabajo realizado, tanto
desde el punto de vista de la titularidad de la explotación, como de la
remuneración económica por las horas de trabajo, es fundamental.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear, previa consulta con las Comunidades Autónomas y entidades
representativas del sector, de la Mesa Sectorial de la Trashumancia para
la mejora de la comunicación y la coordinación entre administraciones y
agentes implicados.
2. Crear un Registro de Ganaderos Trashumantes, integrado en el SITRAN
(Sistema Integral de Trazabilidad Ambiental) de la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos.
3. Describir y cartografiar las zonas de trashumancia actuales en origen y
destino. Se creará una base de datos georreferenciada, mediante el empleo
de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el que se reflejen las
áreas de pastoreo. Se asociará toda la información disponible de interés
para las explotaciones ganaderas que desarrollan la trashumancia, en
especial la relativa a la titularidad de los pastos, infraestructuras
ganaderas disponibles y servicios complementarios.
4. Revisar la normativa de sanidad animal aplicada a las condiciones de la
trashumancia relacionadas con la documentación sanitaria de
acompañamiento del movimiento de animales; ampliación del plazo de
comunicación de la fecha de llegada y el refrendo de las guías sanitarias
que acompañan los movimientos del ganado.
5. Trabajar con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para
analizar la viabilidad de una cobertura de riesgos específica para la
ganadería trashumante, que integre los distintos seguros destinados a
compensar daños al ganado en los desplazamientos relacionados con
agresiones por fauna silvestre, robos, accidentes, atropellos, pérdidas,
envenenamientos, retirada de cadáveres, etc.
6. Impulsar la aplicación del "Programa Nacional de Promoción de Vías
Pecuarias" que se concreta en la ejecución de proyectos de clasificación,
deslinde, amojonamiento y señalización de vías pecuarias que,
cofinanciados y ejecutados por las partes, son objeto de cooperación
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
7. Mejorar las infraestructuras de apoyo y asistencia a los ganaderos y
ganaderas trashumantes que se desplazan "a pie", incluyendo las
actuaciones dentro de las previstas en la Red Nacional de Vías Pecuarias,
contemplando de manera prioritaria el acondicionamiento de los
alojamientos disponibles en zonas de pasto de titularidad pública que
garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad: agua corriente,
instalación eléctrica mediante paneles solares, etc.
8. Impulsar el desarrollo y aplicación del instrumento de los contratos
territoriales de explotación recogidos en la Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, y regulados por Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre,
que consisten en un contrato entre las explotaciones agrarias y la
administración por la que las primeras reciben distintas compensaciones,
a cambio de cumplir ciertos compromisos, entre los que se incluye
incentivar la generación de externalidades positivas, lo que permite
considerarlos como un instrumento de pago por servicios ambientales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
161/002870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la subasta de leche,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
Se considera que el precio sostenible para la cadena de valor de la leche
no debería ser inferior a los costes de producción del mismo, a pesar de
ello el Ministerio de Agricultura acaba de adjudicar en subasta 40
millones de litros de leche a 46,9 céntimos el litro, claramente por
debajo de cualquier sostenibilidad teniendo en cuenta que los costes para
el ganadero rondan los 33 céntimos y que el coste de industrializar la
leche suma casi otros 30 céntimos más (Estudio de la cadena de valor y
formación de precios de la leche líquida envasada. Ministerio de
Agricultura).
El uso de la leche como producto reclamo o gancho por parte de la
distribución bajando los precios en los lineales, presiona los precios en
la industria y esta a los productores que son los que acaban cobrando
menos por la leche pues no tienen a quien repercutir.
El Ministerio de Agricultura dice que "la mejora del funcionamiento y la
sostenibilidad de la cadena alimentaria, junto con el logro de un mayor
equilibrio y equidad en las relaciones comerciales que realizan los
operadores que intervienen en dicha cadena, forman parte de los
principales retos que ha abordado el Gobierno en estos últimos años".
La realidad es que ese mayor equilibrio y equidad no se están
consiguiendo; a título de ejemplo en Galicia en 2016 se calcula que los
ganaderos perdieron más de 50 millones de euros, la diferencia entre los
28 céntimos que de media percibieron por cada litro de leche que
entregaron a la industria y los 30 que, se calcula, les costó producirlo;
mientras las cinco empresas más representativas que operan en Galicia
cerraron sus cuentas anuales con beneficios conjuntos superiores a los 40
millones de euros.
Durante el año 2017 quedó en evidencia el fracaso del acuerdo lácteo que
no consiguió que el elevado precio alcanzado por la mantequilla,
repercutiese en los productores, con lo que todas las ganancias de
un buen año para el sector lácteo europeo, con incrementos importantes de
precio en otros países, apenas se vieron reflejados en los productores
españoles y mucho menos en los gallegos.
Es evidente que las pérdidas se están concentrando en los productores, a
pesar de ello y de las intenciones declaradas por el Ministerio de
Agricultura, el propio Ministerio paga a 46,9 céntimos el litro de leche
destinada a ayuda alimentaria, con la evidente imposibilidad de que esta
leche fuera pagada a los ganaderos a un precio que cubriera los costes de
producción.
Parece conveniente para que el Ministerio pueda requerir que los distintos
agentes de la cadena alimentaria cumplan con su parte de responsabilidad
y sostenibilidad que la haga él mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a modificar las normas de
adjudicación en subasta de productos, para que además del precio más bajo
tengan en cuenta algún tipo de cláusula que recoja los costes mínimos de
producción determinados con los datos que tiene el propio Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Margarita
Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, sobre el traspaso de la cuota de jurel y el
mantenimiento de la actividad del cerco en Galicia, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los pescadores del cerco gallego se enfrentan a un año muy difícil.
La caballa pasa de 11 millones de kilos a 8,5, un 23 %, el jurel de la
zona VIIIc baja de 9 millones a 7,6, un 16 % menos y en la zona IXa pasa
de 9,4 millones a 7,5, un 20 % menos.
En Galicia hay más de 140 barcos que tienen en la caballa y jurel los
principales recursos para sobrevivir, y tendrán que arreglarse con cinco
millones de kilos menos.
Los cerqueros gallegos necesitan que al menos se hagan intercambios de
cuota que les permitan continuar con su actividad.
Los pescadores esperan que el Ministerio incorpore a las cuotas de 2018
las no consumidas en 2017 y solicitan que se traspase jurel de las zonas
VIlld y VIllb (más al norte).
El reparto de cuotas hecho por la UE está aprobado de forma inicial y el
sector pesquero gallego espera que antes de que sea definitivo se
introduzca alguna modificación que haga posible la supervivencia del
cerco gallego.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno a que realice las
gestiones necesarias para que se traspase cuota de jurel de las zonas
VIlld y VIIlb a la zona VIIIc y busque alternativas para poder mantener
la actividad del cerco en Galicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Margarita
Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a negociar con la
UE para proteger el sector pesquero español, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Bruselas se prepara para hacer frente al Gobierno del Reino Unido en lo
que se refiere a renegociar las cuotas de pesca en aguas británicas
durante el período de transición de dos años tras el Brexit.
Las autoridades de la Unión Europea (UE) quieren que el Reino Unido siga
respetando hasta 2021 la política pesquera común (PPC), según la cual los
otros miembros del bloque europeo pueden acceder a las aguas situadas
entre 12 y 200 millas náuticas de la costa británica.
Sin embargo el año pasado, el secretario de Medio Ambiente británico
anunció que Gran Bretaña pretendía hacerse con el control de sus aguas
después del Brexit y abandonar a la PPC, un mensaje que fue reiterado
después por la Primera Ministra. Reino Unido pretende recuperar el
control de sus mares y la excusa perfecta es el Brexit.
En este marco, España puede perder su flota en aguas británicas, en lo que
se refiere al caladero Gran Sol, al oeste de las islas británicas faenan
un total de 80 barcos españoles.
Estaríamos hablando de que la flota española puede perder 9.000 toneladas
anuales de pescado, una cantidad valorada en unos 27 millones de euros y
compuesta principalmente por merluza, gallo y rape.
En lo que se refiere a las Malvinas, el Comité Científico, Técnico y
Económico de Pesca de la Comisión Europea estima en su último informe que
la flota española que faena en Malvinas se enfrenta a perder la mitad de
sus ingresos a consecuencia del el Brexit. Las capturas de calamar de la
flota gallega en las islas situadas en el Atlántico generan una
facturación de 200 millones de euros anuales.
El Comité de Pesca indica que "casi el 50 %" del valor económico de los
desembarques de la flota de las islas Malvinas podría verse afectado.
Pese a que no hay cifras de lo que generan los 40 barcos gallegos que
forman la flota, un puerto como el de Vigo recibe directamente de allí
alrededor de 100.000 toneladas anuales.
Fuentes comunitarias reconocen, que desgraciadamente la pesca es uno de
los pocos sectores donde la ventaja la tienen los británicos.
Pero la pesca tiene que ser un elemento fundamental en las negociaciones
de la salida y los intereses de la pesca de nuestro país en general, y
particularmente la gallega, deben ser prioritarios dentro de las nuevas
relaciones con el Reino Unido.
A pesar de que los principales afectados serán países como Holanda,
Alemania o Francia, las Comunidades Autónomas españolas se han unido para
exigir a la UE que busque alternativas negociadoras con urgencia para
evitar la pérdida de posibilidades de pesca y puestos de trabajo como
consecuencia del divorcio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Negociar con la UE para proteger el sector pesquero español y conseguir
que los efectos del Brexit sean los menores en lo que a barcos, empleo y
capturas se refiere.
2. Plantear compensaciones económicas al sector pesquero de nuestro país
afectado por el Brexit en caso de reducción de las cuotas de pesca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley en relación con el almacenamiento de residuos
radiactivos del Cabril (Córdoba), para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las declaraciones del presidente de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos (ENRESA) y de la directora del Centro de Almacenamiento de
Residuos Radiactivos de media y baja actividad que la empresa tiene en la
Sierra Albarrana, en el municipio cordobés de Hornachuelos, anunciando el
inicio de los trámites para conseguir los permisos que permitan duplicar
la capacidad de almacenamiento de El Cabril, han provocado el rechazo de
la mayoría de los ciudadanos y del gobierno de la Junta de Andalucía.
Dichas declaraciones ponen de manifiesto la posibilidad que el Gobierno de
la Nación decida ampliar la capacidad de almacenamiento y de emisión de
radiactividad del cementerio nuclear de El Cabril en contra de las
decisiones que el Parlamento de Andalucía ha adoptado en diversas
ocasiones, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas
representadas en el mismo.
El origen de El Cabril se remonta a la utilización, desde el año 1961, de
una antigua mina de uranio para depositar residuos contaminados de
radiactividad procedentes de las primeras investigaciones que con este
tipo de material se empezaban a realizar en nuestro país.
La publicación de la noticia de su existencia, en el año 1976, provocó un
gran impacto en la ciudadanía y generó un movimiento de rechazo y
oposición a su propia existencia y a las condiciones en las que se
llevaba a cabo el tratamiento y almacenamiento de los residuos.
Desde aquellos momentos y hasta el día de la fecha han sido muchos los
debates y diversas y variadas las decisiones adoptadas por el Parlamento
Andaluz y por distintas Administraciones Públicas, en relación con la
regularización y legalización de las instalaciones existentes en el
momento de su descubrimiento, con el carácter eventual o permanente de
las mismas, con el tipo y la capacidad de misión de los elementos
radiactivos que se podían almacenar, con la capacidad máxima de
almacenamiento y con su clausura y cierre definitivo.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía aprobó el día
seis de junio del año dos mil seis, por unanimidad de los grupos
políticos con representación parlamentaria en aquel momento, PA,
IU-LV-CA, PP-A y PSOE-A, una Proposición no de Ley en la que se instaba
al Consejo de Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, se
opusiera a nuevas ampliaciones del centro de almacenamiento de residuos
de baja y media actividad de El Cabril y a que rechazara cualquier
pretensión por parte de ENRESA de construir en Andalucía instalaciones
para el almacenamiento de residuos de alta actividad.
La capacidad de almacenamiento de residuos de El Cabril está regulada por
la Orden de la Dirección General de política Energética y Minas de 21 de
octubre de 2001 que establece que la autorización que se otorga tendrá
validez hasta que se complete el volumen disponible para el
almacenamiento en las celdas existentes.
La Orden establece que si se completa su capacidad, el titular deberá
justificar la seguridad nuclear de la instalación y la protección
radiológica del personal a que deban ajustarse las operaciones a realizar
en la instalación desde el cese de la explotación hasta la concesión de
la autorización de desmantelamiento y clausura.
La capacidad de almacenamiento autorizada para el cementerio nuclear de El
Cabril es de 28 celdas, ya construidas, numeradas de la 1 a la 28, con
una capacidad volumétrica de 100.000 metros cúbicos para residuos de
media y baja actividad, y de cuatro celdas, numeradas como 29, 30, 31 y
32, con una capacidad volumétrica de 130.000 metros cúbicos, de las
cuales solo está construida la 29, para residuos de muy baja actividad.
La actividad total de los radionucleidos contenidos en los residuos que se
almacenen en las celdas de la instalación no debe sobrepasar, al final
del periodo de operación de la instalación, el inventario de
referencia contenido en dicha orden, Es decir, se establece una capacidad
de almacenamiento máxima a nivel volumétrico y una capacidad de emisión
máxima a nivel radiactivo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha pagado con creces su cuota de
solidaridad en esta materia, garantizando, durante más de treinta años y
por un periodo de trescientos años, el tratamiento y almacenamiento
seguro de los residuos de media y baja actividad que se producen en el
conjunto del Estado.
La mayoría de los residuos que se almacenan en El Cabril proceden del
desmantelamiento de las centrales nucleares y en menor medida de
investigaciones científicas diversas y de tratamientos médicos.
Parece por tanto razonable que el Consejo de Seguridad Nuclear y el
Gobierno de la Nación, a la hora de planificar y definir el tratamiento
futuro de este tipo de residuos, entiendan que Andalucía ha contribuido
ya, de manera solidaria, con el resto del estado en esta materia y se
opongan a la ampliación de El Cabril, garantizando su clausura y sellado
una vez se complete la capacidad legalmente autorizada y los efectos de
la orden que la regula.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. La clausura y sellado del centro de almacenamiento de residuos de media
y baja actividad de El Cabril, una vez se complete la capacidad de
almacenamiento autorizada en estos momentos, tanto a nivel volumétrico
como de emisión radiactiva, renunciando a cualquier otra ampliación del
Centro.
2. En el marco del Plan General de Residuos Radiactivos, actualmente en
elaboración, definir nuevos emplazamientos para dar respuesta al
previsible futuro aumento de residuos radiactivos de media y baja
actividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Antonio
Hurtado Zurera, María Jesús Serrano Jiménez, Antonio Pradas Torres,
Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Gutiérrez Limones y Amalia Rodríguez
Hernández, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la inclusión de la información del
sistema sanitario catalán en la Historia Clínica Digital del Sistema
Nacional de Salud (HCDSNS), para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)
pretende garantizar a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios el
acceso a la información clínica relevante para la atención sanitaria
desde cualquier lugar del Sistema Nacional de Salud, asegurando a los
ciudadanos el acceso a los servicios, asegurando que el acceso a esos
datos sea limitado y restringido en base a este objetivo.
La Historia Clínica está claramente orientada a satisfacer las necesidades
de los ciudadanos en sus desplazamientos por el territorio nacional y de
los profesionales de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que tienen
responsabilidades sobre su atención. A fecha de noviembre de 2017, la
única Comunidad Autónoma que no ha facilitado el acceso a este tipo de
datos es Cataluña.
La Historia Clínica Resumida (HCR) es un documento de especial interés
para los profesionales y pacientes al recoger los principales datos
clínicos a partir de múltiples fuentes de información primaria. La
disponibilidad de estos datos tiene un importante impacto positivo en la
continuidad y seguridad de la asistencia sanitaria de los ciudadanos que
viajen por cualquier territorio de España.
Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ostenta la
responsabilidad de la Consejería de Sanidad de Cataluña, queremos conocer
qué ha hecho el Gobierno en esta materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a que lleve a cabo las medidas necesarias para que en
el plazo máximo de tres meses la información del servicio sanitario
catalán sea compatible con la Historia Clínica Digital del Sistema
Nacional de Salud (HCDSNS)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Francisco
Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
promover los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo en
contextos de migración, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Hoy en día, el mundo está viviendo la mayor crisis humanitaria registrada
hasta la fecha, con un número sin precedentes de personas migrantes,
refugiadas y desplazadas dentro de su propio país. Actualmente, existen
65,6 millones de personas desplazadas forzadamente. De ellas: 22,5
millones refugiados, 40,3 millones desplazados internos y 2,8 millones
solicitantes de asilo (datos de oficiales de ACNUR a 31 de diciembre de
2016). De las cuales, la mitad son mujeres y niñas, especialmente
vulnerables durante el desplazamiento, siendo el tiempo medio de estancia
de la población refugiada en un país extranjero de 20 años.
Aunque se ha avanzado mucho en esta materia, tanto a nivel interno como en
el ámbito internacional, es necesario seguir reforzando la aplicación de
un enfoque basado en los derechos humanos y con perspectiva de género a
la gobernanza de la migración, que respete la dignidad de todas las
personas migrantes durante todas las etapas de la migración y proteja sus
derechos de acuerdo con la legislación internacional, incluidos los
principios de igualdad y no discriminación.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada en 2015, reconoce la
"contribución positiva de las personas migrantes al crecimiento
inclusivo" a la vez que observa la "realidad multidimensional" de la
migración internacional y pide que se facilite "la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
también mediante la aplicación de políticas de migración planificadas y
bien gestionadas" (objetivo 10.7), e incluye en el Objetivo 5.c el
compromiso de aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles.
Estas consideraciones, vienen definidas también en las siguientes Agendas
Internacionales, entre otras:
- "Agenda de Acción de Addis Abeba": donde se reitera la necesidad de
incorporar la perspectiva de género, en particular a través de medidas e
inversiones con fines específicos en la formulación y aplicación de todas
las políticas financieras económicas, ambientales y sociales. La Agenda
de Acción de
Addis Abeba incluye también el compromiso de adoptar políticas racionales,
legislación aplicable y medidas transformativas y de fortalecer las
existentes, con miras a promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, asegurar
su igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y
liderazgo en la economía y eliminar la violencia por razón de género y la
discriminación en todas sus formas.
- "Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional
y el Desarrollo" (aprobada en octubre de 2013): en la que se reconoce que
las mujeres y las niñas representan casi la mitad de las personas
migrantes internacionales en todo el mundo y que es necesario abordar la
situación especial y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas
migrantes mediante, entre otras medidas, la incorporación de una
perspectiva de género en las políticas y el fortalecimiento de las leyes,
las instituciones y los programas nacionales para combatir la violencia
de género, incluidas la trata de personas y la discriminación contra las
mujeres y las niñas.
- "Acuerdo de París": que reconoce la importancia de incorporar la
perspectiva de género en las medidas de adaptación y subraya que la
acción ha de respetar promover, proteger y satisfacer los derechos de las
personas migrantes, la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
- "Marco de Sendái": que hace hincapié en las dimensiones de género
relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, incluida la
función que las mujeres pueden desempeñar en ese ámbito y la importancia
de su empoderamiento de cara a la preparación y el desarrollo de
capacidades para crear medios de vida alternativos después de los
desastres que pueden acarrear el desplazamiento provisional o permanente
de personas y comunidades.
- "Declaración de Durban": que insta expresamente a los Estados a que
presten atención especial a las cuestiones de género, en especial a la
discriminación sexual y en particular cuando los múltiples obstáculos con
que tropiezan las mujeres migrantes se combinan y señala que es preciso
realizar investigaciones exhaustivas, no solo sobre las violaciones
perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes, sino
también sobre la contribución que esas mujeres hacen a las economías de
sus países de origen y de sus países de acogida.
- "Declaración Parlamentaria de Roma aprobada en la Conferencia
Internacional de Parlamentarias/os G7/G20 de 2017 (que el Pleno del
Senado hizo suya el 28 de junio de 2017)": que anticipan los desafíos de
"un mundo en movimiento", poniendo en valor la migración e igualdad de
género, relativa a la libertad de acción y decisión de las mujeres,
desarrollo sostenible y empoderamiento de las mujeres y niñas, para que
puedan decidir y disfrutar una vida sana y productiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando
aquellas medidas dirigidas a:
1. Desarrollar una política de migración con perspectiva de género y
basada en los derechos humanos, promoviendo esta en todas las etapas
migratorias, incluidas las de emergencia humanitaria.
2. Prevenir y combatir la trata y la explotación de las mujeres y las
niñas, de conformidad con las leyes, normas y principios internacionales
sobre derechos humanos y con acciones conjuntas entre Estados y otros
agentes no estatales (incluidas las organizaciones de mujeres migrantes),
que hagan hincapié en compartir e intercambiar información y buenas
prácticas.
3. Garantizar el acceso de las mujeres migrantes a servicios sanitarios de
calidad basados en los derechos humanos con perspectiva de género, en
especial en lo que respecta a la atención de salud sexual y reproductiva.
4. Promover acceso al trabajo decente y protección social de las mujeres
migrantes, reduciendo así el círculo de pobreza, y favoreciendo que las
mujeres disfruten de una mejor situación económica y sus hijos reciban
mejor educación, gracias a lo cual se inicia un ciclo de prosperidad que
se extiende hasta generaciones futuras y, por extensión, produce
dividendos demográficos y aumenta la prosperidad global."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a la aprobación
del V Plan Director para la Cooperación Internacional española
(2018-2021).
Exposición de motivos
El Plan Director de la Cooperación Española, de carácter cuatrienal, es el
elemento básico de planificación en el que se establecen los objetivos y
prioridades sectoriales y geográficas de nuestra política de cooperación,
así como los criterios de intervención a observar en la ejecución de
nuestra política de desarrollo. El Plan Director también define tos
procesos de planificación, seguimiento y evaluación necesarios para una
gestión consistente, coherente y sostenida de la Cooperación Española
dentro del marco jurídico determinado por a Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación internacional.
En este primer trimestre de 2018, tras un proceso de reflexión por los
diferentes agentes, su paso por el Congreso de los Diputados y el Senado
para la adición de enmiendas, será aprobado por el ejecutivo y regirá la
política de cooperación española entre 2018 y 2021.
La elaboración de este V Plan Director de a Cooperación Española supone
una buena oportunidad para que España tenga un papel fundamental de
liderazgo en el exterior, acorde con su peso a nivel internacional y a
una sociedad que, en su aplastante mayoría, apoya esta política. El V Pan
Director debe ser ambicioso, coherente, eficaz y realista, a la par que
una herramienta clave para que España ocupe el rol que le corresponde en
el mundo. Para ello tendrá que estar alineado con los nuevos paradigmas
internacionales del desarrollo como son la Agenda 2030, a Agenda de
Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Estamos, por tanto, ante una oportunidad extraordinaria de diseñar una
política de cooperación española con perspectiva a largo plazo, que
supere a dinámica de diseño limitada a cuatro años de los anteriores
Planes Directores, para ganar, así, en eficacia y visión estratégica.
Hacer frente a las desigualdades, incluida la de género, a injusticia y a
pobreza, que son multidimensionales, solo es posible abordando
simultáneamente los factores sociales, económicos y ambientales. En este
sentido, debe centrarse en los Países de Renta Baja sin olvidar que la
gran mayoría de las personas bajo el umbral de la pobreza vive en países
de renta media. Por ello, a coherencia de políticas para el desarrollo es
el elemento fundamental para una estrategia de cooperación bajo el nuevo
paradigma de desarrollo inclusivo y sostenible, al que todos los Estados
se comprometieron al firmar estos compromisos. Este Plan tendrá que
inspirarse en los principios rectores definidos en la Ley 23/1998, de 7
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este
sentido, el nuevo Plan Director tendrá que armonizarse con el Tratado de
la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que
suponen el marco jurídico en que se desarrollan las distintas políticas y
acciones de a Unión, incluyendo la de cooperación al desarrollo.
El nuevo Plan Director debe garantizar que la ayuda al desarrollo no esté
condicionada a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones
de migración y debe rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a
controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de
readmisión. Por el contrario, el nuevo Plan Director debe, en línea con
la Agenda de Desarrollo 2030, fortalecer los aspectos positivos de la
migración y hacer frente a las causas raíz de la migración forzosa, como
son la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios básicos y las
violaciones de derechos humanos.
En consecuencia, el nuevo Plan Director tendrá en cuenta los Principios
Internacionales para la Eficacia del Desarrollo, tomando como ejes
básicos sus cinco principios (apropiación de la implementación de la
ayuda por parte de los países receptores, alineación con las estrategias
de desarrollo de los países receptores, armonización del acciones entre
donantes, enfoque basado en resultados y rendición mutua y democrática de
cuentas). Solo podremos asegurar la consecución de estos objetivos si nos
dotamos de una arquitectura institucional marcada por la coherencia,
entendiéndola como la articulación entre los procesos y la organización
buscando en su interacción e interdependencia, cumplir con los objetivos
estratégicos definidos en los Planes de Desarrollo Integral. Una
arquitectura institucional que cohesione, en aras de una mayor eficacia,
a los distintos actores de la cooperación y haga frente a los retos que
supone su fragmentación, solapamiento y descoordinación. Esta, además,
debe consagrar el principio de coherencia de políticas para el desarrollo
a través de un mecanismo encargado del cumplimiento y evaluación de dicha
coherencia tanto en las políticas nacionales como en las destinadas al
exterior que deberá situarse en el más alto nivel de la Administración y
contar con recursos y capacidades suficientes para su acción efectiva.
Una cuestión prioritaria y elemental en el Plan debe ser a financiación.
Si este V Plan Director pretende ser ambicioso, realista, coherente y
eficaz debe dotarse necesariamente de un marco presupuestario adecuado
que avale que la AOD debería seguir siendo la columna vertebral de la
política de cooperación al desarrollo. Partiendo de esta base el pan
tendrá que establecer una hoja de ruta ambiciosa, pero realista, que
acerque nuestros niveles de AOD a los de nuestro entorno (media UE-15
0,51 % AOD/RNB). Es imprescindible, como mínimo, alcanzar el 0,4 % en
2020 y el histórico 0,7 % en 2030. Diferenciando de la AOD la
movilización de recursos para combatir el cambio climático.
El V Pan Director tendrá que abordar inevitablemente, como fuente de
financiación pública adicional para el desarrollo sostenible y la
cooperación reforzada, asuntos de política fiscal internacional. En
octubre de 2012, la Comisión propuso una Decisión encaminada a permitir
una cooperación reforzada en relación a un impuesto sobre las
transacciones financieras que fue respaldada por el Paramento Europeo en
diciembre de ese mismo año y aprobada por los ministros de hacienda de
los Estados miembros en la reunión del EcoFin celebrada en enero de 2013.
Debemos asegurar, del mismo modo, la coherencia entre los objetivos de la
política de cooperación para el desarrollo y nuestra política fiscal
internacional reflejada en convenios de doble imposición con terceros
países que, en ocasiones, minan la capacidad de estos últimos de
movilizar recursos domésticos para el desarrollo. En esta Línea, el V
Plan Director debe subrayar el compromiso de España en la lucha contra el
fraude fiscal.
En cuanto a los instrumentos, el V Plan Director tendrá que instar a una
mayor coordinación, coherencia y armonización entre los distintos
programas y actores de la cooperación e intensificar los esfuerzos hacia
la programación conjunta con otros donantes, sobre todo en la UE, para
hacer frente a la fragmentación de la ayuda. Los instrumentos de la
cooperación deben de atender siempre a los principios de eficacia para el
desarrollo y a las ventajas comparativas propias de las características y
particularidades de España. La conveniencia o no de utilizarlos dependerá
del fin que se pretenda alcanzar, del contexto general del entorno en el
que se interviene, de las capacidades existentes o del cumplimiento de
determinadas condiciones previas, necesarias para un uso eficaz y
eficiente de cada uno.
Es importante definir el papel del sector privado, lo que supone asegurar
que los mecanismos de cooperación reembolsable y los partenariados
público-privados siguen los principios de eficacia del desarrollo,
basados en criterios de transparencia, demostrando de manera cara su
impacto positivo para la consecución de los objetivos de la política de
cooperación para el desarrollo, sin suponer un coste de oportunidad para
otros instrumentos probados más eficaces, ni erosionar el acceso
universal a servicios públicos esenciales de calidad. Las empresas
implicadas en asociaciones para el desarrollo deberían certificar su
respeto a los principios de responsabilidad social corporativa (RSE)
enmarcados en los principios rectores de la ONU, las directrices de la
OCDE en todas sus operaciones y promover prácticas comerciales éticas y
sostenibles.
España debe seguir la recomendación del CAD de la OCDE y alcanzar una
ratio de donación promedio de su AOD del 86 %. La cooperación
reembolsable y los créditos concesiones deben, a su vez, atender a
criterios de transparencia, eficacia para el desarrollo, asegurando que
no supongan un reto a la sostenibilidad de as deudas de los países
receptores.
El Plan debe establecer como eje transversal la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en toda a política y acción de la cooperación,
reconociendo a la mujer como agente del desarrollo y adoptando para ello
principios y metodologías presupuestarias de género, para abordar las
diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres.
Para concluir, si desde España deseamos un Plan Director coherente,
transparente, eficaz y sostenible, solo será posible si su implementación
va acompañada de un sistema de evaluación y monitoreo exhaustivo. El V
Plan Director debería contener un marco de seguimiento y evaluación que
cuente con indicadores y metas -también desagregadas por sexo- que
permitan el monitoreo y la evaluación de las distintas acciones y que
puedan orientar e informar sobre los avances conseguidos y los desafíos
existentes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el V Plan Director:
1. Se alinee con los compromisos internacionales en materia de cooperación
al desarrollo como son la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba
y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Que se mantenga el
equilibrio necesario entre los objetivos específicos de la cooperación
española y los de las Agendas estableciendo una hoja de ruta que plantee
objetivos dentro de un marco global más amplio, complejo, interconectado
y a largo plazo como es la Agenda 2030.
2. Enmarque sus principios rectores en base a la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las
disposiciones en materia del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea.
3. Se alinee con los Principios internacionales de Eficacia para el
desarrollo.
4. Incluya la reforma completa, e integral, del sistema de cooperación al
desarrollo que debe incluir la redacción de una nueva Ley de cooperación
que contemple los nuevos retos que se señalan en la Agenda 2030.
5. Fortalezca una arquitectura institucional que asegure el principio de
coherencia de políticas para el desarrollo en toda la acción del Estado
que afecta a países en desarrollo y que cohesione a los distintos actores
de la cooperación, de forma que supere la fragmentación, solapamiento y
la descoordinación.
6. Adapte sus prioridades sectoriales y geográficas de acuerdo a nuestras
especificidades, para fomentar el valor añadido de España y la eficacia
de nuestra acción en el campo global de la cooperación al desarrollo e
incremente la armonización entre nuestra acción y la de otros donantes.
7. Garantice que la ayuda al desarrollo no esté condicionada a la
cooperación de los países beneficiarios en cuestiones de migración y que
rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles
fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión.
8. Establezca la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como
eje transversal con presencia en toda la política y acción de la
cooperación.
9. Defina y garantice que la infancia, sus derechos y bienestar sean una
prioridad de la política de CE y oriente sus intervenciones valorando el
impacto que sus actuaciones tiene en la vida de los NNA y a situación de
riesgo en el que se encuentran.
10. Continúe cooperando con los Países de Renta Media, para así
incrementar a cohesión social y la reducción de desigualdades, incluyendo
la de género.
11. Establezca una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un 0,4 % AOD/RNB y
en 2030 un 0,7 %.
12. Apueste por el ITF como fuente de financiación pública adicional para
el desarrollo sostenible, asegure la coherencia entre los objetivos de la
política de cooperación para el desarrollo y nuestra política fiscal
internacional, incluyendo en los Convenios de Doble imposición con
terceros países y fortalezca el compromiso de España en la lucha contra
el fraude fiscal.
13. Defina el rol que debe jugar el sector privado en el desarrollo,
enmarcándolo en el respeto de los principios de transparencia, los
Principios Eficacia para el Desarrollo y principios de responsabilidad
social corporativa como los principios rectores de a ONU y las
directrices de la OCDE en todas sus operaciones, promoviendo prácticas
comerciales éticas y sostenibles.
14. Acuerde un marco estratégico para las ONG en el que reconozca los
diversos roles de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la
cuestión de la asignación de recursos.
15. Se adecúe a la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar una ratio
de donación promedio de su AOD del 86 % y que asegure que la cooperación
reembolsable y los créditos concesiones atiendan a criterios de
transparencia, eficacia para el desarrollo, sin suponer un reto a la
sostenibilidad de las deudas de los países receptores.
16. Otorgue mayor relevancia a la ayuda humanitaria y a la diplomacia
humanitaria e incluya el incremento en AOD para que se alcance la meta
del 10 % del presupuesto de AOD durante el VPD así como la adaptación de
los instrumentos y marcos normativos para hacer posibles compromisos como
la localización de la ayuda.
17. Establezca un marco de seguimiento y evaluación, con indicadores y
metas -desagregadas por sexo- que permitan el monitoreo y la evaluación
eficaz y sistemática de las distintas acciones en orden a posibilitar la
mejora continua de la Cooperación Española en el futuro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Noelia Vera
Ruíz-Herrera, Ana Belén Terrón Berbel, Pedro Arrojo Agudo, Ángela
Ballester Muñoz, Miguel Anxo Fernández Bello, Aina Vidal Sáez y Rita
Gertrudis Bosaho Gori, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura
161/002860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en valor del patrimonio
de Castrillo Mota de Judíos en Burgos, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
Castrillo Mota de Judíos es un municipio de la provincia de Burgos que 24
de mayo de 2014 sometió a consulta entre sus vecinos la posibilidad de
cambiar su nombre anterior, Castrillo Matajudíos, por el actual. El
cambio de nombre, que culminó legalmente el día 22 de junio de 2015,
forma parte de un proceso a través del cual el ayuntamiento burgalés está
tratando de recuperar su historia y la memoria del pueblo sefardí en
suelo español.
En pos de la recuperación de esta memoria y de la historia del pueblo, la
corporación municipal junto con asociaciones y administraciones públicas,
como la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos,
han invertido diversas cantidades en las excavaciones arqueológicas que
están permitiendo recuperar el antiguo asentamiento judío que llegó a
tener más de 500 habitantes durante el siglo XIV.
Estos esfuerzos en la parcela arqueológica, que ya han otorgado los
primeros resultados, se suman a la intención del consistorio de crear un
Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago.
Con el fin de crear el Centro de Interpretación el consistorio ha
adquirido un edificio histórico en la plaza Antonio de Cabezón, junto a
la Iglesia y a la Casa Consistorial. Este edificio necesita ser reformado
para así acoger un espacio multifuncional de uso comarcal que incluya
salas de exposiciones, espacios de trabajo y salas multiusos en los que
se pueda exponer la importancia del pueblo judío, una de las tres
culturas españolas, en relación con el Camino de Santiago.
El empeño del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos se está viendo
recompensado desde diversos ámbitos como los ya referidos de la Junta de
Castilla y León y la Diputación de Burgos, el Centro Sefarad-Israel
(dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores), la embajada de Israel
en España, los miembros de la cumbre Erensya, las comunidades judías
españolas e internacionales, las federaciones y confederaciones judías
españolas o el propio Rey Felipe VI que utilizó a Castrillo como ejemplo
de la lucha contra el antisemitismo.
Otras personalidades como Pierre Assouline o Luís Bassat han mostrado
también públicamente su apoyo al proyecto de recuperación de la memoria
sefardí y han visitado las excavaciones arqueológicas en curso en
Castrillo.
El proyecto de Castrillo Mota de Judíos se enmarca, a su vez, dentro de un
proyecto de inversión cultural como medio para luchar contra la
despoblación y generar empleo desde un ámbito cultural y turístico en una
zona con problemas a la hora de fijar población como es la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Tanto los judíos que ocuparon las tierras y
fueron parte de la historia de España hasta su expulsión en 1492, como el
Camino de Santiago, como la figura de Antonio de Cabezón, procedente de
una familia de origen presumiblemente sefardí, son importantes recursos
que Castrillo Mota de Judíos desea aprovechar desde el punto de vista
turístico, emocional, cultural y económico que sirvan para
regenerar la economía de una comarca empobrecida demográficamente que está
obteniendo, a pesar de su modesta economía, una importante repercusión en
medios de comunicación nacionales e internacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, junto al
Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos (Burgos) y la Junta de Castilla
y León, a poner en valor la historia del municipio de Castrillo Mota de
Judíos y su valor arqueológico a fin de potenciar el desarrollo rural y
la economía de la zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Félix Álvarez
Palleiro, Francisco Igea Arisqueta, Marta María Rivera de la Cruz y
Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
proposición no de ley sobre ilustradoras y autoras de cómic, tebeo y
novela gráfica, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La industria española del cómic publico, en 2016, 2.867 obras, de las que
tan solo 86 novedades estaban firmadas por mujeres, lo que supone el 3 %
del total y pone en evidencia el importante sesgo de género que domina el
sector 1. Así lo expresa Carla Berrocal, comisaria junto con Elisa Mc
Causland de la exposición Presentes: Autoras de tebeo de ayer y hoy: "De
forma estructural y en cualquier disciplina, siempre se reivindica el
trabajo que realizan los hombres y las mujeres solemos quedar relegadas a
un segundo plano. Las autoras de cómic, seguimos siendo totalmente
desconocidas por el gran público".
En el pasado Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que tuvo lugar
del 30 de marzo al 2 de abril de 2017, la poca presencia de mujeres
autoras levantó polémica en la entrega de sus galardones. Dicho salón
otorga diversos premios, en concreto el Gran Premio del Salón a la mejor
trayectoria, el premio a la Mejor Obra de Autor/Autora español, el premio
a la mejor Obra de Autor/Autora Extranjero publicado en España, el premio
al mejor Fanzine y el premio al Mejor Autor/Autora Español Revelación.
Entre los ganadores de los premios no figura ni una mujer, y entre los y
las 33 nominadas, tan solo dos fueron mujeres.
Es cierto que este sesgo de género en el mundo del cómic es algo
generalizado en el ámbito internacional, como se puso de relieve en la
edición de 2016 del evento europeo más importante del sector; el Festival
Internacional de Cómic de Angoûleme, donde una decena de autores pidieron
ser eliminados de las listas de nominados para denunciar la ausencia de
autoras en dichas listas. Sin embargo, España se encuentra en la cola del
sector en términos de género: en Europa, un 12,8 % de los autores de
cómic publicados son mujeres, lo que dista mucho del 3 % de obras
firmadas por mujeres en 2016.
Autoras de referencia como Carla Berrocal, afirman que parte de la
complejidad del problema en la falta de autoras radica en que se han
consumido menos cómics por no haberse visto representadas las mujeres en
los contenidos. Es importante por tanto que se creen referentes para las
lectoras y futuras autoras y para ello es fundamental que los catálogos
editoriales incluyan al menos un 50 % de autoras e ilustradoras, que
tengan más presencia en los salones, que se hagan exposiciones que
recuperen y pongan en valor nuestra historia olvidada de la ilustración,
cómic, tebeo y novela gráfica, que se considere un recurso más en
colegios e institutos; que se incentive su investigación y análisis desde
la perspectiva de género, y que desde las bibliotecas se lleven a cabo
iniciativas con el objetivo de visibilizar a las autoras e ilustradoras.
1 Estos datos no incluyen las obras de autoría colectiva.
Pero no se alcanzará la igualdad si no se combate la precaria realidad
profesional en la que se desenvuelven el cómic y la ilustración, y que,
como en otros sectores, se ceba especialmente con las mujeres. La
Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM) presentó el
pasado febrero, en el marco de la XIII Edición de los Encuentros con
Ilustradores Profesionales, una encuesta cuyo propósito era analizar el
estado económico y social de la profesión de ilustrador en España y,
abordaba específicamente la situación de las mujeres bajo el inequívoco
título "Ser mujer (dibujante) no es rentable": la media de ingresos
anuales de un ilustrador es de 16.323 euros, frente a los 9.473 euros de
media que en el mismo periodo percibe una ilustradora.
La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su
Capítulo II relativo a la acción administrativa por la igualdad, artículo
26 sobre la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e
intelectual, señala que: "Las autoridades públicas, en el ámbito de sus
competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente
a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la
misma".
Con el objetivo de cumplir esta ley, es urgente, implementar medidas que
permitan una visibilización de las autoras e ilustradoras y atacar
también el precariado estructural que afecta a las profesionales del
sector. El Colectivo de Autoras de Cómic advierte, sin embargo, del
riesgo de crear una etiqueta de "cómic femenino", ya que considera que no
engloba la heterogeneidad de las autoras ni su riqueza, y a menudo las
autoras son utilizadas como "legitimadoras" de ciertas estrategias
editoriales y de marketing en un contexto de mercado.
Proposición no de Ley
"Instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a:
1. La creación de un plan de visibilización de mujeres ilustradoras,
autoras de cómic, tebeo y novela gráfica y su correspondiente dotación
presupuestaria.
2. La creación de un plan de lucha contra la precariedad de las mujeres
profesionales del sector y su correspondiente dotación presupuestaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Sofía
Fernández Castañón y Mar García Puig, Diputadas.-Txema Guijarro García,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para reformar la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La accesibilidad para las personas con discapacidad a diferentes ámbitos
cotidianos es, a día de hoy, una asignatura pendiente. El Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social establecía el 4 de diciembre del año 2017 como
la fecha límite para exigir las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos
(acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones, acceso y utilización de medios de transporte, bienes y
servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las
administraciones pública,...) y su plena inclusión social.
Este plazo ha expirado sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya apostado
decididamente por las personas con discapacidad y su derecho a la
accesibilidad, plena inclusión social y no discriminación.
Sin embargo, la accesibilidad para personas con discapacidad no tiene que
ver solo con el ámbito público. La accesibilidad universal es una
obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y de obligado cumplimiento
para los países que la ratificaron, como es el caso de España.
En esta situación, sin una accesibilidad, entendida en el sentido de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente vigente en
nuestro país, el derecho a una vivienda digna para estas personas es una
utopía. La normativa nacional ha ido incorporando progresivamente
modificaciones a fin de mejorar las exigencias de las construcciones
públicas y privadas en cuanto a la accesibilidad universal. La Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal ha sufrido diferentes
modificaciones en las últimas décadas con el objetivo de mejorar la
accesibilidad para las personas con discapacidad. En el año 2003, se
produjo un avance normativo relevante en esta materia, al obligar la Ley
a las comunidades de propietarios a hacerse cargo, hasta un límite
determinado, de las obras y actuaciones de accesibilidad. Posteriormente,
en los años 2011 y 2013, esa misma Ley ha experimentado modificaciones
parciales en este aspecto de la accesibilidad, que siendo positivas,
siguen sin solventar la cuestión de fondo y es que el régimen legal de
propiedad horizontal no es equitativo ni garantiza plenamente el acceso y
el manteniendo en condiciones de dignidad y adecuación de las personas
con discapacidad y personas mayores a una vivienda. Parte de estas
limitaciones se debe a las restricciones presupuestarias que la norma
establece a la hora de acometer reformas relativas a la accesibilidad,
así como el límite de "carga desproporcionada" que establece la norma, la
cual debe ser un concepto a evaluar dadas las limitaciones que ha
supuesto para este objetivo.
Es por eso, que cinco años después de la última modificación de esta
norma, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es
esencial que las administraciones públicas, especialmente el Gobierno, se
comprometan con la accesibilidad de las personas con discapacidad,
especialmente en lo relativo a un bien tan importante como es la
vivienda, a fin de que este colectivo pueda tener una vida plena e
independiente en la mayor medida posible y su completa inclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar las limitaciones de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal en cuanto a la accesibilidad real de personas con
discapacidad a viviendas, y elaborar un informe al respecto que será
enviado a Las Cortes Generales, todo ello en el plazo máximo de un año.
2. Llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal para conseguir una mejora de la
accesibilidad de las personas con discapacidad en las viviendas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Diego Clemente
Giménez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, relativa al desarrollo de un Plan Estatal de
Inclusión Educativa.
La Inclusión Escolar implica una serie de medidas llevadas a cabo por el
Sistema Educativo de modo que se garanticen los recursos necesarios sean
del tipo que sean (humanos y materiales) para que toda niña o niño
consiga igualdad de oportunidades y pleno desarrollo integral al margen
de sus características físicas, intelectuales, motrices, económicas, de
género, sexo, etnia, religión, cultura, etc.
La Educación es un derecho fundamental y queda explícitamente señalado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos:
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos,
y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz."
Así como en el artículo número 29 punto 1 de la Convención de los Derechos
del niño, niña y Adolescente dice:
"Los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes, y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades."
Además organizaciones de ámbito internacional como Save the Children
apuestan "por un modelo educativo en el que todos los niños y las niñas
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales,
sociales o culturales y en el que los niños con más riesgo de exclusión
pueden optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo que
el resto de los niños".
Para la UNESCO, por su parte, la educación inclusiva es la mejor solución
para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos sus
alumnos.
En el informe de UNICEF publicado el pasado mes de mayo sobre "Los
factores de la Exclusión Educativa en España" esta organización
manifiesta "defendemos una educación que no excluya a nadie, una
educación que sea capaz de ofrecer a todos y cada uno de los niños, niñas
y jóvenes las máximas oportunidades para desarrollarse en todos los
ámbitos de la sociedad, sean cuales sean sus características y
particularidades" y comienzan dicho informe destacando que "el sistema
educativo español sigue estando marcado por importantes procesos de
fragmentación, segmentación y desigualdad que lejos de garantizar la
movilidad social de individuos y familias contribuye a reproducir las
condiciones sociales de origen y limitan severamente el derecho a una
educación equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes
(Tarabini y Bonal, 2016)".
Y Plena Inclusión expresa claramente que la Educación o es Inclusiva a no
es educación, que una Educación Inclusiva no lo es sin los apoyos y la
calidad requeridos por cada alumna y su familia y que una educación es
inclusiva cuando construye entornos y comunidades inclusivas.
A pesar de todo esto la realidad actual de nuestros Centros Educativos es
que nos encontramos con reducción de profesionales, aumento de ratios y
recortes en recursos fundamentales que garanticen la equidad para la
totalidad del alumnado. Estamos por lo tanto lejos de avanzar hacia un
sistema inclusivo, tal y como dictan expertos como Gerardo Echeita u
organizaciones como CERMI en sus respectivas comparecencias en la
Subcomisión destinada a elaborar un Pacto de Estado Social y Político por
la Educación.
El Gobierno está eliminando programas de Educación Especial y está
invirtiendo cada vez menos en Educación Compensatoria y en formación
permanente de profesionales como consta en los Presupuestos Generales del
Estado aprobados en 2017.
Consideramos por tanto que se está impidiendo un derecho fundamental para
el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por un lado excluyendo
a los niños y niñas que configuran diferentes formas de diversidad, y por
otro privando a la totalidad del alumnado de convivir y aprender de forma
satisfactoria en un entorno plenamente inclusivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y desarrollar
un Plan Estatal de Inclusión Educativa con medidas concretas, efectivas,
calendarizadas, con presupuesto específico y siguiendo un proceso
participativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2018.-Rosa Ana
Alonso Clusa, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/000728
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Urquizu Sancho
Texto:
El 5 de diciembre pasado se produjo un tiroteo en el término municipal de
Albalate del Arzobispo, Teruel, resultando heridas dos personas.
El 14 de diciembre esta misma persona asesinó a dos guardias civiles y a
un agricultor en un lugar próximo al tiroteo anterior.
¿Qué dispositivo y qué medidas se utilizaron entre el 5 y el 14 de
diciembre desde el Ministerio del Interior, con el fin de encontrar al
autor de los disparos y del posterior asesinato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Ignacio
Urquizu Sancho, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Celso Luis Delgado Arce
Texto:
¿En qué estado se encuentran las obras de construcción del cambiador de
anchos en Pedralba de la Pradería, dentro de la Línea de Alta Velocidad
(LAV) Madrid-Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Celso Luis
Delgado Arce, Diputado.
181/000727
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Carmen Valido Pérez
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda
Texto:
¿Cuáles son los protocolos de actuación respecto a la seguridad aérea y al
control, tratamiento, seguridad y alimentación en condiciones dignas de
animales que transitan los aeropuertos estatales ya sean porque viajan
acompañados, son abandonados o habitan en las instalaciones de AENA SME,
SA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.-Carmen Valido
Pérez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000729
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Qué medidas van a tomarse para revertir el enorme deterioro del río Tajo
y garantizar un caudal suficiente y limpio, en particular, a su paso por
la ciudad de Toledo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Eva García Sempere
Texto:
¿Qué actuaciones van a llevarse a cabo para retirar y gestionar los
depósitos de fibrocemento que contienen amianto en el cauce y en las
laderas del arroyo Ramabujas (Toledo) para evitar graves consecuencias en
la salud y el medio ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Eva García
Sempere, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/026895
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre desarrollo del autoconsumo renovable en
España.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado
autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta
escrita.
El pasado miércoles día diecisiete de enero, el Parlamento Europeo votó en
el marco de la propuesta de la comisión parlamentaria para potenciar las
energías renovables, a favor del reconocimiento del autoconsumo de
energías renovables como un derecho de la ciudadanía. El pleno de la
institución refrendó de forma mayoritaria los cambios propuestos por la
comisión parlamentaria, según los cuales no deberán existir la imposición
de tasas, impuestos o trabas administrativas para los productores de
electricidad.
El mandato hacia los Estados miembros es claro y conciso, eliminar las
barreras y promover el autoconsumo renovable, fomentando un impulso que
de forma específica aumente el número de hogares que se unan a
comunidades productoras de renovables. Se debería autorizar conforme al
mismo la posibilidad tanto de autoconsumir como de vender el excedente de
producción sin que existan cargas discriminatorias que no reflejen los
costes.
El Parlamento Europeo a diferencia de otras instituciones europeas, viene
elegido directamente por la ciudadanía europea. La rotunda oposición
expresada en el Pleno del mismo a trabas impositivas y restricciones al
desarrollo del autoconsumo renovable, marca por tanto la senda
democrática por la que transcurre la expresión de la ciudadanía europea
en cuanto al fomento de las energías renovables se refiere y al margen de
los intereses oligopolísticos que pueden incidir en mayor medida en otras
instituciones.
Varios medios de comunicación se han hecho eco de la votación, dada la
dirección opuesta que viene transitando el Gobierno de España, conforme a
la normativa promovida desde el Ministerio de Energía, con medidas
disuasorias y restrictivas como el denominado impuesto al sol. En este
sentido, cobra especial trascendencia el bloqueo que llevan a cabo en el
Congreso de los Diputados los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y el
Partido Popular desde el primer trimestre del 2017, cuando ambos partidos
bloquearon en la Mesa del Congreso la tramitación de una Proposición de
Ley apoyada por toda la oposición parlamentaria, incluido Ciudadanos.
El desarrollo de la tecnología fotovoltaica compite sin necesidad de
apoyos y la apuesta por el desarrollo de las energías renovables en
Europa es creciente, realizando muchos países, inversiones importantes en
energía solar. En España, se continúa dificultando la transición
energética y la lucha contra el cambio climático al impedir que la
energía solar asuma el rol de liderazgo que le corresponde.
A raíz del amplio consenso generado en el Parlamento Europeo, ¿piensa su
Gobierno eliminar cualquier impuesto o traba existente para el desarrollo
del autoconsumo renovable en España?
¿Defenderá su Gobierno de ahora en adelante en el Consejo Europeo un
autoconsumo sin barreras económicas ni administrativas? En caso negativo,
¿por qué motivos?
¿Es consciente el Gobierno que el denominado impuesto al sol supone un
impedimento real e importante para la lucha contra el cambio climático?
En relación al veto ejercido por los miembros del Partido Popular y
Ciudadanos en la Mesa del Congreso sobre la Propuesta de Ley de
Autoconsumo, ¿en qué estado se encuentran las supuestas negociaciones
existentes entre ambos partidos para eliminar el denominado impuesto al
sol? ¿Existen monedas de cambio entre ambos partidos para permitir la
tramitación de la mencionada Proposición de Ley? En caso afirmativo,
¿cuáles?
¿Está de acuerdo el Gobierno en que aquellos sectores de la Economía que
se consideren estratégicos no deben estar a merced de intereses
oligopolísticos? ¿Las trabas impuestas al desarrollo al autoconsumo
renovable fueron propuestas a su Gobierno por las grandes empresas
eléctricas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Josep
Vendrell Gardeñes, Diputado.
184/027670
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Tardà i Coma, Joan (GER).
Participación del Rey Felipe VI en el Foro Económico Mundial en Davos,
celebrado el día 24/01/2018.
Acuerdo:
1. En cuanto a las cuestiones contenidas en los guiones primero a tercero,
octavo y noveno de la presente pregunta, admitir a trámite, trasladar al
Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
2. En cuanto al resto, comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa,
que no procede su admisión a trámite por tratarse de materias a las que
son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución española y
no sometidas por tanto al control parlamentario de la Cámara. Las
cuestiones se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no
pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por
parte de los Diputados en los términos que el artículo 66 de la
Constitución española configura dicha función, sino que supondrían, de
facto, un control indirecto sobre terceros no sometidos a aquél.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El rey Felipe VI dirigió el pasado 24 de enero de 2018 unas palabras en la
48.ª reunión del Foro Económico Mundial en Davos. A pesar de la
naturaleza económica del encuentro y de las funciones que la Constitución
otorga a la figura del Jefe del Estado, su discurso tuvo un marcado
trasfondo político. Especialmente, cuando utilizó su intervención para
hablar del conflicto político en Catalunya.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Quién recibió la invitación para que el Estado español participara en
el Foro Económico Mundial?
- En caso de que la invitación para participar en el Foro Económico
Mundial hubiese sido recibida por la Casa Real, ¿informó el Gobierno a
los organizadores de que la Casa Real no tiene funciones de
representación política?
- ¿En qué mesas redondas y/o conferencias participó el Gobierno español de
la mano del Ministro de Economía, Industria y Competitividad?
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- En caso de que el discurso del Rey hubiese sido escrito por la Casa
Real, ¿quién refrendó dicho discurso?
- En caso de que hubiese sido escrito por el Gobierno, ¿qué Ministerio lo
escribió? ¿Por qué no realizó el discurso el ministro competente en la
materia?
- [...]
- [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2018.-Joan Tardà i
Coma, Diputado.
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