BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 437, de 23/10/2018
cve: BOCG-12-D-437
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de octubre de 2018
Núm. 437
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a que las instituciones europeas se
impliquen en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la
República de Cuba... (Página6)
Comisión de Justicia
161/003796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de
los ciudadanos venezolanos en España... (Página7)
Comisión de Defensa
161/003786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al derecho de activación de los
militares reservistas voluntarios... (Página9)
161/003801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto
(San Fernando)... (Página10)
Comisión de Hacienda
161/003779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por
maternidad... (Página11)
161/003788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la toma en
consideración de medidas en apoyo de las pymes españolas del licor... (Página12)
Comisión de Interior
161/003775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a alcanzar una equiparación salarial real y efectiva
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... (Página14)
161/003797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional de
los ciudadanos venezolanos en España... (Página15)
161/003777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a financiación, con cargo al 1,5% cultural, de proyectos
relativos al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón, en Castrillón,
al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento
de nuevos datos sobre la Historia de Asturias... (Página17)
161/003784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre igualdad de trato a usuarios de la
autopista AP-7... (Página17)
161/003793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre actuaciones para que el tren de alta velocidad
Madrid-Montpellier operado por Air Nostrum tenga parada en Lleida... (Página18)
161/003794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la bonificación de la AP-2 (Montblanc a Soses) para los
vehículos pesantes y a la duplicación de la carretera N-240 entre Lleida
y Les Borges Blanques... (Página19)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre mejora de las condiciones laborales del sector de transporte
de mercancías... (Página20)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el
establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un Régimen Especial para las
Illes Balears... (Página21)
161/003783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la recuperación del cultivo de algarrobo
(Ceratonia siliqua)... (Página23)
161/003785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la evaluación de los recursos hídricos de
la Confederación Hidrográfica del Segura destinados a la ganadería... (Página25)
Comisión de Transición Ecológica
161/003771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la continuidad
del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán (Murcia)... (Página26)
161/003781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los daños producidos
por las inundaciones en el levante mallorquín durante las tormentas
producidas a principios del mes de octubre de 2018... (Página28)
161/003792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la actividad de las empresas instaladoras
habilitadas de gas... (Página30)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en
Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los
derechos LGTBI... (Página31)
161/003776 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso, Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la
Catedral de Burgos en 2021... (Página33)
161/003778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la promoción y fomento del cohousing como modelo de
envejecimiento activo... (Página35)
161/003799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el pago de la deuda a la Comunitat Valenciana en concepto de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia... (Página36)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
incorporación de España a la iniciativa Coalition S... (Página38)
161/003803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la implantación de la Red Cervera de Transferencia
Tecnológica... (Página40)
Comisión de Igualdad
161/003773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en
Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los
derechos LGTBI... (Página41)
161/003780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la devolución del IRPF detraído de las prestaciones por
maternidad... (Página43)
161/003782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a hacer extensivo el derecho de acceso
reconocido a los usuarios de perros-guía y perros de asistencia a
víctimas de violencia de género... (Página45)
161/003787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a modificar la Ley General de la
Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de
prestación del Servicio Social de las mujeres... (Página46)
161/003789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al impulso de la difusión de protocolos
de actuación ante casos de sumisión química... (Página47)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la necesaria revisión y actualización del permiso por
puntos... (Página48)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/001308 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez
(GCUP-EC-EM), sobre forma en la que el Gobierno garantizará la igualdad
de oportunidades entre las personas aspirantes a un puesto de trabajo en
Correos que ya han realizado las pruebas y las personas que deberán
repetirlas, debido a los altercados producidos el día 30/09/2018 en
Santiago de Compostela... (Página49)
181/001310 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné
(GCUP-EC-EM), sobre situación del Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal... (Página50)
181/001311 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GMx),
sobre previsiones acerca de convocar la reunión con los representantes
municipales de Valencia y la comarca de l'Horta Nord, así como con las
organizaciones sociales y colectivos afectados a causa del proyecto de
ampliación de la V-21... (Página50)
181/001312 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos
Arteseros (GS), sobre previsiones acerca del Corredor Mediterráneo... (Página50)
181/001313 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre previsiones acerca de la mejora de la conexión ferroviaria
con Granada... (Página50)
181/001314 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Cortés Lastra
(GS), sobre previsiones acerca de la duplicación de vía entre Muriedas y
Santander... (Página51)
181/001315 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Urquizu Sancho
(GS), sobre mejoras en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto... (Página51)
181/001316 Pregunta formulada por la Diputada doña María González Veracruz
(GS), sobre avances realizados en las obras de soterramiento integral de
las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia... (Página51)
181/001317 Pregunta formulada por la Diputada doña Carlota Merchán Mesón
(GS), sobre mejoras en las vías y andenes de la estación de
Madrid-Chamartín... (Página52)
181/001318 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Ignacio Zoido
Álvarez (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la
autovía SE-40, Tramo A-66/A-49... (Página52)
181/001319 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Ignacio Zoido
Álvarez (GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la
autovía A-4, L.P. Sevilla/Córdoba-Sevilla... (Página52)
181/001320 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Calvente Gallego
(GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, L.P.
Jaén/Ciudad Real-L.P. Córdoba/Jaén... (Página52)
181/001321 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Merino López
(GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía A-4, Lím. Prov.
Córdoba/Jaén-Lím. Prov. Sevilla/Córdoba... (Página53)
181/001322 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Tarno Blanco
(GP), sobre previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40, Túneles
Sur del Guadalquivir-Embocadura Oeste, 48-SE-4520A... (Página53)
181/001323 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño
(GP), sobre presupuesto previsto para la ejecución de la construcción de
las dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para
el proyecto de Metrotren... (Página53)
181/001324 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño
(GP), sobre fecha prevista para el inicio de la construcción de las dos
estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el
proyecto de Metrotren... (Página54)
181/001325 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Cabezas Regaño
(GP), sobre proyecto de ejecución existente para la construcción de las
dos estaciones pendientes en Córdoba, Levante y Parque Joyero, para el
proyecto de Metrotren... (Página54)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
181/001309 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Rojas García
(GP), sobre previsiones acerca de instalar un CIE en Motril... (Página54)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/026875 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Evolución de la Estrategia Nacional al Parto Nacional desde el año 2007.
Retirada... (Página54)
184/030049 Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel Blanquer Alcaraz,
Patricia Ramos Esteban, César Joaquín González Veracruz, María Saura
García, Pedro
Investigación del desfalco en la construcción de tres tramos de la línea
de Alta Velocidad entre Monforte del Cid y Murcia. Retirada... (Página55)
184/030154 Autor: Martín González, María Guadalupe
Incidencia de gripe desde octubre de 2017 a marzo de 2018 y tasa de
vacunación. Retirada... (Página55)
184/031851 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan Hernanz Costa, Sofía
Congruencia del Gobierno con respecto al Acuerdo de París. Retirada... (Página56)
184/031852 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan Hernanz Costa, Sofía
Permisos de investigación de hidrocarburos solicitados cuya superficie de
actuación prevista se solaparía con la del Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo. Retirada... (Página56)
184/033077 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos
con "airguns". Retirada... (Página57)
184/033093 Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Suspensión de reparto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de
Palma, en espera de que cuente con una plantilla adecuada para afrontar
la guardia. Retirada... (Página57)
184/038793 Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios que tenía en Cataluña
en octubre de 2017... (Página57)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000014 Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones
previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10NAT/ES/000570 "Recuperación de
la Distribución Histórica de Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal", acrónimo: "Iberlince"... (Página59)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003640
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a que las instituciones europeas se
impliquen en la protección de los derechos del mundo del trabajo en la
República de Cuba.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados. José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que las
instituciones europeas se impliquen en la protección de los derechos del
mundo del trabajo en la República de Cuba, para su debate en Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Recientemente las Cortes Generales han ratificado el Acuerdo que impulsa
la colaboración en los ámbitos político, económico y social entre la
Unión Europea y sus 27 países miembros y la República de Cuba.
También últimamente se ha producido un cambio en la dirección política de
la Isla, que ha estado dominada durante casi 60 años por los hermanos
Castro y que ahora ha asumido el Sr. Díaz Canel.
Asimismo, hemos conocido que el régimen autocrático cubano quiere abrir un
proceso de reforma constitucional.
Los hechos antes señalados y especialmente el Acuerdo suscrito entre la
Unión Europea y Cuba, suponen una nueva oportunidad para la defensa de
los compromisos de la Unión Europea con los Derechos Humanos y la
libertad, puestos en valor ante la difícil situación que sufre Venezuela
y que obligan a que Europa adopte una posición equilibrada, constante e
inequívoca, transmitiendo al Gobierno de Cuba que los Derechos Humanos, e
incluso la proyección de estos sobre el mundo del trabajo, deben de ser
garantizados por el Gobierno de aquel país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados entiende que habiéndose producido un cambio
en la Presidencia de la República de Cuba, habiéndose anunciado una
reforma de su Constitución y habiéndose suscrito un Acuerdo de
colaboración con la Unión Europea en el ámbito político, social y
económico, considera necesaria la implicación de las instituciones
europeas en beneficio del futuro del pueblo cubano, tal y como demanda el
escrito presentado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
por gran parte de la Delegación de las Cortes Generales en el mes de
octubre de 2016."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Justicia
161/003796
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana María Oramas
González-Moro de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos
venezolanos en España, para su tramitación ante la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Según el Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al refugiado
(CEAR) de 2018, sobre las personas refugiadas en España en el año 2017,
España recibió más solicitantes de protección internacional que ningún
otro año, desde la aprobación de la primera Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El pasado
año se alcanzaron unas 31.120 solicitudes.
Por primera vez, España ocupó el sexto lugar entre los países de la Unión
Europea que más solicitantes atendieron, por delante incluso de países
con tanta tradición de asilo como Suecia. Aunque muy lejos aún de los
primeros puestos, ostentados por Alemania (222.560), Italia (128.850) y
Francia (98.635).
Venezuela, con 10.355 solicitudes, fue una vez más el país de origen de un
mayor número de solicitantes. Sin embargo, de las 1.545 personas del país
venezolano cuya solicitud resolvió la Oficina de Asilo y Refugio (OAR),
tan solo 15 lograron el estatuto de refugiado. El resto obtuvo una
resolución denegatoria.
Según estas cifras en 2017 España batió el récord de solicitudes de asilo.
Pese a ello sólo supuso un 4% del conjunto de Europa. Sin embargo, sólo
se resolvieron poco más de 13.350 solicitudes, de las cuales se
rechazaron dos de cada tres y más de 40.000 están pendientes de
resolución.
Por segundo año consecutivo, las personas procedentes de Venezuela
encabezaron el listado de solicitantes de asilo, seguidas de las
procedentes de Siria y Colombia.
A la vista de estos datos y el elevado número de solicitudes de protección
internacional de ciudadanos venezolanos, el Defensor del Pueblo ha pedido
recientemente que se otorgue protección temporal a los ciudadanos
venezolanos mientras se encuentren en España.
Venezuela vive una de sus peores crisis. La situación es desesperada para
muchos venezolanos. Con una hiperinflación que ha alcanzado récord
históricos, unida a la escasez de alimentos, medicamentos y artículos de
primera necesidad, cada vez más personas están huyendo del país. Los
venezolanos han emprendido un éxodo masivo en lo que constituye un
desplazamiento forzado por razones sociales y económicas sin precedentes.
Por los vínculos históricos, familiares y culturales que tradicionalmente
han unido a España con el pueblo venezolano y especialmente con Canarias,
España es uno de los países que más está recibiendo venezolanos en los
últimos años que huyen de la situación de precariedad que se vive en ese
país.
Según nota emitida por la oficina del Defensor del Pueblo, esta
Institución ha recomendado al Ministerio del Interior, del que depende la
Oficina de Asilo y Refugio (OAR), órgano competente para la tramitación
de las solicitudes de asilo y de protección internacional, que formule
una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración
general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras
se encuentren en España.
La Institución ha constatado el elevado número de solicitudes de
protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la
casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado.
Según los últimos datos recibidos por el Defensor del Pueblo, según la
misma fuente, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y
pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de
ciudadanos venezolanos y se habían concedido, en los primeros seis meses
de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.
En opinión del Defensor del Pueblo, "esta realidad exige una respuesta
rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que
se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera
que esta solución parece la más razonable dada la limitada capacidad de
actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en
el que ya viven muchos venezolanos en España".
Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha
solicitado que traten a estas personas como refugiados en vez de
migrantes por razones económicas y recomienda que los países que hayan
recibido a venezolanos que no los deporten, expulsen o los obliguen a
regresar ante la situación actual de Venezuela.
En un informe, emitido en marzo del presente año, denominado "Nota de
Orientación sobre el Flujo de Venezolanos", la entidad pide a los países
que garanticen la residencia y el derecho al trabajo de los venezolanos,
aunque hayan entrado al país ilegalmente o no tengan documentos de
identificación. E insta a los países receptores que les permitan el
acceso a su territorio y continúen adoptando respuestas adecuadas y
pragmáticas orientadas a la protección.
Y tal como recalca el referido informe, "los acuerdos están guiados por el
principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario
y no político. Brindar protección internacional es consistente con el
espíritu de solidaridad internacional".
Según el artículo 1 del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas, este régimen de protección
temporal está previsto en los casos de afluencia masiva de personas
desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión
Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido
a la situación existente en ese país, y que puedan eventualmente caer
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.A de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, u
otros instrumentos internacionales o nacionales de protección
internacional.
Cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, ésta tendrá
una duración de un año, automáticamente prorrogable por otro periodo
anual. Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que
dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería,
podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo.
Asimismo, en cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería,
podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el
conflicto que la motivó y existan condiciones favorables al retorno.
Como consecuencia de la declaración de protección temporal los ciudadanos
venezolanos podrían disfrutar de derechos en España como libertad de
circulación y de residencia, permiso de residencia, título de viaje,
acogida en territorio nacional, autorización para trabajar o acceso a
servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos
suficientes.
Por lo expuesto
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo, dirigida al
Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio
(OAR) como órgano competente para la tramitación de las solicitudes de
asilo y de protección internacional, en relación a la situación de los
ciudadanos venezolanos en España.
2. Formular una declaración general de protección temporal para los
ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España, en tanto
persistan los motivos sociales y económicos que están dando lugar al
éxodo masivo de venezolanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ana María
Oramas González-Moro, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/003786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
derecho de activación de los militares reservistas voluntarios, para su
debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La reserva voluntaria se crea como una necesidad de la Defensa cubierta ya
en otros países de nuestro entorno con el fin de reforzar las capacidades
de las Fuerzas Armadas y hacer frente a los compromisos adquiridos por el
Gobierno supliendo las carencias de determinadas especialidades en las
unidades de las Fuerzas Armadas.
La figura del reservista voluntario tiene su origen en el artículo 30 de
la Constitución española, en el derecho y el deber de todos los españoles
de defender España (30.1 CE). Para ello, podrá establecerse un servicio
civil para el cumplimiento de fines de interés general (art. 30.3 CE).
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar en su artículo
122, apartado primero, establece que "Son reservistas los españoles que,
en aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a España,
pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar
en las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de la Defensa Nacional, en las circunstancias y condiciones que se
establecen en esta ley". En el apartado segundo del mencionado artículo
clasifica a los reservistas en: voluntarios, obligatorios y de especial
disponibilidad.
El Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas en su artículo 2.2 a)
define a los reservistas voluntarios como aquellos españoles que resulten
seleccionados en la correspondiente convocatoria, superen los períodos de
formación militar básica y específica que se regulan en este reglamento y
se vinculen de forma temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas,
por medio de un compromiso de disponibilidad.
Al reservista voluntario se le puede requerir para: realizar ejercicios de
instrucción, formación y adiestramiento durante no más de un mes al año;
y prestar servicio en Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de
Defensa, en esta situación tendrá los derechos y deberes que corresponden
a la condición de militar profesional de su empleo y el tiempo que
permanecerá activado se determinará en la correspondiente convocatoria.
Además, puede ser asignado a unidades que realicen misiones en el
extranjero o de mantenimiento de la paz y la seguridad.
La reserva voluntaria no es exclusiva de España. Otros países también
disponen de efectivos en la reserva con capacidades multidisciplinares
que pueden ser movilizados en función de las necesidades: en Estados
Unidos se constituye un ejército paralelo de aproximadamente un millón de
personas con periodos de activación mucho más largos; en Reino Unido
disponen del Full Time Reserve Service, una reserva que se basa en
contratos de seis meses a cinco años con tres niveles de implicación con
el fin de poder conciliarla con las actividades civiles; en Francia, la
Reserva Operativa cuenta con 35.000 civiles que han firmado un compromiso
y en la Gendarmería tienen 25.000; en Alemania, la Reserva de Refuerzo
está
constituida por reservistas voluntarios que cubren puestos para completar
las plantillas de las estructuras orgánicas; y en Italia ya disponen de
La Reserva de Complemento, formada por exmilitares que una vez incluidos
en la reserva expresan su disposición para ser activados siempre que el
Ejército los necesite.
La mayoría de los países están haciendo uso de sus reservistas para
realizar misiones en el exterior, especialmente en áreas concretas como
Sanidad, Cooperación Cívico-Militar, Administración civil e Inteligencia,
donde pueden aportar su experiencia profesional. Por otro lado, los
reservistas más activos son los que se destinan a la Unidad Militar de
Emergencia (UME) -para grandes catástrofes-, y los médicos y enfermeros
de los Cuerpos Comunes. Pero también hay administrativos, arquitectos,
economistas, ingenieros, abogados, notarios, periodistas, trabajadores de
la construcción, cocineros, etc.
En su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, el reservista aporta su
experiencia profesional y sus capacidades en puestos voluntariamente
seleccionados y ligados con la función que desarrolla en la vida civil.
Pero la principal dificultad con la que se encuentra el reservista
voluntario a tiempo parcial deriva de su situación laboral, ya que para
prestar servicio deben utilizar parte de sus vacaciones y no siempre es
posible hacerlas coincidir con las activaciones.
Desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos impulsar las medidas
necesarias para dar solución a este problema, procurando que estos
voluntarios puedan incorporarse con facilidad a las tareas encomendadas
al servicio de su país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad
de:
1. Arbitrar las medidas necesarias para facilitar el derecho de los
militares reservistas voluntarios a prestar servicio en su unidad cuando
sean requeridos por el ejército.
2. Impulsar medidas para mejorar la compatibilidad laboral de los
reservistas voluntarios con incentivos para aquellos autónomos que sean
activados y creando mecanismos para evitar que los asalariados puedan
tener perjuicios en su puesto de trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa
a la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de
Camposoto (San Fernando).
Exposición de motivos
La playa de Camposoto, situada en el municipio gaditano de San Fernando,
se ubica dentro del parque natural de la Bahía de Cádiz, espacio natural
protegido desde 1980 por la riqueza ambiental que atesora su fauna
(cormoranes, somormujas, charranes, etc.) y flora (marismas, playas y
arenales, etc.).
Esta playa ha sido afectada por servidumbre militar desde hace décadas,
aunque desde los años sesenta se están tomando medidas para ir
devolviendo a los isleños e isleñas una parte del territorio de su
municipio esencial en términos ambientales, económicos y sociales. Si en
los años sesenta se permitió el acceso civil a la playa durante los meses
estivales, a finales de los ochenta se desafectó de forma permanente una
zona de la playa de Camposoto, quedando todavía una parte para uso
militar.
El 28 de junio de este mismo año, ya con el nuevo Gobierno que salió de la
moción de censura, el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando aprobó por
unanimidad una moción que, entre otros objetivos, planteaba la liberación
total de la playa de Camposoto de la servidumbre militar por parte del
Ministerio de Defensa. La extensión de la playa que se aprobó liberar
afecta a 1,3 kilómetros del litoral, lo que supondría
aumentar la zona de baño en más de un tercio (34,21%) y poder acometer el
Plan de Protección del corredor del litoral de Andalucía.
Asimismo, para el uso adecuado de la playa liberada es preciso que el
Ministerio de Defensa acompañe esta medida con la reubicación del campo
de tiro y la puesta a disposición de suelo del acuartelamiento de
Camposoto, de cara a darle un uso turístico sostenible. Como ha quedado
patente por distintas iniciativas que vienen impulsándose por parte de
los isleños e isleñas, ninguna de estas demandas interfiere en el normal
funcionamiento del resto de las numerosas instalaciones militares
ubicadas en ese lugar.
En definitiva, se presenta aquí una reivindicación histórica del pueblo de
San Fernando que repercutirá en el progreso sostenible y laboral de una
zona que ha dado mucho por nuestra defensa nacional, y que quiere seguir
dándolo sin menoscabo de poder brindar un futuro digno a sus vecinos y
visitantes.
Por todo ello, formulamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La liberación por parte del Ministerio de Defensa de la playa de
Camposoto, en el plazo de 6 meses, desde la actual zona de uso público
hasta la laguna de Río Arillo.
2. Reubicar el campo de tiro de fusilería ubicado en Camposoto.
3. Retomar el diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
San Fernando para la puesta a disposición de los terrenos adyacentes a la
playa de Camposoto, de forma que puedan ser empleados para uso turístico
sostenible.
4. Acometer el Plan de Protección del corredor del litoral de Andalucía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Juan Antonio
Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda
161/003779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de
las prestaciones por maternidad, para su debate en la Comisión de
Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado 3 de octubre, la sección segunda de la Sala 3.ª del Tribunal
Supremo, por unanimidad, fijó doctrina legal en la que se determinaba que
las prestaciones por maternidad estaban exentas de IRPF.
El Tribunal Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede situarse en el
supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando señala que "igualmente
estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". También
consideraría exentas de esta tributación aquellas prestaciones que se
reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Esto significa que, con los gobiernos del PP y del PSOE, se han estado
años reteniendo ilegalmente impuestos por parte del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Estos impuestos se han exigido por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, también con gobiernos del
PP y el PSOE, ilegalmente a centenares de miles de madres trabajadoras.
Evidentemente, en un Estado de Derecho las leyes las interpretan los
Tribunales de Justicia. De acuerdo con el artículo 123.1 de nuestra
Constitución, "1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España,
es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales". Es misión del
Tribunal Supremo a través de la resolución de los recursos de casación
fijar doctrina legal y unificar la aplicación del Derecho.
Habiendo declarado en casación y por Sentencia firme el Tribunal Supremo
la exención de las prestaciones por maternidad, la Administración
Tributaria no debe seguir exigiendo impuestos a las prestaciones por
maternidad, que tampoco deberían ser objeto de retención por parte del
INSS. Sin embargo, y pese a la enorme importancia de toda esta cuestión,
no hay declaraciones oficiales, y algunas noticias resultan simplemente
inquietantes.
Diferentes medios de comunicación han publicado esta mañana que el
Gobierno planea devolver esta cuantía, pero alargar el procedimiento de
devolución a los próximos dos ejercicios.
El artículo 103 de la Constitución Española establece que "La
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho", convirtiendo
en una arbitrariedad inaceptable que el Gobierno obstaculice el
cumplimiento de una resolución judicial. Igualmente, el artículo 30 de la
Ley General Tributaria establece la obligación de la Administración de
devolver los ingresos tributarios indebidamente percibidos.
Los obstáculos y los retrasos arbitrarios en la devolución de las cuantías
es además inaceptable para muchas familias, que no pueden esperar para
que les sea devuelta una cuantía que les corresponde. Desde Ciudadanos
consideramos que este retraso que el Gobierno plantea a la hora de
devolver las cuantías de IRPF detraídas a las prestaciones de maternidad
no es tampoco compatible con las intenciones que ha mostrado el propio
Presidente del Gobierno de apoyar a las familias, fomentar la natalidad y
luchar contra la pobreza infantil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Devolver "de oficio" las cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones
de maternidad en el plazo más breve de tiempo, sin establecer trabas
administrativas de ningún tipo, según establece la sentencia STS
3256/2018, de 3 de octubre.
2. Que dicho concepto se deje de aplicar de manera inmediata a estas
prestaciones y para ello se emita orden o resolución expresa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno a la toma en consideración de medidas en apoyo de las pymes
españolas del licor, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Un objetivo para la presente legislatura es la toma de medidas para
favorecer el crecimiento de las pymes en España, y con ello contribuir a
la mejora de la productividad de nuestra economía. Las empresas grandes
son más productivas y resisten mejor los cambios del ciclo económico, con
la consiguiente estabilidad para el empleo.
Un ejemplo de un sector constituido por una multitud de pymes donde
existen ciertas trabas para el aumento de su tamaño medio es el del
licor. Hace veinte años, en España existían unas setecientas empresas
productoras de licores. Cada región española tenía su propia industria.
Se trataba de empresas familiares y de tradición centenaria en su
mayoría, enraizadas en el tejido industrial autóctono y que
contribuían a la economía regional. Su producción era diversa: anises,
licores de hierbas, aguardientes, pacharanes, orujos, brandis. Hoy en día
apenas sobreviven ciento cincuenta de estas empresas.
Las economías de escala en la distribución de licores han favorecido,
mediante operaciones empresariales de fusiones y adquisiciones, la
aparición de grandes corporaciones de bebidas alcohólicas. Dichas
multinacionales, con múltiples marcas para cada categoría de licor,
lideran las ventas tanto en la distribución minorista como en la
hostelería.
Así, según la revista Aral, las grandes multinacionales del licor y las
marcas propias de distribuidores tienen una cuota por valor del 87% en
whisky, 81% en ron, 92% en vodka y 61% en anís, pacharán y aguardientes.
Los porcentajes restantes, 13% en whisky, 19% en ron, 8% en vodka y 31%
en anís, pacharán y aguardientes, se reparten entre multinacionales
medianas, algunas grandes empresas españolas y pymes españolas, con lo
cual podemos inferir que la cuota de mercado, en valor, de nuestras pymes
es ciertamente reducida.
La actual reglamentación a la que está sometida este sector es
relativamente más gravosa para las pymes que para las grandes empresas.
Nuestras pymes licoreras no pueden aumentar su tamaño. La consecuencia es
que muchas de ellas desaparecen gradualmente, y lejos de aumentar el
empleo en el sector, disminuye y se reduce la variedad de licores, muchos
tradicionales, a disposición del consumidor.
El actual Reglamento de los Impuestos Especiales establece una garantía
del 6% sobre las cuotas de impuestos especiales sobre la media anual de
salidas. Esta garantía, podría ser especialmente onerosa para las
empresas pequeñas y medianas, sobre todo teniendo en cuenta que las
cervezas, vinos y bebidas fermentadas tienen una garantía del 1% y los
intermedios del 2%.
Asimismo, la Ley General Tributaria permite la presentación de cualquier
forma de bien como garantía. En la práctica, dada la complicación
administrativa que comporta aportar bienes inmuebles, marcas comerciales,
o instalaciones, y su admisión como garantía por la Aduana, al final no
queda otro remedio, en la práctica, que acudir al aval bancario con su
consiguiente coste.
Respecto del cálculo de los porcentajes reglamentarios de mermas, también
éste favorece a las mayores empresas. Existe una merma superior en
aquellas empresas que diversifican su producción y fabrican diferentes
productos, en cantidades pequeñas, en comparación con las empresas que
producen grandes cantidades de un mismo producto en un solo proceso de
fabricación. Esas mermas se deben al cambio de filtrado, limpieza,
trasiego, para cada licor, lo que no sucede en un proceso continuo de
fabricación de un mismo producto. Sin embargo, el porcentaje de merma
admitido es indistinto y se refiere únicamente al volumen total de litros
de licor, ya se trate de un solo producto o varios. Estas mermas
adicionales no se suelen poder comprobar por la inspección justo en el
momento de la elaboración. El resultado es que al no poder acreditarse
dichas mermas, el Reglamento no permite su aplicación.
La incidencia de la temperatura en las pérdidas de alcohol se contempla
legalmente, por cuanto la graduación, base del impuesto, debe
considerarse a 20 grados centígrados. Esto solamente es posible si la
empresa controla la temperatura de producción y almacenaje de producto,
lo cual es especialmente relevante en el proceso de envejecimiento en
madera. El actual porcentaje de mermas vigente para estos supuestos
parece ser bajo y no atiende al control de la temperatura ambiente en las
empresas pequeñas. Este menor control también se produce en zonas donde
las temperaturas veraniegas son elevadas. Sin embargo, dados los elevados
costes asociados, las pymes no están en condiciones de controlar
eficazmente la temperatura de producción, lo que les imposibilita
declarar las mermas reales debidas a la evaporación.
Otras circunstancias de posible consideración son el caso de las
exportaciones o devoluciones de producto a fábrica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el Reglamento de
los Impuestos Especiales realizando los ajustes técnicos que permitan
apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del licor."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz suplente del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para alcanzar una equiparación salarial
real y efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para
su posterior debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986) establece
en su artículo 6 que: "Tendrán derecho a una remuneración justa que
contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad
por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión,
así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar
estructura".
Pese a estar contemplada en una Ley Orgánica, esta justa remuneración ha
ido desdibujándose a medida que pasaban los años, hasta el punto en el
que mientras otras policías autonómicas o locales veían cómo su nivel
retributivo iba incrementando paulatinamente, el de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado quedaba estancado hasta producirse una grave
desigualdad retributiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y el resto de cuerpos policiales.
Ante este escenario de desigualdad, los dos partidos tradicionalmente
mayoritarios a nivel nacional, llevaron en sus programas electorales la
tan ansiada equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Sin embargo, una vez en el Gobierno, ninguno de ellos
quisieron llevar a cabo esta equiparación salarial, convirtiéndose así
ésta en una eterna promesa electoral incumplida.
Con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2018, y ante un escenario de tibio apoyo de otros grupos
parlamentarios a la equiparación salarial, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos supeditó la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado a que se incluyera una considerable partida presupuestaria para
sueldos y salarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como
punto de partida de un proceso de equiparación salarial a tres años.
Como resultado de esta reclamación, el Gobierno de entonces accedería a
incluir una partida inicial de más de 400 millones de euros que
constituiría la primera subida salarial importante que han percibido las
Fuerzas y Cuerpos de. Seguridad del Estado desde hace treinta años.
A pesar de los esfuerzos por paliar las diferencias salariales entre unos
y otros cuerpos policiales, el actual Gobierno, lejos de reconocer la
profesionalidad y sacrificio de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, ha vuelto a incurrir en un serio agravio comparativo,
rompiendo así el proceso de igualación salarial de los distintos cuerpos
policiales en España, en detrimento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
En concreto, y como consecuencia de las distintas deudas políticas con sus
socios nacionalistas de gobierno, el Gobierno socialista ha alcanzado un
acuerdo por el que se destinarán 700 millones de euros más a los Mossos
d'Esquadra, que no ha hecho más que acrecentar una brecha salarial
injustificable.
Así, con el ánimo de que la subida salarial de las-Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no se convierta en otra promesa incumplida más por
culpa de los cheques políticamente comprometidos con los actuales socios
de gobierno del Presidente Sánchez, y con el objetivo de que la
equiparación salarial no se convierta otra vez más en una burla.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, al menos, la
misma partida presupuestaria que la incluida en los anteriores
Presupuestos Generales del Estado de 2018 para alcanzar una equiparación
justa y real, si en el momento de aprobar los Presupuestos Generales del
Estado de 2019 no se hubiese publicado oficialmente el contenido el
Informe de Auditoría encomendado por el Ministerio del Interior.
2. Mantener en los Presupuestos Generales del Estado de 2020, al menos, la
misma partida presupuestaria que la incluida en los anteriores
Presupuestos Generales del Estado de 2018 para alcanzar una equiparación
justa y real, si en el momento de aprobar los Presupuestos Generales del
Estado de 2020 no se hubiese publicado oficialmente el contenido el
Informe de Auditoría encomendado por el Ministerio del Interior.
3. Seguir incluyendo las correspondientes partidas presupuestarias,
siguiendo así el proceso de equiparación salarial de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de forma que en el año 2020 la
equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
con las policías autonómicas mejor pagadas sea real y efectiva."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003797
A la Mesa de la Comisión de Interior
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Ana María Oramas
González-Moro de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
las solicitudes de asilo y de protección internacional de los ciudadanos
venezolanos en España, para su tramitación ante la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Según el Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al refugiado
(CEAR) de 2018, sobre las personas refugiadas en España en el año 2017,
España recibió más solicitantes de protección internacional que ningún
otro año, desde la aprobación de la primera Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El pasado
año se alcanzaron unas 31.120 solicitudes.
Por primera vez, España ocupó el sexto lugar entre los países de la Unión
Europea que más solicitantes atendieron, por delante incluso de países
con tanta tradición de asilo como Suecia. Aunque muy lejos aún de los
primeros puestos, ostentados por Alemania (222.560), Italia (128.850) y
Francia (98.635).
Venezuela, con 10.355 solicitudes, fue una vez más el país de origen de un
mayor número de solicitantes. Sin embargo, de las 1.545 personas del país
venezolano cuya solicitud resolvió la Oficina de Asilo y Refugio (OAR),
tan solo 15 lograron el estatuto de refugiado. El resto obtuvo una
resolución denegatoria.
Según estas cifras en 2017 España batió el récord de solicitudes de asilo.
Pese a ello sólo supuso un 4% del conjunto de Europa. Sin embargo, sólo
se resolvieron poco más de 13.350 solicitudes, de las cuales se
rechazaron dos de cada tres y más de 40.000 están pendientes de
resolución.
Por segundo año consecutivo, las personas procedentes de Venezuela
encabezaron el listado de solicitantes de asilo, seguidas de las
procedentes de Siria y Colombia.
A la vista de estos datos y el elevado número de solicitudes de protección
internacional de ciudadanos venezolanos, el Defensor del Pueblo ha pedido
recientemente que se otorgue protección temporal a los ciudadanos
venezolanos mientras se encuentren en España.
Venezuela vive una de sus peores crisis. La situación es desesperada para
muchos venezolanos. Con una hiperinflación que ha alcanzado récord
históricos, unida a la escasez de alimentos, medicamentos y artículos de
primera necesidad, cada vez más personas están huyendo del país. Los
venezolanos han emprendido un éxodo masivo en lo que constituye un
desplazamiento forzado por razones sociales y económicas sin precedentes.
Por los vínculos históricos, familiares y culturales que tradicionalmente
han unido a España con el pueblo venezolano y especialmente con Canarias,
España es uno de los países que más está recibiendo venezolanos en los
últimos años que huyen de la situación de precariedad que se vive en ese
país.
Según nota emitida por la oficina del Defensor del Pueblo, esta
Institución ha recomendado al Ministerio del Interior, del que depende la
Oficina de Asilo y Refugio (OAR), órgano competente para la tramitación
de las solicitudes de asilo y de protección internacional, que formule
una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una declaración
general de protección temporal para los ciudadanos venezolanos mientras
se encuentren en España.
La Institución ha constatado el elevado número de solicitudes de
protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la
casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado.
Según los últimos datos recibidos por el Defensor del Pueblo, según la
misma fuente, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y
pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de
ciudadanos venezolanos y se habían concedido, en los primeros seis meses
de 2018, tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria.
En opinión del Defensor del Pueblo, "esta realidad exige una respuesta
rápida para acabar con la situación de extrema vulnerabilidad en la que
se encuentran muchos ciudadanos venezolanos. Por este motivo, considera
que esta solución parece la más razonable dada la limitada capacidad de
actuación de la Oficina de Asilo y Refugio y el estado de precariedad en
el que ya viven muchos venezolanos en España".
Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha
solicitado que traten a estas personas como refugiados en vez de
migrantes por razones económicas y recomienda que los países que hayan
recibido a venezolanos que no los deporten, expulsen o los obliguen a
regresar ante la situación actual de Venezuela.
En un informe, emitido en marzo del presente año, denominado "Nota de
Orientación sobre el Flujo de Venezolanos", la entidad pide a los países
que garanticen la residencia y el derecho al trabajo de los venezolanos,
aunque hayan entrado al país ilegalmente o no tengan documentos de
identificación. E insta a los países receptores que les permitan el
acceso a su territorio y continúen adoptando respuestas adecuadas y
pragmáticas orientadas a la protección.
Y tal como recalca el referido informe, "los acuerdos están guiados por el
principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario
y no político. Brindar protección internacional es consistente con el
espíritu de solidaridad internacional".
Según el artículo 1 del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas, este régimen de protección
temporal está previsto en los casos de afluencia masiva de personas
desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión
Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido
a la situación existente en ese país, y que puedan eventualmente caer
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.A de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, u
otros instrumentos internacionales o nacionales de protección
internacional.
Cuando el Consejo de Ministros declare la protección temporal, ésta tendrá
una duración de un año, automáticamente prorrogable por otro periodo
anual. Una vez agotada dicha prórroga, y si persistieran los motivos que
dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería,
podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo.
Asimismo, en cualquier momento el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería,
podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el
conflicto que la motivó y existan condiciones favorables al retorno.
Como consecuencia de la declaración de protección temporal los ciudadanos
venezolanos podrían disfrutar de derechos en España como libertad de
circulación y de residencia, permiso de residencia, título de viaje,
acogida en territorio nacional, autorización para trabajar o acceso a
servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos
suficientes.
Por lo expuesto
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo, dirigida al
Ministerio del Interior, del que depende la Oficina de Asilo y Refugio
(OAR) como órgano competente para la tramitación de las solicitudes de
asilo y de protección internacional, en relación a la situación de los
ciudadanos venezolanos en España.
2. Formular una declaración general de protección temporal para los
ciudadanos venezolanos mientras se encuentren en España, en tanto
persistan los motivos sociales y económicos que están dando lugar al
éxodo masivo de venezolanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ana María
Oramas González-Moro, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
Don Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en
el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a financiación, con cargo al 1,5 Cultural, de proyectos
relativos al complejo arqueológico del Castillo de Gauzón, en Castrillón,
al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento
de nuevos datos sobre la Historia de Asturias, para su debate en esta
Comisión.
Exposición de motivos
El reciente hallazgo arqueológico de un capitel en el yacimiento del
Castillo de Gauzón (Raíces Nuevo, Castrillón, Asturias) ha revalorizado
la importancia del enclave para comprender y renovar la Historia de
Asturias.
Desde que en el año 2001 el Ayuntamiento de Castrillón emprendiese el
proyecto de actuación arqueológica y se iniciasen las correspondientes
campañas para dejar al descubierto diferentes estructuras, el Castillo de
Gauzón está proporcionando datos que acreditan el interés ya manifestado
por el propio Ayuntamiento para que el conjunto sea declarado Bien de
Interés Cultural y tener mayores facilidades de acceso a las
convocatorias de ayudas y subvenciones de las administraciones públicas
que puedan complementar el esfuerzo presupuestario en favor de las
excavaciones.
Es el caso del denominado 1,5% Cultural, una actuación conjunta entre el
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura y Deporte en favor del
Patrimonio Histórico español que desde 1994 permite anualmente la
realización de aportaciones estatales dirigidas a la conservación y
enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico que, además, tiene
efectos en la dinamización económica y en la consiguiente creación de
empleo.
Por lo expuesto, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado
en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula ante la Comisión de
Fomento la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Conceder en la próxima convocatoria del Programa "1,5% Cultural" la
financiación correspondiente para los proyectos relativos al complejo
arqueológico del Castillo de Gauzón (Raíces Nuevo, Castrillón, Asturias),
al objeto de avanzar en la excavación del enclave y en el descubrimiento
de nuevos datos sobre la Historia de Asturias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Isidro
Manuel Martínez Oblanca, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre igualdad
de trato a usuarios de la autopista AP-7, para su debate en la Comisión
de Fomento.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros de 31 de agosto adoptó, con efectos de 2 de
septiembre, el acuerdo de exención del 100% del peaje para los vehículos
ligeros en los trayectos de ida y vuelta con origen y destino en dos
enlaces de la autopista AP-7, comprendidos entre las estaciones de peaje
número 30
(Vilafranca sur) y 42 (Vinaroz/Alcanar), así como la reducción del importe
del peaje a todos los vehículos pesados de la categoría 2 en el tramo
Peñíscola-L'Hospitalet de L'Infant de la AP-7.
Además, y también a cargo exclusivamente al Gobierno de España, se
bonifican los tramos entre Les Borges Blanques y El Pla de Santa María
(N-240 y la AP-2), íntegramente en Cataluña -51 kilómetros entre
Tarragona y Lleida-. Ello es una buena noticia para todos, pero
sorprendentemente la actuación de mayor ahorro para los vecinos, la que
permite a los coches circular por la autopista gratuitamente, se detiene
en el límite provincial con la Comunidad Valenciana.
Es la primera vez que una medida de bonificación a los vecinos pagada con
el presupuesto general y sin aportación de la Comunidad Autónoma, termina
en el límite provincial.
Hasta el cambio de Gobierno, y tras dos años de trabajo, la actuación se
preveía también en la Comunidad Valenciana. Así lo especificó el 20 de
abril de 2018 el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, "El
Gobierno rebajará los peajes en los tramos de la AP-7 a su paso por
Castellón... podrán beneficiarse vehículos ligeros con usuarios
recurrentes" (Las Provincias, Castellón Información).
Los Presupuestos Generales del Estado contemplan en la Sección 17 del
Ministerio de Fomento la partida "473. Para compensar la pérdida de
ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje" con un importe de
16.103.000 euros, de los cuales 12.923.000 euros están disponibles para
esta actuación, dado que la partida es genérica y en ningún lugar
establece lugar de inicio y final de las bonificaciones.
La igualdad de trato entre Comunidades Autónomas es una obligación del
Gobierno de España, y si el propósito, como reza el acuerdo, es "la
mejora de la seguridad del corredor viario... así como una disminución de
la congestión y del nivel de emisiones en la N-340", la provincia de
Castellón está en idénticas circunstancias, dándose también en algunos
tramos de las provincias de Valencia y Alicante, como, al menos, en las
comarcas de La Safor y La Marina en la vía N-332.
Tras la adopción del acuerdo se afirmó por parte del Gobierno que "en los
próximos días" se ampliarían las anunciadas bonificaciones, y entendemos
que la decisión tomada debe sustanciarse sobre datos ciertos de
siniestralidad y emisiones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se hagan públicos los datos referidos a seguridad vial, congestión
de tráfico y del nivel de emisiones que han llevado a la adopción de este
discriminatorio acuerdo.
2. Que se extiendan al menos a la Comunidad Valenciana las bonificaciones
en la autopista AP-7 aprobadas el pasado 31 de agosto con carácter
inmediato."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Toni Postius i Terrado,
Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate
ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una
Proposición no de Ley para que el tren de alta velocidad
Madrid-Montpellier operado por "Air Nostrum" tenga parada en Lleida.
Exposición de motivos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz
verde a un nuevo servicio internacional de transporte de viajeros en tren
de alta velocidad entre Madrid y Montpellier operado por una filial de
Air Nostrum, Intermodalitat de Llevant (ILSA).
Este nuevo servicio, según el informe de la CNMC, sería más económico y
más rápido, y tardaría un 10% menos en hacer el mismo trayecto que los
trenes operados por Renfe.
Esto supone un avance para los usuarios, que verán incrementada la
frecuencia de trenes de Madrid a Montpellier. El tren conectará Madrid y
Barcelona con tres departamentos franceses, que suman más de 2 millones
de habitantes y contempla paradas en Zaragoza y Barcelona, pero se
desconoce si finalmente tendrá parada en Lleida.
Son muchos los usuarios diarios del trayecto Lleida-Barcelona o
Lleida-Madrid, por lo que sería beneficioso para estos usuarios que el
tren hiciera parada en la ciudad de Lleida.
La alta velocidad tiene una importancia muy relevante en la ciudad de
Lleida y supone un elemento impulsor de la cohesión territorial y un
dinamizador del desarrollo económico.
La parada en Lleida supondría una oportunidad para el turismo y también
para las comunicaciones del sector agroalimentario y económico, puesto
que la llegada del AVE ya supuso un antes y un después para la ciudad y
el territorio.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instar al operador "Air
Nostrum-Intermodalidad de Llevant" a que el nuevo servicio de tren de
alta velocidad Madrid-Montpellier tenga parada en la ciudad de Lleida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Antoni
Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/003794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Toni Postius i Terrado,
Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate
ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una
Proposición no de Ley para la bonificación de la AP-2 (Montblanc a Soses)
para los vehículos pesantes y para la duplicación de la carretera N-240
entre Lleida y Les Borges Blanques.
Exposición de motivos
En los últimos 8 años han perdido la vida 30 personas en la carretera
N-240 entre las localidades de Lleida y Les Borges Blanques. Esta
situación ha generado en el territorio múltiples reclamaciones y se exige
una solución definitiva para rebajar substancialmente la siniestralidad
en este tramo.
Esta carretera soporta diariamente unos 10.000 vehículos, de los cuales
1.800 son vehículos pesados.
Se ha podido constatar que la elevada siniestralidad y mortalidad se
pueden atribuir a la carencia de las condiciones básicas de seguridad que
presenta este tramo de carretera. La concentración de vehículos en el
tramo referenciado es altísimo y esto conlleva que las condiciones de
seguridad de la carretera estén en situación pésima, tanto en lo que se
refiere al ancho de la vía como al volumen de vehículos ligeros y pesados
que desgastan la calzada de la misma.
Es por eso que se reclama la bonificación total a los vehículos pesados en
la AP-2 entre Montblanc y Soses para así poder aplicar la desviación
obligatoria y que esta no suponga un agravio para los transportistas y
empresas que deben hacer esta ruta. Esta bonificación supondría ampliar
las medidas establecidas en el Real Decreto 1110/2018, de 31 de agosto,
por el que se modifican ciertos términos de la concesión de las
autopistas AP-7 y AP-2 que ostenta Autopistas, Concesionaria Española,
S.A.U., por la aplicación de medidas de bonificación de peajes en los
tramos de Altafulla-Vilafranca Sur de la AP-7 y Les Borges Blanques-Pla
de Santa Maria de la AP-2.
La gratuidad y desdoblamiento de la carretera N-240 entre las comarcas del
Segrià y Les Garrigues es una reivindicación legítima y justa del
territorio y del conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas que se prolonga
desde hace más de doce años.
Actualmente está en ejecución un estudio para el desdoblamiento de la
N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida. Se ha constatado el mal estado
de este tramo de la carretera, por lo que se exigen mejoras en la
calzada.
Teniendo en cuenta que el Gobierno del Estado se comprometió en ejecutar
las obras de desdoblamiento durante el año 2017 con una inversión
aproximada de 56 millones de euros, y entrando en el último trimestre de
2018, exigimos que el Gobierno ejecute los compromisos adquiridos y
ejecute las obras de desdoblamiento del tramo de la N-240.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Bonificar al 100% los peajes, de forma urgente y provisional,
para el tráfico de vehículos pesados por la autopista AP-2 en los tramos
comprendidos entre Montblanc y Soses.
Segundo. Que el Ministerio de Fomento ejecute, sin más dilación y con la
correspondiente dotación presupuestaria, las obras de duplicación del
ancho de la carretera N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Antoni
Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
mejora de las condiciones laborales del sector de transporte de
mercancías, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones
Seguridad Social.
Exposición de motivos
UTAPA es la Unión de Transportistas, Autónomos, PYMES y Asalariados del
sector de los transportes de mercancías de España, creada para luchar
contra las injusticias y los graves problemas que se sufren en el sector.
Con la presente moción queremos trasladar todos los problemas que se
viven en el sector del transporte y pedir a las administraciones públicas
correspondientes que tomen medidas para su solución.
La actividad profesional del sector del transporte, reconocida como de
alto riesgo, está empeorando por la falta de control a las empresas y por
la no aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación
por parte del Gobierno del Estado, que sí recomiendan la Unión Europea,
sindicados, universidades o la propia Seguridad Social.
A esta realidad de conductoras y conductores de avanzada edad y con
facultades físicas afectadas, se le suma la presión que reciben a los
puntos de carga y descarga, donde muchas veces se utiliza la llamada
"cláusula de pacto en contra", avalada por la Ley 15/2009, para
obligarlos a realizar trabajos de carga y descarga sin ningún medio de
seguridad o formación. Esta práctica está muy extendida por la falta de
capacidad de negociación que tienen las PYMES y autónomos con las
emprendidas transportistas, convirtiéndose en una cosa habitual aquello
que la norma entiende como una excepción.
Otra práctica habitual del sector es fijar la remuneración del trabajo de
los conductores en base a una cantidad fija por kilómetro o a un
porcentaje del viaje, lo cual pone en riesgo su salud y la seguridad
vial. Además, se está convirtiendo en una práctica habitual camuflar el
pago de pluses de productividad (por kilómetros recorridos) a las
trabajadoras y trabajadores bajo la apariencia de dietas, que no se
incluyen en la base de cotización de la Seguridad Social.
Todas estas prácticas y otras, como la generalización de los contratos de
falsos autónomos, conforman el conocido como "dumping social" en el
transporte por carretera, una forma de competencia desleal que afecta
directamente a los mercados, reduciendo los costes de producción de las
mercancías a expensas de los salarios y condiciones laborales de las
trabajadoras y trabajadores.
Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar al Gobierno del Estado a que atienda la Proposición no de Ley
aprobada en el Congreso el pasado 15 de marzo de 2017, donde se pide la
adhesión a "la Alianza de la Carretera" para establecer un plan de
acciones conjuntas de todos los Estados de la Unión Europea que lucha
contra el llamado "dumping social", basado en la explotación y bajos
salarios de las trabajadoras y trabajadores del sector del transporte,
además de mejorar la cooperación en materia de inspección y control para
combatir prácticas abusivas como los contratos de falsos autónomos o el
camuflaje de los pluses de productividad como dietas.
2. Instar en el Congreso a que modifique el artículo 20.1 de la Ley
15/2009 para eliminar la llamada "cláusula de pacto en contra" para que
el conductor nunca tenga que asumir la carga o descarga de las
mercancías.
3. Instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que aplique los
coeficientes reductores de la edad de jubilación a las y los
profesionales del sector del transporte para ser una actividad
profesional reconocida como de alto riesgo.
4. Instar en el Congreso a que modifique la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres para incluir, como infracciones muy graves que
suponen la pérdida de la honorabilidad de la emprendida transportista y
de su gestor de transporte, aquellas infracciones del ámbito social a las
que una empresa haya sido condenada por sentencia judicial o resolución
administrativa por vulneración de los derechos laborales de sus empleadas
y empleados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Ignasi
Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley sobre el establecimiento en la nueva PAC 2021-2027 de un
Régimen Especial para las Islas Baleares, para su debate y aprobación en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde su creación, la Unión Europea ha tenido una consideración especial
para la realidad de la insularidad. En un primer lugar se articularon
regímenes especiales para las llamadas regiones francesas de ultramar,
pero posteriormente, se extendió a otras situaciones como Madeira, las
Azores, las islas Canarias y en último lugar a las Islas Menores del Mar
Egeo. Este reconocimiento de la insularidad como factor limitante ha
tenido siempre una aplicación concreta en lo que al sector agropecuario
se refiere. La base jurídica para su regulación se encuentra en el
artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, y a partir de este encaje,
la consideración de esta insularidad en la aplicación de la Política
Agraria Común, se recoge en el Reglamento 228/2013, de 13 de marzo, por
el que se establece el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e
Insularidad, POSEI, y en el Reglamento 229/2013, de 13 de marzo, por el
que se establecen Medidas Específicas en Agricultura para las Islas
Menores del Mar Egeo.
Las Islas Baleares tienen una superficie de 4.982 km2, repartidas en
cuatro islas mayores y una serie de islotes menores. En Baleares además
coincide el factor de la doble insularidad para las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera. Podemos decir que sus condiciones se asemejan a las
Islas de Mar Egeo.
El reconocimiento de esta condición de insularidad ha sido un reclamo
histórico del sector agropecuario balear. El 24 de abril de 2012, el
Parlamento Balear aprobó por unanimidad una Moción instando al gobierno
de entonces a incluir en el siguiente periodo de programación 2014 -2020
un Régimen Especial para las Islas Baleares.
El objeto de este régimen sería establecer un conjunto de medidas
específicas en el sector agrícola para paliar las dificultades
ocasionadas por la situación de insularidad y, concretamente, el
alejamiento, el aislamiento, la reducida superficie, el relieve, el clima
desfavorable y la dependencia económica respecto de un reducido número de
productos. La condición de insularidad constituye en sí mismo un factor
limitante, no solo social y económico, sino también ambiental. En
contexto de cambio climático, claramente se destaca por los propios
organismos internacionales como factor especial de vulnerabilidad.
El sector agrario aporta un 1,4% al PIB Balear, y aunque tiene un peso
económico que podríamos considerar pequeño en el conjunto de su economía,
sin embargo, mantener y desarrollar un sector agrario y ganadero, con sus
actividades conexas agroalimentarias, constituye no solo una posibilidad
de creación de empleo, sino una necesidad esencial para mantener el
equilibrio territorial, la gestión de los ecosistemas y paisajes de las
Islas Baleares, la conservación del patrimonio cultural inmaterial y
constituye una seña de identidad básica en relación al sector turístico.
Las Islas Baleares no serían lo que son, sin las señas de identidad que
guarda "la pagesía". La intención es mantener una actividad agropecuaria
dinámica, con capacidad para generar empleo digno y valor agregado. La
relación virtuosa entre el sector agroalimentario y el sector turístico
en las Islas Baleares está todavía por construir sobre la base de una
responsabilidad social y ambiental mucho mayor del propio sector
turístico para con el territorio.
El informe elaborado por el Gobierno Balear en el año 2012, "La
agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción" y que sirvió
de base para la defensa entonces de este régimen especial, nos aporta los
datos básicos necesarios que los reglamentos comunitarios piden
justificar para establecer un régimen especial de insularidad. A falta de
datos más actualizados, utilizamos esta referencia, por la virtud de ser
un documento, asumido por el gobierno de entonces.
Es necesario destacar los factores limitantes que resultan claves para el
desarrollo y conservación del sector agropecuario. La insularidad
condiciona la disponibilidad de agua. Las Islas Baleares no cuentan con
grandes masas ni cursos de agua. La dependencia de las precipitaciones es
casi del 100%, lo que ha limitado históricamente el desarrollo del
regadío. La insularidad condiciona también la calidad del suelo que en
las islas de Menorca, Ibiza y Formentera influyen de manera importante en
la productividad agraria. Salvo la Pla de Mallorca, el resto de los
suelos insulares tienen perfiles edafológicos muy pobres. La insularidad
agrava la vulnerabilidad a la entrada de nuevas plagas y enfermedades. La
expansión de la Xylella ha sido un buen ejemplo, pero no es el único. La
condición de insularidad impone una estructura de las explotaciones
agrarias marcada por el reducido tamaño medio de las explotaciones, una
alta fragmentación de las explotaciones agrarias en numerosas parcelas de
dimensiones en ocasiones muy reducidas, y un régimen posesorio sobre la
tierra que se apoya en instituciones jurídicas muy antiguas y que frenan
la dinamización sectorial. La insularidad impone aislamiento y dificultad
en las comunicaciones y transportes. Los sobrecostes añadidos del
transporte, pero también los tiempos y la dificultad para organizar la
comercialización encarecen el producto y eleva los costes de producción y
distribución. Finalmente, la insularidad repercute en la dimensión del
mercado. En algunos casos como Formentera, además hablamos de una
microisla de muy reducido tamaño.
Estos factores condicionan la rentabilidad y viabilidad de las propias
explotaciones. En primer lugar, por el incremento en el coste de los
insumos básicos de la producción agropecuaria. Tomando tres variables muy
determinantes para la producción, evidente su impacto. Por una parte, el
incremento medio de los precios de los piensos del ganado es del 45%. Los
datos disponibles de diversas fuentes, indican que este sobrecoste supone
un gasto añadido al sector ganadero por año de 15.621.300 ?. A esto se le
suma el diferencial de precio en el litro de gasoil que es de 0,051 ?.
Con un consumo estimado de 88.000 Tn anuales, el sector paga 4.488.000 ?
de más por el gasoil consumido. En tercer lugar, en el caso de
fertilizantes, y con un consumo medio estimado de 30.000 Tn anuales y un
diferencial de precio de 0,06 ?/kg, el sector asume un sobrecoste de
1.800.000 ? más al año.
De manera paradójica, los precios recibidos por los y las agricultoras y
ganaderas son inferiores a los de la península. La razón está en la
propia insularidad que favorece mercados cautivos y poco transparentes,
con una concentración muy grande en el almacenamiento y distribución.
Así, la diferencia en el precio del cordero está en 20 ?/canal, que, por
los 160.000 corderos sacrificados anualmente en Baleares, supone un
efecto negativo sobre la renta de 3.200.000 ?. El caso de la leche es
paradigmático.
El precio de Baleares es el más bajo de toda España, situándose en el año
2017 en 0,316 ?/l. Esto significa 0,022 ? menos, que por los 87,2
millones de litros de leche que se producen, supone un impacto negativo
en la renta agraria de 1.918.400 ?.
En un contexto en el que otros sectores económicos presionan sobre el
sector agropecuario, el precio de la tierra en Islas Baleares se mantiene
en niveles que impiden radicalmente la incorporación de jóvenes o el
acceso a la tierra. Mientras que el precio medio de la hectárea de tierra
en España es de 9.705 ?/ha, según la estadística del Ministerio de
Agricultura, en Baleares el precio declarado está en 18.364 ?/ha. A pesar
de que desde el año 2012 ha disminuido ligeramente su precio en el resto
de España, sin embargo, en Baleares apenas ha variado.
La renta agraria por ocupado en Baleares es un 28,2% inferior a la de la
península, pero, además, en el periodo intercensal anterior, 1999-2010,
cayó un 30,2%. Al mismo tiempo, el Margen Bruto de Explotación
Agroalimentaria en Baleares está en 1,2%, mientras que el de España de
media se sitúa en 10,6%.
Toda esta situación no es reconocida en la actualidad por la Política
Agraria Común, que se aplica injustamente en Baleares y, que no solo no
compensa, sino que castiga al sector balear. Así el valor medio por
derecho de pago básico en Baleares se sitúa en 113,04 ?, lo que implica
30,45 ? por debajo de la media nacional. Lo que percibe un perceptor
medio de PAC en Baleares son 3.343 ?, lo que significa, 1.781 ? menos que
el perceptor medio a nivel nacional. Las razones son evidentes y derivan
de un sistema que establece como criterio casi absoluto la superficie, y
que favorece a producciones continentales extensivas.
Abierto un nuevo proceso de Reforma de la PAC, se plantea un nuevo
escenario de oportunidad. Los borradores de Reglamentos presentados por
la Comisión el 1 de junio de 2018 vuelven a incluir aspectos relacionados
con la reforma de los dos Reglamentos antes mencionados que rigen el
POSEI para regiones ultraperiféricas, y el régimen especial de las islas
menores del Mar Egeo. Es ahora cuando los gobiernos estatal y autonómico,
las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias y sociales que
defienden la necesidad de un mundo rural vivo en Baleares y un sector
agrario dinámico y de calidad que genere empleo y riqueza, deberían
trabajar para elaborar la propuesta.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la propuesta de un Régimen Especial de las Islas Baleares en
el marco de la futura reforma de la PAC, en coordinación con el gobierno
balear y las organizaciones representativas del sector, que contemple:
- Que el régimen especial será complementario a la aplicación ordinaria de
la PAC.
- Un régimen especial de abastecimiento para insumos agrarios y ganaderos
y a la industria agroalimentaria.
- Un régimen especial de medidas de fomento de la producción agrícola
local.
- Favorecer el comercio entre las islas del archipiélago balear.
2. Presentar, en coordinación con las instituciones del gobierno balear y
los sectores implicados, ante la Unión Europea la propuesta con un cuadro
financiero dotado suficientemente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-María
Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputada.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/003783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
recuperación del cultivo de algarrobo (Ceratonia siliqua), para su debate
en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hasta mediados del siglo XX, el suelo del territorio rural mediterráneo,
se ha caracterizado por dos actuaciones básicas, cultivar todo tipo de
terreno donde era posible hacerlo y aprovechar los productos forestales
maderables y no maderables, allí donde no era posible cultivar, siendo
típicos los paisajes abancalados que otorgan una identidad y belleza
paisajística sobresaliente.
Fue en las áreas frontera entre campos de secano y la montaña propiamente
dicha, caracterizadas por el minifundio y la falta de rentabilidad de las
explotaciones agroforestales, donde el fenómeno de la migración y
despoblación del medio rural español fue más acusado.
A su vez, el abandono de estas zonas ha originado la acumulación de
biomasa en nuestros montes con una capacidad pirofítica devastadora, que
está constatada por los inventarios forestales.
La recuperación de los campos abancalados, ahora ocupados por matorral o
por otras especies (mayoritariamente "pinus halepensis"), realizando un
aprovechamiento sostenible del territorio, puede suponer que las terrazas
aumenten la separación entre las filas de árboles, creando discontinuidad
horizontal, que puede ser importante en la propagación de incendios.
Pero no se trata únicamente de aspectos orográficos. Existen especies,
como el algarrobo (Ceratonia siliqua), un árbol autóctono, muy
característico y arraigado culturalmente en la zona del Levante y las
Islas Baleares, con una gran resistencia a la sequía, cierta tolerancia
al fuego y gran capacidad de rebrote, que pueden facilitar la gestión de
estas zonas agroforestales.
Se estima que las superficies dedicadas al cultivo del algarrobo, a
mediados del siglo XX, se aproximaban a las 200.000 hectáreas,
distribuidas por toda el área mediterránea comprendida entre 0 y 450
metros de altura.
El algarrobo es un cultivo tradicional con cosechas que oscilan, en
España, entre las 60.000 y las 80.000 tm de garrofas o algarrobas, su
fruto, del que se obtienen productos, como piensos para el ganado y una
pequeña parte se utiliza en la alimentación humana, en concreto, como
sustituto del cacao, o la denominada "goma de garrofín", que se utiliza
como espesante y estabilizante natural en muchos productos alimentarios.
La garrofa y sus derivados están considerados como un superalimento, con
un gran valor nutricional que se está poniendo en valor gracias al
trabajo en l+D+i del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo.
El cultivo del algarrobo tiene un potencial que podría ayudar a consolidar
la economía rural de algunas zonas, evitando la despoblación. Además,
sirve para generar un aprovechamiento agroforestal gestionado
sosteniblemente que sirve para el control de la biomasa y que facilita el
control de los incendios.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congrso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en consenso con las Comunidades Autónomas afectadas, un plan
de recuperación del algarrobo en el "piedemonte" mediterráneo, que
incluya:
a) Un inventario de las superficies potenciales, histórica y de los
cultivos actuales.
b) Superficies localizadas en espacios naturales protegidos, en especial,
de la Red Natura 2.000.
c) Localización de parcelas catastrales en función a su propiedad pública
o privada.
d) Establecer programas pilotos en zonas de alto riesgo de incendios y sus
mecanismos de gestión y/o participación público-privada y custodia, con
la intención de facilitar la intervención, recuperación y mantenimiento
de las parcelas formando discontinuidad.
e) Potenciación de acciones que favorezcan la creación de actividad y
empleo, localizada en los municipios rurales y en el marco del sector
cooperativo.
2. Apoyar, impulsar y defender, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, este producto agrícola en el mercado, dándole el valor que
merece a través del I+D y de la difusión de sus excelentes
características como ingrediente, aditivo y como cultivo tradicional y
beneficioso para el medio ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
evaluación de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del
Segura destinados a la ganadería, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El censo de ganado, con datos de 2016, nos informa de 6.317.641 cabezas de
ganado bovino, 29.231.595 de porcino y 15.962.892 de ovino, lo que sitúa
la cabaña ganadera española en un lugar destacado de la Unión Europea en
porcino y ovino, pero no menos importante en ganado bovino.
Las ganaderías están distribuidas irregularmente por la geografía. Aunque
hay regiones claramente ganaderas y agrícolas, todas las comunidades
autónomas tienen una representación de cabezas de los tres tipos de
ganado.
En esta distribución influyen muchos factores: la superficie agrícola, la
vegetación, la orografía, las condiciones climáticas, la tradición
ganadera y alimentaria, la logística, etc. En cualquier caso, la
ganadería es un motor de crecimiento y desarrollo económico de las
regiones donde se asienta y un subsector generador de empleo.
En zonas del levante español, la sequía ha influido sobre todo tipo de
actividad vinculada al campo, ya sea agricultura o ganadería. La
disponibilidad de agua es estratégica para los abastecimientos humanos,
para los cultivos, pero también para garantizar la disponibilidad de
alimento de proximidad para el ganado o para saciar la sed del mismo. En
definitiva, el agua es esencial para mantener las producciones animales,
bien en granjas o en extensivo.
Lejos de constituir un elemento de enfrentamiento, las explotaciones
ganaderas han compartido con la agricultura, especialmente el regadío,
los escasos recursos hídricos, realizando la mejor gestión posible de los
mismos.
El acceso a las concesiones de agua se ha convertido, para el ganadero, en
un punto clave en el que poner su máxima atención, pues debe garantizar
su suministro en el tiempo, justificar la necesidad y legalizar el
reconocido de su uso y derecho.
Por otra parte, la rentabilidad de las explotaciones depende de un precio
asequible y asumible a un recurso como el agua, e indirectamente de
productos vegetales también vinculados al agua o al precio de su
transporte.
El otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en
las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola
Comunidad Autónoma, según queda reflejado en el Texto refundido de la Ley
de Agua, es función del Estado y esta atribución recae sobre los
organismos de cuenca.
En el levante, la Confederación Hidrográfica del Segura comprende el
territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo
entre la desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola
del Segura, además de la cuenca hidrográfica de la rambla de Canales y
las endorreicas de Yecla y Corral-Rubio. En total, 19.025 km2, de
superficie continental, que corresponde a 4 comunidades autónomas, 6
provincias y 132 municipios.
La ganadería es un apartado importante analizado en el capítulo de usos y
demandas de la planificación hidrológica. La actividad ganadera se
refleja en los aproximadamente 3 millones de cabezas de ganado que, según
el Censo Agrario más reciente, hay en la cuenca del Segura. Además de 5,2
millones de aves repartidas en más de 1.100 explotaciones avícolas.
Para regiones como la de Murcia, con más de 1.800.000 cabezas de porcino,
que se incluye dentro de las cinco provincias que acumulan el 50% del
censo nacional, 600 mil de ovino y 77 mil cabezas de bovino, el agua
constituye un factor fundamental. El grueso del censo ganadero de la
demarcación del Segura se encuentra en la Región de Murcia, que cuenta
con más del 83% del porcino, el 90% del bovino, el 89% de las aves y el
67% de la ganadería ovina y caprina.
En la planificación, la demanda ganadera se considera incluida dentro de
la demanda agraria estimada, ya que las dotaciones de las Unidades de
Demanda Agraria incluyen las dotaciones necesarias para el uso ganadero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone para
su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar los recursos que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene
asignados al sector ganadero de las diferentes provincias.
2. Ajustar la oferta y la demanda que garantice el suministro suficiente
para garantizar un sector ganadero competitivo y sostenible dentro de los
límites de la Confederación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transición Ecológica
161/003771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En
Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley sobre la continuidad del proyecto de regeneración
de la bahía de Portmán, Murcia, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán,
en el término municipal de La Unión (Región de Murcia), es un proyecto
largamente anhelado por la sociedad murciana. Estamos ante lo que la
comunidad científica reconoce como uno de los mayores desastres
ecológicos del Mediterráneo.
"Portus Magnus", así llamaban los romanos a uno de los puertos más grandes
que existió en el sur de la península. Pero el tiempo no ha tratado bien
a la Bahía de Portmán. Junto a la costa de Cartagena, en Murcia, ya no
queda nada de este antiguo puerto. Al contrario, sus aguas han
desaparecido tras una montaña de tierra amarillenta e insana. Donde antes
hubo hasta doce metros de profundidad, ahora sólo quedan los restos de
tierras y lixiviados procedentes de las minas de la Unión. El 30 de marzo
de 1990, tras una prolongada campaña de oposición, cesaron los vertidos
al mar. Desde el inicio de los vertidos en 1958, se estima que han sido
arrojados a la Bahía de Portmán más de 60 millones de toneladas de
estériles aterrando más de 750.000 m2 de la superficie de la bahía y
sepultando varios kilómetros cuadrados de los fondos marinos de la
plataforma continental marina frente a Portmán.
En noviembre de 1991 se cierra la explotación minera, siendo despedidos
los más de trescientos trabajadores de su plantilla. La empresa Portmán
Golf S.A. queda a la espera de que se acepten sus planes de urbanización
del entorno. A partir del año 1994, tras el cierre de los vertidos al
Mediterráneo y la aparición de las filtraciones de los vertidos en la
Sierra Minera, se realizan diversos acuerdos y convenios entre
administraciones y centros de investigación tendentes, inicialmente, a
recuperar los usos tradicionales en la bahía y el pequeño puerto pesquero
original situado a poniente de la misma. Más adelante, el objetivo de los
estudios pasa a ser la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de
Portrnán y su entorno. En marzo de 1995, Cristina Narbona, Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda, acude a Portmán para presentar a los
vecinos algunas propuestas que está analizando el MOPTMA para poder
acometer la recuperación de la Bahía de Portmán y su entorno.
Paralelamente, y desde entonces, la comunidad científica de toda Europa ha
puesto su atención sobre este caso emblemático, y los estudios se han
sucedido. Uno de los estudios más completos realizado por
la Universidad Complutense en el año 2016 1, puso de manifiesto lo que en
sí parece más que obvio. Los restos de la bahía de Portmán son peligrosos
para la salud. Eso sí, este trabajo ha conseguido identificar y
cuantificar los restos de la bahía, señalando de forma concreta cuál es
el verdadero peligro al que se exponen los habitantes de la zona y la
fauna que lo habita. Según el estudio, la bahía de Portmán es actualmente
uno de los puntos más contaminantes que existe en la península. La
presencia de cadmio, plomo y arsénico está muy por encima de los niveles
admitidos como normales. Especialmente este último resulta peligroso por
su conocido efecto cancerígeno. En la zona viven más de 20.000 personas.
El análisis realizado por la Complutense muestra que los niveles de
exposición diaria, especialmente en los niños, son mucho más altos de lo
que deberían ser. Aunque es un análisis de riesgos, que muestran el
peligro potencial, y no un análisis que muestre una afección directa, los
investigadores han dejado claro a las autoridades que deberían ponerse
medidas inmediatas para prevenir un problema sanitario muy grave.
En julio de 2001 se firma un Convenio de colaboración entre la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (CARM), la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Ente Público de Puertos del Estado
y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del
Ministerio de Fomento, para la Realización de trabajos tendentes a la
regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán (Murcia), cuyo
desarrollo contaba con cuatro fases sucesivas. Entre los trabajos
correspondientes a la primera fase se contemplaba la elaboración por
parte del CEDEX de un documento que analizase las líneas fundamentales de
posibles alternativas de corrección del problema ambiental existente en
la bahía de Portmán, junto con su correspondiente justificación técnica,
económica y ambiental, para su presentación a las Autoridades de la Unión
Europea. En abril de 2002, el CEDEX emite el informe "Trabajos tendentes
a la regeneración y adecuación ambiental de lo bahía de Portmán
(Murcia)".
En el "Boletín Oficial del Estado" núm. 245, de fecha 22 de febrero de
2011, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se formula la "Declaración de
impacto ambiental del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de
la Bahía de Portmán, término municipal de La Unión", que es un documento
imprescindible y garantista para que este proyecto de regeneración se
haga bien y sea beneficioso para toda la ciudadanía. Habiéndose iniciado
algunos trabajos aparentemente de regeneración estamos observando que
aspectos importantes de la Declaración de Impacto Ambiental citada no se
están llevando a cabo.
El BOE de 23 de julio de 2015 hizo pública la licitación de las
actuaciones del proyecto de regeneración. El BOE de 12 de septiembre de
2016 publicó el Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar sobre la formalización del contrato "Regeneración y
adecuación ambiental de la bahía de Portmán, término municipal de La
Unión (Murcia)" con un valor estimado del contrato de 59.536.680,30
euros. El proyecto consiste en el dragado de estériles depositados en la
bahía hasta retrasar la línea de orilla actual en 250 metros. Para ello
se retirarán de la bahía unos 2 millones de metros cúbicos de estériles,
los cuales se trasladarán a la corta minera de San José, en la misma
provincia y comunidad autónoma. También está previsto regenerar la nueva
línea de playa reutilizando materiales de la actual y aportar arena
caliza de machaqueo para mejorar su granulometría.
Desde hace meses las obras de regeneración de la Bahía de Portmán, que se
iniciaron en octubre de 2016, están presentando una serie de dificultades
y parones de actividad, que parecen derivar de insuficiencias técnicas.
El problema está en que el anterior Gobierno del PP licitó en 2015 un
proyecto de dudosa solvencia técnica, sin suficiente presupuesto y con
una notable carencia de transparencia.
El proyecto original del Ministerio contemplaba el uso de una cinta
transportadora para trasladar los residuos que se dragasen en la bahía a
la corta San José. Habida cuenta que los cálculos empleados para el
relleno de este hueco minero con el sedimento dragado y una vez escurrido
en superficie parecen no corresponder con los volúmenes finales
disponibles y las densidades de manejo, además de que el diseño propuesto
puede suponer un alto riesgo estructural, parece que se ha optado por
buscar alternativas al vertido en la corta San José; alternativas no
contempladas en los estudios iniciales y para las que no existen acuerdos
con los propietarios del terreno.
La regeneración de la Bahía de Portmán es considerada una deuda histórica
con la ciudadanía de la Región de Murcia. Por ello es una responsabilidad
de todos los representantes políticos aunar esfuerzos para que el
proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán continúe ejecutándose,
solventando, al
1 Carmen Pérez-Sirvent, Carmen Hernández-Pérez, María José
Martínez-Sánchez, Mari Luz García-Lorenzo, Jaume Bech, "Geochemical
characterisation of surface waters, topsoils and efflorescences in a
historic metal-mining area in Spain", Journal of Soils and Sediments,
16(4), abril 2016.
menos, tres problemas que presenta el proyecto en ejecución y viene
arrastrando desde prácticamente sus orígenes:
- La Corta San José, destino final de estos residuos, no cumple con los
requerimientos geotécnicos para albergar los residuos tóxicos y
peligrosos dragados ya que a partir de alcanzar la cota de 30 metros no
se podrán seguir vertiendo residuos y habrá que buscar un nuevo depósito
para dar cabida a los mismos.
- Los lodos dragados no se secarán suficientemente en las balsas previstas
como para cumplir con los requerimientos de contenido en agua que
establecen los reglamentos para su depósito en un vertedero de residuos
tóxicos y peligrosos como los que son.
- Además, cuando se inicien las obras de dragado, las aguas resultantes de
estas operaciones y del propio escurrimiento de los residuos, resultarán
altamente enriquecidas en metales pesados y metaloides, y el proyecto no
dispone de ninguna acción ni partida presupuestaria para su tratamiento,
siendo su coste de tratamiento, según las tecnologías disponibles, de un
coste financiero importante. De ninguna forma estas aguas pueden acabar
llegando al Mediterráneo sin depurar.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la continuidad del proyecto de regeneración de la Bahía de
Portmán, incluyendo la de los suelos contaminados, cumpliendo los
criterios de transparencia y acceso a la información.
2. Disponer de un informe y propuesta que resuelva los problemas técnicos
que se han presentado en la ejecución del proyecto de regeneración
(problema de la corta receptora de los estériles, desecado de los lodos
dragados y tratamiento de las aguas resultantes).
3. Dotar de presupuesto suficiente al proyecto de regeneración, así como
una valoración económica del mismo en relación a los costes e impactos
del proyecto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2018.-Javier
Sánchez Serna y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/003781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar
los daños producidos por las inundaciones en el levante mallorquín
durante las tormentas producidas a principios del mes de octubre de 2018,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La Agencia Estatal de Meteorología ponía en aviso, para los días 9 y 10 de
octubre, varios puntos de la costa mediterránea, en especial la costa de
Málaga y las provincias de Barcelona y Gerona. A lo largo del día, las
previsiones concentraban los riesgos en la zona norte, nordeste y levante
de Mallorca.
El martes 9, la estación meteorológica de Artá-Colonia de San Pere
acumulaba 232,8 litros por metro cuadrado entre las 16:00 y las 21:00
horas, con un importante pico de 71 litros a las 19:00 horas. Otra
estación, la de Artá, acumulaba 62,8 litros por metro cuadrado en una
hora, alrededor de las 20:00 horas.
Estas fuertes lluvias, caídas a media tarde al este de Mallorca, han
provocado la dolorosa pérdida de la vida de numerosas personas, varios
desaparecidos, así como gran cantidad de desperfectos materiales. La
localidad más afectada por las tormentas fue Sant Llorenç des Cardassar,
tras desbordarse el torrente que atraviesa el pueblo, pero también hay
que lamentar víctimas mortales en las localidades de S'Illot, un pueblo
vecino perteneciente a Son Servera, y Artá.
Varios de los fallecimientos se provocaban al inundarse sus propios
domicilios, otros atrapados en los vehículos que eran arrastrados por las
corrientes. Tras desbordarse el torrente, prácticamente todo el pueblo de
Sant Llorenç quedó anegado, sin luz y con dificultades para la
comunicación por teléfonos móviles. Los vecinos tuvieron que refugiarse
en las zonas altas de sus viviendas. Muchos vehículos quedaron cercados
por el agua y a merced de las corrientes, incluso con ocupantes en su
interior.
Varios vecinos tuvieron que ser trasladados a zonas seguras, incluso hasta
localidades próximas, donde se habilitaron instalaciones. Dos puentes,
los que comunican Son Serra con Colònia de Sant Pere y el puente de la
Ma-4023 de Porto Cristo a Son Servera, se han visto afectados y hasta 11
carreteras cortadas por las inundaciones.
En resumen, en la tarde noche del martes 9 de octubre se han producido
daños personales o materiales derivados de una tormenta y el
desbordamiento de un torrente que ha perturbado gravemente las
condiciones de vida del Levante de Mallorca.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congrso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar la zona afectada como zona gravemente afectada por una
emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de
lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio.
2. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real
de los daños causados por las inundaciones del día 9 de octubre de 2018,
en Mallorca.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el
artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes
para paliar los daños provocados por las inundaciones y en concreto:
- Conceder ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta
y permanente.
- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda
habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de
actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que
hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos
industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras
municipales, red viaria provincial e insular.
- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas,
ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales
subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de
reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y
actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr
su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas, para su debate
en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
La Ley 8/2015 modificó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, permitiendo que cualquiera de las empresas instaladoras
habilitadas de gas pudiera realizar la inspección periódica de las
instalaciones receptoras de gases combustibles por canalización, siendo
esta una actividad que hasta ese momento había quedado reservada a las
compañías distribuidoras de gas. Mediante el Real Decreto 984/2015, de 31
de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso
de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, se dio
posterior desarrollo a esta previsión. Se trata, por tanto, de medidas de
liberalización en el mercado de gases por canalización, cuyo objetivo es
trasladar al consumidor de los mismos la máxima eficiencia en la
realización de este servicio, introduciendo una competencia hasta ese
momento inexistente en esta actividad.
La experiencia de esta liberalización ha sido hasta el momento positiva,
por lo que es deseable ampliarla y profundizarla. Transcurridos tres años
desde la liberalización del mercado, se aprecian algunos elementos
susceptibles de mejora que pueden y deben ser abordados mediante
modificaciones reglamentarias, que son competencia del Gobierno.
En primer lugar, es necesario regular un procedimiento de información que
permita a las empresas habilitadas para realizar esta inspección conocer
con mayor precisión la fecha en la que las instalaciones tienen que ser
sometidas a revisión. De esta forma, se lograría una mayor eficiencia en
la realización de las actuaciones, así como una mayor capacidad de las
empresas habilitadas para realizar su labor comercial. La imposibilidad
de estas empresas para predecir la fecha de la revisión periódica se ha
convertido, en la práctica, en una ventaja competitiva para el
distribuidor incumbente, que limita la competencia efectiva en el sector.
Debe, por tanto, corregirse esta situación con una regulación del acceso
a dicha información que, al mismo tiempo, sea compatible, lógicamente,
con la necesaria protección de los datos de los consumidores.
Existe margen y es deseable, igualmente, mejorar el procedimiento de
facturación ideado por el Real Decreto 984/2015. A este respecto, debe
analizarse la posibilidad de que las empresas instaladoras puedan
facturar directamente el coste del servicio al consumidor, a través de la
comercializadora, simplificando así el procedimiento completo y
permitiendo que las instaladoras habilitadas reciban un único pago de la
distribuidora, por el monto agregado de las inspecciones que realicen,
sin necesidad de una facturación individualizada a través de la
distribuidora. Una posibilidad similar a esta ya fue propuesta por la
CNMC en su informe inicial sobre el Real Decreto 984/2015 y ahora que el
sistema liberalizado cuenta ya con mayor desarrollo, parece adecuado
avanzar en dicha dirección.
Además, es necesario prever un límite máximo al tiempo que la
distribuidora puede dilatar el pago de la factura a la empresa
instaladora, asegurando que en ningún caso se sitúe por encima de los
plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Por último, la experiencia acumulada en la aplicación del RD 984/2015
señala un ámbito de mejora en la regulación de los plazos señalados por
el Reglamento, así como del modo de realizar las comunicaciones con el
consumidor.
Por lo que se refiere a los plazos, se ha comprobado que el plazo de 45
días dispuesto en el actual Reglamento resulta insuficiente para que los
consumidores puedan informarse y realizar, en su caso, la contratación
del servicio de inspección periódica. La insuficiencia de este plazo se
ve agravada por el hecho de que dichos 45 días se fijan desde el momento
de la remisión de la carta, y se ha demostrado que en un número
importante de casos el consumidor accede a la notificación con un retraso
significativo. En conjunto, por tanto, resulta adecuado ampliar el plazo
de 45 días establecido en el RD 984/2015 y establecer al tiempo
mecanismos de comunicación que aseguren, en la mayor medida posible que
sea eficiente, la recepción pronta de la comunicación por parte del
consumidor.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar y seguir avanzando en la plena liberalización del servicio de
inspección de instalaciones de gases combustibles por canalización
facilitando el acceso de las empresas instaladoras habilitadas de gas a
los datos necesarios para poder trasladar a los consumidores los
beneficios derivados de una mayor presión competitiva en la provisión de
este servicio.
2. Simplificar los procedimientos de facturación del servicio cuando lo
ejecute una empresa habilitada distinta de la distribuidora y a limitar
el plazo de pago de las facturas por parte de esta última.
3. Ampliar los plazos disponibles para que los consumidores puedan optar a
realizar la inspección periódica con una empresa habilitada distinta de
la distribuidora."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en
Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los
derechos LGTBI, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Torremolinos durante la última década del franquismo era un oasis de
convivencia y diversidad, referente internacional por ser un municipio
moderno y de mentalidad avanzada, a gran distancia de la sociedad
española de los años sesenta.
La juventud europea y norteamericana viajaba a Torremolinos donde se abría
en 1962 el primer local gay de España, el Tony's Bar. Era frecuente que
personas de toda índole y nacionalidad frecuentaran y convivieran en los
numerosos locales y comercios del Pasaje Begoña donde el respeto mutuo,
la diversidad y la pacífica convivencia eran algo habitual. Personas de
fama internacional disfrutaban de los locales de ambiente LGBTI del
Pasaje Begoña. Como ejemplo, citamos a John Lennon, acompañado de su
amigo y manager de The Beatles, Brian Epstein, visitaban Torremolinos y
el Pasaje Begoña como referente turístico gayfriendly. Otras muchas
personas, algunas de prestigio internacional, instalaron sus negocios en
el Pasaje Begoña, como "The Blue Note" de la famosa pianista holandesa
Pia Beck. El turismo LGTBI se mantuvo en el Pasaje Begoña durante la
década de los 60 a pesar de la dictadura, como referente internacional de
convivencia, respeto a la diversidad y a la orientación sexual de cada
persona.
El Pasaje Begoña mantiene numerosas similitudes con el Stonewall Inn de
Nueva York. Ambos lugares fueron pioneros en el respeto a la diversidad y
a las libertades LGTBI. También en ambos lugares tuvieron lugar sendas
redadas contra la libertad y la pacífica convivencia del colectivo LGBTI.
La redada del Stonewall Inn tuvo lugar el 28 de junio de 1969, y tras la
misma se sucedieron los famosos disturbios que pasaron a la historia como
el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGBTI en Estados
Unidos y después en el resto del mundo. En el Pasaje Begoña la "gran
redada" policial aconteció la noche del 24 de junio de 1971, y acabó con
numerosas detenciones y deportaciones, sanciones y precintado de
locales..., y puso fin a toda una época de esplendor de Torremolinos como
destino turístico.
Según el testimonio contrastado de víctimas y testigos de la "gran
redada", ordenada por el entonces gobernador civil de Málaga, Víctor
Arroyo, la noche del 24 de junio de 1971 camiones grises de la policía,
autobuses oficiales y otros vehículos municipales, se encaminaron hacia
el Pasaje Begoña, ubicándose en los dos extremos del mismo. Los agentes
de la policía armada, inspectores de policía del régimen y agentes de la
policía municipal registraron uno a uno los locales, y detuvieron a todas
las personas que allí se encontraban por atentar "contra la moral y las
buenas costumbres". Las crónicas cifran en más de 300 las personas
detenidas, "a 114 de ellas, como no había calabozo disponible, las
llevaron al callejón lateral que subía desde la antigua oficina de
Correos en el Paseo del Parque, hacia la calle Alcazabilla de Málaga".
Cruzaron los camiones en plena calle y allí mantuvieron a los detenidos
horas y horas. Algunos de ellos fueron puestos en libertad, otros
encarcelados. Muchos de los extranjeros fueron deportados. Aquella
intervención, con gran repercusión en la prensa de la época, propició la
protesta diplomática internacional por el maltrato que recibieron cientos
de turistas extranjeros, entre los que se encontraban personalidades de
relieve de toda Europa. Algunos países protestaron firmemente por las
vejaciones que se llevaron a cabo en aquel registro y la posterior
detención humillante de que fueron objeto sus conciudadanos.
La justificación del régimen para llevar a cabo aquella brutal redada eran
"las reiteradas infracciones a la normativa en vigor referente a la
moralidad pública y buenas costumbres", según publicaba el diario Sur en
su edición del 25 de junio de 1971. La noticia saltó incluso a las
ediciones y portadas de la prensa internacional.
El gobernador civil, tras la redada, ordenó el cierre de varios locales
del Pasaje Begoña. Se procedió a la clausura de muchos de ellos. A
algunos negocios se les impuso una multa de 10.000 pesetas de la época,
por "vulnerar la legalidad y permitir comportamientos licenciosos". Ese
precinto de los locales corrió como la pólvora por los negocios cercanos,
y muchos de ellos nunca más volvieron a abrir sus puertas.
El Pasaje Begoña fue, por tanto, el chivo expiatorio que necesitaba el
franquismo para "poner orden ante la depravación" de las personas que
expresaban con respeto su libertad afectivo sexual. Fue la contundente
respuesta a unas prácticas consideradas como peligrosas y delictivas por
contravenir "la moral y las buenas costumbres".
Hoy el "Pasaje Begoña" es un lugar degradado y abandonado en pleno corazón
del municipio de Torremolinos; apenas un recuerdo en la memoria de los
que aún sobreviven a aquella época de esplendor; un capítulo borrado
intencionada e injustamente de la historia reciente de nuestro país por
parte del régimen franquista.
El Pasaje Begoña debería ser todo un símbolo y referente internacional por
lo que representó: un lugar de convivencia, respeto y libertad afectivo
sexual. Asimismo, debería ser recordado por la "gran redada" de 1971, de
la que fueron víctimas tantas y tantas personas, hombres y mujeres, por
el solo hecho de su orientación e identidad sexual.
Mientras el Stonewall Inn es un lugar de culto y visita obligada en Nueva
York, habiendo sido declarado como Monumento Nacional por Barak Obama en
2016, por su parte, el Pasaje Begoña aún permanece en. el más absoluto
abandono y decadencia, muy lejos del esplendor que tuviera décadas atrás.
No debemos olvidar que en 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole
en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por
la de Peligrosidad Social. En la Exposición de motivos de dicha ley se
determina que "la Ley se preocupa de la creación de nuevos
establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de
seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de
reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la
prostitución y para los menores, así como los de preservación para
enfermos mentales; establecimientos que, dotados del personal idóneo
necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso,
con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y
precisa de la autoridad judicial especializada".
El franquismo justifica su rechazo a la homosexualidad en la tradición
estigmatizadora prevalente durante siglos. Se ejerció una fortísima
represión contra el colectivo LGTBI por parte de las instituciones
públicas, la sociedad machista y patriarcal, los medios de comunicación y
los sistemas sanitario y educativo. Las consecuencias de dicha represión
son devastadoras, a veces irreversibles. Esos fueron los marcos legales
que permitieron durante décadas en España marginar, discriminar, ofender,
acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar o encarcelar a las
personas homosexuales, transexuales y bisexuales.
Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se quiso ofrecer
"tratamiento" a las personas homosexuales, y para su "rehabilitación" se
utilizaron tres penales de referencia en Huelva, Badajoz y Fuerteventura,
donde cientos de personas entre 1968 y 1979 pasaron por prisión
únicamente por su condición sexual. Allí la homosexualidad era "tratada"
como una enfermedad a extirpar, utilizándose terapias basadas en trabajos
forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas, actualmente
prohibidas, como lobotomías y descargas eléctricas. Esos centros
penitenciarios permanecieron en funcionamiento hasta 1978, cuando el 26
de diciembre se eliminó la homosexualidad como delito, siendo derogada
completamente siete años después, el 23 de noviembre de 1985.
Debemos recuperar la memoria del Pasaje Begoña, donde la libertad y la
convivencia, con el respeto a la diversidad, fueron una realidad durante
la década de los sesenta y principios de los setenta, pese al régimen
franquista. Sin duda, tras la brutal redada del 24 de junio de 1971 ese
emblemático lugar fue objeto de represión, degradación y olvido.
Asimismo, entendemos que es de justicia la puesta en valor de estos
acontecimientos como forma de honrar a las víctimas, porque "un pueblo
que no conoce su historia está condenado a repetirla".
Con ese objetivo nació la Asociación Pasaje Begoña, impulsora de este gran
proyecto.
Hoy día, podemos decir con orgullo que el municipio de Torremolinos
(Málaga) es en cuanto a número de visitantes uno de los principales
destinos LGTBI de España, junto a Madrid, Barcelona y Sitges, con
turistas de más de 120 nacionalidades diferentes; de nuevo la libertad y
la diversidad son bandera de este municipio. Creemos que debe darse a
conocer su historia, y ponerse en valor los hechos y las personas que
pasaron por ella. Recuperar el Pasaje Begoña y promocionar lo que allí
sucedió servirá para documentar la memoria democrática de España. Situará
al Pasaje Begoña como referente internacional de convivencia y diversidad
y evitará que un negro episodio de nuestra historia más reciente, pueda
volver a repetirse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, en diálogo
con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de
Torremolinos, en las siguientes actuaciones relacionadas con el "Pasaje
Begoña":
- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la
memoria democrática del "Pasaje Begoña" y de la redada del 24 de junio de
1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su
orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares.
- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 812017, de 28 de diciembre, para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de
un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización
teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la
normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que
los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, José Andrés Torres Mora, Ángeles Álvarez Álvarez,
Miguel Ángel Heredia Díaz, Carmen Rocío Cuello Pérez y Antonio Pradas
Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021, para
su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
El 20 de julio de 2021 se cumplirán 800 años de la colocación de la
primera piedra de la catedral de Burgos por el Rey Fernando III y el
Obispo Don Mauricio. Con esta actuación se inició un proyecto
constructivo de enorme singularidad y repercusión europea. Por una parte,
este edificio se convirtió en la primera gran construcción del gótico
clásico español, ligada a modelos franceses, y a la vez pasó a ser modelo
de inspiración para muchos de los monumentos religiosos peninsulares de
los siglos XIII y XIV.
Durante los siglos XV y XVI recibió importantes influencias de grandes
centros artísticos europeos como el germano y el italiano, siendo una de
las edificaciones en las que se produjo por primera vez la introducción
del Renacimiento en España. La historia de este templo está jalonada por
las intervenciones de grandes arquitectos de prestigio universal como el
maestro Enrique, la Familia Colonia, Diego de Siloe, Juan de Vallejo,
etc., cuyas grandes actuaciones creadoras conformaron una basílica que
sin solución de continuidad desarrolla todos los estilos artísticos desde
el Gótico al Neoclasicismo.
La Catedral de Burgos sobresale, igualmente, por la calidad, singularidad
y variedad de sus colecciones de escultura, pintura, orfebrería,
vidrieras, rejería y textiles, etc., destacando un nutrido conjunto de
piezas procedentes de algunos de los grandes centros artísticos europeos
como Flandes, Francia e Italia, lo que prueba la enorme capacidad que
tuvo este templo como impulsor de las artes. Asimismo, la seo burgalesa
es custodia de un riquísimo legado documental y bibliográfico, con
documentos desde el siglo X hasta nuestros días, y de un importantísimo
patrimonio musical basado en su rica colección de órganos y manuscritos
musicales.
Igualmente es depositaria de un notable patrimonio inmaterial como
escenario de grandes hechos históricos, siendo también el lugar de
enterramiento de destacados personajes ligados a la historia y la
literatura española como Rodrigo Díaz de Vivar. Todos estos elementos,
así como el que haya llegado hasta nuestros días la mayor parte de todo
este inmenso legado histórico, hicieron que la UNESCO declarara a la
Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad en el año 1984.
Pero la Catedral de Burgos, que se presenta como un magnífico ejemplo de
conexiones de Castilla y León con Europa desde un punto de vista
artístico, no solo debe entenderse como un gran edificio histórico. En la
actualidad sigue siendo un centro vivo, lleno de actividad espiritual y
cultural, con vocación de proyectarse en el siglo XXI.
Resulta de enorme satisfacción, la noticia del inicio de las actividades
preparatorias de la conmemoración de los 800 años del inicio de las obras
de esta construcción, en un momento en que está a punto de completarse
una amplia serie de restauraciones que vienen desarrollándose en las
últimas décadas.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a la
conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021 y su
apoyo a la "Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos",
encargada de poner en marcha dicho acontecimiento, con el objetivo de
proyectar al resto del mundo la imagen de Burgos, de Castilla y León, y
de España, a través de uno de sus bienes patrimoniales más señeros, y
contribuir a estrechar los lazos de vinculación cultural y espiritual
entre distintos territorios nacionales e internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-María Sandra
Moneo Díez y Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputados.-Dolors Montserrat
Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Miguel Vila Gómez,
Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y fomento del
cohousing como modelo de envejecimiento activo, para su debate en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El cohousing, un nuevo modelo de convivencia surgido en Dinamarca, surge
como consecuencia del crecimiento de la esperanza de vida y el elevado
índice de personas mayores que viven solas y que promueve la colaboración
entre ellas para promocionar un envejecimiento activo y saludable, lo
cual tendrá como consecuencia, entre otras, un aumento de la esperanza de
vida.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había
4.687.400 personas viviendo solas en 2017, de las cuales 1.960,900 (un
41,8%) tenían 65 o más años, y una esperanza de vida de 86 años en el
caso de las mujeres y de casi 81, en los hombres.
En España la concepción tradicional del envejecimiento viene asociada a la
estancia de las personas en sus propios hogares, ya sean solos o con sus
parejas, y con los viajes organizados por el IMSERSO como principal
política pública destinada a la promoción del envejecimiento activo. Sin
embargo, la realidad nos demuestra que la realidad es bastante diferente
a nuestra.
Si bien en España el cohousing es un movimiento relativamente novedoso,
existen ya varios centros en funcionamiento. En concreto, ya podemos
encontrar más de diez centros, donde sus residentes, generalmente son
personas mayores, que no aceptan las soluciones típicas previstas para
ellos, no desean ir a una residencia, tampoco depender de los hijos y no
envejecer en su casa en soledad. Por tanto, el cohousing permite a los
inquilinos compartir zonas y servicios, por lo que se reducen costes y se
mejora la asistencia. En los últimos tiempos se ha demostrado como una
solución habitacional muy satisfactoria para personas de la tercera edad
que no quieren vivir en una residencia sino entre iguales -o con personas
de otras edades-, pero con la independencia que les permite vivir en su
propia casa.
Todos estos factores conforman un nuevo tipo de envejecimiento que tiene
mucho que ver con el envejecimiento activo que tanto se predica desde las
instituciones públicas y el ámbito sanitario. Mientras, en el ámbito
político, apenas se ha desarrollado actividad en este sentido.
A nivel autonómico, Ciudadanos ya ha presentado diferentes iniciativas en
varias comunidades para promocionar este tipo de centros y el apoyo de
las administraciones como alternativa a la definición y concepción
tradicional del envejecimiento. A nivel nacional, en el Congreso de los
Diputados ya pudimos debatir una iniciativa sobre esta materia hace un
año, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pero sobre la cual,
ni el anterior, ni este Gobierno todavía han hecho nada.
Desde Ciudadanos consideramos que promocionar el envejecimiento activo, y
dar respuesta a las necesidades específicas de personas que poseen una
concepción diferente del envejecimiento. El cohousing es una herramienta
muy potente para potenciar un sistema de convivencia para nuestros
mayores que les permite vivir su madurez con vitalidad, lejos de la
soledad y formar un espacio de pertenencia, en el que desarrollarse y
desenvolverse. Sin embargo, es preciso un compromiso de las fuerzas
políticas en dotar de recursos este tipo de políticas para promover y
facilitar el acceso a este tipo de proyectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar junto a las
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias
para:
1. Difundir el fenómeno del cohousing y sus beneficios entre la población
que pueda estar interesada en este modelo de convivencia para su
envejecimiento.
2. Impulsar el desarrollo de proyectos de cohousing mediante cambios
normativos que posibiliten la cesión de uso, derechos de superficie u
otras fórmulas adecuadas que se consideren que permitan desarrollar
proyectos de este tipo que cubran las necesidades y demanda de vivienda
social de uso temporal.
3. Contemplar este modelo de convivencia en el programa de envejecimiento
activo del IMSERSO desarrollando objetivos y actuaciones concretas en el
corto y medio plazo.
4. Crear dotaciones presupuestarias concretas en el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021 para desarrollar proyectos de cohousing y promover el
envejecimiento activo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí
Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para que se pague la deuda a la Comunidad Valenciana en concepto de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia establece en su
art. 7 que la protección de la situación de dependencia se prestará de
acuerdo con los siguientes niveles:
- Nivel mínimo de protección (art. 7.1) establecido y garantizado por la
Administración General del Estado.
- Nivel de Protección Acordado entre la Administración General del Estado
y cada una de las CCAA, mediante Convenios (art. 7.2). Este nivel
acordado fue suspendido por primera vez a través de la Disposición
Adicional cuadragésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2012, y se ha suspendido año tras
año hasta la actualidad.
- Nivel Adicional (art. 7.3), que pueden establecer, por su parte, las
CCAA con cargo a sus presupuestos.
En el caso de nuestra CCAA vamos a las cuantías máximas establecidas.
La memoria económica de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, establecía un modelo de financiación de la Dependencia en el
que un 50% de los gastos corrían a cargo de la Administración General del
Estado y un 50% a cargo de cada Comunidad Autónoma. Este modelo de
financiación no se ha puesto en práctica hasta la fecha.
En la actualidad (certificado 2017 enviado al lmserso en 2018) la
financiación de la dependencia en la Comunitat Valenciana, proveniente
únicamente del nivel mínimo y alcanza el 12,12% del total de gasto en
dependencia, mientras que el 87,88% restante es asumida por Fondos
Propios de la Generalitat Valenciana.
Así de un total de 630.056.121,82 ? destinados a dependencia en 2017, solo
76.372.368,91 ? fueron aportación del Estado y 553.683.752,9 ? de la
Generalitat Valenciana.
Nos encontramos pues 37,88 puntos porcentuales por debajo de la
financiación prevista. En el caso de que se levantara la suspensión del
Nivel Acordado, que supuso hasta el año 2011 aproximadamente un 5% de la
financiación total de la dependencia, todavía tendríamos una
infrafinanciación de 32,88 puntos.
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA PERIODO
2009-2017
Año;Gasto dependencia;Ingresos Estado nivel mínimo (NM);% nivel mín. sobre
gasto dep.;Ingresos Estado nivel acordado (NA);% nivel adicional sobre
gasto dep.;Total financiación Estado;% Financiación Estado sobre total
gasto dependencia
La previsión de 2018, por supuesto, no es definitiva es una previsión, ya
que el balance se va realizando mes a mes, pero como vemos la deuda
siempre ha ido en aumento.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso insta al Gobierno a:
Hacerse cargo de las obligaciones económicas en materia de promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
para con la Comunidad Valenciana llegando al 50% de la inversión tal y
como establece la legislación vigente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2018.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades, relativa a la incorporación de España a la
iniciativa Coalition S.
Exposición de motivos
La ciencia moderna se ha constituido históricamente a través de la
cooperación internacional y el desinteresado intercambio de conocimientos
entre todos los agentes implicados. No es posible entender el inmenso
desarrollo alcanzado en el conocimiento del mundo natural y en el diseño
de tecnología sin la existencia de una comunidad científica que comparte
de forma libre y desinteresada sus logros, conocimientos,
descubrimientos, métodos de investigación y resultados.
Este ethos tan característico de la ciencia moderna y que, como decimos,
explica en gran parte su éxito, se ve amenazado por los cambios
introducidos en los métodos de financiación y publicación de la
investigación desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial.
En primer lugar, la introducción de capital privado en la actividad
científica, sobre todo en disciplinas relacionadas con el mundo de la
salud, hicieron que gran parte de los descubrimientos realizados en los
laboratorios de las grandes empresas quedara restringida al uso dentro de
la misma compañía.
En segundo lugar, el proceso de profesionalización en las publicaciones
que se dio a partir de la década de 1950, ha supuesto que la creación de
un mercado privado dominado por cinco grandes empresas que concentran más
del 50% de la publicación científica: Elsevier, Springer, Wiley
Blackwell, Taylor &. Francis y Sage.
El actual sistema de publicaciones funciona de la siguiente forma:
1. Los investigadores deben publicar los resultados de investigación
(financiados con dinero público) para progresar en su carrera, y a ser
posible en revistas de alto impacto, por lo que envían de forma gratuita
sus trabajos a una revista científica.
2. La revista envía ese artículo a un proceso de peer review o revisión
por pares, realizado por otros académicos también de forma gratuita.
3. Una vez pasado este proceso satisfactoriamente, el artículo se publica,
aunque a veces se reclama al autor el pago de una cantidad en concepto de
costes de maquetación, traducción o, directamente, una tasa por
publicación.
4. La revista se vende, a través de estas empresas, a las instituciones
científicas (universidades, centros de investigación, bibliotecas, etc.),
que a su vez son financiadas por dinero público, el mismo que también
financió la investigación que dio lugar al artículo en primer lugar.
Lo grave de este sistema, es el hecho de que el acceso al conocimiento
solo es factible para quienes pueden pagarlo, o a través de instituciones
de investigación públicas que incurren en costes en muchos casos
desproporcionados para mantener las suscripciones a todas las revistas
que necesitan sus investigadores, rompiendo así el sistema de intercambio
de conocimientos libre y cooperativo que nos había traído hasta aquí.
Como respuesta a estas disfuncionalidades surge, en la primera década del
siglo XXI, el movimiento Open Access, a favor del libre acceso a los
resultados de la investigación científica eliminando toda barrera de
acceso (también su coste). Este movimiento ha conseguido introducir
cambios en los procesos de publicación científica, aumentando el número
de repositorios institucionales y revistas de acceso abierto, así como
generar políticas públicas que favorecen la publicación de artículos
"abiertos" en revistas tradicionales, lo que viene a llamarse
"publicaciones híbridas".
La iniciativa Open Access ha modificado la forma de difusión del
conocimiento científico, específicamente de la publicación y puesta a
disposición de la información a la comunidad científica. La Declaración
de Budapest de 2001 orienta las estrategias para el desarrollo del Open
Access por medio de dos vertientes, la primera la publicación en revistas
en abierto, ya sea de nuevo cuño, como la adaptación
de las antiguas a este nuevo modelo; y por otro lado, la creación también
de repositorios como fórmula de difusión del contenido científico.
Ya son varias décadas las que se lleva debatiendo la necesidad de
facilitar en abierto los datos en los que se ha basado la investigación
(data sharing), lo que es un pilar fundamental para la e-ciencia como
instrumento de carácter acumulativo del saber. La difusión en abierto de
los datos y resultados de la investigación supone varios beneficios para
la ciencia. Como por ejemplo la optimización de recursos, esto es el
dinero invertido en generación de conocimiento científico, especialmente
cuando hablamos de resultados de investigaciones financiadas con dinero
público. Ayudaría a conocer mejor qué trabajos se están llevando a cabo,
evitando el solapamiento de investigaciones. Y por otra parte, los y las
científicas verían aumentada su visibilidad y la citación de sus
trabajos.
La Unión Europea apuesta por el cambio de paradigma en la difusión de los
trabajos científicos y por el trabajo colaborativo, lo que se ha
traducido en la creación de un Espacio Europeo de Investigación único,
que potencia la relación y la cooperación transfronteriza.
La Comisión Europea lleva apostando por el acceso abierto desde el año
2006. En el año 2007 se presentó a la Comisión una petición para
garantizar el acceso gratuito a los resultados de los proyectos
financiados con fondos europeos, iniciativa que fue avalada y firmada por
más de 28.000 instituciones y personas relacionadas con la investigación,
la universidad y el desarrollo.
Desde el 2010 la Comisión financia el proyecto OpenAIRE (Infraestructura
de Acceso Abierto para la Investigación Europa) que apoya a otras
instituciones para implantar el acceso abierto. Esta infraestructura, aún
en desarrollo, trabaja con las publicaciones generadas de los proyectos
del 7.º Programa Marco garantizando el acceso abierto a material
financiado públicamente, y se quiere igualmente difundir en abierto la
producción generada por el programa Horizonte 2020. Además, desde la
Comisión se pretende seguir financiando proyectos nacionales y
transnacionales relacionados y que potencien el acceso abierto.
En el marco de este modelo, a toda vista insuficiente analizando los
resultados, el pasado 4 de septiembre se presentaba la cOAlition S: una
coalición formada por las principales agencias financiadoras de 11 países
europeos, incluidos Francia, Reino Unido e Italia. El objetivo de
cOAlition S, tal y como se expresa en su declaración fundacional, es que
desde el 1 de enero de 2020 todas las publicaciones científicas sobre los
resultados de investigaciones financiadas por fondos públicos, otorgados
por los consejos europeos de investigación y organismos financiadores,
sean publicados en revistas o plataformas que reúnan los requisitos Open
Access. Para alcanzar tal fin, se ha desarrollado un plan de actuación
(Plan S) que reúne 10 principios y medidas concretas para alcanzar dicho
objetivo.
Esta voluntad de acelerar el proceso de transición hacia un sistema de
completamente abierto en el año 2020 para publicaciones científicas
financiadas con fondos públicos, cuenta con el apoyo explícito de la
Comisión Europea y el comisario de Ciencia Carlos Moedas.
La Agencia Española de Investigación no se ha sumado a esta iniciativa, a
pesar de que de acuerdo al artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, trata de la difusión en acceso abierto de
la actividad investigadora, que establece que aquella investigación
financiada mayoritariamente vía presupuestos del Estado debe publicar una
versión en abierto con los resultados de todo artículo aceptado para su
publicación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las acciones oportunas para la incorporación de la
Agencia Estatal de Investigación, como principal agente financiador del
Sistema Nacional de I+D+i, a la cOAlition S.
2. Adoptar las medidas necesarias para adoptar por parte de la Agencia
Española de Investigación y de todos los agentes públicos de financiación
del sistema español de I+D+i los principios del Plan S, así como su
inclusión el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2018.-María
Rosa Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.-Txema
Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para la implantación de la Red Cervera
de Transferencia Tecnológica, para su debate en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La idea de crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, una red de
institutos tecnológicos para investigación aplicada, ha sido recogida en
los programas electorales de Ciudadanos para las últimas elecciones
generales. Esta iniciativa constituye una apuesta decidida por la
implementación de medidas novedosas que estimulen la transferencia de
tecnología desde el sector público al sector privado y que fomenten, en
última instancia, la innovación empresarial. Se trata de una iniciativa
que pone el foco en la transferencia de tecnología desde los centros de
investigación a las empresas, con el objetivo de impulsar la
competitividad de nuestra economía a partir de una decidida apuesta por
el conocimiento. En este sentido, la Red Cervera intenta trasladar a
nuestro país las experiencias exitosas de otros países, como la de los
institutos Fraunhofer en Alemania o los Carnot en Francia.
La voluntad de implementar esta iniciativa ha quedado patente en numerosas
ocasiones: sirva como ejemplo su traslado al acuerdo para la formación de
Gobierno suscrito por Ciudadanos y el Partido Popular en agosto de 2016,
y, posteriormente, a la negociación y la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017; sin embargo, en este caso, el
Gobierno del Partido Popular fue incapaz de poner en marcha la iniciativa
y no ejecutó los fondos consignados para ello. Posteriormente, en los
recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 se volvió a incluir una dotación de más de 500 millones de euros
para la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, en el programa 467C -
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial:
- 20 millones de euros de transferencias de capital al CDTI para
actuaciones relacionadas con la Red Cervera.
- 400 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para un
Fondo de Innovación para Implantación de la Red Cervera.
- 80 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para
capitalización de un Fondo de Provisiones Técnicas asociado a los
proyectos de la Red Cervera.
- 30 millones de euros de transferencias de capital a la Agencia Estatal
de Investigación para actuaciones relacionadas con la Red Cervera.
Sin embargo, cuando parecía que la Red Cervera iba a ser, por fin, una
realidad, se produjo el cambio de Gobierno. Pese a que el actual Gobierno
ha asumido los Presupuestos Generales del Estado tal y como han sido
aprobados, no está garantizado que los fondos destinados a la Red Cervera
vayan a ser implementados y ejecutados.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar y ejecutar,
a la mayor brevedad, los fondos destinados en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 a la creación y puesta en marcha de la Red
Cervera de Transferencia Tecnológica, con las siguientes características:
1. La Red Cervera será una iniciativa nacional y coordinada, liderada por
centros tecnológicos cooperando en red (entre ellos y con otras
entidades), para realizar proyectos de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico en colaboración con empresas.
2. La Red Cervera se formará a partir de capacidades existentes: para
ello, se formarán agrupaciones, formadas por centros tecnológicos y otros
agentes del sistema (universidades, centros de I+D, etcétera), según
áreas tecnológicas; cada agrupación deberá presentar un plan tecnológico
y de negocio que detalle los recursos, actividades, servicios y previsión
de clientes que van a tener, que debe ser evaluado, previa la concesión
de los fondos para el desarrollo de la agrupación.
3. Los presupuestos de la Red Cervera se instrumentarán de la siguiente
forma:
a) Por el lado de la oferta tecnológica: ayudas en forma de subvención
dirigidas a las agrupaciones tecnológicas con una financiación
plurianual, que tendrá una parte estable y una parte variable en función
de cumplimiento de objetivos; al finalizar el período, se evaluará el
alcance de los objetivos logrados y la conveniencia de prorrogar la
financiación.
b) Por el lado de la demanda tecnológica: ayudas en forma de préstamo (sin
garantías) dirigidas a empresas, fundamentalmente pymes, para la
realización de proyectos de I+D+i con las agrupaciones tecnológicas (y en
su caso para la adquisición de servicios tecnológicos).
4. La iniciativa debe tener un sistema de evaluación externa riguroso,
tanto del programa como de la concesión y de la evolución de cada una de
las agrupaciones, y de carácter internacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Rodrigo
Gómez García y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Antonio Roldán Monés,
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/003773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para recuperación e impulso del "Pasaje Begoña" en
Torremolinos (Málaga) como lugar de memoria histórica y cuna de los
derechos LGTBI, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Torremolinos durante la última década del franquismo era un oasis de
convivencia y diversidad, referente internacional por ser un municipio
moderno y de mentalidad avanzada, a gran distancia de la sociedad
española de los años sesenta.
La juventud europea y norteamericana viajaba a Torremolinos donde se abría
en 1962 el primer local gay de España, el Tony's Bar. Era frecuente que
personas de toda índole y nacionalidad frecuentaran y convivieran en los
numerosos locales y comercios del Pasaje Begoña donde el respeto mutuo,
la diversidad y la pacífica convivencia eran algo habitual. Personas de
fama internacional disfrutaban de los locales de ambiente LGBTI del
Pasaje Begoña. Como ejemplo, citamos a John Lennon, acompañado de su
amigo y manager de The Beatles, Brian Epstein, visitaban Torremolinos y
el Pasaje Begoña como referente turístico gayfriendly. Otras muchas
personas, algunas de prestigio internacional instalaron sus negocios en
el Pasaje Begoña, como "The Blue Note" de la famosa pianista holandesa
Pia Beck. El turismo LGTBI se mantuvo en el Pasaje Begoña durante la
década de los sesenta a pesar de la dictadura, como referente
internacional de convivencia, respeto a la diversidad y a la orientación
sexual de cada persona.
El Pasaje Begoña mantiene numerosas similitudes con el Stonewall Inn de
Nueva York. Ambos lugares fueron pioneros en el respeto a la diversidad y
a las libertades LGTBI. También en ambos lugares tuvieron lugar sendas
redadas contra la libertad y la pacífica convivencia del colectivo LGBTI.
La redada del Stonewall Inn tuvo lugar el 28 de junio de 1969, y tras la
misma se sucedieron los famosos disturbios que pasaron a la historia como
el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGBTI en Estados
Unidos y después en el resto del mundo. En el Pasaje Begoña la "gran
redada" policial aconteció la noche del 24 de junio de 1971, y acabó con
numerosas detenciones y deportaciones, sanciones y precintado de
locales..., y puso fin a toda una época de esplendor de Torremolinos como
destino turístico.
Según el testimonio contrastado de víctimas y testigos de la "gran
redada", ordenada por el entonces gobernador civil de Málaga, Víctor
Arroyo, la noche del 24 de junio de 1971 camiones grises de la policía,
autobuses oficiales y otros vehículos municipales, se encaminaron hacia el
Pasaje Begoña, ubicándose en los dos extremos del mismo. Los agentes de
la policía armada, inspectores de policía del régimen y agentes de la
policía municipal registraron uno a uno los locales, y detuvieron a todas
las personas que allí se encontraban por atentar "contra la moral y las
buenas costumbres". Las crónicas cifran en más de 300 las personas
detenidas, "a 114 de ellas, como no había calabozo disponible, las
llevaron al callejón lateral que subía desde la antigua oficina de
Correos en el paseo del Parque, hacia la calle Alcazabilla de Málaga".
Cruzaron los camiones en plena calle y allí mantuvieron a los detenidos
horas y horas. Algunos de ellos fueron puestos en libertad, otros
encarcelados. Muchos de los extranjeros fueron deportados. Aquella
intervención, con gran repercusión en la prensa de la época, propició la
protesta diplomática internacional por el maltrato que recibieron cientos
de turistas extranjeros, entre los que se encontraban personalidades de
relieve de toda Europa. Algunos países protestaron firmemente por las
vejaciones que se llevaron a cabo en aquel registro y la posterior
detención humillante de que fueron objeto sus conciudadanos.
La justificación del régimen para llevar a cabo aquella brutal redada eran
"las reiteradas infracciones a la normativa en vigor referente a la
moralidad pública y buenas costumbres", según publicaba el diario Sur en
su edición del 25 de junio de 1971. La noticia saltó incluso a las
ediciones y portadas de la prensa internacional.
El gobernador civil, tras la redada, ordenó el cierre de varios locales
del Pasaje Begoña. Se procedió a la clausura de muchos de ellos. A
algunos negocios se les impuso una multa de 10.000 pesetas de la época,
por "vulnerar la legalidad y permitir comportamientos licenciosos". Ese
precinto de los locales corrió como la pólvora por los negocios cercanos,
y muchos de ellos nunca más volvieron a abrir sus puertas.
El Pasaje Begoña fue, por tanto, el chivo expiatorio que necesitaba el
franquismo para "poner orden ante la depravación" de las personas que
expresaban con respeto su libertad afectivo sexual. Fue la contundente
respuesta a unas prácticas consideradas como peligrosas y delictivas por
contravenir "la moral y las buenas costumbres".
Hoy el Pasaje Begoña es un lugar degradado y abandonado en pleno corazón
del municipio de Torremolinos; apenas un recuerdo en la memoria de los
que aún sobreviven a aquella época de esplendor; un capítulo borrado
intencionada e injustamente de la historia reciente de nuestro país por
parte del régimen franquista.
El Pasaje Begoña debería ser todo un símbolo y referente internacional por
lo que representó: un lugar de convivencia, respeto y libertad afectivo
sexual. Asimismo, debería ser recordado por la "gran redada" de 1971, de
la que fueron víctimas tantas y tantas personas, hombres y mujeres, por
el sólo hecho de su orientación e identidad sexual.
Mientras el Stonewall Inn es un lugar de culto y visita obligada en Nueva
York, habiendo sido declarado como Monumento Nacional por Barak Obama en
2016, por su parte, el Pasaje Begoña aún permanece en el más absoluto
abandono y decadencia, muy lejos del esplendor que tuviera décadas atrás.
No debemos olvidar que en 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole
en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue sustituida en 1970 por
la de Peligrosidad Social. En la Exposición de motivos de dicha ley se
determina que "la Ley se preocupa de la creación de nuevos
establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de
seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de
reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la
prostitución y para los menores, así como los de preservación para
enfermos mentales; establecimientos que, dotados del personal idóneo
necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso,
con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y
precisa de la autoridad judicial especializada".
El franquismo justifica su rechazo a la homosexualidad en la tradición
estigmatizadora prevalente durante siglos. Se ejerció una fortísima
represión contra el colectivo LGTBI por parte de las instituciones
públicas, la sociedad machista y patriarcal, los medios de comunicación y
los sistemas sanitario y educativo. Las consecuencias de dicha represión
son devastadoras, a veces irreversibles. Esos fueron los marcos legales
que permitieron durante décadas en España marginar, discriminar, ofender,
acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar o encarcelar a las
personas homosexuales, transexuales y bisexuales.
Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se quiso ofrecer
"tratamiento" a las personas homosexuales, y para su "rehabilitación" se
utilizaron tres penales de referencia en Huelva, Badajoz y
Fuerteventura, donde cientos de personas entre 1968 y 1979 pasaron por
prisión únicamente por su condición sexual. Allí la homosexualidad era
"tratada" como una enfermedad a extirpar, utilizándose terapias basadas
en trabajos forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas,
actualmente prohibidas, como lobotomías y descargas eléctricas. Esos
centros penitenciarios permanecieron en funcionamiento hasta 1978, cuando
el 26 de diciembre se eliminó la homosexualidad como delito, siendo
derogada completamente siete años después, el 23 de noviembre de 1985.
Debemos recuperar la memoria del Pasaje Begoña, donde la libertad y la
convivencia, con el respeto a la diversidad, fueron una realidad durante
la década de los sesenta y principios de los setenta, pese al régimen
franquista. Sin duda, tras la brutal redada del 24 de junio de 1971 ese
emblemático lugar fue objeto de represión, degradación y olvido.
Asimismo, entendemos que es de justicia la puesta en valor de estos
acontecimientos como forma de honrar a las víctimas, porque "un pueblo
que no conoce su historia está condenado a repetirla".
Con ese objetivo nació la Asociación Pasaje Begoña, impulsora de este gran
proyecto.
Hoy día, podemos decir con orgullo que el municipio de Torremolinos
(Málaga) es en cuanto a número de visitantes uno de los principales
destinos LGTBI de España, junto a Madrid, Barcelona y Sitges, con
turistas de más de 120 nacionalidades diferentes; de nuevo la libertad y
la diversidad son bandera de este municipio. Creemos que debe darse a
conocer su historia, y ponerse en valor los hechos y las personas que
pasaron por ella. Recuperar el Pasaje Begoña y promocionar lo que allí
sucedió servirá para documentar la memoria democrática de España. Situará
al Pasaje Begoña como referente internacional de convivencia y diversidad
y evitará que un negro episodio de nuestra historia más reciente pueda
volver a repetirse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, en diálogo
con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Ayuntamiento de
Torremolinos, en las siguientes actuaciones relacionadas con el Pasaje
Begoña:
- Acciones de promoción cultural y difusión que contribuyan a recuperar la
memoria democrática del Pasaje Begoña y de la redada del 24 de junio de
1971, donde personas de varias nacionalidades sufrieron represión por su
orientación sexual e identidad sexual garantizando los derechos, la
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares.
- Creación de un Archivo Histórico LGTBI y un Centro de Interpretación, de
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía mediante la suscripción de
un Convenio que articule las condiciones técnicas de digitalización
teniendo en cuenta que el contenido de estos fondos está afectado por la
normativa en materia de Protección de Datos de carácter Personal y que
los mismos pueden ser considerados datos especialmente protegidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, Ángeles Álvarez Álvarez, Carmen Rocío Cuello
Pérez, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora y Antonio
Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución del IRPF detraído de
las prestaciones por maternidad, para su debate en la Comisión de
Igualdad.
El pasado 3 de octubre, la Sección Segunda de la Sala 3.ª del Tribunal
Supremo, por unanimidad, fijó doctrina legal en la que se determinaba que
las prestaciones por maternidad estaban exentas de IRPF.
El Tribunal Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede situarse en el
supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando señala que "igualmente
estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". También
consideraría exentas de esta tributación aquellas prestaciones que se
reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Esto significa que, con los gobiernos del PP y del PSOE, se han estado
años reteniendo ilegalmente impuestos por parte del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Estos impuestos se han exigido por parte de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, también con gobiernos del
PP y el PSOE, ilegalmente a centenares de miles de madres trabajadoras.
Evidentemente, en un Estado de Derecho las leyes las interpretan los
Tribunales de Justicia. De acuerdo con el artículo 123.1 de nuestra
Constitución, "1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España,
es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales.". Es misión del
Tribunal Supremo a través de la resolución de los recursos de casación
fijar doctrina legal y unificar la aplicación del Derecho.
Habiendo declarado en casación y por sentencia firme el Tribunal Supremo
la exención de las prestaciones por maternidad, la Administración
Tributaria no debe seguir exigiendo impuestos a las prestaciones por
maternidad, que tampoco deberían ser objeto de retención por parte del
INSS. Sin embargo, y pese a la enorme importancia de toda esta cuestión
no hay declaraciones oficiales, y algunas noticias resultan simplemente
inquietantes.
Diferentes medios de comunicación han publicado esta mañana que el
Gobierno planea devolver esta cuantía, pero alargar el procedimiento de
devolución a los próximos dos ejercicios.
El artículo 103 de la Constitución Española establece que "La
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa [...] con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" convierte en
una arbitrariedad inaceptable que el Gobierno obstaculice el cumplimiento
de una resolución judicial. Igualmente, el artículo 30 de la Ley General
Tributaria, establece la obligación de la Administración de devolver los
ingresos tributarios indebidamente percibidos.
Los obstáculos y los retrasos arbitrarios en la devolución de las cuantías
es además inaceptable para muchas familias no pueden esperar para que les
sea devuelta una cuantía que les corresponde. Desde Ciudadanos
consideramos que este retraso que el Gobierno plantea a la hora de
devolver las cuantías de IRPF detraídas a las prestaciones de maternidad
no es tampoco compatible con las intenciones que ha mostrado el propio
Presidente del Gobierno de apoyar a las familias, fomentar la natalidad y
luchar contra la pobreza infantil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Devolver "de oficio" las cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones
de maternidad en el plazo más breve de tiempo, sin establecer trabas
administrativas de ningún tipo, según establece la sentencia STS
3256/2018 de 3 de octubre.
2. Que dicho concepto se deje de aplicar de manera inmediata a estas
prestaciones y para ello se emita orden o resolución expresa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
hacer extensivo el derecho de acceso reconocido a los usuarios de
perros-guía y perros de asistencia a víctimas de violencia de género,
para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Finalizado el mes de septiembre de 2018, son 38 las víctimas mortales de
violencia de género en nuestro país. Solamente 9 de estas víctimas habían
interpuesto denuncia previa, y tan solo 4 contaban con medidas de
protección vigentes. Cuando muchas mujeres tienen miedo de denunciar, no
solo la sensibilización, sino también las medidas preventivas, son
fundamentales. Y aunque son múltiples los avances que se han dado en los
últimos años en este sentido, muchos de ellos recogidos en el "Pacto de
Estado contra la violencia de género", todavía queda mucho trabajo por
hacer.
Desde hace algunos años, las mujeres que sufren violencia de género
cuentan con una ayuda especial mediante los denominados perros de apoyo y
protección, que facilitan su recuperación integral, contribuyen a
aumentar su seguridad y favorecen una mayor autoconfianza y bienestar.
Estos animales cumplen con una doble misión. Por un lado, son una medida
terapéutica, ya que el contacto con los animales es mucho más efectivo y
rápido que una terapia genérica. Por otra parte, son un elemento
disuasorio muy relevante, sirviendo de protección frente a posibles
ataques de su agresor.
El obstáculo más importante con el que se encuentran las mujeres que
utilizan estos animales como apoyo y protección es su limitación en el
acceso en la ciudad, tanto en lugares públicos como en espacios privados,
tanto para viajar como desplazarse o acceder a cualquier lugar. No existe
a día de hoy una regulación a la que se pueda acoger el uso de estos
animales por parte de las víctimas de violencia de género.
Este obstáculo se podría solventar haciendo extensivo el derecho de acceso
reconocido ya a los usuarios de los perros-guía a estas personas.
Regulación que se recoge en el ámbito estatal en el Real Decreto
3250/1983 por el que se regula el uso de perros-guía para personas con
deficiencias visuales y de la Orden de Presidencia de junio de 1985, y
que ha sido desarrollada y ampliada posteriormente por diferentes
Comunidades Autónomas, que son las encargadas de legislar sobre el acceso
de los perros de asistencia.
Para actualizar esta normativa y homogeneizarla en todo el territorio
nacional, el pasado mes de febrero el Senado aprobó por amplia mayoría
una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que pretendía desarrollar
"una normativa común e igualitaria sobre perros de asistencia, al objeto
de poder reconocer y garantizar el derecho de acceder, circular y
permanecer a aquellas personas que, por cualquier tipo de discapacidad,
sean auxiliadas por perros de asistencia".
La extensión de este derecho a otros grupos de interés tampoco es nueva.
Desde que la Comunidad Valenciana en 2003 hizo extensivo el derecho de
acceso a los perros-guía a otras personas con discapacidad usuarios de
perros de asistencia de forma pionera, han sido varias las Comunidades
Autónomas que han legislado este extremo. Se trata ahora de la necesidad
de hacer extensivo este derecho a las víctimas de violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a asegurar en el marco del
desarrollo de la normativa nacional sobre perros de asistencia, que el
derecho de acceso de estos animales se haga extensivo a los perros de
apoyo y protección que facilitan la recuperación integral de las víctimas
de violencia de género."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el
reconocimiento del tiempo de prestación del Servicio Social de las
mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Servicio Social de la mujer se aprobó en virtud del Decreto número 378,
de 7 de octubre de 1937, y fue posteriormente reglamentado por el Decreto
número 418, de 28 de noviembre del mismo año. Se configuró como un deber
nacional de las mujeres españolas de entre 17 y 35 años a quienes se les
exigía desempeñar ciertos servicios a la comunidad como requisito
obligatorio para poder acceder a un trabajo, a un título universitario o
ejercer a cualquier cargo de función pública o responsabilidad política.
La duración mínima del Servicio Social se fijó entre tres y seis meses, y
estuvo vigente desde 1937 hasta 1978, año en el que fue suprimido por el
Real Decreto 1914, de 19 de mayo.
El Decreto 418/1937 antes citado, que aprueba el Reglamento para la
aplicación del Servicio Social de la mujer, establece en su artículo
primero que: "el Servicio Social representa la participación que la mujer
española asume en la tarea de reconstruir España". Asimismo, el artículo
segundo dispone que: "Las mujeres en cumplimiento activo del Servicio
Social se considerarán empleadas en el servicio inmediato de España", y
en su artículo 4 establece: "En este sentido, las mujeres cumplidoras de
algún servicio público que deseen incorporarse al Servicio Social tendrán
situación idéntica a la de los varones llamados al servicio de las
armas".
En definitiva, la propia normativa de 1937 establece que el régimen
jurídico del Servicio Social es equiparable al de los varones al servicio
de las armas. Por lo que el Servicio Social supuso para las mujeres una
obligación comparable al servicio militar obligatorio de los varones.
Tampoco se puede obviar que el Servicio Social se denominaba
coloquialmente como "la mili femenina" o "la mili de señoritas".
En la actualidad, conforme con lo establecido en la Ley General de la
Seguridad Social, el tiempo dedicado al servicio militar obligatorio o a
la prestación social sustitutoria, computa a efectos de cotización a la
Seguridad Social. Sin embargo, el tiempo que las mujeres invirtieron en
el Servicio Social queda fuera de toda cotización, circunstancia que
vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, de no discriminación
por razón de sexo.
En este sentido se ha manifestado la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Euskadi en sentencia n.º 1950/2016, de 11 de
octubre, que ratifica lo establecido en la sentencia n.º 338/2014 del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ambas sentencias equiparan
el servicio militar y la prestación social sustitutoria que cumplían los
varones con el Servicio Social obligatorio de la mujer, y dictan que el
tiempo dedicado al Servicio Social debe computar a efectos de jubilación
en los mismos términos que el servicio militar y la prestación social
sustitutoria, ya que de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 14
de nuestra Constitución.
Luchar por la igualdad ha sido y es una prioridad del Grupo Parlamentario
Popular, por ese motivo trabajamos para eliminar o disminuir la brecha de
género también en las pensiones, prueba de ello es el complemento a las
pensiones de las mujeres con hijos aprobado por el Gobierno del Partido
Popular en la X Legislatura, que reconoce un incremento de la cuantía de
la pensión del 5%, 10% o 15% a las mujeres trabajadoras que han
compatibilizado su carrera laboral con la maternidad.
En consecuencia, es de justicia equiparar a efectos de cotización a la
Seguridad Social, el servicio militar y la prestación social
sustitutoria, al Servicio Social desarrollado por las mujeres, y que el
tiempo dedicado por las mujeres al Servicio Social cotice también a la
Seguridad Social contribuyendo así a la pensión de jubilación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley General
de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de
prestación del Servicio Social de las mujeres a efectos de cotización a
la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso de la difusión de protocolos de actuación ante casos de sumisión
química, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La sumisión química se define como la administración de una sustancia
psicoactiva a un sujeto, sin su consentimiento, con fines delictivos. De
esta forma se puede manipular la voluntad de las personas o modificar su
comportamiento.
Los elementos utilizados son depresores del sistema nervioso central. La
lista de sustancias empleadas incluye, entre otros, medicamentos,
principalmente benzodiacepinas, drogas de abuso y etanol.
La detección de estas sustancias en los fluidos biológicos es difícil, ya
que en su mayoría tienen un tiempo de acción corto y producen amnesia en
la víctima, lo que causa que la denuncia por parte de ésta se presente
tarde, eliminándose cualquier posibilidad de hallar dichas sustancias en
los análisis de orina y/o sangre.
Aunque se utiliza la sumisión química para robos y homicidios, la mayor
parte de los casos están relacionados con delitos de carácter sexual.
Precisamente la frecuencia con que se asocia a los delitos sexuales le ha
valido a este supuesto el acrónimo anglosajón DFSA, que significa drug
facilitated sexual assault.
Desde la década de los años ochenta del pasado siglo se ha avanzado de
forma considerable en la estandarización de protocolos y dispositivos de
toma de muestra en las agresiones sexuales dirigidos a profesionales
médicos y analistas toxicológicos. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un
consenso internacional sobre las muestras y los protocolos necesarios
para evidenciar una posible administración de sustancias químicas.
Pese a no existir un acuerdo internacional, en nuestro ordenamiento
interno contamos con numerosos protocolos, informes, guías, etcétera, que
contienen el procedimiento a seguir en los supuestos de agresiones
sexuales en los que se tenga la sospecha que se han utilizado sustancias
psicoactivas con el fin de manipular el comportamiento o modificar la
voluntad de las personas.
Ejemplos de ello los encontramos en la Guía y Manual de Valoración
Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica, editada por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia; en el Protocolo
común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, publicado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2007, o en las Instrucciones de
actuación en casos de agresión sexual con sospecha de intoxicación,
publicadas por el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la difusión y publicidad de los mencionados documentos no es
la deseada entre los órganos judiciales. Esto, unido a la necesidad de
obtener pruebas biológicas de la víctima lo antes posible con el fin de
evitar la desaparición de las sustancias tóxicas del organismo, da lugar
a que en muchos casos no pueda demostrarse la utilización de depresores
del sistema nervioso central en la comisión de hechos delictivos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la difusión y
propagación de las instrucciones, protocolos y guías existentes entre los
órganos judiciales, así como a realizar campañas publicitarias dirigidas
especialmente a la población joven a fin de informar sobre las
actuaciones a llevar a cabo ante casos de sumisión química."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors
Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria revisión y
actualización del permiso por puntos, para su debate en la Comisión de
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La evolución que han experimentado los accidentes de tráfico en España y
el número de víctimas que producen ha sido muy positiva durante los
últimos años y además con una mejora superior a la que han experimentado
la mayoría de países europeos.
Analizando esa evolución en función del número de víctimas mortales en las
carreteras españolas, conviene recordar que el año 1989 fue en el que se
registró mayor número de víctimas, 7.000, una cifra escalofriante. Desde
ese año hasta 1994 se produjo un importante descenso; entre 1994 y 2003
se produjo un cierto estancamiento, acercándose la cifra a 5.600
fallecidos; a partir de 2003 se han producido reducciones significativas.
Es a partir de 2004 cuando se puede apreciar una verdadera reducción de
la siniestralidad.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 2005-2008 giró en torno a
tres ejes fundamentales, Plan de medidas especiales de seguridad vial
2004 y 2005, un Plan Estratégico de Acciones estratégicas Claves
2005-2008 y un Plan de Seguridad Vial Urbana Tipo.
Dentro del Plan de medidas especiales de seguridad vial se recogía, entre
otros, la implementación del permiso por puntos.
El 1 de julio de 2006 entró en vigor el carnet por puntos con la
aprobación de la Ley Orgánica 17/2005, de 19 de julio. Supuso un gran
cambio a nivel cultural para la sociedad española en cuanto al
comportamiento en las carreteras. Fue un gran revulsivo para luchar
contra la elevada siniestralidad que se venía produciendo. Supuso pasar
de 5.000 fallecidos anuales a unos 1.700 en apenas cuatro años, un
importante avance. Este cambio de tendencia fue acompañado además de un
conjunto de actuaciones y medidas desplegadas para hacer evidente los
efectos del permiso por puntos a los conductores.
Fue una Ley aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios,
fue un verdadero pacto por la Seguridad Vial, que comprometía a todos.
Igualmente fue una medida aplaudida por las asociaciones de víctimas que
venían demandando medidas y actuaciones urgentes que implicaran cambio
cultura, de comportamiento general en la población.
Este sistema tenía dos objetivos fundamentales, reeducar a los conductores
reincidentes mediante cursos de sensibilización vial por un lado y, por
otro, penalizar con la pérdida de puntos del total que dispone el
conductor o titular del permiso de conducción en función de la gravedad
de la infracción cometida, cuanto más grave es la infracción cometida,
mayor es la pérdida de puntos.
España fue un referente en la puesta en marcha de un sistema que le llevó
a ocupar un quinto puesto en la comparativa de ciudades con menos número
de víctimas en las carreteras, y que con el aumento de la siniestralidad
de los últimos años nos ha hecho caer hasta el octavo.
Los resultados por tanto indican que la implantación del permiso por
puntos en España ha tenido un efecto muy satisfactorio en la reducción de
víctimas mortales en las carreteras y que es un efecto que se ha
mantenido durante varios años. El éxito de esta medida puede deberse a un
incremento continuo de medidas de vigilancia y sanción así como el
constante interés por mantener la seguridad vial en el centro de la
agenda social y política.
A pesar de todo ello, desde el año 2013 se viene produciendo un aumento de
la siniestralidad o un cierto estancamiento en la tendencia de años
atrás. Y ello puede ser debido a numerosos factores, como el incremento
del tráfico, los automóviles, el exceso de velocidad y sobre todo las
distracciones.
Siendo conscientes de la problemática que se nos plantea, así como de que
a pesar del éxito que ha tenido el permiso por puntos en nuestro país,
sin embargo su vigencia de doce años hace que debamos plantearnos una
necesaria revisión y actualización del mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una
profunda revisión, actualización y reforma del actual Permiso por puntos,
en colaboración con los agentes implicados en la seguridad vial, para
lograr volver a la senda de reducción de la siniestralidad y llegar al
objetivo marcado por la Unión Europea en 2020."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Pablo
Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Fomento
181/001308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con
lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente
pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Fomento.
¿Cómo garantizará el Gobierno la igualdad de oportunidades entre las
personas aspirantes a un puesto de trabajo en Correos que ya han
realizado las pruebas y se podrán incorporar a sus puestos de trabajo y
aquellas personas aspirantes que deberán repetirlas, debido a los
altercados que se produjeron en una de las salas de celebración de los
exámenes celebrados el 30 de septiembre de 2018 en Santiago de
Compostela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Félix Alonso Cantorné.
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda.
Texto:
¿En qué situación se encuentra el Plan de prestación del Servicio Postal
Universal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Félix Alonso
Cantorné, Diputado.
181/001311
Grupo Parlamentario Mixto (Compromís)
Pregunta con respuesta oral en Comisión al Ministro de Fomento
Diputado don Joan Baldoví Roda
Materia: Fomento
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministro convocar la reunión con los
representantes municipales de València y la comarca de l'Horta Nord, así
como con las organizaciones sociales y colectivos afectados a causa del
proyecto de ampliación de la V-21, para tramitar el modificado del
proyecto y así minimizar la afección sobre la huerta y dar a conocer las
propuestas de mejora sobre el proyecto original, tal y como se
comprometió el Ministro a realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.
181/001312
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el Corredor Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Herick
Manuel Campos Arteseros, Diputado.
181/001313
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación de la A-4. L.P. Jaén/Ciudad Real-L.P.
Córdoba/Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Javier
Calvente Gallego, Diputado.
181/001321
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Rafael Merino López
Texto:
¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación de la A-4. Lím. Prov. Córdoba/Jaén-Lím.
Prov. Sevilla/Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Rafael Merino
López, Diputado.
181/001322
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Ricardo Tarno Blanco
Texto:
¿Piensa el Gobierno incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación de la Autovía SE-40. Túneles Sur del
Guadalquivir-Embocadura Oeste. 48-SE-4520A?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2018.-Ricardo Tarno
Blanco, Diputado.
181/001323
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿Qué presupuesto tiene previsto destinar a la ejecución de la construcción
de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y Parque Joyero-
para el proyecto de Metrotren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel
Cabezas Regaño, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿Tiene el Ministerio de Fomento alguna fecha prevista para el inicio de la
construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y
Parque Joyero- para el proyecto de Metrotren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel
Cabezas Regaño, Diputada.
181/001325
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿Dispone ya el Ministerio de Fomento de algún proyecto de ejecución para
la construcción de las dos estaciones pendientes en Córdoba -Levante y
Parque Joyero- para el proyecto de Metrotren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Isabel
Cabezas Regaño, Diputada.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
181/001309
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social
Diputado don Carlos Rojas García
Texto:
¿Va a instalar el Gobierno un CIE en Motril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2018.-Carlos Rojas
García, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
184/026875
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
Retirada de su pregunta sobre evolución de la Estrategia Nacional al Parto
Nacional desde el año 2007.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa
y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/030049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel (GS). Blanquer Alcaraz, Patricia
(GS). Ramos Esteban, César Joaquín (GS). González Veracruz, María (GS).
Retirada de su pregunta sobre investigación del desfalco en la
construcción de tres tramos de la línea de Alta Velocidad entre Monforte
del Cid y Murcia.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/030154
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martín González, María Guadalupe (GS).
Retirada de su pregunta sobre incidencia de gripe desde octubre de 2017 a
marzo de 2018 y tasa de vacunación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/031851
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS). Hernanz Costa, Sofía (GS).
Retirada de su pregunta sobre congruencia del Gobierno con respecto al
Acuerdo de París.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/031852
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS). Hernanz Costa, Sofía (GS).
Retirada de su pregunta sobre permisos de investigación de hidrocarburos
solicitados cuya superficie de actuación prevista se solaparía con la del
Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la
iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).
Retirada de su pregunta sobre reactivación de la tramitación del proyecto
MEDSALT-2 de sondeos acústicos con "airguns".
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa
y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/033093
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pons Sampietro, Pere Joan (GS).
Retirada de su pregunta sobre suspensión de reparto del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, en espera de que cuente con
una plantilla adecuada para afrontar la guardia.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa
y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
184/038793
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Capdevila i Esteve, Joan (GER).
Retirada por el Gobierno de los depósitos bancarios que tenía en Cataluña
en octubre de 2017.
1. En cuanto a la solicitud de copia de la comunicación cursada por el
Banco de España al Banco Central Europeo y/o al Fondo Monetario
Internacional, así como de las respuestas recibidas, contenida en el
sexto párrafo de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la
subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro
107177, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los
artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y
trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte.
186/002553).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Joan Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Ante la información aparecida en el diari Ara respecto a que el Estado
sacó en octubre de 2017 miles de millones de los depósitos bancarios que
tenía en Catalunya,
¿Qué empresas y administraciones públicas -entidades del sector público
estatal y órganos de la Administración del Estado- y por qué importes
retiraron fondos de los bancos Sabadell y Caixabank durante las dos
primeras semanas del mes de octubre de 2017? Facilítese listado detallado
de empresas y administraciones, así como de importes de fondos
transferidos, indicando entidad de origen y de destino para cada caso.
¿Qué autoridad ordenó cada uno de dichos movimientos? ¿Fue coordinada esta
acción? ¿Por qué autoridad/es y con qué autoridad y/o potestad?
¿Qué personas, autoridades y/o órganos de gobierno de cada una de las
empresas y administraciones a las que se refiere la primera pregunta
fueron las que ordenaron dichos movimientos? ¿Bajo qué supervisión?
Facilítense referencias a las actas en que se reflejaron cómo y por quién
fueron tomadas dichas decisiones y bajo que argumentación, si existieren.
¿Tenía el Gobierno un plan de contención ante la situación de bank run o
"corralito" que se pudo ocasionar con la retirada masiva de fondos?
¿Intervino el supervisor, el Banco de España, ante la presunta masiva
retirada de fondos?¿Tenía noticia de ello?¿Cómo intervino si lo hizo y
con qué resultados?¿Informó el Banco de España al Banco Central Europeo
y/o al Fondo Monetario Internacional de esos movimientos masivos de
fondos y de las acciones que emprendiera? [...]
¿Intervino la CNMV ante un hecho que seguramente podía causar alteración
del precio de la acción de las entidades mencionadas? ¿Cómo y con qué
resultados? ¿Intervino la CNMC ante la posibilidad de un posible acuerdo
coordinado para dificultar la libre competencia entre empresas del sector
bancario? ¿cómo y con qué resultados?
¿Qué impacto potencial sobre la economía catalana, y sobre la española, se
hubiese producido si dichas políticas hubiesen llevado a un bank run o
"corralito", como pareciera que pretendían provocar?
¿Hubo coordinación entre el Gobierno y la Casa Real para instar a
multinacionales que, como las mencionadas entidades bancarias y otras
corporaciones, desplazaran su sede de Catalunya? Interesa conocer cuál es
el flujo y el curso de información económica y financiera habitual entre
Gobierno y Casa Real, y si se vio incrementado en las fechas consultadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Joan
Capdevila i Esteve, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000014
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Región de Murcia. Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente.
Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de
beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el
Proyecto Life+Naturaleza 10NAT/ES/000570 "Recuperación de la Distribución
Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y Portugal"
acrónimo: "Iberlince".
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al
Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2018.-P.A. El
Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de
los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN CALIDAD DE
BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL
PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10NAT/ES/000570 "RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL"
ACRÓNIMO: "IBERLINCE"
En. ............. a ..... de ...................... de 2018
REUNIDOS
De una parte, D. José Fiscal López, Excmo. Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en virtud del Decreto
de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se dispone su
nombramiento, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 26.2.i
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Y de otra, el Excmo. Señor D. Fernando López Miras, en calidad de
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrado por
Real Decreto 449/2017, de 2 de mayo, y actuando en función de las
atribuciones que le confiere el artículo 7.1 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previa
aprobación del Consejo de Gobierno por Acuerdo de fecha 14 de marzo de
2018 y con la autorización de la Asamblea Regional de fecha 6 de julio de
2018.
El texto de la adenda fue remitido a las Cortes Generales con fecha
...................... de ...................... de
....................., de conformidad con lo establecido en el artículo
19, apartados 2 y 3, de la Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia. El Pleno del Senado, en su sesión número ........, celebrada el
día ......... de .................... de ..................., de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Constitución y
137 del Reglamento del Senado, ha tomado conocimiento de la Adenda al
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario
asociado (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, número .............., de fecha ....................... de
.......................... de ...................., expediente número
........................).
Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen
recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas
facultades con las que actúan, para suscribir la presente Adenda y, a tal
efecto,
EXPONEN
Primero. Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas, y en virtud
del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece su
estructura orgánica, es el órgano de la Junta de Andalucía al que
corresponde la superior dirección de las competencias en materia de medio
ambiente.
Segundo. Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (antes Consejería de
Presidencia), es beneficiaria asociada del Proyecto LIFE "Recuperación de
la distribución histórica de Lince Ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), en virtud del Acuerdo de Subvención de
19 de agosto de 2011, suscrito entre la Comisión Europea y la entonces
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con arreglo al
Reglamento CE n.º 614/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de mayo de 2007, relativo al instrumento financiero para el medio
ambiente LIFE+ y de los Acuerdos Complementarios n.º 1 de 5 de diciembre
de 2012, n.º 2 de 14 de junio de 2013, n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016
y n.º 4 de fecha 26 de junio de 2017.
Tercero. Que con fecha 31 de enero de 2014, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y la CARM suscribieron un Convenio
de Colaboración para el desarrollo de las acciones del Proyecto
LIFE+Naturaleza "Recuperación de la distribución histórica de Lince
Ibérico en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 88, de 16 de abril de 2014.
Cuarto. Que ambas partes consideran necesario modificar el Convenio de
colaboración suscrito para adaptarlo a las modificaciones del proyecto
LIFE+10NAT/ES/000570 aprobadas por la CE por los Acuerdos Complementarios
n.º 1 de 5 de diciembre de 2012, n.º 2 de 14 de junio de 2013, n.º 3 de
fecha 18 de marzo de 2016 y n.º 4 de 26 de junio de 2017.
Ante todo lo expuesto, ambas partes suscriben la Adenda al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en relación al desarrollo de las acciones del Proyecto
LIFE+Naturaleza "Recuperación de la distribución histórica de Lince
Ibérico en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), quedando ajustado a
las siguientes
CLAÚSULAS
Primera. Modificación del exponendo segundo del Convenio.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), a
través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente es
beneficiaria asociada del Proyecto Life "Recuperación de la distribución
histórica de Lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal"
(LIFE+10NAT/ES/000570), en virtud al Acuerdo de Subvención de 19 de
agosto de 2011 suscrito entre la Comisión Europea y la Consejería de
Medio Ambiente (Junta de Andalucía) con arreglo al Reglamento (CE) n.º
614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007,
relativo al instrumento financiero para el medio ambiente LIFE+ y del
Acuerdo Complementario n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016, el cual se
comprometió a participar de la manera en que se recoge en el formulario
A4/6 del citado proyecto.
Que el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, atribuye a aquélla en el artículo 11.3 la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio
ambiente y normas adicionales de protección, competencia ésta atribuida a
la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de acuerdo con el
Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional.
Que de acuerdo con el Decreto n.º 75/2017, de 17 de mayo, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente (modificado por Decreto n.º 223/2017, de 2 de agosto), la
Dirección General de Medio Natural, en la que se integra la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente con rango de Subdirección
General, asume las competencias y funciones en materia de planificación y
gestión de espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento
del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la representación
en la Red de Autoridades Ambientales, política forestal, caza y pesca
fluvial y protección de la fauna silvestre.
Segunda. Modificación del exponiendo tercero del Convenio.
Que el LIFE+NATURALEZA 10NAT/ES/000570 se regirá conforme a los siguientes
documentos de referencia, por orden de prioridad:
Reglamento (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
mayo de 2007 (LIFE+)1.
Las disposiciones especiales del acuerdo de subvención.
Las disposiciones comunes, incluidas en el acuerdo de subvención.
La propuesta de proyecto (en lo sucesivo "proyecto") a que se refiere el
acuerdo de subvención.
Los Acuerdos Complementarios n.º 1 de 5 de diciembre de 2012, n.º 2 de 14
de junio de 2013, n.º 3 de fecha 18 de marzo de 2016 y n.º 4 de 26 de
junio de 2017.
Todo lo anterior forma parte integrante del acuerdo de subvención y del
presente Convenio y regirá los derechos y obligaciones de beneficiario
coordinador, beneficiario asociado y Comisión Europea.
Tercera. Modificación de la cláusula primera del Convenio.
El objeto del presente Convenio es la colaboración en la ejecución del
Proyecto LIFE "Recuperación de la distribución histórica de Lince ibérico
(Lynx pardinus) en España y Portugal" (LIFE+10NAT/ES/000570), con una
duración prevista del proyecto desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el
31 de diciembre de 2018, durante el cual la CARM tiene la obligación de
ejecución de las siguientes acciones:
Acción;Título de las acciones
A.1;Redacción de un plan de sensibilización y comunicación común, de
planes específicos y manual de identidad gráfica
A.2;Jornadas de trabajo para revisión y redacción de protocolos conjuntos
de actuación en el medio natural y revisión de su efecto: mejoras de
hábitat
A.3;Jornadas de trabajo para revisión y redacción unificada y elaboración
de protocolos sanitarios para lince ibérico
A.4;Jornadas de trabajo para actuaciones de permeabilización en vías de
comunicación y conectividad de la red natura 2000
A.5;Actualización del modelo de áreas de reintroducción, selección de
áreas y jornadas para revisión y redacción de protocolos de análisis e
informes
A.7;Modelos de plan de gestión y su conectividad para LIC declarados por
lince ibérico
A.8.6;Datos sanitarios de la fauna que convive con el lince ibérico en
áreas de presencia y de reintroducción. Obtención de valores sanitarios
de fauna asociada al lince en áreas de reintroducción de Murcia
A.10;Áreas de aplicación de convenios de colaboración en áreas de
reintroducción
C.4;Mejoras de hábitat en áreas periféricas a las de presencia actual
C.5;Mejoras de hábitat y conejo en áreas de reintroducción: plan de
mejoras
C.6;Actuaciones de desfragmentación de hábitat en vías asfaltadas
C.8;Adquisición de conejo silvestre para nuevos cercados en áreas de
reintroducción, expansión y conexión
C.9;Plan de liberación de linces en áreas de reintroducción
D.1;Jornada inaugural de unificación de metodologías y herramientas de
trabajo para todas las áreas de actuación y equipos de profesionales
D.2;Puesta en marcha de web del proyecto Life+
D.3;Puntos de información lince
D.4;Seminario internacional sobre la conservación del lince ibérico, el
monte mediterráneo y el conejo de monte
D.5;Exposición itinerante. Diseño, edición y promoción
D.6;Distinción/reconocimiento a la conservación del lince
D.7;Edición y distribución de material divulgativo
D.8.1;Campaña general de divulgación. Conformación del Club Amigos del
Lince y actividades relacionadas
D.10.2;Campaña de divulgación en el área de reintroducción expansión y
conexión de poblaciones de lince ibérico. Sector Agro-ganadero
D.12;Edición de un informe final divulgativo: informe Layman
D.16;Edición de un boletín de difusión del proyecto
E.1;Dirección y coordinación del proyecto
E.4;Puesta a punto y funcionamiento de la red transnacional lberlince
E.8;Programa de supervisión de los resultados sobre las poblaciones de
conejo en el ámbito de actuación del proyecto
E.12;Plan de conservación para el proyecto Life en el futuro
Así mismo participará en todas aquellas otras acciones en las que sea
requerido en aras a una correcta coordinación global de la ejecución del
Proyecto y de sus objetivos.
Cuarta. Modificación de la cláusula tercera del Convenio.
Sólo se considerarán gastos elegibles para el Proyecto los generados a
partir del 1 de septiembre de 2011 y hasta el 30 de junio de 2018, según
consta en el Acuerdo de subvención firmado entre la Comisión
Europea-Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía), el 19 de
agosto de 2011 y el Acuerdo Complementario n.º 4 de fecha 26 de junio de
2017. Todo ello salvo que la Comisión amplíe el plazo de ejecución.
Quinta. Modificación de la cláusula quinta del Convenio.
5.1 La CARM como Beneficiario asociado, es responsable de la ejecución de
las acciones relacionadas en la cláusula primera de este Convenio y
descritas en los formularios pertinentes del proyecto. La CARM se
compromete a la correcta ejecución del Proyecto de acuerdo a las
directrices marcadas en la Comisión de seguimiento del mismo.
5.2 La CARM acepta todas las disposiciones del Acuerdo de subvención con
la Comisión.
5.3 La CARM notificará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (Junta de Andalucía) la ejecución de las acciones con
suficiente antelación al objeto de poder notificar éstas a la Comisión
Europea, especialmente las relacionadas con actos públicos.
5.4 La CARM está obligado a ayudar a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) a cumplir con sus
obligaciones como Beneficiaria coordinadora en relación con el Acuerdo de
subvención. En particular, la CARM proporcionará a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía) cualquier
documento o información (técnica y financiera), tan pronto como sea
posible después de recibir la solicitud de la Beneficiaria coordinadora.
La información solicitada para completar los informes obligatorios a la
Comisión que se realice por la CARM se enviará por lo menos dos meses
antes de la fecha límite de entrega de cada informe, según el cronograma
que se describe en la propuesta de Proyecto revisado.
El pago acordado dependerá del cumplimiento de estos compromisos y se
llevará a cabo después de haberse recibido una respuesta positiva de la
Comisión a la información técnica y financiera enviada. Si la respuesta
de la Comisión establece un incumplimiento de las cuestiones técnicas y/o
financieras por la CARM el pago se hará solo de la parte que tenga la
aceptación de la Comisión.
5.5 La CARM debe contribuir a la financiación del proyecto con 199.580
euros en calidad de contribución propia. Dicha aportación la realizará la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante aportación de recursos
humanos, imputando horas de personal funcionario de la Consejería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, desplazamientos y una parte de gastos
generales necesarios para la gestión del proyecto que no requieren de
justificación.
Los fondos propios que se aportarán a este proyecto no tendrán reflejo
presupuestario, ya que únicamente se incluirá un proyecto de inversión
financiado 100% con Fondos LIFE y cuya distribución presupuestaria por
anualidades sería la siguiente:
Años;Fondos LIFE 100%;Fondos propios CARM
(Personal funcionario, desplazamiento y parte de gastos generales);Total
2013;41.124 ?;57.447 ?;98.571 ?
2014;59.996 ?;71.525 ?;131.521 ?
2015;81.151 ?;37.213 ?;118.364 ?
2016;84.866 ?;28.820 ?;113.686 ?
2017;32.233 ?;4.575 ?;36.808 ?
TOTAL;299.370 ?;199.580 ?;498.950 ?
- Año 2013: Cuarenta y un mil ciento veinticuatro euros (41.124 ?), IVA
incluido.
- Año 2014: Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis euros (59.996
?), IVA incluido.
- Año 2015: Ochenta y un mil ciento cincuenta y un euros (81.151 ?), IVA
incluido.
- Año 2016: Ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis euros (84.866
?), IVA incluido.
- Año 2017: Treinta y dos mil doscientos treinta y tres euros (32.233 ?),
IVA incluido.
5.6 La CARM se compromete a facilitar toda la documentación financiera y
de contratación que sea requerida por el auditor.
5.7 La CARM no informará directamente a la Comisión sobre el progreso
técnico y financiero a menos que expresamente así se lo solicite la
Comisión.
Sexta. Modificación de la cláusula décima del Convenio.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de
Andalucía) debe informar a la Comisión sobre los progresos y los logros
del proyecto LIFE+ a través de la presentación de los siguientes
informes:
a) Informe inicial, dentro de los nueve meses del inicio del proyecto:
Este informe fue entregado en mayo de 2012.
b) Primer Informe intermedio con solicitud de pago, que se entregó en
2015.
c) Segundo Informe intermedio con solicitud de pago, entregado en 2016.
d) Informe final con solicitud de pago, que se entregará en agosto de 2018
y que el beneficiario coordinador enviará a la Comisión el 31 de
diciembre de 2018.
e) Para cumplir con los informes previstos, la CARM enviará toda la
información técnica y financiera solicitada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al menos
dos meses antes del plazo previsto para cada entrega, con fecha límite el
30 de agosto de 2018 en el caso de la información relativa al Informe
final.
No obstante, la información relativa a la gestión técnica y/o financiera
del proyecto puede ser solicitada por la Comisión en cualquier momento.
Séptima. Modificación de la cláusula decimotercera del Convenio.
13.1 Para la declaración final de gastos e ingresos, la CARM proporcionará
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de
Andalucía) el 30 de agosto de 2018 a más tardar, con fecha y firma,
declaración de gastos, copia de las facturas y justificación de gastos.
La información solicitada será enviada por la CARM en una hoja Excel,
compatible con los formularios financieros exigidos por la Comisión. La
CARM enviará también todos los documentos financieros generados
compulsados por correo certificado.
13.2 Si la Comisión solicita alguna información adicional, la CARM la
enviará a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(Junta de Andalucía) por email dentro de los diez días posteriores a su
requerimiento.
13.3 La CARM está obligada a informar de los costes como se especifica en
las disposiciones comunes y en el Acuerdo de subvención. En particular,
la CARM debe cumplir con la Parte II, "Disposiciones financieras" de las
disposiciones comunes de la Comisión.
Octava. Modificación de la cláusula decimoquinta del Convenio.
15.1 Todos los pagos deben hacerse a la siguiente cuenta bancaria de la
CARM: ES 46 0049 6660 7125 16026789.
15.2 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de
Andalucía) transferirá mediante el sistema de gestión extrapresupuestaria
la cantidad de 299.370 euros a la CARM, de los cuales 119.748,00 euros,
correspondientes al 40% de la contribución financiera original de la CE,
fueron transferidos en un primer pago realizado el 16 de abril de 2012 y
59.874,00 euros, correspondientes al 20% de la contribución financiera
original de la CE, fueron transferidos el 23 de septiembre de 2016.
El resto de los pagos se harán conforme al siguiente calendario:
a) Un tercer pago de 59.874,00 euros, es decir, el 20% de la contribución
financiera de la CE, tras la aceptación por la Comisión Europea del
Segundo Informe intermedio con solicitud de pago, y en particular de la
elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM, en el plazo de treinta
días desde la recepción del pago provisional por la CE.
b) El saldo restante, es decir, 59.874,00 euros, es decir, el 20% de la
contribución financiera de la CE, dentro de los treinta días siguientes a
la recepción de la aprobación por la CE del Informe Final y la
Declaración Final de los gastos reales incurridos. El saldo pendiente de
pago a la CARM se calculará de la siguiente manera: los gastos totales
(excluyendo la autofinanciación) incurridos por el socio con el fin de
implementar el proyecto, menos los fondos que ya se han pagado a la CARM.
Todo condicionado a la elegibilidad de los gastos efectuados por la CARM,
a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
15.3 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de
Andalucía) transferirá la cuota proporcional del pago final a la CARM que
la Comisión haya realizado. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (Junta de Andalucía) recuperará los importes indebidamente
pagados a la CARM por no haber sido considerados elegibles por la
Comisión.
Leído el presente documento por las partes, lo encuentran conforme y, en
prueba de ello, lo firman y rubrican por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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