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BOCG. Senado, apartado I, núm. 186-1499, de 11/12/2017
cve: BOCG_D_12_186_1499
 


I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Propuestas de veto
621/000006
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.10, Núm.exp. 121/000010)


El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Palacio del Senado, 4 de diciembre de 2017.—Francisco Javier Alegre Buxeda, Luis Crisol Lafront y Tomás Marcos Arias.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), de don Luis Crisol Lafront (GPMX) y de don Tomás Marcos Arias (GPMX)

El Senador Francisco Javier Alegre Buxeda (GPMX), el Senador Luis Crisol Lafront (GPMX) y el Senador Tomás Marcos Arias (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 129 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Mediante el proyecto de Ley, respecto del que ahora se presenta esta propuesta de veto, se pretende modificar el Concierto Económico con el País Vasco. Los Senadores de Ciudadanos consideramos que este proyecto contiene graves defectos de forma y fondo, por lo que solicitamos su devolución al Congreso de los Diputados.

En primer término, tanto en este proyecto, como en el proyecto paralelo, que se va a debatir conjuntamente de establecimiento de la metodología y señalamiento del cupo del País Vasco, hay una evidente opacidad, y un exceso de complejidad, que dificultan la gestión y el control de los fondos públicos. Esto no es una excepción, sino que sigue en la norma de las sucesivas actualizaciones de la metodología del cálculo del cupo, y también de la normativa del concierto económico. Por esa razón, se han producido innumerables conflictos entre las Diputaciones forales vascas y el Estado, así como entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado.

Adicionalmente, en la medida en que respecto de ambos proyectos se tramiten en lectura única, los evidentes fallos, y la opacidad del texto, no pueden corregirse en la tramitación parlamentaria, lo que hace imprescindible su devolución al Gobierno.

¿Por qué tenemos que pronunciarnos por urgencia, en general y sin poder enmendar, sobre los proyectos de ley del concierto y el cupo vasco? El art. 129 del Reglamento del Senado reserva el procedimiento en lectura única a «cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita». Dado que no es un proyecto de ley simple la explicación es que se desea presentar esto como un acuerdo bilateral entre dos Gobiernos en el que las Cortes Generales no tienen nada más que decir, solo si lo toma o lo deja. Pero la realidad es que no lo es y es una anomalía democrática tratarlo como si lo fuera. Del mismo modo que sería una anomalía tramitar por la vía de urgencia y lectura única la próxima reforma del sistema de financiación autonómica de régimen común.

El régimen de Concierto Económico, y la consecuente fijación del Cupo, es decir el importe de las cargas no asumidas por las Administraciones Forales y el Gobierno Vasco, tiene un anclaje constitucional en la Disposición Adicional 1.ª de la Constitución que se limita a señalar que:

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.»

Ahora bien, lo que no establece de ningún modo la Constitución es que la metodología del señalamiento del Cupo deba dar lugar a una sobrefinanciación de las Administraciones Vascas, a costa de las demás Comunidades Autónomas, y en general de los contribuyentes españoles residentes en los demás territorios del Estado.

Lo que sí establece la Constitución en su artículo 138.2 es que «2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Por consiguiente, la actualización del régimen foral, que debe llevarse a cabo en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco, no puede implicar dichos privilegios. Sin embargo, a través de este proceso opaco y sin enmiendas de actualización del Concierto Económico y de la fijación y metodología del Cupo, se está profundizando en la sobrefinanciación de las Administraciones Vascas. Esto, en mundo de recursos limitados, tiene como consecuencia ineludible la subfinanciación de otras Administraciones, y el pago de mayores impuestos de los ciudadanos de otros territorios.

Por otra parte, y antes de entrar en el fondo de esta cuestión, conviene tener muy presente la absoluta inoportunidad política, al menos a juicio de los Senadores de Ciudadanos, de la aprobación de la actualización de este régimen de concierto económico, con prioridad absoluta respecto de la reforma de la financiación autonómica de quince Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Recordemos que aún tenemos por delante la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que se ha puesto de manifiesto que es injusto, complejo y opaco. De hecho, la actualización del régimen foral que nos trae el Gobierno ya ha tenido daños colaterales en la imprescindible y urgente reforma de la financiación autonómica. De hecho, el comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica recomendó incrementar, y no reducir como ahora propone el Gobierno, aportación (negativa) de las comunidades forales a la solidaridad interregional.

Así, el experto Carlos Monasterio, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Oviedo y elegido por el Gobierno asturiano para formar parte de la Comisión de Expertos para la reforma de la Financiación Autonómica de Régimen Común dimitió criticando que el Gobierno tomase la decisión de acordar una reforma del concierto económico sin consultar a este comité de expertos, «lo que es una prueba de que el órgano le parece irrelevante».

No vamos a reiterar aquí las razones de fondo por las que los Senadores de Ciudadanos nos oponemos al proyecto de Ley por el que se establece la metodología y el señalamiento del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021. En este punto, nos remitimos a nuestra propuesta de veto recogiendo aquí las conclusiones de la misma:

Después de todo esto, se pretende reducir el cupo, es decir tras los ajustes que en algunos casos está previsto que se incrementen, aumentar el cupo negativo. Este proyecto de ley supone aumentar la subvención del resto de los españoles a las Administraciones más sobrefinanciadas y de la segunda Comunidad Autónoma con mayor renta per cápita. Todo esto es simplemente inaceptable por razones tanto de forma como de fondo.

Por consiguiente, los senadores de Ciudadanos nos oponemos por razones de forma al presente proyecto de Ley, ya que se impide realizar enmiendas parciales a un proyecto de ley tributaria, que como ahora veremos es francamente mejorable. Por otra parte, también nos oponemos por razones de fondo, en la medida en que el presente proyecto acompaña a otro, sin el que no puede entenderse ni entrar en vigor, con el que está en absoluto desacuerdo, como se expone en la Propuesta de Veto que hemos realizado al mismo.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley de modificación del Concierto Económico, consagra un modelo de gestión e inspección fiscal ineficiente y no adaptado al siglo XXI. Evidentemente, se nos hace difícil concebir el control de operaciones internacionales en el impuesto de sociedades, o del régimen de tributación consolidada, o de una multinacional, desde Administraciones Fiscales de los Territorios Históricos de ámbito puramente provincial. Las normas contenidas en el presente proyecto para facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las diversas Administraciones deberían haber sido mucho más ambiciosas.

Por otra parte, sin ninguna justificación se expande el ámbito de aplicación de las normas forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, especialmente en el ámbito del impuesto de sociedades, a costa como no de la aplicación del impuesto de sociedades común. Resulta paradójico que España lleve décadas intentando armonizar el impuesto de sociedades en Europa y ahora opte por reducir el ámbito de aplicación de la normativa del impuesto de sociedades, para expandir las normativas provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

En este mismo sentido, se incrementa la capacidad recaudatoria de las Haciendas Forales en el impuesto de Sociedades, a costa de la de la Agencia Tributaria. Esto disminuirá la información disponible para la Agencia Tributaria, ya que el límite de facturación que determina la exención de las empresas vascas para no tener que informar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se incrementa de 7 a 10 millones de euros. No se entiende bien por qué se premia a las Administraciones fiscales vascas a cuenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando el Gobierno reconoce sistemáticamente la gran contribución de la Agencia Estatal a la lucha contra el fraude fiscal.

Probablemente, con todo, el problema más grave está en la tributación indirecta. No se puede seguir manteniendo un sistema de reparto del IVA, basado en que cada Administración se quede lo que se le liquida, sin relación alguna con el consumo. Esto ha dado lugar a fraudes y problemas muy graves en las devoluciones. Esto también ha originado múltiples conflictos por la competencia para devolver con perjuicio para ciudadanos y empresas. Otro de los graves perjuicios es que muchos de los escasos recursos de inspección, de las cuatro administraciones implicadas, se dediquen al control del volumen de operaciones en cada territorio, en lugar a lucha contra el fraude fiscal.

La memoria de análisis de impacto normativo que acompaña el Ministerio de Hacienda y Función Pública a este Proyecto de Ley despacha el análisis de impacto económico y presupuestario en una línea «no se prevé la existencia de impacto significativo». Este análisis es claramente insuficiente e inadmisible. Las modificaciones mencionadas en los párrafos anteriores más el concierto del impuesto de extracción del gas, petróleo y condensados, los cambios en el IRPF que suponen dejar de ingresar retenciones de rentas generadas en el extranjero por trabajadores de empresas vascas o la modificación del impuesto de sucesiones para que la tributación de los herederos vascos de fallecidos en el extranjero deje de hacerse por la Agencia Tributaria del Estado y pase a las diputaciones forales sugieren que este Proyecto de Ley supondrá una reducción de la recaudación de la Agencia Tributaria del Estado en beneficio de las arcas vascas. Los Senadores de Ciudadanos consideramos que este impacto económico es cuantificable y que el gobierno debe proporcionar una estimación a la consideración de esta Cámara.

Hay muchas más normas en este proyecto de Ley que exigirían enmiendas parciales, y es también cierto que algunas propuestas de actualización podrían tener sentido para armonizar las tres normativas vascas con la normativa del Estado. No obstante, al no poder realizar enmiendas parciales, y al acompañar a un proyecto de Ley del que discrepamos en profundidad, los Senadores de Ciudadanos consideramos que, teniendo en cuenta también, los graves defectos de forma y fondo, debe solicitar del Pleno del Senado esta propuesta de veto a este Proyecto de Ley de actualización del Concierto Económico con el País Vasco.

Por eso presentamos esta propuesta de veto a este proyecto de Ley.

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Palacio del Senado, 4 de diciembre de 2017.—Carles Mulet García y Jordi Navarrete Pla.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De don Carles Mulet García (GPMX) y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 129 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

El sistema de concierto económico de la comunidad autónoma vasca y el llamado cupo del País Vasco, está recogido en nuestra Carta Magna. Pero también lo está el artículo 156:

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

El Gobierno está incumpliendo este artículo, pues el País Valencià desde hace mucho tiempo no goza de esta autonomía financiera; no puede ejecutar sus competencias si no es endeudándose e hipotecándose vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Nuestro veto es acerca de la tramitación por la vía de urgencia, no por el fondo del asunto sobre el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La pregunta es si es más urgente apañar el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, una comunidad bien financiada, que no la financiación injusta que sufrimos otras, a las que nos han empobrecido.

País Vasco y Navarra mantienen un sistema foral por privilegios legítimos blindados desde el siglo XIX. El País Valencià tenía desde 1261 sus fueros, el primer texto constitucional en España, hasta que fueron suprimidos por los borbones con el Decreto de Nueva planta a partir de 1707, mientras se respetan los del reino de Navarra. Por lo tanto, tenemos como mínimo, el mismo derecho como nacionalidad histórica que otras, a tener un trato digno.

El problema, es que el PP-PSOE nos tratan a los valencianos como nos trataron y tratan los borbones; como ciudadanos no de segunda, puede que de tercera o de cuarta, mientras que a otras comunidades les tratan como de primera.

No queremos que traten a vascos y navarros como ciudadanos de cuarta, sino a los valencianos, y al resto, como ciudadanos de primera.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

Mientras el País Valencià acumula una deuda ilegítima de 20.000 millones de euros, una infrafinanciación que ahoga a la Generalitat, ¿lo tratan con urgencia?

Uno de cada cuatro euros de los valencianos se destinan a pagar intereses porque nos quitan el dinero y no nos lo devuelven en la medida que necesitamos.

Arreglan el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, comunidad rica, con muchas prisas mientras nos pisotean a otros.

Lo presentan con el formato de lectura única, para bloquear el debate y para sacar adelante los PGE de 2018. Venden al resto del Estado por un plato de lentejas.

País Vasco y Navarra cuentan con un buen sistema de financiación que les permite financiar la educación, la sanidad, los servicios sociales. El País Valencià no.

Además, al País Valencià nos han robado lo que no está escrito. Para poder pagar el gasto ordinario, el gobierno valenciano se ha de endeudar. El FLA es una estafa; dinero nuestro, prestado, insuficiente, tarde y a devolver con intereses.

Como decíamos en el Congreso, no quieren aprobar el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco vía urgencia, sino aprobar en diferido los PGE 2018, con el apoyo del PSOE.

¿Qué es esto, ¿extorsión presupuestaria? ¿chantaje presupuestario?

¿Es urgente hoy aprobar la actualización del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco que está pendiente de actualizar desde hace años? ¿Es más urgente que solucionar la asfixia económica del PV?

¿Puede el País Vasco pagar la educación, sanidad o servicios sociales si no se aprueba el esta actualización de urgencia?, respuesta sí.

¿Puede el PV pagar la educación, sanidad o servicios sociales a fecha de hoy con el actual sistema de educación? Respuesta, no.

¿Qué es más urgente?

Para el PP-PSOE aprobar el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y aprobar en diferido los PGE. Para los valencianos, poner en primer plano la infrafinanciación de nuestros ciudadanos.

No estamos en contra del concierto económico de los vascos y navarros, pero estamos en contra de que sean, de nuevo, tratados de manera urgente, mientras nos ignoran, menosprecian y maltratan a los valencianos.

No queremos ser más que vascos, navarros, ni que ninguna nacionalidad histórica, pero tampoco queremos ser menos y los pactos del régimen del 78 nos relegan a ser los últimos.

La Constitución también habla de la solidaridad entre territorios, de la redistribución de la riqueza, o de la igualdad de todos los ciudadanos. Con este sistema actual, que blinda los derechos de unos pero menosprecia los de otros, ahondamos en la brecha entre comunidades autónomas. Un ciudadano valenciano no tiene los mismos derechos en educación, sanidad o servicios sociales, simplemente porque se deja a su gobierno sin capacidad económica.

Nuestro posicionamiento no parte de la envidia, ni de riña entre comunidades, sino que es un posicionamiento firme de colmo de la paciencia; de hasta aquí hemos llegado; de estar hartos de que se nos maltrate continuamente y nos empobrezcan. O el debate sobre el sistema de financiación se aborda como toca, o no podemos ser cómplices del mercadeo partidista. Nada hay más urgente para los valencianos que remediar su sistema de financiación injusto.

Por ello, presentamos este veto.


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