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BOCG. Senado, apartado I, núm. 243-1935, de 04/06/2018
cve: BOCG_D_12_243_1935
 


I. Iniciativas legislativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Propuestas de veto e impugnaciones de una Sección
621/000010
(Congreso de los Diputados, Serie A, Num.20, Núm.exp. 121/000020)


I. PROPUESTAS DE VETO AL PROYECTO DE LEY

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 29 de mayo de 2018.—Joan Bagué Roura y Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 11

De don Joan Bagué Roura (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por segundo año consecutivo el Gobierno ha incumplido la Ley General Presupuestaria, presentó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con seis meses de retraso. Si cuando lo debió presentar, en septiembre de 2017, la situación política de Catalunya y la falta de una mayoría parlamentaria para aprobarlos fueron los motivos aducidos por el Gobierno para no presentar el proyecto de ley, ambos seguían vigentes en marzo, cuando se decidió a presentarlos. La aplicación del artículo 155 CE por parte del Gobierno avivó aún más la judicialización de la actividad política en Catalunya y en España, dificultando aún más la obtención de la mayoría parlamentaria que los debe aprobar, una mayoría que fue muy, muy precaria en el Congreso y que, justamente al día siguiente de su aprobación en aquella Cámara, se debilitó más como consecuencia de lo que dicta y afirma la sentencia del caso Gürtel. Esta es la gran debilidad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que le apoya.

Un Gobierno débil presenta unos presupuestos débiles y de escasa proyección hacia el futuro. No es el planteamiento que necesita España, no es el que necesita Catalunya en el momento que vivimos, con una coyuntura económica, social y política compleja, que requiere de estrategias ambiciosas, bien construidas y consensuadas.

El futuro próximo nos exige abordar importantes retos y transformaciones en el terreno político, económico y social, todos ellos de extrema relevancia, entre estos, están: 1) el reto del modelo de estado o estados, no lo sigan ninguneando; 2) el reto de las grandes transformaciones económicas, como la digitalización de la actividad económica, la transición energética, las adecuadas adaptaciones al cambio climático, la carrera por la innovación,...; 3) el reto de profundas trasformaciones sociales, como el envejecimiento de la población, la financiación de las pensiones y de la dependencia, la lucha contra las desigualdades, la apuesta por un empleo de calidad,... Demasiados retos para un Gobierno débil, rígido, con enormes dificultades para el diálogo y prisionero de unos socios que le fuerzan a seguir por el camino de la centralización y del populismo, tal como se pone de manifiesto en el proyecto de ley presentado a debate.

Desde la perspectiva del cumplimiento de los objetivos de déficit, una vez más los presupuestos del Estado van a provocar que la administración central y la Seguridad Social no cumplan con los objetivos de déficit asignados por esta Cámara. Hay que recordar hoy que con en el anterior presupuesto de PP y Cs, para el 2017, la administración central se desvió en un 72 % del objetivo asignado (el -1,90 % PIB en lugar del -1,10 %), y la Seguridad Social se desvió un 5,7 % (el -1,48 % en lugar del -1,40 %). Este mal comportamiento de la Administración Central y de la Seguridad Social contrasta con el cumplimiento de los objetivos por parte de las comunidades autónomas por primera vez (el -0,32 % PIB frente el -0,60 %) y por parte de las corporaciones locales, que por sexto año consecutivo generan superávit (el 0,59 % PIB). Y para este ejercicio 2018 se repetirá el guión, la administración Central y la Seguridad Social no cumplirán con los objetivos de déficits asignados. Así lo puso de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que calificó como «muy improbable» el cumplimiento del objetivo del -1,1 % PIB para la Seguridad Social (considera que va a estar entorno al -1,5 %, es decir con una desviación entorno al 36 %) e «improbable» el cumplimiento del objetivo del -0,7 % para la administración central (estima que se situará entre el -1,10 % y el -1,30 % en función del rescate de las autopistas, es decir un desviación entre el 57 % y el 85 % del objetivo fijado). Por tanto, un año más el gobierno del PP y sus socios de Cs, confían que el buen comportamiento de las CC. AA. y las CCLL en materia de consolidación fiscal, permitan al estado español cumplir con el compromiso del objetivo de déficit ante las instituciones europeas. A esta realidad deben añadirse los 1.500 M€ que supondrá el incremento de las pensiones para mantener su poder adquisitivo, gasto no contemplado en las previsiones iniciales de gasto y déficit por parte del Gobierno.

Por el lado del presupuesto de ingresos, de forma similar a ejercicios anteriores, el Gobierno tiende a sobrevalorar la recaudación de algunos ingresos tributarios, como los impuestos especiales o el IRPF donde a pesar de un crecimiento nominal del PIB del 4,3 % y una rebaja impositiva cuantificada en 2.200 M€ (impacto en 2018) prevé incrementar la recaudación en el 6,5 %. Esta tendencia a la sobrevaloración, entendemos que también se produce en algunas partidas de gasto, especialmente en las de inversión, donde cada año, la falta de ejecución de las partidas de capítulo 6, supone un incumplimiento con las promesas/previsiones de inversiones, que año tras año se van repitiendo en los presupuestos, este aspecto resulta especialmente relevante en la inversión territorializada en Catalunya. Pero también esta inejecución presupuestaria afecta a sectores especialmente relevantes para nuestra economía como son las partidas de I+D.

Tampoco ha variado en los presupuestos 2018 la política estatal con Catalunya. De nuevo el porcentaje de inversión territorializada del Estado en Catalunya será muy bajo (13,3 %), muy inferior al peso de la población (16 %) y del PIB (19 %). Las inversiones previstas en Catalunya para 2018, ya son todas viejas conocidas de los sucesivos presupuestos generales del estado, son los mismos proyectos que aparecen año tras año en los PGE, los hay incluso que arrancaron en el siglo pasado, y por una falta de diligencia o voluntad política se están eternizando. Todo ello contradice y desmiente las esporádicas visitas relámpago del Presidente Rajoy a Catalunya anunciando inversiones millonarias que nunca llegan a ejecutarse. Para incumplir, estos presupuestos incluso incumplen los mandatos parlamentarios aprobados por el Congreso de los Diputados, por ejemplo para otorgar más recursos al transporte público de Barcelona o para ejecutar inversiones en Cercanías. Al igual de cada año, la única prioridad de este Gobierno y de Ciudadanos, su socio de coalición, es la centralización.

Los presupuestos 2018 incumplen de nuevo con los compromisos políticos adquiridos con las corporaciones locales y las Comunidades autónomas. Un año más urge denunciar que no se ha aprobado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, y ya van más de 4 años de retraso, denunciar que no se ha aprobado a pesar del firme compromiso del propio Presidente del Gobierno en el Senado, de hacerlo durante el año 2017, denunciar que financiar mal a las comunidades significa financiar mal la educación, financiar mal la sanidad, financiar mal los servicios sociales y todas las demás competencias que soportan, denunciar que esta es una deslealtad del Gobierno del Estado con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos, porque tampoco se ha revisado su financiación. El Gobierno es centralista y desleal, aún no ha racionalizado el gasto público de la Administración central, prefiere reducir el déficit forzando un superior esfuerzo presupuestario de las demás administraciones. Asimismo, tampoco en este presupuesto hay ni rastro del nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales, que pese a generar un superávit debido a la aplicación de la regla de gasto de forma muy limitativa e injusta, requieren una actualización y modernización de sus sistemas de financiación.

Desde la perspectiva más social, los presupuestos pasan de buscar una prioridad social a priorizar el populismo, también en línea con las demandas planteadas por los dos grupos parlamentarios que le dan apoyo, PP y Cs. En materia de pensiones, en vez de priorizar un acuerdo amplio con los interlocutores sociales y los grupos parlamentarios, en el marco de los Pactos de Toledo, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas, fijaron de nuevo —en el proyecto de ley presentado en el Congreso— un incremento de las pensiones de solo un 0,25 %, a la vez que abrían un listado reglamentista de singularidades para permitir que en determinados casos los aumentos fueran algo superiores. Afortunadamente, la enmienda del Grupo parlamentario vasco sobre el aumento de las pensiones en el Congreso ha corregido este aumento para el ejercicio 2018. Otro parche son las modificaciones al IRPF, para beneficiar con unos pocos euros mensuales a un acotado conjunto de beneficiados para facilitar el discurso populista, en vez de afrontar una reforma fiscal en línea a la que recomendaban los expertos; o con las ayudas a la familia, concentradas en colectivos pequeños, en vez de abordar, de manera integral, una política presupuestaria de apoyo y ayudas a la familia y para la crianza de los hijos que España no tiene y si tienen la mayoría de países de Europa. En el ámbito de las modificaciones tributarias, destaca la reducción del tipo impositivo del IVA aplicable al cine y también, a propuesta de una enmienda del PDeCAT en el Congreso, del IVA a los servicios a la dependencia, pero en cambio no se procede a efectuar dicha modificación en otros sectores como el de los servicios funerarios, o los servicios veterinarios, respecto los que ya han sido aprobadas diferentes iniciativas parlamentarias.

En definitiva, la economía crece, la creación de empleo también, pero la tasa de desempleo continua siendo muy elevada y la calidad del empleo sigue estancada, los indicadores sobre desigualdades no mejoran; reformas básicas y necesarias como la de financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, la de la fiscalidad ambiental o la de la fiscalidad que afecta a las grandes multinacionales con baja tributación, siguen sin hacerse. El Gobierno, en 2017, demostró una enorme capacidad de sobreactuación y de gasto no presupuestado para desplazar a miles de efectivos de las fuerzas armadas a Catalunya, en cambio, año tras año demuestra una ínfima capacidad de respuesta a los retos que presenta la economía y la sociedad, en forma de cambio de modelo productivo, de creación de empleo de calidad, de reducción de las desigualdades o de ampliación de la base de las clases medias que estos presupuestos contribuyen a reducir.

Y evidentemente, por enésima vez, estos presupuestos no permiten dar respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de Catalunya, son de nuevo unos presupuestos del pasado, de un país sin proyecto y sin estrategia de futuro.

Por todo ello los senadores y senadoras del Partit Demòcrata Europeu Català, que forman parte del Grupo Nacionalista en el Senado, presentan el veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El Senador Jon Iñarritu García (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 30 de mayo de 2018.—Jon Iñarritu García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 18

De don Jon Iñarritu García (GPMX)

El Senador Jon Iñarritu García (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente ejercicio de 2018 y que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, parten una vez más de un análisis equivocado de la realidad económica y social del Estado español, realizando una lectura interesada y falseada de las consecuencias negativas que las políticas que ha venido implementando en los últimos años están teniendo en la sociedad. Lejos de rectificar en las políticas desarrolladas en los últimos años las ensalzan para insistir en continuar por la misma senda, eso sí, incluyendo algunos tímidos cambios para lograr el apoyo que necesita el PP para sacar adelante sus cuentas, ahora que no tiene mayoría absoluta.

No sólo eso, en esta ocasión, a un año vista de las elecciones de 2019, las cuentas que nos presenta el Gobierno se parecen más a un programa electoral que a los planes de actuación del Gobierno, pues parece más bien que están encaminados a recuperar parte del apoyo que las encuestas dicen ha perdido con promesas que habrá que ver hasta qué punto se incumplen, como vemos cuando hacemos un repaso de la ejecución de los presupuestos del 2017, en los que lo anunciado en algunas materias y presentado como elemento central de los presupuestos tan solo se ha ejecutado parcialmente, mientras materias más conflictivas, pasan a tener una ejecución mayor a la presupuestada, en un intento por ocultar el gasto real realizado, como es el caso de defensa.

Esconden la actuación de un Gobierno que ante una mayoría parlamentaria que podría realizar cambios en materia social, se dedica a bloquear, con la ayuda de Ciudadanos, la práctica totalidad de las leyes que desde las diferentes formaciones se vienen presentado, negando el propio debate, en materias tan sensibles como revalorización de las pensiones, vivienda, dependencia, sanidad, igualdad entre hombres y mujeres, subida del salario mínimo o creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto, por citar algunas de ellas.

Se trata de unos presupuestos que siguen sin responder a las múltiples crisis que atraviesa el Estado español, tanto la económica, como la social, o la institucional; la desigualdad se está cronificando, se antepone el pago de la deuda a las necesarias políticas sociales, mantiene el recorte en la inversión social, no afronta la necesaria reforma fiscal que posibilite una fiscalidad más progresiva y equitativa, que ataje el fraude fiscal y permita lograr los recursos necesarios para hacer las políticas públicas que pongan en el centro los intereses del conjunto de la población, en especial los de quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis, en lugar de seguir protegiendo a los capitales especulativos y financieros.

Lejos de lo que afirma en relación a los presupuestos que ha presentado, el Gobierno continúa haciendo recortes, no apuesta por la creación de empleo de calidad y sigue destruyendo empleo público; impide con sus políticas transitar a otro modelo socioeconómico por medio del cual se pueda avanzar en justicia social, apostando por un desarrollo social sostenible de la economía.

Tal y como recoge el informe realizado por el Defensor del Pueblo en relación a la crisis económica y la desigualdad: «carece de sentido político pretender que se acepte la existencia de una mejora económica sin un mayor bienestar y con menos derechos»; «esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta».

Pero el Gobierno, además de insistir en políticas públicas que no responden a las necesidades de la mayoría, hace oídos sordos a las mayorías vasca y catalana que le demandan ser sujetos de decisión y poder decidir sobre su futuro, también para cambiar el rumbo de las políticas socioeconómicas que desde Madrid se nos vienen imponiendo y que traen consigo mayores cotas de desigualdad, paro, precariedad, pobreza.

La demanda social catalana para decidir su futuro, el ejercicio práctico de dejar la decisión en manos de la ciudadanía como principio democrático, se ha encontrado de frente con un Gobierno cerrado al diálogo y al acuerdo, que impone su parecer vía artículo 155. Un artículo que, si bien puede ser anulado de forma oficial tras el nombramiento del nuevo gobierno catalán, se continuará aplicando en Cataluña y en otros territorios.

Es un artículo que ha hecho más visible si cabe la actuación de un Gobierno que respeta el actual reparto competencial sólo cuando le interesa y que lejos de mantener una relación de igual a igual con las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Comunidad Foral Navarra (CFN), invade sus competencias vía recurso al Tribunal constitucional quitándonos lo que nos corresponde, para vía negociación, cuando la aritmética parlamentaria no le es favorable, devolvérnoslo mercadeando con ello y obtener beneficio de una operación del todo inaceptable.

Una actuación que se viene repitiendo y que tan sólo lograremos superar haciendo valer nuestra capacidad de decisión, plantando cara al Gobierno como pueblo, por encima de intereses partidistas y cambiando las reglas de juego actuales de sumisión, que es como las entiende y aplica en la actualidad el Gobierno español. El último ejemplo lo encontramos en el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno con la subida salarial que los presupuestos de la CAV contemplan para este año.

De igual manera se niega a aceptar los avances que se han producido en sus seis años de mandato, pese a los innumerables obstáculos que el propio Gobierno ha ido poniendo a la tan ansiada paz y normalización en Euskal Herria, y cierra la puerta, también vía presupuestos, a los cambios que la mayoría social y política vasca le viene demandando, para acabar con la legislación excepcional y con la vulneración de derechos humanos que su aplicación conlleva, como en el caso concreto de los presos y la política excepcional de alejamiento que siguen aplicando, y en la que no tienen intención de hacer cambios.

El Gobierno se aferra a las reformas realizadas, pese a las consecuencias negativas de las mismas

El proyecto de presupuestos para el 2018 del Gobierno anuncia una vez más una bajada del paro, acompañada de una reducción en la partida de las prestaciones por desempleo, pero nos oculta que gran parte de las personas paradas de larga duración hace mucho que no perciben prestación alguna; y es que la proporción del desempleo de larga duración sigue siendo muy elevada.

En 2017 había un millón y medio (1.504.800) de personas que llevaban atrapadas en el paro más de dos años, 267.500 más que en 2011 buscando empleo por un periodo superior a los dos años, es decir, un 21,6 % más que antes de la reforma laboral del 2012. Una reforma que el Gobierno elogia pero que ha supuesto en última instancia un nuevo recorte de las prestaciones por desempleo, pero no por los motivos que destaca el Gobierno, sino más bien por las dificultades para el acceso a las mismas y la reducción aplicada en las cuantías.

La reforma laboral que se empeñan en mantener, ha supuesto, además, la precarización de la clase trabajadora, por cuanto que se han ofrecido a la patronal todo tipo de facilidades para despedir más barato, y el modelo y proceso de contratación es, a raíz de la misma, más precario.

Los datos están ahí: en el Estado español entre 2008 y 2017 se ha reducido en un 8 % la cifra de población ocupada; la temporalidad se ha convertido en un elemento estructural del mercado laboral, ya que la evolución de los contratos indefinidos ha sido mínima. A ello tenemos que añadir la devaluación salarial que ha supuesto la reforma, sin olvidar que en la actualidad más del 57 % del empleo a tiempo parcial es involuntario.

Casi el 80 % del empleo creado entre los años 2011 y 2017 ha sido a jornada parcial y la presencia de las mujeres en este tipo de trabajo a tiempo parcial se ha disparado; lo que supone no sólo la consolidación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres, sino que promociona la discriminación.

Pero que cabe esperar que un Gobierno que aumenta el presupuesto en todos los ministerios excepto en empleo, que más allá de las buenas palabras, no tiene una verdadera política de igualdad y redacta su proyecto de presupuestos en lenguaje sexista; y pese a los 200 millones acordados para la primera tanda de medidas para poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista, tan solo destina 40 a este ámbito.

Son las mujeres las más afectadas, junto con la juventud, por las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno y que estos presupuestos no corrigen. Las mujeres de todas las edades, también las pensionistas.

El Gobierno no apuesta por garantizar pensiones dignas

Si el presupuesto contempla subidas en las pensiones mínimas y las de viudedad, no es por una voluntad de significar las pensiones, es producto de la presión realizada por las personas pensionistas que ven como sus limitados recursos cada vez les dan para menos, no les garantizan hacer frente a los gastos básicos para mantener una vida digna, y van perdiendo poder adquisitivo. Si a ello le sumamos que las reformas, que el PSOE en primer término y el PP con posterioridad realizaron, suponen además un recorte en las pensiones futuras, con un factor de sostenibilidad que nos condena a ser más pobres cuanto más vivamos, la dimensión del problema es considerable.

Si bien es cierto que la subida del 0,25 % que contemplan los presupuestos ha supuesto la gota que colma el vaso para las personas pensionistas, no es menos cierto, que las bajas cuantías de las pensiones son las que condenan a la miseria a miles de pensionistas. Ese es el problema real de fondo.

Por ello, las medidas de parcheo que el presupuesto contempla no son más que una lavada de cara del Gobierno para no solucionar los problemas reales, pero intentar acallar la protesta de las personas pensionistas, que ni les saca de la miseria, en todo caso les sumerge en la pobreza, y no dignifica las pensiones.

Pensar que subir las pensiones mínimas 18 euros hasta alcanzar los 622 o las no contributivas 11 euros hasta los 380 o las de viudedad del 52 al 54 %, lejos del 60 recogido desde 2011 y que no se aplica, les ofrece la posibilidad de vivir dignamente, es un insulto a la inteligencia de la generación qué luchó por conseguir muchas de las conquistas sociales y laborales de las últimas décadas y que, llegado el momento de recibir el reconocimiento social por ello, ven que el Gobierno les niega los recursos que les corresponde. Ello sin olvidar que el aumento anunciado no es equiparable a la pérdida que han sufrido en su cuantía las pensiones desde 2011 y que se calcula en un 6,5 %.

Argumentarán para ello que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, así como el saldo negativo de la Seguridad Social, pero lo que ocultan es que el dinero se ha utilizado para comprar deuda pública o para el rescate de bancos; y que los ingresos han disminuido por las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones aplicadas en favor de las empresas y que tienen un impacto negativo, en las cuentas de la Seguridad Social en el caso de las reducciones que el presupuesto cifra en 1.520 millones de euros para 2018; en el caso de las bonificaciones a cuenta de los presupuestos se calcula que este ejercicio rondará los 1.900 millones.

Y mientras tanto más de la mitad de las personas pensionistas cobra mensualidades inferiores a los 800 euros, cantidad mucho menor en el caso de las mujeres, de las pensiones de viudedad, que cobran por término medio pensiones un 40 % inferiores, lo que les lleva a sufrir situaciones de extrema pobreza.

Hay que acometer reformas profundas, pero no pensadas para gastar cada vez menos en pensiones, como las realizadas en los últimos años, sino que partiendo de otra premisa permitan pensiones dignas; que no es más que establecer a cuánto asciende una pensión mínima digna y calcular cuánto dinero hace falta para garantizarlas, para posteriormente a ello, pensar de donde conseguimos los recursos para garantizar pensiones dignas. Pero el Gobierno no está dispuesto a entrar al debate de fondo y sigue castigando a la pobreza a las pensiones más bajas.

El problema de fondo es el reparto de la riqueza, y es que en la eurozona se destina un 13,6 % del PIB a las pensiones, dos puntos por encima del Estado español.

La situación de muchas personas pensionistas se complica por los problemas de dependencia a los que muchas de estas personas se enfrentan, área en la que también el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones.

Según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, el 24,51 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 310.120 personas y a sus familias. Además, hay 120.000 personas pendientes de valoración.

Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 38.000 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 4.600 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas. De esta cantidad la CFN ha sufrido un quebranto acumulado de 12,8 millones de euros, y la CAV otros 73,5 millones.

Lejos de afrontar las políticas públicas necesarias para hacer frente a las necesidades sociales, la inversión social sigue disminuyendo y no se acomete la necesaria reforma fiscal

Dice el Gobierno como en años anteriores que los presupuestos son los más sociales, y lo que nos oculta es que restado el dinero que se destina al pago de las pensiones, el gasto social ha disminuido desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 19.000 millones, es decir, un 27 %.

Si comparamos los datos del Estado con los de la Eurozona, el gasto público total de las administraciones públicas está 5,4 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, y el gasto público en protección social 3,2 puntos por debajo.

Y de esa manera es imposible hacer frente a la dramática situación de las familias que peor lo están pasando y que necesitan que se implementen otras medidas.

Y todo ello por no querer abordar las reformas fiscales necesarias para dotarse de los ingresos suficientes para hacer frente a las políticas sociales que la situación requiere y poner lo verdaderamente importante en el centro de su actuación política.

Y es que, con el objetivo de priorizar el pago de la deuda, en 2018 seguirá destinando una cuarta parte del presupuesto, por encima del 25 % al pago de la misma. Eso sí, hace unos cálculos de ingresos excesivamente optimistas, que resultan poco creíbles para la mayoría de los agentes económicos.

Continúa apostando por recaudar más vía IRPF e IVA, un impuesto este último injusto, por cuanto que repercute más en quien menos ingresos tiene.

Sigue cargando sobre las rentas de trabajo y no apuesta por una mayor presión fiscal que acerque el estado español a los países europeos más avanzados, haciendo que ese incremento lo soporten quienes más tienen, con un doble objetivo, aumentar la recaudación y avanzar en la redistribución de la riqueza.

En lugar de apostar por ello, las políticas del gobierno profundizan en una distribución de la carga de impuestos cada vez más regresiva, con pérdida de progresividad en el impuesto de la renta, con pérdida de peso en la recaudación de las rentas de capital, con una tributación insignificante de los beneficios de las empresas.

Las medidas que se anuncian en beneficio de las rentas más bajas apenas tienen efectos, mientras que la bonificación del 100 % sobre el Impuesto de Patrimonio que mantiene La Comunidad de Madrid supone una importante pérdida de ingresos para las arcas públicas. Madrid ejerce de paraíso fiscal de personas que son las más ricas entre las ricas y que no tendrán que pagar nada por ello, lo que nos parece del todo inaceptable. Asimismo, los más de 260 millones de euros que se perdonan a los grandes especuladores inmobiliarios en las SOCIMI suponen un privilegio inaceptable que facilita que una pequeña elite acumule la propiedad inmobiliaria.

Igualmente entendemos erróneo que se apueste por mayores bonificaciones en el Impuesto de Sociedades, que se calcula ascenderán a 3.453 millones en 2018.

Unido a ello está la falta de voluntad real para actuar contra el fraude fiscal, para lo cual debería dedicar más recursos a la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de seguir fomentando la elusión fiscal. Prueba de ello es la disminución de la plantilla con que cuenta la Agencia Tributaria para ello, muy por debajo de la media de la OCDE y que se ha reducido en un 10 % entre 2011 y 2016. Los recursos económicos (en porcentaje del PIB) destinados a gestionar la administración tributaria y luchar contra el fraude son prácticamente la mitad que, en Francia o Reino Unido, y tres veces menos que en Bélgica o los Países Bajos.

Por tanto, el Gobierno tiene un problema de ingresos insuficientes que no quiere afrontar, junto con una errónea política de prioridades en el gasto.

El Gobierno prioriza los gastos en defensa o infraestructuras, en detrimento de la inversión social

Y es que ahondando en ello podríamos hablar de las inversiones o del gasto en defensa, mientras la partida para memoria histórica sigue en cero.

El presupuesto de defensa continúa aumentando, más del 10 % en 2018, superando los 8,400 millones, siendo uno de los más beneficiados.

Un gasto que supone en última instancia una clara apuesta por la OTAN que no compartimos, junto con más apología de una institución poco democrática en su funcionamiento, que irradia valores nada saludables para quienes aspiramos a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

También sube un 8 % el presupuesto destinado a los servicios secretos, y aumenta por segundo año consecutivo el presupuesto destinado a la Casa Real, un 0,9 % con respecto a 2017, hasta los 8 millones. Y ello sin olvidar que los gastos que supone la Casa Real son mayores que los que recogen los PGE, ya que recibe otras partidas por parte del Ministerio de Exteriores que paga los viajes oficiales, de Interior por temas de seguridad, de Defensa por la Guardia Real, de Hacienda por el parque móvil o de Presidencia por los funcionarios de la Zarzuela; por lo que el incremento en el gasto destinado a la Casa Real es mayor.

Igualmente se dispara el gasto en infraestructuras, hasta un 12,7 %, siendo el Tren de Alta Velocidad el principal beneficiado.

Una alta velocidad que solo ha sido rentable para las empresas que lo realizaban y los partidos que con ellas se financiaban. Para la ciudadanía ha supuesto abandonar el tren de cercanía, el que transporta a la clase trabajadora, y detraer miles de millones públicos que no se invierten en educación, sanidad o servicios sociales. El país de Europa con más kilómetros de alta velocidad (segundo en el mundo tras China) y que no ha recuperado los costes de inversión en ninguna línea y solo ha conseguido cubrir los costes de explotación en la línea Madrid Barcelona. El mejor ejemplo de este despilfarro es la Y vasca. Una línea que supondrá para su puesta en marcha desembolsar cerca de 10 mil millones y que el único informe coste/beneficio que sobre la misma se ha realizado, augura que no recuperará los costes de explotación y será un agujero sin fondo durante la explotación. Por cierto, una línea de alta velocidad no recupera, en el mejor de los casos (que no se da ninguno en el estado español) el CO2 generado en su construcción en los siguientes 60 años. Gran ejemplo de eficiencia.

El déficit generado por la alta velocidad, que al año supone un agujero negro de 353 millones de pérdida después de quitar impuestos y actividad, sólo ha sido superado por el rescate bancario, con lo que rescatar bancos y constructoras está arruinando al Estado, llevándole a déficits difíciles, por no decir imposibles de revertir.

Apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE como motor económico y sobre todo de enriquecimiento de esos que están siendo señalados en las investigaciones judiciales por pago de comisiones al PR.

Y a la CAV y la CFN nos ofrecen un regalo envenenado en forma de mayores inversiones. Por un lado, anuncian un 32 % más de inversión en el caso de la CAV, mientras en Navarra es prácticamente nula, un 30 % menos que el año anterior. Eso sí, el 78 % de la inversión del Estado en Navarra es para el TAV y Esa, infraestructuras ambas cuestionadas en el territorio por su utilidad social.

El incremento del gasto en TAV en Navarra se produce después de que el Ministerio de Fomento haya decidido unilateralmente el trazado de la conexión con Y vasca. En cuanto a las obras del pantano de Esa, se trata de una obra cuestionada por su utilidad y por los problemas de seguridad que han provocado reiterados deslizamientos de tierras, por lo que las instituciones navarras han solicitado la paralización de las obras, que han llevado a incrementar continuamente el presupuesto para tratar de buscar infructuosamente una solución. Asimismo, tienen previsto continuar con las obras hidráulicas relacionadas con el pantano de ltoiz y el Canal de Navarra. Todas ellas son inversiones destinadas al hormigón, a grandes infraestructuras ampliamente contestadas por la sociedad navarra.

Estas son las inversiones anunciadas, muchas de ellas de carácter plurianual y que desconocemos a qué nivel de ejecución llegarán finalizado el año. Si miramos los datos del ejercicio del 2017, de los 400 millones de inversiones publicitados por parte de las empresas públicas para la CAV y la CFN, finalmente apenas se ejecutaron la mitad. En el caso del TAV el dato es aún más llamativo si cabe, ya que un 57 % no llegó a ejecutarse.

Junto con las inversiones en grandes infraestructuras, tampoco el ahorro anunciado para las empresas en la factura eléctrica se produjo, ya que la orden de tarifas eléctricas se publicó el 27 de diciembre sin que se eliminara la tarifa (6.1.b) que era la forma en la que se iba producir el ahorro para las empresas vascas, según anunciaron los firmantes del acuerdo.

Un dato más, no sólo lo anunciado no se cumple, sino que los gastos que prevé realizar el Gobierno en la CAV y Navarra en los PGE del 2018 están por debajo de la aportación que realizamos vía cupo.

Ante esta situación tan sólo la soberanía económica, fiscal, financiera y social podrá hacer avanzar a Euskal Herria

El análisis del contenido y la filosofía que impulsan estos presupuestos nos lleva a constatar que la sociedad vasca no tiene acomodo en los mismos. La sociedad vasca difícilmente va a encontrar solución a sus problemas y sus retos en estos presupuestos y en el actual marco jurídico político, tanto en relación con el derecho a decidir, como la paz y normalización y los derechos sociales.

Este Gobierno está imponiendo una realidad a la sociedad vasca que suscita un importante rechazo en la mayoría social y política del País Vasco-Euskal Herria que ansía mayores cotas de soberanía para poder afrontar su futuro con perspectivas mejores, siendo dueña de su futuro, y que se encuentra a diario, no solo con que no respeta su derecho a decidir, sino que ataca sistemáticamente las ya de por sí limitadas cotas de soberanía actuales, actuando en contra de las decisiones legítimas de nuestras instituciones.

El mantenimiento de esta situación tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas, además de un coste anual concreto para la CAV y Navarra, que asciende, según recoge este presupuesto de 1237 y 492 millones respectivamente.

Fondos con los que se financie la casa real, las fuerzas de seguridad del estado, el pago de la deuda o grandes infraestructuras innecesarias; en última instancia gasto socialmente inútil, y que no contribuye a una pretendida solidaridad entre territorios para garantizar la prestación de los servicios públicos.

La solidaridad empieza por priorizar la inversión social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto de defensa, o el de sanidad frente a despliegues como el de la Guardia Civil el 1 de octubre valorado en 87 millones de euros, sin olvidar el derroche que supone la monarquía. Por tanto, nadie puede pedirnos apostar por la solidaridad para contribuir a estos presupuestos que no actúan frente al paro, la precariedad, la pobreza y desigualdad actuales, porque ello supondría establecer unas prioridades, que como hemos venido diciendo a lo largo de nuestra exposición, no son las que necesita y demanda la sociedad, ni la vasca, ni la española.

Una realidad que vienen denunciando las instituciones vascas sometidas a un techo de gasto impuesto desde Madrid, a una ley de estabilidad presupuestaria ampliamente contestada, a la limitación de la autonomía municipal implantada vía ley de racionalización, que les impide responder a las necesidades sociales y que no tiene en cuenta una situación económica mucho más saneada y preparada para asumir la necesaria mayor inversión en gasto social.

Habrá quien piense que, pese a la realidad descrita, el mero hecho de que se haya producido algún incremento en alguna partida, o se produzcan avances en pequeñas cuestiones, es motivo suficiente para apoyar los presupuestos.

Para EH Bildu es, más bien al contrario, esos pequeños avances no pueden suponer la aceptación de las políticas antisociales del Gobierno, las que siguen dando la espalda a quienes peor lo están pasando y que por tanto no hacen más que profundizar en la desigualdad, priorizan la deuda o el gasto en defensa, en detrimento de la inversión social, apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE. Y hacen todo ello atacando sistemáticamente la reducida capacidad de decisión de las instituciones vascas, negando a la ciudadanía vasca y catalana decidir sobre su futuro, además de intentar obstaculizar los avances que en materia de paz y normalización se están dando en Euskal Herria.

Por tanto, ante unos presupuestos que no responden a las necesidades políticas, sociales y económicas del País Vasco-Euskal Herria, EH Bildu presenta este veto a totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 31 de mayo de 2018.—El Portavoz Adjunto, Joaquim Ayats i Bartrina.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 19

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.



El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que, mediante la priorización de las partidas de gasto, consolidan las desigualdades sociales existentes y no ponen las bases para generar un modelo de crecimiento económico ni sostenible ni inclusivo. Incumpliendo de esta forma dos de los tres objetivos fundamentales a partir de los cuales se dice haberse formulado. Unos Presupuestos que no garantizan el Estado del Bienestar y derechos como la dependencia o de los (presentes y futuros) pensionistas, que siguen asfixiando la autonomía y el gasto social de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mientras mantienen gastos superfluos y una desleal centralización competencial, que empobrecen aún más a los más desfavorecidos y en que no se vislumbra un cambio de modelo productivo.

Después de casi 10 años des de la aprobación del sistema de financiación de régimen común vigente, y del incumplimiento reiterado de sus preceptos así como de las principales disposiciones estatutarias en materia de financiación, estos Presupuestos introducen modificaciones sustanciales de impuestos —principalmente del IRPF— y de los sistemas de gestión de las obligaciones tributarias de las Administraciones Públicas —como la introducción del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA— sin las garantías suficientes que compensen el perjuicio a las haciendas autonómicas y den cumplimiento al tan olvidado principio de lealtad institucional.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que minimizan la inversión territorial en el conjunto de los Països Catalans, hipotecando el desarrollo del principal eje económico del Estado y perpetuando nuestro espolio social y territorial.

En definitiva, estos Presupuestos son una imagen fiel del poco atractivo de la oferta política del Gobierno y su Presidente, no sólo a Catalunya, País Valencià y Balears, sino al conjunto del Estado: el resultado de un ejercicio de procrastinación y recentralización continuado. Es en este marco que se circunscribe la estrategia de la represión como única respuesta a la voluntad de autodeterminación de Catalunya.

Contexto

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) se enmarca en diversos procesos, tanto políticos como económicos que, de un modo u otro, determinan el porqué de las partidas presupuestarias y políticas que se desarrollan a partir del presupuesto.

En primer lugar, estos Presupuestos vienen condicionados por los síntomas de aceleración de la economía española, que reflejan un incremento de cuatro décimas en las previsiones de crecimiento des del mes de octubre de 2017 para el presente ejercicio 2018 —de 2,3 a 2,7 por ciento—. Una corrección al alza que cuestiona el catastrofismo con el que se valoraba el impacto económico de la represión institucional, judicial y económica ejercida en Catalunya como respuesta a su determinada voluntad de dar voz a sus ciudadanos para decidir su propio futuro político.

Sin embargo, estos Presupuestos tampoco se enfrentan a uno de los principales desequilibrios estructurales de la economía española: el déficit en sus cuentas públicas. Las diferentes medidas recogidas en los PGE van dirigidas, a grandes rasgos, a reducir la presión fiscal y aumentar el gasto, ignorando las recomendaciones de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Estos Presupuestos no contemplan medidas, por ejemplo, para hacer frente a los más que probables incrementos de los intereses de la deuda o son excesivamente optimistas con la previsión de ingresos —como ha afirmado recientemente el Presidente del Banco de España— poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas en un ejercicio de manifiesta irresponsabilidad e insolidaridad respecto a las generaciones futuras.

Unos riesgos de insostenibilidad financiera que no son homogéneos por niveles de administración y que reflejan un proceso de recentralización latente. La AIREF estima para el año 2020 un déficit estructural de 2,5 puntos para el Estado y la Seguridad Social mientras que las CC. AA. y las CC. LL. presentarían conjuntamente un superávit estructural de 0,5 puntos. Una previsión resultante de fijar unos objetivos de déficit mucho más estrictos para las Administraciones Territoriales (CC. AA. y CC. LL.) que para la Administración Central. En el ejercicio 2018 se perpetua esta tendencia: las CC. AA. tienen asignado un objetivo de déficit que representa un 18 por ciento del conjunto del objetivo de déficit de la Administraciones Públicas a pesar de ser responsables de aproximadamente un tercio del gasto público total. Este reparto no únicamente es discrecional, contraviene los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y afecta muy negativamente la prestación de servicios públicos básicos.

Los presupuestos de la desigualdad

Si bien es cierto que en el 2018 se consolida la recuperación económica, no es menos cierto que los beneficios de la recuperación de distribuyen de una forma muy desigual. Des del 2014, durante 16 trimestres, asistimos a un crecimiento continuado del PIB del que poco o nada se han beneficiado los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Los Presupuestos para 2018 parecen totalmente insensibles a esta realidad. No únicamente porqué mantienen la asfixia premeditada sobre las CC. AA. —administraciones que concentran el mayor porcentaje de gasto en políticas sociales— sino también por la priorización de sus principales partidas de gasto: el gasto social es el que menos crece, un 2,8 por ciento respecto el 2017, mientras que las actuaciones de carácter económico crecen un 7,2 y los servicios básicos —como justicia y defensa— un 6,1. Si tenemos en cuenta que el 96 por ciento del incremento en gasto social ser concentra en el gasto en pensiones, que responde más a la necesidad de adaptarse a la evolución demográfica que no a una voluntad política explícita, la insensibilidad social del Gobierno es si cabe más evidente.

O visto des de otra perspectiva: las políticas de servicios sociales y promoción social —que incluyen atención a la dependencia y las actuaciones en la prevención integral de la violencia de género— únicamente incrementan su dotación en un 4,3 por ciento. Un incremento mucho menor que el de las políticas de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, que aumenta un 6,4 por ciento. Parece que los instrumentos de represión también parecen cotizar más alto que los de la lucha contra las desigualdades en estas cuentas.

Las políticas de fomento de la ocupación, la que consideramos que debería ser la primera política social, tampoco recibe mucha más atención: el incremento anual de la partida es de un 3,9 por ciento y fundamentalmente concentradas en las bonificaciones a la contratación, que no han demostrado ser particularmente eficaces en la generación de ocupación estable y de calidad.

Un crecimiento poco inteligente

La generación de ocupación de mayor calidad también implica una apuesta más decidida por el conocimiento. A pesar de que el incremento del gasto en I+D+i en estos Presupuestos no es menospreciable —se contempla un incremento del 8,3 por ciento respecto al ejercicio anterior— la evolución y la ejecución presupuestaria de los últimos años no nos permite ser particularmente optimistas.

Desde el año 2009 España, con una de las inversiones en I+D+I más bajas por habitante de su entorno, ha optado por salir de la crisis por la banda baja a diferencia de la media de los países de la Unión Europea y de la zona euro. Y es que el incremento de los Presupuestos parte de un presupuesto del 2017 en I+D+i que es casi la mitad al del 2009 (8.405 MEUR) y el mínimo registrado des de entonces.

Si tenemos en cuenta que la ejecución presupuestaria descendió el año pasado por debajo del 30 por ciento evidenciamos todavía más que el punto de partida es particularmente precario. Catalunya ha sido una de las más grandes damnificadas: los fondos estatales de investigación invertidos descendieron u 33 por ciento del año 2010 al 2015 —de 457 a 306 MEUR—.

Más irracionalidad, más discriminación inversora

Los Presupuestos del 2018 vuelven a dejar en falsas promesas los compromisos públicos anunciados por el Gobierno y reafirman implícitamente su apuesta por el centralismo radial sin seguir ningún tipo de racionalidad de orden económico. En estas cuentas, Catalunya se sitúa en la posición 14 de 19 CC. AA. —de mayor a menor— con una media inversora por habitante de 178,62 euros, casi 40 euros menos por habitante que la media estatal (217,48 euros).

Si este no fuese un motivo suficiente para mostrar nuestra disconformidad con el presupuesto de inversiones, también sube de forma considerable la partida de inversión no territorializada, principalmente por el incremento de la inversión en defensa de más del 30 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Un sistema de financiación autonómico centrípeto

La bondad de una norma se interpreta por su ejecución y no por su intención. Y este es precisamente el caso del régimen de financiación común, en el que la incorrecta interpretación ha terminado siendo más la norma que la excepción. Según un estudio del instituto de Investigación económica IVIE la incorrecta aplicación del sistema de financiación la incorrecta aplicación del sistema de financiación autonómica supuso una pérdida de recursos para las haciendas autonómicas por valor de 84.500 MEUR entre 2010 y 2015.

Parte de estas pérdidas se deben al incumplimiento del principio de lealtad institucional. Estos Presupuestos comprenden la modificación de varios impuestos —IRPF, tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos y impuestos sobre el juego on-line, principalmente— que sin explicitar las compensaciones correspondientes podrían suponer una pérdida de ingresos de alrededor de 120 MEUR, una cantidad equiparable a las becas y ayudas al estudio otorgadas por la Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, el requerimiento de adopción del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) para el pago del IVA por parte de las CC. AA. como obligado tributario se estima que pueda tener un impacto muy significativo para el conjunto de las haciendas autonómicas (2.075 MEUR), y para la Generalitat de Catalunya se estima en 412 MEUR.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 1 de junio de 2018.—Carles Mulet García y Jordi Navarrete Pla.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 38

De don Carles Mulet García (GPMX) y de don Jordi Navarrete Pla (GPMX)

El Senador Carles Mulet García (GPMX) y el Senador Jordi Navarrete Pla (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

VETO A LOS PGE (por llamarle de alguna manera, ya que ni son Generales ni para todo el Estado) 2018.

PRIMERO:

Esperemos que cuando se vote este veto, M Punto Rajoy esté ya fuera del Gobierno, y su gobierno corrupto sea ya solamente una pesadilla del pasado.

Gobernar un país debería ser adoptar medidas para el interés general, ejecutar las decisiones de los otros poderes, regir la administración pública tomando decisiones acertadas buscando siempre el máximo beneficio de la máxima gente posible.

Una parte importante de esa gestión que los ciudadanos delegan en sus representantes políticos, es, cómo usar el dinero de todos, en qué invertir, en qué priorizar, cómo repartir las inversiones.

El partido que ha elaborado estos presupuesto, llegó al mismo dopado por la corrupción, y luego mediante pactos vergonzosos partidistas, y sin representar a la gran mayoría de la población. De los españoles que votaron, una inmensa mayoría no votó al Partido Popular, no sabemos si cuando se debata este veto M Punto Rajoy estará fuera del Gobierno, pero estos son sus presupuestos, los presupuestos del partido corrupto condenado.

A pesar de esta realidad, hay un hecho irrefutable; los tribunales han confirmado y condenado al partido de estos presupuestos, como una organización corrupta, como una organización delincuente. Ustedes, según la justicia, no son un gobierno, son un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido.

Quien ha hecho del robo del dinero público su modus operandi, no puede estar al frente de la gestión del dinero público. Porque robar, financiarse ilegalmente, está feo. Porque acudir dopado a las elecciones es éticamente reprobable pero, más allá del hecho en sí, todas las tramas de corrupción que afectan a los dirigentes del PP o, en este caso, que han acabado con la condena del PP, demuestran que se robó DINERO PÚBLICO, dinero de los administrados. No sabemos si cuando se debata este veto M Punto Rajoy estará fuera del Gobierno, pero estos son sus presupuestos, los presupuestos del partido corrupto condenado.

El partido corrupto que ha elaborado estos presupuestos ha metido la mano en la caja, ha robado. Dirán que son casos aislados, pero llevamos ya más islas que en la Polinesia.

Estos presupuestos, como los anteriores, no se han elaborado con una visión de repartir el dinero de todos en las necesidades de todos, sino simplemente para perpetuar en el gobierno al partido más corrupto de occidente, para que continúe haciendo de las suyas. O sea:

— Pagar a sus amigos para que estos los perpetúen también en el poder (rescatando bancos, autopistas radiales, pagando a las empresas de armamento, a las grandes contratistas que son las que al mismo tiempo les financian vía tramas como la Gürtel o semejantes).

— Para pagar a partidos mercenarios, que venden su voto a cambio de inversiones territoriales; justamente en territorios donde se ha invertido por encima de la media durante años. Una perversión de lo que ha de ser la política. Con el dinero de todos, compran ustedes voluntades para poder continuar con sus fechorías políticas.

Y en ese lodazal de la política a cambio del soborno político, nos vemos como los supuestos antagónicos se ponen de acuerdo para repartirse una tarta que no les corresponde; quienes advertían que mientras no se levantara la vergonzosa aplicación de artículo 155 en Catalunya, ahora dicen «dame pan y llámame tonto», y quienes tildaban de «chantaje» el pago por la vía de urgencia del cupo vasco y de los acuerdos del concierto económico, ahora miran para otro lado y aceptan la jugada. Todo para aplicar medidas de un neoliberalismo de amiguetes; el denostado papá Estado, tiene una cartera para saquearla mientras no mire, para arreglar chanchullos de amiguetes y pagar favores y para perpetuar a estar organización, lo más parecido al crimen organizado en el poder. Igual ahora no están ya en el poder, pero son los PGE de un partido corrupto.

Y los paganos de este despropósito, siempre en primer plano, los valencianos y las valencianas, a los cuales llevan años robando por todos los medios posibles.

A) Con decenas de imputados por robar, empezando por los presidentes autonómicos del PP: con Zaplana en la prisión, con Olivas condenado, con Camps multiimputado y siempre con la sombra de la corrupción persiguiéndole. De los presidentes de las Cortes, Milagrosa Martínez en la cárcel, o Juan Cotino que ya ha declarado acusado en el caso de Zaplana y así, recordando hitos como los del siempre, el consejero Rafael Blasco.

B) Tal y como explica http://cridapelfinançament.com

Un año más los Presupuestos Generales del Estado vuelven a marginar gravemente a las valencianas y valencianos. Mientras la inversión media se sitúa en 217 euros por habitante, los valencianos y las valencianas recibimos 150 euros por habitante, cosa que nos relega a la cola de las inversiones de todo el Estado español.

Esta situación se repite desde hace 15 años y provoca la carencia de recursos e infraestructuras para nuestro territorio, como consecuencia del maltrato financiero sostenido a que nos someten los gobiernos españoles año tras año.

La infrafinanciación endémica, que supone una deuda histórica, hace que nuestro autogobierno se encuentre en una situación crítica que condiciona las políticas del Consell de la Generalitat y también de los ayuntamientos valencianos y que afecta gravemente las condiciones de vida de las valencianas y los valencianos. Especialmente de las trabajadoras y trabajadores y de los sectores sociales más castigados por la crisis y las políticas antisociales y antivalencianas de los gobiernos españoles. Políticas que también perjudican a amplios sectores sociales de otros pueblos del Estado.

Nos encontramos, pues, ante un estado de emergencia social y de falta de recursos para nuestro país debido a un sistema de financiación profundamente injusto que nos castiga como sociedad, que aumentará todavía más la precariedad y las desigualdades sociales que ya sufren, especialmente, nuestros sectores más desfavorecidos. Muchas son las necesidades de nuestro país y muchos los años que llevamos denunciándolas: sin corredor mediterráneo, ni infraestructuras adecuadas para el crecimiento, sin sistema financiero propio y pidiendo nuestro dinero en Madrid, a devolver con intereses (en forma del perverso FLA). No podemos cubrir las necesidades de nuestro territorio ni de las personas que en él vivimos.

C) Las cuentas que presentan para el País Valencià además de ser ridículas, insuficientes, ofensivas… a la hora de ejecutarlas son todavía más insultantes, como pasa por ejemplo en materias como Fomento.

Disuélvanse y entreguen lo robado.

SEGUNDO:

Antes de que este Gobierno presentara este despropósito de PGE, le entregamos al ministro Cristóbal Montoro una carta que, claramente, le animaba a recapacitar. En ella se le explicaba que:

«Los valencianos tenemos una particular situación heredada y agravada por la gestión de anteriores gobiernos, que requiere un trato individualizado y realista en cuanto a techo de gasto y objetivos de déficit. Nuestra autonomía está maltratada por no disponer de ingresos suficientes, lo que dificulta acomodar el gasto, rebajar el déficit público y hacerla sostenible financieramente. Los valencianos hemos perdido renta per cápita de forma alarmante en los últimos 20 años. Nos hemos empobrecido hasta situarnos 12 puntos por debajo de la media estatal y buena parte de las causas cabe buscarlas en la injusta financiación autonómica, que tiene como resultado un déficit estructural sostenido de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año. Parece razonable y justo que el Estado asuma la compensación de la parte de la deuda de las autonomías cuyo origen se halle en una financiación inferior a la media y no en un gasto superior a la media.

Del Gobierno central no se percibe una lealtad y colaboración suficientes para hacer más llevaderos los planes económicos y de tesorería de la autonomía, que se guían por la honradez, el cumplimiento de los objetivos de déficit y de gasto y la reducción del Tiempo Medio de Pago a proveedores (TMP). La llegada del Fondos extraordinarios de Liquidez Autonómico (FLA), las liquidaciones y anticipos suponen un verdadero viacrucis para las autonomías peor financiadas como la nuestra, incumpliendo el Gobierno central de forma reiterada los mensajes y compromisos de pago proyectados desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El actual Consell ha realizado el presupuesto más social del País Valenciano posible sin haber tenido ingresos adicionales, como bien sabe (hemos asumido el copago farmacéutico, renta básica de inclusión social, becas para evitar el abandono en los estudios por problemas económicos, etcétera). Los expertos han cifrado en 20.000 millones la deuda fruto de la infrafinanciación acumulada de este período. Es sin duda una política “criminal” contra nuestro pueblo. Mientras otras autonomías gozan de cupos y privilegios, lo que les permite realizar políticas sociales de gran calado e, incluso, competir fiscalmente bajando impuestos, otras no tienen más remedio que endeudarse para ofrecer a los ciudadanos los servicios más básicos, aumentar sus impuestos para poder sobrevivir o ver como se deterioran sus servicios públicos. Son las paradojas de un sistema injusto. Somos pobres y pagamos en vez de recibir. No parece que todos tengamos los mismos derechos.

Otras formaciones negocian o han negociado apoyos a los presupuestos a cambio de prebendas, carreteras, modificación de sus estatutos de autonomía, mejoras en su financiación autonómica con el dinero de todos, etcétera. No es un sistema que nos gusta. Recientemente las fuerzas sindicales, universidades, patronal empresarial e incluso todas las formaciones políticas en les Corts Valencianes han reclamado poner fin al actual asfixia y más fondos para el pueblo valenciano, de acuerdo a nuestro peso demográfico, renta per cápita, gasto per cápita, infrafinanciación e insuficiencia financiera. Es de justicia compensar la deuda acumulada por infrafinanciación, mejorar las inversiones territorializadas, ganar el tiempo perdido en proyectos como el del Corredor Mediterráneo, mejorar la corresponsabilidad fiscal y cesión de impuestos. Entendemos que ese es el camino más justo y equitativo.

Con las manos tendidas, estos senadores de Compromís aprovechan la presente carta para pedirle que tenga a buenas modificar los Presupuestos Generales del Estado para que hagan justicia con nuestro pueblo, con las demandas de la sociedad valenciana e incluyan la financiación que nos debe corresponder. También es necesario y oportuno compensar la deuda por los injustos efectos del actual sistema y que nunca más sirva el dinero de todos para que algunas formaciones puedan subsistir, mercadear o perpetuarse en el poder con el dinero ajeno. Abogamos por un modelo de financiación equitativo, que corrija los errores del anterior y sea más adecuado y racional. Estamos seguros que en esta senda encontraremos espacios de colaboración.»

No solamente el ministro no hizo caso de esta petición, si no que se ensañó más y más con los valencianos.

TERCERO:

Este Gobierno del nacionalcatolicismo, de las peinetas en Semana Santa, de la religión en la escuela, de las medallas a las vírgenes, de las banderas a media asta por la muerte de Cristo, se ve hace con la Biblia lo mismo que con la Constitución o el Código Penal. Mucho hablar del texto, pero poco cumplirlo.

La Biblia a veces cuenta cosas interesantes como, por ejemplo:

Éxodo 20:15

No hurtarás.

Efesios 4:28

El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad.

Juan 10:10

El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que {la} tengan {en} abundancia.

Levítico 19:11

No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros.

Éxodo 20:15

No hurtarás.

Salmos 62:10

No confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza; si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón {en ellas}.

Marcos 10:19

Tú sabes los mandamientos: «No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre».

Lucas 18:20

Tú sabes los mandamientos: «No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre».

Romanos 2:21

Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas?

Romanos 13:9

Porque esto: No cometerás adulterio, no mataras, no hurtaras, no codiciaras, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

1 Corintios 6:9-11

¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.

Éxodo 21:16

El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá.

Éxodo 22:1-4

Si alguno roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa, y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre; pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente, {el ladrón} debe hacer restitución; si no tiene con qué, entonces será vendido por {el valor de} su robo. Leer más.

Jeremías 2:26

Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel: ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas.

Proverbios 29:24

El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida; oye el juramento, pero no dice nada.

Isaías 1:23

Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.

Génesis 44:8

He aquí, el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro?

1 Samuel 12:3-5



Aquí estoy; testificad contra mí delante del SEÑOR y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? {Testificad, y} os {lo} restituiré. Y ellos dijeron: Tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él les respondió: El SEÑOR es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron: {El es} testigo.

Proverbios 6:30-31

No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre; mas cuando es sorprendido, paga siete veces; tiene que dar todos los bienes de su casa.

Proverbios 30:7-9

Dos cosas te he pedido, no me {las} niegues antes que muera: Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza; dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y {te} niegue, y diga: ¿Quién es el SEÑOR?, o que sea menesteroso y robe, y profane el nombre de mi Dios.

Oseas 4:2

{Sólo hay} perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y homicidios tras homicidios se suceden.

Mateo 6:19

No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban.

Mateo 15:19

Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios {y} calumnias.

Lucas 10:30

Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto.

Proverbios 1:10-15

Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen: Ven con nosotros, pongámonos al asecho para {derramar} sangre, sin causa asechemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, enteros, como los que descienden al abismo; Leer más.

2 Corintios 11:26

Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de {mis} compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.

Job 24:2

{Algunos} quitan los linderos, roban y devoran los rebaños.

Oseas 12:7

A un mercader, en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir.

Amós 8:5

Diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el día de reposo para abrir el {mercado de} trigo, achicar el efa, aumentar el siclo y engañar con balanzas falsas.

Lucas 19:8

Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, {se lo} restituiré cuadruplicado.

Mateo 21:12-13

Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo*: Escrito está: «Mi casa será llamada casa de oración», pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones.

Marcos 11:15-17

Llegaron* a Jerusalén; y entrando {Jesús} en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas; y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones»? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.

Lucas 19:45-46

Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está: «Y mi casa será casa de oración», pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.

Jeremías 7:11

¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo {lo} he visto —declara el Señor.

Génesis 31:19

Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre.

Jueces 17:1-2

Había un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía. Y él dijo a su madre: Las mil cien {piezas} de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder; yo la tomé. Y su madre dijo: Bendito sea mi hijo por el Señor.

2 Reyes 11:2

Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte.

Hechos 19:37

Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa.

Josué 7:11

Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además {las} han puesto entre sus propias cosas.

Mateo 27:38

Entonces fueron crucificados* con El dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.

Marcos 15:27

Crucificaron* con El a dos ladrones; uno a su derecha y otro a su izquierda.

Mateo 27:44

En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él.

Lucas 23:32

Y llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos con Él.

Juan 12:6

Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella.

Proverbios 9:17

Dulces son las aguas hurtadas, y el pan {comido} en secreto es sabroso.

1 Tesalonicenses 5:2

Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche;

Jeremías 49:9-10

Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Si {vinieran} ladrones de noche, {sólo} destruirían hasta que les bastara. Pero yo he despojado totalmente a Esaú, he descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Ha sido destruida su descendencia, sus hermanos y vecinos, y él ya no existe.

2 Pedro 3:10

Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras {que hay} en ella serán quemadas.

Malaquías 3:8-9

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: «¿En qué te hemos robado?» En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando.

Juan 10:1

En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.

Juan 10:8

Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso.

Ezequiel 33:15

{si} el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá.

Por todo ello rogamos cumplan con el 7 º mandamiento de la Ley de Dios. Dimitan y convoquen elecciones.

CUARTO: ¿CÓMO VA A CUMPLIR UNOS PGE UN PARTIDO CONDENADO POR CORRUPCIÓN?

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Avialsa?

Se investigan los «indicios racionales» de que Serafín Castellano, ex Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex Consejero de los Gobiernos de Francisco Camps, formó parte de una «organización criminal» dedicada al amaño de contratos de extinción de incendios con medios aéreos en varias autonomías. Castellano fue detenido en mayo de 2015 en su casa de Benissanó (València). En esta causa hay una treintena de personas investigadas.

Caso Asesoría

Hay una treintena de implicados.

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Auditori Paterna?

La trama de asesorías que cobraba a mil euros el folio una serie de informes «inútiles o inexistentes», según la Fiscalía Provincial de València, también extendió sus tentáculos al Consorci de Museus para, supuestamente, «saquearlo». El Consorci es un ente creado en 1996 en el que están representadas la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales valencianas. Y en el corazón del Consorci trabajó, durante trece años como interventor, uno de los presuntos cerebros de la trama de asesorías, Rafael Parra Mateu, como responsable del «control financiero y económico de la entidad» pública. Una posición privilegiada que le permitió «idear un plan», según la Fiscalía, para supuestamente desangrar económicamente a la entidad y beneficiarse del uso de fondos públicos.

Hay un total de 19 implicados.

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Benagéber?

El juez ha imputado al alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares (PP) y a ex concejal Felipe del Baño y presidente local del PP, por supuesta prevaricación administrativa. La acusación se produce después de que la Fiscalía de València pidiera la imputación de Cañizares y de del Baño, tras una denuncia de la Plataforma SAB por el pago, en el primer caso, de 50.000 euros a una empresa por 5.000 libros inexistentes y, en el segundo además, por la contratación verbal de unos «supuestos» trabajos de jardinería.

Según subraya esta formación que presentó la denuncia, la petición de imputación del alcalde obedece a «los 5.000 libros conmemorativos de San Antonio de Benagéber supuestamente encargados en 2007» a una empresa por los que el ayuntamiento pagó en 2012 un total de 49.880 euros. De acuerdo con esta denuncia, además, el consistorio «recibió una subvención equivalente de la Conselleria por esos libros, a pesar de que nunca han existido».

Sobre Felipe del Baño, la solicitud de imputación se produce en relación a esta cuestión y por la «contratación verbal» a una empresa de «supuestos trabajos de jardinería de desbroce, tala y mantenimiento entre marzo y noviembre de 2010», cuando se ocupaba de este área. La Plataforma señala que la empresa reclama al consistorio el pago de 50.770 euros.

Coste aproximado = 100.000

Total implicados 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Cabanes?

El jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Cabanes, José Vicente Guimerá, ha declarado en calidad de investigado ante el juez de instrucción n.º 4 de Castelló, que investiga el caso de las presuntas adjudicaciones directas de trabajos de arquitectura del consistorio al socio del arquitecto municipal.

Guimerá, en su declaración, ha responsabilizado al departamento de Secretaría y ha afirmado que eran los exalcaldes los que decidían las contrataciones, al tratarse de contratos menores inferiores a los 18.000 euros. Guimerá ha afirmado también que no sabía que el arquitecto municipal, Rubén Bellido, era socio de Juan Antonio Juncos.

Coste aproximado = 200.000 euros

Total implicados = 6

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso CAM?

Por una parte están créditos para construir insignes obras faraónicas como La Ciudad de la Luz y muchas relacionadas con el boom inmobiliario. Por otra, el conceder créditos a privilegiados a intereses que rondaban el 0 %. Finalmente, el saqueo que llevaron a cabo los directivos.

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado en abril del 2016 la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de responsabilidades civiles por importe de 1.592 millones de euros.

La resolución también establece que deberán responder como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM). La compañía de seguros Caser deberá hacerlo como responsable civil directo en la cantidad que en su día hubiera asegurado.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell —-que se la adjudicó por un euro-— comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. De manera previa a la intervención con cargo al dinero de los contribuyentes, López Abad y cuatro de los principales ejecutivos de la entidad se garantizaron el cobro de prejubilaciones por valor de 12,8 millones de euros. Su sucesora, María dolores Amorós, se puso a su vez un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 370.000 euros.

Coste aproximado = 11.843.000.000 euros

Total implicados = 8

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Carlos Fabra?

La Justicia ha procesado al expresidente de la Diputación de Castelló por varios delitos contra la administración pública. Está imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por el delito fiscal correspondiente al ejercicio de 1999. En junio de 2011 dejó la presidencia de la Diputación de Castelló, después de 16 años al frente de la misma. Entre otras cosas, está acusado de simultanear su cargo público con un negocio de asesoramiento a través de la empresa Camarcas S.L. dedicada a asesoría y consultoría, entre 2000 y 2004.

En la documentación de Hacienda se reveló que Fabra, administrador único de Camarcas, cobró de —por lo menos— siete empresas diferentes, algunas de ellas con contratos adjudicados de la administración pública de Castelló, por un importe de 841.021 euros. En enero de 2012, el juez del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Nules acordó la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castelló y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, y su exmujer, María Desamparados Fernández, por el «caso Naranjax», así como contra Vicente Vilar, administrador único de la empresa, y su entonces mujer Montserrat Vives.



A partir del 22 de marzo, el auto de apertura de juicio oral es firme y contra él no cabe recurso. Carlos Fabra era hasta ese momento presidente de la sociedad pública Aerocas (que gestiona el aeropuerto de Castelló, el aeropuerto sin aviones y «para las personas»). Tras saber que será juzgado por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, presentó su dimisión.

Coste aproximado = 841.021 euros

Total implicados = 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Carmelitas?

El exconseller de Obras Públicas del primer gobierno de Eduardo Zaplana y exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, se convirtió en el primer miembro del Consell de la Generalitat que acaba en la cárcel desde la constitución de la instituciones de autogobierno hace ya casi tres décadas.

Cartagena, que formó parte del Gabinete de Zaplana después de la primera victoria electoral de los populares en la Comunitat Valenciana en 1995 hasta su dimisión en marzo de 1998, ingresó en el centro penitenciario Alicante II, en Villena, para cumplir una condena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta por la Audiencia de Alicante una vez quedaron probados los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos de los que había sido acusado.

Coste aproximado = 49.000 euros

Total implicados = 1

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Cártel de fuego?

Trama de corrupción que presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y otras autonomías, así como en el extranjero, y en la que se habrían defraudado más de 100 millones de euros.

En esta causa figuran como investigados el exconseller valenciano de Gobernación con el PP y exdelegado del Gobierno en la comunidad, Serafín Castellano, el exdirector general de Interior, Pedro Hidalgo, así como ex altos cargos de la Generalitat valenciana, de la catalana y numerosos empresarios.

Coste aproximado = 100.000.000 euros

Total implicados = 26

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Emarsa?

En el Auto se señala que existía una red de empresas que, durante al menos de los años 2004 a 2010, actuó para detraer más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

Los hechos indiciariamente cometidos por los imputados a través de distintas empresas y/o desde sus responsabilidades en dicha entidad y/o en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y/o de la Entidad Pública de Saneamientos Residuales (Epsar) serían: delito continuado de malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales. Ello, sin perjuicio de las calificaciones de los hechos que puedan hacer, en su caso, las acusaciones personadas en la causa.

Coste aproximado = 23.000.000 euros

Total implicados = 24

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Erial?

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana ha sido detenido por la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de València y la Fiscalía Anticorrupción, según han informado fuentes de la investigación a eldiario.es. Se trata de un operativo en marcha en Madrid y València. Zaplana está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación por cobrar comisiones por la adjudicación de contratos de la Generalidad valenciana.

La operación efectuada por los agentes de Unidad Central Operativa (UCO) está ordenada por el Juzgado número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes llevan desde las 09.00 horas en el domicilio de València de Zaplana, donde ha sido detenido, efectuando registros.

Los agentes han detenido también al empresario Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. La investigación cifra en unos 10 millones de euros las mordidas que pagó el grupo de empresas liderado por Cotino y otras sociedades para hacerse con distintos contratos públicos de la Generalitat, como el Plan Eólico o la ITV.

Según fuentes de la investigación, los delitos que habría cometido Zaplana mediante el supuesto cobro de comisiones para dar estas adjudicaciones estarían ya prescritos. Sin embargo, la investigación se activó cuanto trató de recuperar ese dinero desde el extranjero. Los agentes han detenido al asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau, que también fue miembro de la comisión de control de la Caja del Mediterráneo.

Entre los más de 20 registros previstos está el de la Consellería de Economía. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han acudido de paisano y con orden judicial, han reclamado el expediente completo de contratación en régimen de concesión administrativa de las ITV, un proyecto de 1997 cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat.

El expediente de las ITV tuvo muchas irregularidades y su adjudicación acabó en manos de las principales contratistas valencianas, muchas de ellas implicadas también en el caso Gürtel.

Además, los agentes también ha solicitado los expedientes de la adjudicación de parte del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en este caso la orden administrativa de 2001 y la adjudicación de 2003. El Consell de Zaplana fue el que promovió esta plan de impulso de las energías renovables. Se investiga a la empresa Proyectos Eólicos Valencinos SA, una mercantil participada por Vicente Cotino.

En la operación se ha detenido a otras cinco personas además de Zaplana, entre las que están Joaquín Barceló, el número 3 de PP valenciano en época de Zaplana, y su mujer.

Además, los agentes tienen localizado al hermano de Vicente Cotino, José, sobrinos ambos de Juan Cotino. Vicente Cotino se declaró culpable en el juicio de Gürtel Valencia como uno de los empresarios que financiaron de forma ilegal al Partido Popular de la Comunitat Valenciana. La UCO está registrando también la finca donde residían los hermanos Juan y Vicente, que está a nombre de su tío. José se encuentra de camino y será detenido cuando llegue.

Según confirman fuentes de la investigación, los agentes también han detenido en Barcelona a Juan Francisco García, quien fuera jefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat y expresidente del Club Baloncesto Estudiantes. García se encontraba en Barcelona para participar en la Asamblea de la ACB, que este martes elige a su nuevo presidente en una terna en la que está el ahora detenido. Ninguno de los detenidos va a pasar este martes a disposición judicial.

Coste aproximado = 10.000.000 euros

Total implicados = 10

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Escorratel?

La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y el ex concejal de Infraestructuras, Antonio Rodríguez, han sido condenados a una multa de 2.700 euros y a nueve meses de suspensión de empleo o cargo público.

Esta condena ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela tras quedar demostrado en el juicio celebrado, que perpetraron un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público por imprudencia grave.

Ambos estaban acusados de adjudicar las obras de mejora de la plaza del Centro Social en la pedanía de El Escorratel, que fue inaugurada el 4 de julio de 2008, sin haber concluido la tramitación del preceptivo expediente administrativo, en la época en la que gobernaban en el Ayuntamiento de Orihuela bajo las siglas del Partido Popular.

La sentencia recoge que las obras fueron adjudicadas por 34.000 euros y ejecutadas por una empresa con la que se firmó el contrato el 26 de julio, antes de que por junta de gobierno se hubiera acordado ningún tipo de adjudicación contractual ni que, por lo tanto, se hubiera formalizado el correspondiente contrato.

La sentencia que condena a Lorente y Rodríguez, también menciona el «comportamiento gravemente negligente» de la alcaldesa, ya que no adoptó las medidas más básicas que hubieran evitado la redacción del mismo, puesto que, entre otras circunstancias, con la mera lectura del contrato, hubiera podido constatar que el mismo se refería a la ejecución de obras ya realizadas.

Coste aproximado = 0

Total implicados = 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Flotador?

La operación se inició en agosto de 2015 por los delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de València tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas.

En la pieza principal de la «Operación Flotador», el Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

Las diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

Uno de los investigados es Francisco Crispín, ex jefe del servicio de la Inspección Técnica de Actividades, actual portavoz del PSOE y ex alcalde de Sagunt. Entre los investigados en esta pieza separada también figuran cuatro técnicos más de este departamento: Vicente Palanca, José Vicente Gimeno, Josep Agües y José Vicente Cebrián. El alcalde era Alfredo Castelló (PP), en la actualidad diputado regional e investigado en la pieza principal del caso Flotador, que continúa secreta.

Coste aproximado = 0

Total implicados = 12

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Gran Alacant?

Todo apunta a que el exalcalde del PP de Santa Pola, Miguel Zaragoza, su cuñado (que es exconcejal), su hermana y a otras dos personas más, por supuesta corrupción. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha reunido pruebas que apuntan a que Zaragoza y el exedil de Personal, Jorge Perelló, perdonaron presuntamente el alquiler que una empresa debía pagar al ayuntamiento de esta localidad alicantina de 31.000 habitantes por instalar una clínica médica privada en dependencias municipales. Según han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS, los políticos renunciaron a ese canon y «cobraron por el contrario en especie, enchufando a familiares y amigos» en el centro sanitario.

Coste aproximado = 109.000 euros

Total implicados = 6

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Imarol?

El Juzgado de lo Penal número 6 de València ha condenado a un año y medio de prisión y a una multa de de 151.800 euros al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, por emitir, a través de su empresa Imarol S. L. una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones. La entrega del dinero, «cuya causa y finalidad se desconece» según recoge la sentencia, la efectuó el empresario Vicente Cotino, a través de su empresa Sedesa Inversiones, que también ha sido condenado a la misma pena por computar ese pago (500.000 más 80.000 euros de IVA) como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades y «reducir de forma fraudulenta la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2008» dejando así de ingresar a la Hacienda Pública 150.000 euros.

La magistrada, que les considera autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, considera que los dos condenados se pusieron de acuerdo para crear un documento que «aparentaba ser una factura» por unos supuestos servicios de asesoramiento prestados por la empresa de Olivas a la de Cotino, interesado en vender sus acciones en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ambos deberán además indemnizar de manera conjunta y solidaria con 150.000 euros a la Agencia Tributaria por el dinero defraudado en el ejercicio fiscal 2008.

La jueza concluye que la factura es falsa, que el servicio de asesoramiento de Olivas a Cotino fue «inexistente» y que el informe de tres páginas aportado por el expresidente de la Generalitat Valenciana para justificar el cobro del dinero es una documentación a la que tuvo acceso como presidente de Bancaja, entidad que también negoció con Iberdrola la venta de su paquete accionarial en el mismo proyecto eólico.

La sentencia, notificada hoy a las partes, destaca la «contundente prueba indiciaria» que «nos permite concluir la existencia de una simulación de prestación de asesoramiento y gestión» por Imarol SL a Sedesa Inversiones.

Frente a la versión de los acusados y de los informes periciales que aportaron, la jueza fundamenta su pronunciamiento en el «detallado, contundente, riguroso e imparcial informe emitido por los técnicos de Hacienda» sobre el carácter ficticio del trabajo facturado.

Sobre este punto subraya que pese a lo elevado del importe de la remuneración, 500.000 euros, no existía contrato, «ni concreción de los trabajos, ni directrices, ni valoraciones de los mismos, ni correos electrónicos, ni faxes entre Imarol y Sedesa Inversiones, ni documento alguno que relacione el pago de los 500.000 euros más IVA con el concepto de servicio que recoge la factura». Recuerda además, que la empresa de Olivas «carece de personal y de infraestructura», y «desde su constitución no ha tenido prácticamente ninguna actividad».

Coste aproximado = 300.000 euros

Total implicados= 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Imelsa?

Las siglas se corresponden con la empresa de la Diputación Provincial de València, «Impulso Económico Local Sociedad Anónima» que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez.

Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.

Hasta el momento, el «Caso Imelsa» se estructura en una pieza principal, aún secreta, conocida como «Caso Taula» en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo de capitales en el Consistorio valenciano, ampliada posteriormente a delito electoral, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear efectivo de supuesta procedencia ilícita (en la que está imputado el Partido Popular) y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en Imelsa.

Coste aproximado = 100.000.000 euros

Total implicados = 130

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso isjoma?

Un juez ha procesado a dos ex concejales de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del PP, a tres técnicos y a un empresario por el supuesto amaño de varios contratos para el montaje de escenarios e infraestructuras de actividades festivas y culturales. El magistrado Ángel Villanueva atribuye a los seis implicados delitos continuados de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, según se recoge en el auto hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). Además, contra uno de ellos, el exedil de Hacienda Juan Zaragoza, aprecia también indicios de la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Coste aproximado = 0

Total implicados = 6

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso IVAM?

Hasta un 1.500 % más llegó a pagar el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) por el cuadro Della bestia triunphante del portugués Julio Quaresma. Abonó 32.400 euros cuando valía 2.000, según un tasador independiente. Es tan sólo una de las múltiples irregularidades cometidas durante la polémica gestión de Consuelo Ciscar, entre 2004 y 2014, como directora del museo, uno de los más importantes de arte contemporáneo de España.

En el auto, la magistrada explica que se habrían pagado «importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor» y que esta práctica redundaba en «un claro lucro para terceros». La juez concluye que estos hechos «habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con los que se gestiona este museo». La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento «resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones».

Coste aproximado = 0 euros

Total implicados = 10

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Mislata?

La juez del juzgado número 1 de Mislata ha solicitado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, información sobre la titularidad de seis cuentas bancarias a las que se destinaron los importes correspondientes a las facturas firmadas por dos ediles del anterior gobierno del PP de Mislata por obras y adquisición de mobiliario urbano, que los técnicos municipales no localizan o que se abonaron dos veces. Las referidas cuentas habrían recibido el dinero que entre 2007 y 2009 pagó el consistorio por orden de los entonces concejales de Obras Públicas y de Jardines, Vicente López Sinisterra y Gloria Alonso a una empresa radicada durante aquellos años en Benetússer y Catarroja. López y Alonso han sido citados en calidad de imputados a declarar en el juzgado número 1 de Mislata en relación a estos pagos.

Las seis cuentas bancarias por las que pregunta la juez están en tres oficinas de Mislata, dos de Valencia y una de Almería. Según el escrito fiscal, el ayuntamiento habría ingresado en estas cuentas 168.830 euros por orden de los dos ediles populares, cantidad correspondiente a las obras «sospechosas» ejecutadas por una misma empresa. En su escrito, el Ministerio Público ha excluido de sus cálculos el coste de la compra de papeleras y bancos a las misma empresa responsable de los proyectos urbanísticos.

La Fiscalía Anticorrupción remitió en octubre el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas en junio tras una denuncia del ayuntamiento contra Gloria Alonso y López Sinisterra por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

En el auto por el que se cita a los dos políticos en calidad de imputados, la juez confirma que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, presentan características que hacen presumir la existencia de una infracción penal, ya que de los documentos que acompañan a la denuncia constan el pago de obras públicas no ejecutadas, el pago por duplicado de facturas así como partidas presupuestarias correspondientes a papeleras y bancos finalmente no colocados».

Coste aproximado = 168.830 euros

Total implicados = 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso móviles Benigànim?

Un exalcalde, dos exconcejales y un exasesor del Ayuntamiento de Benigànim serán investigados por el abultado gasto en teléfonos móviles, politonos y líneas eróticas que el Ayuntamiento pagó cuando el PP aún gobernaba este municipio valenciano de la comarca de la Vall d’Albaida. En total gastaron hasta 9.000 euros en móviles municipales y en SexyTV, éste último un servicio de líneas eróticas, entre los años 2013 y 2014.

Coste aproximado = 9.000 euros

Total implicados = 4

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Naseiro?

Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.

Coste aproximado = 1.120.000 euros

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Navajas?

El juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Segorbe ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el exalcalde del Partido Popular de la localidad castellonense de Navajas, José Vicente Torres, y el secretario municipal, Antonio Paredes.

El juez ha incoado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y ha citado al exprimer edil y al funcionario para que declaren ante el instructor en junio, como investigados, término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la causa se investiga si el exalcalde y el secretario falsearon la contabilidad del consistorio para obtener subvenciones.

Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2014 el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Navajas formalizó ante la Fiscalía de Castellón una denuncia contra José Vicente Torres y su equipo de gobierno (PP), por un presunto delito de falsedad documental relativa a las cuentas de 2006. Según explicó entonces el portavoz del PSPV-PSOE, el exprimer edil presentó ante la Sindicatura de Cuentas los presupuestos de aquel año asegurando que «habían sido aprobados en un pleno que nunca se celebró, tal como posteriormente certificó por escrito el propio secretario municipal».

Coste aproximado = 0

Total implicados = 2

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido Caso Palau de la Música?

La investigación se ha centrado en la privatización de la búsqueda de patrocinios para el Palau de les Arts y la contratación de campañas de publicidad y folletos que podrían haber un perjuicio a las arcas públicas que alcanzaría los dos millones de euros.

Una de las patas de la instrucción se ha centrado en la empresa Patrocini de les Arts SA creada en 2008 para captar patrocinadores privados para el coliseo valenciano. La exintendente del Palau Helga Schmidt, con el aval del expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, llegó a formar parte de esta mercantil, presidida por el abogado José Antonio Noguera Puchol, a pesar de la evidente incompatibilidad de cargos que ha constatado la instrucción. Schmidt permaneció desde 14 de marzo de 2008 hasta el 30 de octubre de 2009 como consejera de la mercantil, mientras era la máxima responsable del Palau de les Arts.

La intervención de Patrocini de les Arts SA en la búsqueda de mecenas fue una auténtica ruina para el recinto de la ópera, según pudo constatar la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción 15 y la Fiscalía Anticorrupción. Además de reducirse el número de patrocinadores desde la intervención de la empresa, dirigida por Noguera Puchol y Joaquín Maldonado, Patrocini de les Arts llegó a obtener comisiones por patrocinios en los que no intervenía y que conseguía el Palau de les Arts. Además, «la empresa carecía de los medios personales y materiales» para conseguir los objetivos previstos en los sucesivos contratos suscritos con el Palau de les Arts desde 2008 hasta 2011 y que obligaban a pagar a la empresa un total de 808.255 euros en concepto de «comisiones». Una cantidad que no consta a efectos tributarios y que sólo ha podido constatarse que se pagaran 42.040 euros, «la única cantidad que aparece documentada por facturas», según el auto del juez Gonzalo Barra.

Para compensar estos impagos, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Patrocini de les Arts pergeñó una fórmula alternativa para cobrar. Desde 2009 hasta 2011 se organizaron funciones de ópera al aire libre transmitidas a otros países a través de la empresa pantalla, Viva Europa June 24 TH SLU, propiedad de Patrocini. La factura del primer año del evento ascendió a 348.000 euros, con un «sobrecoste para las arcas públicas de 248.222, 79 euros», según el auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).



Respecto a la partipación de Pablo Broseta Dupré y su empresa Radcliffe & Asociados SL (ya desaparecida), los investigadores consideran que esta mercantil fue una mera comisionista que se dedicó a intermediar entre el Palau de les Arts y la responsable de imprimir los folletos y libretos para la ópera. La mercantil dirigida por el exconsul de Francia en Valencia también se adjudicó una campaña de comunicación y publicidad para la temporada de ópera 2007-2008 por la que presentó tres facturas por valor de 134.148,25 euros. El propio Broseta admitió en su declaración ante los investigadores que la mayoría de trabajos no los realizaba su empresa, sino que era La Imprenta con la que suboncontrataba los trabajos. La Fiscalía Anticorrupción y el juez calculan que Broseta llegó a tener beneficios del 69 % y el 152 % por estas gestiones de «mediador» en los contratos y que un mínimo de 294.419 euros y un máximo de 786.971 euros cobrados no están adecuadamente justificados.

Coste aproximado = 2.000.000 euros

Total implicados = 5

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Polideportivo?

El futuro judicial de la ex concejal de Deportes de Ibi, Ana Isabel Sarabia (PP), pasa por el banquillo. Inevitablemente. La juez que ha investigado cómo, presuntamente, una de las mujeres de confianza de la ex alcaldesa Maite Parra hizo de la concejalía su cortijo particular durante cinco años ha emitido un auto contundente y muy severo que le acerca al juicio.

La magistrada lo tiene claro: Sarabia aprovechó su condición pública para beneficio personal y fruto de ello, el Ayuntamiento de Ibi dejó de ingresar dinero. Se trata del caso polideportivo, un asunto que contiene irregularidades contables y dinero que no pasaba por la intervención municipal. Una caja b donde la juez señala a Sarabia como pieza fundamental. Le atribuye, recoge el auto, «actividades ilícitas» y concluye que el Ayuntamiento dejó de ingresar 21.400 euros del polideportivo municipal.

La magistrada sostiene que Sarabia no daba cuenta de la recaudación de ingresos de los eventos que organizaba ni de sus beneficios que, resalta, «se depositaban en una caja fuerte del polideportivo». Además, prosigue el auto, incluso llegó a percibir esos ingresos.

«De todos esos pagos no se hizo ninguna factura (no sujetos a retención fiscal ni al pago de impuestos) únicamente recibís o notas de entrega», expone. La instructora ha apreciado indicios de delito por lo que ya ha dado traslado a las acusaciones para que se pronuncien al respecto.

«Las actuaciones descritas llevadas a cabo por la señora Sarabia se realizaban con incumplimiento de la normativa vigente en materia de pagos e intervención y la normativa en materia fiscal y presupuestaria, realizando actos totalmente arbitrarios que llevaron a que existieran grandes diferencias entre los ingresos contabilizados por el Ayuntamiento y los realmente percibidos por la señora Sarabia como consecuencia de las actividades ilícitas realizadas», expone.

La juez cita en su auto un ejemplo contable del ejercicio de 2005. Al parecer, ese año los ingresos contabilizados por el polideportivo fueron de 34.968,55 euros y lo que realmente se ingresó en las arcas municipales, tal como indica el auto, fueron 24.197,46 euros. La diferencia era de 10.771,09.

El año siguiente se repitió la operación con cifras casi exactas, ya que el Consistorio de Ibi dejó de percibir 10.706,50 euros.

Entre los años 2003 y 2009, Sarabia fue la segunda teniente de alcalde y concejal de Deportes y Servicios Públicos. Durante su mandato y «aprovechando su condición pública» organizó viajes, actividades y cursos relacionados con este área a través de su propia concejalía y del polideportivo. Estos servicios, sostiene la juez, «no estaban regulados por ninguna ordenanza municipal». Y ahí fue donde, según las diligencias, la edil pudo encontrar el filón. Los eventos se anunciaban en el polideportivo y la recaudación de los ingresos que se generaban, precisa la juez, «se llevaban a cabo por parte de la investigada bien directamente o bien por el personal del polideportivo bajo las órdenes de la investigada». Era ella quien, indican las actuaciones, organizaba las actividades, viajes y cursos «y quien reservaba plazas para familiares y amigos que pese a asistir no pagaban por ello».

Para la magistrada, la exconcejal decidía «sin procedimiento alguno para su elección y sin haberlos dado de alta en la Seguridad Social» quienes iban a actuar como monitores. Lo hacía entre su entorno próximo. «Familia, amigos incluso su marido y su hijo».

Coste aproximado = 21.400 euros

Total implicados = 1

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Puertos Deportivos?

Un juzgado de Instrucción de Benidorm y otro de Dénia y la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil investigan una trama de funcionarios de los puertos deportivos que gestiona el Gobierno valenciano y que podrían haber beneficiado a los negocios de empresas privadas, en algunos casos, saltándose la normativa medioambiental.

Esta semana, agentes del instituto armado han requisado información y expedientes de la Conselleria de Transparencia sobre el trabajo de los funcionarios investigados que ha realizado la inspección de servicio, según confirmó este departamento. Por su parte, la Conselleria de Vivienda explicó que la Guardia Civil ha solicitado expedientes sancionadores de los puertos de Calp y Dénia en los años 2004 a 2007, en la etapa de gobierno del PP. Ambas consellerias aseguran que han entregado o entregarán rápidamente la información solicitada.

El juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm está investigando un presunto trato de favor de los funcionarios a empresas en el puerto deportivo de esta localidad de la Marina Baixa. Entre otras situaciones comprometedoras, estos funcionarios habrían permitido que una empresa que transporta turistas entre la ciudad de la Costa Blanca y su isla ocultara las cifras reales de movimiento de personas con el correspondiente beneficio económico irregular. En concreto, habrían podido no declarar 260.000 pasajeros, cuyos beneficios no fiscalizados habrían sido de 2,6 millones al año, según la denuncia inicial que ha motivado todas las pesquisas de la Asociación Costa Blanca Marina.

Por su parte, otro juzgado de Dénia investiga también la actuación de estos funcionarios en los puertos deportivos de Dénia y Calp. En este caso, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La Guardia Civil se está incautando de documentación sobre los responsables públicos, entre ellos un informe de la Inspección de Servicios. La acusación ha pedido que las dos causas se unifiquen en un mismo juzgado en Alicante o Valencia, aunque no han obtenido respuesta.

De momento, los funcionarios investigados en estas causas son tres, el celador del puerto de Benidorm, Fernando Piris; el ingeniero técnico responsable de los puertos de Alicante, Agustín Lloret, y el jefe de Explotación de Puertos de la Generalitat Valenciana, Julio Mariano Marín Sánchez. Todos ellos fueron cargos que accedieron a sus puestos en 1999. En el caso de Marín fue nombrado en un puesto de confianza por el exconseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena.

Su presunta falta de diligencia habría permitido también delitos medioambientales aunque, fuentes de la investigación, no descartan que tras las pesquisas se acaben imputando hechos mucho más graves tratándose de enclaves estratégicos como son los puertos y sus comunicaciones con pequeñas islas.

De hecho, el dinero que se ha movido en estas instalaciones es muy importante. Como ejemplo la subasta de una caseta en el puerto de Benidorm. Una empresa de las investigadas que gestionaba esta instalación por 2.000 euros al año llegó a pagar 80.000 por la misma cuando se sacó a concurso público tras la denuncia inicial de sus competidores.

Paralelamente a la investigación penal, la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios ha investigado a estos funcionarios en su relación con los puertos de Dénia, Benidorm y Calp. En su informe fechado el pasado 16 de octubre y que ya obra en la causa, los inspectores del Gobierno valenciano (una especie de asuntos internos) concluyen que la actuación de los funcionarios es «poco rigurosa» y está «llena de dudas y lagunas». Esta policía de los servidores públicos reclama a la Conselleria de Vivienda —donde están adscritos los puertos deportivos— que actúe contra estas personas por si pudiera haber una falta disciplinaria.

Coste aproximado = 0

Total implicados = 3

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso RTVV?

La Intervención de la Generalitat Valenciana se ha puesto de perfil en el procedimiento que instruye un juzgado de Paterna por el agujero de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), a raíz de una denuncia que presentó el grupo parlamentario Compromís.

El procedimiento, por el que está imputado el ex director general José López Jaraba, avanza hacia el archivo después de que varios organismos hayan rechazado la petición del juzgado para llevar a cabo un informe pericial que detalle los motivos de la deuda contable de la antigua RTVV, cifrada en más de 1.200 millones de euros. En concreto, el juzgado quería saber si los pagos a la productora Triskel estaban ajustados a mercado. Según confirmaron fuentes judiciales a ELMUNDO, el motivo que alegan estos organismos para analizar las cuentas de Canal 9 es que estos peritajes no entran dentro de sus competencias.

La diligencia fue acordada por el juzgado instructor en noviembre de 2015. Al parecer, en ese momento se ofició a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para que lo realizara pero en marzo de 2016 se recibió la respuesta negativa de este organismo a realizar el encargo. Más tarde, en abril, el instructor recurrió a la Unidad de Apoyo a Causas de Corrupción del CGPJ (UACC), pero tampoco sirvió para desbloquear el asunto.

Según estas fuentes, ante esta situación, el juez encargó un informe pericial a la Intervención General de la Generalitat en mayo de 2016. Este organismo tampoco asumió el encargo por considerar que tampoco era competente para hacerlo. El juzgado recibió su respuesta en octubre de 2016, cinco meses después de requerirle para que lo hicieran y mientras la Generalitat negociaba con los partidos que integran las Cortes Valencianas la reapertura de la nueva RTVV y la puesta en marcha de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). En noviembre de 2016, ante las reiteradas renuncias, el juzgado ofició a la empresa de tasaciones ordinarias, la empresa contratada por la Generalitat para surtir de peritos a los juzgados.

La denuncia inicial incluía actuaciones comprendidas desde el 2010 para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, se exponía la «disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas».

Entre esa presunta disposición dolosa de fondos públicos se encontraba la adquisición de derechos deportivos, la colaboración comercial entre la televisión pública valenciana y el Villarreal CF o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

En este sentido, el administrador de la productora Triskel, quien declaró en el juzgado por estos hechos, explicó que fue López Jaraba el que encargó por razones políticas los tres reportajes sobre los GAL, Rubalcaba y Garzón a cambio de 700.000 euros. La compra se habría cocinado desde el despacho de López Jaraba.

Coste aproximado = 1.200.000.000 euros

Total implicados = 4

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Rus?

Al presidente de la Diputación de Valencia se le ha pillado contando «dos millones de pelas» supuestamente de comisiones en el interior de un coche.

Coste aproximado = 12.000 euros

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Taula?

Se trata de una pieza, aún secreta, del Caso Imelsa. En ella se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.

El magistrado decidió en julio de 2016 separar el caso en tres piezas: la principal; la que investiga los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun por un importe de casi 843.000 euros para los años 2013, 2014 y 2015 y una tercera que investiga las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de València en 2006.

Coste aproximado = 40.000.000 euros

Total implicados = 50

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Terra Natura Benidorm?

Coste aproximado = 6.200.000 euros

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Torres de Calatrava?

El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en València que, probablemente, nunca se levantarán.

Coste aproximado = 15.000.000 euros

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Torrevieja?

El exalcalde alcanzó la alcaldía del municipio en mayo de 1988, al prosperar una moción de censura contra el PSPV-PSOE, y se mantuvo desde entonces en el cargo durante cinco mandatos con mayoría absoluta. En 2011, dejó de ser cartel electoral del PP en el municipio pero siguió como diputado autonómico del grupo popular en Las Cortes Valencianas, un escaño al que renunció en noviembre de 2012 al dictarse su condena.

Los magistrados determinaron que había incurrido en un delito de prevaricación y otro de falsedad documental al adjudicar a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Necso (actual Acciona) y el grupo Generala el servicio municipal de recogida de basuras en 2004, un contrato por importe de 9,6 millones de euros.

El proceso, que se inició en enero 2007 a raíz de la denuncia presentada por el entonces edil en la oposición de Los Verdes, José Manuel Dolón y actual alcalde, y que acabó demostrando que el primer tenía un «plan preconcebido» que pasaba por la elección de esa oferta.

De acuerdo con la sentencia, el entonces alcalde recurrió al asesoramiento externo mediante la petición de informes a tres de despachos de abogados, como él mismo oficializó en dos resoluciones, pero en realidad solo había contado con uno de los bufetes, Ariño y Asociados, que además tenía una relación laboral con los beneficiarios de la adjudicación.

El objetivo de esta consulta externa, con la que «faltó a la verdad», según los jueces, era eludir los informes técnicos internos contrarios a la adjudicación a Necso. Además, Hernández Mateo alteró la composición de la mesa de contratación donde se estudiaba el asunto al incrementar en dos el número de vocales para asegurarse así el voto favorable a su propuesta.

Total implicados = 1

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Uniformes Santa Pola?

La investigación del denominado caso uniformes de Santa Pola, en el que ya hay 11 imputados, entre ellos, el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza (hermano del ex alcalde, Miguel Zaragoza), y los representantes de la empresa Uniformes Riera, se amplía. La juez que instruye la causa ha citado a declarar a otro ex regidor del PP, Andrés García Baile, que lo fue entre 2007 y 2011, y al grupo de empresas Gil de los Ríos, otro de los gigantes en el suministro de uniformes a ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. En concreto, han sido citado Antoni Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno, Mario Gil Moreno como responsables de las mercantiles Antonio Gil de los Ríos SL, Gil de los Ríos Unformes SL e Insignia SL. Todos ellos, junto el ex regidor, también están acusados de presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

De esta manera, la causa se amplía y ya cuenta con 15 imputados. Además de los cuatro ahora mencionados, están el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza; tres agentes del cuerpo, Roque Alemañ y Pascual Linares —que además son expresidentes del Club Atletismo de Santa Pola—, Alfonso Aracil; el exconcejal Antonio Pérez Huerta; casi todos los miembros de la familia Riera que ocupan cargos en las empresas que suministraron uniformes a la Ayuntamiento de Santa Pola entre 2011 y 2015, y la comercial de la firma, María Isabel Pérez Amorós. Hay que recordar que todos fueron detenidos a finales del mes de junio y quedaron en libertad con cargos. Han sido citado a declarar en calidad de imputados para el 23 y 2 4 de octubre, en el juzgado número 5 de Elche, que es quien instruye la causa.

Con el nuevo auto, la juez amplía la investigación y la retrotrae hasta 2008 para ver si también hubo irregularidades en la contratación de la uniformidad entre el Ayuntamiento de Santa Pola y el grupo de empresas de Gil de los Ríos, considerado competidor de Almacenes Riera. En los mentideros policiales, se considera que Gil de los Ríos domina a los ayuntamientos de la provincia de València y que Riera es el rey de los de la provincia de Alacant.

Tanto a los responsables de un grupo de empresas como al otro se le imputan los mismos delitos: prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y es que la juez está intentando averiguar si el modus operandi detectado por los agentes de la UDEF entre el ayuntamiento y las empresas del Almacenes Riera, como el supuesto de amaño de contratos menores, se producía en los años anteriores, pero con las empresas de Gil de los Ríos.

Hay que recordar que, según los agentes de la Policía Nacional que han realizado la investigación, la mayoría de los pedidos de uniformes se tramitaba con contratos menores; es decir, con la invitación de tres empresas. En el caso más reciente, se llamaba a tres empresas, cuyos accionistas coincidían: es decir, que la empresa agraciada, Almacenes Riera, que opera en multitud de ayuntamientos, se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. Todas ellas con la familia Riera Marcos de Redován, en el centro de la operación.

Coste aproximado = 105.285 euros

Total implicados = 10

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Valmor Fórmula 1?

El levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Valmor, el procedimiento que investiga irregularidades en la gestión del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia, ha sacado a la luz cómo el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dispuso de recursos públicos para financiar el evento. Y lo hizo, según ha concluido la Policía, participando «de forma directa en el proceso de negociación de las condiciones de la operación con Bernard Ecclestone», el magnate de las carreras.

La competición, que acogió València entre los años 2008 y 2012, no iba a costar ni un euro a los valencianos pero los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) han acreditado, tras analizar más de 105.000 correos electrónicos, que Camps tomó un rosario de decisiones que habrían permitido enriquecerse al ex piloto de motos Jorge Martínez Aspar. Los correos han revelado que el Gran Premio dejó de ser rentable desde la primera edición y por ello la Administración de Camps comunicó en 2009 que se haría cargo del canon asumiendo los compromisos económicos de Valmor, la sociedad privada a la que Ecclestone adjudicó los derechos en Valencia. En 2007, año de su constitución, Valmor era una sociedad privada participada por Aspar, el empresario de Castellón Fernando Roig —ejercía de presidente— y Bancaja Participaciones. Los tres eran socios a partes iguales, pero la querella inicial de la Fiscalía sólo se dirigió contra el primero ante la sospecha de que el deportista se enriqueciera.

Según el sumario, esta empresa del piloto recibió 1,9 millones de euros en patrocinios mientras las empresas públicas se hacían cargo de los gastos generados por la organización de la Fórmula 1. En concreto, la Conselleria de Agricultura adjudicó a BOX 55 una ayuda de 118.890 euros (2007); y la Agencia Valenciana de Turismo aprobó en tres anualidades 1,1 millones; además del contrato de 700.000 euros de la SPTCV mientras pedía el voto para el PP en la campaña de 2011.

La Administración acabó comprando por un euro Valmor a cambio de asumir su deuda, 50 millones de euros. La operación supuso condonar 14 millones de euros de la deuda de Valmor con la Generalitat y asumir más de 30 millones en facturas comprometidas con terceros.

Coste aproximado = 308.000.000 euros

Total implicados = 5

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del Caso Vela Mata?

El exalcalde de Torrevieja y presidente local del PP, Eduardo Dolón, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el denominado caso «Vela Mata», en el que se investigan presuntas irregularidades en la apertura de una discoteca en la pedanía de La Mata. El denominado «Vela Mata» surgió a raíz de una denuncia contra un inspector de la Policía Local por supuesta prevaricación, malversación y falsedad en la apertura de una discoteca en la playa de La Mata en 2013, cuando gobernaba el PP el Ayuntamiento de Torrevieja y Eduardo Dolón era alcalde. La denuncia apuntaba, igualmente, supuestos «tratos de favor hacia empresarios» al permitirse presuntamente «locales que no cumplían con la legislación».

Total implicados = 1

¿Cómo han de ser buenos unos presupuestos elaborados por el partido del caso de los Contratos de Fitur?

Explicación caso:

Irregularidades en la contratación de la feria Fitur, a la que acudía la Generalitat Valenciana, entre los años 2005 y 2009. La Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de contratos y benefició a las empresas del Grupo Correa con información privilegiada. El Tribunal consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial, un grupo creado exprofeso para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo, tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

«A partir de mañana por la noche otra cosa que nos vamos a poner como un mandamiento, eso va a ser nuestro credo, es no hablar por teléfono de ciertas cosas, porque están las cosas como el puto culo de escuchas y de hostias y pinchar un móvil a cualquiera de nosotros vale 2.000 euros; vamos a llevar un teléfono que sólo vamos a usar con una clave, o vamos a organizarnos; a partir de mañana se acabó ya el hablar por teléfono con nadie, pero cuando digo con nadie es con nadie». El bigotes.

Condenados:

Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo, condenada a 9 años de cárcel, ingresada ya en prisión.

Francisco Correa condenado a 13 años de cárcel. Asociación ilícita (3 años), cohecho activo (3 años), tráfico de influencias (1 año), malversación (resto)

Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Milagrosa Martínez condenado a 6 años de cárcel. Prevaricación y malversación.

Isaac Vidal, funcionario de turismo, condenado a 7 años de cárcel. Prevaricación, malversación y falsedad.

Jorge Guarro, funcionario de turismo, condenado a 4 años de cárcel. Prevaricación y malversación.

Ana Grau, condenada a 3 años de cárcel.

Pablo Crespo. condenado a 13 años y 3 meses de prisión. Asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho.

Álvaro Pérez «el Bigotes», condenado a 12 años y 3 meses. Asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho.

Isabel Jordán, condenada a 6 meses de prisión. Asociación ilícita, prevaricación, malversación y falsedad.

Mónica Magariño, condenada a 3 años de cárcel. Asociación ilícita, prevaricación y malversación.

Cuantía defraudada:

Los sobrecostes y duplicidades de pago podrían ascender, según la Policía, a 293.259 euros.

Estos son los presupuestos del Caso Cooperación (octubre 2010)

Se desviaron alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.

Rafael Blasco, considerado el «director» de la trama, fue condenado a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación absoluta. Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial (la sentencia consideró probado que presionó a los funcionarios de la conselleria que dirigía para que concedieran las subvenciones a las organizaciones de la trama y que incluso relevó de su cargo a los funcionarios que se resistieron a hacerlo).

Augusto César Tauroni, empresario —el único acusado encarcelado— fue condenado a la misma pena que Blasco —ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta—.

Tina Sanjuán, secretaria general, a siete años y seis meses de prisión.

Marc Llinares, exjefe del área de cooperación. 4 años y 6 meses de risión y 7 de inhabilitación.

Alexandre Català, 4 años y 6 meses de prisión y 7 de inhabilitación.

Xavier Llopis, exjefe de gabinete de Blasco, tres años de prisión y dos de inhabilitación.

Marcial López, el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios. Cuatro años y seis millones de euros de multa.



Josefa Cervera, miembro de la Fundación Cyes. Tres años y medio de prisión y multa de cuatro millones de euros.

Josep Maria Felip, exdirector general, a siete años de inhabilitación.

Coste aproximado = 9.000.000 euros

Total implicados = 20

Estos son los presupuestos del Caso Brugal

Brugal es un acrónimo que viene de «Basuras RUrales Gestión ALicante» y es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alacant. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel.

En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Está imputado el expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes; en total más de 30 militantes del PP alicantino. En pieza separada, sobre la modificación del PGOU de Alicante, están procesados la alcaldesa de Alacant y diputada autonómica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y también diputado autonómico, Luís Díaz Alperi.

Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la pieza separada Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia Castedo.

Coste aproximado = 813.300.000 euros

Total implicados = 35

Estos son los presupuestos del Caso de la Visita del Papa

Un juzgado ha imputado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por la visita del Papa a València en 2006 en una causa abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. El procedimiento, diferente del caso Gürtel, afecta también a otros antiguos dirigentes del PP, como Juan Cotino y Víctor Campos, además de al obispo auxiliar de València, Esteban Escudero.

La magistrada María del Carmen Cifuentes Polo, del Juzgado de Instrucción número 5 de València, investiga la llamada Fundación V Encuentro de las Familias, creada en 2005 para preparar la visita del papa Benedicto XVI, los actos litúrgicos y la recepción de los cientos de miles de visitantes católicos que se esperaban en la ciudad.

Durante la larga instrucción que desarrolló el juez José Ceres sobre los contratos de Canal 9 para retransmitir el encuentro, que será juzgada en la Audiencia Nacional con Cotino y los cabecillas de Gürtel como principales acusados, el magistrado descubrió que el fraude había sido presuntamente mucho mayor, y alcanzaba a buena parte de los contratos realizados por la Fundación V Encuentro de las Familias.

La entidad había sido constituida por el Arzobispado, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València. La presidía Esteban Escudero, ahora obispo auxiliar de València. Pero la mayor parte de su presupuesto, de 22 millones de euros, fue proporcionado por el Gobierno autonómico.

El origen público de la mayoría de los fondos, que después se gastaron al margen de las normas de contratación de las Administraciones, está en la base de la investigación.

El juez Ceres detectó indicios de posibles irregularidades en ámbitos tan dispares como el diseño y montaje del escenario preparado para Joseph Ratzinger en el Jardín del Turia, la contratación de grupos teatrales y de cantantes, la compra de las señales instaladas para guiar a los peregrinos y el alquiler de miles de váteres portátiles. Observó, además, que las empresas acordaban hacer una «donación» del 20 % del importe del contrato a favor de la fundación que las contrataba. Al cerrar la instrucción de su pieza de Gürtel sobre la visita del Papa, Ceres, del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, remitió también a la Audiencia Nacional el resto de indicios, que fueron trasladados desde allí a los Juzgados de Valencia para que profundizaran en los hechos. De aquella decisión nace la nueva causa en la que está imputado Camps.

Total implicados = 8

CASOS CORRUPCIÓN PP ESTADO ESPAÑOL

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Abogados (Melilla)?

Año 2005, caso cerrado con condenas. Prevaricación administrativa.

Presunto delito continuado de prevaricación consistente en la contratación por parte de la Consejería de Bienestar Social de cuatro letrados externos a la Administración local sin seguir los procedimientos establecidos. Se formalizaron 91 contratos menores con los cuatro abogados. La titular era María Antonia Garbín.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Acuamed (Comunitat de Madrid)?

Año 2016, caso abierto. 48 implicados. Malversación, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar los precios, prevaricación y falsedad documental.

Se producían irregularidades en la adjudicación de contratos con comisiones a las empresas beneficiadas. La empresa pública ACUAMED colaboraba con grandes constructoras nacionales, cobrando comisiones para manipular las ejecuciones del embalse, desaladoras y conducciones hidráulicas. Con un perjuicio para las arcas públicas superior a 20 millones de euros. En el sumado aparece reiteradamente Miguel Arias Cañete.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de AEXPA (Galicia)?

Año 2015, caso abierto. 600.000 € de coste aproximadamente. Falsedad documental contra la hacienda pública y la Seguridad social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Alhama de Granada (Andalucía)?

Año 2014, caso abierto. Se imputa al alcalde prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Se dieron cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su propio estudio de arquitectura.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Amat (Andalucía)?

Caso abierto, prevaricación. Se investigan las relaciones entre el alcalde de Roquetas de Mar (también Presidente de la Diputación Provincial y del PP en Almería) con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones, la mayoría de las empresas controladas por amigos y familiares.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Ambulancias (Comunidad de Madrid)?

Año 2016, caso abierto. Prevaricación. La querella se fundamenta en las grabaciones que se realizaron en 2016, en las que los altos cargos de sanidad intentaban convencer a los propietarios de la compañía de ambulancias de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato para el transporte urgente de pacientes en los hospitales públicos de la capital, al no poder cumplir las condiciones de la oferta económica que habían realizado (72,5 millones de euros).

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de la Amnistía fiscal en 2012?

705 personas favorecidas de la Amnistía. 38.809.000.000 € de coste. Entre las personas que se les dio la amnistía fiscal figuran Rodrigo Rato, Pedro de Borbón dos Sicilias, Patricia Postigo, Oleguer Pujol Ferrusola, Luis Bárcenas, Josep Pujol Ferrusola, José Luis Martínez Pombo, Gonzalo de Urquijo, Francisco José Granados, Diego Torres o David Marjaliza.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del Andratx (Baleares)?

Año 2006. 2 implicados. 740.000 € de coste. Prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por actos prohibidos a funcionarios públicos.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Arena (Galicia)?

Año 2011, archivado parcialmente.

En 2012, el juez titular del número tres de Ferrol, Alejandro Morán Llordén, ha sobreseído los cargos contra el exdiputado del PP Javier Escribano por presunto tráfico de influencias y cohecho por los que estaba imputado en el denominado caso Arena.

Esta investigación que arrancó en mayo de 2011 indagaba la importación de áridos supuestamente contaminantes para fabricar asfalto de la empresa Manmer, que administra Fermín Duarte, a través del puerto exterior de Ferrol.

En las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, Duarte afirmaba que le había regalado un vehículo de alta gama, un Porsche, a Escribano a cambio de gestiones ante la Xunta a favor de su empresa.

La investigación se derivó entonces al Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la condición de aforado de Escribano que fue forzado a dimitir por su partido en octubre cuando el TSXG formalizó su imputación.

Escribano y Duarte prestaron declaración en diciembre ante el juez ferrolano que ahora ha sobreseído la causa contra el exdiputado del PP.

Sin embargo, la investigación abierta por un presunto delito medioambiental contra la empresa Manmer prosigue adelante según han confirmado a EFE fuentes del juzgado ferrolano.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Arquitecto (Melilla)?

Año 2007, abierto.

Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2006. Ese día, Miguel Marín, que era consejero de Administraciones Públicas firmó un contrato como interino a tiempo completo con el arquitecto superior Iván Reyes. Este contrato tendría vigencia hasta la reincorporación a su puesto del titular de la plaza, Juan José Baeza. Reyes trabajó con normalidad en la Asamblea de la Ciudad Autónoma hasta que el 31 de mayo de 2007 Baeza volvió a su trabajo. Sin embargo, el arquitecto interino continuó trabajando a pesar de haberse incorporado la persona a la que estaba sustituyendo.

El 31 de junio de 2007 se extinguió el contrato inicial de Iván Reyes, pero este no dejó de trabajar, sino que fue contratado de nuevo el 1 de agosto de ese año, en este caso de nuevo como interino para sustituir a un arquitecto superior funcionario que se jubilaba ese día. El consejero Marín supuestamente incumplió su deber de convocar las oposiciones para cubrir esa plaza.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del Ático en Estepona (Comunidad de Madrid)?

Caso abierto, 3 implicados. Año 2008. Delito de cohecho y blanqueo de capitales.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Estepona cuyo titular es la juez Isabel Conejo. Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore Coast Investors que fue comprado por Ignacio González, el ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño.

Además del propio González están investigados, entre otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Auditorio o Puerto Lumbreras (Murcia)?

Año 2008. 21 implicados. 6.000.000 €. Abierto. Prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas y prevaricación o fraude fondos públicos.

También llamado Caso «Puerto Lumbreras». El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un pueblo de Murcia lindante con Almería, decidió en 2006 que quería su propio complejo cultural con un teatro auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza. En plena burbuja inmobiliaria, impulsó un proyecto de 100.000 metros cuadrados para el disfrute de los 13.000 habitantes que tenía por esa época. Ahora, el que era su alcalde, Pedro Antonio Sánchez, está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lorca, cuyo titular es la juez Consuelo Andreo. Su origen está en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde y actual Presidente de la Comunidad y otras 20 personas. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Baltar (Galicia)?

Año 2013. 697.000, cerrado con condenas. Prevaricación continuada.

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada, en relación a los 104 contratos que firmó para la institución provincial entre los meses de enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas, según la sentencia del juzgado de Ourense. Estas contrataciones se produjeron en el contexto del congreso del PP de Ourense que ganó su hijo, José Manuel Baltar.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Ourense llega casi un mes después del juicio de cinco días en el que fue señalado por secretario y jefe de Personal de la Diputación como único responsable de los 8 decretos de contratación y de la selección nominal de los contratados.

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dijo en su primer testimonio que él hacía una primera criba entre currículums y nombres para los puestos de trabajo y achacó a técnicos y jefes de servicios la selección final. Además, en su alegato final de diez minutos, aseguró que es inocente, que tiene la conciencia tranquila y que el secretario, Francisco Cacharro, y el jefe de Personal, José Luis Suárez, le pidieron que asumiese la culpa de no publicar los 104 puestos de trabajo por los que fue juzgado.

Además, José Luis Baltar reiteró en cada ocasión que tuvo ante la jueza y ante los medios de comunicación, que a él «nadie» le advirtió de la obligación de dar publicidad a las 104 plazas que se cubrieron con otros tantos contratos temporales, por procedimiento urgente, y ha incidido que «fue el procedimiento» que le dijo «el jefe de Personal, José Luis Suárez, que había que utilizar», para cubrir los puestos durante los tres primeros meses de 2010, en torno al congreso en el que su hijo fue elegido presidente del PP en la provincia de Ourense.

El letrado que defiende a Baltar ya indicó a Europa Press que recurrirá la sentencia del juzgado de lo penal número 1 ante la Audiencia Provincial.

En el juicio, fiscal y acusaciones populares de PSOE y el sindicato Manos Limpias, mantuvieron sus peticiones de condena a 10 años de inhabilitación para cargo público y electo, y el PSOE concretó su petición de responsabilidad civil en 696.666 euros por ser el coste de los 104 contratos para las arcas públicas, según certificó la interventora de la Diputación.

La condena no tendrá efecto práctico, puesto que el exbarón popular se retiró de la política activa en 2012, cuando su hijo, José Manuel Baltar, llegó al poder en la Diputación de Ourense, que todavía preside.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Bárcenas (Comunidad de Madrid)?

Año 2013. 56 millones de euros. Caso abierto. 3 imputados.

Aunque Luis Bárcenas ya estaba imputado en el «caso Gürtel», uno de los de mayor envergadura por la extensión de sus raíces y por haber contaminado a políticos de primera línea de uno de los dos principales partidos españoles, el Partido Popular, el caso que ha sido bautizado con su nombre estalló el pasado 16 de enero cuando Suiza comunicó a la Audiencia Nacional que el extesorero del PP había llegado a tener 22 millones en cuentas de ese país. A partir de ahí, se inició un goteo de revelaciones en la prensa que alcanzaron su punto culminante el 3 de febrero, cuando El País publicó lo que denominó «Todos los papeles de Bárcenas», una serie de apuntes contables del extesorero que registran entregas a las sucesivas cúpulas del partido desde 1990, así como supuestos pagos de otros gastos de la formación política. Entre los destinatarios de los pagos en B aparecen Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja.

Tres días después, Bárcenas acudió a declarar a la Fiscalía Anticorrupción y negó la existencia de cuentas ocultas en el PP y que él fuera el responsable. Existe la impresión de que el extesorero ha filtrado los documentos a través de su amigo y exdiputado del PP, Jorge Trías, que sí se ratificó en su denuncia de la doble contabilidad ante la fiscalía. Bárcenas, entretanto, estaría enseñando una mínima parte de lo que tiene, reservándose la baza de los originales que podría sacar a la luz en el momento que considere más oportuno, y esperando que le ofrezcan algún trato ventajoso para librarse de tener que responder por delitos contra la Hacienda Pública y como el blanqueo de capitales a cambio de no revelar todo lo que sabe sobre la supuesta financiación ilegal de su antiguo partido.

De momento, la trama se complica. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado cuatro conexiones entre la contabilidad oficial del PP y el caso Gürtel que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, por lo que se ha vuelto a inclinar a favor de que sea este magistrado, y no su compañero Javier Gómez Bermúdez, quien asuma el caso, después de que haya estallado un conflicto competencial entre ambos magistrados. Los vínculos entre Gürtel y «los papeles de Bárcenas» son:

1) El 9 de enero de 2002 figura como donativo al PP un ingreso de 26.835 euros, que coincide con un pago de 4,5 millones de pesetas (27.045 euros) por parte de Enrique Carrasco —empresario de la construcción imputado en Gürtel— realizado un día antes a «LB» (indiciariamente identificado como Luis Bárcenas) y que figura en este sumario.

2) Una donación de 12.000 euros hecha el 28 de febrero de 2002 que aparece en la documentación entregada por el PP al Tribunal de Cuentas y un documento de Gürtel del 15 de febrero de ese año que registra la entrega a «L.B.» de la misma cantidad.

3) La coincidencia entre un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donaciones del PP el 18 de diciembre de 2002 y un documento fechado el mismo día «de reparto de un millón de euros, en el que se atribuye a JS (que el fiscal identifica con el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda) la entrega de 60.000 euros».

4) Un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donativos del PP fechado el 13 de mayo de 2003 y una entrega de la misma cantidad a «LB» del 15 de mayo que obra en la contabilidad de la red Gürtel. «El mismo día 15 de mayo de 2003 existe otra anotación en la cuenta de donativos de 60.101 euros, cuya correspondencia con el anterior documento» ha de ser investigada, dice el fiscal.

Bárcenas, mientras tanto, sigue haciendo la «peineta» a todo el país. El 22 de marzo se negó a declarar ante el juez Ruz y, encima, dijo que no lo haría «nunca más».

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Barraca (Murcia)?

Año 2004, caso abierto; control de la actividad urbanística a Murcia en beneficio de unas cuantas persones. Completo entramado de intereses. 13 implicados.

Un control casi total sobre todo el ladrillo que se mueve en la Región. Tal era, en opinión de la Fiscalía de Murcia, la pretensión «del entramado de intereses» que se habría forjado en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia: «controlar la actividad urbanística de la Región en beneficios de unas cuantas personas». Al frente de dicho entramado, y como eje en torno al cual se habría articulado el citado «entramado de intereses», se situaría el jefe del Servicio de Planeamiento del Consistorio, el funcionario ahora en excedencia Joaquín Peñalver Motas.

Así se hace constar en la denuncia que la Fiscalía Superior presentó el 21 de marzo del 2007 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia —el documento está en poder de La Verdad— y cuyo contenido se resume a continuación.

EL PRESUNTO CEREBRO

Joaquín Peñalver Motas, arquitecto, desempeñó desde el 1 de abril de 1996 el puesto de jefe de la Primera Sección Técnica del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. El 15 de enero de 1999 se le adscribió al puesto de jefe del Servicio de Planeamiento.

El 9 de marzo del 2006, ocho días antes de que la Fiscalía incoara las diligencias informativas n.º 76/06, «en averiguación de presuntas irregularidades en su gestión, el señor Peñalver pasa a la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de sus hijos menores de tres años».

El fiscal recuerda que «durante el tiempo que Peñalver desempeñó funciones de arquitecto municipal, estuvo sometido al régimen de incompatibilidades, no pudiendo por tanto ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estaba destinado». Pese a lo cual, «obviando esa prohibición, ha venido interviniendo, a través de su esposa, Sandra de la Puente Vázquez, y de otras personas interpuestas, en actividades urbanísticas en las que posteriormente debía intervenir, e intervenía, el servicio del que era jefe; esto es, el Servicio de Planeamiento Urbanístico».

UN DESPACHO EN LA DIANA

«A tal fin —prosigue la denuncia—, Sandra de la Puente fundó en escritura, el 24 de diciembre del 2004, junto con su suegro Joaquín Peñalver Ruiz, y su cuñado, Francisco José Peñalver Motas (hermano del jefe de Urbanismo), ambos arquitectos, la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.».

«La finalidad de la participación de Sandra de la Puente en esta sociedad (no olvidemos que su profesión es economista) era servir de tapadera a la intervención de su esposo en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa. Ésta tenía como principal activo la presencia de aquél (Joaquín Peñalver) al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados.»

«Los tres socios —la mujer, el padre y el hermano de Peñalver—, convencidos de su impunidad, decidieron colgar en internet una página web en la que anunciaban sus servicios, los profesionales que formaban su plantilla, los despachos de arquitectos que colaboraban con la empresa (el fiscal ofrece una amplia relación), y sus principales clientes, entre los que se encuentran las empresas promotoras y constructoras más importantes de la Región.»

EL «SOCIO» LÓPEZ REJAS

«En los listados de visados facilitados por el Colegio de Arquitectos de Murcia, a solicitud de esta Fiscalía, se observa que un importante número de los proyectos urbanísticos desarrollados en el municipio de Murcia aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L., y entre las empresas destaca, por su número, la mercantil José López Rejas S.L.».

A este respecto, el fiscal destaca que «el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, José López Rejas le vende a la esposa de Peñalver, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria. El 27 de julio del 2004 también le vendió a Sandra de la Puente 1.472 participaciones de la mercantil Nou Vivienda Joven Murcia S.L., de la que López Rejas poseía 3.006 participaciones. ¿Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?».

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

«El 14 de julio del 2003, (Sandra de la Puente) adquiere, por compra a José Sánchez Marín, 25 participaciones de la mercantil Urbasa Mediterránea S.L.. Con posterioridad se hace con el 50 % de la sociedad.»

«Urbasa se convertirá en la principal fuente de ingresos de Sandra de la Puente e, indirectamente, de Joaquín Peñalver, al estar casados en régimen de participación en ganancias. La sociedad es titular de una finca en El Esparragal, valorada en 1,1 millones de euros; de una finca rústica en Cabezo de Torres, de 52.082 m2; otra finca rústica en la Sierra de Carrascoy, con una superficie de 1,2 millones de m2, y el 55 % de una finca de 2,6 millones de m2, llamada Columbares, en Cañadas de San Pedro (Murcia)».

UNA SOCIEDAD «CONSEGUIDORA»

«Urbasa Mediterránea se constituye en una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».

El fiscal señala, a tal respecto, que Urbasa vende al promotor Félix García Ripoll un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas. En la escritura se hace constar que «la finca se adquiere por su condición esencial de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le reconocerá un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo. Urbasa asume el compromiso y se obliga a que tales terrenos tengan esas características en el plazo improrrogable de 24 meses. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros».

En base a ello, el fiscal considera que «el negocio que se realiza no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, Joaquín Peñalver, jefe del Departamento de Planeamiento Urbanístico. Si la gestión ante el Ayuntamiento prospera, el precio del servicio será de 1,2 millones. Si no prospera —cosa difícil, ya que todo queda en casa—, el precio de la gestión será de 450.000 euros».

«A través de Urbasa, Sandra de la Puente logrará tener participación oculta en otras sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria y urbanística como NF Desarrollos S.L. y Mursiya Golf S.L.».



«El 4 de mayo del 2006, conocedora por la prensa de la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, Sandra de la Puente decide finalizar su participación en Urbasa y liquidar patrimonio.»

EL PODER DE LOS «NARANJITOS»

«Tal era el número de proyectos presentados al visado por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban».

«Para evitar el control del Colegio de Arquitectos, que ya había recibido quejas por el monopolio en que se estaba erigiendo la citada mercantil y sus colaboradores, el despacho empezó a desviar el visado hacia el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».

FACTURANDO A SU FAMILIA

«Como indica la Agencia Tributaria, desde el año 2002 al 2005, periodo en que Joaquín Peñalver era jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico, éste ha venido cobrando de distintas empresas, destacando los 513.863 euros (más de 80 millones de pesetas) que recibe en el 2005 de la empresa Peñalver Arquitectos». Esto es, el jefe de Planeamiento habría facturado sumas muy abultadas a su propia familia por servicios no especificados en la denuncia.

«LAS COSAS NO VAN MAL»

«Como las cosas no funcionaban mal, la familia Peñalver decide en enero del 2004 crear otra mercantil dedicada a la actividad urbanística y así constituye Titobio S.L.. Entre las operaciones que lleva a cabo la citada empresa familiar figura el proyecto Plan Parcial La Cerca de Arriba, firmado por el arquitecto Jesús Zafra, colaborador de Peñalver Arquitectos y socio de Sandra de la Puente. Ese proyecto deberá recibir el dictamen favorable de Joaquín Peñalver. Sandra de la Puente gana al menos 50.088 euros, más lo que gana Titobio y sus familiares, con una operación urbanística que ese mismo mes se presentará como proyecto al Servicio de Planeamiento que dirige Joaquín Peñalver».

«De todo lo antedicho —concluye el fiscal— se deduce, a nuestro criterio, la existencia de un entramado de intereses en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, para controlar la actividad urbanística de la Región en beneficio de unas cuantas personas».

El fiscal considera que de los hechos denunciados se deducen indicios de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Bea Gondar (Galicia)?

En los setenta Bea ya era alcalde de El Grove, como lo llamaba él, en nomenclatura franquista, al pequeño e idílico municipio-istmo que se abre entre playas al sur de la ría de Arousa. Allí, justo allí, en el corazón del tráfico de drogas hacia Europa, en el lugar desde el que las mafias bombeaban hachís y cocaína hacia todo el continente tras convertir en modernas organizaciones de logística y transporte las artesanales infraestructuras del contrabando de tabaco americano de la zona, allí, decimos, Bea Gondar fue el rey durante años. Sobre todo desde 1983, cuando ganó las municipales y recuperó la Alcaldía que había perdido en 1979.

Incluso cuando sus amistades peligrosas lo alejaron del partido de Fraga, Bea siguió reinando. En mayo de 1991 volvió a presentarse y a ganar las elecciones, esta vez con su Agrupación Vecinal Independiente, que se llevó el 28,3 % de los sufragios y que dejó al PP con un pobre resultado de menos de mil votos. Fue una alegría fugaz, porque apenas celebradas las elecciones, el juez Baltasar Garzón ordenó su captura tras recabar indicios de que había alquilado el coche en el que fue detenido un correo de los narcos colombianos con 30 kilos de cocaína en el maletero.

Pese a todo, a Bea le nombraron alcalde pocos días después como cabeza de la lista más votada, porque los grupos políticos del Ayuntamiento no se pusieron de acuerdo para buscarle sustituto. Ni siquiera pudo tomar posesión, y supo en la cárcel que le habían destituido.

Él se autoinculpó de los hechos durante la instrucción de Garzón, pero en la vista oral se desdijo y lo negó todo. Aun así, la Audiencia Nacional lo condenó, pero el Tribunal Supremo le devolvió la libertad, a él y a otro acusado de la trama, José Santórum, gracias a un defecto de forma en la tramitación de su caso.

Bea vivió entonces algunos años de tranquilidad, incluso de reconocimiento y hasta de honores públicos, como los que en el año 2004 le brindó el entonces alcalde del PP de O Grove, Miguel Pérez, del PP, quien le rindió homenaje en el lujoso complejo hotelero de A Toxa junto a otros ex regidores históricos del pueblo, para conmemorar entre nécoras, albariño e insignias de oro los 25 años de la democracia.

Aunque de nuevo se apareció el fantasma de la justicia con forma de Baltasar Garzón para convertir en efímeras ensoñaciones esos breves momentos de felicidad. El ex alcalde y su amigo Pablo Vioque fueron de nuevo acusados por el juez de colaborar con una banda de afincada en Marbella para alijar más de 2.000 kilos de cocaína en España. La Audiencia Nacional absolvió a Vioque, pero a él volvió a considerarlo culpable, esta vez de un delito de blanqueo, y lo condenó a tres años y seis meses de cárcel. Otra vez hubo recurso, aunque en esta ocasión el Tribunal Supremo no eliminó la pena, sino que la elevó a cuatro años, siete meses y quince días al considerar que en su delito concurría la agravante de pertenencia a una organización criminal.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Biblioteca (Murcia)?

Año 2014, el Juzgado de Instrucción de Murcia que desde el año 2008 investiga la presunta adjudicación a dedo de contratos de obras por el Ayuntamiento de Librilla ha acordado hoy transformar las diligencias en procedimiento abreviado y ha concretado los indicios de criminalidad que pesan contra 15 de los imputados.

Entre ellos, se encuentran el que en el momento de los hechos era alcalde de la localidad, José Martínez García (PP), los concejales Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro Warren (del mismo partido político), el secretario municipal e interventor, Marcos Martín Tovar, y el arquitecto técnico José Luis Martínez López.

También figura Domingo Peñalver Rojo, uno de los dueños de la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo para la Ingeniería (ACADI), presunta adjudicataria de los contratos amañados.

Entre los quince imputados también se encuentra el que era gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora, al que se atribuye su participación en las adjudicaciones de obras municipales de forma irregular.

Para el instructor, las investigaciones llevadas a cabo han permitido averiguar la supuesta recepción de comisiones ilegales por parte del exalcalde, del edil Martínez Muñoz y de Cortés Otálora, a los que atribuye un delito de cohecho.

Este mismo delito lo atribuye igualmente a Domingo Peñalver, el empresario que supuestamente entregó las dádivas para conseguir la adjudicación de los contratos a su empresa.

Por el contrario, el Juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional del constructor Santiago M.E., de sus tres hijos y de la esposa de uno de estos, que fueron imputados inicialmente, así como de las esposas de Cortés Otálora y de José Luis Cano, otro imputado que falleció hace unos años cuando se dirigía al despacho de su abogado para preparar la línea de defensa.

El juez, Andrés Carrillo, ha comunicado el auto a la fiscalía y a las demás partes personadas en el caso para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, presentando el escrito de acusación o de solicitud del sobreseimiento, o la práctica de diligencias complementarias, en su caso.

Así, imputa a 15 personas la comisión de delitos que van, según los casos, desde el cohecho, la prevaricación continuada o la falsedad documental y entre los que se encontraría el exalcalde, José Martínez; el que fuera concejal de Personal, Servicios, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Pedro Martínez; así como el arquitecto técnico municipal, J.L.M.; el exconcejal Francisco Navarro; y el secretario-interventor municipal, M.M.

En un auto, notificado este martes, el juez abre la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y concreta los indicios de comisión de delitos que, de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados.

Igualmente delimita, de forma presunta en esta fase del procedimiento, el grado de participación que habría tenido cada uno de ellos en estos hechos; ya sea como autor, colaborador necesario o autor por omisión.

Además, a la vista de lo actuado, archiva el procedimiento respecto a siete personas que habían sido imputadas inicialmente.

Con esta resolución, el juez da traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las partes personadas como acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma ni apelación.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Bolsos (Comunidad de Madrid)?

La excalcaldesa de Serranillos del Valle, Olga Fernández, ha sido condenada a seis meses de prisión después de que un jurado popular la declarara culpable de malversación por comprase en 2010 dos bolsos con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento. Eran, en teoría, para dos funcionarias del ayuntamiento que habían agilizado los trámites. 370 euros de coste, caso cerrado con condenas. Imputada por malversación, condenada a seis meses de prisión y una multa de 450 euros e inhabilitación durante el tiempo de su condena para el cargo y empleo público. También imputada en el caso púnica.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Bon Sosec (Baleares)?

Más de 9 millones de coste, año 1992.

Se construyó un cementerio privado y de lujo. Hubo que poner dinero para su finalización por una empresa semipública. Finalmente, lo compró el ayuntamiento de Palma.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del cas Bragasgate (Canarias)?

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta del PP de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, por la presunta financiación ilegal de esa formación y que presentó, hace un año, el colectivo de abogados Justicia y Sociedad. La fiscal no ve indicios de delito en un caso conocido como el Bragasgate, llamado así porque entre las facturas que el PP presentó para justificar sus gastos en el Ayuntamiento de los años 2003 a 2007 se incluían compras de lencería.

El Bragasgate se destapó en el verano de 2010 por un informe del interventor del Ayuntamiento, en el que se evaluaba la aportación municipal al PP y la justificación de gastos durante la legislatura 2003-2007, cuando gobernó con Coalición Canaria. El documento detallaba facturas que no tenían que ver con la actividad del Grupo Popular. Sumaban casi 160.000 euros e incluían circuitos termales, joyas o cientos de euros en bebidas alcohólicas.

El portavoz de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, recuerda que Tavío y el secretario regional del PP, Manuel Fernández, «reconocieron» que el Grupo Popular usó el dinero que recibía de las arcas locales para financiar el partido y que, como esto no estaba permitido por la legislación vigente en aquellos años, «metían las manos en el bolsillo y aportaban facturas personales para justificar la asignación al grupo».

Estos hechos ya habían superado una auditoría del Tribunal de Cuentas, que no detectó irregularidades. No obstante, el colectivo de abogados estudia presentar una nueva denuncia, ahora en el Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del Caballo de Troya (Galicia)?

Año 2013: Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación «Caballo de Troya» han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados.

Según explica la Policía Nacional, los agentes han desmantelado una organización supuestamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.

Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España, según señala la Policía, que recuerda que han sido detenidas 15 detenidos y se han practicado 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña). La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela «por el simbólico precio de dos euros» fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.

Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores, según señala la Policía Nacional.

Ángel de Cabo, en prisión en estos momentos por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

La operación se ha saldado con quince detenciones: una en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los detenidos hay dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, quien vendió a Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense, y otro hijo de José María Cuevas, quienes quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial pero imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Caldelas (Galicia)?

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a María José Caldelas, exdiputada del PP y esposa del presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, a un año de prisión, a una multa de cinco euros diarios durante doce meses y al pago de las costas procesales, por dos delitos de falsedad en documento oficial durante la etapa en la que estuvo al frente de un pub en la ourensana Plaza de As Mercedes.

El caso se refiere al pub que adquirió Caldelas en la céntrica Praza das Mercedes y que regentó entre 2008 y 2011. Los antiguos propietarios denunciaron que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales que le permitirían acometer la reforma de las instalaciones.

En relación a un documento presentado el 24 de marzo de 2009, la sentencia le impone seis meses de prisión y otros tantos de multa a razón de cinco euros diarios. En el caso de que no satisfaga la sanción, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria que le supondría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

También ha condenado a Caldelas por falsedad en documento oficial en relación a un segundo documento, presentado en el registro del Ayuntamiento de Ourense en fecha de 11 de abril de 2011. La pena es idéntica: seis meses de prisión y otros tantos de multa por importe de cinco euros al día, más la responsabilidad civil. La acusada deberá afrontar, asimismo, el pago de las costas procesales.

La mujer de Baltar compró este negocio el 1 de octubre de 2008 a los anteriores propietarios y socios. Medio mes más tarde, presentó en el Ayuntamiento la instancia de apertura y obra en el establecimiento. Sin embargo, a inicios de marzo de 2009 se denegó el cambio de titularidad. El 24 de ese mismo mes se registró en el Ayuntamiento un documento para pedir la instalación de diez veladores en la Plaza de As Mercedes, figurando como solicitante uno de los antiguos propietarios, que denunció los hechos.

El 11 de abril de 2011, el Registro del Ayuntamiento recibió otro documento, también firmado por el denunciante, para pedir una prórroga y acondicionar el local para cambiar su categoría de café bar especial a café bar. La causa se abrió después de que el hombre a nombre del cual se presentaron los escritos negase haber firmado ninguno de los dos documentos. El denunciante aseguró haberse enterado después de que se le embargara por el impago de los veladores que había solicitado. La sentencia reconoce la «verosimilitud» de la declaración del denunciante, sin que en su testimonio se aprecien contradicciones esenciales ni resentimiento o venganza con la acusada.

Además, señala que la firma que aparece en el documento fechado en marzo «se asemeja, pero no coincide» con la del denunciante, mientras que la firma del documento de 2011 «no guarda ningún tipo de semejanza».

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Camelot (Murcia)?

Cualquiera que acabe siendo el resultado del «caso Camelot», a los alcaldes de Torre Pacheco y de Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa Legaz, respectivamente, se les habrán quitado para los restos las ganas de conocer cualquier historia sobre el Rey Arturo y la fortaleza en la que reunía a su Mesa Redonda. Aunque no han llegado a trascender las razones por las que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bautizaron de tal forma «Camelot» esa operación policial contra la corrupción, desencadenada en 2008, sí están ya meridianamente claras las imputaciones a las que se enfrentan ambos regidores municipales.

El fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, acaba de presentar su escrito de calificación provisional, en el que acusa a García Madrid de tres delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias y otro de fraude, por los que reclama un total de cuatro años y un mes de cárcel y 43 años de inhabilitación especial, mientras que a María Antonia Conesa le imputa un delito de cohecho y solicita una pena de año y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Les acompañarán en el banquillo el empresario Facundo Armero, también acusado de cohecho y enfrentado a la misma petición de pena que la alcaldesa; el arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera(prevaricación y fraude, petición de 20 meses de prisión y 15 años de inhabilitación), y el jefe de la Policía Local pachequera, José Mercader Saura (fraude, con solicitud de 20 meses de prisión y 8 de inhabilitación).

Los hechos supuestamente delictivos cometidos en Torre Pachecho se dividen en cuatro apartados.

El primero se refiere a un «proyecto de innecesariedad de reparcelación», que promovió Facundo Armero en el año 2005 y sobre el cual el arquitecto municipal, José Antonio Albaladejo, emitió informes técnicos en los que advertía de una serie de deficiencias, así como que la zona verde no alcanzaba el mínimo del 7,43 % de superficie exigido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento, faltaban 86,39 metros cuadrados, causando de esa forma un perjuicio de 25.800 euros al municipio.

Pese a esas advertencias contenidas en los informes desfavorables, «de los que era conocedor» el alcalde García Madrid, éste autorizó y firmó el 22 de abril de 2005 el decreto por el que se aceptaba la petición de Facundo Armero. Y ello, reseña el fiscal, «sin disponer de ningún informe técnico municipal que le amparara».

La «permuta Mar Menor»

La segunda imputación contra García Madrid se refiere a una permuta de terrenos que realizó el Ayuntamiento con la empresa «Mar Menor Golf Resort», de la que también participaba Facundo Armero, y que se firmó, según el fiscal, «sin expediente previo y sin ningún informe o dictamen con unas mínimas consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que acreditasen su necesidad para servir al interés público»

Reseña el Ministerio Público que el Consistorio entregó una parcela de 34.834 m2, situada en suelo urbano, y a cambio recibió de la promotora cuatro parcelas rústicas, con una superficie total de 53.033 m2. Así, Cabrera hizo un «escueto informe», en el que supuestamente depreció el valor de los terrenos municipales, tasándolos a 82,80 euros/m2, «muy por debajo de su valor real», y aumentó presuntamente la valoración de las parcelas rústicas privadas, que tasó a 45,80 euros/m2. Añade que el alcalde García Madrid, que había apartado al arquiteco municipal Albaladejo de cualquier responsabilidad importante, encargó al arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera que valorara las fincas a permutar, «con el mutuo acuerdo de favorecer a la citada empresa y perjudicar a las arcas municipales». Según las tasaciones de los peritos designados por el juzgado, el perjuicio que la permuta habría causado a las arcas públicas oscilaría entre los 3,1 y 5,2 millones de euros.

Una balsa ilegal

El tercer supuesto delictivo atribuido al regidor pachequero es no haber actuado presuntamente contra una balsa ilegal en el paraje de La Maraña, «contruida sin ningún tipo de licencia y al margen de la más elemental legalidad, propiedad de un conocido suyo».

Tras comprobar supuestamente esos extremos y consciente, según el fiscal, de que si mandaba a un inspector iba a abrir un acta de infracción, García Madrid habría decidido «no adoptar medida alguna para restaurar la legalidad infringida». A día de hoy, señala el acusador público, la balsa sigue sin licencia ni expediente sancionador.

Una cédula de habitabilidad

Otro presunto delito habría consistido en pedir al arquitecto técnico Cabrera que emitiera informe favorable a la concesión de la cédula de habitabilidad para una vivienda de la calle Olivar, pese a que el alcalde «era sabedor de que tenía deficiencias y anomalías y de que había informes municipales negativos».

Retirada de una multa

También se le atribuye al alcalde haber llamado al jefe de la Policía Local de Torre Pacheco, José Mercader, para pedirle que le quitara una multa de 1.500 euros a un conductor, cuñado de un amigo de García Madrid, que había sido sorprendido sin seguro y sin pasar la ITV. Aunque se le mantuvo la multa de 100 euros por la ITV, se le retiró, según el fiscal, la más grave, de 1.500 euros, por llevar casi un año sin seguro.

En total, tres cargos de prevaricación, dos de fraude y otro de tráfico de influencias para García Madrid.

El «caso de la pagamenta»

Los hechos imputados a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, se resumen en haber recibido presuntamente un sobre con 12.000 euros en billetes de 50, que el empresario Facundo Armero le habría enviado en las manos de su chófer. El fiscal considera que ese pago había sido «acordado como contrapartida por la intervención (de la alcaldesa) en la adjudicación de contratos a Armero para, al menos, agilizar su tramitación».

En el momento de la entrega, en mayo de 2007, el constructor tenía en marcha en la localidad las obras del centro de salud de Balsapintada, el plan parcial industrial Los Garcerán, el colegio público San Pedro y el acondicionamiento de la Plaza del Agua, además de una serie de contratos menores.

El juicio por «Camelot» podría celebrarse antes de fin de año.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Canilla Albaida (Andalucía)?

El exalcalde de Canillas de Albaida Antonio Gregorio Díaz Navas (PP) ha sido condenado a ocho años de inhabilitación y una multa por un delito de prevaricación al haber concedido en 2007 una licencia de obra para construir una vivienda en suelo no urbanizable pese a contar con los informes jurídicos y técnicos desfavorables. El que fuera regidor del municipio entre 1995 y 2001 aceptó en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga la pena que la Fiscalía le pedía por unos hechos por los que también ha sido condenado el promotor de la vivienda a seis meses de prisión suspendida y una multa.

La vivienda de dos plantas y 204 metros cuadrados fue construida en el paraje conocido como El Mosquín en el citado municipio, donde el promotor había segregado varias parcelas en suelo no urbanizable. Al parecer, fue la mujer de éste quien solicitó al Ayuntamiento de Canillas de Albaida la licencia municipal de obra para una vivienda y un almacén vinculado a una explotación agrícola que en realidad no existía.

Según se consideró probado en el juicio, el ex alcalde popular concedió la licencia al promotor mediante decreto el 30 de abril de 2007, a pesar de contar con todos los informes jurídicos y técnicos en contra y una vez que ya había empezado la obra.

Al parecer, el Ayuntamiento llegó a abrir un expediente de disciplina urbanística porque la obra se hizo sin la revisión técnica de un arquitecto y sin justificar el uso de la primera planta como almacén agrícola tal y como constaba en la licencia. Pero las mismas fuentes aseguraron que no se impuso ninguna sanción ni se paralizó la obra por ello.

El chalet fue vendido a un ciudadano extranjero en junio de 2007 por unos 300.000 euros y aún no ha sido registrado por no tener licencia de primera ocupación. El juez ha ordenado la nulidad de la licencia de obras y ha ordenado la demolición de la vivienda, aunque ha suspendido su ejecución durante el plazo de dos años por se puede legalizar por la vía administrativa al estar previsto calificar como suelo urbanizable los terrenos donde se ubica. En el caso de que finalmente sea demolida, la sentencia recoge que el promotor deberá indemnizar a su propietario por los daños y perjuicios ocasionados.

El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga también impuso al ex alcalde de este municipio de la Axarquía en 2010 una condena de 15 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y siete años de inhabilitación para cargos públicos porque en 2006 dio una licencia de obras a un ciudadano británico sabiendo que pretendía edificar una casa en un suelo rústico y sin contar con los informes técnicos preceptivos.

En octubre de 2009, la juez Pilar de Lara Cifuentes ordenaba la detención de más de veinte personas a las que se sumaron muchas más conforme pasaron los meses. Investigaba su relación con una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo desde hacía tiempo, y en la que resultaron salpicados no sólo los proxenetas sino miembros de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local o responsables de Extranjería. Era el comienzo de la trama de los burdeles que dió lugar a la «Operación Carioca».

Cerca de un centenar de abogados personados en la causa tenían a su disposición un disco duro con más de 60 GB de información, 161 tomos y 75.700 folios que dan cuenta de la magnitud de la operación. Alguno de los letrados que ha tenido acceso al sumario cree que es una de las causas más extensas de Galicia y no dudan en compararla con macro operaciones a nivel nacional como el caso «Malaya» (Málaga).

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Casalrreina (La Rioja)?

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a dos años de cárcel a Buenaventura Gómez, ex alcalde de Casalarreina por el PP y más tarde concejal independiente y del PR, por un delito de malversación de caudales públicos. De este modo, anula la sentencia dictada el 20 de mayo del pasado año por la Audiencia Provincial de Logroño, que absolvía del mismo delito al ex regidor de este municipio riojano.

El Alto Tribunal, que para dictar el fallo ha tenido en cuenta la atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebidas, ha condenado además al ex primer edil a cuatro años de inhabilitación absoluta y al pago de 4.508,76 euros, en concepto de responsabilidad civil. Para los magistrados de la Sala ha quedado probado que Buenaventura Gómez, siendo primer edil ‘popular’ y dado que el Consistorio no llevaba la contabilidad de la forma legalmente establecida, creó una caja con dinero en efectivo que guardaba en su despacho. En ella, ingresaba cantidades de particulares y establecimientos para las fiestas y otras que procedían de la cuenta corriente municipal.

El fallo judicial del Supremo, al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, detalla que aunque inicialmente el dinero estaba destinado a pagar los gastos de los actos festivos, posteriormente, el entonces alcalde dispuso de parte del dinero para sufragar sus propios gastos de desplazamiento y dietas. Todos ellos eran anotados manualmente por el acusado en hojas sueltas y, sin que fueran ni selladas ni firmadas, las guardaba en la caja de seguridad.

Respecto a las dietas por desplazamiento, la sentencia revela que Buenaventura Gómez, en un momento determinado, comenzó a cobrar el kilómetro a 35 pesetas, cuando, según la legislación vigente, debía percibir 22. Además, «no justificaba por completo los viajes ni las facturas cobradas». De esta forma, entre 1990 y 1995, el procesado percibió de los fondos públicos de la Corporación 2.278.802 pesetas, 621.714 de ellas a través de mandamientos de pago presupuestados y 1.675.091 mediante disposiciones de caja en efectivo.

De la no aplicación de los límites legales por dietas, de la inclusión de manutención, de kilometraje excesivo, de comisiones por servicios no acreditados y de conceptos no indemnizables, el acusado, al parecer, cobró de los fondos públicos 988.125 pesetas. El 16 de septiembre del 2002, el Tribunal de Cuentas fijó como cantidades cobradas indebidamente por parte de Buenaventura Gómez 1.492,99 euros, más 534,22 por intereses legales. Cuantía que el procesado reembolsó antes de la apertura del juicio oral, en mayo del pasado año.

Precisamente, para el Supremo pese a la devolución del dinero, no se puede considerar la atenuante de reparación del daño, puesto que «no se trata de un acto realizado de forma voluntaria para reconciliarse con el orden jurídico», sino de una obligación impuesta por el Tribunal de Cuentas. Gómez fue denunciado en su día por el propio gobierno municipal, entonces presidido por Antonio Vozmediano (PP).

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Castor (Comunidad de Madrid)?

El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, que investiga el caso del proyecto Castor, ha decidido ampliar las imputaciones, que pasan de 18 a 20. En concreto, ha citado como nuevos investigados a un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se desencadenaron los temblores, y a Carlos Barat, el director general de la empresa Escal UGS. Esta compañía se encargaba de este proyecto de almacén submarino, que a finales de 2013 causó medio millar de pequeños terremotos y tuvo que ser paralizado.

A Ángel Muñoz, que era subdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y ahora está en el área de Protección de la Costa del ministerio, y a Barat los cita el titular del juzgado a declarar para los próximos días 30 y 31 de mayo. El almacén de gas está paralizado desde que se detectó la cadena de temblores. Actualmente, está en situación de hibernación. Escal UGS (controlada en un 66,7 % por ACS) recibió una compensación de 1.350 millones de euros cuando tuvo que parar, a los que recientemente se ha sumado el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria de otros 295 millones. El contrato de este almacén submarino, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tenía una cláusula por la que si la obra se paralizaba, la promotora tenía derecho a que el Estado le devolviera la inversión.

Tramitación

La imputación de estas dos personas es la consecuencia de la petición que ha realizado el Ministerio Fiscal. En esta instrucción se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación de Castor. Además de los nuevos imputados, el instructor cita a 13 testigos y a cinco peritos.



Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón. Fue durante esa última fase —al aumentar la presión de la inyección— cuando se registró la cadena de temblores.

Las diligencias por el caso Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas «causa compleja» por el número de investigados. Al entrar dentro de esta categoría, se amplía el plazo de instrucción de seis a 18 meses.

En este caso están imputados cargos de la Administración, los responsables de la promotora y técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME), que participaron en la fase de evaluación de este proyecto. El titular del juzgado de Vinaròs culpa a todos los investigados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental.

La factura del fiasco del almacén de gas Castor, que permanece paralizado después de causar medio millar de pequeños seísmos, ronda ya los 1.700 millones de euros, el cálculo que hace más de dos años ofreció el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. A los 1.350 millones que el Gobierno ya pagó a los promotores como «valor neto de la inversión» cuando se decidió la hibernación del almacén por los terremotos desencadenados, el departamento de Soria ha añadido otros 295,6 millones, según ha adelantado este jueves elconfidencial.com y han confirmado a El País fuentes de la empresa promotora del almacén. Esa cantidad se corresponde a los «derechos retributivos» por los dos años y tres meses en los que este almacén estuvo operando, aunque fuese en fase de pruebas. (El País).

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Castis (Canarias)?

Año 2015: La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado de forma definitiva la causa contra la senadora palmera María de Haro por la operación Catis, una trama dedicada a falsificar diplomas y titulos oficiales, y por la que fue imputada en 2010.

Como se recordará el Tribunal Supremo determinó en auto con fecha de 12 de enero de este año, a la vista de la instrucción enviada por el Juzgado de Cádiz, que no encontraba indicios o principios de prueba que justificaran su imputación por lo que decidía no asumir la competencia de su investigación y ahora con fecha de 3 de marzo ha vuelto a ratificar dicho auto que supone el archivo definitivo de su imputación.

«Notificado al Ministerio Fiscal y demás partes el auto de esta Sala de fecha de 12 de enero pasado y no habiéndose interpuesto recurso alguno contra el mismo dentro del plazo establecido, se declara firme», indica la resolución del alto tribunal que ya ha sido notificada a las partes.

La dirigente popular fue imputada en 2010 en el caso de la red de titulaciones sanitarias falsificadas, como antigua directora de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, una causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal, por la presunta comisión de un delito continuado de estafa y falsedad documental, en la que también se imputó a Inmaculada Acosta, que también ocupó la Dirección de Essscan.

Durante la fase de instrucción María de Haro, que ya había sido oída en declaración, adquirió la condición de senadora, concretamente en fecha 13 de noviembre de 2012. En consecuencia, la jueza del citado juzgado gaditano consideró que, al haberse producido un aforamiento sobrevenido a la comisión de los hechos y al inicio de la instrucción de la causa, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era la competente en este asunto.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Cebra (Galicia)?

La juez Pilar de Lara, que la semana pasada sacó a la luz una nueva investigación, la Operación Cebra, al ordenar a Aduanas el registro de varias casas propiedad de la familia de José Ramón Nené Barral, exalcalde popular de Ribadumia (Pontevedra), imputa al político los presuntos delitos de blanqueo y contrabando. La magistrada había citado para prestar declaración esta mañana tanto a Barral como a una de sus hijas, a un socio de este en Extremadura y al abogado que defendió al exregidor durante su reciente juicio por dos delitos fiscales en Pontevedra. Sin embargo, solo el letrado, investigado también por supuesto blanqueo, contestó a las preguntas de la magistrada, titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Nené Barral, su hija y su socio de fuera de Galicia se acogieron al derecho a no declarar.

El sumario de la Cebra, de momento bajo secreto, recoge, además de abundante documentación, pinchazos telefónicos que supuestamente incriminan a Barral en presuntas operaciones de contrabando de tabaco y lavado del dinero procedente de tales negocios clandestinos en el mercado internacional. Una de las hijas del exalcalde de Ribadumia, mentor político de Rafael Louzán, exbarón popular de Pontevedra, también está siendo investigada por los mismos supuestos delitos, blanqueo y contrabando, mientras que el socio extremeño, cuya vivienda también fue registrada por Aduanas la semana pasada, lo está por el segundo de ellos.

Los agentes entraron también en busca de documentación en el despacho en A Coruña del abogado, en la residencia habitual de Barral en Vilanova de Arousa, en su pazo de Portas y en la casa en Ribadumia de la hija investigada, las tres en la provincia de Pontevedra. En el juicio por delitos fiscales del pasado mayo, Barral logró exculpar a sus hijas y evitó la pena de prisión, reducida de los ocho años iniciales a uno solo, con el pago de más de 700.000 euros. Todavía no ha sido juzgado por otro caso de 2001, en el que fue imputado por los supuestos delitos de contrabando, cohecho y revelación de secretos oficiales. Entonces era alcalde, pero el escándalo precipitó la caída del hombre que cosechó cuatro mayorías absolutas para el Partido Popular en Ribadumia.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Ceivam (Galicia)?

La Audiencia provincial acaba de dar vía libre definitiva para sentar en el banquillo de los acusados al exdelegado de la Xunta Rogelio Martínez, por un delito de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental a la hora de gestionar fondos europeos durante su etapa como alcalde de Arnoia, cuando ostentaba la presidencia del grupo de acción local Ceivam. Junto al político del PP figuran como imputadas otras 10 personas: Pablo Fernández Loureiro (responsable administrativo y financiero de Ceivam), Juan Emilio Aparicio Estévez (gerente de Ceivam), Gumersindo Alvarez Martínez (representante legal de Covelo SL) y Gumersindo Alvarez Rodríguez (representante de Actuar S.L.), el ingeniero Miguel Reza, Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Veira, Ramón Souto, Adrián Souto y María del Carmen Gallego. Los cinco últimos comparecen por supuestas irregularidades en el dinero obtenido a través de Ceivam para distintos talleres artesanales para la elaboración de cerámica, forjas, pan, madera y orfebrería. Según el juzgado instructor, cobraron dinero público para unas obras que no se ejecutaron conforme a los proyectos presentados.

Los hechos que serán enjuciados por la sección segunda de la Audiencia se remontan a finales de 1999. En ese momento, el empresario Gumersindo Álvarez Rodríguez, en calidad de administrador de Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia S.L. (Actuar), pidió a Ceivam una subvención para construir una planta de biomasa en Arnoia, con proyecto de Miguel Reza, con cargo a un programa sufragado con fondos de la UE (Leader II). Álvarez presentaba un presupuesto de algo menos de 80.000 euros —13 millones de pesetas— y solicitaba una subvención por la mitad. Los trabajos y la maquinaria necesaria para la planta fueron certificados por el director de la obra, indica la acusación popular, ejercida por la Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSdeG local.

Pero la obra y la adquisición de maquinaria, según se recoge en el escrito de calificación, nunca llegó a realizarse tal cual el proyecto. En vez de una planta de biomasa — alega— se edificó un galpón en un monte que el Concello de Arnoia había adquirido poco antes a tal efecto, y cuya reforma fue encargada a la firma Covelo SL Proyectos y Contratas, propiedad de Álvarez Martínez. Por su parte, Rogelio Martínez, entonces alcalde, certificó los proyectos y el pago de las subvenciones.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Cementerio (Comunidad de Madrid)?

Ustedes el partido del caso Cendán (Galicia)

Por engordar el censo de modo ilegal con fines electorales, el ex-alcalde de Ares, José Manuel Cendán, ha sido condenado a cinco años de inhabilitación, además de a pagar multas y las costas del proceso. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol considera probado que el exregidor cometió un delito electoral. Concretamente, incrementó el censo poco antes de las elecciones municipales de 2003, con el fin de garantizar resultados favorables a su partido. El político, que actualmente ejerce como portavoz del PP en la oposición aresana, llegó a censar a 31 personas en su propia casa. En total, en marzo de 2003 aparecieron en Ares de repente 73 nuevos vecinos. Ahora se demuestra que sólo se inscribieron para garantizar más papeletas en las elecciones.

La sentencia también condena a la excompañera sentimental de Cendán y entonces secretaria personal en la Alcaldía, Montserrat Rodríguez, a un año de privación del derecho de sufragio pasivo. Montserrat también censó en su casa a otras 13 personas. Las condenas a los dos acusados superan incluso las penas solicitadas por la Fiscalía. La acusación pública pedía para Cendán tres años de inhabilitación, pero la jueza lo condena a un total de cinco por lo que tendría que dejar momentáneamente la política. En el juicio celebrado en el mes de diciembre, Cendán alegó que «todo se debe a una manipulación política». Pero algunos de los censados en 2003 llegaron a votar en aquellas municipales, para después darse de baja. Así lo reconocieron como testigos en el juicio.

Ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol, el ex-regidor había admitido que «conozco posibles irregularidades porque hubo muchas altas, pero yo nunca di de alta a nadie en el patrón». En el piso de Montserrat Rodríguez llegaron a censarse sus padres, sus dos hermanos, una cuñada, una amiga que «quería escolarizar a su hija en Ares», la abuela de esta amiga, otro compañero que buscaba trabajo... y así hasta 13 personas. Por cierto, Cendán ganó esas elecciones y gobernó hasta 2007.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Centeno (Castilla y León)?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comenzará a instruir el caso del viaje a Japón protagonizado por el alcalde de Olmedo y parlamentario regional del Partido Popular, Alfonso Centeno.

El Tribunal ha nombrado a un magistrado instructor, César Balmori, para investigar si el viaje fue pagado por el político popular o por la empresa Isolux-Corsán. Los presuntos delitos que se se investigarán son prevaricación y cohecho.

El nombre de Alfonso Centeno figura el el sumario de los presuntos sobornos del «Caso Adif», que nació en Barcelona por los sobrecostes millonarios en las obras del AVE, adjudicadas a la constructora.

El viaje cuestionado fue realizado por Alfonso Centeno y su esposa a Japón por un coste de 11.500 euros en agosto de 2007.

La investigación desde el TSJCYL se realiza por la condición de aforado de Alfonso Centeno, que ahora tendrá el privilegio atribuido a los procuradores de Castilla y León .

El pasado mes de febrero el alcalde de Olmedo aseguró que el viaje a Tokio lo había pagado con su dinero, una versión que choca con la información contenida en el sumario del «caso Adif».

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Chocrón (Melilla)?

La juez Olga Reverte, instructora del «caso César» que investiga un presunto fraude multimillonario en las obras del AVE en la Región, estrechó ayer el lazo contra las ocho constructoras a las que se encomendó abrir la línea de alta velocidad entre Crevillent y Murcia. Si el pasado noviembre ya las señaló como supuestas partícipes a título lucrativo de esa malversación, lo que llevó a meterlas en el proceso, en previsión de que tuvieran que correr en un futuro con las posibles responsabilidades civiles y subsidiarias del asunto, ahora acaba de dictar un auto por el que las eleva a la condición de «posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental».

Formalmente, estas compañías —varias de las cuales figuran entre las más relevantes del país— pasan a estar investigadas como aparentes partícipes de la multimillonaria defraudación, lo que equivale a encontrarse imputadas como personas jurídicas (a partir de la última reforma legal, esta condición no es exclusiva de las personas físicas y se puede extender, como aquí ha ocurrido, a las mercantiles).

Las compañías directamente señaladas por el dedo acusador de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia son Acciona Infraestructuras SA y Construcciones Villegas, cuya UTE resultó adjudicataria de las obras del tramo Crevillent-San Isidro; Dragados SA, Construcciones Hormigones Martínez SA y Tecsa (UTE responsable del tramo San Isidro-Orihuela), Sacyr SAU y Neopul Sociedad de Estudios o Construcciones SA (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida), y Constructora San José, como beneficiaria del contrato de la línea de alta velocidad entre Colada de la Buena Vida y Murcia. Todas estas obras se adjudicaron por el ente público Adif entre los años 2008 y 2010.

Aunque fuentes próximas a la investigación indican que el volumen total del fraude en este tramo del AVE podría superar ampliamente los 60 millones de euros, en el caso concreto de estas ocho constructoras el montante presuntamente malversado podría rondar los 7,3 millones, según el análisis realizado por peritos sobre la documentación aportada por estas empresas y Adif (Administradora de Infraestructuras Ferroviarias). Esa cantidad constituye la diferencia existente entre lo que las ocho constructoras facturaron a Adif y los costes reales que han podido demostrar sobre las obras.

La juez Reverte destaca particularmente el caso de la Constructora San José, pues el desvío entre los costes demostrados (9.498.289 euros) y la cantidad facturada (12.875.503 euros) es nada menos que de 3,3 millones. Tampoco es anecdótica la diferencia entre los dos conceptos en el caso de Sacyr SAU y Neopul Sociedad de Estudios o Construcciones SA (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida), pues se eleva a casi tres millones.

Menores desvíos se producen en las facturaciones realizadas por Dragados SA, Construcciones Hormigones Martínez SA y Tecsa (UTE del tramo San Isidro-Orihuela), con 730.385 euros, y por Acciona Infraestructuras SA y Construcciones Villegas (UTE del tramo Crevillent-San Isidro), con 219.838 euros.

La instructora deja además constancia en su resolución de que si esas cantidades se enfrentan además a la facturación que realizó la empresa subcontratista Obras Marimar, y que fue la que sirvió para que a su vez las constructoras cargaran los gastos a Adif, las desviaciones llegan, en algunos casos, al 57 %. Y las cantidades globales presuntamente malversadas superan con mucho los 22 millones de euros.

Para más «inri», la documentación oficial examinada por los peritos desvela que los trabajos de reposición de infraestructuras hidráulicas en la Vega Baja del Segura —como acequias y azarbes—, que son los que en buena medida soportaron el multimillonario fraude, «no estaban acabados en el momento en que se expidieron las correspondientes actas de finalización de los trabajos o, en el caso de la UTE San Isidro-Orihuela, en el momento en que se firmó el acta de conformidad».

Por todas estas razones, la instructora ve justificado elevar los cargos contra las constructoras, que ya están formalmente señaladas por presuntos delitos de estafa y falsedad.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Colmenar Viejo I y II (Comunidad de Madrid)?

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por gran parte de la actual corporación municipal del PP de Colmenar Viejo (localidad de 47.000 habitantes de la sierra madrileña) y ha dado por finalizada la instrucción que sienta en el banquillo al alcalde Miguel Ángel Santamaría Novoa y a cinco de sus concejales. En un auto fechado el 12 de septiembre, la sección cuarta de la Audiencia Provincial da la razón al juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo y a la Fiscalía y procesará a doce cargos públicos de este municipio por prevaricación urbanística continuada. Santamaría se convierte así en el primer alcalde madrileño del PP que será juzgado desde que Cristina Cifuentes dirige la gestora del PP de Madrid, que ha impuesto un código ético para sus miembros. La Fiscalía pide para él 3,6 años de prisión.

También solicita entre dos y 3,6 años de prisión para cinco de los ocho actuales concejales del municipio: Ana Belén Colmenarejo Collado (edil de Deportes, Sanidad y Medio Ambiente), César de la Serna Moscol (edil de Turismo), Carlos Blázquez Rodríguez (edil de Obras, Contratación y Transparencia), Jorge García Díaz (primer teniente de alcalde) y Juan José Serrano Cadahía (Seguridad y Transportes). También están procesados el ex alcalde José María de Federico Corral y los ex concejales Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán y Pablo Colmenarejo Cobeña, también del PP. Todos tienen además cargos orgánicos en el PP de Colmenar Viejo. Santamaría es el presidente, y el resto de ediles ocupan la secretaría general, el área financiera, las jefaturas de afiliación, formación, comunicación, tesorería y coordinador electoral. Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

16 licencias en contra de los informes jurídicos

La Fiscalía ya ha acreditado «indiciariamente los hechos objeto de instrucción, consistentes en el otorgamiento por los acusados de 16 licencias urbanísticas pese a claros informes técnicos y jurídicos desfavorables, por vulneración de la normativa urbanística aplicable». Ahora, en su auto la Audiencia destaca que «el hecho de que los informes técnicos sean preceptivos y no vinculantes no implica que éstos deban ser ignorados, sino tomados en cuenta, ya sea para actuar de conformidad o para separarse de éstos en forma razonada o justificada al margen de que se explicite o no en el acuerdo y eso es lo que en este caso se cuestiona por las acusaciones, que tal actuación pueda ser amparada por el principio de discrecionalidad, por la sistemática atribuida a los investigados en cuanto a que por unanimidad, posiblemente sin deliberación, adoptan acuerdos contrarios a las normas administrativas y criterios técnicos sin aparente justificación y sin imponer de forma efectiva las sanciones que en su caso pudieran ser imponibles, sólo en una minoría de los casos, causando un perjuicio consistente en la ignorancia de la regulación urbanística y en la falta de persecución de las infracciones».

La Fiscalía, por su parte, aseguraba que «los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso, según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación». La Fiscalía relata además que la instrucción del caso ha demostrado que «el concejal de Urbanismo valoraba las infracciones como “chorradas”».

La Audiencia destaca que «en este caso la acción penal se basa en una actuación reiterada de concesión de licencias sin adoptar después medidas efectivas para que aquellos vicios o defectos fueran reparados, y por tanto el delito se justifica por la actuación de espaldas a la normativa urbanística, lo cual es un juicio que no corresponde realizar en este momento procesal».

La Fiscalía también ha abierto diligencias contra el ayuntamiento para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado), en una finca que presuntamente no tiene licencia en Colmenar, enlace que además ofició el propio Santamaría.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido a los juzgados una denuncia contra 8 miembros de la anterior Corporación municipal de Colmenar Viejo y dos técnicos, acusándoles de prevaricación por «dejar de ejercer funciones públicas» para «favorecer a determinados arquitectos que han estado desarrollando encargos municipales en dicho municipio» entre 2006 y 2014, según reza el documento, al que ha accedido este periódico.

Los denunciados, para los que la Fiscalía solicitó su declaración en calidad de «investigados» (la nueva denominación para los antiguos imputados), son los dos anteriores alcaldes de la localidad, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico, la segunda teniente de alcalde, Antonia García, y dos concejales electos actuales: César de la Serna y Ana Belén Colmenarejo, todo ellos del Partido Popular. La declaraciones de siete de ellos se produjeron esta misma semana. Santamaría no ha sido notificado aún, según el Ayuntamiento.

Varios de ellos, singularmente los dos ex alcaldes, se hallan ya procesados por prevaricación urbanística en otro proceso que se halla actualmente a la espera de juicio. Santamaría tuvo que dimitir y dejar el cargo de alcalde y también el de asesor del Centro de Asuntos Taurinos, institución dependiente de la Comunidad de Madrid, a raíz de estos hechos. En dicho procedimiento se ha procesado por prevaricación nada menos que a las dos anteriores corporaciones municipales de Colmenar Viejo.

La denuncia actual, validada y enviada al juez por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, proviene de una arquitecta municipal y se refiere a varias actuaciones del Ayuntamiento contra los informes técnicos en algunos casos, y dejando de ejercer sus potestades sancionadoras en otros, a sabiendas de la ilicitud de sus actos.

En varios casos, la denunciante hizo mención expresa de las irregularidades a la segunda teniente de alcalde, Antonia García, sin que el Consistorio operara para ejercer su potestad sancionadora. Por ejemplo, en una de las obras referidas, según consta en la denuncia de Fiscalía, se validó una obra en una vivienda que superaba las alturas permitidas por la ley, con el informe desfavorable de los técnicos. En otra se permitió que una fachada de una casa fuera reformada en ladrillo y no en piedra, desoyendo de nuevo las denuncias verbales de los técnicos. Así hasta en siete ocasiones, asegura la denunciante, y siempre para favorecer a arquitectos con trabajo habitual en la zona de Colmenar.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Comfort Letter (Castilla y León)?

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha decidido abrir juicio oral al ex alcalde de esa ciudad Javier León de la Riva por la supuesta autoría de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, cometidos al firmar tres cartas de conformidad sin seguir el procedimiento establecido. Las cartas de conformidad estaban vinculadas con el aval de préstamos concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para el soterramiento del ferrocarril.

La resolución del Juzgado explica que, de las actuaciones practicadas en la instrucción del caso, se desprende «indiciaria o provisionalmente» que en noviembre de 2002 el Ayuntamiento de Valladolid, entre otras entidades, firmó un convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid. Se constituyó entonces la Sociedad Alta Velocidad 2003, S.A., participada por los firmantes del acuerdo, entre ellos el consistorio en el 25 %. Fue el 28 de julio de 2008 cuando el entonces regidor firmó, en el seno de dicha Sociedad, una carta de conformidad que avalaba un préstamo concedido a la Sociedad Alta Velocidad 2003 de 200 millones de euros, en relación con la primera operación de financiación de obras de soterramiento del tren de alta velocidad.

La firma se llevó a cabo «sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite», considera el auto. Argumenta el texto judicial que se firmó «sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León».

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2010, Javier León de la Riva firmó una nueva carta de conformidad que avalaba un préstamo de 70 millones de euros concedido a la Sociedad Alta Velocidad 2003 S.A., consecuencia de la refinanciación de la anterior operación. Se firmó sin someterla a las autorizaciones correspondientes de los distintos órganos, precisa.

Estos documentos contenían «extremos no reales, faltaban a la verdad en la narración de los hechos y suponían la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción y unos acuerdos y autorizaciones que no se habían producido, causando además un resultado materialmente injusto», considera el auto.

Más tarde, dicha Sociedad firmó el 14 de febrero de 2011 un contrato de línea de crédito con varias entidades bancarias por un importe máximo de cuatrocientos millones de euros. Al contrato precedió, por exigencia de las entidades financieras, la firma de una carta de compromiso o conformidad y, en el caso del Ayuntamiento, el entonces alcalde firmó «con pleno conocimiento de lo que hacía y la trascendencia que tenía», una carta de conformidad con fecha 26 de enero de 2011, como garantía del préstamo y con un contenido «de suma trascendencia» para el consistorio. De nuevo la firma se llevó a cabo sin el «oportuno procedimiento administrativo», afirma el auto, que precisa que Blanco y Sánchez también eran miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 y «tenían conocimiento» de las garantías que las entidades bancarias exigían y de la suscripción de las sucesivas cartas de compromiso.

Fue el 25 de agosto de 2016 cuando el pleno del consistorio declaró la nulidad de pleno derecho de la Carta de conformidad firmada el 26 de enero de 2011 por León de la Riva y, después, el consistorio conoció otras dos primeras cartas de conformidad.

Así las cosas y conforme el Auto, queda acreditado que León de la Riva, siendo alcalde, firmó tres cartas de conformidad, en el marco de la operación de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid, sin tramitar ningún procedimiento ni obtener ningún informe ni autorización y que lo hizo a sabiendas de la ilegalidad de su actuación. La primera, el 28 de julio de 2008 que avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. La segunda el 24 de septiembre de 2010 que avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros y la tercera carta, el 14 de febrero de 2011 que avaló un crédito de 400 millones de euros.

El juzgado concede un plazo de diez días al Ministerio Fiscal, para solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Conde Roa (Galicia)?

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la condena al exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa por fraude fiscal de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas, pero ha rebajado la pena a 18 meses de prisión, seis menos que los impuestos por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, que el acusado recurrió. El fallo de la Audiencia reitera los argumentos jurídicos que sustentaron la condena en primera instancia al exregidor del PP, pero añade que «la actitud postdelictual de colaboración del acusado y de la sociedad [la inmobiliaria Geslander, promotora de las viviendas cuyo IVA no fue ingresado en Hacienda tras cobrárselo a los compradores] justifican la reducción de la duración impuesta a las penas de prisión e inhabilitación». El tribunal resalta que esa colaboración del condenado permitió incluso «cuantificar la deuda [con la Agencia Tributaria] en una suma superior a la inicialmente detectada».

La denuncia de la fiscalía por el fraude de IVA que la Agencia Tributaria atribuyó a Conde Roa precipitó su caída política y su dimisión dos semanas después de que El País revelase el escándalo. El 15 de abril de 2012, presentó su renuncia y fue sustituido por Ángel Currás, el hombre elegido por el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, para el puesto. Currás no se libró de los escándalos, en su caso por la llamada Operación Pokémon, y también fue forzado a dimitir el pasado junio para ceder el bastón de mando al actual alcalde, Agustín Hernández. El fraude del IVA no es la única causa en la que está implicado Conde Roa, a quien la justicia investiga además en el mismo sumario de la Operación Pokémon, una trama organizada para adjudicar contratos a cambio de mordidas a políticos y funcionarios en la que están implicados varios Ayuntamientos e instituciones públicas.

El fallo de la Audiencia Provincial señala que Conde Roa decidió de forma «voluntaria» no declarar el IVA de las viviendas vendidas y rechaza que esa conducta se debiera a un mal asesoramiento, como argumentaba su defensa. Los tres magistrados que suscriben la sentencia explican que el asesor fiscal del exalcalde informó «por escrito al acusado de la cantidad a la que ascendía la deuda por IVA» y le advirtió «verbalmente» sobre «las alternativas que existían para cumplir con Hacienda». «Para cualquier operador en el ámbito mercantil y tributario, como lo era el acusado, es nítido y evidente el mandato de presentar declaración», argumenta la sentencia, que recuerda la experiencia empresarial y la condición de abogado de Conde Roa. Y añade que el exregidor utilizó los fondos de la sociedad inmobiliaria para «atender sus necesidades personales». Fuentes de la defensa de Conde Roa anunciaron a Europa Press su intención de recurrir la condena ante el Tribunal Constitucional.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Coristanco (Galicia)?

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carballo mantiene la imputación para el exalcalde de Coristanco Antonio Pensado Plágaro y los gestores de Construcciones Martínez e Hijos, S.?L. y Gesmaga, S.?L. (Grupo Maracaná), los hermanos Francisco Javier, José Manuel y Juan Martínez Pena. A los cuatro los investiga por supuesta prevaricación continuada, tráfico de influencias y fraude. Al exmandatario le suma además un posible delito de falsedad documental. El instructor ha separado las diligencias penales, abiertas en el 2013, en cuatro bloques.

La primera pieza hace referencia a la construcción de dos plantas de compostaje y de tratamiento de lodos. Fidel Miramontes, representado por Pedro Luis Fernández Pombo, se querelló contra el entonces regidor, que desencadenó este litigio, había solicitado el 30 de agosto del 2012 licencia para hacer una nave en Costa Redonda (Xaviña). Trece días después el grupo Maracaná presentó un proyecto para una actividad similar en A Furoca (San Paio). Según recoge el auto, los propietarios de Gesmaga desarrollaron una «estrecha relación personal» con el entonces regidor, que los llevaría «a mantener numerosas reuniones y a moverse libremente por las oficinas municipales, llegando a usar los ordenadores públicos».

Según el informe judicial, «los acusados, los hermanos Martínez Pena se concertaron con Pensado Plágaro para impedir que el proyecto de Miramontes llegara a buen fin y en cambio tuviese éxito el proyecto del grupo Maracaná», obteniendo licencia provisional de obra y actividad el 11 de junio de 2013, mientras que la iniciativa de Miramontes «sigue a día de hoy paralizada y sin resolución».

Otra pieza de este procedimiento es la que hace referencia a la contratación de obra pública por parte del Concello entre el 2009 y el 2013. En concreto, 30 obras adjudicadas a Maracaná por importe de 2.368.234 euros. Los expedientes y la declaración de la secretaria municipal, Carmen Seoane Bouzas, «evidencian notorias irregularidades». Según el auto, «los instructores de dichos proyectos eran directamente elegidos por el entonces alcalde» a través de contratos negociados sin publicidad, «convirtiéndose en una vía para garantizar la adjudicación de los contratos a la empresa Martínez e Hijos. También se adjudicarían numerosas obras a través de contratos menores, de los que una parte importante no constarían en los registros contables del Ayuntamiento.

También se instruye dentro de esta causa un depósito de materiales y residuos en una finca de Traba, que según el auto, a través de un informe efectuado por el Seprona, el entonces regidor daría permiso a Construcciones Martínez e Hijos, S.L. para que la empresa realizara labores de triturado de material almacenado en esa finca de forma temporal, lo que, a juicio del instructor, se trata de una «resolución patentemente contraria a derecho» que supuso, entre otras, cuestiones, una multa a la empresa por importe de 15.000 euros.

Por todos estos hechos, el juzgado que instruye el procedimiento desde hace cuatro años entiende que debe mantener la acusación sobre el exalcalde, así como de los tres gestores del grupo empresarial coristanqués.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Cs de Cádiz (Andalucía)?

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos ha citado al edil y senador del PP Sebastián Ruiz para que, «en condición de aforado», acuda el día 24 en relación al caso que investiga por presunto enchufismo en el Ayuntamiento de la localidad de 25 familiares y personas afines a miembros del equipo de gobierno de PP y Alternativa Independiente Progresista (Aipro).

En una providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que la Fiscalía presentó un escrito el pasado 10 de marzo en el que interesaba citar a Sebastián Ruiz para informarle del contenido de la querella presentada contra él, otros siete concejales y el alcalde de la localidad, José Luis Núñez (PP), por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Indica la providencia que, al constar la condición de aforado de Ruiz como senador, no se le cita en calidad de imputado, lo que correspondería en su caso al Tribunal Supremo (TS). En consecuencia, se le cita «en condición de aforado» para que acuda al juzgado si desea estar informado del contenido de la querella, de lo acontecido a lo largo de la instrucción y de los derechos que le asisten.

Cabe recordar que la querella fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014 y ratificada en diciembre, y expone que «desde el mismo momento de su toma de posesión», los querellados habrían venido ordenando, «a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011». Sostiene la querella que el concierto de los contratos de trabajo se ha realizado «con olvido del procedimiento legalmente establecido».

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Cuevas del Concejo (Comunidad de Madrid)?

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex alcalde del municipio Baltasar Santos (PP) y la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el llamado caso de las Cuevas del Concejo.

El juez ha fijado para Santos y Hermida una fianza de 1,5 millones, que tendrán que depositar un día después de ser notificados «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele» y, en caso de no presentarla, les serán embargados bienes suficientes para hacer frente a la cantidad.

Las Cuevas del Concejo son una construcción realizada bajo el casco histórico del municipio que «no contaba ni con proyecto técnico ni presupuesto» y que, según valoró en su día la acusación, habrían supuesto «un desfalco a las arcas municipales de cerca de 30 millones de euros», según han explicado a Efe fuentes municipales.

En el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de Navalcarnero declara como órgano competente para la presente causa al Juzgado de lo Penal de Móstoles correspondiente, señalando la fecha para el juicio el próximo 27 de febrero a las 10.00 horas.

En el auto de calificación del delito, el Ministerio Fiscal solicita para ambos acusados sendas penas de «nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público», después de una denuncia interpuesta por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Navalcarnero en febrero de 2011. Tras la entrada del PSOE en el nuevo Gobierno municipal, en coalición con Cambiemos y un concejal independiente, y tras ser aprobado por el Pleno, el Ayuntamiento tomó el relevo como acusación particular, solicitando también nueve años de inhabilitación por cada uno de los delitos continuados de prevaricación.

Esta nueva fianza contra el ex alcalde Baltasar Santos se suma a la conocida la pasada semana en la que el Tribunal de Cuentas solicitó al ex regidor, a cuatro concejales de su Gobierno, a un antiguo técnico municipal, entre otros, que depositaran más de 10 millones de euros por diversas irregularidades en su gestión. El Tribunal de Cuentas dio un plazo de 10 días a Baltasar Santos y al resto de los acusados para depositar de forma solidaria esta cantidad ante un posible delito de alcance por responsabilidad contable —entre ellos el caso del polideportivo de La Estación y de pagos no justificados a la concesionaria de la Plaza de Toros.

El exalcalde y varios de sus ex concejales se enfrentan también a otras dos imputaciones a la espera de apertura de juicio oral: la del mencionado polideportivo; y otra sobre pagos millonarios realizados por el Ayuntamiento mediante Decretos de Alcaldía, con informes contrarios de la Intervención Municipal. Santos fue apartado como candidato del PP en las últimas elecciones municipales de 2015 por la entonces presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, al estar imputado en estas tres causas por su gestión en el municipio y tras 20 años al frente del Ayuntamiento de Navalcarnero.

El exregidor, que ha dejado el municipio como uno de los más endeudados de la Comunidad de Madrid, fundó un nuevo partido con el que presentarse a las elecciones municipales de 2015 y logró dos actas de concejal, aunque los socialistas consiguieron arrebatarle la Alcaldía tras un acuerdo con Cambiemos y un independiente.

Desde entonces el actual regidor, José Luis Adell (PSOE), se ha visto obligado a presentar un severo plan de ajuste municipal y otro de viabilidad para reducir la enorme deuda dejada por el exalcalde, quien acabó renunciando al acta de concejal en octubre de 2015, además de poner en marcha una Comisión de Investigación.

Como resultado de las investigaciones abiertas por esta comisión están en marcha nuevas querellas cuyo objetivo fundamental es «recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales y que el actual ejecutivo cifra en cerca de 700 millones de euros», según fuentes municipales.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Cursach (Baleares)?

Anulación de un proyecto urbanístico nacido en Las Navas del Marqués (Ávila), que pretendía construir en un terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, una urbanización de lujo. Se incluían 1600 viviendas de lujo, dos hoteles y un campo de golf.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de la Ciudad del Golf (Castilla y León)?

Corrupción urbanística desatada en Burgos a partir de la manipulación por parte del constructor, Antonio Méndez Pozo, a altos cargos del Ayuntamiento para la concesión ilegal e injusta de obras y demás servicios a su favor.

Condenados a 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Burgos, José María Peña. 7 años de prisión, 3 meses de arresto por desacato y 8 años de inhabilitación para el constructor y principal imputado, Méndez Pozo. 3 años de suspensión para el ex secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso de la Construcción (Castilla y León)?

Corrupción urbanística desatada en Burgos a partir de la manipulación por parte del constructor, Antonio Méndez Pozo, a altos cargos del Ayuntamiento para la concesión ilegal e injusta de obras y demás servicios a su favor.

Condenados a 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Burgos, José María Peña. 7 años de prisión, 3 meses de arresto por desacato y 8 años de inhabilitación para el constructor y principal imputado, Méndez Pozo. 3 años de suspensión para el ex secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Santos (Baleares)?

Año 2009: El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, Juan Catany, condenó hoy al ex-regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital balear, Javier Rodrigo de Santos, a 12 años de prisión por sendos delitos de abuso sexual a dos menores y a 1 año y 6 meses por otro delito contra la salud pública. El exregidor del PP quedó absuelto del delito de corrupción de menores, por el que la Fiscalía solicitaba para él una pena de nueves meses de prisión.

Así consta en la sentencia emitida hoy por el juez, en la que se han tenido en cuenta la circunstancias atenuantes analógicas de drogadicción en el delito de abuso sexual y de embriaguez y drogadicción en el delito contra la salud pública, a pesar de que la Fiscalía retiró la atenuante de drogadicción.



El escrito del juez supone una rebaja de 10 años y seis meses en relación a los 24 años que solicitaba el fiscal José Díaz Cappa, quien consideraba que De Santos incurrió en cuatro delitos de abuso sexual (19 años y nueve meses de prisión), uno de corrupción de menores (nueve meses de cárcel) y otro contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (tres años y medio de privación de libertad y multa de 120 euros).

En el fallo de la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación en el plazo de cinco días, también se le condena a una multa de 5.790 euros por los dos delitos de abusos sexuales y a otra de 10.950 euros por un delito contra la salud pública.

Asimismo, el juez prohíbe al exregidor «popular» a que se aproxime a menos de 500 metros, en cualquier lugar y situación en la que se encuentren, o a su domicilio, a los dos niños de los que abusó sexualmente, así como a sus familiares por un plazo de tres años, una vez cumpla su pena de 12 años de cárcel por sendos delitos.

Concretamente, el juez impone a De Santos una pena de siete años de prisión, al quedar probado que cometió un delito de abusos sexuales, con «acceso carnal por la vía anal», con un menor de 14 años, mientras que le impone otra pena de 5 años de privación de libertad por la conducta abusiva consistente en «practicar una felación a un adolescente de 16 años».

Por otra parte, le impone una pena de prisión de un año y seis meses por un delito contra la salud pública, después de que comprara hachís y se lo ofreciera a uno de los menores, minutos antes de que le pagara una prostituta para que perdiera la virginidad en el interior de un coche, mientras el exregidor observaba la escena.

Los dos menores de los que abusó De Santos eran amigos de sus hijos, debido a que se habían conocido en las ceremonias de la Comunidad Neocatecumenal a las que era un asiduo el exregidor. Así, ambos hermanos se quedaron de manera habitual a dormir en el domicilio de De Santos, aprovechando éste sus estancias para abusar sexualmente de ellos.

Así, en varias ocasiones y durante el año 2007, según el escrito judicial, el exregidor acudía de madrugada al dormitorio en el que se encontraban los menores, a uno de los cuales, de 16 años, llegó a realizar una felación, mientras que con el otro, de 14 años, mantuvo relaciones sexuales completas.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del Lino (Castilla La Mancha)?

En 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de la Depuradora de Húmera (Comunidad de Madrid)?

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha estado en los dos últimos días tomando declaración en calidad de investigados no detenidos a la alcaldesa popular de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, y a ocho concejales y exconcejales del PP de este municipio del este de la Comunidad de Madrid por los vertidos tóxicos que una depuradora municipal, la del barrio de Húmera, lleva soltando durante años al arroyo Antequina, que a su vez desemboca en el río Guadarrama tras cruzar la Casa de Campo. Todo parte de la denuncia de un vecino de la localidad, que consiguió que el juzgado número 1 de Pozuelo abriera diligencias el verano pasado.

Por las dependencias de la Guardia Civil han pasado todos los cargos públicos que han gestionado el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo y los tenientes de alcalde de los que dependía esa área. Susana Pérez Quislant no ha declarado en calidad de regidora, sino precisamente como exteniente de alcalde. Junto a ella han testificado tres de sus actuales ediles: Eduardo Oria, Mónica García y Pablo Gil. También el exalcalde Gonzalo Aguado (hasta hace poco alto cargo de la Comunidad de Madrid) y los exediles Mariano Pérez-Hickman, José Antonio Sáenz (imputado en el caso Gürtel), Félix Alba y Diego Lozano.

La depuradora data de 1997 y fue reformada en 2006 por el entonces alcalde Jesús Sepúlveda, uno de los principales investigados del caso Gürtel. El problema, según la denuncia vecinal, a la que se sumó el partido Somos Pozuelo, es que la instalación está colmatada y la rehabilitación que se hizo hace más de una década no contó con el informe preceptivo de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid ni con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). De hecho, la CHT ha impuesto en los últimos tres años, desde abril de 2015, seis sanciones al ayuntamiento por incumplimiento en la autorización de vertidos y daños al dominio público que suman 30.000 euros. Somos Pozuelo asegura que son muchas más desde el año 2005.

De momento, la Guardia Civil ha llamado a declarar a todos los concejales que tuvieron responsabilidad sobre la gestión de la depuradora desde que se aprobaron las obras de reforma en 2005. El pasado 29 de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al juzgado que se citara como investigados a todos aquellos cargos públicos y funcionarios que la Guardia Civil identifique como «responsables del continuado vertido contaminante». También ha pedido a la CHT que emita un informe valorando el daño medioambiental causado.

«El de la depuradora de Húmera es otro caso paradigmático de ocultación y posible delito que afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente», explica Pablo Perpinyà, portavoz de Somos Pozuelo. «Fueron los vecinos los que hicieron saltar todas las alarmas ante el mal funcionamiento de unas instalaciones a todas luces insuficientes para la gestión de las aguas residuales de Húmera. A poco que investigamos, descubrimos que había serios indicios de ilegalidad en la depuradora, y que durante muchos años los gobiernos del PP no han hecho nada».

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Despacho Montoro (Comunidad de Madrid)?

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La querella se refiere a la presunta adjudicación a dedo en 2012 al citado despacho de un contrato de 91.000 euros saltándose la Ley de Contratos del Estado. El caso fue destapado por EL PAÍS el 16 de marzo de 2015.

La admisión a trámite ha trascendido este martes pero es efectiva desde el pasado 25 de abril, día en que se presentó la querella, lo que supone que ya están bajo investigación los siete incluidos en la querella, entre los que se encuentra un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras Manuel Teruel.

También figuran Ricardo Martínez Rico, que en la citada época fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria; y Francisco de Asís, director del gabinete del ministro.

Equipo Económico es una consultora fundada en 2006 por el ministro Cristóbal Montoro junto a sus hombres de confianza en el Gobierno. La firma fue creada dos años después de que José María Aznar perdiera las elecciones. Montoro dejó después el despacho y volvió a la política para formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde la oposición se denunció que este era un caso típico de puerta giratoria, en el que un alto cargo pasa de la política a la actividad privada y luego vuelve a ella.

Anticorrupción, en una querella de la fiscal Carmen García, señala que los hechos pueden constituir prevaricación por no haberse sacado a concurso esa adjudicación. Además, el dinero procede de subvenciones estatales y europeas y excede del límite de 12.000 euros máximo para la adjudicación directa en las administraciones públicas.

La admisión a trámite se conoce el mismo día en que todos los grupos parlamentarios de la oposición, a la espera de la decisión final del PNV, apoyará este martes en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la ‘amnistía fiscal’ de 2012 que ha sido declarada inconstitucional.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de El Roblecillo (Región de Murcia)?

En octubre de 2014, más de 30 personas fueron imputadas, entre ellas el alcalde del citado municipio, Fernando Aranda, así como el que fuera concejal de Urbanismo del municipio, Amador López, actualmente secretario general de la consejería de Fomento y Obras Públicas de Murcia, y el subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Ródenas por un presunto delito de prevaricación urbanística en la recalificación de una finca denominada «El Roblecillo».

El caso se encontraba bajo secreto de sumario desde junio de 2013, cuando la Guardia Civil registró el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y se incautó de numerosa documentación relacionada con la construcción de 8000 viviendas y un campo de golf en un paraje protegido a las afueras de la localidad.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Emvicesa (Ceuta)?

Presuntamente, se adjudicaron 317 viviendas de protección oficial de forma ilegal. Se cobraba una media de 12000 euros en mano para conseguir ser adjudicatario de una de esas viviendas saltándose todos los trámites debidos en estos casos. El principal imputado es el Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA) Antonio López, perteneciente al Partido Popular. Fue detenido e ingresó en prisión hace poco más de un año. Hace escasas semanas se le puso en libertad con cargos tras abonar una fianza de más de 300.000 euros.

Un resumen a lo que ha dado de sí la noticia más importante del 2017: el Caso Emvicesa, con Antonio López como protagonista.

Tras la «lista fantasma» que salió a la luz en 2015, el 15 de febrero de 2017 comenzaban las detenciones.

El 14 de febrero estalló la noticia más importante del año. Una información que ha derivado en muchas páginas del conocido como «Caso Loma Colmenar» o «Caso Emvicesa» tras cerca de dos años de investigaciones diversas llevadas en el más estricto secreto.

Una información con un protagonista principal y que, al finalizar el año (y a pesar de las múltiples peticiones de libertad por parte de su defensa), sería el único en continuar en prisión. Entre rejas tras ser detenido por agentes de la UDYCO en Ceuta desplazados hasta su casa de Marbella y apoyados por componentes del GRECO-Madrid ese 14 de febrero.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Eólica Valladolid (Castilla y León)?

Semanas después de que el popular Juan Vicente Herrera anunciara que no repetirá como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en esa comunidad. Ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos.

La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos).

Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de EOLO (Canarias)?

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, ha notificado el auto de apertura de juicio oral contra los imputados por el conocido como caso Eólico, la trama surgida al amparo de la concesión de parques eólicos durante el mandato de Luis Soria, hermano del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, cuando éste era consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en la legislatura anterior.

Finalmente, el juez imputa al ex director general de Industria, Celso Perdomo, delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos. A su pareja, Mónica Quintana, le imputa violación de secretos y malversación. El funcionario de Industria Honorato López está imputado por un delito continuado de cohecho. Los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel deberán afrontar imputaciones por cohecho. Los señalados deberán afrontar fianzas de entre 200.000 y 400.000 euros y siguen en libertad provisional con obligación de presentarse ante los juzgados dos veces al mes.

Se considera probado que, antes de que la convocatoria fuese pública, Celso Perdomo, desde su despacho oficial, con ayuda del funcionario Honorato López, envió información privilegiada sobre el concurso eólico a varias sociedades privadas concretas, información por la que recibió pagos millonarios. Tras saltar el escándalo, el Gobierno canario cesó a Perdomo, suspendió el concurso eólico y convocó uno nuevo.

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Faycán (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Fernández de la Cueva (Castilla La Mancha)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Fitonovo (Nacional)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Fundación Cela (Galicia)?

Ustedes el partido de Funeraria (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Góndola (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Gondomar (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Góngora (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Guateque (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Guerra 21 (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Gürtel (Nacional)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Horas Extras (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Hoyo de Manzanares (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Hügel (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Ibatur (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Jadraque (Castilla La Mancha)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de La Fabriquilla (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de la Línea (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de La Sal (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Lasarte (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Lezo (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Líber (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Lifebloog (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Los Bonales (Castilla La Mancha)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Maldonado (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Mar Menor Golf Resort (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Marchelo (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Màster (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Matinsreg (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Medina del Campo (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Mercadillos (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Mecamadrid (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Mijas (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Monroy (Extremadura)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Nazarí (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Nelson Santos (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Novo Cathago (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Olula del Río (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Ópera (Melilla)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de ORA (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Otura (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Over Marketing (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Palas de Rei (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Palma Arena (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Pardellas (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Parking Las Calcosas (Canaries)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Parcs Eòlics (Canaries)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Pasarelas (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Patos (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Perla Negra (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Piscina (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Pokémon (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Polideportivo Estación (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Poniente (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Ponteceso (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Porto (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de alcazareño (Castilla La Mancha)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Valga (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Puerta de Hierro (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Pujalte (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de la Púnica (Nacional)?



¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Rasputín (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Rato (Fraude Fiscal-Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de los Rescates Bancarios (Nacional)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Rosinos (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Salmón (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Samaniego (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de San Antonio (País Vasco)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de San Javier (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Santa Brígida (Canarias)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Scala/Cola Cao (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Serrallo (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de los sobresueldos (PP-PSOE en Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Son Espases (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Subastas (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido del caso Teatro (Comunidad de Madrid)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Teatro de Cehegín (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Torre Pacheco (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Tosca (Melilla)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Tótem (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Trama Solar (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Troya (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Túnel de Sóller (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Turisme Jove (Baleares)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Umbra (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Uniformes (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Valley (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Vertedero (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Vícar (Andalucía)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Vilariño (Galicia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Zamora (Castilla y León)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido de Zerrichera (Región de Murcia)?

¿Cómo podemos votar a favor de unos presupuestos que ha elaborado el partido Zeta (Galicia)?

QUINTO:

VETO TAL Y COMO SE ARGUMENTÓ EN EL CONGRESO:

INTRODUCCIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se han recortado las condiciones laborales de los trabajadores, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.

Estos presupuestos no serán útiles a la creación de empleo y el crecimiento, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se perdió la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No servirán para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. No servirán para crear empleo estable y de calidad. No servirán para corregir el aumento imparable de la desigualdad que han provocado las políticas que emanan de los anteriores. Solo servirán para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.

Estos presupuestos siguen la senda marcada por los anteriores, legislar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2018, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros, y aprobados por el Pleno del Congreso en el mes de diciembre, establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,2 % del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 0,7 %; la Seguridad Social del 1,4 %; las Comunidades Autónomas del 0,4 %; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, excluyendo a la Seguridad Social, nuevamente, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit (casi el 65 %), dejando únicamente el 35 % del déficit a las CCAA y nada para la administración más próxima, los ayuntamientos.

Con este déficit del 35 % para las autonomías y el 0 % para las corporaciones locales, se consolidan los cambios legislativos hechos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un marketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa.

Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.), que fueron gobernadas en su mayor parte por El partido corrupto que ha elaborado estos presupuestos en la anterior legislatura y han sido los gobiernos municipales del cambio los que han reducido significativamente esta deuda (Madrid, Barcelona, Valencia…). Ciudades donde se practicaba, como vemos cada día en las noticias, el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas y que ahora con los nuevos gobiernos se gobierna con transparencia y con rigor.

Perspectiva de Género

Avanzar en unos PGE implica evaluar las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres tienen en la sociedad y tomarlos en cuenta a la hora de diseñar los programas presupuestarios para garantizar un acceso equitativo a los bienes y servicios públicos.

Significa también reconocer que dichas diferencias generan desigualdades entre hombres y mujeres, siendo necesario identificar en los programas presupuestarios medidas destinadas a compensarlas hasta eliminarlas. Finalmente avanzar hacia unos PGE igualitarios implica adicionalmente el reconocimiento de que la reproducción y sostenibilidad de la vida y el logro del bienestar es un fin que requiere de diferentes contribuciones, en las que se incluye tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. Dichas contribuciones en la actualidad están desproporcionalmente repartidas, siendo la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado asumida por las mujeres en el interior de los hogares. Por ello, el presupuesto debe contribuir a la reorganización de este trabajo promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el Sector privado, la Comunidad y los hogares en la reproducción y sostenimiento de las condiciones de vida, y en todos estos ámbitos, promover igualmente un reparto más equitativo entre hombres y mujeres. A pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujera la obligación legal de que los presupuestos públicos vayan acompañados de un informe de impacto de género, la triste realidad es que este análisis no suele pasar de un sucinto texto que enumera las políticas encaminadas a evitar la discriminación de género para el año correspondiente.

Por todo ello y teniendo en cuenta las conclusiones de la Jornada que tuvo lugar en el Congreso en abril de 2017 «Análisis de la propuesta de los PGE con perspectiva de género», es necesario recopilar los datos desglosados por género en la ejecución de cada materia presupuestaria, concretando en cifras y analizando la cuantía en euros de los programas presupuestados. Es importante no olvidar ninguna de estas partidas, tal y como ha ocurrido en 2017; en concreto con la partida de gastos en materia educativa y en seguridad social, que lamentablemente ha ignorado así la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.

Para lograr un presupuesto con perspectiva de género, consideramos oportuno, apostar por la formación del personal técnico y político de los ministerios dado que son la piedra angular para poder avanzar. En este sentido volcamos nuestra crítica en que la partida presupuestaria para formación y perfeccionamiento del personal se mantiene prácticamente intacta para cada uno de los ministerios con respecto a años anteriores.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Unas previsiones sesgadas

En cuanto al presupuesto de ingresos, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 vuelve a mostrar un sesgo claramente optimista en relación a la previsión de recaudación tributaria.

Las perspectivas de crecimiento de los ingresos tributarios se sitúan en el 8,3 % respecto al año anterior. Este dato contrasta con la previsible disminución del ritmo de crecimiento de la economía española. Del 3,1 % de crecimiento del PIB en 2017 se prevé pasar un crecimiento de un 2,7 % según el propio gobierno.

La recaudación total de ingresos tributarios en 2018 se cifra en 210.015 millones de euros. Esto implica un aumento de 12.000 millones en la recaudación respecto al año 2017.

Teniendo en cuenta la elasticidad de los Ingresos Totales Devengados respecto a la tasa de crecimiento del PIB que se sitúa en un 5,6 no es creíble que el crecimiento de los ingresos tributarios se sitúe en el nivel que prevé el gobierno.

Esta sesgada previsión de ingresos se fundamenta en un crecimiento de los impuestos indirectos de un 10,7 %, mientras que los directos se incrementan un 6,3 %. Estos datos, especialmente la evolución de la recaudación por impuestos indirectos, contrastan con el cuadro macroeconómico que ha dispuesto el gobierno. El Gasto en consumo final nacional pasará de un crecimiento del 2,2 % en el 2017 a un crecimiento del 1,8 %. Así como también contrastan las previsiones del gobierno con la tasa de variación de la Formación Bruta de Capital que se reduce en un punto porcentual.

Eliminando la progresividad del sistema fiscal

El sistema tributario está avanzando hacia la progresiva eliminación de la progresividad fiscal y, por ende, a la vulneración del artículo 31.1 de la CE en un doble aspecto: la consolidación del mayor peso relativo de los impuestos indirectos sobre los directos y la disminución de la aportación a la recaudación de las rentas de capital.

En el PGE de 2018 la relación entre impuesto indirectos y directos se sitúa en niveles cercanos al 70 %. Niveles próximos a los PGE de 2016.



Recaudación Neta a 31/12/201X Impuestos Directos Impuestos Indirectos I/D
2011 51.091.256 33.490.361 65,55 %
2012 49.433.351 22.293.459 45,10 %
2013 58.705.500 34.350.252 58,51 %
2014 61.636.175 36.495.538 59,21 %
2015 61.323.138 42.024.588 68,53 %
2016 59.507.019 41.616.068 69,93 %
2017 63.445.000 40.148.000 63,28 %
2018 68.528.000 47.191.000 68,86 %

Tabla 1. Recaudación neta a 31/12/201X por impuestos directos e indirectos y la ratio entre ambos. Elaboración propia con datos AEAT.

Si analizamos las figuras tributarias en relación a si gravan rentas del trabajo o del capital, observamos que la previsión en los PGE de 2018 confirman la tendencia que se inició hace una década: el aumento del peso relativa en la estructura tributaria española del IRPF y del IVA.

Estos dos últimos impuestos han pasado de representar el 59,1 % de la recaudación en 2007 a representar el 73,2 % en 2018.

Gráfico 1. Estructura tributaria de España 2007-2008. Elaboración propia a partir de AEAT.

Por el contrario, el Impuesto de Sociedades ha retrocedido su contribución en aproximadamente la mitad; pasando de un 22,3 % en 2007 a un 11,6 % en 2018. Su aportación en términos absolutos está en aproximadamente la mitad que en 2007 (unos 20.000 millones menos).

La evolución del Impuesto de Sociedades, contrasta con la recuperación del Excedente Bruto Empresarial a niveles previos a las crisis. De hecho, la previsión de la evolución del EBE para 2018 es dos puntos superior al 2007 y aun así la aportación de este tributo está en mínimos históricos.

La aportación fiscal ha pasado de representar un 10 % del EBE en 2007 a un 4,3 % en 2017.

Los PGE 2017 y el electoralismo fiscal

El Partido Popular ha decidido utilizar las figuras tributarias de nuestro país para hacer electoralismo. Sólo en 2016, los cambios normativos introducidos por el PP desde 2015 supusieron una reducción de la recaudación de 4.152 millones de euros por parte del IRPF y de 1.920 millones de euros por el Impuesto de Sociedades.

Si el gobierno presidido por Mariano Rajoy no hubiese generado un agujero de 6.072 millones en las arcas públicas con la reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades, los recortes que el PP concedió a la Comisión Europea se hubieran cubierto.

Además, la AEAT ha reconocido que en el 2017 se acumuló un nuevo coste de más de 2.900 millones en el Impuesto de Sociedades gracias al RD 2/2016

Impacto en la recaudación de los cambios normativos (2015-2016) Cuantía (miles de €)
IRPF (RDL 9/2015) -4.487.000
Impuesto de Sociedades (RD 643/2015) -1.920.000
Impuesto de Sociedades (RD 2/2016) -2.900.000

Tabla 2. Impacto en la recaudación de los cambios normativos sobre IRPF y IS en 2016/17. Elaboración propia con datos AEAT.

Con base en todas estas cifras podemos afirmar que no tenemos un Gobierno responsable en materia impositiva, sino que el gabinete de Rajoy ha utilizado y utiliza las reformas tributarias como un cebo electoral. Y desde Compromís censuramos su nefasta gestión.

Recaudar como un país desarrollado

Necesitamos acercarnos a Europa en términos de recaudación con base en impuestos y cotizaciones sociales. En 2018 la previsión de recaudación de impuestos en porcentaje del PIB se sitúa en un 38 % del PIB. Mientras a nivel de gasto público en término de PIB nos situamos en aproximadamente en un 40 %. La previsión que maneja el gobierno para los próximos años es la convergencia de ambos agregados para situarlos en torno al 38 % del PB. Es decir, reducir el nivel de gasto público respecto al PIB.

Gráfico 2. Evolución de los Ingresos y Gastos del conjunto de AAPP. PGE 2018.

Esta orientación de la política económica del Partido Popular, si la comparamos con el resto de la UE-15 y con las urgencias en materia de empleo y desigualdad económica en nuestro país, perfilan la asunción de un Estado del Bienestar de carácter asistencialista y «low cost». Así pues, el gasto en Sanidad está 1.1 puntos por debajo de la media europea, la educación 0.6 puntos, la protección social 1.6 puntos y el gasto en pensiones un 1.6 también menos.

Además, la orientación económica liberal de situar al Estado del Bienestar en su mínima expresión tiene un efecto económico muy importante. Los niveles de inversión público se sitúan en mínimos históricos (el 1,9 %). Este hecho, nos aleja cada vez más de los estándares europeos y agrava las disfuncionalidades estructurales de nuestra economía: paro estructural, baja productividad, crecimiento potencial de nuestra economía, etc.

Esta orientación de la política económica tiene su explicación, además de en el escaso alcance de nuestro gasto público en términos de PIB, en la distancia en materia de recaudación tributaria si lo comparamos con la UE-15. Así pues, como se observa en el gráfico, España tiene una recaudación menos a países como Gracia, Hungría o Eslovenia. Es evidente que estas diferencias responden a prioridades políticas y no a variables objetivas y objetivables. Que España se encuentre en la cola en materia de recaudación tributaria es una decisión política.

Gráfico 3. Recaudación por impuestos y cotizaciones sociales. Elaboración propia a partir de Eurostat.

En definitiva, para salir de la crisis es necesario que abordemos en este país una reforma fiscal ambiciosa que acabe con la brecha impositiva y cumpla con los principios de capacidad económica y de progresividad, consagrados en el artículo 31 de la Constitución. Es necesario revertir la deriva hacia la imposición indirecta que este Gobierno ha llevado a cabo durante todas sus legislaturas y llevar nuestro sistema fiscal hacia la progresividad y la justicia fiscal.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección 01. Casa de S.M. el Rey

La asignación que recibe anualmente la Casa del Rey aumentará en 2018 un 0,87 %, al pasar de los 7.818.890 euros del pasado ejercicio a 7.887.150 euros. La subida de la asignación presupuestaria viene después de una subida del 0,56 por ciento en 2017, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esto contrasta con la política de recortes sociales y el ridículo aumento de las pensiones para las personas jubiladas.

Según establece la Constitución en su artículo 65.1, el rey Felipe VI «distribuye libremente», a su criterio, esa asignación. Él decide, pues, su sueldo y el de la familia real —compuesta actualmente por el Rey, la reina Letizia y los Reyes eméritos (Juan Carlos y Sofía), la princesa Leonor y la infanta Sofía—, así como la distribución del resto del dinero.

Ahora, pues, la Casa del Rey dispondrá cómo va a gastar los ocho millones de euros de 2018. En 2017, el 48 % se destinó a gastos de personal, el 37 % a gastos corrientes en bienes y servicios, el 8,6 % a la familia real, el 5,8 % a inversiones y el 0,8 % fue al fondo de contingencia. En concreto, Felipe VI percibió 239.908 euros en 2017 y doña Letizia recibió 131.400 euros. En el caso del Rey emérito la cuantía fue de 191.124 euros y a doña  Sofía le correspondieron 107.520 euros. Esto choca abruptamente con nuestro salario mínimo interprofesional (que roza escasamente los 700 €). En definitiva, estamos manteniendo una institución que vive muy por encima de las posibilidades de un país que tiene graves problemas de igualdad.

Secciones 03 a 05. Altas instituciones del Estado

Entendemos, como principio general, que la situación económica exige una contención del gasto no sólo en la Administración General sino también en ciertos organismos independientes del Estado en los que existe margen para el ahorro.

Sección 03. Tribunal de Cuentas

El Capítulo Gastos de Personal, aumenta a 57.072.300€, cantidad hasta cierto punto asumible dado que las funciones del Tribunal de Cuentas, por su propia naturaleza fiscalizadora, requieren esencialmente del despliegue de abundantes recursos humanos. Sin embargo, entendemos que podría recortarse fácilmente en el epígrafe de Altos cargos, que supone nada menos que 1.500.980 €, así como en el epígrafe Personal eventual, al que se dedican 1.369.860 €.

Sección 04. Tribunal Constitucional

Recibe un total de 23.866.870 €, cantidad globalmente aceptable dada la gran relevancia social de las funciones que realiza, pero que podría recortarse en el epígrafe de Material, Suministros y otros, que supone 3.855.540 €, y en el epígrafe 6, Inversiones reales, donde se aplican 566.000 €.

Sección 05. Consejo de Estado

Su presupuesto global es de 11.388.650 €, muy abultado puesto que se trata de un organismo consultivo que gasta casi 1 millón de euros al mes.

Deberían minorarse las partidas de Personal, que asciende a 8.985.240 €, especialmente en Incentivos al rendimiento, que suponen 1.202.620 €; y en Material, suministros y otros, que asciende a 1.233.230 €.

Sección 06. Deuda Pública

Los PGE 2018 prevén una caída de 7.217 millones de euros en los créditos presupuestados para el pago de la Deuda Pública favorecido por la política monetaria del Banco Central Europeo y la relajación por parte de las autoridades europeas en la senda de reducción de déficit público. Sin embargo, los créditos destinados a la función 95. Deuda Pública no han disminuido a niveles anteriores a 2015, pese a las continuas promesas del gobierno del Partido Popular acerca de disminuir la deuda pública.

Tabla 3. Créditos iniciales y ejecutados de la función 95. Deuda Pública. Fuente: IGAE - Extracto de ejecución del Presupuesto. AGE 2010-2017

De hecho, la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas no ha hecho más que aumentar desde 2010, lo que evidencia que las políticas de recortes y austericidas del Partido Popular únicamente han servido para empeorar las condiciones de vida de la ciudadanía. A 31 de diciembre de 2017, la deuda pública por AAPP ascendía a 1.144.298 millones de euros.



Tabla 4. Deuda pública según PDE por AAPP. Millones de €. Banco de España.

Además, las políticas del PP han conseguido un efecto perverso: la carga de la deuda pública y la austeridad presupuestaria irracional que ha abanderado el Ministerio de Hacienda no se ha hecho caer sobre las administraciones por ellos gobernadas, ni tampoco se ha repartido equitativamente en función del peso de las AAPP en la economía, sino que se ha cargado sobre las instituciones que el PP ha dejado de gobernar.

Especialmente grave es el reparto arbitrario de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Déficit y deuda aprobados a instancias del ministerio dirigido por Cristóbal Montoro.

Respecto al reparto de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Déficit, año tras año el PP ha propuesto —y aprobado con el apoyo de C’s— unos OPE-Déficit distribuidos arbitrariamente, en los que el ajuste que se han visto obligadas a realizar las CC. AA. y las CCLL —sometidas a un régimen de equilibrio presupuestario impuesto por la LOEPSF— ha sido mucho mayor al que le hubiese tocado con un reparto de objetivos con criterios objetivos —por ejemplo, según el peso de las AAPP en el PIB—.

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Déficit 2015 2016 2017 2018 2019
Administración Central -2,9 -2,2 -1,1 -0,7 -0,3
CC. AA. -0,7 -0,7 -0,3 -0,4 -0,1
Corporaciones Locales 0 0 0 0 0
AA de la SS -0,6 -1,7 -1,4 -1,1 -0,9

Tabla 5. OEP-Déficit aprobados 2015-2019. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Déficit reparto justo 2015 2016 2017 2018 2019
Administración Central -1,0 -1,1 -0,6 -0,5 -0,3
CC. AA. -1,3 -1,5 -0,9 -0,7 -0,4
Corporaciones Locales -1,4 -1,6 -1,0 -0,7 -0,4
AA de la SS -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1

Tabla 6. OEP-Déficit repartidos con criterio de peso sobre el PIB. Elaboración propia.

La misma situación ocurre con el reparto de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Deuda.



Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Deuda. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Administración Central y SS 76,3 72 72 70,8 69,5 67,6
CC. AA. 21,5 24,4 24,1 24,1 23,3 22,4
Corporaciones Locales 3,9 3 2,9 2,7 2,6 2,5

Tabla 7. OEP-Deuda aprobados 2015-2020. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Deuda reparto justo 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Administración Central y SS 32,9 34,4 34,7 35,6 37,0 38,95
CC. AA. 32,5 31,8 31,7 31,2 30,5 29,6
Corporaciones Locales 34,6 33,8 33,7 33,2 32,4 31,45

Tabla 8. OEP-Deuda repartidos con criterio de peso sobre el PIB. Elaboración propia.

Asimismo, durante la etapa en que el PP gobernó la mayor parte de Comunidades Autónomas (2011-2015), la deuda de estas administraciones se disparó: un 80,47 % en el caso de las CC. AA. y el ajuste de las Corporaciones Locales fue del 4,53 %.

En 2015, la pérdida por parte del PP de la mayor parte del poder autonómico y local coincidió con la rigidez presupuestaria impuesta por Hacienda y con una mejora sustancial de la gestión en CC. AA. y CCLL, fruto de lo cual el incremento de deuda de las CC. AA. únicamente fue el 9,34 % y las CCLL se vieron forzadas a reducir hasta un 17,62 % su deuda entre 2015 y 2017. En el mismo periodo, la deuda de la Seguridad Social se disparó (+59,37 %) por las nefastas consecuencias de la política económica y la reforma laboral del Partido Popular.



Gráfico 4. Incremento Deuda Pública según PDE 2011-2015 por AAPP. Banco de España. Gráfico 5. Incremento Deuda Pública según PDE 2015-2017 por AAPP. Banco de España.

Además, el PP no solo ha cargado sobre las AAPP que no gobierna el coste de su política económica austericida, sino que en todas las instituciones en las que ha formado gobierno son las que más incremento de deuda han experimentado.

En cuanto a las CC. AA., las gobernadas por el PP en el periodo 2011-2014 vieron su deuda viva aumentada un 90,46 % frente al 63,11 % de aumento de la deuda viva de las administraciones autonómicas en su conjunto. La llegada del cambio político en la mayor parte de las CC. AA. en 2015, ha evidenciado este hecho, ya que en el periodo 2014-2017 las CC. AA. gobernadas por el PP aumentaron su deuda viva en un 25,27 %, frente al 18,99 % que lo hicieron las autonomías gobernadas por otras fuerzas.

Particularmente flagrantes son los datos que arroja el análisis de la deuda viva de las CCLL, que han soportado sobre sus presupuestos el ajuste más agresivo impuesto por el Partido Popular. Con la llegada del cambio a los ayuntamientos en 2015, la arbitrariedad y la mala gestión del Partido Popular se ha hecho evidente: la reducción de la deuda viva de los ayuntamientos en el periodo 2014-2016 ha sido del 18,70 %; una reducción con la que han cargado los ayuntamientos formados por ejecutivos de partidos distintos al PP (-23,20 %), ya que los ejecutivos locales del Partido Popular no sólo no han reducido su deuda sino que la han aumentado en un 3,88 %.

Gráfico 4. Evolución de la Deuda Viva de las CCLL 2014-2016. IGAE.

Caso paradigmático es el ayuntamiento de Jaén, gobernado en el periodo 2011-2015 por el actual Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, todavía en manos del PP y que ha visto más que cuadriplicada en el periodo 2010-2016, pasando de 92.979 millones de € a 31 de diciembre de 2010 a 435.198 millones a finales de 2016.

En resumen, el Partido Popular ha resultado un pésimo gestor para la Hacienda Pública del conjunto de Administraciones Públicas. No sólo ha distribuido arbitrariamente la carga de sus políticas austericidas, sino que además ha continuado aumentando la deuda pública.

Sección 12. Asuntos Exteriores y Cooperación

Los PGE 2018 asignan un 3,9 % más al Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación si atendemos al Presupuesto Consolidado (58 millones de euros más). No obstante este dato continúa siendo menos de la mitad de lo presupuestado en 2009, cuando la cifra superaba los 3.500 millones de euros. Todo ello a pesar de las actuales crisis humanitarias como la guerra de Siria o el drama del Mediterráneo, que en 2017, por cuarto año consecutivo, acabó con la vida de más de 3.000 personas.

Por líneas de actuación, Acción Exterior —que se enmarca en Política Exterior— sigue siendo la partida más cuantiosa mientras que el conjunto dedicado a la Cooperación Internacional suma 679 millones de euros. El incremento, sin embargo, nos parece insuficiente sobre todo si tenemos en cuenta que esta partida debe sufragar los gastos derivados del V Plan Director de la Cooperación Española, destinado al periodo 2018-2021, que el reprobado ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, presentó el mes pasado.

En lo que respecta a los PGE de este año, lamentamos volver a ver cómo el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), un opaco y polémico instrumento para canalizar los créditos y ayudas a empresas de países en vías de desarrollo, vuelve a contar con un presupuesto de 199 millones de euros pese a que el Tribunal de Cuentas ya instó al Gobierno, en 2016, a prohibir por ley este tipo de fondos tras detectar irregularidades, así como a mejorar el sistema de seguimiento para garantizar el destino de los fondos y los proyectos que financian.

En las transferencias corrientes bajan las destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro: 500.000 euros en Acción del Estado en el exterior, y hasta 24 millones de euros en Cooperación al Desarrollo. El mayor varapalo en lo que respecta al Presupuesto de Asuntos Exteriores se encuentra en el reparto regionalizado que en el País Valencià reduce el coste total del periodo 2018-2021 a la mitad (de 300.000 a 150.000 euros). A pesar de que la proyección de los PGE 2017 preveía 50.000 euros para 2018, el proyecto de Presupuestos de este año deja la partida vacía y aplaza la inversión a 2019, 2020 y 2021.

En lo que respecta al desglose específico destaca el crecimiento en 1.100.000 euros (un 366 %) la partida para la Fundación Centro Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico, una fundación de la que es director general el hermano de la ministra de Defensa, M.ª Dolores de Cospedal, y de la que no se conocen bien sus funciones.

Resulta también desconcertante que se destinen fondos, por ejemplo, a la basílica de Santa María la Mayor de Roma. Dado que la contribución presupuestaria se debe a la relación de la Corona española con el templo desde que Felipe IV se convirtió en su benefactor en el siglo XVII, desde Compromís pensamos que, en todo caso, la partida debería salir del presupuesto global de la Casa Real.

Otra de estas partidas serían los 40.000 euros que recibe el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) y que se encuentra sorprendentemente dentro del capítulo de Cooperación al Desarrollo.

El capítulo del Instituto Cervantes continúa con la tendencia al alza, tras los 5 millones de euros del año pasado. Dado que los centros del Instituto Cervantes tienen como misión contribuir a la difusión cultural en el exterior, sería conveniente ampliar el campo de promoción para que integrasen también la difusión de las lenguas cooficiales y la cultura de los diferentes territorios que conforman el Estado español.

Sección 13. Justicia

Respecto al ámbito de la justicia, los PGE2018 representan el continuismo, lastrados por la inercia de ejercicios anteriores, y suponen el reflejo de una línea de gestión pública inadecuada para avanzar en la necesaria reforma y modernización de la justicia española, que ha de ser ágil, eficaz y de proximidad, una justicia cercana a la ciudadanía.

El Ministerio de Justicia anuncia para 2018 un gasto consolidado en su ámbito competencial de 1.754 millones de euros, lo que supone un aumento de poco más del 3 % respecto al ejercicio de 2017 (1.726 millones). Sin embargo, dicho aumento en realidad supone una desaceleración de más de un 4 % del gasto público en Justicia, que en el ejercicio anterior aumentó un 7,6 % respecto a 2016. Pese a ello, aún no se ha llegado al nivel de inversión pública de 2010, en que existía un proyecto estratégico de modernización organizativa de la administración de justicia que actualmente sigue prácticamente paralizado.

La principal nota característica del diseño presupuestario en Justicia de los últimos años es la práctica ausencia de políticas públicas definidas y planificadas para la modernización de la Justicia. Esto hace que, desde una perspectiva general, la mayoría de las partidas presupuestadas sean gasto público en lugar de inversión pública. Así, el grueso de los presupuestos, más de 1.382 millones de euros, el 78,7 % del total, nuevamente se destina a gastos y retribuciones de personal. En 2016 esta cifra de gastos de personal se situó en 1.303,14 millones de euros, aumentando un 7 % respecto a 2015, y en 2017 subió hasta los 1.358 millones de euros. Este aumento lineal de los gastos de personal, sin embargo, valorado a la luz de la realidad a la que nos enfrentamos cada día en la administración de justicia, es un claro reflejo numérico de la ineficiente política de recursos humanos del ejecutivo en el sector justicia.

Pese a los exiguos aumentos anunciados, las brechas y agravios salariales continúan intactas, como la opinión pública puede percibir a través de las diversas reivindicaciones y protestas de las organizaciones profesionales de todo el sector: Jueces, Fiscales, Cuerpos Generales de la Administración. Como ejemplo paradigmático, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que sigue sin ver materializada y ni tan siquiera tomada en serio por el Ministerio de Justicia la adecuación salarial correspondiente al incremento legal de funciones y responsabilidades asumido, algo que sería lógico en empleados de cualquier sector laboral.

Las políticas de ahorro también están siendo erráticas e ineficaces. Sirva de ejemplo la apuesta por el despido encubierto de personal interino mediante una interpretación excéntrica de los mecanismos de sustitución de vacantes, y además sin implementar medidas de consolidación del empleo temporal como ha ocurrido en otros ámbitos: ello está determinando un impacto negativo en el servicio al obligar a titulares a asumir forzosamente el trabajo duplicado en unos órganos en muchos casos sobrecargados.

La paralización de la modernización de la organización judicial por parte del Estado es otra de las conclusiones que pueden extraerse del análisis del proyecto presentado a las Cortes. La implantación de los Tribunales de Instancia y su complemento de Oficina Judicial y Fiscal sigue olvidada, cuando ese rediseño de toda la organización judicial es la única vía que permitiría racionalizar la estructura pública de la Justicia a todos los niveles: presupuestario, de recursos humanos, materiales y de optimización de la gestión.

El proyecto estrella del Ministerio de Justicia, Justicia y Fiscalía Digital, su apuesta por la renovación informática de una justicia que sigue organizada y trabajando como en el siglo XIX, consiste en una partida de 131,3 millones de euros para continuar con el camino al llamado «papel cero» y que convive presupuestariamente con otros diversos gastos. LEXNET es un sistema de comunicación obsoleto y deficiente, articulado como un simple servicio de correo electrónico fácilmente saturable, y por tanto ofrece prestaciones inferiores a las que brindan otros sistemas implementados por algunas Comunidades Autónomas que se articulan en torno al concepto de web, más fiable a los fines que se pretenden. En consecuencia, el Ministerio debería replantear totalmente su política de parches a LEXNET y abrir un franco diálogo con todos los operadores jurídicos al objeto de buscar alternativas a la mayor brevedad.

Asimismo, falta una dotación presupuestaria para conseguir la interoperabilidad de los diversos sistemas de gestión procesal de los diferentes territorios y registros públicos, acabando con las sangrantes dificultades que se producen entre Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, e incluso entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los órganos judiciales de Ceuta y Melilla.

En definitiva, la renuncia a la inversión pública en la modernización del sector Justicia lo mantiene como un agujero presupuestario en el que el crecimiento anunciado por el Gobierno previsiblemente no va a traducirse en la mejora del servicio, y hace presagiar la repetición, otro año más, de un escenario de ineficacia creciente de las partidas presupuestarias destinadas al sector.

La Justicia ha de ser universal y gratuita, tal y como reconoce el artículo 119 de la Constitución española, y ha de apostar por la justicia de proximidad, de acuerdo con el principio de universalidad. Con trece millones de personas, el 27,9 % de la población española, viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, pensamos que el Estado debería hacer esfuerzos por mejorar y aumentar el acceso a la Justicia Gratuita, y para ello debería cuestionarse la suficiencia de las partidas que pretende dedicar al pago de abogados, procuradores y psicólogos, e incluso debería abrir el debate para el paso a otro sistema de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita que comporte mayor dedicación profesional y, en paralelo, la sustitución del concepto de indemnización a los profesionales por el de auténtica retribución salarial.

Por otro lado, España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Concretamente, 5.800 jueces, 5.367 de ellos en activo. Son 12’5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21’6 de media de la UE. Además de una mayor dotación de plazas de jueces y fiscales, es necesario otorgar mayores medios a quienes combaten en la primera línea, la corrupción. El 56 % de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado en abril del 2016 por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas. Así, y siendo la corrupción el segundo problema que más preocupa a los españoles según el CIS, creemos insuficiente la partida de lucha contra la corrupción.

Por otro lado, una de las partidas que disminuyen en el presupuesto designado a Justicia es la de formación del personal de la Administración de Justicia, en un 8,5 % respecto al año pasado. Esta dotación es, además, una demanda histórica la de aquellas Comunidades Autónomas con lengua propia, para contar con una dotación específica para formación del personal de Justicia en lenguas cooficiales del Estado. Igualmente disminuyen las partidas para la formación de los integrantes del Ministerio Fiscal, dato sorprendente cuando se ha anunciado la voluntad de avanzar hacia su configuración como órgano encargado de las tareas instructoras.

Echamos en falta, igualmente, una partida presupuestaria que compense provisoriamente a las Comunidades Autónomas por los gastos materiales y de personal a que deberá hacer frente en 2018 a consecuencia del nuevo diseño desjudicializado del Registro Civil, cuyo pago debe ser asumido por el Estado.

Las Memorias, tanto del CGPJ y Fiscal, ponen en evidencia la brecha de género en el seno de ambos cuerpos. Aunque las mujeres representan una clara mayoría, sigue existiendo el llamado «techo de cristal» y, lo que es más preocupante, se observa clara discriminación de facto en cuanto al acceso de la mujer a cursos y actividades formativas, tanto en España como en el extranjero, así como a las comisiones de servicios derivadas del desempeño de puestos de responsabilidad exógenos. Todo ello, en paralelo, a la constatación de que son las mujeres quienes, en exclusiva, solicitan licencias por cuidado de hijos. En conclusión, la maternidad continúa siendo un estigma profesional tanto en la judicatura como en la fiscalía, y debe ser sensible el Gobierno mediante la introducción de las necesarias partidas presupuestarias que fomenten la igualdad real, incluso acudiendo a mecanismos de discriminación positiva con reflejo salarial.

Por último, el proyecto de los PGE ha vuelto a dejar vacía, un año más, la partida para políticas de reparación para las víctimas de la dictadura franquista. No hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.

Sección 14. Defensa

El Ministerio de Defensa es uno de los grandes beneficiados en los PGE 2018 con un incremento de casi el 7 %, el doble que Educación o Sanidad, alcanzando así una cifra que supera los 8.000 millones de euros y pensamos a todas luces exagerada, dadas las prioridades sociales evidentes que hay que atender. Como el Secretario de Estado reconoció en su comparecencia, el Ministerio recupera los niveles de inversión de hace diez años, previos a la crisis económica, unos niveles que sin embargo no se han recuperado en materia social, principal preocupación de los españoles.

A pesar de que el Presupuesto de Defensa siempre crecía sustancialmente por la vía de los créditos extraordinarios, una práctica que el Tribunal Constitucional dictaminó ilegal en julio de 2016, las inversiones en armamento para 2018 —recogidas en los programas de Modernización de las Fuerzas Armadas, Programas Especiales de Modernización y Apoyo Logístico— suman en total más de 3.600 millones de euros; esto es una cifra superior a la que en anteriores ejercicios se añadía mediante Real Decreto, y 400 millones (un 13 %) por encima de la que estos tres programas sumaban en el Proyecto de Presupuestos de 2017.

Los más de 3.600 millones de euros tienen como objeto hacer frente a los pagos de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Los PEA, son grandes programas de armamento, iniciados en 1996 bajo la presidencia de José María Aznar, y que en su totalidad a fecha de hoy tienen un coste colosal, 30.000 millones, de los cuales se adeudan unos 18.000 millones, a los que Defensa debe hacer frente anualmente mediante el pago de entre 800 y 1.500 millones.

De acuerdo a lo que detalla la Dirección General de Armamento y Material el dinero tiene por objeto saldar cantidades de programas anteriores como los misiles anti buque Evolved Seasparrow, los carros de combate Leopard, o los tanques VCR 8x8, aunque en realidad continúa la rueda del endeudamiento con la puesta en marcha de nuevos programas como el de modernización del misil Taurus.

Pero la incorporación de los pagos de los PEA no acaba con la ocultación de los gastos en defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a las que se le asignan 314 millones, lejos del coste real calculado en unos 1.100 millones. A eso debemos añadir todas aquellas partidas inequívocamente militares que se encuentran repartidas por otros ministerios, como las de clases pasivas militares, mutua militar, Guardia Civil (Interior), CNI (Presidencia) e intereses de la deuda en proporción al gasto en defensa.

En la Comunidad Valenciana, donde se encuentra la base de Bétera, casi se triplica la inversión militar del Ejército de Tierra que pasa de 238.000 a 636.000 euros, tal y como anunció la ministra de Defensa sobre el crecimiento de la aportación española a la OTAN, que pretende elevarse hasta el 1.53 % del PIB en 2024.

En conclusión, los elevados niveles de pobreza y paro que existen en España no permiten que el Estado se embarque en unos programas armamentísticos tan cuantiosos y carentes de repercusión social positiva, por lo que debería procederse a una suspensión o reducción del gasto de acuerdo con nuestras posibilidades reales.

Sección 15. Hacienda y Función Pública y Sección 27. Economía, Industria y Competitividad Inversiones, financiación y convergencia económica

Respecto a las inversiones territoriales en el País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar de manera sistemática a los valencianos. Los datos disponibles de inversiones en el País Valenciano durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy así lo demuestran.



Año Inversiones presupuestadas Estimación con base en criterio poblacional Diferencia inversiones presupuestadas - inversiones justas
2012 1.044,30 1.510,30 -466,00
2013 702,5 1.322,00 -619,50
2014 678,9 1.242,80 -563,90
2015 747,9 1.136,30 -388,40
2016 890,5 1.212,10 -321,60
2017 580,5 1.361,20 -771,7
2018 730,51 1546,6 -816,1
Acumulado 6.948 9.759 -4.375

Tabla 9. Inversiones presupuestadas y diferencia con inversiones justas (millones de euros). Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.

Año Media estatal Comunidad Valenciana Diferencia
2011 349 312,70 -36,30
2012 266 208,90 -57,10
2013 222 141,40 -80,60
2014 204 137,20 -66,80
2015 236 151,70 -84,30
2016 243 180,50 -62,50
2017 185,60 119,50 -65,40
2018 217 148,1 -68,9
Acumulado 1922 1.400,1 -521,9

Tabla 10. Inversión per cápita en la Comunidad Valenciana respecto a la media estatal. Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.

Como se observa, durante los últimos años la inversión per cápita en el País Valenciano ha estado significativamente por debajo de la media española. Esta realidad, sería entendible si el País Valenciano fuese una comunidad con riqueza superior a la media española. De ser así, el criterio de solidaridad interterritorial sería aplicable.

Pero la realidad es diferente, el País Valenciano es una comunidad con una riqueza per cápita inferior a la media española. Como se observa en el gráfico, el PIB per cápita valenciano es significativamente menor que la media estatal. En el periodo 2012-2015, el PIB per cápita valenciano es un 15 % inferior a la media.

En este caso, no se entiende el porqué de unas inversiones significativamente por debajo de la media. Si hubiese un proyecto de estado cohesionador e inclusivo se habría de potenciar las CC. AA. con menor nivel de riqueza mediante mayores inversión en éstas. El hecho objetivo de que este no ocurra sugiere que el gobierno del Partido Popular utiliza políticamente las inversiones en los PGE para premiar a comunidades que le son favorables políticamente.

Si analizamos el volumen agregado de inversiones en el País Valenciano y lo comparamos con la cuantía de inversiones que debería recibir en función de la población relativa, se observa que para el período del Partido Popular de Rajoy ha habido un déficit de inversiones que roza los 4375 millones de euros. Se han recibido 6948 millones de euros cuando se deberían haber recibido unos 9759 millones de euros.

Toda vez hecho el análisis de los últimos años, cabe destacar que las inversiones territorializadas en los PGE 2018 respecto al año anterior muestran un empeoramiento de la tendencia que se observa en los últimos años. Si durante el período 2012-2016 las inversiones en el País Valenciano suponían el 66.09 % de la media nacional, ahora solo representan el 44.06 %. Esto es un empeoramiento de 22 puntos porcentuales.

Además de estas cifras que demuestran que hay un maltrato sistemático al pueblo valenciano, se suma el reciente informe de la Airef donde certifica que el País Valenciano necesita 1.300 millones de euros más al año para tener un gasto público por habitante igual a la media.

Todos estos hechos objetivo llevan a cuestionar de manera clara que en España exista un trato justo e igual a todos los ciudadanos por parte del Gobierno Español. Y, cómo no, los PGE de 2018 ahondan todavía más en las diferencias entre ciudadanos; siendo el País Valenciano el más damnificado por estas políticas. Es, por tanto, imposible apoyar unos presupuestos que castigan a la única CC. AA. que siendo pobre no solamente financia a CC. AA. ricas, sino que también recibe la menor inversión per cápita del gobierno del PP.

Por otro lado, si se analiza si ha habido convergencia económica entre las diferentes CC. AA. se observa que el coeficiente de variación se mantiene prácticamente igual en el transcurso del siglo XXI.

En cambio, si tomamos en consideración las CC. AA. que más variación han tenido en los últimos diecisiete y los divididos entre comunidades por encima de la media y por debajo, nos encontramos que las CC. AA. más ricas (Madrid, Catalunya, Euskadi y Nafarroa) han pasado de concentrar el 27 % a un 28,2 %.

En cambio, las CC. AA. más pobres y más dinámicas han pasado de concentrar cerca del 29,5 % del PIB per cápita a concentrar el 27 %.

Se puede señalar que el actual periodo de crecimiento económico no se está traduciendo en una disminución de las desigualdades territoriales. Así como, afirmar, que existe una tendencia hacia evidente al aumento de las desigualdades de ciertas CC. AA. respecto a otras.



Gráfico 5. Peso relativo CC. AA. en PIB per capita y Coeficiente de Variación. Elaboración propia con datos INE y MINHAPF.

Por último, respecto al capítulo de transferencias a otra administración el gobierno argumente que hay 3.000 millones extra de financiación para las CC. AA. Como se observa en la tabla, se trata de una media verdad. El aumento de los 3.000 millones se debe exclusivamente a una mayor recaudación derivado del ciclo económico. No hay actuación política en materia de financiación. De esta manera, se sigue apostando por un modelo de financiación autonómica totalmente lesivo para las CC. AA., especialmente la nuestra.

2015 2016 2017 2018
Fondo de suficiencia global 3.802 3.894 3.881 4.508
Fondo negativo de suficiencia global -2.924 -2.841 -2.882 -3.018
Aportación del Estado al Fondo de Garantía 8.736 8.557 8.571 8.968
Tributos sujetos a liquidación 74.819 77.145 82.828 89.566
IRPF 33.239 34.028 37.180 37.893
IVA 29.527 30.705 33.057 35.072
IIEE 12.053 12.412 12.591 13.001
Total 84.434 86.754 92.397 95.974

Tabla 11. Indicadores de financiación autonómica. Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.

Sección 16. Interior

Los PGE 2018 en materia de Interior son continuistas. El aumento, del 6,4 %, responde a la equiparación salarial de los diferentes cuerpos policiales, de esta manera el gasto de personal dentro de la partida de seguridad ciudadana escala hasta los casi 330 millones de euros. Esta partida, de hecho, concentra el grueso del gasto y sube casi un 11 %, motivado sobre todo por la ya citada equiparación salarial.

Otra partida que se multiplica exponencialmente es la de «Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional»: de 149.770 a 3.238.000 euros. Dentro de estos objetivos, más allá de la estrategia en materia de terrorismo y de delincuencia a nivel global, el Ministerio se refiere al control de la inmigración irregular, lo que hace sospechar que esta subida responde a la cooperación policial dedicada al control de fronteras. En esta línea, y en relación a los nuevos acuerdos de readmisión en países de origen, nos parece importante señalar el necesario cumplimiento por parte del Gobierno de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró ilegales las devoluciones en caliente.

Rechazamos de plano la inversión destinada al control fronterizo represivo y a los Centros de Internamiento de Extranjeros, fondos consignados en la serie verde por valor de 2,5 millones de euros para infraestructuras policiales fronterizas en Ceuta y Melilla, y 2 millones de euros para obras dentro del Plan de Infraestructuras para la Inmigración. Este plan, como señala de forma explícita la memoria de objetivos de los PGE «recoge actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras para la inmigración [...] se plantea como objetivo prioritario la construcción de nuevos centros en Madrid, Málaga y Algeciras».

Queda claro en los PGE las prioridades y preocupación del Gobierno que dedica en total 4,5 millones de euros a vallado e internamiento de personas migrantes en tránsito, pero sólo destina 85.000 euros a medios especiales para luchar contra la droga y el blanqueo de dinero (Sección 16, Programa 132C «Actuaciones policiales en materia de droga», capítulo 6, artículo 63).

Si analizamos con detalle el desglose por programas, el Presupuesto contempla ligeras subidas en todas las partidas excepto en la de Fuerzas y Cuerpos en Reserva, que baja en 22 millones de euros. Pese a los crecimientos, las partidas no recuperan los niveles de 2009: Protección Civil se queda en poco más de 14,5 millones de euros —6 millones menos que hace 9 años— mientras que otras partidas como Seguridad Vial pierden 100 millones con respecto a las cifras de 2009.

Si en los Presupuestos del año pasado advertíamos el «apenas incremento en el gasto a derecho de asilo y apátridas», este año volvemos a ver un ridículo aumento del 0,1 % a pesar de que en el último año las solicitudes de asilo se han duplicado.

Lamentamos, asimismo, el recorte del Gobierno en materia de acogida: la partida presupuestaria para «Programas de reasentamiento y reubicación de refugiados» cae casi a la mitad: de 3 millones de euros a 1.700.000. Aunque el Gobierno ha incumplido el acuerdo con la Unión Europea en materia de acogida de refugiados, el compromiso de España no desaparece. La Comisión Europea señaló el pasado mes de septiembre que expiraba el programa de solicitudes pero no el acuerdo para acoger la cuota comprometida, por lo que deberían realizarse las pertinentes consignaciones presupuestarias.

En lo referente a la inversión territorializada encontramos artículos que especifican «Obras en Valencia» y «Obras en Alicante», pero no aparece ni una sola actuación para la provincia de Castellón, lo que supone una postergación injustificada.

Sección 17. Fomento

En general, y a pesar de que las partidas de Fomento aumentan respecto al año 2017, debemos tener en cuenta que el presupuesto de este Ministerio ha caído un 38,58 % respecto a 2009. Un dato que nos hace comprender las magnitudes de la inversión de Fomento.

Las inversiones en infraestructuras ferroviarias siguen apostando por el AVE, muy por encima del ferrocarril de cercanías que utiliza habitualmente la mayoría de la gente. En el caso de las Inversiones en territorio valenciano es flagrante la infrainversión. En diciembre el ministro presentó el Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías donde se preveía una inversión de 1.436 millones de euros hasta el 2025. Sin embargo, solo se han presupuestado 50 millones en los presupuestos de 2018, una inversión a todas luces ridícula y que, siguiendo este ritmo inversor, este Plan de Mejora de las Cercanías estaría acabado cerca del 2050 ¡¡¡25 años después!!!

Obras como la duplicación de la línea entre Gandía y Cullera, la llegada del tren a Oliva (dentro del proyecto del Tren de la Costa, el túnel pasante de València, la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza llevan demasiado tiempo olvidadas y la apuesta que hace el ministerio es francamente insuficiente, cuando no nula.

El Corredor Mediterráneo continúa arrastrando retrasos. La nueva plataforma València-Castelló tiene unos plazos muy largos en sus estudios y proyectos, absolutamente innecesarios porqué ya estaba estudiado y por eso solo recibe un millón este año. Sería necesario acelerar los plazos para que la obra pudiera comenzar antes de 2022.

Pasa lo mismo en las obras del tercer hilo entre València y Castelló, y entre Castelló y Vandellós. Las primeras llevan un retraso de 3 años y aún se van a alargar mucho más. Y las de Castelló-Vandellós aún se tienen que volver a licitar después de 5 años perdidos.

La apuesta inversora en el Puerto de València (el primero de España en tráfico de contenedores) es también, un año más, claramente insuficiente, muy por debajo de otros puertos con un nivel de actividad claramente menor. Y lo mismo ocurre con nuestros aeropuertos, el de València con una inversión de 7’9 millones queda muy lejos de los 134 de Madrid, los 52’5 de Barcelona o los 26’7 de Málaga. Un contraste que no tiene una explicación razonable para cualquier observador imparcial.

Pese a la subida en subvenciones y apoyo al transporte terrestre (93,63 %), podemos constatar —un año más, y van...— el escaso presupuesto que se destina a obres en territorio valenciano. Esto hace que las obras se alarguen año a año como es el caso de las del puerto de Querol, las de la Font de la Figuera o las de la variante de Cullera-Favara. Además, también se ha reducido el presupuesto para la seguridad vial, en un momento en que se están volviendo a incrementar los accidentes de tráfico (100 muertos en nuestras carreteras durante 2017 y 43 puntos negros).

Nuevamente, el Gobierno olvida la tercera área metropolitana del estado, la de València, que no recibe ni un solo euro para la subvención al transporte público de las áreas metropolitanas, a pesar de cumplir con todos los requisitos: una Autoridad Metropolitana de Transportes, un Plan de Movilidad Urbana y un sistema de transporte público complejo. El caso es especialmente grave cuando vemos que otras ciudades sí que reciben estas aportaciones para su transporte público.

Constatamos una absoluta falta de criterio, en términos de eficiencia y retorno económico, a la hora de distribuir las inversiones. No hay una planificación coherente que permita saber por qué se ejecutan determinadas inversiones y por qué se relegan otras, por qué determinados territorios o ciudades reciben unas inversiones muy superiores a otros con un peso poblacional mucho mayor.

Infraestructuras absolutamente necesarias para los ciudadanos valencianos que tendrán que seguir esperando un año más. Infraestructuras que hace tiempo están ejecutadas en otras ciudades o en otras comunidades autónomas y que aquí se alargan de manera incomprensible. Infraestructuras que, al no tenerlas, impiden que la economía valenciana tenga las mismas oportunidades para competir que otros territorios del Estado. Son obras que ayudarían a que nuestras empresas fueran más competitivas y que mejorarían notablemente la calidad de vida de millones de valencianos. Necesidades que el Gobierno olvida año tras año y que puede explicar perfectamente nuestro rechazo a estos presupuestos.

Estos presupuestos también hacen una nula apuesta por la vivienda pública de alquiler, el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación. Se han recortado 25.800.000 € de la Renta Básica de Emancipación, lo que la condena a su desaparición. Del programa agrupado de acceso a la vivienda se han recortado 7.917.220 €. En cambio, el programa de ordenación y fomento de la edificación ha aumentado 7 millones de euros, de los cuales el 1,5 % cultural sólo recibe 25.960 € de este Ministerio. El resto se reparte, por ejemplo, en transferencias de capital a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto del entidades del sector público estatal (en este apartado se detalla que se destinan 275.000 € a la Asociación Cultural Española y la Bienal de Venecia). También en este mismo apartado se realizan transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro (365.000 € en total), 100.000 € al Consejo superior de Arquitectos de España las Bienales de arquitectura (Española e Iberoamericana) y 265.000 € a otras fundaciones sin ánimo de lucro que no aparecen especificadas en estos PGE.

Otro programa que aumenta por las transferencias a fundaciones e instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro es el de «Urbanismo y política de suelo» que aumenta en 66.340€ de los cuáles 60.000 € son para realizar dichas transferencias a estas fundaciones e instituciones. Una de las actividades que recoge este programa en la «colaboración con las CC. AA. y los ayuntamientos en el conocimiento y difusión de técnicas urbanísticas y de buenas prácticas urbanas», pero hay una inversión nula para la realización de esta actividad.

Subvenciones al Transporte

En cuanto al transporte urbano y metropolitano, durante 2018 recibirán ayudas: la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, por importe de 109 millones de euros; la Comunidad Autónoma de Canarias, por 48 millones, y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por 127 millones. Un año más, el Gobierno ha olvidado incluir en su propuesta de presupuesto el necesario contrato-programa para el área metropolitana de València, ciudad en la que se producen cada día unos 500.000 desplazamientos.

El contrato-programa es la aportación que debería hacer el estado para paliar el déficit del transporte público en el área metropolitana de València, y supondría tanto para Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) como la propia Empresa Municipal de Transportes (EMT) la única posibilidad de que los valencianos y valencianas dejen de pagar con sus impuestos los déficits que lógicamente genera por sus propias características el transporte público. Además, 2018 es el año en el que el Gobierno se debería haber quedado sin excusa para incluir esta subvención dado que se ha constituido la Agencia Metropolitana del Transporte, a cuya existencia vinculaba desde hace más de 10 años la firma del citado contrato-programa.

Las transferencias nulas supondrán un freno para la modernización que la ciudad está experimentando, además de un fuerte agravio comparativo entre las principales ciudades del estado. Con inversiones cero al transporte, no podrán llevarse a cabo los objetivos planificados en la red de transporte, ni la integración tarifaria, ni el cambio de flota de la EMT. Cabe destacar que la partida presupuestaria tampoco contempla presupuesto para el soterramiento de las vías de las obras del metro de la T2.



Además, la inversión en aeropuertos y navegación aérea alcanzará en 2018 los 751 millones de euros, un aumento del 20,89 % con respecto a los 615 millones de euros fijados anteriormente en el presupuesto de 2017; sin embargo el aeropuerto de Manises y el Puerto de Alicante también queda a la cola de las grandes ciudades estatales en inversiones reales.

Sección 18. Educación, Cultura y Deporte

Educación y deporte

El presupuesto destinado a educación es insuficiente pese al ligero aumento que se produce en la sección 18. La desinversión prolongada durante casi una década, principalmente atribuido por la situación de crisis económica, hace mella en el contexto educativo actual. Por ello, consideramos que el esfuerzo en la educación formal debería ser mucho más intensa que la que se produce presenta en los PGE. Además, teniendo en cuenta el contexto de paralización actual en el Pacto de Estado por la Educación en el Congreso, lo que crea cierta desesperanza para el fortalecimiento del sistema educativo al largo plazo.

En este sentido, creemos que las partidas destinadas a la educación infantil de 0 a 3 años siguen siendo muy escasas (164.296,23) a pesar del ligero aumento para este año 2018. Si tenemos en cuenta las cifras precrisis esta partida ha disminuido en un 16 %. En esta línea, también reivindicamos un aumento para el banco de libros. En cuanto a los programas de deporte, los centros deportivos de alto rendimiento y tecnificación deportiva, perciben una escasa dotación que debe ser revertida.

Por otro lado, resulta necesario recuperar ciertas programas como es el caso de los programas de innovación aplicada para la Formación Profesional que desaparecieron con la llegada del Partido Popular al Gobierno; y que en cambio, el Gobierno valenciano sí que aporta una dotación considerable en sus presupuestos. Otras programas desaparecidos son los de deporte escolar y universitario, que deben ser recuperados.

Cultura

Pese al aproximado aumento en un 4 % para la partida de cultura, estas subidas presupuestarias son totalmente insuficientes en un sector que desde 2009 se ha visto enormemente precarizado. En cómputos generales, se ha de tener en cuenta que el gasto en cultura representa, como lo hacía en 2017, el 0,2 % del total del gasto público, y un recorte del 58 % si lo comparamos con las cifras de 2009. Además, si bien casi todos los apartados del PGE en cultura se ven incrementados en 2018, la Promoción del libro y publicaciones culturales se reduce en un 3 %.

Si tenemos en cuenta las inversiones y dotaciones en territorio valenciano, un año más las cifras son absolutamente inaceptables, sobre todo si nos comparamos con otros contenedores culturales de otras ciudades, principalmente Madrid, que absorbe una gran parte del presupuesto, muy por encima, en términos comparativos, de lo que reciben otras ciudades.

Por un lado, celebramos que el gasto en museos aumente un 4,1 %, hasta 160 millones de euros, sin embargo no podemos estar de acuerdo con el reparto desigual del gasto entre las pinacotecas del Estado; este es el caso del leve incremento al Institut Valencià d’Art Modern- IVAM (en 91.000 euros) siendo su presupuesto total de 260.880 euros mientras que otros museos autonómicos como Museu Nacional d’Art de Catalunya- MNAC, recibirá algo más de 2 millones de euros, lo que supone un 70 % del presupuesto destinado a las transferencias corrientes a museos autonómicos. Pasa lo mismo con la ampliación y climatización del Museo Nacional de Cerámica, con un proyecto de 6 años que tendría que estar terminado en 2022 pero que con el actual ritmo inversor —el año pasado se presupuestó el 1’2 % de la inversión y este año el 3,2 %— se dilatará muchos años más.

Por otro lado, cabe destacar otro agravio comparativo entre los coliseos de lírica: mientras el Teatro Real o el Liceo de Barcelona cuentan con un gran volumen de presupuesto (9,3 millones y 7,1 millones de euros, respectivamente), además de una partida adicional de 500.000 euros y 1’2 millones. Sin embargo, en el caso del Palau de les Arts se mantiene su presupuesto en 600.000 euros; si bien la razón en 2017 de que el Palau mantuviera el mismo presupuesto era porque no participaba del Patronato, este año, a pesar de la evolución entre administraciones, dicha partida queda congelada con una inversión igual de baja.

Un año más queda evidenciado el nulo interés que tiene el Gobierno para ayudar a las sociedades musicales de nuestros pueblos y ciudades, verdadera cantera de músicos y seña de identidad de la cultura valenciana. Somos capaces de despertar el interés de los pequeños por la música, de ligar todas nuestras fiestas a la música, de exportar músicos a todo el mundo, de crear una verdadera estructura musical única en el mundo y, sin embargo, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana que agrupa a 547 sociedades (el 50 %) de todas las sociedades del estado), 40.000 músicos y 60.000 alumnos solo recibe unos míseros 7.000 € de los presupuestos. Contrasta por poner un ejemplo con los 35.000 € que recibirá la Fundación del Toro de Lidia, los 30.000 € para un Premio Nacional de Tauromaquia o los 40.000 € para la difusión y la promoción de la cultura de las tapas, por poner solo unos ejemplos.

Sección 19. Empleo y Seguridad Social

En materia de financiación de políticas de empleo se observa que la Comunitat Valenciana recibirá del Estado 196,3 millones de euros para gestionar las políticas de empleo durante el año 0218.

A pesar del incremento absoluto respecto al año 2017, la población desocupada en el territorio valenciana recibirá un 12 % menos que la media estatal. Este hecho es difícilmente explicable cuando la tasa de paro de la Comunidad Valenciana, aun habiendo mejorado significativamente en los dos últimos años, se encuentra por encima de la media española todavía.

Así pues, es difícilmente explicable que en el reparto de las ayudas públicas en materia de Plan Anual de Políticas de Ocupación no se concentren en los territorios más necesitadas.

Pensiones

El 40,9 % del gasto público se destina a sostener el sistema público de pensiones y a pagar los derechos adquiridos por los cotizantes que han optado por la jubilación.

Esta partida, de enorme importancia social y económica, concentra la contradicción principal de las políticas que ha seguido este gobierno en los últimos años: el aumento de la desigualdad y la explotación laboral como vía de recuperación de los márgenes empresariales y la reactivación del proceso de inversión. La contradicción se manifiesta en un persistente incremento del déficit a pesar de la disminución de la tasa de desempleo.

Gráfico 6. Evolución presupuestaria de la Seguridad Social. Ameco y MEySS.

Así pues, el crecimiento de los gastos es superior al de los ingresos, a pesar, de los crecimientos de productividad laboral registrados. Esto indica, que la devaluación salarial está teniendo un efecto negativo en los ingresos de la Seguridad Social.

Para corregir este déficit en la Seguridad Social, el gobierno del Partido Popular rompió el Pacto de Toledo en 2013 al imponer una reforma del Sistema Público de Pensiones que garantizaba la sostenibilidad del sistema (presupuesto equilibrado) vía reducciones de la capacidad adquisitiva de las pensiones.

El déficit en la Seguridad Social, dice el gobierno, va a ser corregido por el crecimiento del volumen de ocupación. Una mirada al gráfico 2 permite observar como el volumen de las horas trabajadas está al mismo nivel de 2012, cuando el Partido Popular entró a gobernar. No se ha creado empleo neto de manera significativa.

En contraste, las horas trabajas por cotizante se han desplomado de manera significativa. Hecho que indicaría que la creación de ocupación se está trasladando en un reparto de la ocupación. Además, si tenemos en cuenta que la masa salarial en el PIB por el lado de la renta ha disminuido, la conclusión que podemos sacar es que el resentimiento del mundo del trabajo es un hecho incontestable. Así pues, el sistema público de pensiones recibe un ataque importe en sus principales fuentes de ingresos: la masa salarial y las bases de cotización; manteniéndose los ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones estancados en términos reales.

Sección 20. Energía, Turismo y Agenda Digital

Los PGE 2018 siguen sin apostar de manera decidida por una transición energética (tan solo el 6 % del presupuesto final para esta sección) encaminada a conseguir un modelo 100 % renovable y continúan, por tanto, subvencionando los combustibles fósiles y al oligopolio energético.

La mayor parte del presupuesto, el 74,2 % corresponde a partidas destinadas a financiar la normativa y desarrollo energético. Esperemos que esta cantidad asegure avanzar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y garantice la consecución de los compromisos de España ante la Unión Europea en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Una ley muy necesaria, y a la que el gobierno tanto tiempo le está costando presentar un anteproyecto. Además, de gran preocupación nos resulta la inexistencia de programas concretos destinados a combatir la pobreza energética.

Cabe destacar que se destinarán 871 millones de euros (15 % del presupuesto total) para la reconversión y reindustrialización, o lo que es lo mismo, un 0,4 % menos que en 2017. Esto da a entender que, un año más, el gobierno pospone su intención de avanzar a nivel tecnológico y de I+D+i sobre un sector fundamental de política industrial que facilite las condiciones necesarias para desarrollar y materializar su potencial competitivo al reducir su consumo energético y cubrir su demanda con energías renovables y autoconsumo. En este sentido, las cantidades asignadas para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos siguen siendo insuficientes, como también lo son las ayudas para las energías renovables y la cogeneración, transporte y almacenamiento de CO2.

Por lo que se refiere al área de gasto Turismo, debido a que prácticamente el 80 % del presupuesto en esta sección está destinada al área de energía, el gasto en turismo queda relegado a 399 millones de euros. El preámbulo de la propia ley presupuestaria reconoce que «España es líder mundial en turismo». Sin embargo, es el gran olvidado de la inversión pública. Son cifras especialmente preocupantes en el caso valenciano, donde el peso de la actividad turística en términos de PIB (14 %) y empleo (14.4 %) es superior a la media española.

Sección 23. Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Los PGE 2018 no mejoran respecto a 2017 en materia de Agricultura, ya que el incremento del 1,78 % previsto, hasta los 9.649 millones de euros, se sustenta en su mayor parte en estimaciones de pagos directos y medidas de desarrollo rural de la PAC que están sistemáticamente sobredimensionados.

Desde Compromís, hemos de alertar sobre la nueva pérdida de peso de la Sección Agricultura en el conjunto de los Ministerios, quedándose en un 8,12 %, cuando en 2009 se situaba en el 11,28 % y consiguiendo ser los segundos presupuestos más bajos de la última década tras los del 2017.

Asimismo, cabe destacar que una parte corresponde a gastos de personal, de funcionamiento y financieros, de manera que sólo el 89,85 % son operativos, en concreto 8.669,6 millones de euros, siendo el volumen proporcionalmente menor que el pasado ejercicio, que suponían el 90,18 %.

Por todo ello, el MAPAMA aparece cada vez más como un intermediario entre las Comunidades Autónomas y los Fondos Europeos, carente de verdaderos recursos propios significativos y sostenedores de una estructura burocrática que sirve bien a ciertos grupos de interés pero que es incapaz de dirigir una verdadera política promocional del agro, entendido como vector económico, ambiental y poblacional. Como simples ejemplos, no aparece consignado un sólo euro para el Comisionado para el Desarrollo Rural, no vemos partidas para el fomento de la agricultura ecológica y desaparece la partida para la promoción del secano mediante el apoyo a los frutos de cáscara y algarrobas.

De hecho, la política de agricultura se financia en más de un 90 % con fondos procedentes de la Unión Europea (FEAGA y FEADER). Con todo, el sector agrario valenciano sólo percibió alrededor del 2,3 % de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) destinados a España en 2017, lo que supone unos 163 millones de euros, y constituye una enésima demostración del maltrato presupuestario que recibe el territorio valenciano.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente mantiene su escaso nivel de inversión en infraestructuras hídricas en la Comunitat Valenciana. La Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a perder presupuesto y pasa de 8.680,56 millones en 2017 a 8.471,05 en 2018, cuando en los Presupuestos de 2016 contaba con 15,5 millones de euros. Un buen ejemplo también de la penuria inversora es la partida dedicada a la reparación del embalse regulador del trasvase Júcar-Vinalopó construido en Villena. La gigantesca balsa de San Diego tiene fugas que impiden su pleno aprovechamiento, pero el ministerio solo prevé emplear este año 50.000 euros en su reparación y anuncia inversiones de 6,4; 17,4 y 14,07 millones en 2019, 2020 y 2021 respectivamente.

Otra obra emblemática de carácter medioambiental como es el nuevo colector oeste de la Albufera tampoco terminará en 2018, ejercicio para el que solo hay una dotación de 100.000 euros.

Por otro lado, aunque existen partidas para la modernización del regadío del Júcar, algunas inversiones se aplazan al menos al 2021 cuando las obras deberían haber finalizado hace más de una década.

De nuevo también y sobre el papel no se va a invertir ni un euro en el Plan de Seguridad de Presas. Por lo que respecta al saneamiento, el Plan Crece contempla inversiones superiores a los 50 millones de euros en tres nuevas depuradoras aunque para el ejercicio 2018 el presupuesto apenas llega a los 2 millones de euros. Para las desaladoras de Castelló las mayores partidas van destinadas al mantenimiento y vigilancia de obras que aún no han entrado en servicio.

En materia de actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático (programa 456M), la inversión se ha reducido presupuestariamente un 58,5 % desde 2012 y un 89 % desde 2009, por lo que los presupuestos no son los adecuados para impulsar la transición energética y un nuevo modelo productivo descarbonizado. La cantidad de 27.641.500 € presupuestada para 2018 es a todas luces insuficiente para la magnitud de los cambios que hay que acometer a la mayor brevedad, y no se puede amparar en la excusa del carácter transversal de la lucha contra el cambio climático y la afección de otras partidas dispersas a lo largo de todos los PGE.

La Oficina Española de Cambio Climático tampoco escapa a los recortes porque para este año se han presupuestado 21,42 millones de euros en gastos, lo que supone un 20,5 % menos respecto de los 26,94 millones de 2017.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 también recoge caídas en otras partidas relacionadas con el medio ambiente, concretamente en actuaciones en la costa (89,88 millones, un 5 % menos) y en calidad del agua (182,12 millones, un 3,2 % menos).

En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mantiene los 126,29 millones de presupuesto del año pasado.

Por el contrario, hay incrementos en partidas de gasto destinadas a gestión e infraestructuras del agua (1.199,2 millones de euros, un 2,6 % más), protección y mejora del medio natural (173,73 millones, un 1,1 % más), y protección y mejora del medio ambiente (20,83 millones, un 26 % más).

Llama la atención la escasa utilidad del programa denominado «Protección y mejora del medio ambiente» (456B), de cuyo presupuesto total de 16.533.740 € se destina casi el 38 % a gastos de personal. Igualmente llamativo resulta que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con su programa «Actuación en la costa» (456D), destine el 30’26 % de su presupuesto igualmente a gastos de personal. Todo ello contrasta poderosamente con el hecho de que el programa 456M, denominado «Actuaciones para la prevención de la contaminación y del cambio climático», en su epígrafe 460, sólo destine la exigua cantidad de 222.280 € a un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para promover iniciativas locales en materia de cambio climático, sin que en paralelo se hayan atendido las necesidades de numerosos municipios de contar con un contrato-programa para la movilidad con cuantías suficientes para la renovación ecológica de sus flotas de transporte público. La misma insuficiencia cabe predicar del epígrafe 871 del programa 456M precitado, que dedica únicamente 9.188.450 € al fondo de carbono para una economía sostenible, cuando estamos en una situación crítica para conseguir el cumplimiento de los objetivos fijados en el Acuerdo de París.

En cambio climático es necesario también aumentar la inversión en energías renovables y destinar los fondos comprometidos al Fondo Verde, acordados por la comunidad internacional para que los países más desfavorecidos puedan hacer frente a los efectos del cambio climático. De no ser así, los PGE 2018 condenan, como bien ha advertido la Comisión Europea, a que España siga siendo el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. De hecho, con la propuesta presentada por el Gobierno, resulta difícil imaginar de qué manera piensa el Gobierno aprobar y desplegar la deseada Ley de Cambio climático y Transición Energética, y cumplir así con los objetivos marcados en el Acuerdo de París para la reducción de emisiones de manera justa con los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos. En esta línea discursiva, nos preocupa que las transferencias de capital que contempla el programa 456M a entidades del sector público estatal y a Comunidades Autónomas sea con cargo a los ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión, sin plantear una posible afección de impuestos verdes para cuya creación existe todavía mucho margen, si nos atenemos a las medias imperantes en los países de la Unión Europea.

Sección 26. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En los últimos años el Gobierno tenía la excusa de que la reducción del gasto en Sanidad era necesario para salir de la crisis, pero ahora que el PIB crecerá un 2,7 por ciento en 2018 no tiene ninguna justificación. El porcentaje del PIB destinado a gasto sanitario ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años desde el 6,7 por ciento en 2009 al 5,8 por ciento en 2018, lo que supone un descenso de casi un punto. El objetivo debería ser aumentar hasta el 7 por ciento, al menos, el gasto público destinado a Sanidad en nuestro país, teniendo en cuenta que la media de los países de la Unión Europea alcanzó ya el 7,2 por ciento el año 2015, según los datos de Eurostat.

En lo referente a Servicios Sociales el gasto total en relación con el PIB se ha reducido a su nivel más bajo desde 2007, ya que el Ejecutivo lleva ya cinco años recortando en Protección Social. Se ha pasado del gasto del 17.98 % del PIB en 2013 al 16,2 % en 2018. Se ha recortado en la función «Atención a la infancia y a las familias» un total de 1.890.360 € y, cabe recordar, que del presupuesto de este programa en 2017 sólo se ejecutó un 73.97 % de lo presupuestado (12.129.140 €). Otro programa que se ve recortado es «Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad», con una bajada es de 573.650 €.

Debemos tener en cuenta también la paradoja que se observa en la función «Acciones en favor de los inmigrantes»: esta partida aumenta en 1.891.740 €, pero en 2017 solamente se ejecutó 85,84 € de los presupuestados, lo que contrasta con la función «Plan nacional contra las drogas» de la que se ejecutó un 250,65 % en 2017.

Respecto al compromiso financiero con las Comunidades Autónomas para sufragar los gastos que origina la atención a las personas dependientes, el Estado sólo se hace cargo del 20 % de los mismos. Esto está creando una situación de infrafinanciación en la Comunidad Valenciana que está asfixiando los recursos para poder hacer frente a los gastos de Servicios Sociales, Sanidad y Violencia contra las mujeres. Aun así se está asumiendo las responsabilidades presupuestarias del gobierno central para poder mejorar la atención a las personas dependientes sin que este gobierno se haga cargo de sus competencias económicas. Se está llegando a una situación en la que parece que se tenga que escoger entre unos servicios u otros. ¿Atención a las personas dependientes o protección a las víctimas del terrorismo machista? ¿Servicios Sociales o Sanidad?

Respecto a Igualdad podemos señalar que son unos presupuestos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que aún no llega a las asignaciones de 2008, ni permite el establecimiento eficaz de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. La ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas es sin duda una buena noticia. El incremento corresponde a la ampliación del permiso de paternidad, prevista por la ley 9/2009 y que debería haber entrado en vigor el 1/01/2011. A pesar de la ampliación a 5 semanas, se ha de tener en cuenta que es claramente insuficiente para llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres progenitores y que el Gobierno debe, de manera urgente, impulsar la reforma para que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100 % para cada persona progenitora. Cabe recordar en este punto que el Congreso ha votado a favor de 4 proposiciones no de ley instando al Gobierno a impulsar la reforma en este sentido.

Además, por segundo año consecutivo el programa de Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, queda prácticamente congelado en 19,840 millones de euros, perpetuando así su descenso en un 41,2 % menos que en 2010. Con lo que es de suponer que la externalización de servicios y los bajos recursos y la reducción de plantilla en un 10 % desde 2010, continuará siendo la tónica de este departamento.

El incremento presupuestario para la lucha contra Violencia de Género no recoge la inversión adicional de 200 millones de euros anuales y las transferencias a las CC. AA. y entidades locales se realizarán a través del sistema de financiación y no como asignación financiera específica, tal y como establece el Pacto de Estado. Esto hace que, de nuevo, las CC. AA. y los ayuntamientos tengan que hacerse cargo de las responsabilidades financieras del gobierno central, también en violencia machista donde no se ha presupuestado ni el 40 % de lo acordado en el Pacto de Estado. Del aumento que debería recoger el programa «Actuaciones para la prevención general contra la Violencia de Género», solamente se aumenta 7.777.920 € y en 2017 no se llegó a ejecutar la totalidad de lo presupuestado.

La ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa prevé la supresión del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España y la creación de un Ente Corporativo de Base Privada llamado Consejo de la Juventud de España. A pesar de esta cuestión, el gobierno ha separado la desaparición de este órgano y la creación del siguiente de tal forma que el cierre se ha incluido dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la Disposición adicional centésima vigésima tercera. Extinción del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España. La creación del siguiente ente, está prevista con la aprobación del «Proyecto Real Decreto por el que se regula la Composición y Funcionamiento del Consejo de la Juventud de España». En los anteriores PGE (2017) el CJE contaba con un capítulo propio, como Organismo Autónomo, con un presupuesto de 1.742.680 €. No obstante toda esta partida presupuestaria no se contempla en los presupuestos de 2018 sin quedar claro de qué manera se financiará el nuevo CJE ni donde ha ido a parar toda esa dotación presupuestaria.

Además, esta situación hace que durante el período entre la aprobación de los PGE 2018 y la de este Real Decreto el Consejo de la Juventud de España deje de existir, por lo tanto la Juventud española dejará de estar representada a nivel estatal e internacional quitando así un derecho constitucional a este colectivo recogido en el Artículo 48 de la Constitución.

Por todos estos motivos, los senadores de Compromís solicitamos la devolución del proyecto de PGE para 2018 al Gobierno, para su reformulación por otros que respondan a las necesidades de la mayoría social de nuestro país, no sabemos si cuando se debata este veto M Punto Rajoy estará fuera del Gobierno, pero estos son sus presupuestos, los presupuestos del partido corrupto condenado.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 1 de junio de 2018.—El Portavoz, Ramón María Espinar Merino.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

TEXTO ALTERNATIVO

I. Introducción

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 sigue anclado en la lógica de la austeridad. A pesar de que el nivel del PIB ha superado ya los niveles previos a la crisis, el gasto público se encuentra lejos de recuperar los recortes acumulados. Esto explica que los frutos del crecimiento económico no estén llegando a la mayoría. Muchas de las políticas de gasto muestran incrementos nominales respecto a los últimos años debido a que la economía está creciendo, por lo que es normal que la mayoría de las partidas de gasto crezcan. Sin embargo se consolidan los recortes, con un techo de gasto 62.000 millones inferior al de 2010. En comparación con 2017, el techo de gasto de 2018 sube 1.500 millones, un incremento de apenas un 1,2 %, lo que significa que a este ritmo de mejora, España necesitaría 40 años para lograr recuperar el nivel de Techo de Gasto previo a la crisis. Esto explica que en este proyecto de Presupuestos aún se mantengan importantes recortes acumulados en políticas de gasto.

Seguimos estando 8 puntos por debajo de la Eurozona en ingresos públicos sobre el PIB y 5 puntos en gasto público, lo cual imposibilita que los PGE contribuyan a cerrar la brecha social y transformar nuestro débil modelo de crecimiento. En particular y a pesar de las declaraciones del Ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro, el gasto social sólo se incrementa la mitad de lo que se prevé que crezca la economía.

Frente a la lógica del «techo» de gasto como manera de resolver el problema de las cuentas públicas españolas, es necesario establecer un «suelo» de ingresos, mediante una reforma fiscal progresiva, que, no sólo nos acerque a los estándares europeos de ingresos y gastos públicos, sino que, sobre todo, asegure la financiación suficiente para llevar a cabo las políticas sociales y económicas que necesita actualmente nuestro país. Esta es la base sobre la que se sustenta la propuesta de presupuestos alternativos que el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentamó el pasado mes de enero. En ella proponemos un incremento del gasto público de 20.000 millones de euros, un tercio aproximadamente dirigido a políticas de modernización económica y cambio productivo; un tercio a la igualdad de género y el cierre de la brecha salarial; y un tercio a políticas sociales. Este incremento del gasto se financiaría a través de tres vías: 1) una reducción más paulatina del déficit público de la que plantea el Gobierno; 2) la primera fase de una reforma fiscal progresiva; y 3) el aumento de los ingresos públicos derivados del mayor crecimiento económico hecho posible por nuestra propuesta.

II. Unos presupuestos que dejan fuera a la mayoría

El Gobierno ha presentado los PGE del año 2018 en el Congreso con medio año de retraso, y sin haber negociado los apoyos suficientes para aprobarlos: una muestra de su debilidad, de su falta de liderazgo e iniciativa. La presente legislatura ya lleva dos presupuestos generales prorrogados, y los dos últimos proyectos de PGE han sido presentados con 6 meses de retraso, incumpliendo el artículo 134 de la Constitución Española que dice, en su apartado 3:

«El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.»

Esta anomalía ha hecho que en su mayor parte tanto Comunidades Autónomas (CC. AA.) como Entes Locales (EELL) hayan presentado previamente sus presupuestos, lo que supone un desfase que se acumula a los demás desequilibrios inherentes a la posición de debilidad del Gobierno. Por si esto fuera poco, el proyecto se remite a las Cortes con cambios sustanciales que merman el debate parlamentario como la eliminación completa de la sección 31, un hecho histórico en la historia parlamentaria de nuestro país.

El contenido del proyecto aprobado por el Partido Popular y respaldado por Ciudadanos confirma, además, la ausencia de cualquier proyecto de futuro. Los presupuestos suponen la continuidad del modelo de política económica de estos años, y una nueva oportunidad perdida para aprovechar el crecimiento para emprender las transformaciones que necesita España.

El crecimiento económico no está generando «progreso social»: no mejora la situación de la mayoría, y las elevadas desigualdad, pobreza y exclusión social se han instalado como una «característica estructural» de nuestra sociedad. Unos presupuestos alternativos deben ponerse al servicio de una nueva política económica y social, permitiendo que la «salida de la crisis» sea una realidad para todos y todas. Para ello hace falta revertir los recortes en educación, sanidad y dependencia e incrementar la capacidad redistributiva de nuestro Estado de Bienestar. Sin embargo, los PGE presentados por el gobierno suponen la consolidación de los recortes de los años anteriores.

Las políticas del Partido Popular no han favorecido el necesario cambio en la forma en que España crece, y estos PGE tampoco lo lograrán. No contienen medidas para garantizar la sostenibilidad, ni la transición energética; recortan las partidas de lucha contra el cambio climático, y no recuperan la inversión pública; tampoco contemplan partidas para impulsar un proceso de digitalización que se ponga al servicio de la mayoría, o para impulsar la igualdad de género; por último, pero no menos importante, no contienen las necesarias medidas tecnológicas para la modernización económica en términos de I+D+i.

España ha tardado diez años en recuperar los niveles de PIB per cápita existentes en 2007, tenemos 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis y el 28 % de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta auténtica década perdida responde en buena medida a los recortes fiscales que se han aplicado durante los últimos años, y que el actual Plan Presupuestario consolida y normaliza.

El Gobierno del Partido Popular insiste en aplicar una política económica —nítidamente recogida en su Plan Presupuestario— que presenta claros límites para abordar los grandes retos económicos y sociales que tiene el país. Es más, el proyecto del Gobierno resulta contraproducente para abordar dichos desafíos, puesto que sigue cargando los ajustes macroeconómicos sobre las espaldas de la mayoría social. De hecho, deja atrás a un tercio de los ciudadanos y dificulta el cambio de modelo productivo. Profundizar la democracia en nuestro país significa no dejar a nadie atrás y apostar por un modelo de crecimiento sostenible.

Se vuelve a insistir en lograr esa reducción del déficit mediante la consolidación de los recortes en el gasto público, que sigue en niveles sustancialmente más bajos que antes de la crisis, a la vez que se renuncia a poner en marcha una reforma fiscal que le pida más a quien más tiene, y que resuelva el problema de la insuficiencia de ingresos que nos aleja de los países de nuestro entorno.

El techo de gasto presentado para 2018, es 3.800 millones de euros inferior respecto a lo que se presupuestó para 2016 consolidando los cada vez mayores recortes que ha estado aprobando el Gobierno desde 2012. De hecho, estos presupuestos vienen a normalizar los recortes que se han producido desde 2010 en los servicios públicos fundamentales, consolidando una pérdida de derechos que en su momento se presentó como algo «transitorio» derivado de una situación excepcional. En el Gráfico 2 podemos comprobar cómo el límite de gasto no financiero es hoy 62.000 millones de euros inferior al de 2010.

III. Ingresos

Las reformas fiscales implementadas por el Gobierno han supuesto, según datos de la AEAT un coste que supera ya los 12.000 millones de euros. Respecto al Plan Presupuestario presentado en octubre de 2017 en el contexto del Semestre Europeo, este proyecto de PGE contiene modificaciones sustantivas que merecen la pena ser puestas en evidencia, ya que empeoran el saldo fiscal. Según la Autoridad Fiscal Independiente, la AIReF, en 2017 los ingresos impositivos registraron un importe de 7.500 millones por debajo de lo presupuestado, que si se suma el desvío de la Seguridad Social, llegamos a una diferencia de 10.000 millones. Es reseñable el comportamiento de las bases imponibles ya que si bien la recuperación económica ha hecho que las bases de los principales impuestos hayan recuperado el nivel previo a la crisis, esta situación no se refleja en incrementos de recaudación equivalente: mientras las bases de los principales impuestos incrementaron un 5,6 % los ingresos impositivos solo lo hicieron 3,8 %. Esto ha hecho por ejemplo que en 2017 el IRPF haya recaudado casi 1.000 millones menos que lo esperado por el gobierno, pero este año —con un menor crecimiento y con una reforma tributaria— se planea recaudar casi 5.000 millones más que el año pasado.

El gobierno sigue encomendando el incremento de los ingresos fiscales al crecimiento económico, continuando con su política de erosión de la capacidad recaudatoria del sector público. Se ha producido un cambio en la composición de los ingresos tributarios incrementándose los provenientes de los impuestos indirectos (IVA principalmente) y cayendo los de los impuestos indirectos (IRPF principalmente) desde que llega Rajoy al Gobierno, como se aprecia en el gráfico siguiente,

Entre las figuras tributarias que más destacan se encuentra el Impuesto de Sociedades, uno de los más afectados por las últimas reformas tributarias del gobierno. Es reseñable que en 2017 esta figura recaudó 12,6 % menos que lo previsto, una desviación demasiado importante para la economía española, que ya sufre un déficit de ingresos públicos con respecto a la eurozona de 8 puntos porcentuales. Recordemos la nefasta política fiscal del gobierno, que en 2015 (año electoral) realiza una reforma fiscal que tiene un impacto muy superior al esperado. Esta reforma y sus efectos hacen que en 2016 Bruselas amenace con una multa a España por incumplimiento, que aplica una contra-reforma aprobada en el RDL 3/2016. Sin embargo los efectos de la contrarreforma son muy inferiores a lo esperado, dado que se incluyó en los PGE un impacto de 4.655 millones de euros, cuando las últimas estimaciones indican que solo tuvieron un impacto de 1.283 millones de euros. Esto hace que en el IS la diferencia entre resultado contable e impuesto devengado no haya hecho más que crecer como resultado entre otros de la acción del gobierno. Respecto al IRPF, el gobierno incluye una reforma fiscal cuyo coste asciende a 900 millones de euros para 2018, sin compensar en otros lugares dicha caída, ahondando en la brecha existente entre España y la eurozona, que es mayor que la existente en los años 2000.

Fuente: AMECO

IV. GASTOS



En términos de contabilidad nacional, la variable fundamental sobre la que el gobierno ha actuado ha sido el gasto público, reduciendo su montante total y aplicando los llamados recortes. La brecha con la UE15 en términos de gasto público en porcentaje del PIB será en 2018, según las previsiones del PGE 2018, superior a la existente en el año 2000.

Fuente: AMECO

Esto ha hecho que en términos de gasto per cápita en las principales partidas de gasto social España esté muy por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con su nivel de renta per cápita. Dicho de otra manera, el Estado de Bienestar en España está infradesarrollado y necesita una modernización que este proyecto de PGE no brinda. Tomaremos el ejemplo de Sanidad y Educación, dos de las principales políticas de gasto social.

En sanidad, el crecimiento medio de del gasto en sanidad en España estuvo por debajo del crecimiento medio de la OCDE durante el periodo 2003-2009, pero durante el periodo 2009-2016 (último año disponible) esa diferencia se incrementa de manera sustancial.

Fuente: OCDE

Esto hace que el gasto en Sanidad en España sea el 3.º más bajo en la UE15, como se observa en el gráfico 3:

En términos de contabilidad presupuestaria, el presente proyecto de PGE que presenta el gobierno lejos de resolver esta situación propone seguir reduciendo el gasto en Sanidad. En concreto, si vemos los recortes acumulados en Sanidad desde 2009, podemos decir que por políticas de gasto, Sanidad acumula en 2018 un recorte del 8 % desde el 2009, el inicio de la crisis, mientras que este presupuesto apenas incrementa un 4 % respecto a lo presupuestado en 2017.

Otra de las políticas que más se ven afectadas por los presentes presupuestos fruto de la insuficiencia de ingresos públicos y por ende, de gasto, es la Educación. En términos de Contabilidad Nacional, los datos disponibles son los referidos a 2016, y los presentados por el gobierno en 2017 a Bruselas. En ese sentido en el Plan Presupuestario 2018-2021 se establece que el gasto público en educación en términos de contabilidad nacional se pasa de 4 % en 2017 al 3,8 % en 2017. En términos de contabilidad presupuestaria, la política de gasto de Educación acumula desde 2009 un recorte del 13 %, mientras que en el Proyecto de PGE 2018 respecto a 2017, la política de sanidad incrementa un 3 %. El resumen acumulado por política de gasto respecto a 2009 lo encontramos en el gráfico siguiente:

V. Propuestas

Tras una década perdida, la economía española volvió en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supuso quebrar el contrato social. Actualmente, tenemos una economía más desigual que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja de lado a una parte muy importante de la población. Cuanto más tardemos en solucionar la grave brecha social más difícil será cerrarla. Además, una economía con altas tasas de desigualdad difícilmente puede generar una dinámica de crecimiento sostenible, y esto supone un problema para el conjunto de la población por los bajos salarios, la precariedad y la inestabilidad que conlleva, y determina un mercado interno frágil y unos incentivos perniciosos al excesivo endeudamiento de los hogares.

Una estrategia integral para reducir drásticamente las desigualdades y garantizar que los beneficios del crecimiento se reparten de forma más equitativa debe contemplar, en primer lugar, un nuevo marco de relaciones laborales más equilibrado entre los trabajadores y los empresarios y poner en pie una verdadera ofensiva contra el trabajo precario y contra la temporalidad injustificada, además de establecer un suelo a los bajos salarios (compromiso para subir escalonadamente el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros al mes en 2020) y acabar con la brecha salarial de género.

En segundo lugar, se necesitan también políticas específicamente dirigidas a asegurar que todos los ciudadanos y las ciudadanas reciben unos ingresos suficientes, a fin de erradicar la pobreza y la exclusión social. De esta manera, se podría mejorar la poca capacidad que nuestro sistema de protección social tiene para reducir dicha pobreza, tal y como ha alertado recientemente la Comisión Europea. En este sentido, nuestros presupuestos alternativos incluyen la puesta en marcha de un verdadero Plan de Renta Garantizada para aquellos hogares que carecen de recursos suficientes. A este propósito se consagrarán en una primera fase 3.100 millones de euros.

Un programa de renta diferencial (complementaria a la de los ingresos existentes) para todos los hogares que tengan unos ingresos que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza permitiría darle forma real a una estrategia de «crecimiento inclusivo». Si además este programa contempla una retirada gradual (y no súbita) de las prestaciones a medida que se encuentre empleo y los hogares vayan aumentando los ingresos, la reducción de las desigualdades será compatible con la erradicación de posibles trampas de la pobreza.

Los cálculos existentes en el diseño de esta medida, hechos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), establecen un coste total de un 1 %-1,5 % del PIB. Teniendo en cuenta que España está a la cola de la UE en materia de fiscalidad verde, la simple equiparación de nuestros niveles de tributación ambiental con los de los países de menor tamaño —como Bulgaria, Grecia o Malta— serviría para financiar esta medida. Por tanto, es perfectamente viable.

Construir un verdadero sistema de Renta Garantizada no es solo una cuestión de equidad y lucha contra las desigualdades. Además de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades, también favorecería el propio crecimiento económico, al reforzar la capacidad adquisitiva de aquellos hogares que tienen precisamente una mayor propensión marginal al consumo. Diversas encuestas (Banco de España, Observatorio del Trabajo Autónomo) ponen de manifiesto que la principal restricción de las empresas españolas a la hora de acometer nuevas inversiones es la falta de demanda. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral también revela que más del 90 % de las empresas no crean más empleo porque no lo necesitan (debido a la falta de ventas).

En tercer lugar, no se puede olvidar que los últimos presupuestos no han contribuido a revertir los recortes en el Estado de bienestar, sino que los han consolidado y han convertido en permanente un deterioro que se anunciaba como temporal y asociado a las dificultades coyunturales derivadas de la crisis. Hay que tener en cuenta, además, que ya antes de la crisis nuestro país sufría un infradesarrollo de dicho Estado de bienestar en comparación con la gran mayoría de países de nuestro entorno.

Otra característica definitoria de nuestros presupuestos alternativos es que luchan por la reversión de los recortes, particularmente en las áreas de sanidad, educación, vivienda social y cultura y deporte, y buscan el avance de otras áreas que tienen un gran impacto en términos de género, como la atención a la dependencia o los permisos por nacimiento o adopción. Estos presupuestos consagran casi 3.000 millones de euros adicionales a estas dos últimas medidas, todo un avance para garantizar la reducción de la brecha de género y la equiparación laboral entre mujeres y hombres.

Por supuesto, en este capítulo incluimos un aumento del gasto en prestaciones de la Seguridad Social, para cubrir la actualización de las pensiones contributivas de acuerdo al IPC. España es el único país de la UE donde se ha producido esta desvinculación, y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado ya una proposición de ley para eliminar el Índice de revalorización y el factor de sostenibilidad introducidos en la reforma de 2013. No hacerlo supondría para los pensionistas que se hayan jubilado en 2017 una pérdida del valor real de sus pensiones cercana al 30 % a lo largo de su vejez. Asimismo, contemplamos un aumento de las pensiones no contributivas.

Por supuesto, revertir los recortes experimentados en educación, sanidad y protección social desde 2010, construir un auténtico sistema de Renta Garantizada y fortalecer la capacidad redistributiva de nuestro Estado de bienestar solo será posible si se aborda la siempre pospuesta reforma fiscal. Para ello, sería necesario poner en marcha una reforma fiscal progresiva y una lucha feroz contra el fraude fiscal, con el fin de elevar significativamente el porcentaje de ingresos sobre el PIB y acercarnos a la media europea (actualmente situada en 8-9 puntos del PIB).

Además, el actual sistema fiscal permite que las personas con rentas elevadas no procedentes del trabajo por cuenta ajena paguen muy pocos impuestos. Ello se debe al tratamiento privilegiado de las rentas y ganancias de capital, así como a la existencia de regímenes especiales de estimación para las actividades económicas muy favorables. Se ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio al no prorrogarse para 2018. Nos parece muy relevante la eliminación de un impuesto que grava la riqueza, en uno de los países que tienen mayores índices de desigualdad de la zona euro. Además, y como consecuencia de las importantes deducciones que el sistema fiscal pone en su mano, las grandes empresas tributan únicamente el 5-6 % de su resultado contable y, en el ejercicio fiscal de 2017, el impuesto de sociedades tan solo recaudó de las grandes empresas un tercio de lo previsto. Y no es aceptable que dejen de recaudarse miles de millones de euros cada año por no luchar eficazmente contra el fraude fiscal. Si no se hace frente a todos esos retos tributarios, difícilmente podremos conseguir que nuestro sistema tributario sea similar al de los países de nuestro entorno. Y, en consecuencia, difícilmente podremos lograr que nuestro Estado de bienestar sea como en los países de la eurozona.

Con las medidas que proponemos en estos presupuestos alternativos podrían darse ya pasos significativos para asegurar unos ingresos mayores con los que financiar las políticas públicas y mejorar la progresividad.

 Una política que impulse la transformación del crecimiento: verde y digital

Uno de los principales desafíos de nuestra economía consiste en ser capaces de transformar nuestro modelo de crecimiento. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de una forma virtuosa. Lamentablemente, a lo que estamos asistiendo es a la recuperación del viejo modelo. A pesar de la retórica de las reformas, el Gobierno no ha aprovechado los favorables vientos de cola que han llegado desde el exterior estos años para resolver los problemas tradicionales de nuestra estructura productiva.

La necesidad de este cambio de modelo productivo es, de hecho, un lugar común en cualquier programa de política económica, una manida declaración de principios que nunca llega a materializarse. Para pasar de las palabras a los hechos es necesario abandonar la idea de que las reformas estructurales orientadas al mercado, por sí solas, pueden impulsar ese cambio, y sustituirla por una política industrial, activa y focalizada, que potencie activamente algunos sectores estratégicos involucrando de forma colaborativa al sector público y al sector privado.

Esto significa que se deben establecer prioridades, es decir, elegir algunos sectores que puedan actuar como catalizadores de la transformación del modelo productivo, y adoptar activamente medidas específicas para impulsarlos. Entre ellas, no cabe duda de que es imprescindible rescatar la inversión pública de los recortes que ha practicado el Partido Popular —una de las grandes víctimas de la gestión del Gobierno—, incluyendo la inversión en educación y en ciencia y tecnología. De hecho, el Gobierno prevé una caída del porcentaje del PIB dedicado a la educación para 2018 en el plan presupuestario que ha remitido a Bruselas.

En lo relativo a este proceso de selección, en nuestra propuesta se establecen dos grandes prioridades estratégicas:

· Un crecimiento verde. Esto significa que la acción contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad debe ser un elemento central en toda la estrategia de crecimiento de la economía española. Aunque este objetivo tiene un carácter transversal, los planes de transición energética son los que representan de forma más nítida esta dimensión.

Para hacerlos realidad, es necesario llevar a cabo un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Estos planes generarían distintos tipos de beneficios, entre los que se encuentran una drástica reducción en la emisión de CO2; una disminución muy sustancial de las importaciones de energías fósiles, que reduciría la dependencia exterior de nuestra economía; una rebaja de los elevados costes energéticos de los hogares españoles (que disminuiría la pobreza energética) y del tejido empresarial, el cual es notablemente más elevado que en los países de nuestro entorno; y la creación de empleo relacionado con la construcción (rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas energías), con las industrias auxiliares y con un sector más cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación, dando pasos hacia un cambio de modelo productivo.

Estas inversiones deben diseñarse con una perspectiva a largo plazo. Pero podríamos empezar a dar ya los primeros pasos, y en nuestra propuesta de presupuestos alternativos se incluye un muy importante Plan Nacional de Eficiencia Energética, dotado con 1.300 millones de euros.

Para financiar una estrategia inversora de este tipo es importante el aumento de la fiscalidad verde, que además contribuiría a desincentivar consumos medioambientalmente dañinos. La recaudación por este tipo de impuestos supone en España el 1,4 % del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 2,5 %. Además, su reparto es ciertamente regresivo: el 50 % de la recaudación proviene de los hogares (a través de la factura de la luz y de los impuestos sobre la gasolina), mientras que la aportación de la industria y las empresas energéticas no alcanza el 20 %.

Por último, no habrá un crecimiento verde real si no se produce un cambio en el sector del transporte. Hoy ya es posible avanzar de forma rápida y decidida hacia la progresiva electrificación de los vehículos, tal y como contemplamos en esta alternativa presupuestaria, con un Plan de Movilidad Eléctrica cuyo fin es sustituir los vehículos de gasolina y diésel por vehículos eléctricos. Para que este proceso favorezca una estrategia de crecimiento más sostenible debe hacerse en combinación con la drástica reducción del peso de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles —es el caso de las centrales de ciclo combinado— y con una creciente colectivización del transporte, relacionadas con estrategias de desarrollo del transporte público. Esto reduciría el posible impacto ambiental, de deshechos materiales y residuos sólidos, asociado a la propia renovación del parque automovilístico. Impulsar los esquemas de coche compartido debería formar parte de la agenda de políticas públicas para los próximos años, así como la sustitución progresiva del transporte de mercancías por carretera por el transporte mediante ferrocarril.

· Gobernar la digitalización en favor de la mayoría. El proceso de digitalización va a ser de gran influencia en la evolución futura de la economía y la sociedad, y hablamos de «gobernar la digitalización» por dos motivos. En primer lugar, no hay que esperar que este desplazamiento desde las actividades más tradicionales hacia otras caracterizadas por un mayor contenido tecnológico —sin duda, una buena alternativa frente a seguir compitiendo con bajos costes salariales, como hacemos ahora— se produzca espontáneamente por el mercado sin una implicación efectiva del «Estado emprendedor». No obstante, es necesario «gobernar la digitalización» porque tampoco es seguro que este proceso sea socialmente neutro si no se adoptan las medidas necesarias. El proceso de digitalización de la economía puede conllevar numerosos beneficios para la sociedad; es un modo de incrementar la productividad y, por ende, el crecimiento a medio y largo plazo. Sin embargo, si no se regula de manera adecuada el reparto de dicho beneficio puede provocar una peor distribución de la renta (al beneficiarse solo una parte de la población), más desigualdad y peores condiciones de trabajo.

Por su propia definición, las innovaciones tecnológicas producen, si no se asegura un aumento de la demanda agregada que garantice unos niveles de producción más altos, una reducción de la demanda de trabajo. En el caso de la digitalización, además, esto tiene la complicación adicional de que seguramente afectará de forma especial a determinadas ocupaciones (y niveles de formación). Como muestra tenemos el ejemplo de la globalización —un proceso que ha sido gobernado fundamentalmente por el mercado—. Son necesarias políticas activas que aseguren la aparición de otros empleos en sectores diferentes (transición energética, cuidados personales) o que, alternativamente, impulsen el proceso histórico de reducción de jornada. En definitiva, es necesario aplicar medidas que eviten la aparición de grupos de excluidos laborales sin recursos («perdedores de la digitalización»).

Por último, la forma que está adoptando el actual proceso de digitalización indica que también hay otros dos riesgos que evitar. El primero es que una parte importante de los trabajadores de la nueva «economía de plataformas» ha visto cómo se precarizaban enormemente sus condiciones de trabajo (viendo erosionados sus salarios o haciéndose pasar por acuerdos mercantiles entre empresas y autónomos lo que no son sino relaciones laborales en un entorno de nuevas posibilidades tecnológicas). El segundo es que, como consecuencia de lo anterior, las rentas salariales hacen más evidente su desconexión de los aumentos de productividad y no se benefician de dicha dinámica.

En conclusión, la modernización y la adaptación de las relaciones laborales al mundo digital son necesarias para ajustar nuestro mercado de trabajo a las condiciones del siglo XXI, al tiempo que se garantizan y se recuperan los derechos laborales ahora erosionados. En nuestros presupuestos, contemplamos la implementación de un ambicioso impulso a la digitalización económica (1.240 millones de euros), centrado en el incremento de las inversiones en infraestructuras y redes de nuestro tejido productivo, así como en el desarrollo de procesos digitales avanzados en empresas y hogares.

 Un crecimiento morado

Las mujeres, es decir, la mitad de la población, padecen una situación de desigualdad: menores salarios, largas jornadas de trabajo (dentro y fuera del hogar), vidas laborales discontinuas y un reparto inequitativo del trabajo doméstico. Hoy tenemos más tituladas que titulados en nuestras universidades y, a pesar de ello, nuestra sociedad y nuestro mercado laboral no facilitan la incorporación de este talento.

Acabar con esta situación, y garantizar la participación de las mujeres en la economía en plena igualdad —para elegir libremente su actividad y recibir por ella la misma remuneración que los hombres y con los mismos derechos—, debe ser una prioridad política. Por sí misma, y porque además tendrá implicaciones económicas muy favorables.

Una estrategia de crecimiento morado tiene mucho que ver con un cambio sustancial de perspectiva en la forma en que se organiza en España el sistema de cuidados, soportado en gran medida por las mujeres. En primer lugar, los servicios públicos relacionados con los cuidados están escasamente dotados y han sufrido recortes importantes durante la crisis: España dedica a cuidados de larga duración el 0,6 % del PIB, mientras que Holanda y Suecia alcanzan el 3,7 %. Además, el grueso de las políticas públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar, facilitando que se retiren (total o parcialmente) del empleo durante los periodos en los que las familias experimentan necesidades de cuidados (infancia, enfermedad o vejez, por ejemplo). Por tanto, un cambio en la orientación de estas políticas y un mayor desarrollo de estos servicios será beneficioso para las mujeres: no porque vayan a ser quienes necesariamente ocupen estos empleos ligados al sector de cuidados, sino porque las liberará de estos condicionantes y les permitirá elegir libremente en qué quieren trabajar.

La organización del trabajo también refuerza esta tendencia, y generaliza la dualidad laboral: por un lado, tenemos jornadas interminables en el puesto de trabajo principal para algunas personas (hombres, sobre todo), incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados. Por otro, se consolidan el empleo precario a tiempo parcial y las interrupciones que impiden consolidar una trayectoria laboral estable (particularmente para las mujeres). Un 70 % de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20 % de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado a la necesidad de atender al cuidado de familiares y otras tareas relacionadas con el hogar (en los varones estos casos no llegan al 5 %). Como consecuencia de todo ello, las mujeres ganan un 23,5 % menos que los hombres.

Esta estructura sociolaboral penaliza la fecundidad y se traduce en una baja tasa de natalidad. Ponemos a las mujeres —pero no a los hombres— entre la espada y la pared, y las obligamos a que escojan entre su carrera profesional o su familia. Las políticas «natalistas», consistentes en ofrecer incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar, han tenido efectos contrarios a los que pretendían: Alemania o España, países que las aplican, presentan las tasas de fecundidad más bajas de toda Europa. Por el contrario, allí donde se aplican las políticas que evitan que las mujeres tengan que elegir entre un empleo de calidad y la maternidad —los países nórdicos, por ejemplo— se ha conseguido revertir la caída en las tasas de fecundidad. Estas desigualdades en el mercado laboral tienen, además, una repercusión directa en el sistema de pensiones: las bajas tasas de participación de las mujeres y sus menores salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones, y el círculo de la discriminación se cierra después con menores pensiones para ellas.

Avanzar hacia un modelo de «crecimiento morado» requiere un sistema de cuidados basado en los principios de corresponsabilidad y universalidad que asegure que todas las necesidades estén atendidas y, a la vez, que todas las personas conserven la independencia económica durante toda su vida, con igualdad real de oportunidades. Esto exige la universalización de los servicios públicos, jornadas laborales a tiempo completo más cortas y un reparto más igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres.

Hay medidas concretas que pueden favorecer este cambio de modelo, y algunas de ellas ocupan un lugar destacado en nuestra propuesta de presupuestos alternativos. Destacan las que desarrollamos a continuación:

Para empezar, la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, con un aumento en el actual permiso de paternidad, hasta igualarlo al de maternidad. Para garantizar la paridad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible (como todos los demás derechos laborales y sociales), con una remuneración equivalente al 100 % del salario y con protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Esta reforma del sistema de permisos de nacimiento no solo fomentaría la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, sino que favorecería decisivamente los derechos laborales de las mujeres, al equipararse las condiciones (reales) de acceso a los permisos para hombres y mujeres.

Este nuevo sistema de permisos por nacimiento o adopción ayudaría también a cerrar significativamente la brecha salarial, siempre y cuando se garantice la intransferibilidad de los permisos, que es el verdadero caballo de batalla. Las medidas de transparencia (auditorías salariales en las empresas, por ejemplo) son necesarias, pero la brecha salarial no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos, sino por la fuerte segregación de las mujeres en el mercado de trabajo (ellas trabajan en sectores peor remunerados, y evolucionan a un ritmo menor que ellos hacia categorías laborales mejor remuneradas); asimismo, las mujeres tienen vidas laborales más discontinuas, con más periodos de bajas. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de «menos disponibles para el empleo».

Por otra parte, es necesario ampliar y desarrollar también el catálogo de los nuevos derechos que deben conformar el Estado de bienestar del siglo XXI. Algunos existen ya sobre el papel, como la educación infantil pública y gratuita en el periodo de los 0 a los 3 años, pero están escasamente reconocidos y muy infradotados. Y es imprescindible la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, lo que equipararía las condiciones laborales de quienes lo aseguran a las del resto de personas trabajadoras. El desarrollo de ambos sectores —la educación infantil y la atención temprana a la infancia y la dependencia— liberaría a millones de mujeres de la doble mochila laboral que en este momento asumen, y ello reforzaría su disponibilidad para el empleo en aquellos sectores que quieran elegir. Además, son sectores económicos intensivos en empleo con un consumo de materiales y energía relativamente bajo, lo que ayudaría a ir desplazando progresivamente la producción hacia otros sectores más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

En tercer lugar (aunque lo siguiente no esté reflejado en las cifras presupuestarias que presentamos), debe mencionarse también la importancia de eliminar los incentivos al empleo a tiempo parcial y de avanzar hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal, ya que ayudaría a racionalizar horarios y fomentaría la conciliación laboral y la reorganización del sistema de cuidados. Por supuesto, esta propuesta contribuiría también a un mayor reparto del empleo. La tendencia a la reducción de la jornada laboral, relativamente constante durante todo el siglo XX, se detuvo en las últimas décadas de ese siglo en prácticamente todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también en el nuestro.

Por último, la desigualdad de género y la brecha salarial deben situarse en el centro de la negociación colectiva en las empresas, con el fin de mejorar los protocolos antiacoso y los planes de igualdad, las medidas de conciliación y la visibilización de las brechas salariales existentes entre mujeres y hombres.

Por tanto, el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea rechaza estos presupuestos y pide con esta Enmienda de Totalidad su devolución al Gobierno porque son una oportunidad perdida para utilizar el crecimiento con el fin de reducir la brecha social que ha dejado la crisis económica y la gestión que el gobierno ha hecho de la misma, para cerrar la brecha con Europa en términos de servicios sociales y para implementar una modernización económica que suponga un cambio de modelo productivo que mejore las condiciones sociales, políticas y económicas en España.

El Senador Bernat Picornell Grenzner, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 1 de junio de 2018.—Bernat Picornell Grenzner.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 60

De don Bernat Picornell Grenzner (GPER)

El Senador Bernat Picornell Grenzner, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Las Illes Balears salen, como cada año, perjudicadas con los Presupuestos Generales del Estado, siendo una de las comunidades que más aporta y más riqueza genera de España. Los PGE del 2018 vuelven a dejar a la cola en inversiones a cada una de las islas, tan espoliadas y maltratadas fiscalmente durante décadas.

Los Presupuestos obvian inversiones que son de vital importancia para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de las Illes Balears; reivindicaciones históricas en materia de financiación que ya deberían estar resueltas para no agravar las consecuencias que el mal sistema de financiación ha creado en esta comunidad autónoma.

Asimismo, tampoco se tienen presentes necesidades y compromisos que afectan a IB-Salut, el convenio ferroviario o las inversiones estatutarias pendientes de convenios ya firmados que no se han transferido.

Es por todo ello que se plantea el presente veto particular a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

El Senador Josep Rufà Gràcia, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Senado, 1 de junio de 2018.—Josep Rufà Gràcia.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 61

De don Josep Rufà Gràcia (GPER)

El Senador Josep Rufà Gràcia, ERC/ESQUERRA (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

VETO INDIVIDUAL

Después de años de expolio fiscal llegan unos presupuestos en los que el País Valencià recibe menos inversión (6,3 %) que ningún otro territorio del estado.

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Se niega la construcción del corredor mediterráneo y al mismo tiempo vemos como, sistemáticamente el poco dinero presupuestado se derivan hacia inversiones en la red madrileña, para ese corredor Mediterráneo inventado que pasa por Madrid.

Se obvian partidas necesarias como la del AVE Alicante-Madrid, inversiones en una red de cercanías ferroviarias, absolutamente abandonada y más propia del siglo XIX que del XXI.

La falta de inversiones presupuestadas año tras años y el incumplimiento de muchas de las que se han presupuestado hacen necesarias inversiones para hacer el mantenimiento de carreteras (N-340 a su paso por Vinaròs y Benicarló). Y asimismo es necesaria la liberación de los peajes de la AP7 para garantizar la fluidez del tránsito en la red de carreteras y una mayor competitividad económica.

CULTURA Y LENGUA

El País Valencià viene sufriendo todos los impedimentos legales en forma de recurso al Constitucional a las leyes que regulan y protegen el uso de la lengua propia: el catalán. Una lengua minorizada que debe tener recursos económicos para protegerla. Unos recursos que, de no sufrir la falta de financiación y el expolio fiscal, estarían al alcance de entidades cívicas y de la red de escuelas públicas valencianas.

Así, consideramos imprescindible el apoyo económico a entidades como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, El Tempir d’Elx y la destinada a la promoción del valenciano.

Mención aparte merece el IVAM. El Instituto Valenciano de Arte Moderno es uno de los centros de arte contemporáneo más importantes de Europa. Cierto es que durante los gobiernos del PP, y bajo la dirección de Consuelo Ciscar, actualmente investigada por irregularidades muy graves, bajó su nivel. El Gobierno español tiene la obligación de dotar económicamente un centro que expoliaron con su mala gestión.

Como también el Teatre Escalante. Es urgente invertir 6 millones de euros en una de las salas de más calidad en teatro familiar del Estado español, actualmente cerrada porque necesita reformas estructurales importantes.

MEDIO AMBIENTE

El hecho de ser receptores de turismo más que otros territorios hace que el Medio sufra agresiones, consumo excesivo de agua y recursos naturales. Hay que invertir en zonas protegidas como la marjal de Pego-Oliva, la d’Almenara o l’Albufera, limpiar caminos rurales, así como también en los arrecifes y espigones de poblaciones como Vinaròs y Almassora o la Vía Verda Alcoi-Gandia.

II. IMPUGNACIONES DE UNA SECCIÓN (ARTÍCULO 149.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO)

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A LA SECCIÓN 15, Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2



De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

A LA SECCIÓN 16, Ministerio del Interior, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

A LA SECCIÓN 25, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Otras relaciones financieras con entes territoriales.

A LA SECCIÓN 32, Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

A LA SECCIÓN 36, Sistemas de Financiación de Entes Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 6

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Marta Pascal Capdevila (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Marta Pascal Capdevila (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

A LA SECCIÓN 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 7

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Marta Pascal Capdevila (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Marta Pascal Capdevila (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

A LA SECCIÓN 14, Ministerio de Defensa, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 8

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Marta Pascal Capdevila (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Marta Pascal Capdevila (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

A LA SECCIÓN 17, Ministerio de Fomento, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 9

De don Joan Bagué Roura (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

A LA SECCIÓN 13, Ministerio de Justicia, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 10

De don Joan Bagué Roura (GPN) y de don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN)

El Senador Joan Bagué Roura (GPN) y el Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A LA SECCIÓN 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 12

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A LA SECCIÓN 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 13

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

A LA SECCIÓN 20, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 14

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

A LA SECCIÓN 23, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 15

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A LA SECCIÓN 26, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 16

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

A LA SECCIÓN 27, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 17

De don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y de doña Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN)

El Senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez (GPN) y la Senadora Maria Teresa Rivero Segalàs (GPN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

A LA SECCIÓN 60, Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado Español y, en particular, a las que necesita Catalunya.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 20

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

JUSTIFICACIÓN

Desde Esquerra Republicana se considera incomprensible que el Jefe del Estado cobre 21.608 euros al día (casi 8 millones de euros al año), lo que significa que en 5 días cobra más que el Presidente del Gobierno en todo el año. Esta cifra indica que no cobra como Jefe de Estado, sino que cobra como Rey, es decir, que es beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia.

Además, y por si esto fuera poco, es indignante que el sueldo del Jefe del Estado se incremente este año en 68.260 euros (es decir, se incrementa el sueldo más de 6 veces el Salario Mínimo anual). Y todavía más indignante si tenemos presente que el año pasado ya se incrementó en 43.850 euros.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 21

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 04. Tribunal Constitucional.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2018 relativos al Tribunal Constitucional refuerzan la instrumentalización política del mismo. En un momento en el que las reformas del Gobierno han reducido el trabajo del Tribunal dejando la admisión de los recursos de amparo al arbitrio absoluto de los Magistrados, inadmitiéndose el 99 de los recursos presentados, el Gobierno decide incrementar el presupuesto del Tribunal con el objetivo de reforzar la represión política y judicial del proceso independentista en Catalunya.

Si para el Gobierno ya se ha vuelto natural exigir la convocatoria de plenos extraordinarios del Tribunal Constitucional para admitir los recursos contra actuaciones de Catalunya y suspender las Leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya, así como nombrar Magistrados políticos, el Gobierno premia y fomenta aún más estas conductas consolidando el aumento de presupuesto del ejercicio 2017 a una institución politizada y al servicio del Gobierno español como el Tribunal Constitucional; a lo que se suma un aumento del 12 % de las retribuciones de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que acelera el deterioro de su legitimidad y de su independencia. Urgen, desde hace años, reformas para blindar al Tribunal Constitucional de los poderes políticos estatales. Pero estamos en un punto de no retorno en el que el Gobierno solo quiere afinar su control y premiar la lealtad de sus magistrados.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 4, Tribunal Constitucional, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 22

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 06. Deuda Pública.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 06. Deuda Pública es la segunda sección presupuestaria por volumen en los PGE 2018. 31.547 Millones de euros, el 20,1 % del total, lo que supone una reducción del 1,9 % respecto a los 32.171 Millones de euros de los PGE 2017. Esta cifra de 31.547 millones de euros corresponde a la partida destinada al pago de intereses de la deuda, una cantidad que representa un 2,6 % del PIB y un 8,9 % del total de las cuentas proyectadas para 2018.

La deuda pública sigue siendo uno de los aspectos claves para medir la fortaleza de la recuperación económica. La deuda pública del conjunto de las Administraciones cerró 2017 en 1,144 billones de euros, lo que equivale al 98,3 % del PIB —dos décimas por encima del objetivo del Gobierno— tras incrementarse en 37.078 millones de euros a lo largo del ejercicio. Para 2018, el Ejecutivo prevé que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas cierre en el 97 % del PIB, un nivel por debajo del objetivo asumido por el Consejo de Ministros en el que se estableció el techo de gasto para 2018, que lo situó en el 97,6 %.

En cuanto a los objetivos de deuda pública para 2019 y 2020, el Gobierno los fija en el 95,4 % y el 92,5 % del PIB, respectivamente. Además, en este ejercicio 2018, el Tesoro tiene previsto lanzar emisiones brutas por valor de 215.327 millones, un 8 % menos que en 2017. Y el Estado tiene previsto extender un préstamo de 15.164 millones para la Seguridad Social.

Cabe indicar que la deuda ha seguido incrementándose al principio de año. Así, la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,158 billones de euros en febrero, lo que representa un aumento de 12.164 millones de euros respecto al mes anterior, hasta situarse en el 98,84 % del PIB, según los cálculos del Ministerio de Economía de acuerdo con la proyección del PIB recogida en el Plan Presupuestario.

En este periodo, la deuda ha pasado del 35,6 % del PIB en 2008 hasta el máximo del 101,2 % en el primer trimestre de 2016.

Además, y gracias a las balsámicas intervenciones del Banco Central Europeo, el tipo medio que paga España por la deuda ha caído en picado en los últimos años. Como consecuencia, el Estado se gastará 31.547 millones de euros en intereses, reduciendo los casi 37.000 millones que destinó a esta partida en 2014, pero, eso sí, cifra que más que duplica los 16.000 millones que España pagaba en intereses al inicio de la crisis, en 2008.

La economía del Estado español forma parte, según el FMI, de un grupo de economías de Europa clasificadas como «economías endeudadas», y claramente vulnerables, teniendo presente el contexto generalizado de bajos tipos de interés y las compras de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE), decisivas para la reducción paulatina de la factura de la deuda pública. Pero el anunciado futuro cambio de signo de la política monetaria por parte de la institución presidida por el Sr. Mario Draghi, con la previsible subida del precio del dinero a finales de año, pone en riesgo toda la previsión efectuada en estos PGE 2018.

En resumen, una deuda que, además de las necesidades anuales de financiación de la actividad normal del Estado, incluye la deuda producida por el rescate bancario, de más de 70.000 millones de €, la deuda del sector eléctrico, de más de 30.000 millones de €, la deuda producida por la construcción del AVE, de más de 24.000 millones de €, o la deuda militar producida por la compra de armamento obsoleto, que supera los 30.000 millones de €. Un conjunto de deudas que el Estado no ha permitido en ningún momento que sea auditada públicamente, por autoridades independientes, para poder conocer el detalle de la misma.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Deuda Pública.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 23

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.

JUSTIFICACIÓN



El Poder Judicial y la Administración de Justicia deben de ser entendidos como un servicio público a la ciudadanía y a personas físicas y jurídicas que actué con el objetivo de dar una resolución pacífica a conflictos así como la salvaguarda de derechos y libertades; con independencia del poder ejecutivo como garantía del correcto funcionamiento democrático del Estado.

El Libro Amarillo de los PGE para 2018 recoge un incremento de las partidas destinadas al Consejo General del Poder Judicial por valor del 3,29 %. Buena parte de ese incremento se centra las inversiones reales, que sufren un aumento del 47,15 %.

Dada la evidente sumisión del CGPJ a los dictados políticos del Gobierno y de la falta de independencia de las cúpulas judiciales, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana realiza una valoración negativa puesto que el Gobierno tiene una idea muy lejana, a nuestro parecer, de lo que debe ser modernizar la Administración de Justicia. Y esto, sin ninguna duda, no pasa por un aumento de las transferencias de capital sino por reformas legales y presupuestarias de calado.

Se trata pues de un presupuesto que no conecta con las necesidades estructurales y que solo es un parche para afianzar un modelo caduco de la Administración de Justicia que lejos de entrar en proceso de modernización para proporcionar un servicio de la Administración de Justicia del s. XXI parece que retroceda a pasos agigantados hacia el s. XIX.

El CGPJ es un organismo a la deriva. Desprestigiado en su composición, sus funciones y su organización. Sin un plan de modernización y con una actuación más parecida a la de correa de transmisión del poder ejecutivo al judicial que de órgano rector del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por este motivo se presenta una enmienda a la totalidad a la sección del Consejo General del Poder Judicial.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 24

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

El leve incremento que contempla el Proyecto de presupuestos en materia de política exterior y de cooperación al desarrollo no ha considerado la necesaria reorientación de las políticas llevadas a cabo en este ámbito que hasta ahora han resultado ineficaces e insuficientes.

El ejecutivo español sigue sin cumplir con sus compromisos económicos en materia de ayuda al desarrollo. Las estrategias y prioridades seguidas en relación a la AOD, sitúan al Estado español en la cabeza de la Unión Europea en cuanto a porcentaje de ayuda «no genuina» con respecto al volumen presupuestario total destinado a esta materia.

La partida de Ayuda Oficial al Desarrollo se ha beneficiado de un incremento insignificante e irrisorio. Evidentemente este crecimiento resulta insuficiente para llegar a alcanzar el objetivo del 0,4 % comprometido para esta legislatura y muy lejos del histórico del 0,7 %.

En medio de graves crisis humanitarias y del mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial, la partida para la Ayuda humanitaria sigue quedando relegada a la última posición, creciendo únicamente, dos millones de euros. Dicha complejidad mundial exige políticas que estén a la altura de los enormes retos que afronta la humanidad, y eso requiere fondos suficientes y planteamientos que respondan de manera efectiva a tal realidad.

Así mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sigue teniendo un papel devaluado en materia de cooperación al desarrollo; solamente gestiona el 25,6 % de los recursos presupuestados, hecho que pone en riesgo la calidad de la Ayuda y su orientación a la erradicación de la pobreza.

En lugar de adoptar compromisos firmes y concretos para construir una verdadera política de cooperación que ponga en el centro a las personas más vulnerables, el Ejecutivo opta por incrementar considerablemente y en cada ejercicio, partidas como las de las secciones de Defensa o de la Casa Real. Nos estamos enfrentando a una década perdida de la cooperación internacional para el desarrollo.

La dotación para cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior sigue la senda del incremento presupuestario. Esto demuestra el trato de favor que concede el Gobierno del Estado español a una institución que fomenta principal y mayoritariamente el impulso a la cultura de la lengua castellana sin respetar en lo más mínimo la realidad cultural y lingüística de la península.

Es un claro ejemplo del rumbo que escoge el Gobierno en su acción exterior, al orientar todos sus esfuerzos y recursos en intentar mejorar y reforzar la imagen del Estado español en el mundo mediante la Marca España, en su férreo deseo por la «recuperación de la soberanía sobre Gibraltar» y, con ella, la «integridad territorial española», en lugar de hacerlo por la promoción de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, del fomento de la paz…

La liquidación de los instrumentos y órganos que abogan por el impulso económico, social y cultural de Catalunya en su proyección en el exterior, como son el Diplocat, las Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exterior, la paralización de las subvenciones a las comunidades catalanas en el exterior… ponen en evidencia la senda inquisitoria que está siguiendo el ejecutivo español.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la enmienda a la totalidad a la Sección 12 del Proyecto de PGE 2018. No compartimos las prioridades, ni los objetivos políticos, así como, consideramos insuficientes, una vez más, los recursos destinados a la Cooperación al desarrollo.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 25

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2018 relativos al Ministerio de Justicia demuestran que los compromisos del gobierno no van acompañados de las partidas presupuestarias necesarias para su consecución. Especialmente preocupante es la planificación presupuestaria y política para los objetivos relacionados con la agilización y modernización de la justicia, para disminuir la litigiosidad, para proporcionar un eficiente servicio de asistencia jurídica gratuita, para erradicar la violencia de género y para luchar contra la corrupción. Asimismo, es manifiesta la falta de lealtad para con las Comunidades Autónomas y, especialmente, con las competencias en administración de justicia de la Generalitat de Catalunya.

Pretende el Gobierno, según consta en el Proyecto, evitar la litigiosidad y fomentar los métodos alternativos de resolución de conflicto, sin prever para ello una consecuente partida presupuestaria que permita mejorar tanto la formación de conciliadores, mediadores y árbitros como fomentar el uso de estos mecanismos por parte de abogados y ciudadanos. Es patológica la infrafinanciación en este ámbito, que no permite convertirlo en una alternativa real a la jurisdicción y que impide que nuestra justicia busque la restauración más que no la contradicción judicial. En consecuencia, si el Gobierno prevé realmente avanzar, por fin, en ese sentido, es necesario que se prevean partidas concretas para ello.

El Presupuesto de ingresos del Proyecto incluye una dotación de 44 millones de euros correspondientes a la recaudación de las tasas judiciales (tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social) pero no se dota a ninguna partida concreta para la repartición de estas tasas. Es escandaloso que se recauden tasas judiciales en Catalunya por un importe superior a los 50 millones de euros anuales cuyo el hecho imponible es el mantenimiento ordinario de la Administración de Justicia, competencia que desempeña la Generalitat de Catalunya por la que no recibe transferencia alguna.

Se dice en el Proyecto que «mejorar nuestra sociedad desde la ley es ensanchar, ampliar y mejorar la legislación en materia de protección de colectivos vulnerables, siendo una prioridad absoluta perfeccionar nuestro modelo de lucha contra la violencia de género de una manera integral y con un planteamiento trasversal que alcance al conjunto del ordenamiento jurídico y a todos los servicios que prestan las administraciones públicas». Lo que esconde el Gobierno con esta frase es que no solo hay que perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia machista, sino que es necesario poner tantos recursos como sea necesario para hacerlo efectivo, con partidas concretas dirigidas a la prevención, a la atención inmediata, a la actuación inmediata y a la protección eficaz de las víctimas de violencia machista. El modelo judicial y policial actual no da respuesta a la realidad que viven las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista, y es necesario que la dé de una vez por todas. Sin embargo, el Gobierno no cumple con el Pacto contra la violencia machista y sólo prevé 80 de los 200 millones previstos.

En quinto lugar, en relación con la corrupción, del mismo modo que en los presupuestos del ejercicio anterior, se llega a decir lo siguiente: «en cuanto a la lucha contra la corrupción, a pesar de las reformas legislativas adoptadas en esta materia, se seguirá actuando para que deje de ser un problema real». ¿Es consciente el Gobierno de que el objetivo debería ser acabar con la corrupción y no con su percepción como problema por parte de la ciudadanía? ¿Pretende el Gobierno incrementar el presupuesto y los medios de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada? Y, en su caso, ¿pretende también su independencia?

A todo esto, es necesario sumar el hecho de que el Proyecto no prevé partidas concretas para la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la parte proporcional de la recaudación de las tasas judiciales, de las consignaciones judiciales y de las multas y sanciones, correspondiéndole cerca del 15 % de la misma teniendo en cuenta el porcentaje de asuntos judiciales ingresados en Catalunya sobre el total estatal. Además, debería autorizarse una convocatoria de servicios penitenciarios de rehabilitación en Catalunya debido a los altos niveles de interinos del personal de servicios penitenciarios de rehabilitación (con porcentajes cercanos al 70 %). Tampoco se identifica el presupuesto de la Escuela Judicial, situada en Barcelona, dentro de los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. Así como debería incrementarse el uso del catalán entre los profesionales de la judicatura a través de la financiación de cursos para los interesados. Y, finalmente, debería otorgarse a la Generalitat de Catalunya la parte proporcional que le corresponde de los fondos europeos de formación profesional y políticas activas de ocupación que recibe el ente autónomo «Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo» y la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios. Además, en Catalunya se crean quince órganos judiciales nuevos y no se prevé ninguna financiación para implementarlos.

Finalmente, pese a que se afirma que «la independencia del Poder Judicial es un principio fundamental para que el Estado de derecho funcione, las leyes se cumplan y la igualdad de derechos y libertades se garantice para todos los ciudadanos». Cabe recordar que el Estado español es el tercero a la cola de Europa en independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea según datos de la Comisión Europea dados a conocer en 2017. España es el número 25 de 28 y está al nivel de Bulgaria, Croacia y Rumanía. Además, el Consejo de Europa sitúa a España como el Estado que menos ha cumplido en luchar contra la politización de la justicia. De los 21 países analizados, España es el 21 y ha ignorado 3 de cada 4 recomendaciones del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) para prevenir estas prácticas en el ámbito de la justicia. Y según el informe del Foro Económico Mundial publicado en setiembre de 2017, España se sitúa al nivel de Botswana en el número 58 por lo que a independencia judicial se refiere y por debajo de Kenia, China, Arabia Saudí o Egipto.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 13, Ministerio de Justicia, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 26

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

JUSTIFICACIÓN

Rechazamos el incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa y la escalada militar y armamentística en que está inmerso el Ejército español.

El Presupuesto de Defensa, que se ha incrementado un 40 % en los años de la crisis mientras se recortaba en todas las partidas de inversión social, sigue aumentando (este año un 10 % respecto al año anterior) sin que haya ningún tipo de justificación. Al contrario, resulta indecente este incremento del gasto militar mientras se mantienen recortes en inversión social, Sanidad, Educación, dependencia o I+D+i.

Por otro lado, como sucede año tras año, los Presupuestos de Defensa siguen sin ajustarse a la realidad (las partidas destinadas a las operaciones en el exterior son sólo un tercio de lo gastado durante 2017 en este concepto), enmascarando la cuantía real del gasto militar y necesitarán de nuevas inyecciones de crédito a lo largo del año.

Es por ello, y sin ni siquiera entrar en el detalle de un gasto tan exagerado como en buena parte superfluo, que se reclama la Devolución del Ministerio de Defensa de los Presupuestos Generales del Estado.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 27

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública, formada por las Secretarías de Estado de Hacienda, Presupuestos y Gastos y Función Pública, es la responsable principal de la elaboración de los PGE 2018, además de la definición de las políticas que los Presupuestos desgranan, tanto desde el punto de vista fiscal como de la función pública, y por tanto el nivel de impuestos que la ciudadanía paga y el nivel de los servicios que recibe del Estado.

Los PGE del 2018 consolidan un modelo de Estado caracterizado por unos ingresos derivados de un nivel de impuestos cotizado principalmente por las rentas del trabajo y no las del capital, especialmente por las clases medias y bajas, y en las que el esfuerzo fiscal del mundo económico está enfocado a perseguir a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, y en el que las grandes empresas pagan un tipo efectivo muy menor.

Además, los PGE 2018 están elaborados falseando el nivel de ingresos, tal y como ha ido reiterando la AIReF, y no visualiza un esfuerzo específico en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. En este ejercicio, y como ya viene siendo costumbre en los años de Gobierno del Partido Popular, Hacienda ha hecho varios lavados a las cuentas públicas para disimular lo que es en realidad un año más de recortes.

Con todo ello, el sistema fiscal, además de no aportar suficientes recursos para desarrollar las políticas de gasto social que necesita la sociedad, no contribuye a la redistribución de la riqueza generada a través del crecimiento del PIB, y el Estado español sigue con altos indicadores de pobreza y desigualdad.

Sigue necesitándose impulsar una política fiscal más progresiva, justa y transparente, con un mayor peso de la imposición indirecta y una menor contribución de los impuestos directos, especialmente, del de sociedades, y los PGE 2018 no ayudan a ello.

Además, el techo de gasto, que marca los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020, sigue siendo inferior al de los inicios de la crisis, cuando empezaron las políticas de austeridad, obligados por Bruselas por los reiterados incumplimientos del Gobierno español.

Y, como siempre, repartidos de forma arbitraria entre las diversas administraciones, quedándose la mayor capacidad de generar déficit para el Estado, en lugar de las administraciones que llevan a cabo la inversión social en Educación, Sanidad, políticas sociales, etc.

Y, en lo referente al gasto, lo cierto es que estas cuentas públicas siguen con la política de ajustar el cinturón de los ciudadanos. Así, mientras la economía crece un 2,7 en términos reales, la inversión social sólo se incrementa un 1,1 %.

El gasto público incluido en los PGE 2018 retrocede hasta el 40,5 %, lo que supone además alejarse aún más de la media europea, que se encuentra entorno al 46 %. Esta reducción supone el quinto año consecutivo de rebajas, a pesar del crecimiento del gasto en pensiones. Pero el incremento económico, unido a los importantes ahorros en el gasto por desempleo, comporta que el nivel de gasto en relación al PIB realmente esté cayendo. Para 2018, la cifra será del 16,2 %, lejos del 18 % que rozó en 2013 o del 17 % en el que estaba en 2015.

Un examen con detalle a las políticas de gasto muestra que casi todas las secciones de inversión social experimentan recortes o subidas inferiores al crecimiento nominal de la economía. Así, las partidas destinadas a Sanidad y Educación se contraerán por tercer ejercicio consecutivo. Una estrategia que le permite al Ejecutivo reducir el peso de los gastos sobre el total del PIB. Un ejemplo de ello sería la subida de las pensiones anunciada por el Gobierno es claramente insuficiente, afectando sólo a un tercio de los pensionistas.

Desde el punto de vista de la función pública, estos PGE 2018 tampoco contribuyen a recuperar el peso perdido por el sector público. Más de 200.000 puestos de trabajo en el sector público, en empleos que reforzaban el estado del bienestar, son los que se han perdido con la crisis.

Asimismo, las administraciones locales siguen siendo las únicas que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria del Estado español. Pese a ello, se encuentran sujetas a un régimen que limita severamente la posibilidad de disponer del superávit que generan en virtud de una gestión presupuestaria responsable.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Hacienda y Función Pública.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 28

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN

Rechazamos el incremento del Presupuesto del Ministerio del Interior, que aumenta más de un 6,5 %. Aumento que no se explica sólo por la equiparación salarial de policías, sino que una tercera parte de este incremento se produce por otras partidas.

Asimismo, consideramos que la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías nacionales de Catalunya y Euskal Herria se debe hacer mediante la racionalización del gasto, la reducción de gastos superfluos y el freno de la escalada represiva social y política, y especialmente el espionaje a políticos.

Unos Presupuestos que, por otro lado y en la misma línea represiva, destina más de 7 millones de euros en gastos de fondos reservados (incrementándose un millón respecto a los presupuestos anteriores) y sobre los que no hay un control efectivo en un contexto donde hay sospechas de utilización de fondos para usos ilegítimos.

Por todo ello presentamos la siguiente enmienda de devolución de la Sección 16.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Fomento supone el paradigma de las inversiones orientadas a fomentar y perpetuar la estructura radial y centralista del Estado español, además de que significan un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad de Catalunya y de las necesidades de su sociedad.

Se trata de un presupuesto de parches y de patada adelante por lo que respecta a las inversiones que necesitan efectuarse en Catalunya. Sin embargo, frente a esas necesidades, el Estado prefiere invertir en el Corredor Mediterráneo con parada en Madrid, frente a su recorrido natural paralelo al litoral Mediterráneo o a la inversión en Alta Velocidad deficitaria mientras el servicio de Rodalies de Catalunya sigue siendo olvidado y ninguneado.

Además, el Congreso en la XI Legislatura ha aprobado en comisión Proposiciones No de Ley con el objetivo de reducir la siniestralidad de estas carreteras instando al Gobierno a disponer en los Presupuestos de una partida concreta para la mejora integral de la seguridad vial en la N-260 y la liberación de la AP-7 en el tramo Vinarós-l’Hospitalet de l’Infant. Sin embargo, el Proyecto que ha remitido el Gobierno al Congreso, ha decidido obviar este mandato parlamentario.

El Proyecto de PGE 2018 en su sección de Fomento es, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, insuficiente a la hora de abordar y tratar de dar solución a las necesidades de la sociedad catalana por lo que respecta a las políticas de infraestructuras.

Los presupuestos de 2018 olvidan proyectos estratégicos y, en algunos casos, prevén inversiones que la realidad desmiente.

1. Inversión en Cercanías. Desde 2014 sólo se han ejecutado 31 millones y adjudicados 104 millones más de los 306 comprometidos. Es materialmente imposible completar esta diferencia con lo que resta de año.

2. Acceso ferroviario con ancho europeo al puerto de Barcelona: los presupuestos preveían que hubiera comenzado en 2016 pero aún se debe definir el proyecto. Este año no se prevé ninguna partida, un solo millón para el 2019 y, por tanto, las obras no comenzarán antes de 2020.

3. Tercer carril Vilaseca Castellbisbal. Se vuelve a repetir la misma dotación para adaptarse a ancho europeo con un tercer raíl el corredor Vilaseca en Castellbisbal. Este año se mantiene la misma dotación y la previsión de terminar la obra en 2021 (las previsiones eran que entrara en funcionamiento en 2015).

4. Ancho europeo Vandellòs-Valencia. Los presupuestos prevén 72 millones para implantar el ancho europeo en el Corredor Mediterráneo hasta Vandellòs. Parece imposible ejecutar este gasto este año ya que las obras aún no se han licitado.

5. Doble vía del tren de Vic. Los presupuestos no prevén ninguna partida a la doble vía en la línea de Vic en el tramo entre Parets del Vallès y la Garriga pese a que el Ministerio había asegurado repetidamente que este año comenzarían las obras.

6. Acceso viario al puerto de Barcelona. Las obras estuvieron paradas todo el año pasado (con una dotación de 23 millones). Este año se destinan 9 millones y parece imposible gastarlo ya que la obra está en proceso de rescisión y hay que hacer un nuevo proyecto compatible con la nueva solución ferroviaria.

7. Conexión Ronda Litoral con C-32 en Sant Boi. Los presupuestos prevén 16,5 millones, pero todo apunta a que la inversión será nula porque hay un concurso de acreedores y no se ha iniciado ningún nuevo proceso de adjudicación.

8. N-II en el norte de Girona sigue sin proceder a la duplicación de los tramos entre Girona y Figueres y Figueres y la fontera con el estado francés. Tampoco se aborda la variante de la N-II a su paso por Pont de Molins. Se trata pues de más política declarativa y de patada adelante a cargo de la planificación plurianual en lugar de una apuesta decidida para acabar con la congestión y la alta siniestralidad de esta vía.

9. A-2 en el sur de Girona. Las obras del enlace de Vidreres están paradas desde octubre. Este año hay una dotación de 9,8 millones pero difícilmente se podrán gastar si no se reinician los trabajos inmediatamente.

10. A-27 Valls Montblanc. El año 2017 se preveía una inversión de 13,2 millones y sólo se realizaron trabajos topográficos. Este año la previsión es de 6,5 millones pero el ritmo de ejecución es muy lento.

11. A-7 Punta La Mora-La Pobla de Montornès. Los presupuestos prevén 5 millones de euros pero estas alturas no se han licitado las obras y parece difícil poder ejecutar este gasto.

12. N-240 duplicación Lleida-Les Borges Blanques. Los presupuestos de 2017 preveían 2 millones que se ejecutaron y este año 2,5 que, sin obras licitadas, pueden volver a no gastarse.

13. A-14 entre Almenar y la Franja. Situación muy similar a la N-240. No se ejecutaron la dotación de 2017 (1 millón) y todo apunta a que este año no se ejecutarán los 2,9 millones previstos para que las obras no se han licitado.

14. A-26 Besalú-Cabanelles. Los presupuestos prevén una inversión de 3,7 millones pero difícilmente se ejecutarán para que las obras no se han licitado.

Por lo que respecta a las infraestructuras de movilidad ferroviaria. Se sigue sin apostar clara y decididamente por el Corredor Mediterráneo, una infraestructura de movilidad indispensable para el desarrollo económico y productivo del arco mediterráneo, ampliamente reivindicado por las administraciones públicas como por las asociaciones y agrupaciones de empresarios.

Además, se sigue profundizando en el déficit crónico de inversiones en la red de Rodalies de Catalunya. Las supuestas lluvias de millones anunciadas por el Presidente del Gobierno no se han llegado a materializar nunca. Ni durante el Gobierno de Zapatero ni durante el Gobierno de Rajoy. Como muestra, tenemos el reciente informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya por el que se analiza la ejecución del plan de inversiones 2014-2016 que acordaron una comisión tripartita formada por la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Fomento y ADIF. Los resultados no pueden ser más desalentadores, puesto que se estima que de una inversión de 306,24 millones de euros, tan solo se han ejecutado 31,42 millones de euros. De los 274,82 millones restantes, 24,41 se encuentran pendientes todavía, 119,61 en la fase de proyecto y 130,8 en la fase contratación y adjudicación de obras.

El nivel de inversiones previstas en Cataluña en el proyecto de presupuestos del Estado de 2018 sigue estando por debajo de lo que le correspondería por su peso en la población total, ya que, a pesar de vivir el 16,2 % de habitantes, las cuentas le reservan el 13,3 % de las inversiones. En este sentido fuentes del Departamento de Territorio destacan el olvido de proyectos estratégicos —la estación de la Sagrera, Cercanías, el Corredor Mediterráneo, entre otros...— pero, además, se prevén inversiones que la realidad desmiente ya que no hay tiempo material para ejecutarlas.

En resumidas cuentas, ADIF y Renfe presupuestan en 2018 en Cataluña 138 millones menos de lo prometido hace un año. Es decir, no existe ni una apuesta por el desarrollo económico en forma de apuesta por el Corredor Mediterráneo así como tampoco una apuesta clara por el verdadero tren social que es la red de Rodalies de Catalunya.

Por este motivo se presenta la enmienda a la totalidad a la Sección de Fomento.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

JUSTIFICACIÓN:

La sección presupuestaria de Educación, Cultura y Deporte supone la arquitectura presupuestaria y económica para para sostener un sistema educativo que seguirá subyugado a la aberración legislativa que supone la LOMCE y que seguirá siendo aplicada por un gobierno más obsesionado en la homogeneidad del sistema educativo —y la españolización de los niños catalanes— bajo una falsa bandera de la igualdad que en la calidad del sistema educativo.

Estos PGE obvian que una de las principales carencias del sistema educativo es una buena financiación y que, en consecuencia, es necesaria una adecuada transferencia de recursos económicos a las autonomías, el aumento a la financiación del primer ciclo de educación infantil o en el caso catalán, el traspaso de las becas y los recursos a la Generalitat en cumplimiento de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Proyecto de presupuestos es incapaz de reconocer la incorporación del cine entre las actividades culturales acogidas a la reducción de los tipos impositivos del IVA, como el teatro, la música o los museos. Y, en cambio, permisivo y tolerante con la reducción del IVA para los espectáculos taurinos.



Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria de Educación, Cultura y Deporte.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2017 relativos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social exigen a los ciudadanos un acto de fe en relación la previsión del Gobierno vinculada a la recuperación del empleo y la disminución de desempleados, según la cual el presupuesto de esta Sección se puede reducir sin discusión dado que no habrá que hacer frente a tantas prestaciones por desempleo. Los créditos dirigidos a atender la política de desempleo ascienden a 17.702 millones, lo que supone una disminución del 3,4 % respecto a 2017, es decir, 616 millones menos. Este descenso a «la mejora de la economía». Estos presupuestos exigen que nadie se cuestione porque no se dedica parte de ese supuesto excedente a otros colectivos, colectivos en riesgo de exclusión social por culpa de la crisis y de las políticas llevadas a cabo por anteriores gobiernos del Partido Popular.

Por otra parte, no solo se reduce el gasto en prestaciones por desempleo. En materia de pensiones, se mantiene la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, avalada por la reforma del sistema público de pensiones impuesta por el gobierno del Partido Popular en 2013 que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema a costa del empobrecimiento de los pensionistas, y sitúan el incremento de casi la mitad de las pensiones tan sólo en el 0,25 %, el mínimo legal y sin tener presente el incremento del IPC.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 19, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 32

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 20, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital comprende las actividades desarrolladas por la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital y la Secretaria de Estado de Turismo.

La sección presupuestaria 20, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, aumenta de 4.504 millones € en 2017 a 4.539 millones € en 2018, un 0,8 %. (Aunque las políticas de Energía, en los PGE 2018, con partidas en otras secciones, suman un total de 5.768 millones €).

Los PGE 2018 representan, pues, la no consolidación de este Ministerio, aumentando sólo 35 Millones de euros, un 0,8 % del total, fortaleciendo con sus políticas al modelo económico y energético desarrollado por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, en contra de la modernización de la economía productiva y en favor de las grandes corporaciones, especialmente de las cinco del oligopolio eléctrico, y además ratifican un modelo energético que mantiene uno de los costes eléctricos más elevados para las pymes en toda la UE, no permite la transición a un nuevo modelo energético y evita así la creación de miles de puestos de trabajo ligados a las energías renovables.

Estos PGE 2018 siguen consolidando un modelo energético basado en las energías fósiles y no facilitan la transición energética hasta el horizonte de la descarbonización. En lugar de invertir en potenciar positivamente las energías renovables, mantienen partidas derivadas del porcentaje del ingreso estimado para subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, o aportaciones para la financiación de los costes adicionales de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares.

De hecho, las partidas más importantes corresponden a partidas destinadas a pagar la deuda eléctrica, destinada íntegramente a las empresas que forman el oligopolio eléctrico (en realidad, cinco monopolios en sus respectivos territorios), en lugar de potenciar un sistema eléctrico competitivo, basado en energías renovables, que permitiera la creación de múltiples puestos de trabajo.

La mayor parte del presupuesto, el 74,2 % corresponde a partidas destinadas a financiar la normativa y desarrollo energético. En concreto, la mayor parte de las dotaciones en materia de energía se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50 % de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros.

También se ha incluido una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principalmente de llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

En los PGE 2018 también se incluye una dotación de sólo 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, el gran reto de esta próxima década, a gestionar por el IDAE.

Además, se reducen las partidas destinadas a la reconversión y reindustrialización de las zonas mineras, en lugar de llevar a cabo planes para poder llevar a cabo las transformaciones que permitan la eliminación de la producción de carbón, la transición para el cierre de las plantas nucleares y la reconversión de industria militar a civil en las zonas con empresas armamentísticas.

Por otra parte, se ha dotado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con un presupuesto de 47 millones de euros para el ejercicio de sus funciones, insuficiente teniendo presente el panorama ligado al necesario cierre de las centrales nucleares los próximos años.

En lo referente a la sociedad de la información, los PGE 2018 tampoco hacen creíble la apuesta por potenciar la digitalización de la administración.

Y finalmente, los PGE 2017 consolidan las políticas de turismo low cost, fomentando el precariado entre los trabajadores del sector.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Proyecto de Ley de PGE 2018 supone un engranaje más de la concepción del Partido Popular del Medio Ambiente al servicio de la economía y de la producción frente a lo que tendría que ser una visión más integrada del medio natural en nuestra sociedad.

El proyecto de Ley de PGE no contempla un seguido de partidas presupuestarias que desde Esquerra Republicana considera imprescindibles para el desarrollo de la política de Medio Ambiente en Catalunya así como tampoco se incluyen un conjunto de actuaciones de protección y mejora del medio rural y natural.

Se tratan pues de unos PGE que pretenden incentivar la inversión económica mediante la supresión de los derechos conseguidos a nivel ambiental. En este sentido, se argumenta —como hacía la Ley de unidad de mercado— la eliminación de trabas burocráticas y marañas institucionales, obviando que las trabas burocráticas son los derechos conseguidos y la maraña institucional, el Estado descentralizado.

Buena prueba de este olvido es la falta de planificación y estrategia en lo que respeta a la lucha contra la regresión del litoral Mediterráneo que año tras año queda expuesto a la merced meteorológica sin una planificación estratégica ni una dotación presupuestaria que termine de una vez por todas con la política de parches actual.

Del mismo modo, hay un olvido evidente en todo lo que respeta la conservación del medio rural y medio ambiente con una falta de inversiones y transferencias económicas, tanto a Entes Locales como a Comunidades Autónomas para la conservación y mantenimiento de los diferentes caminos rurales y vías verdes.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección Presupuestaria de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Los Presupuestos Generales del Estado 2018 relativos al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales sitúan al Ministerio en el centro de la represión política sobre Catalunya. En la Memoria de objetivos de los programas del sector se deja claro que la misión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es «prevenir cualquier amenaza que afecte a la independencia e integridad de España», y para ello se incrementa su presupuesto en un 8,04 %, casi 21 millones de euros, que se suman al incremento de otros 20 millones el pasado año (otro 8,3 % respecto al año anterior). Es evidente la relación de este incremento con el proceso independentista en Catalunya y la asunción, por parte del Estado, de una estrategia de persecución de los políticos y las instituciones catalanas con tal de frenar el proceso. Para el Estado, la defensa de los intereses nacionales españoles pasa, ahora mismo, por perjudicar los intereses nacionales catalanes, y es inadmisible que el Gobierno quiera mantener la persecución política de estos últimos años con el dinero de los ciudadanos, a través de un organismo totalmente ajeno al control transparente exigible en un Estado realmente democrático.

Además, a este incremento general del presupuesto del CNI hay que añadir la falta de transparencia en relación con los 20 millones para Gastos reservados del CNI que el Gobierno no quiere concretar y que demuestran, insistimos, esa voluntad de persecución antidemocrática de los intereses que el Estado central considera contrarios a los suyos. En definitiva, se demuestra que las instituciones están al servicio de los intereses del Gobierno del que se deberían proteger.

El presupuesto de esta Sección es un paso más en la pérdida de controles democráticos de las instituciones y un refuerzo, más, de la persecución de aquéllos que defienden proyectos políticos distintos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 25, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sigue estando infrafinanciada a pesar de que el Gobierno, por fin, se ha decidido a aumentar dicha partida presupuestaria.

El aumento presupuestario responde más a las presiones ejercidas por diversos colectivos sociales y fuerzas políticas que a una planificación presupuestaria o a un giro social del Gobierno. Sin ir más lejos, el Estado no reduce la deuda que tiene con Catalunya en cuanto a lo que se refiere a la financiación de programas sociales que debían contar con la participación económica del Gobierno, pero que éste dejó de financiar.

La aportación más significativa del Proyecto de PGE 2018, y que evidencia la verdadera orientación de los mismos, es el aumento del presupuesto militar en un 32 %. Este dato contrasta con el casi nulo aumento del gasto social destinado a hacer frente a las necesidades de las personas. Toda una declaración de intenciones del Gobierno español para 2017.

El caso más escandaloso es el destino de más de 1.800 millones en Programas Especiales de Armamento, en muchos casos en la fabricación tanques, submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente obsoletos. Verdadero sinsentido, teniendo presente que el Estado sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la Ley de Dependencia, a la que sólo destinan 1.380 millones al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Mientras que según estudios elaborados por distintas Comunidades Autónomas presentes en la comisión de estudio para el análisis de la Ley de Dependencia, serían necesarios unos 2.000 millones de euros más, para poder financiar correctamente la Ley de la Dependencia en todo el Estado.

O como mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30 % en todo el Estado, el Gobierno español tiene previsto destinar este 2018 solamente 200 millones a la lucha contra la pobreza infantil cuando por el otro lado, tiene previsto gastar más del triple en la adquisición de aviones de combate Eurofigther-2000.

También son unos presupuestos carentes de perspectiva de género. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Pacto de Estado contra la Violencia machista. Existía el compromiso de invertir 200 millones en 2018 para implementarlo. Sin embargo, de los 200 millones previstos, estos presupuestos sólo prevén 80. El resto es un mandato imperativo a las Comunidades Autónomas y los entes locales, quienes soportan el gran peso de la política austericida del gobierno, para que incluyan los 120 millones restantes.

Resulta evidente que el Gobierno del Estado tiene unas prioridades políticas y económicas alejadas de las personas y sus necesidades más básicas así como una indiferencia palmaria ante el sostenimiento de los servicios públicos básicos, puesto que como apuntamos este repunte presupuestario no obedece a una planificación económica sino a un mero electoralismo.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección Presupuestaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

JUSTIFICACIÓN

La sección presupuestaria 27, de Economía, Industria y Competitividad comprende las actividades de la Secretarías de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la de Investigación, Desarrollo e Innovación, y la de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, responsables de definir el modelo económico que el Estado impulsará con sus política.

En los PGE 2018, esta sección incrementa hasta 3.002 Millones de euros, un 3,5 % respecto a los PGE 2017. A pesar de ello, siguen estando orientados a construir un modelo productivo basado en la especulación financiera, el comercio de grandes superficies y el turismo low-cost, y al apoyo a las grandes corporaciones empresariales y las grandes instituciones financieras, en lugar de fomentar la economía productiva, basada en las Pymes y autónomos, como base para impulsar la innovación y la internacionalización de la industria y el turismo de valor añadido.

Desde el punto de vista de política industrial, en los PGE 2018 se reduce el presupuesto para programas de impulso industrial respecto al ejercicio anterior, confirmando que el modelo económico acordado entre el Partido Popular y Ciudadanos sigue la senda de las últimas décadas, caracterizada por la no voluntad de aumentar el peso de la industria en la economía, y en contra de la estrategia europea 2020 de que la industria represente el 20 % del PIB.

Además, con un programa de reconversión y reindustrialización incapaz de hacer frente a los grandes retos de la industria minera y nuclear de reconvertir su actividad a una actividad no contaminante, y la industria militar-naval de rehacer su actividad a una actividad pacífica.

En lo referente a investigación, desarrollo e innovación, el aparente aumento de la partida destinada a Investigación, Desarrollo e Innovación asciende hasta los 7.044,47 millones de Euros, un 8,3 % respecto a los PGE 2017. Pero en realidad, la ejecución en el ejercicio pasado de sólo el 30 % de los recursos dedicados a I+D+i evidencian la incapacidad del Gobierno para impulsar una política económica basada en el valor añadido y la innovación como elementos clave de la competitividad empresarial.

La sustitución de partidas destinadas a créditos en lugar de subvenciones basadas en propuestas competitivas, ha comportado un retroceso clave en la convergencia hacia los objetivos europeos de dedicar el 3 % del PIB a la I+D+i. Aunque sea a un interés blando, la mayoría de los centros y universidades no tiene ya capacidad de endeudamiento; prueba de ello es que en los últimos años la partida de créditos nunca se ha agotado (además iban dirigidos más a empresas que a universidades o centros de investigación, y para las empresas supone tanta burocracia que no les sale a cuenta). Durante los últimos ejercicios, pues, se ha quedado sin gastar cerca de la mitad de los recursos propuestos para investigación, lo que en la práctica, se convierte en un nuevo recorte en I+D+i.

Estos PGE tampoco son capaces de implantar una estrategia a largo plazo que permita desarrollar la I+D+i independientemente de las agendas políticas. En la UE se trabaja con programas plurianuales (Horizon 2020), conociendo los presupuestos a 7 años vista y las líneas estratégicas a desarrollar, facilitando con ello el trabajo de las entidades de investigación, planificando las acciones a desarrollar en los próximos años y dando seguridad. El no implementar instrumentos de trabajo presupuestario y de seguimiento y evaluación plurianual dificulta mucho el trabajo y produce gran inestabilidad.

Estos PGE también incluyen la potenciación de la Red Cervera de I+D+i, a propuesta de Ciudadanos; una red de centros tecnológicos para potenciar la transferencia industria e investigación. Una propuesta que parte del desconocimiento de la realidad, cuando la mayoría de CC. AA. llevan años apostando por los centros tecnológicos y existe un gran número de ellos en todo el Estado, y la mayoría de universidades y centros de investigación tienen unidades de transferencia de conocimiento. Supone por tanto la creación de otra estructura que acabará duplicando tareas y haciendo menos eficiente la financiación de la transferencia tecnológica, en lugar de ayudar a desarrollar y potenciar las unidades que están funcionando.

Finalmente, los PGE 2018 suponen un año más de precariedad también en la ciencia. No tienen presente la importancia de los recursos humanos para garantizar el éxito de la investigación. Para ello, son necesarios sueldos competitivos (en estos momentos son bajos comparados con la mayoría de países europeos, sobre todo a nivel de postdoctorandos o seniors), y que tengan continuidad para revertir la fuga de cerebros que se está produciendo. Se necesita, pues, crear plazas con empleo estable en investigación, atrayendo y reteniendo investigadores, dando perspectivas futuras de estabilidad.

Desde el punto de vista del modelo comercial, el Proyecto de PGE 2018 consolida un modelo productivo que prioriza el fomento de un comercio mayorista y destructor del modelo de comercio de proximidad, con las consecuencias económicas, sociales, urbanísticas y laborales, que todo ello conlleva.

Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad a la Sección presupuestaria 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER)

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GPER), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN

En los Presupuestos Generales del Estado 2018 relativos a la Seguridad Social en materia de pensiones se mantiene la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, avalada por la reforma del sistema público de pensiones impuesta por el gobierno del Partido Popular en 2013, que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema a costa del empobrecimiento de los pensionistas, y sitúan el incremento de casi la mitad de las pensiones en el 0,25 %, el mínimo legal y sin tener presente el incremento del IPC.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de la Sección 60, Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 01. Casa de S.M. el Rey.

La dotación presupuestaria de la Casa Real se ha incrementado en casi 70 millones de euros en este presupuesto. En un ejercicio donde se ha consolidado un techo de gasto 62.000 millones inferior al de 2010 y donde prácticamente todas las partidas presupuestarias tienen una congelación o disminución de sus cuantías, no podemos entender ni compartir que se priorice incrementar este gasto del Estado antes que atender las acuciantes necesidades sociales que atraviesa nuestro país.

Además, a pesar que este organismo ha tomado iniciativas en materia de transparencia al publicar sus presupuestos y su estado de ejecución, esta institución sigue teniendo faltas en la rendición de cuentas con la ciudadanía ya que no cumple con los mismos procedimientos que otros organismos del Estado sí realizan. Creemos necesario homogenizar al detalle toda la información de sus cuentas, y que sean sometidas al mismo escrutinio que el resto de cuentas públicas de organismos que pertenecen a la cuenta general del Estado además de aparecer en los datos de ejecución presupuestaria de la IGAE.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 01 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 03. Tribunal de Cuentas.

Los Presupuestos Generales del Estado fijan un gasto para el Tribunal de Cuentas de 63 millones que nos parece extremadamente insuficiente. A pesar que el gasto en personal aumenta este año, esto lo ha hecho como consecuencia de la subida salarial, pero lo que va destinado a las cotizaciones a la seguridad social o al gasto corriente en convocatoria de oposiciones no se ha alterado, lo que refleja que no se piensa destinar más recursos para la contratación de personal para dotar al TC con los recursos humanos necesarios para luchar contra la corrupción y el despilfarro en las Administraciones Públicas. Una exigencia que comparte la mayoría de la sociedad y que no ha sido escuchada nuevamente en estos presupuestos.

Además de todo ello hay numerosas quejas en lo referente a cómo se gestiona este presupuesto en este organismo público. Primero porque existe una asignación arbitraria y opaca de las gratificaciones en el TC, además de un abuso de los procedimientos de contratación por libre designación. Convendría saber a quienes se le asignan y los motivos que lo justifican, así como si estas personas las reciben reiteradamente año tras año. Segundo porque hay un incremento de los gastos superfluos como el de gastos de «publicaciones» o el de «prensa, revistas, libros y otras publicaciones» con unos incrementos desproporcionados, mientras que otros gastos de mayor importancia para las y los trabajadores como es el de formación del personal o el destinado a bibliotecas que se han reducido drásticamente en los últimos años.

Por último, es reseñable destacar además otras decisiones sobre la gestión en lo referente a las contrataciones de personal durante los últimos años o los procesos de externalización de servicios que han tenido consecuencias directas que afectan al presupuesto del organismo. Por un lado, hay gastos de sentencias del Tribunal Supremo de casi 60.000€ a los que ha sido condenado el Pleno recientemente por una mala política de contratación en lo referente al abuso del uso de la figura de libre designación, además que hay varios recursos actualmente en vías de resolución en el Tribunal Supremo para el año 2017 donde posiblemente sea condenado el pleno del TC y haya que proveer nuevas partidas para hacer frente a este gasto. Este tipo de prácticas que han sido condenadas además de tener responsabilidades políticas que nadie ha asumido lastran los recursos públicos destinados al propio tribunal. Por otro lado, los procesos de contratación de servicios externos, como por ejemplo el de limpieza de edificios del TC, que recientemente fue objeto de una reclamación administrativa ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, que anuló el concurso de limpieza por estar licitados por debajo de coste. El resultado de estas contrataciones ha sido un empeoramiento de las condiciones laborales del personal que presta sus servicios y de la calidad de la prestación del mismo.

El Tribunal de Cuentas es una institución fundamental para el Estado de Derecho y necesita unos presupuestos acordes con su relevancia, para ello es necesario que la dotación que se le asigna sea suficiente, las partidas dentro de su presupuesto estén distribuidas adecuadamente.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 03 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.

Según se desprende del Libro Amarillo de los PGE para 2018, las partidas destinadas al Consejo General del Poder Judicial se incrementan en un 3,3 %. En concreto pasan de los 56.274.670 €. de Presupuesto de 2017 a los 58.126.140 € de 2018

Sin embargo, los incrementos no se reparten equitativamente en los tres programas de la Sección. El único programa que crece de modo significativo es el de «Documentación y publicaciones». La asignación a «Selección y formación de jueces» sigue bajando, en la línea del descenso que, en la Sección 13, se aprecia en la asignación realizada para formación de fiscales y personal al servicio de la administración de justicia.

Sin entrar en valoraciones políticas en relación con la evidente sumisión del CGPJ a los deseos del actual ejecutivo —a tal a fin se diseñó su actual organización y composición—, a nivel presupuestario la valoración ha de ser negativa por razones similares a las apuntadas respecto al presupuesto del Ministerio de Justicia: el Gobierno no tiene un plan para la modernización de la Administración de Justicia que vaya más allá de comprar ordenadores y continuar destinando recursos a plataformas que, lejos de agilizar la labor de los operadores jurídicos, suponen una auténtica pesadilla para sus usuarios.

La Administración de Justicia sólo puede ser concebida como un servicio público a las personas físicas y jurídicas para la resolución pacífica de sus conflictos, para la salvaguarda de sus derechos y para la efectividad de la tutela judicial en un plazo razonable. Además y como garantía del equilibrio democrático y la salvaguarda de los derechos fundamentales, el poder judicial debe ser, obvio es decirlo, independiente y, además, debe parecerlo. Sin embargo, en los últimos tiempos y, muy particularmente en el ejercicio precedente, el poder ejecutivo se ha empleado a fondo para que esa percepción de independencia judicial esté muy lejos del sentir de la ciudadanía y, lo que es más grave, cada vez más lejos del sentir de los propios jueces.

Según la encuesta realizada por la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial (European Newtwork of Council of the Judiciary) recientemente publicada, el 18 % de los jueces españoles reconoce haber visto casos asignados de forma irregular entre ellos para influir en el resultado y una amplia mayoría (64 %) cree que los ascensos no se deben a la experiencia o la capacidad. Así, España encabeza el ranking en ambos indicadores.

Ante este panorama, la consecución de los objetivos de la modernización, agilización, racionalización, competencia e independencia de la Justicia no van a caer del cielo y requieren, en primer lugar, un diagnóstico imparcial y desapasionado de la actual Administración de Justicia que detecte los problemas y necesidades, defina los objetivos operativos y planifique las soluciones. Sin embargo y pese a la literatura de los objetivos de los programas, no se aprecian cambios sustanciales ni se encuentra rastro de dotación de recursos para realizar ese diagnóstico tan necesario que debe orientar cualquier política posterior.



Y, lo que es más grave, no existe tampoco ningún plan para corregir el rumbo de un desprestigiado CGPJ, ni en su composición ni en sus funciones y organización de modo que no sea percibido como correa de transmisión del ejecutivo, con capacidad de incidir en los movimientos, accesos, traslados y régimen disciplinario de los y las jueces y por tanto en los procesos judiciales concretos.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Nuestro país enfrenta la mayor ola de transformaciones geopolíticas de la última década. En este clima de inestabilidad geopolítica y desafíos múltiples, desde la urgencia de reorientar nuestro modelo productivo para paliar el cambio climático a la necesidad de frenar la espiral de guerras y amenazas que desafía el derecho internacional y la pervivencia del multilateralismo democrático, nos encontramos ante una oportunidad histórica para reforzar y reorientar nuestra política exterior y erigirnos en un actor político que abandere una nueva agenda en defensa de la paz, los derechos humanos, la igualdad plena y real entre hombres y mujeres y la justicia social. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuestos vuelve, una vez más, a representar la continuidad cuando no el continuismo de un paradigma que se ha revelado ineficaz y fallido; y, más aún, apuntala un hecho gravísimo: que en estos 40 años de democracia que llevamos nunca ha sido tan verdad el hecho de que España no tiene una política exterior. Sirva como ejemplo que de nada sirven incrementos anuales del 3-7 % si los Servicios Generales del M.º (el cerebro de nuestra política exterior) se mantiene en niveles paupérrimos y no se le dota de presupuesto específico para las políticas sectoriales que venimos demandando: política exterior feminista, planes de retorno de nuestra emigración, protección de víctimas de violencia machista en el exterior, entre otras.

El Gobierno del Estado no puede dejar escapar la oportunidad de conformar unas cuentas para la Sección 12 que integren de manera transversal un enfoque que priorice la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible, y que acompañe todas sus acciones de los recursos necesarios para acometer una verdadera transformación material de los resultados de su acción exterior. Para esto, nuestro Grupo propone —pero no sólo— que la Oficina de Derechos Humanos pase a ser la Oficina de Coherencia de Políticas, Derechos Humanos y Equidad de Género, dotándola así de capacidad evaluadora ex ante y ex post; que la diplomacia del Estado impulse la gestación de una Convención Internacional para el reconocimiento de los Derechos LGTBI; que el Ministerio sea pionero en la creación de un ambicioso Programa Global de Protección y Apoyo a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; que se acompañen con especial ahínco y empeño —lo que ha de traducirse siempre en recursos— los procesos de paz y descolonización en curso (Colombia, Sáhara Occidental, Palestina), que el Estado se haga valedor y referente en la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra acción exterior, y que se democraticen, especialicen y modernicen tanto los mecanismos de acceso como la estructura orgánica de nuestro servicio de acción exterior, entre otro abanico de acciones.

Un capítulo de especial relevancia merecen las políticas de igualdad en el seno de la Administración Pública, que constituyen, notoriamente, una gran tarea pendiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que debería contar y presupuestar un Plan para potenciar las políticas de igualdad, y revisar de manera inmediata el escasísimo número de mujeres (del 12 % según figura en el Informe de Impacto de Género del Proyecto de Ley) nombradas como Embajadoras.

Otra gran prioridad ausente tiene que ver con las condiciones de vida de nuestros y nuestras compatriotas en el extranjero. En el momento en el que más ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado están emigrando por las durísimas circunstancias económicas y sociales y la falta de oportunidades laborales y vitales en su propio país (más de 1 millón de personas desde 2009), la partida presupuestaria destinada a la protección de la ciudadanía española en el extranjero se mantiene intacta. Tampoco se altera de manera significativa ni suficiente la dotación presupuestaria orientada para la digitalización de procesos internos del Ministerio y en relaciones con otros organismos públicos y para los ciudadanos y ciudadanas, necesaria para habilitar la ansiada tramitación telemática de trámites consulares que lleva esperando toda la población emigrada. Nuestra Red de Embajadas y Consulados ha de dotarse urgentemente de recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente al cada vez mayor número de necesidades que tiene y tendrá nuestra ciudadanía en el exterior. La Ley de Presupuestos ha de servir y estar al servicio de la ciudadanía en el momento y las circunstancias en las que más lo necesitan. La dotación presupuestaria prevista para ello hace objetivamente imposible la satisfacción de ese objetivo.

En lo que respecta a la Cooperación Española, y a pesar de que el propio ejecutivo habla de recuperación económica, la Cooperación Internacional para el Desarrollo continúa siendo una asignatura pendiente dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos y una de las más destacadas víctimas de las políticas de austeridad y recortes del Gobierno. Desde la llegada del PP al poder (2011), la AOD española se ha recortado un 70 % y en algunos subsectores, hasta el 90 % (AOD en educación) o el 95 % (Ayuda Humanitaria).

En los presupuestos de 2018 la política de Cooperación al Desarrollo ha experimentado un incremento de apenas un 8 % situándose en los 551.183 millones de euros, frente a los 509.940 millones que recibió en 2017. Sin embargo, esta cantidad aún está lejos de los de 2.808 millones de euros asignados a esta partida en 2009.

Los presentes presupuestos no revierten los recortes acumulados en la lucha contra el hambre y la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la acción humanitaria que han convertido en un imposible el alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, al que España se había comprometido. Pero lo más grave es que la congelación del presupuesto de cooperación de este Proyecto de Ley aleja también a nuestro país del nuevo compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo: el de alcanzar el 0,4 % en 2020, cifra a la que el Gobierno se ha comprometido en el Congreso.

Estos compromisos parten de una realidad: no atajar la creciente desigualdad internacional es un lastre para el desarrollo y la paz mundial, además de un peligro medioambiental de dimensiones incalculables que nos aleja de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tampoco se aprecian cambios profundos en cuanto a programas, lo que no deja espacio al optimismo: supone un año más de consolidación en la implementación de una política que continua sin ser prioridad para el Gobierno a pesar de una tendencia irrisoria en lo que al aumento presupuestario se refiere, situado entre el 3 % y el 8 % en los dos últimos periodos. Todo ello, vertebrado en base a un Plan Director aprobado sin consenso político y social y que será la hoja de ruta que orientará estas políticas en los próximos cuatro años.

El Proyecto de Ley de Presupuestos prevé destinar a AOD solo un 0,22 % de la Renta Nacional Bruta, una cifra que convierte a España en uno de los países menos solidarios de nuestro entorno (el esfuerzo de ayuda de los países del CAD se sitúa en un 0,32 % y la media europea es del 0,51 %). De los 2.314 millones de euros que se destinan, al MAEC solo le corresponde el 25,40 %. El 46,72 % de la AOD lo gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública. La AECID, principal entidad implementadora de la Ayuda, sólo gestiona un 10,26 % del total de la AOD. El escaso repunte de los fondos de cooperación se debe al aumento del dinero público destinado a la AECID que en este ejercicio aumenta un 14,6 % más de presupuesto que el año anterior. Entonces también registró un aumento de sus fondos tras varios años en los que ha sufrido un tijeretazo de casi el 70 % de sus recursos lo que provocó la huelga de gran parte de su plantilla. Sin embargo, esta subida de 41 millones de AECID, se debe sobre todo al crecimiento en 30 millones de la Cooperación Delegada, es decir, de Fondos de la Unión Europea que ejecutará el Gobierno español.

Las partidas que gestionan las ONGD permanecen estancadas, tras haber sufrido un recorte del 84 % desde 2008.

En cuanto al FONPRODE el presupuesto sigue la tendencia de dotarse en exceso tras años de infra ejecución. En 2018 tiene asignado 199.230 millones de euros, al igual que en 2017, cuando registró una caída del 15 %. Se deberían priorizar herramientas presupuestarias más transparentes para canalizar fondos de cooperación al desarrollo y promover la lucha contra el fraude fiscal. Hemos de recordar que este instrumento fue cuestionado en 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas, que constataba que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales.

El incumplimiento de los compromisos es una constante en muchos de los ámbitos de la Cooperación Internacional como es el caso de la Ayuda Humanitaria. El escaso aumento del presupuesto donde se incluye la Ayuda Humanitaria es un ejemplo claro del abandono y desarticulación de la política de Cooperación Internacional de este Gobierno, paralela al abandono de una política exterior basada en la defensa de la paz, la igualdad y los derechos humanos.

En definitiva, es una necesidad y una urgencia inesquivable que los presupuestos generales del Estado reflejen y habiliten un modelo de acción exterior alternativo y diferente. Un modelo de acción exterior democrática, que haga de nuestro Estado un actor relevante en la arena internacional, que defienda y proteja a nuestra gente, y sea reconocido como garante y defensor eficaz de un sistema global justo que apueste e integre una férrea defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible; un modelo que priorice el músculo de uno de las mejores Carreras Diplomáticas del mundo para ponerlo a trabajar en una alternativa que coloque a nuestro país en la posición internacional que puede y debe tener: la del liderazgo en la lucha por los derechos humanos, la política exterior feminista y la protección paradigmática de su ciudadanía en el exterior.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 13. Ministerio de Justicia.

Se prevé en este ejercicio 2018 un aumento del 3,2 por ciento de dotación presupuestaria en política de justicia respecto al presupuesto de 2017, sin tener en cuenta que se arrastra una reducción acumulada desde 2012 de decrecimiento presupuestario y de que la mayor parte del incremento se corresponde con el incremento del 149,9 por ciento de la partida destinada a asistencia sanitaria del Mutualista. Hay un incremento moderado en todos los capítulos del programa general 222M, que en el específico 312E, asistencia sanitaria, es notable, porque pasa a destinarse a los conciertos de asistencia sanitaria 63.675,43, desde la cifra del año 2017, 61.716,79.

Llama poderosamente la atención la advertencia de que solo se crearán nuevos órganos judiciales allí donde sea necesario y se acredite la sobrecarga de trabajo, sin que se conozca con qué módulos, si los que hay se aplican provisionalmente porque fueron rechazados por el Tribunal Supremo o si se pretende negociar seriamente otros. Esto combinado con la idea de disponer de una justicia mejor organizada, permite inferir que más que a un aumento de recursos se busca simplemente una reorganización de los escasos recursos ya existentes.

Destaca la disminución de un 8,5 por ciento en la formación del personal con respecto al año pasado, cantidad que alcanza una disminución del 17 por ciento en el caso de la formación de la Fiscalía, lo que es incongruente con el impulso que se le quiere dar a la misma y la ampliación de sus funciones como principal elemento investigador en una futura Ley Procesal Penal.

Nuevamente el Gobierno no convence en absoluto, y vuelve a poner un parche, que poco ayuda a resolver la alarmante situación de la Justicia que vivimos todos en este país. El incremento de 7 millones aprobado en el Congreso en retribución para jueces, fiscales y personal de la administración de justicia solo palía parcialmente un problema que exige un esfuerzo presupuestario mucho mayor.

El proyecto de presupuestos generales del Estado explica que se van a desarrollar seis líneas estratégicas: una justicia más ágil y eficaz, más dotada y mejor organizada, digital, que crea en sus profesionales, impartida para las personas, fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción. Un corta y pega de 2017; tan increíble como entonces.

Después de esta declaración de intenciones por parte del Gobierno, resulta llamativo que en los fines que se marca en este Sector, se hable de «ejercicio de responsabilidad para facilitar a la sociedad española un servicio público de calidad, más ágil y eficaz en la atención a las demandas de los ciudadanos» y sin embargo estos ciudadanos y los que trabajan en ella sigan percibiendo sus grandes carencias, tanto en lo económico, como en la falta de un planteamiento que parta de una estructuración de la Justicia, que busque un modelo que sirva para paliar las actuales desigualdades en cuanto al funcionamiento de los Juzgados y de la Justicia.

Es más que preocupante la constatación de la falta de objetivos definidos en la propuesta de PGE en Justicia y la ausencia de políticas públicas en este terreno por séptimo año consecutivo. El hecho de que todas las asociaciones judiciales y fiscales hayan decidido movilizarse hasta el punto de haberse convocado una huelga que, el pasado 22 de mayo, fue secundada por casi el 60 % de los jueces y fiscales es una buena muestra del nivel de descontento y crítica del sector hacia la actual política en este ámbito.

Es necesario avanzar, pero no hacia la privatización de servicios públicos, sino dotando de mayor presupuesto y mayor compromiso a una Justicia para todas las personas, que sea efectiva, transformadora y justa y que tenga en cuenta a quién más lo necesita, rompiendo las actuales inercias.

Es un presupuesto que no destina un solo euro a la modernización organizativa de la administración de justicia y que nos aboca nuevamente a la ineficacia y la ineficiencia a la que nos conduce una estructura obsoleta de juzgados y tribunales que no es capaz de dar respuesta a nuestra sociedad actual; sus propios profesionales así lo indican y reiteran hasta la saciedad, máxime cuando lo que se dice pretender es la instrucción más rápida los procesos penales (art. 324 LECrim), algo imposible actualmente por la falta de dotación presupuestaria para hacerlo de forma efectiva.

Eso sí, se prevé un incremento notable en la rehabilitación de edificios judiciales y prácticamente se dobla el presupuesto en obras nuevas.

Aunque se declara (Programa 111N) que el Gobierno pretende cumplir con la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura de memoria histórica, no se prevé partida presupuestaria y los indicadores de resultados en relación a la referida Ley de Memoria Histórica disminuyen de 500 a 300.

Nuestra justicia necesita políticas públicas y una transformación estructural que genere la capacidad de ofrecer a sus usuarios respuestas uniformes, rápidas y guiadas por criterios objetivos pero —y esto resulta fundamental— que soporten un control de calidad. Es más necesaria que nunca la voluntad de avanzar para atajar los problemas pendientes de la justicia española: necesidad de modernización de la oficina judicial y mayor inversión para su implantación o tribunales de instancia, partidas destinadas a la Oficina Fiscal, mejora en infraestructuras, nuevas tecnologías —«papel cero»—, revisión de las retribuciones del personal no transferido a las CC. AA. al servicio de la Administración de Justicia, mayor dotación en justicia gratuita, más personal para la creación de una justicia de base y proximidad; y estos son solo algunos de los retos más sobresalientes que, desde luego, no pueden afrontarse con los presupuestos actuales.

Debido a la alarma social que generan las diarias noticias sobre corrupción, principalmente en el Partido Popular, es más necesaria que nunca la creación y dotación presupuestaria de un cuerpo técnico forense de adscripción judicial y de policía judicial que sirva de apoyo a los Juzgados que tramiten los causas relacionadas con la corrupción y que, dada la complejidad de estos asuntos, resulta imprescindible. En particular, deben evitarse las dilaciones indebidas y el traslado de agentes que puedan ser considerados «incómodos».

Igualmente, es necesario promover y dotar presupuestariamente una auditoría externa y pública del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad con el fin de buscar una fotografía constructiva, evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen especial esfuerzo y establecer criterios de optimización de los recursos.

Justicia Gratuita

Las partidas crecen (32,66 %) hasta los 45.003.220 € para el CGAE y 3.673.259 € para el CGPE. Con ellas se «indemniza» a los abogados y a los procuradores en los asuntos de justicia gratuita competencia del Ministerio de Justicia y en las CC. AA. no transferidas.

Sería necesario igualmente que se designaran en los juzgados de instrucción abogados/as de oficio para delitos leves. Dado que actualmente la asistencia letrada no es preceptiva para los delitos leves —lo que provoca que, en ocasiones y en la práctica, no se designen abogados de oficio para la defensa en estos asuntos—, se genera una desigualdad en función de los recursos con los que se cuente para contratar la asistencia letrada privada. Por tanto, sería necesario aumentar el presupuesto en esta partida teniendo en cuenta también esta situación. Además, es preciso contar con recursos para aumentar el número de beneficiarios —ya que con los actuales criterios quedan fuera del ámbito del beneficio de asistencia jurídica gratuita un buen número de personas que no tienen suficientes recursos para litigar— y dignificar la retribución de los y las profesionales que prestan este servicio público. De hecho, también los abogados se están movilizando en reclamación de un incremento en las retribuciones percibidas en el marco del turno de oficio que, a día de hoy, continúan resultando irrisorias.

Igualmente, tal y como recoge la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 y la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, es absolutamente necesario dotar presupuestariamente a los servicios de justicia restaurativa. Sólo con unos servicios de justicia reparadora competentes y gratuitos se protegerá a la víctima contra la victimización secundaria o reiterada.

Equipamientos e infraestructuras

Se prevé un incremento presupuestario importante para la rehabilitación de edificios judiciales (de un 20 %) y un importantísimo aumento en el destinado a obras nuevas (de un 81,1 %).

Las obras que se dicen nuevas, aunque en realidad no lo son, pasan de 17.899.250 € a 32.421.390 €. Para las obras de rehabilitación, se pasa de 5.865.680 € a 7.059.310 €. En cualquier caso, la partida presupuestaria es obviamente insuficiente e incapaz de cubrir las obras mencionadas. Por tanto, los proyectos de «desarrollar planes de optimización de los espacios disponibles» y gestión «de los edificios, incorporando todas aquellas medidas que permitan obtener un adecuado ahorro energético» anunciadas se van a quedar en eso, en meras declaraciones de intenciones que no van a contar con el suficiente respaldo presupuestario.

Tecnologías de la información y la comunicación

Llama la atención que se prevea la transformación digital de la justicia y que, sin embargo, para el plan de modernización tecnológica de la Administración de Justicia y del MF se presupuesten 21.000.000 € menos que en el ejercicio 2017.

A esto hay que añadir que, en cuanto a formación de funcionarios, los presupuestos no son acordes con la cualificación y preparación que se necesita para desarrollar la «transformación de la justicia» que tanto predica el Gobierno; de hecho las partidas destinadas a formación ven reducida su dotación ininterrumpidamente desde 2009, de manera muy importante para 2018.

Instituciones Penitenciarias

Por último, en coherencia con la exigencia de Unidos Podemos, que podría transformarse en la aprobación por el Congreso de una PNL en este sentido, el Presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debería trasladarse a la Sección 13 (Ministerio de Justicia), a fin de que España deje de ser la anomalía europea, junto con Hungría, en esta materia.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 14. Ministerio de Defensa.

En la proyecto de ley que traslada el Gobierno figura un aumento de un 10,7 % en la sección 14 dedicada a gasto del Ministerio de Defensa respecto a 2017 (917.714,84 €). Desde 2010, nuestro país ha sufrido importantes recortes en partidas clave para la ciudadanía y servicios públicos esenciales, mientras en el presupuesto de Defensa se siguen manejando unos presupuestos iniciales incompletos, y con partidas correspondientes a esta sección diluidas en otras de los Presupuestos Generales del Estado.

Distintos centros de investigación y colectivos de la sociedad civil vienen denunciado los desarreglos contables que existen en la sección de Defensa, y un año más esta partida se presupuesta con unos guarismos por debajo de lo que finalmente se liquida. Estas diferencias entre el presupuesto inicial y el ejecutado que, como ha reconocido el propio Tribunal de Cuentas, no se halla con unas magnitudes tan significativas para otras partidas.

Esta deficiente praxis presupuestaria sobre la que vienen incidiendo los distintos Gobiernos se visibilizó con el caso de los Programas Especiales de Armamento (PEA). El aumento que plasmó el Ministerio en los PGE2017 se explicó por el efecto que tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto de 2016 respecto a los PEA, en la que se declaró inconstitucional por este tribunal el procedimiento al que había recurrido el Gobierno a lo largo de la legislatura X. Es decir, el recurso a Decretos-Ley con cargo al Fondo de Contingencia para hacer efectivo los pagos ya comprometidos desde hace años a los contratistas por los PEA, presupuestando así deliberadamente a la baja desde 2012 los Presupuestos Generales del Estado.

Esa misma partida, la relativa a los Programas especiales de modernización (programa 122B), registra un nuevo aumento en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a este año. Tras el significativo aumento del pasado año, en el que se incluía el grueso de los compromisos de pago adquiridos para 2016 y 2017, en 2018 se propone un nuevo aumento equivalente a un 19 %, siendo ya el programa que más financiación recibe, junto con el relativo a gastos operativos (122M). Esta dinámica de aumento, acompañada por la bajada del programa de apoyo logístico (122N) en un 24,3 % desde 2009, pone en evidencia los problemas de sostenibilidad y sobredimensionamiento que tienen las Fuerzas Armadas, debido al ciclo inversor iniciado a finales de los noventa y las distintas renegociaciones emprendidas por los sucesivos Gobiernos.

Como ya se hiciera el año pasado, este grupo considera necesario aplicar sin dilación las recomendaciones que ha realizado el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de los PEA. En especial, tomar medidas para cesar con los excesos de financiación pública a los que se apuntan (ej: programa Leopard o BAM), e implementar las penalidades de demora oportunas a los programas que acumulan retrasos (ej: BAM). Su omisión, entre otros perjuicios, genera efectos perversos en la industria, al favorecer comportamientos ineficientes y desincentivar las curvas de aprendizaje.

Asimismo, la sección 14 presentada sigue adoleciendo de falta de rigor y realismo, como queda patente en las partidas dedicadas a las mismas misiones y operaciones en el exterior (128, 228, 628).

Así, estas partidas siguen contabilizándose muy por debajo de la liquidación que se lleva a cabo anualmente, figurando 314 millones de euros frente a los más de 1 000 millones de media que supone este gasto, a la luz del coste de las operaciones en los últimos años y los compromisos adquiridos para el actual.

Como viene apuntando el Tribunal de Cuentas desde hace décadas, los presupuestos iniciales que se presentan sobre operaciones y misiones en el exterior están muy por debajo de lo que se ejecuta cada año. Se incumple así el mandato del Congreso, plasmado en la PNL de nuestro grupo confederal relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior, aprobada el 27 de junio de 2017, que instaba a tomar en consideración las liquidaciones presupuestarias de años anteriores.

Por si fuera poco, el proyecto de ley de presupuestos que se hace llegar por parte del Gobierno, no muestra un compromiso con nuestros militares, ni en materia de retribuciones —como ha puesto en evidencia el Observatorio de la Vida Militar— ni en lo que respecta a medidas de choque para paliar la situación de la tropa y la marinería temporal.

Por último, se echa en falta un mayor esfuerzo en suprimir gastos superfluos, como las dedicadas a dispendios protocolarios y representativos derivados de actos institucionales (22611).

En definitiva, se mantiene un planteamiento de financiación en el presupuesto de esta sección que afianza un modelo de Fuerzas Armadas insostenible, y que oculta a la ciudadanía cuánto es el gasto real en Defensa, convirtiendo en ficticias las cifras que aparecen en el proyecto de ley trasladado al poder legislativo por parte del Gobierno.

Por todo ello, el Grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea presenta enmienda de devolución de la sección 14 del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2017.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 15. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Lamentablemente, 2018 va a ser otro año perdido para abordar con garantías la profunda crisis de empleo que padece la economía española, apuntalar el crecimiento y transformar su perfil. Y los PGE, ni van a ayudar a la creación de empleo de calidad, ni a cerrar la brecha social, ni a transformar el patrón productivo de nuestra economía.

Antes de la última crisis nuestra economía crecía a crédito, financiada con endeudamiento exterior. Un modelo insostenible. Ahora, la salida de la crisis se ha basado en la devaluación salarial y en el aumento de la desigualdad. También insostenible.

Estos presupuestos vienen a normalizar los recortes que se han producido desde 2010 en los servicios públicos fundamentales, consolidando una pérdida de derechos que en su momento se presentó como algo ‘transitorio’ derivado de una situación económica y financiera excepcional. El límite de gasto no financiero de la Administración Central es hoy 62.000 millones de euros inferior al de 2010.

Son unos presupuestos que no revierten los recortes y que siguen alejándonos un año más de los países más avanzados de Europa. Seguimos estando 8 puntos por debajo de la Eurozona en ingresos públicos sobre el PIB y 5 puntos en gasto público, lo cual imposibilita que los PGE contribuyan a cerrar la brecha social y transformar nuestro débil modelo de crecimiento. En vez de converger con Europa, la política presupuestaria del Gobierno nos aleja cada vez más.

Por el lado de los ingresos, además de que la presión fiscal es muy inferior al promedio comunitario, la recaudación por impuestos indirectos ha ido ganando peso frente a la de los impuestos directos, haciéndose cada vez más regresivo el sistema tributario. Los tributos indirectos, como el IVA, que se pagan independientemente de la renta del contribuyente, han ganado cerca de 10 puntos porcentuales de peso en la recaudación del Estado en la última década, mientras que los tributos directos, como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, que tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente, han cedido casi 4 puntos.

Lo más importante es que no contamos con una reforma fiscal integral que consiga un sistema tributario más equitativo y progresivo y que logre recursos suficientes de forma estable.

La renuncia a abordar con decisión una reforma fiscal en profundidad para asegurar la financiación de las políticas públicas provoca que el aumento de los ingresos sea básicamente el que se deriva del propio crecimiento nominal de la economía. Y esto nos impide converger con Europa en presión fiscal y hace que nos encontremos 8 puntos porcentuales por debajo de la Eurozona.

La urgencia de la reforma fiscal no sólo se justifica por estas diferencias estructurales en las proporciones de ingresos y gastos con la media europea, sino por la propia evolución de los ingresos públicos y su relación con el crecimiento de la economía. Las reformas regresivas de 2015, que han supuesto una pérdida de 12.300 millones de euros para las arcas públicas, y los cambios en la distribución de la renta provocados por la mayor desigualdad y la devaluación salarial, han erosionado la recaudación de tributos fundamentales como el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. Por ello los ingresos vienen creciendo muy por debajo de lo que deberían hacerlo como consecuencia del crecimiento del PIB.

Esto es especialmente grave en el caso del Impuesto sobre Sociedades. A pesar de que los beneficios empresariales se recuperan y el resultado neto contable de las empresas se encuentra ya en niveles de 2007, la recaudación del tributo mucho más baja que la de antes de la crisis. Figuras como la posibilidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores con beneficios presentes o futuros, sin ningún límite temporal (medida que fue implantada durante el último Gobierno del Partido Popular), así como la aplicación de deducciones y diversos beneficios fiscales, hacen que hoy en día, y especial e intensamente en el caso de las grandes empresas, el Impuesto de Sociedades se haya convertido para este tipo de contribuyentes (los que más deberían aportar a las arcas públicas) en un impuesto meramente testimonial, casi a efectos registrales.

En estos presupuestos, las previsiones de ingresos no son realistas. En concreto, señalan que las estimaciones de recaudación del IRPF son demasiado optimistas y están sobrestimadas. Porque si hay una rebaja fiscal que tendrá un impacto estimado de 2.000 millones (según las propias previsiones del Gobierno), el crecimiento de los ingresos de las familias debería ser de 7.020 millones más que en 2017 (cifra muy poco real, incluso teniendo en cuenta la actualización de las estimaciones de crecimiento del PIB que han pasado del 2,4 % al 2,7 %).

Por ello, si las previsiones no se cumplen y seguimos intentando ajustar el déficit público a los ritmos programados, seguramente se producirán recortes en cubierta del gasto público a través de la no ejecución de determinadas partidas de gasto, como ha venido ocurriendo en los últimos años. La debilidad de los ingresos públicos junto a la decisión política de priorizar la reducción del déficit sobre otros objetivos, hacen que los presupuestos no atiendan a las verdaderas prioridades de política económica que tiene España.

Tampoco avanzamos en la lucha contra el fraude fiscal, aunque se declare desde el Gobierno afrontarla con mayor dureza.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (GESTHA) han puesto en relación los resultados totales de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude con la estimación de la evasión total, para poder determinar el grado de eficacia contra la evasión. Así, los resultados logrados por la AEAT apenas representan el 21,7 % de la evasión total estimada entre 2012 y 2016, una proporción que, aunque supone una mejora respecto al trienio anterior en el que se alcanzó al 19 % de la evasión, deja al descubierto un considerable agujero en la administración tributaria por el que se escapa el fraude y un grado de ineficacia enorme que ronda el 80 % del fraude anual estimado.

Incluso en el año 2015, cuando la AEAT alcanzó el récord en sus resultados de prevención y control del fraude, el 73,8 % de la evasión fiscal no fue detectada y tan solo se llegó al 26,2 % de la evasión tributaria total.

Los datos también demuestran que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de contribuyentes de escasos recursos, a los que se les descubre deudas de menor importe, relajando la investigación del fraude sofisticado que comenten grandes empresa y multinacionales.

En estos presupuestos, la AEAT contará con 1.066 millones de euros, unos 70 millones menos que en el ejercicio de 2010. Y la agencia contará con una plantilla de 25.733 personas, un 9,3 % menos de efectivos en comparación con 2010. No parece probable que se produzca un punto de inflexión en la tendencia creciente de la economía sumergida con este presupuesto y con estos recursos humanos.

Frente a este problema, proponemos un conjunto de medidas que permitan cerrar progresivamente esa brecha de ingresos, financiando con esto la mejora y la expansión de los servicios públicos de calidad. Los ingresos del subsector Estado aumentarían debido a la implementación de medidas sobre la fiscalidad verde, impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, recargo de solidaridad sobre los beneficios de la banca, eliminación de desgravaciones de los grandes grupos en el impuesto de sociedades, incremento en la tributación de los rendimientos del capital mobiliario, impuesto de transacciones financieras, eliminación de las SICAV, eliminación de las deducciones de planes de pensiones privados, reducción fraude fiscal aumentando la propuesta del Gobierno, etc. Por otra parte, proponemos también la reducción del IVA al 10 % para los suministros y la reducción al 4 % para el IVA cultural y a productos de primera necesidad. Con estas modificaciones impositivas se podrían recaudar 4.745 millones. Además, actuando también sobre los ingresos en la seguridad social, a través del destope de las cotizaciones del Régimen General o la eliminación de las bonificaciones, incluyendo la cuota progresiva para autónomos. Con estas medidas se podrían recaudar 6.630 millones.

Con todas nuestras propuestas sería posible incrementar la recaudación del conjunto de administraciones públicas en casi 11.500 millones de euros de manera directa, así como en unos 3.300 millones de euros indirectamente, gracias al efecto expansivo derivado del aumento del gasto público que también proponemos.

Se propone, por tanto, modificar el estado de ingresos aumentándolo en 14.800 millones de euros para visualizar el mayor margen de maniobra que se obtiene incentivando la actividad económica y operando sobre los ingresos públicos.

En lo que se refiere a las Administraciones Públicas, podemos destacar que muchas de las medidas en esta materia son positivas pero insuficientes. Sirven para detener la sangría de derechos, en gran parte gracias al gran trabajo y a la presión de los sindicatos, pero apenas se recuperan los que se han perdido. Hablamos de un sector muy castigado por las políticas de recortes durante todos estos años, que se encuentra en una situación muy crítica.

Saludamos la subida de salarios del personal público, pero es insuficiente. La subida prevista es similar al IPC por lo que no permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido por los funcionarios y funcionarias en los últimos 8 años, que se estima en un 15 %, según cálculos conservadores.

Las subidas en la tasa de reposición del personal son una buena noticia, pero seguimos pensando que son insuficientes, aparte de un ejercicio de hipocresía por parte del Gobierno, que parece tiene miedo de reconocer lo evidente: la imposibilidad de seguir manteniendo la tasa de reposición. Las tasas que ahora se presentan en estos PGE pueden detener el envejecimiento de la plantilla pero mantienen unas AAPP sin personal suficiente, que se verán obligada a seguir externalizando servicios. La estrategia del PP no ha cambiado, solo se pone un poco de maquillaje.

Las ofertas de consolidación de empleo público son necesarias, pero no dejan de ser un problema que generó el Gobierno y que ahora se ve obligado a solucionar. Es la consecuencia de una política nefasta que obligó a las AAPP a contratar temporalmente a su personal y que ahora impugna hasta la Comisión Europea. Las recetas del PP (Precariedad y temporalidad) han demostrado ser del todo ineficaces.

La posibilidad de reducción de la jornada laboral es tibia. Hay que reconocer de una vez la capacidad que cada AAPP tiene para negociar las condiciones laborales de su personal, y por supuesto entre ellas la jornada. No se puede tratar a las AAPP como menores de edad diciéndoles siempre lo que tienen que hacer. Hay que respetar su capacidad de negociación sin condicionamientos.

Por todo ello, desde nuestro grupo proponemos:

1. Recuperar el poder adquisitivo perdido. Proponemos una subida del 2,7 % frente al 1,75 % del Gobierno para este año. Esta subida tiene como objetivo la recuperación durante los próximos 4 años del 13,5 % perdido en los últimos 8 años.

2. Eliminar totalmente la tasa de reposición para todos los ámbitos del sector público, y que sean las diferentes Administraciones las que en virtud de sus disponibilidades presupuestarias determinen qué personal necesitan y dónde.

3. Una Oferta de Empleo Público extraordinaria para la Administración General del Estado que reponga el empleo destruido desde el 2009 y haga frente a los retos actuales. Esta OPE para los ámbitos administrativos más urgentes debe ser inmediata.

4. Contemplar expresamente la jornada laboral de 35 para el personal de la AGE, así como la obligación de abonar el 100 % de las retribuciones fijas por incapacidad temporal. A ninguna persona le debe costar dinero estar enferma.

5. La creación de un fondo destinado a lograr una subida en las retribuciones del personal de la AGE que con más urgencia lo requiere: por un lado, aquellas plazas retribuidas con menos de 1.000 euros/mes y por otro aquellas que se desempeñen en lugares donde sea acuciante una diferencia salarial con otras AAPP realizando iguales funciones en los mismos espacios físicos.

Por último, no podemos dejar de señalar las limitaciones en la gestión del superávit que están atravesando las Entidades Locales. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria no permite que superávits conseguidos se puedan destinar a hacer frente a atender situaciones de emergencia social, a mejorar servicios, equipamientos o a generar políticas para hacer frente a la crisis, sino que tengan que dedicarse o a amortizar deuda o como mal menor a inversiones financieramente sostenibles. Responde, en definitiva, a la política de priorizar el pago de la deuda, una deuda que ya se paga, por delante de cualquier objetivo de gasto público.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 15 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 16. Ministerio del Interior.



En los Presupuestos Generales del Estado 2018, la sección 16 (Ministerio del Interior) ve incrementado su presupuesto en un 6 % en relación con el 2017. En 2018 el presupuesto de esta sección es de 8.636.003,97 miles de euros frente a los 8.139.184,82 miles de euros previstos en los presupuestos de 2018. No obstante y respecto a 2009, persiste aún un 4 % de diferencia.

El Programa de Derecho de Asilo y Apátridas ha aumentado con relación a 2017 pasando de 6.305,71 miles de euros a 6.404,53 miles de euros en 2018, un aumento de apenas un 1,6 % claramente insuficiente si tenemos en cuenta que tanto las llegadas como las solicitudes de asilo suponen casi el doble de las contabilizadas el año anterior.

El programa de Seguridad Ciudadana —que incluye la financiación para Policía Nacional y Guardia Civil— ha aumentado de 5.325.445,07 miles de euros en 2017 a 5.791.457,33 miles de euros en 2018, lo que significa un aumento del 8,8 %.

El programa de Centros e Instituciones Penitenciarias aumenta un 1,3 % respecto a 2017. Se trata del mayor aumento producido en los últimos ejercicios que supera incluso —en un 1,5 %— la asignación prevista 2009. Sin embargo hay que destacar que en este 2018 se han mantenido trasferencias corrientes para pagos de servicios externalizados en favor de empresas privadas.

El presupuesto del programa de Protección Civil ha aumentado en un 4,2 % con respecto a 2017, pasando de 13.965,07 miles de euros en 2017 a 14.545,48 miles de euros en 2018. Sin embargo y respecto al año 2009, la asignación al programa se ha reducido en un 29,2 %. Este programa lo coordina la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en casos de emergencias y desastres naturales.

Así las cosas, nos enfrentamos a unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de recortes que marcan la acción de este Gobierno y que impedirán el cumplimiento de sus objetivos y compromisos.

En los mismos términos utilizados en el ejercicio pasado, se hace especial hincapié en la necesidad de hacer frente a las demandas de seguridad de nuestra sociedad con el objetivo de lograr un progresivo descenso de la criminalidad. También nosotros queremos seguridad pero, a nuestro juicio, la política de seguridad debe ponerse en pie a partir de la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Al igual que venía ocurriendo en ejercicios anteriores, el presupuesto de 2018 para el Ministerio del Interior revela la falta de un planteamiento global en materia de seguridad ciudadana y de respuesta policial, penal y penitenciaria a la misma. Y es que los presupuestos continúan sin prever partidas presupuestarias que puedan tener reflejo en políticas de prevención del delito, de intervención social en las causas de la delincuencia o la reinserción, en cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la Constitución.

La gran novedad en estos nuevos presupuestos para la sección 16 es la irrupción de la Resolución de 19 de marzo de 2018 (BOE núm. 69, de 20 de marzo de 2018), de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Según esta resolución «la Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta».

Según el Proyecto de PGE para 2018, la Policía Nacional contará en el Programa 132A de Seguridad Ciudadana con una dotación total en Gasto de Personal de 2.325.454,60 millones de euros, cifra que representa un incremento del 2 % sobre la dotación del año 2017 (de 2.276.688,65 millones de euros). Por su parte la Guardia Civil contará en el Programa 132A de Seguridad Ciudadana con una dotación total en Gasto de Personal de 2.112.989,55 millones de euros, cifra que representa un incremento del 3 % sobre la dotación del año 2017 (de 2.056.539,71 millones de euros). Sumados los incrementos para Policía Nacional y Guardia Civil, la cifra de aumento alcanza los 105.215,79 millones de euros.

Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido y defenderá la iniciativa para la equiparación retributiva de los miembros los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La justificación no es otra que la de evitar la existencia de discriminación en la aplicación de la Ley y su aplicación desigual sin causa razonable. Hay que ver como se concretará en los próximos meses este aumento salarial y mantenerse vigilantes hasta que realmente se cumplan las condiciones pactadas y se refleje en la nómina de policías y guardias civiles esta justa reivindicación laboral.

La literatura que acompaña los presupuestos para el área de seguridad ciudadana, señala planes de lucha contra el crimen organizado en general y contra el terrorismo en particular, o la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, lo que contrasta con la práctica de este Gobierno, que ha ido cambiando y recortando recursos especialmente en la unidades élites, tanto de la Guardia Civil, como es el caso de la Unidad Central Operativa (UCO), o en la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), desde donde se dirigen las investigaciones de los más importantes casos de corrupción.

Nuestro Grupo Parlamentario defiende la necesidad de un nuevo modelo de policía, un nuevo sistema policial más operativo, más eficaz y eficiente, que se concrete con la reforma de la Ley 2/86, a todas luces una norma desfasada. Para ello, hemos propuesto la creación de una Subcomisión para el nuevo modelo policial de España en la que se discutan y se aborden todos los problemas de la política de recortes, desmantelamiento y pérdida en las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil y se definan las líneas básicas de ese nuevo modelo policial.

Estos presupuestos no pueden soportar el necesario cambio del modelo policial. Al contrario, la política de los últimos ejercicios deja clara la pretendida remilitarización tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, llegando a gastar tres millones de euros en remilitarizar los uniformes de policías nacionales. En la Guardia Civil se mantiene la falta de reconocimiento de derechos y no se apuesta por mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del instituto armado.

Esta falta de derechos se concreta, por ejemplo, en materia de turnos de trabajo o en la falta de homologación de las asignaciones para asociaciones profesionales de Guardia Civil y sindicatos profesionales de Policía Nacional. Es inaceptable que no se protejan ni se fomentan, desde un punto de vista presupuestario, los derechos sindicales y de asociación de los guardias civiles. En los PGE de 2017, la asignación aumentó, asignándoseles 120.000 euros. Sin embargo, en 2018 esta asignación se ha congelado y continúa sin homologarse con las asignaciones que reciben las asociaciones sindicales del Cuerpo de Policía Nacional, que en este año 2018 ascenderán a 237.000 euros.

En otro orden de cosas, se consolida en estos presupuestos una visión estrictamente policial y securicista de la inmigración. Sólo así se justifica que se mantenga la prevención y lucha contra la inmigración irregular como objetivo estratégico del área de seguridad. Esta visión policial se plasma en la inexistencia de una dotación presupuestaria que permita el desarrollo de acciones coordinadas entre los agentes sociales y el Gobierno para canalizar los flujos migratorios, la integración social de los inmigrantes y la protección humanitaria de los mismos (asilo/refugio), entre otras. Nuestro Grupo Parlamentario sigue y seguirá exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Instituciones Penitenciarias

Nuestro grupo parlamentario es plenamente consciente de la complejidad que presenta la gestión de un sistema penitenciario tan asentado en inercias institucionales e históricas como el nuestro que, sin embargo, pide a gritos una revisión profunda que su Proyecto de Presupuestos no atiende. El programa «Centros e Instituciones Penitenciarias», absolutamente continuista respecto a su predecesor para 2017, profundiza en un modelo que, mientras afirma perseguir objetivos de reinserción social, se emplea a fondo en objetivos regimentales —y sólo en estos— en detrimento de los objetivos tratamentales, se despreocupa de garantizar derechos básicos de las personas presas —muy en particular, el derecho a la salud—, desatiende el entorno familiar de la persona presa y la abandona a su suerte tras la excarcelación. El Proyecto continúa también pivotando sobre el tradicional enfoque punitivo y retributivo, sin dejar sitio a una visión restaurativa de la Justicia. Nuestras propuestas van orientadas en el sentido de empezar a vislumbrar un cambio radical y a largo plazo de nuestro modelo penitenciario.

La partida presupuestaria para personal laboral disminuye en relación a la misma partida para el ejercicio 2017 y también lo hace la de sueldos de los grupos A1, A, A2 y B que, precisamente, son los que incluyen a personal sanitario y tratamental: médicos, enfermeros o psicólogos, por ejemplo. Dada la clamorosa escasez de personal sanitario y de tratamiento que hoy se percibe en nuestras prisiones, no se comprende la referida reducción, máxime cuando, como nos consta, ni siquiera se cubren adecuadamente, por ejemplo, las bajas o vacaciones de facultativos o enfermeros en prisiones en las que la plantilla está ya infra dimensionada o en las que, en un ejemplo sin precedentes en la oferta de empleo público, no se logran cubrir las plazas vacantes.

No puede ser de otra manera si se tiene en cuenta la merma salarial que sufren los profesionales de la sanidad penitenciaria en comparación a la retribución de sus colegas trabajadores en la sanidad convencional. Así las cosas, tenemos constancia de que, en el precedente ejercicio 2017, se han producido situaciones absolutamente dramáticas e incompatibles con una adecuada atención sanitaria a la población reclusa. Mientras las plantillas no se cubran, se reestructuren y se refuercen en el ámbito tratamental y sanitario —cosa que, difícilmente ocurrirá con los actuales niveles retributivos— las carencias de profesionales sanitarios, psicólogos, trabajadores sociales o educadores —hoy sobresaturados e incapaces de soportar la carga de trabajo que les impone lo exiguo de su plantilla— deberán suplirse a través de la contratación de personal laboral dedicado a tareas de tratamiento y atención sanitaria.

Resulta también muy llamativa la fortísima rebaja en la partida de conciertos de asistencia sanitaria —de 9.623,63 miles de euros en 2017 a 7.216,22 miles de euros para 2018— que únicamente tiene una lectura: la administración penitenciaria ha decidido, unilateralmente y con independencia de lo que dictamine el poder judicial en los distintos procesos entablados al respecto, que, como lo viene haciendo hasta ahora, no va a correr con los gastos de asistencia especializada de las personas presas ni va a abonar las facturas pendientes de abono a las CC. AA. por tal concepto. La administración ni puede ni debe nunca anticiparse a las decisiones de los tribunales de justicia; mucho menos cuando dicha anticipación supone la precarización de la salud de un colectivo especialmente vulnerable sobre el que tiene una específica responsabilidad; mucho menos cuando lo que late detrás de dicha reducción es una maniobra evidente de presunto abaratamiento de un servicio pendiente de transferir a fin de acompañar luego un menor desembolso por la transferencia de dicho servicio.

Por otra parte y por lo que respecta a la irrisoria partida económica para la formación y perfeccionamiento del personal penitenciario, de 154.080 € —estancada desde hace años— nos atrevemos a afirmar que apenas tiene cabida la formación para que, por ejemplo, el personal penitenciario adquiera competencias en mediación penitenciaria y resolución de conflictos, habilidades éstas imprescindibles en un entorno como la prisión, caracterizado por la dureza, la conflictividad y, en definitiva, la tensión inherente a la convivencia obligada y a la privación de libertad.

Tampoco el derecho de las personas presas a un trabajo dignamente retribuido tiene el adecuado reflejo en el Proyecto de Presupuestos que continúa sin garantizar que los salarios percibidos por los reclusos que realizan un trabajo, productivo o no, en el interior de los centros penitenciarios, se nivele al menos con el Salario Mínimo Interprofesional. Las transferencias corrientes a la entidad estatal «Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo» se mantienen respecto a 2017. No parece ésta una buena política presupuestaria para acabar con unas condiciones de trabajo que se han calificado recientemente por los sindicatos mayoritarios como «esclavistas». De hecho, el 71 % de las personas que realizan un trabajo remunerado en prisión cobran menos de 300 €/mensuales.

En definitiva, lo que le interesa al Proyecto de Presupuestos es el control securitario en detrimento de la finalidad eminentemente reinsertadora proclamada constitucionalmente. Sólo desde esta opción que nunca podremos compartir se explica, por ejemplo, que se mantenga la inversión plurianual de 3 millones de euros en material coercitivo o que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —tal y como se anuncia en la Memoria de Objetivos del Programa 133 A— prefiera dotarse de una nueva sede a garantizar el salario mínimo interprofesional de las personas privadas de libertad, a contratar y retribuir adecuadamente a médicos, enfermeros o psicólogas; sólo así se entiende que España tenga una de las tasas de cumplimiento en régimen abierto más bajas de Europa Occidental (15 %) que, además, continúa estancada en los últimos años pese a la tan declarada como incumplida intención de la potenciación del cumplimiento en régimen de semilibertad que se viene repitiendo en las Memorias de Objetivos de los últimos años. No es posible permitir estas contradicciones tan profundas.

Migraciones y asilo

Estos presupuestos planteados por el Partido Popular muestran su voluntad de continuar con la aplicación de políticas racistas y xenófobas de control migratorio que vulneran los Derechos Humanos mientras nosotras planteamos una alternativa basada en la acogida, la inclusión y los derechos para todas las personas.

No podemos compartir que este Gobierno entienda que las «actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración» consistan en el mantenimiento de los CIEs existentes. En el marco de un cuestionamiento político y social profundo a estas instituciones y en medio de la mayor crisis de desplazamiento de la Historia, con el 38 % más de llegadas en patera a nuestro país (según la OIM), cuando las muertes de personas que tratan de llegar a España por esa vía se ha disparado un 150 % en abril y tras el incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de reubicar a 17.000 personas desde Italia y Grecia —que supuso la reprobación de los Ministros de Interior y Exteriores—, no se entiende que no se prevea una inversión en lo que se denomina «integración de los inmigrantes» y que el destino de lo invertido se focalice en unas infraestructuras tantas veces criticadas.

En el año 2017, se alcanzó el récord en solicitudes de asilo, tanto presentadas como pendientes. El número de solicitudes en stock llegó a las 38.880 solicitudes. Por otra parte, 2 de cada 3 solicitudes fueron rechazadas, situando así a España en uno de los estados de la Unión Europea con las estadísticas de aceptación más bajas.

Consideramos urgente que la Oficina de Asilo y Refugio y el resto de departamentos y equipos cuenten con personal funcionario fijo suficiente y con recursos económicos adecuados a las necesidades; en especial, con recursos que posibiliten los desplazamientos a Italia, Grecia y terceros países de acogida de refugiados en los que se pueda llevar a cabo una labor adecuada y cumplir así con nuestros compromisos con la UE.

En este mismo sentido, el coste de los vuelos colectivos de deportación forzosa presupuestados para este año debería ser destinado a programas de inclusión tales como el Plan Estatal de Convivencia que proponemos en otro lugar. Es urgente concentrar los esfuerzos presupuestarios de la sección 16 en convertir a España en un verdadero país de acogida que garantice el derecho de asilo y deje de condenar a las personas solicitantes de asilo a años de procedimientos administrativos que no hacen sino recrudecer su sufrimiento.

Por último, desde el grupo proponente consideramos fundamental el destino de recursos suficientes a la agilización de los procedimientos administrativos de extranjería que, a día de hoy, están suponiendo meses y en ocasiones años de espera para las personas migradas y refugiadas. En la misma línea, es urgente recuperar la gestión pública directa del procedimiento de acceso a la nacionalidad y destinar a ello fondos suficientes que acaben con el absoluto bloqueo de los últimos años.

Seguridad Vial

En cuanto a las partidas correspondientes a Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y tras el anuncio al principio de la legislatura de un Pacto de Estado por la Seguridad Vial, se echa de menos su concreción y, desde luego, que se traduzca en una financiación que aborde las políticas de mantenimiento de las vías, la falta de efectivos según el catálogo de puestos y otros indicadores, el envejecimiento del parque móvil, la carencia de un modelo intermodal de movilidad, etc. El Proyecto de Ley para la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, también anunciado, continúa pendiente de impulso. Mientras, año a año, se consolidan los recortes que, en su cómputo acumulados desde el 2011, se sitúan en torno al 17 %.

Sobre los incumplimientos, tiene especial relevancia la falta de interés por el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Tráfico y el funcionariado examinador de tráfico sobre la dignificación del puesto mediante un aumento del complemento específico que supone una cuantía mínima, la reposición con objeto de cubrir las jubilaciones y el establecimiento de una escala propia. Además de suponer una falta de compromiso con la palabra dada, entendemos que es una muestra de incapacidad para rectificar algo que todos los grupos de esta cámara han señalado como un conflicto de fácil solución que mantiene en vilo a todo un sector productivo y cuestiona derechos fundamentales.

Por todo ello, hemos de constatar una política continuista en lo que respecta a la dotación de Seguridad Vial, con un muy tímido aumento del presupuesto de menos del 3 % correspondiente en su mayoría a mayor recaudación por tasas asociado al descenso de los ingresos estimados por sanciones. Planteamos que las acciones frente al repunte histórico de la caída de la siniestralidad vial no pueden reducirse a no computar los siniestros en Cataluña y el País Vasco aduciendo que la titularidad de sus vías no forma parte de la red estatal.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 17. Ministerio de Fomento.

Los presupuestos del 2018 en la sección 17 recogen incremento del 16,4 % respecto al año 2017. Sin embargo, no cabe celebración alguna cuando ese incremento se produce al comparar los datos con el año 2017 que es el que contempla las menores inversiones de la última década y cuando la situación social de la vivienda, la articulación territorial y la movilidad pública, de calidad y sostenible sigue sin estar garantizada en nuestro país.

La inversión en vivienda cae este año 2018 hasta los 446 millones de euros en el principal programa del Ministerio de Fomento destinado a vivienda. Continua el recorte respecto a años anteriores, a pesar de la inexistencia de parque público de alquiler; a pesar de los graves procesos de especulación y gentrificación que se están dando en muchas ciudades como consecuencia de las políticas del Gobierno del PP; a pesar del grave problema de acceso a la vivienda en alquiler como consecuencia de la reforma de las SOCIMIS y de la LAU de llevadas a cabo por el PP en 2013, que entre otras cosas hoy provoca subidas indiscriminadas de los precios en muchas grandes ciudades del estado y en sus áreas metropolitanas. Y también a pesar de la cronificación de multitud de situaciones de precariedad habitacional que se dan como consecuencia del periodo de emergencia habitacional que hemos sufrido en los últimos años, y que nunca ha contado con respuestas estructurales para combatirla.

En concreto, estos presupuestos suponen un recorte del 18 % respecto a las cantidades de 2017 presupuestadas en el principal programa que dedica a Vivienda el Ministerio «Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda» (Ordenación y fomento de la edificación, un programa menor, ha caído un 44 % entre 2017 y 2016). Sin embargo, el recorte acumulado desde 2011, cuando el PP llegó al Gobierno, llega ya hasta el 60 %. Queda demostrado que para el Gobierno del PP la política pública de vivienda no es en absoluto una prioridad. Más bien, a la vista de las modificaciones legislativas llevadas a cabo en los últimos años y mirando la cifra de beneficios fiscales que en 2018 se ahorran las SOCIMIs (260 millones de euros), se observa una clara voluntad de dejar en manos de la inversión privada la política de vivienda.

La cantidad presupuestada en 2018 por el Ministerio para políticas de vivienda supone un gasto anual equivalente al 0,03 % del PIB, una cifra que está a años luz de lo que destinan a políticas de vivienda países como Austria, Dinamarca, Alemania y Francia, que destinan alrededor de un 1-2 % de sus PIB. Eso sitúa a España a la cola de Europa en políticas que garanticen el derecho a la vivienda y en cambio como país en cabeza del fomento de la especulación inmobiliaria, en este caso, en el mercado del alquiler.

El Ministerio de Fomento tiene tres objetivos clave: Vertebración territorial, cohesión social y planificación de infraestructuras.

Vertebración territorial. No consideramos que estos presupuestos mejoren sustancialmente la vertebración territorial. La apuesta del ministerio por la Alta Velocidad, a lo largo de estos años, ha producido un efecto túnel que comporta que sí España es perfecta para el turismo y los desplazamientos de los ejecutivos, no lo es para el transporte cotidiano de millones de ciudadanos. Gentes que en estos años de crisis han visto empeorar su calidad de vida también en la movilidad.

No se apuesta por la mejora de la calidad del aire promocionando la accesibilidad urbana. Las subvenciones al transporte de las áreas metropolitanas se incrementan de forma ridícula muy lejos de las cifras del 2010 (200 millones). Han dejado abandonadas a las ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia que han tenido que sustituir la aportación del Ministerio con su esfuerzo inversor.

Las inversiones en estos últimos años en mantenimiento y conservación de carreteras se habían reducido en un 28,69 % mientras las víctimas de accidentes de tránsito siguen creciendo. Para este año está previsto congelar la partida de mantenimiento de carreteras.

Que Granada lleve 3 años sin tren no es vertebración territorial, que Almería sea una isla ferroviaria, tampoco, o que el tren de Llevant de Mallorca tiene estaciones y trenes en los almacenes pero no vías, no ayuda a vertebrar la isla. Que la N-432 siga sin desdoblarse en Baena o que Tarragona ciudad se quede sin trenes de altas prestaciones, tampoco es vertebración territorial.

Cohesión social. Si alguien ha visto reducir las prestaciones durante estos años de crisis han sido los más de 424 millones de personas viajeras que utilizan a diario los trenes de Cercanías y la media distancia, mientras la inversión destinada a ellos está lejos de las cifras con las que trabaja Adif Alta Velocidad.

La ampliación de los tramos de Obligación de Servicio Público es un paso en la buena dirección que tendrá que superar problemas heredados cómo en su día fue la supresión de línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, la ruta de la Plata o la Reus-Roda (en este caso para mercancías). Tampoco ayuda a la cohesión social la supresión de los trenes nocturnos que ofrecían a la ciudadanía una forma de transporte más asequible que el AVE.

La política concesional del transporte de carretera ha consolidado un mercado cerrado para unas pocas empresas que se reparten el pastel y, mientras, éstas ejercen su derecho a abandonar los servicios deficitarios y a dejar a centenares de pueblos desconectados, esto no es ni cohesión social ni equilibrio territorial.

Planificación de infraestructuras.

En Infraestructuras (política presupuestaria 45) para 2018, que comprende transporte terrestre, marítimo y aéreo, junto con la administración general de infraestructuras, registra caídas del 5,55 % respecto al 2016 y del 25,9 % respecto al 2012. Pero si cogemos la lupa, vemos que la infraestructura del transporte ferroviario (453A) registra una caída del 49,96 % respecto al 2016 y del 56,78 % del 2012. La creación de infraestructuras de carreteras (453B) cae un 24,63 % respecto al 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular anunció su apuesta estrella con el Plan de Inversiones en Carreteras, PIC, con 5.000 millones de euros de inversión que quedan de momento al margen de la contabilidad presupuestaria, cuyos pliegos están siendo cuestionados por la propia Hacienda y la Abogacía del Estado, y cuya rentabilidad social, laboral, ecológica y económica plantean serias dudas y un problema de endeudamiento hasta el año 2051.

El análisis de inversiones y su composición nos lleva a determinar que el esfuerzo en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, en el transporte ferroviario utilizado por la mayoría de los usuarios y de mercancías, o en las subvenciones corrientes al transporte, es insuficiente. Estas inversiones son las que realmente tienen una clara reversión social y económica, generando puestos de trabajo de calidad.

Si de algo puede presumir este ministerio es que tienen un plan para cada cosa. El Ministerio tiene un plan para Aena 2020, para los drones, las mercancías, las cercanías de ferrocarril, la conexión de puertos, el de vivienda, el PIC de inversiones en carreteras, los transversales, el de sostenibilidad y cambio climático, la agenda urbana… En líneas generales, creemos que son necesarios. El problema surge cuando el plan se queda en papel mojado y las inversiones no se comprometen con las necesidades sociales.

Los planes de cercanías, los corredores Mediterráneo y Atlántico llevan retraso. Las inversiones en infraestructuras que hubiesen sido imprescindibles para salir mejor y más rápido de la crisis fueron lastradas por la austeridad.

Ya ha quedado sobradamente demostrado, sin embargo, que la tremenda inversión que se ha hecho durante los últimos años no ha impedido que nuestra crisis fuera más profunda que la de los países de nuestro entorno, ni que sigamos teniendo los mayores niveles de paro. La falta de un análisis detallado de coste-beneficio que tenga en cuenta el verdadero impacto económico, social y ambiental de la infraestructura ha sido totalmente obviada por los sucesivos gobiernos. Ese enorme esfuerzo inversor que nos ha situado en niveles récord europeos en kilómetros de autovía y líneas de alta velocidad, así como en número de aeropuertos, no ha servido para mejorar en cuestiones clave como la conectividad, la movilidad, la intermodalidad o el desarrollo logístico.

La intermodalidad sigue siendo la gran olvidada en los presupuestos. No sólo se olvida la imprescindible conexión entre puertos y red ferroviaria, una apuesta de futuro que sorprendería porque demostraría una visión a largo plazo que en el PP es sustituida por la visión electoralista de corto plazo, sino que además proliferan las estaciones de cercanías, media distancia y AVE en el medio de la nada (Camp de Tarragona, Santa Ana, Puente Genil, Valencina...), una demostración de la chapuza nacional, de la búsqueda del titular frente a la búsqueda del servicio público.

Finalmente, en este país tenemos que definir qué modelo de financiación de transporte queremos, porque en la España plural sigue sin haber un modelo claro. El nuestro es sencillo ampliar y mejorar el servicio público.

El grupo Confederal considera que este presupuesto de la sección 17 correspondiente al Ministerio de Fomento, no contribuye al objetivo fundamental, que es desarrollar una red integrada y sostenible de transportes ni contribuye a dar respuesta a los grandes retos que tiene nuestro país, que son la creación de empleo de calidad y la generación de unas infraestructuras modernas, sostenibles y orientadas al transporte de los ciudadanos y no al beneficio de intereses privados.

Por todo ello, el Grupo parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta enmienda de devolución de la sección 17 del Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 18. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Gobierno vuelve a presentar un presupuesto de mínimos para la educación de nuestro país. Un presupuesto que, ciertamente, no está pensado ni para revertir recortes acumulados, ni para garantizar la equidad del sistema ni tampoco para mejorar la calidad de la Escuela Pública. Estas cuentas, por el contrario, siguen con el piloto automático de la austeridad y nos condenan al vagón de cola europeo, como uno de los países que menos invierte en la formación de sus niños y jóvenes.

En concreto, la partida de educación es prácticamente idéntica a la de los PGE de 2017, con 2.524.312.000 euros. Muy lejos, en todo caso, del nivel de inversión del año 2010 —justo antes del giro austericida del Gobierno Zapatero— cuyo presupuesto era de casi 3.100 millones de euros. Se trata, por tanto, de casi 600 millones menos de inversión, que se suman a los recortes de los años anteriores y que mantienen nuestro sistema educativo en un estado de infrafinanciación. Siguiendo esta misma orientación el Gobierno ha comprometido con Bruselas pasar del 4,07 % del Producto Interior Bruto en 2015 al 3,67 % en 2020, asegurando, así, nuevos recortes.

Estos presupuestos, además, se insertan en el contexto de la Subcomisión para el «Pacto Social y Político por la Educación» que tenía, entre otros objetivos, corregir las disfuncionalidades que los planes de ajuste presupuestario generaron en nuestras escuelas, institutos y universidades. Sin embargo, este presupuesto educativo no deja apenas margen para revertir recortes y abordar, al fin, las demandas de la comunidad educativa. Del hecho, si tomamos el 100 % del presupuesto de educación y restamos la partida de becas, que representa el 62 %, así como los gastos de personal y servicios, observamos que apenas queda un 20 % para otras inversiones tan relevantes como la atención a la diversidad o la mejora de la formación docente. No hay, por tanto, un presupuesto suficiente para promover las reformas e innovaciones que requería un Pacto por la Educación.

Estos presupuestos no están en condiciones de cerrar la brecha de la segregación. Una realidad que, según el último informe PISA, ha ido en aumento durante los años de la crisis económica. En concreto, podríamos señalar la disminución de un 2,5 % un programa tan sensible como el de Educación Compensatoria (322G), así como que continúan sin aparecer partidas específicas de Educación Especial y de Apoyo a Actividades Extraescolares.

En cuanto a la Formación del Profesorado (321N), que se presentaba como una de las claves de la mejora de nuestro sistema educativo, el Gobierno destina sólo 832.000 €, una cantidad muy similar a la de los presupuestos anteriores y que supone un recorte del 60 % respecto al año 2009. Además, la memoria no especifica cuántos docentes se van a ver beneficiados por las actuaciones (jornadas, congresos, estancias en el extranjero) que planifica el MECD.

Respecto al programa de Educación Infantil y Primaria (322A), aunque sube un 3,2 % respecto a los PGE de 2017, todavía representa un 16 % menos de lo que se invertía en 2019. Por lo tanto, y si antes ya se requería hacer un esfuerzo mayor en este ámbito, con este presupuesto España no está en condiciones de universalizar la etapa 0-3 años, pero tampoco de abordar todas las necesidades de más y mejores infra estructuras escolares.

El programa de Educación Secundaria y Formación Profesional (322C) también se ve reducido un 1,9 % y resulta preocupante que la partida específica de fracaso escolar esté solo dotada de 40 millones de €, cuando somos el segundo país, después de Malta, con el mayor índice (18,98 %). A este ritmo de inversión, ciertamente, resulta muy improbable que nuestro país llegue a la nueva década con una tasa similar de fracaso escolar a la europea, esto es, por debajo del 10 %.

La partida de becas y ayudas a estudiantes (322M), por su parte, aumenta un 3,4 %. El problema, no obstante, siguen siendo los criterios y las cuantías, pues las becas de carácter general deberían asignarse solo por criterios de renta y no por méritos académicos. Sin embargo, el Gobierno sigue desnaturalizando la orientación social del modelo, y en estos presupuestos introduce una nueva partida de 20 millones para becas a la excelencia estudiantil.

En cuanto al programa de Enseñanzas universitarias aumenta un 3,7 % respecto al ejercicio anterior pero, de nuevo, supone una disminución del 13 % respeto a 2012. Es un programa, en consecuencia, que no está en condiciones de abordar los graves problemas de precariedad y pérdida de empleo en la universidad pública. El aumento de la tasa de reposición no es suficiente, porque los puestos perdidos quedan. Según datos de la CRUE en el transcurso de los años 2008-2015 se perdieron 22.018 puestos de Profesional Docente e Investigador y 4.923 de Personal Administrativo en el transcurso. Además, y por si eso fuera poco, la presencia de profesorado joven (menor de 40 años) se ha visto reducido en 11,8 puntos (del 28,5 % al 16,7 %) en el mismo periodo.

El Gobierno ha anunciado como la gran baza de los presupuestos de educación el haber modificado a la baja las horquillas de grado, dejándolo en manos de las CC. AA. Pero lo cierto es que si no se aportan fondos, ninguna comunidad va a bajar las tasas al 0 %. Si se quiere una universidad realmente pública y gratuita (esto es, sin repagos), se deberían liberar fondos o permitir a las CC.AA. subir techo de gasto, para poder hacer frente financieramente a este objetivo.

Por otra parte, estos presupuestos no dan respuesta a la muy deficiente financiación de la UNED, cuyo mantenimiento depende directamente del Gobierno, no de las CC. AA. Se financia la sede central pero los consorcios están bajo mínimos. Hay incluso varios centros asociados que llevan sin liquidez y sin poder realizar pagos desde junio de 2017 (Algeciras, Cartagena o Albacete).

Estos presupuestos, en resumen, siguen revelando una falta de compromiso con la educación de nuestro país y, sobre todo, con la Escuela Pública. Estos bajos niveles de inversión, sostenidos durante casi una década, prolongan y consolidan los viejos problemas estructurales de nuestro modelo y no permiten encarar su resolución. Son, por tanto, unos presupuestos incompatibles con cualquier tipo de pacto político y acuerdo con la comunidad educativa.

En cuanto al gasto total del Ministerio en Cultura este es de 838 millones de euros, aproximadamente (+4,9 % con respecto al año anterior).

El proyecto de PGE en Cultura para 2018 sigue una lógica perniciosa: cuando se trata de recortar la cultura pierde mucho y de golpe, mientras que cuando se trata de recuperar gana poco y tarde una década en hacerlo. Esto se manifiesta en forma de cifras preocupantes para el tejido cultural español. Si se comparan los PGE de 2012 con el proyecto para 2018 se hallan con recortes importantes en partidas estratégicas:

— Archivos: -31,8 %

— Bibliotecas: -22,7 %

— Museos: -11,1 %

— Promoción del libro: -26,3 %

— Industrias culturales: -51,9 %

— Conservación y restauración del Patrimonio: -30,6 %

El Gobierno habla de los «presupuestos del Patrimonio» y de la consolidación de su compromiso con la cultura por la bajada del IVA de las entradas de cine. Es un análisis de miras cortas que omite que se han cerrado muchas puertas y muy grandes desde 2012 y que los principales agentes culturales de España, las pequeñas y medianas empresas y proyectos, ni han salido de la crisis ni cuentan con el apoyo adecuado por parte de este gobierno.

Este proyecto de PGE, por tanto, es heredero de un desequilibrio de fondo, no de uno coyuntura, que afecta sobre todo a los agentes pequeños y medianos y favorece a quienes más tienen. Mientras no seamos capaces de diversificar los proyectos y de apoyar a quienes más lo necesitan, estaremos ante un escenario presupuestario injusto, desigual y distorsionado merecedor de una enmienda a la totalidad.

Las líneas fundamentales de nuestra enmienda a este proyecto presupuestario son las siguientes:

— No saca a la cultura de un ciclo presupuestario muy negativo.

— Confunde de manera deliberada el alcance de algunas medidas: no es cierto que el IVA de la cultura haya bajado. Bajan las entradas de cine, pero la actividad profesional en la cultura sigue tributando al 21 %, exactamente igual que la música grabada.

— Omite a las pequeñas y medianas empresas y proyectos culturales.

— Deja fuera a colectivos tan vulnerables como las y los guionistas o las y los mediadores culturales, además de dedicar cantidades exiguas a distribución y exhibición de cine, por ejemplo, entre los colectivos que sí aparecen.

— Sigue adoleciendo de falta de perspectiva de género.

— Falta de previsión y descuido de casi un centenar de las y los trabajadores externos del INAEM adscritos al Teatro de la Zarzuela, que en pleno proyecto de integración en el Teatro Real se encuentran con que no pueden acceder al nuevo convenio. Una dotación presupuestaria mayor del INAEM habría podido paliar esta situación.

En contraste con este planteamiento, hemos planteado más de un centenar de enmiendas parciales, además de una enmienda a la totalidad de la sección 18. Nuestros principales aportes son:

— Generar un sistema de ayudas y apoyo a la cultura más diverso y que incluya a colectivos tradicionalmente olvidados como guionistas o pequeñas empresas. Introducción de ayudas a la formación de públicos, educación y cultura o galerías de arte, entre otros agentes del tejido cultural mediano y pequeño.

— IVA reducido en toda la cadena de valor de la cultura, no solo en el producto final. Hasta 2012 toda la cadena de valor de una actividad artística tributaba al tipo impositivo reducido, desde las facturas emitidas por el artista al productor del concierto o productor de teatro o productor de cine (ley 37/1992 del IVA) hasta el IVA aplicable en las entradas de dichos espectáculos. Carece de sentido técnico, político y económico aplicar tipos impositivos distintos a distintas fases de una misma cadena de valor artística presente en un mismo espectáculo (el 10 % en la entrada, el 21 % en la parte del pago por el productor al artista).

— Incrementar y diversificar las partidas destinadas a Restauración y Conservación del Patrimonio en todos los territorios. Nuevas partidas para la recuperación de territorios despoblados a través de la puesta en valor de su patrimonio y para Filmoteca Española.

— Incrementar la inversión en igualdad de hombres y mujeres a través de la dotación de la recién creada, a iniciativa del Grupo Confederal, Comisión para la Igualdad de Género en la Cultura.

Por último, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en lo relativo a deporte son la expresión numérica de la consolidación de los dramáticos recortes que el Partido Popular ha llevado a cabo desde su llegada al Gobierno en 2011. Las inversiones en materia deportiva siguen claramente irrelevantes e insuficientes para atender a las necesidades del deporte en nuestro país.

El deporte, según la Carta del Deporte del Consejo de Europa, es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos que los organismos públicos deben impulsar y proteger ya que es esencial para generar hábitos de vida saludables en la sociedad.

Pero es que, además, el deporte y la actividad física actualmente es un sector económico que implica aproximadamente el 4 % del Producto Interior Bruto en nuestro país.

Si se analizan los Presupuestos Generales del Estado desde que el Partido Popular llega al gobierno en el año 2011 hasta hoy es fácil comprobar como el programa 322K destinado al deporte en edad escolar y en la universidad ha ido sufriendo paulatinamente, año tras año, la tijera de los recortes hasta que, finalmente, este año ha sido suprimido.



Esto ha ocurrido, al mismo tiempo, que desde el Consejo Superior de Deportes, principal institución deportiva del país, se presumía públicamente de la puesta en marcha de la Estrategia para el Fomento de la Actividad Física y la Lucha contra el Sedentarismo. Pues bien, los Presupuestos del Partido Popular no dotan de inversión esta Estrategia. ¿Cómo pretende entonces el gobierno del Partido Popular fortalecer la práctica deportiva y luchar contra el sedentarismo si suprime el programa 322K y no dota presupuestariamente su Estrategia?

Por otro lado, el presupuesto total que maneja el Consejo Superior de Deportes es de casi 180 millones de €, unos 5 millones más que el año pasado. En principio, esto debería ser una buena noticia para el mundo del deporte. Pero si analizamos de manera detallada las partidas presupuestarias relativas a deporte es fácil percatarse que ese incremento va destinado casi en su totalidad al territorio de Canarias. Esto es, a pagar el voto de Nueva Canaria para poder así aprobar los presupuestos.

Si seguimos analizando las partidas presupuestarias relativas a deporte es fácil darse cuenta de que el Gobierno, aunque lleva meses hablando de una supuesta recuperación económica, sigue sin destinar recursos suficientes a este sector.

De hecho, si restamos al total de lo presupuestado para el Consejo Superior de Deportes y a la Agencia Española para la Protección de la Salud del Deportista lo recaudado por la Ley 13/2011 del Juego, resulta que lo que el Gobierno destina realmente al deporte es apenas 108 millones de euros, cifra que está por debajo, incluso, de los 124 millones que el propio Gobierno del Partido Popular destinó al deporte en el año 2012 (se toma como referencia el año 2012 porque fue cuando entro en vigor la Ley del Juego).

Es cierto que hay partidas que se ven incrementadas en el proyecto de este ejercicio presupuestario, por ejemplo, la relativa al programa de tecnificación deportiva. El problema es que este incremento no sirve, siquiera, para acercarse a los valores previos a la crisis. Por tanto, el gobierno del Partido Popular es responsable de frenar en España la detección y el desarrollo del talento joven que deberá nutrir el deporte profesional y de alto rendimiento de España en el futuro.

Pero lo más destacable es que las grandes olvidadas de estos presupuestos vuelven a ser, una vez más, las mujeres. Si sumamos las partidas destinadas para ayudas sociales a mujeres deportistas y la partida para proyectos Mujer y Deporte el incremento respecto del año 2017 es de apenas 20.000 euros. Así es como el Gobierno del Partido Popular pretende abordar la igualdad en el deporte, con un incremento de 20.000 euros destinado a las mujeres deportistas.

En cuanto a las Federaciones es fácil comprobar como el dinero destinado a estas entidades sigue estando en valores muy por debajo respecto a lo destinado en los años previos a la crisis. Todo esto, a pesar de que las Federaciones sí que están cumpliendo con las condiciones de sanear sus cuentas y de adherirse al código de buen gobierno impuestas por el Consejo Superior de Deportes para poder optar a las ayudas. La inversión prevista para 2018 seguirá dificultando la actividad de las federaciones puesto que con este dinero apenas pueden sostener el deporte de elite y, por tanto, no podrán llevar a cabo políticas de promoción del deporte base.

En definitiva, los Presupuestos del Partido Popular no garantizan un deporte de calidad puesto que las inversiones previstas, al no ser realistas y suficientes, no solo no van a permitir poner en marcha las políticas deportivas que España necesita sino que ponen de manifiesto el tijeretazo del gobierno a la igualdad de oportunidades.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 19. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En materia de Empleo, la política presupuestaria que nos presenta esta Ley es continuista con la línea marcada por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, caracterizada por una subordinación del gasto social en políticas de empleo a las políticas económicas de austeridad. El gasto social vinculado a la política de empleo en términos nominales resulta en torno a un 20 % inferior al realizado en 2009.

La tasa de paro desde 2009 ha descendido en dos puntos, desde el 18,66 % en el cuarto trimestre de 2009 hasta el 16,55 % en el mismo periodo de 2017, mientras las políticas activas de fomento del empleo se han visto mermadas desde 2009 en un 24,75 %, y ello sin computar el incremento del IPC en un 10,5 % desde diciembre de 2009 hasta el de 2017.

Lógicamente, parte del descenso de la inversión pública en Empleo puede explicarse atendiendo al descenso del paro en nuestro país. Sin embargo, a la vista de las cifras, es evidente que no hay relación proporcional entre el sensible descenso del desempleo producido en estos años y la fuerte desinversión en políticas activas y de protección por desempleo.

A mayor abundamiento, se debe señalar que la línea política de contención del gasto en políticas públicas de empleo ha sido acompañada de una política legislativa de desregulación de las relaciones laborales, marcada por las reformas laborales adoptadas en nuestro país en los últimos años por sucesivos Gobiernos, el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la reforma del Mercado Laboral, mutado posteriormente en la Ley 3/2012, de 6 de julio, que actualmente configuran el texto vigente del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Ello ha generado un escenario de devaluación salarial y de las condiciones de trabajo que ha supuesto el incremento de trabajadores por debajo del umbral de pobreza relativa. Una realidad, que lejos de ser subvertida, se mantendrá con el presente proyecto de presupuestos.

Las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno en materia de Empleo se enmarcan en una mala situación para los trabajadores, caracterizada por la caída de la participación de los salarios en la renta, por la precarización de las condiciones de trabajo, el aumento de la pobreza estructural, el incremento de la desigualdad social, una tasa de paro juvenil superior al 40 %, y el incremento sin precedentes de trabajadores pobres, de modo que se puede hablar de quiebra del Estado Social. El salario anual de los jóvenes de menos de 26 años que se incorporan al mercado laboral es un tercio menor que al inicio de la crisis.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2016) existen 13,3 millones de personas en España en riesgo de pobreza o exclusión social, hay 1,3 millones de personas que sobreviven en unidades familiares sin ningún ingreso regular, y 10,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. La renta media por hogar se ha reducido en un 12 % en el periodo 2009-2016. El coste medio de la hora trabajada tan solo se ha incrementado un 0,6 % entre 2008-2015, cuando en la Eurozona el promedio de incremento salarial ascendió al 4,8 % en el mismo periodo. España encabeza además la lista de países de la Eurozona con mayor desigualdad atendiendo al índice Gini, que se ha incrementado en 2,2 puntos durante la crisis.

La apuesta decidida por la desregulación laboral ha generado un crecimiento del empleo sobre la base de la precariedad y la temporalidad. El 27,5 % del total de asalariados tienen contrato temporal (4,2 millones). El 14,6 % de asalariados con contrato a tiempo parcial (2,7 millones). El 34,34 % de los asalariados tienen ingresos inferiores al SMI, y casi la mitad de la población trabajadora tiene un salario entre 1 y 1,5 SMI.

Respecto a la situación de la mujer en el mercado del trabajo sigue destacando la presencia de mujeres con contratos parciales y temporales y la falta de concreción de políticas al respecto en el presente proyecto de presupuestos.

Dada la división sexual del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, la tasa de parcialidad de las mujeres se situó casi en un 24 % en el IV Trimestre 2017, mientras que la de los hombres se encuentra en torno al 7 %. Las mujeres representan un 71 % de las personas con jornada parcial, y de ese alto porcentaje, entorno l 70 % de éstas declaran que tienen ese contrato por no haber podido encontrar trabajo de jornada completa. En cuanto a la temporalidad, en los últimos meses ha habido una tendencia creciente de la tasa de temporalidad, que ha aumentado de forma continuada hasta superar el 26 % en el último trimestre. Las mujeres soportan persistentemente una tasa de temporalidad superior a las de los hombres (27,7 % ellas y 25,8 % ellos en el último trimestre).

Las mujeres experimentan vidas laborales más discontinuas que las de los hombres, con más periodos de bajas. Esto responde a que la estructura sociolaboral de nuestro país las sigue haciendo elegir entre carreras profesionales o familia (lo que se refuerza por unas políticas públicas que ofrecen incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar).

En cuanto al dato más actual, calculado por el sindicato de Técnicos de hacienda GESTHA, actualmente, las mujeres ingresan anualmente un 30 % menos que los hombres o, lo que es lo mismo, la diferencia de sueldos entre unos y otras alcanza los 4.745 euros, casi medio punto porcentual más que un año antes. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres se sitúa está entorno al 17 % (datos eurostat) en términos de salario/hora, lo que conlleva. dada la fuerte presencia de mujeres con contratos temporales y parciales, así como la discontinuidad de las vidas laborales que padecen, la profundas grietas de desigualdad que presenta el mercado laboral español y el trato discriminatorio que sufren las mujeres. Según el informe de Gestha, se necesitarían casi siete décadas para acabar con la brecha salarial. Seis de cada diez personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres.

El modelo preconizado por la política de recortes y las sucesivas reformas laborales, junto con el desmontaje de las políticas de atención a la dependencia han perjudicado en mayor medida a las mujeres trabajadoras, que en parte ni tan siquiera computan como activas para el cálculo de la tasa de paro, por haber retornado a la ocupación de atención de cuidados de niños y personas dependientes.

DESEMPLEO

El presupuesto para protección por desempleo que nos presenta el Gobierno continúa por la senda de la promoción de la pobreza estructural iniciada en 2012.

La reducción de la dotación presupuestaria para prestaciones por desempleo se reduce un 5 % respecto al ejercicio anterior, y se había visto mermada en un 12,2 %% respecto al 2016, acumulando un retroceso de 39,5 % respecto a la Ley de Presupuestos de 2012.

Respecto a las prestaciones contributivas, se reducen un 45,2 % desde 2012, y en un -7,4 % desde 2016. La partida para Subsidios por Desempleo, se reduce un 10 % respecto del ejercicio de 2016, y acumula un retroceso de -39,7 % respecto a 2012.

Según la EPA del último trimestre de 2017, en nuestro país al término del pasado año sobrevivían 1.210.500 hogares en los que ninguno de sus miembros percibía ningún ingreso regular. La tasa de cobertura de nuestro sistema de protección por desempleo ha descendido desde el 70,6 % hasta el 58 % al término de 2017. Casi uno de cada dos parados no percibe ninguna ayuda ni prestación por desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial.

En cuanto a la Renta Activa de Inserción, cuyos beneficiarios son parados de larga duración en situación de pobreza severa, la partida se reduce un - 30,7 %% respecto del presupuesto de 2016 (de 1.412 millones a 979,8) y un - 8,9 % respecto a los de 2017, sin que se explique en parte alguna de la Ley qué piensa hacer el Gobierno con las personas que agoten el derecho al RAI durante el presente ejercicio. Esto no viene sino a agravar la situación, dado que apenas se ha reducido el número de parados de larga duración, ni el número de hogares sin ingresos. Es por ello que se hace necesario recuperar la financiación de este programa al menos al nivel de 2016 a los efectos de ampliar su ámbito temporal y subjetivo de aplicación.

El Gobierno mantiene el plan de recorte en protección por Desempleo que adoptó con el Real Decreto-ley 20/2012, y consolidó en el Título III del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es mediante estos recortes de derechos en la protección por desempleo tanto en su modalidad contributiva como asistencial como se explica el extraordinario ahorro realizado por el Gobierno en esta partida.

Según la EPA del cuarto trimestre de 2017, hay 3.766.700 personas en paro en España con disposición para trabajar, muchas de las cuales se encuentran en situación de desempleo de larga duración. Nuestro grupo no puede sino rechazar un proyecto de LPGE que insiste en castigar al colectivo más vulnerable de la población.

Consideramos imprescindible que la LPGE incorpore una dotación presupuestaria para financiar la creación de un derecho a un ingreso mínimo garantizado para aquellas personas en paro que acrediten insuficiencia de recursos económicos, en el sentido planteado por la Iniciativa Legislativa Popular promovida por las organizaciones sindicales y suscrita por más de 500.000 españolas que se encuentra actualmente en tramitación ante esta Cámara.

En el programa de ACTIVACIÓN para el Empleo, si bien se ve incrementado en un 5,6 % respecto a los presupuestos de 2017, mantiene el recorte respecto a 2016 en un 15,6 %. Se configura pues un escenario que seguirá acortando los periodos de cobertura precisamente a quienes tienen mayor necesidad y menos recursos que garanticen su supervivencia.

En la descripción del programa de Protección a los Desempleados que aporta el Gobierno con los LPGE 2018, se vuelve a reflejar que de la partida destinada al programa de activación de empleo solo se gastó el 55,8 % en 2017. Si tenemos en cuenta que en la actualidad casi 2 millones de trabajadores activos se encuentran en situación de desempleo de larga duración, no encontramos explicación que justifique la inaplicación del presupuesto previsto en 2016 y 2017, y sería preciso una revisión del programa a fin de posibilitar el acceso al mismo por parte de sus potenciales beneficiarios.

FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL

La propuesta presupuestaria del Gobierno contiene un incremento del 3,9 % de la dotación financiera para políticas activas de Empleo respecto la LPG del ejercicio anterior, sin embargo se encuentra aún un 25 % por debajo de la dotación de este programa de la LPG de 2009.

Contrariamente a las indicaciones de la OIT, el 34 % (1.935.600.000 €) de la inversión pública en esta materia se destina a la financiación de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, en lugar de priorizar estrategias de orientación y cualificación de personas desempleadas, y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. Consideramos necesario revisar las políticas consistentes en subvencionar a las empresas la contratación de personas en situación de desempleo, atendiendo a objetivos vinculados a la estabilidad en el Empleo, y priorizando a las pequeñas y medianas empresas.

Nuevamente presenta el Gobierno una dotación presupuestaria para las Agencias Privadas de Colocación, que asciende en su parte estatal a 75 millones de euros. Entendemos que este tipo de entidades no generan empleo estable ni de calidad, por lo que no tienen interés público, y la dotación presupuestaria debiera invertirse en planes especiales de empleo a cargo de las entidades locales, así como de en planes específicos para aquellas Comunidades Autónomas más castigadas por el desempleo.

ACCIONES EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES

El incremento de este programa en el Proyecto de PGE 2018 vuelve de nuevo a ser insignificante, viéndose incrementado tan solo en un 1,77 % con respecto a 2017 (312.802.760 €). Máxime teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos con respecto a las solicitudes de asilo y el incremento de las llegadas de personas migrantes.

Desde hace años nos encontramos en la mayor crisis de desplazamiento de la historia. Una situación que se complica más cada año. En el año 2017 la cifra de entrada de personas en nuestro país se duplicó, de la misma manera que se duplicaron prácticamente las solicitudes de asilo. Sin embargo el Gobierno concedió un 40 % menos de solicitudes de asilo con respecto a 2016. Se resolvieron un total de 13.350 casos de los cuales sólo se aceptaron 4.080 (un 35 %).

En el año 2017 se alcanzó un récord en solicitudes de asilo, tanto presentadas como pendientes. El número de solicitudes en stock llegó a las 38.880 solicitudes y sin embargo, se rechazaron 2 de cada 3 solicitudes, manteniéndose en una de las cifras más bajas de toda la Unión Europea. A ello hay que añadirle una situación de más de 40.000 solicitudes de protección internacional sin resolver. En resumen, un modelo de acogida absolutamente colapsado por la falta de recursos.

El Sistema de Acogida e Integración de Solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en España tiene su base en una red estatal de acogida de carácter mixto que comprende por un lado los CAR adscritos a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y por otro, los dispositivos de acogida gestionados por entidades colaboradoras sin ánimo de lucro (ONG) subvencionadas mediante concurrencia competitiva por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Consideramos que uno de los grandes problemas está en la propia gestión de los fondos.

Las subvenciones ciertamente van con retraso, pero es con lo que se paga a las ONGs para que afronten el alojamiento de los peticionarios de asilo y refugio que no caben en los CAR. Para esas organizaciones es clave que les lleguen esos fondos, la tardanza en la tramitación y la mala ejecución de esas partidas conlleva que las organizaciones adelanten el dinero y estén siempre al borde de no poder prestar los servicios. En tanto no se cambie el modo de actuación, corresponde a las administraciones responsables garantizar la atención y los recursos necesarios para ello. No sólo habría que mantener, por tanto esos fondos, sino ampliarlos al menos en 50 millones para la acogida y garantía de derechos de personas inmigrantes, refugiadas, reubicadas, reasentadas y llegadas a España, así como establecer los refuerzos materiales y personales necesarios para garantizar el procedimiento de asilo y con ello una mayor celeridad en la resolución de los expedientes y unas mejores condiciones de acogida.

Por otro lado, el Gobierno vuelve como viene haciendo en la Ley presupuestaria desde el año 2013, suspendiendo lo establecido en el art. 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por lo que no ha venido dotando anualmente de forma efectiva y suficiente un fondo estatal para la integración de los inmigrantes. Es decir durante años se han abandonado las políticas de integración en nuestro país y los presentes presupuestos pretenden seguir consolidando ese abandono. Las políticas de integración son una inversión en la sociedad presente y futura, por lo que se hace del todo necesario la recuperación de dichos fondos de integración. También se hace necesario introducir una partida presupuestaria que permita que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar estas políticas, especialmente aquellas que enfrentan una especial responsabilidad. Un claro ejemplo son las deficitarias condiciones de acogida de los MENAS, especialmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también en otras comunidades que por su ubicación geográfica atienden a un mayor número de MENAS.

ACCIONES EN FAVOR DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES

La principal partida del Programa 231B sobre «Acciones en favor de los Emigrantes» es la destinada a prestaciones por razón de necesidad a emigrantes españoles en el Extranjero. Desde el año 2009, esta partida se ha reducido un 55,2 %, pasando de 132.607.300 € a 59.367.420 €.

En el mismo periodo, el número de españoles residentes en el extranjero se ha incrementado un 59,1 %, habiendo superado el censo los 2.482.808 inscritos. Este incremento se debe sin duda al éxodo de cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes producido en estos años, que se han marchado del país intentando escapar de la situación de pobreza y desempleo generada por la crisis financiera y las políticas austericidas del Gobierno.

Está claro, a la vista de la dotación presupuestaria, que no está en los planes del Gobierno el promover ninguna política de apoyo a este colectivo de españoles. Las ayudas económicas por razón de necesidad se han reducido desde 2009 a la mitad. Tampoco hay voluntad de facilitar que este colectivo ejerza su derecho al voto en España, revirtiendo la reforma del voto rogado adoptada en 2011. Para nosotros sería imprescindible implementar un Plan de Asesoramiento e Información a ciudadanos españoles emigrantes en el extranjero, con la finalidad de fortalecer el vínculo del país con este colectivo.

INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Cabe destacar que en 2017 fallecieron 618 ciudadanos en España mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Once más que en 2016 y 54 más que en 2012.

Con respecto a 2012, el número de accidentes laborales ha aumentado (un 12 %) y los siniestros con baja (cada vez más largas) han crecido un 5 %.

La duración media de las bajas laborales por accidente de trabajo se ha incrementado en los últimos seis años de forma ininterrumpida, salvo en 2013, que bajó ligeramente. En 2011, ascendió a 33,52 días; en 2012, a 35,45 días; en 2013 bajó a 34,36; en 2014 volvió a crecer y llegó a 34,75; en 2015 se situó en 36,02 días; en 2016 fue de 36, 71 días y en octubre de 2017, el dato era de 37,22 días.

Hoy, más de 9 de cada 10 contratos de trabajo que se firman (el 91 % en 2017) son temporales, lo que denota un alto grado de fraude en la contratación temporal, y de desprotección de los trabajadores, según vienen denunciando los agentes sociales. La tasa de temporalidad sobre el total del empleo ha crecido hasta el 27 %.

Según EUROSTATT (encuestra cuatrianual 2017), la brecha salarial por razón de género discrimina a las mujeres trabajadoras en nuestro país, en un 17,3 %. Según la estadística tributaria, esa tasa de discriminación se eleva hasta el 22 %.

Según distintas informaciones, el problema de los «falsos autónomos» ha crecido exponencialmente en estos años, principalmente en los sectores vinculados a las «plataformas digitales», las «falsas cooperativas cárnicas», y las empresas multiservicios, que se han favorecido con la reforma laboral y perjudican no solo a las personas trabajadoras sino también a las empresas de trabajo temporal sometidas a regulación. La asociación de Inspectores UPIT (unión progresista de inspectores de trabajo) denunciaba el pasado mes de marzo en esta cámara que el fraude asociado a autónomos vinculados a un solo cliente se ha convertido en masivo, y denunciaba que La Seguridad Social sólo tiene registrados 10.000 de los 300.000 autónomos dependientes de un solo cliente y que, en realidad, actúan como asalariados,

Es evidente que las medidas introducidas por la reforma laboral de 2012 (despido por absentismo, abaratamiento del despido, reducción de la protección por desempleo, flexibilidad de jornada y condiciones de trabajo), junto con el miedo al desempleo, no favorecen el cuidado por la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo.

Según la EPA de 2016, el 53,7 % de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores españoles en 2016 no fueron registradas, lo que constituye un atentado contra la salud de los trabajadores y contra la Seguridad Social y el Empleo en general. Este dato ha motivado que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya elevado una cuestión prejudicial al TJUE, por considerar que nuestra normativa (art. 34 E.T.) pudiera ser contraria a la Directiva sobre tiempo de trabajo.

El programa de PGE 291 A Inspección y control de Seguridad y Protección Social, tiene hoy una dotación presupuestaria un 21,6 % menor (en términos nominales) a la que tenía en la LPE de 2009.

En España hay un profesional de la ITSS por cada 15.000 trabajadores mientras que en Europa el promedio de habitantes por inspector se reduce a la mitad de asalariados (7.300).

Según los datos del Gobierno, tenemos 943 inspectores de trabajo en España. 27 menos que hace tres años, pese a haber crecido notablemente el volumen de empleo, de temporalidad y de siniestralidad desde 2015.

El Plan Estratégico de la ITSS 2018-2020 prevé continuar con los esfuerzos para mejorar la dotación de plantilla del cuerpo y convertir la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un organismo autónomo. Pero sin embargo esta Ley de Presupuestos no contempla el correlativo incremento de la partida presupuestaria que permita llevar a cabo los objetivos de dicho plan.

Consideramos que es imprescindible incrementar la dotación presupuestaria del colectivo encargado de vigilar y sancionar el fraude a la Seguridad Social y el incumplimiento de las normas reguladoras de las relaciones laborales, especialmente en un mercado laboral tan afectado por la temporalidad y precariedad en el Empleo. Pero también para abordar y establecer unos mínimos estándares de protección y fiscalización sobre las nuevas realidades del mercado del trabajo y que influyen en la creciente precarización, como son los falsos autónomos, la externalización de contrataciones, el desarrollo de las empresas multiservicios y las empresas basadas en plataformas digitales, causas que, junto con la desregulación de la negociación colectiva sectorial, explican el incremento de la vulnerabilidad laboral.

En definitiva, por todo lo expuesto, proponemos la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 19, toda vez que consideramos que manifiestan la continuidad de políticas públicas de empleo regresivas y antisociales, subordinadas a programas de ajuste económico ineficaces, que condenan a los colectivos más vulnerables de la sociedad y no cumplen con los mínimos en materia de salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 20. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 asignan a la Sección 20 la cifra de 6.146 millones de euros, de los que buena parte están dedicados a transferencias internas, en concreto 4.069 millones de euros. Son datos continuistas con respecto al Presupuesto de 2017, que consolidan los recortes efectuados en ejercicios precedentes. El Gobierno renuncia a asumir un papel de liderazgo y se limita a acompañar, colocando a España en el vagón de cola de la Unión Europea.

Estos presupuestos no son los adecuados para combatir los cinco grandes retos que tenemos como país y como personas en lo que a Energía, Turismo y Agenda Digital se refiere: erradicar las desigualdades sociales, acometer una reforma integral del sistema eléctrico, que nuestro país tenga una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la transformación digital de la administración pública y del mundo económico, y conseguir que nuestra industria turística pivote sobre un modelo sostenible y de respeto al territorio.

No vamos a conseguir afrontar dichos retos con un presupuesto que para esta Sección continúa teniendo una reducción de más de un 29 % en los programas que actualmente la componen, en comparación con los Presupuestos del 2012, los primeros desde la entrada del Gobierno del Partido Popular actual. Con lo cual, los recortes se consolidan.

Recortes desde 2012 en Turismo, en Sociedad de la Información y Agenda Digital, y con un aumento leve en las partidas presupuestarias de aquellos programas relativos a Energía. Esto comparando estas partidas económicas con presupuestos de hace seis años.

La realidad es que los pasados Presupuestos de 2017 para la Sección 20 no han conseguido frenar la acentuación de las desigualdades en lo que a las competencias del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se refiere. Una continuidad de los mismos supone perpetuar estos graves desequilibrios, mientras se acentúan todos los indicadores de desigualdad territorial. Entre los principales motivos de ello nos encontramos la despoblación, sobre la que incide su exigua inversión para garantizar, mediante la inversión pública, el acceso universal a la banda ancha en las zonas rurales, así como la falta de partidas suficientes para impulsar la transición energética en las zonas más despobladas de nuestro país. Entre otras, la ausencia de planes efectivos de transición justa en materia de transición energética.

Las partidas presupuestarias ligadas a Agenda Digital han pasado de 889 millones en el año 2012, a 669 millones en el actual Proyecto de Presupuestos. No es viable acometer la modernización digital de nuestro país con estos Presupuestos. Las partidas de la Sección siguen privilegiando la inversión privada en detrimento de la pública. Es importante señalar que, de los 547 millones de euros que se dedican al Programa 467I de innovación tecnológica, 370 van destinados a la concesión de préstamos fuera del Sector Público.

Un presupuesto opaco en lo referido a la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital. En este sentido, se siguen manteniendo las dos grandes partidas, sin desglose, de transferencias al sector privado. Estas constituyen el 65 % del presupuesto del total de las correspondientes partidas, quedando reducidas a caricaturas los indicadores de seguimiento de objetivos. Un modelo, a su vez, que supone un cheque en blanco para recaudar lo público y regar lo privado a discreción, totalmente inaceptable. Del mismo modo, estos presupuestos ponen de manifiesto la nula apuesta por el software libre, mientras se siguen entregando centenares de millones en licencias a consultorías de las grandes multinacionales.

En los programas de Energía los avances en planificación energética, en eficiencia energética, y en inversiones en renovables, son exiguos. La competitividad de los precios energéticos para las personas y para la industria que crea empleo de calidad, sigue gravemente comprometida. No existen tampoco partidas presupuestarias extraordinarias e innovadoras en materia de transición justa para las comarcas afectadas por el cambio de modelo energético que debemos acometer. Ya que, los programas 423M y 423N bajan en dotación presupuestaria respecto a los PGE 2017. Mientras dicen abanderar la defensa de los trabajadores del carbón, les condenan a no disponer de un futuro con empleo de calidad que permita mantener la idiosincrasia de los territorios. Estos Presupuestos suponían una nueva oportunidad para incorporar un plan estable de ayudas económicas plurianuales para el vehículo eléctrico que impida que las ventas se concentren en momentos determinados y no queden detenidas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. En cambio una vez más y a pesar de agotarse en días el año anterior, la partida para el impulso al vehículo eléctrico tiene el mismo importe. Estamos otra vez ante el mismo problema, falta de planificación.

Los vaticinios anunciados en relación a la nueva normativa referida al Bono Social Eléctrico, aprobado por Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regulaba las condiciones para obtener descuentos en la factura, en función de determinadas condiciones, se han cumplido. Un fracaso rotundo que ha obligado al Gobierno a prorrogar el plazo de renovación a los beneficiarios durante seis meses. El Bono Social Eléctrico no va acompañado de financiación por parte del Estado y carga sobre la administración autonómica y local el 50 % del gasto de suministro de los hogares vulnerables. Mientras, este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no contiene partida alguna para que los servicios sociales locales o autonómicos puedan implementarlo.

La comprometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética para este 2018 queda ahora hipotecada a la transposición de la normativa europea sobre la materia. En este sentido, queda patente en estos Presupuestos que el Gobierno no tiene intención alguna de poner en marcha medidas efectivas para fomentar una Transición Energética en nuestro país. La única novedad relevante es una partida de 300 millones de euros destinada a la concesión de préstamos a través de IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, procedente de los fondos FEDER.

El Turismo es el principal motor de la actual economía española. Pues bien, el programa de referencia en la sección, el 432 A de Coordinación y promoción del turismo, ha sido minorado en un 23 % desde 2012, en estos Presupuestos solo se dedican 336 millones a este programa, no parece que su Gobierno le dedique la atención debida a conseguir potenciar un sector más rentable y competitivo. De estos 336 millones de euros, 217 son destinados a la concesión de préstamos fuera del Sector Público.

Lógicamente no somos partícipes de desatender un motor económico tan importante como es el Turismo, y creemos firmemente que es lo que estos Presupuestos vuelven a poner sobre la mesa. Hoy en día la asignación presupuestaria supone, de facto, que el Gobierno se ha dedicado a vivir de los réditos y de los vientos de cola ajenos a su gestión, como la bajada de los precios del petróleo o la inestabilidad en el norte de África.

La apuesta que debería realizar nuestro país, pasa por tener un sector turístico orientado a la creación de empleo de calidad. Una vez más, se denigra al sector, y se pone en riesgo la posición de España como líder mundial en turismo, al mantener los recortes que realizaron en el sector.

Por todo ello, la apuesta que vuelve a realizar el Gobierno en esta Sección es la misma receta conservadora de siempre. Un modelo vertical y privatizado, dominado por las grandes empresas, que aleje a la ciudadanía del control de la toma de decisiones. Un modelo basado en la inequidad social.

Todo ello, justifica la presentación de esta enmienda a la totalidad de la Sección 20: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 23. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

A pesar de que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 se enmarca según el gobierno en un «contexto económico favorable», el Presupuesto de la Sección 23 del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es continuista e inmovilista.

En el conjunto de los Presupuestos Generales, el del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), con una asignación total de 10.171,64 millones de euros, pesa en el ejercicio 2018 un 2,14 %. Esto significa que, en los últimos ejercicios, el presupuesto de la política del gobierno para el sector primario, el desarrollo rural, la política ambiental y de lucha contra el cambio climático, la actuación en costas o las políticas de agua, han perdido importancia relativa en el conjunto de las cuentas del Estado ya que suponían el 3,44 % en el año 2009 y el 2,90 % en el año 2012. De esta manera, son los segundos presupuestos más bajos desde que comenzó la crisis, tan solo después de los presupuestos del año 2017.

En primer lugar, calificamos el presupuesto para la sección 23 de poco fiable. El incremento se sustenta sobre unas previsiones de ingresos por transferencias de FEADER, FEAGA, FEO e IFOP optimistas y absolutamente irreales a la luz de los balances de años anteriores. Para 2018 la previsión del Gobierno de transferencias procedentes de los Fondos Europeos ascendería a6.910,81 millones de euros, lo que supondría un 10,3 % por encima de los volúmenes de caja del año 2017. Esta cantidad representa el 50,5 % del total de recursos procedentes de la UE. Sin embargo, si nos atenemos a lo que ha venido sucediendo en los últimos años, vemos como las desviaciones sobre lo presupuestado han significado 501,2 millones de euros menos de media cada año. Concretamente las cifras de esta desviación en el año 2017 significaron, 334,86 millones de euros menos en el FEADER, 199,58 millones de euros menos en FEAGA y 174,62 millones de euros menos en FEP, IFOP y FEOGA-O. Ante una desviación tan importante, y continuada a lo largo de los años, cabe preguntarse si los métodos de estimación del Gobierno a la hora de hacer sus previsiones no deberían mejorar, o si más bien, lo que se trata simplemente es de un mecanismo útil y sencillo para asear en cada ejercicio y a conveniencia, unos presupuestos que, de otra manera, pondrían en evidencia mayores recortes.

Los capítulos operativos del presupuesto se alimentan de la Política Agrícola Común y de la Política Pesquera Común, financiando total o parcialmente la mayoría de las medidas y actuaciones previstas. Entre dichas medidas están los pagos directos, las medidas de desarrollo rural, las líneas de las OCM vitivinícola y de frutas y hortalizas, ayudas excepcionales de crisis y otras como los planes de erradicación de enfermedades animales, los grupos operativos de innovación rural, los grupos de desarrollo local pesqueros, el conjunto de la política forestal, las compensaciones en la Red Natura 2000 y tantas otras. Estas actuaciones suponen la parte más gruesa del presupuesto.

Concretando para 2018, el Ministerio prevé que la Unión Europea sufragará un 79,7 % de sus gastos operativos, con una aportación de 6.910,8 millones de euros. Por contrapartida, la aportación del Estado a los presupuestos operativos del Ministerio de Agricultura representa el 20,3 % y suma 1.758,8 millones de euros. El esfuerzo financiero del Estado en mantener la política del sector primario, el desarrollo rural y el medio ambiente, se ha reducido de manera muy sensible en estos últimos años y de representar porcentajes de en el entorno del 30-35 % del presupuesto operativo en 2009 y 2010, se ha ido reduciendo progresivamente hasta asentarse en torno al 20 %.

Por lo tanto, atendiendo a esta trayectoria presupuestaria, no podemos dar por válidos estos presupuestos, habida cuenta que las desviaciones en los ingresos son muy acusadas y la amplitud de las medidas afectadas, generalizada. Estas desviaciones en los ingresos amenazan de manera profunda las actuaciones proyectadas y la ejecución de ellas se verá absolutamente comprometidas.

La conclusión que puede extraerse es que, al Estado Español, el sostenimiento del sector pesquero, agrario y agroalimentario, a la vez que buena parte de la política ambiental le sale muy barato. A cambio de haber renunciado a cualquier margen para una política propia.

En segundo lugar, la enmienda parcial a la totalidad de la sección se sustenta también en el contenido de cada uno de los 19 Programas que lo forman.

Respecto al programa 231F. Otros Servicios Sociales del Estado. Siendo el área de actuación la ayuda alimentaria y lucha contra la pobreza. El volumen de fondos operativos previsto para 2018 sería de 106,5 millones de euros, con un incremento del 4,39 % respecto de 2017. La única partida de este programa, abierto por primera vez en 2015, la constituyen las trasferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro para la adquisición y distribución de alimentos destinados a ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, financiada con fondos europeos. Consideramos que es ya el momento de cambiar la dinámica de este programa para hacerlo girar decididamente hacia la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada, y que por una parte, las familiar en situación de vulnerabilidad social puedan decidir de manera autónoma como cubren sus necesidades alimentarias, y por otra parte, que estos fondos vaya dirigidos a fomentar la agricultura y la alimentación sostenible y de calidad apoyando directamente a estos productores y productoras.

Vincular estas dos necesidades haría de este programa un elemento de dinamización social y productiva de referencia europea.

Respecto al Programa 414B de Desarrollo Rural, a pesar del incremento previsto en un 1,67 % para el 2018, sin embargo, estamos todavía un 18,8 % por debajo del presupuesto de 2012. Además, este incremento es absolutamente ficticio puesto que se apoya en el aumento de la previsión de ingresos por parte de la Unión Europea de 23.956.570 M€ por encima de las previsiones que se hicieron para el 2017, cuando la realidad de los ingresos finales es bien distinta a tenor de lo ya expuesto. Por otra parte, el programa reduce en un 61,4 % el presupuesto de la convocatoria de grupos operativos de innovación, el único de los instrumentos que quedaban de impulso al desarrollo rural.

Han desaparecido también el apoyo a los planes de zona, la convocatoria de proyectos piloto, los proyectos de cooperación interterritorial, y el único apoyo a la mujer rural se mantiene en unos escasos 550.000€. Pero lo que no podemos aceptar es la ausencia de una política de estado de desarrollo rural y que no se incluyan entre las medidas, la reactivación de la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural recomendada por el Consejo Económico y Social en su informe específico de 27 de enero de 2018, y aprobada por el Congreso de los Diputados hace ya un año a partir de una moción de nuestro grupo. En este marco, un año más y a pesar de la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, seguimos sin tener estrategia de lucha contra la despoblación, y por lo tanto, seguimos sin que se incluyan acciones específicas articuladas con la política de desarrollo rural.

Respectos a los programas referidos de manera específica al sector agrícola y ganadero. El proyecto de Presupuestos deja sin afrontar presupuestariamente grandes retos y urgencias que son reclamadas por una parte importante del sector.

Respecto al Programa 412C, Competitividad y calidad de la producción y mercados agrarios. La línea destinada a transferencias a las comunidades autónomas para mejora de la organización de la producción y reordenación de los sectores productivos, se ha reducido en un 58,9 % sobre 2017, debido fundamentalmente a la desaparición de la partida destinada a la ayuda nacional para el sector de frutos secos que estaba dotada en ejercicios anteriores con 3,9 millones de euros, siendo además que se trata de una producción muy beneficiosa para el medio ambiente y que asistimos a una crisis de precios muy profunda que amenaza con hacer desaparecer al sector. Se reducen además las transferencias a empresas privadas para innovación tecnológica en sectores ganaderos que, de 3,7 millones de euros en 2016, bajaron a 0,7 millones de euros en 2017 y ha quedado reducidas a 0,1 millones en 2018.



Respecto al Programa 412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria. Este programa es esencial en un contexto de cambio climático, y, sin embargo, el gobierno sigue actuando a remolque de lo que va llegando. Las Transferencias de capital para afrontar crisis sanitarias mantienen su asignación de 14 millones de euros. No obstante, tanto en 2016 como en 2017 fue necesaria la ampliación de los créditos iniciales de manera muy significativa; tanto en el apartado de erradicación de enfermedades de los animales, como en el de prevención y lucha contra plagas vegetales. Respecto a la de sanidad animal, en 2017 se gastó un 47,6 % por encima del crédito inicial. Igualmente, en sanidad vegetal, se consumió un 69,0 % más de lo previsto. Claramente, en 2016 y 2017 estas partidas estuvieron infradotadas, situación que debería corregirse, aumentando sus provisiones y reorientándolas hacia varias cuestiones; en primer lugar afrontar de manera decidida amenazas importantes como la extensión de la Xylella Fastidiosa, pero también frente el trip de té, o la polilla guatemalteca de la patata que están generando alarme y pérdidas o el previsible impacto sanitario que tendrá sobre los cítricos el aumento de importaciones procedentes de los países de África Austral debido al nefasto acuerdo firmado. De la misma forma, es necesario dotar presupuestariamente al Pan PATUBES para controlar la propagación de la tuberculosis bovina entre especies silvestres y que amenaza a la ganadería extensiva. Por otra parte, sabiendo que la acción preventiva y de control que realizan las propias Asociaciones de defensa sanitaria vegetal y animal resultan ser las más efectivas, han dejado ustedes reducidas las partidas de apoyo a la irrisoria cifra de 100.000 euros. Es evidente que prefieren transferir los fondos a las grandes empresas farmacéuticas, en vez de hacer extensionismo agrario y ganaderos eficaz como reclaman las propias organizaciones.

Programa 414M de Regulación de Mercados Agrarios. Este programa que absorbe el 66,8 % de los recursos operativos del MAPAMA incluye la gestión de las ayudas directas que se ejecuta a través del FEGA. Llama la atención que para 2018, la Secretaría General ha reservado una partida de 49,2 millones de euros para solventar las solicitudes de devolución de la Unión Europea en función de irregularidades o deficiencias detectadas en la gestión de la PAC. Se trata de una reserva idéntica a la de 2017, pero bastante inferior a la de años anteriores. Hay que tener en cuenta que la ejecución de esta partida en 2017 fue del 29,7 % en 2016 y del 39,4 % en 2017, sin embargo, en este ejercicio el gobierno deberá afrontar lo que suceda con la multa impuesta por la UE de 262 M€ por la deficiente aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos en el periodo 2007-2013. Pero lo que nuestro grupo no puede aceptar de ninguna manera es la situación en la que mantienen año tras año el presupuesto de la AICA (Agencia de Información y Calidad Alimentaria), responsable de la que debería ser uno de los pilares de nuestra política agroalimentaria, el seguimiento y cumplimiento de la Ley 12/2013 de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Su presupuesto total es de 6,3 millones de euros, 600.000 euros por debajo de lo que tenía en 2012 la Agencia para el Aceite de Oliva de la que es heredera, pero su presupuesto operativo, es tan solo de 739.000 euros. Absolutamente insuficiente para su importancia estratégica.

Programa 413A. Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria. La dotación total del programa de industria agroalimentaria se mantiene estable respecto al año 2017 en 32 M€. Sin embargo, las transferencias de capital se reducen en un 44 % respecto a 2017, y es que desaparece los Programas de fomento del consumo de leche y frutas en las escuelas quizás porque estaban muy mal planteados a pesar de representar una oportunidad para la dinamización de los sectores productivos si se hubiera procedido con ellos de forma inteligente buscando apoyar a la producción local de calidad. Las transferencias a empresas para el fomento del cooperativismo se vuelven a reducir en un 25,9 %, y sin embargo, aumenta la dotación para la Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas. Sin embargo, lo más llamativo de este programa es todo lo que no se contempla. Ni se incluye estrategia de apoyo a la comercialización de productos ecológicos, no se incluye la promoción del consumo de estos productos, ni se impulsan nuevos canales cortos de comercialización de acuerdo a las conclusiones del estudio realizado por el propio Ministerio, ni se impulsa junto a la AECOSAN una flexibilización de la normativa higiénico sanitaria de acuerdo con lo establecido ya hace 14 años por los Reglamentos 852/2014, 853/2014 y 854/2014 sobre Paquete Higiénico Sanitario, y que tanto favorecerían a las pequeñas y medianas agroindustrias ligadas al territorio rural.

Programa 416A.Previsión de Riesgos en las producciones agrarias y pesqueras. Lo más relevante de este importante programa para el sector y que resulta básico en un contexto de adversidades climáticas como la sequía, y otras que se agudizarán con el cambio climático, es que permanece estancado desde el año 2014 y que está en un 23 % por debajo a lo que se presupuestaba en el año 2011, a pesar de que todos sabemos que es la medida más eficaz para apoyar de forma estable al sector primario. El problema es que mientras que el presupuesto se estanca, la contratación de primas va en aumento, pero la subvención que reciben los agricultores y ganaderos y ganaderas cada vez es menor y la cobertura también desciende. La estrategia es evidente que se encamina a la privatización progresiva de una política pública que hoy por hoy es referencia en todo el mundo. NO solo no habría que volver a recuperar el nivel presupuestario del año 2011, sino que habría que ir extendiendo la cobertura para cubrir nuevas contingencias que se derivan de la perspectiva de cambio climático. El Presupuesto del programa no incluye tampoco las medidas contempladas en la Ley 1/2018 de 6 de marzo de Medidas urgentes para la sequía con la que se pretendía empezar a trabajar sobre un necesario seguro para el regadío. Igualmente, y a pesar de estar en agenda y en el título del programa, de nuevo no existe ninguna partida para comenzar a impulsar un Seguro a la Pesca que pudiera empezar por contingencias como la «mala mar» sobre la cual ya existen modelos climáticos que sirven de base suficiente para implantarlos.

Respecto a los cuatro programas que se engloban dentro de la Política de Aguas del Ministerio. El Programa 414A de Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío, el Programa 452A de Gestión e Infraestructuras del Agua, Programa 452M de Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos y finalmente, el Programa 456A de Calidad del Agua

Respecto a los elementos que tienen que ver con la Política de Aguas para la agricultura.

Programas 414A de Gestión de Recursos Hídricos para el regadío, y en el Programa 452A Gestión de Infraestructuras del Agua, y finalmente, el Programa 452M Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos. En el primer programa se observa un ligero recorte en las inversiones de 2,49 % con respecto al 2017 en el cual no vamos a incidir. Respecto al segundo, experimenta un incremento de 3,4 % respecto a 2017, sin embargo, en este segundo programa, se incluyen actuaciones más allá de los regadíos a las que luego nos referiremos. Consideramos que hay cuatro elementos importantes que justifican nuestra devolución del presupuesto de la sección en relación con estos programas. En Primer Lugar, Una diferencia profunda con el planteamiento de fondo. La política hidrológica del Ministerio sigue estando apoyada en la gestión de la oferta, en vez de ir transitando hacia la gestión de la demanda. Lejos de planificar para recuperar y garantizar la sostenibilidad de los sistemas acuáticos, sigue contemplando las masas de agua como recursos a canalizar y los ríos como simples tuberías por las que transcurre el agua, en lugar de fortalecer la capacidad de los ecosistemas fluviales como infraestructuras verdes promoviendo el equilibrio ecológico. Sigue apostando por las grandes infraestructuras que nos hacen cada vez más vulnerables, obviando incluso el principio comunitario de la recuperación de costes. En segundo lugar. que, en un contexto de recortes, se continúe por la senda de la capitalización de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEI S) con 18 M€ y a las Sociedades Estatales del Agua (ACUAMED y ACUAES) con 60,68 M€, a través además del mecanismo de adquisición de acciones y participaciones contemplado en el capítulo 8 cuando a estas alturas, estas sociedades opacas y fuera del control de cuentas, son cuestionadas por el mismo Tribunal de Cuentas Europeo es inaudito. En tercer lugar, se continúan presupuestando grandes obras hidráulicas, en lugar de priorizar la regulación en tránsito como clave de la modernización y flexibilización de los grandes sistemas de riego; grandes presas, como el Recrecimiento de Yesa con 25 M€, Presa de Enciso-CIDACOS con 7,62 M€, o la presa de Biscarrués con 20 M€ absorben una parte muy importante del presupuesto, cosa que contraviene ya sentencias judiciales de las altas instancias que se han pronunciado sobre alguno de los casos. Además, estas grandes infraestructuras, junto a otras con presupuestos menores, son manifiestamente inviables económica y ecológicamente, pero, además, presentan, en algunos casos, graves problemas geotécnicos, con el consiguiente riesgo para poblaciones aguas abajo. En cuarto lugar, los presupuestos siguen abordando el asunto de los regadíos sin enmarcarlo en un contexto de cambio climático auspiciando expectativas insensatas de ampliación y extensión del regadío, eludiendo una evaluación serena de disponibilidad futura de caudales y ocultando la verdad a las organizaciones agrarias y comunidades de regantes. Al contrario, el presupuesto, dentro del Plan Nacional de Regadíos sigue contemplando sin más la ampliación de nuevos regadíos con una partida en inversiones de obra nueva por valor de 30,337 M€.

Pero, además, tanto el Programa 452A y 452M incluyen las actuaciones de gestión integrada del Dominio Público Hidráulico y los recursos hídricos (análisis de estrategias, impacto económico y ambiental de las actuaciones, difusión, promoción y coordinación institucional, abastecimientos urbanos, y finalmente depuración de aguas residuales). El presupuesto para estas actuaciones ha caído en un 5,4 %. No podemos aceptarlo por dos razones; en primer lugar, porque de nuevo vuelven a quedar fuera de las prioridades, las actuaciones de depuraciones de aguas residuales precisamente en las comarcas y municipios rurales a donde deberían dirigirse los esfuerzos presupuestarios, siendo que tan solo el 52 % de los núcleos de población inferiores a 2.000 habitantes cumplen con estas exigencias. En segundo lugar, por el incumplimiento constante todos los años de lo que establece el art 112 bis, del texto refundido de la Ley de aguas, respecto cálculo, recaudación y aplicación del canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y su reversión en forma de proyectos de actuación sobre la mejora del Dominio Público Hidráulico. Este año es todavía más grave, porque si bien aparece consignada la previsión de ingresos en la sección 98, servicio 01 por valor de 220 M€, esto implica que no se han actualizado las cantidades y ampliado las previsiones de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018 de 6 de marzo, de medidas urgentes para la sequía que preveía el incremento en el tipo de 3,5 puntos a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que supondría un incremento de la recaudación. Pero, además, solo aparecen inversiones previstas en mejora del Dominio Público Hidráulico en el conjunto de las Confederaciones Hidrográficas por el valor de 69 M€.

Respecto al Programa 456A de calidad del agua, se produce una reducción total del 12,87 % del presupuesto respecto a lo previsto en el año 2017. La situación general de contaminación en la que se encuentran nuestros ríos y acuíferos no explican estos recortes, que se acumulan al recorte en el ejercicio anterior de otro 37,4 %. No podemos aceptar de ninguna forma el presupuesto de este programa cuando, además, la ejecución del mismo en el ejercicio 2015 fue de 41,3 %, en el 2016 de un 20,5 % y en 2017 de un 15,9 %.

En materia de pesca, los dos programas específicos, el 415A de recursos pesqueros y desarrollo sostenible, y el 415B de mejora de estructuras y mercados pesqueros se mantienen estancados. penas 40,06 M€ de gastos operativos a los que hay que poner mucha imaginación para poder hacer algo con ellos. Los escasos recursos disponibles no permiten acometer ninguno de los retos urgentes del sector. Las partidas son tan exiguas, que, aunque algunas de ellas sean muy importantes, es impensable que con ellas podamos hacer gran cosa. 500 mil euros para el apoyar el asociacionismo pesquero, 100 mil euros para becas de ordenación en recursos pesqueros, 1 millón de euros para transferencias de capital a empresas privadas en desarrollo tecnológicopesquero y acuícola, intuimos y esperamos que ligado al cambio climático. En este marco de escasez, sorprende mucho las partidas destinadas a planificación, estudios y asistencia técnica, dentro del capítulo 6 de inversiones inmateriales, sobre todo porque son partidas que se repiten inalterables desde el 2016 y se prevé que continúen hasta 2021. De nuevo se prevén 8,3 millones de euros para el Plan Sectorial Pesquero y aun no lo hemos visto, se prevé otro 1,5 millón y medio de euros para estudios y asistencias técnicas.

Además, los exiguos fondos dejan fuera actuaciones imprescindibles en este momento como son; La financiación de los necesarios paros biológicos para embarcaciones de menos de 12 m asociado a actividades de mantenimiento del medio costero. No aparece previsión de compensación por los ajustes o cierres de las pesquerías de la sardina, el jurel, el verdel, la anguila o la merluza, tampoco las compensaciones económicas por el reparto de cuotas de caballa a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Tampoco se recoge nada para impulsar el instrumento de las reservas de pesca, tal como recogen la propia PPC. No aparece ningún programa específico de apoyo a la pesca artesanal, ni tampoco el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo sostenible de los ecosistemas costeros. El presupuesto destinado a investigación es totalmente insuficiente, por no decir ridículo, siendo imprescindible, que se recuperen y aumenten los fondos públicos para asegurar la mejora de la investigación científica que garantice una gestión pesquera eficaz para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental, económica y social a los que nos compromete la Política Pesquera Común en para el año 2020. Por último, tampoco vemos reflejadas partidas que permitan adoptar las medidas necesarias para avanzar en la obligación de desembarque y en la reducción de los descartes, e implementar las nuevas medidas que sean necesarias, teniendo en cuenta las características diferenciales de cada flota y pesquería y asumiendo el objetivo de eliminar incentivos para descartar sin crear cargas excesivas en la flota.

Por último, y en un contexto de cambio climático que obliga a una reconsideración de todo el modelo productivo, y en coherencia con los compromisos adquiridos por España en el contexto internacional, consideramos inadmisible el presupuesto de los programas que forman el Grupo de Programas Ambientales. En concreto; El Programa 456B Protección y Mejora del Medio Ambiente, Programa 456C de Protección y Mejora del Medio Natural, Programa 456D de Actuación en Costas y finalmente el Programa 456M de Actuación para la Prevención de la Contaminación del Cambio Climático que vuelve a sufrir una reducción del 20,81 %. Si bien se percibe cierta recuperación con respecto a 2017, el exiguo presupuesto en materia ambiental deja un panorama de actuaciones dispersas, sin profundidad de impacto, inconexas e incoherentes entre sí, que no podemos aceptar.

Respecto al Programa 456B. Protección y Mejora del Medio Ambiente. A pesar del incremento porcentual con respecto al año 2017, estamos hablando de un presupuesto de apenas 20 M€ de gastos totales, de los cuales, operativos, tan solo son 14,3 M€ para abordar temas tana fundamentales en el contexto de la lucha contra el cambio climático como son; la Estrategia Nacional de Residuos, la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos o la implementación de las auditorías ambientales en las empresas para poder acometer con éxito los objetivos de reducción de GEI. Saludamos la partida de 5,8 M€ de transferencias de capital a las CC. AA. para implementar los planes estatales de residuos, y el nuevo programa PIMA residuos, pero consideramos que es absolutamente insuficiente y además, estamos en contra de que su ámbito de control salga de la Oficina de Cambio Climático.

Respecto al Programa 456C de Protección y Mejora del Medio Natural. Reconocemos la ligera y testimonial recuperación del 1 % en relación con el 2017, pero después de los sucesivos años de recortes salvajes, no podemos aceptar el presupuesto. La Dirección General de Calidad y Evaluación mbiental y Medio Natural tan solo cuenta con 8,5 M€ de los cuales, sorprende y desde luego no podemos aceptar el planteamiento de la partida de 4,270 M€ en aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto para la adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y reducir así las colisiones de aves y en especial de rapaces, puesto que tal y como la están contemplando, se trata de una transferencia de capital de nuevo a las empresas eléctricas, para que cumplan con una obligación ambiental que deberían haber asumido por ley.

Por el contrario, y después de un año intenso de debate en relación con el control de las especies invasoras, apenas se dispone una partida de 1,1 M€ destinada a las actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que esperamos se destine en parte a algo relacionado con este tema, pero nada aparece en concreto para apoyar las estrategias de control y erradicación de la avispa velutina, el plumero de la pampa, el mejillón tigre o tantas otras especies que amenazan nuestra biodiversidad. Por último, y en relación al presupuesto del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, si bien se ha recuperado y se han reactivado ciertas actuaciones incluyendo las necesarias para poner en marcha los nuevos Parques Nacionales en proceso de declaración, sin embargo, algo tan esencial en esta estrategia como es la compensación de rentas a las empresas, familias, entidades locales u organizaciones que puedan verse afectadas, apenas se recupera, siendo del todo punto inaceptable, que el Convenio de colaboración con la Asociación de Municipios con territorios en Parques Nacionales (AMUPARNA) se mantiene en 25.000 euros, a pesar de que el compromiso adquirido era de 6 M€ que irían directamente a las entidades locales.

Respecto al Programa 456M. Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. La reducción del presupuesto total del Programa equivale al 20,81 % respecto a 2017, pero si nos fijamos en los capítulos operativos, esta reducción se eleva a un 52,1 %. El protagonismo del programa lo asume la Oficina de Cambio Climático a la que se ha sometido a un ajuste muy severo en todos los capítulos en estos últimos años, siendo el de mayor importancia el efectuado en las inversiones reales que, de contar con 20,5 millones de euros en 2016, pasó a disponer de sólo 3,3 millones en 2017 y 2 millones en 2018. También las transferencias de capital han sufrido un recorte muy sustancial además de un cambio de orientación nada positivo. El problema esencial es que la Oficina Española de Cambio Climático deja de tener control y seguimiento sobre las inversiones destinadas a los planes prioritarios en agua, costas, biodiversidad y residuos que quedan dispersos en el resto de los programas. En el fondo, se está produciendo un vaciamiento de sus competencias que todo anuncia va encaminado hacia su desaparición a la que como grupo nos oponemos. Siendo los programas PIMA el instrumento esencial para las actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en 2016 se dotaron con 18,3 millones de euros (que se destinaban a empresas privadas para PIMA Frío y PIMA Adapta), se recortaron hasta 12,5 millones en 2017 y ahora a 5 millones de euros para 2018, cambiando también de destinatarios, al pasar de ser transferencias a empresas privadas a transferencias a entidades públicas y Comunidades Autónomas para la acometida de acciones contra el cambio climático. Si bien, existen otros programas PIMA en los programas específicos, el monto total es muy reducido.

El Programa 456D de Actuación en Costas, A pesar del incremento global, el capítulo de inversiones para rehabilitación mejora y conservación del litoral se ha reducido en un 9,25 % sin que exista una estrategia presupuestaria clara para desarrollar y aplicar la «Estrategia Nacional de adaptación al cambio climático de las costas españolas». El presupuesto se centra en reparar paseos marítimos y regenerar playas suponiendo estas actuaciones el 92,7 % de la inversión, frente a tan solo un 7.2 % destinado a protección de sistemas litorales. Asistimos por lo tanto a tan solo a una lista de actuaciones de entre 50.000 y 10.000 euros que año tras año se invierten sin que la situación se redefina a largo plazo. En este mismo programa, debería aparecer de forma muy clara y suficientemente dotada, el apoyo a una estrategia de regeneración, conservación y gestión sostenible de todo el ecosistema que representa cada una de las rías de la costa atlántica y cantábrica.

Todas las razones expuestas, así como las actuaciones que no están contempladas y la continuidad y consolidación en los recortes presupuestarios, justifican la enmienda parcial a la totalidad de la Sección 23.

Por todo lo expuesto, el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentamos una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno de la Sección 23, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 25. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Sección 25 porque no responde a los objetivos y prioridades que deben regir en este Ministerio, especialmente en lo que se refiere a la cooperación local del Estado con los Entes locales, donde apenas hay partidas y proyectos para dotar de más recursos a los entes locales que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que están infradotadas para las competencias que mantienen.

En este sentido, son muy evidentes los déficits de financiación y la injusticia de la financiación que reciben tanto los entes locales, los ayuntamientos, como las comunidades autónomas. Tenemos un sistema completamente agotado y es imprescindible proceder a su reforma y a su modificación. No solo eso, sino que durante estos años la política del Gobierno del Partido Popular ha sido de vulneración de la autonomía de los entes locales, de invasión permanente e intento de limitación y control, con el objetivo de convertir a los gobiernos locales en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real.

La sección 25 es la que corresponde al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, un ministerio que debería liderar algunas políticas que inciden en la calidad democrática, en la cooperación con los entes locales y, también, contribuir al desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas y al desarrollo de los mecanismos de cooperación y colaboración con las autonomías. Sin embargo, lo que se ha hecho estos años ha sido todo lo contrario, hemos perdido calidad democrática y ha habido un retroceso, una recentralización en todos estos ámbitos.

Este ministerio debería liderar políticas que quizá no tienen un impacto muy grande en los costes presupuestarios de esta sección, pero que evidentemente afectan a las administraciones territoriales, al respeto por la autonomía local que en estos presupuestos es insuficiente.

En términos generales, estos presupuestos siguen en la senda impuesta por el Gobierno en los últimos años, la de dividir el país con sus políticas. Son unos presupuestos que un año más se hacen con un sistema de financiación que hace 5 años tendría que haberse reformado y que también se ha demostrado agotado, pues no garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia y la autonomía. No resuelven los problemas estructurales de la autonomía local. Porqué el problema es la irracional regla de gasto, resolver el tema del endeudamiento, las limitaciones en la contratación de personal y no más parches. Y es imprescindible un nuevo modelo de financiación local, para garantizar la autonomía y la suficiencia financiera de los entes locales.

Perpetúan la brecha social con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones; no aprovechan el crecimiento económico para mejorar la redistribución de la riqueza y hacer frente a las urgencias sociales. Estos presupuestos siguen sin dar respuesta a las urgentes demandas de la ciudadanía que sigue sufriendo la crisis y lo único que hacen es dar continuidad al proyecto recentralizador del Gobierno, con un objetivo muy claro: recortar el Estado social —que buena parte gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos—, y aumentar el Estado central, reduciendo el autogobierno de comunidades y ayuntamientos. Su modelo ideal sería que las comunidades autónomas fueran una especie de grandes diputaciones provinciales sin competencias reales para actuar, y querrían convertir a los Gobiernos locales en entes administrativos, en ventanillas administrativas sin capacidad política real.

Por último, cabe apuntar que por primera vez se ha llevado a cabo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, interviniendo por completo el autogobierno de una Comunidad Autónoma, Catalunya, muy probablemente contraviniendo las normas y la Constitución. Es un gesto que demuestra claramente la incapacidad de este Gobierno para dar respuesta al problema territorial y al agotamiento del Estado autonómico.

Por todo ello, El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta esta enmienda de devolución de la Sección 25 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, supone continuar dando la espalda a las necesidades de la sociedad en las materias relacionadas con las funciones de este Ministerio. Desde la imposición de la austeridad como único modelo económico, la Sección 26, que recoge gran parte de los derechos sociales reconocidos, ha sufrido, un año más, la reducción real de la práctica totalidad de sus programas. A pesar del tímido aumento de algunos programas es clara la tendencia de estrangulamiento presupuestario que pretende instaurar el Gobierno del Partido Popular para la financiación de los derechos sociales. Tomando en cuenta que gran parte de la política de servicios sociales está transferida a organismos administrativamente diferenciados de la Administración Central, difícilmente podían ser recortados más los programas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (salvo que se supriman).

Analizando datos en retrospectiva identificamos con facilidad que desde el año 2009 los programas fundamentales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han sufrido una importante descapitalización con recortes muy significativos que, este año, se ensañan con el Programa 231-G («Atención a la infancia y a las familias») y con el 492-O («Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios») que sufren recorte directo en los fondos presupuestados para su implementación. Esta tendencia al recorte en derechos sociales está lejos de revertirse y el actual proyecto de presupuestos generales del estado para 2018 viene para reforzarla.

Y es que este proyecto de presupuestos para 2018 no solo no responde a las necesidades de la población, como no lo hicieron los Presupuestos Generales del Estado de los años anteriores, sino que además las modificaciones que se han realizado con respecto a años anteriores suponen un ejercicio de cosmética contable que no da ninguna respuesta a la población que sigue soportando los recortes producidos en estos años.

En lo que respecta a la Sanidad, se consolida y reafirma el empeoramiento del Sistema Nacional de Salud y de las políticas públicas de salud llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con la configuración económica que estamos viendo, es probable que bajemos más en la dotación per cápita anual con respecto a los países de nuestro entorno. Nuestro sistema sanitario público está sobreviviendo gracias a la calidad de nuestras y nuestros profesionales. Los recortes de los últimos años han llevado al Ministerio a un papel de marginalidad en la ejecución de políticas, pero poder en el papel legislativo, como dejó claro el Real Decreto 16/2012.

El planteamiento de este año de definir el Fondo de Cohesión, como perfeccionamiento del derecho y servicio de utilidad para pacientes derivados entre Comunidades Autónomas a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR); y el Fondo de Garantía Asistencial para atender a personas que se desplazan por sí mismas y son atendidas en atención primaria, con pago a posteriori, no solucionará el problema de accesibilidad y equidad que tiene nuestro sistema sanitario. De cualquier manera, el importe presupuestado es claramente insuficiente para cubrir las necesidades de reequilibrio territorial de las necesidades de asistencia entre Comunidades Autónomas.

Con esta dotación se seguirá la misma dinámica del pasado año 2017, en el que más medio millón de personas optaron por acogerse a un seguro privado. De esta manera se pretende continuar privatizando nuestra sanidad pública.

Más allá de estos matices concretos del presente proyecto de presupuestos para 2018 en materia sanitaria, probablemente el mayor problema sea la clara demostración de incapacidad política para dotar al Ministerio de Sanidad de un papel de liderazgo en las competencias asignadas en el ámbito de la salud pública, la salud internacional o la política farmacéutica.

En materia de prevención del consumo de drogas, este proyecto de presupuestos mantiene la tendencia presupuestaria de recorte de la última década del programa 231A, Plan Nacional Sobre Drogas, renunciando de esta manera a liderar políticas en el ámbito del problema de las drogas y otras adicciones y afrontar el reto que suponen las nuevas adicciones sin sustancia, que sean innovadoras y efectivas desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos y civiles y sobre todo desde el punto de vista de la salud pública.

En lo relacionado con las políticas de servicios sociales, es notable cómo la falta de equidad de las políticas públicas cobra en este apartado su máxima expresión. El programa más afectado por la falta de equidad es sin duda la atención a la dependencia, dotándolo de 48 millones de euros. Esta cifra es irrisoria de todo punto de vista porque sabemos, pues ha sido reconocido por el propio Gobierno, que en el año 2017 se dejaron sin ejecutar 44 millones de euros, a pesar de estar presupuestados para ello. Por lo tanto, para este año, la subida de financiación es de tan solo 4 millones de euros; cantidad que no será suficiente ni para poder atender a más de los 350.000 personas que se encuentran en la actual lista de espera, de la cual 120.000 están en situación de dependencia severa.

Desde la sociedad civil, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reconoce que este paupérrimo incremento implica dar por inviable este sistema de atención a la dependencia, porque se tardarían más de 25 años en atender a estas personas.

Desde los recortes del PP en el año 2012, en atención a la dependencia, hay una acumulado de 4.600 millones de euros. El Gobierno sigue demostrando que no entiende la economía de los cuidados y que no tiene un modelo social de equidad y de futuro que proyectar. Volverá a dar la espalda a 350.000 personas que se encuentran en lista de espera y que seguirá dejando morir, como en estos últimos años en los que las personas muertas esperando una ayuda que tenían reconocida han alcanzado la cifra de 38.000 personas, 100 fallecidos al día, una persona cada 15 minutos fallecen esperando las prestaciones que por Ley le corresponden y nunca llegan.

La financiación propuesta por el Gobierno se puede definir como limosna a las personas dependientes y sus familias y, sobre todo, una vulneración de derechos, pues con esta partida presupuestaria no se garantiza la posibilidad del cumplimiento de la ley.

El resto de programas y actuaciones de servicios sociales no reciben más que retoques. Sorprende y preocupa sobremanera el desmantelamiento progresivo del Plan Concertado de Servicios Sociales que lleva un recorte acumulado del 43 % menos desde que en 2009 se iniciara este proceso de demolición controlada. La gravedad no solo se centra en lo presupuestado, sino en lo ejecutado, que es la inversión real final. En 2016, de 205 millones presupuestados, tan solo se ejecutaron 27. Estas cifras de inversión, en una situación, no ya de emergencia social, sino de pobreza cronificada, de enquistamiento de la desigualdad, en la que un 20 % de la población acumula un 0,1 % de la riqueza del país, mientras que el 1 % de la población acumula el 27 % de la riqueza son insuficientes y contribuyen por omisión al agravamiento del empobrecimiento general de la población en nuestro país.

Observamos también un cambio de modelo de facto en la gestión del acceso de una vida digna. La financiación pública se encuentra en clara debilidad frente a la privada. Esto es preocupante porque en un país democrático los derechos subjetivos de la población deben ser gestionados por la administración pública, sin embargo hoy corremos el peligro de poner el jaque los derechos subjetivos, además de sobrecargar a nuestro Tercer Sector.

No entiende el Gobierno ni la urgencia ni la trascendencia de responder contundentemente ante una situación de desigualdad, que, de ser revertida, será la que garantice que nuestro país sea no solo más justo, también más eficaz y eficiente. Olvida el gobierno la riqueza y yacimiento de empleo que supone seguir avanzando en la implementación real del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)y de un sistema de cuidados que revierta ese trabajo productivo en la economía. Son los Servicios Sociales públicos un elemento básico de cohesión social que de forma natural esfuente de crecimiento económico y tiene la capacidad de canalizar la inversión social, en ahorro futuro, generando un impacto económico positivo.

En lo referido específicamente a la Infancia encontramos como se da una bajada reseñable en el programa de Atención a la infancia y a las familias (-19 %), aunque aumenta ligeramente el de la Dirección General de Infancia y Familia. Desde unos presupuestos alternativos que fuesen realmente sociales entendemos que los Programas de Infancia y familia tendrían que estar dirigidos a las familias directamente, y a las instituciones de la sociedad civil que trabajan en el fomento y apoyo a las familias. Haciendo una apuesta por financiar políticas de lucha contra las desigualdades y pobreza, más allá de las medidas asistencialistas. Construir un modelo de apoyo a la Infancia que permita revertir datos como el que señala que España es el tercer país con mayor población infantil que vive por debajo del umbral de la pobreza de toda la Unión Europea.

Siguiendo un análisis realizado por UNICEF y la Plataforma de la Infancia, señalamos como desde los presupuestos presentados no se está invirtiendo el crecimiento de los recursos públicos para abordar problemas estructurales de la infancia que se agudizaron mucho en la crisis, ni para reducir la brecha en el gasto público en protección social de familias e infancia con el resto de la Unión Europea (0,7 % del PIB respecto al 1,7 % de media de la UE, según la Contabilidad Nacional). Y por otro lado señalamos como el modelo del Gobierno que prioriza las prestaciones contributivas y los beneficios fiscales como principales medidas destinadas a familias e infancia hacen que aumente el riesgo de dejar fuera de esos beneficios a los niños y niñas en situaciones más vulnerables: en hogares con muy bajos ingresos y/o con progenitores sin empleo.

Para cumplir con nuestros compromisos internacionales, con la Estrategia de Europa 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención de Derechos del Niño, se debe tener en cuenta que garantizar los derechos de la Infancia no es sólo una responsabilidad legal sino que tiene implicaciones para las políticas económicas y sociales y, por consiguiente, para la asignación de los recursos públicos.

En materia de protección de los derechos y libertades de las personas con diversidad funcional, estos presupuestos siguen discriminando y tratando como ciudadanía de segunda a casi cuatro millones de personas con diversidad funcional en nuestro país. A pesar del ridículo incremento presupuestario en un 0.7 %, se mantiene un recorte acumulado de períodos anteriores muy preocupante. El Gobierno del Partido Popular sigue sin apostar por políticas públicas que hagan real y efectiva como es la garantía de la accesibilidad.

Con el continuismo de la austeridad en el sistema social, el Gobierno demuestra cuál es su prioridad: favorecer a un 1 %, de élites privilegiadas, mientras que las mayorías sociales siguen aguantando el peso en sus espaldas de un sistema económico y social basado en la desigualdad.

En lo relacionado con las políticas en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras a desarrollarse con base en la propuesta de presupuestos presentada para el presente ejercicio, el proyecto del Gobierno del Partido Popular parece olvidar que los consumidores son la parte más débil del mercado y que desde los poderes públicos deben habilitarse medidas y aprobarse regulaciones tendentes a equilibrar posiciones y no para acrecentar la desigualdad.

En el marco de la Directiva 2013/11 UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo encontramos la petición desde las instituciones europeas de fomentar un sistema que apueste principalmente por la protección de los intereses económicos de los consumidores, cumpliendo de esta manera, con el objetivo pretendido por la propia Directiva que es facilitar el acceso a los Alternative Dispute Resolution (ADR).

Es por ello que, de acuerdo a lo establecido en la propia Directiva, en un Estado en el que ya funciona un sistema de resolución alternativa de conflictos de acuerdo a una tradición jurídica, amparado por el modelo social establecido en nuestra norma constituyente y que ha venido desarrollándose precisamente a partir de la obligación establecida en el artículo 51 de la Constitución, la opción por la que debe dirigirse esta directiva es por la apuesta por el impulso y desarrollo del modelo existente.

Al analizar el único programa que la Ley de Presupuestos dedica a la defensa de los derechos de las personas consumidoras —el 492O— encontramos cantidades del todo insuficientes que no abordan las reclamaciones de diferentes entidades y asociaciones de defensa de los consumidores. No sólo lo presupuestado es insuficiente sino que además es una cantidad menor que la presupuestada para el mismo período el año pasado, lo que demuestra el nulo compromiso de este Gobierno por hacer frente a los abusos y malas prácticas que, de manera recurrente, padecen las personas consumidoras en España.

Es claro que no existe apuesta por reforzar y consolidar un sistema arbitral de consumo que fomente la institucionalización de un sistema público y que con la colaboración del sector empresarial y de las organizaciones de consumidores en un plano de igualdad, sea garante de objetividad, imparcialidad e independencia, asumiendo el carácter gratuito para el consumidor.

Es por ello que apoyándonos en lo establecido en nuestro país en el ámbito de la protección de los consumidores y en desarrollo del mandato constitucional del artículo 51, y lo reflejado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, concretándose finalmente en el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, presentamos esta y otras enmiendas al articulado de la Ley para exigir el incremento de la inversión presupuestaria en los puntos referidos, con el objetivo de impulsar un sistema público de resolución extrajudicial de conflictos, acabando de esta manera con su depreciación y el paulatino acaparamiento que está sufriendo este sistema por parte del sector privado, conllevando un claro perjuicio para los consumidores.

En materia de Igualdad, debemos recordar que el artículo 10.2 de la Constitución española reconoce que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Sin embargo, la normativización política, económica y social del sexismo presente en nuestro país, antecede al establecimiento de diferentes vulneraciones de derechos humanos. Entre algunas de las consecuencias de esta normativización sexista, podemos determinar la LGTBIfobia o la desigualdad entre mujeres y hombres, así como su función estructural en el establecimiento de las violencias machistas.

El alarmante aumento de la LGTBIfobia denunciado por los colectivos LGTBI en los últimos años, se ha traducido en iniciativas parlamentarias tales como la tramitación de la «Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales» o el registro de la «Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género», por parte del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

En referencia a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, el Partido Popular ha incluido la aprobación de una «Estrategia estatal LGTBI». Sin embargo, la previsión sobre la creación de esta estrategia no incluye ningún detalle ni aportación presupuestaria concreta. En el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú-en Marea, sabemos que para conseguir el derecho a la igualdad y no discriminación de los colectivos LGTBI debemos ir mucho más allá. Somos conscientes de lo necesaria que es la financiación específica de medidas tales como la formación, sensibilización o asesoramiento destinada a la lucha contra la discriminación estructural por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad. De igual manera, conocemos la importancia de promover actuaciones que contemplen la realidad de los colectivos más discriminados, como las mujeres transexuales o transgénero, o la juventud LGTBI. Pese a ello y pese a las múltiples demandas de los colectivos LGTBI en nuestro país, así como el trabajo parlamentario realizado, el gobierno ha vuelto a negar las medidas específicas enfocadas a la diversidad sexual y de género.

Otra consecuencia capital del sexismo apuntada anteriormente, es la desigualdad entre mujeres y hombres. La importancia de abordar este asimetría es principal y radica fundamentalmente en dar cumplimiento al mandato constitucional reflejado en el artículo 14 al amparo de las diferentes declaraciones, tratados y acuerdos en materia de derechos humanos ratificados por España (artic. 10.2 de la Constitución española). Sin embargo, la consolidación de los recortes en el programa 232B (igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), consolida tanto las vulneraciones de derechos de las mujeres por razón de género, como el establecimiento causal de la violencia machista. Ante esta situación de vulneración de derechos, la opción propuesta por el gobierno para el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no es ni más ni menos que consolidar los recortes realizados en 2009 (-47.4 %) y 2012 (-20.5 %). La pobreza de esa partida presupuestaria es absolutamente inadmisible.

Respecto a la violencia machista, el Congreso ha trabajado en Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, y el Senado ha trabajado en Ponencia y ha aportado al Pacto de Estado su Informe de Estrategias contra la Violencia de Género. Trabajos realizados durante 2017, con aprobación de ambos textos en Setiembre del pasado año. En dicha Subcomisión y en dicha Ponencia se abordaron temas como la violencia de género en sentido amplio, la violencia sexual, la violencia de género en la adolescencia, contra hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista, contra las mujeres migrantes o con diversidad funcional, trata y asilo, redes sociales, nuevas formas de violencia de género, medios de comunicación y publicidad.

Sobre la base de las propuestas realizadas por las personas expertas que comparecieron en la Subcomisión y en la Ponencia, así como las formuladas por los Grupos Parlamentarios, cada cámara parlamentaria realizó un Informe, en el que se articularon 214 recomendaciones desde el Congreso y 267 desde el Senado; medidas de actuación en materia de sensibilización y prevención, de mejora de la respuesta institucional, en relación a la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, en relación a otras violencias, de asistencia y protección de la infancia y adolescencia, de mejora de la respuesta judicial y propuestas de reforma legislativa, en materia de seguimiento estadístico, de recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones, y todo aquello referente al mismo Pacto; ámbito temporal, competencial, compromiso económico y seguimiento del Pacto.

El Pacto pretende avanzar hacia la erradicación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Y en su apartado referente al compromiso económico reconoce que las medidas contempladas «sólo pueden ser realizables si son acompañadas por un sustento económico suficiente» (medida 202 del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, documento del Congreso), deben calendarizarse (medida 203, PEMVG), necesitan dotar económicamente a los tres Ámbitos de la Administración Pública (medida 204, PEMVG) e irá destinado a todas las formas de violencia recogidas por el Convenio de Estambul (medida 205, PEMVG). Concretamente, el acuerdo implica aumentar el presupuesto en 80 millones de euros en la Administración General del Estado (medida 206, PEMVG), 20 millones de euros vía transferencia a los ayuntamientos y 100 millones a las Comunidades Autónomas con carácter condicionado y por tanto, finalista (medida 207, PEMVG) para el ejercicio 2018. Ese mismo acuerdo económico se recoge en el texto elaborado por la Ponencia del Senado, y es indispensable para cumplir con lo que mandata el Pacto, que es la suma de los compromisos de ambas cámaras parlamentarias.

Desgraciadamente, esa inversión económica no se ha producido des de la firma del Pacto hasta hoy, si bien el acuerdo político era habilitar recursos al empezar el año, y el compromiso del Pacto tampoco se cumple ahora con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pues los 200 millones comprometidos no están en su totalidad. Y recordamos que esa dotación económica ya era de mínimos.

Los 120 Millones que deben destinarse a las actuaciones competencia de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos como partida finalista - financiación directa y condicionada - para cubrir compromisos del Pacto de Estado no estaban contemplados hasta que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha sido enmendado en su paso por el Congreso. Nos alegramos que a lo largo del periodo de la tramitación de la Ley presupuestaria se haya rectificado, y que las enmiendas, nuestras y de otros grupos, relacionadas con los 120 millones hayan encontrado una respuesta unánime a dar el cumplimiento de esa parte del compromiso económico recogido en el Pacto.

Sin embargo, no podemos estar conformes con lo conseguido, cuando aún quedan 80 millones de euros que debían y no han sido presupuestados para este fin. Por lo que respecta a la parte estatal, el cómputo total de gasto que reflejan los PGE 2018 que irían destinados a la erradicación de la violencia machista desde el ámbito estatal no recogen la cuantía comprometida en el Pacto de Estado para la Administración General del Estado.

Siguen faltando específicamente los 80 millones que, además, son cruciales para algunas cuestiones como por ejemplo formación en materia de género de los operadores jurídicos o para mejorar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los 200 Millones es lo comprometido. Un mínimo, un lugar por donde empezar a reparar agujeros del sistema que no deberían producirse y que ponen en riesgo la vida y la libertad de las mujeres.

Nos parece terrible que la vida de las mujeres no sea prioritaria para este Gobierno y que tengamos que pelear cada céntimo del presupuesto comprometido en el Pacto de Estado. Ello nos obliga a seguir manteniendo este veto presupuestario, con el objetivo de poner de manifiesto la falta de voluntad política y presupuestaria para acabar con la violencia contra las mujeres.

Las carencias hasta aquí apuntadas, a nuestro entender, tienen que ver con lo siguiente. La violencia institucional es una forma de violencia ejercida por quien representa al Estado en cumplimiento de sus funciones, que incluye descuidos, privaciones o una indiferencia que socava los derechos de una persona o grupos de personas. Cuando estos descuidos, privaciones o indiferencia se ejecutan vía incumplimiento de las obligaciones económicas se produce control sobre la toma de decisiones y dominación de los recursos. De esta forma, el comportamiento descrito influye sobre las personas generando sentimientos de humillación, indefensión y dependencia que socavan la reivindicación de responsabilidades y el abandono de sus demandas, sobre todo las referentes a la garantía de sus derechos.

En el momento en que la violencia institucional y económica es ejercida sobre las mujeres o las personas LGTBI en razón de su género, su identidad o su orientación sexual, entonces estas formas de violencia establecen el género, la identidad y la orientación sexual como categoría de dominación, cuyo producto final es el mantenimiento del status quo. Derivado de la humillación, indefensión y dependencia que generan estas formas de violencia, las demandas se desplazan a un plano de inferioridad. Es decir, se sitúan los derechos de las mujeres, de sus hijos e hijas, y de las personas LGTBI, al amparo del «quien paga, manda», aunque eso refuerce la desigualdad en el acceso a los recursos económicos.

De esta forma, la exclusión de la LGTBIfobia, la consolidación de la desigualdad entre mujeres y hombres y la indiferencia ante la obligación de cumplir los compromisos económicos adquiridos tras la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los Presupuestos Generales del Estado 2018, vulnera los derechos de las personas LGTBI, de las mujeres, los derechos de sus hijas e hijos, así como vulnera los artículos 10.2 y 14 de nuestra Constitución.

Ante esta vulneración estructural de derechos humanos a través de la asignación de recursos económicos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, creemos esencial un cambio de dirección y priorización, empezando por las siguientes propuestas. Por un lado, creemos fundamental reforzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres siendo la igualdad de oportunidades en el empleo un factor clave. Por ello, proponemos que la igualación se realice a través de la reforma de los permisos por nacimiento o adopción para avanzar hacia la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, garantizando el 100 % del salario para ambos progenitores y la intransferibilidad del permiso. De esta forma pensamos que reforzar este aspecto de la igualdad entre mujeres y hombres mejoraría exponencialmente la situación actual, claramente asimétrica. Por otra parte, creemos fundamental implementar un Plan de Erradicación de las Violencias Machistas dotado con 1.050 millones de euros, para la inmediata puesta en marcha de las medidas aprobadas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, con respeto y atención al ámbito competencial autonómico y local, para lo que se desarrollarán las pertinentes transferencias.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a la sección 26 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, dado que es claramente insuficiente para cumplir los objetivos asignados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Ministerio que cuenta con un papel nuclear en la atención a las personas más desfavorecidas de la sociedad y con un papel que debería ser central en la eliminación de las desigualdades sociales y el establecimiento de políticas feministas que lograran acabar con las inequidades de género. Consideramos que se ha de plantear un presupuesto para esta sección que ayude a generar un nuevo marco cultural y político para el desarrollo de unas políticas sanitarias, sociales, de consumo y de igualdad que persigan la justicia social a partir de unas políticas públicas equitativas y efectivas.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 27. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el año 2018 muestra la falta de interés del Gobierno en fomentar la necesaria transformación de nuestro modelo productivo. A pesar de que el presupuesto de la Sección se incrementa en un 2,3 % respecto al año pasado, las principales políticas de gasto vinculadas (parcialmente) al Ministerio acumulan importantísimos recortes desde el año 2009: del 45 % en el caso de Comercio, Turismo y PYMES; y del 27 % en el caso de Investigación, Desarrollo e Innovación. En el caso de Industria y Energía el presupuesto parece haberse duplicado desde ese año 2009. Sin embargo, prácticamente todo ese incremento se dedica a sostener los costes del sistema eléctrico, financiando con cargo a los PGE los beneficios de las grandes empresas del sector. Esto se traduce en que 3.750 de los 7.125 millones de euros, más del 50 %, del presupuesto ordinario (no-financiero) de la Sección 27 van destinados a transferencias de capital a empresas privadas.

Además, otra buena parte del presupuesto total, casi 5.000 de los 12.000 millones de euros, más del 40 %, del presupuesto consolidado (capítulos 1 a 8), toma forma de activos financieros, principalmente canalizados hacia los programas de I+D+i gestionados por el Ministerio. En concreto, 4.330 millones del total de 6.000 millones de euros, más de un 70 %, dedicados a esos programas son préstamos o fondos financieros, que en muchos casos no llegan a ser solicitados. En síntesis, sin tener en cuenta las transferencias al sector eléctrico y los préstamos a la I+D+i el presupuesto del Ministerio se reduce a 4.000 millones de euros. Esta cifra es absolutamente insuficiente para que el Estado se convierte en un motor de la transformación productiva que está pendiente en nuestro país.

A esta falta general de recursos presupuestados se añade el bajísimo grado de ejecución presupuestaria de los programas del Ministerio. Atendiendo al indicador de obligaciones reconocidas respecto a créditos, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad apenas alcanzó el 50 % en 2017, el porcentaje más bajo de todos los ministerios. En términos de ejecución del capítulo de inversiones, las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales presupuestados en 2017 apenas superó el 55 %. De nuevo, el porcentaje más bajos de todos los ministerios. Y si atendemos a la I+D+i del Estado, de los 4.635 millones de euros de presupuesto público para I+D+I disponibles en 2017, solamente se ejecutaron 1.376 millones, un 29,7 % del total, es decir, la tasa de ejecución más baja en I+D+I desde que se registra este dato (el año 2000) y la menor entre las 25 principales políticas del Gobierno en 2017.

Si se profundiza en el análisis del presupuesto de la Sección según políticas de gasto, llama la atención, en primer lugar, la escasa dotación presupuestaria para políticas industriales por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Esto pone, de nuevo, en evidencia que el Gobierno renuncia a impulsar el desarrollo productivo de la economía española que, desde el respeto al medio ambiente, permita contribuir a una salida social y justa de la crisis. De hecho, no existe en su organigrama, ya no un ministerio, sino ni siquiera una secretaría de estado dedicada al sector industrial. En la actualidad, la única responsabilidad asumida es generar un contexto macroeconómico propicio para el desarrollo de negocios. Así, el valor añadido bruto de la industria representa en la actualidad el 16 % del PIB, muy lejos todavía del objetivo del 20 % marcado por la Unión Europea para el año 2020.

El Gobierno insiste en que el objetivo de su política industrial es conseguir el equilibrio de las cuentas públicas y el cumplimiento del objetivo del déficit, donde los principales programas de actuación están marcados por la austeridad presupuestaria. En este escenario, la austeridad y la devaluación salarial, más que un asunto económico, son una herramienta para trasvasar tareas productivas, talento y conocimiento desde los países subalternos a los países centrales, manteniendo a los primeros como clientes cautivos y proveedores de servicios de bajo valor añadido, en un estado de debilidad controlada. En esta situación, la transformación del modelo productivo es un cambio revolucionario, que va más allá de la promoción de sectores industriales y supone redefinir el modelo de sociedad y el papel de España en el mundo.

Es imprescindible ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en materia de desarrollo de actividades de alto valor añadido, con una estrategia adicional que refuerce y amplíe su base industrial, además de canalizar todos los esfuerzos dirigidos hacia la llamada 4.ª revolución industrial. Para lograr ese objetivo es necesario definir las infraestructuras físicas y digitales primordiales, así como los mercados internacionales a los que dirigirnos y nuestras alianzas en política exterior. Uno de los mayores retos a afrontar es liderar la transformación del tamaño de nuestro tejido empresarial (en la actualidad el 94 % son PYMES). Y para ello es vital la reformulación del sistema de financiación industrial acudiendo a fórmulas no convencionales, como la banca pública, imprescindible para el desarrollo industrial de España, incluyendo la participación del Estado aprovechando todos los resquicios en la legislación de la UE.

Aunque los presupuestos presentan un incremento en las partidas destinadas a Investigación y Desarrollo Tecnológico-Industrial, el escollo es que éstas se canalizan fundamentalmente a través del capítulo de activos financieros, es decir, se instrumentaliza vía créditos o «préstamos de rentabilidad suficiente», que, como ya hemos dicho, en muchas ocasiones se quedan sin ejecutar. Por otra parte, el Gobierno insiste en su liderazgo de la iniciativa «Industria Conectada 4.0», pero las partidas presupuestarias destinadas a impulsar la I+D+i en nuestras empresas, necesarias para la transformación digital de nuestra industria, son muy limitadas.

Otra de las partidas que sigue descendiendo en las políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular es la destinada a reconversión y reindustrialización. A pesar de que se insiste en la Memoria de la Sección que la política de reindustrialización prestará especial atención a aquellas zonas en las cuales se han producido históricamente casos de reestructuración, cierre y deslocalización empresarial, y en las cuales, aún se dejan sentir los efectos de tales procesos, como son Ferrol, Campo de Gibraltar, o la Bahía de Cádiz, los programas dedicados a la política industrial tienen una dotación menor que la del año pasado (caso de Reconversión e industrialización), o siguen muy lejos de sus dotaciones pre crisis (Desarrollo industrial). Además, el Gobierno sigue sin aclarar cuál va a ser la planificación estratégica de nuestro sector industrial, en definitiva, sin aclarar a qué producciones se van a dedicar esos sectores.

En segundo lugar, el presupuesto destinado a Investigación y Desarrollo para 2018 aumenta 542,57 millones, esto es un 8,3 %, respecto a 2017 en la política de gasto 46. Sin embargo, si nos centramos en los programas civiles, el crecimiento es solo del 5,4 %. Además, como hemos adelantado, la estructura de gasto se mantiene con un importante peso de los activos financieros (59,8 % del presupuesto) que no da respuesta a las necesidades urgentes y reales tanto del sistema I+D+i, como de los agentes que dependen de los fondos para proyectos y programas de personal.

Llama la atención la reducción presupuestaria de todos los Organismos Públicos de Investigación, salvo del INTIA (investigación aeroespacial orientada a la defensa) y del CIEMAT (investigaciones ambientales y energéticas); y también del CSIC que ha perdido ya más de 4.000 trabajadores desde 2011. Desde luego esta no es la senda de la recuperación del I+D+I público que además sufre de gravosas limitaciones administrativas y de control de gasto para ejecutar su propio presupuesto.

En este sentido, la bajísima tasa de ejecución del gasto en I+D+i muestra una tendencia preocupante a la baja: como ya adelantamos, en 2017 apenas llegó al 29,7 %, la tasa de ejecución más baja en I+D+I desde que se registra este dato (el año 2000) y la menor entre las 25 principales políticas del Gobierno en 2017, según la Fundación COTEC. La alta disponibilidad de créditos frente a capítulos de gasto real, las limitaciones de gasto de las prórrogas presupuestarias y, en especial, las trabas administrativas y burocráticas impuestas a los centros dependientes de la Administración General del Estado son algunas de las causas que el Gobierno debería abordar con urgencia para conseguir que al sistema de I+D+i llegue el dinero realmente presupuestado.

A las limitaciones de los presupuestos de industria e I+D+i, se unen, en tercer lugar, los mayores recortes que se han producido en programas como Ordenación del comercio exterior (-1,2 %) o Promoción comercial e internacionalización de la empresa (-0,2 %). Por otro lado, se mantienen recortes acumulados desde 2016 en Ordenación y modernización de las estructuras comerciales (-35,4 %) y Apoyo a la pequeña empresa y mediana empresa (-11,6 %), entre otros.

En resumen, podemos afirmar que el presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es completamente insuficiente para emprender la necesaria transformación del modelo productivo de nuestra economía, especialmente teniendo en cuenta que se ha consolidado un importante recorte del presupuesto del Ministerio y sus programas respecto a 2009; que el incremento del presupuesto de algunos de ellos se ha canalizado a través de activos financieros, cuyo impacto final es mucho menor; y que las estadísticas de ejecución presupuestaria de 2017 muestran un grado de ejecución de poco más de 50 % en el gasto del Ministerio de Economía, el porcentaje más bajo de todos los ministerios.

Nuestro modelo de crecimiento mantiene graves problemas estructurales. Los sectores tractores de la economía siguen siendo de bajo valor añadido y no existe una política industrial digna de tal nombre que apunte a un cambio en este sentido. La inversión en I+D con relación al PIB sigue siendo la mitad de la que dedican, de media, los países de la Eurozona. Además, en el proyecto de presupuestos la financiación de los programas que tendrían que promover la transformación de nuestro modelo productivo se encuentran totalmente limitada, en lo que tiene que ver, tanto con I+D+i, como con la reindustrialización.

Como han reconocido recientemente instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, el crecimiento económico que está registrando durante los últimos años nuestro país se deriva fundamentalmente de factores externos. Cada presupuesto que no apuesta decididamente por un cambio de modelo productivo, mediante una inversión decidida, es una oportunidad perdida que pone en peligro la estabilidad económica.

Para evitar este riesgo impulsando la transformación productiva de nuestra economía serían necesarias, al menos, tres medidas urgentes: un Pacto de estado por la industria, que permita comenzar a revertir el proceso de desindustrialización de nuestra economía; un Plan de rescate de la ciencia, que impulse las actividades de I+D, fomentando la innovación; y un Plan de impulso de la digitalización de la economía, que permita gobernar este proceso en favor de la mayoría. Además, en el ámbito de la energía, todo ello se debería complementar de un Plan nacional de eficiencia energética y un Plan Nacional de movilidad eléctrica y transporte público.

Todo ello justifica la presentación de esta enmienda a la totalidad de la Sección 27: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 32. Otras relaciones financieras con entes territoriales.

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Secciones 32 porque no responden a los objetivos y prioridades que deben regir en este Ministerio, especialmente en lo que se refiere a la cooperación local del Estado con los Entes locales, donde apenas hay partidas y proyectos para dotar de más recursos a los entes locales que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que están infradotadas para las competencias que mantienen.



En este sentido, son muy evidentes los déficits de financiación y la injusticia de la financiación que reciben tanto los entes locales, los ayuntamientos, como las comunidades autónomas. Tenemos un sistema completamente agotado y es imprescindible proceder a su reforma y a su modificación. No solo eso, sino que durante estos años la política del Gobierno del Partido Popular ha sido de vulneración de la autonomía de los entes locales, de invasión permanente e intento de limitación y control, con el objetivo de convertir a los gobiernos locales en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real.

La sección 32 trata relaciones financieras con entes territoriales y sus sistemas de financiación, una sección que debería impulsar la cooperación con los entes locales y, también, contribuir al desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas y al desarrollo de los mecanismos de cooperación y colaboración con las autonomías. Sin embargo, lo que se ha hecho estos años ha sido todo lo contrario, hemos perdido calidad democrática y ha habido un retroceso, una recentralización en todos estos ámbitos.

En términos generales, estos presupuestos siguen en la senda impuesta por el Gobierno en los últimos años, la de dividir el país con sus políticas. Son unos presupuestos que un año más se hacen con un sistema de financiación que hace 5 años tendría que haberse reformado y que también se ha demostrado agotado, pues no garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia y la autonomía. No resuelven los problemas estructurales de la autonomía local. Porqué el problema es la irracional regla de gasto, resolver el tema del endeudamiento, las limitaciones en la contratación de personal y no más parches. Y es imprescindible un nuevo modelo de financiación local, para garantizar la autonomía y la suficiencia financiera de los entes locales. Las aportaciones a las entidades locales son insuficientes y todavía están lejos de las recibidas con anterioridad al estallido de la crisis económica. Por poner solo un ejemplo, la dotación para 2018 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y local destinada a las entidades locales es sigue siendo un 8 % inferior a la de 2011.

En relación a las comunidades autónomas, el sistema de financiación debe establecer como máxima prioridad garantizar y proteger los Servicios Públicos Fundamentales (SPF), algo que estos presupuestos no cumplen. El Fondo dedicado a estos SPF no garantiza la financiación necesaria para cubrir los servicios públicos básicos de las comunidades autónomas de acuerdo a sus necesidades de gasto. Por otra parte, el Fondo de Compensación Interterritorial sigue siendo insuficiente y los criterios de reparto no son claros y no permiten una territorialización atendiendo a las necesidades de inversión productiva y social de las comunidades autónomas.

Perpetúan la brecha social con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones; no aprovechan el crecimiento económico para mejorar la redistribución de la riqueza y hacer frente a las urgencias sociales. Estos presupuestos siguen sin dar respuesta a las urgentes demandas de la ciudadanía que sigue sufriendo la crisis y lo único que hacen es dar continuidad al proyecto re-centralizador del Gobierno, con un objetivo muy claro: recortar el Estado social —que buena parte gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos—, y aumentar el Estado central, reduciendo el autogobierno de comunidades y ayuntamientos. Su modelo ideal sería que las comunidades autónomas fueran una especie de grandes diputaciones provinciales sin competencias reales para actuar, y querrían convertir a los Gobiernos locales en entes administrativos, en ventanillas administrativas sin capacidad política real.

Por último, cabe apuntar que por primera vez se ha llevado a cabo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, interviniendo por completo el autogobierno de una Comunidad Autónoma, Catalunya, muy probablemente contraviniendo las normas y la Constitución. Es un gesto que demuestra claramente la incapacidad de este Gobierno para dar respuesta al problema territorial y al agotamiento del Estado autonómico.

Por todo ello, El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta esta enmienda de devolución de la Sección 32 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 34. Relaciones Financieras con la Unión Europea.

Desde la crisis, la contribución española a los presupuestos generales de la UE ha ido en aumento, siendo ahora mismo un 8 % superior a 2009. Nuestra crítica principal es al uso de estos presupuestos europeos y como no contribuyen a la disminución de la brecha social, económica y de género entre países de la UE, y como SÍ que se utilizan para cuestiones sobre las que estamos en contra como el acuerdo UE-Turquía para personas refugiadas. Este hecho, el que estas transferencias que se realizan de nuestros presupuestos generales a los de la UE no se dediquen a las prioridades del Pilar Social o a la reducción de las brechas de desigualdad europeas, nos hace cuestionar la totalidad de esta partida. Existe además una falta de transparencia absoluta en el empleo que se les dará a estas transferencias, de las que solo se especifica en un caso a qué parte del presupuesto general de la UE irán los más de 13 mil millones de euros destinados y, este es el caso del fondo para el acuerdo de la UE con Turquía en materia de refugio.

En esta sección, el presupuesto siempre ha sido expansivo respecto de los años anteriores. La sección Relaciones financieras con la Unión Europea recoge los créditos presupuestarios destinados a financiar las aportaciones españolas al Presupuesto General de la Unión Europea (PGUE) en concepto de recursos propios de la Unión Europea y, adicionalmente, recoge una partida dirigida a hacer frente a los gastos de interpretación de determinadas reuniones del Consejo y otra destinada a financiar las aportaciones al fondo Europeo de Desarrollo y aportaciones que España tenga que realizar en cumplimiento de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, así como la aportación española al fondo de Refugiados para Turquía. Consideramos necesaria mayor transparencia sobre cómo se emplean estos fondos españoles en estas políticas, ya que tal como están diseñadas van en el detrimento del cumplimiento de dos de nuestras prioridades, respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas, y falta de mecanismos de distribución de la riqueza en el caso de los fondos FED.

La contribución española a la UE debería estar encaminada a defender los intereses de la ciudadanía española en especial, y europea en particular para temas cruciales como apoyo al recién creado Pilar Social y el cumplimiento con el convenio de Estambul sobre violencia machista. Por ello planteamos que se utilicen estas transferencias al Presupuesto General de la UE para cuestiones como un plan de choque contra la pobreza y la exclusión infantil o la creación de un Fondo para la implementación de una Estrategia Europea Aplicación Convenio Estambul en Migración y Asilo.

La Carta Social Europea (aprobada en el Consejo de Europa en 1961 y revisada en 1991) reconoce en su artículo 7 que «para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y los adolescentes a crecer en un medio que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales, las Partes se comprometen a adoptar, bien directamente o bien en cooperación con las organizaciones públicas o privadas, todas las medidas necesarias y adecuadas encaminadas a garantizar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus progenitores, los cuidados, la asistencia, la educación y la formación que necesiten, en particular disponiendo la creación o el mantenimiento de instituciones o servicios adecuados y suficientes a tal fin».

A pesar de que ambos tratados internacionales están vigentes en la UE y dejan clara la obligación de los Estados Miembros de garantizar los derechos de la infancia a una vida libre de pobreza y sin exclusión social, las cifras muestran que en la UE estos derechos no se cumplen. Según el último estudio disponible, de 2015, la infancia es el grupo de edad con el mayor riesgo de exclusión social y de pobreza: un 26,9 % de los y las menores de 18 años en la UE están en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Asimismo, al carecer de políticas públicas sociales con un enfoque de derechos, de género e interseccional, los resultados son que:

• Los hogares monoparentales con niñas, niños y adolescentes dependientes tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (47,8 %)

• El 78,2 % de la población que vive en hogares con muy baja intensidad de trabajo y con menores de edad a su cargo está en riesgo de pobreza.

• El 52,3 % de los y las menores de edad cuyos padres tienen niveles de educación bajo están en riesgo de pobreza, frente al 8,1 % de los y las menores de edad en riesgo de pobreza con padres con niveles más elevados de educación.

• Los y las menores de edad provenientes de familias migrantes tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

Estas cifras dejan patente la necesidad de Impulsar de forma inmediata en el seno de la UE la adopción de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio europeo, con la aplicación estricta de la Carta Social Europea y con un enfoque interseccional de derechos y de género.

Por otro lado también planteamos la creación de un fondo para el desarrollo y la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio Estambul en cuestiones de Migración y Asilo

El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado dos decisiones relativas a la firma del Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Con la decisión de adherirse al Convenio de Estambul, la Unión Europea confirma su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres dentro de su territorio y en todo el mundo, y refuerza el marco jurídico existente y su capacidad de actuación. El hecho de que la UE se adhiera al Convenio garantizará asimismo la complementariedad entre el plano nacional y el plano de la UE, y consolidará la capacidad de esta última para desempeñar un papel más eficaz en foros internacionales como el Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO).

Lo que aún no se ha materializado son estrategias y presupuestos dedicados específicamente a áreas donde la coordinación de la UE es necesaria como en las cuestiones de migración y asilo (art 59 a 61 del Convenio de Estambul).

La tercera posibilidad que vemos como una alternativa más acorde con los valores fundamentales de la Unión Europea y del Pilar Social de la misma es destinar parte de estas transferencias para impulsar la implementación de la Comunicación sobre Protección de Niños y Niñas migrantes de la UE, centrada en los derechos y condiciones materiales que deben respetarse con los y las menores migrantes no acompañados, en las fronteras y una vez en los países de llegada.

Esta Comunicación prosigue la labor de la Agenda Europea de Migración y la Comunicación sobre el estado de ejecución de las medidas prioritarias en el marco de la Agenda Europea de Migración. Se apoya en los progresos realizados merced al Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), conforme se indica en el Documento de trabajo adjunto a la Comunicación. Se alimenta, además, de los resultados del 10.º Foro Europeo para los Derechos de la Infancia organizado por la Comisión en noviembre de 2016 y del seminario «Lost in Migration» impartido desde enero de 2017, en los que se ha insistido en la necesidad de medidas urgentes específicamente destinadas a proteger a los niños y niñas migrantes.

En ella la Comisión propone una serie de ámbitos prioritarios en los que los Estados miembros, respaldados por la propia Comisión y las Agencias de la UE, habrán de centrarse para mejorar la protección de los niños migrantes y asegurar una conexión más estrecha entre los servicios de asilo y los de protección de la infancia:

• Rápida identificación y protección a la llegada.

• Condiciones adecuadas de acogida de menores.

• Determinación rápida del estatuto y sistemas de tutela efectiva.

• Dar sistemáticamente prioridad a los casos de menores, Incluida la reubicación de menores no acompañados desde Grecia o Italia.

• Soluciones duraderas y medidas de integración precoz.

• Lucha contra las causas profundas y protección de los niños en las rutas migratorias externas a la UE.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 36. Sistemas de financiación de entes territoriales.

Se propone la devolución al Gobierno del Presupuesto de la Secciones 36 porque no responden a los objetivos y prioridades que deben regir en este Ministerio, especialmente en lo que se refiere a la cooperación local del Estado con los Entes locales, donde apenas hay partidas y proyectos para dotar de más recursos a los entes locales que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que están infradotadas para las competencias que mantienen.

En este sentido, son muy evidentes los déficits de financiación y la injusticia de la financiación que reciben tanto los entes locales, los ayuntamientos, como las comunidades autónomas. Tenemos un sistema completamente agotado y es imprescindible proceder a su reforma y a su modificación. No solo eso, sino que durante estos años la política del Gobierno del Partido Popular ha sido de vulneración de la autonomía de los entes locales, de invasión permanente e intento de limitación y control, con el objetivo de convertir a los gobiernos locales en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real.

La sección 36 trata relaciones financieras con entes territoriales y sus sistemas de financiación, una sección que debería impulsar la cooperación con los entes locales y, también, contribuir al desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas y al desarrollo de los mecanismos de cooperación y colaboración con las autonomías. Sin embargo, lo que se ha hecho estos años ha sido todo lo contrario, hemos perdido calidad democrática y ha habido un retroceso, una recentralización en todos estos ámbitos.

En términos generales, estos presupuestos siguen en la senda impuesta por el Gobierno en los últimos años, la de dividir el país con sus políticas. Son unos presupuestos que un año más se hacen con un sistema de financiación que hace 5 años tendría que haberse reformado y que también se ha demostrado agotado, pues no garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia y la autonomía. No resuelven los problemas estructurales de la autonomía local. Porqué el problema es la irracional regla de gasto, resolver el tema del endeudamiento, las limitaciones en la contratación de personal y no más parches. Y es imprescindible un nuevo modelo de financiación local, para garantizar la autonomía y la suficiencia financiera de los entes locales. Las aportaciones a las entidades locales son insuficientes y todavía están lejos de las recibidas con anterioridad al estallido de la crisis económica. Por poner solo un ejemplo, la dotación para 2018 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y local destinada a las entidades locales es sigue siendo un 8 % inferior a la de 2011.

En relación a las comunidades autónomas, el sistema de financiación debe establecer como máxima prioridad garantizar y proteger los Servicios Públicos Fundamentales (SPF), algo que estos presupuestos no cumplen. El Fondo dedicado a estos SPF no garantiza la financiación necesaria para cubrir los servicios públicos básicos de las comunidades autónomas de acuerdo a sus necesidades de gasto. Por otra parte, el Fondo de Compensación Interterritorial sigue siendo insuficiente y los criterios de reparto no son claros y no permiten una territorialización atendiendo a las necesidades de inversión productiva y social de las comunidades autónomas.

Perpetúan la brecha social con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones; no aprovechan el crecimiento económico para mejorar la redistribución de la riqueza y hacer frente a las urgencias sociales. Estos presupuestos siguen sin dar respuesta a las urgentes demandas de la ciudadanía que sigue sufriendo la crisis y lo único que hacen es dar continuidad al proyecto re-centralizador del Gobierno, con un objetivo muy claro: recortar el Estado social —que buena parte gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos—, y aumentar el Estado central, reduciendo el autogobierno de comunidades y ayuntamientos. Su modelo ideal sería que las comunidades autónomas fueran una especie de grandes diputaciones provinciales sin competencias reales para actuar, y querrían convertir a los Gobiernos locales en entes administrativos, en ventanillas administrativas sin capacidad política real.

Por último, cabe apuntar que por primera vez se ha llevado a cabo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, interviniendo por completo el autogobierno de una Comunidad Autónoma, Catalunya, muy probablemente contraviniendo las normas y la Constitución. Es un gesto que demuestra claramente la incapacidad de este Gobierno para dar respuesta al problema territorial y al agotamiento del Estado autonómico.

Por todo ello, El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta esta enmienda de devolución de la Sección 36 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD)

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GPPOD), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la Sección 60. Seguridad Social.

Las reformas de las pensiones aprobadas en 2011 y 2013 han tenido como consecuencia el empobrecimiento progresivo de la población jubilada. Hoy más de la mitad de las pensiones ya están por debajo del SMI (42 % entre las de jubilación).

Ambas reformas, la de 2011 y la de 2013, sin embargo, plantean la cuestión exactamente al revés. Partiendo de una restricción autoimpuesta a priori (las pensiones contributivas solo se deben financiar con la recaudación por cotizaciones sociales, a los tipos efectivos actuales) diseñan mecanismos (factor de sostenibilidad, índice de revalorización, retraso en la jubilación, ajustes en la forma de calcular la pensión inicial) para asegurar que el gasto en pensiones se ajusta a esos recursos.

Si en algún momento hay déficit, o la población jubilada aumenta o se hace más longeva, la respuesta es evidente: se recortan las pensiones, aunque esto contradiga el verdadero objetivo que debe perseguir el sistema. Una vez que la inflación se ha recuperado en 2017, la aplicación de la revalorización mínima del 0,25 %, permitida por el Índice de Revalorización de las Pensiones, conlleva una reducción gradual del valor real de las pensiones actuales.

El artículo 50 de la Constitución Española viene a establecer la obligación de los poderes públicos a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Sin embargo, estas reformas implican una reducción de las pensiones medias al reducir el gasto en pensiones hasta hacerlo converger con los ingresos que actualmente tiene la Seguridad Social por cotizaciones (como porcentaje del PIB).

Para atender el mandato constitucional de suficiencia de nuestras pensiones hay que garantizar los recursos necesarios para que las pensiones sean adecuadas y se actualicen, de modo que (como establece la Constitución) la inflación no les haga perder poder adquisitivo.

La inmediata derogación del índice de revalorización aplicado por el gobierno del Partido Popular es financiable a través de la derogación de las reformas laborales del Gobierno, origen de buena parte del déficit que sufre la Seguridad Social. Si bien los factores demográficos tienen un impacto innegable, el origen de este déficit se encuentra principalmente en los efectos de la crisis (al haber menos empleo), y especialmente en las políticas de devaluación salarial aplicadas (al reducirse el salario y por tanto las bases de cotización por cada afiliado).

Como recoge el Informe del Defensor del Pueblo Crisis económica y desigualdad social en su Informe anual 2017, «La evolución del fondo de reserva experimentó un giro intenso a partir de 2012. Los ingresos sufrieron un descenso muy acusado, especialmente grave ese año y el siguiente. La principal causa de esta caída tan aguda de los ingresos por cotizaciones fue la evolución salarial. Téngase en cuenta que, a pesar de que la destrucción de empleo fue fuerte esos dos años, no alcanzó el grado de intensidad de 2008 y 2009; mientras que el ritmo de caída de los ingresos en 2012 y 2013 llegó a triplicar las tasas negativas registradas al comienzo de la crisis.

Dicho de otra forma, durante el período 2008-2011 la caída de los ingresos se explica de manera casi íntegra por la caída del empleo. Pero a partir de 2012 la evolución de los ingresos está directamente vinculada a la caída de las bases de cotización. Son los salarios los que explican la reducción del nivel de ingresos. Su caída en 2013 y 2014 es muy superior a la reducción de la afiliación, lo que indica que las bases de cotización se deterioran. Y cuando los ingresos vuelven a mejorar en 2014 y 2015, lo hacen por debajo del crecimiento de la afiliación, poniendo de manifiesto nuevamente la erosión de las bases medias de cotización en dichos años».

Otros factores con incidencia negativa sobre el fondo de reserva han sido el aumento de la parcialidad en la contratación (ocupa en torno al 20 % de la afiliación a la seguridad social) y la financiación de las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por el Gobierno, que no son compensadas y por tanto suponen una notable merma en los ingresos.

Este déficit puede reducirse —a la vez que se actualizan las pensiones con el IPC— con una política económica que asegure un crecimiento suficiente del empleo de calidad, junto a otras vías para reforzar las cotizaciones: una vuelta a la participación de los salarios en la renta que había en 2008 (aumentaría los ingresos por cotizaciones en 0,6 puntos del PIB), el destope de las cotizaciones para los salarios más altos (otros 0,6 puntos) y el abandono de las reducciones a las cotizaciones como política de empleo (0,2 puntos del PIB).

Para financiar este mayor gasto en pensiones será necesario —junto a las anteriores medidas para reforzar las cotizaciones— que se amplíe la financiación del sistema, vía impuestos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas pensiones ya no alcanzan un nivel suficiente, y a eso habrá que añadir el efecto negativo de las reformas de 2011 y 2013, salvo que se reviertan. Particularmente, derogar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad es completamente necesario, y económicamente sostenible. Cabe destacar que en el marco de la Unión Europea, con la excepción de Irlanda, las pensiones se revalorizan respecto a la evolución de los precios o de los salarios.

El sistema parte ya de un déficit aproximado de 18.000 millones de euros, que fundamentalmente se deriva de las consecuencias sobre los ingresos por cotizaciones de la crisis (menos afiliados) y de las políticas de devaluación salarial. Por tanto, las medidas para recuperar las cotizaciones son esenciales para reducir este déficit.

Las bajas tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby-boom aumentarán el peso de la población mayor de 65 años. Sin embargo, contrariamente a lo que se dice, esto no hace inevitable la bajada de las pensiones si se aplica una política económica correcta que garantice que España converge con las tasas de empleo que ahora ya existen en otros países europeos (es decir, que son perfectamente alcanzables). La tasa de dependencia económica total no aumentaría, y aunque el gasto en pensiones sobre el PIB se incrementará (una consecuencia lógica del aumento de la población en esa edad) nos pondría en un nivel similar al que tienen países europeos.

Los presentes presupuestos siguen sin enlazar las pensiones al IPC, y por tanto, sin asegurar que las pensiones no pierden poder adquisitivo. Es necesaria la derogación del factor de sostenibilidad. Actualizar las pensiones en 2018 costaría menos de lo que ha costado el rescate de las autopistas.

En vez de ello, la medida que proponen para reducir el pago por IRPF no tiene efecto alguno sobre las pensiones más bajas, ya que se concentra en los tramos medios y más altos. Frente a ligar la actualización al IPC que beneficiaría a todos los pensionistas, concentran la reducción de IRPF en los tramos más altos, donde menos pensionistas hay.

El problema de las pensiones más bajas se resolvería con un Plan de Garantía de Rentas que hiciera que nadie cobrara en España por debajo del SMI. Seguir poniendo parches e improvisar al calor de las movilizaciones no permite atajar el problema de la multiplicidad, fragmentación e insuficiencia de las rentas mínimas en España.

Es necesario atajar la brecha de género. Las mujeres tienen carreras laborales truncadas, o a veces inexistentes por haberse dedicado al cuidado de tareas del hogar, y eso implica menores pensiones. Recordemos, el 80 % de las pensiones no contributivas son percibidas por mujeres, y estas pensiones no es que estén por debajo del umbral de la pobreza, es que no llegan a la mitad de dicho umbral. Es necesario atajar este problema, y el gobierno no plantea nada al respecto en los presentes PGE.

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS

La resolución del Parlamento Europeo del 20 de octubre de 2010 instaba a los Estados miembros a aprobar programas de suficiencia de rentas para toda la población en situación de pobreza. El Comité de las Regiones, la Confederación Europea de Sindicatos, o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés) han hecho recomendaciones similares. El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 10 de diciembre de 2013 recogían asimismo dicha necesidad como una prioridad de la política pública. La Comisión Europea ha financiado el proyecto EMIN (European Minimum Income) para emitir informes nacionales sobre la conveniencia y viabilidad de implantar dichos programas de suficiencia de rentas. Estos programas, como no puede ser de otra manera, han de incluir a la población española perceptora de pensiones en su nivel asistencial, cuyas cuantías se sitúan muy por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país, y que constituyen precisamente la población socialmente más vulnerable al carecer de rentas y estar incapacitados para obtenerlas por medio del trabajo. Según la encuesta de EUROSTAT para 2016, el umbral de la pobreza en nuestro país se situaba en la cuantía de 9.105 euros al año, lo que equivale a 14 de pagas de 650,35 euros al mes, cuantía muy superior a la pensión no contributiva media por jubilación que se establece para este año en 369,90€ mensuales.

Por lo que las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, en su modalidad contributiva, deberían experimentar en 2018 con carácter general, el incremento correspondiente al incremento real experimentado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el periodo de diciembre de 2015 a abril de 2018.

Respecto a la revalorización de las pensiones más bajas mediante el establecimiento de complementos a mínimos en base al SMI, a los efectos de permitir alcanzar a todas la pensiones contributivas un mínimo de suficiencia de rentas.

Dada la insuficiencia que supone una actualización del 3 % a efectos de garantizar la suficiencia de las rentas de las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, se hace necesaria la vinculación al IPREM de las pensiones no contributivas.

TOPE MÁXIMO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Los destopes de las bases máximas de cotización son una fuente de financiación necesaria e imprescindible para el Sistema de Seguridad Social. Los topes no se justifican porque además aumentan la brecha salarial e incentivan el recurso a vías privadas de protección social. Destopar la base máxima permitiría recaudar entre 5.000 y 8.000 millones de euros, lo que supondría una importante reducción del déficit de la Seguridad Social.

El destope afectaría a grupos profesionales que no estarían cotizando de acuerdo con su capacidad contributiva, trabajadores y trabajadoras que ocupan posiciones estratégicas en las empresas por lo que el incremento de la cotización no tendría una incidencia negativa en su empleo. La medida no implica necesariamente en términos jurídicos que de manera correlativa haya que destopar también la cuantía máxima de las pensiones en una visión estrictamente asegurativa basada en la correlación entre cotización y pensión, sino que se trata de una decisión política que acentúa y refuerza el perfil redistributivo de la Seguridad Social.

El tope de la base de cotización es particularmente injusto y regresivo, porque quienes tienen salarios más altos (hoy por encima de 3.751,20 euros brutos) son solo solidarios en una parte, mientras que quienes ganan menos de dicha cantidad son solidarios al cien por cien. Por otra parte, el crecimiento exponencial de la contratación temporal en nuestro país en los últimos ejercicios evidencia la práctica habitual del uso generalizado de esta forma de contratación, muchas veces en fraude de ley, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y del interés público. Se hace imprescindible por tanto la transferencia de ese coste social a las empresas, mediante el incremento en dos puntos de la cuota empresarial en la cotización por desempleo.

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

En los últimos años los PGE han ido desinflando la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se ha ido viendo recortado desde 2011, por lo que se han ido restringiendo sus prestaciones y dificultado la incorporación de nuevos usuarios. Durante estos años las Comunidades Autónomas han ido realizando un esfuerzo presupuestario mayor ante la reducción de los aportes de la Administración General del Estado. Para garantizar la sostenibilidad del SAAD se hace necesaria la recuperación del nivel mínimo anterior a la reforma de la Ley de Dependencia de 2012.

Desde la anulación de la cobertura de las cotizaciones a la Seguridad Social de cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas en situaciones de dependencia y la configuración de la afiliación voluntaria de estas, presente en la Ley de Dependencia, por medio del Real Decreto 20/2012, se han dado de baja más de 163.000 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que se corresponde con el 94 % de los cuidadores no profesionales de personas dependientes. Esta cotización tiene el objeto de garantizar una pensión digna a todas esas personas que dedican su tiempo a los cuidados, lo que supone un menor coste en este ámbito para las arcas del Estado.

Para ello se hace necesario revertir el carácter voluntario de la afiliación establecido por dicha reforma y la asunción vía PGE de los costes asociados a las cotizaciones.

INCLUSIÓN DE LAS TRABAJADORAS DE HOGAR EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por vía de enmienda, presentada por el Partido Popular durante la tramitación del presente proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha sido introducida la modificada la Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de prorrogar el régimen transitorio de las empleadas de hogar desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de enero de 2024 evitando la integración plena de estas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social.

Parece ser que un periodo transitorio de 6 años para la equiparación de derechos respecto a estas trabajadoras no ha sido suficiente para el Gobierno, el partido político que lo conforma y los partidos políticos que sustentan la presente propuesta de Ley de Presupuestos. En definitiva se pretende seguir sin reconocer el trabajo doméstico como empleo de pleno derecho.

En definitiva dicha modificación del régimen transitorio establecido en la LGSS mantiene las bases de cotización de las trabajadoras de hogar por debajo de sus salarios hasta 2024, manteniendo a estas trabajadoras excluidas hasta entonces, 5 años más de lo que se había establecido, del sistema de «solidaridad» del Régimen General.

De otro lado, se pospone en tal sentido el reconocimiento de los derechos previstos en los artículos 197.4 y 209.1.b) de la LGSS. Es decir, que llegada la hora de la jubilación, aquellas que no han trabajado durante varios meses en los 25 años que se toman para el cálculo de la pensión, se considere que hasta 48 meses se cotizaron por la base mínima, y los restantes por el 50 % de dicha base mínima. Es decir, establece unos mínimos de cotización para esos meses en los que no se haya cotizado, lo cual afecta directamente sobre la pensión de estas trabajadoras.

Ante un escenario de aumento de la desigualdad, la opción de recortes en las políticas y los derechos sociales en su conjunto, lejos de contrarrestar dicho escenario mediante acciones redistributivas, han intensificado la desigualdad en nuestro país, con una especial incidencia precisamente en las rentas más bajas o con una realidad más precaria.

La grave situación actual por la que pasan las pensiones es fruto de la falta de voluntad política para abordar la problemática y el futuro de las pensiones considerando una mayor aportación del Estado a las mismas por esta Ley de Presupuestos, frente a un claro compromiso con el rescate de entidades bancarias y empresas adjudicatarias de autopistas, de las que ya existían estudios previos sobre su falta de viabilidad económica y social.


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