DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 20/06/2017
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DSCD-12-PL-62
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 62
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 60
celebrada el martes,
20 de junio de 2017
- Elección de un sr. diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004:
- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004) ...
(Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 131-1,
de 9 de junio de 2017. (Número de expediente 122/000103) ... (Página7)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 124-1, de 19 de mayo de 2017. (Número de
expediente 122/000098) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas
al estudio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 36, de 21
de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000206) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de
la actual estrategia de ciberseguridad nacional. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie D, número 165, de 2 de junio de 2017. (Número de
expediente 162/000421) ... (Página35)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. (Número
de expediente 173/000032) ... (Página43)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de
Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en materia de guarda y custodia compartida. (Número de expediente
173/000033) ... (Página51)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004:
- Elección de los diputados a los que se refiere el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004)... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página61)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en recuerdo de los
fallecidos en el incendio forestal en Leiria, Portugal, y como muestra de
apoyo y solidaridad con los damnificados y familiares y allegados a las
víctimas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con
arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de
manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y
maternidad, sea debatida en primer lugar, pasando a debatirse en último
lugar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al
Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades
políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía
fiscal.
La Presidencia somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la
sesión de hoy, relativo a la elección de un señor diputado, de
conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de
2004.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
... (Página7)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto;
Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja
Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cantó García del
Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; López de Uralde Garmendia, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
y González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Roldán
Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Alli Martínez y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; y las señoras Honorato Chulián, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea;
Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al
estudio ... (Página27)
Defiende la proposición no de ley la señora Martínez Seijo, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Miquel i
Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de
posición el señor Martínez Oblanca y la señora Sorlí Fresquet, del mismo
grupo; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Lorenzo Torres, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martínez Seijo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la
actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional ... (Página35)
Defiende la proposición no de ley el señor González Terol, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene los señores Martínez
Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para
fijación de posición el señor Salvador Armendáriz, del mismo grupo; y
Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras
Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra el señor González Terol.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción ... (Página43)
Defiende la moción el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guillaumes i
Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de
Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en materia de guarda y custodia compartida ... (Página51)
Defiende la moción la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Galovart
Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alba Mullor, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Carreño Valero, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Hernández, doña
Melisa.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página59)
La Presidencia informa de que la diputada propuesta para la elección de un
señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de
la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de
11 de mayo de 2004, es la señora Robles Fernández.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, se rechaza por 142 votos a favor más 1 voto telemático,
143; 158 en contra y 34 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se aprueba por 334 votos a
favor.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio,
se aprueba por 147 votos a favor, 137 en contra y 50 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de
Ciberseguridad Nacional, con la incorporación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprueba
por 248 votos a favor, 9 en contra y 76 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción, se
aprueba por 167 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de
Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en materia de guarda y custodia compartida, se aprueba por 171 votos a
favor, 158 en contra y 4 abstenciones.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página61)
La Presidencia explica el procedimiento a seguir para realizar la
votación, que será por papeleta, resultando elegido el diputado que
alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados.
Resulta elegida la señora doña Margarita Robles Fernández, con 326 a
favor, 4 votos en blanco y 2 votos nulos.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO:
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señorías, antes de iniciar la sesión del Pleno y por acuerdo de todos los
grupos parlamentarios, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio
en recuerdo de los fallecidos en el trágico incendio forestal que ha
asolado la región de Leiria, en el centro de Portugal. De esta manera, el
Congreso de los Diputados quiere transmitir su apoyo y solidaridad a
todos los damnificados y a los familiares y allegados a las víctimas. En
estos momentos difíciles, las instituciones y los ciudadanos de Portugal
saben que cuentan con la colaboración y la cercanía de todos los
españoles.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1
del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta
Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del
día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que figura en el
orden del día como punto 27, sea debatida en primer lugar, pasando a
debatirse en último lugar la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, que figura como punto 25 del orden del día. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la
modificación del orden del día.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).
La señora PRESIDENTA: Asimismo, esta Presidencia somete al Pleno de la
Cámara la inclusión de un nuevo punto, último del orden del día previsto
para hoy, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con
el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los
Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. ¿Lo acuerda
así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la
inclusión en el orden del día del apartado de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 122/000103).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora la sesión con el punto relativo a
la toma en consideración de las proposiciones de ley; en concreto, la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Para la presentación de la iniciativa,
tiene la palabra la señora De Lara Carbó.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante ustedes una
proposición de ley para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, de 13 de diciembre de 2007, con el único objetivo de
compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas
invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas
áreas que al estar ocupadas desde antiguo su presencia no supone problema
ambiental alguno.
Señorías, las especies exóticas invasoras son una de las principales
causas de pérdida de biodiversidad biológica en el mundo, como lo
atestiguan las medidas desarrolladas en el ámbito del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y en las estrategias y reglamentos desarrollados por
la Unión Europea. En España, con su rica y variada biodiversidad por su
situación biogeográfica, ha sido y es un problema de primer orden tanto
desde el punto de vista biológico como económico. Por ello esta cuestión
ha sido abordada tanto en la citada Ley del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad como en los reales decretos desarrollados por el Gobierno y
en las disposiciones adoptadas por las comunidades autónomas competentes
en exclusiva en la gestión del medio ambiente. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
Silencio, por favor.
Adelante.
La señora DE LARA CARBÓ: Permítanme, señorías, exponerles brevemente los
antecedentes sobre la iniciativa que hoy debatimos. El pasado 14 de
noviembre de 2011, una semana antes de las elecciones generales, el
todavía Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero aprobó un real
decreto en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies
exóticas invasoras, en cumplimiento de la citada ley. La incorporación de
varias especies al listado y catálogo sin tener en consideración la
repercusión social, económica y laboral, los costes de la inacción y las
posibilidades de éxito, como establece el Reglamento de la Unión Europea,
supuso la restricción de ciertas actividades en el caso de la caza y de
la pesca y su aplicación planteó diversas dificultades. Ello motivó la
presentación de diversos recursos por parte de las comunidades autónomas,
que fueron objeto de dos autos del Supremo y de la promulgación del
acuerdo de Consejo de Ministros, ya con un Gobierno del Partido Popular,
que anulaba diversos artículos, disposiciones y el anexo del real decreto
y acordaba iniciar el procedimiento de modificación.
La modificación llega con el Real Decreto del año 2013, que sustituye al
anterior y cumple con el objetivo de dar seguridad jurídica a actividades
relacionadas con las especies exóticas invasoras, como la caza y la pesca
deportivas, solucionando los problemas de aplicación que la normativa
anterior había provocado. La sentencia del Supremo de marzo de 2016, que
anula parcialmente la normativa anterior, ha generado una gran
preocupación por los efectos económicos y sociales que puede producir,
fundamentalmente por cuatro motivos, señorías. Primero, cataloga como
exóticas invasoras determinadas especies no contempladas en el real
decreto, entre ellas algunas que son objeto de caza o pesca deportivas,
como la carpa, el lucio, la trucha arco iris, el black bass y el arruí; y
todo ello implica la prohibición genérica de posesión, transporte,
tráfico y comercio de ejemplares, vivos o muertos, de estas especies.
Segundo, elimina la posibilidad de caza y pesca deportivas de las
especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y
erradicación, lo que supone efectos económicos negativos para municipios
rurales en los que esas actividades deportivas, turísticas y de ocio
tienen una gran repercusión económica. Tercero, dificulta actividades
comerciales e introduce dudas sobre el régimen de alguna de las
explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la
alimentación. Sepan ustedes, señorías, que a día de hoy existe un total
de noventa y tres explotaciones de trucha arco iris y cinco de cangrejo
rojo repartidas por todo el territorio nacional, para que ustedes se den
cuenta de la magnitud del
problema. Y, cuarto, porque la aplicación de la sentencia ha dado lugar a
que muchas de las actividades de pesca recreativa y deportiva
tradicionalmente llevadas a cabo en aguas continentales españolas
quedaran fuera de la ley y ha causado efectos socioeconómicos negativos
en el medio rural en el que se desarrolla la pesca deportiva,
especialmente en aquellas comarcas más desfavorecidas en las que el
turismo relacionado con la pesca constituye uno de sus principales
ingresos. Estamos hablando, pues, señorías, de un asunto especialmente
sensible para las comunidades autónomas como administraciones
responsables de la gestión de estas especies.
Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
proposición de ley, que espero que cuente con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios. Se trata, señorías, de buscar soluciones que
compatibilicen la protección del medio ambiente en la forma que la
sentencia del Tribunal Supremo dispone, con la protección de la actividad
y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial
incidencia en el medio rural. Pretendemos colaborar con las comunidades
autónomas y dotar de cobertura jurídica a los sectores que con la
sentencia se encuentran en una situación no prevista en la normativa. En
definitiva, señorías, se trata de impulsar la modificación de los
artículos relativos a la prevención y control de las especies exóticas
invasoras en la citada Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
teniendo en cuenta la prescripción del Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo, en cuya aprobación participó activamente España, y tal
como se aprobó en la proposición no de ley debatida en la Comisión de
Medio Ambiente del pasado 14 de febrero, que contó con el voto favorable
del Grupo Parlamentario Socialista, entre otros.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular siempre ha mantenido que las
actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y
sostenible aportan considerables beneficios, no solo sociales y
económicos sino también medioambientales y culturales, mantienen un alto
compromiso con la conservación de las especies, tienen profundo arraigo
en nuestras tradiciones y constituyen un sector económico con importante
capacidad de generar renta y empleo en el mundo rural; un mundo rural
que, no dudo, señorías, todos queremos preservar y potenciar. Recuerden,
señorías, que la actividad piscícola factura más de 3000 millones de
euros anualmente y que, desde la aplicación de la sentencia, se ha
producido el cierre del 25 % de los establecimientos relacionados con
ella, cerca del 60 % de las piscifactorías, una caída del 50 % en las
ventas de materiales de pesca y más del 70 % en material náutico y
embarcaciones. Sepan, señorías, que más del 75 % de las contrataciones
turísticas internacionales del sector se han visto canceladas, con el
resultado de que esos turistas se desplazan a otros países. Estamos
cerrando, señorías, las puertas del crecimiento social y económico del
sector turístico de interior que tanto han promovido durante muchos años
muchas de nuestras comunidades autónomas.
Voy a destacar cuatro puntos de la proposición de ley que hoy debatimos.
Primero, la modificación que proponemos tiene por objeto compatibilizar
la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras, con su
aprovechamiento para la caza y la pesca, en aquellas áreas que, al estar
ocupadas desde antiguo, su presencia no ha supuesto ningún problema
ambiental.
Segundo, la modificación que proponemos sigue considerando que las
especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información
científica -repito, para las que exista suficiente información
científica- deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas
áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulga la primera
regulación en la materia, se podrán utilizar todas las modalidades de
caza y pesca para su control o erradicación. Por el contrario, señorías,
fuera de esas áreas queda prohibido el aprovechamiento de pesca o caza
deportiva como forma de desincentivar las sueltas ilegales que se han
seguido produciendo.
Tercero, la modificación que proponemos también regula la acuicultura, de
acuerdo con el Reglamento del Consejo de 11 de julio de 2007, sobre el
uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes de la
acuicultura. Por otra parte, y con el fin de disminuir la presión de la
pesca sobre tramos con trucha autóctona, se podrá permitir la suelta de
trucha arco iris en tramos concretos y con plenas garantías de que sus
poblaciones no podrán asentarse, ya que solo se permitirá la suelta de
ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva.
Señorías, permítanme un inciso sobre la presunta hibridación de la trucha
arco iris con las especies autóctonas. Se trata de salmónidos de distinto
género a los presentes en nuestro medio natural y numerosos estudios
evidencian la separación genética de las especies autóctonas y las
introducidas. Tras masivas sueltas en los ríos españoles desde 1890 no se
ha encontrado una población híbrida intergenérica y viable ni en España
ni en toda Europa y, por ello, ninguno de los veintisiete países de la
Unión Europea tiene considerada la trucha arco iris como especie
invasora. La trucha arco iris sí es una especie invasora
en el Pacífico norte, porque se naturaliza e hibrida con las poblaciones
naturales de allí. Pero no es considerada invasora en Europa porque no se
naturaliza ni se hibrida con las poblaciones naturales.
Cuarto. La proposición de ley que proponemos especifica, asimismo, que en
casos excepcionales debidamente justificados por otros motivos imperiosos
de interés público, incluidos los de naturaleza social y económica, la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que
están representadas todas las comunidades autónomas, podrá dejar sin
efecto mediante acuerdo algunas prohibiciones del párrafo citado, para
que una determinada especie sea catalogada. El acuerdo incorporará las
garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos
sobre la biodiversidad autóctona.
Señorías, en ningún caso la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad supone un retroceso en la lucha contra las especies
exóticas invasoras, en ninguno. Las que fueron objeto de recurso están
incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras, conforme
a lo establecido en la sentencia del Supremo. Repito que el objetivo de
la modificación de la ley es asegurar la lucha contra las especies y un
desarrollo socioeconómico sostenible. La propuesta de modificación está
en línea con el reglamento comunitario que rige la lucha contra esas
especies y se limita a retrotraer la situación a la que existía antes de
la sentencia, cuyo contenido recalcaba la ausencia de un necesario marco
regulatorio superior al real decreto que se cubre con esta iniciativa
legislativa.
El Gobierno de España ha movilizado grandes recursos para luchar contra
aquellas especies que suponen un mayor problema ambiental y económico,
como el jacinto de agua, el mejillón tigre o el caracol manzana. La
modificación propuesta por el Grupo Popular, señorías, está en línea con
el reglamento comunitario y considera que las especies exóticas invasoras
para las que exista suficiente información científica, repito, deben ser
catalogadas; permite utilizar todas las modalidades de caza y pesca en
aquellas áreas ocupadas antes del año 2007, cuando se reguló la materia.
Como requisito obligatorio, las zonas deben ser aprobadas previamente por
las comunidades autónomas respectivas. Prohíbe el aprovechamiento de
pesca deportiva en zonas ocupadas posteriormente a esta fecha como forma
de desincentivar las sueltas ilegales que se siguen produciendo con
frecuencia; regula la acuicultura de acuerdo con el reglamento europeo y
permite la suelta de truchas arco iris, pero solo en tramos muy
concretos.
En resumen, señorías, la sentencia del Supremo que anuló varios preceptos
provocó enormes inconvenientes a muchos municipios y nosotros hemos
defendido -y defenderemos siempre- que la pesca, junto con la caza, son
motores de recursos económicos en zonas desfavorecidas; potencian el
empleo en miles de pueblos que sin la pesca o la caza estarían condenados
a desaparecer. No en vano, uno de los problemas de primer orden
planteados por la Federación Española de Municipios y Provincias, y
reconocido por el Gobierno de España, es el éxodo rural que están
sufriendo más de 4000 pueblos menores de 1000 habitantes que, de no tomar
alternativas, desaparecerán sin remedio. Ante este hecho, es
incuestionable que la caza y la pesca son actividades de desarrollo rural
y dinamización social, como venimos diciendo, porque aportan a estos
pueblos una gran parte de los más de 6000 millones de euros que generan
ambas actividades.
Termino, señorías, y lo hago solicitando el voto favorable de todos los
grupos parlamentarios a la proposición de ley. Son miles las familias
españolas que están pendientes hoy de la votación que se va a producir al
finalizar el pleno; les solicito, señorías, que no les defraudemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Propone el Grupo Parlamentario Popular la toma en consideración de la
modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con
el objetivo que Foro comparte de proporcionar mayor seguridad jurídica a
las actividades relacionadas con la caza y la pesca deportiva,
solucionando los graves problemas de aplicación que la normativa vigente
está provocando a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en
marzo del pasado año, a instancias de diferentes grupos y asociaciones
ecologistas, determinados puntos del Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto, aprobado por el Gobierno. Una sentencia que incorporó en el
catálogo de especies exóticas invasoras, entre otras -y por citar dos muy
significativas-, la carpa común y la trucha arco iris, impidiendo la
posibilidad de su pesca deportiva así como invalidando disposiciones
sobre determinadas actividades que en la práctica supone la prohibición
genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o
muertos, incluyendo su comercialización.
La sentencia del alto tribunal implica también la anulación de diversas
disposiciones adicionales y transitorias del real decreto que reconocen o
facilitan actividades empresariales o deportivas en relación con especies
catalogadas, lo que implica el desequilibrio medioambiental por el más
que previsible aumento de población de estas especies a costa de las
autóctonas, un quebranto para las miles de empresas que proporcionan
productos y servicios en torno a la caza y pesca deportiva, la ruina para
muchos pueblos y un perjuicio para los aficionados que, una vez más, se
convierten en damnificados.
Estamos ante una decisión que precisa una urgente modificación
legislativa, porque de lo contrario iría -como tantas y tantas otras
veces- en detrimento de cazadores y pescadores, que son los que permiten
combatir y corregir la invasión de especies exóticas que con el tiempo
-de no controlarlas e incluso protegiéndolas- acaban convirtiéndose en
plagas de depredadores que están diezmando dramáticamente las poblaciones
de nuestra fauna ibérica, incluso con grave afectación para la vida de
agroganaderos y para el medio rural. Véase en Asturias lo que está
sucediendo con los daños a nuestra pesca tradicional de salmón y trucha.
El voto de Foro será a favor de la toma en consideración de la
modificación de esta ley para habilitar un mecanismo excepcional cuando
exista interés público, garantías para que no se produzcan efectos
negativos sobre nuestra biodiversidad y el levantamiento de diversas
prohibiciones genéricas que se están aplicando confusamente a varias
especies catalogadas como exóticas invasoras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, Compromís no va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero
agradecemos al grupo proponente, al Partido Popular, la claridad que ha
mostrado en la exposición de motivos, ilustrándonos sobre cuáles son las
finalidades que realmente encierra esta proposición. Porque aquí estamos
ante un intento de deslegalizar el régimen protector frente a las
especies exóticas invasoras. La Ley 42/2007, con todas sus
imperfecciones, proveyó por lo menos de un marco legal al que ahora se le
quiere dar la vuelta estableciendo una excepcionalidad al gusto, ad hoc,
porque aquí tenemos el artículo 64, que ya preveía en su párrafo tercero
una serie de excepciones de carácter objetivo y ahora se le quiere añadir
otro párrafo para establecer una serie de derogaciones singulares del
régimen protector, derogaciones singulares que afectarán a una serie de
especies, pero no sabemos a cuáles, no se dice a cuántas y tampoco se
dice con qué limitación temporal podrá hacerse esa derogación singular.
Todo esto provoca una enorme inseguridad jurídica, que entiendo que es lo
último que desde esta Cámara nosotros deberíamos propiciar. Entendemos
que además no es procedente que la concesión de esas derogaciones
singulares venga deferida a la Comisión estatal para el patrimonio
natural y la biodiversidad, contemplada en el artículo 7 de la Ley
42/2007, porque esta comisión, como dice la ley, tiene un carácter
consultivo y sus funciones son, como recuerda el artículo 2 del Real
Decreto de su creación, del año 2008, impulsar, proponer y promover, pero
en ningún caso son las de asumir el papel del legislador, más aún cuando
al no proponerse correlativamente una reforma del artículo 7 de la ley no
sabemos cómo se ejercerán esas funciones bajo la tutela de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente que ahora, en el artículo 7 de la ley, sí que
se prevé que será el organismo que supervisará los informes de esta
comisión estatal.
En definitiva, vemos que se abriría la puerta con la toma en consideración
de esta proposición a una evidente arbitrariedad, a una deslegalización
de la materia y esto es algo que nosotros en Compromís no vamos a apoyar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente. Desde el Partit Demòcrata vamos a apoyar esta
iniciativa inicialmente. Entendemos que hay una situación provocada por
una reciente sentencia del Tribunal Supremo que se
debe afrontar. No obstante, ya les avanzamos que vamos a presentar
enmiendas respecto a la modificación de cuatro artículos de esta la Ley
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Entendemos que hay aspectos que son mejorables. Evidentemente, la caza y
la pesca son sectores que se deben proteger, que son importantes también
en determinados ámbitos desde el punto de vista económico, pero no
debemos perder de vista que también debemos proteger, y esa es la función
de la ley, nuestro patrimonio natural. Esta ley fue de las pioneras en
Europa y entendemos que se debe mejorar, debe generar seguridad jurídica,
debe respetar -y no digo que no lo haga con el planteamiento inicial- las
competencias de cada una de las comunidades autónomas y debe dejar margen
para que cada una de las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de
competencia, pueda decidir lo que entiende que sea mejor para su
patrimonio natural, para la caza, la pesca y la economía de aquella zona.
Por tanto, nosotros, siguiendo la tradición de nuestro grupo, vamos a dar
nuestro voto favorable para que se pueda tramitar. No nos vamos a oponer
a este trámite, pero ya les avanzamos que seguramente vamos a presentar
enmiendas sobre algunos aspectos y lo hará mi compañero Toni Postius, que
va a ser el encargado de seguir esta iniciativa legislativa.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta
No voy a extenderme porque tampoco es obligatorio consumir todo el tiempo.
En cualquier caso, tampoco creo que tenga excesiva trascendencia este
asunto. Lo ha explicado muy bien la proponente; se puede estar de acuerdo
o no, pero la explicación ha sido clara, como ha dicho el señor Bataller,
aunque yo no coincido en su totalidad con la versión íntegra del diputado
de Compromís.
El cambio normativo que propone el Grupo Popular lo vamos a abordar
atendiendo a dos aspectos: el metodológico y el que concierne al
contenido del mismo. En cuanto al metodológico, no seré yo el que
defienda los decretos-leyes, pero en cualquier caso extraña que, siendo
una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de agosto del año
pasado y tratándose de un asunto, como ustedes dicen, especialmente
sensible para las comunidades autónomas como administraciones
directamente responsables de la gestión de esta especie y de la
regulación de la actividad cinegética y piscícola, no hayan tramitado el
asunto por un decreto. Digo que me extraña; no que lo defienda, sino que
me extraña porque suele ser así, as usual. O también mediante un proyecto
de ley del Gobierno, porque justificar cómo eludir este procedimiento por
la demora que supondría su elaboración en sede gubernamental y posterior
tramitación parlamentaria no le voy a decir que no tenga sentido, pero
hay un poquito de falta de respeto para lo que supone esto. Sería mucho
más eficiente aprobarlo de otra manera. En cualquier caso, han
aprovechado que tienen los votos que tienen y lo traen como proposición
de ley de su propio grupo para cambiar una ley. No es muy común ni
corriente, pero aquí está.
La urgencia sí tiene cabida porque todos conocemos la situación en la que
se encuentran muchos ámbitos rurales, los cuales viven de la actividad
piscícola e incluso de la cinegética y esta sentencia del tribunal está
generando un problema en los mismos. Está claro que la sentencia del
Tribunal Supremo de agosto de 2016 anula algunas disposiciones del Real
Decreto 630/2013 aludiendo a que el mismo incumple lo que se ha dicho
aquí y que la única solución para paliar esta situación es modificar
dicha ley. Lo que pretende esta modificación, además de controlar y
erradicar las especies exóticas invasoras por parte de la Administración,
es que también la caza y la pesca se conviertan en herramientas válidas
para ello. Eso es lo que se plantea aquí y la ley propone que en las
áreas ocupadas por dichas especies exóticas invasoras antes del año 2007
se pueda cazar y pescar para su control y teórica erradicación. Y como se
ha dicho, también se autoriza la suelta de truchas arcoiris en ciertos
tramos y espacios.
Puede haber diferentes opiniones, pero la pregunta que nos hacemos es la
siguiente. Está claro que este cambio beneficia. Económicamente sí. No se
puede ocultar y no creo que sea ningún anatema decir que beneficia
económicamente a ciertos sectores, puesto que son sectores que han
sufrido ciertos reveses, dentro del ámbito del ocio, del turismo, de la
restauración, de la hostelería, etcétera, que se genera en torno a la
actividad de la pesca en ciertos lugares y de las industrias auxiliares
que se dedican al material deportivo, etcétera. La pregunta es:
¿Cambiando esto perjudicamos al medio ambiente? ¿Y si no perjudicamos al
medio ambiente, por qué vamos a perjudicar a otra serie de actividades
que no generan ningún problema? También coincido con la opinión del señor
Bel. ¿Por qué nos vamos a oponer a que se tramite? Si lo tomamos en
consideración a partir de este punto, todos los grupos tendremos
oportunidad
de presentar las enmiendas que estimemos oportunas. Lo que nos gustaría es
que las comunidades autónomas, como son competentes en esta materia,
también pudieran tener acceso y capacidad para decidir ese catálogo de
especies. Por tanto, la toma en consideración nunca es negativa; en este
caso no lo es. Nuestro grupo, siguiendo la línea que hasta ahora ha
seguido y entendiendo que desde una perspectiva de sentido común no
existen perjuicios para la naturaleza -porque no creo que haya perjuicios
para el medio ambiente-, vamos a tomar en consideración esta modificación
de la ley y vamos a apoyar esta proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el
señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, podemos compartir la idea de fondo de que hace falta la mejora y
actualización de la gestión actual sobre las especies exóticas invasoras.
Ahora bien, sinceramente creemos que esta nueva modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, está hecha a medida fundamentalmente para continuar
justificando los intereses del sector cinegético y las presiones de los
colectivos de caza y pesca deportivas. Recuerden que en 2016 el Tribunal
Supremo dictó una sentencia sobre la regulación del catálogo español de
especies exóticas invasoras, dando la razón en partes fundamentales a las
asociaciones de defensa de la naturaleza y, por ende, a la comunidad
científica, reincorporando al catálogo varias especies y eliminando
determinadas disposiciones. La sentencia desde entonces ha generado un
llamativo rechazo entre determinados colectivos, los cuales han
solicitado que se modifique la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en lo que afecta a especie exóticas invasoras. Este es el
punto que estamos tratando.
Por lo tanto, esta proposición pretende modificar dicha ley para que se
pueda seguir liberando especies exóticas e invasoras en contra de lo
establecido por la normativa vigente y en contra de la propia sentencia
del Tribunal Supremo. Así se demuestra, por ejemplo, con la adición del
artículo 64 ter, que establece que, con el fin de disminuir la presión de
pesca sobre los tramos con trucha autóctona, se podrá permitir la suelta
de truchas arcoíris en tramos concretos y con plenas garantías de que sus
poblaciones no podrán asentarse, ya que solo se permitirá la suelta de
ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva, una propuesta que
sinceramente no parece que se haya basado en criterios científicos, ya
que no se entiende cómo no han tenido en cuenta aspectos tan básicos como
la competencia que se establece entre las dos especies que comparten un
mismo nicho ecológico y que afecta a aspectos tan importantes como el
propio hábitat o la alimentación.
Tampoco tiene ningún sentido si ha sido introducida o no una especie antes
o después de 2007. El tema es si es autóctona o no lo es, no cuándo ha
sido introducida. En la modificación de la ley se sigue considerando que
las especies exóticas invasoras, para las que existe suficiente
información científica, deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en
aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó
precisamente la primera regulación de esta materia, se puedan utilizar
todas sus modalidades de caza y pesca para su control o erradicación. Un
ejemplo: la introducción del siluro es anterior a 2007. Desde su
introducción en el embalse de Mequinenza en 1974, precisamente para la
actividad de la pesca, se ha extendido por otros puntos de la cuenca del
Ebro, a lo largo del río Ebro y de sus afluentes, especialmente el río
Segre. La introducción del siluro supuso en su momento la total
desaparición del barbo, que era una especie abundante hasta
aproximadamente el año 2005 en el cauce medio del Ebro, produciendo un
cambio en la ecología del río en forma de un gran desarrollo de
vegetación acuática, sargazos y algas. He oído que en principio antes de
2007 eran especies adaptadas que no suponían ningún peligro ambiental
para las cuencas donde estaban. Aquí sí. Hoy Mequinenza es un gran centro
de actividad de pesca del siluro y, por lo tanto, supone una gran
actividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que entender esto como una
perpetuación de la actividad de pesca sobre un entorno ambientalmente
destruido? Reconocemos la importante función que puede tener la actividad
cinegética en la gestión ambiental, siempre y cuando esta se supedite a
las exigencias ambientales. Eso es importante. Como ya ha indicado el
Tribunal Supremo, la caza y la pesca por sí mismas no pueden garantizar
la erradicación de las especies sobre las que se practica, ya que su
objetivo es el mantenimiento indefinido de estas actividades deportivas
y, por tanto, de estas especies. Aquí está la contradicción.
El punto más preocupante quizás y que como grupo hemos visto más peligroso
es el que deja la puerta abierta a la excepcionalidad como norma, y me
explico. En el punto 3 del artículo 64 se incluye el
siguiente párrafo: En casos excepcionales debidamente justificados por
otros motivos imperiosos de interés público, incluidos los de la
naturaleza social o económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo,
algunas prohibiciones del párrafo anterior para una determinada especie
catalogada. El acuerdo incorporará las garantías necesarias para asegurar
que no producirán efectos negativos sobre la biodiversidad autóctona.
¿Supone esto un nuevo caso de regularización y desprotección del medio
natural del Gobierno del Partido Popular en pro de los intereses
particulares? Recuerden que en la Comisión hicimos constar que durante
este último periodo lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular ha
sido desregularizar todas las leyes de protección de la naturaleza, y
esto vendría a ser un elemento más.
Por todo ello, compartimos los planteamientos recogidos en el documento de
posicionamiento de las entidades en defensa de la naturaleza, que
establecen que, sin tener que abordar cambios legislativos que serían
contraproducentes y que crearían aún más inseguridad jurídica, puesto que
serían previsiblemente recurridos, es necesario articular soluciones y
propuestas a medida para cada especie y situación. Evidentemente la Ley
42/2007 supone una buena ley de bases y un avance al respecto, que en
todo caso permite gestionar las particularidades, unas particularidades
que las comunidades autónomas ya contemplan en su marco competencial y
que se recogen en el punto 6 del artículo 64. Reza así: Las comunidades
autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer
catálogos de especies exóticas invasoras, determinando las prohibiciones
y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su control
o erradicación. Por todo ello, votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó
García del Moral.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, querríamos expresar nuestra solidaridad con las víctimas
del pavoroso incendio que se ha declarado estos días en Portugal. También
deseamos a los heridos una pronta recuperación y muchísima suerte a todos
los efectivos que están colaborando en la extinción de estos incendios,
especialmente a los bomberos y a los miembros del ejército español que de
forma generosa se han dirigido a nuestro país vecino y hermano para
ayudar en todo lo que tiene que ver con las tareas de extinción. Una vez
más hacen que nos sintamos orgullosos de ellos. (Aplausos).
Esto nos debe hacer reflexionar, porque hemos de recordar que no estamos a
salvo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No estamos a salvo de algo tan peligroso
como esto y quisiéramos recordar desde Ciudadanos que es importante
trabajar mucho más todavía en la cultura de la prevención y no tanto en
la extinción; en la limpieza de nuestros bosques, en el aprovechamiento
de la biomasa, en fomentar la agricultura y la ganadería de montaña, que
ejercen de cortafuego, que fijan nuestra población rural... En fin, en
estos momentos hay varios fuegos activos en nuestra geografía y todavía
ni siquiera es verano. Tenemos que hacer mucho entre todos para que cese
algo tan peligroso como esto.
El problema de las especies exóticas al que nos vamos a referir ahora es
un problema muy grave medioambientalmente, pero también económicamente
hablando: el alga asesina que invade el Mediterráneo, la almeja asiática
o el mejillón cebra que incluso ponen en peligro algunas infraestructuras
hidráulicas, el cangrejo americano, la hierba de la pampa, el mosquito
tigre, el picudo rojo, el visón americano, la cotorra argentina, el árbol
ailanto, los mapaches, el camalote o jacinto de agua... Señorías, la
lista crece y crece cada año más y todas estas especies están poniendo en
peligro nuestros ecosistemas ante la pasividad de unas administraciones
que no hicieron nada para evitar que nos invadieran y que ahora están
completamente desbordadas y obligadas a realizar enormes esfuerzos
económicos del dinero de nuestros impuestos para neutralizar sus
peligrosos efectos. Antes hablábamos de incendios. Hay muchos incendios
que se están declarando también en zonas afectadas que están pobladas por
una masa forestal que no es autóctona y que es mucho más proclive a estos
desastres.
Los anteriores Gobiernos no han hecho nada para arreglar este problema y
ahora el Partido Popular nos trae una propuesta para poner un mínimo
parche que, con todos nuestros respetos, nosotros creemos que no
arreglará de ninguna forma un problema que cada vez es mucho mayor.
Debemos hacer mucho
más, señores del Partido Popular, en prevención para evitar que estas
especies provoquen en tan poco tiempo los males a los que nos estamos
acostumbrando. Es muy difícil recorrer el Mediterráneo sin entristecerse
ante el desfile de cadáveres de palmeras descabezadas. Es muy complicado
navegar ya en algunos ríos del centro y del suroeste de nuestro país que
están cubiertos por camalotes o jacintos, que es una flora que impide que
la flora y la fauna autóctonas, que ya estaban seriamente amenazadas en
nuestros ríos, se desarrollen, que invaden ahora y que ponen en peligro
nuestros canales y nuestras acequias. Pregúntenles a los ibicencos lo que
están teniendo que hacer ahora para luchar contra la invasión de
serpientes que vienen, igual que vino el picudo rojo por aquellos árboles
que dejamos exportar -y de nuevo hablamos de prevención- sin ningún
control fitosanitario, que es lo que deberíamos hacer en vez de traer
estas chapuzas parlamentarias que nos han traído ustedes hoy.
¿Por qué una proposición de ley, señores del Partido Popular? Porque el
Gobierno no puede traer un proyecto de ley, una ley que debería venir
acompañada de unos informes técnicos que, como no puede ser otra forma,
serían negativos y ustedes lo saben. Por eso acuden a este trámite,
parche parlamentario, porque, ¿nos podría explicar qué opina el comité
científico del ministerio sobre esta propuesta? ¿Nos lo podrían explicar?
¿Nos podrían explicar por qué proponen una fecha como la del 2007,
mágica, para diferenciar unas especies invasoras de otras? ¿Conocen
realmente cuáles son las áreas de distribución de esas especies antes de
2007? Yo estoy convencido de que no, no; sé que no. Y además, al final
ustedes van a dejar que sean diecisiete normativas diferentes las que
decidan sobre esta gestión, diecisiete normativas diferentes. Cuéntenselo
a la flora y a la fauna de nuestro país, señores del Partido Popular;
explíquenle a la cotorra argentina, al siluro, al jacinto de agua dónde
podrán y dónde no podrán ser cazados o pescados. Explíquenselo de paso a
la bancada que está a mi izquierda, que cada vez es más
plurinacional-asimétrica, y que cada vez se diferencian menos los señores
de Podemos y PSOE, ahora son bolivarianos frente a bolivianos; cada vez
se van acortando un poquito más las diferencias. (Risas.-Aplausos).
Ya sé, señores del PNV, que las comunidades autónomas son competentes en
este problema, pero lamentablemente las comunidades autónomas se han
mostrado igualitas al Gobierno central, es decir, incompetentes para
solucionar un problema que cada vez es más grave y que está obligándonos
a hacer un desembolso económico cada vez más grande.
Nos consta que el medio ambiente no está entre sus preocupaciones, señores
del Partido Popular, pero por eso yo querría ponerles un ejemplo que es
exactamente el contrario del que nos traen ustedes aquí. Hoy nos hemos
visto las caras; hoy nos hemos visto ustedes, el PSOE, Podemos, había
algún partido más, también estaba Compromís, junto con un grupo que se
llama Oceana, que ha hecho un buen trabajo de lobby, ha venido aquí con
nosotros y se ha tirado varios meses trabajando para que entre todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara presentáramos un proyecto que dotara
por primera vez de mejores parques naturales marítimos a nuestro país y
que mejorara alguno de los que ya existían. Esa es una buena forma de
hacer el trabajo parlamentario, no la que están ustedes haciendo aquí.
Nos han vendido, y algunos otros grupos han dicho que esto es necesario
para que algunas actividades económicas se sigan manteniendo en el mundo
rural. No es cierto. No tomen el pelo a los cazadores o a los pescadores
de nuestro país, esto no va a darles ninguna seguridad jurídica, volverán
a tener problemas, porque esto es un parche, una chapuza que ustedes
están presentándonos aquí. Repito, estamos por mantener algunas
excepciones, estamos por que algunos sectores puedan seguir pescando y
cazando, pero, por favor, hagamos bien nuestro trabajo parlamentario.
Solo para acabar, repitan con nosotros, señores del PP: más consenso,
mejor trabajo parlamentario, más criterio científico y no tanto criterio
oportunista y político, menos imposición, porque los españoles, y
especialmente nuestro medio ambiente, se lo agradecerán y mucho.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor Cantó, el mosquito tigre aunque entre por Cataluña no es catalán.
Hablamos de especies que vienen de muy lejos.
Nuevamente con esta proposición de ley el Partido Popular nos plantea la
modificación de una ley de protección ambiental con la excusa de promover
alguna actividad de índole económica... (Rumores).
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: En este caso se trata de la Ley
42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero ya hemos sufrido,
especialmente en la legislatura en la que el Partido Popular tuvo mayoría
absoluta, la modificación a la baja del resto de leyes que protegían
nuestro medio ambiente. Es lo que algunos han llamado la contrarreforma
ambiental del Partido Popular. Así ocurrió, en primer lugar, con la Ley
de Montes, que modificaron para eliminar la prohibición de construir en
zonas incendiadas. Lo hicieron también con la Ley de Costas, dando
sesenta años más de concesión en el dominio público marítimo-terrestre a
construcciones, algunas bien conocidas aquí porque ya hemos hablado de
ellas como la papelera ENCE en Pontevedra, por ejemplo. También
modificaron la Ley de Impacto Medioambiental para, entre otras cosas,
facilitar la introducción de una actividad como el frucking. La Ley de
Parques Nacionales para permitir la caza en el interior de los parques
nacionales. En definitiva, hemos sufrido una auténtica contrarreforma
medioambiental. Quedaba una ley del cuerpo legislativo del medio ambiente
que modificar y es la Ley de Biodiversidad y hoy nos trae el Partido
Popular la propuesta de modificación de esa ley, es decir, para culminar
esa contrarreforma de la legislación ambiental en nuestro país.
Nosotros vamos a votar que no a esta propuesta del Partido Popular y lo
vamos a hacer por tres motivos. En primer lugar, porque creemos que es el
momento de frenar esa contrarreforma medioambiental y de empezar a
construir una nueva legislación, un nuevo cuerpo legislativo, que culmine
con la auténtica protección de nuestro medio ambiente. En segundo lugar,
porque esta modificación que propone el Partido Popular, en contra de lo
que han dicho algunos oradores anteriores, afecta indudablemente al medio
ambiente; cómo no va a afectar al medio ambiente que se facilite la
introducción de especies exóticas que están catalogadas como tales y
cuyos daños están perfectamente documentados y científicamente valorados.
En tercer lugar, porque, como ya se ha dicho también, hay otras
soluciones alternativas a la modificación de la ley para poder hacer
frente a los problemas que pueda generar la existencia de un proceso para
la eliminación progresiva de estas especies exóticas.
La verdad es que leyendo esta modificación, esta contrarreforma ambiental
del Partido Popular, uno se pregunta por qué les molesta a ustedes tanto
la naturaleza salvaje. ¿Les molesta que nuestro país sea el país de la
Unión Europea que tiene mayor diversidad biológica? Eso es una auténtica
riqueza, es una riqueza que hay que valorar, mantener y promover y las
especies exóticas son una gran amenaza a nuestra biodiversidad. De
acuerdo con los estudios científicos, después del cambio climático y la
destrucción de los hábitats, la introducción de especies exóticas
invasoras es la tercera gran amenaza para la preservación del medio
ambiente. Las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con
estas nuevas especies, no pueden competir con ellas por lo que son
desplazadas. Por eso las especies exóticas invasoras constituyen una de
las principales amenazas para la biodiversidad, ya que son uno de los
factores que están contribuyendo en mayor medida a la rápida y masiva
pérdida de especies en las últimas décadas. Por otro lado, representan un
notable impacto en las economías de los países afectados. Sepan ustedes
que los costes de erradicación de especies exóticas se cuantifican en
este momento en 12 000 millones de euros al año en la Unión Europea y en
nuestro país la lucha contra mejillón cebra, por ejemplo, supone a la
Confederación Hidrográfica del Ebro un costo de dos millones de euros al
año. En erradicar el jacinto o camalote del Guadiana nos gastamos diez
millones de euros al año y la lucha contra la invasión de otras especies
exóticas como la avispa asiática no ha hecho más que comenzar. Desde que
se detectó en nuestro país la presencia de la avispa asiática, la vespa
velutina, su crecimiento es imparable y su impacto crece en paralelo. Las
acciones que se han puesto en marcha para evitar su expansión no parecen
estar frenando su multiplicación y su presencia es cada vez mayor,
especialmente en la cornisa cantábrica. Los daños que está generando ya
en el sector apícola son sustanciales y hay indicios de que su presencia
está teniendo también un gran impacto sobre el medio natural al haberse
detectado en las zonas de expansión de la vespa velutina una reducción
significativa de otros insectos, en especial polinizadores. Otro caso es
el de visón americano. Las granjas de visón americano han llevado al
autóctono visón europeo prácticamente al borde de su extinción en España,
dedicándose ahora importantes sumas de dinero para evitar su extinción.
Por eso vamos a votar que no, porque en este contexto no podemos estar de
acuerdo con que se proponga modificar la Ley 42/2007, de Patrimonio
Natural y Biodiversidad. Se trata de una de las mejores herramientas
posibles para poder hacer frente a un fenómeno que se está, además,
agravando como consecuencia del cambio climático, ya que especies que
antes no podían adaptarse lo hacen ahora más fácilmente debido al
calentamiento global.
En realidad, esta proposición de ley presentada por el Partido Popular
promueve una inversión total en el orden de los principios a proteger por
parte de la legislación española sobre especies exóticas invasoras,
amparándose en algunas problemáticas concretas para cuya resolución no es
necesario modificar la legislación, sino buscar las alternativas
adecuadas que existen. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el
Real Decreto 630/2013 contienen los elementos e instrumentos adecuados
para hacer frente al problema, que es el control de especies invasoras, y
para solucionar de manera adecuada las situaciones sociales y económicas
que deben contemplarse. Para este objetivo no es necesario ningún cambio
en la Ley de biodiversidad; el problema es que desde la aprobación del
real decreto que regula el catálogo nacional de especies invasoras, de
2011, solo se han aprobado cuatro estrategias nacionales: la del avispón
asiático, el visón americano, mejillón cebra y las especies vegetales en
ecosistemas dunares, y ni siquiera se ha avanzado en su aplicación
efectiva. Se trata, por tanto, de poner en marcha y aplicar estrategias
efectivas de lucha contra las especies invasoras, con dotación
presupuestaria y acorde con los daños y gastos que se van a provocar, en
vez de promover una modificación de ley en sentido contrario.
No creen alarma, señores del Partido Popular. Conviene recordar que ni la
legislación ni la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016,
a la que se refiere la proposición de ley, ponen pegas a la caza o la
pesca de estas especies invasoras -todo lo contrario, deben integrarse en
las estrategias de control- sino a la suelta y/o reincorporación en el
medio ambiente. Incluso en lo referido a granjas o explotaciones
industriales de cría, nuevamente la legislación se refiere a la
prohibición de la liberación en el medio ambiente y no como dicen ustedes
erróneamente, a su uso para la alimentación. De lo que se trata, desde
nuestro punto de vista, es de la búsqueda de soluciones, pero sin que
ello se lleve por delante una legislación, la Ley de biodiversidad, que
se constituye como una herramienta única para la protección de la
biodiversidad en nuestro país.
Es importante insistir en que hay soluciones para todas las cuestiones que
se plantean desde los sectores afectados sin ir contra la Ley de
biodiversidad. En definitiva, esta proposición de ley que nos presenta el
Partido Popular nos parece innecesaria, antieconómica y profundamente
peligrosa para nuestro medio ambiente y por ello votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González
Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.
Me dirijo al Grupo Popular -¡claro que el Congreso debe de servir para
resolver los problemas!- aunque estos no son ni la forma ni el fondo
adecuados. Hoy nos estarán siguiendo muchos pescadores y cazadores,
ecologistas y asociaciones de distinto tipo y también me dirijo a ellas
para decirles que, conforme ha actuado el Partido Popular, no es la
forma. No han dialogado con ninguno de los grupos, con ninguno,
absolutamente con ninguno; como bien decían los que me han antecedido en
el uso de la palabra, no han contado con nadie. Podrían haber traído un
proyecto de ley para hacer bien las cosas y participar en ello. Por eso,
señorías, siempre estaremos dispuestos al entendimiento y abiertos a
escuchar cualquier alternativa para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía lo que, obviamente, incluye el respeto a nuestro entorno y la
salud medioambiental, pero es triste asistir una vez más a cómo el
Partido Popular quiere desproteger nuestro entorno, nuestro bienestar más
básico.
Como decía, el Partido Popular pretende desmantelar toda la legislación
medioambiental de los últimos años; una legislación nacida desde el
consenso, con el respaldo técnico de expertos y con el fin de compaginar
el respeto al medioambiente, con el desarrollo rural y el motor económico
de territorios en riesgo de despoblación o con economías dependientes de
las actividades del sector primario. La Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad que aprobó el Gobierno en 2007, hace diez años, es una de
las más avanzadas del mundo en materia de protección ambiental y por ello
desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que cualquier
modificación de esta ley no puede ser por la vía de urgencia, como
pretende el Partido Popular, y sobre todo exige un periodo de reflexión y
un debate más amplio en el que los grupos parlamentarios dispongamos de
toda la información necesaria para poder tomar una decisión de la
trascendencia de lo que hoy se decide en este Pleno.
Quiero recordar que los principios básicos en los que se inspiró la Ley de
2007 fueron: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de
los ecosistemas vitales básicos, la preservación de la diversidad
genética, la utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible de las especies y los ecosistemas y la
preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas
naturales y del paisaje. Consideramos que estos principios están hoy más
vigentes que nunca y que hay espacio suficiente para que las
reivindicaciones que desde algunos sectores se están realizando puedan
ser recogidas sin apelar al procedimiento de urgencia y siempre desde el
acuerdo.
Comenzaba esta intervención diciendo que el Partido Popular, una vez más,
quiere desmantelar la actual normativa medioambiental, y a las pruebas me
remito: Ley de Montes, Ley de Costas, Ley de Aguas, Ley de Evaluación
Ambiental, Ley de Responsabilidad Medioambiental y el marco normativo
para la promoción de las energías renovables. El señor Rajoy nos ha
convertido, también en materia medioambiental, en el hazmerreír de
nuestros vecinos europeos, lamentable y tristemente. Porque siempre hay
otra opción, siempre hay un camino por la senda del respeto, del
ecologismo, del diálogo y del futuro para las siguientes generaciones; un
camino que el Partido Popular no ha querido tomar. Más bien ha tirado por
el atajo de la imposición, de la incomprensión y del mutismo.
Las especies exóticas invasoras no solo provocan impactos ambientales,
sino que también ocasionan importantes daños económicos y de salud
pública. La lucha contra la expansión de las especies exóticas invasoras
debe llevarse a cabo atendiendo a criterios técnicos y científicos. La
introducción de especies alóctonas incumple las normativas regionales,
nacionales, europeas y mundiales desarrolladas para prevenir los efectos
negativos incontrolados y, en muchas ocasiones, desconocidos sobre la
diversidad biológica nativa. Ante esta perspectiva, le corresponde al
Gobierno garantizar la conservación del medio ambiente, tal y como le
recuerda el Tribunal Supremo, pero también es preciso abordar la
cuestión, en coordinación con las diferentes administraciones implicadas,
desde una perspectiva social, económica y del empleo. Sin embargo, no
creemos que esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo
Parlamentario Popular sea el mejor modo de arreglar el problema desde la
perspectiva integral desde la que se debe abordar. Tenemos que ser
capaces de apostar por la salud de nuestro entorno, de apostar por la
protección ambiental, pero a la vez de garantizar el desarrollo
sostenible del medio rural. Por todo ello, y a la vista de las acciones
del Partido Popular y de este Gobierno contra el medio ambiente, en el
Grupo Parlamentario Socialista nos parece conveniente trabajar en la
búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección del medio
ambiente en la forma en que la sentencia del Tribunal Supremo dispone:
con la protección de la actividad y el empleo. Debemos encontrar
soluciones para cada especie y situación concreta, y para ello no es ni
mucho menos preciso hacer una modificación legislativa de tanto calado,
que enmarcamos en línea con la política del Gobierno del Partido Popular
de desmantelamiento de toda la legislación medioambiental en estos
últimos años. Nosotros, a diferencia de ustedes, señorías, aportamos
soluciones con espíritu de consenso. Por ello, el Grupo Parlamentario
Socialista esta tarde aquí, en el Congreso de los Diputados, anuncia que
va a presentar una iniciativa conforme a las directivas europeas de
conservación y en el marco de la actual Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, para que en un plazo breve de tiempo se ponga en marcha
el procedimiento normativo para la descatalogación, previa valoración de
los informes científicos pertinentes, de aquellas especies que deban
disponer por su importancia socioeconómica en algunos territorios de
nuestro país de un tratamiento específico y singular.
Antes de finalizar quiero dejar claro que nos preocupan las miles de
familias que se pueden ver afectadas por el impacto socioeconómico. Por
eso mismo, la solución que pone encima de la mesa el Partido Socialista
se basa en el diálogo. Señorías, es conveniente trabajar en la búsqueda
de soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente en la
forma en que la sentencia del Tribunal Supremo dispone, con la protección
de la actividad y del empleo. Para ello, no es preciso engañar ni
desmantelar una normativa que se podía adaptar. En los diecinueve
segundos que me quedan me dirijo a todas las asociaciones ecologistas,
pescadores y cazadores para decirles que este no es el procedimiento.
Como se ha podido ver, los distintos grupos estamos de acuerdo en dar una
solución inmediata y urgente, y estoy convencido de que nos vamos a poner
a ello.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente
122/000098).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy es un día importante para las pymes y para los autónomos de
nuestro país, porque traemos a la Cámara la cuarta ley de Ciudadanos, la
ley para que las pymes cobren sus facturas a tiempo.
Quería empezar con un agradecimiento claro y rotundo a las asociaciones,
la sociedad civil y los representantes de las pymes de este país, la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, ATA, que han hecho
un trabajo maravilloso. Durante mucho tiempo han venido reivindicando que
esta ley se pusiera en marcha, persiguiendo al Gobierno para que lo
hiciera. Yo creo que este es el ejemplo de un éxito de la sociedad civil,
que llega al Congreso a través de mucho esfuerzo y muchísimo trabajo. Por
tanto, felicidades por vuestro trabajo, esto se va a poner en marcha
gracias a esta ley. Muchas gracias. (Aplausos).
Decía uno de los miembros de la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad que hoy es un día histórico, y nosotros pensamos lo mismo. Como
digo, llevan años batallando para conseguirlo. Algunos creían que el
Congreso era un lugar para inflar sus egos y para llenar sus teorías
conspiratorias y hay otros que pensamos que el rol de un parlamentario y
de un grupo tiene que ser mucho más humilde, que es el de transmitir las
preocupaciones reales de los ciudadanos y encontrar soluciones a las
mismas. ¿Por qué es necesaria una ley contra la morosidad? Pues miren,
doblamos la morosidad media de la Unión Europea, tenemos el doble de
pagos retrasados, el 60 % de las facturas se cobra fuera de plazo y en
Europa es alrededor del 30 %. La morosidad -lo dicen las encuestas- ha
sido la máxima preocupación durante varios años de las pymes y de los
autónomos de nuestro país, pero sobre todo la morosidad ha tenido un
coste gigantesco a lo largo de esta crisis para la economía, pues son
decenas de miles de empresas -repito, decenas de miles de empresas- las
que han caído, las que han tenido que cerrar la persiana y han tenido que
acabar con sus proyectos exclusivamente porque no les pagaban las
facturas a tiempo; no porque su negocio fuera insolvente, no porque
tuvieran un mal proyecto, se han caído porque no les pagaban las facturas
a tiempo. Más de medio millón de trabajadores han perdido su empleo por
causas directamente relacionadas con los pagos retrasados y la morosidad;
empresarios que están cada día levantando este país y que han tenido que
acabar con sus proyectos por culpa de tener una regulación mala que
castiga a la clase productiva de este país. Pero el coste de la
injusticia, además, no ha sido igual para todos. Estamos ante un claro
ejemplo en el que no hay igualdad de oportunidades en el mercado. Hay
algunos que tienen fuerza de mercado, que tienen mucho poder de mercado,
como la Administración y como algunas -muy pocas- grandes empresas y que,
gracias a su poder de mercado, han venido pagando a doscientos,
trecientos o cuatrocientos días a las pymes, en particular. Esta es una
situación profundamente injusta contra la que las pymes no pueden hacer
nada, ya que no pueden cambiar porque esos son sus clientes principales;
básicamente, como digo, la Administración y algunas grandes empresas se
han venido financiando a costa de las pequeñas en nuestro país y esa
situación de impunidad debe terminar. No puede ser que siempre acaben
pagando la cuenta los mismos, es necesario terminar con esta injusticia.
Lo más sorprendente es que existe una ley, tenemos una ley en España que
dice que las empresas tienen que pagar a sesenta días y que la
Administración tiene que pagar a treinta, pero la realidad después de
ocho años en crisis, aunque se ha venido reduciendo poquito a poco, es
que hoy en día las empresas pagan a setenta y siete días todavía,
diecisiete días por encima de lo que les toca, y la Administración a más
del doble, a setenta y un días, cuando les tocaría pagar a treinta; eso
dicen los datos de las encuestas del año 2016. Como digo, hay algunas
grandes empresas que están pagando a trescientos o cuatrocientos días.
Esta ley que traemos aquí, por tanto, no tiene ningún otro objetivo que el
que las pymes y los autónomos puedan cobrar sus facturas a tiempo, y
tiene tres pilares fundamentales. El primero es un mecanismo de arbitraje
para que se puedan solucionar los pagos de forma ágil, rápida y
transparente entre las partes, para que no tenga que haber intermediarios
y se puedan cobrar esas facturas rápidamente. El segundo es un
observatorio para que se asegure que se publiquen primero los plazos de
pago, porque la transparencia es clave, y que después se haga un
seguimiento para que realmente estos plazos de pago se cumplan. El
tercero, lo más importante y la reivindicación central, es un régimen de
incentivos que penalice a los que no pagan sus facturas a tiempo. Es muy
sencillo, es como en la circulación. Nadie se sorprendería, si uno se
salta los semáforos o si va a 300 por hora por la autopista, que le
pongan una multa. Pues en este caso necesitamos incentivos mejores para
que algunas grandes empresas y la Administración cumplan la ley. Esta ley
y el régimen sancionador, como digo, no buscan recaudar. El objetivo no
es recaudar, buscamos hacer justicia. Por tanto, tiene que ser un régimen
flexible, que se pueda adaptar a las circunstancias de cada empresa, que
solo se pague cuando las infracciones sean de
forma repetida. Esto no puede ser de ninguna manera un bloqueo o un
problema para el desarrollo de la actividad económica.
En resumen, España es una absoluta anomalía. Estamos con unos plazos de
pago muchísimo más altos que el resto de Europa. Vivimos ante una
injusticia porque son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos
los que están sufriendo, los que han tenido que cerrar, los que han
tenido que parar sus proyectos porque no tenían ningún poder de
negociación. Por tanto, estamos defendiendo la igualdad de oportunidades
de todos los que están en el mercado. Tiene un coste gigantesco en la
economía, como decía: decenas de miles de empresas han tenido que cerrar,
más de medio millón de trabajos se han perdido por culpa de la morosidad.
Y ¿qué ha pasado? El Gobierno -lo hemos hablado un muchas veces con
asociaciones y representantes de la sociedad civil- ha prometido esto
durante años y años. Lo llevaban en su programa electoral, me contaban,
antes de 2011. El Partido Popular ha estado en el Gobierno con mayoría
absoluta. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? (Aplausos). No hay
cosa que más les guste que llenarse la boca diciendo que ustedes quieren
favorecer a las pymes y a los autónomos de nuestro país, pero no han
hecho una ley de autónomos, que hemos tenido que traer nosotros al
Congreso porque llevaban diez años sin hacer nada, y ahora con las pymes
pasa exactamente igual, que es probablemente su principal preocupación.
Por tanto, absoluta inacción, absoluta incompetencia respecto a este tema
por parte del Gobierno
Nosotros cumplimos. Esto venía en el punto 34 del acuerdo. El señor Albert
Rivera en la última reunión con la plataforma se comprometió y dijo: Si
el Gobierno, si Montoro y Rajoy no son capaces, una vez más, de traer una
ley al Congreso, lo haremos nosotros. Tenemos pocos cupos, pero hemos
utilizado uno de los cupos de ley que tenemos para que se cumpla y se
acabe con esta injusticia. Esta semana hemos conseguido que se ponga en
marcha y se empiece a implementar, con el okey de Bruselas, el
complemento salarial cuanto antes. Va a haber ley de autónomos y también
traemos la ley que morosidad. Estos son cambios reales y no ficciones.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace algo menos de dos meses que se aprobó una proposición no de ley, a
iniciativa del Grupo Popular, para reducir la morosidad, y hoy, en esta
ocasión por iniciativa del Grupo Ciudadanos, se propone la toma en
consideración de una ley para reforzar la lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Foro votó en abril a favor de la iniciativa
antimorosidad y reiteramos esta tarde aquel apoyo porque, como señalé
entonces desde esta tribuna, resulta imprescindible combatir este nefasto
mal de la economía empresarial que es la morosidad, ya sea de índole
privada o pública. Nos parece necesario que España se dote de un nuevo
conjunto de medidas que refuercen y endurezcan la lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, porque es necesario eliminar
obstáculos y evitar que nuestras pequeñas y medianas empresas, a la par
que nuestros autónomos o microempresas -como ahora también se les
denomina- sean víctimas de la lentitud, la demora o la dilación en los
pagos, porque todo ello incide negativamente en su competitividad y, por
lo tanto, en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo, la gran
prioridad para España.
Con ocasión de la iniciativa que se debatió en el mes de abril, ya
propusimos, a través de enmiendas, que el Gobierno se implicase en el
seguimiento de los plazos marcados por la vigente Ley de morosidad, como
también nos parece necesario promulgar un régimen sancionador que
instaure la posibilidad de imponer sanciones económicas en caso de
incumplimiento de los plazos legales de pago y su aplicación por un
organismo independiente. Ambas medidas se contemplan y se desarrollan,
además, con un marco sancionador muy amplio, al igual que otros de
nuestros compromisos, como es el de la modificación de la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista para eliminar la posibilidad de
negociación en los plazos de pago a proveedores, puesto que se contradice
con la actual Ley de morosidad y perjudica a las pequeñas empresas
proveedoras, sacrificándolas frente a las grandes cadenas.
Finalmente, consideramos que en España hace falta un organismo
independiente similar al que ya existe en torno al sector
agroalimentario, para tratar de acotar y evitar los incumplimientos en
los pagos. En esta propuesta se incorpora el sistema arbitral de
morosidad con unos fines que se corresponden a la lucha contra la
morosidad. Todo ello, señora presidenta, responde a compromisos que
adquirimos en
nuestro programa electoral para tratar de combatir y corregir la morosidad
comercial y empresarial en España, por lo que Foro votará favorablemente
esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el mismo grupo, el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, miembros de las diferentes plataformas, ¡enhorabuena!
Quiero hacer algo que en año y medio que llevo en esta Cámara es la
primera vez que se va a decir -creo-, y es que cuando hay un proyecto de
ley bien hecho, bien trabajado y que es apropiado hay que decirlo en
público. Por lo tanto, Grupo Ciudadanos, enhorabuena por esta iniciativa
porque es un gran trabajo. (Aplausos).
Por coherencia, vamos a votar a favor de la toma en consideración de este
refuerzo contra la morosidad en operaciones comerciales. Las personas que
están ahí arriba -aquí no-, los que están en la tribuna del público saben
que la máxima de una empresa no es vender, sino cobrar, y si desde aquí
logramos legislar para que estos señores facturen y cobren, realmente,
creo que es un gran trabajo. Por lo tanto, además de que España ya está
advertida por parte de la Unión Europea en relación con los plazos, creo
que esta proposición de ley no es recaudatoria, sino que, realmente, lo
que quiere es cumplir los plazos para ese cobro en las operaciones
comerciales. Nos parece una muy buena idea, por la complejidad que tiene
esta materia, la creación de ese órgano de arbitraje. Por lo tanto,
enhorabuena por el trabajo y tienen nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración de esta
iniciativa. De hecho, la semana que viene -el calendario parlamentario lo
ha querido así- se va a ver una propuesta similar de nuestro grupo en el
Senado. En el caso de que fuera aprobada -como ustedes conocen- se hará
una tramitación conjunta en esta Cámara. Me van a permitir que les diga
que entendemos que nuestra propuesta es algo más ambiciosa, pero, en todo
caso, seguramente nos pondremos de acuerdo y tendremos que autoenmendar
nuestros textos, en el caso de que prospere. Entendemos que esto es un
problema y es un problema de antaño, y que las pequeñas y medianas
empresas y los autónomos tienen que resolver este y otros aspectos. De
hecho -si me lo permiten-, ustedes están pidiendo algunas modificaciones
y algunas exigencias en cuanto a la transparencia de la información de la
Administración pública que, hoy por hoy, ya se están suministrando.
Ustedes están pidiendo que cada tres meses los interventores de los
ayuntamientos informen del PMP y quiero decirles que eso ya se está
produciendo en estos momentos, lo informan en los plenos y lo cuelgan en
la página web. En todo caso, ahora no es el momento de criticar el texto;
es el momento de poner en valor lo que vamos a hacer, lo que han hecho
ustedes aquí y lo que vamos a hacer nosotros en el Senado, y también
tendremos que ser ambiciosos en este plan de reformas.
Se nos planteaba, con razón, que seguramente también se tendría que
modificar el impuesto sobre sociedades al respecto. No es razonable que
las pequeñas y medianas empresas no se puedan dotar de herramientas para
combatir la morosidad de sus clientes hasta pasados seis meses, cuando
estamos implementando medidas de sanción si se superan los treinta o los
sesenta días. En todo caso, vamos a tener ocasión de trabajar
conjuntamente con relación a esta propuesta y, por tanto, nosotros vamos
a votar a favor de la misma. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Ya en el año 2014 los partidos políticos solicitaron, mediante una
proposición de ley, el establecimiento de una serie de medidas contra la
morosidad, además de un régimen de sanciones e infracciones con varios
objetivos: erradicar la morosidad en las operaciones comerciales,
homologarse a la legislación europea en lo relativo a los aspectos
referentes a la morosidad y ayudar a la pequeña y mediana empresa y a
empresarios individuales porque constituyen la base mayoritaria del
tejido económico y empresarial, y
también porque es cierto que la morosidad ha sido su principal factor de
mortalidad. Además, los plazos de pago dilatados merman su competitividad
y la viabilidad de las empresas afectadas y normalmente benefician
financieramente a las empresas que los promueven.
En España existe abundante legislación relativa a los plazos de pago, en
general ambigua y contradictoria. El exceso de normas y la incoherencia
entre ellas crea el contexto adecuado para su elusión y por ello, una ley
de morosidad no solo tiene que tener la pata de la solvencia, sino
también las características fundamentales de una ley de infracciones y
sanciones, porque, si no, no es efectiva. Cabe señalar que después de la
reforma del año 2010 se han reducido los plazos de pago, eliminando el
pacto entre las partes por parte de cliente y proveedor, estableciendo un
plazo de pago de treinta días en el caso de la Administración pública y
sesenta en el ámbito privado, pero sigue sin ser suficiente, ya que, a
pesar de esta reducción, los mismos se siguen incumpliendo. Así, el
barómetro de la morosidad nos indica que en el año 2016 el plazo medio de
pago del sector privado es de setenta y siete días y en el sector público
de setenta y un días, aunque ambos plazos se mantienen todavía lejos de
los sesenta y los treinta fijados en la Ley 3/2004. También -y según
datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad- observamos que
el 96 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes
de recobro en caso de retraso o impago; el 91 % nunca o casi nunca exige
a sus clientes morosos los intereses de demora y al 68 % se les imponen
plazos de pago superiores a los permitidos por la ley.
En la práctica comercial, normalmente los que tienen una posición
dominante tienen la tentación -y en ocasiones la práctica- de no pagar a
sus proveedores en los plazos legalmente establecidos, generando un gran
perjuicio al más pequeño. Con esta práctica se pone de manifiesto que el
pequeño, al no cobrar en plazo, puede tener problemas de liquidez y pago,
mientras que el que ostenta la posición dominante se está financiando con
el dinero que no paga en plazo al pequeño, que, por estar en una posición
de debilidad, no exige a sus clientes ni intereses de demora ni denuncian
la imposición de plazos de pago superiores, ya que se pueden quedar sin
esos clientes. En definitiva, los plazos de pago dilatados merman la
competitividad y la viabilidad de las empresas afectadas y benefician
financieramente a las empresas que los promueven. Para corregir estas
prácticas solo existe una manera, ir estableciendo una serie de sanciones
y multas que hagan que el incumplimiento de la ley no resulte barato. Lo
deseable sería que existiese una cultura de la no morosidad y que
considerásemos el impago como mal visto y fuese reprobado, pero esto
parece difícil en un país en el que la cultura de las chapuzas y el robo
sigue vigente.
El Grupo Parlamentario Popular ya nos trajo una proposición no de ley hace
unos meses en este sentido, y le dijimos que nos hubiera gustado que en
vez de un PNL nos hubiera traído una proposición de ley y no una serie de
consideraciones genéricas. Ahora es el Grupo Ciudadanos quien plantea
nuevamente este tema y nos trae a la Cámara una proposición de ley para
paliar la morosidad en las transacciones comerciales, en las que se
establece una serie de medidas que parece que recogen el guante de la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, tales como la implantación
de un régimen sancionador, modificación de los artículos de ordenación
del comercio minorista o incluso la creación de un observatorio de la
morosidad.
También entiendo que si plantean este proyecto de ley -y dado que también
estamos debatiendo la Ley de Contratos del Sector Público-, sería
interesante que este grupo apoyase e incluso transaccionase las enmiendas
que en el ámbito de la morosidad se han planteado en cuanto al pago a
precio, pago a proveedores y subcontratistas, entre otras. Y lo digo
porque el proyecto de ley de contratos del sector público incluye varios
artículos que suponen un retroceso en la lucha contra los plazos de pago
dilatados y que, de aprobarse, crean el camino legal para mantener la
impunidad ante los plazos de pago abusivos.
A pesar de tener algunas diferencias con la proposición de ley a la que
realizaremos algunas aportaciones, entendiendo también que hay que
erradicar la morosidad, que el retraso en los pagos es uno de los asuntos
que más preocupan a los empresarios y empresarias, que cumplir con los
periodos de pago y evitar costes adicionales y que pueda repercutirse en
los precios es fundamental para que el tejido empresarial mantenga su
competitividad, para que su capacidad financiera no se vea comprometida y
para que se puedan acometer inversiones productivas, nosotros votaremos a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Bona
tarda, señorías.
Debatimos uno de los problemas más graves que atacan a la competitividad
de nuestra economía, especialmente la de las pequeñas y medianas
empresas. Resulta ya tedioso el discurso del señor Roldán, el del señor
Roldán y el de todos nosotros porque es el sonsonete que hemos ido
repitiendo casi todos en mayor o en menor medida.
La morosidad es un problema endémico que hincha las cuentas de resultados
de unos y destroza la viabilidad de los otros por la vía de hincharles
las narices a estos últimos. De hecho, como ustedes bien saben, esta
temática no es ajena a esta Cámara. Hace pocas semanas nos encontrábamos
aquí debatiendo una PNL del Partido Popular realmente decepcionante,
ridícula, procedente del Gobierno al que atribuirle similares epítetos, y
en otras tantas ocasiones hemos debatido, incluso aprobado, iniciativas
que el Gobierno se ha negado a impulsar posteriormente, algunas de
nuestro grupo incluso, señor Roldán. Hace pocas semanas todos los
partidos nos abocamos en tromba al acto convocado por la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad, también con un montón de buenas
palabras. Aprovecho también para saludar a los representantes de esta
plataforma.
Si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, podemos recordar el foro
promovido por esta plataforma hace tres años, bajo el lema "Tolerancia
cero a la morosidad", con el resultado conocido. Todos los partidos se
sumaron a este eslogan invocando al gran filósofo del siglo XX, José
María García, el Butanito: ni una mala palabra, pero ni una buena acción.
(Risas). En esta ocasión es el Grupo Ciudadanos quien se atreve a
presentar una propuesta, ciertamente más detallada y ampliada que la de
su socio parlamentario, aunque nos tememos que se trate también en esta
ocasión de otra propuesta descafeinada, porque de todos es conocida la
capacidad innegable del grupo proponente de generar expectativas que
después se quedan en nada. Por ello, ya les avanzo que, a pesar de la
desconfianza que nos provoca el grupo proponente, y ante todo por la
enorme importancia del tema, desde Esquerra vamos a votar favorablemente
la toma en consideración de la proposición de ley, eso sí, con ánimo
enmendante. Asimismo, estudiaremos con mucho interés la del Partit
Demòcrata.
Intentaremos mejorar, desde nuestra óptica, una serie de cuestiones en el
proceso de trámite de la misma. Les propondremos impulsar medidas para
garantizar el pago de oficio de los intereses de demora, que se
establezca una metodología para realizar pagos directos de los poderes y
adjudicadores a los subcontratistas o que, en el régimen de sanciones,
las sanciones resulten más baratas que mantener la actitud que se
pretende reprimir y que se garantice la independencia del proyectado
observatorio estatal de morosidad. Desde nuestro punto de vista, no puede
ser que la morosidad sea observada de forma neutral por un ministerio, el
de Hacienda y Función Pública, que hasta el momento ha demostrado su
incapacidad para trasponer y cumplir la Directiva 2011/7/UE, sobre
Morosidad, y de adoptar la metodología de cálculo de plazo medio de pago
utilizada por Eurostat a nivel europeo y por las entidades de referencia,
como la propia Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Difícilmente, quien no sabe contar la morosidad como se cuenta en Europa
puede ser el árbitro cronometrador neutral que calcule los tiempos de
pago de la Administración a las empresas. En todo caso, como el
movimiento se demuestra andando, estaremos alerta a la verdadera
intensidad de la voluntad de Ciudadanos en otros ámbitos legislativos,
como por ejemplo en la ponencia de la Ley de Contratos del Sector
Público. Vamos a ver su interés en controlar la morosidad de las grandes
empresas contratistas, adjudicatarias de obra pública, con las pymes
suministradoras y subcontratadas. Junto a sus compañeros de camino del
Partido Popular, que se han ganado a pulso la mala fama en el mundo de
los subcontratados de las grandes contratistas de obra y servicio
público, difícilmente pueden impulsar cambios en la legislación que
garanticen el estricto cumplimiento de los pagos de los contratistas
adjudicatarios de los contratos públicos y medidas para garantizar el
pago de oficio de intereses de demora o establecer una metodología para
realizar pagos directos de los poderes y adjudicadores a los
subcontratistas. Lo iremos viendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.
La señora HONORATO CHULIÁN: Buenas tardes.
En primer lugar, anuncio que vamos a votar a favor de esta iniciativa. No
tenemos ningún problema en votar que sí a iniciativas que mejoran la vida
de la gente, vengan de donde vengan; nos gustaría que fuera
así siempre, pero desde luego nosotros tenemos ese firme compromiso.
(Aplausos). También quiero saludar a los integrantes de la plataforma que
nos acompañan hoy.
Es importante tomar en consideración esta proposición de ley de refuerzo
de la lucha contra la morosidad. Hace poco -lo recordaban los anteriores
portavoces- se debatió aquí una proposición no de ley que trataba sobre
el mismo tema y poníamos encima de la mesa que había varios males que
afectaban a la economía productiva de nuestro país, entre ellos el escaso
poder adquisitivo de la población, la política fiscal injusta y
regresiva, la desaparición de la industria y el freno a las energías
renovables, pero, como consecuencia quizá de las debilidades de nuestra
economía, hay una lacra que juega un papel demoledor en la economía real
y productiva: la morosidad. Lo han dicho también todos los portavoces
anteriores. A pesar de esta lacra, de este problema para la economía
productiva de nuestro país, los avances legislativos han sido tímidos. Es
cierto que los ha habido, pero han sido tímidos porque muchas veces
cuando se avanzaba se ponía una trampa en el siguiente camino. Por tanto,
es necesario abordar un cambio decidido en esta normativa, pues estamos
hablando de que son los autónomos, las pequeñas empresas, los que
soportan las consecuencias de la morosidad, los que llevan sobre sus
espaldas la mayor parte del tejido productivo y del empleo de nuestro
país. Esta lacra de la morosidad que soportan en muchas ocasiones supone
una conducta abusiva, muy especialmente de aquellas empresas que gozan de
capacidad para imponer sus condiciones, es decir, los incumplimientos
reiterados de la legislación muchas veces son más abusivos por parte de
las grandes empresas. Recordemos que las empresas del IBEX tienen un
plazo medio de pago de ciento sesenta días cuando el límite máximo son
sesenta, según la legislación. Esto lo hacen con total impunidad porque
hasta ahora no existe un régimen sancionador que acompañe a estas
exigencias normativas. Nos parece, pues, que es necesario poner fin a esa
situación. ¿Qué ha hecho hasta entonces el Gobierno? Lo que decía antes,
que cuando parece que se avanza se pone nuevas trampas. Queremos poner
encima de la mesa que no tenemos más trampas. Mi grupo parlamentario va a
vigilar para que si, afortunadamente, se toma en consideración esta
proposición de ley no nos quitemos una venda para ponernos una nueva en
los pies y que al final no consigamos el objetivo que perseguimos. Por lo
tanto, como digo, vamos a estar vigilantes para que el objetivo llegue a
buen término.
¿Qué se trae aquí? Se trae una modificación concreta de la Ley 3/2004 para
incluir principalmente ese régimen sancionador y dejen de ser papel
mojado las previsiones de esta normativa. Nos gustaría profundizar en
algunas cuestiones que nos parece que se podrían mejorar en el texto que
se presenta. Por un lado, centrándonos en el procedimiento sancionador,
las cuantías sancionadoras -lo ponía de relieve antes el representante de
Esquerra- son bajas, son pequeñas, pueden ser incluso ridículas en
algunos casos y esto puede poner en entredicho el esfuerzo sancionador
que aquí se hace. También nos parece interesante recordar qué ocurre en
relación con el procedimiento sancionador en materia de consumo. Nosotros
estamos absolutamente de acuerdo en que sean las comunidades autónomas
las que ejerzan esa potestad sancionadora... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.
Adelante.
La señora HONORATO CHULIÁN: ... pero no puede ocurrir que, como
consecuencia de esto, se cuarteen tanto las responsabilidades y que, en
definitiva, como resultado haya sanciones pequeñas y ridículas. También
hemos advertido alguna carencia en la tipificación de infracciones,
algunas obligaciones que no tienen reflejo sancionador y que sería
interesante incorporar.
En cuanto al bloque de modificaciones que introduce esta proposición de
ley relacionado con el Observatorio Estatal de la Morosidad y el
procedimiento arbitral, también queremos hacer algunas precisiones. Es
necesario que el procedimiento arbitral sea de uso generalizado. Creemos
que es necesario tener una actitud mucho más proactiva que la que se
presenta en esta proposición para que sea, como digo, de uso
generalizado. Concretamente, por ejemplo, se hace referencia en el
artículo 14 a la obligación de la sujeción al sistema arbitral en las
subcontrataciones que deriven de contratos de concesiones de servicio
público y nos parece que esto se debería generalizar a cualquier tipo de
subcontratación dentro de contratos públicos. También nos parece una
disfunción competencial porque, como decíamos, estamos de acuerdo en que
el ejercicio de la competencia sancionadora correspondiera a las
comunidades autónomas, pero hay que ver cómo se encaja esto con el
sistema central arbitral y también con el sistema central del
observatorio estatal y de buzón de lucha contra la morosidad. Es
verdad que se contempla la participación de las comunidades autónomas en
el observatorio, pero es necesario hacer un encaje más preciso del que se
recoge ahí.
Por último, existe una carencia general que también han puesto de
manifiesto otros portavoces. Estamos en estos momentos en la ponencia de
la Ley de Contratos del Sector Públicos y creemos que es necesario
incorporar algunas de las previsiones de esta ley como modificaciones, ya
que, si no, quedaría bastante coja. Es necesario avanzar en la
prohibición de contratar en el supuesto de infracciones graves en esta
materia; también es necesaria la acreditación de la solvencia, que en la
acreditación de la solvencia de las empresas estén los plazos medios de
pago de las empresas contratistas; también la posibilidad del pago
directo a los subcontratistas que permite la directiva y que está en
muchas de las enmiendas que hemos presentado la oposición y que es
necesario incorporar en el texto de la Ley de contratos, y la inclusión
de la sujeción al sistema arbitral como condición de obligada ejecución
en el artículo 200 de la ley. Lo iremos viendo también, pero nos
corresponde a todos y a todas no seguir jugando con lo sueños de la gente
honrada de este país, no vender otra jugada mágica para ponerles una
nueva zancadilla más adelante. La pesadilla que sufren tiene solución y
nos toca trabajar para que no quede este sueño en papel mojado.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer
Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ya les anuncio que votaremos a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley, y lo haremos por varios motivos. En primer
lugar, porque somos sensibles y receptivos a las reivindicaciones de las
pequeñas y medianas empresas -y la lucha contra la morosidad de las
operaciones comerciales ha sido y es una de ellas-, una sensibilidad que
los socialistas hemos demostrado tanto en el Gobierno como en la
oposición, y no podemos obviar además que esta iniciativa que nos propone
Ciudadanos ha sido impulsada precisamente por la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad, que representa a más de un millón de
pymes y autónomos y a cuyos representantes, que hoy nos acompañan, doy la
bienvenida. En segundo lugar, por coherencia con nuestros compromisos
electorales recogidos en el programa electoral con el que concurrimos en
las últimas elecciones y en el que nos comprometíamos a aprobar la
implantación de un régimen sancionador como instrumento disuasorio para
combatir la morosidad que tanto perjudica a los autónomos y pequeñas
empresas. Y en tercer lugar, porque somos conscientes de que existe en
España margen de mejora en cuanto a los plazos de pago de las operaciones
comerciales con respecto a los de otros países en la Unión Europea. De
hecho, la Comisión Europea urgió en febrero de 2017 a España, Grecia,
Italia y Eslovaquia a garantizar la correcta aplicación de la Directiva
europea 2011/7, alertando sobre la posible apertura de un procedimiento
sancionador si no se adoptaban medidas efectivas para proteger a las
pymes en sus relaciones comerciales. Según el informe sobre la morosidad
realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, al 68 %
de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los
permitidos por ley y, aunque el plazo medio de pago a proveedores se
redujo en 2016 tanto en el sector público como en el privado, es cierto
que todavía se mantiene lejos de los treinta y sesenta días que establece
la ley. Tengamos en cuenta, además, que estos plazos son plazos medios y
sabemos que existen plazos que son muy superiores, sobre todo cuando
existe desequilibrio en la negociación entre las partes, dándose casos
incluso en que los plazos de pago son de más de doscientos días. Por
tanto, son razones suficientes para tomar en consideración esta
iniciativa.
Ahora bien, dicho todo esto, es justo, creo, que reconozcamos también el
alcance limitado de la proposición, tanto en algunos términos en los que
se plantea como en el momento en el que se solicita su trámite en la
Cámara, pues en estos momentos se está debatiendo la nueva ley de
contratos con el sector público, y es en la tramitación de esa ley de
contratos donde los socialistas defenderemos, a través de nuestras
enmiendas, cómo abordar con eficiencia la problemática de la morosidad
relacionada con la contratación pública, por lo que permítanme hacer
algunas consideraciones o reflexiones que debieran ayudarnos a mejorar el
contenido de esta proposición de ley en el proceso de trámite si
finalmente se aprueba su toma en consideración.
En primer lugar, muchas de las medidas incorporadas ya existen o en
términos prácticos no mejoran la legislación actual. Por ejemplo, se
especifica como novedad que los plazos de pago no pueden ser ampliados
mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales, y
en términos prácticos
ya debiera ser así. Con la ley vigente, de hecho, el Tribunal Supremo
sentenció que los pactos que excedieran el límite de sesenta días serán
nulos de pleno derecho, artículo 6.3 del Código Civil, e interpreta que
el plazo de pago previsto en la Ley de 2004 es imperativo y no cabe pacto
en contrario, un tema que también se debatirá en la tramitación de la ley
de contratos, ya que mientras la Comisión Europea ha pedido a España que
no mantenga una legislación que permita a las administraciones públicas
dilatar sistemáticamente los plazos de pago legales en treinta días, el
Gobierno del Partido Popular ha propuesto un texto de proyecto de ley que
permite sobrepasar los plazos por parte de la Administración
contraviniendo la normativa europea. También entre las medidas más
novedosas incorporadas a esta iniciativa cabe indicar que el sistema
arbitral de morosidad requiere de un reglamento posterior por parte del
Gobierno que desconocemos y que habrá que acotar y un régimen sancionador
cuyo ejercicio de potestad sancionadora y de control se determinará por
las distintas comunidades autónomas, unas administraciones
infrafinanciadas, con pocos recursos para acometer nuevos procedimientos
de inspección y sanción.
En segundo lugar, existen distintas realidades que deberían ser tenidas en
cuenta para mejorar la efectividad de las medidas propuestas. Las
circunstancias en las que se produce la morosidad son distintas según las
características de las operaciones comerciales. En aquellas que no se
derivan de un contrato público con la Administración entre empresas,
especialmente entre pymes, la tímida efectividad de la normativa ya
existente no es consecuencia de la propia legislación, sino de la
dificultad para aplicarla ante unas prácticas comerciales consolidadas en
el tiempo en la economía española, en la que se paga pero tarde y muchas
veces muy tarde. Una gran mayoría de pymes que no pagan en plazo no lo
hacen de manera intencionada, si tienen recursos pagan, pero si aplazan
sus compromisos de pago la mayoría de veces es porque sus clientes
también tardan en pagarles, es un círculo vicioso. Se trata de una
práctica consciente y consentida basada en la confianza y está claro que
si hay conflicto y se acude a un sistema arbitral como medida
extrajudicial o se aplican medidas sancionadoras, nace el riesgo de que
termine la relación comercial. Es mejor un mal acuerdo que no tener
acuerdo; muchas empresas aplican esta máxima a sus relaciones
comerciales. En estos casos solo el impulso por parte de la
Administración de medidas de promoción y estímulo del buen pagador como
indicador de calidad y excelencia empresarial podrían jugar un buen
papel, así como la promoción de la elaboración de códigos de buenas
prácticas comerciales. De hecho, entre los países que aplican modelos no
coercitivos destacan Reino Unido e Irlanda, que han implantado códigos de
buen comportamiento de pagos; existe una certificación para los buenos
pagadores con la que las empresas pueden acceder a mayor crédito en
mejores condiciones financieras. En las nuevas relaciones comerciales,
donde no existe una base de confianza, las medidas de transparencia en
los plazos de pago son fundamentales y el establecimiento de un buen plan
de prevención de morosidad. Recordemos que según el Dirce, el 95,7 % de
las empresas en España tiene menos de diez trabajadores, y solo un 1,98 %
tiene más de veinte. Hay miles de operaciones comerciales al día y el
control de inspección en estos casos por parte de la Administración sería
empresa complicada. Entre pymes y grandes empresas privadas, en este
caso, a mayor tamaño de la empresa, como decíamos antes, se puede
producir un incumplimiento sistemático de los plazos de pago si una de
las partes tiene mayor capacidad de negociación, como decía, por el
tamaño de la empresa. En este caso también hay temor a la pérdida de la
relación comercial ante un conflicto. Por tanto, no es de extrañar que
los datos sean tan reveladores: el 96 % de los proveedores no exigió una
indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago y
el 91 % nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de
demora. Es por eso que es necesario impulsar medidas de comprobación y
verificación de los plazos de la Administración. A partir del 1 de julio
entra en vigor el suministro inmediato de información de IVA por el cual
las grandes empresas deben comunicar cada cuatro días las facturas
emitidas y recibidas. Se trata de un libro de registro online de IVA. La
mejor forma de verificar sus plazos sería poder incorporar este sistema a
la información de los plazos efectivos de pago de las facturas. Estoy
segura de que puede ser posible en un futuro con el avance vertiginoso de
las nuevas herramientas informáticas. De hecho -voy terminando, señora
presidenta-, la Agencia Tributaria ha ido desarrollando sistemas de
captación de información cada vez más completos y complejos, y con los
nuevos programas de gestión de datos será posible verificar los períodos
medios de pago por muestreo. El órgano inspector y sancionador debería
ser, por tanto, la Agencia Tributaria, del mismo modo que actúa con las
declaraciones de IVA.
Señora presidenta, me quedaría hablar de la relación comercial en la que
interviene la Administración pública de manera directa o indirecta, en la
que es necesario que las administraciones hagan una gestión eficiente de
los recursos pagando en plazo. Los ayuntamientos están haciendo un gran
esfuerzo y muchos de ellos pagan en plazo, pero todavía se puede mejorar
más para cumplir los plazos legales en todas las
administraciones. Señorías, es cierto que ha habido mucha legislación y
que esta proposición de ley que hoy nos proponen es importante que la
tengamos en cuenta y que sea debatida en profundidad, pero también es
necesario que tengamos en cuenta los distintos escenarios para que puedan
ser efectivas las medidas sancionadoras a aprobar. Por último, votaremos
a favor de la tramitación de esta proposición de ley para permitir a la
Administración poder sancionar a aquellos que malintencionadamente no
pagan y para mejorar su aplicación. En caso de admisión a trámite,
incidiremos en mayor medida en la formación y pedagogía a las empresas y
en tener en cuenta las condiciones económicas y los desequilibrios de
poder como factores determinantes en el comportamiento de los pagos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 4 abril se aprobó en esta Cámara una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se recogía nuestro
compromiso en la lucha contra la morosidad con medidas reales, eficientes
y eficaces. Y, señorías, real, eficiente y eficaz ha sido la importante
labor legislativa y de gestión desempeñada por el Gobierno con el objeto
de romper las cadenas de morosidad pública y privada que en 2011, tras
los Gobiernos socialistas, eran causa del cierre de un número importante
de empresas, especialmente pymes y autónomos. El primer frente de
actuación fue reducir y eliminar la morosidad pública, con un plan
específico que contenía medidas coyunturales, que han ayudado a eliminar
el stock de facturas, y estructurales, que han sentado las bases para un
mejor control reduciendo la morosidad en el pago. Este conjunto de
actuaciones ha revertido la situación, y realizo esta afirmación porque
nuestro compromiso con la transparencia y el buen Gobierno supone que
España sea el único país de la Unión Europea que tiene una publicación
oficial de períodos medios de pago de sus administraciones con una
metodología uniforme. Pero como ya afirmé en mi pasada intervención sobre
esta materia, también es necesario trabajar contra la morosidad privada.
En ese sentido, el Gobierno en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo ya incorporó
importantes cambios. Señor portavoz de Ciudadanos, no niego que a su
partido le preocupe la morosidad, pero le aseguro que al mío la morosidad
y sus efectos no solo nos preocupan, sino que nos ocupan desde hace
muchos años, incluso antes de que su partido fuese un proyecto.
(Aplausos).
Decía al inicio de mi intervención que se necesitaban medidas reales,
eficientes y eficaces y, señor Roldán, creo que es posible que los
objetivos perseguidos sean los mismos, pero también creo que con esta
propuesta se generarán más problemas que soluciones. Por ello anunció el
voto afirmativo a la tramitación de esta proposición, pero también
plantearemos cambios, casi le diría que necesita una enmienda a la
totalidad con texto alternativo. Le voy a explicar por qué digo esto.
Derogar expresamente la Ley 15/2010 es una vuelta atrás en derechos
adquiridos. Un ejemplo, de aprobarse el plazo de pagos sería el pactado
entre las partes. Además, la derogación hace que técnicamente la
proposición que nos trae sea en sí misma absurda. En segundo lugar, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular fijaba un régimen
sancionador disuasorio y en mi intervención añadí proporcionado y no
discriminatorio. Esta proposición hace lo contrario. Le reto a que busque
los ejemplos, yo lo he hecho. Incentiva la morosidad, ya que la escala de
sanciones junto al régimen de reducción de las mismas hace que salga
gratis retrasar una factura de ochenta a ciento veinte días. Es
desproporcionado, porque hace que una factura de 100 000 euros lleve
asociada una sanción de más de 800 000, y es discriminatorio, porque una
factura de una gran empresa de 10 millones de euros con un plazo superior
a dos años tendría una sanción del 8 %, mientras que una factura de una
pyme o autónomo de 5000 euros durante ciento ochenta días supondría una
sanción de, como mínimo, 40 986 euros, un 820 % sobre la factura. Esto
discrimina a las pymes y a los autónomos e incluso podría abocarlas al
cierre. ¿Es el régimen de sanciones que se plantea la única posibilidad?
Nosotros creemos que no. (Rumores). Ya se lo diré, señor portavoz. Y qué
decir de los problemas competenciales del régimen sancionador. Señor
Roldán, sería necesario que se leyera el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de
nuestra Constitución y conociera en qué Administración residen las
competencias del ámbito mercantil y civil. En tercer lugar, plantea
medidas de transparencia cuando en el ámbito de la Administración pública
esto ya está regulado con condiciones más estrictas por nuestro Gobierno,
y transparencia en el ámbito privado cuando ya está garantizada por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Asimismo, falta la
memoria económica. ¿Cuál es el coste de los órganos de arbitraje? ¿En qué
nivel de la Administración se fija? ¿Cuánto cuesta el Observatorio
Estatal de la
Morosidad? ¿Cuántos recursos habrá que dedicar al buzón de lucha contra la
morosidad? Por cierto, ¿harán falta pruebas para denunciar? Señor Roldán,
dónde está el punto 125 del acuerdo de investidura firmado por nuestros
partidos sobre una Administración eficiente y eficaz que garantice la
igualdad de los españoles. ¿Está usted seguro de que con todo lo que se
crea en esta proposición no habrá duplicidades, trámites y organismos
innecesarios? Podría seguir, pero en siete minutos no caben todos los
cambios que deberían realizarse. Solamente déjeme decirle que en esta
proposición de ley echamos en falta muchas voces y escuchamos solo una.
Echamos en falta los planteamientos de muchas asociaciones y
organizaciones empresariales como, por ejemplo, Cepyme. Sin embargo,
únicamente defienden la opinión y la presencia expresa de una que, por
cierto, en su página web se define a sí misma como lobby ante los
partidos políticos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree firmemente en la necesidad
de reducir la morosidad que merma la competitividad. Por eso, desde
nuestro grupo ofrecemos diálogo y acuerdo para encontrar la mejor
normativa. En este sentido, planteamos, en primer lugar, continuar
avanzando en la aprobación de las dos leyes de contratos del sector
público y, en segundo lugar, trabajar también contra la morosidad
privada. Para ello, como ya ha anunciado esta mañana el ministro Montoro,
consideramos más eficiente -y aquí están las propuestas, señor Roldán- la
posible adopción de medidas fiscales o de otra naturaleza para reducirla,
como, por ejemplo, incrementar la información obtenida por la
Administración tributaria en relación con los pagos y operaciones
respecto de los cuales exista o haya existido morosidad por
incumplimiento de los plazos de pago previstos. Esta medida tendría
continuidad con la implantación de la facturación electrónica en las
empresas y permitiría disponer de información necesaria para tener en
cuenta el incumplimiento de los plazos de pago a efectos de la
consideración fiscal de los gastos, es decir, en su carácter deducible o
no deducible.
En definitiva, señorías, finalizo ofreciendo diálogo para encontrar los
cambios normativos reales, eficaces y eficientes que nos permitan
alcanzar el objetivo buscado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO. (Número de expediente 162/000206).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto II del orden del día, relativo a
proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al
estudio.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martínez
Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta tarde hablaremos de becas y ayudas al estudio, pero el
fondo de este debate es el derecho a la educación, un derecho recogido en
la Constitución que conviene recordar. La educación, como derecho
constitucional, implica el derecho al estudio, el derecho al aprendizaje.
En este sentido, es exigible e imperiosa una política de becas y ayudas
al estudio que lo garantice y es necesario vincular la formación, el
estudio, la educación y la situación socioeconómica de este país para
defender enérgicamente una política de becas y ayudas más justa y
adaptada a la situación real de nuestro Estado, a las necesidades reales
de miles y miles de familias que desean una educación para sus hijos e
hijas. Sin embargo, la situación económica y social que seguimos
atravesando dificulta enormemente poder cumplir algo que en este país
dábamos por hecho y consolidado.
Bajo la gestión de Mariano Rajoy, en educación hemos retrocedido décadas
en igualdad de oportunidades, pasando de ser reconocido nuestro sistema
educativo como uno de los de mayor equidad en el mundo a tener un modelo
injusto. Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas
al estudio forman un binomio central para la garantía de la igualdad de
oportunidades, que ha sufrido una transformación a fondo del sistema
universitario español en sus objetivos, forma y principios. El objetivo
no es más que reducir el número de universitarios; la subida de tasas, la
reducción de la cuantía de becas, el endurecimiento de sus requisitos y
la reforma del 3+2 solo buscan que haya menos universitarios y menos
oportunidades de alcanzar una formación universitaria. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, silencio.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Son muchas las injusticias que han sucedido en
política de becas. Este Gobierno ha impuesto, y de una manera desmedida,
la devolución de becas a casi 120 000 alumnos en los últimos años.
Ustedes son conscientes del esfuerzo que supone para una familia que ha
tenido que recurrir a pedir una beca que se le exija su devolución, en
algunos casos familias que tienen que llegar a pedir un préstamo para
poderlo devolver. Pero hay más problemas. Las ayudas para transporte
escolar, comedores escolares o libros de texto, que son necesidades
básicas, no están garantizadas. En esto consiste la educación gratuita.
Si verdaderamente se creen la igualdad de oportunidades, hagamos política
de igualdad de oportunidades educativas, y eso solo es posible con una
política de becas diametralmente opuesta a la que el Gobierno está
llevando a cabo. No voy a entrar a detallar todas las cifras y los
recortes producidos, que son muy importantes, pero les pido, señorías del
PP, que no adornen ni maquillen lo que ha sido y es un recorte en toda
regla. Solo en becas universitarias ha habido un 6,8 % menos desde el año
2012; en porcentajes detallados, reducciones de casi el 27 % en la
cuantía fija por renta; del 41 % para residencia y del 23 % para la beca
básica. Con la reducción de las cuantías que han llevado a cabo, el
incremento del nivel de vida, la precariedad salarial y la pobreza
existente en nuestro país, sobrevivir como estudiante es casi misión
imposible. La educación debe recuperar el sentido de ascensor social y,
para ello, es fundamental fortalecer, garantizar las becas como derecho e
incrementar sus cuantías. Sin duda, el señor Wert pasará a la historia de
la educación de este país. Nadie ha hecho más daño a las políticas de
progreso e igualdad en educación. Su página de la historia de hoy son las
becas y el Real Decreto 609/2013, que se resume en una cuantía variable
por nota y que exige al superbecario un rendimiento superior al del resto
para poder seguir estudiando. Varios dictámenes del Consejo Escolar del
Estado les han dicho que no vayan por esa línea, sobre todo por la
inseguridad que se genera en un contexto de dificultades económicas para
las familias. Háganles caso, señores del PP, y hágannos caso también a
nosotros.
Otra cuestión fundamental que debemos abordar y con urgencia es que se
conozca con suficiente antelación la cuantía de la beca concedida y que
se ingrese en el momento en que se haga pública su concesión. Insisto en
que si un alumno solicita una beca es porque tiene derecho a una beca y
ello implica que se sepan las cuantías y que además se ingresen esas
cuantías de manera inmediata, y no tengan que esperar meses y meses,
llegando incluso hasta el mes de enero o febrero. Y porque sucede esto,
señorías, hay muchos alumnos que tienen que renunciar a estudiar y
abandonar los estudios ante la imposibilidad de hacer frente a la
matrícula, a la residencia, a la manutención e incluso a los libros.
Vayamos a las tasas. ¿Dónde queda la igualdad? Los precios de la matrícula
se han incrementado salvajemente en estos años, hasta un 60 %, con una
tremenda disparidad entre comunidades autónomas y entre el precio de
grado y el de máster. Sin duda, es recomendable mucho más trabajo y
coordinación con la Conferencia General de Política Universitaria y el
Consejo de Universidades para que haya realismo y realidad, que las tasas
sean acordes a los niveles de renta y que las tasas de posgrado sean
homologables a las de grado.
Señorías, hemos intentado llegar a un acuerdo con el resto de grupos. No
siendo posible un acuerdo global, sí se ha marcado un consenso en
principios irrenunciables que avanzan en la recuperación de una política
más equitativa de becas y ayudas al estudio.
Finalizo. Son muchos los puntos en esta proposición no de ley que reflejan
la política de becas introducida por Wert y con la que el señor Méndez de
Vigo parece estar muy satisfecho puesto que no ha cambiado absolutamente
nada. Estamos a final de curso, a tiempo de que el real decreto, que está
a punto de publicarse, modifique aspectos importantes y vitales para
miles de jóvenes en este país. De la educación, de la formación y del
estudio depende la calidad de vida y el futuro de nuestros jóvenes.
Nosotros creemos y defendemos la igualdad de oportunidades, la educación
como ascensor social. Por ello, una política de becas que no deje tirado
-repito, tirado- a quien lo necesite es imprescindible; es decir, una
auténtica política de becas social, equitativa y con corazón. Y es que,
¿qué podemos decir sobre becas y ayudas? Que cualquier tiempo pasado fue
mucho mejor. Simplemente hace falta volver al modelo educativo de becas
que había en 2007.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i
Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Gracias, presidenta.
Señoría, como hemos comentado, esta iniciativa tiene cosas buenas que
compartimos en mi grupo. Usted sabe que fijar criterios objetivos que
sean ponderables y que faciliten la previsión a los estudiantes que
quieren acceder y que quieren solicitar una beca nos parece un acierto.
Nos parece un acierto apostar de nuevo por las becas Erasmus para
facilitar el intercambio entre universidades europeas, pero, sobre todo,
para que los estudiantes puedan enriquecerse saliendo del país y
conociendo otras lenguas y otros modelos de universidad. Nos parece de
verdad un acierto, pero a esta iniciativa le faltan cosas, usted lo sabe,
lo hemos hablado y hemos intentado corregirlo a través de enmiendas.
En primer lugar, plantear una homogeneización de becas sin tener en cuenta
los precios públicos de las universidades nos parecía un error, por eso
le hemos planteado una enmienda en ese sentido. Si hablamos de becas, nos
parece también un error no hablar de las sentencias del Tribunal
Constitucional y de cómo el Estatut de Catalunya recoge que es
titularidad de la Generalitat y competencia de la Generalitat la gestión
de las becas. Si vamos a hablar de eso y de cómo el Estado gestiona las
becas, obviar que hay sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes
desde el Gobierno se han saltado de forma reiterada para que la
Generalitat no gestione las becas nos parece que es obviar cosas
importantes. En último lugar, nos parece que le falta orden, nos parece
poco preciso hablar de becas sin hablar de modelo universitario. Por eso
nuestro voto no puede ser afirmativo pero tampoco va a ser contrario, con
lo cual avanzo que nos vamos a abstener en esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos ante una iniciativa socialista recurrente solo desde que dejó de
gobernar en 2011 el señor Rodríguez Zapatero, y eso que se trata de un
aspecto educativo esencial, como es la concesión de becas y ayudas para
nuestros estudiantes, un aspecto sin duda mejorable entonces y ahora
porque desde el Real Decreto 609/2013 hay margen para hacer posible una
política educativa de equidad y de compensación de las desigualdades
económicas y sociales. Lo correcto hubiese sido que esta cuestión de las
becas se tratase en la subcomisión creada aquí, en el Congreso, a finales
de año con el nombre de Pacto de Estado social y político por la
educación, que lleva más de cincuenta comparecencias y que se estableció
-pensábamos algunos- para alcanzar amplios acuerdos parlamentarios que
son de inequívoco interés general. Sin embargo, aquí se trae esta
proposición no de ley al margen de ese gran pacto, por lo que nos parece
indefendible que el Grupo Socialista busque el atajo con evidente
intención de alarde y escaso propósito de utilidad pública. En todo caso,
en Foro señalamos que si bien la crisis en esta década ha reducido
drásticamente el presupuesto de las becas y ayudas al estudio, a nosotros
nos parece que uno de los problemas relativos a su financiación debería
estar vinculado a los resultados para garantizar un sistema competitivo y
de calidad mediante el acercamiento de los problemas a las necesidades
laborales del país.
Hoy, entre otros puntos, también se nos propone eliminar la obligatoriedad
de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan
superado los créditos exigidos aun cuando su derecho se generara el curso
anterior, con lo cual, si un alumno está recibiendo dinero público para
su formación, quedaría eximido de rendir cuentas. Es evidente que siempre
se pueden hacer excepciones puntuales a enfermedades o situaciones
familiares o personales y que queden exentas, pero, con carácter general,
en Foro consideramos que las becas tienen que estar condicionadas al
esfuerzo del estudiante y al resultado de su formación. Tampoco estamos
de acuerdo con el menosprecio a la equidad que se desprende de esta
iniciativa, porque las becas no son un derecho adquirido sine die y, por
lo tanto, si un alumno en un momento determinado deja de tener problemas
económicos debe quedar en idéntica situación que aquellos que no pudieron
optar a la beca.
Finalmente, señora presidenta, reitero que un asunto como este de las
becas y ayudas al estudio es materia cardinal para abordar y resolver
dentro del gran pacto educativo que constantemente vienen reclamando
todos los sectores de la sociedad.
Una persona culta es una persona libre, yo creo que eso en esta Cámara lo
tenemos bastante claro. La educación es una herramienta para igualar, es
una herramienta para conseguir un futuro digno, y la función de las becas
es justamente esa, crear igualdad en el acceso a la educación. Por eso
todos estos años de recortes se ha atacado directamente a la educación de
una manera muy clara, los recortes han sido totalmente ideológicos, los
recortes tenían la voluntad de hacer de la educación un privilegio. Y el
resto de personas, las que no pueden estudiar, las que no se pueden pagar
una carrera universitaria, al saco de la mano de obra barata, al saco de
quien no tiene capacidad para quejarse. Esto es como quien tiene dos
perros, uno pequeño y otro grande, y pone el cuenco de la comida
demasiado alto. El perro pequeño nunca va a poder llegar a comer al mismo
nivel que el perro grande. El perro pequeño nunca podrá crecer igual que
el perro grande. Ustedes se han empeñado durante todos estos años y
siguen empeñándose, señorías del Partido Popular, en poner ese cuenco
demasiado alto, siendo muy conscientes de que quien pasa hambre nunca
morderá la mano que le da de comer. Por eso no quieren igualar en
educación, porque una persona culta es una persona libre. Y tener cultura
es algo más que estudiar en valenciano o en castellano, es conocer
nuestra historia, es saber que a lo largo de la historia nos han querido
tiranizar, como personas y como pueblo. Tener cultura, y por tanto ser
libre, es tener herramientas suficientes para saber sumar y entender que
con el dinero de las becas han rescatado bancos. Tener cultura es saber
que se quedan con los impuestos del País Valencià, que nos financian mal
y que al conseller Marzà le toca multiplicar los peces y los panes para
poder pagar la educación valenciana. Pero en Compromís lo tenemos claro,
el conseller lo tiene claro: hemos venido para hacer políticas valientes,
hemos venido para recuperar la sonrisa de las personas sencillas y hemos
venido para conseguir, aunque les haga reír (El señor Cantó García del
Moral pronuncia palabras que no se perciben), que en el País Valencià
haya personas cultas porque queremos personas libres. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores
diputados, buenas tardes.
El Partido Socialista presenta una proposición no de ley para modificar el
sistema actual de becas y volver a ciertas fórmulas que existían antes de
que el señor Wert dinamitara algunas cuestiones en este sentido. En
cualquier caso, así como algunas de las propuestas que aparecen en esta
proposición nos parecen positivas, otras son más controvertidas o
entendemos que tienen más miga. No vamos a entrar, evidentemente, en que
hay que garantizar el acceso a la educación de la gente que por motivos
económicos no puede permitírselo, faltaría más, esa es una de las grandes
revoluciones que hemos tenido en los últimos años y es algo que hay que
mantener. Si Mandela decía aquello de que la educación es el arma más
importante que existe, el acceso a la misma es algo que ya nadie
cuestiona en esta Cámara. Por tanto, el tema ya no es qué, sino cómo hay
que hacerlo y si la forma que planteamos para hacerlo es la mejor o no. Y
en ese sentido decía que hay elementos que son positivos, pero dentro de
esta misma proposición no de ley plantean otros que, por muy importantes
o loables que sean, hay que tener en cuenta también dónde se localiza
eso. Ustedes tienen cierta tendencia a buscar que papá o mamá Estado dé
una cobertura cuando precisamente pueden ser otros los competentes en esa
materia. Hablan de marco coherente en el conjunto del Estado, pero ¿qué
es para ustedes un marco coherente en el conjunto del Estado con las
mismas oportunidades para todos? ¿Qué todos se midan por el mismo rasero
sobre la base de criterios de Estado o que las comunidades autónomas
competentes en materia de educación dejen de tener lo que les compete?
Por ejemplo, se puede decir que las becas de Erasmus del Gobierno vasco
son todavía mejores que las que plantea. Por tanto, ¿por dónde vamos a
rasear?
Me queda poco tiempo. Hemos presentado un enmienda -que, por lo que veo,
no va a ser aceptada- por la que instamos al Gobierno a respetar el
ámbito competencial que en materia de educación tiene la Comunidad
Autónoma del País Vasco, cumpliendo el Real Decreto 1014/1985, de
traspaso de funciones y servicios del Estado al País Vasco en materia de
universidades, y retirar todos los recursos interpuestos contra el
sistema vasco de becas. Eso es lo que solicitamos, porque nos parece que
los recursos interpuestos por la Administración del Estado contra el
sistema de becas resultan especialmente significativos, además de
profundamente preocupantes. Más de 127 000 familias reciben cada año las
ayudas que les garantizan una escolarización plena en igualdad de
condiciones y los recursos contra las condiciones y los requisitos
acordados en Euskadi para el acceso a las becas pretenden, sin duda
alguna, cuestionar el sistema vasco
de financiación e incluso el propio concierto económico. Tras más de
treinta años -¡treinta años!- de autogestión, cuando no ha habido ningún
problema, cuando el Gobierno nunca ha puesto ningún problema, qué
casualidad que ahora va y recurre el sistema vasco de becas. Y a través
de recursos judiciales el Gobierno de España pretende homogeneizar el
sistema en todo el Estado. Por lo tanto, no caigan ustedes, Grupo
Socialista, en esa cuestión. Sean prudentes; no caigan, ellos ya lo han
hecho. Como decía, pretenden homogeneizar imponiendo los tipos de becas y
las condiciones para acceder a ellas, y pretenden obligar al Gobierno
vasco a destinar menos recursos para becas y limitar el número de
familias que pueden acceder a ellas. Qué paradoja, ¿verdad? Obligan al
Gobierno vasco a que destine menos dinero para becas y eso es algo
inadmisible. Quiero señalar que el primero de los recursos ha sido
decidido mediante sentencia de diciembre de 2016, y recurrido por el
Gobierno vasco en casación así y todo, y resulta muy preocupante la
dinámica de requerimientos contra diferentes actuaciones del Gobierno
vasco en esta área.
Por lo tanto, señores del Partido Socialista, podríamos hablar mucho de
las becas, de los contenidos y de toda esta materia, pero les pido que
acepten esta enmienda, y si no lo van a hacer, no sé por qué será,
¿porque creen que el Gobierno vasco no tiene derecho a tener un sistema
propio de becas? ¿Porque creen que el Gobierno español tiene razón al
recurrir? Explíquennoslo y ya veremos qué hacemos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputadas, diputados, señora presidenta, tenía
pensado empezar con una cita, pero después de la intervención de mi
compañero Capdevila proponiendo como filósofo del siglo XX a José María
García, toda cita palidecía. Por tanto, pasaré directamente a la
intervención, primero por la forma en que se nos presenta: una
proposición no de ley. Con el tiempo que llevo, entiendo que la
proposición no de ley puede ser una advertencia, una denuncia e incluso
una recomendación, pero no sirve como instrumento que permita un cambio
en las políticas de Gobierno. Incluso se pueden ganar -de hecho, hemos
ganado bastantes PNL- y generar expectativas que luego no satisfacemos,
con el peligro añadido de que pueden llevar a la ciudadanía a ahondar la
distancia entre ellos y esta Cámara. ¿Qué hacer? Sencillo, cambiar el
reglamento y todo aquello que impida que se aplique lo acordado. Ya sé
que hace cuarenta años que no se ha hecho, pero no estaría de más empezar
por aquí.
En buena parte estoy de acuerdo con lo que se dice en la PNL, pero no del
todo. No estoy de acuerdo en volver a 2007, porque 2007 también era
insatisfactorio. No se habla de Cataluña o, mejor dicho, no se habla de
que hay naciones que el Estado no reconoce y que estatutariamente tienen
derecho a la gestión de las becas y esto, por lo que parece, no es
compartido por el grupo proponente. Creemos y compartimos que el sistema
de becas es un instrumento del sistema educativo dirigido a hacer
efectivo el derecho a la educación permitiendo el acceso de todos los
ciudadanos y ciudadanas a la enseñanza en condiciones de igualdad a
través de la compensación de las condiciones socioeconómicas
desfavorables que pudieran existir entre ellos. El actual sistema de
becas no es así y la involución del Partido Popular lo ha empeorado, pero
si hablamos de Cataluña hace más de veinte años que el Estado incumple la
ley en materia de ayudas a los estudios. En 1994 el Ministerio de
Educación y Ciencia dictó una orden por la cual se convocaban becas y
ayudas para los estudios universitarios; este mismo año la Generalitat
interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. Después de siete
años -vía habitual, diferente de la exprés para Cataluña-, en 2001, el
Tribunal Constitucional reconoció que la titularidad de esta competencia
recaía en el Gobierno de la Generalitat. A partir de aquí, la Comisión
mixta Estado-Generalitat estuvo trabajando tiempo y tiempo. El Tribunal
Constitucional volvió a reconocer en 2007 que esta era materia de gestión
de la Generalitat de Catalunya, pero nada ha cambiado -ha empeorado-, y
en 2011 la comisión bilateral, que dio nuevo impulso a este tema, se
encontró bloqueada de nuevo por el Gobierno español.
Paralelamente, durante más de veinte años los estudiantes catalanes han
salido perjudicados. Anualmente los estudiantes que reciben beca en
Cataluña están un 20 % por debajo de la media del conjunto del Estado; es
decir, 9000 universitarios catalanes han dejado de percibir beca para
cursar estudios. Desde el año 2000 hasta la actualidad contamos unas 150
000 becas universitarias menos para los estudiantes catalanes. Hay que
conseguir de una vez por todas superar esta situación y sentar las bases
de un modelo de becas eficaz. Hay que conseguir de una vez por todas que
el Tribunal Constitucional no sea un instrumento político del Gobierno,
que curiosamente, siendo el que más exige el cumplimiento de sus
sentencias, es el que más las incumple.
Educación y república. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, se nos presenta hoy una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el sistema
de becas y ayudas al estudio, y la verdad es que nos sorprende un poco
que traigan esta propuesta al Pleno en un momento en que estamos inmersos
en el pacto social y político por la educación, del que forma parte la
proponente y que creemos que es el foro adecuado para debatir con
seriedad, con rigor, sin teatros, cuáles son los mejores modelos de
financiación para garantizar la equidad y el acceso a la educación
posobligatoria. Yo me malicio que el momento no es casual, que traer el
tema aquí y ahora tiene que ver más con querer marcar el territorio -como
hacen los animalitos- y con escenificar el nacimiento del neo-PSOE que
con una preocupación genuina por la educación. Debe ser que yo soy un
poco mal pensada.
Pero, más allá de esta falta de oportunidad -que en este caso para
nosotros no es baladí y va a condicionar el sentido de nuestro voto-,
tengo que confesarles a los señores del PSOE que coincido plenamente en
una cosa: el modelo Wert de becas -el modelo de becas actual- no nos
gusta y hay que cambiarlo. Siento decirles, señores del PSOE, que en esto
ni ustedes ni yo somos muy originales, porque yo creo que el modelo Wert
le gusta a Wert y a nadie más -ni siquiera sé si a Wert le gusta-, porque
disgusta a mucha gente, incluidas instituciones, como ha dicho la
proponente, como el Consejo Escolar del Estado, que lleva cinco años
presentando dictámenes y pidiendo que por favor lo cambien; el último
hace apenas dos semanas. Y es que, a pesar de que el PP se empeña en
argumentarnos en las comisiones y en las comparecencias que la cuantía
que se ha destinado a las becas es la más alta de la historia, la verdad
es que nunca la media por estudiante ha sido más baja. Y aunque ustedes,
el PP, nos intenten convencer de que son los reyes de la eficacia y de la
eficiencia, lo cierto es que, con los cambios, la resolución de las becas
se hace en enero y se cobran las becas una vez terminado el curso, con lo
cual nadie se puede planificar. Y además para arreglar esto resulta que
el ministerio ha dicho que va a crear un simulador para saber cuánto te
toca de beca. Conclusión: Nadie sabe la beca que va a tener en el curso
siguiente. Lo cierto es que, aunque el PP también ha estado hablando de
que su sistema ha sido más proporcional y a nosotros nos gusta que haya
una parte fija y una parte variable que premie la excelencia y el
trabajo, la verdad es que se han olvidado una cosa muy importante, que es
vincular la cuantía de las becas con el coste de la matrícula, y estamos
en un sistema donde se produce la paradoja de que te dan una beca con la
que no puedes pagar la matrícula para la enseñanza postobligatoria. En
definitiva, nosotros pensamos que el modelo Wert ha generado, como
decían, un pequeño gran caos que tendremos, más pronto que tarde, que
arreglar.
Lo cierto es que hay que darle la vuelta, pero darle la vuelta de otra
manera, señores del PSOE. Estando de acuerdo en muchas cuestiones, creo
que esto hay que hacerlo con rigor, con análisis y con estudios, y no
poniendo parches a determinadas propuestas. Ustedes hablan de una beca a
la educación posobligatoria como derecho subjetivo y nosotros en
Ciudadanos preferimos decir que el derecho subjetivo es el derecho a la
buena educación más que a la beca para la educación. Nosotros preferimos
un modelo que asegure que nadie se quede fuera de un sistema educativo
excelente por motivos económicos, pero no ponemos límites a las fórmulas,
hay distintas fórmulas para hacerlo. Nosotros preferimos que las becas
sean suficientes y que combinen la garantía de igualdad con premiar el
esfuerzo más que el modelo del café para todos. En definitiva, nosotros
en Ciudadanos creemos que nunca una propuesta de becas que plantee en
cualquiera de sus aspectos devaluar la educación puede ser admitida por
ninguno de los grupos políticos. Más allá de esta cuestión y más allá de
la cuestión de fondo, que creo que tendremos oportunidad de debatir en el
marco del pacto, insisto en que nosotros nos vamos a abstener porque
creemos que no es el momento formal para hacerlo y porque hemos
presentado una serie de enmiendas que mejoraban la propuesta y que
ustedes no han aceptado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Señorías, tengo que empezar diciendo que comparto buena parte del
diagnóstico de la diputada Martínez Seijo. Los recortes practicados por
el Partido Popular en materia educativa y, en concreto, en
materia de concesión de becas y de ayudas al estudio no solo han generado
multitud de problemas entre los estudiantes y sus familias, sino que en
último término han erosionado fuertemente el artículo 27 de la
Constitución, que es el que habla de derecho a la educación.
Sabemos que el Gobierno se pasó la anterior legislatura negando la mayor,
negando la reducción tanto del número de becas como su cuantía, pero la
realidad otra vez está muy alejada de sus discursos y así lo demuestran
los datos: España dedica tres veces menos recursos a becas de lo que
dedican los países de la OCDE y así nos lo demuestran muchos de los
testimonios que recibimos cada semana; cada semana recibimos correos de
estudiantes que se han tenido que poner a trabajar porque bajó la
dotación de su beca y ya no les llegaba o que directamente han perdido su
derecho a beca. No son casos aislados. Según el sindicato Comisiones
Obreras durante los últimos cinco años de crisis más de 85 000
estudiantes han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar;
han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar, porque no
podían hacer frente a la subida de las tasas o porque no había becas
suficientes. Por tanto, estamos hablando de 85 000 estudiantes que han
perdido su derecho a la educación por su política de recortes, por el
maltrato que ustedes realizan sistemáticamente contra la educación y la
universidad pública, y por el desprecio que tienen a la igualdad de
oportunidades.
Pero esto no queda aquí, no contentos con subir las tasas de matrícula y
recortar en becas, el Gobierno del Partido Popular ha trampeado el
concepto mismo de beca. ¿Y cómo lo ha hecho? Modificando el tipo de
acceso a las becas generales universitarias y estableciendo un sistema
que contempla una parte fija y otra variable. Para desconcierto de
muchos, esta parte variable se otorga ahora en función de factores tan
diversos como el rendimiento académico o el presupuesto que se destina al
programa.
Permítanme, señorías del Grupo Popular, que les recuerde algo muy
elemental: las becas de carácter general han de ser necesariamente becas
de ingreso, no de excelencia y deben estar al servicio de las necesidades
de los estudiantes y no que los estudiantes estén a merced de cómo soplan
los vientos en los próximos presupuestos. En definitiva, señorías del
Grupo Popular, ustedes disminuyeron las ayudas al estudio, rebajaron sus
cuantías, modificaron el sistema de acceso y, ahora, ingresan las becas
tarde y mal. Pregunten si no con cuántos meses de retraso han llegado las
becas generales este año. Ya no es una cuestión de falta de recursos,
sino directamente de mala gestión. Ustedes gestionan mal porque se
desentienden de lo público, porque en el fondo no les preocupa que a un
chaval, que necesita su beca para subsistir, para estudiar, se le ingrese
la misma en mayo o en junio. Deben pensar: Que se ponga a trabajar, que
con eso se crea empleo.
En este contexto, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley
para la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio, que
fundamentalmente plantea recuperar el sentido de la beca como derecho
subjetivo y comenzar a arreglar algunos de los estropicios de estos
últimos años. Es difícil no estar de acuerdo con una PNL de estas
características, sobre todo cuando el único problema que se le podría
señalar es que es muy ambiciosa. Abarca prácticamente todos los problemas
actuales de nuestro sistema de becas, aunque se olvida de una cuestión
que para nosotros es importante: la financiación, que habrá que abordar
en el pacto educativo. En cualquier caso, nos alegramos de que este nuevo
PSOE apueste por las becas públicas y cierre el paso definitivamente a
los denominados préstamos-renta que puso en marcha el Gobierno de
Zapatero, con el resultado de varios miles de endeudados, que parece que
quería seguir recuperando la señora Susana Díaz. Así al menos aparecía en
su programa. Nos alegramos, pues, de que hayan dejado de transitar ese
camino.
Mi grupo, el Grupo Confederal, cree que la política educativa debe estar
guiada por el principio de justicia distributiva, destinando los recursos
a quienes más lo necesitan, y por eso hemos planteado fundamentalmente
dos enmiendas. Por lo que respecta a las becas Erasmus, además de que se
recuperen los requisitos anteriores, consideramos que la dotación de esta
beca no debe depender solo del país de origen o del país destinatario,
sino también de la renta del destinatario. Actualmente, la cuantía de las
becas Erasmus -200 o 300 euros más los 100 euros que te dan si tienes la
beca general- no es suficiente para la mayoría de los estudiantes y de
las familias. Por otra parte, plantean una convocatoria que incluya el
pago de la matrícula de posgrado a los licenciados o graduados en
situación de desempleo. Pues bien, nosotros proponemos que la gente que
no llegue al salario mínimo interprofesional se incluya en esta ayuda.
Voy acabando. Queremos votar a favor de esta proposición no de ley, y digo
queremos porque estamos de acuerdo con la letra y el fondo de la misma,
pero creemos que si se aceptan las enmiendas del Grupo Ciudadanos, que
pretenden eliminar la referencia a la beca como derecho subjetivo e
introducir nuevamente las becas-préstamo, se desvirtuaría su sentido y en
un país donde, según datos de la OCDE, ha crecido
un 24 % el impacto del nivel socioeconómico sobre los resultados
educativos, apostar por un sistema de becas suficientes y público es una
cuestión de justicia social. Por tanto, esperamos que el Grupo Socialista
no se deje llevar por los cantos de la 'sirena naranja' y mantenga sus
compromisos con la comunidad educativa, y ahí nos encontraremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Lorenzo Torres.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta. (Comienza su
intervención en gallego refiriéndose alincendio de Portugal.-Aplausos).
Señorías, yo les estuve escuchando a todos respecto a este tema de las
becas y, como a mí siempre me gusta buscar el denominador común, les
puedo decir que en muchas cosas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en
que la beca es un derecho fundamental, en que las becas de estudios son
un derecho subjetivo, un pilar esencial en el Estado del bienestar, que
hay que garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos en el acceso a la educación, y que el sistema debe ir
encaminado a asegurar que todos los estudiantes con talento y voluntad de
estudiar pueden hacerlo al margen de su situación socioeconómica.
Hoy ustedes nos presentan una proposición no de ley donde toman una serie
de iniciativas, pero hay una que me llama la atención porque en ella
quieren mirar para atrás y volver al sistema anterior, al de 2007,
incluso al de 2012. Quiero recordar, en relación con este sistema, que
cuando llegó el Partido Popular al Gobierno se encontró con que había más
de 1000 millones de agujero en el sistema de becas en España y que por
supuesto hubo que incrementar la dotación presupuestaria. Claro que hubo
que hacer reformas, a veces no del todo queridas, pero sí fueron
necesarias para mantener el sistema. Fueron reformas que se basaron sobre
todo en el respeto a los umbrales de renta del patrimonio establecidos, a
la promoción de la cultura del esfuerzo y por supuesto a adoptar las
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema. Durante todos estos años ha habido un aumento de las dotaciones
presupuestarias para las becas. Ustedes hablan de que ha habido recortes
y yo les puedo dar datos objetivos de cuánto era el presupuesto para
becas y ayudas al estudio en el año 2012 -con 1168 millones de euros- y
en el año 2017 -con 1420 millones de euros-. Esta es la realidad, estos
son los datos. Antes hablaba una persona de un perro, de que era muy
importante saber si el contenido del cuenco estaba bajo o alto. Lo
importante es que el cuenco esté lleno, que haya dinero para las becas.
(Aplausos). Eso es lo importante, no que su contenido esté bajo o alto.
Si está bajo, lo importante es que habrá que subirlo para ayudar a ese
perro a que coma del cuenco. Lo importante es que hay que llenar el
cuenco.
No se olviden de que este sistema que hemos hecho estos años, esta apuesta
que ha hecho el Partido Popular se hizo en la época de mayor crisis
económica y financiera de este país. A punto de ser rescatados nosotros
seguimos apostando por la política educativa, por la política de becas y
ayudas al estudio. Esto tuvo sus consecuencias; de hecho, aumentó el
número de becarios. Si ustedes comparan entre el año 2011 y el año 2016,
hay 23 877 becarios más ahora, y esto es gracias a estas políticas.
(Rumores.-La señora Martínez Seijo pronuncia palabras que no se
perciben). Sí, sí, se han aumentado las ayudas a becas, a los estudios,
al material escolar; se han aumentado todas esas ayudas en esos
presupuestos que ustedes no votaron a favor. Ustedes vienen, hablan y
piden cosas y luego, cuando se presentan estos aumentos presupuestarios
para estas partidas, votan en contra. Por eso, también tienen que hacer
una reflexión.
Voy a entrar en las propuestas que ustedes hacen, porque sinceramente con
algunas no entiendo qué pretenden. Dicen ustedes que hay que establecer
criterios claros, objetivos y ponderables. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que no
entienden de las becas? Porque yo he entrado en la página web de las
becas del ministerio y es muy fácil acceder a una beca y saber cuáles son
los requisitos. Si ustedes no lo ven claro, dígannos cómo tenemos que
cambiar la norma, no hagan esta afirmación sin aportar nada nuevo.
Por supuesto, me alegro -me hace gracia de que usted quiera volver a lo
anterior- de que quieran que se recuperen las becas Séneca. Quiero
recordar que estas becas pertenecen a un programa que hizo don Mariano
Rajoy, que en su día fue ministro de Educación, hoy presidente del
Gobierno. Es verdad que se puede pensar en un futuro en la recuperación
de estas becas.
En cuanto al programa Erasmus, ya se han entregado 29 millones de euros
para el mismo. España es el país que más contribuye, que más colabora en
el mismo. Esta es una realidad que también está ahí y,
de hecho, el presupuesto total del programa Erasmus -saben ustedes que es
europeo- es de 178,2 millones de euros.
En relación con las resoluciones de las becas, piden ustedes que se hagan
en menos de tres meses. ¿Y por qué no en uno? Pero, claro, el sistema es
el que es. Es verdad que hay un sistema informático y que son muchas las
personas que piden becas, pero hay que hacer un estudio de cada becario,
de la información que presentan y por supuesto esto lleva un tiempo. De
hecho, yo sé que se ha apostado por aligerar los plazos, pero el 68 %
cobró la beca antes de navidades y el 98 % cobró la totalidad de la beca
antes de febrero. Hay gente que tiene problemas, que tiene que aportar
documentación y sufren retrasos, pero las becas se están intentando pagar
siempre lo antes posible.
Respecto a los precios públicos, no puedo entrar en todos los temas, pero
me gustaría entrar en dos. En cuanto a la evolución de las becas, no sé
si las becas deben ir unidas a los rendimientos, porque si también
hablamos de derecho podemos hablar de responsabilidades. ¿Para qué
queremos la beca? ¿Para ir a la universidad o para mandar a nuestros
hijos a estudiar a la Universidad? A lo mejor es lógico, si mandamos a
nuestros hijos a estudiar la Universidad, pedir un determinado
rendimiento, porque es verdad que hay un esfuerzo de la sociedad española
a través de las becas para que estas personas estudien.
Como no tengo mucho tiempo porque veo que la luz se está poniendo en rojo,
quiero decirles algo al respecto. Yo creo que esto es muy inoportuno, y
permítame que se lo diga de esta manera. Incluso creo que es una
deslealtad presentar en este momento esta proposición no de ley, y le
digo por qué, porque estamos en la Comisión de Educación, en la cual está
usted presente, todos los días trabajando con muchas personas que nos
están dando información y estamos entre todos elaborando lo que puede ser
el futuro pacto de la educación. Por eso me parece una deslealtad, me
parece que es inoportuno, porque es en esa Comisión donde debemos
establecer las bases y los criterios para establecer el sistema de becas.
Traerlo aquí ahora no lleva a nada, sin embargo, trabajar allí sí. Yo les
tiendo a usted y a todos los presentes la mano, porque les aseguro que
tenemos todos mucho interés en que salga adelante este pacto por la
educación. De hecho, todos los intervinientes que han comparecido en esa
Comisión nos han pedido una cosa: por favor, lleguen ustedes a un pacto.
Tenemos la obligación de llegar a ese pacto, y la sociedad española que
está aquí fuera también quiere ese pacto por la educación. Por eso yo le
tiendo la mano a que sigamos todos trabajando por ese pacto por la
educación. Oyendo lo que estoy oyendo o lo que oí, le aseguró que, pese a
nuestras discrepancias, que las tenemos, es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Martínez Seijo si acepta su
grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Vamos a presentar una enmienda transaccional a
la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE
LA ACTUAL ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente
162/000421).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual
Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor González
Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes a todos. Hoy nuestro grupo presenta una
proposición no de ley para potenciar la actual Estrategia de
Ciberseguridad Nacional. La primera pregunta sería: ¿por qué es
importante esta iniciativa? (El señor vicepresidente, Prendes Prendes,
ocupa la Presidencia). Pues porque los datos en la información que cada
día intercambiamos los ciudadanos, las empresas, las administraciones
públicas y los países a través de los entornos digitales, ya sean webs,
redes sociales o aplicaciones, y que se almacenan en potentes servidores
y en muchos casos incluso en la nube, suponen un movimiento de 2,5
quintillones de bytes al día. Garantizar que los miles de millones de
datos personales, bancarios, fiscales, laborales, sanitarios, educativos,
militares, y un larguísimo etcétera que diariamente circulan por este
ciberespacio estén seguros y no sean utilizados al margen de las
intenciones de los ciudadanos o no
puedan ser utilizados de manera inadecuada, es uno de los desafíos
principales que tenemos los responsables públicos en materia de
seguridad. Ello es así porque hoy muchos delincuentes han decidido que el
mundo virtual sea una nueva y rentable oportunidad de negocio y, siendo
una sociedad cada vez más digitalizada, muchos quieren utilizar estas
nuevas tecnologías para seguir cometiendo los llamados delitos
analógicos, como el tráfico de drogas, la venta de armas o la extorsión.
Según algunos estudios, el impacto económico de la ciberdelincuencia es
cada vez mayor, incluso triplica el del narcotráfico, y en algunos países
de la Unión Europea los ciberdelitos ya superan a los llamados delitos
tradicionales. Todos estos datos son para ponernos en situación de la
necesidad de afrontar y potenciar aún más si cabe la Estrategia de
Ciberseguridad. Así, en el año 2013, el Gobierno del Partido Popular
aprobó la primera Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Como prioridad
se marcó lograr de España un lugar seguro donde los sistemas de
información y telecomunicaciones pudieran tener una fortaleza y una
capacidad de prevención, defensa, detección y respuesta a los
ciberataques. Ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad
dependiente del CNI, dicho consejo reúne -y reunía entonces- a
representantes prácticamente de todos los ministerios y coordinaba
diferentes centros dispuestos a dar respuesta a incidentes relativos a la
ciberseguridad. Algunos de los organismos implicados son: el Mando
Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Ministerio de Defensa, el
Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, o el Certsi de Seguridad
de Industria, operado por el Incibe, que depende del Ministerio de
Energía y coordinado con el Ministerio del Interior. Este es un punto en
el que la PNL quiere incidir especialmente no solo con la necesaria
coordinación entre ministerios y organismos públicos, sino también la
necesaria coordinación con organismos internacionales.
A partir de ese momento, con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se
pusieron en marcha un montón de planes y actuaciones que obviamente no
son estáticos y que han dado sus resultados. Así, en el periodo
2015-2016, el Centro Criptológico Nacional gestionó casi 40 000
ciberincidentes, frente a los 11 262 del periodo 2012-2013. Y, si
analizamos el año 2016, el CERT de Seguridad gestionó 115 257 incidentes
de seguridad, 479 de ellos considerados en operadores críticos, frente a
los 58 000 incidentes ya detectados en este año 2017. Estos datos ponen
de manifiesto que ante una amenaza cada vez más creciente nuestro país ya
ha dado respuestas certeras, respuestas rápidas a este problema, como
digo, cada vez mayor. Obviamente se ha trabajado en la sensibilización,
en la protección y en la formación de ciudadanos y empresas, pero esta
proposición no de ley pretende ahondar precisamente en esas políticas de
protección e información. Algunos de los departamentos del Gobierno, como
el Incibe, solo en el año 2016 ya fue declarado Safer Internet Centre en
España; y el 7 de febrero, por ejemplo, lanzó una iniciativa muy
interesante: Internet Segura For Kids, pensada especialmente para lanzar
campañas de divulgación y otras iniciativas como una línea de ayuda para
apoyar precisamente a los más jóvenes y a sus padres en la utilización de
Internet segura.
Asimismo, se han desarrollado múltiples herramientas y tecnologías por las
Fuerzas de Seguridad del Estado tales como el sistema AntiBotnet, con el
que se pretende defender redes de ordenadores comprometidos o la
Plataforma "Ícaro" para el intercambio de amenazas, que ayudó a prevenir
precisamente el ciberataque del denominado virus WannaCry; fue una alerta
temprana que funcionó durante este año, dentro de las 450 ciberamenazas
críticas que ya han ocurrido, como digo, en el ejercicio 2017, y otras
iniciativas, por ejemplo, la Plataforma "Helios" que sirve, dentro de
distintas herramientas de investigación de ciberdelitos, para las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Creemos que hay que seguir potenciando todas esas medidas y, por eso,
hemos presentado esta proposición no de ley, que se centra en distintos
puntos, enriquecidos por cierto por iniciativas de grupos políticos como
el Grupo Socialista, Foro o Ciudadanos, que han ayudado a profundizar en
la necesidad de esta estrategia nacional con puntos como desarrollar
programas de formación para los responsables de tecnología de información
y comunicación; desarrollar mecanismos y programas necesarios para
reforzar la seguridad en empresas, ciudadanos e infraestructuras
críticas; mejorar los procedimientos y protocolos de intercambio de
información relevante entre los distintos organismos y centros
responsables, para prevenir también otros ciberdelitos y ataques como el
WannaCry, o desarrollar programas de concienciación en la ciberseguridad,
como hemos hecho a través del Incibe, sin renunciar a la capacitación y
la captación de personal que incluso haya actuado como hacker en el
pasado y que pueda formar parte de ese cuerpo de ciberdefensa que
nosotros también entendemos importante. También deseamos extender y
ampliar los programas y ayudas de captación de talento e investigación
avanzada y potenciar la industria nacional de seguridad y defensa de las
TIC, creando esa demanda temprana para las empresas de nuestro país. Por
supuesto, también, hay que potenciar el desarrollo del marco legal
español sobre
ciberseguridad, algo que ya ha avanzado el Ministerio de la Presidencia al
trabajar con el Ministerio de Justicia, y que en nuestro grupo
parlamentario creemos que debemos seguir impulsando desde el Parlamento
de la nación.
Obviamente, sin una cooperación y una promoción de la cooperación
internacional en materia de ciberseguridad, esta proposición no de ley
quedaría coja, y por eso hemos querido hacer un énfasis importante en
esta materia. Puesto que hoy en día la sociedad nos demanda una respuesta
inmediata a este tipo de problemas, nuestro grupo parlamentario entiende
que el resto de grupos igualmente lo considerará interesante, así como
nosotros hemos considerado las aportaciones políticas que han hecho a
este texto que con humildad sometemos a la votación de este Pleno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González
Terol.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en
primer lugar, el Grupo Mixto, que también fijará posición.
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Presenta el Grupo Popular una iniciativa para potenciar nuestra Estrategia
de Ciberseguridad Nacional, que es una materia de absoluta y permanente
prioridad en las agendas de todos los Gobiernos y que, como hemos tenido
oportunidad de comprobar hace tres semanas -cuando se puso en jaque
simultáneamente a Estados y empresas en medio mundo con un gigantesco
bloqueo informático-, exige una continua alerta y preparación ante el
creciente aumento de hackeos y de maquinaciones tecnológicas que tratan
de poner en gravísimos aprietos al sistema mundial. Tal y como se refleja
en el último Informe anual de seguridad nacional, dentro del apartado de
ciberseguridad, en el pasado 2016 España fue objeto de un mayor y
creciente número de ataques, amenazas y extorsiones contra los sistemas
de información de las administraciones públicas, de las empresas privadas
y también contra las personas, todo ello con impactos económicos y daños
a la reputación o a la privacidad de empresas, administraciones y
ciudadanía. En las conclusiones del IV Informe anual se reconoce que el
entorno global de seguridad se encuentra en un proceso de cambio continuo
a velocidad sin precedentes en el que aparecen riesgos y amenazas de
nuevo perfil que se retroalimentan y que afectan al Estado y al
ciudadano.
Señorías, hemos enmendado la PNL para que recoja lo que también es una
creciente preocupación en las democracias más avanzadas, la necesidad de
incrementar la protección de los procesos electorales para evitar su
distorsión. Están aún muy recientes las dudas vertidas sobre varios
procesos en otros países -el caso de Estados Unidos es el más relevante-
con acusaciones de intervenciones para socavar la imagen del proceso,
denigrar la imagen y la campaña de algunos candidatos y, en definitiva,
condicionar el desarrollo de la campaña electoral y su resultado, incluso
con intento de infiltraciones en el proceso de recuento. Creemos que en
las actuaciones concretas y líneas de acción previstas en el plan y en la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se plasman en el desarrollo de
diversos planes derivados, habría que incorporar un plan de
ciberseguridad específico en materia electoral, y de ahí nuestra enmienda
que el portavoz del Grupo Popular ya me ha anunciado que la van a
incorporar y se lo agradezco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.
Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, economía procesal, y vayamos al objeto de esta iniciativa. Sí a
lo que plantea el Partido Popular, pero lo que plantea el Partido Popular
tiene algunas lagunas muy importantes. En una proposición no de ley
extensa, de tres páginas, no hay ni una sola referencia a lo que implica
la protección de la ciberseguridad y las competencias de las comunidades
autónomas. Señorías, si hablamos de seguridad nos tenemos que preguntar
si la salud y la sanidad son competencias autonómicas y las bases de
datos de la sanidad también tienen que ser protegidas con las medidas que
se contemplan en esta iniciativa. Sobre seguridad pública para algunas
comunidades -después haré referencia-, educación, comercio, turismo, ni
una referencia en la iniciativa del Partido Popular a la necesidad de la
colaboración entre administraciones y las comunidades autónomas que
tienen desarrollados también los instrumentos al respecto. Concretamente,
en Cataluña existe el Cesicat, que es el embrión de la futura agencia de
ciberseguridad; en estos momentos se está tramitando el proyecto de ley de
creación de esta agencia de ciberseguridad.
Una vez más, el Partido Popular, el Gobierno del grupo de la mayoría,
expresan una alta insensibilidad en la coordinación entre
administraciones por un tema que no puede ser objeto de condicionalidad
por el momento político que se esté viviendo en un lugar u otro. Esto es
lo que pasa con la no convocatoria de la Junta de Seguridad, y esto es lo
que pasa especialmente con la decisión de no permitir a los Mossos
d´Esquadra, Policía de Cataluña, el acceso directo a las bases de datos
de la policía a nivel europeo. La Policía del País Vasco, muy
acertadamente, tiene este acceso directo y los Mossos d´Esquadra tienen
que continuar con la sala de coordinación. Esto es simplemente una
decisión arbitraria, de castigo del Ministerio del Interior y del
Gobierno hacia la Generalitat de Catalunya, lo que quiere decir, hacia la
seguridad de los ciudadanos de Cataluña.
Señorías, en una comunidad y en un país con un nivel de alerta 4 sobre 5
no se puede mercadear ni condicionar los elementos de la seguridad en
función de la mayor o menor proximidad política a algunos grupos o a
algunos Gobiernos. Señorías, no se puede jugar con estos aspectos y nos
parece indecente que ustedes utilicen y condicionen aspectos de seguridad
en función de la sintonía, pues implica una falta de lealtad clarísima
con el Gobierno de la Generalitat. Ni tan si quiera se nos ha contactado
para incorporar esta enmienda, por lo que nos es muy difícil votar a
favor de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador
Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Seré muy breve.
Señor presidente, quiero agradecer al señor Terol esta iniciativa, que
considero necesaria y urgente porque es necesario tener una estrategia en
un tema tan capital, ya que estamos afrontando una auténtica revolución,
un salto civilizatorio, se podría decir. Es obvio que la era digital
plantea muchos problemas, muchos de ellos inéditos, es decir, aprendemos
de ella y aprendemos con ella. Creo que no somos conscientes de que ni
siquiera solos podemos ser capaces de solucionar todos los problemas y
todas las derivadas que tienen. Por tanto, hay que crear una comunidad de
inteligencia y una comunidad de estrategia para afrontar, como digo,
todas las derivadas que la revolución digital tiene; es verdad que al
final estamos hablando de comunicarnos mejor, o no, que diría Rajoy. Creo
que esta revolución incuba dos contradicciones. Una, que tanta
información, tanta tecnología nos aísla muchas veces del mundo real, del
mundo tradicional, incluso pasa con nuestros hijos, y es una reflexión
que tendríamos que hacer. Dos, otra paradoja, y es que a más información,
nos hacemos más vulnerables, por lo que efectivamente es necesaria esa
estrategia.
La pregunta es: ¿Hasta qué punto es razonable que otras administraciones
sepan de nosotros y tengan control sobre nuestra propia intimidad, sobre
nuestros derechos, etcétera? ¿Dónde están las barreras que fijan los
límites de la información que otros tienen que saber y que otros tienen
que garantizar? Por tanto, son muchas preguntas sobre las amenazas reales
a nuestros derechos, los desafíos de la gestión de estos nuevos canales,
así como los riesgos a los ataques y algunas infraestructuras críticas.
Por eso, me parece acertado y se requiere para todo ello una estrategia:
conocer el medio, concienciarnos de la importancia de esta revolución,
educar en el buen uso de la tecnología, facilitar una regulación que
afecte a todas las derivadas, prevención, protección y garantizar, desde
luego, la seguridad.
Por otro lado, es verdad que deberíamos hablar -yo no tengo tiempo- sobre
el reto digital como un desafío y una oportunidad para nuestra industria.
En todo caso, yo haría una mínima sugerencia, y es que intentemos
desideologizar las soluciones que le podamos dar, no nos vaya a pasar
como a las liebres de la fábula que, pensando si eran galgos o podencos,
al final se vieron pilladas por los perros que les iban a cazar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador
García.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a todos ustedes les suena la Vía Apia construida en el año 312
a.C., la calzada romana que llegó a tener más de 100 000 kilómetros de
extensión, configurando una gran red por donde circulaban las
mercancías y por tanto el comercio; una vía de comunicación que servía
también para el traslado de las tropas del Imperio romano. En el siglo
XIII las rutas de navegación tuvieron con las cartas portulanas la
capacidad para poder transitar a través del mar y establecer una serie de
vías de comunicación que posteriormente se ampliaron con las cartas de
navegación, especialmente en los siglos XV y XVI. Hoy, cuando hablamos de
Internet, muchas veces da la sensación de que estamos hablando de un
videojuego, y cuando se habla de lo digital, parece que es algo un poco
ajeno a nosotros. Pero si vemos que 315 millones de europeos se comunican
y se conectan a Internet diariamente; si vemos que nuestras ciudades
están tendiendo a ser smart cities, ciudades inteligentes, para prestar
todos los servicios y satisfacer todas las necesidades que tienen los
ciudadanos -incluso para la prestación desde las instituciones de dichos
servicios-; si nos damos cuenta de que buena parte de la vida, del ocio,
del comercio, de nuestro poder energético, etcétera, está metido dentro
de la red, con esta estrategia de ciberseguridad se trata de preservar
todas esas oportunidades que nos da ese mundo. Igual que en la calzada
romana o en las rutas de navegación había asaltantes que trataban de
impedir el progreso o coger lo que no era suyo y tenían que existir
medidas de seguridad, hoy en día también hace falta que nos tomemos muy
en serio la seguridad, porque eso es lo que garantizará la calidad de
vida de los ciudadanos y también el progreso. Además, con las cifras que
se han dado, es algo que hace un daño a la sociedad que puede ser
irreparable. Cuando hablamos de la parte negativa, de los malos, podemos
decir que se ha producido un incremento de las amenazas y de los ataques
con actos intrusivos en equipos y en dispositivos que son vulnerables:
virus, robos, sabotajes, extorsión, acoso... Por ello, hay que intentar
buscar la normativa necesaria, pero también estrategias para poder acabar
con todo esto. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de
ciberamenazas en general contra infraestructuras críticas, operadores
estratégicos y sectores como el energético, el financiero y el comercio,
pero también estamos hablando de ciberdelincuencia o de ciberterrorismo.
Todos hemos visto la capacidad que existe para la financiación,
captación, propaganda, información, radicalización, formación y
coordinación por parte de los terroristas. Ese es el reto que tenemos en
este momento. Las amenazas evolucionan rápido y las respuestas lo tienen
que hacer de igual manera. Todo lo que invirtamos en este sentido será
positivo para el conjunto de la sociedad.
El 12 de mayo de 2017 cerca de 230 000 ordenadores o equipos fueron
infectados en todo el planeta, donde se produjeron accesos a más de 100
países y donde se pedían 300 dólares para evitarlo. Solamente aquellos
ordenadores que estaban actualizados a nivel de protección o debidamente
compartimentados dentro de una estrategia fueron capaces de evitar esa
amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si actuamos con prevención, si
tenemos una buena estrategia y la llevamos adelante, seremos capaces de
anular parte de esos riesgos a los que estamos sometidos como sociedad.
Tenemos el Centro Tecnológico de Seguridad, el Centro Nacional de
Protección de las Infraestructuras... Tenemos muchos mecanismos para
poder abordar todo esto. Alguien del PDeCAT decía que en esta estrategia
no se habían tenido en cuenta a las comunidades autónomas. No es verdad.
Precisamente las comunidades autónomas tienen que obtener los
certificados para garantizar que su educación, su sanidad, sus
administraciones e instituciones, dentro de la estrategia nacional, están
certificadas y, por tanto, cumplen los estándares de calidad. No es un
tema que tenga que sacarse fuera. En Ciudadanos estamos de acuerdo con la
última intervención que se ha producido en el sentido de que este no es
un tema ideológico, sino un tema en el que nos va buena parte de lo que
hoy está considerado como nuestra vida, por eso hemos añadido una
enmienda en la que pedimos que esto se trate desde el concepto de pacto
de Estado por la ciberseguridad, porque, repito, no estamos hablando de
un videojuego, estamos hablando de garantizar la seguridad en Internet a
nuestras empresas, a nuestros ciudadanos, a nuestras administraciones y,
por tanto, de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.
Es difícil no defender o no apoyar la Estrategia de Ciberseguridad
Nacional, el problema, señor Terol, es que ustedes vienen de un debate
presupuestario en el que han rechazado las enmiendas que en esta materia
formulaba el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, enmiendas
que justo atacaban la raíz de este problema, pero que, insisto, fueron
despreciadas vilmente por ustedes. Hemos estudiado su iniciativa con
atención y, si me permiten, sin ánimo de ser descortés, la verdad es que
está
plagada de lugares comunes, incluso nos atreveríamos a decir que poco
menos que de propuestas que van leyendo en la prensa y que a modo de
corta y pega van colocando en la misma. Hablar de la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional, para nuestro grupo, es hablar de las siete
enmiendas que les hemos formulado y que el Gobierno y ustedes mismos nos
acaban de comunicar que no aceptan. Nosotros creemos que para hablar de
la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de lo primero que debemos hablar
es de soberanía tecnológica. Por eso, en esas siete enmiendas -para que
vean ustedes que no somos sospechosos de nada extraño- nos hemos apoyado
en tres países o en tres formulaciones que nos parecen relevantes. En
primer lugar, las recomendaciones que hace el Gobierno alemán a través
del BDI, la Asociación de la Industria Alemana; en segundo lugar, la Ley
General de Telecomunicaciones alemana, en particular su artículo 113,
apartado b); y en tercer lugar, del departamento de defensa de
Norteamérica, que no debe ser demasiado sospechoso de ser peligroso ni de
hacer cosas extrañas.
Señores y señoras del Partido Popular, cuando hablamos de soberanía
tecnológica estamos diciendo que queremos tener la disponibilidad y el
control sobre la tecnología, algo fundamental, lo que queremos decir es
que no queremos subordinarnos a la tecnología alemana ni a la francesa.
Nos preguntamos por qué ustedes están empeñados en que sigamos comprando
aparataje a la tecnología francesa o alemana. Esta es una pregunta que
nos hacemos y que también se la hace la industria española. ¿Por qué no
quieren ustedes invertir en la investigación científica? Antes habló del
Centro Criptológico Nacional. ¿Por qué no quieren invertir y ser líderes
en criptología? ¿Por qué razón, señoras y señores del Partido Popular?
¿Por qué no aceptan esta enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos?
La verdad es que nos quedamos perplejos. Salvo que ustedes cobren
mordidas por las compras de los aparatajes... (Rumores). Sí, sí no se
pongan así. (Aplausos). Si ustedes siguen comprando aparatajes a la
tecnología extranjera, alguna razón tendrán.
Les formulamos siete enmiendas. La primera de ellas está inspirada en el
Gobierno alemán. Nuestro grupo entiende que los datos que tienen que ver
con las infraestructuras críticas deben permanecer y estar alojados en
nuestro país (El señor Martínez-Maillo Toribio pronuncia palabras que no
se perciben) -señor Maíllo, tranquilo-, exactamente igual que hacen
Alemania y Francia (Aplausos), exactamente igual que ellos. Queremos
también que los operadores que manejan el tráfico de datos, como hace la
ley General de Telecomunicaciones alemana, por lo menos durante seis
meses estén alojados en nuestro país. Asimismo, tener el listado, la
clasificación de las infraestructuras que creemos que son clave, nos
parece elemental. Nos parece también fundamental, como he dicho antes,
que incrementemos el porcentaje en investigación justo en materia de
criptología. Nos parece elemental que defendamos a nuestra gente. ¿Por
qué razón cuando un ciudadano o una ciudadana española tiene un pleito
con Google tiene que pleitear bajo la dependencia o los foros de los
tribunales norteamericanos? Esta enmienda es muy sensata y nosotros
creemos que ustedes, señores patriotas del Partido Popular, deberían
defender la soberanía de nuestro país. (Aplausos). Por eso no entendemos
por qué razón no aceptan nuestras enmiendas.
Termino ya, porque me queda poco tiempo. También queremos algo fundamental
de lo que hemos hablado muchas veces. Queremos un mercado nacional acorde
a la economía que representa España, un mercado nacional en materia de
TIC para todas las administraciones públicas, las fundamentales, que
parece que a todas luces serían defensa, infraestructuras de comunicación
y todo lo que tiene que ver con la sanidad. Para eso, señores y señoras
del Partido Popular, necesitamos, obviamente, un Estado emprendedor. Esto
no es nada revolucionario, es planificar la economía en nuestro país y,
algo fundamental, planificar la posesión de nuestros datos. Por tanto,
señores y señoras del Partido Popular, como no aceptan ninguna de estas
enmiendas -insisto en que no sabemos por qué-, no vamos a compartir su
iniciativa. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera
de Castro.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías,
buenas tardes.
Escuchando la interlocución anterior, yo pensaba que veníamos a hablar de
ciberseguridad y no de otras cuestiones. Si les pregunto a sus señorías
cuántos días han pasado en los últimos años sin televisión, sin teléfono
-móvil o fijo-, sin tablet, ordenador, coche con sistema digital,
impresoras, escáneres, GPS, Internet, etcétera, seguro que la mayoría me
dirían que no más de diez días, y quizá nos estemos pasando. Si por
añadidura nos trasladamos a las administraciones públicas y empresas
privadas, nos daremos cuenta que en la actualidad nuestro mundo real y
virtual están interconectados
mediante sistemas de telecomunicaciones e información. Pedimos
hamburguesas por Internet con la misma facilidad con la que hacemos
transferencias bancarias, intercambiamos correos electrónicos o hacemos
telemedicina con la Antártida. A través de estos sistemas corren a diario
varios quintillones de bytes, datos de toda índole -económicos, médicos,
financieros, de servicios de televisión y audio-; datos que se
intercambian entre los diferentes equipos de usuarios, servidores de
datos -switchs, routers, hubs-, usando protocolos de comunicaciones
diversos, en algunos casos cifrados y encriptados y otros en claro. En
definitiva, datos que aportan información, la cual, una vez tratada, se
convierte en inteligencia al alcance de cualquier persona o entidad con
capacidad, herramientas y tiempo suficiente como para hacer de esta
capacidad de comunicación lo que quiera. Ciberterrorismo,
ciberdelincuencia con distribución de pornografía infantil, trata de
blancas, venta de armas, estupefacientes, ciberacoso, ciberamenaza,
ciberataque, ciberdefensa, ciberguerra... Ciber por todos los lados.
¡Caray, hasta tenemos ciber en nuestras cafeteras!
La interdependencia del mundo actual de la tecnología nos ha llevado al
extremo de que sin ella habría un caos. La infraestructura tecnológica es
la columna dorsal de las ciudades. Su vulnerabilidad puede llevarlas al
colapso y poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Por tanto, cuando
hablamos de ciberseguridad, hablamos de seguridad nacional.
Recientemente, en Inglaterra, dieciséis hospitales se han visto
colapsados por no poder acceder a expedientes médicos ni realizar
operaciones o análisis clínicos, con el daño consecuente para los
pacientes, que en algunos casos estaban en situaciones críticas. Otro
ejemplo puede ser el de una compañía aérea que mantuvo colapsado el
aeropuerto de Heathrow al sufrir un problema desconocido en sus
ordenadores centrales. En la ciudad de Chicago, Illinois, sus 2,72
millones de habitantes estuvieron sin poder consumir agua por un ataque a
su sistema de distribución. Más de 225 000 personas sin luz por un
ciberataque a diferentes empresas eléctricas ucranianas. El virus
WannaCry, del que seguramente todas sus señorías hayan oído hablar porque
ya se ha mencionado en esta tribuna, atacó desde empresas de servicios de
telecomunicaciones, como Telefónica, hasta pequeños usuarios a lo largo
de multitud de países. Otro ejemplo son las recientes injerencias en las
elecciones de Estados Unidos, sin olvidarnos de las filtraciones de
Wikileaks. Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que vivimos
permanentemente bajo la ciberamenaza. Ningún país, y menos España, deben
obviarlo en su estrategia de ciberseguridad. El ciberespacio debe ser
concebido desde un punto de vista holístico. Por ello, hay que conectar
el mundo de la ciberseguridad con otros ámbitos de la seguridad nacional
en todos sus niveles: físico, lógico y social. Si bien siguen siendo las
personas uno de los factores de riesgo, estas ya no deben situarse en el
centro de las políticas de seguridad. Los nuevos tiempos están colocando
en el centro el paradigma del Internet de las cosas, lo que ha hecho
surgir multiplicidad de identidades digitales que acentúan los riesgos de
ser atacados. Las respuestas de los expertos para mitigar las
consecuencias que implica este nuevo escenario pasan; primero, por la
necesidad de contar con un régimen sancionador, con una legislación;
segundo, desarrollar unas nuevas capacidades de vigilancia avanzada; y,
tercero, el tan manido concepto del aumento de inversiones en
ciberseguridad, destacando las inversiones en seguridad lógica y esto,
señorías, requiere dinero. España, al igual que otros países, es
vulnerable, y podríamos establecer que sus principales amenazas se
centran en el ciberespacio, en el ciberespionaje, el ciberdelito, el
hacktivismo concebido en su sentido malicioso, y el ciberterrorismo, en
ocasiones financiado y soportado por la delincuencia.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, España debe
ponerse a la vanguardia de lo que es el desarrollo de una estrategia
nacional en cuanto al ciberterrorismo y a la ciberdefensa. Actualmente,
en España tenemos una carencia de más de seis mil personas formadas
dentro de la ciberdefensa. Por ello, consideramos oportuna la proposición
no de ley que nos presenta el Grupo Popular, pero creemos que queda un
poco escasa y por eso hemos añadido una enmienda en cuanto a la formación
de especialistas en este tipo de cuestiones. Como nos han transmitido que
van a admitir nuestra enmienda, vamos a apoyar esta proposición no de
ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cantera.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Se nos trae a debate una proposición no de ley que insta al Gobierno para
que persevere en una serie de líneas de acción que actualmente desarrolla
respecto a la ciberseguridad. Realmente, no sabemos por
qué el Grupo Popular nos trae ahora esta iniciativa, pues pudiera parecer
que el Gobierno hubiera desfallecido en el empeño, cosa que no creemos
que piense el Partido Popular por motivos obvios. Por ello, solo nos
queda considerar que estamos ante una iniciativa del Grupo Popular cuyo
objetivo es, simplemente, autopromocional: poner de manifiesto su
interés, genuino y singular sobre la ciberseguridad, incluso instando al
Gobierno de manera impostada para que potencie su actividad en este
ámbito de preocupación y ocupación global. Lo dicho, en cualquier caso,
no ha de ser óbice para que el Grupo Parlamentario Vasco no muestre su
preocupación y empeño por colaborar y cooperar en una circunstancia que
nos atañe, tanto por amenaza y oportunidad como por la afección a los
individuos, las empresas y las instituciones en su dimensión local,
regional y global.
En fechas recientes, como ustedes ya conocen, esta preocupación va tomando
cuerpo institucional y el Gobierno vasco, siguiendo tendencias
internacionales, trabaja en la creación de un centro vasco de
ciberseguridad para que sea un nodo de respuesta a incidentes de
seguridad informática, un CERT, para conectarlo a la red global de CERT,
públicos y privados, extendidos por todo el mundo, porque una amenaza en
red debe tener una respuesta en red.
Señorías, como es de todos conocido y ponen de manifiesto los informes de
seguridad que se remiten anualmente a esta Cámara, el ciberespacio se ha
convertido en un ámbito estratégico de primera importancia y su
protección resulta también estratégica. Es un ámbito estratégico para
particulares, empresas e instituciones -como ya he dicho- a nivel local,
estatal, regional y global. Esta dimensión estratégica resulta del
crecimiento exponencial del uso de sistemas de información y
comunicaciones en todos los ámbitos, causa y consecuencia de la
globalización de la economía, así como de la creciente sofisticación
tecnológica y operativa. Consecuencia de todo ello es el aumento de la
vulnerabilidad, lo que nos enfrenta a desafíos múltiples. Así, la
actividad delictiva a través de la red es cada vez más frecuente y
difícil de combatir, y también las manifestaciones delictivas a las que
nos enfrentamos son cada vez más graves. El ciberterrorismo, el crimen
organizado y el espionaje institucional o industrial, comercial o
financiero encuentran vehículo a través de la red profunda, y a ello
habrían de sumarse los ataques con herramientas avanzadas que producen
altos impactos globales contra activos de organizaciones de todo tipo,
como los que tan recientemente hemos sufrido.
Frente a estos desafíos, hemos de responder con la disposición de los
recursos necesarios, la coordinación de esfuerzos y capacidades -tanto
público-públicos como público-privados-, la concienciación de la
sociedad, la promoción de la competitividad, de la industria, de la
ciberseguridad, así como la formación de profesionales y la investigación
e innovación para prevenir, neutralizar, responder y recuperarse ante los
ciberataques, cuyas finalidades son también múltiples y variadas: la
delincuencia en sí misma considerada, la obtención de información
estratégica, la manipulación de información para influir en la opinión
pública -la campaña electoral de Estados Unidos nos da la dimensión del
problema-, el desprestigio de instituciones, personas y países o los
ataques disruptivos a servicios esenciales. La preocupación
internacional, regional y estatal sobre la ciberseguridad, a fin de
garantizar un espacio seguro y abierto, no es reciente. Así, cabe
mencionar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la OSCE; la OTAN,
que en la Cumbre de Varsovia ha reconocido el ciberespacio como el quinto
dominio de las operaciones militares; Europol e Interpol, con sus centros
respectivos de cibercrimen, y el Consejo de Europa. Especial relevancia
adquiere la Directiva NIS sobre seguridad de las redes y sistema de
información en la Unión, aprobada en julio del año pasado y que debe ser
traspuesta antes de mayo del año que viene. En ella se establece un nivel
común de seguridad de redes y sistemas en la Unión, tanto en las
estructuras estatales como en las instituciones europeas que abarcan los
aspectos ya referidos. Medidas estas que, de alguna manera, son
equivalentes a las que a nivel estatal se han puesto en pie a través de
los nueve planes de ciberseguridad que desarrollan la Estrategia de
Ciberseguridad, aprobada en 2013.
Voy finalizando, presidente. Daremos nuestro apoyo, como ya he dicho al
principio de mi intervención, a la iniciativa que se nos presenta, a
pesar de que no aporta nada nuevo, más allá del autobombo, e indicamos al
Grupo Parlamentario Popular que en materia tan sensible no convienen este
tipo de iniciativas que solo buscan la autopropaganda, en contra del
esfuerzo conjunto que ya se está realizando respecto a la ciberseguridad.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, señor presidente, somos
críticos con la estrategia de ciberseguridad española y con el contenido
de esta proposición no de ley. A pesar de que la seguridad del
ciberespacio es de carácter global, cualquier posible solución para
cubrir los riesgos a los que está sometida es siempre parcial y local. En
consecuencia, si la solución es que su implementación ha de ser
segmentada y distribuida, tendrá una mayor dificultad para acometer todos
los retos a los que se enfrentan si se centralizan inadecuadamente. A la
hora de implementar los planes y programas relacionados con
ciberseguridad se ha de trabajar en red. Trabajar en red es apoyarse en
un modelo común, pero no centralista, de gobernanza del ciberespacio,
ponerse de acuerdo y fomentar mecanismos inclusivos que permitan la
integración de los múltiples agentes relacionados con la ciberseguridad,
evitando así esfuerzos disyuntivos y racionalizando las inversiones
realizadas, el apoyo de las industrias propias, especialmente las pymes,
para que se mantengan siempre a la vanguardia tecnológica y que los
programas estatales de ciberseguridad sean unos mecanismos que
posibiliten facilitar esta tarea. De hecho, gracias a estos programas,
algunos países como Francia y Reino Unido están consiguiendo situar a sus
empresas, no solo grandes empresas sino sobre todo pymes, del sector de
la ciberseguridad como grandes proveedores de servicios y productos a
nivel mundial. Por cierto, Esther, de mi grupo, me recordaba que, sin ir
más lejos, ni mucho menos al siglo IV antes de Cristo, el catalán es una
de las diez lenguas más usadas en Internet según Google. Por tanto, a
aprender catalán no solo los que nos espían. ¿Qué hacer? Lamentablemente,
algo muy diferente de lo que se está haciendo y se quiere reforzar.
Primero, la gobernanza de la ciberseguridad ha de comenzar consolidándose
para disponer de una ciberseguridad con elementos propios que se alejen
de una política centralista que lo único que hace es distorsionar estos
elementos. Segundo, creación de una política industrial en materia de
ciberseguridad que necesita disponer de un sector propio a la vanguardia
con un I+D mucho más fuerte con mejores inversiones. Tercero, incentivar
la adopción de la ciberseguridad. Es necesario adoptar un programa de
incentivos en ciberseguridad que permitan implementar un marco de buenas
prácticas y cumplir con el exigente marco normativo que tenemos en esta
materia, lo que conlleva a una importante aportación de recursos humanos
y tecnológicos. Y, cuarto, retener el talento en materia de
ciberseguridad. Contamos con grandes profesionales, contamos con
excelentes universitarios, pero no pocos, como otros, se van de este
país. En definitiva, es necesario generar todos aquellos medios para una
correcta implementación, un camino que se antoja lento y difícil; difícil
también por la desconfianza que los que dirigen el Estado tienen con las
autonomías, algunas en especial como Cataluña. No se entinde que desde
hace ocho años no se convoque la Junta de Seguridad de Cataluña, a pesar
de una alerta antiterrorista de nivel cuatro sobre cinco (Aplausos) o se
impida la creación de 500 plazas de mossos, algunas de las cuales están
para reforzar la ciberseguridad. Es el instinto del escorpión, una vez
más el instinto del escorpión que nos lleva, al paso que vamos, incluso a
estar más seguros de que Cataluña ha de ser independiente. Seguretat i
república. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olóriz.
Señor González Terol, le pregunto si su grupo acepta alguna de las
enmiendas presentadas.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista y
del Grupo Ciudadanos y preparamos el texto para elevarlo a la Mesa antes
del final de la sesión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, lo tendremos en
cuenta para la votación. Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS
ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON
PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número
de expediente 173/000032).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a
debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las
medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma
social que han generado las actuaciones de altos responsables del
departamento en relación con personas investigadas por delitos
relacionados con la corrupción.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene
la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Como bien saben, hace unas semanas supimos que el
secretario de Estado de Seguridad se reunió en su despacho del ministerio
con un investigado por graves delitos de corrupción, el cual actualmente
está en prisión, vinculado a una nueva trama de corrupción del Partido
Popular, la del Canal de Isabel II. Me estoy refiriendo, señorías, a la
reunión del secretario de Estado de Seguridad con Pablo González, hermano
de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido
Popular. Como saben, a raíz de estos hechos mi grupo parlamentario pidió
la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad e interpeló al
ministro pidiéndole que le cesara porque las explicaciones que estaba
dando sobre esta reunión eran poco creíbles, totalmente inverosímiles,
señorías. Según hemos podido saber por el sumario que se ha ido
publicando en la prensa de esta nueva trama de corrupción que afecta al
Partido Popular, vinculada al Canal de Isabel II y a la operación
policial Lezo, a Ignacio González y a su hermano les chivaron que estaban
siendo investigados, algo que queda claro en la reunión que mantienen los
tres hermanos González, según se recoge en el sumario de este caso. En
ese encuentro fraternal de los hermanos González, que se saben
investigados, se interesan por el director de la Policía y también,
curiosamente, por el secretario de Estado de Seguridad, que, casualidades
de la vida, es conocido por el hermano de Ignacio González. Y,
casualidades de la vida, dos días después de esta reunión de los hermanos
González, Pablo González es recibido en el despacho del secretario de
Estado para ser atendido por el señor Nieto, una reunión que tanto el
señor ministro como el secretario de Estado han tratado de justificar con
argumentos bastante pobres e inverosímiles, con explicaciones poco
creíbles, señorías. Primero, el ministro dijo que esta reunión no podía
esconder nada turbio porque se produjo a las nueve y media de la mañana y
se hizo delante de los funcionarios del ministerio. Es una explicación
tan absurda como pretender hacernos creer que no se puede cometer ningún
tipo de delito a las doce del mediodía en la Puerta del Sol. Tras esta
explicación tan pueril, tanto el ministro como el secretario de Estado
quisieron quitar importancia a esta reunión diciéndonos que en la misma
apenas hubo nada de importancia y que fue una mera reunión protocolaria,
de cortesía. Pero, señorías, es difícil creer que alguien que solo
pretende felicitar al nuevo secretario de Estado por su nombramiento, en
lugar de mandar una carta de felicitación o hacer una llamada al
gabinete, pida una reunión. Como esta explicación es tan inconsistente,
tanto el ministro como el señor Nieto han dicho que en esa reunión hubo
algo más que un mero saludo, que también se trataron temas de seguridad
en los mercados, dado que Pablo González es responsable de Mercasa.
Señorías, resulta difícil creer que se solicite una reunión para tratar
un tema tan técnico y específico como el de la seguridad en los mercados
y se acuda solo, sin ningún tipo de experto ni de técnico por parte de
Mercasa, y que el secretario de Estado, el señor Nieto, también reciba al
señor González solo para tratar un tema -insisto- tan sumamente técnico y
específico, que lo hagan ellos dos solos, a puerta cerrada, sin ningún
técnico ni asesor. Y además, que algo tan sumamente complejo como la
seguridad en los mercados se despache en una reunión de quince minutos,
que es lo que el señor Nieto dijo que duró esta reunión. ¿Alguien se
puede creer que una reunión para hablar de la seguridad en los mercados,
teniendo ahora mismo la problemática de seguridad que tenemos, se puede
despachar en quince minutos? Señorías, esto no se lo cree nadie y por
eso, porque es difícil de creer, es por lo que hemos pedido
insistentemente que se explicara. No nos podemos creer que se pida una
reunión para hacer algo tan simple como felicitar, cuando esa
felicitación puede llegar por carta o por teléfono. Y es difícil de creer
que un tema tan técnico y específico como la seguridad en los mercados la
despachen tan solo en quince minutos y a solas el señor Pablo González y
el señor Nieto. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Y por si fueran pocas las dudas que tenemos, señorías, la llamada que hace
el señor González justo al término de la reunión con el secretario de
Estado hace que las mismas se acrecienten, pues en esa llamada, que es
interceptada, que consta en el sumario y que hemos podido conocer, Pablo
González le dice a su interlocutor que la reunión con el secretario de
Estado ha sido interesante, pero que no puede hablar de la misma por
teléfono. Señorías, ¿puede tener algo de interesante una mera
felicitación? Todos coincidiremos en que no, que no tiene nada de
interesante una mera felicitación, siempre y cuando no haya habido algo
más, y si ese algo más de esa reunión fuera que se han tratado temas
sobre Mercasa, sobre la seguridad en los mercados, ¿por qué no se puede
contar por teléfono si forma parte de la actividad cotidiana que tiene el
señor González? Pues seguramente no pueda contarse por teléfono porque el
señor González sabe que el teléfono lo tiene intervenido, que lo está
escuchando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por
tanto, puede decirle algo a su interlocutor que resulte del interés no
solamente de quien lo llama sino también de la Guardia Civil que lo está
investigando, de ahí su prudencia a la hora de hablar por teléfono y de
ahí la sospecha acrecentada sobre esa reunión que mantiene el señor
Nieto.
Señorías, a juicio del instructor de este nuevo caso de corrupción que
afecta al Partido Popular, el secretario de Estado de Seguridad recibió
en su despacho a un presunto miembro de una organización criminal, al
hermano de Ignacio González -hoy ambos hermanos en prisión-, lo que deja
al secretario de Estado cuestionado y en una situación muy difícil. Pero
tras conocerse el escrito de la fiscalía, en el que el juez que investiga
esta trama corrupta califica esa reunión como grave por lo que pueda
implicar, señorías, la situación del señor Nieto es insostenible. Y
muchos nos preguntamos cómo es posible que, ante la evidencia de estos
hechos y la gravedad de los mismos, el señor Nieto pueda seguir en su
puesto. Pues la respuesta es sencilla: continúa siendo secretario de
Estado de Seguridad porque así lo quiere quien lo nombró, el señor Zoido,
y seguramente no se atreve a cesarlo porque el señor Nieto no hizo más
que cumplir instrucciones, no hizo más que cumplir con lo que su superior
le mandó, no hizo más que reunirse con quien le mandaron. Por eso, cada
día que pasa el señor Nieto no tiene la sombra de la sospecha, quien la
tiene es el señor ministro. Cada día que el señor Nieto sigue como
secretario de Estado es el señor ministro quien está más cuestionado y
quien tendrá que responder ante esta Cámara, porque aquí vendremos a
exigir responsabilidades políticas.
Voy terminando, señor presidente. Somos conscientes de que no estamos en
un tribunal, pero aquí venimos a exigir responsabilidades políticas y
esas no pueden pasar más que por el cese del secretario de Estado a causa
de una reunión inapropiada, por una reunión que ha sido calificada por un
juez como grave y, por tanto, no podemos tener un secretario de Estado
bajo sospecha, que es como ahora mismo está el señor Nieto. Por eso, pido
al resto de grupos que pidan el cese del secretario de Estado y la
reprobación de esta actuación, y le pido al señor ministro que sea
responsable y que ponga el buen nombre del ministerio por encima de los
intereses partidistas, que cese al señor Nieto, porque si no la sospecha
recaerá sobre el señor ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sicilia.
Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de
posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Moltes gràcies, president. Moltes gràcies,
senyorias.
Señores del Gobierno, y más concretamente, ministro del Interior y
secretario de Estado de Seguridad, la verdad es que se han superado. Me
acuerdo de que hace unos cuatro años me dirigí desde esta misma tribuna a
ustedes diciendo que en Alemania un ministro copia un fragmento de tesis
doctoral y dimite. Aquí se muere gente por negligencia en la valla de
Melilla, se afinan fiscales, se tienen fiscales de confianza, se habla
con gente que está siendo investigada por la policía y, señores, no
dimite nadie. Y es que llueve sobre mojado. Nadie puede dudar de que hay
unidades paralelas de la policía que hacen informes con finalidades
políticas, que hay secretarios de Estado que se encargan de cubrir
actividades delincuenciales, que hay ministros que se entrevistan con
gente que ya está imputada o que al cabo de cuarenta y ocho horas estará
en la cárcel. Llueve sobre mojado. Se han superado.
Ahora ya la comparación creo que no es con Alemania. Sin ánimo de hacer
sangre, en Corea del Sur, no en Alemania, la presidenta ha dimitido
porque una amiga suya tenía asuntos poco claros. La presidenta de Corea
del sur. Y aquí, señores, no dimite nadie. No sé qué es lo que tienen que
hacer. Quizá es hora
de que se planteen muy seriamente que tienen que regenerar el Estado. Esto
no puede continuar así. No pueden continuar con un sistema judicial de
fiscales afines, de fiscales de confianza, de compadreo, en el que una
persona imputada comente por teléfono a su hermano: menos mal que nos han
puesto este fiscal porque nos irá bien. Estas cosas ocurren y llega un
momento en que parece que no nos escandalicemos ni tan siquiera por esto.
No creo que esto sea un modelo homologable a nada, señoras y señores.
Basta ya. Quizá la gente se acaba acostumbrando hasta a estar sentada
encima de una estufa. De ver tantos casos uno detrás de otro, de llover
tanto sobre mojado, quizá acabaremos con la sensación de que el final es
normal, que es normal que la persona que tiene la máxima responsabilidad
de seguridad se reúna con una persona que al cabo de cuarenta y ocho
horas estará encerrada por corrupción. ¿Es normal? Y desde un punto de
vista estrictamente profesional y técnico, ¿cómo se han de sentir los
policías, los profesionales de la seguridad que estaban investigando a
este hombre? ¿Cómo se ha de sentir el agente que oye que el señor que
esta investigando se está reuniendo con su jefe? ¿Pensará que está
haciendo bien su trabajo o que quizá es tonto y lo que tendría que hacer
es justo lo contrario de lo que hace de manera profesional? ¿Cómo se ha
de sentir un policía en un sistema de tolerancia hacia la delincuencia
como el que ha instalado el Partido Popular en el Gobierno? Por los
profesionales, por la democracia, por la decencia, por favor, basta ya,
señores; basta ya de esta lluvia sobre mojado. Ya no les pido que lleguen
al nivel de Alemania, pero por lo menos pónganse al nivel de Corea del
Sur. Que dimita alguien de vez en cuando por alguna cosa. Al menos, por
favor, pónganse al nivel democrático y de transparencia de Corea del Sur.
Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyories. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Se nos trae a debate una moción consecuencia de la interpelación urgente
que se realizó por el Grupo Parlamentario Socialista al ministro del
Interior el 17 de mayo pasado y en la que se propone reprobar la
actuación del secretario de Estado de Seguridad y exigir ante el Gobierno
su cese por la reunión que mantuvo con el señor Pablo González mientras
era investigado por pertenecer a una trama de corrupción, y se reclama el
cese por parte de ese grupo parlamentario por la sombra de sospecha sobre
lo realmente tratado en la reunión, que no sería lo que el secretario de
Estado ha manifestado a lo largo de todo este tiempo. Se sostiene por el
Grupo Parlamentario Socialista que hay fundadas sospechas de que en la
reunión se trató de alguna manera la situación procesal de su
interlocutor y su entorno y el curso de la investigación de la que eran
objeto y por la que hoy se encuentran en prisión preventiva. Y la
sospecha se funda, a juicio del proponente, en varios indicios, a saber:
que no es verosímil reclamar un encuentro solo para felicitarle por su
nombramiento; que es poco creíble que en la reunión se tratara un tema
tan concreto y técnico como la seguridad en los centros Mercasa sin que
acudieran técnicos y que se liquidara en quince minutos; la llamada y su
contenido que realiza el señor Pablo González a su mujer al término de la
reunión, y el informe de los fiscales del caso Lezo, del que se deduce
que el secretario de Estado chivó la investigación de la que eran objeto
el señor Pablo González y su entorno. A estos indicios habría que sumar
la misma reacción del secretario de Estado ante la Fiscalía
Anticorrupción solicitando información sobre si estaba siendo investigado
o si se le imputaban algún delito por ese supuesto chivatazo, solicitud
que el grupo parlamentario proponente de la moción califica de
intromisión grave en el quehacer de la fiscalía. Y por último, también se
fundamenta la petición de reprobación y cese en que el secretario de
Estado hubiera recibido a un investigado por la justicia.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco ya dijimos en la Comisión de
Interior, cuando compareció ante la misma el secretario de Estado para
dar cuenta de su reunión con el señor Pablo González, que no
adelantaríamos juicio alguno sobre el secretario de Estado por haber
mantenido ese encuentro hasta que no conociéramos más pormenores de este
asunto, el caso Lezo y sus imputados -los hermanos González, entre
otros-, cosa que sucedería en un futuro no lejano cuando se desvelase
plenamente el contenido de las investigaciones policiales y según
avanzara la causa judicial, pues los indicios con que se contaba en ese
momento eran fragmentarios, descontextualizados y no independientes. No
cumplían, a juicio de la doctrina que recientemente nos recordó el señor
Prendes, los cuatro principios o las cuatro condiciones que deben reunir
los indicios para ser considerados como prueba, es decir, que puedan ser
apreciados como prueba directa, que sean plurales e independientes, que
sean concordantes entre sí sin que tengan contradicciones y, por último,
que permitan una conclusión clara.
Sin embargo, hoy contamos con una declaración con la que no contábamos el
día de la comparecencia del secretario de Estado en la Comisión de
Interior hasta que este precisamente la realizó y que la consideramos
importante, pues si fuera cierto su contenido, se fragilizarían mucho los
indicios en los que se funda la sospecha sobre lo realmente tratado en la
reunión con el señor Pablo González. En efecto, si fuera cierta la
afirmación del secretario de Estado de que a la fecha de su reunión ni
conocía ni legalmente debía conocer la existencia de investigación alguna
sobre el señor González y su entorno, nada hubiera podido transmitir de
lo que no conocía ni debía conocer al señor González. Además, no podemos
poner en duda la veracidad de esa declaración del secretario de Estado,
pues no hay por el momento dato alguno ni prueba directa de que ello no
sea así, y por eso mismo entran en suspenso los otros indicios en su
contra, sustentados precisamente en el conocimiento de lo que negaba, es
decir, la situación de investigado del señor González y su entorno. El
futuro ciertamente nos dirá si el secretario de Estado ha faltado o no a
la verdad para con esta Cámara y el levantamiento del secreto de sumario
también, en su caso, nos dará más información sobre las sospechas ahora
tratadas. Mientras tanto, aguardaremos, como ya dijimos en la Comisión de
Interior, y en el futuro, en su caso, reclamaremos, si constatamos que se
nos ha mentido, lo que ahora no estamos en condiciones de reclamar en
buena lid política.
Muchas gracias, señorías y muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, quizás alguien que nos esté viendo no sabe o no se acuerda de
quién es el señor Nieto. Lo intentaré explicar muy brevemente. El señor
Nieto es un señor que coincide que es secretario de Estado de Seguridad,
que el pasado 28 de abril a un grupo de diputados, más chulo que un ocho
-conviene recordarlo-, nos vino a decir en sede parlamentaria que se
había reunido en su despacho con un preso de Soto del Real y con el
hermano de un preso de Soto del Real, a su vez preso también por delitos
de prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación
documental, para hablar de la distribución de carne y pescado en el
sector mayorista español y mundial. Nos lo dijo y se quedó tan ancho. De
hecho, lo dijo más chulo con ocho, repito. El secretario de Estado de
Seguridad se había reunido con el hermano del expresidente de la
Comunidad de Madrid, encarcelado por la Lezo, para hablar de la cría del
salmón. Eso es lo que nos vino a decir. Ese y este es el señor Nieto. Por
lo tanto y como comprenderán, Esquerra Republicana no puede estar más de
acuerdo con la reprobación que presentan ustedes hoy aquí, señores del
PSOE, pero también desde Esquerra Republicana no podemos hacer otra cosa
que preguntarles: ¿y ya está?, ¿que caiga Nieto y ya está? Esto va de
Nieto. Nosotros pensamos que Nieto no es más que un colaborador necesario
y estamos de acuerdo en que dimita y sobre todo con esta reprobación,
pero suena un poco a como cuando ustedes en ruedas de prensa por la
mañana piden transparencia para la Comisión de Investigación de Fernández
Díaz y luego por la tarde a puerta cerrada la bloquean. De hecho,
aprovecho para recordarles que este miércoles tienen una gran oportunidad
para demostrar que son el nuevo PSOE y que son de izquierdas y dejen de
bloquearla.
Les hacemos preguntas. ¿Ustedes creen realmente que el número dos de
Interior, el señor Nieto, se reúne con Pablo González Dalton un día antes
de su declaración y de su imputación y el ministro no sabe nada, no se
entera? ¿Ustedes creen realmente que Ignacio González Dalton dice en una
conversación telefónica recogida en el sumario de la Lezo: he hablado con
un secretario de Estado y me dice que me ande con cuidado, y el ministro
del interior, señor Zoido, no sabe nada? ¿Se lo creen de verdad? ¿Ustedes
creen realmente que los hermanos González Dalton reciben un chivatazo -no
lo digo yo, sino que lo dice la policía que les investiga- que les avisa
de que están siendo investigados por el expolio del Canal Isabel II y que
el ministro del Interior, señor Zoido, no sabe nada? ¿Se lo creen? ¿De
verdad? ¿Ustedes creen que el ministro dice en el Senado aquello de: no
somos tontos, si hiciéramos lo que hacíamos antes nos esconderíamos, y
que lo hace -y leo textualmente- en un alarde de gracejo andaluz, como
dijo el señor Nieto, es decir, porque es así de gracioso el señor
ministro? Nosotros creemos que no. Y, sobre todo, ¿ustedes creen
realmente que esta gente hace lo que hace y dice lo que dice porque se
sienten en la más absoluta impunidad y con este tipo de aprobaciones
light que ustedes hacen fomentan que se sientan con esta impunidad?
Quiero recordarles que en Cataluña, con un nivel 4 de alerta
antiterrorista, este ministro y su número dos están vetando la
convocatoria de quinientos Mossos d'Esquadra, están vetando que los
Mossos d'Esquadra puedan acceder a los datos de Europol y, sobre todo,
están vetando cualquier junta de seguridad. Es de ser un irresponsable y
es de ser un miserable.
Desde Esquerra Republicana les pedimos que sean valientes, que señalen a
quien deben y a quien saben. Para mociones como esta, para ir contra
secuaces, siempre pueden llegar a contar con nosotros, pero cuenten aún
más para ir contra los capos. Les estamos pidiendo que junto a nosotros
-y lo digo claramente- pidan la dimisión del ministro del Interior, señor
Zoido. Nosotros lo hacemos. Parafraseando a su flamante portavoz, el
señor Ábalos, con aquello de no es tan malo abstenerse: señores del PSOE,
no es tan malo ser valientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rufián.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez
Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Nos trae el Partido Socialista una moción para
reprobar al secretario de Estado de Seguridad. La primera en la frente.
Evidentemente el señor secretario de Estado no puede estar aquí, pero es
que no está ni siquiera el ministro. Creo recordar que cuando se reprobó
al fiscal general por lo menos el ministro tuvo la decencia de
comparecer. Me hubiera gustado que hubiera comparecido el ministro del
Interior, aunque no fuera para defenderlo -porque desde esta tribuna no
podría hacerlo-, pero por lo menos para escuchar lo que tenemos que
decirle. Me parece que así, de otra forma, queda un debate hueco, vacío,
estéril y que no va a ningún sitio. También he decirles una cosa, señores
del Partido Socialista: el señor secretario de Estado dio sus
explicaciones en la Comisión de Interior y evidentemente no convenció a
nadie; desde luego, ni me convenció a mí ni a nuestro grupo, eso se lo
puedo asegurar. Pero al final estamos hablando de sensibilidades, estamos
hablando de informaciones que están apareciendo en prensa, que son
sesgadas y de las que en muchas ocasiones no conocemos su velocidad, y
con todo esto tenemos que hacer una composición de lugar para poder
decidir si reprobamos o no reprobamos al secretario de Estado. A mí no me
parece que esto sea así porque yo creo que el secretario de Estado no ha
actuado correctamente, y ahora les explicaré por qué. Creo que los
señores del Partido Popular no actúan correctamente, creo que el ministro
no actúa correctamente, pero la solución no es reprobar al secretario de
Estado porque estamos envileciendo la figura de la reprobación; es que
vamos a acabar reprobando a un director general, dentro de nada
reprobaremos a un secretario técnico y acabaremos reprobando a un ujier
de un ministerio o a lo mejor al ministerio entero. Es que esto es como
lo de aquellos arrestos -que quizá yo por lo menos he sufrido porque los
he visto- que había cuando uno hacía la mili, cuando se arrestaba a un
árbol o a un banco en un cuartel porque alguien se había sentado y el
banco estaba pintado y se había manchado la ropa del general o del
coronel del regimiento. No, es que reprobar no vale para nada; lo que hay
que solicitar es que el ministro cese al secretario de Estado, eso es lo
que hay que solicitar porque esa es la obligación del ministro con lo que
sabemos sobre el caso Lezo y con la incompetencia del secretario de
Estado. No hay que reprobar al secretario de Estado porque eso es amagar
pero no dar; eso es querer pero no poder. Yo no sé si a partir de ahora
el Partido Socialista -esto viene de una moción anterior- cambiará de
actitud, no lo sé, puede ser que sí, pero me parece que esta no es la
solución de los problemas que tenemos.
Señores del Partido Popular, ¡qué quieren que les diga a ustedes sobre el
caso Lezo! Medidas cautelares para sesenta personas; de esas sesenta
personas, treinta de ellas imputadas y de los treinta imputados, doce
detenidos. Le voy a repetir lo que dice el fiscal en su auto: "Los
investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la
administración pública con influencias en el ámbito de las carreras
judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía,
todo ello para lograr la impunidad de sus acciones". ¿Y saben lo que es
impunidad, señores del Partido Popular? Impunidad es que al señor Rato le
reciba el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz. Eso es
impunidad porque ese es el sentimiento que se ha generalizado o que se ha
creado en toda la sociedad, que todo vale; por ejemplo, que el señor Rato
sea recibido por el ministro. Impunidad es que el señor González y el
señor Zaplana hablen de que el señor González en el pasado intentó
colocar a Manuel Moix como fiscal anticorrupción pero que no fue posible
en aquel momento por un tema de algún requisito que parecía que le
faltaba. Impunidad es que el señor González califique de cojonuda la
designación posterior del señor Moix. Impunidad es que el señor Moix les
diga a los fiscales que por favor no acusen de organización criminal a
todos los detenidos o a todos los imputados del caso Lezo. Impunidad, al
final, es que el señor Nieto reciba el 8 de marzo también al señor Pablo
González en su despacho. Eso también es impunidad. Y esa sensación de
impunidad tan instalada en toda la sociedad es la que nos lleva hoy aquí
a esta reprobación, a decidir si tiene que ser reprobado. No señor, no
creo que tengamos que discutir ni repetir
aquí, en la tribuna del hemiciclo, lo que ya se habló en la Comisión de
Interior, las explicaciones malas del señor Nieto. El señor Nieto dijo
que a lo mejor le podíamos acusar de ordenar mal su agenda, de recibir a
un alto directivo de una empresa pública o también de ser de provincias.
Esas me parecen unas explicaciones muy banales y muy pobres. Esa es la
razón por la que le decimos al señor ministro -nos gustaría decirle al
señor ministro- que cese al señor Nieto. El señor Nieto no puede seguir
siendo secretario de Estado de Seguridad ni un minuto más. Le quisiera
decir al señor Nieto que no es que sea de provincias ni que no sepa
gestionar su agenda; es que es usted un torpe. Es usted un torpe porque
en el ejercicio de sus funciones no puede entrevistarse con el señor
Pablo González. Él sabe perfectamente quién es el señor Pablo González y
de quién es hermano. ¿Saben lo que no le he oído al señor Nieto? Acabo,
señor presidente. No le he oído recriminar la actitud y las funciones del
señor Pablo González en esa reunión. No le he oído al señor Nieto
recriminar al señor Pablo González sobre su hermano y no le he oído
recriminar nada sobre lo que estaba pasando en torno a la familia
González. Eso me hubiera gustado escucharle al señor Nieto y me hubiera
gustado que el señor Nieto nos hubiera dicho que ese fue el objeto de la
reunión con el señor González. Señores del PP, hay que ser valientes y
ustedes no lo son con la corrupción. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes,
señorías.
La verdad es que nos convoca de nuevo el Ministerio del Interior, el mismo
que lleva avergonzando a nuestro país en la última etapa con escándalos
sucesivos y tenemos uno más. Lo dijimos en la Comisión de Interior cuando
compareció y lo vamos a reiterar aquí. A nosotros el cese de Nieto nos
sabe a poco, pero, como decía aquel, el que pide lo más, pide lo menos,
con lo cual evidentemente vamos a apoyar su reprobación. ¿Qué es lo que
desearíamos? Desearíamos que en estos momentos no tuviéramos un Gobierno
que utiliza las instituciones con intereses espurios, que persigue la
disidencia política y que tiene una estrategia para proteger a los
corruptos a través de la impunidad. Creemos que esa debería ser la
estrategia de las fuerzas democráticas de esta Cámara. Desgraciadamente
de momento no existe mayoría parlamentaria suficiente para conseguir
nuestros objetivos, que son desalojar al Partido Popular cuanto antes y
abrir una etapa de regeneración democrática de las instituciones.
(Aplausos).
La verdad es que hemos visto un Ministerio del Interior un tanto
particular, un Ministerio del Interior que es requerido por esta Cámara
para que facilite documentación que esclarezca si ha habido o no
utilización partidista de dicho ministerio para perseguir la disidencia
política y no facilita la documentación y, al mismo tiempo, vemos cómo
los representantes del Partido Popular en esta Cámara dicen que no puede
haber comparecencias mientras no se facilite la documentación, lo que
viene a ser un ejercicio de filibusterismo. Para vergüenza de los
funcionarios policiales de nuestro país, que hacen su trabajo
convenientemente todos los días y que saben perfectamente lo que es un
informe policial, nos encontramos con que el Ministerio del Interior nos
facilita papelitos (Muestra unos documentos) bajo el título Nota interior
y sin firma de ningún funcionario como si estos fueran informes. Eso es
nuevamente responsabilidad del Ministerio del Interior y, evidentemente,
del secretario de Estado. Pero esto pasa inadvertido, porque al fin y al
cabo ¿qué importa la seguridad jurídica en el Estado de derecho? ¿Qué le
importa la seguridad jurídica al Partido Popular y qué le importa cumplir
con las indicaciones de esta Cámara? Importa poco. Desgraciadamente creo
que hay muchos motivos para pedir el cese del señor Nieto y sin duda para
pedir que se vaya todo el Partido Popular, pero ya hay algunas cosas que
sinceramente me parece que son cuestión de solvencia técnica.
En esa comparecencia le preguntamos al secretario de Estado, porque nos
parece que lo interesante es preguntar a los comparecientes y que nos
cuenten cuál es su opinión. Nos dijo que él recibía a todo el mundo, que
recibió al señor Pablo González como recibe a tanta gente y que, al fin y
al cabo, quería hablar de Mercasa, del pescado, de la carne, del mercado,
de aquello, de lo otro y de lo de más allá. Le preguntamos una cosa muy
sencilla que es pública y que está publicada en Twitter. El secretario
general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que representa a
la mayoría de los guardias civiles de nuestro país, le solicita una
reunión al secretario de Estado para hablar de la problemática del
personal de la Guardia Civil, pero resulta que el secretario de Estado,
que evidentemente sí tiene tiempo para recibir al señor Pablo González,
no tiene tiempo para recibir a la Asociación Unificada de Guardias
Civiles para hablar de las condiciones de trabajo, para hablar de las
jornadas de trabajo, para hablar del incumplimiento
de los acuerdos de este Congreso de facilitar los equipamientos de
protección individual, etcétera. Para eso no hay tiempo en el Ministerio
del Interior. (Aplausos). Pero es que tiene más desfachatez aún, ya que
se va a la Comisión de Interior y sin que se le caiga la cara de
vergüenza dice que él no se puede reunir con la Asociación Unificada de
Guardias Civiles porque eso sería un incumplimiento de la Ley de derechos
y deberes de los miembros de la Guardia Civil. ¿Se puede ser más
impresentable y más incompetente como para decir eso en sede
parlamentaria? (Aplausos). ¿En qué artículo de esa ley lo pone? En
ninguno. Hasta tal punto que el señor Antonio Camacho, que era secretario
de Estado, se reunió con regularidad y hasta Rubalcaba les recibió una
vez. No hay ningún problema en el asociacionismo dentro de la Guardia
Civil, ustedes tienen un problema con la democracia, con entender que los
funcionarios del Estado tienen derechos (Rumores) y tienen que aprender a
respetarlos. Así que, sinceramente, este es un motivo más para pedir el
cese del señor Nieto, que no tiene ni idea de la ley que debe cumplir
como responsable en el Ministerio del Interior.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el
señor Martín-Toledano Suárez.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, hoy deberíamos preguntarnos si
realmente creemos en el Estado de derecho y en algunos de los principios
que lo rigen, por ejemplo la presunción de inocencia. Señorías, nadie
puede acusar a una persona sin acreditar que la acusación está basada en
hechos objetivos y ciertos. Eso está establecido en la Constitución
española y en todas las declaraciones de derechos humanos del mundo. Sin
embargo ustedes están planteando aquí una causa general contra el señor
Nieto, contra el secretario de Estado, sin una sola prueba o indicio
razonable para pedir su reprobación. ¿De qué acusan al señor Nieto, de
haberse reunido con un funcionario, un representante de una empresa
pública, el número dos de Mercasa? ¿Cuánta gente se ha reunido con Pablo
González, representante de Mercasa? ¿Tienen que dimitir todos los que se
han reunido con él? ¿Las reuniones que haya podido tener el Partido
Socialista en Andalucía, el señor Griñán, el señor Chaves o el señor de
la minería asturiana, no representan ninguna responsabilidad? ¿Estaban
investigados? ¿Los han amparado? Señores de Podemos, ¿sus reuniones con
la cúpula chavista corrupta, totalitaria, no tienen ninguna
responsabilidad? Es una vergüenza que ustedes representen a la democracia
española y se reúnan con dictadores corruptos. (Rumores.-Aplausos).
Corruptos, señores. ¿Nadie del PDeCAT se ha reunido con alguien del clan
Pujol desde que está investigado? ¿Nadie ha tomado una cerveza o le ha
llamado por teléfono? ¿Seguro que nadie se ha reunido? ¿No van a asumir
ninguna responsabilidad? Esquerra está en coalición electoral con el
PDeCAT, gobierna con el PDeCAT, un partido investigado por corrupción.
¿No se asume ninguna responsabilidad? (Aplausos). ¿No se asume ninguna?
Señorías, se acusa al secretario de Estado de filtrar la investigación. El
secretario de Estado ha comparecido dos veces en la Comisión y lo ha
negado categóricamente. Si lo niega, el que afirme que miente tiene que
aportar pruebas de que es verdadera su acusación, y ustedes ni antes ni
ahora han aportado ni una sola, y eso en el PSOE es muy lamentable.
Debería ser un partido algo más serio. Señorías, ni el juez instructor,
ni la fiscalía, ni la UCO, ni ya muchos medios de comunicación sospechan
del señor Nieto. De quien sospechan es de una magistrada amiga. Por
cierto, ningún grupo de los que ha intervenido ha citado quién es la
magistrada amiga que parece haber hecho la filtración. La filtración se
produjo hace un año, un año antes de esta reunión, y sin embargo ustedes
están obsesionados con el señor Nieto, pero todos los datos y todos los
informes apuntan a una magistrada que ustedes no quieren investigar; no
quieren preguntar quién es.
La fiscalía pidió disculpas al señor Nieto. Eso les da igual a ustedes,
¿no? Les da igual. Las filtraciones del sumario son delito evidente, pero
a ustedes les da igual que se produzca un delito, se aprovechan de esa
filtración y de la publicación manipulada. Manipulada. ¿Por qué tienen
tanta prisa? El secreto del sumario se va a abrir próximamente, y ahí
tendremos muchos más datos. ¿Por qué tanta prisa en pedir la reprobación
del señor Nieto? ¿Porque no se quiere investigar a la magistrada amiga o
por qué? Ante un pelotón de linchamiento, que es lo que han intentado
provocar aquí, encabezado por el PSOE, hay tres posturas: enfrentarse a
la injusticia, apoyar la injusticia o lavarse las manos -ahora que sale
el señor representante de Ciudadanos-. Saben perfectamente que no hay
ningún motivo para la reprobación. La moción está fracasada, está
desinflado el globo y, además, cuando se abra el sumario, algunos van a
tener que tragarse sus palabras y pedir disculpas. ¿Dimitirá alguno
entonces o agua pasada? Cuando se abra el sumario van a ver que los
textos de las conversaciones filtradas están manipulados y lo que se
afirma que se dice en las conversaciones grabadas no es cierto. Cuando eso
suceda, alguien tendrá que dar explicaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Martín-Toledano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTRO DE
JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente
173/000033).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente moción. Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimiento a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guardia y custodia
compartida. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la
moción tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández. (Rumores). Les
ruego silencio, señorías.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, miembros de la
Mesa, señorías, permítanme... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Silencio, señorías.
(Pausa).
Continúe, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): En primer lugar, quisiera
agradecer la presencia aquí hoy de los miembros de las distintas
asociaciones que defienden la custodia compartida.
Permítanme que defienda esta moción narrando una historia. Es una historia
que habla de hipocresía, que habla de derechos perdidos, que habla de
dejadez de oportunidades, que habla de igualdad y de desigualdad, que
habla de responsabilidades y, fundamentalmente, de lo que hablan esta
historia y esta moción es de los derechos de los niños y del interés
superior del menor. Permítanme que les hable de un niño, de cualquier
niño que cualquiera de ustedes pueda querer tener. Una pareja un día
decide tener o adoptar a un niño y están felices, están en un momento de
plenitud, y deciden ser padres de la manera que lo sean. Ese niño nace
con un derecho, que es el derecho a disfrutar de su padre, de su madre,
de sus dos padres, de sus dos madres y de los familiares de ellos. Ese
niño nace ya con la custodia compartida. Además, son unos derechos que
están recogidos en la Carta europea de los derechos del niño, la cual
pone deberes a los progenitores, porque nos dice que los progenitores
tienen la obligación de compartir los deberes y las responsabilidades
-repito, señorías, responsabilidades- sobre la educación de los mismos.
Los niños no pueden perder los derechos cuando sus padres deciden
separarse; lo repito otra vez, no pueden perder los derechos porque nacen
con ese derecho. ¿Quiénes somos nosotros para quitárselo en el momento en
el que tomamos la decisión de separarnos de la persona con la que hemos
decidido tenerlos?
Distintos países de la Unión Europea han regulado sobre esta materia de
manera muy diferente, es cierto. Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica,
Italia, lo han hecho de manera diferente, pero todos con un nexo común, y
es que han entendido que es necesario que exista una regulación. En
España, en 2005, el Código Civil introdujo la guarda y custodia
compartida, y el Tribunal Supremo, además, ha hecho los deberes y ha
dictado sentencia; ha dicho que siempre que se respete el interés
superior del menor, la guarda y custodia compartida debe ser la fórmula
normal y deseable. Por supuesto, señorías, excluyendo todos aquellos
casos en los cuales se hable de violencia familiar o incluso aquellos
casos en los que el enfrentamiento entre los progenitores es tan acérrimo
que no son capaces de defender el bien del niño. Pero es que los niños no
son cromos; no son cromos en el momento en el que no estamos a la altura
y no somos adultos para poder afrontar un fracaso sentimental. El interés
superior del menor es lo que tiene que primar y es de lo que hablamos
aquí, porque para eso es para lo que hemos venido. Así lo reconoce el
Tribunal Supremo que dice -y cito textualmente-: "El mantenimiento de la
potestad conjunta resulta, sin duda, la mejor solución para el menor, en
cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres".
Con ambos padres, señorías, y siempre pensando en el interés superior del
menor. Se trata de no perder los derechos, de que esos niños no pierdan
los derechos. Se trata de defender la igualdad real y no una igualdad
sesgada, porque en esta historia que estoy contando hoy también hay
hipocresía.
¿Y por qué hablo de hipocresía? Porque hay partidos en esta Cámara que no
quieren que exista una ley que regule la custodia compartida. Esto es una
realidad. Hay partidos que hacen una defensa a
ultranza de la igualdad, pero realmente lo que están defendiendo es una
igualdad sesgada, una igualdad que se entiende en los derechos de todos
por igual, hombres y mujeres, y sobre todo en que los niños no pierdan
los derechos. Quien no entienda que la custodia compartida es un derecho
con el que nacen los niños estará incurriendo o fomentando la desigualdad
entre hombres y mujeres; y entiendo, señorías, que nadie de los que están
aquí pretende precisamente que pase eso.
Tengo que volver a mostrarles un mapa que ya mostré la otra vez. (Muestra
un mapa de España). Se trata del mapa de la vergüenza o el mapa de la
desigualdad o el mapa que refleja que los niños tienen diferentes
derechos, según la comunidad autónoma en la que estén. Hay comunidades
autónomas que se han preocupado por regular y legislar en esta materia.
Por eso, vemos que en Cataluña un 40 % de casos tienen la custodia
compartida, pero si nos vamos al otro extremo, a esas comunidades
autónomas que no lo han regulado, nos encontramos con Extremadura, por
ejemplo, donde solo el 8 % de los casos de divorcio en los que se
solicita se da la custodia compartida. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Rodríguez.
(Pausa). Muchas gracias por que cesen en los murmullos. Continúe.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.
¿Acaso, señorías, me van a decir a mí cualquiera de ustedes, a mí o a
cualquier niño o cualquier pareja, que los derechos de los niños dependen
de la comunidad autónoma en la que se nazca, o que los niños son
diferentes dependiendo de si son de Canarias, Cataluña o Galicia? Creo
que no.
En esta historia -como he dicho- también se habla de oportunidades, de que
existen oportunidades; y una de esas oportunidades se firmó el pasado
agosto en ese punto 68 del Acuerdo con el Partido Popular, en el que
además se hablaba y se dejaba claro que siempre tenía que prevalecer el
interés superior del menor, y de acuerdo con las directrices de las
convenciones de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. No nos
estamos inventando nada, señorías. Estamos intentando que haya igualdad
de verdad y es el momento de ser responsables, de que todos nosotros
seamos responsables.
Ciudadanos defiende la corresponsabilidad; Ciudadanos defiende la igualdad
real, no la igualdad sesgada; Ciudadanos defiende que si cuando estamos
bien somos responsables para decidir ampliar nuestra familia, también
tenemos que ser responsables para tomar las mejores decisiones y
compartir cuando deseamos romper esa familia. Entendemos que hay partidos
que pueden estar vinculados o que tienen una visión sesgada por los
lobbies, pero los niños no entienden de lobbies, los niños solo entienden
de derechos y de que quieren disfrutar de su familia.
En esta Cámara llevamos años, años y años debatiendo sobre este tema, y no
se equivoquen, no estamos hablando de mujeres y hombres; estamos hablando
de niños y de adolescentes. Además, tengo que seguir con el hilo
argumental que hace unos años se utilizó en esta Cámara y que yo utilicé
también en mi intervención anterior, y al que tengo que hacer hoy
mención; mención a Tolstòi -cómo no- y a esa frase de Anna Karenina que
dice que todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo
son cada una a su manera. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que hacer
responsables a los niños cuando ya no somos felices con nuestras parejas,
que no tenemos que crear o proyectar esa infelicidad, que no tenemos que
permitir que nuestros niños dejen de disfrutar de sus familias y, sobre
todo, que hagamos simplemente lo que ha dicho el Tribunal Supremo: que
respetemos el interés superior del menor y que no lo despojemos de sus
derechos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en
primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Galovart
Carrera.
La señora GALOVART CARRERA: En este tema lo único preferente es el interés
superior del menor.
Buenas tardes. La iniciativa de Ciudadanos se basa en el anhelo jurídico
de la corresponsabilidad parental cuando no hay consenso tras la ruptura.
El Grupo Socialista también lo tiene y lucha por ese anhelo, sin embargo,
no estamos de acuerdo con que ese deseo de futuro sea adecuado para
resolver situaciones de presente. La mayoría de las mujeres de este país
por supuesto desean compartir con los padres el cuidado de sus hijos,
pero esos deseos no son la realidad, y la igualdad real en la familia es
una meta a la que hay que llegar. Salvo para una minoría de parejas
separadas, la custodia compartida no es la continuación de esa
corresponsabilidad, pues no existe o deja mucho que desear. Lo
demuestran, por
ejemplo, las estadísticas del Instituto de la Mujer, de las que se
desprende que el 92,63 % de las excedencias para el cuidado de los hijos
la piden las mamás -las madres- y solo el 7,3 % las piden los padres. Si
esto es así, ¿por qué razón en el momento del la ruptura un número de
padres solicitan la custodia compartida? La respuesta no está en el
cielo. Por eso, entendemos que la custodia compartida como opción
preferente es recomendable en un mundo ideal de corresponsabilidad e
igualdad efectiva durante la convivencia.
Con la modificación que se pretende, el juez, sin tener en cuenta cuál ha
sido el comportamiento anterior de los progenitores, tendría que dar por
supuesta esa corresponsabilidad y en consecuencia, partiendo de la
presunción in dubio pro custodia compartida, el que la solicita no
vendría obligado a demostrar que ese régimen es el mejor, que protege el
interés del hijo, y la carga de la prueba sería para la otra parte, que
tendría que demostrar de forma inequívoca que perjudica al menor
obligándolo a una difícil prueba sobre el comportamiento futuro del
progenitor.
Somos partidarios de la custodia compartida, claro que sí, fue el Gobierno
socialista el que la estableció en 2005, pero no de que se regule con
carácter preferente la misma y menos que se invoque en su defensa al
Tribunal Supremo por delante de las otras dos opciones del régimen de
guarda, guarda exclusiva para la madre y guarda exclusiva para el padre,
pues la realidad social en la mayoría de las familias no es la
corresponsabilidad y el Tribunal Supremo nunca ha dicho que esa modalidad
de custodia deseable tenga que ser preferente o gozar de primacía. Es por
ello que debe dejarse plena libertad al juez, que deberá analizar las
circunstancias concurrentes sin encorsetarlo, con premisas previas de
preferencias para decidir lo que en verdad importa, que es el interés del
menor. El proceso no puede ser al revés, señora diputada. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora diputada,
por favor. ¡Les ruego silencio!
Muchas gracias, continúe.
La señora GALOVART CARRERA: Señora diputada de Ciudadanos, el proceso no
puede ser al revés, la prueba es como es, hay que partir del interés del
menor y, a partir de ahí, ver cuáles son las tres opciones, la más
importante para el interés del menor y para su conveniencia.
Ciudadanos plantea una moción con poco rigor, tan poco como cuando cita en
vano a Tolstói, cuando interpreta la doctrina del Tribunal Supremo,
escaso rigor porque el Supremo considera que la compartida es la normal e
incluso deseable, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo
sea, pero en ningún momento estima que sea la opción preferente. Me he
tomado la molestia de rastrear todas las sentencias del Supremo desde el
29 de abril de 2009 y en ningún momento el Supremo utiliza la palabra
preferente. Y no siendo sinónimos preferente, deseable y normal, véase
diccionario, es evidente que el argumento principal de Ciudadanos sobre
la preferencia, según la doctrina del Supremo, carece de justificación
alguna.
Poco rigor tiene también la moción cuando aborda la compartida desde la
perspectiva de la igualdad de los derechos de los progenitores y no, como
es obligado, desde el prisma de los derechos del menor, de su interés
superior y beneficio, que es la única guía de actuación del juez y
ninguna otra más. La ponente licua y difumina el interés del menor dentro
del derecho a la igualdad y no es eso, señora diputada, no es eso.
Escaso rigor de la moción cuando utiliza como argumento el derecho
comparado, pues muy pocas legislaciones europeas regulan la preferencia.
Poca responsabilidad de la iniciativa cuando se salta a la torera el
problema de la violencia de género y del artículo 92.7 del Código Civil
cuando es imposible otorgarla en estos supuestos. El mismo poco rigor
cuando se escudan en el argumento de que no hay datos del fracaso, a
sabiendas de que no existe estudio ni seguimiento alguno objetivo que
establezca una imagen nítida de lo que está ocurriendo. Sin perjuicio de
lo anterior, ha de destacarse que la moción está huérfana de apoyos, no
se ha pulsado la opinión de los operadores jurídicos, por ejemplo, mis
compañeros jueces de familia, ni las asociaciones judiciales ni tampoco
las principales organizaciones de defensa de los menores como, por
ejemplo Unicef, que algo sabrá de esto.
En conclusión, y para terminar, señor presidente, afirmamos que la moción
tiene los pies de barro por basarse en argumentos poco rigurosos y por
tratarse de un experimento con gaseosa que no tendría importancia si no
fuera que pretende un cambio a costa de los menores y eso bajo ningún
concepto. No sin los niños y las niñas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Galovart.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la
señora Alba Mullor.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes que nada, quiero manifestar mi doble asombro ante su
iniciativa, digo doble por su naturaleza y por su contenido porque,
señorías, elegir la fórmula de una interpelación urgente para debatir
sobre una cuestión recogida en el pacto PP-Ciudadanos, resulta cuando
menos llamativo.
Dicho esto, les avanzo que no compartimos ni gran parte de su exposición
ni la totalidad del contenido de su propuesta, por lo que hemos
presentado una enmienda que respeta el espíritu de la sentencia de abril
de 2013 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
en su redacción real y no la que ustedes de modo creativo hacen de la
misma. En primer lugar, en lo que atañe a la justificación de la
necesidad de formular esta interpelación urgente y moción subsiguiente,
debo decirles que la existencia de distintas normativas territoriales no
deriva en modo alguno de que no haya una regulación nacional al respecto,
sino de la riqueza que para nuestro Estado supone la existencia de
territorios con derecho foral a los que la Constitución y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconocen, que no otorgan,
capacidad normativa para legislar sobre materias conexas con las ya
reguladas. ¿No es ese el fundamento de esta legislación foral y del
derecho civil propio? No se habría evitado que Aragón o Navarra, por
ejemplo, legislasen al respecto con una regulación nacional, ni tal vez
resultara deseable.
Por otra parte, su interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de
abril de 2013 va más allá de lo que la propia resolución establece,
puesto que en modo alguno habla de preferencias, sino de que deba ser el
régimen normal y deseable cuando se den determinadas circunstancias que
la misma enumera, y siempre atendiendo al interés superior del menor. Y
tampoco es cierto que en la actualidad se dificulte el acceso a la
custodia compartida, puesto que, por ejemplo, no hay problema alguno para
ello cuando la medida se adopta de común acuerdo entre las partes. Cabría
preguntarnos por qué si un 62 % de personas creen que la custodia
compartida es beneficiosa para el menor, únicamente un 12 % de los
convenios reguladores suscritos en 2014 adoptaron este régimen. Señorías,
cuando no hay acuerdo entre las partes, el juez también puede adoptar
esta medida, puesto que la doctrina jurisprudencial de 2013 lo permite.
Por tanto, esta medida se puede adoptar como cualquier otra; ahora bien,
no de modo automático ni preferente, sino cuando resulta la más adecuada
al caso concreto y es competencia de los jueces, señorías. Ellos son
quienes deben analizar cada realidad y, actuando no en interés de los
progenitores sino del menor, determinar si es mejor un régimen u otro.
Son los jueces quienes, a la vista de todas las circunstancias
concurrentes en cada caso, han de regular los distintos aspectos y el
contenido de las relaciones familiares, y siempre en beneficio del menor
y no como un derecho de los progenitores. Y no podemos perder de vista
los supuestos de violencia de género, que deberán quedar totalmente
excluidos de cualquier establecimiento de custodia compartida, porque los
maltratadores no pueden acceder a la custodia compartida. Resulta
necesario alejar a los menores cuanto antes de la violencia, y el
alejamiento del maltratador es esencial para ello, puesto que la
violencia ejercida sobre las mujeres impacta directamente en los hijos e
hijas. (Aplausos). Esta es una cuestión sobre la que no debe suscitarse
debate alguno. Estaremos todos de acuerdo en que frente a estas
situaciones solo cabe la tolerancia cero y en modo alguno establecer la
custodia compartida. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Señorías, silencio.
Ahora no se lo ruego, sino que les exijo silencio. Continúe. Muchas
gracias.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, señor presidente.
Por otro lado, en lo que afecta a la petición concreta de la moción,
permítanos reiterar nuestra sorpresa. Formularon una interpelación sobre
custodia compartida y ahora la moción que trae causa de aquella
interpelación ya no trata solo de custodia compartida, sino también del
derecho del menor a ser escuchado y de la aclaración de las vías de
recurso, tal vez para rellenar de contenido la moción. Señorías, respecto
a la primera cuestión, supongo que han olvidado que la Ley Orgánica
8/2015 y la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la
infancia y adolescencia, ya establecieron el derecho del menor a ser oído
y escuchado, sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier
circunstancia y no reducido al ámbito familiar, sino en cualquier
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en el que se
encuentre inmerso, debiendo ser tenidas en cuenta sus opiniones. Es de
suponer que con esto, que se encuentra vigente e incorporado al
ordenamiento desde hace dos años y va más allá de lo que piden, queden
cubiertas sus expectativas, pero en cualquier caso lo aceptamos y lo
recogemos también
en nuestra enmienda. Además, con la reforma del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, amén de incluir el derecho del menor a ser
oído y escuchado, España se convirtió en el primer país en incorporar la
defensa del interés superior del menor como principio interpretativo,
derecho sustantivo y norma de procedimiento. Así que lecciones en cuanto
a protección de los derechos de los menores pocas, señoría.
Por último, en cuanto a la clarificación de las normas procesales sobre
las vías del recurso, nos preguntamos en qué creen ustedes que es poco
claro el régimen de recursos, cómo proponen reformarlo o cómo de claro lo
quieren, señorías. Es evidente, señores de Ciudadanos, que todo es
susceptible de ser clarificado, incluso su moción, y por ese motivo, para
clarificar su iniciativa, hemos presentado esta enmienda. Esperamos que
sean receptivos a la misma, ya que coincide en lo fundamental con la del
Grupo Parlamentario Socialista. Así que, señorías, no desperdiciemos la
oportunidad de alcanzar el gran consenso al respecto que se reivindicó en
el debate de la interpelación urgente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alba.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo del Partit Demòcrata, vamos a votar a favor de su
moción, pero antes déjenme decirles algo. Esto no va de homogeneización,
sino de consensos, de aplicación de las competencias y del Código Civil
aplicable en cada territorio. Usted sabe que en Cataluña tenemos el Codi
Civil de Catalunya, derecho propio; por tanto, de aplicación exclusiva en
Cataluña está el Codi Civil de Catalunya y solo supletoriamente el Código
Civil español, igual que en otros territorios, como es el caso del País
Vasco o de Navarra. En Cataluña, desde 2010, conseguimos el consenso
necesario para poder implementar la custodia compartida con carácter
preferente. Esto fue un avance de los grupos parlamentarios que
entendieron que la sociedad en Cataluña demandaba esta cuestión, porque
se tiene que dar respuesta a un interés creciente por atender a una nueva
fórmula de familia y de atención a los menores, donde los padres se
corresponsabilizan casi tanto como las madres o al menos esa es su
intención. Entendió la Cámara catalana en 2010 que había que dar
respuesta y cobijo a esta situación. Se acordó la custodia compartida
como modelo preferente, teniendo en cuenta que lo bueno, lo sano y lo
saludable es que haya mutuo acuerdo entre ambos, padre y madre, que es el
caso del 60 % de las sentencias que se dictan en Cataluña. Cuando no lo
hay y uno de los progenitores pide la compartida y el otro no, el juez no
se encuentra vinculado, como usted bien sabe, en materia de derecho de
familia en el Código Civil, por la petición de las partes, sino que el
juez se pronuncia en atención al interés superior del menor en primer
lugar y después a todas las circunstancias que los letrados actuantes son
capaces de acreditar para hacer valer los derechos y preferencias de su
cliente. Por tanto, en casos de discrepancia, lo que hace el juez -y que
sin duda haría el juzgador español- es valorar aptitudes, actitudes,
antecedentes, cercanía o no de domicilios, capacidad para el cuidado por
disponibilidad horaria de ambos progenitores, qué forma de contribución a
las cargas y alimentos a favor de este menor corresponde a cada uno,
porque lo que también permitió de rebote la custodia compartida fue
apartar el debate crematístico en buena manera de los litigios de familia
que a menudo ensucian toda la maraña litigiosa de la pareja en discusión.
A veces se pierde el mundo de vista por cuestiones económicas. Esto
consigue que cada uno, padre y madre, contribuya en la proporción que
pueda a los alimentos de los menores; además, no atribuye de forma
inmediata la vivienda, el domicilio que fue habitual o familiar, al
menor, sino que lo atribuye al padre o a la madre más necesitado en este
caso y entonces se adecua la forma de comunicación o de estancia
constante, la guardia compartida, entre uno y otro progenitor: padre y
madre, padre y padre o madre y madre, etcétera. Por lo tanto, es una
concepción realista de la realidad.
Estoy de acuerdo en que la cuestión de la corresponsabilidad es
prioritaria, pero lo es no solo por los antecedentes y porque tiene que
haber una dedicación previa del padre que hoy en día aún no se da
suficientemente, sino también porque hay que ayudar a que esta
corresponsabilidad exista y, por tanto, la custodia compartida puede
coadyuvar. En Cataluña la tenemos compartida de forma preferente, así que
desde el Partit Demòcrata no les vamos a privar de que en el Código Civil
puedan hacer esta reforma e implementarla donde es de aplicación el
Código Civil común. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Tiene
que buscar los consensos en aquellas fuerzas que le tienen que dar el
voto decisivo
para que esto sea una realidad. Repito, el interés superior del menor es
el que prima y la obligación y el derecho de padres y madres son los que
se tienen que tener en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se nos presenta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una moción
consecuencia de interpelación a fin de que se presente un proyecto de ley
-se dice erróneamente una ley- de reforma del Código Civil y leyes
concordantes para que se configure la custodia compartida como modalidad
preferente para casos de separación o divorcio con hijos o hijas menores
de edad, así como el derecho del menor a ser escuchado y respetado su
juicio, salvo apartamiento motivado. Tal iniciativa se fundamenta en un
mejor cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño de Naciones
Unidas -aunque se dice erróneamente carta europea-, en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, que camina en la dirección hacia la preferencia de
la custodia compartida, y en el cumplimiento del acuerdo de investidura
entre Ciudadanos y el Partido Popular. Hasta aquí nada que objetar
respecto a la motivación de la moción, aunque ciertamente parece
pintoresco, como ya se ha señalado por algún interviniente que me ha
precedido en el uso de la palabra, que Ciudadanos reclame el apoyo del
resto de la Cámara para obligar al Partido Popular a que cumpla algún
aspecto de un acuerdo político entre ellos para facilitar la investidura
del actual presidente del Gobierno.
A las tres razones anteriores, Ciudadanos añade una cuarta para justificar
la reforma del Código Civil que propone y que realmente nos ha preocupado
por el pensamiento político que trasluce respecto al mapa de las
competencias históricas que en materia de derecho civil foral disponen
las llamadas comunidades del arco civil foral peninsular e insular. A
este mapa que Ciudadanos exhibió en su interpelación lo llamó el mapa de
la perversión, porque cinco de estas comunidades ya han acogido en sus
respectivos ordenamientos la guarda y custodia compartida con carácter
preferente, frente al Código Civil... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta.
... que en materia de familia rige en el resto del Estado, lo que genera
desigualdad ilegítima -tenemos que entender- entre los españoles, y en
este caso entre los niños españoles. Esto ha sucedido, según Ciudadanos,
porque -leo literalmente- la falta de regulación nacional lleva a que
hayan salido regulaciones autonómicas. Repito, la falta de regulación
nacional lleva a que hayan salido regulaciones autonómicas. Vamos, que
poco más o menos se está diciendo que las regulaciones civiles forales
son como malas hierbas, son regulaciones okupas, porque ocupan un ámbito
jurídico sin título, y deben ser escardadas, como las malas hierbas, o
lanzadas por su legítimo propietario, a este efecto una regulación
nacional uniforme, según palabras de Ciudadanos en esta Cámara. Esta
forma de ver, de pensar y de decir de Ciudadanos sobre el ejercicio
histórico que por parte de los territorios forales civiles se ha hecho de
instituciones básicas de su ser histórico, político y social nos preocupa
de manera honda, y no solo por el desconocimiento profundo por parte de
Ciudadanos de la realidad a la que aspiran a gobernar, sino también por
el desconocimiento del actual modelo jurídico constitucional en la
materia del que su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, ha
dicho que las comunidades autónomas dotadas de derecho civil foral o
especial propio, como es el caso de la Comunidad vasca, pueden legislar
sobre instituciones de derecho civil foral para regularlo, actualizarlo e
innovarlo según sus principios informadores peculiares. En concreto, en
Euskadi o Comunidad vasca y en uso de sus competencias históricas en
materia de derecho civil foral, que hunde sus raíces escritas en el nuevo
fuero de 1452, y también en función de sus competencias en materia de
igualdad entre mujeres y hombres y en materia de infancia y adolescencia,
y también, por qué no, en la competencia para ejecutar tratados y
convenios internacionales, como es la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, en materias de su competencia, como lo es todo
el derecho de familia, se ha aprobado un grupo normativo en torno de la
familia y de sus miembros... (Rumores).
El señor LEGARDA URIARTE: ... que va desde su cabeza de grupo normativo,
que es la Ley de Derecho Civil Vasco, la Ley 3/1999, modificada por la
Ley 5/2015, pasando por el apoyo a la familia misma -la Ley 13/2008-, la
regulación de las parejas de hecho -la Ley 13/2003-, la atención y
protección de la infancia y la adolescencia -la Ley 3/2005- y las
relaciones familiares en supuestos de separación, ruptura o nulidad o
custodia compartida, que es la Ley 7/2015.
Finalizo, presidenta. Daremos nuestro apoyo a la iniciativa para que el
Código Civil acoja para los territorios que no cuenten con derecho foral
propio la custodia compartida como criterio prioritario en casos de
separación, divorcio o nulidad, aunque discrepamos de parte de la
fundamentación del grupo parlamentario proponente.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la
señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, presidenta, senyores i senyors
diputats.
Ciudadanos plantea en esta moción consecuencia de interpelación que la
guarda y custodia compartida no es la fórmula preferente en el Código
Civil español y que es lo que debería ser: preferente. Asimismo plantea
que ocasiona desigualdad entre los progenitores, entre los cónyuges, y
que la existencia de derechos forales y civiles propios en determinadas
comunidades autónomas genera también desigualdades. Esquerra Republicana
no comparte esta tesis, no comparte la tesis de la desigualdad planteada
de esta manera ni tampoco comparte la tesis de la desigualdad respecto a
las comunidades autónomas con derecho foral o derecho civil propio.
Creemos que la modificación que se plantea, que ya está contemplada tanto
en el Código Civil como en el Código Civil de Cataluña, tiene sentido
única y exclusivamente desde el punto de vista de protección de los
menores, del interés superior del menor. En segundo lugar, no se trata de
preeminencia o preferencia, sino del análisis de las circunstancias
concurrentes en cada caso, que son las que determinan que la guarda pueda
ser compartida o, en su caso, sea ejercida en exclusiva... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría, un segundo.
Ruego silencio, señorías. Continúe.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Como decía, debe ser fruto del análisis de las
circunstancias concurrentes para que pueda determinarse que la guarda sea
compartida o, en su caso, sea ejercida en exclusiva por uno de los
progenitores.
La guarda y custodia compartida fue introducida en la modificación del
Código Civil del año 2005 por la Ley 15/2005, en su artículo 92, pero es
cierto que no es la opción preferente porque deja la decisión a la
valoración del juez en cada caso y de las circunstancias concurrentes.
Compartiríamos con Ciudadanos esta visión de la necesidad de ir un poco
más allá por conseguir, efectivamente, una situación de igualdad plena de
los cónyuges; estaríamos totalmente de acuerdo si fuera cierto que en las
relaciones familiares existe siempre un equilibrio y la plena igualdad de
los cónyuges, en este caso de los progenitores. Es cierto que la sociedad
española ha evolucionado y que desde la aprobación de la Ley de Divorcio
hasta hoy ha llovido mucho y la sociedad ha cambiado y ha evolucionado a
mejor. El matrimonio ya no es únicamente el contraído por personas de
distinto sexo y, por tanto, el derecho a contraer matrimonio no es
exclusivo de las personas heterosexuales sino que también es predicable y
se reconoce entre personas del mismo sexo, de manera que los defectos
jurídicos y personales de las rupturas matrimoniales no deberían ser
idénticos a los que se previeron en la Ley de Divorcio del año 1981, por
lo que no puede mantenerse la automaticidad del otorgamiento de la guarda
y custodia a la madre en atención a la regulación contenida en el Código
Civil antes de la modificación de 2005, debido a la propia evolución de
la sociedad.
Ahora bien, dicho lo anterior, permitan que haga una crítica al
planteamiento de Ciudadanos y esa obsesión en poner el foco tanto en la
desigualdad de los progenitores, de los cónyuges, como también en la
desigualdad que ocasiona la aplicación del derecho foral o civil propio
en las comunidades autónomas que poseen ese derecho. En el caso de
Cataluña y las Illes Balears el derecho privado, el derecho civil, el
derecho procesal -que ya no lo tenemos- y el derecho penal -que tampoco
lo tenemos- es lo único que queda incólume y que no fue derogado por el
Decreto de Nueva Planta de Felipe V en enero de 1716. Por tanto, el
Parlament de Catalunya, en el marco de sus competencias que ha deseado
siempre ejercer
y del autogobierno, legisló en 2010 la Ley 25/2010, de 29 de julio, del
libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la
familia. Ahí se reguló la guarda y custodia compartida desde la óptica
del interés superior de protección del menor y en defensa del pleno
desarrollo de la personalidad del menor. En este marco es en el que
Cataluña se rige. Es evidente que nosotros defendemos que el Estado
español se regule como desee y como le interese y proceda. En este caso,
el artículo 92 del Código Civil regula la guarda y custodia compartida.
Es evidente que no lo hace de forma automática porque, como decía al
inicio de mi intervención, deben tenerse en cuenta las circunstancias
concurrentes en cada caso concreto: en caso de acuerdo de los cónyuges o
progenitores, el pacto al que lleguen, teniendo en cuenta cada uno el
reparto de aquello que siempre han hecho con el menor, y en el caso de
que no exista acuerdo, es evidente que es el juez o la juez quien debe
valorar las circunstancias que concurren y en quién debe recaer la
custodia, si es exclusiva para uno de los progenitores o debe ser
compartida por ambos progenitores.
La modificación pretendida por Ciudadanos no recoge estos principios que
he expuesto en mi intervención por lo que Esquerra Republicana votará en
contra de la moción de Ciudadanos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Carreño Valero. (Rumores).
Silencio, señorías.
La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes, señorías, presidenta.
El Grupo Parlamentario Confederal considera que los cuidados de los hijos
e hijas han de ser compartidos por ambos progenitores porque, en primer
lugar, esto es beneficioso para los niños y niñas pero, sobre todo,
porque es indispensable para avanzar en la igualdad de género. Las
mujeres asumimos la mayor carga del cuidado y educación de nuestros hijos
e hijas, lo que obstaculiza nuestro acceso al ámbito profesional en
igualdad de condiciones. Enfrentamos mayores tasas de empleo parcial,
brecha salarial por motivos de género y esto, señorías, redunda a la
postre en mayores tasas de pobreza entre las mujeres. Sin duda, este
sistema no contribuye a alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer.
Por eso, debemos cambiar este modelo familiar y social, compartiendo los
cuidados y la crianza de los hijos en todo momento.
Señorías, esta iniciativa que ustedes nos traen hoy no favorece que
alcancemos tan ansiada igualdad, no propicia que se compartan los
cuidados a lo largo de la vida en familia, sino únicamente quieren
ustedes imponerla en situaciones de crisis familiar. Desde la aprobación
de la Ley 15/2015 los cónyuges pueden estipular de mutuo acuerdo las
condiciones de su separación, incluida la guarda y custodia de las hijas
e hijos a su cargo. Señorías, el camino emprendido por esa ley es el
correcto. En un conflicto familiar ha de primar siempre el acuerdo, pues
esta es la única forma en la que la custodia compartida puede resultar
positiva. Para ello es indispensable, cómo no, impulsar la mediación,
dotando a los juzgados y tribunales de los recursos suficientes. Esto,
que sería lo deseable, no se puede hacer, señoras y señores de
Ciudadanos, porque ustedes, como muleta de este Gobierno, aprobaron unos
presupuestos generales que no dotan de recursos suficientes a los
juzgados y tribunales en materia de mediación. Es más, ustedes rechazaron
nuestra enmienda a los presupuestos en materia de mediación
intrajudicial. (Aplausos). Ustedes no quieren que las familias lleguen a
acuerdos, ustedes simplemente se limitan a imponerlo. Imponer por vía
judicial la forma en que ha de relacionarse una familia nunca es la
manera óptima de resolver la disolución de un matrimonio o relación de
convivencia. La propia jurisprudencia del Supremo, a la que ustedes se
refieren, concluye -y cito literalmente-: La custodia compartida conlleva
como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de
mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que
beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese
a la ruptura efectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar
de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Es
decir, que nuestros tribunales no la recomiendan en todos los casos, no
establecen la preferencia y dicen que es deseable, que no es lo mismo que
preferente, pero ustedes no han sabido ni tan siquiera leer la
jurisprudencia.
En una situación de grave conflicto, una medida como la que ustedes
proponen hoy podría aumentar la confrontación entre los progenitores,
perjudicando así el desarrollo de los hijos e hijas. No debemos olvidar
que en toda regulación legal que afecte a niñas y niños ha de primar
siempre, por encima de cualquier otra premisa, la defensa del interés
superior del menor. Los hijos e hijas no son derechos de otra
persona, sino sujetos de derecho que han de ser respetados y oídos, tal y
como estipula la Carta Europea de Derechos del Niño. Sin embargo, ¿cómo
prevén ustedes que sean oídos estos niños, señorías? ¿Se dan cuenta de lo
traumático que puede resultar para un menor de edad tener que testificar
respecto de un conflicto familiar? Si de verdad queremos que se escuche a
la infancia, el sistema judicial ha de estar preparado para ello y esto
requiere nuevamente de inversión: inversión en salas amigables, inversión
en equipos psicosociales, una inversión que nuevamente ustedes no han
previsto ni han defendido a lo largo del proceso de presupuestos.
Sinceramente, no parecen ustedes muy preocupados por la infancia, o al
menos no tanto como por sostener a este Gobierno, que es lo que parece su
prioridad. Si a ustedes les importara que los progenitores tuvieran una
responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación, ¿no creen
que esta debería ser compartida desde el momento de su nacimiento? ¿O
solamente quieren ustedes dividir los cuidados cuando se rompe la pareja?
Si apostaran por la igualdad, como ha dicho su portavoz, ustedes no se
habrían opuesto, como lo hicieron, a la propuesta de Unidos Podemos para
establecer permisos iguales e intransferibles por nacimiento, acogida o
adopción. (Aplausos). Esta sí es una medida que genera igualdad y
división de tareas, esta es una medida que evitaría que las mujeres
fueran discriminadas en el ambiente laboral, esta es una medida que
permitiría a los hijos e hijas disfrutar de la compañía de sus padres en
igualdad de condiciones y que fomentaría un reparto más igualitario de
las tareas. Es en una relación de igualdad y de corresponsabilidad donde
es posible, en caso de cese de la convivencia, mantener una relación
permanente e igual, tal y como dicta nuestra propia jurisprudencia y el
derecho comparado.
Por último, hemos de tener presente que en nuestro país existe un
gravísimo problema al que ustedes no han hecho ni tan siquiera mención,
que es la violencia machista y en estos casos el problema del maltrato
puede y suele prorrogarse sobre los hijos en común de la pareja. Por
tanto, cuando el dictamen de 2014, de la CEDAW contra España, a raíz del
caso Ángela González, refleja la necesidad de tomar medidas para que los
antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta a la hora de
estipular los derechos de custodia y visita, es lamentable que ustedes no
lo hayan previsto en su proposición. Nuestro Gobierno no ha tomado las
medidas desde que se aprobara este dictamen en el año 2014 y, como
resultado, son muchos niños y niñas los que son asesinados cada año por
violencia machista en nuestro país; la mayor parte, durante el régimen de
visitas y a pesar de que en muchos casos la madre había alertado varias
veces del riesgo. (Aplausos). Por tanto, imponer la custodia compartida
de forma preferente y sin acuerdo es sumamente peligrosa en situaciones
de violencia, señorías. Por eso no podemos aplicar a todas las familias
la misma regla, por mucho que a ustedes les guste la imposición, porque,
como dicen, al menos hay cierta paz y orden. La custodia compartida, sin
duda, es la más deseable de entre las situaciones posibles, pero la forma
de conseguirla no es la imposición. Por eso hoy votaremos no a su moción,
porque no es solo lo que se promueve, señorías, sino lo también el cómo,
y esta, desde luego, no es la manera. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Rodríguez Hernández si acepta
su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): No aceptamos ninguna
enmienda. Se votará en sus términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a examinar el último punto del
orden del día, relativo a la elección de un señor diputado, de
conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados, sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de
2004. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista es doña
Margarita Robles Fernández. Este punto será sometido a
votación tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy, que
comenzarán, señorías, en tres minutos.
Muchas gracias. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 122/000103).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más
1 voto telemático, 335; a favor, 142 más 1 voto telemático, 143; en
contra, 158; abstenciones, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda no tomada en consideración la proposición de
ley. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente
122/000098).
La señora PRESIDENTA: Votamos la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 334.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley.
(Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO. (Número de expediente 162/000206).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar las proposiciones no de ley.
Primero vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio. Se vota en los
términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 147; en contra, 137, abstenciones, 50.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE
LA ACTUAL ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente
162/000421).
La señora PRESIDENTA: Votamos la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual
Estrategia de Ciberseguridad Nacional. La vamos a votar en los términos
resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 248; en contra, 9; abstenciones, 76.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS
ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON
PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número
de expediente 173/000032).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a
las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Votamos primero la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del
Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos
responsables del departamento en relación con personas investigadas por
delitos relacionados con la corrupción. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 167; en contra, 131; abstenciones, 36.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTRO DE
JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente
173/000033).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de
Justicia para dar cumplimento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
materia de guardia y custodia compartida. La vamos a votar en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 171; en contra, 158; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (VOTACIÓN):
- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder ahora a la elección,
mediante votación por papeletas, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, resultando elegido el
diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210
diputados. (Rumores). Señorías, por favor, guarden silencio. Cada
diputado escribirá un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas
las papeletas que contengan más de un nombre o este no se corresponda con
un diputado del Grupo Parlamentario Socialista. La diputada propuesta por
el Grupo Parlamentario Socialista es doña Margarita Robles Fernández.
Ruego al señor secretario proceda al llamamiento de las señoras y los
señores diputados. (Rumores). Por favor, señorías, les ruego silencio.
Por los señores secretarios segundo, tercero y cuarta de la Mesa se
procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes
van depositando su papeleta en la urna.
Terminado el llamamiento, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Algún señor diputado o señora diputada presente no
ha sido llamado a votación? (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación ha sido el
siguiente: votos emitidos, 332; votos a favor de doña Margarita Robles
Fernández, 326; votos en blanco, 4; votos nulos, 2. Por tanto, al haber
obtenido más de tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara,
la señora Margarita Robles Fernández ha resultado elegida a los efectos
de la resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004. Enhorabuena.
(Aplausos).
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.
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