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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 158, de 23/10/2018
cve: DSCD-12-PL-158
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 158
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 151
celebrada el martes,
23 de octubre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página5)

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Educación y Formación Profesional sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español. (Número de expediente 172/000154) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 239-1, de 23 de marzo de 2018. (Número de expediente 122/000211) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 295-1, de 13 de julio de 2018. (Número de expediente 122/000255) ... (Página17)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno y sus miembros a abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del poder judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 426, de 5 de octubre de 2018. (Número de expediente 162/000799) ... (Página27)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección socio-laboral de los donantes vivos de un órgano. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 139, de 7 de abril de 2017. (Número de expediente 162/000391) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la problemática relativa a la proliferación de casas de apuestas y la orientación política sobre juegos de azar. (Número de expediente 173/000113) ... (Página41)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga. (Número de expediente 173/000114) ... (Página49)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados el excelentísimo señor Demetris Syllouris, presidente de la Cámara de representantes de la República de Chipre.

Exclusión el orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Educación y Formación Profesional, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz y Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de


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Esquerra Republicana; y los señores Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet, de nuevo el señor Martínez Oblanca y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Ramos Jordán, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno y sus miembros a abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del poder judicial ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley la señora Esteller Ruedas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bataller i Ruiz, así como la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección socio-laboral de los donantes vivos de un órgano ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y De Arriba Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como la señora De la Concha García-Mauriño, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Raya Rodríguez.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página41)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la problemática relativa a la proliferación de casas de apuestas y la orientación política sobre juegos de azar ... (Página41)

Defiende la moción la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del mismo grupo; el señor Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Flórez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Fernández Castañón.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga ... (Página49)

Defiende la moción el señor Martínez-Maíllo Toribio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, se aprueba por 178 votos a favor más 2 votos telemáticos, 180, y 166 en contra.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se rechaza por 134 votos a favor;177 en contra más 2 votos telemáticos, 179, y 33 abstenciones.


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno y sus miembros a abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del poder judicial, se rechaza por 166 votos a favor y 177 en contra.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección socio-laboral de los donantes vivos de un órgano, se aprueba por 343 votos a favor y 1 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la problemática relativa a la proliferación de casas de apuestas y la orientación política sobre juegos de azar, se aprueba por 339 votos a favor y 5 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga, se rechaza por 165 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las ocho de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

En el día de hoy tenemos el honor de contar en la tribuna del hemiciclo con la presencia del excelentísimo señor Demetris Syllouris, presidente de la Cámara de Representantes de la República de Chipre, que se encuentra en visita oficial en nuestro país. Le doy, señoría, la bienvenida y le expreso el más sincero afecto en nombre de este Parlamento que ruego que haga extensivo a todo el pueblo chipriota.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000154).

La señora PRESIDENTA: Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 32, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. (Número de expediente 122/000211).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la protección de la libertad de expresión. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas.

En primer lugar, a nuestro grupo le habría gustado no tener que presentar esta propuesta, porque eso significaría que nuestro Código Penal, nuestro sistema político en última instancia, no tendría las graves carencias que hoy tratamos de subsanar, sobre todo para homologar nuestra democracia a los estándares democráticos propios de unas sociedades avanzadas, de unas sociedades desarrolladas especialmente en materia de derechos fundamentales y de libertad de expresión.

Esta ley es el resultado de haber mantenido un diálogo continuo con muchas organizaciones, a las que no ha lugar citar una por una, pero sí queremos expresar nuestro agradecimiento, porque creemos que el resultado final es una iniciativa de enorme rigurosidad que espero que sus señorías tengan a bien tomar en consideración. Nuestro grupo pide al resto de grupos de esta Cámara que acepten su tramitación como ley, para que más temprano que tarde podamos derogar algunos de los artículos que recogemos en nuestra iniciativa. Desde luego, se trata de una ley profusa y trataré de sintetizar algunos de los puntos que nosotros consideramos fundamentales.

Comienzo, por tanto, situando el contexto. Nuestro grupo considera que estamos viviendo un momento de involución democrática muy grave, que se manifiesta en la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión; una libertad negativa, una libertad defendida por la tradición liberal e inculcada en nuestras constituciones, en nuestro Código Penal y, sin embargo, en el momento actual vulnerada por el propio Código Penal y por el clima reaccionario y conservador que se está instalando en nuestro país. Hay dos vías fundamentales por las que la libertad de expresión se está censurando en nuestro país. La primera, la conocida como Ley mordaza, es el intento de desincentivar la expresión legítima en la calle manifestando la protesta frente al momento político; una Ley mordaza que ya ha empezado el trámite en el Parlamento, en las comisiones, y que esperamos que sea derogada lo antes posible, pero que encuentra una segunda vía, que es a la que hace alusión expresamente esta ley, que es la vía penal, y que nos ha llevado a situaciones bochornosas en los últimos meses en nuestro país que conoce toda la ciudadanía. Hemos visto cómo, sencillamente, por criticar a la monarquía, por encontrarse artistas haciendo chistes o cualquier tipo de manifestación artística, por ejemplo, con el Cristo o con elementos de alguna religión -en concreto, la religión católica-, se han visto de repente incorporados en procesos judiciales que en algunos casos han terminado con penas de prisión. Esto es impropio de una democracia y es lo que tratamos de corregir. Creemos que hay dos causas. En primer lugar, que existen en nuestro Código Penal artículos obsoletos, profundamente anacrónicos, que no deberían haber estado en ningún momento, pero que hay que derogar ahora. En segundo lugar, existe un delito de enaltecimiento del terrorismo -artículo 578-, fundamentalmente ambiguo, que nos introduce en un espacio de inseguridad jurídica que hace que los acusados puedan ser culpables o absueltos en función de qué juez les toque. Las directivas europeas y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sugieren -cuando no dicen directamente- que hay que corregir todas estas deficiencias.

Voy a centrarme en los fundamentales, en los que más han llamado la atención, porque a veces se han manifestado en forma de casos verdaderamente esperpénticos. El primero es el delito conocido popularmente como de ofensa a los sentimientos religiosos. Está claro que en una democracia no pueden prevalecer unos sentimientos sobre los otros y que, por lo tanto, es absurdo penalizar penalmente este tipo de declaraciones que pueden manifestarse en diferentes formatos. En este sentido, es conocido, por ejemplo, el caso de Guillermo Toledo, que tuvo lugar hace apenas unas semanas y que todavía continúa.


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Está claro que este delito hasta ahora no ha sido atendido por la mayoría de los jueces -han sido contadas las ocasiones en las que nos hemos visto en una situación tan estrambótica como que alguien, por criticar una religión, se vea inmerso en un proceso judicial como si todavía siguiera vigente el delito de la blasfemia-, pero, sorprendentemente, desde hace unos meses se han ido radicalizando las posturas de determinados jueces y han empezado a admitir a trámite algunas de estas ofensas. Por lo tanto, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que aquí proponemos es la derogación inmediata de este artículo.

Proseguimos con el artículo conocido como injurias a la Corona, un artículo que ya se ha ganado en dos ocasiones la sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado -insisto- en dos ocasiones ya a España, a nuestro país, por haber hecho prevalecer la condena sobre la libertad de expresión cuando, en opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en opinión de nuestro grupo parlamentario, la libertad de expresión ha de prevalecer especialmente y de forma notoria porque la democracia consiste también y sobre todo en poder criticar a las instituciones de arriba, a las instituciones con más poder, a las instituciones más reforzadas. En nuestro país se da el caso particular, singular y, a mi juicio, anacrónico de que tenemos una Jefatura de Estado en forma de monarquía que además está profundamente reforzada. Es decir, es una monarquía inviolable, hereditaria, vitalicia, feudal y que está suficientemente protegida, como ha puesto de manifiesto en el día de hoy que la mayoría de grupos de esta Cámara no permitan iniciar una comisión de investigación por posibles delitos de miembros de la Casa Real; suficiente protección como para que encima tengamos que penalizar, llevar a juicio y en muchos casos -algunos de ellos, insisto, dos al menos, ya sancionados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- acabar con penas de prisión. Verdaderamente anómalo en una democracia. Estamos a tiempo de corregirlo; a tiempo es una expresión bastante generosa, porque ojalá no hubiera existido nunca en nuestro Código Penal.

Dos artículos similares se refieren al ultraje a los símbolos nacionales y a los órganos del Gobierno y las instituciones del Estado. Es evidente que en una democracia debe ser legítimo criticar las instituciones del Estado, por eso es bastante razonable que hasta este momento la mayoría de los jueces no hayan admitido a trámite, por ejemplo, una injuria al Gobierno, entre otras cosas, porque muchas de ellas se escuchan en este hemiciclo y es lo más normal del mundo, es parte de la democracia. Más allá de que nos guste o no nos guste el tono, el contenido concreto o la terminología de la crítica, todas están amparadas -siempre y cuando no sean un delito que lleve directamente a la comisión de actos violentos- por la libertad de expresión. Por eso, afortunadamente, en nuestro país estos delitos, el delito de ultraje a los símbolos nacionales o el delito de ultraje a los Gobiernos, no han sido hasta ahora tramitados en forma de sanciones. Sin embargo, el clima que vivimos actualmente, en el que, a nuestro juicio, tienen una alta responsabilidad algunos de los partidos presentes en esta Cámara, nos está llevando a que algunos jueces empiecen a tratar como delito, por ejemplo, silenciar el himno de España en presencia de los monarcas. Creemos que esto es también inaudito y que, aunque hasta el momento no hayamos tenido casos tan sorprendentes como los que he descrito anteriormente respecto de otros artículos, hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otra serie de disposiciones de los organismos internacionales que abundan en la necesidad de que, directamente, no exista este artículo.

Tenemos un segundo tipo de problemas respecto de la libertad de expresión que se manifiestan en lo que antes he descrito como ambigüedades. Como bien saben ustedes, en el año 2000 se introdujo un nuevo delito en el Código Penal que hacía referencia al enaltecimiento del terrorismo y que fue modificado en el año 2015. Este delito, que surgía fundamentalmente en los años de mayor actividad criminal de la banda armada ETA, apenas fue utilizado hasta el año 2011, que es, paradójicamente, la fecha en la que desaparece ETA. Desde el año 2011, cuando ya, afortunadamente, no hay ninguna banda terrorista en nuestro país, se ha utilizado este artículo para condenar a más de setenta personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo, que, como decía antes, introduce una inseguridad jurídica enorme, porque no está bien definido. Es más, ustedes saben también que, en el año 2008, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya advirtió, en su sesión 2595, de la necesidad de especificar bien este delito para que hiciera mención única y exclusivamente a aquellas sentencias, a aquellas textualidades que hicieran referencia a la violencia directa y que además introdujesen un elemento de verosimilitud, porque, si no, se estaba abriendo la puerta a una interpretación profundamente discrecional que podría acabar, como ha ocurrido en nuestro país, con cantantes y con tuiteros -que está claro para todo el mundo que no tienen ninguna vinculación con la actividad terrorista- sentenciados y penados con bastantes años de cárcel.


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Sin embargo, estas recomendaciones de Naciones Unidas no fueron seguidas en el año 2015, cuando se reformó este artículo y se endureció. Además, queda claro, como dije anteriormente, que en esta situación al final depende de qué juez te toque y de qué interpretación dé del delito consiguiente. Al final, nos encontramos con casos verdaderamente llamativos, como decía anteriormente -y no puedo hacer mención de todos los que hay-, incluso jocosos, en los que ha habido chavales, chavalas que por hacer canciones, por hacer menciones a Carrero Blanco -un fascista torturador-, por hacer, por ejemplo, chistes sobre unos dibujos animados y escribir un tuit diciendo "Goku vive, la lucha sigue", han acabado en juicios en nuestro país por enaltecimiento del terrorismo. Esto, que es profundamente inapropiado para cualquier democracia, debe ser corregido. Por eso, a nuestro juicio, es obvio que tenemos que actuar como dice Amnistía Internacional, derogando el artículo 578 y modificando el artículo 510 del discurso de odio para poder acoger verdaderamente las formas con las que luchar contra el terrorismo, porque nuestro Código Penal ya dispone de instrumentos suficientes, como han puesto de relieve muchos juristas, para combatir el terrorismo verdadera y realmente existente en este momento, como podría ser el de ISIS, con esos artículos que refieren a delitos en los que las sentencias, como anteriormente describía y trataba de explicar, se refieren a la comisión de delitos y a la provocación directa; a la provocación directa y que, como -insisto- promueven las disposiciones internacionales, tenga visos de verosimilitud. Porque, al final, que una persona -sea joven o mayor- en su casa -profundamente descontextualizada- escriba una tontería ocasionada por su ignorancia y relacionada con grupos terroristas que existieron en el pasado no debería estar penado porque carece del riesgo real de materializarse. Deberíamos comprender que la ignorancia, el desconocimiento o incluso la estupidez no deberían ser motivo para entrar en un juicio o ser sancionados penalmente. Esta es una cuestión que competiría en todo caso al Ministerio de Educación, pero no desde luego al Código Penal. Por eso, proponemos recoger en una modificación importante del artículo 510 la defensa de las víctimas del terrorismo, modificando también, en la misma línea de lo que he venido apuntando en los anteriores diez minutos, todos los elementos que se recogen desde los organismos internacionales como saludables para una democracia.

Quiero terminar haciendo una reflexión con ustedes, especialmente con el Grupo Ciudadanos, del que de momento ignoramos el sentido de su voto. Creo que lo que estamos definiendo hoy es una ley fundamentalmente liberal, de esa parte liberal de defensa de la libertad negativa que creo que está bien recogida en nuestras constituciones. Nuestro grupo considera que falta otra parte, la libertad positiva, la libertad de garantizar que la gente tenga acceso a una vivienda, a un trabajo, pero esta es la defensa de la libertad negativa. Esta reflexión la hacemos al calor de los siguiente: nuestro Código Penal y estos artículos que queremos derogar ya existían hace quince años y hace quince años no había tantos casos como hoy. Esta es una pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué hoy es más fácil entrar en un juicio e incluso ser sancionado con penas de cárcel por criticar o usar la imagen de Cristo que hace quince años? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué clima estamos construyendo para que los jueces, que entonces eran conservadores, igual que ahora, e incluso reaccionarios, antes lo vieran inconveniente y ahora lo vean profundamente conveniente?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

El voto de Foro será contrario a esta toma en consideración, porque bajo el pretexto de preservar la libertad de expresión desliza el menosprecio hacia la Constitución española, que en su capítulo segundo reconoce y protege derechos fundamentales y libertades públicas y de la que se han derivado leyes y normas muy avanzadas en comparación con otros países del mundo homólogos a España. Se lo dice alguien que ha votado en contra de la denominada Ley mordaza por considerarla inconstitucional.

Aunque tengo entendido que en Unidos Podemos no son europeístas, en el texto ponen, como muestra de la presunta mala salud de tales derechos, los contados casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha revocado varias sentencias de nuestros tribunales, lo que, por otra parte, demuestra que el sistema de garantías y nuestra pertenencia a Europa permiten corregir aquellos fallos que pudiera tener el funcionamiento independiente de la justicia construido sobre pilares absoluta e inequívocamente democráticos. Al hablar de libertad de expresión, creemos que en todo caso, vista la epidemia inquisitorial plagada de procacidad, barrabasadas y estupidez, entre otros males al alza nacionales e internacionales, lo que cabría reforzar son los mecanismos para proteger la dignidad de


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las personas, amparar sus derechos ante la ofensa y el acoso, salvaguardar el respeto a los sentimientos religiosos y hacer frente al ultraje de los símbolos, así como sancionar la incitación al odio y a la violencia. El referido Tribunal de Estrasburgo también ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que la tolerancia y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos son derechos fundamentales esenciales.

Señorías, esta proposición sintetiza el propósito, que no compartimos, de eliminar obstáculos legales que son de uso común en las sociedades más avanzadas del mundo y facilita coartadas que darían amplísima licencia para disparatar e intoxicar a través de nuevas formas de comunicación que también permiten propalar informaciones falsas, sobre todo a través de las redes sociales, o perpetrar acciones que son delictivas a criterio de los jueces y conforme a las leyes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, existe una máxima que dice: no quieras para los demás lo que no quieras para ti. A nosotros, señorías, nos parece bien que se mantenga la protección penal actual contra las ofensas a un colectivo cuyo sentimiento, el religioso, es de los más extendidos de España, y a una institución como la del Rey, precisamente por ser el jefe del Estado de esta nuestra querida nación. Para ustedes una ofensa, la misma ofensa, es delito en función de quién ofenda o en función del ofendido. Son ustedes muy tolerantes con unas ofensas, pero parecen censores del tardofranquismo contra otras. Ustedes dictan los límites de la corrección política y pretenden sumar ahora a su capacidad de legislar el ser fiscales o jueces supremos. Se suele decir también, señorías, que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Nosotros no queremos ni compartimos que la libertad de expresión contenga ningún derecho absoluto a insultar a nadie.

Por otra parte, aunque la propuesta lleva el logo de Podemos, el texto lleva la firma evidente de Bildu; de hecho, ni participan ni están. Puño y letra. Señorías de Podemos, ETA es la mayor corrupción conocida en nuestra España democrática, el mayor insulto a la gente, la mayor ofensa a la gente. Por eso, permitir su enaltecimiento es la peor de las ideas para combatir su relato de terror, salvo que, como digo, hablen ustedes por la boca de la serpiente. (Aplausos). Permitir lo demás, señorías, sería una gran injusticia con todas sus víctimas. No queremos por ello ayudarles a construir una sociedad basada en el choque permanente de legitimidades, en la lucha y en el conflicto, y menos aún jalear las gracias de quien ofende con odio. Dar carta de naturaleza al insulto dependiendo de a quién vaya dirigido es cicuta política, un veneno que corroe la convivencia que ustedes creen saber manejar y dirigir, pero que en el fondo habla muy mal de su proyecto de sociedad y habla también muy mal de ustedes mismos. Nosotros no compartimos ese modelo y, por tanto, votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra también el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, esta proposición de ley que Compromís apoya con su voto es interesante por lo que quita y por lo que pone. Quita censura, restricción de libertades individuales, entendimiento servil y lacayo del respeto a las instituciones, protección penal absurda para algunos conceptos abstractos que se han venido tratando como si fueran seres vivientes; por otro lado, pone más protección para las personas frente al odio. Los delitos pueden cometerse por diversas causas: por apasionamiento, por codicia, por nepotismo, por necesidad y también por odio, odio a aquel que se percibe como diferente. Estos delitos, los de odio, son especialmente preocupantes en sociedades plurales como la nuestra, en la que convivimos continuamente con la diversidad.

La proposición de ley mejora la prevención contra odios viejos y nuevos. Odios viejos como el antisemitismo, esa obsesión de algunos por hacer pagar no se sabe qué culpas a las gentes del pueblo de Israel, o como la homofobia, que aún sigue manifestándose con episodios lamentables. También se combaten odios nuevos, como la aporofobia, el odio al pobre, que ha mostrado facetas muy violentas en los últimos tiempos y que sorprende en un país donde la pobreza ha sido y sigue siendo tan omnipresente, tan obscena, o como el odio al inmigrante, igualmente sorprendente en un país en el que mucha gente ha


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tenido que salir por necesidad y aún sigue haciéndolo. Parece que no recordemos, en suma, de dónde venimos y quiénes somos.

Hemos de ser sensibles al odio y hemos de mejorar su represión penal, especialmente ahora que hasta dirigentes políticos aparentemente respetables se dedican a lanzar pozaladas de lodo resentido y virulento contra la convivencia democrática. Frente a estas actitudes hace falta un rearme democrático. Entendemos que esta proposición de ley contribuye a ello y la apoyaremos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

España es un país en el que en el siglo XXI se produce el secuestro judicial del libro Fariña, en relación con el tráfico de drogas en Galicia, o el país en el que una obra de arte sobre presos políticos fue censurada en la feria ARCO o en el que se condena a tres años de cárcel al rapero Valtònyc por reproducir rapeando lo que titulares de periódicos decían por escrito. Es un país en el que se persigue judicialmente a personas que se ponen una nariz de payaso y se apostan al lado de un guardia civil. Es preocupante que, además, en este hemiciclo hoy haya fuerzas políticas que voten en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley que nos presenta Podemos. Significa que es mucho más grave el problema de lo que parece.

Amnistía Internacional constata los ataques al derecho a la libertad de expresión en España. La sociedad en España considera que alzar la voz puede ser peligroso, y esto da lugar a algo que es muy lamentable, que es la autocensura, el miedo a hablar. De 2011 -y antes se ha dicho- a 2017 ha habido setenta y seis sentencias condenatorias por enaltecimiento del terrorismo. Hoy el Estado español es aquel país que encarcela a los Jordis porque dice que actuaron violentamente, en un relato inventado para poder ejemplarizar, por haber defendido legítima y pacíficamente la idea de la independència de Catalunya. Hoy el Estado español es sin duda un Estado en el que las libertades están en riesgo y en el que la involución democrática a la que estamos asistiendo es muy grave. Hoy el Estado español es aquel que se preocupa cuando alguien critica a la monarquía, una institución, señorías, que, si es fuerte, no debe temer a las críticas, pero que se sabe débil; como mínimo, la mitad de los catalanes hemos dejado de ser afectos a esta monarquía.

Por tanto, votaremos a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley. Introduciremos las enmiendas para intentar mejorar el texto, con el horizonte final de que los derechos y las libertades en el Estado español no sigan retrocediendo. Les aliento a que voten a favor para poder al menos debatir sobre la situación precaria de estos derechos fundamentales.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Tomamos en consideración una proposición de ley del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que se confrontan la libertad de expresión con diversas conductas tipificadas penalmente y que, según la iniciativa, la perjudican sin fundamento.

También se propone amplificar de forma activa la libertad de expresión, introduciendo dos tipos penales en los que podrían incurrir los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Todos estos tipos penales que, según la iniciativa, confrontan con los límites de la libertad de expresión, tienen en común que se encuentran agrupados bajo un mismo bien jurídico protegido, cual es la defensa de la Constitución del Libro II, título XXI del Código Penal, y que protege bienes jurídicos colectivos, es decir, no tanto a un individuo o persona concreta con su honor, sus sentimientos o su imagen, sino a toda la sociedad -bienes jurídicos colectivos como la Corona, las instituciones del Estado, las libertades públicas y los derechos fundamentales- y evita las ofensas a España, los ataques del terrorismo y, como decía, los cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales.

Así, en primer lugar, se cuestiona que determinadas conductas penadas contra la Corona, las instituciones del Estado o manifestaciones ofensivas contra España no debieran tener tal reproche, pues no dejarían de ser reflexiones o manifestaciones de carácter político y por ello vinculadas a la libertad de


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expresión e ideológica, aunque en ocasiones se hagan de manera injusta, impropia, ofensiva e incluso oprobiosa, lo que aun así no debe llevar a restringir la libertad de expresión, que se debe aplicar con un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política, incluso con expresiones simbólicas de crítica como, por ejemplo, la quema de símbolos, fotos, etcétera, salvo que, lógicamente, se incite de manera eficiente y directa a la violencia o supongan la difusión de un discurso de odio, es decir, lo que se ha llamado doctrina del riesgo claro e inminente de causar un comportamiento materialmente violento y dañino. En fin, frente a la protección de la colectividad a través de sus instituciones, en una sociedad democrática la libertad de expresión debe ser prevalente, pues ayuda a confrontar el debate político y la libre participación ciudadana, además de estar garantizados tanto en el artículo 10 de la Convención Europea como derecho fundamental en la propia Constitución.

Esta es también la postura de organizaciones internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recordamos va acumulando condenas contra España por no respetar la Convención, o el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que reclama que la protección penal de las instituciones debe evitar a toda costa limitar la libertad crítica de los ciudadanos y, en igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, preocupado por la existencia de delitos que protegen banderas, símbolos e instituciones frente a la crítica política e ideológica, por muy destemplada e impropia que sea.

Por lo que concierne a las conductas que puedan incidir en alguna de las manifestaciones de los llamados delitos de odio o delitos discriminatorios, recuerdo que tienen su origen en el holocausto judío y en las ideas negacionistas del genocidio, en cuanto justificación del mismo, delitos de odio que proscriben las provocaciones de violencia y rechazo contra colectivos vulnerables, en atención a la realidad social que viven. La proposición plantea una nueva redacción del artículo 510, para mejorar su compatibilidad en algún aspecto con el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la luz de la ya citada doctrina del riesgo claro e inminente, lo que excluiría aquellas conductas que promuevan de manera indirecta el odio, pues no se trataría de castigar ni el mero sentimiento de odio, por muy rechazable que sean, ni la expresión de ideas, por execrables que sean.

En cuanto a los delitos del terrorismo, se plantea una supresión del delito de enaltecimiento, del artículo 578, que en su redacción de 2015 plantea dudas y debates dada la amplitud de su enunciado, lo que lleva a un adelantamiento de la respuesta penal hasta encontrarse y colisionar con conductas de opinión de motivación política y cuya intención no es en ningún caso destruir nuestro modelo de convivencia, y que además tampoco se manifiestan de manera eficiente para esa finalidad de subvertir el orden constitucional, tal y como lo describen los artículos 1.1 y 10.1 de la Constitución.

Por su parte, la despenalización de la sátira de creencias religiosas se considera necesaria por entender la iniciativa que restringe también la libertad de expresión, quedando las creencias religiosas suficientemente protegidas por el resto de artículos de la sección, además de con la prohibición contenida para las asociaciones en el apartado 4 del artículo 515, y con el agravante al que se refiere el apartado 4 del artículo 22. Ciertamente, en este caso nos encontramos con el difícil equilibrio entre dos derechos fundamentales de igual rango, la libertad de expresión y la libertad religiosa, y además ambos con igual protección en instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derechos fundamentales, al ser la libertad religiosa uno de los logros y fundamento de las sociedades democráticas, además de uno de los elementos que configuran la identidad y concepción de vida de los creyentes, tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin perjuicio de lo señalado, también tenemos que recordar que las ideas y creencias religiosas no dejan de ser una especie de la libertad ideológica y que la protección de estas no impide la crítica por quien no las comparte. Por ello, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que quienes eligen ejercer la libertad de manifestar su religión no pueden esperar estar exentos de toda crítica, deben tolerar y aceptar la negación por parte de otros de sus creencias religiosas, incluso la propagación por parte de otros de doctrinas contrarias a su fe.

Voy finalizando, presidenta. La iniciativa legislativa que se nos presenta afronta una de las cuestiones clave en un Estado democrático y, por eso, no exenta de aristas. El Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de su toma en consideración para su debate posterior, con el ánimo de considerar, en su caso, sosegadamente las propuestas que se nos hacen u otras que puedan salir al hilo de la misma, sin desconocer que la libertad de expresión también se extiende a ideas que pueden ofender, conmocionar o perturbar; y sin desconocer tampoco que quizá no sea razonable ni aconsejable montarse en una idea, como quien se monta en un barco, y dejarse llevar hacia donde nos lleve, como dijo en alguna ocasión Ortega y Gasset.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats.

En los últimos años hemos presenciado cómo los poderes políticos y judiciales han vulnerado la libertad de expresión, un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución como derecho fundamental y de las libertades públicas. Toda persona tiene derecho a cuestionarse la forma de organización política de su Estado y tiene derecho a poder expresar su disconformidad con el actual sistema político y a expresar su opinión. Sin embargo, hemos sido testigos de la limitación y agresión cada vez más acusada a la libertad de expresión y de opinión. Son numerosos ya los casos en los que determinadas instituciones y personalidades consideradas intocables por los poderes fácticos han prevalecido por encima del libre ejercicio de los derechos.

Uno. Hablamos del cantante Valtònyc, hoy en el exilio tras ser condenado a tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo. Dos. Hablamos del rapero Pablo Hasél, condenado a dos años y un día de cárcel por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y al Gobierno. Tres. Hablamos del actor Willy Toledo, citado e imputado por delito contra los sentimientos religiosos. Cuatro. Los titiriteros de Madrid detenidos y enviados a prisión provisional sin fianza en 2016, acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. Cinco. La revista El Jueves. Guillermo Martínez-Vela fue denunciado e imputado por un delito de injurias a la Policía. Seis. El actor Toni Albà, acusado de un delito de injurias a jueces, fiscales y cuerpos policiales tras la publicación de unos tuits. Siete. El concejal Jordi Pesarrodona, acusado de un delito de desobediencia y denunciado por un delito de odio y de resistencia por ponerse una nariz de payaso. Ocho. Albert Donaire, investigado por un delito de incitación al odio por tuitear. Nueve. La censura de la obra Presos políticos en la España contemporánea de Santiago Sierra en la Feria Arco. Diez. La censura del libro Fariña. Once. La prohibición de esteladas, silbidos y amarillo en la final de la Copa del Rey. Doce. La Operación Araña, la tuitera Cassandra Vera, condenada a un año de prisión y siete meses de inhabilitación por la Audiencia Nacional; César Strawberry condenado a un año de cárcel y a seis y medio de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo; Alfredo Ramírez, condenado a un año de prisión; setenta y tres tuiteros más fueron detenidos. Trece. La procesión llamada del coño insumiso: las tres mujeres serán juzgadas por un delito contra los sentimientos religiosos. Catorce. La Insurgencia, condenados los doce integrantes del grupo de música a dos años y un día de cárcel por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Quince. Evaristo Páramos, excantante de La Polla Records, denunciado por la letra de una jota dedicada a la policía. Dieciséis. Eduard Biosca, denunciado por un delito de injurias contra los cuerpos de seguridad por un gag en un programa radiofónico. Diecisiete. El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Héctor López Bofill, acusado de injurias por tuitear, así como otros seis imputados por criticar a la Policía municipal de Madrid. Dieciocho. El joven Daniel Serrano, condenado a una multa por un delito contra los sentimientos religiosos. Diecinueve. No podemos olvidar la condena de Jaume Roura y Enric Stern por quemar una fotografía de los reyes en el año 2008, condena sobre la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que eso formaba parte del libre ejercicio de la libertad de expresión. Y por último, debemos recordar a nuestras presas y presos políticos y exiliadas que sufren la represión por parte del Estado por pensar, opinar y defender una determinada ideología política. (Aplausos).

Así pues, la cúpula de este Poder Judicial ha puesto en evidencia la falta de independencia de los poderes públicos, la falta de democracia y la falta de derechos y libertades fundamentales, en el marco de un claro retroceso democrático. Y como esto no puede ocurrir en pleno siglo XXI, daremos nuestro apoyo a favor de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, me preguntaba el señor Garzón cuál iba a ser la posición de mi grupo en esta proposición de ley y voy a empezar despejándole la duda, vamos a votar en contra.

Cuando nos habla de los principios liberales y de la libertad de expresión, es cierto, la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de las democracias liberales, señor Garzón; no de otros regímenes políticos muy queridos por ustedes precisamente. Con lo cual, agradezco que usted hoy haya


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hecho aquí un canto a esas libertades negativas (aplausos), a esas libertades en las que se fundan las democracias liberales, no los regímenes dictatoriales. Hacía usted una segunda pregunta -por qué hay hoy más delitos, más querellas, más procedimientos judiciales por este tipo de delitos-, y voy a darle mi humilde opinión. Usted lo atribuye al enconamiento de la persecución judicial y policial. A lo mejor tendríamos que plantearnos si hemos vivido en los últimos años un proceso de pérdida de respeto o de valores de instituciones, de principios comunes. Y además todo eso jaleado con algunos partidos políticos que han hecho del ataque a las instituciones su principal razón de ser. Quizá haya algún motivo para eso.

Pero, sin duda, hablamos de la libertad de expresión y no quiero dejarle ningún margen a la duda: la libertad de expresión para nosotros, para Ciudadanos, es un pilar básico de nuestra democracia; sin ninguna duda. Pero hoy no hablamos de eso porque el catálogo de delitos que ustedes traen a esta Cámara para suprimir de lo que habla fundamentalmente es de la defensa de los símbolos comunes y de nuestras instituciones constitucionales; de eso es de lo que trata su proposición de ley. Y en todos los países democráticos -repito, en todos los países democráticos-, señor Garzón, el Código Penal recoge los ultrajes al país, las injurias al jefe del Estado y, desde luego, nadie se escandaliza por ello. Porque defender esos símbolos, defender los símbolos comunes, defender las instituciones democráticas es defender los principios y valores que nos hemos dado. (Aplausos). Detrás de esas instituciones están los valores constitucionales, los valores de la democracia española.

Me preocupa, me duele especialmente que ustedes pretendan suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo y lo justifiquen diciendo que eso ya ha pasado a la historia. No ha pasado a la historia. Precisamente en la historia está el sacrificio de miles de españoles que dieron su vida por la democracia, precisamente hay 314 asesinatos de ETA todavía sin condena. (Aplausos). Cuatro de cada diez crímenes de la banda terrorista desde 1977 permanecen todavía sin resolver. Y mientras eso suceda, mientras esto sea así, desde luego nos parece absolutamente repulsivo hacer desaparecer la protección penal de las víctimas del terrorismo, nuestros héroes de la democracia, que es lo que ustedes pretenden hoy hacer aquí. (Aplausos).

Podríamos hacer un debate jurídico sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre si las penas que establece el Código Penal son las más adecuadas o no, sobre los límites a la libertad de expresión, en fin, podríamos hablar de todo eso, pero hoy para nosotros aquí se trata de legislar, primero en beneficio propio de algunos partidos como Esquerra Republicana, que lo de la quema de las banderas, españolas por supuesto, de símbolos comunes e incluso la quema de ejemplares de la Constitución en televisión lo han convertido casi en un deporte. Eso es lo que ustedes plantean, legislar en beneficio propio. Pero por mucho que lo repitan no es cierto que en este país se penalicen ideas políticas, en absoluto. Ustedes pueden pensar, sentir, opinar y venir aquí y expresar lo que quieran en esta tribuna y en la que no sea esta también, y lo pueden hacer porque la democracia española, la democracia liberal española, los ampara y los protege (aplausos), esa democracia que se basa en esos símbolos que se recogen en la Constitución de 1978. No vamos a amparar a los que han hecho del odio a España y del odio a los valores constitucionales su razón de ser, porque eso sería tanto como humillar al conjunto de los españoles.

Esta no es la primera vez que se debate en esta legislatura una iniciativa similar a esta. Se debatió en esta Cámara también el 13 de marzo de 2018 una iniciativa en ese caso muy similar que traía Esquerra Republicana. Voy a leer un párrafo, no mío, sino del portavoz señor Torres Mora, del Partido Socialista. Decía el señor Torres Mora el 13 de marzo de 2018: "... es de la libertad de lo que trata el presente debate. Se apoyan ustedes en la vieja paradoja sobre cómo se defienden las democracias de quienes quieren acabar con ellas por procedimientos democráticos y nos piden, en nombre de la democracia y de la libertad, que legislemos para que calumniar, injuriar o ultrajar a España y al jefe del Estado dejen de ser delitos. Es más, lo que sostienen ustedes es que calumniar, injuriar y ultrajar a una persona o a un país es una expresión de libertad, y con ambas afirmaciones tenemos un desacuerdo sustantivo". Suscribo radicalmente las palabras del señor Torres Mora manifestadas aquel 13 de marzo. Decía el señor Torres Mora: "Hace tiempo que los seres humanos aprendimos que la ausencia de leyes, de límites no nos hace más libres, sino más vulnerables a nuestras pasiones y al capricho de los poderosos".

Pues bien, señores del PSOE -me dirijo ahora a ustedes-, nos dijeron en su día que la mayoría de la moción de censura era solo para la moción, que no se habían hipotecado en nada, que lo único que les unía a los partidos que votaron la moción era su deseo de desalojar al PP de la Moncloa. Evidentemente, todo esto era mentira, se demuestra día a día. Y ahora ya se ve cuáles eran los peajes: presupuestos que se negocian en un vis a vis para humillación de todos los españoles y de sus instituciones democráticas;


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el señor Pablo Iglesias, vicepresidente de facto de su Gobierno, prometiendo al PNV un estatuto del Estado vasco a cambio de votar los Presupuestos Generales del Estado, y en general un deslizamiento sostenido del PSOE, un partido histórico, hacia fuera de los márgenes del constitucionalismo. Pues bien, están ustedes a punto de emitir un voto que a nosotros nos parece crucial, y tienen la oportunidad de hacerlo con lucidez y con responsabilidad. Si quieren ustedes arrastrarse hacia esos márgenes exteriores del constitucionalismo, háganlo. Desde luego nosotros no les vamos a seguir, pero les pedimos que defiendan hoy aquí la misma posición en los mismos términos que el 13 de marzo de 2018 y que tan brillantemente defendió en este hemiciclo el diputado Torres Mora. Eso es lo que les pedimos, lucidez y responsabilidad. Desde luego, Ciudadanos vamos a comportarnos así. Rechazaremos esta iniciativa, como rechazamos la de Esquerra Republicana, y seguiremos defendiendo los símbolos constitucionales, reflejo de los mejores valores de la democracia española: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, los valores que nos dimos los españoles en la Constitución de 1978.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señor presidente, señorías, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos basilares y esenciales de una sociedad realmente plural, libre y democrática. De ahí que según una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional posea un valor preponderante en nuestro ordenamiento jurídico, derivado de su dimensión social que se suma a la individual de autorrealización personal; es decir, de su idoneidad para contribuir a la formación de una opinión pública libre, que es la piedra angular de la democracia.

Para que esta libertad sea real y pueda contribuir eficazmente a la realización de dicha opinión pública libre ha de comprender, no solo aquellas ideas u opiniones acogidas favorablemente o que se consideran inofensivas o indiferentes, sino también, como nos recuerda con reiteración la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquellas que contrarían, que chocan, que perturban o que inquietan al Estado y a sus instituciones o a una parte cualquiera de la población, aunque afecte, señor Prendes, a la misma esencia de la Constitución e incluso al mismo sistema democrático.

Señorías, como dijera Orwell, si algo significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír, en particular, como dijera el juez William Brennan, en el caso del New York Times versus Sullivan, de 1964, los debates que tengan por objeto cuestiones públicas deberían realizarse sin inhibiciones, de forma vigorosa y abierta, asumiendo obviamente que ello pueda incluir ataques vehementes, cáusticos y en ocasiones desagradables contra el Gobierno y los empleados públicos.

Al no tratarse ciertamente de un derecho absoluto, esta libertad, señor Prendes, puede y debe estar sujeta a determinadas restricciones establecidas por la Constitución y la ley, siempre que persigan un fin legítimo en el marco de los bienes jurídicos protegibles, siempre que sean necesarias en una sociedad democrática, y siempre que sean también proporcionadas. Para ello, resulta precisa y relevante tanto la valoración jurídica del objetivo perseguido, como la del contenido y el contexto de las afirmaciones que se efectúan. Es decir, dado su valor prevalente, las restricciones a la libertad de expresión han de ser especialmente escrupulosas y venir sólidamente justificadas. Eso sí, tales limitaciones nos sitúan, por tanto, en lo que Popper denominó la paradoja de la tolerancia; esto es, hasta dónde debe la democracia tolerar a los intolerantes.

Desde esta perspectiva, existe bastante consenso social y doctrinal acerca de que determinados problemas relacionados con la libertad de expresión no reciben, en nuestro ordenamiento jurídico, una respuesta satisfactoria, al menos no plenamente satisfactoria. ¿Cuáles son las razones? Las razones son, por un lado, una excesiva penalización. Dado que el artículo 510 a menudo parece excesivo y desproporcionado casi no se aplica y hay necesidad de explorar otras posibilidades, como la que brinda el llamado derecho administrativo antidiscriminatorio. Asimismo, ciertos aspectos de imprecisión de la regulación penal que provoca incertidumbre jurídica. El concepto de discurso del odio, como todas sus señorías saben, que tiene su razón de ser en la protección de grupos vulnerables, a veces aparece notablemente desdibujado. Por otra parte, determinadas contradicciones con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo ha declarado reiteradamente que ciertos aspectos de nuestro Código Penal, cuando se trata de conductas o expresiones referidas a un cargo público, son contrarias a lo dispuesto en el Convenio Europeo de 1950. Así, se dice en la sentencia del Tribunal Europeo que los límites de la crítica aceptables tienen que ser aquí más amplios que cuando se trata de


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un mero particular. Incluso dice: cuando la crítica afecta a la persona misma, porque la invectiva política a menudo conlleva e incide en la esfera personal y representa azares de la política y del libre debate de ideas, que son las garantías, insiste, de una sociedad democrática. Se podrían citar aquí, como bien se sabe, un conjunto muy amplio de sentencias.

Las imprecisiones legales y los consiguientes titubeos judiciales no solo pueden provocar restricciones desproporcionadas del derecho, sino que provocan inseguridad jurídica y lo que la doctrina denomina también el llamado efecto desaliento, que es la autocontención en la comunicación de las ideas personales por temor al castigo. Ambas cosas, la limitación desproporcionada de la libertad de expresión y el efecto desaliento que genera la ausencia de límites claros, suponen sin duda un ataque a los cimientos mismos de la democracia.

Señorías, por todo esto, es un hecho que en la sociedad existe un debate abierto sobre los límites de la libertad de expresión. El objetivo de esta proposición de ley consiste en derogar en unos casos y en modificar en otros aquellos artículos de nuestro Código Penal que sus promotores entienden que chocan frontalmente con la libertad de expresión, son anacrónicos o tienen un difícil o inadecuado encaje en nuestro sistema democrático. Con una argumentación que se ancla en la consideración de los textos normativos nacionales, internacionales y supranacionales de la Unión Europea en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, así como invocando doctrina penalista y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la exposición de motivos va pasando revista a diferentes tipos penales que a su juicio necesitan de supresión o modificación para una adecuada protección de la libertad de expresión, en este último caso eliminando conceptos jurídicos indeterminados y otros elementos susceptibles de generar inseguridad jurídica.

Voy terminando, señora presidenta. En nombre de mi grupo, no entraré a debatir en esta intervención la variedad de supuestos que se plantean porque el detalle lo hace imposible -ya estoy en rojo-, y porque en este trámite de toma en consideración tiene que primar otra cosa, la valoración de la necesidad o no de abrir este debate en una materia que eventualmente pudiera conducir a la modificación legislativa. En este sentido, partiendo del entendimiento y constatación de la madurez de nuestra democracia y asumiendo nuestro objetivo de profundizarla y de mejorarla, nuestro grupo comparte con el grupo proponente la necesidad de revisar aquellas tipificaciones penales que contienen una hiperregulación legislativa introducida por el Partido Popular durante la X Legislatura o que estén necesitadas de precisión.

Por otro lado, señor Prendes, le diré que ha quedado ciertamente reflejado en el punto 11 del reciente acuerdo presupuestario para 2019, absolutamente legítimo, entre el Gobierno y Unidos Podemos. Adoptamos esta posición -y ya termino- asumiendo que el derecho penal en algunos supuestos y en virtud del principio de intervención mínima no es la herramienta más adecuada para la protección de determinados derechos con los que pueda colisionar la libertad de expresión, especialmente en una democracia como la nuestra, que no es militante, como reiteradamente ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, y que en otros la regulación penal existente está necesitada de modificaciones para garantizar de manera constitucionalmente adecuada los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión. Pero pedimos también que en las proposiciones se mantenga un mínimo de coherencia.

Señor Garzón, es realmente sorprendente que por el grupo proponente de esta iniciativa se lleve al Senado, por una parte, para su toma en consideración un texto de modificación de la redacción de la agravante cuarta del artículo 22 del Código Penal incorporando razones de aporofobia o de exclusión social mientras que en la que hoy consideramos en esta Cámara esta agravante no se contempla o no se es consciente de que existen ciertos compromisos que no pueden ser rebasados. Así, por ejemplo, como se ha recordado también aquí por otros portavoces, el Pacto de Estado contra el Terrorismo que se fraguó, sí, en la lucha contra ETA, pero que se mantiene renovado a raíz de la nueva amenaza terrorista global. De esta manera surgió, por ejemplo, la Ley orgánica 2/2015, ley que se inspira en una resolución de las Naciones Unidas.

Termino. Por estas razones anunciamos que nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, pero manifestamos que la vamos a examinar con todo el rigor y profundidad que son debidos en una materia de tan singular importancia. En consecuencia, anunciamos que formularemos todas aquellas enmiendas que consideramos necesarias para la actualización y el adecuado ajuste de la regulación legal de los mencionados tipos delictivos con la protección de la libertad de expresión con arreglo a criterios de necesidad, de adecuación, de seguridad jurídica y de proporcionalidad en una sociedad democrática.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, alguien podría decir que el Partido Socialista en la tarde de hoy está cruzando el Rubicón -alguien podría decirlo-, en todo caso, nosotros, a diferencia de un PSOE y un Gobierno vergonzantes, no vamos a respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley, porque no compartimos ni el título, señorías. Esta no es una proposición de ley para proteger la libertad de expresión, señor Garzón, es la proposición de ley de la barra libre, de la impunidad para quienes agreden la libertad de expresión de todos los demás. (Aplausos). En pocas palabras, barra libre contra nuestros símbolos e instituciones, impunidad en las redes sociales, barra libre para trivializar los delitos de odio, impunidad para ofender los sentimientos de los católicos -nunca les hemos visto montar el número en una mezquita, nunca- (aplausos), barra libre para el enaltecimiento del terrorismo e impunidad para denunciar a la policía si molesta a los amigos de Podemos. Todo vale contra quienes defienden aquello que Podemos se propone destruir. Su reforma tiene un objetivo político: la impunidad de cuantos atacan la libertad de expresión de los demás. Nosotros creemos que todos los españoles merecen el amparo de la ley en el ejercicio de la libertad de expresión, con el Código Penal -es verdad- como última ratio, pero con el Código Penal al fondo. Nosotros defendemos la libertad, le guste o no a Podemos o al Partido Socialista.

Su exposición de motivos, que nos ha repetido aquí como intervención, que se pretende jurídica, no es más que una selección de referencias a conveniencia política de Podemos y de las tragaderas del Partido Socialista. Solo así se puede concluir que el artículo 525 en España impide la crítica a las confesiones religiosas o que los artículos 490, 491 y 504 impiden la crítica a las instituciones. Y su obsesión con la derogación del delito de enaltecimiento del terrorismo del 578 solo se explica por su posición de observador, es decir, su negativa a firmar el pacto por las libertades y contra el terrorismo. (Aplausos). Nosotros, señor Garzón, no queremos derogar el 578. Es más, creemos que esos recibimientos y homenajes a etarras que vemos cada lunes y cada martes, autores de crímenes infames, también deben tener reproche penal, y así lo defenderemos para el futuro. Según ustedes, para estas cosas basta con los tipos referentes a los delitos de odio, pero su proposición trivializa los delitos de odio, reduce en muchos casos a multas las penas del artículo 510 y 516 y deja en papel mojada esa agravante cuarta del artículo 22 que han introducido como novedad y que es una burla a la dignidad y los derechos de las víctimas del terrorismo. El único propósito de tanta hojarasca parajurídica es ocultar la realidad de España como Estado en el que se respetan las libertades, incluida la libertad de expresión, y donde son los tribunales los que deciden qué es o qué deja de ser delito; un país en el que las sentencias se acatan cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Por cierto, la España constitucional, señor Garzón, es una de las democracias que mejor cumple el Convenio de Roma y que menos condenas recibe de Estrasburgo. (Aplausos). En 2017, ninguna. En 2017 han sido 641 las demandas tratadas y ninguna condena a España. Hoy tampoco, por cierto. No sé si alguien se habrá llevado algún disgusto, pero hoy tampoco ha habido condena a España en Estrasburgo. Me reconocerá, señor Garzón, que esa realidad es un notable contraste con su apocalíptica exposición de motivos sobre la libertad de expresión en España. Señorías, en España la libertad de expresión de todos está consagrada en la Constitución, regulada por las leyes y garantizada por los tribunales. En otros países es hipotética. Pueden probar ustedes, señor Garzón, a criticar a los líderes feudales, supongo, de la revolución iraní o enviar al señor Iglesias -ya va teniendo práctica- a visitar en la cárcel a alguna de esas mujeres iraníes condenadas a dos años por quitarse unos segundos el velo islámico en público, o podrían decir algo de Venezuela, esa dictadura generosa y agradecida que tan bien conocen. Allí comenzaron con aquello de exprópiese, luego suprimieron el Parlamento, después ahogaron en sangre la libertad de expresión en las calles y ahora lanzan por la ventana a quienes alzan la voz contra el régimen. (Aplausos). Claro, que el señor Garzón quería a Leopoldo López en la cárcel por golpista. ¿Se acuerda? Y aquí los confederales aplaudían a rabiar. Eso sí que es reaccionario, señorías; eso sí que es reaccionario.

Con tales antecedentes, debo decirle que su caudal de legitimidad en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión está simplemente en quiebra. De todos modos, en España también hay ataques a la libertad de expresión: el Movimiento contra la Intolerancia estimó quinientos delitos de odio en 2017. Hay ciudadanos que no soportan las ideas, los símbolos o la mera presencia de quienes piensan diferente. Mire usted, para retroceso democrático, como les decía antes, del PDeCAT, Manresa y otros lugares, por ejemplo, con esa proclama del: señalémoslos, a los españolistas -a los que llaman


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españolistas, naturalmente-. Vuelven las fachadas cubiertas con fotografías de los señalados, sus domicilios marcados con dianas y las redes sociales con mensajes como el que desea la muerte a nuestro compañero Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña. Algunos en este hemiciclo, señorías, tenemos buenas razones para saber, en carne propia, que nada de esto tiene que ver con la libertad de expresión y sí mucho que ver con la supresión de las libertades, todas las libertades, de los señalados. Por lo mismo, en Vitoria se abuchea en cuadrilla la mera presencia de una bandera nacional en un balcón. Ustedes quieren la impunidad de los acosadores, del mismo modo que sostuvieron en su día que era libertad de expresión el acoso a los domicilios de militantes del Partido Popular. Claro, que creo recordar que esos domicilios no estaban en Galapagar, ¿verdad, señor Garzón? Debe ser esa la cuestión. (Aplausos).

Señor Garzón, señores socialistas, este es el terreno en el que hay que dar la batalla en defensa de la libertad de expresión en España, un terreno en el que Podemos ni está ni se le espera. Solo ustedes, es cierto, han sido señalados en España por amenazar y amedrentar a periodistas; lo suyo es la prensa vetada, los medios manipulados, jueces y fiscales adictos al Gobierno del cambio. Luego, con ese currículo, vienen aquí a dar lecciones. Ustedes siempre con Valtonyc, aquello de "ETA es una gran nación", "Bauzá debería morir en una cámara de gas"; siempre con Pablo Hasel: "¡Merece que explote el coche de Patxi López!" -¿recuerdan?-; o con Def con Dos y aquello de "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora". Pues, mire, ustedes con los violentos y con los que pisotean los derechos y con los que los jalean y nosotros con las víctimas, ahora y siempre, señor Garzón. (Aplausos).

Le reconozco a usted que los señores de Podemos tienen la piel muy fina, extraordinariamente fina. Cubren de improperios al PP, pero luego protestan por alusiones a la más mínima referencia aquí o en el Senado, y por nada reclaman protección policial para sus modestos domicilios suburbanos o para sus personas. Son expertos en el doble rasero, eso hay que reconocérselo, en eso tienen ustedes varios másteres y tres doctorados. Supongo que saben que les protegen los mismos policías a los que el señor Sánchez y el señor Grande-Marlaska quieren dejar desprotegidos reinterpretando aspectos clave de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Los mismos policías a los que esta proposición criminaliza creando los tipos del 536 bis y 538.2 para supuestas actuaciones en vulneración de la libertad de expresión, los que calificaban como matones al servicio de los ricos, protegen al conducator de Galapagar y a la vez ven su seguridad en riesgo y su capacidad para actuar en defensa de las libertades y la seguridad de todos cuestionada con propuestas como esta.

Señorías, termino. La libertad de expresión no cobija el menosprecio y el insulto contra personas o grupos; la libertad de expresión no es barra libre para amenazar, humillar o incitar al odio, como deja claro la jurisprudencia española y europea. En democracia eso puede ser delito y quien decide el alcance de lo intolerable, la existencia o no de delito, son los tribunales. En democracia, señor Garzón, la clave es el respeto; el respeto a los demás y respeto a las decisiones judiciales. Una convicción que ustedes tienen también días impares, según quién sea el ofendido o el amenazado. Por eso, nosotros votaremos en contra de admitir a trámite la barra libre que plantea Podemos según para quién.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, en el día de hoy, además del presidente del Parlamento de Chipre, tenemos el placer de recibir a una delegación de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay, institución con la que este Congreso de los Diputados ha venido trabajando durante los últimos diez años. Les doy la más calurosa bienvenida en nombre de esta Cámara.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000255).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora González Vázquez.


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La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso trae hoy a debate esta proposición de ley orgánica y para su presentación es necesario hacer un poco de historia reciente. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito por esta Cámara en el año 2017, el año pasado, obliga a la modificación de una serie de leyes para reforzar el marco jurídico de prevención de la violencia y de lucha contra sus efectos, así como para la recuperación de las víctimas. Por esa razón el Gobierno del Partido Popular elaboró a través de la creación de un grupo técnico, un anteproyecto de ley de reforma de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ese anteproyecto estaba a punto de ser enviado al Consejo de Ministros cuando se produjo la moción de censura que llevó inesperadamente al Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno y como documento trabajado y cerrado contaba ya con los preceptivos informes de las secretarías generales técnicas de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Justicia, Interior, Empleo y Seguridad Social, Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, Comisión General de Codificación, Agencia Española de Protección de Datos, Consejo Económico y Social, comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla, Federación Española de Municipios y Provincias y contaba también con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública y con el informe del Consejo de Estado, que dieron su visto bueno o plantearon mejoras que fueron incorporadas al texto.

Este anteproyecto cuando cambia el Gobierno es recuperado por el Grupo Parlamentario Popular y registrado en esta Cámara el 29 junio pasado. Un mes después, el Gobierno socialista recoge el mismo texto y, en un alarde de impropiedad intelectual, pero también de absoluto desprecio al Grupo Parlamentario Popular y a esta proposición de ley orgánica, lo transforma en real decreto-ley con los consiguientes problemas de posible inconstitucionalidad que ya hemos tratado cuando fue debatido el real decreto el pasado 13 de septiembre y que fueron objeto de amplia polémica durante el mes de agosto. El texto del real decreto-ley sigue siendo básicamente el mismo, pero cambia en dos cuestiones sustanciales, en su esencia. Por un lado, el Partido Socialista es incapaz de asumir que el Convenio de Estambul obliga a la definición y a la atención de todas las formas de violencia sobre la mujer y, por otro, la segunda cuestión, el Partido Socialista tampoco es capaz de asumir que los menores son, desde la reforma legislativa del 2015 del Gobierno del Partido Popular, también víctimas de violencia, de esa misma terrible violencia. Por eso, se produce una sustancial modificación del texto. Por la primera de las razones se modifica la propuesta de artículo 1 hecha en la Ley orgánica 1/2004 y en nuestra proposición de ley orgánica.

El concepto de violencia contra la mujer, tal y como establece el Convenio de Estambul, tiene que quedar determinado en algún texto legal y, así, se define en el texto que presentamos como cualquier acto de violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer o que le afecte de manera desproporcionada en los términos establecidos por los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Esto no le gusta al Partido Socialista y a su Gobierno, por ello han borrado cuidadosamente todo vestigio de otros modos de violencia en el texto presentado, en el texto que después se convierte en el real decreto-ley, sin entender que es un empecinamiento poco práctico, puesto que el concepto de violencia contra la mujer se ha transformado ya no solo en España sino en buena parte de los países que forman el Consejo de Europa, habiendo firmado, ratificado el Convenio de Estambul cuarenta y siete Estados en el año 2018. Por la segunda razón mencionada, la muerte o desaparición de un menor y otras formas de violencia sobre el mismo también deben ser incluidas en la ley para que la misma protección integral que tiene la madre se extienda a ese menor. El Gobierno socialista es incapaz de asumir que en estos años de Gobierno del Partido Popular la legislación vigente se ha modificado para dotar de la misma protección a las madres y a sus hijos e hijas. Una incapacidad verdaderamente peligrosa, pues las cifras anuales que seguimos manejando -a pesar de que a ustedes les gustaría que las manejásemos en cómputo global y sin embargo seguimos utilizando la cifra anual- indican que los asesinatos y agresiones a menores por parte de sus progenitores son desgraciadamente muy frecuentes. Ustedes han hecho desaparecer del texto estas alusiones, de la misma manera que hacen desaparecer medidas tan importantes de protección a esos menores como la prohibición de aproximación y comunicación que tendrá el inculpado con respecto a la víctima mujer y a los menores cuando hubiesen presenciado o sufrido el hecho delictivo o convivido en ese entorno de violencia. La verdad es que se nos escapa qué razones puede tener el Gobierno para impedir que la ley establezca que los menores que viven con un


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padre violento y hayan presenciado o hayan sido objeto de esa violencia puedan liberarse de esa relación a través de la prohibición de aproximación y comunicación con el progenitor violento.

El texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular incluye, además, la posibilidad de que esas medidas se puedan mantener tras la sentencia en primera instancia durante los eventuales recursos y hasta que se notifique la sentencia firme al condenado, todo ello, por supuesto, en aras de esa mejor protección de los menores que, como vemos, desgraciadamente y cada vez con mayor frecuencia, son muchas veces el instrumento perfecto de los maltratadores para causar el máximo dolor a sus madres y son víctimas ellos mismos de la inhumana crueldad de sus padres. Recordemos que 2017 se cerró con la terrible cifra de siete menores asesinados. Por las mismas razones, no desvirtuar el concepto socialista de violencia contra las mujeres, dejándolo exclusivamente en el entorno de la violencia ejercida por el cónyuge o excónyuge, pareja o expareja y excluir a los menores del sistema de protección establecido por la ley. Desaparecen también todas las disposiciones de carácter temporal que pretenden abarcar a las víctimas de otras formas de violencia contra las mujeres; por ejemplo, la obligatoriedad de elaborar leyes específicas e integrales para la atención, recuperación, sensibilización, formación, coordinación, prevención, detección y tratamiento estadístico, pero también se suprime la obligación de que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género recoja y difunda datos estadísticos detallados sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres, desarrolle encuestas periódicas para evaluar su amplitud y la percepción social sobre ellas y que se incentive la investigación sobre estas materias. Suprimen, de la misma manera, la obligatoriedad para los órganos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales de facilitar los datos que obren en su poder y el carácter público de los estudios que la delegación pudiese realizar sobre estas formas de violencia. Todo ello desaparece del texto en aras, entendemos, de una mayor pureza de este. También desaparece el plazo de seis meses que la proposición de ley establece para traer a esta Cámara una ley contra la trata de seres humanos, con la consiguiente configuración de un grupo de trabajo interministerial para su realización y suponemos que, por las mismas razones, suprimen también la creación de una mesa de coordinación estatal sobre violencia sexual que el texto establecía en tanto se aprobase una ley específica e integral sobre violencia sexual; un órgano previsto para el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia sexual contra mujeres y niñas, dependiente, por supuesto, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Para finalizar ya, señorías, traemos este texto para su toma en consideración porque entendemos que es mucho lo que tenemos por delante para ser verdaderamente eficaces en la eliminación de esta gravísima enfermedad social, no solo en lo que se refiere a la violencia contra la pareja o expareja, sino en el resto de manifestaciones de violencia que las mujeres sufren y en las que en varios casos tenemos que comenzar un camino que prácticamente no ha sido hollado. No podemos olvidar tampoco a los menores, víctimas directas o indirectas de la violencia ejercida sobre ellos mismos o sobre sus madres, y que por su especial vulnerabilidad son utilizados como medios de dominación, siendo en muchos casos expuestos a la misma violencia o padecimiento, o peor incluso. El texto original presentado por el Grupo Parlamentario Popular es más completo y más eficaz a la hora de alcanzar el objetivo que perseguimos cuando aprobamos el pacto de Estado: ser más eficaces en la eliminación de la violencia en sus diferentes formas, porque establece medidas permanentes que mejoran el marco vigente pero también porque proponen el camino a seguir en adelante para atajar todas las formas de violencia contra las mujeres. Por eso, queremos pedir su voto favorable para su toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Resulta procedente esta toma en consideración que profundiza en los instrumentos legislativos de los que nos hemos dotado paulatinamente en España para proseguir y mejorar en la lucha contra la violencia sobre la mujer, con las incorporaciones novedosas que ha explicado la portavoz del Grupo Popular, la diputada Marta González. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

El pasado mes de septiembre se convalidó el Real decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género y esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de medidas de protección integral que plantea el Grupo Popular actualiza y da continuidad a la intensa


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labor parlamentaria y legislativa que se viene desarrollando sobre esta materia, a la que Foro ha facilitado incondicionalmente su apoyo, incluida la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, con su importante dotación económica de 200 millones de euros para desarrollar acciones para combatir esta lacra social no solo desde el Estado, sino también desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Permítanme aludir a la tenacidad de la diputada socialista señora Ángeles Álvarez durante la tramitación de las vigentes cuentas públicas. Una parte muy sustancial de las propuestas que se plantean está basada en los trabajos realizados en esta XII Legislatura, tanto en el Congreso, culminados con la aprobación hace poco más de un año del informe de la subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género, como en el Senado a través de la Comisión de Igualdad y de la ponencia creada al efecto, cuyo informe para la elaboración de estrategias preventivas y de protección, así como de reparación de las víctimas, recibió más o menos en las mismas fechas el respaldo del Pleno de ambas Cámaras. Me parece oportuno seguir profundizando legislativamente en las más de doscientas medidas derivadas de ambos informes y del trabajo de muchísima gente, y dar continuidad a la lucha para tratar de erradicar este drama que vivimos en España, con una criminal cronología de víctimas mortales y su trágica secuela de víctimas familiares, sobre todo menores de edad, que pone en evidencia el enorme agujero negro para la sociedad que supone la violencia contra las mujeres. Por cierto, esta mañana otra víctima mortal en Sevilla, lo que eleva a cuarenta y dos las mujeres asesinadas en 2018.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.

Señor Martínez Oblanca, no es una víctima mortal, es otra asesinada; no es lo mismo víctima mortal que asesinada. Hay otra mujer asesinada por culpa de la violencia machista. (Aplausos).

Hoy venimos a debatir otra vez sobre igualdad, esta vez para modificar la Ley orgánica de violencia de género y esto no sería noticia si esta proposición de ley no viniera de parte del Partido Popular. La señora González ha dicho que esta ley estaba a punto de salir cuando vino la moción de censura, supongo que igual que estaba a punto absolutamente todo lo demás del pacto. Usted ha hecho un poco de historia reciente, yo le voy a hacer otra parte de la historia reciente que se ha dejado. Por ejemplo, cuando ustedes intentaron boicotear el pacto de Estado en las negociaciones para que se retrasara; cuando estuvieron muchísimo tiempo sin permitir que se llegara a acuerdos y haciendo filibusterismo para que ese pacto no saliera adelante; cuando suprimieron, desaparecieron del mapa 120 millones de euros del pacto y otros 80 intentamos creernos que estaban, porque, encontrarlos, tampoco los encontramos; o cuando se pasaron más de un año con el pacto aprobado y congelado estando en el Gobierno. Esto también es parte de la historia reciente que usted debería recordar antes de venir aquí a darnos lecciones de nada, porque ahora nos traen un corta y pega del pacto de Estado, un corta y pega de ese texto y yo no sé, de verdad, ¿se creen que las mujeres, las de fuera y las de aquí dentro, nos vamos a creer esta pantomima?

Señora González, esto es pura hipocresía. A ustedes lo único que les prima es el interés partidista, aunque eso vaya en contra de las víctimas de violencia de género y aunque eso retrase la tramitación de leyes orgánicas, porque hay una ley donde ustedes pueden presentar enmiendas y no lo hacen porque no quieren. Además, saben que acordamos que llevaríamos enmiendas a esa ley y ustedes se pasan eso por el forro, porque lo que quieren es venir aquí y sacar un titular. Eso no solo es peligroso, señora González, sino que además es hipócrita. Así que -y esto también se lo digo a otros partidos que están presentando leyes contradictorias entre sí- vamos a ser coherentes, vamos a dejar de intentar colgarnos medallas e intentar tener aquí la perseverancia de la igualdad. Vamos a intentar tener un poco de solidaridad y trabajar de verdad para que ahí fuera haya leyes que cambien la vida de las mujeres. Señorías del PP, ojalá hoy tengan ustedes su titular y su titular sea que el Congreso se planta ante la hipocresía del Partido Popular.

Gracias. (Aplausos.-El señor Martínez Oblanca pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet.

Señor Martínez Oblanca, entiendo que quiere hacer alguna precisión y le pediría, por favor, que se ciña a lo concreto y no abra el debate.

Adelante. Tiene la palabra.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Con absoluta brevedad, señora presidenta. Muchísimas gracias.

Simplemente quería señalar exactamente los términos en los que me he referido a la víctima de esta mañana en Sevilla. Dije exactamente: Por cierto, esta mañana otra víctima mortal en Sevilla, lo que eleva a cuarenta y dos las mujeres asesinadas en 2018.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señor Martínez Oblanca. Así constará en el Diario de Sesiones.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.

Señoría, me deja usted un poco desconcertado por varias razones. Lo primero, porque yo estaba aquí en esta Cámara al inicio de esta legislatura y seguí las acciones de su Gobierno que sustentaba su grupo parlamentario respecto a lo que hoy debatimos en esta sesión. Ustedes tenían el Ministerio de Igualdad diluido en un macroministerio. Ustedes firmaron el Pacto de Estado, pero no pusieron ni un solo euro para ejecutarlo y hoy vienen aquí con prisas a presentar un documento que en teoría debe ser fiel al pacto de Estado, que ustedes también firmaron, porque consideran que la cosa está parada y que sin ustedes eso no se salva. Les diría: ¡Menos mal que ya no están ustedes porque, si no, sí que estaríamos preocupados!

¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un real decreto que convalidó esta Cámara hace un mes, un mes, y un trámite legislativo donde ustedes pueden aportar esas ideas fantásticas que hoy presentan aquí en forma de ley para no bloquear un procedimiento que ya está abierto. Mi grupo parlamentario sospecha -y la señora Sorlí se ha referido a ello- que a ustedes no es que les importe poco el tema, es que les importa más su foto sobre este tema. Si van a jugar a este juego, a nosotros no nos van a encontrar. Hay un trámite abierto donde ustedes pueden aportar sus ideas, ese documento lo pueden convertir en enmienda y sería fabuloso que lo hicieran porque demostrarían en este caso sentido y su criterio al respecto, pero no abriendo un procedimiento paralelo a otros procedimientos abiertos que lo único que hacen es dilatar un tema que es bastante complejo. Por eso, señorías, vamos a votar en contra de esta iniciativa porque creemos que lo que busca es básicamente su fotografía, que no es merecida, ni mucho menos.

Aprovecho estos segundos que me quedan, presidenta, para recordar que hoy se cumplen siete meses del encarcelamiento de Jordi Turull, de Carme Forcadell, de Raül Romeva, de Josep Rull y de Dolors Bassa y que este aniversario es la vergüenza más grande que tiene este país, porque tener al rival político en la cárcel les debería dar a ustedes auténtica vergüenza. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes a todos.

Dos cuestiones. En primer lugar, cuando uno no habla primero, en casos como el de hoy, ocurre que sus discursos no tienen originalidad, pero, por otra parte, suelen tener unanimidad; o cuestiones como la de hoy llevan a que casi todos vayamos a decir lo mismo. En segundo lugar, yo hoy no voy a hablar de violencia de género porque suficientes debates hemos tenido para hacerlo. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, porque el Partido Popular nos trae hoy una proposición de ley para implementar medidas contra la violencia de género -y puede parecer contradictorio decir que no voy a hablar cuando la propuesta se refiere a ello-, pero hay que diferenciar el texto y el contexto. ¿Qué trae el texto? El texto trae medidas adoptadas, la mayoría de ellas, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -como otros ya lo han indicado-, un pacto en el que participamos todos los grupos, no solo el Partido Popular, y trae unas medidas que la mayoría de ellas no ponemos en cuestión, a excepción de alguna que otra. Por tanto, el problema no está en el texto, el problema está en el contexto. Por eso digo que no voy a hablar de violencia de género.

¿El contexto qué es? ¿Cuándo presentan ustedes esta propuesta? Usted ha dicho que en junio. Una cosa es cuándo se registró en la Cámara, pero ¿cuándo la presentan, cuándo la incluyen en el orden del día? Pues después de un decreto aprobado por esta Cámara justo un mes antes, que planteaba las medidas a llevar a cabo. Un real decreto que ustedes votaron a favor de su convalidación. Y mire lo que dijo usted mismo en esa convalidación -cito sus palabras-: Vamos a votar que sí a este real decreto-ley


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porque creemos firmemente que la violencia de género no desaparecerá si no mantenemos nuestra unidad en su total rechazo y desprecio. Y finalmente, vamos a votar que sí porque el Gobierno socialista ha rectificado en su intención inicial y se tramitará el real decreto-ley como proyecto de ley, lo que permitirá modificar aquellas propuestas con las que no estemos de acuerdo. Evidentemente, suscribo sus palabras de arriba abajo y por eso mismo me parece que lo que ustedes van a hacer hoy no es correcto respecto a lo que ustedes dijeron. Digo que ustedes votaron que sí y que argumentaron con las palabras que le he leído un decreto que se pidió que se tramitara como proyecto de ley, y efectivamente el Gobierno ya ha anunciado que lo está elaborando, que lo está desarrollando, e incluso a todos nosotros, incluida usted, nos explicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad cuál es el trámite que se va a seguir, cómo quieren que se desarrolle ese proyecto de ley que proviene de ese decreto. Nos explicó la dinámica, la forma en que se plantea, cómo podemos todos enmendar, cómo podemos ir incluyendo aquellas iniciativas que nos parezcan oportunas, etcétera. Tras un decreto de esta índole, es lógico que la iniciativa que fuere sea del Gobierno -como cuando ustedes estaban en el mismo-, porque cuando se aprueba un decreto el que tiene que desarrollar esa medida es el Gobierno.

Por tanto, ¿por qué lo han presentado? ¿No les parece que no es excesivamente elegante el movimiento que han hecho, que no tiene sentido alguno, a no ser que sea que quieran sacar un rédito político, no sé cuál y ante no sé quién? Entiendo su interés y su necesidad de hacer oposición, pero estas chapucillas me da a mí que no valen para nada. ¿Piensan ustedes colgarse la medalla ante las mujeres que padecen violencia de género dejándonos a todos los demás tirados? ¿Ese es el objetivo acaso? Porque argumentan conceptos -usted mismo en su discurso- que no aparecen en el proyecto de ley, diciendo que esas cuestiones no están incluidas. Para eso mismo los demás estamos esperando también a poder enmendar, a poder incluir aquellas cuestiones que nos parece que son lagunas y que no aparecen en esta propuesta que va a hacer el Gobierno o que ya ha hecho en el decreto-ley. Por tanto, me parece que no se ha jugado limpio, independientemente de que estemos de acuerdo en que temas como la trata u otra serie de cuestiones sobre menores, etcétera, deban o no ser incluidas. Ustedes pueden pensar de una manera, otros pueden considerar que eso no ha de incluirse ahí, incluso en el pacto se dijo que ciertas medidas hay que incluirlas en otras leyes sin tener que ser exactamente en esta ley. Pero el contenido no es la cuestión. Me parece que la forma en la que ustedes lo han hecho es muy importante, y, como han recordado otros, en otros proyectos de ley también están haciendo lo mismo. ¡Y qué casualidad, todas estaban en la cartera justo a punto de salir!

Por tanto, no vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Señores del PP, a nosotros no nos la van a colar, se quieren hacer favores a ustedes mismos, a nadie más. Nosotros no vamos ni a entrar a cuestionar el contenido. Como he dicho, seguramente estoy de acuerdo con la mayoría de las cuestiones. ¿Cómo no estarlo si son, además, planteamientos que se hicieron en el pacto y que se aprobaron casi por unanimidad? Independientemente del aprovechamiento logístico utilizado para meterlas, no es ese el tema. Ustedes han hecho una especie de filibusterismo al traerlas, y no digo que no sea legal, que lo es, por supuesto, pero me parece que todos estábamos comprometidos, como dijo usted utilizando esas mismas palabras cuando se aprobó el real decreto. Ustedes son los que han faltado a su palabra.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta hoy una proposición de ley destinada a modificar e implementar nuevas medidas contra la violencia machista. A pesar de que cualquier pasito que se dé con el objetivo de poner fin a la discriminación y a la violencia ejercida contra las mujeres debería contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara, esta vez no lo vemos así. ¿Por qué digo esto? Permítanme explicárselo.

Hace un año aprobamos en esta sala el Pacto nacional contra la violencia machista. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no fue capaz de dotarle de fondos para ponerlo en práctica. No ha sido hasta un año más tarde y tras echarles del Gobierno cuando se han empezado a implementar las medidas. Además, la Comisión de Igualdad está trabajando actualmente en un proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es allí donde deben presentar sus propuestas, no en una proposición de ley nueva, que empezaríamos a tratar una vez finalizada la ponencia


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del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué ahora esta iniciativa del Partido Popular, cuando han gobernado durante los últimos siete años? Tuvieron siete años para aprobar iniciativas en esta materia, pero no hicieron absolutamente nada para combatir el machismo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Esquerra Republicana de Catalunya tiene serias dudas del objetivo final de esta proposición de ley. Quizás sea una estrategia del Partido Popular para marear la perdiz; quizás quieren colapsar la Comisión de Igualdad para que no se acabe aprobando nada; quizás no estén a favor del pacto nacional; quizás no se tomen este asunto, que es gravísimo, como deberían. Eso lo deberán decir ustedes. Si de verdad quieren trabajar, háganlo en la Comisión y no entorpezcan el trabajo que hemos hecho todos hasta ahora. Les pedimos que no hagan de este asunto un juego de estrategia electoral. Ya vamos con mucho atraso en esta materia y la vida de muchas mujeres está en juego, como lo hemos visto hoy mismo.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Surra.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Señores y señoras del PP, si no fuera porque el tema del que estamos hablando es realmente serio, yo pensaría que esta proposición que plantean ustedes es un chiste, porque parece una broma de mal gusto. Hace un año y dos meses que aprobamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por cierto sin los votos de Podemos. Durante más de medio año estuvimos, tanto mi compañera Patricia Reyes como yo, pidiendo que se pusiera en marcha la subcomisión y que pusieran en marcha las medidas que habíamos consensuado la mayoría de los grupos. Ustedes se pusieron en modo Rajoy, pensando que simplemente con dejar pasar el tiempo las cosas se arreglarían solas y todo se pondría en marcha, y señoras del PP, les pilló el toro; de hecho, las cosas no se arreglaron, sino que fueron a mucho peor (aplausos), porque llegó la moción de censura y, al poco tiempo de que Sánchez estuviera instalado la Moncloa, vino la señora vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo, a comparecer a la subcomisión y en esa primera comparecencia nos dijo que iba a hacer un decretazo para poner en marcha las medidas de violencia de género.

Tanto mi compañera Patricia Reyes como yo le advertimos de que la vía para poner en marcha las medidas del pacto no era el decretazo y que tenía que tramitarlo como una proposición de ley. Yo no quiero contarles cómo nos pusieron ustedes, señoras del PSOE, a mi compañera y a mí en aquella Comisión. Menos insultarnos, nos dijeron de todo: que éramos unas iletradas, que no sabíamos lo que estábamos diciendo y que cómo se iba a tramitar como proyecto de ley. Aquí estamos, con el proyecto de ley tramitado. (Aplausos). Claro, que cuando ustedes hicieron este proyecto de ley no lo hicieron como nosotras hubiéramos querido, sino con la doctrina Sinatra, 'a su manera', parcheando, que es lo que les gusta hacer. Y ahora tenemos tres leyes abiertas al mismo tiempo: una, para poner en marcha las medidas contra la violencia de género; otra, para la mejora de la formación de la judicatura, por cierto en la que trampearon e intentaron colarnos una ley orgánica para el tema de presupuestos, lo que me parece un absoluto desprecio a todas las mujeres de este país y una cuestión inconstitucional (aplausos), y la tercera la proposición de ley para la reforma de la Seguridad Social, de las pensiones de los huérfanos de violencia de género.

¿No les parecen suficientes, señoras del PP, las leyes que tenemos abiertas para poner en marcha unas medidas que ya tenían que estar ayudando a las mujeres? Señorías, en todos los casos las diputadas de Ciudadanos hemos hecho nuestros deberes. Hemos presentado enmiendas a todas las propuestas que tienen ustedes abiertas. En concreto, a la proposición de ley para la puesta en marcha de las medidas urgentes del pacto hemos presentado hoy casi cuarenta medidas, donde están muchas de las cosas que las señoras del PP quieren meter como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque creemos que hay que hacerlo cuanto antes y hay que mejorar la situación de las mujeres maltratadas. ¿Pero qué ha hecho el PP? En lugar de hacer los deberes y asumir que han perdido el Gobierno, porque tardaron y tardaron y podían haber sido ustedes quienes se pusieron esta medalla que se quieren poner hoy, lo que han hecho, en lugar de hacer sus deberes y presentar la propuesta como enmiendas, ha sido presentar una proposición de ley que lo único que va a hacer, como ya les han dicho el resto de los grupos, es abrir un frente más que va a llevar a retrasar todavía más medidas que son absolutamente urgentes y necesarias porque, como se ha dicho hoy, hay una asesinada más.

No vamos a apoyar su propuesta, señorías del PP; no vamos a apoyar su propuesta porque, además de buscar la foto, creemos que con este tema lo que no se puede hacer es dilatar ni un minuto más en el


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tiempo las medidas que son necesarias. Nosotras, repito, hemos hecho los deberes. Por cierto, señora Sorlí, yo tampoco sacaría mucho pecho, porque tiene usted su grupo parlamentario que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, solamente ha ejecutado el 14 %, a 31 de agosto, del presupuesto que tienen para los centros de asistencia de las mujeres que han sufrido violencia de género y todavía estamos esperando que hagan una auditoría para ver los recursos que tenemos que tener en Valencia. Así que yo tampoco sacaría mucho pecho, tampoco sacaría mucho pecho. (Aplausos).

Mire, hay mujeres y niños que lo están pasando muy mal, muy mal, y creemos que lo que hace falta es que con esto no hagamos demagogia política. Si tienen ustedes cosas que mejoren el proyecto de ley que ha presentado el Partido Socialista, hagan lo que hemos hecho nosotras, presenten unas enmiendas y traten de que salga el mejor proyecto de ley que pueda ayudar a las mujeres y a los niños de este país cuanto antes, porque ni ellas ni sus hijos ni toda la sociedad, como no lo hagamos, nos lo van a perdonar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ramos Jordán.

La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, hoy se ha vuelto a asesinar a otra mujer, ha sido en Sevilla. En esta intervención iba a mencionar que la última asesinada había sido el pasado 20 de octubre. Sin embargo, seguimos sumando. Realmente, estamos cansadas. Yo sí que voy a hablar en esta ocasión, aparte de sobre su proposición de ley, sobre violencia de género y violencia machista.

En el segundo trimestre de este año, en el Estado español se han registrado 40 232 mujeres víctimas de violencia de género. Este año han sido asesinadas 42 mujeres por su pareja o expareja, 32 menores han quedado huérfanos y 27 niños han sido asesinados por violencia machista desde 2013. Si esto ocurriera con cualquier otro colectivo habrían saltado todas las alarmas, se hubieren establecido los mecanismos necesarios para frenar esta violencia y se consideraría a estas víctimas como víctimas del terrorismo. A ustedes que tanto les gusta hablar de atentados de Estado, de golpes y de víctimas del terrorismo, estas sí que son víctimas del terrorismo. Pero como son mujeres, esto no sucede; y esto no sucede porque -como se ha explicado muchas veces y se recoge en el pacto de Estado, se recoge en el Convenio de Estambul, se recoge en la propia Ley 1/2004 y también en su proposición de ley- la violencia contra las mujeres es estructural. Eso significa que es una violencia que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esto también significa que existe una violencia institucional a la que hay que combatir y para lo que se necesitan, ciertamente, leyes feministas. Pero también hay que cambiar paradigmas políticos y generar concienciación.

Hoy el Grupo Popular presenta una proposición de ley con la que busca a la vez conseguir un titular positivo en materia de violencia de género y bombardear aquello sobre lo que consiguen el titular. Ustedes llegan tarde y esta es una característica que les es muy propia: llegaron tarde al matrimonio igualatorio, llegaron tarde a la Ley del aborto, y hoy presentan una modificación de la Ley de violencia de género haciendo la vista gorda al trabajo del resto de grupos de esta Cámara. Peor aún, ustedes como si no hubieran estado once años el Gobierno, once años sin ningún avance, once años de bajísima financiación, once años de descrédito, once años de desprotección de las víctimas de violencia de género y de violencia machista. Y en la línea continuista de parálisis con sus años de Gobierno, proponen una reforma de la legislación en materia de violencia de género a todas luces incompleta y mucho menos ambiciosa de lo que debería. Parece que quieren más bloquear las medidas del pacto de Estado que sacarlo adelante. Desde cualquier óptica parece que su plan es, como indicaba al principio, un titular para tapar las vergüenzas de once años de retraso de su Gobierno y, a la vez, boicotear los trabajos que se están haciendo. Me parece una vergüenza tratándose de la violencia de género y la violencia machista.

Señorías, no solo son las formas, que ojalá, es también el fondo. Si bien es cierto que proponen medidas adecuadas y medidas interesantes sobre la ampliación de la Ley 1/2004, o protección de la víctima o reconocimiento de la necesidad de otras leyes contra la violencia contra las mujeres y la libertad sexual, vemos, sin embargo, que se dejan fuera la mayoría de las medidas del pacto de Estado. Debemos recordar que el pacto de Estado contempla 214 medidas consensuadas, sin mencionar otras cientos de medidas propuestas por las expertas y la sociedad civil que quedaron fuera, razón por la cual nuestro grupo no apoyó el pacto de Estado. Por lo tanto, nos parece modesta -por decirlo elegantemente- esta propuesta que su grupo está presentando ahora mismo porque, mucho antes que buscar un acuerdo


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efectivo, pretende colocarse bajo los focos después de años de no haber tomado las medidas oportunas ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista político. Lo que actualmente necesitamos para sacar adelante esta legislación es sentarnos a trabajar. Lo habríamos entendido si se hubiera quedado en un real decreto que solo presentaba una modificación del artículo 1, dos transitorias y cuatro finales, pero esto ha pasado a ser un proyecto de ley; un proyecto de ley donde se pueden presentar todas las enmiendas necesarias y, teniendo en cuenta el pacto de Estado y las medidas propuestas, habrá que reformar más de veinte leyes y reglamentos. Además, queremos decir que es necesario tramitar sin dilación nuestra propuesta de ley sobre medidas de protección integral de la libertad sexual y la lucha contra las violencias sexuales, con la que el Gobierno también se ha comprometido, porque necesitamos cambios profundos y estructurales en relación con la violencia machista y no maquillajes, como ha sucedido con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es necesario reformar también la Ley 1/2004, pero es necesario hacer todos los cambios posibles para incluir un cambio de paradigma político y social, y hay que acabar también con la cultura de la violación. Esto, señorías, requiere inversión en educación, en sanidad, en comunicación, en asistencia y en prevención. Así que, por favor, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar con el resto de grupos parlamentarios en hacer leyes feministas, en sacar adelante un proyecto de ley que refleje el consenso del pacto de Estado, en tramitar la ley de nuestro grupo sobre protección integral de la libertad sexual y la lucha contra las violencias sexuales que esta vez sí que dé una protección integral contra todas las violencias machistas. Y volvemos a repetir, déjennos trabajar, hemos conseguido echar a Rajoy, hemos hecho posible unos presupuestos sociales, debemos hacer posible unas leyes feministas para que no haya ni una menos, porque, señorías, este tema merece mucho más que un titular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ramos Jordán.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señora Vázquez, usted ha tratado de plantear aquí algunos antecedentes históricos, pero lo que en realidad ha hecho ha sido reescribir la historia. Le voy a hacer una pregunta: ¿Sabe usted cuántas medidas de las que han incluido en su propuesta votaron ustedes en contra en la X Legislatura? No menos del 50 %, así que lecciones las justas, ¿eh? Repito, lecciones las justas. (Aplausos).

Sobre los contenidos de la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Popular para su admisión a trámite no vamos a debatir, porque a excepción de la redacción del artículo 1 de la Ley 1/2004 -que, por cierto, contraviene la literalidad de los acuerdos-, son reformas diseñadas y acordadas por todos los grupos de la Cámara en el pacto de Estado, no son sus medidas. Usted se ha limitado a copiar y a poner en ese texto lo que hemos acordado todos los grupos durante un año de trabajo. Aquí la cuestión es por qué cursan ustedes una iniciativa cuyos contenidos se van a debatir en las próximas semanas en la ponencia de otra ley que ya está en tramitación, que es la ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto contra la violencia hacia las mujeres. Si ustedes tienen interés de verdad en los menores, yo le voy a sugerir una cosa: desbloqueen la tramitación de una iniciativa en relación con las pensiones de orfandad. Eso es lo que tienen que hacer el martes próximo. A ver si somos capaces de desbloquear una iniciativa, una propuesta de ley que lleva un año en esta Cámara y que no somos capaces de sacar adelante. Tienen ahora una oportunidad. (Aplausos). Lo que tienen que explicar es qué persigue el Partido Popular tratando de duplicar la tramitación parlamentaria de estas medidas y qué efectos tendría semejante despropósito.

Para que la ciudadanía nos entienda, a mí me gustaría hablar sobre algunas cuestiones. Primero, lo que necesita ahora el pacto contra la violencia es la diligencia y la rapidez que no supo darle el Gobierno anterior. Segundo, para dar esa respuesta rápida, el Gobierno de Pedro Sánchez tramitó algunas medidas a través de un decreto-ley como medidas urgentes. Tercero, en aras del consenso, ese real decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto pasó a tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Cuarto, que usted misma, señora González Vázquez, manifestó desde esta misma tribuna su voto favorable a esa tramitación porque la tramitación como proyecto de ley les daba a ustedes -y le voy a citar literalmente-, abro comillas: la capacidad de mejorar el texto para que refleje correctamente las propuestas acordadas por todos los grupos en el seno del pacto. Cierro comillas. Cinco, que el Gobierno mantuvo el martes pasado un encuentro encabezado por la vicepresidenta del Gobierno con la Comisión de seguimiento del pacto, es decir, con todos los grupos de la Cámara.


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Allí se acordó entre todos los presentes, incluido el Grupo Popular, un sistema que permitiese presentar a la ley que ya está en tramitación enmiendas de manera unitaria y conjunta, con todas las reformas que el pacto propone, sin perjuicio de que cada grupo presente textos propios, como ya han indicado algunas de sus señorías. Los plazos que se dieron fueron: el envío de un documento del Gobierno con las líneas generales que fue remitido de inmediato -quiero decir, en el mismo día- a todos los grupos a través de la presidenta de la Comisión de seguimiento. También se acordó que hoy, martes, serían remitidos los textos de esas enmiendas en su literalidad (muestra un documento) -lo tienen todos ustedes en sus correos electrónicos- y que el jueves el Gobierno mantendría una reunión con todos los grupos para acordar cuántas de todas estas reformas se presentan de manera conjunta en aras de mantener el consenso que reclama el pacto. Cada paso comprometido en esa reunión de trabajo entre el Gobierno y los grupos se está cumpliendo con la diligencia que otros nunca fueron capaces de mantener.

Señorías, la vicepresidenta del Gobierno ha manifestado, creo que hasta la saciedad, la vocación de consenso, pero ha puesto tanto énfasis en el consenso como en la urgencia. Por eso, resulta incomprensible que presenten una iniciativa que incluye medidas que ya están en tramitación. Es bueno que se sepa que todas y cada una de las medidas que ustedes presentan están ya incluidas en los textos remitidos por el Gobierno a los grupos parlamentarios. Por tanto, la admisión a trámite de esta iniciativa tan solo traería duplicidad en la tramitación y un trabajo parlamentario ilógico, sin sentido, ya que decaerían ante el hecho de que cuando llegase el debate a la ponencia ya estaría finalizada la tramitación de estas mismas medidas en otra ley.

Nuestro no a la tramitación de este texto es un sí a la tramitación por el canal de urgencia que todos, incluidos ustedes, acordamos el mes pasado y de lealtad a los acuerdos en la Comisión de seguimiento del pacto de la semana pasada. La clave de este debate, señorías, está en si queremos o no dar urgencia, si queremos o no mantener la unidad y trasladar la imagen de seriedad y de responsabilidad que un tema tan doloroso trae a la sociedad española. Su iniciativa rompe precisamente esos tres criterios.

Señoría, la semana del 25 de septiembre este país se conmocionó con los asesinatos, en solo cinco días, de cuatro mujeres en los municipios de Úbeda, Bilbao, Macarena y Torrox, y de dos niñas de cuatro y seis años en Castellón. Fueron días de conmoción en los que la sociedad y nosotros mismos nos reclamamos unidad y celeridad. Pues bien, veintiocho días después de esos acontecimientos a nosotros no se nos ha olvidado lo que reclama la sociedad española en esta materia: unidad y celeridad. Eso es lo que permite la tramitación que ya está en marcha: urgencia y trabajo conjunto.

¿Cuál es el motivo por el que el Partido Popular presenta en el día en que se acuerda esto una iniciativa con los mismos contenidos? Yo creo que caben dos respuestas: la primera, que ustedes no tenían a mano ninguna otra iniciativa para cubrir su cupo esta semana -eso se lo vamos a dejar a los periodistas de investigación, a ver si van por ahí las cosas-, y la segunda, que están ustedes buscando subterfugios para romper los consensos. No tiene otra explicación. Preferiríamos pensar que es lo primero, y precisamente por eso les pedimos que piensen que su iniciativa tiene como consecuencia perniciosa un retraso intolerable en los tiempos para la puesta en marcha de las medidas del pacto. La reiteración y colapso de la Cámara con la tramitación de dos iniciativas de contenido idéntico no es el camino.

No vamos a apoyar la tramitación, no por su contenido, sino porque sería reiterativa, repetitiva y, por tanto, técnicamente inservible. Lo urgente es que avancemos con la Ley de medidas urgentes. Nada que dilate los tiempos es bueno para las víctimas. Tienen ustedes que sumar su trabajo al del resto de los grupos; se lo han dicho todos los diputados que me han precedido. Háganlo a través de la tramitación; súmense a la única foto que es legítima en esta materia. ¿Sabe usted cuál es la única foto legítima en esta materia? La de la unidad consensuada e inapelable para poner freno a la unidad del machismo. Estamos seguras -termino, señorías- de que el objetivo de la ley de medidas urgentes no encontrará obstáculos ni dilaciones y, de esa manera, enviaremos el único mensaje decente que podemos enviar a las víctimas: el de la unidad, el de la diligencia y el de la eficacia. Señoría, su iniciativa no cumple con ninguna de las tres cosas, no da satisfacción a ninguna de estas tres cuestiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Álvarez Álvarez.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO Y SUS MIEMBROS A ABSTENERSE DE CUALQUIER PRONUNCIAMIENTO, DECLARACIONES O ACTUACIONES PÚBLICAS QUE MENOSCABEN LA INDEPENDENCIA Y LEGITIMIDAD DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 162/000799).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno y a sus miembros a abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del Poder Judicial.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Esteller Ruedas.

La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para exponer en nombre del Grupo Popular las razones por las que consideramos que la injerencia del Gobierno en la justicia amenaza el Estado de derecho, la democracia y los derechos y libertades de los españoles. Lo aseveramos al constatar la relación de decisiones y declaraciones llevadas a cabo por el Gobierno que socavan uno de los pilares fundamentales de la democracia como es la independencia del Poder Judicial. Empezó la ministra de Justicia cuando se negó a defender al magistrado del Tribunal Supremo, señor Pablo Llarena, al que los independentistas acusaron de actuar políticamente con el objeto de violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española. Esa inacción ha causado graves problemas a la justicia española, incluso después de la rectificación. Luego empezó una calculada cadena de declaraciones. El primero fue el ministro Borrell -lo hizo en la BBC- poniendo en duda las resoluciones judiciales y señalando la conveniencia de que los políticos encausados en el procés no siguieran en prisión preventiva hasta que se celebrara el juicio. Siguió la delegada del Gobierno, mostrándose partidaria de indultar a los políticos independentistas. Al día siguiente, la presidenta Calvo apostó por tomar otras medidas si se alargaba mucho la vista oral. De 'guiño valiente' calificó el independentismo esas palabras. Agudizó el problema la polémica entre la ministra Batet y el conseller Ernest Maragall para ver si realmente se había dicho que la ministra daría instrucciones a la fiscalía sobre el proceso independentista. A nadie se le escapa que esas declaraciones contrarias a las decisiones judiciales responden a una estrategia para influir en la opinión pública y presionar al Poder Judicial por un interés político.

Pero, por si eso fuera poco, en la sesión de control de esta Cámara el diputado Tardà le preguntó y le reclamó al presidente del Gobierno que la fiscalía retirara la acusación de rebelión si querían contar con sus votos en los presupuestos. Esa petición refleja la actitud totalitaria del independentismo. Pero eso no es lo peor; lo peor fue la respuesta del presidente del Gobierno, totalmente indigna de un presidente democrático, que otorgó con su silencio y en ese momento ratificó esas palabras. Lo hemos podido ver a lo largo de estos días con la humillante visita de Iglesias a Junqueras en prisión. En estas visitas continúan insistiendo en la misma idea y Junqueras volvió a decir lo mismo que dijo Tardà en esta Cámara; lo peor fue el órdago de Pablo Iglesias cuando dijo: el Gobierno ya sabía lo que tiene que hacer. Desprecio absoluto a la separación de poderes. Señorías, es intolerable que en un Estado de derecho el Gobierno diga a los jueces lo que tienen que hacer y que presione al Supremo antes de que se celebre el juicio por mantenerse en el poder. Es una grave agresión al Estado de derecho, atenta contra la separación de poderes, humilla a la democracia, se pone en riesgo la convivencia y nuestro sistema de derechos y libertades, y allana el camino de los independentistas para conseguir sus objetivos ya que con estas actitudes se están legitimando sus planteamientos. No se olviden de que el desafío independentista lo que pretende es destruir nuestro marco jurídico-político para deslegitimar las instituciones democráticas y una pieza fundamental es atacar a los tribunales de justicia porque supone cuestionar nuestro Estado de derecho y la organización del Estado; al hacerlo, el sistema cae y con él la integridad territorial. Por eso presionan, coaccionan a jueces y fiscales en Cataluña y los asedian en las sedes judiciales hasta el extremo de que ya se han ido cuarenta y seis jueces de Cataluña porque se han sentido perseguidos, pero ¿qué respuesta encuentran en el Gobierno?, ¿qué dice la ministra? Silencio; en ningún momento los ampara y en ningún momento los defiende. Por lo tanto, en este sentido tenemos dudas de que el Gobierno apoye realmente a los jueces que están en Cataluña.

Sabemos que el independentismo quiere la impunidad, pero, ¿qué es lo que quiere el Gobierno?, ¿está de acuerdo con la impunidad? No lo sabemos; depende de lo que diga uno u otro porque cuando


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Sánchez habla y dice que propone que dejemos de lado la vía judicial y empecemos a hablar de política, ¿qué quiere decir? Porque la impunidad del independentismo no es solamente la de los procesados por el independentismo, es toda la acción del independentismo en Cataluña, son los CDR que nos cortan las calles, son los CDR que impiden que hagamos determinadas actuaciones. Hay un abandono absoluto en Cataluña de los catalanes que también nos sentimos españoles; nos están agrediendo día a día imponiendo sus símbolos y estamos desamparados; impunidad del independentismo y desamparo e indefensión de los catalanes que nos sentimos españoles y que estamos en Cataluña. Y los que tienen que defendernos, los jueces, la policía, los cuerpos de seguridad, cada vez están más indefensos porque el Gobierno no los ampara, sino que con su actitud lo que hace es convertirse en cómplice del proceso independentista. Los españoles no merecemos un Gobierno que desampare a los jueces y que ampare a los independentistas. Por lo tanto, desde el Partido Popular decimos que no puede haber impunidad. Quiero recordar las palabras del presidente del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial: Cuando la Constitución española resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse. Y siguió: Los procesos de subversión pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado.

Ante este desafío, el Tribunal Constitucional y Poder Judicial han protegido nuestra democracia. La justicia ha estado a la altura y hasta ahora ha actuado con una total independencia en la defensa de la legalidad. Por ello, ni el Gobierno ni ningún otro poder del Estado debe inmiscuirse en los procedimientos judiciales. Dejemos actuar a la justicia, sus acciones han de ser ajenas a cualquier interés político. Por ello, proponemos a esta Cámara a que en el ejercicio de la soberanía nacional y en la defensa de los poderes del Estado que de ella emanan, y en particular del Poder Judicial, inste al Gobierno a que se abstenga de realizar cualquier pronunciamiento, declaración o actuaciones públicas que menoscaben la independencia del Poder Judicial. Pido a los grupos de esta Cámara que apoyen esta propuesta porque con su voto decidirán en qué bando quieren estar, si quieren estar en el bando de los que defendemos la democracia, el Estado de derecho, la legalidad, el sistema de convivencia de derechos y libertades que todos nos hemos otorgado y, en consecuencia, la unidad de España o si quieren estar con los que quieren romper todo el sistema de convivencia y estar con los independentistas. Ese voto es decisivo para saber dónde estará cada uno, porque en Cataluña no habrá una solución sin justicia, porque la impunidad para el independentismo es un gran golpe y un gran perjuicio para la convivencia de todos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Esteller Ruedas.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la separación de poderes es uno de los pilares en los que se asientan las democracias de los países de corte socioliberal como el nuestro. Es obvio que no todos los sistemas políticos la aceptan ni la asumen, por ejemplo, en Cuba; en Venezuela tampoco se respeta, ni en la Euskadi totalitaria que ansiaban los terroristas ni tampoco en la Cataluña republicana liderada por los CDR, tampoco. En estos modelos referenciales no hay separación de poderes y la prueba del algodón es el control que pretende ejercer el poder político sobre la justicia. Quizá por eso algunos de sus líderes creen que ellos están legitimados para condicionar su labor o, lo que es más grave, exigen que esta se ponga al servicio no del cumplimiento de la ley ni del bien común sino de sus propios objetivos políticos excluyentes. El episodio grotesco de la demanda contra el juez Llarena y las dudas que el Gobierno transmitió para enfrentarla demuestran, señorías, que no hay que bajar la guardia. Hoy, la debilidad parlamentaria extrema del Gobierno de la nación puede hacer que la coacción de sus potenciales socios le obligue a presionar a los jueces en la dirección más favorable para estos. No se lo recomiendo, señorías. Los golpistas catalanes no incumplieron una ley injusta por seguir un mandato democrático -eso no es así-, sino que se situaron voluntariamente fuera de la ley o, más aún, conscientemente contra la ley. Por eso aceptar como normal la presión a los jueces por las urgencias e incomodidades de quienes así actuaron sería un grave error y deslegitimar sus decisiones como precio por su apoyo sería una irresponsabilidad que nosotros, señorías, ni deseamos ni avalamos. Parafraseando a Jefferson, el precio de la separación de poderes es su eterna vigilancia. Por eso, votaremos a favor de esta propuesta.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.


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El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, efectivamente la separación de poderes es un pilar de la democracia y por ello me alegra ver una proposición no de ley del Partido Popular entrando en esta materia. Por eso, la leí con interés, pero enseguida me defraudó no encontrar alusión alguna a las presiones que nuestro Poder Judicial pudiera recibir desde los circuitos financieros, como nos alegraría saber que no ha sucedido en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y sobre la que esperamos, por cierto, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial venga aquí voluntariamente a ofrecer explicaciones. Tampoco aluden en su proposición a la necesidad de neutralizar a quienes se atribuyen la condición de afinadores de sentencias y de decisiones de la fiscalía, algo que es igualmente preocupante. No, ustedes en su proposición únicamente se interesan por el monotema que les obsesiona, Cataluña, que, a pesar de todo, aún no han abordado políticamente. Les preocupa, parece ser, que miembros del actual Gobierno reflexionen en voz alta sobre la situación de unos dirigentes electos que llevan más de un año en prisión sin que ni siquiera haya empezado su juicio. Les preocupa mucho esa reflexión, digo, pero poco o nada la acción política eficaz. Pero lo peor en esta proposición es cuando reprochan al Gobierno que intente orquestar una maniobra para crear una opinión pública contraria a las decisiones judiciales. Aquí estamos volviendo a aquello de que el vulgo es necio y cuanta menos información y opinión se le transmita mejor, no sea que se vaya a soliviantar. Pero ustedes parece que siguen confundiendo el término "gobernar" con el de "refrenar" o, mejor dicho, utilizan la palabra "gobernar" en el sentido de sujetar las riendas de un caballo que se desboca, como sería ese pueblo, que a ver si lo van a malear y va a ir por donde no debe. El problema que tienen es que aún no han digerido el triunfo de ese saludable ejercicio de democracia que supuso la moción de censura al señor Rajoy y piensan, por tanto, que los miembros del Gobierno surgido tras ella carecen de legitimidad para salirse del discurso agresivo y estéril que ustedes impusieron cuando gobernaban, ese discurso de palo y tentetieso que luego quería favorecer en las calles ese vomitivo "A por ellos" dirigido paradójicamente contra gente que se quería mantener como parte del nosotros. No, señorías, las mujeres y los hombres de este país tienen criterio, supieron aguantar mayoritariamente las provocaciones de los que solo llevan gasolina a los incendios y ahora no necesitan pastores que los lleven al redil, lo que necesitan es política activa e inteligente.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Un refrán español dice: Piensa el ladrón que todos son de su condición. Y con esta proposición no de ley usted nos pone negro sobre blanco las prácticas del Partido Popular, el grupo en el Gobierno hasta hace escasos meses. No votaremos a favor de una proposición no de ley que no nos creemos porque nos parece cínica. Nos hubiese gustado que estas proclamas les hubiesen hecho ustedes para evitar, por ejemplo, la judicialización de la política, las injerencias del Gobierno del PP denunciadas por Jueces para la Democracia en febrero de 2018. Para evitar el escándalo mayúsculo que permitió que un Tribunal Constitucional caducado dictase la ignominiosa sentencia del Estatut, el mismo Tribunal Constitucional al que ustedes dotaron de una fuerza ejecutiva que no tenía para poder ejecutar sentencias a la medida, evidentemente, de ustedes. Para evitar el gravísimo escándalo por las filtraciones respecto a la designación de fiscales de confianza del Partido Popular. O para evitar la Operación Cataluña, esa en la que aparecían filtraciones o aparecieron fiscales que afinaban actuaciones, o incluso para inventar un relato falso sobre violencia para poder acusar de rebelión a los líderes políticos independentistas, para poder removerlos en definitiva de su escaño ganado en unas elecciones democráticas impuestas por un 155 ignominioso. Ustedes se alzan en defensores de un tipo de independencia judicial que no vamos a comprarles. Ustedes, que presionaron a empresas en Cataluña -reconocido últimamente y aparecido en la prensa- para que abandonasen el territorio catalán y después acusar a los líderes independentistas de haber causado este agravio. Ustedes, que manipulan y que, frente a la objetividad de sentencias dictadas en tribunales europeos, se entestan, se empeñan en formular relatos inventados, todo para garantizar la unidad de España. ¿Y sabe por qué? Porque son incapaces de mostrar una oferta atractiva para Cataluña que pueda ser votada porque sinceramente no tienen nada que ofrecer, un Estado que recorta libertades y que tiene al pie de los caballos a las máximas instancias jurisdiccionales. Por tanto, no, señoría.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Debatimos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno y a sus miembros a abstenerse de declaraciones o actuaciones públicas respecto a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra políticos independentistas catalanes porque esas declaraciones, según el Grupo Parlamentario Popular, menoscaban la independencia y la legitimidad del Poder Judicial. Ya dijimos en el Pleno de la semana pasada, con ocasión de otra moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se reclamaba de nuevo la aplicación del artículo 155, que no considerábamos que en Cataluña se hubiese producido un golpe de Estado ni los delitos de rebelión y sedición, y que era un abuso de derecho la prisión preventiva.

La llamada cuestión catalana es una crisis constitucional en torno a la identidad nacional de Cataluña, a su vocación de autogobierno y a decidir democráticamente su futuro; es un problema político, como el que se plantea con Euskadi y su identidad nacional, que además está teniendo derivaciones judiciales, un problema político que pone de relieve singularidades históricas de naciones culturales demandantes políticamente, un problema político que no se ha abordado políticamente, sino con la aplicación de la fuerza del Estado hasta la llegada a la Presidencia del Gobierno del señor Sánchez, lo que ha supuesto un nuevo abordaje desde el diálogo de este asunto, un asunto de flagrante trascendencia política y social con derivaciones judiciales, como decía, y que comporta para el juez o jueces del proceso el juicio de la opinión pública y publicada porque, señorías, el Estado democrático es un régimen de opinión pública, como señala Berzosa López, en el que lo expresado desde el respeto a la independencia judicial no impide el derecho que se tiene a opinar, y también a criticar, el resultado de las resoluciones judiciales y las técnicas de su adopción, como ha señalado recientemente el señor Pascual Sala. Y abundando en esta línea, don Pablo Lucas Murillo de la Cueva señala que el sometimiento al escrutinio público es condición inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y a la publicidad del proceso judicial y forma parte de la responsabilidad que corresponde a quienes son titulares de poderes públicos, cumpliendo un papel esencial para enfrentarse a ese juicio público la motivación de las resoluciones judiciales y la prudencia en sus manifestaciones públicas para evitar la apariencia contraria a la independencia e imparcialidad, comportamiento en el que no ha sido singularmente celoso el señor Llarena y que por eso se encuentra encausado en Bélgica. En cuanto a la motivación de sus resoluciones, quiero señalar que hay legión de juristas, entre ellos el ya citado señor Pascual Sala, que ven casi imposible que exista el delito de rebelión y tampoco el de sedición, como también que las presiones ayuden a resolver problemas políticos. Ante este panorama de un conflicto político nos preguntamos si es razonable impedir al Gobierno que muestre su preocupación por el mismo y que lo exprese de manera compartida con una buena parte de la opinión pública y de la comunidad jurídica.

Por último, tengo que señalar que esta Cámara, y precisamente por la separación de poderes, no tiene entre sus facultades reponer de oficio ni rogadamente la independencia del Poder Judicial si se siente perturbado o inquietado alguno de sus miembros. Esta reparación corresponde, si así lo demanda un juez o magistrado, al Consejo General del Poder Judicial, como señala el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, me gustaría comenzar con una previa: poniendo en valor una intervención que yo creo que es mítica de Salvador Armendáriz, de Unión del Pueblo Navarro. Me sabe fatal que no esté, pero me gustaría ponerla en valor porque en un minuto y medio ha comparado Cataluña con Cuba, con Venezuela, con tiranías de todo el mundo y ha citado a Jefferson como gran patriota, entiendo que prácticamente similar al Cid Campeador, cuando todo el mundo sabe que Jefferson fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y uno de los autores de su Declaración de Independencia. (Aplausos). Así que brindo por la gran intervención del señor Armendáriz y por la dimisión de su director de la Policía, que nos ha insultado a Ada Colau y a mí. Muchas gracias. (Aplausos).

Entonces ustedes hoy, señores del PP, nos instan a todos a abstenernos de hacer declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia del Poder Judicial y así evitar presiones que provoquen influencia sobre la opinión pública y a su vez sobre la judicatura. Ustedes, el PP. Bueno, pues memoria y hemeroteca. "Tengo un fiscal de confianza en lo del Palau; a la Policía no podemos ir". ¿Les


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suena? Seguramente, no; lo dijo Alicia Sánchez-Camacho, su compañera, en ese momento senadora y presidenta del Partido Popular de Cataluña; se lo dijo a María Álvarez en una conversación en La Camarga en junio del año 2013. Me parece que no tiene mucho que ver con la independencia judicial decir: "Tengo un fiscal de confianza; a la Policía no podemos ir". Casualmente, el Juzgado número 21 de Barcelona prohibió la difusión de esa conversación grabada; casualmente. "Esto la fiscalía te lo afina -ese es más famoso y seguramente les suena más- hacemos una gestión". ¿Les suena? ¿Tampoco? Pues es de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, a Daniel de Alfonso en el despacho del ministerio; junio del año 2016. Casualmente la fiscalía consideró que esta conversación era un intercambio de información irrelevante; seguro que no tiene nada que ver con la independencia judicial. "Quien ha conseguido que por primera vez los independentistas puedan dejar de sumar en unas elecciones ¿quién es? Mariano Rajoy. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados? ¿Quién? Mariano Rajoy y el Partido Popular". ¿Les suena? ¿No? ¿Tampoco? (Aplausos). Lo dijo Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, en un mitin en Girona en diciembre del año 2017. Casualmente, Llarena, ese adalid de la imparcialidad y la separación de poderes, volvió a impedir la libertad provisional de Junqueras y compañía días después.

Titulares -para no hablar de declaraciones solamente-: "PP y PSOE -porque en esto están bastante juntos durante los últimos cuarenta años- bloquean nuevamente la despolitización del Consejo General del Poder Judicial". Es de los poco sospechosos compañeros de El Mundo; 16 de enero del año 2018. Y no hace falta irse tan lejos, hace simplemente setenta y dos horas -la mayor vergüenza nacional de los últimos tiempos, y ha habido un montón-: El Tribunal Supremo se desdice y paraliza el efecto de la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas a favor de la banca y contra la ciudadanía. Y me vienen ustedes aquí a intentar dar lecciones de separación de poderes cuando todo el mundo sabe que aquella noche, hace dos días, según quién llamó a según quien para paralizar esto. ¿De verdad me quieren dar lecciones de eso? Y todavía -no me va a dar tiempo- no he hablado de su James Bond, de Villarejo; no he hablado de Villarejo. Tengan un poco de vergüenza y dejen de montar estos shows. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rufián Romero.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Hoy tengo el honor de citar a un amigo. El viernes publicaba nuestro compañero el diputado Fernando Navarro un artículo titulado Las democracias en peligro, en el que se preguntaba cómo mueren las democracias a partir de la reflexión de Levitsky sobre cómo surgen tics autoritarios y escasamente democráticos en algunos mandatarios que han llegado al poder por las urnas, pero que una vez allí se dedican a desmontar todos los sistemas de control, todos los contrapesos que impiden que hagan y deshagan a voluntad. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). En el caso de nuestro populismo y nuestro nacionalismo, esta estrategia no parece nueva, la de aprovechar los mecanismos de entrada del sistema para destruirlo desde dentro. En todas estas derivas, un factor común es socavar la autoridad de los jueces, practicar el acoso y derribo de la independencia y legitimidad del Poder Judicial. Este es el peligro soterrado, pero real que subyace bajo las declaraciones, pronunciamientos o actuaciones que tratan de presionar o influir sobre nuestra Administración de Justicia, menoscabando la independencia de uno de los tres poderes del Estado, atacando nuestra separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia. Y si eso lo hacen gobernantes elegidos por las urnas, me pregunto qué no serán capaces de hacer gobernantes que alcancen el poder a través de una moción de censura pactada con los nacionalistas y con los populistas. (Aplausos).

A los hechos me remito. El Gobierno del señor Sánchez nos ha dejado perlas tan poco democráticas como las siguientes: Si el juicio tarda, no sería lógico mantener la prisión preventiva. Son palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Como si el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas o el peligro a reincidir tuvieran más que ver con la lógica -la de la señora Calvo, entiendo- que con los principios jurídicos y procesales que rigen la actividad jurisdiccional. Otra cita: Sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña. Estas son palabras de la ministra Batet. Aquí estaría casi de acuerdo si no fuera por un importante matiz: mejor que no tener presos sería que no hubiera habido delito. Evidentemente, señores del PSOE, señores de Esquerra, señores del PDeCAT, si no hubiera habido un golpe de Estado en Cataluña sería mucho más fácil hacer política (aplausos), pero si no cumplimos la ley,


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tenemos que hacer frente a las consecuencias, porque fuera de la ley solo está la selva, y en la selva no cabe la política.

Llegados a este punto, quiero romper una lanza en favor de todos los jueces, magistrados, fiscales, letrados y funcionarios que trabajan en nuestra Administración de Justicia, realizando cada día una labor encomiable, siempre manejando grandes cargas de trabajo, con pocos medios materiales y humanos.

También me quiero referir hoy brevemente al principio de inmediación, un principio que rige la actuación jurisdiccional y que obliga a los jueces a estar presentes en las diligencias, a mantener durante el proceso un contacto directo con las partes durante la práctica de las pruebas que les permita valorarlas en conciencia. Cuando no digo ya un Gobierno, sino cualquier persona se pronuncia sobre una sentencia, en el peor de los casos la mayoría lo hacemos sin haberla leído entera y en el mejor de los casos lo hacemos olvidando ese principio. Estamos olvidando que el juez estuvo allí, que el juez escuchó a las partes, que valoró la prueba de primera mano. Ese conocimiento y valoración son los que permiten, señorías del Grupo Popular, proponente en esta iniciativa, que en la sentencia de la Gürtel se contengan afirmaciones como esta: Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos -se refieren a los señores Arenas, Álvarez-Cascos, Rajoy, etcétera- cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil. Ustedes vienen hoy aquí con una iniciativa que se resume en el refrán "consejos vendo que para mí no tengo", que tanto gustaba al señor Rajoy (aplausos), ya que durante su Gobierno también hubo sonadas declaraciones y pronunciamientos que atacaban a la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, la señora Cospedal, exministra de Defensa, se despachó a gusto con la referida sentencia, calificando el párrafo que les he leído como muy poco jurídico y muy tendencioso; no era palabra de ley, llegó a decir, incluso llegó a preguntarse: ¿es que los jueces son infalibles? O la perla que nos dejó el señor Catalá, cuando dijo aquello de: todos saben que este juez tiene algún problema singular. Esto es intolerable.

Así que, ¿saben sus señorías cómo se salvaguarda la independencia y legitimidad del Poder Judicial? En primer lugar, respetando las deliberaciones y sentencias judiciales y, en segundo término, votando a favor y dando cumplimiento a iniciativas que trae Ciudadanos a esta Cámara, como la de apoyo a los servidores públicos en Cataluña -en el concurso publicado ayer, señorías, se van cuatro jueces de Cataluña; ya son cuarenta y seis los jueces que se han marchado desde que se inició el procés en septiembre de 2017-; como nuestra ley de refuerzo de la independencia judicial para despolitizar su órgano de Gobierno, sí, ese que ustedes se están repartiendo otra vez; o como nuestra ley para reforzar la autonomía del ministerio fiscal respecto al Gobierno y su elección parlamentaria para garantizar precisamente esa autonomía. Señorías, mientras no tengamos un Poder Judicial verdaderamente independiente, como nos pide reiteradamente el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, nuestros jueces no podrán administrar justicia conforme al mandato constitucional: de manera independiente, inamovible, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías y acompañantes.

Señores del Partido Popular, estamos realmente asombradas e indignadas. Si alguien es responsable del deplorable estado de la independencia judicial y de su percepción entre la ciudadanía y entre los propios magistrados y magistradas es el Partido Popular. Es el Partido Popular -si bien es cierto que con la connivencia durante muchos años del Partido Socialista- quien ha permitido y muchas veces alentado la infección de la peor politiquería dentro del Poder Judicial, de sus miembros y de su propio consejo. Qué solas hemos estado denunciando la utilización de los jueces para la represión de la crítica política; qué solas denunciando la criminalización de la crisis territorial en Cataluña; qué solas cuando los portavoces del Partido Popular marcaban el camino de jueces y juezas para su intervención en estos y en otros procesos. Solas con la ciudadanía, asistiendo atónitas a las múltiples veces en las que el exministro Catalá reconvenía y convenía con los acusados en procedimientos judiciales las designaciones de altos cargos del Poder Judicial, como sucedió en el caso Lezo; solas con la ciudadanía, viendo como los diferentes presidentes del Tribunal Constitucional ocultaban su filiación al Partido Popular hasta el punto de colaborar con dicho partido en leyes como la infausta reforma laboral, cuya constitucionalidad tenían que enjuiciar; solas con la ciudadanía, viendo cómo se colocaban jueces y juezas no ya próximos o afines,


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sino verdaderos partisanos de FAES y del Partido Popular en procedimientos judiciales en los que estaba incurso su partido, señorías, el Partido Popular.

Oírles hablar hoy de menoscabar la independencia del Poder Judicial es verdaderamente asombroso, cuando son ustedes quienes han diseñado a su gusto en los últimos años un Consejo General del Poder Judicial que ha protagonizado los momentos más vergonzantes de la actualidad judicial de este país. Según el informe que la Comisión Europea publicó en 2017, España está a la cola en la percepción por la ciudadanía de la independencia judicial. Dos tercios de los jueces y juezas opinan que en España no se asciende en la carrera judicial por mérito y capacidad sino por cercanía a la cúpula judicial y al poder político. Eso sí es menoscabar la independencia del Poder Judicial.

Supongo que habrán olvidado que en el 2013 el Partido Popular aprovechó la mayoría absoluta en esta Cámara para encargar al señor Lesmes y al señor Díez-Picazo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitiera un modelo de gobierno de los jueces profundamente personalista y autocrático. La llamada reforma Gallardón se dedicó a socavar la colegialidad constitucional del órgano creando vocales de primera, de segunda y de tercera en función de su relevancia, simplemente para controlar a su antojo la cúpula del Poder Judicial. Sin el menor disimulo, inmediatamente, el señor Lesmes nombró -para escándalo de toda la carrera judicial- a su amigo Díez-Picazo para presidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en vez de prorrogar al anterior presidente, al señor Sieira. Eso sí es menoscabar la independencia del Poder Judicial. Por no hablar del último incidente en el que se ha visto envuelto el propio señor Díez-Picazo -realmente sintomático de la salud de la independencia judicial en este país-, quien después de dictada una sentencia del Tribunal Supremo ha sido capaz de obviar todos los principios procesales y de seguridad jurídica para revisar la sentencia sin pudor, por el simple hecho de que obligaba a los bancos a asumir el pago de un impuesto que sin duda les corresponde. Ayer mismo, el señor Lesmes se reunió de urgencia con los magistrados que dictaron esa sentencia, una sentencia sometida ahora a la revisión doctrinal ordenada por el señor Díez-Picazo para el próximo 5 de noviembre. Para menoscabar un poco más -si cabe- la independencia del Poder Judicial, ayer el diario Infolibre nos descubría que el señor Díez-Picazo fue hasta hace unos meses profesor en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, colegio propiedad, casualmente, de la Asociación Española de Banca. Para solventar ese descrédito, ya anunciamos desde aquí que hemos presentado hoy mismo una querella por prevaricación contra el magistrado Díez-Picazo. (Aplausos). No hay precedentes de que se convoque un pleno después de dictada una sentencia solo porque esta pueda perjudicar a un sector particular, los bancos. Claro que la sentencia tiene repercusión económica y social, pero una repercusión favorable a los contribuyentes de este país. No pueden confundirse las necesidades de la Administración de Justicia con las necesidades económicas de un sector privado, la banca.

Pues bien, este es el sistema de gobierno del Poder Judicial que debemos desterrar de este país. Por eso hace ya tiempo que nos fuimos del Pacto por la justicia, por eso presentamos una proposición de ley para derogar la Ley Orgánica 4/2013, de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, por eso en estos últimos días hemos propuesto y acordado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema personalista del Consejo General del Poder Judicial y para promover la elección de altos cargos judiciales mediante sistemas transparentes de mérito y capacidad. Por eso queremos que la renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial no vuelva a ser un intercambio de cromos entre el Partido Popular y el PSOE. Solo participaremos -ya hemos insistido desde esta tribuna- si es para nombrar a los mejores, a quienes reúnan el mérito y la capacidad. Ya lo dijimos el otro día: no cuenten con nosotras para más componendas de ese tipo.

Señorías, recuerden que la independencia judicial es mucho más que un valor democrático; es fundamentalmente un derecho subjetivo de toda la ciudadanía, no un derecho privado de magistrados y magistradas. La gente tiene derecho a tener jueces y juezas que respondan a las leyes y a la democracia, no a intereses políticos ni sectoriales.

Señores del PP, qué quieren que les digamos, claro que votaremos que no, esta vez y todas las que sigan faltando al respeto, a la memoria y a la inteligencia de esta Cámara. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.


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El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Debatimos, como hemos oído a lo largo de los últimos minutos, una proposición no de ley del Partido Popular por la cual recaba el interés de la Cámara para que los miembros del Gobierno y el Gobierno se abstengan de pronunciamientos, declaraciones o actuaciones públicas que puedan menoscabar la independencia del Poder Judicial o la legitimidad del mismo. Para eso se pide que el Gobierno o los miembros del Gobierno se abstengan de hacer pronunciamientos de actuaciones en curso, de hacer manifestaciones sobre los propios jueces o magistrados que dictan estas resoluciones, sobre situaciones provisionales de medidas cautelares, de tipo personal o real, o sobre las posibles condenas y sus consecuencias. Doy por hecho -lo he leído con atención- que se están refiriendo exclusivamente a los miembros del Gobierno, porque no habría más que repasar la hemeroteca de este fin de semana para ver cómo se les ha calentado a muchos dirigentes de su partido la boquita. Luchar por la independencia judicial es un tema extraordinariamente importante y he oído demasiadas cosas aquí que se alejan de lo que es verdaderamente la independencia judicial, la no injerencia en el ámbito judicial cuando de dictar resoluciones se trata.

He hablado mucho a lo largo de mi vida de la independencia judicial y creo que nunca está de más. Lo he hecho desde mi profesión, lo he hecho en el Consejo General del Poder Judicial, en universidades, en foros nacionales e internacionales. Hay dos cuestiones básicas: una, saber qué es la independencia judicial, porque creo, después de haber oído algunas intervenciones, que alguien tiene dudas, y dos, cuándo se perturba y cuándo se menoscaba esa independencia. Nadie debería dudar de que la independencia es una de las piedras angulares sobre las que se basa nuestro Estado democrático y de derecho. Por eso nuestra Constitución establece en un título, el VI, el único al que llaman poder, Poder Judicial, donde establece y señala qué es la justicia y de dónde emana. La justicia emana del pueblo y se administra por jueces independientes -aquí lo tenemos-, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esas son las dos notas básicas: independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley. Por tanto, ¿qué es la independencia judicial? Es una garantía de la imparcialidad de nuestros jueces. Pero verdaderamente el interés no está ahí. La pregunta del millón es cómo se perturba, cómo se presiona a los jueces para que puedan cambiar el sentido de sus resoluciones, que deben estar sometidas solamente al imperio de la ley.

Miren, ustedes basan su escrito en dos bloques: uno, las actuaciones de la ministra de Justicia en orden a la defensa del juez Llarena y, dos, una serie de manifestaciones que han sido relatadas aquí de un modo profuso, con lo cual ahorro al escaso auditorio su repetición. Ni una ni la otra tienen nada que ver con la independencia judicial. A ustedes les pueden gustar más o menos unas determinadas declaraciones, les puede gustar más o menos quien las haga, pero no suponen en ningún caso ningún atentado a la independencia judicial. Créanme, ningún juez de este país -y hay alguno en esta Cámara- se sentiría menoscabado en su independencia por haber oído esas declaraciones de que políticamente sería mejor si tuviéramos los presos en libertad, si tuviéramos a los encausados en libertad, un pronunciamiento sobre una hipotética sentencia condenatoria... Miren, nuestros jueces, nuestra carrera judicial no se amilana con tanta facilidad, no es tan frágil. Les puedo asegurar que contamos con una de las carreras judiciales más potentes de nuestro entorno y, por tanto, saben aguantar lo que no son más que declaraciones. Es más, las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -estoy pensando en la del Sunday Times de 26 de abril de 1979- ya nos expresaron qué significaban los juicios paralelos, que es una cuestión complicada de articular entre la libertad de expresión y la no injerencia en los ámbitos judiciales. Y, ¿saben qué nos dijeron? Que lo que tenemos que aprender es a convivir con eso. Y no tengan tanto miedo por los jueces, que los jueces tienen mecanismos para sostener este amparo. Y, ¿quién da este amparo? El Consejo General del Poder Judicial. Me da la sensación de que no ha habido mucha lectura de esos acuerdos; nos hemos quedado en los periódicos, pero no hemos entrado en lo que significa de verdad cuando se está hostigando a un determinado juez. Pues el Consejo General del Poder Judicial en numerosas resoluciones siempre se pronuncia de la misma manera: la libertad de crítica vivifica nuestra democracia, como dice el Tribunal Constitucional.

Por tanto, es bueno que haya discrepancias políticas, porque eso conforma una opinión pública libre y sólida. Y ¿qué es lo no admisible? Cuando se produce un hostigamiento al juez que condiciona su resolución judicial. ¿De verdad creen que cualquiera de las manifestaciones a las que ustedes invocan en su escrito puede atentar a la independencia judicial? Por favor, valoren más la carrera judicial y su pronunciamiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PROTECCIÓN SOCIO-LABORAL DE LOS DONANTES VIVOS DE UN ÓRGANO. (Número de expediente 162/000391).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Continúanos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección socio-laboral de los donantes vivos de un órgano. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Antes de empezar la presente intervención, permítanme saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los representantes de la Federación de Trasplantes Hepáticos y de la Asociación de Donantes Vivos presentes en la Cámara.

Señorías, la donación de órganos es uno de los actos que constituye la máxima expresión de altruismo y de generosidad que es capaz de realizar el ser humano. La condición de donante de órganos cuenta con el correspondiente reconocimiento social de la ciudadanía en general, pero existen situaciones legales que afectan de manera negativa a estas personas que, con sus actos, nos ofrecen extraordinarias lecciones de compromiso y solidaridad con el prójimo, ya sea por vínculos familiares o bien por un extraordinario sentido solidario con personas desconocidas. Este es el caso de los donantes vivos. Es un colectivo cuyos gestos aplaudimos, pero que, paradójicamente, sufre una situación de vulnerabilidad laboral o de potencial riesgo de ausencia de la cobertura legal que debiera corresponderse con la extrema generosidad inherente al acto de la donación de órganos.

Permítanme recordarles, señorías, que, según se estima en el Observatorio global de donación y trasplante de la Organización Mundial de la Salud, en 2015 solo se trasplantaron un 10 % o menos de las personas que lo necesitaban, reflejando una situación global de escasez de órganos. En la actualidad, las listas de espera crecen y se generan tiempos de espera prolongados durante los cuales los pacientes se deterioran o fallecen, especialmente los que por sus características individuales, como es el caso de los niños, tienen menor probabilidad de que aparezca el órgano adecuado. Pero en España, gracias a la creación de la Red de Coordinación de Trasplantes de la ONT en 1989, se ha afrontado la escasez de donantes fallecidos en los últimos treinta años de una manera más eficaz que el resto de países al alcanzarse de forma sostenida las tasas de donación más altas del mundo. La donación de un riñón o una porción hepática suele ser la modalidad de trasplante de órgano sólido de donante vivo más aplicada en nuestro país.

Señorías, esta proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista somete a la consideración de la Cámara persigue acabar con una situación tan injusta como incomprensible, la que sufren los donantes vivos, cuya situación laboral actual puede llegar a concretarse en situaciones de manifiesta indefensión laboral y sanitaria. Los equipos médicos de trasplantes a cargo del cuidado de los donantes estiman que el tiempo medio de recuperación es de unas cuatro semanas en el caso de donante renal y de doce en el caso de donante hepático, siempre y cuando no se produzcan posibles complicaciones que, obviamente, aumentarían el plazo de recuperación, así como cierta variabilidad en función de las características del puesto de trabajo que desempeñe el donante y que en muchos casos requeriría la adaptación del mismo. De ahí que proceda abordarse de manera inmediata la modificación del artículo 169 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, que conforme a su redacción actual no contempla la posibilidad de que los donantes vivos puedan acogerse a la situación de incapacidad temporal o baja laboral en caso de sufrir quebrantos de salud derivados del proceso de donación de órganos al que se someten. También se les niega la posibilidad de percepción de la correspondiente retribución económica por baja laboral, hecho que conmina a los donantes vivos a realizar tales donaciones en los periodos correspondientes al disfrute de sus vacaciones. En este sentido, no debemos olvidar que el trasplante de donantes vivos se puede llevar a cabo de manera programada, permitiendo elegir el momento idóneo tanto para el donante como para el receptor. Además, la relación más frecuente entre el donante y el receptor es la de cónyuge o pareja sentimental, seguida de diferentes tipos de relación, familiares en primer grado, otro tipo de relación familiar y entre amigos.

Señorías, esta Cámara está moralmente abocada a poner punto y final a una situación como la descrita, que, al margen de consideraciones legales, puede calificarse de verdadera hipocresía normativa, porque mientras por un lado aplaudimos a los donantes vivos de órganos y fomentamos con campañas publicitarias la donación, por otro lado, la Administración pública no estimula sino que grava potencialmente los actos con los que estas personas ofrecen lecciones de ejemplaridad, altruismo, solidaridad y generosidad. Además, a todas luces, la actual redacción del citado artículo 169 se presta a una


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interpretación restrictiva, al señalar que la incapacidad temporal requiere la alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente, dejando por consiguiente a los donantes vivos de órganos excluidos de la figura de baja laboral por enfermedad y, en consecuencia, de la retribución económica contemplada para tal supuesto.

No obstante, la situación de agravio que afecta a los donantes en vida no termina en los supuestos señalados, sino que también afecta a los mismos en lo tocante a la vertiente patrimonial, porque el donante en vida está sujeto al aumento de primas a la hora de contratar o renovar seguros de asistencia sanitaria, así como seguros de vida y rúbricas de préstamos bancarios. La donación de vivos tiene un impacto positivo no solo en el paciente trasplantado sino también en su entorno familiar, social, en las listas de espera de trasplantes y en el gasto sanitario. Con objeto de poder llevar a cabo esta modalidad de trasplantes, el donante se somete voluntariamente a varias pruebas diagnósticas para asegurar su idoneidad y a una intervención quirúrgica mayor, no exenta de riesgo, en la que se extrae un órgano vital y que requiere una hospitalización y un periodo de recuperación.

Sé que muchos grupos me van a decir que esta iniciativa que trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha venido, se ha tratado, se ha debatido y se ha aprobado en la Comisión de Sanidad, pero ha habido un cambio sustancial, ha habido un cambio de Gobierno, y el Gobierno socialista quiere mostrar hoy, a través de este grupo parlamentario, su sensibilidad y su apuesta por resolver algo que de manera inevitable es una flagrante injusticia. Señorías, reparemos esta situación incomprensible e injustificada reconociendo y validando con la cobertura legal necesaria la actitud ejemplar de los donantes en vida y allanemos el camino de las personas que esperan por la recepción de órganos para recuperar los niveles de la salud perdida.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Raya, bienvenidos al fantástico mundo de las PNL del Gobierno de la dignidad, ese mundo de buenos deseos, del bien; ese mundo que no cuesta dinero; el mundo del Boletín Oficial de las Cortes, no del Boletín Oficial del Estado; ese mundo donde todo es posible; ese mundo que se parece tanto al VAR de Echenique. (Risas.-Aplausos). Es el mundo que tanto le gustaba al Gobierno indigno, que decían ustedes, del señor Rajoy, pero en el que ustedes viven también.

Usted hablaba de hipocresía normativa, y la verdad es que este es un asunto en el cual, efectivamente, parece que abunda la hipocresía normativa y no normativa. Hablamos de entre 300 y 400 personas al año -muchas más de las que están ahora mismo sentadas en estos escaños- que arriesgan su vida para dar vida a los demás. Hablamos de la verdadera dignidad, de las personas dignas. Este es un asunto tan importante que en esta legislatura, en abril de 2017, se presentó en el Senado por parte del Grupo Popular una proposición no de ley prácticamente idéntica a esta, en la que su portavoz en aquella Cámara, el señor Martínez Olmos, dijo exactamente lo siguiente: Nuestro grupo no va a poder apoyar la iniciativa del Grupo Popular, porque la consideramos insuficiente. Lo que trasladamos aquí es la protección al donante en vivo, no solamente para asegurar que pueda ser causa de incapacidad temporal cuando va a hacer la donación, sino también para que no sea causa objetiva de despido. Por tanto, se hace necesaria una modificación normativa y este es el planteamiento al que nosotros queríamos contribuir con nuestra moción. No tengo ninguna duda de su voluntad, pero sinceramente creo que en política todos tenemos que hacer un esfuerzo -ustedes también- y comprometernos por escrito a las decisiones que adoptemos. Ese era su portavoz en el Senado en abril de 2017.

Posteriormente, nuestro grupo, para corregir ese déficit, presentó una nueva PNL en la Comisión de Sanidad, que se aprobó por unanimidad, en la que se incluía impulsar las modificaciones normativas del decreto 2/2015 para evitar que esta circunstancia constituya causa de despido. Como digo, esta iniciativa se aprobó por unanimidad, y las palabras de su portavoz en aquella Comisión, la señora Alconchel, fueron las siguientes: La moción en el Senado -lo que se ha dicho públicamente- ha dado mucha esperanza a muchísima gente que se siente frustrada por la inacción del Gobierno, porque no se ha hecho nada, no se ha modificado la legislación y la verdad es que sorprende que con lo rápido que se hizo la reforma laboral para recortar derechos se tarde tanto para proteger los derechos laborales de los donantes vivos. Dejen de permanecer indolentes ante esta grave situación. Estas eran las palabras de su portavoz.


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Ante esta situación, dos PNL después, ¿qué nos trae hoy aquí el Gobierno de la dignidad? ¿Qué nos traen hoy aquí? Otra PNL. No nos traen un decreto, nos traen una PNL. Señores del PSOE, ¿no merecen un decreto estos señores? ¿Solo merecen una PNL? ¿No hay un proyecto de ley para ellos? ¿No hay un decretazo urgente para ellos? ¿En todos estos meses no han podido hacer otra cosa? (Aplausos).

No me voy a dirigir a ustedes porque ya han demostrado de lo que son capaces; me dirigiré a su vicepresidente, el señor Iglesias, que hoy no está presente aquí. Hay gente en este país -ahí arriba- que quiere hablar con usted, gente que no huye de la justicia, gente que no está en Bruselas, gente que no está en la cárcel, gente que de verdad es gente decente. (Aplausos). Háganles ustedes un hueco en su agenda, una agenda en la que debería de ocuparse de estos héroes; porque estos héroes merecen de verdad un decreto, merecen de verdad un trato más digno de este Gobierno de la indignidad.

Nada más. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arriba Sánchez.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidenta, señorías, el modelo español de donación y de trasplantes de órganos es uno de los principales argumentos por los que nuestro Sistema Nacional de Salud es considerado un modelo a seguir en todo el mundo y un activo nuclear de nuestro Estado de bienestar. Año tras año revalidamos el liderazgo mundial en donación y trasplantes de órganos, posición que España ocupa de manera ininterrumpida desde hace ya veintiséis años y que demuestra la gran capacidad resolutiva del sistema español de trasplantes, mejorando sus resultados incluso en años especialmente difíciles. El pasado año batimos nuestro propio récord al alcanzar la cifra de 46,9 donaciones por millón de población, con un total de 2183 donantes que hicieron posible la realización de 5229 trasplantes, alcanzándose máximos históricos en trasplante renal, hepático y pulmonar. Escuchen bien, señorías, escuchen bien: seis personas en España donan órganos cada día, posibilitando la realización de catorce trasplantes diarios; el número de donantes ha aumentado un 30 % en nuestro país en los últimos tres años; somos el único país del mundo que tiene más de cien pacientes trasplantados por millón de habitantes.

Estos datos, señorías, ¿qué significan? Significan que desde hace veintiséis años el español que necesita un trasplante es el ciudadano más afortunado de todo el planeta, el que más posibilidades tiene de conseguirlo y, además, dentro de un sistema público y universal; que nuestra sociedad se nutre de personas y familias anónimas que son las verdaderas protagonistas y que día tras día, de manera altruista, hacen que seamos una sociedad más solidaria y una sociedad más generosa. Significa que la piedra angular de nuestro sistema sanitario, nuestro principal activo, los profesionales sanitarios, tienen un extraordinario nivel de competencia, a los que les debemos todo nuestro reconocimiento y toda nuestra gratitud. En definitiva, significa que el sistema español de trasplantes es un logro de toda la sociedad española y de todas las instituciones involucradas en el proceso, y que hemos sido capaces de aunar esfuerzos con el objetivo de salvar o mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. En realidad, se debe a un modelo de gestión, a la capacidad de innovación, al trabajo de coordinación nacional, autonómica y hospitalaria desempeñado por la Organización Nacional de Trasplantes desde 1989. Desde entonces, se han desarrollado numerosas iniciativas y programas con los que estimular la donación, que han consolidado a España como el país de los trasplantes; una circunstancia cuyo impulso, cuya continuidad fueron prioritarios para el anterior Gobierno y para el Partido Popular. Fue prioritario mediante medidas como las contempladas en el Plan estratégico nacional de donación y trasplantes de órganos 2018-2022 y el Plan 50×22, presentado el pasado mes de abril, con el objetivo de alcanzar los cincuenta donantes por millón de población y superar la cifra de 5500 trasplantes en los próximos cinco años.

Una de las líneas establecidas en este plan es la donación y el trasplante de órganos provenientes de donantes en vivo. La ONT lleva años trabajando de forma decidida por impulsar la donación en vivo y en mayor medida en riñón. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un descenso progresivo de esta actividad y diversas son sus causas. La protección integral del donante en vivo debe mejorarse desde un punto de vista económico y social. Aunque la normativa recoge que la realización de los procedimientos médicos relacionados con la obtención no será gravosa para el donante en vivo, en la práctica la donación en vivo no resulta económicamente neutral para los donantes ni tampoco existen otros mecanismos administrativos que compensen otras posibles pérdidas o protejan al donante en su entorno sociolaboral.

El artífice y responsable del modelo español de trasplantes, el durante muchos años director de la ONT, el doctor Rafael Matesanz, hace algo más de un año, en la Comisión de Sanidad de esta sede


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parlamentaria, nos decía: "Si en un país, si en un hospital, si en una comunidad se dona menos [...], la población nunca tiene la culpa, es algo que nosotros hemos hecho mal".

Con el ánimo de revertir esta tendencia e incrementar las donaciones de órganos en vivo, desde una mayor protección tanto social como laboral del propio donante, así como también desde el pleno respeto y cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1723/2012, entendemos esta iniciativa como una oportunidad de mejora, coincidimos nuevamente en su objetivo, como ya lo hicimos por acuerdo de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Sanidad el pasado mes de marzo y, además, a través de la enmienda presentada, consideramos que se deben realizar las modificaciones legales pertinentes para incrementar la protección sociolaboral del donante en vivo equiparando su protección, equiparando la protección que se le otorgue durante el proceso de extracción del órgano y su posterior recuperación, a la actualmente establecida para las mujeres gestantes durante el embarazo y el posparto.

Señorías, para nuestro grupo parlamentario la protección de los trabajadores siempre ha sido una cuestión prioritaria y lo es más si cabe cuando hablamos de salud. Termino, presidenta. Estamos convencidos de que hay muchas cosas que si las hacemos juntos, las haremos mejor y en beneficio de todos. La dimensión real de nuestro país y de nuestro Estado de bienestar es la conciencia de que existe un espacio en el que la responsabilidad y la solidaridad se funden con la convicción de que nada de lo que ocurre a cada español, a todos y cada uno, nos es ajeno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Si bien, como se decía antes, hay fórmulas de mayor agilidad para dar solución y salida a este asunto, resulta muy interesante la proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista y defendida por la señora Raya Rodríguez para instar al Gobierno a promover diferentes acciones legales con el fin de favorecer las condiciones sociolaborales del donante vivo de órganos, toda vez que el absentismo laboral derivado de las pruebas médicas previas y la baja laboral posterior a la donación le causan problemas, incluso de despido. Supondría, además, corresponder a un acto ejemplar de solidaridad y profundizar en el ya de por sí extraordinario modelo español de trasplante de órganos, que es desde hace décadas admiración del mundo entero gracias, además de a la generosidad de los españoles, a la labor de la Organización Nacional de Trasplantes.

A diferencia de la donación que se realiza a partir del fallecimiento de una persona, al donante vivo de órganos y tejidos le surgen problemas de índole laboral que añaden más dificultad a un proceso ya de por sí muy complejo. No es solamente cuestión de baja por enfermedad, es que, como se ha repetido aquí, hay riesgo de pérdida de empleo, lo que en una sociedad avanzada como es la nuestra, y con la dificultad que tiene encontrar un puesto de trabajo, no parece de recibo.

El doctor Rafael Matesanz, al que se acaba de recordar en esta tribuna, histórico director de la ONT, y persona cuya trayectoria le da una absoluta autoridad moral para hablar de estas cuestiones, reclamó en su última intervención pública, antes de jubilarse el pasado año 2017, que se adoptasen medidas legislativas para proporcionar protección social y laboral al donante vivo y evitar que pueda ser despedido durante el proceso de donación. Algunas organizaciones, como la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, han promovido campañas de apoyo que han sido respaldadas masivamente en pos de una mayor cobertura para la figura del donante vivo y, por tanto, también en pos de la eliminación de trabas y obstáculos para suscribir seguros y determinadas coberturas. El anterior Gobierno ya estaba trabajando a través del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Empleo, junto con diferentes sociedades científicas, para resolver este asunto. Procede rematarlo sin demora. La proposición no de ley es, por lo tanto, pertinente y contará con el voto favorable de Foro.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, efectivamente esta iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista no puede provocar ningún tipo de objeción a ninguno de los grupos parlamentarios por los temas de fondo; estamos planteando una


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mejora de la protección social de los donantes vivos, una demanda de la Organización Nacional de Trasplantes, planteada en distintas ocasiones también en esta Cámara por otros grupos parlamentarios y que responde a un hecho objetivo cierto, que son los problemas, las dificultades que en materia de empleo tienen algunas de estas personas que hacen ese acto generoso y altruista de donar un órgano. Y en un modelo de éxito, como es el modelo de donación en el Estado español, que se basa precisamente en esa generosidad y en ese carácter altruista de los donantes, si constatamos que existen problemas en esa materia -periodos postoperatorios largos, citas previas con la persona que va a recibir el órgano que van a cargo de la persona que dona, en un contexto que en algún momento parecía que disminuía el número de donantes-, es razonable que planteemos esa mejora y de ahí que el conjunto de los grupos políticos estemos expresando una sintonía sobre la cuestión de fondo.

Lo que no deja de provocarnos a todos una cierta perplejidad o irritación es que, siendo una iniciativa del grupo que hoy ostenta la responsabilidad del Gobierno, no se traduzca la misma no en una proposición no de ley sino en un texto legislativo, en un proyecto de ley o en una enmienda en un trámite parlamentario, etcétera.

Decía la portavoz socialista al final de su intervención -y me parecía razonable- que lo que hacen es mostrar la sensibilidad del Grupo Socialista en esta materia. Bienvenida. Creo que la sensibilidad la tenemos todos los grupos, pero lo que nos toca exigirles hoy a ustedes no es que nos demuestren su sensibilidad, sino que sean capaces de presentar aquellas modificaciones legales que lo hagan posible, porque desde hace ya un cierto tiempo esa demanda existe, está aprobada por parte de las Cortes.

Por tanto, señorías, van a contar con nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, porque compartimos su sensibilidad, pero les exigimos que de manera inmediata procedan a los cambios legislativos que demuestran que la sensibilidad sirve de verdad para cambiar las cosas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.

Señoras y señores diputados, donante vivo y no otro es la persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Real Decreto 1723/2012, cede parte de sus órganos o de sus tejidos, de forma segura y compatible con su vida. Lo va a hacer por razones de parentesco, altruismo o por un interés cruzado, como explica la proposición no de ley y lo hará de esos tejidos renovables que no sean esenciales, tales como la médula ósea, riñones, sangre o lóbulos del hígado, que van a permitir sobrevivir o mejorar su calidad de vida a quienes sean destinatarios o receptores de esa donación.

Al margen de diferentes problemas, incluso éticos, que sobrevuelan este debate, la PNL hace frente a un hecho concreto, al de las consecuencias sociolaborales y patrimoniales para esas personas donantes vivas; personas que en todo caso están caracterizadas, como lo señala también la proposición no de ley, por un calificativo que es el de altruismo, que motiva a su vez una reflexión. Esa conducta generosa no puede estar penalizada y corresponde a los poderes públicos remover prácticas, conductas o consecuencias jurídicas que entendemos indeseables y que pretendemos que sean incompatibles con el ordenamiento jurídico. Hasta ahí nuestra parte de acuerdo absoluto con la proposición y, a partir de aquí, la crítica.

Son varias las medidas propuestas por la proposición no de ley. La modificación del artículo 169 del texto refundido de la ley General de Seguridad Social para que la donación se convierta en causa específica de incapacidad, con la que desde luego estamos de acuerdo. Ahora bien, también nos mueve a la reflexión: ¿qué pasa con aquellos que no se encuentran en activo? La segunda, que tal situación no suponga penalizaciones en la contratación o renovación de seguros o préstamos, con la que también estamos de acuerdo, pero ¿qué consecuencias económicas supone para el sector del aseguramiento tal obligación y qué tipo de compensaciones pueden llegar a exigir?

Pero no solo se contemplan estas, hay más medidas, algunas se han citado, como la de que se podría modificar el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en concreto sus artículos 52 en cuanto a las causas de despido, o el artículo 53, que motiva la nulidad del despido; pero también la Ley 31/1995 para contemplar medidas específicas de prevención de riesgos laborales que permitan la reinserción en sus puestos de quienes hayan sido donantes, garantizándoles su seguridad y salud laboral. Estas y otras varias medidas podrían ser de posible implementación y es lo que de alguna manera, tal y como han referido otros intervinientes, dice la proposición no de ley que se podría hacer pero que no hace.


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A nuestro juicio es el elemento a criticar de esta proposición no de ley, sobre todo cuando dicha proposición proviene del partido que sostiene al Gobierno. Es decir, tenemos una situación de desprotección, tenemos una situación de disminución preocupante del número de donantes, tenemos una situación de agravio, por decirlo de alguna manera, de nuestra buena consideración hacia los donantes que no se ha resuelto, y estamos de acuerdo, por lo tanto con la filosofía de la proposición no de ley y con sus medidas, pero en lo que no vamos a estar de acuerdo es con que se repita, como ha sucedido en otras ocasiones, esta práctica que nos parece indeseable de que pudiendo proponer quienes estén al frente del Gobierno medidas legislativas que puedan solucionar estos problemas se nos venga con propósitos bienintencionados pero carentes de contenido que no son más que reflexiones y generalidades que no conducen a solución. Lo decimos: nos gusta el texto, pero no nos gustan las formas. Actuaremos, por lo tanto, en consecuencia en la votación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, presidenta. Diputades, diputats.

Primero de todo quiero hacer un reconocimiento, un reconocimiento a las personas que de manera generosa y altruista dan la vida a una persona amada o a un desconocido. Ser generoso es un ejemplo, y es un ejemplo que esta Cámara tendría que coger muchas más veces. La generosidad en democracia es mucho mejor que el resentimiento, y aquí oímos mucho resentimiento. Por tanto, gracias reconocimiento.

Y les pido perdón, les pido perdón. Supongo que muchos de los diputados también se lo pedirían uno por uno. Llevo en esta Cámara desde el 13 de enero de 2016, y qué vergüenza que en estos más de dos años no hayamos hecho nada más que PNL. Es decir, ¿cómo puede ser que este Estado que algunos defienden tan ferozmente sea incapaz con sus instituciones de dar solución a unos centenares de personas generosas cada año? Buenas personas están en prisión de una manera terrible, buenas personas. ¿Qué querrían? Que el Parlament de Cataluña pudiese legislar sobre este tema y que, legislando sobre este tema, no hubiese recurso al Tribunal Constitucional que impidiese hacer nada. Es aquello que pasa en este país de no hacer ni dejar hacer. (Aplausos). Esta es la España que no convence a muchos catalanes porque queremos hacer y que se haga, que se haga en Cataluña y que se haga en toda España. Pero, diputados, ejemplo. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Y no solo vean las enormes dificultades! Todo tiene dificultades, pero desde el Gobierno, y con el tiempo que se ha pensado la solución, hay que encontrar el mejor momento.

He visto en estos dos años tres ministras de Sanidad, una ministra del Partido Popular, que se ve que cuando se iba ya lo tenía todo preparado, y dos ministras del Partido Socialista que espero que hayan recuperado lo que se había preparado. Vayamos a la labor. ¿Cuál es el objetivo a conseguir? Que un médico pueda, por ejemplo, proporcionar una baja por donación y que tenga garantías de salud el donante para lograr que la vida laboral no le sea un problema, es decir, una cosa tan sencilla como que ser generoso no se castigue. ¿Por qué razón en un tema que es dar vida no se hace como en la baja maternal? ¿Por qué razón? ¿Por qué no es posible que algo equivalente a la baja maternal se pueda dar al donante en vida? Seguro que hay problemas legales, pero para eso estamos nosotros. ¿O no? Para solucionar problemas, no para crear más.

Muchos de nosotros, yo mismo con veinticuatro años, votamos la Constitución de 1978. ¿Por qué ahora soy independentista? Porque estoy harto, harto de un tipo de política y de una estructura de Estado que impide dar soluciones reales a lo que la ciudadanía necesita. No me cansaré de decir nunca esto: Tenemos mucho más en común que diferencias todos los que vivimos en el Estado español, pero hay algo que yo no tengo en común y es con aquellos políticos que no han hecho nada para dar soluciones concretas a la ciudadanía. Con estos no me encontrarán.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora De la Concha García-Mauriño.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Señorías, presidenta, el 19 de mayo de 1996 el corresponsal del diario Le Figaro en la guerra de Bosnia-Herzegovina apareció colgado de una cuerda de plástico en su casa de la isla de Menorca. Días antes alguien había robado su ordenador y documentos de


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trabajo. Bernard Gautier estaba redactando un manuscrito sobre contrabando de armas, desviación de dinero donado a las víctimas de la guerra en los Balcanes y tráfico de órganos de soldados bosnios. Investigaba la muerte de 400 bosnios para extraerles el hígado, las córneas y el corazón, donantes vivos no voluntarios.

Historias tan siniestras como esta nos hablan de venta ilegal de órganos en diferentes países, mercado negro donde se pagan miles de dólares y donde las donaciones, por llamarlas así, provienen de personas sin recursos, personas desprotegidas a las que conseguir lo necesario para subsistir les cuesta literalmente un riñón. Estas cosas suceden cuando la codicia, la guerra o la miseria acaban con el tejido social, cuando se permite que las leyes del mercado lo invadan todo, cuando el dinero es la única vara de medir, cuando las sociedades pierden y olvidan su sentido de comunidad y apoyo mutuo. En nuestro país hay ejemplos continuos de cantidad de gente solidaria y altruista, dispuesta a ayudar cuando es necesario. En las últimas riadas de Mallorca vimos como miles de personas de pueblos contiguos acudieron a limpiar calles embarradas y viviendas de personas a las que ni siquiera conocían.

El tema de los trasplantes, que hoy tratamos aquí, es otro buen ejemplo. España ya sabemos que es líder en todo tipo de trasplantes desde hace más de veinte años y que nos hemos convertido en un modelo de referencia reproducido con éxito en otros países. Además, en España las donaciones se producen dentro de un sistema totalmente público, sin externalizaciones ni cualquier otro tipo de opciones. Así pues, es un éxito tanto de la generosidad de la ciudadanía como de nuestro sistema sanitario público. Como se ha dicho anteriormente, en 2017 se realizaron casi 5300 trasplantes y por cada millón de habitantes tenemos casi cincuenta donantes. Y es que en España la donación de órganos se ha asumido por parte de la población como un acto desinteresado y solidario, un acto que resulta especialmente generoso cuando la donación la realiza una persona viva, una persona viva que dona uno de sus riñones o un trozo de su hígado para que otra persona pueda seguir viviendo, otra persona que a veces ni siquiera conoce.

Curiosamente, la donación de órganos en vida es una situación no solo poco conocida, sino que carece de un régimen de protección sociolaboral, aunque esto pueda parecer increíble. En este caso, como en algunos otros, nuestra legislación laboral no está a la altura de la generosidad de su población. Especialmente sangrante es el caso de los trasplantes a niños y a niñas. Actualmente en España el 45 % de los trasplantes hepáticos pediátricos son donaciones en vivo. Las personas donantes en estos casos suelen ser uno de los progenitores o un familiar muy cercano. El primer obstáculo con el que se van a encontrar es con la falta de cobertura laboral.

No voy a leer el resto de mi intervención porque todos los compañeros ya han hablado de ello. Quiero decir que me uno a la oda en contra de las inútiles PNL. Me parece muy bien una PNL cuando se quiere sacar un tema a relucir, pero este tema ya lo hemos tratado en Comisión y en el Senado también repetidas veces, por lo que no querría contribuir a una autocomplacencia como: ¡Ah, qué bien! Hemos hecho un homenaje a estas personas tan generosas, a estos donantes vivos y todo va a seguir igual. Por supuesto, no podemos votar en contra de una propuesta así, pero exigimos que se transforme rápidamente en una propuesta real.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por último, le pregunto, señora Raya Rodríguez, si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Estamos trabajando en una transaccional y quiero agradecer el apoyo a todos los grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA PROLIFERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS Y LA ORIENTACIÓN POLÍTICA SOBRE JUEGOS DE AZAR. (Número de expediente 173/000113).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En


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Comú Podem-En Marea, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la problemática relativa a la proliferación de casas de apuestas y la orientación política sobre juegos de azar.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.

De la moción que hoy trae el grupo confederal tienen todas sus señorías conocimiento y no solo porque sean bombardeadas con los anuncios de los juegos de apuestas online por todos los medios generalistas, también porque habrán visto que los barrios humildes, donde han proliferado de una manera desmedida en los últimos años estas casas de apuestas, lo han denunciado. En mi ciudad, Xixón, hay esquelas, igual que en otras ciudades de Asturies, Uviéu, Llangréu, Mieres o Avilés. Las están colgando grupos de jóvenes por las calles y por los postes. Son esquelas porque consideran que el futuro de nuestra juventud hay quienes se lo andan jugando a la ruleta rusa, y esa es la crónica de una muerte anunciada para un país. Estos grupos de jóvenes no son los únicos. La Asociación Fejar -algunos de sus representantes nos acompañan esta tarde en la tribuna de invitados- así como expertos como Mariano Chóliz -también nos acompaña- vienen tiempo realizando una labor importantísima, no solo de advertencia y asesoramiento, sino de trabajo con las personas y familias afectadas por la ludopatía. Han estado mostrando el camino que nuestras instituciones han de seguir para garantiza la salud pública de la ciudadanía en lo que a la adicción a los juegos de azar y apuestas se refiere, y están haciendo lo que los Gobiernos no están haciendo.

La semana pasada hablábamos de ese camino a seguir. Se lo explicábamos en nuestra interpelación a la ministra de Hacienda, con quien vimos sintonía y, dado que la melodía iba bien, le pedimos que nos diera la letra con detalle: plazos para saber cómo se materializa por parte del Gobierno lo que ha sido parte de un acuerdo importante que el Grupo Confederal y el Ejecutivo de Sánchez firmaron hace unas dos semanas. Cómo y cuándo vamos a ver regulada la publicidad, hasta la fecha absolutamente abusiva, de las casas de apuestas y las apuestas online. Qué medidas específicas de protección y sensibilización va a adoptar el Gobierno. De qué manera va a revertir todo esto. Les dijimos que urge, porque este problema se abrió en 2011 con la promulgación de la Ley 13/2011, de 28 de mayo, de Regulación del Juego, y con ella llegó un peligroso cambio de paradigma en las apuestas de azar, fundamentalmente porque se abrió el campo a la publicidad, promoción, patrocinio y concepción de juego responsable. Llevamos una década de retraso en la reglamentación de aspectos fundamentales que quedaron sin concreción y los artículos 7 y 8 de dicha ley son el ejemplo, porque hasta en dos ocasiones se ha iniciado la tramitación del real decreto relativo a comunicaciones comerciales y en esas dos ocasiones no se ha concluido su tramitación. Esos dos borradores de real decreto se han quedado en un cajón.

Señorías, promocionar un juego responsable no deja de ser promocionar el consumo de cualquier adicción con o sin sustancia, y este país ha establecido hace años un control con el tabaco y el alcohol en sus espacios de comunicación de masas. Hace unos meses también se dirigía Facua-Consumidores en Acción a la Dirección General de Ordenación del Juego para denunciar -también ellos- tanto la publicidad en televisión como este apoyo que tienen, además, con la referencia de personajes públicos y de mass media, así como exigir su limitación a aquellos espacios físicos o virtuales en los que, previamente, cada persona jugadora se tenga que identificar con sus datos. Sabemos que este no es un único frente, de ahí que presentemos esta moción como una guía para el Gobierno sobre la que debe actuar de manera urgente y prioritaria, comenzando por el desarrollo del programa de prevención de la ludopatía y siguiendo por el trámite inmediato de un nuevo real decreto, uno que sí sea esta vez definitivo y que cuente con el trabajo que entidades e instituciones universitarias han aportado a los dos borradores anteriores.

Este real decreto ha de ir regido por algunas ideas sin las que no vamos a avanzar ni vamos a asumir la responsabilidad institucional que nos corresponde. Ha de reconocer a los juegos de azar y apuestas como lo que son, actividades económicas con especial riesgo para la salud. Ha de comprender que el trabajo de regulación, que corresponde no solo a esta Cámara sino también a parlamentos autonómicos, tiene que ir enfocado a la proyección de la salud pública y, especialmente, a los derechos de la infancia y adolescencia. Ha de comprender un marco unificado para que todo el Estado, ante la proliferación de las casas de apuestas, pueda actuar y así puedan intervenir las comunidades autónomas y las administraciones locales, como les están pidiendo sus vecinos y vecinas; y también una regulación de la comunicación comercial, como ya se ha hecho con el alcohol y el tabaco, de la que queden excluidas las loterías, por


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ser el juego menos adictivo entre los juegos de azar. Por último, son necesarias políticas orientadas hacia el juego responsable, y se ha de interpelar no solo a los operadores sino a la Administración, a las administraciones. Son necesarios recursos para la prevención y para la atención de quienes padecen esta patología. ¿Saben quiénes llevan haciendo este trabajo todo este tiempo? Las asociaciones. Lo han hecho especialmente ante la desprotección de las y los menores, y están absolutamente desbordadas a día de hoy por la inacción vergonzante por parte de los Ejecutivos. Desde los años ochenta han estado solas estas asociaciones por falta de responsabilidad institucional, por no haber comprendido la importancia para la salud pública y por no haber tenido visión -o haber mirado hacia otro lado- mientras había quienes se jugaban el futuro de todas a la ruleta rusa. Gracias por ese trabajo, por esa responsabilidad social e institucional, porque ahora mismo -vuelvo a hablar de Asturias- (aplausos) hay historias en las que jóvenes tienen deudas que superan los 30 000 euros, que reciben palizas por no haber podido pagarlas y que roban lo que pueden a sus madres o a sus padres para malvenderlo o que acaban trapicheando directamente; y esto no son guiones cinematográficos ni situaciones residuales, esta es la realidad de muchas familias, no solo en Asturias, en todo el Estado, y así lo denuncia Maxi Gutiérrez, presidente de Larpa e integrante de Fejar. Apostar no es un juego. Gobernar, por cierto, tampoco es un juego y toca actuar, asumir la responsabilidad que municipios, comunidades autónomas y el Estado tienen ante el aumento de la ludopatía, que no se puede separar de la proliferación de las casas de apuestas y de la publicidad abusiva. Debe ser un real decreto que regule todo esto para que no seamos cómplices de jugarnos el futuro de nuestra juventud ni el futuro de todas y de todos. Señorías, que apoyen esta moción para marcar la guía al Gobierno está ahora en manos y es responsabilidad de todos ustedes.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Esta moción aborda un creciente problema de salud pública en nuestro país como es la ludopatía con el agravante de que esta adicción afecta cada vez más a personas jóvenes. Los locales y zonas de apuestas se han multiplicado en los últimos años y ello, junto con la rapidez, disponibilidad las 24 horas y el anonimato de los juegos online, ha facilitado la incorporación de jóvenes y modificado el perfil del jugador tradicional, todo ello ayudado por la publicidad masiva e invasiva y por los denominados bonos, que estimulan la incorporación al juego.

Para Foro resulta fundamental que se potencien los instrumentos de protección de la salud pública y la prevención de conductas adictivas, así como la persecución de las actividades fraudulentas. En este sentido cobran valor las medidas establecidas por el Consejo Asesor de Juego Responsable, si bien llama mucho la atención que desde su constitución en febrero de 2013 se ha reunido en doce ocasiones, pero no consta que se haya vuelto a reunir desde hace quince meses, algo que contrasta con las necesidades derivadas del incremento de la ludopatía en el conjunto de España. De ahí que haya presentado una enmienda instando al Gobierno a que regularice sus reuniones ante este problema creciente y preocupante. Se trataría de añadir un nuevo punto a la moción, pero en todo caso le daré mi voto favorable porque creo que es importante que desde el Congreso demos un mensaje unánime en contra de esta ludopatía.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.

Es cierto que la imagen de la ludopatía ha cambiado; ha cambiado muchísimo, ni las máquinas tragaperras ni los casinos son hoy en día la imagen que tenemos de la ludopatía. Hoy, por desgracia, el juego se asocia a las apuestas online que están al alcance de un clic y las promocionan famosos, cosa que nos parece realmente grave. Imagínense, por ejemplo, a una presentadora de televisión vinculando cigarrillos al momento de la relajación, o a un futbolista relacionando el alcohol con diversión, o a una actriz o un actor asociando las drogas con celebraciones. Nos parecería una auténtica barbaridad, y todos los días podemos encontrar imágenes de futbolistas, de presentadores -mayoritariamente hombres- que promocionan apuestas online, apuestas deportivas, que al final llegan y son un referente para las personas jóvenes. La ludopatía, como se ha dicho, señora Fernández Castañón, es una adicción que se vende hoy en día como un atractivo, como un triunfo, y eso tiene sus consecuencias. Las personas


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jóvenes, cada vez más, acaban con esta adicción. Los locales de juego proliferan en nuestras ciudades, pero también los anuncios de juego allá por donde vamos, y cada vez accedemos con más facilidad a todo este contenido. Lo tenemos al alcance de un clic y tenemos que poner fin a este problema.

Apoyaremos esta moción, evidentemente, pero también nos gustaría tenderle la mano -por eso hemos presentado enmiendas- a negociar y ampliarlo en el sentido de proteger un poco más si cabe a nuestros menores, regulando esos juegos online que enmascaran las apuestas con monedas camufladas y que luego favorecen esa ludopatía, pero también para prohibir la mensajería instantánea que recibimos de manera demasiado común y que también promociona los juegos online y los ponen todavía más al alcance de la mano de todas las personas que puedan caer en este juego. Hoy tenemos la oportunidad de poner a las personas por delante de las grandes empresas, de los negocios oscuros que promocionan la ludopatía y evitar que se normalice esto que hoy vemos como algo inofensivo pero que mañana será un drama.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Desde Euskal Herria Bildu creemos que hay que dar al problema de la adicción al juego la importancia que tiene, porque cada vez es más fácil entrar en el mundo de las apuestas con la proliferación de casas de apuestas y plataformas de juego online y mayor el riesgo de que caer en la adicción al juego, a la par que la percepción social al respecto es diferente. Ello trae consigo que las adicciones sin sustancia estén de alguna manera normalizadas en la sociedad y que consecuencia de ello el gasto en juegos de azar y apuestas esté siendo cada vez mayor. Es evidente que tenemos un problema como sociedad, que es indispensable tomar medidas, y a nuestro entender hay que poner el foco en las personas más vulnerables, aquellas en exclusión social o susceptibles de estarlo, las personas más jóvenes, los menores de edad, sobre todo por el impacto que tienen en ellos los juegos online y las apuestas deportivas. Por eso, hay que abrir la puerta a la prevención sobre todo y dar importancia a esta materia.

Apoyaremos la moción presentada, pero echamos en falta algunos elementos tanto en la moción como en el acuerdo presupuestario; que se tomen en cuenta las máquinas para apuestas deportivas instaladas en bares y tragaperras, así como los abusos vía teléfono, que afectan especialmente a los más jóvenes; que se le dé una mayor importancia a la prevención y a la sensibilización sin centrarse tanto en el control y las prohibiciones, que por sí mismas no abordan el problema en su integridad. La Ley vasca de adicciones aborda estas cuestiones y regula el tema de la publicidad. Se adelantó ya con su aprobación hace dos años y ahora se están haciendo iniciativas para su desarrollo, haciendo un estudio serio sobre el tema para incorporar nuevas medidas. También hemos planteado, de cara al desarrollo de la ley -con esto acabo-, establecer medidas de control sobre las máquinas tragaperras y de apuestas en las que entendemos que, más que el control vía DNI, podríamos incorporar sistemas tan sencillos como los que se están utilizando en las máquinas de tabaco y que permitirían también hacer un control sobre quién hace uso de las mismas. Insisto, ante todo estamos de acuerdo con esta moción y la apoyaremos.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Simplemente con darnos una vuelta o un paseo por cualquier ciudad de España, desde las más grandes a las más pequeñas, podemos comprobar que la proliferación de casas de apuestas es un hecho, y más en los barrios más humildes. Ahí están algunos datos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid estos locales han crecido un 140 % en los últimos cuatro años y en la capital el incremento ha sido casi del 72 %. En Andalucía hemos pasado de 185 a 318. En Castilla-La Mancha se ha pasado de 84 a 180 salones desde 2014 a 2017. En Extremadura, de 75 a 95. Como decimos, un incremento desmedido y desmesurado que debe preocuparnos y ocuparnos para que no se produzca en paralelo un aumento de la ludopatía en nuestro país. Debemos trabajar para que nuestros jóvenes, especialmente los más vulnerables, tengan hábitos de vida y comportamientos saludables.

El crecimiento descontrolado del sector está provocando de manera paralela un crecimiento en las adicciones asociadas al juego online en las apuestas deportivas. Ahí tenemos algunos datos, como es el


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incremento anual de personas que deciden autoexcluirse, incluyéndose en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, que es del 6 %; a comienzos de 2017 se encontraban más de 35 100 personas inscritas voluntariamente, el 45 % de ellas menores de treinta y cinco años. En 2005, los casos de adictos al juego online que atendían en servicios especializados en adicciones apenas suponían un 0,5 % de los pacientes, ahora ya suponen casi el 15 %. El periodo medio desde el comienzo de la actividad y su conversión a patología es, en este tipo de juegos, entre un año y un año y medio, cuando en los juegos tradicionales era entre cinco y siete años. A pesar de que la ley prohíbe los juegos online hasta la mayoría de edad, un estudio reciente de la Universidad de Valencia, junto a la Fundación Codere, dice que el 20 % de los menores de dieciocho años participaban activamente en apuestas deportivas online; jóvenes que dejan sus estudios, que ven rotas sus relaciones sociales y que se arruinan económicamente. Por eso, damos la bienvenida al Grupo de Unidos Podemos a esta preocupación. Ciudadanos lleva desde hace tiempo en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas tratando este asunto y llevando diferentes iniciativas. Hemos presentado proposiciones no de ley en marzo de 2017, en abril de 2017 y, recientemente, en el pasado mes de septiembre. Estamos de acuerdo en muchas de sus medidas, aunque discrepamos en una visión que ustedes tienen, que se centra excesivamente en el elemento punitivo y de creación de barreras de acceso. Ciudadanos considera que ustedes se olvidan de un elemento esencial en todo esto, y es mejorar la oferta lúdica para nuestros jóvenes, para que no se vean abocados a pasar las tardes en las casas de apuestas por que no tengan otra forma de entretenimiento.

Su moción, lo decimos con todo respeto, no aporta ninguna novedad respecto a los tres o cuatro debates que hemos tenido en la Comisión y, por eso, hemos presentado una enmienda para intentar mejorar el texto por considerarlo poco ambicioso. Repito, lo que consideramos es que debemos ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes y que su entretenimiento no sea pasar la tarde en las casas de apuestas. También creemos que hay que tener en cuenta dos temas importantes: por una parte, que esos beneficios que tienen las empresas que se dedican a las apuestas deportivas online se dedique al deporte; ya que se benefician del deporte, que parte de ese beneficio vaya al deporte; por otra parte, que se cree la plataforma nacional por la integridad en el deporte y en las apuestas, para luchar contra una de las lacras que tienen nuestro deporte, que es el amaño de los partidos a través de estas apuestas. Por eso, para finalizar, esperamos que podamos llegar a una transaccional, a un acuerdo que tenga una visión más integral del conjunto de todo este problema que debemos afrontar y, por supuesto, una vez que este Congreso -como es deseable y como parece que va a suceder- apruebe esta moción, el Gobierno cumpla con el mandato que le propone esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Flórez Rodríguez.

La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que haya traído hoy al Pleno de esta Cámara el problema del juego patológico, sobre el que llevamos ya trabajando más de un año en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas con propuestas inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista, al que posteriormente se han ido añadiendo otros grupos, así como con comparecencias como las de Fejar, quienes hoy nos acompañan en la tribuna. Les agradecemos el enorme esfuerzo y dedicación a la atención de las personas que desarrollan este trastorno.

El juego de azar es una actividad que puede tener riesgos para la salud, ya que a pesar de que son múltiples los factores que inciden en su prevalencia, tanto las características estructurales del juego como las condiciones en las que este se implementa son factores determinantes para el desarrollo del trastorno de la ludopatía. De entre los diferentes juegos de azar, los de modalidad online sin duda son los que por sus peculiaridades son especialmente adictivos. Y si sumamos a esto un alto grado de accesibilidad y de disponibilidad, como sucede en otras sustancias, además de otros factores ambientales, como la publicidad en exceso, el riesgo es aún mayor. Como sucede con otros trastornos adictivos, la forma más eficaz de abordar el problema es mediante la prevención con la implementación de programas preventivos desde distintos ámbitos, el familiar, el sanitario, el escolar, el comunitario, en los que ya está trabajando el Gobierno a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con el Plan de Acción 2018-2020. Y junto con la prevención, las políticas de juego son las herramientas más efectivas


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para combatir los comportamientos de riesgo, lo que hace por tanto necesarias las políticas regulatorias por parte de las distintas administraciones y que estas se vayan adaptando a la evolución del mercado del juego. En este sentido, quiero hablar, por un lado, de que la competencia del juego presencial y parte del juego online es autonómica, toda la problemática de la proliferación de las casas de apuestas debe ser abordada desde el ámbito autonómico y, por otra parte, es estatal en la actividad que se vincula al juego online que se dirige a todo el territorio; de ahí las enmiendas que hemos presentado al Grupo Confederal referidas a las cuestiones competenciales. No obstante, como este problema nos atañe, nos preocupa y nos concierne, se van a crear grupos de trabajo -de hecho se ha aprobado ya la creación de grupos de trabajo- en coordinación con las comunidades autónomas, con los entes locales, para evaluar, revisar la normativa, intercambiar buenas practicas y proceder a los cambios necesarios, y así figura en el Plan de acción aprobado hace un mes.

El objeto de la Ley 13/2011 era la regulación de la actividad del juego, como también lo era la protección de los consumidores, la defensa de los menores, las políticas de un juego responsable, y cuando decimos juego responsable queremos decir juego sin riesgo, pero pasados siete años de la presentación de esta ley siguen sin desarrollarse los artículos 7 y 8, que son los que precisamente deben trabajar sobre la protección de los consumidores y el juego responsable. Este es otro ejemplo más de que los años de gobierno popular en materia de salud pública en general y de adicciones en particular han sido una travesía en el desierto. Para este Gobierno socialista comprometido con la sanidad y con el bienestar de la ciudadanía, como hemos demostrado, es imperativo implementar políticas basadas en los principios del juego responsable, intensificar las acciones preventivas, así como concluir el real decreto que desarrolle los aspectos relativos a la publicidad y que garantice un alto nivel de protección de la salud y de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, como los autoexcluidos y los y las menores.

Este es un Gobierno de compromisos y de hechos; todas las políticas que desarrollamos ponen el foco en las personas, en sus necesidades y en sus problemas. Somos sensibles al drama que se genera en muchas familias, en especial cuando estos afectados son sus hijos y sus hijas, y este Gobierno ya ha puesto manos a la obra para atajar el problema. Por tanto, saludamos esta moción y, con la finalidad de enriquecerla, hemos incluido una serie de propuestas sobre las cuestiones competenciales y evidentemente aclarando que nuevo e inmediato es inviable y que ni el tejido asociativo ni la sociedad pueden esperar más tiempo para solventar el problema. Estas enmiendas que hemos presentado no son una mera declaración de intenciones, sino que es el firme compromiso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, al que apoyamos, por avanzar en la protección de la salud, especialmente de nuestros menores y de nuestros jóvenes. Esperamos llegar a un acuerdo y aprobar un texto transaccional con aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, que evidentemente habrá que matizar y perfeccionar en la tramitación del real decreto.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado también una enmienda, porque creemos que ante todo debemos recalcar que nosotros estamos a favor de la libertad de las personas, pero eso sí, siempre protegiendo al menor y sus derechos, y pensamos que el juego debe ser una actividad legal -sí-, debe ser una actividad regulada -sí- y deben exigirse también los máximos controles y garantías sobre todo cuando se trata de menores. En eso estamos completamente de acuerdo y en ese sentido va dirigida nuestra enmienda. Pero también eliminamos algunos puntos con los que no estamos de acuerdo, como el de equiparar las operadoras de apuestas públicas con las privadas, porque estaríamos perjudicando a las operadoras de titularidad pública, que les recuerdo que cumplen un fin social importante y que colaboran también con las federaciones deportivas y sirven para fomentar el deporte base y el deporte femenino. Por eso, en nuestra enmienda hemos eliminado ese punto. Asimismo, eliminamos el punto 3.b) -al que ya se ha hecho alusión-, en el que piden un marco normativo unificado en todo el Estado, porque las competencias sobre el juego, como saben, están transferidas a las comunidades autónomas y tendrán que ser estas las que establezcan su propia legislación. Ya ha sido mencionada aquí por algunos ponentes la necesidad de modificar este punto.

Por otro lado, en cuanto a la publicidad -también se ha mencionado aquí- ya el propio artículo 7 de la Ley de Regulación del Juego del año 2011 establecía la prohibición de la publicidad y promoción de


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algunos tipos de juegos. Lo que recalcamos en nuestra enmienda es la apuesta por la protección integral del menor, siempre dejando en libertad al ciudadano. Nosotros creemos en ciudadanos libres, adultos, responsables que pueden también perfectamente dedicar su tiempo de ocio a estos juegos de azar; aquel que voluntariamente lo decida. En definitiva, nosotros somos partidarios de esperar a los estudios e informes de los expertos de asociaciones y demás expertos, no solamente de la universidad, antes de empezar a prohibir, porque en todo caso lo que debemos hacer es desarrollar reglamentariamente los artículos 7 y 8, tal como están regulados en la Ley del juego. Resumiendo nuestra posición, estamos a favor de más control sobre la publicidad y el acceso de los menores -cómo no-, cuestión que queda también recogida en nuestra enmienda.

Señorías, desde la despenalización del juego en el año 1977 -recordemos que hasta el año 1977 el juego estaba prohibido-, y debido fundamentalmente a la irrupción de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y la utilización del juego a través de Internet, esta actividad ha cambiado de manera muy sustancial, algo en lo que creo que todos estaremos de acuerdo. Se necesitan, por tanto, nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores económicos, que también los hay en este sector, y a aquellas personas que decidan participar en estos juegos de azar, sin olvidar nunca la imprescindible protección de los menores y de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente su no participación. De la necesidad de regular este juego online nació la actual regulación del juego del año 2011, que desde nuestro punto de vista no es una mala regulación -de hecho, alcanzó la práctica unanimidad de los grupos políticos-, otra cosa es que haya algunos artículos que estén pendientes de desarrollo reglamentario. Pero, señorías, desde nuestro punto de vista tampoco podemos demonizar todo el juego de azar. Obviamente el juego puede ser peligroso, pero como muchas otras actividades en la vida. Comer no es sinónimo de obesidad, beber no es sinónimo de alcoholismo y, por tanto, jugar tampoco debe ser sinónimo de ludopatía, sin que con esto quiera decir que no se deban establecer controles férreos en el acceso de los menores y en la publicidad dirigida a ese sector vulnerable. La sociedad española es una sociedad en la que se ha jugado toda la vida, se juega habitualmente a muchos juegos. Un ejemplo es la lotería de Navidad, en la que participa prácticamente todo el mundo y nadie lo ve mal. Pero también debemos reconocer que los juegos de azar en línea tienen un potencial adictivo superior y acarrean consecuencias más rápidas. Por tanto, nos preocupa esta cuestión, como a todos los grupos, pero creemos que no partimos de cero, porque en la normativa -como ya he dicho- que ya tenemos se recogen algunos aspectos que menciona el propio grupo proponente en su moción.

En conclusión, señorías, tenemos una regulación que alcanzó el máximo consenso parlamentario. Nos encontramos con una actividad que a nuestro juicio es legal, debe ser legal y debe estar regulada. Sigamos trabajando juntos para conseguir que una actividad de ocio pensada para personas adultas, libres y responsables no se convierta en un peligro para nuestros jóvenes, poniendo el acento en la publicidad y, especialmente, en la que va dirigida a los jóvenes. Pero no demos un paso en la dirección opuesta, porque sería convertir estas actividades en ilegales y el juego online va a seguir existiendo en España, sea a través de operadores situados en España o sea a través de operadores que se sitúen en otros territorios fiscales. Con ese ánimo de prudencia, ante una cuestión con múltiples derivadas y a la espera de que haya un desarrollo normativo, como ha dicho la portavoz del PSOE al respecto, mi grupo presenta esta enmienda que intentará transaccionar también con el resto de grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, arratsalde on.

Hoy se nos presenta una moción en la que, desde luego, es difícil posicionarse por la gran cantidad de puntos que contiene; a pesar de que con su contenido estaríamos de acuerdo, no lo estamos tanto por motivos competenciales. Hay que decir que el juego es multifactorial y multisectorial y depende de Sanidad, Interior y Hacienda, pero también debemos tener en consideración que las competencias están repartidas. No todas dependen del Estado, ya que muchas de ellas son autonómicas y, por tanto, parte de los puntos de esta moción -en el caso de Euskadi, desde luego- están recogidos en la diversa normativa existente.


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Por otro lado, el sector del juego se caracteriza por ser un sector que apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías y canales de distribución, plataformas y sistemas operativos, por lo que está en un proceso constante de innovación tecnológica, lo que dificulta también su control. Este grupo comparte la preocupación en torno al binomio abuso jóvenes y juego, especialmente las apuestas deportivas, tanto presenciales como online. Desde luego, corresponde a las diferentes administraciones buscar un equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho a un ocio también responsable. Todo ello, además, teniendo en cuenta que la Unión Europea incluye la actividad de juego dentro de sus políticas comunitarias relativas a la salud pública y también en la protección al consumidor. Entendemos que hay que velar para que el tiempo de ocio no se convierta en un juego compulsivo y, por tanto, se convierta en un problema patológico, con los consiguientes problemas personales, familiares, sanitarios y económicos que conllevan para las personas implicadas.

Como he dicho, en Euskadi, por un lado, tenemos la Ley de adicciones, una ley que aborda de manera multidisciplinar e integral las adicciones, haciendo especial énfasis en la educación para la salud en todos los ámbitos y áreas que tienen incidencia en las adicciones. Además de las adicciones a sustancias, contempla las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, entre las que se recoge la ludopatía. Así, tenemos acciones para reducir la oferta, impulsar un uso responsable de los juegos de azar y de las nuevas tecnologías, y se trata, más que de criminalizar, de concienciar, mentalizar socialmente sobre las consecuencias de este fenómeno para provocar un cambio de actitud. Por otro lado, también tenemos el Reglamento General del Juego, la planificación, autorización, registro, organización, explotación y régimen de control y sanción de las actividades de juego, tanto si se celebran de forma presencial en establecimientos físicos o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.

En la moción se plantean muchas y diversas medidas, pero nosotros vamos a destacar una en particular, que es la que plantea la regulación de la publicidad en relación con el juego, con la protección de jóvenes menores y sectores vulnerables, intentando limitar la oferta, aumentar la percepción de riesgo y disminuir riesgos asociados a ese inadecuado uso del juego. Incluso supongo que se pretende también un autocontrol del sector, que no sé si se conseguirá porque en cuanto a la presencia de personajes populares tendríamos que preguntarles quién es popular, para quién y cómo se puede articular esto realmente; una cuestión complicada cuando, además, las estrellas de fútbol, por ejemplo, son quienes, a través de la publicidad, animan a jugar. En Euskadi ya estamos realizando acciones en este sentido. En Italia se han tomado medidas como prohibir los anuncios sobre el juego y también aquí nos consta que otras administraciones públicas están realizando campañas publicitarias para la promoción de políticas de juego responsable que permitan difundir buenas prácticas de juego y prevenir y reparar sus efectos negativos.

Por otro lado, también la moción nos habla de un marco unificado para que las comunidades autónomas puedan intervenir sobre la proliferación de casas de apuestas, pero es que las comunidades autónomas -por lo menos Euskadi- ya lo tenemos. Además, tenemos un comité técnico asesor del juego, tal y como ha mencionado el señor Martínez Oblanca, cuyo objetivo, entre otros, es promover y fomentar el juego responsable. En definitiva, ante la infinidad de medidas presentadas, que algunas ya se abordan en las comunidades autónomas -por lo que hemos dicho que hay cierta invasión competencial-, desconociendo si se va a llegar a una transaccional, vamos a esperar un poco para fijar nuestra posición.

Gracias. Eskerrik asko. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Rogaría, por favor, un poquito de silencio a todas sus señorías porque es bastante difícil, con ese murmullo de fondo, oír al que está en el uso de la palabra. Así que, por favor, ruego un poquito de silencio.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.

La presencia de los juegos de azar en el imaginario colectivo del Estado viene de lejos; la lotería de Navidad, las quinielas, los casinos, las máquinas tragaperras, todo ello ha formado parte de la vida de millones de personas. Como sector económico, han generado puestos de trabajo y han nutrido de enormes beneficios tanto a operadores privados como al Estado, vía impuestos. Detrás de esos enormes beneficios, podemos encontrar también un reguero de familias destruidas por la ludopatía y el endeudamiento. Desde hace años, como consecuencia de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y el bum de Internet, han aparecido nuevos modelos de negocio que ahondan y hacen más complejo aún el


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fenómeno. Las casas de apuestas online, un negocio que se ha multiplicado a un ritmo espectacular en los últimos años, son cada vez más el nuevo nudo del negocio de los juegos de azar. Los beneficios fiscales que genera un negocio de proporciones mastodónticas, como el juego online, son cuando menos cuestionables, ya que todos somos conscientes de las prácticas de elusión e ingeniería fiscal de dichas webs; por el contrario, las externalidades negativas y el impacto social de estas son cada vez más evidentes.

No deja de ser significativo que el perfil medio del jugador en España esté entre veinte y treinta y cinco años. Resulta también preocupante que los jóvenes sean igualmente una clientela fiel de las casas de juego y apuestas que están proliferando sin medida en las grandes ciudades. Estos negocios no se asientan en los barrios adinerados, sino en los que tienen un bajo poder adquisitivo y presentan una elevada tasa de población inmigrante. Debemos poner límites al sector. Los juegos de azar online tienen, como demuestran todos los estudios, un componente potencialmente adictivo, mucho más alto que los denominados juegos presenciales.

L'Associació Catalana d'Addiccions Socials, Acencas, ya lleva años alertando de algunos peligros del sector; peligros como que se utilicen imágenes de menores como soporte publicitario. Algunas entidades deportivas, como conocidos clubes de fútbol, cuentan con publicidad de juegos de azar. Sorprende que mientras se prohíbe a los menores de edad la actividad, se autorice que estos niños menores publiciten el juego. Tampoco en el ámbito de la publicidad se actúa ante publicidad falsa, como la frase "juega y gana", relacionando el juego con una ganancia segura, algo totalmente falso. Se regala dinero a través de los bonus bienvenida. No tiene ningún sentido que esto se haya prohibido en los juegos de azar presenciales por fomentar la ludopatía y, sin embargo, se permita en los juegos azar online o que, por ejemplo, se permita jugar con dinero a crédito, con lo que disminuye la sensación de pérdidas.

Hay que actuar urgentemente y debemos regular el juego online. No podemos permitir que las nuevas modalidades de juego estén al margen de la regulación de los juegos de azar. Estamos permitiendo que un ludópata lleve un pequeño casino en el bolsillo: su propio teléfono móvil. Hasta ahora se ha actuado con laxitud y se ha apostado por la liberalización de un sector, pensando únicamente en un afán recaudatorio y no se ha tenido en cuenta que detrás de cada jugador puede haber un problema y familias enteras destrozadas. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Se trata de una problemática sanitaria considerable. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a la moción.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Margall Sastre.

Pregunto a la señora Fernández Castañón si acepta la enmienda.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Estamos trabajando en una transaccional que pasaremos al resto de los grupos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL USO DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS POR PARTE DE MIEMBROS DEL EJECUTIVO SOCIALISTA Y EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE DE EXPULSAR DE SU PARTIDO A QUIEN LO HAGA. (Número de expediente 173/000114).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez-Maíllo Toribio.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchas gracias, señora presidenta.

Subo a esta tribuna para defender una moción consecuencia de interpelación urgente; es una moción muy sencilla, la verdad, porque lo único que pedimos es la comparecencia del señor Duque. Probablemente es una moción que hubiera sido innecesaria si el señor Duque hubiera dado suficientes explicaciones, si hubiera comparecido y dado explicaciones más o menos razonables. Por tanto, es una moción provocada


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por el señor Duque; quizás estemos ante el primer caso de una 'automoción' provocada por la propia incomparecencia de este señor. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está? ¿Alguien le ha visto? Lo digo porque esta tarde en el Senado tenía una pregunta y tampoco ha ido, la ha contestado la ministra de Hacienda. Nosotros hemos pedido la comparecencia en Comisión, hemos hecho también preguntas en Pleno y no ha comparecido, y en la anterior interpelación parlamentaria compareció la ministra de Hacienda. Desde el día 27 de septiembre, que fue el día que estalló el escándalo, hasta el día de hoy no ha aparecido en el Congreso. Créanme que esto roza el escándalo. Es una falta de respeto a esta Cámara y un déficit de cultura democrática que este grupo considera absolutamente inaceptable. Si tiene miedo, no quiere, no puede o no sabe o no le dejan comparecer, sinceramente, quizás es que no puede formar parte de un Gobierno, aunque sea de este mal Gobierno de España que en estos momentos tenemos.

No estamos cuestionando su prestigio profesional, que sabemos que lo tiene; no le hemos pedido ni siquiera la dimisión ni hemos llegado a la conclusión de que haya defraudado, porque no hemos llegado todavía a ese punto. Tenemos muchos más ministros a los que criticar y controlar, no damos abasto del número de ministros que diariamente son cuestionados por sus peores actos, pero es que en este caso ni siquiera ha comparecido y las preguntas son las siguientes: ¿Constituir una sociedad patrimonial es delito? No, no lo parece. ¿Constituir una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos es admisible? Depende del nivel de exigencia de cada uno. Nos tenemos que remontar a las declaraciones del señor Sánchez, en febrero de 2015, cuando decía que si él tuviera en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista un dirigente de su partido que constituyera una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos lo echaría de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Dijo que ese era su compromiso con sus votantes y con todos los españoles. Se refería al señor Monedero y también al secretario general de Podemos, que en aquel momento, evidentemente, no se llevaban tan bien, no eran tan amiguitos. Ese es el nivel moral o el nivel de exigencia que tenía y, por tanto, realmente el autor de esta moción es el propio Pedro Sánchez, que es quien colocó ese nivel de exigencia para el señor Duque. La respuesta a esta pregunta, en palabras del señor Sánchez, es que no. A partir de ese momento han tenido que fabricar distintas excusas. La excusa del señor Ábalos, sin duda, es fantástica, porque dice que el ministro Duque no forma parte de la Ejecutiva del PSOE y que por tanto no le afectan estas palabras. Claro, se supone que el nivel de exigencia de un miembro de la Ejecutiva socialista es superior al ser miembro del Gobierno de España, es el concepto en el que tiene usted al Ejecutivo. Y la señora Celaá, como portavoz del Gobierno, dijo que antes de ser ministro, porque no nació ministro, era astronauta. Claro, evidentemente.

Todas estas explicaciones no han colado y por eso ayer han tenido que inventarse una nueva excusa. Ayer el señor Duque presentó, vía Twitter, un papel, donde dice: por si aún había alguna duda, ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar; no la creamos para pagar menos impuestos y estamos al corriente. Y publica un papel -porque no tiene la categoría de informe, que por respeto a quien lo firma no lo calificaré de panfleto-, hecho incluso antes de la interpelación, que está suscrito por un amigo del Partido Socialista, un papel parcial donde no dice en qué se basa y que se supone que todos debemos creer, que concluye que no solamente es que haya pagado lo correcto o haya pagado menos, es que ha pagado más. Es que es increíble, ¡el señor Duque ha pagado más impuestos que el resto de los españoles! Una conclusión, sin duda, fascinante. Lo común en el conjunto de los mortales es que los ciudadanos pagan con mucho esfuerzo sus impuestos, los que les corresponden, pero no pagan más y tampoco menos. No conozco a nadie que pague más impuestos, pero desde ayer ya conocemos a uno: el señor Duque. Quizá es que se ha imbuido de la inteligencia emocional de la ministra de Hacienda (aplausos) y, por lo tanto, decide pagar más porque él es un ministro altruista que decide pagar más impuestos.

Pero, miren, no es verdad; hizo la sociedad para pagar menos impuestos, es una evidencia. Además, él lo reconoció en esa comparecencia del día 27, donde dijo dos cosas: una, que el Gobierno de ZP -Zapatero-, las ha promocionado. Miren que ha hecho cosas raras Zapatero, pero promocionar la sociedad patrimonial... Dice: era la burbuja. Supongo que no se refería a las de Freixenet, supongo que se refería a la burbuja inmobiliaria. Y en segundo lugar, dice que la herencia, en caso de sufrir un percance, al ser una sociedad le saldría -a él- más barato. Por lo tanto, está reconociendo que constituyó una sociedad para pagar menos impuestos de sociedades, de patrimonio y, por supuesto, de sucesiones. ¿Incurrió en delito fiscal o en infracción fiscal? Pues no lo sabemos, porque a pesar de que dijo que hubo ingresos por autoalquiler, según los datos del Registro Mercantil, entre 2015 y 2017 la sociedad no declaró ningún ingreso, solo gastos de explotación. Eso sí, cuando le piden documentación, dice: oiga, que son datos personales, no vamos a facilitarlos. Dígannoslo a nosotros, que nos hemos


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tenido que desnudar, día sí y día también, precisamente aportando datos -todos los días- ante las exigencias del Partido Socialista y de la oposición. (Aplausos). ¡Qué es eso de datos personales, señorías!

Miren, no vamos a parar hasta que dé explicaciones, hasta que rinda cuentas, porque quien paga más supongo que no tiene ningún problema en explicar por qué paga más. ¡Vamos digo yo! Sería lo contrario, te ocultas si pagas menos, pero si pagas más eres fantástico y supongo que podrás dar explicaciones. O quizás ha regularizado su situación y no lo ha contado, no lo sé. Pero si hay que traerle de un ronzal, como trajimos al señor Sánchez al Senado para que compareciera sobre su tesis, sin duda que lo haremos.

Señores de Podemos, espero que ustedes, después de la semanita que llevan de gira por España, hagan algo y apoyen esta moción, que lo único que busca... Por cierto, ustedes se desmarcarían de este Gobierno y podrían de alguna manera no servir de tapón precisamente a las exigencias de este grupo parlamentario y no tapar las vergüenzas del Partido Socialista. No estaría nada mal que lo hicieran.

Acabo. Como no sé dónde está el señor Duque me dirijo a ustedes, o por si nos está viendo por televisión, y le pido al señor Duque que acabe con esto, que si no comparece porque no le dejan o porque no le da la gana, lo mejor que puede hacer es comparecer, reconocer que se ha equivocado y detener cuanto antes esta falta de crédito que está perdiendo día a día por pertenecer, sin duda, a este mal Gobierno de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez-Maíllo.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, una semana más les recuerdo desde esta tribuna que existen presos políticos, algunos desde hace un año, encarcelados con carácter preventivo y con una prisión preventiva que no ha sido homologada en el resto de Europa. (Aplausos).

Dicho esto, les quiero recordar que, en cuanto a la moción consecuencia de interpelación, más allá de la utilización que cada uno quiera hacer de las mociones consecuencia de interpelaciones, más allá de que nosotros estamos de acuerdo en que es necesario que el ministro Pedro Duque dé explicaciones y las dé de forma mucho más explícita, más allá de que seguramente el presidente del Gobierno es prisionero de sus palabras, más allá de que se ha intentado desde algunos ámbitos criminalizar las sociedades patrimoniales, que bien utilizadas no son nada recriminables y pediríamos poner algo de sentido común en estos aspectos, también es verdad que desde nuestra óptica ustedes utilizan un mecanismo un tanto peculiar o anómalo para intentar pedir una comparecencia del señor ministro. Si ustedes se leen el Reglamento del Congreso, el artículo 203 establece cómo se tiene que pedir exactamente una comparencia de un ministro y quien lo va a decidir va a ser la Mesa, oídos los portavoces. (El señor Martínez-Maillo Toribio hace gestos). Por tanto, eso lo pueden pedir dos grupos parlamentarios o tres quintas partes de los diputados y lo dice la Mesa. Porque imagínese que hoy prospera esta moción. ¿Qué efecto jurídico tiene? Ninguno. El mismo que pedirlo por el sistema ordinario.

Repito, para que no quede ninguna duda, que nuestro grupo entiende que el ministro debe comparecer a dar explicaciones. Entendemos que las explicaciones que ha dado son francamente mejorables. Entendemos que es conveniente para él, para su Gobierno, para los grupos parlamentarios o para el grupo parlamentario que apoya a este Gobierno y entendemos que, una vez dadas las explicaciones, cada uno podemos tomar posición al respecto, incluso su partido y el secretario general de su partido, pero también entendemos que la utilización de una moción consecuencia de interpelación para pedir una comparecencia no es el mecanismo que se debe utilizar.

Nosotros vamos a votar en contra de la propuesta de moción consecuencia de interpelación. No obstante, reclamamos aquí, se lo reclamamos a la mayoría parlamentaria y se lo aconsejamos modestamente, que sería conveniente que el ministro compareciera y diera explicaciones. Nosotros presumimos su buena fe y su buen actuar y, por tanto, si ha actuado de buena fe -y estoy seguro que lo ha hecho-, lo más claro y convincente para todos es que se someta a la consideración de una comisión, sabiendo que estas comisiones a veces tienen un riesgo. En todo caso, tengan confianza en la mayoría de esta Cámara y el ministro ha de comparecer, pero nosotros hoy vamos a votar en contra de la moción consecuencia de interpelación por los motivos anteriormente expuestos.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Hoy el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una moción para aprobar la comparecencia del ministro de Ciencia, al objeto de que este comparezca en la Comisión correspondiente y dé explicaciones acerca de su sociedad patrimonial. Desde luego, para nosotros lo primero que hay que mencionar es que las sociedades patrimoniales son legales, están recogidas en la normativa, es decir, que el hecho de comprar o adquirir un inmueble a través de una sociedad es legal. Y es verdad que se suele aprovechar para un ahorro de impuestos, lo cual no quiere decir que haya evasión, siempre que se cumpla con los requisitos normativos.

En los últimos tiempos es verdad que las sociedades instrumentales o sociedades interpuestas han estado y están de actualidad, porque han sido relacionadas con contribuyentes muy conocidos en diferentes ámbitos, bien deportivos o políticos, y porque la Administración tributaria les ha sancionado al considerar que eran sociedades cuyo único fin era imputar sus ingresos personales a las mismas para pagar menos impuestos, un ahorro por inexistencia de retenciones y un menor tipo impositivo en sociedades. La Inspección de Hacienda considera que en estas sociedades existe fraude de ley cuando no disponen de medios personales ni materiales para la prestación de servicios, no tienen personas empleadas, suele haber solo un cliente, normalmente accionista o administrador, cosas que desde luego en este caso no se ha dado; no se ha realizado ninguna inspección por parte de Hacienda. Es difícil pensar que un contribuyente renuncie a acogerse a medidas legales si le supone un ahorro, por lo que habrá que valorar la modificación de la normativa para este tipo de sociedades, si se cree que es necesario o si se cree que no es un buen ejemplo para la ciudadanía. El ministro ofreció una serie de explicaciones en las que negaba las irregularidades, pero a día de hoy además conocemos que al parecer encargó un informe técnico sobre su sociedad, en el que se concluye que no se creó para pagar menos impuestos, sino que, por el contrario, pagó más impuestos y que no ha utilizado esa sociedad para facturar sus servicios. (Rumores).

Este grupo cree en la buena fe del ministro. No se puede presumir que toda persona que crea este tipo de sociedades lo haga para cometer ilegalidad alguna y desde luego no nos corresponde a nosotros juzgar su actividad mercantil y/o su conducta, y menos dilucidar si ha cometido una infracción o no, porque para eso ya está la Administración tributaria, que entendemos que, si ven algún indicio, iniciaría el expediente correspondiente. Es verdad que las comparaciones también son odiosas, pero lo cierto es que los dos casos de sociedades instrumentales que se han dado en los últimos meses no reflejan la misma realidad, ya que en un caso había una sanción por parte de la Agencia tributaria y en este caso no hay sanción alguna. Por otro lado -y compartimos lo dicho por el señor Bel-, es un tanto anómalo solicitar una comparecencia en esta tribuna, porque parece más una operación de marketing. (Rumores).

Por todo lo mencionado, en estos momentos votaremos en contra de esta moción. No necesitamos explicaciones más allá, a no ser que sea el propio ministro el que quiera dar las explicaciones por sí mismo.

Gracias. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Señorías, no quería interrumpir a la señora Sagastizabal, aunque le habrá costado trabajo realizar su intervención, así como al señor Martínez-Maíllo, que tenía que seguir la misma, le habrá costado trabajo enterarse de lo que estaba diciendo la señora diputada en la tribuna. Estamos a punto de terminar; podemos terminar en quince minutos o podemos estar interrumpiendo el Pleno cada veinte segundos para pedir silencio. Les pediría, por favor, que guardáramos un poquito de silencio.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el ejemplo no es la mejor forma para cambiar el comportamiento de los demás, es la única manera. Ya que estamos hablando del ministro de Ciencia, quería empezar esta intervención citando a un gran científico como es Albert Einstein. ¿Por qué? Porque la ejemplaridad es importante, y es importante para los ministros del Gobierno y es especialmente importante para aquellos ministros que tenían una gran imagen de profesionales, como el señor Duque, antes de empezar en política de la mano del doctor


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Pedro Sánchez. Para ser ejemplares es importante obviamente, en primer término, cumplir con las obligaciones fiscales y, en segundo lugar, como ministro, comparecer y dar las explicaciones oportunas ante la correspondiente Comisión en el Congreso de los Diputados, como nosotros solicitamos en su momento. Como solicitamos que el señor Duque compareciese, siguiendo una lógica elemental vamos a votar a favor de que lo haga. Y, dentro de este festival, esa ejemplaridad comienza por intentar no tomarnos el pelo a todos para salvar los disparates del señor Sánchez. El señor Sánchez, cuando se refería a la tributación y la extraña situación del señor Monedero, se inventó la teoría de que todo el que utilizase una sociedad para pagar menos impuestos no cumplía los listones éticos del Partido Socialista y estaría fuera de su ejecutiva en veinticuatro horas. Se olvidó de un pequeño detalle -como en todos sus disparates-, que lo hiciese sin cumplir las leyes, cuestión absolutamente esencial. Llevamos aquí meses hablando de subir los impuestos indiscriminadamente a todos, a los que ya los pagan, pero este Gobierno del señor Sánchez se ha olvidado de la lucha contra el fraude fiscal, quizá porque tenía ejemplos como el de Màxim Huerta o, quizá, el del señor Duque. Por eso, solamente quiere hablar de subir los impuestos a los contribuyentes honestos.

Permítanme. Esto empieza, en primer término, porque no nos tomen a todos el pelo y es una tomadura de pelo decir que se han pagado más impuestos y no demostrar que los impuestos se han pagado. Y el informe que ha hecho público el señor Duque es bastante sorprendente. Primero, porque está firmado por un señor que, a su vez, firma reiterados artículos con el secretario de Economía del Partido Socialista, defendiendo, por ejemplo, que las grandes empresas paguen más, olvidándose de que existen convenios de doble imposición. Pero es que el actual secretario de Economía del Partido Socialista, el señor Escudero, es uno de los dedazos de Pedro Sánchez; actualmente es embajador en la OCDE sustituyendo a un dedazo del señor Rajoy, al señor Wert y, como decía, ignora que existen convenios de doble imposición, que se hacen precisamente en la OCDE. El señor Rodríguez Márquez dice que el señor Duque ha pagado más impuestos de los que hubiese pagado como persona física y que eso es debido a un fallo profesional. De ahí el señor Duque deduce, sorprendentemente, que él no hizo la sociedad para pagar menos impuestos. Si fue un error profesional aconsejarle que hiciese la sociedad porque ha pagado de más, es que él intentó pagar de menos. (Aplausos). Puede haber intentado pagar de menos, no hay ningún problema, pero eso hay que hacerlo dentro de la legalidad, algo absolutamente relevante, y lo que más me ha llamado la atención de esta nota técnica es que se imputa una renta derivada del uso de la vivienda, lo que se conoce como autoalquiler, correctamente declarada, pero que no se plasma en la contabilidad. Esto dice un asesor fiscal en activo. Esto supone que la contabilidad no refleja la realidad, no refleja los pagos en el impuesto de sociedades, lo que es una infracción del artículo 200 de la Ley General Tributaria. Es decir, el informe que hace público el señor Duque por parte de su asesor fiscal dice que ha infringido la Ley General Tributaria y que es una infracción tributaria grave. Para intentar salvarle la cara al señor Sánchez por sus disparates, el señor Duque lo que tendría que hacer es venir aquí y explicarse, comparecer. Errores los tiene todo el mundo en esta vida, pero es bastante peor que se los intenten arreglar los asesores del señor Sánchez con sus genialidades, porque acaban declarando que este señor ha infringido la Ley General Tributaria cuando, a lo mejor, no es así. Yo le aconsejo al señor Duque, a ese brillante científico y ahora este desconocido gestor porque no puede ejercer como ministro, que venga y comparezca, por favor, que sea un ejemplo y rinda cuentas ante los representantes de la soberanía popular que están en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Nos parece que es lo mínimo que podría hacer, ya que despejaría todas las dudas. Lamentablemente, este informe de una página no es que no despeje las dudas, es que las crea y le perjudica, como perjudica a todos los españoles este Gobierno del señor Sánchez.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Vaya por delante que estamos de acuerdo con que el señor ministro Duque venga a esta Cámara y dé explicaciones en la respectiva Comisión. De hecho, parece que ya hay peticiones en este sentido, razón por la cual realmente no entendemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahora mismo en este Pleno con este punto. Francamente, estamos muy desorientadas y desorientados porque, entendiendo que se pidan explicaciones al ministro -porque efectivamente el informe que se presentó ayer no deja de


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ser un informe no oficial y en ese sentido creemos que el ministro todavía no se ha explicado todo lo que se tenía que haber explicado-, dando por bueno esto, lo que no entendemos es por qué tenemos que estar discutiendo de esto en una moción. Ya lo han dicho varios de los que me han precedido aquí y estamos con la misma sorpresa que han demostrado antes otros portavoces y 'portavozas' aquí. ¿Por qué? Porque como ya les han explicado anteriormente -creo que ha sido el señor Bel- ha detallado qué es lo que dice el Reglamento para solicitar la comparecencia de un ministro. Entre otras cosas, hace falta tener más de un quinto de la Cámara y, por las cuentas que hago, parece que el Grupo Parlamentario Popular lo tiene. Tiene los números para solicitar una Comisión; de hecho, la ha solicitado. Y me va a perdonar la señora presidenta, pero no creo que la Mesa del Congreso quiera bloquear una petición de estas características, ¿verdad? Desde luego no creo que la Mesa vaya a ser un problema para este asunto.

Por otro lado, cuando vimos que en el orden del día de este Pleno aparecía esta moción, señor Maíllo, francamente pensé que era una reprobación; pensé que era una reprobación porque ¿para qué van a traer un tema de estas características al Pleno del Congreso si no es para esto? Y luego resulta que la cosa queda tan... roma, porque resulta que es para pedir algo que ni siquiera es lo procedimental ni lo reglamentario. Realmente nos desubica muchísimo, no logramos entender muy bien esta jugada porque, francamente, no podemos suponer que ustedes no conocen el Reglamento. ¡Por Dios, cómo no van a conocer ustedes el Reglamento! Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asumir dado este escenario? Pues básicamente que el objetivo de la iniciativa es, digamos, tratar de colocar en la agenda, que dirían algunos comunicadores; otros a lo mejor dirían que es enfangar, lo cual tiene la legitimidad que tiene.

La semana pasada el diputado Bravo, que fue el que defendió aquí la interpelación, habló de no utilizar el recurso al 'y tú más'. Así dijo el señor Bravo, cosa que por cierto aplaudo. Lo que pasa es que en la medida en que el señor Bravo decía esto, en realidad lo que estaba conjurando es el 'y tú más' una y otra vez jugando al tuya/mía, al 'y tú más' con el Gobierno. Claro, pareciera que el señor Bravo, por repetir mucho esto del 'y tú más' -o de que yo no hago el 'y tú más'- pareciera como si así exorcizara los muchos demonios que todavía tiene el Partido Popular en su seno. Y lo cierto, señor Maíllo, es que hay corrupción en el Estado, eso no lo podemos negar; hay corrupción y hay que averiguar la profundidad y el alcance que tiene esa corrupción. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Guijarro, un segundo, por favor. (Pausa).

Prosiga.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Estaba diciendo que es evidente que el Estado en España tiene un problema de corrupción muy serio y que por lo tanto esta Cámara haría bien incluso aumentando los esfuerzos que se hacen por aclarar y arrojar luz sobre esos episodios, pero luego vemos la actitud de su grupo parlamentario -y no solo del suyo, también de otros- y pareciera que ven a veces cuestiones que para nosotros tienen una importancia supina, actos presuntamente de corrupción, que sin embargo ustedes se niegan ni siquiera discutir. Estoy hablando de la Casa Real sin ir más lejos. Ha habido casos en los últimos meses, informaciones según las cuales ha quedado en entredicho la honorabilidad de determinados personajes de la Casa Rea, y aquí parece que hay un silencio atronador para evitar que se investigue y se averigüe lo que tiene que ver con estos supuestos negocios.

Yo querría sobre todo aprovechar estos segundos que me quedan para tratar de hablar de lo importante. Yo lamento que no esté el señor ministro hoy aquí porque en el apartado de ciencia hay una gran cantidad de temas fundamentales que creemos que deben ser tratados y por los que querríamos pedir cuentas al señor ministro. En primer lugar, ¿cuándo se van a eliminar las intervenciones previas en las OPI, algo que retrasa profundamente la financiación de las mismas? ¿Cuándo se va a acabar con las trabas burocráticas a las que están sometidos los actores que intervienen en el mundo de la ciencia en España para que aquello pueda ir con un poco más de fluidez? ¿Cuándo se van a simplificar los procesos de contratación vinculados a los proyectos? ¿Cuándo se va a aprobar el real decreto-ley de homologación de retribuciones? En fin, hay una serie de cuestiones fundamentales que afectan a la ciencia española y que me parecen muchísimo más importantes para discutir en este Pleno que un determinado informe que puede ser ventilado en otra instancia hecha específicamente para ese tipo de cuestiones. Entonces, las intenciones ya las sabemos. La intención es enfangar y no hablar de lo importante. Nosotros no queremos prestarnos a esa jugada y, aunque la petición en sí es extemporánea, yo diría que insulsa, nos parece que roza tanto el ridículo que no tenemos más remedio que votar en contra.

Gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Guijarro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.

Señorías, no podemos compartir el contenido de esta moción. Aprobar mediante moción lo que solicitan no tiene ningún sentido, y así también lo han expresado otros compañeros. No procede ni parece adecuado, ni por la forma ni por el fondo. Esta moción no insta al Gobierno a tomar ningún tipo de medidas de carácter general, como sería lo lógico en este tipo de iniciativas, fijando una posición con respecto a un tema, sino que plantean la reiteración de una petición de comparecencia para que el ministro Pedro Duque dé explicaciones de manera inmediata sobre un tema de su ámbito personal. Señorías, el Reglamento permite que cualquier grupo de esta Cámara pida la comparecencia de un miembros del Gobierno. De hecho, ustedes ya lo han hecho y, no habiendo pasado ni dos días, registraron su urgente interpelación al Gobierno para terminar pidiendo en esta moción la comparecencia del ministro que ya han pedido. Es decir, un absurdo. ¿Qué sentido tiene esta moción? Ninguno; ninguno más que el del ruido mediático. Los socialistas no consideramos que haya causa objetiva alguna que justifique la reiteración de esta petición.

Señorías del Partido Popular, saben que su interpelación y su moción no se sustentan de ninguna manera y por eso, precisamente por eso, piden lo que piden. Todo parece indicar que la derecha española no tiene argumentos sólidos para cuestionar la acción del Gobierno desde la perspectiva política y por eso recurren a cuestiones personales de sus miembros del Gobierno. Sin duda, el Gobierno lo está haciendo bien y les resulta imposible mejorar sus políticas con propuestas a incluir en una moción. Es obvio que no tienen nada más que aportar, por eso para ustedes lo más urgente es hablar de los políticos y no de las políticas. (Aplausos). A las pruebas me remito. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El Gobierno, tal como se comprometió, está recuperando los derechos de la ciudadanía recortados por el Gobierno del Partido Popular, está trabajando por cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros socios europeos, está llegando a acuerdos con los grupos de esta Cámara para trasponer directivas, para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Está proponiendo políticas que atiendan las principales preocupaciones de la ciudadanía en sanidad, en empleo, en igualdad, en dependencia, en pensiones, en ciencia o en educación, acciones todas ellas para las que el Gobierno del Partido Popular se mostró incapaz. Esta es una evidencia que explica que desde que ha empezado este periodo de sesiones el Partido Popular se haya dedicado en exclusiva a la descalificación personal de los miembros del Gobierno; uno a uno los van intentando desprestigiar. Da igual que una noticia sobre ellos sea falsa o no; da igual que sea objeto de delito o no; no hay distinción, de manera inmediata son cuestionados sin analizar la veracidad o la importancia de la noticia, convirtiendo a las Cortes en un antiguo anfiteatro romano echando a los ministros a los leones de la calumnia y de la infamia, con el deterioro paulatino que esto comporta al propio sistema democrático. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Esta moción es una acción más dentro de la estrategia de difamación constante en la que se ha instalado el Partido Popular y que degrada, sin duda, la acción parlamentaria.

Señorías, no hay duda de que la mayor motivación para reiterar la petición de comparecencia no se encuentra en la necesidad de esclarecer una verdad. El grupo del Partido Popular no tiene el mínimo interés en conocer el fondo de la cuestión, la mayor motivación está en el hecho de que Pedro Duque aceptara formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo dijo la semana pasada aquí, en este Pleno, y también parece que es lo que ha dicho hoy el representante del Partido Popular. Parece que esto es lo único que motiva su persecución mediática. Por ello, señorías, les pido que no colaboren con su voto a esta estrategia. En realidad, lo que le molesta al Partido Popular es que Pedro Sánchez, con su Gobierno, haya conseguido ilusionar a una mayoría de la población española. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías; por favor, silencio.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Y lo que es evidente es que lo único que pretenden es minar esa ilusión cueste lo que cueste, caiga quien caiga, sin importar las consecuencias. Esta moción responde a esa pretensión. (Aplausos). Por tanto, señorías, no, no lo podemos compartir.


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Señorías del Partido Popular, su incapacidad para asumir responsabilidades políticas cuando estuvieron en el Gobierno ante casos de demostrada corrupción e ilegalidad de miembros de su partido, que hoy están en prisión, los ha llevado a la oposición y les da nula credibilidad para exigir explicaciones y responsabilidades de la forma que lo hacen. Desvincúlense ya de los errores de su pasado y reconstruyan su propia alternativa; será bueno para ustedes, pero será bueno para la convivencia de este país. Rectifiquen su actitud porque con ella no están haciendo ningún favor a la democracia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En cinco minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. (Número de expediente 122/000211).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.

Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 178 más 2 votos telemáticos, 180; en contra, 166.

La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000255).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344 más 2 votos telemáticos, 346; a favor, 134; en contra, 177 más 2 voto telemáticos, 179; abstenciones, 33.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO Y SUS MIEMBROS A ABSTENERSE DE CUALQUIER PRONUNCIAMIENTO, DECLARACIONES O ACTUACIONES PÚBLICAS QUE MENOSCABEN LA INDEPENDENCIA Y LEGITIMIDAD DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 162/000799).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno y sus miembros a abstenerse de cualquier pronunciamiento, declaraciones o actuaciones públicas que menoscaben la independencia y legitimidad del Poder Judicial. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 166; en contra, 177.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PROTECCIÓN SOCIO-LABORAL DE LOS DONANTES VIVOS DE UN ÓRGANO. (Número de expediente 162/000391).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la protección socio-laboral de los donantes vivos de un órgano. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 343; en contra, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA PROLIFERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS Y LA ORIENTACIÓN POLÍTICA SOBRE JUEGOS DE AZAR. (Número de expediente 173/000113).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelación. Vamos a votar, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la problemática relativa a la proliferación de casas de apuestas y la orientación política sobre juegos de azar. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 339; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL USO DE SOCIEDADES INSTRUMENTALES PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS POR PARTE DE MIEMBROS DEL EJECUTIVO SOCIALISTA Y EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE DE EXPULSAR DE SU PARTIDO A QUIEN LO HAGA. (Número de expediente 173/000114).

La señora PRESIDENTA: Y votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso de sociedades instrumentales para pagar menos impuestos por parte de miembros del Ejecutivo socialista y el compromiso del presidente de expulsar de su partido a quien lo haga. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 165; en contra, 178; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Muchas gracias, señorías.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho de la noche.

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