BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 101, de 07/02/2017
cve: BOCG-12-D-101
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de febrero de 2017
Núm. 101
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad con los
Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y declaraciones del
Presidente Trump... (Página4)
Comisión de Interior
161/001237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el incremento de efectivos de Policía Nacional y de
Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y el refuerzo del Plan Verano
... (Página5)
Comisión de Defensa
161/001244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas...
(Página6)
161/001252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo
para los trabajadores de la Base Naval de Rota ... (Página7)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a potenciar
la industria y el cambio de modelo productivo ... (Página9)
Comisión de Fomento
161/001242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la reparación del talud situado junto a la línea de
ferrocarril de Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (Lleida) ... (Página10)
161/001247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla ... (Página11)
161/001249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a mejorar la gestión del procedimiento y los
trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a compañías
aéreas a residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las Illes
Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla ... (Página12)
161/001245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a impulsar la integración de la actividad preventiva
en la empresa y mejorar la calidad en la actuación de los servicios de
prevención ajenos ... (Página13)
161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la garantización de los derechos de los españoles
residentes en Reino Unido tras su salida de la Unión Europea ... (Página16)
161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a reforzar la Cartera Común de los
Servicios del Sistema Nacional de Empleo ... (Página17)
161/001257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar
las ventajas inherentes al mismo ... (Página18)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la modificación de la potencia eléctrica ... (Página20)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la implementación en España de la Agenda 2030 ... (Página21)
Comisión de Cultura
161/001239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el diferente trato por parte de la Administración a las
diferentes lenguas del Estado ... (Página23)
161/001243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de
fundaciones ... (Página24)
161/001251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la cesión de la Dama de Elche y la creación de subsede
del Museo Nacional de Arqueología ... (Página25)
Comisión de Igualdad
161/001248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2014-2016 y su completo desarrollo ... (Página26)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre deporte y personas con discapacidad ... (Página27)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para disminuir el factor humano como causante de
los accidentes de tráfico ... (Página28)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la instauración de un foro de participación
infantil y adolescente en el seno del Congreso de los Diputados ... (Página29)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000046 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino
Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de empezar con las obras de
dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), que
tiene comprometido realizar desde el año 2013, así como plazo de
ejecución previsto y dotación presupuestaria que se va a incluir para
ello en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 ... (Página30)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como
preguntas para respuesta oral ... (Página31)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre acciones a realizar en apoyo y solidaridad
con los Estados Unidos Mexicanos ante las recientes acciones y
declaraciones del presidente Trump, para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 25 de enero de 2016, solo cinco días después de su toma de posesión
como presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha firmado
una orden ejecutiva para que se proceda a la construcción de un muro en
la frontera con los Estados Unidos Mexicanos, al objeto de evitar la
entrada irregular en los Estados Unidos de ciudadanos mexicanos y de
otros países iberoamericanos.
Con posterioridad a la firma de la citada orden ejecutiva, y pocos días
antes de que se celebrara una reunión en Washington entre ambos
presidentes, Trump ha reafirmado su intención de que el coste del muro
anteriormente citado (estimado en 10.000 y 25.000 millones de dólares
estadounidenses) sea abonado por México "directa o indirectamente";
llegando a afirmar que si México no se allanaba a sus pretensiones no
tenía sentido la celebración de la reunión de trabajo entre ambos
mandatarios prevista para el martes 31 de enero.
En la misma línea, el portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que en el
caso de que México no proceda al pago del coste del muro, están
estudiando la posibilidad de establecer un arancel del 20% a las
importaciones procedentes de México, afirmando, que de ese modo en poco
tiempo se tendría compensado el coste del muro.
Estas acciones y declaraciones, ya como presidente de los EE.UU., son
manifestación de la actitud de desprecio que el ahora presidente Trump
mostró hacia la población de origen hispana e iberoamericana durante todo
el periodo electoral.
Los hechos y declaraciones realizadas estos días son actos con graves
consecuencias y ante las que es necesario que España, como la Unión
Europea y la Comunidad Iberoamericana, expresen una enérgica posición en
defensa de México y de los mexicanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mostrar de manera firme su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos
ante el trato de desprecio que suponen las recientes y graves actuaciones
y declaraciones del presidente Trump.
2. Promover de manera inmediata la convocatoria urgente de una reunión de
los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones en México para abordar este asunto de manera conjunta y promover
una postura de apoyo a este país.
3. Solicitar la convocatoria de un Consejo de Ministros de la Unión
Europea para, igualmente, abordar esta situación e impulsar una posición
común al respecto basada en los principios y valores que inspiran a la
Unión Europea y que esta defiende.
4. Intensificar los contactos diplomáticos con los EE.UU. en favor de las
buenas relaciones entre México y los EE.UU., ayudando al diálogo y
comprensión mutuos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Eduardo Madina
Muñoz y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Antonio Hernando Vera,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/001237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre incremento de efectivos de Policía
Nacional y de Guardia Civil en la Comunitat Valenciana y refuerzo del
Plan Verano, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Durante las X y XI Legislaturas el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha
denunciado y cuestionado la reducción de efectivos policiales y de la
Guardia Civil que el Ministerio del Interior realizó desde el primer
momento de su llegada al Gobierno.
La reducción de dichos efectivos se ha pretendido contextualizar en la
austeridad presupuestaria vivida en esos años y la eficacia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que ha permitido
mantener la reducción de las tasas de criminalidad en España, constante
desde 2004.
Pero este argumento choca frontalmente con una realidad: por alta que sea
la competencia profesional, la dedicación y la eficacia policiales, nunca
una reducción de efectivos humanos y de inversiones materiales, como la
producida a lo largo de la X Legislatura, puede ser ni positiva, ni
eficaz para lograr mayores cotas de seguridad en España.
La pérdida de efectivos policiales provoca disfuncionalidades tanto entre
las diferentes unidades especializadas, como en la capacidad de respuesta
que se requiere en los ámbitos territoriales de las Comunidades
Autónomas, en función de sus indicadores de criminalidad.
El caso de la Comunidad Valenciana es paradigmático en este contexto.
Y ello se debe al hecho de que aunque la tasa de criminalidad
(infracciones penales por 1.000 habitantes) viene disminuyendo de manera
constante en España desde 2003, la Comunidad Valenciana presenta ciertas
singularidades en el ámbito de la seguridad que hay que considerar:
- La Comunidad Valenciana se encuentra entre las tres Comunidades
Autónomas con tasa de criminalidad más alta de España, tras Madrid y
Cataluña (y entre las cinco primeras, con las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla).
- La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía española con la mayor
actuación de los grupos de crimen organizado.
Los balances de criminalidad a lo largo de la X Legislatura no permiten
disponer de Información de efectivos policiales disponibles, por lo que
esta información se ha de seguir a través de las diferentes iniciativas
parlamentarias, preguntas y solicitud de informes en la Comisión de
Interior.
De la información facilitada por el Gobierno del Partido Popular a partir
de preguntas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista se
comprueba cómo la reducción generalizada de efectivos de FCSE
experimentada en la pasada X Legislatura en España, afecta en mayor
medida a la Comunidad Valenciana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en Policía
Nacional y Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, acorde con las tasas
de criminalidad que presenta esta Comunidad Autónoma -por encima de la
media española- y con especial atención en aquellas especialidades que se
requieren por la tipología de delitos que tienen mayor intensidad en este
ámbito territorial, como son los relacionados con el crimen organizado y
la corrupción.
2. Garantizar el refuerzo necesario de agentes de Policía y Guardia Civil
en el denominado Plan Verano de Seguridad en las zonas turísticas de la
Comunidad Valenciana, especialmente en tanto se recuperan los efectivos
de FCSE que se han perdido en los últimos cuatro años, "con el fin de
incrementar los niveles de seguridad y dar una atención más eficaz al
ciudadano; potenciando la vigilancia y control de las vías, medios de
transporte y establecimientos hoteleros", tal como se destacan en los
objetivos del citado Plan por el Ministerio del Interior.
3. La operación correspondiente al Plan Verano 2017 se extenderá, al menos
en la Comunidad Valenciana, hasta el 30 de septiembre, al igual que se
hace actualmente con Baleares, comenzando el 1 de junio y finalizando el
día 30 de septiembre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Ana María
Botella Gómez, José Luis Ábalos Meco, Artemi Rallo Lombarte, Julián López
Milla, Patricia Blanquer Alcaraz y Ciprià Císcar Casabán,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Defensa
161/001244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH Bildu, integrada en
el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de
las Bardenas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 23 de enero de 2017 el Parlamento de Navarra aprobó una
iniciativa en la que se exige el desmantelamiento del Polígono de Tiro de
las Bardenas.
La propuesta fue realizada tras la visita realizada a las instalaciones
del Acuartelamiento Aéreo Bardenas-Polígono de Tiro de las Bardenas, en
el transcurso de la cual los representantes de las formaciones asistentes
pudieron comprobar la intención, tanto de la Junta de Bardenas como del
Ministerio de Defensa, de no cumplir el compromiso de revisar en 2018, el
convenio con la Comunidad de Bardenas sobre el polígono de tiro y
continuar así con la instalación militar hasta 2028.
La mayoría del Parlamento de Navarra considera que la seguridad no está
garantizada en las Bardenas, ya que ha habido varios accidentes con
turistas heridos en los últimos años. Pero no son únicamente motivos de
seguridad los que les llevan a pedir el desmantelamiento del polígono de
tiro, lo hacen también por motivos medioambientales y sociales.
No es la primera ocasión en que la mayoría del Parlamento de Navarra se
manifiesta en este sentido, que como representante de la ciudadanía
apuesta por que de una vez por todas se termine con ese polígono que
tantas molestias ha generado a la ciudadanía de la Ribera de Navarra.
Siendo 2018 el año de revisión del convenio entre el Estado y la Comunidad
de Bardenas, la mayoría parlamentaria en Navarra cree que es el momento
de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el
desarrollo económico de las Bardenas y de los pueblos de la zona, como el
fomento de su potencial turístico y natural.
Desde EH Bildu, recogemos el parecer de la mayoría parlamentaria en
Navarra.
Es por ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados exige el desmantelamiento del polígono de
tiro de las Bardenas y que sea tratado como lo que es: "una Reserva
Natural de la Biosfera".
2. EI Congreso de los Diputados insta a la Junta de Bardenas y al
Ministerio de Defensa a que se denuncie el Convenio en 2018 y no se
proceda a su renovación automática.
3. El Congreso de los Diputados reivindica la necesidad de impulsar una
cultura de paz, una cuestión que choca frontalmente con el mantenimiento
de un polígono de tiro, donde el Ejército realiza maniobras militares con
fuego real y, en definitiva, se hacen experimentos de guerra."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Marian
Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las negociaciones
del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Base Naval de
Rota, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Para la gestión de los diferentes servicios del aeropuerto de la Base
Naval de Rota, existe actualmente una plantilla de 180 trabajadores
españoles, de los cuales la mayoría son vecinos de Rota (provincia de
Cádiz).
Dicho servicio se encuentra externalizado por el Gobierno de Estados
Unidos, de tal forma que los trabajadores han venido siendo subrogados
por las diferentes empresas que han resultado adjudicatarias de dicho
servicio en los distintos procedimientos públicos de la licitación que se
habían venido convocando en los últimos años.
Actualmente, la empresa adjudicataria es la mercantil "Louis Berger
Aircraft Services, Inc" (LBAS), que por tanto es la responsable del
control y la seguridad del despegue y aterrizaje de aviones y pasajeros
que llegan al recinto militar, así como la que viene obligada a subrogar
en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el
servicio con las empresas anteriores.
Por otro lado, el convenio colectivo que habían suscrito los
representantes de los trabajadores con la anterior empresa adjudicataria
"CAV Europa, S.L.", es el que consta registrado en la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía con
código 11002532011995, que data de mayo de 2013, con una vigencia de
hasta el año 2015. Dicho convenio colectivo ha sido el utilizado por las
empresas licitadoras a la hora de realizar sus ofertas técnicas y
económicas.
Por parte de la actual empresa, se ha procedido a la denuncia del
convenio, lo que ha provocado que representantes de los trabajadores y de
la empresa se sienten de nuevo a negociar unas nuevas condiciones para
que regulen la relación laboral. Pese a que ya se han desarrollado varias
reuniones de trabajo en ese sentido, en la mesa de negociación del nuevo
texto del convenio, cual es la sorpresa de los representantes sindicales
cuando en días pasados, la empresa se desmarca de lo que es una
negociación de un convenio y pone sobre la mesa planteamientos que
afectan incluso al mantenimiento de los puestos de trabajo.
En este sentido, la nueva empresa plantea entre otras cuestiones, las
siguientes:
- Llevar a cabo cuarenta y cinco despidos manteniendo las demás
condiciones laborales existentes hasta el momento, o bien llevar a cabo
quince despidos siempre y cuando el resto de la plantilla acepte
una reducción salarial que pasaría por la eliminación de las pagas
extraordinarias de marzo y octubre, la reducción del 50% del complemento
de antigüedad, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, y
la restricción del plus de idiomas, es decir, una reducción salarial que
estaría en torno al 35% de la masa salarial que venían percibiendo los
trabajadores.
- Cambio del cuadrante de turnos y de los permisos y licencias
retribuidas.
- Simplificación de los grupos profesionales.
- Simplificación de la estructura retributiva mezclando complementos
salariales y extra salariales sin especificar cómo se calcularían los
mismos.
Está claro que dicho planteamiento de estas nuevas condiciones laborales,
solo suponen un empeoramiento en la situación que los trabajadores tenían
antes del inicio de la negociación del nuevo convenio colectivo, no solo
por una merma importante de las retribuciones, sino porque de este modo
se dificulta mucho la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además, la aceptación de estas nuevas condiciones lleva aparejado que se
acepte el despido de quince compañeros, y se hace con un chantaje
inasumible de que si no se acepta, se despedirán cuarenta y cinco
trabajadores.
Está claro que el comité de empresa no puede aceptar un chantaje en estos
términos, que supondría no solo una conflictividad laboral importante,
sino también una merma en la calidad y sobre todo en la seguridad del
servicio.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la empresa realizó una
importante baja al precio que sirvió de base de licitación en el proceso
de concurso público, y al parecer quiere resarcirse de esta forma por esa
baja que le sirvió para ser finalmente la empresa adjudicataria. Por
tanto, podría estarse incluso ante un supuesto de incumplimiento de las
propias proposiciones técnicas y económicas que la propia empresa
esgrimió en el proceso de licitación, lo que no se podría permitir. En
este sentido, los representantes sindicales han solicitado sin éxito
dicha documentación a la empresa, por lo que sería necesario que el
Gobierno solicitara esa documentación al Gobierno de EE.UU. con el
objetivo de comprobar dicho extremo, y todo ello al ser materia exclusiva
del Estado las relaciones internaciones.
Por último, no hay que pasar por alto, que si los despidos planteados
llegan a efectuarse, se acentuaría aún más la infracción de los convenios
bilaterales existentes entre el Estado español y Estados Unidos, sobre la
ratio que debe existir entre personal español y personal extranjero. Por
lo tanto, el Gobierno debe mostrarle al Gobierno estadounidense su total
disconformidad con esta situación.
De igual forma, es de todos conocidos las repercusiones que la Base Naval
de Rota tiene sobre el desarrollo económico del conjunto de la localidad
y de su entorno en la provincia de Cádiz.
La preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es mayúscula a la vista
de otras experiencias, como el ERE llevado a cabo en la Base de Morón de
la Frontera en 2010 por la empresa contratista gestora del mantenimiento
de la base, y la continua precarización y descenso del volumen y calidad
del empleo para el personal español que se ha venido produciendo desde
entonces.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar el planteamiento realizado por la empresa "Louis Berger
Aircraft Services, Inc" a los representantes de los trabajadores del
aeropuerto de la Base Naval de Rota, pidiéndole que se sienten de nuevo a
retomar las negociaciones del nuevo convenio colectivo que rija las
relaciones laborales sin el planteamiento de ningún tipo de despido.
2. Pedir al Gobierno de Estados Unidos el contrato entre dicha
Administración y la empresa adjudicataria de la explotación del
aeropuerto de la Base Naval de Rota, así como que le manifieste a la
Administración norteamericana su oposición a que dichos despidos se
ejecuten por lo que éstos puedan afectar al incumplimiento de los
convenios bilaterales vigentes.
3. Comunicar los términos de esta Proposición no de Ley a la empresa
"Louis Berger Aircraft Services, Inc" y al Sr. Almirante del Arsenal de
Cádiz."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2016.-Miriam
Alconchel Gonzaga, Salvador Antonio de la Encina Ortega, Juan Carlos
Campo Moreno y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar la industria y
el cambio de modelo productivo, para su debate en la Comisión de
Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La industria española adolece de las deficiencias estructurales de nuestra
economía. El descenso del peso de los sectores industriales en la
economía frente al auge de los servicios, ha puesto en evidencia esas
debilidades estructurales con la crisis económica.
Según el sindicato CCOO, que ha denunciado en un comunicado de prensa que
no se han tomado medidas para suavizar los desequilibrios y dificultades
que arrastran los sectores que deberían pilotar la recuperación
económica, la industria solo ha recuperado el 22% de la producción que se
destruyó durante los años más duros de la crisis. Su participación en el
PIB se sitúa 7,5 puntos porcentuales por detrás del objetivo (un peso de
la industria en el PIB agregado europeo del 20%) que aspira alcanzar la
Unión Europea (UE) en 2020. Además, el sector industrial registra un
volumen de empleo que crece débilmente y mantiene los desequilibrios y
dificultades que registraba antes del desplome de la economía.
Utilizando datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 1 de enero
de 2008, había en España 3.414.779 empresas, de las cuales el 7,2%
(245.954 empresas) eran industriales. Además, el 23,7% de las grandes
empresas eran industriales. El 1 de enero de 2015, el número de empresas
descendió hasta 3.182.321, de las que el 6,2% son industriales (197.191
empresas). y el porcentaje de grandes empresas que son industriales
descendió hasta el 21,2%. La pérdida de empresas en el sector industrial
ha sido superior en términos relativos a la producida en el conjunto de
la economía.
Además, como ha señalado el sindicato UGT en un estudio de su Gabinete
Técnico Confederal, hemos pasado de tener en 2008 un 94,1% de
microempresas (de cero a nueve trabajadores) a un 95,9% en 2015, cuando
la media europea se sitúa en el 92,7%. En la industria, las PYME (de diez
a 249 trabajadores) suponen un 14,1%, mientras las microempresas son el
85,4%. En el conjunto de la economía las microempresas son el 95,9% y las
pequeñas y medianas empresas suponen el 4,1%.
En ese periodo el empleo industrial ha pasado de suponer el 16,3% al 13,6%
del total. Y el empleo asalariado en la industria ha descendido desde el
17,5% al 14,7% entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de
2015, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
La necesidad de impulsar la industria es fundamental. Sin embargo, apostar
todo al sector exterior como hace el discurso oficial no es garantía de
recuperación, ya que la mejora de la balanza comercial se puede explicar
en gran medida por el menor pulso de la demanda interna y, por tanto, de
las importaciones. Fiar la recuperación a la demanda exterior no es una
solución sostenible, porque la reactivación del consumo de bienes
industriales necesita articular estímulos a la demanda interna. La
consolidación fiscal, la devaluación salarial o los recortes sociales son
políticas contraproducentes en este sentido.
También es un error apostar por la reducción de costes laborales como
elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que
España se perpetúe como el "Iow cost" de los países del euro frente a la
evidencia de que las industrias más competitivas se caracterizan por
altos salarios y calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la
productividad para obtener menores costes de producción, exige impulsar
la investigación y el desarrollo y una política energética bien
planificada.
Es igualmente un error pensar que los problemas de financiación en las
empresas industriales pueden solucionarse aumentando el peso de la
financiación no convencional como a veces se proclama (deuda corporativa
o capital riesgo) ante la elevada dependencia de la financiación
bancaria. El problema es que la reestructuración de nuestro sistema
financiero, pese a las nacionalizaciones y ayudas públicas a la banca, no
ha considerado la creación de una verdadera banca pública con divisiones
especializadas en la financiación empresarial.
Así, los verdaderos problemas que hay que abordar para sentar las bases
del relanzamiento de la actividad productiva son la dificultad de acceso
a la financiación, el déficit de inversión en investigación y desarrollo,
el ineficiente modelo energético y las políticas de austeridad que
deprimen la demanda interna.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un plan global de reactivación industrial liderado por el
sector público y con participación sindical, para avanzar en un nuevo
modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación
tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del
mercado interior.
2. Converger con Europa en inversión pública en investigación, desarrollo
e innovación, y estimular la participación del sector privado en
actividades innovadoras.
3 Crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con
divisiones especializadas en la financiación empresarial.
4. Articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de
reestructuración y deslocalización industrial, y desarrollar políticas de
cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos.
5. Fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre
pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de
cierta dimensión, la internacionalización para la exportación y la
apertura de nuevos mercados.
6. Establecer una planificación energética que apueste por las tecnologías
renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro
eléctrico como un servicio público esencial, e introduzca transparencia
en la formación de precios en el mercado de la energía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/001242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit
Demòcrata don Antoni Postius i Terrado, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
debate ante la Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley sobre la
reparación del talud situado junto a la línea de ferrocarril de
Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (término municipal de Lleida).
Antecedentes
Los vecinos de once casas de la calle Formigó de la Entidad Municipal
Descentralizada de Raimat (término municipal de Lleida) denuncian la
aparición de grietas en sus domicilios. La parte trasera de la calle
Formigó da al talud situado junto a la línea de ferrocarril
Lleida-Zaragoza. Los vecinos afectados manifiestan que el talud no tiene
mayoritariamente un muro de contención que garantice la estabilidad y que
la vibración producida por el paso de los trenes ha aumentado a medida
que éstos han aumentado velocidad y peso.
Según las informaciones aparecidas en la prensa local, un informe técnico
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) concluye que la
degradación del talud no está causada por la explotación ferroviaria pero
que, en todo caso, ADIF se comprometía a estudiar de nuevo el caso, si
era necesario.
Las personas afectadas llevan más de diez años intentando hallar una
solución, que no llega ni desde el Ministerio de Fomento, ni del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ni tampoco desde el
Ayuntamiento de Lleida, por lo que resulta necesario que ADIF proceda a
estudiar de nuevo los problemas
de grietas que tienen lugar en las viviendas de la calle Formigó de la
Entidad Municipal Descentralizada de Raimat (término municipal de
Lleida), con el objeto de darles solución definitiva.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que la
empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) procederá a
la reparación del talud situado junto a la línea de ferrocarril de
Lleida-Zaragoza a su paso por Raimat (Lleida) en el plazo de tres meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Antoni Postius
Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
161/001247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la línea ferroviaria
Algeciras-Bobadilla, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La linea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que forma parte de dos
corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, de la red básica de la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T), es uno de los proyectos que figura en
la parte I del anexo I del Reglamento UE 1316/2013, donde se establece
como referencia para la conclusión de sus obras el año 2020.
El objetivo principal de esta línea de altas prestaciones es el de dotar a
Ronda y al Campo de Gibraltar de una conexión ferroviaria moderna y
eficaz que mejore radicalmente la movilidad de su población y facilite el
transporte de mercancías, garantizando de este modo la posición del
Puerto de Algeciras como modo principal del sistema portuario del
Mediterráneo.
Además de este objetivo principal, la construcción de la nueva línea
supondrá importantes beneficios para el desarrollo de la actividad
económica tanto en el sector industrial como en el sector terciario al
incrementar de forma muy importante la accesibilidad de la zona respecto
al conjunto del territorio nacional.
Actualmente esta vía es única y sin electrificar, lo que supone, junto a
su trazado, unas velocidades de trayecto bajas y su modernización debe
constituir una prioridad para el Gobierno por ser el tramo de cabecera de
dos de los once corredores europeos de mercancías: el Mediterráneo y el
Atlántico.
El retraso al que está sometiendo el gobierno las obras de modernización
ha sido denunciado reiteradamente por la Junta de Andalucía y por el
Grupo Parlamentario Socialista. A esta denuncia se han sumado
recientemente los responsables de seguimiento de los proyectos del
Corredor Mediterráneo y del Corredor Atlántico que, en sendos informes,
coinciden en que el tramo entre Algeciras y Bobadilla tiene sus obras sin
comenzar y abogan por incluir en la reforma pendiente la electrificación
de las vías. Esta modernización, como destacan los técnicos europeos,
sería una de las que mayor efecto tendría sobre el cumplimiento de los
objetivos de la Red Transeuropea de Transporte.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer, de forma
urgente, las obras de modernización de la línea ferroviaria
Algeciras-Bobadilla, cumpliendo con los plazos y compromisos adquiridos
con la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la gestión del
procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de
subvenciones a compañías aéreas a residentes en las Comunidades Autónomas
de Canarias y las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla,
para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de
subvenciones a compañías aéreas tienen como objetivo ordenar la gestión
de las liquidaciones a las compañías aéreas sobre las bonificaciones en
las tarifas de los servicios regulares del transporte aéreo a los
ciudadanos españoles y de los demás miembros de la Unión Europea o de
otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
Suiza que acrediten la condición de residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias y las Illes Baleares y en las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
El pasado 27 de octubre se aprobó la resolución de la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC) en la que se establecen los precios de mercado
aplicables para la liquidación de las bonificaciones de los billetes
aéreos para Canarias y Baleares, emitidos bajo contratos comerciales de
grupos por parte de las agencias de viaje y los turoperadores.
De acuerdo con lo establecido en la resolución, todos los grupos
reservados con anterioridad a la fecha de aprobación estarían sujetos a
la aplicación de los importes bonificables establecidos. En este sentido,
para poder mantener la subvención del 50% para residentes y familias
numerosas, los billetes aéreos para estos grupos debían emitirse antes
del 31 de diciembre de 2016. En caso de no poder emitirse antes de esta
fecha, la aplicación de la subvención de residente en estos grupos
estaría sujeta a los precios máximos establecidos en base a la nueva
normativa aplicable a emisiones a partir de 1 de enero de 2017, lo que
podría representar un incremento en el precio por pasajero residente, al
disminuir la subvención aplicable.
Recientemente, el Ministerio de Fomento aseguró que su departamento
buscaría una solución para la situación de los territorios
extrapeninsulares que se han podido ver afectados por el fraude (del que
se tiene conocimiento desde el año 2007 por denuncia formulada por la
Confederación Española de Agencias de Viajes) de pagos irregulares de
millones de euros en la subvención al transporte aéreo de residentes de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y que ha aplazado a marzo los
cambios en la Ley de Subvenciones que afectan a los descuentos de
transporte de los territorios extrapeninsulares en viajes de grupos.
Este fraude continuado se ha venido realizando mediante un sistema de
cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto, consistente
en la presentación de liquidaciones por encima de lo cobrado por
pasajero. Además, se habrían realizado contratos de intercambio de
publicidad y descuentos a grupos de particulares, que luego no se vieron
deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación, lográndose
lucro.
La Fiscalía ha reclamado indemnizaciones y multas millonarias por este
motivo. Según ha quedado acreditado por parte de la Fiscalía, la base
tomada para reclamar las subvenciones del Estado era la cantidad máxima
que la aerolínea tenía establecida y declarada ente Aviación Civil por la
tarifa aérea y los cargos por emisión de billetes vendidos.
Además, se tiene constancia de pagos recibidos por billetes no volados.
Por tanto, es necesario que el Estado lleve el control mediante el número
de billete, obligando a la existencia de una casilla de "vuelo volado" en
los informes de Fomento.
En cualquier caso, el objetivo es evitar la penalización de los
residentes, de los ciudadanos que viven en territorios extrapeninsulares.
El problema no se encuentra en los pasajeros, sino en la perversión del
sistema utilizado para realizar estos pagos. Los pasajeros no pueden ser
los damnificados del sistema establecido.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer relaciones con los propietarios de sistemas (Amadeus,
Gabriel, etc.) y con los distintos consolidadores online, con el objetivo
de obtener información sobre billetes no volados, de modo que se evite el
fraude que se está llevando a cabo con los "service fees" de los billetes
no volados.
2. Que el Estado lleve el control de los vuelos por el número
identificativo del billete, creando la casilla de "vuelo volado" en los
informes de Fomento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Fernando
Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández,
Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para impulsar la integración de la actividad
preventiva en la empresa y mejorar la calidad en la actuación de los
servicios de prevención ajenos, para su debate en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social.
Exposición de motivos
Hace más de veinte años que se publicó en el "BOE" la Ley 31/1995 para la
prevención de riesgos laborales, y después de numerosas reformas
legislativas y disposiciones de desarrollo, estamos en un punto en el que
todavía hay que integrar la prevención en la gestión de las empresas y en
el que la siniestralidad laboral está aumentando de manera alarmante. En
el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia
de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene. Comparando
con el mismo periodo del año anterior el número de accidentes con baja
aumenta en un 7,6% más que en el mismo periodo de 2015 y un 8,4% los
producidos "in itinere", mientras que el índice de incidencia de los
accidentes en jornada (que expresa la siniestralidad relativa) aumenta un
4,2%.
De forma aproximada los principales rasgos de la gestión de la prevención
en las empresas son:
- Aún más del 6% de los trabajadores/as trabajan en empresas que no
disponen de ninguna modalidad de organización preventiva.
- Más del 75% de empresas contratan servicios de prevención ajenos para
llevar a cabo toda o parte de la actividad preventiva de la empresa. Hay
una infrautilización de la modalidad de la integración del servicio de
prevención como propio en la estructura de la empresa. Entre las pequeñas
empresas (incluidas las microempresas) la situación en cuanto a la
modalidad de organización de la prevención es bastante homogénea: de las
empresas que disponen de algún tipo de recurso preventivo, el servicio de
prevención ajeno es el único recurso disponible en una amplia mayoría de
los casos. En las restantes existe un trabajador designado o (en el caso
de las microempresas) el empresario ha "asumido la prevención". En
cualquier caso, la tendencia actual es la de disminuir los recursos
propios. Cabe decir, por tanto, que la (total) externalización de la
prevención es la práctica habitual".
- Sólo el 1 % de las empresas han evaluado las cuatro tipologías de riesgo
de manera específica y la mayoría de las empresas que lo han hecho, son
de más de 500 trabajadores/as.
- La evaluación de los riesgos laborales, de manera específica, evoluciona
de manera diferente en función del tipo de riesgo. Se hace en un 35% de
las empresas con respecto a los riesgos de seguridad, hasta sólo el 2,9%
de las empresas en el que caso de los riesgos psicosociales.
Uno de los aspectos contemplados en la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020, es el referido a la capacidad de las
microempresas y las pequeñas empresas para poner en marcha medidas
efectivas y eficaces para la prevención del riesgo. La implicación de las
PYMES, desde la aprobación de la Ley de prevención de riesgos de las
empresas, es insuficiente por dos motivos básicamente:
- Insuficiente disponibilidad de recursos en la empresa con formación
preventiva dificulta en algunas ocasiones el cumplimiento de sus
objetivos, lo que finalmente repercute en una pérdida de efectividad del
sistema en su conjunto y dificulta la integración de la actividad
preventiva en la empresa.
- De forma paralela la externalización mayoritaria de la gestión de la
actividad preventiva hacia los servicios de prevención, la empresa ha
dejado de ver la gestión de la actividad preventiva como algo propio para
trasladarlo a los servicios de prevención ajenos como las entidades
especializadas en prevención de riesgos laborales con las que las
empresas han concertado de forma sistemática la actividad preventiva.
Complica esta situación la propia forma de organización y funcionamiento
de los servicios de prevención, que han llevado a un cumplimiento
meramente formal de las obligaciones y a una dejación práctica de sus
funciones.
Si bien disponemos de una legislación muy desarrollada que partiendo de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención se ha modificado en numerosas ocasiones, entre otras las
operadas por la Ley 54/2003, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y el Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo, todas ellas normas que intentan mejorar
la integración de la actividad preventiva en el sistema de gestión de la
empresa, los intentos han resultado fallidos para lograr de forma
efectiva la obligación legal de la integración.
Así se establecía que la política en materia de prevención de riesgos
laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de
riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa, se introdujo el
Plan de prevención de riesgos laborales como instrumento de integración,
se agilizaron los requisitos de las evaluaciones de riesgos en las
pequeñas y medianas empresas, se impulsó la asunción de la prevención por
las mismas.
No obstante no se atajó la externalización que ha supuesto cada vez más un
deterioro y mercantilización de la prevención al hilo de la propia
evolución de los SPA que conviene repasar brevemente.
Aunque cada vez son más las empresas que cumplen con la realización de la
evaluación inicial de riesgos, sin embargo la inexistencia o falta de una
evaluación de riesgos adaptada a las condiciones de trabajo existentes en
el centro de trabajo es una de las carencias detectadas en la aplicación
de la Ley 31/1995 en el sector. Por otra parte en muchos casos la
evaluación es un cumplimiento meramente formal no reflejando la variedad
de tareas que se realizan en el sector, utilizando evaluaciones de
riesgos estandarizadas o realizadas para otras empresas. A este respecto
muchos servicios de prevención ajenos con el fin de abaratar costos,
utilizan para realizar la evaluación de riesgos, plantillas
estandarizadas elaboradas anteriormente sobre otras empresas, sin adecuar
ni reflejar la gran variedad de tareas que se realizan en las empresas de
este sector.
La integración de la prevención dentro de la estructura jerárquica de la
empresa es precisa para alcanzar una reducción de los índices de
siniestralidad laboral y una mejora de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo y por el momento no se ha conseguido en nuestras
empresas, siguiéndose por el camino de la externalización y sin tener en
cuenta en la política en materia de seguridad y salud en el trabajo las
necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas
empresas.
Así, tal como vuelve a reconocer una vez más la estrategia 2015-2020 la
sensibilización y concienciación, en todos los niveles de la
organización, es una de las vías que permiten mejorar las conductas y
actitudes de los empresarios, por un lado, para lograr un cambio en la
forma de liderazgo y una implicación en el compromiso de integrar la
seguridad y salud en la toma de sus decisiones, en su trabajo y gestión
diaria y de los trabajadores, por otro lado, para conseguir su
colaboración constructiva con la dirección de la empresa y la aplicación
de buenas prácticas en su hacer diario.
La reforma de la legislación debe pasar necesariamente por una
modificación de la LPRL y RSP, teniendo en cuenta que esta situación
viene ya provocada por una inadecuada trasposición de la Directiva Marco
89/391/CEE , que imponía al empresario una obligación principal que
consiste en designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las
actividades de protección y de prevención de los riesgos
profesionales y la obligación de recurrir a competencias ajenas a la
empresa es subsidiaria en la medida en que sólo existe "si las
competencias en la empresa y/o establecimiento son insuficientes para
organizar dichas actividades de protección y de prevención" .
La opción, expresada en la Directiva, de dar preferencia, cuando las
competencias internas de la empresa lo permitan, a la participación de
los trabajadores en las actividades de protección y de prevención de los
riesgos profesionales, más que al recurso a competencias externas, es una
medida de organización que se ajusta al citado objetivo de participación
de los trabajadores en su propia seguridad. Situación que no se ha
producido en nuestras empresas, sino de falta de integración de la
actividad preventiva, externalización hacia los servicios de prevención y
"consideración" de que la prevención es cosa de otros y que ha venido en
parte potenciada por la transposición a la legislación española de estas
disposiciones se ha realizado del modo en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Es decir, en nuestra legislación el empresario puede designar trabajadores
o externalizar por completo la acción preventiva a través del concierto
con uno o varios servicios de prevención ajenos sin que la norma
establezca una preferencia para la primera opción ni determine en qué
supuestos excepcionales puede elegir la segunda de las opciones.
Permitiendo optar libremente entre recursos internos y externos y
liberarse de la obligación de designar trabajadores para tareas
preventivas si ha concertado dicha actividad con un servicio de
prevención externo.
Esta externalización y falta de implicación de las empresas es aún más
dramática si se tiene en cuenta el defectuoso cumplimiento por parte del
servicio de prevención de sus obligaciones, debido entre otras cosas al
deficiente control de los mismos y a la cada vez más mercantilización del
sistema.
Además, a pesar de todas las reformas legislativas operadas, los "vicios y
defectos" de los conciertos de las empresas con los servicios de
prevención ajenos, motiva que la variedad de los mismos sea excesivamente
amplia y que en una buena parte de ellos la presencia de los técnicos de
los servicios de prevención se limite a acciones muy concretas y
puntuales.
En sus inicios, la normativa de Prevención de Riesgos Laborales permitía a
las Mutuas de Accidentes de Trabajo constituir y ofertar a sus empresas
mutualistas los servicios mediante las llamadas sociedades de prevención.
Las sociedades de prevención iniciaron a partir de entonces un camino en
el que debían competir en el mercado sin el paraguas de la mutua.
Inicialmente su actuación estaba limitada a empresas asociadas a la mutua
matriz aunque posteriormente pasaron a desarrollar actividades
preventivas en cualquier empresa con independencia de la mutua de la
misma. Pasaron así a competir con los servicios de prevención ajenos
mercantiles en condiciones de igualdad.
Pero todo este proceso de separación y de apertura del mercado ha tenido
lugar en un momento económico que ha posibilitado (y está posibilitando)
la entrada de empresas ajenas al sector procedentes de diversos ámbitos,
traduciéndose en una guerra de precios sin precedentes con unas
consecuencias impredecibles, tanto para un sector del que dependen más de
10.000 empleos directos (los cuales ya han comenzado a sufrir las
consecuencias con reducciones salariales, despidos y expedientes de
regulación de empleo), como para la calidad del servicio que se ofrece a
los clientes (empresas) que está sufriendo una reducción de calidad
sustancial.
Esta configuración mercantilista de los servicios de prevención ha venido
a ahondar aún más en la precariedad con la que ya se cumplían las
obligaciones preventivas vinculadas a la gestión de la prevención, pues a
la externalización de estas obligaciones, se está produciendo una
reducción de la calidad de los servicios que ofertan y ofrecen.
Además la situación de crisis económica ha hecho en parte disolverse el
esfuerzo que venía haciéndose desde la Ley 31/1995, y en los últimos años
no se ha realizado ningún tipo de actividad normativa en relación a las
obligaciones derivadas de la gestión de la prevención por lo que es
preciso retomar actuaciones concretas en esta materia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar un diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales a
los efectos de adoptar las medidas legislativas por las que se impulse,
se promueva y se haga efectiva la integración de la prevención de riesgos
laborales en las empresas, mediante las modificaciones legislativas
oportunas de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprobó la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el reglamento de los servicios de prevención para potenciar
los servicios y medios propios del empresario frente a los ajenos.
2. Reconducir el papel de los servicios de prevención, siendo necesario
atajar por un lado la falta de calidad de los servicios prestados y, por
otro, la falta absoluta de apoyo a la empresa para integrar la
prevención.
3. Tener en cuenta cuál es el verdadero papel de los SPA como un agente
fundamental para la prevención de riesgos laborales, que se exija por ley
la elaboración de códigos deontológicos para el ejercicio de las
actividades que constituyen su objeto social, que dejen claro que la
calidad y eficiencia de las actuaciones técnicas de los SPA deben primar
sobre la captación comercial y que la contraprestación económica
negociada con el empresario no debe conculcar la efectividad y calidad
del trabajo técnico contratado ni debe ser la base para realizar menos
funciones preventivas.
4. Cumplir estas obligaciones deontológicas, que determinan como en otros
ámbitos la responsabilidad penal del servicio de prevención como persona
jurídica (no solo la de los técnicos, que en ocasiones no pueden
desarrollar su actividad en las condiciones debidas) al amparo del
artículo 31 bis del Código Penal.
5. Impulsar la evaluación del conjunto de los riesgos laborales de manera
específica, para elaborar programas de intervención para actuar sobre el
origen de los riesgos que son las condiciones de trabajo y modificarlas.
6. Revalorizar y fortalecer las instituciones con competencias en
prevención de riesgos laborales, a nivel estatal y fomentar la
coordinación con las CCAA dotándolas de los recursos humanos y materiales
suficientes y adecuados para el ejercicio de las funciones encomendadas y
la adaptación de las mismas a las demandas de cada momento y dirigiendo
esta actuación, sobre todo, al desarrollo y cumplimiento de los
conciertos por parte de los servicios de prevención, así como a la
adecuación de sus estructuras a los objetivos que deben cumplir.
7. Impulsar la realización de campañas específicas un control riguroso de
los SPA, a través de la Inspección de Trabajo, con la colaboración de las
CCAA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-María del
Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantización de
los derechos de los españoles residentes en Reino Unido tras su salida de
la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.
Exposición de motivos
Aunque formalmente no han comenzado las negociaciones para el conocido
como Brexit, es decir, el abandono de la Unión Europea por parte del
Reino Unido, el pasado 17 de enero, su primera Ministra anunció una
salida completa.
Theresa May señaló, entre las prioridades que guiarán la negociación del
Gobierno británico, la de garantizar los derechos de los nacionales de
otros países de la UE que viven en Reino Unido, así como los de los
británicos residentes en otros países del bloque.
Como consecuencia de la crisis económica y de la falta de oportunidades en
España, cientos de miles de españoles, en su mayoría jóvenes y bien
formados, buscaron en otros países las oportunidades laborales que no
encontraron en nuestro país. En Reino Unido, las estadísticas oficiales
publicadas por el INE en marzo de 2016 hablan de 102.498 españoles
residentes. Sin embargo, organizaciones como Marea Granate, colectivo
formado por emigrantes españoles, aseguran que, atendiendo a otras
estadísticas oficiales como la de españoles que obtienen el número de
seguridad social británico (National Insurance
number), se demuestra que las cifras reales son significativamente
superiores. El Grupo Parlamentario Socialista, en diferentes ocasiones,
ha denunciado que las trabas impuestas desde la Administración española
para hacer oficiales los cambios de residencia temporal, por ejemplo, la
que se refiere a la conservación del derecho a la asistencia sanitaria en
España si se ha comunicado el traslado al extranjero transcurridos tres
meses desde la salida de nuestro país. En efecto, sigue sin resolverse la
pérdida de ese derecho mientras los españoles deciden probar la
viabilidad de su proyecto migratorio.
Las estadísticas oficiales de británicos residentes en España de junio de
2016 señalan que 292.121 británicos tienen su residencia en España.
Probablemente, esas estadísticas también reflejen un número inferior al
real. En todo caso, su número es notablemente superior al de los
españoles en las Islas Británicas. Parece claro que, de cara a la
negociación que se vaya a celebrar, resulta igualmente del máximo interés
contar con un estudio pormenorizado de su situación administrativa y de
sus necesidades y expectativas.
Los derechos adquiridos por los españoles, como ciudadanos de la UE, que
residen por cualquier circunstancia en la Reino Unido (trabajo por cuenta
ajena o propia, becas, prácticas, estudios, reagrupación familiar, etc.),
no deberían verse en peligro por el Brexit. Las expectativas referidas a
la posible imposición de requisitos más exigentes para renovar la
autorización de residencia, a la reagrupación familiar, a la posibilidad
o no de tener cobertura social en caso de necesidad, etcétera, es lógico
que hoy estén entre las muchas preguntas sin respuesta que se estarán
haciendo los españoles que forman este colectivo.
El Grupo Socialista considera que, a pesar de las muchas materias
concernidas en este proceso que va a afectar tanto a la circulación de
mercancías, servicios, capitales, y trabajadores, es una prioridad
absoluta lo que ocurra con la situación de éstos últimos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el
mantenimiento de los derechos de los españoles residentes en el Reino
Unido tras su salida de la Unión Europea, y con estos fines:
- Realizar con urgencia un amplio estudio "ad hoc" que recoja una
estadística del número real de residentes españoles en Reino Unido, así
como de su situación administrativa en ese país, y paralelamente, un
estudio exhaustivo de las circunstancias de los residentes británicos en
España.
- Incorporar, como máxima prioridad en la posición española que se
trasladará a la Unión Europea en la negociación del Brexit, el
mantenimiento de los derechos de los españoles residentes en aquel país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Esther Peña
Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/001256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
reforzar la Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de
Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La gran prioridad para el Gobierno de Partido Popular son las personas y
su acceso y mantenimiento del empleo. Uno de nuestros principales
objetivos radica en acortar el tiempo de transición del desempleo al
empleo como pone de manifiesto la intensa agenda de reformas que se han
llevado a cabo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo
prioritario de impulsarlo.
El desarrollo de estas reformas se ha realizado primando la equidad y la
protección de las personas más vulnerables, que requieren de mayor
atención en su camino de vuelta al mercado de trabajo. Precisamente por
ello se aprobó, con el consenso de interlocutores sociales y las
Comunidades Autónomas,
la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 que se
configura como el primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional
de Empleo. De esta forma, la Estrategia Española de Activación para el
Empleo cumple con un papel unificador de las estrategias individuales de
cada uno de los Servicios Públicos de Empleo, en lo que se refiere a la
intermediación entre oferta y demanda de empleo y al diseño y gestión de
las políticas activas de empleo.
A fin de continuar avanzando en este objetivo, y dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Empleo, se aprobó el Real Decreto 7/2015, de 16
de enero, por el que se aprueba la Cartera Común del Sistema Nacional de
Empleo, siguiendo las pautas de lo dispuesto en la Estrategia Española de
Activación para el Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, tiene como
objetivo garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de
igualdad a los Servicios Públicos de Empleo y a los servicios prestados
por los mismos. Se trata de otorgar igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo, constituyendo un compromiso de los Servicios Públicos
de Empleo con las personas y empresas usuarias de los mismos. En
definitiva, garantiza los derechos de los ciudadanos y define las
obligaciones de los Servicios Públicos de Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, ha supuesto
un paso muy importante en la modernización de los Servicios Públicos de
Empleo. Determina el conjunto de los servicios que deben ser un derecho
para las personas, tanto desempleadas como ocupadas, y las empresas, así
como los contenidos o requisitos comunes mínimos y aspectos básicos que
serán de aplicación en toda España. Además, cada Servicio Público de
Empleo podrá, en virtud de sus competencias, ofrecer en su ámbito
territorial otros servicios que complementen los de la Cartera Común.
La Cartera Común está integrada por cuatro servicios de empleo: (i) Un
servicio de orientación profesional, (ii) un servicio de colocación y
asesoramiento a empresas, (iii) un servicio de formación y cualificación
para el empleo y, (iv) un servicio de asesoramiento para el autoempleo y
el emprendimiento.
Los Servicios Públicos de Empleo autonómicos prestarán todos estos
servicios atendiendo a una serie de principios: igualdad en el acceso a
los servicios, gratuidad de los mismos, atención personalizada al
ciudadano, eficiencia, transparencia y orientación a resultados, e
intercambio de información de servicios y datos dentro del Sistema
Nacional de Empleo.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo funciona. Ha
supuesto un gran avance para garantizar la igualdad de oportunidades en
la promoción del empleo, en la lucha contra el desempleo y en la
integración laboral, y es nuestra responsabilidad conseguir que funcione
mejor aún para que llegue al mayor número de personas. Es por ello, que
en el marco del diálogo social y en colaboración de las Comunidades
Autónomas debemos analizar y estudiar el actual funcionamiento de la
Cartera Común, para proceder a mejorar la coordinación y eficacia de la
misma. La meta es que la atención a un desempleado, ocupado o empresa sea
igual independientemente de la parte del territorio en el que se
encuentre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del
diálogo social, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, se
estudien y adopten las medidas pertinentes para reforzar la Cartera Común
de Servicios del Sistema Nacional de Empleo a fin de garantizar, en todo
el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados
por ésta."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas
inherentes al mismo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.
Exposición de motivos
El teletrabajo, o trabajo a distancia, es una modalidad de empleo cada vez
con más arraigo internacional. En España, el número de empleados que
cumple sus funciones fuera de la oficina se ha multiplicado en los
últimos años, no obstante, todavía es muy inferior al registrado en otros
países europeos o en Estados Unidos. Podemos confirmar que la tendencia
global hacia el trabajo a distancia aún no se ha asentado en España.
Es cierto que el Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente
para reestructurar esta modalidad de empleo y para garantizar los
derechos del teletrabajador. Con la entrada en vigor de la reforma
laboral del 2012, se regula por primera vez en España el trabajo a
distancia. Se modifica el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores
dejando atrás el conocido y obsoleto "trabajo a domicilio" en sustitución
del actual "trabajo a distancia". Con ello, se abre la vía a la
regulación en detalle del teletrabajo como forma de organizar y/o
realizar un trabajo que utiliza las tecnologías de la información para
desarrollar, de manera regular, la prestación de servicios fuera de las
instalaciones de la empresa. También cabe la opción de alternar el
teletrabajo con el trabajo presencial en la sede de la empresa.
Las principales novedades que se incorporan con la citada modificación del
Estatuto de los Trabajadores están encaminadas a garantizar los mismos
derechos a los trabajadores a distancia que a aquellos que ejercen su
labor profesional en el centro de trabajo de la empresa: (i) derecho a
formalizar el contrato por escrito y a obtener una copia del mismo, (ii)
derecho a percibir, como mínimo, la retribución que le corresponde por su
categoría, (iii) derecho a una adecuada protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo (iv) será el empresario quien deba
establecer los medios necesarios para asegurar el acceso de los
teletrabajadores a la formación profesional para el empleo, (v) el
empresario deberá posibilitar la movilidad y promoción e informar a los
teletrabajadores de los puestos vacantes para su desarrollo presencial en
los centros de trabajo, (vi) Los trabajadores a distancia también podrán
ejercer los derechos de representación colectiva.
No podemos obviar que el teletrabajo goza de una serie de ventajas que
benefician tanto al trabajador: como al empresario. Las principales
ventajas para el trabajador son: (i) mejora, en gran medida, la
conciliación entre la vida laboral y familiar, (ii) ahorro de tiempo y
dinero en desplazamientos (iii) mayor autonomía, lo que potencia su
desarrollo profesional, (iv) aumenta la movilidad y flexibilidad del
trabajador, (v) se desarrolla el sentido de la responsabilidad y la
confianza, (vi) se reduce el estrés laboral, (vii) elección personal del
entorno laboral, (viii) se favorece el acceso a la formación, potenciando
la formación "online", (ix) facilita la inserción laboral de personas con
discapacidad.
El teletrabajo también supone unas importantes ventajas para la empresa
contratante: (i) reduce los costes en infraestructuras, ahorro de espacio
de trabajo, alquiler, etc., (ii) menor coste por puesto de trabajo,
produciéndose ahorros en electricidad, y suministros varios, equipamiento
de la oficina, etc., (iii) mayor productividad al implantar trabajo por
objetivos o por resultados, (iv) es una buena medida para eliminar el
control horario y combatir el absentismo laboral, (v) facilita la
expansión geográfica, (vi) aumento de la flexibilidad interna y externa,
permite captar talento y facilita su retención, (vii) es una forma óptima
y muy rentable de promocionar y favorecer la conciliación.
En los países donde más arraigado está el teletrabajo, el impacto positivo
de esta modalidad laboral también repercute en el conjunto del país, ya
que los ahorros económicos y medioambientales del teletrabajo masivo son
millonarios. Si se potencia el teletrabajo en nuestro país, se ahorrarían
millones en gastos de las personas que deben desplazarse kilómetros hasta
su lugar de trabajo, se ahorrarían también millones en gasolina que deja
de consumirse, indirectamente también se reducen los accidentes de
trabajo "in itinere".
A ello hay que sumarle los ahorros en el daño que se le hace al medio
ambiente todos los días, ya que miles de automóviles dejan de circular
por las calles. Durante un año entero, dejarían de producirse miles de
toneladas de gases de efecto invernadero. Disminuiría la contaminación de
los grandes núcleos urbanos, donde se ubican la mayoría de los
profesionales que podrían dedicarse al teletrabajo y el estrés social
también sería menor.
En definitiva, debemos apostar por regular y potenciar el teletrabajo y
por garantizar los derechos de los teletrabajadores. No obstante, a pesar
de la evolución positiva de esta modalidad laboral, el porcentaje de
teletrabajadores en España es notablemente inferior al registrado en
otros países de la Unión Europea
y Estados Unidos. Por ello, se debe continuar trabajando para fomentar el
trabajo a distancia y potenciar las ventajas inherentes al mismo hasta
conseguir que el teletrabajo sea considerado como un equivalente al
trabajo tradicional. Las nuevas tecnologías y la demanda de la sociedad
imponen cada vez más esta modalidad laboral como una potente alternativa
al trabajo presencial. Por ello, debemos esforzarnos y continuar
promoviendo este tipo de contratación en beneficio de todos y a los
efectos de adaptarnos a la realidad social que vivimos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar diferentes
fórmulas para continuar fomentando el teletrabajo hasta conseguir que sea
considerado como un equivalente al trabajo presencial, en beneficio
principalmente del trabajador al poder flexibilizar horarios y favorecer
la conciliación laboral, pero también en beneficio de la empresa y del
país en general que directamente se benefician del ahorro económico y
energético que reporta."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís don
Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la modificación de la potencia eléctrica,
para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Existen muchos sectores productivos que, por sus características propias,
solamente realizan actividad durante un espacio limitado de tiempo a lo
largo del año. Esto es muy habitual en el sector agrícola, pendiente de
los diversos ciclos de cosechas. Por ejemplo, los molinos de aceite o los
almacenes de procesado de naranjas.
En estas temporadas, las necesidades eléctricas son grandes, lo que lleva
a las empresas a contratar con las compañías distribuidoras potencias
eléctricas elevadas.
Sin embargo, cuando termina la temporada, dichas necesidades caen en
picado, pero las empresas no pueden variar su contrato porque la
legislación actual lo impide. El Real Decreto 1164/2001, en el artículo
5, apartado 4, 3r 3r) dice: "Las empresas distribuidoras están obligadas
a modificar la potencia contractual para ajustarla a la demanda máxima
que deseen los consumidores o sus mandatarios, de acuerdo con el ámbito
de aplicación de las tarifas de acceso establecido en el artículo 1,
apartado 1, del presente Real Decreto, excepto en el caso en que el
consumidor haya modificado voluntariamente la potencia en un plazo
inferior a doce meses y no se haya producido ningún cambio en la
estructura de tarifas que le afecte, todo ello sin perjuicio de las
autorizaciones que tuviera que dar la Dirección General de Política
Energética y Minas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real
Decreto."
La normativa impide realizar un cambio con menos de doce meses.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real
Decreto 1164/2001, para permitir a los contratantes de los servicios de
las empresas distribuidoras de electricidad modificar la potencia
contratada en un plazo no inferior a seis meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2017.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001253
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la implementación en España de la Agenda 2030.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que la comparecencia a que se refiere el punto 5 procedería
realizarla, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación en
España de la Agenda 2030, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En septiembre de 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la
agenda de desarrollo sostenible 2030 dirigida a garantizar la equidad y
la sostenibilidad del desarrollo, erradicar la pobreza y la desigualdad
mediante un crecimiento que genere prosperidad sin dejar a nadie atrás,
protegiendo el medio ambiente y garantizando la paz y el disfrute de los
derechos humanos.
La Agenda 2030 es el resultado del proceso participativo global más
intenso conocido. Durante más de dos años se celebraron consultas
nacionales y temáticas, procesos de participación "on-line", reuniones
regionales y de carácter global que concluyeron con la nueva agenda de
desarrollo compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
metas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Los 17 ODS abarcan buena parte del espectro de las políticas públicas. Se
trata de objetivos multidimensionales e interdependientes por lo que su
abordaje requiere de una coordinación intersectorial que garantice
precisamente la coherencia de políticas para el desarrollo:
1. Poner fin a la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner
freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.
La agenda de desarrollo sostenible 2030 implica finalizar el trabajo
iniciado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pero, a
diferencia de los ODM y otros compromisos en materia de desarrollo, es
una agenda universal trascendiendo la división tradicional entre
políticas nacionales y políticas internacionales.
La agenda 2030 supone un cambio de paradigma en tanto que se abandona el
enfoque de cooperación, esto es, una agenda pensada para los países en
desarrollo, para incorporar el enfoque de desarrollo global que aplica a
todos los países por igual.
Se trata, por tanto, de una agenda con vocación verdaderamente
transformadora, universal y adaptable a las condiciones de cada país,
teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y capacidad, lo
que se conoce como responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Los Gobiernos de todo el mundo deben aplicar esta agenda tanto en sus
políticas nacionales como en las de cooperación internacional sobre el
principio de la coherencia de políticas para el desarrollo sabiendo que
esta coherencia aplica tanto al nivel doméstico como internacional.
La mayoría de los países ya están inmersos en este proceso y urge que
España se incorpore al ya extenso grupo de países que bien han elaborado
o se encuentran en proceso de establecer el marco orgánico, regulador y
político de la implementación de la agenda.
España necesita armonizar y planificar sus políticas conforme a la agenda
firmada, también la política pública de cooperación internacional para el
desarrollo. Y para ello debe, por tanto, definir e implementar medidas
programáticas, mecanismos y habilitar recursos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dado el carácter
descentralizado de nuestro Estado es fundamental el papel de las
comunidades autónomas en la implementación de esta agenda, habida cuenta
de que son ellas las competentes para el diseño y ejecución de la mayor
parte de las políticas sobre las que recaen las Metas y Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Para ello, es imprescindible disponer de una estructura de gobierno que
lidere y coordine la acción global de los diferentes Ministerios
afectados así como coordinar con las comunidades autónomas y resto de
actores que tienen también responsabilidades a desarrollar en esta
agenda.
Del mismo modo, es necesario un sistema propio de indicadores basado en
los 230 indicadores globales que permita basar el análisis y las
políticas en datos disponibles, accesibles, desagregados así como en la
evidencia.
Como en todas las políticas, es fundamental la labor de seguimiento,
rendición de cuentas y debate sobre la agenda para lo que es pertinente
involucrar a las Cortes por cuanto que es en las mismas donde recaen las
funciones legislativas, presupuestarias y de control tan importantes en
la preparación y seguimiento de las políticas públicas que permitirán el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, aprobar y poner en marcha, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, la sociedad civil y las ONGD, una Estrategia de
Desarrollo Sostenible para implementar en España la Agenda de Desarrollo
2030.
2. Impulsar, mediante los mecanismos de cooperación existentes, la
elaboración, por las Comunidades Autónomas, en el marco de sus
competencias, de sus propias estrategias encaminadas al desempeño de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
3. Determinar un órgano dependiente de Presidencia del Gobierno como
responsable de coordinación y seguimiento de la implementación de la
agenda 2030 en el ámbito de los diferentes departamentos ministeriales.
4. Avanzar en el trabajo liderado por el Instituto Nacional de Estadística
y definir los indicadores nacionales para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en colaboración con actores públicos, privados y de la
sociedad civil.
5. Informar a esta Cámara, mediante la comparecencia del responsable que
se determine con arreglo a lo previsto anteriormente, de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, así como de su implementación de forma periódica.
6. Remitir a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria,
junto con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un
informe que recoja de manera integrada y detallada los créditos de los
distintos Ministerios y organismos públicos destinados a financiar cada
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7. Incorporar a la información pública sobre ejecución presupuestaria el
grado de ejecución de estos créditos presupuestarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-David Serrada
Pariente, Sonia Ferrer Tesoro y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Miguel
Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don
Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre el diferente trato por parte de la
Administración a las diferentes lenguas del Estado, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Internet se ha consolidado alrededor del mundo como un instrumento
fundamental en la relación entre la ciudadanía y las administraciones. En
este sentido, los poderes públicos tienen la responsabilidad de tomar las
medidas necesarias para acercar la información y el contenido de sus
páginas web y redes sociales al conjunto de la ciudadanía desde la máxima
proximidad.
Por ejemplo, la administración Obama en los EE.UU. decidió contar con una
versión de su página web y las redes sociales de la Casa Blanca en
castellano, dada la gran importancia de la población hispana en EE.UU. La
eliminación de esta versión ha despertado una oleada de lógica
reprobación dentro y fuera de las fronteras de los EE.UU., ya que supone
alejar la administración de un importante sector de la población.
Lamentablemente, el tratamiento que se da a las diferentes lenguas
oficiales en el Estado Español dista mucho de ser igualitario, lo que
provoca el mismo alejamiento de la administración a una parte de la
ciudadanía que se relaciona con los poderes públicos en una lengua
diferente al castellano.
Así pues, es habitual encontrar la posibilidad de acceder a diferentes
versiones de la web en las lenguas oficiales diferentes al castellano,
pero estas versiones se limitan a traducir el título y parte del
contenido estático y dejan fuera el conjunto del contenido dinámico
(noticias, anuncios, etc.) que son, habitualmente, los que despiertan
mayor interés entre la ciudadanía. En el caso de la web del Congreso, no
sucede ni siquiera esto, se puede acceder a los contenidos exclusivamente
en castellano o inglés.
Según el artículo 3.3 de la Constitución: "La riqueza de las diferentes
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección".
Por todo esto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar una versión completa de las webs oficiales del Gobierno central
y la Administración General del Estado en las diferentes lenguas del
Estado Español que contemple la totalidad de su contenido, incluyendo las
noticies y anuncios.
- Hacer uso de las diferentes lenguas oficiales del Estado en la redes
sociales del Gobierno y la Administración General del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2017.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
161/001243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela
Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de fundaciones,
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Según el artículo 15, apartado primero, de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la dictadura, también conocida como Ley de Memoria
Histórica: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".
Cuesta entender cómo con este marco de protección legislativa en el que
las exaltaciones "personales o colectivas" de la Guerra Civil y la
dictadura no tienen cabida, nos encontramos con fundaciones legalmente
constituidas como la Fundación Blas Piñar (fundada en 2014), la Fundación
José Antonio Primo de Rivera (fundada en 1996), la Fundación Ramiro
Ledesma Ramos (fundada en 1999) o la Fundación Francisco Franco (fundada
en 1976).
En el caso de la Fundación Francisco Franco constan además diferentes
subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, como:
- 2.880.000 pesetas en el año 2000 para la adquisición de equipos
informáticos.
- 3.955.200 pesetas en el año 2000 para la contratación de personal y
servicios externos.
- 3.000.000 de pesetas en 2001 para equipamiento informático y microfilm.
- 4.000.000 de pesetas en 2001 para la contratación de personal.
- 23.000 euros en 2002 para empezar la segunda parte del proyecto
anteriormente subvencionado.
- 18.000 euros en 2002 para equipamiento informático.
- 4.500 euros en 2003 para equipamiento informático.
- 22.190 euros en 2003 para finalizar el proyecto.
Además de estas subvenciones, según la Ley de Régimen Fiscal de Entidades
sin Finalidad de Lucro y los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aplicables
a esta Fundación, se permiten deducciones al IRPF por
donaciones. En Alemania sería difícil imaginar bonificaciones al IRPF por
aportaciones a una Fundación Adolf Hitler. Aquí, es posible.
Es deber de las Administraciones del Estado velar por el cumplimiento de
la Ley, como es el caso de la de Memoria Histórica, y no caer en un
revisionismo histórico en el que organizaciones como las antes señaladas
hagan exaltación de figuras de nuestra historia que crearon heridas aún
abiertas en nuestra sociedad y ofreciendo, incluso, asesoramiento y
asistencia jurídica para continuar incumpliendo la Ley a aquellos
Ayuntamientos obligados a la retirada de la simbología franquista de su
municipio.
Un ejemplo de estas situaciones indeseables en cualquier país democrático
que haya sufrido una dictadura son las cartas enviadas por la Fundación
Nacional Francisco Franco a diferentes entidades locales que se dirigen a
las corporaciones locales de la siguiente forma: "Estimado alcalde: le
remito esta carta en el convencimiento de que gobierna su municipio con
la probidad y el rigor de un buen padre de familia", para continuar
exaltando al régimen franquista ("la era de Franco que transformó a
España y a su pueblo como no se había conocido en su histórica") y
atribuir a la Ley de Memoria Histórica "el claro propósito de que ganen
la guerra los que la perdieron hace ochenta años".
Pablo de Greiff, relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición de la ONU, en un escrito realizado posteriormente a su visita
oficial a España, el 21 de enero de 2014, señalaba 10 puntos suspendidos
en materia de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Uno de ellos era
la falta de transparencia en el acceso a información sobre los años de la
dictadura "sin criterios claros". Por ejemplo, hacía referencia al
archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, al que la Fundación
Francisco Franco aporta parte del fondo documental restaurado mediante
subvenciones estatales. Otro de los puntos hace referencia a la
eliminación de la simbología franquista aún presente en muchos
municipios. Simbología defendida por la totalidad de estas entidades y,
en especial, por la Fundación Nacional Francisco Franco, que ofrece
asesoramiento para continuar incumpliendo el artículo 15 de la Ley de
Memoria Histórica.
Es un hecho impensable que en un Estado democrático se permita la
existencia de fundaciones que hagan apología de la dictadura de forma
activa ofreciendo servicios para saltarse la ley o exaltando el nombre,
figura y vida de los personajes culpables de uno de los episodios más
oscuros y sanguinarios de nuestra historia.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Empezar las investigaciones pertinentes y solicitar informe al
Protectorado de Fundaciones del Ministerio competente sobre las
actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo por la Fundación
Nacional Francisco Franco.
2. Modificar el artículo 5 sobre denominaciones de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, para incluir la imposibilidad de exaltar o
hacer mención en la denominación de las fundaciones de ámbito estatal del
nombre de dictadores, personas u organizaciones que hayan cometido
crímenes contra la humanidad tal y como se regula en la Ley 52/2007, de
26 de diciembre, de Memoria Histórica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Ignasi Candela
Serna, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
161/001251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión de la Dama de Elche y
creación de subsede del Museo Nacional de Arqueología, para su debate en
la Comisión de Cultura.
La ciudad de Elche cuenta con dos Museos relacionados con la arqueología
ilicitana: el MAHE (Museu Arqueológic i d'História d'Elx) inaugurado en
2006 y el Museo Arqueológico de La Alcudia.
El MAHE fue el que incorporó entre sus instalaciones museísticas la
adaptación de la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira para albergar
a la Dama de Elche durante la cesión temporal (seis meses) que el Museo
Arqueológico Nacional concedió del 1 de mayo al 30 de octubre de 2006.
Para ello se instalaron todas las medidas de seguridad (activas y
pasivas), de conservación (control de acceso limitado, creación y control
de ambiente atmosférico, etc.) establecidas por el MAN. Todo ello con la
consiguiente inversión económica que, desde el 1 de noviembre de 2006,
está sin utilizar.
Este Museo dispone de una sala de exposiciones temporales, infrautilizada,
anexa a la Sala de Exposición Permanente; una sala de actividades (sin
uso desde el 1 de noviembre de 2006) en el patio de armas del Palacio de
Altamira, justo al lado de la Torre del Homenaje. Las dos salas disponen
de las instalaciones necesarias para poder ser utilizadas como Exposición
Permanente con una inversión económica mínima.
Si cualquiera de estas dos salas se musealizan, pueden ser el lugar idóneo
para albergar el Museo de Arte Ibérico Nacional, por cuanto se encuentran
en la ciudad referente del mundo ibérico y con unas instalaciones
perfectas, modernas y adecuadas para exponer a las manifestaciones
artísticas más importantes de la cultura ibérica.
De esta forma Elche reuniría en un mismo lugar, todas las investigaciones
arqueológicas del arte ibérico, convirtiéndose en un referente a nivel
nacional e internacional, y se concedería por primera vez a este arte su
importancia y significación, al estar en un lugar donde su presencia
sería el único hilo conductor de todo el proyecto museográfico. Es en
este marco en que se concedería la cesión de la Dama de Elche de forma
permanente.
Elche ya ha contado, como hemos afirmado, con la cesión temporal de la
Dama de Elche. Cuenta con las condiciones técnicas necesarias para
albergar una nueva cesión temporal.
Recientemente, el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el Consell
han mostrado ya su apoyo y colaboración al Ayuntamiento de Elx para
acoger la Dama de Elche y para la creación de la subsede del Museo
Arqueológico Nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Atender las peticiones formuladas por el Ayuntamiento de Elche para la
cesión temporal de la Dama de Elche para su exposición en esta ciudad en
las condiciones técnicas que ya fue cedida en 2006, iniciándose esta
cesión temporal en 2018.
2. Estudiar, conjuntamente con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento
de Elche y, en su caso, concretar la cesión permanente de la Dama de
Elche para su exposición en la Ciudad de Elche en el MAHE (Museu
Arqueológic i d'História d'Elx).
3. Estudiar la propuesta para establecer en el MAHE (Museu Arqueológic i
d'História d'Elx) una subsede del Museo Arqueológico Nacional, que podría
denominarse, si así se acuerda, Museo Nacional de Arte Ibérico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Julián López
Milla y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y su completo
desarrollo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La lucha contra la violencia de género posee numerosos frentes. La
prevención y detección precoz son dos de las estrategias fundamentales
para acabar con esta lacra. Sin embargo, la protección de las víctimas y
el apoyo de las administraciones para su recuperación son también
esenciales. En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016
se apuntaba a la necesidad de aprobar un protocolo que favoreciera la
movilidad de trabajadoras públicas que fueran víctima de violencia de
género. En concreto, el punto 74 de dicho Plan señalaba lo siguiente:
"Aprobar un protocolo de actuación en el ámbito de la Administración
General del Estado, en relación con las situaciones de especial
protección que afecten a las víctimas de violencia de género,
especialmente en materia de movilidad y en el marco del Plan para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la AGE y en sus Organismos Públicos".
Un año después de la aprobación de este protocolo mediante la Resolución
de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de
movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género,
desconocemos datos relativos a su implantación y desarrollo. Los
Sindicatos también se quejan de la falta de información sobre su
aplicación. Por ejemplo, desconocemos el número de movilidades que se han
aplicado con este protocolo así como las fórmulas administrativas que se
han utilizado para conceder un nuevo destino.
En este sentido, también señalar la falta de ejecución de medidas
concretas del II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado
como, por ejemplo, en lo relativo a la garantía de la confidencialidad, a
lo largo de toda la carrera profesional, de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género, desarrollo de protocolo de protección
específico al respecto. Otras medidas relativas a la elaboración y
difusión dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de
especial protección que afecten a empleadas públicas víctimas de
violencia de género o medidas relativas para que la movilidad por causas
de violencia de género, no puedan afectar a la carrera profesional de la
víctima.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar el desarrollo y aplicación de la Resolución de 25 de noviembre
de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas
víctimas de violencia de género y publicar los datos correspondientes.
2. Evaluar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y
publicar los resultados.
3. Desarrollar las medidas 42, 44 y 48 del II Plan de Igualdad de la
Administración, así como todas aquellas que queden pendientes a fin de
implementar este plan de manera total."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Elena Faba de
la Encarnación, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre deporte
y personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
La inclusión social de las personas con discapacidad es un objetivo
prioritario para los agentes políticos y sociales de nuestro país. Por
ese motivo, es fundamental remover las barreras existentes para que las
personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena en igualdad
de condiciones y en todos los ámbitos, incluido el deporte.
Numerosos estudios reconocen que la práctica de deportiva aporta múltiples
beneficios, muy especialmente a aquellas personas que tienen alguna
discapacidad: impulsa el afán de superación, ayuda a la integración
social, aumenta la autoestima y promueve la autonomía y el desarrollo
personal.
Conscientes de la importancia del deporte para las personas con
discapacidad, el Director Gerente del Comité Paralímpico Español
compareció en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad,
donde, dio cuenta de los grandes resultados de la delegación paralímpica
en los Juegos de Río 2016, pero también señaló los problemas de diversa
índole a los que se enfrenta el deporte paralímpico.
Por otro lado, según los estudios que realiza el CERMI, la actividad más
deseada por las personas con discapacidad, aparte de la laboral, es la
deportiva. Esta voluntad no se ve reflejada en la realidad: las encuestas
nacionales señalan que, mientras que los españoles cada vez practicamos
más deporte por el mero placer de hacerlo, de sentirnos bien, no ocurre
lo mismo entre las personas con discapacidad, tal y como demuestran los
datos sobre licencias federativas de personas con discapacidad, que
representan un 0,5% del total.
Todo ello nos muestra que, pese que se ha avanzado mucho, es necesario
seguir adoptando medidas para que la práctica deportiva de las personas
con discapacidad se consolide como una actividad no solo de
esparcimiento, sino también como un hábito saludable que contribuye a
mejorar la calidad de vida desde edades tempranas. Además, en la práctica
de actividad física y deportiva en el ámbito escolar lo fundamental no es
ganar, sino educar en la participación y la comprensión, promoviendo, de
ese modo, la inclusión social de las personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, a adoptar las iniciativas
necesarias para potenciar la inclusión de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones en el deporte de base, y en especial en edad
escolar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para disminuir
el factor humano como causante de los accidentes de tráfico, para su
debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los accidentes de tráfico en las carreteras o ciudades españolas son una
de las principales causas de muerte no natural en nuestro país. Durante
el 2016, según el Balance de siniestralidad vial 2016, se produjeron
1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron
1.160 personas y otras 5.067 necesitaron hospitalización como
consecuencia de las heridas sufridas.
Estas cifras suponen aumentos del 1,4% (+15) en accidentes mortales; 2,6%
(+29) en el número de fallecidos y 4,3 % (+209) en heridos hospitalizados
respecto del Balance el año 2015.
Es generalmente aceptado que existen ciertos factores que inciden en el
mayor riesgo de accidentes en el uso del tráfico rodado como pueden ser
las condiciones climatológicas, el estado de la vía, su señalización y el
error humano.
No todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los
accidentes, ya que a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los
derivados de factores ambientales, el factor humano es el responsable de
más del 70% de este tipo de siniestros.
Se ha avanzado mucho en materia de innovaciones técnicas aplicadas al
campo de la seguridad del vehículo, la adaptación de la red de
comunicaciones por carretera y en las ciudades a sistemas de menor
riesgo. Sin embargo, los errores humanos que determinan una alta tasa de
siniestralidad, en numerosas ocasiones, son los grandes desconocidos.
Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de
abordar este tipo de accidentes es la idea de inevitabilidad que los
rodea. Los accidentes se han asociado a lo imprevisible, con la carga de
resignación que esto conlleva, siendo éste un concepto de fatalidad que
dificulta mucho la mejora en su prevención.
El factor humano engloba todas las decisiones que tomamos antes y durante
la conducción. Es necesario analizar, estar al día y dar a conocer cuáles
son los principales despistes o errores y por qué se cometen. Las
autoridades tienen la responsabilidad de evaluar, con los datos de
reconstrucciones de accidentes, la enorme cantidad de accidentes que se
saldan con que el responsable del mismo es el conductor de alguno de los
vehículos implicados.
Así, siendo el error humano un factor importante en la siniestralidad,
conviene hacer cuantos esfuerzos sean posibles para concienciar a los
conductores, de forma preventiva, del efecto que un error humano puede
tener en el origen de un accidente en carretera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a difundir una campaña de
información, en colaboración con todos los agentes implicados, que
permita a los usuarios conocer aquellos errores más comunes que pueden
dar lugar a un siniestro en la vía pública."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la instauración de un foro de
participación infantil y adolescente en el seno del Congreso de los
Diputados, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
El pasado 25 de enero se celebró en el Congreso de los Diputados un acto,
organizado por la Plataforma de la Infancia, así como otras muchas
organizaciones relacionadas con este ámbito, que tenía como objetivo
reunir a niños y niñas de diferentes puntos de nuestro país con cargos de
la sociedad civil y los Grupos Parlamentarios de la Cámara.
En el acto se trataron las decisiones acordadas por los niños y niñas en
el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente, fomentando de esta manera la participación de los menores en
la toma de decisiones en lo relativo a las problemáticas que les afectan,
así como acercando sus decisiones a los responsables políticos de
ponerlas en marcha.
La iniciativa supone un adelanto significativo en cuanto a la
participación directa de niños y niñas en la toma de decisiones y desde
el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que esta iniciativa no
debe quedar sólo en un acto puntual. Consideramos que tener cerca a los
más pequeños a la hora de tomar decisiones sobre sus vidas es vital para
garantizar sus derechos y bienestar. Para que su participación sea real,
debemos diseñar e implementar procesos y foros de encuentro que
favorezcan su participación y el ejercicio de sus derechos, especialmente
de aquellos dedicados a ejercer su derecho a opinar y a ser escuchados
como ciudadanos.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de repetir de manera
anual un foro en el que participen los Consejos de Participación Infantil
y Adolescente de todo el territorio nacional, así como las principales
organizaciones destinadas a la protección de la infancia, como
herramienta para fomentar la participación infantil y adolescente, así
como para hacer parte a los niños y niñas de nuestro país de la toma de
decisiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000046
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela.
Dirigida a Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Texto:
¿Cuándo tiene previsto su Ministerio empezar con las obras de dragado
ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), que tiene
comprometido realizar desde el año 2013, cuál es el plazo de ejecución
previsto de dichas obras y cuál la dotación presupuestaria que se va a
incluir para ello en los PGE 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2017.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Diputado.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener
por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar,
a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se
indican, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a
continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones
correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Comisión de Fomento
Núm. expte.: 184/000115.
Núm. registro: 1343.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan y González Bayo, Josefa
Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Situación de las obras en la carretera N-435 (futura
A-83), en la línea del AVE Sevilla-Huelva y en la línea ferroviaria
Huelva-Zafra.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 16, de 19 de
septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000051.
Núm. expte.: 184/003695.
Núm. registro: 7857.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada y Díaz Trillo, José
Juan (GS).
Objeto iniciativa: Inversiones relacionadas con los accesos al Centro de
Alta Resolución (Chare) ubicado en el término municipal de Lepe (Huelva).
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 54, de 21 de
noviembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000055.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
Núm. expte.: 184/000116.
Núm. registro: 1344.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan y González Bayo, Josefa
Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Solicitud de la autorización administrativa y
reconocimiento de utilidad pública para la ejecución de los proyectos
Saladillo y Marisma Oriental.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 16 de 19 de
septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000052.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Núm. expte.: 184/000117.
Núm. registro: 1345.
Autor iniciativa: Díaz Trillo, José Juan y González Bayo, Josefa
Inmaculada (GS).
Objeto iniciativa: Restauración de las balsas de depósitos de fosfoyesos
en las Marismas del Tinto por la empresa Fertiberia.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 16, de 19 de
septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000053.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada y Díaz Trillo, José
Juan (GS).
Objeto iniciativa: Liquidación adicional extemporánea remitida por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la Comunidad
de Regantes de El Fresno y a la Comunidad de Regantes Pedro Arco de la
provincia de Huelva, que no se contempla en los convenios de colaboración
firmados por ambas con SEIASA para llevar a cabo las obras de
Modernización de Regadíos acogidas a los Fondos Europeos FEDER.
Publicación: BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 17 de 20 de
septiembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000054.
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