BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 240, de 31/10/2017
cve: BOCG-12-D-240
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de octubre de 2017
Núm. 240
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a reforzar los comportamientos de
lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado,
Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los
órganos de control, fiscalización y asesoramiento... (Página6)
Comisión de Justicia
161/002400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la ejecución de las medidas judiciales
impuestas a menores... (Página7)
Comisión de Interior
161/002414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los daños causados por la lluvia en Jerez de la
Frontera... (Página8)
161/002421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa al aumento del complemento específico del colectivo
de examinadores de tráfico... (Página9)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a devolver a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diversas funciones que
hasta ahora ejercía este organismo... (Página10)
161/002417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro... (Página11)
161/002420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el
astillero de NAVANTIA en la ría de Ferrol... (Página12)
161/002422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la creación de un portal nacional de empleo público...
(Página14)
Comisión de Fomento
161/002393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
paralización de la ampliación a tres carriles del tramo
Carraixet-Valencia de la autovía V-21... (Página15)
161/002395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
obligación de servicio público al transporte aéreo Canarias-Península...
(Página16)
161/002409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la autopista AP-71 León-Astorga... (Página18)
Comisión de Educación y Deporte
161/002423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la racionalización de títulos universitarios... (Página19)
161/002429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a aumentar las subvenciones económicas a las
Federaciones deportivas españolas... (Página20)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas
extraordinarias de apoyo a los trabajadores eventuales del campo por los
efectos de la sequía, incluyendo la eliminación del requisito de las
peonadas para percibir el subsidio y la renta agraria en Andalucía y
Extremadura, así como el incremento de los fondos del Plan de Fomento del
Empleo Agrario -PROFEA- para todas las Comunidades Autónomas que lo
perciben... (Página21)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a solicitar una Mesa de Negociación entre el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las asociaciones
nacionales de productores de energía fotovoltaica... (Página24)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
adaptación de calendario de las ayudas para los propietarios y pescadores
de buques pesqueros afectados por la paralización definitiva de su
actividad... (Página26)
161/002397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los incendios forestales de Galicia,
Asturias y Castilla y León de octubre de 2017... (Página27)
161/002401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al impulso de regeneración de las playas
de la Llana... (Página28)
161/002403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la aprobación de un Real Decreto-ley de ayudas a
los daños producidos por los incendios forestales en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León... (Página30)
161/002424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las inundaciones provocadas por el arroyo de El
Encantado, en la localidad de Villanueva de la Reina, Jaén... (Página31)
161/002425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los incendios sufridos por Galicia, Asturias y
Castilla y León durante el mes de octubre y a la adopción de medidas
extraordinarias para paliar sus efectos... (Página31)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con
sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios...
(Página34)
161/002412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama... (Página35)
161/002413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a homogeneizar el procedimiento de
reconstrucción mamaria en todo el territorio nacional... (Página36)
161/002415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el acceso a prótesis capilares para pacientes
oncológicos afectados de alopecia secundaria a consecuencia de
tratamientos para cáncer... (Página37)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a impulsar una mayor coordinación entre
las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto... (Página39)
161/002408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a
la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo... (Página40)
Comisión de Cultura
161/002402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a dotar de un marco jurídico flexible al
Museo Arqueológico Nacional... (Página42)
161/002410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
recuperación integral de la casa señorial Sinyent en Polinyà de Xúquer
(Valencia)... (Página43)
161/002416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba...
(Página44)
161/002418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la construcción de una vivienda para el Duque del
Infantado en el Palacio del Infantado de Guadalajara... (Página45)
Comisión de Igualdad
161/002345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres... (Página46)
161/002396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a
consideración de las demandas sobre la igualdad de oportunidades del
Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos
de Participación Infantil y Adolescente... (Página51)
161/002405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la igualdad real en el mundo del deporte... (Página52)
161/002406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre el fomento del deporte profesional femenino... (Página53)
161/002411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama... (Página55)
161/002426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas a establecer, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, a fin de definir e implementar los acuerdos del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre los servicios en las
Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de
Medicina Legal... (Página56)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a los efectos de la adopción de medidas
para mejorar las condiciones en las que circulan los vehículos por
nuestras carreteras... (Página58)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a tener en
cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en
el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente... (Página59)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/000489 Pregunta formulada por el Diputado don Teodoro García Egea
(GP), sobre actuaciones para la llegada del AVE a Murcia... (Página61)
181/000490 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol
(GP), sobre alcance del estudio informativo de la variante de Fuente el
Fresno... (Página62)
181/000491 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol
(GP), sobre alcance del proyecto de remodelación del enlace de la A-6 con
la M-40 y nuevas conexiones con la A-6... (Página62)
181/000492 Pregunta formulada por la Diputada doña Tristana María Moraleja
Gómez (GP), sobre actuaciones previstas en Perillo (Oleiros) para mejorar
la permeabilidad transversal y la seguridad vial de la AC-12... (Página62)
181/000493 Pregunta formulada por el Diputado don Óscar Gamazo Micó (GP),
sobre obras que se están acometiendo para la mejora del acceso sur al
puerto de Gandía... (Página63)
181/000494 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba
(GP), sobre avances producidos en la autovía A-33... (Página63)
181/000495 Pregunta formulada por la Diputada doña Carolina España Reina
(GP), sobre avances producidos en el acceso norte vial al aeropuerto de
Málaga... (Página63)
181/000496 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de aprobar mediante
Real Decreto las medidas urgentes anunciadas el día 01/09/2017 en
relación con los sectores del taxi y de alquiler de vehículos con
conductor, entre las que se incluía la prohibición de la transmisión de
autorizaciones en los dos primeros años desde su otorgamiento o la
creación de registros electrónicos... (Página63)
181/000497 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas para reducir la elevadísima
siniestralidad que sufre la N-122 a la entrada de la ciudad de Valladolid
a su paso por La Cistérniga, punto negro calificado como el más peligroso
del país, de acuerdo con el informe anual de la Asociación Europea de
Automovilistas... (Página64)
181/000498 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet
Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de aprovechar la nueva línea de
alta velocidad Alicante-Murcia, que lleva varios años en construcción...
(Página64)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las
instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades
locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y
asesoramiento, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Las instituciones del Estado así como las de las Comunidades Autónomas y
las entidades locales, tienen por finalidad reforzar la existencia de un
espacio democrático y de derecho. Dentro de esa estructura institucional
se encuentran los denominados, genéricamente, órganos auxiliares a la
función de Gobierno siendo su existencia, continuidad en el tiempo y buen
funcionamiento, manifestación inequívoca de calidad democrática.
Entre esta estructura auxiliar se encuentran los órganos encargados de la
fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad
económico-financiera del sector público. Esta estructura auxiliar
desempeñan funciones especialmente relevantes para alcanzar una
democracia saneada, donde todo ciudadano aprecia sin dificultad que su
espacio de derechos, libertades y obligaciones, se garantiza por un
entramado institucional impecable en el que el control, la fiscalización
o el asesoramiento al ejercicio de la acción política gubernamental,
queda inmune a coyunturales momentos de tacticismo político que desde una
mirada cortoplacista, olvidan que la política debe intentar mirar a largo
plazo, siempre en beneficio de los ciudadanos.
La actividad financiera es un aspecto esencial de toda organización
política y ha contribuido de manera definitiva a la formación de las
instituciones. El artículo 136.1 CE consagra al Tribunal de Cuentas como
supremo órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera del
sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad
de los partidos políticos. Este Tribunal depende directamente de las
Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el
examen y comprobación de la Cuenta General del Estado y censura las
cuentas del Estado y del sector público que han de rendírsele.
Tal consideración implica que si bien la función fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas puede extenderse a todo el Estado esta competencia no
excluye que pueda concurrir con otros órganos de control externo de
cuentas, aunque ninguno de igual o mayor preeminencia que el propio
Tribunal. De este modo nuestra Constitución establece un reparto de
competencias en esta materia entre los distintos entes territoriales.
No es infrecuente que pueda existir un ánimo de auténtica revancha
política generando debates o conflictos públicos en relación a quienes
han sido elegidos o van ser elegidos como titulares de esta estructura
fiscalizadora. Disputas muy poco edificantes en una democracia sólida y
vigorosa que empobrecen nuestro sistema y poco favorecen a generar una
mayor confianza de los ciudadanos en sus
instituciones, particularmente en aquellas que han de desarrollar, con
autonomía plena, funciones control, fiscalización o asesoramiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, a impulsar y reforzar los comportamientos de lealtad y
confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades
Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de
control, fiscalización y asesoramiento. A tal fin, se garantizará que la
elección de sus miembros se efectúe entre profesionales de acreditada
competencia y de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad,
mérito y capacidad, estudiando la conveniencia de regular la
participación de quienes han desempeñado funciones públicas de naturaleza
política en los años anteriores a su posible nombramiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Justicia
161/002400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores, para su debate
en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal del menor (LORPM) señala en su Exposición de motivos que "en el
Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del
procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del
menor".[...] "Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no
formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de
las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la
aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan
indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el
principio de presunción de inocencia".
Por su parte, la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad
Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo,
establece en su disposición adicional cuarta, apartado d), con el objeto
de favorecer el proceso de rehabilitador de la persona menor de edad, que
"la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de
internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se llevará a
cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado
que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso,
mediante convenio con las Comunidades Autónomas".
Los menores condenados por delitos relacionados con el terrorismo deben
ser juzgados en la Audiencia Nacional, y la ejecución de la medida es
competencia de la Administración General del Estado. La firma de los
convenios a los que hace referencia la Disposición Adicional cuarta
apartado d) de la Ley Orgánica 5/2000, de 22 de diciembre, posibilita que
estos menores puedan cumplir las medidas dictadas por el Juzgado Central
de Menores de la Audiencia Nacional en los centros educativos de
cumplimiento de medidas privativas de libertad de la Comunidad Autónoma
más cercana a su entorno social y familiar.
En estos momentos la Administración General del Estado mantiene Convenios
de colaboración, en esta materia, con dos Comunidades Autónomas: la
Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para garantizar los principios de interés superior del menor y finalidad
educativa de las medidas judiciales impuestas a menores, se hace preciso
dotar de una mayor posibilidad de centros para la ejecución de las
medidas judiciales impuestas por la Audiencia Nacional.
Desde la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor se ha venido reiterando en la Comisión de
Seguimiento del Convenio vigente la necesidad de ampliar la suscripción
de Convenios de Colaboración con otras Comunidades Autónomas. Con ello se
evitaría la agrupación de menores que cumplen medidas judiciales, lo que
podría dificultar su reinserción, de una parte, y de otra, se favorecería
una mayor proximidad de la persona menor a su núcleo familiar y social,
cuando esta proximidad fuera adecuada según el criterio de los equipos
técnicos para implicar a las familias y reforzar su proceso educativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar los acuerdos
necesarios para la suscripción de los convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas que permitan mejorar la oferta y distribución
geográfica de plazas de centros para la ejecución de medidas judiciales
impuestas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, con
el fin de evitar la concentración y el agrupamiento de jóvenes a los que
se pudiera imponer una medida de internamiento cuando el programa de
intervención del joven así lo aconsejare, y especialmente en los casos
asociados a delitos de terrorismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Interior
161/002414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños causados por
la lluvia en Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Las lluvias torrenciales caídas durante la madrugada y la mañana del día
18 de octubre en diversos municipios de la provincia de Cádiz y
especialmente en el término municipal de Jerez de la Frontera, han
provocado graves daños materiales y económicos tanto en bienes de
carácter público (red viaria, colegios, etc.), como en los de titularidad
privada (viviendas, locales comerciales, vehículos, explotaciones
agrícolas, etc.).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, ante los daños producidos como consecuencia
de las lluvias torrenciales caídas durante el día 18 de octubre del
presente en diversos municipios de Cádiz y especialmente en Jerez de la
Frontera, insta al Gobierno de España a proceder, conforme a lo previsto
en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo
24 de la citada ley, que comprenderán en todo caso:
1. Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales
producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de
las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer
frente a esta catástrofe.
2. Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción,
rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas.
3. Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red
viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y
otras de titularidad pública.
4. Atribuir la consideración de obras, servicios o suministros de
emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de
infraestructuras, equipamientos, servicios, así como a las obras de
reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las
relativas a la reconstrucción de obras públicas que afecten a la
seguridad de las personas.
5. Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de
daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas
los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al
remanente destinado a las obras de sostenibilidad.
6. Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras,
agrícolas o ganaderas en su caso.
7. Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos
industriales, turísticos y mercantiles, e explotaciones y otras
actividades afectadas.
8. Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
9. Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros.
10. Concesión de anticipos directamente por la Administración General del
Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por
causa de esa catástrofe.
11. Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar
cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de
ayuda previsto en otras normas aprobadas para compensar daños producidos
por catástrofes naturales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Miriam
Alconchel Gonzaga, Salvador Antonio De la Encina Ortega, Antonio Pradas
Torres y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa al aumento del complemento
específico del colectivo de examinadores de tráfico, para su debate en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado mes de mayo teníamos noticia del anuncio por parte de la
Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) de la convocatoria de una
huelga que, a día de hoy, ha venido logrando un gran seguimiento.
Entre las reivindicaciones se encontraba la escasez de plantilla y las
condiciones salariales, poco atractivas para las características de
trabajo de este colectivo, tales como su mayor complejidad técnica, los
riesgos para la integridad física derivados de agresiones y accidentes,
el trabajo a la intemperie, la penosidad, un horario especial y otras
especificidades de este tipo de trabajo, lo que está conduciendo a la
fuga de funcionarios, según denuncia el colectivo. Después de 35 jornadas
de huelga, son muchas las personas, de este colectivo y ajenas al mismo,
que se están viendo afectadas por un conflicto que parece encallado. Los
examinadores ya estuvieron en huelga en 2015, protesta que terminó con un
acuerdo con la Dirección General de Tráfico ("Acuerdo definitivo sobre
desconvocatoria de la huelga convocada en la Dirección General de
Tráfico, con el Comité de Huelga", firmado el 29 de octubre del año
2015). Sin embargo, según varios colectivos, este acuerdo no se está
cumpliendo.
Según la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), con esta huelga se
ha acentuado el problema que ya se esperaba para verano, al incrementarse
el déficit de examinadores que ya existe actualmente, ya que es en verano
cuando miles de aspirantes aprovechan para sacarse el carnet de conducir.
Por ello, entre los afectados de otros colectivos podemos citar a los
miles que aspirantes a obtener el carnet de conducir que todavía se
encuentran en cola para examinarse, con el consiguiente trastorno para
sus perspectivas personales y laborales (por ejemplo, perdiendo
oportunidades de empleo por no tener el carnet), así como a las
autoescuelas que se encuentran en una angustiosa situación perdiendo
ingresos y clientes, o cerrando, en el peor de los casos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, a la
mayor brevedad posible, un aumento del complemento específico del
colectivo examinador de tráfico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Irene Rivera
Andrés, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
devolver a la CNMC diversas funciones que hasta ahora ejercía este
organismo, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad.
Exposición de motivos
El pasado sábado 14 de octubre se publicaba en el "Boletín Oficial del
Estado" (BOE), el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
En dicho Real Decreto se desarrollan, entre otros aspectos, las funciones
de la Secretaría de Estado de Energía, que pasa a asumir diferentes
funciones recogidas en la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), de 4 de junio de 2013 y que hasta ahora venía
desempeñando este organismo.
La Secretaría de Estado de Energía asumirá a partir de ahora las
inspecciones y liquidaciones de los ingresos y gastos del sector
eléctrico, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el
sistema de certificaciones de biocombustibles y el control de
operaciones.
El Gobierno ha justificado los cambios en la estructura organizativa de
dicha Secretaría de Estado y de la Dirección General de Política
Energética y Minas y la nueva redacción dada a los artículos relativos
sus funciones "tanto por una más adecuada distribución funcional de esas
funciones, como por la asunción de las competencias otorgadas a este
Departamento por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de los sectores
eléctrico y de hidrocarburos".
Asimismo, los cambios en la organización de la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y la Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la nueva
redacción de los artículos relativos a las funciones que ejercen se
justifican, según el Gobierno, por "la incorporación de las nuevas
funciones atribuidas a estos órganos por la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones y por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Dicha Secretaría de Estado se encargará a partir de ahora de la gestión
del reparto de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, la
gestión del registro de operadores, del registro público de numeración,
de la liquidación de la tasa general de los operadores y de la tasa de
numeración, entre otras funciones.
Por otra parte, la Comisión Europea abrió en 2013, un expediente de oficio
a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del
mercado interior de la energía. El propio Presidente de la CNMC, José
María Marín Quemada, subrayó recientemente que el organismo "aún está a
la espera de recibir competencias definidas en el derecho comunitario.
Las disputas entre el supervisor y el Ministerio de Energía han acabado
provocando la apertura de un procedimiento de infracción a España por
parte de la Comisión Europea.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las
medidas legislativas y reglamentarias necesarias con el fin de devolver a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia todas aquellas
funciones que hasta ahora venía ejerciendo este organismo y que han sido
transferidas a diversos Ministerios, así como las que fueron transferidas
con anterioridad, con el fin de dar cumplimiento a la normativa de la
Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002417
A la Mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en el Reglamento del Congreso, presenta para su debate en Comisión, la
siguiente Proposición no de Ley sobre la prestación de servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
Exposición de motivos
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
vino a establecer un nuevo marco normativo para el sector audiovisual en
España.
Esta ley facilita, en su artículo 32 la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, regulándolos en
los términos siguientes:
"1. Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades
sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales,
culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos
sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la
vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se
emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual
comercial.
2. La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la
disponibilidad del dominio público necesario para la prestación de estos
servicios.
3. La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En
dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza
sin ánimo de lucro, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo
canal así como las condiciones de dicho uso.
4. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso
privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la
prestación del servicio. La Administración General del Estado habilitará
el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos
servicios.
5. La licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de
servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y no
podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento.
6. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la
procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si
los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de
evaluación de gestión financiera y un registro específico para el
depósito de su memoria económica. Salvo
autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación
anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los
servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el
caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.
7. Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual
sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones
o tasas, se deriven de su actividad."
Asimismo, en el punto 2 de la disposición transitoria decimocuarta de la
referida Ley se dispone que:
"2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el
procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de
actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin
ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de
doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley."
Por otra parte, el artículo 19 del Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre
servicios de comunicación audiovisual en Canarias, prevé que "La licencia
necesaria para la prestación de servicios de comunicación audiovisual
comunitarios sin ánimo de lucro, por parte de las entidades privadas que
tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro, para
atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación
específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la
participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, serán
otorgadas por el Gobierno de Canarias, mediante concurso público
tramitado con sujeción a lo establecido en el presente Decreto, y de
conformidad con las disponibilidades del dominio público radioeléctrico
establecidas por la Administración General del Estado".
No obstante a fecha de hoy la Administración General del Estado no ha
procedido ni al desarrollo reglamentario, ni tampoco ha reservado ni
garantizado la disponibilidad del dominio público radioeléctrico
necesario para la prestación de estos servicios de comunicación
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
La demanda de este tipo de servicios audiovisuales no puede ser satisfecha
como consecuencia de la falta de desarrollo reglamentario por parte del
Estado. Asimismo, ante la ausencia de espacio radioeléctrico disponible,
es imposible iniciar el oportuno procedimiento para la adjudicación de
las preceptivas licencias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar las previsiones del artículo 32.4 de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, habilitando el servicio
público radioeléctrico necesario para la prestación de servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
2. Atendiendo a las previsiones de la disposición transitoria decimocuarta
de la referida ley, desarrollar reglamentariamente tanto el procedimiento
de concesión de licencia como la concreción del marco de actuación de los
servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Ana María
Oramas González-Moro, Diputada.-Íñigo Jesús Alli Martínez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/002420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión de
Economía, Industria y Competitividad, relativa al cumplimiento de los
acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de Navantia
en la ría de Ferrol.
Los trabajadores de las compañías auxiliares del naval fueron los más
afectados por la falta de construcción de barcos en el astillero público
Navantia de Ferrol desde 2014. Muchos de estos trabajadores perdieron su
empleo y tuvieron que engrosar las listas del paro, y cuando se recuperó
la actividad en las gradas de Navantia y las empresas auxiliares les
volvieron a llamar, las condiciones laborales y económicas habían
empeorado considerablemente. La diferencia de sueldo se explica porque
buena parte de las empresas auxiliares dejaron de hacer efectivos los
acuerdos alcanzados en el año 2001.
En ese año 2001, la representación sindical de Navantia, la industria
auxiliar y la propia Navantia, S. A., alcanzaron un acuerdo sobre las
condiciones laborales que deberían respetarse en la prestación de
servicios de la industria auxiliar.
El 27 de enero del pasado año 2006 volvieron a rubricar un acuerdo sobre
la política de contratación de la industria auxiliar para todos los
centros de Navantia del siguiente tenor:
"1. La información previa a las organizaciones sindicales de las próximas
ofertas de subcontratación a realizar, así como de las empresas que
participen en las mismas.
2. Supresión de la subcontratación en cadena o subcontratación en la
subcontratación, impulsando la constitución de UTE, Consorcio o
coordinación de empresas.
3. Hacer todas aquellas gestiones que sean necesarias cara a regular la
jornada laboral, erradicando las jornadas excesivas, respetando los
descansos semanales, adquiriéndose, también, el compromiso de establecer
unos acuerdos específicos y, absolutamente necesarios, para el área de
carenas, orientados a regular la necesaria flexibilidad que requiere
dicha actividad.
4. Desde Navantia se exigirá a las empresas auxiliares el estricto respeto
a los derechos de los trabajadores contemplados en los convenios
colectivos, pactos de empresa o acuerdos entre sindicatos y empresarios
en los que regulen las condiciones laborales de los trabajadores en
atención a lo que manifiesta la representación sindical sobre la
preocupante dinámica que se está implantando que está suponiendo
paulatinamente que se estén recortando las condiciones económicas y
sociales de los trabajadores, fomentándose de nuevo una brutal
competencia desleal entre las diferentes empresas..."
Como refiere el meritado acuerdo, se trata de evitar la precariedad y el
abuso manifiesto en la prestación de dichas funciones, si bien; desde
hace un largo período de tiempo, de forma unilateral, la industria
auxiliar ha dejado de cumplir dichos acuerdos con la connivencia de
Navantia, S. A., con los consiguientes perjuicios para las personas
trabajadoras de una industria auxiliar a la que se adjudican contratos en
atención a unas ofertas económicas que compiten a la baja y que a la
postre repercuten, a posteriori sobre las y los trabajadores de esta
industria.
La industria auxiliar se ha desvinculado unilateralmente de estos acuerdos
propiciando que las condiciones salariales, de jornada sean absolutamente
inaceptables.
Los sindicatos denuncian abusos inaceptables en las condiciones laborales
que impone la industria auxiliar; entre otros: la existencia de distintas
escalas salariales para las mismas categorías en la misma empresa, la
existencia de listas negras de trabajadores por el simple hecho de
reclamar el cumplimiento de sus derechos, jornadas abusivas... En
definitiva, alertan de un retroceso de veinticinco años atrás. Este
incumplimiento es fruto de múltiples reivindicaciones en aras a exigir el
respeto a los acuerdos firmados. Y ahora, desde el pasado 5 de octubre,
las personas trabajadoras de la industria auxiliar del naval en Ferrol
secundan una huelga indefinida, que continúa a la fecha del registro de
esta iniciativa.
Sin embargo, la empresa pública Navantia no ofrece una solución al
conflicto, y, por el contrario, se dedica a publicar comunicados
anunciando su intención de llevar a cabo "medidas drásticas", en el
astillero de Ferrol si continúa la huelga, para provocar miedo en las
personas trabajadoras, e intentar disuadirlas de su intento de
reinvindicar sus derechos laborales, aprobados hace casi veinte años.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
apoya las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de las
empresas auxiliares del naval, que lamentablemente trabajan en una
situación de precariedad intolerable en el siglo XXI. Para garantizar un
trabajo digno y de calidad no se pueden consentir jornadas agotadoras y
salarios por debajo de lo aprobado en el convenio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que repare la situación
existente en los centros de trabajo de los Astilleros de Navantia,
exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos firmados con la industria
auxiliar del 2001 y 2006, para evitar de este modo el proceso de
deterioro y precarización laboral existente como consecuencia de la
inaplicación del mismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/002422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y
Doña Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
creación de un portal nacional de empleo público.
Exposición de motivos
La oferta de empleo público se encuentra tremendamente atomizada y en
función de la Administración Pública a la que se refiera el puesto la
publicidad de los requisitos y la transparencia del proceso puede ser muy
distinta, incidiendo perjudicialmente en la igualdad de oportunidades de
acceso.
Dentro del sector educativo y en el universitario en particular, cada
universidad pública en sus portales de empleo las correspondientes
convocatorias, si bien el procedimiento puede cambiar notablemente: las
plazas correspondientes a personal docente e investigador laboral se
recogen en los boletines oficiales de la correspondiente Comunidad
Autónoma (salvo las universidades de ámbito estatal), las de profesores
funcionarios son publicadas en el "Boletín Oficial del Estado", mientras
los puestos como profesores sustitutos interinos u otros contratos
especiales para investigadores o docentes no tienen un proceso definido y
muchas veces dependen de el conocimiento que se tenga de las particulares
bolsas de empleo de cada universidad.
En el caso de los puestos docentes y/o administrativos en la educación
secundaria obligatoria, los procedimientos para la selección tanto en las
plazas docentes vacantes como los concursos de traslados son publicados
en los boletines oficiales de las distintas CCAA. A pesar de esta
publicidad, la existencia de una multitud de criterios de baremación y
variables para las puntuaciones distintos en cada CCAA hacen más complejo
el acceso a la información disponible y perjudica la transparencia.
En un contexto en el que se acusa severamente a nuestras universidades de
endogamia, las etapas educativas obligatorias presenta índices de
temporalidad e interinidad altísimos y las denuncias sobre la enorme
variabilidad de los baremos, no cabe duda de que es necesario llevar a
cabo medidas para dotar de claridad a estos procesos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Desarrolle un portal web de empleo público universitario que recoja
información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal del
sector educativo, distinguiendo entre educación obligatoria
y universidades y entre las ofertas de plazas tanto nacionales como
internacionales, en el que se explicitarán los siguientes contenidos y
tendrá las siguientes funciones:
a) La Administración que realiza la convocatoria y a la que pertenece el
puesto.
b) Los requisitos para concursar y solicitar el empleo.
c) Los criterios que se aplican a la asignación de los puestos y sus
ponderaciones y criterios de baremación.
d) Los plazos para la admisión de solicitudes, así como las fechas y
plazos para la recepción de notificaciones, publicaciones o la
presentación de recursos.
e) Que permita la creación de alertas y notificaciones personalizadas.
f) Que se integre, en los casos pertinentes, con los portales de las CCAA
u otros portales de publicación (y evitar así un doble o triple
registro).
2. Desarrolle, dentro de este portal web o de manera adscrita, canales de
atención al usuario tanto telefónicos como telemáticos que permitan al
usuario resolver dudas.
3. Inste a las CCAA a que faciliten esta información de manera periódica
en aquellos procesos que sean de su competencia y que faciliten la
integración de sus webs con el portal central."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión de Fomento
161/002393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa a la paralización de la ampliación a tres carriles
del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21.
Exposición de motivos
El proyecto de ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de
la autovía V-21, se inició en el año 2009. Tras ocho años, el Ministerio
de Fomento ha sacado en agosto de 2017 a licitación el contrato de obras.
Según el Gobierno, el objetivo del proyecto es aumentar la capacidad de la
V-21, mediante la construcción de un tercer carril en un tramo de autovía
que actualmente soporta más de 70.000 vehículos de media al día,
mejorando de esta forma el nivel de servicio.
Sin embargo, el proyecto es el más caro de los presentados y el más
destructivo para la huerta (en vías de protección), chocando frontalmente
con el Plan de Acción Territorial de la Huerta y con la Ley de la Huerta,
ya en trámite en Corts Valencianes. Además, el desarrollo de esta
ampliación favorece el uso del transporte privado convencional frente a
modelos de transporte sostenibles y de futuro que sean una alternativa
viable a esos 70.000 vehículos.
Entre el 20 de diciembre de 2010 y el 17 de enero de 2011, se abrió el
proceso de participación y exposición pública del proyecto. La cifra
correspondiente al público interesado del proyecto ascendía a un total de
720.912 personas. Este proceso de participación fue un rotundo fracaso,
incumpliéndose el objetivo del Plan de Participación Pública al recogerse
solamente cinco encuestas, una muestra totalmente no representativa de la
población total.
Ya en el año 2015, el pleno del Ayuntamiento de Alboraya, municipio
afectado por la obra, rechazó por unanimidad el inicio de expediente por
parte del Ministerio de Fomento por el que se iniciaba la expropiación de
terrenos, construcciones y derechos en Alboraia, para así llevar a cabo
la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía
V-21.
Con fecha 12 de septiembre de 2017, la Corporación Municipal de Alboraia
en Pleno, vuelve a reiterar por unanimidad su negativa a la ampliación de
la V-21 a su paso por el municipio de Alboraia. Además, el último Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana del Área de Urbanismo de Alboraya
acordó por unanimidad adherirse a la moción aprobada el pasado 12 de
septiembre que rechaza la ampliación de la V-21.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de
la autovía V-21.
2. Estudiar nuevos proyectos alternativos que favorezcan la movilidad
colectiva y sostenible de futuro.
3. Realizar un nuevo informe de impacto ambiental del antiguo proyecto
contemplando la declaración de protección de la zona de la Huerta.
4. Realizar una consulta pública vinculante garantizando la máxima
participación, accesibilidad, información y conocimiento de diferentes
proyectos y alternativas de movilidad a la ampliación a tres carriles del
tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Rosana
Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa a la obligación de servicio público al transporte
aéreo Canarias-Península.
Exposición de motivos
En septiembre de 2012, el presidente del Gobierno de Canarias planteaba la
necesidad de que las rutas aéreas Canarias-Península fueran declaradas
obligación de servicio público. La crisis económica había provocado la
retirada de determinadas líneas aéreas por lo que la conectividad del
archipiélago se estaba viendo comprometida.
Posteriormente, con la denominada "recuperación" económica, volvió el
aumento de la demanda, que hizo que se restablecieran determinadas
líneas, y la idea de declaración de servicio público quedó aparcada, con
la confianza de que sería el mercado el que regularía la oferta.
Recientemente, un colectivo ciudadano llamado "Canarios sin alas", volvía
a poner en primera línea de la actualidad el asunto, esta vez poniendo el
foco en las desorbitadas tarifas aéreas que producen que muchos canarios
y canarias que residen en la península no puedan viajar a su tierra por
el elevado coste que imponen las compañías, especialmente en determinados
periodos como la navidad, puentes, festivos, etc.
El marco de la UE nos impone un mercado liberalizado, que también incluye
el transporte aéreo. Dicho mercado se basa en la libertad de operar de
las compañías que cumplen determinados requisitos y en el establecimiento
libre de tarifas por parte de las compañías: en la lógica liberal de que
la competencia hará bajar los precios. Esto objetivamente no solo no es
así (no hay bajada generalizada de precios), sino que este mismo año
hemos vivido acusaciones de pacto de precios entre compañías, en concreto
en la línea Madrid-Bilbao.
Que estemos en un mercado denominado libre no impide para que existan
determinados mecanismos de control público. La denominada obligación de
servicio público a la que se ha hecho alusión, se define como: "cualquier
obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto
de la Comunidad
y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de
baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo
económico y social de la región".
Dicha obligación, "solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos
servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad,
regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si
únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial."
En el caso de Canarias dicha obligación de servicio público no es nueva,
el mercado interinsular de transporte aéreo está regulado por esa vía
para garantizar la conectividad y unas tarifas asumibles por la
ciudadanía.
La resolución del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran
obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas
Canarias, establece las condiciones de intervención pública en el mercado
aéreo interinsular, desde la perspectiva de que la comunidad es un
territorio fragmentado y que su principal vía de comunicación es la
aérea, por lo que la Administración interviene para garantizar el interés
público del transporte de la ciudadanía entre islas.
Entre los mecanismos de control que se establecen en ese acuerdo, está la
creación de una comisión mixta, con representantes del Ministerio de
Fomento y de la comunidad autónoma, y que tiene como objetivo examinar
los programas de las compañías aéreas para cada temporada, quedando
obligadas dichas compañías a presentar datos estadísticos sobre las rutas
sometidas a control público, con el número de pasajeros desplazados,
vuelos realizados, etc., estableciéndose mecanismos de control y sanción.
Asimismo, se definen las tarifas de referencia, estableciéndose también
distintas categorías de utilidad; como tarifa flexible, promocional y
tarifa social.
Todo ello viene a significar que la intervención de la Administración
Pública, en aras a velar por la correcta conectividad del archipiélago y
para evitar tarifas abusivas por parte de las compañías aéreas, no es
nueva en el archipiélago. De hecho, este control público no solo no ha
supuesto un menoscabo a los intereses de las compañías aéreas, sino que
el mercado interinsular ha crecido en las empresas que prestan servicio,
desechando objetivamente la idea de que un control público provoca la
huida de las compañías al no considerarlas rentables.
La realidad es que el archipiélago, y la gente que vive en él, necesitan
respuestas a sus problemas y este es uno de ellos. Las autopistas para
estar conectados con el resto del Estado son aéreas. Evitar abusos
tarifarios no solo permitiría que los canarios y canarias que viven en la
península pueda volver a un precio razonable, sino que los intercambios
con el exterior, no exclusivamente turísticos sino culturales,
académicos, científicos, se verían facilitados.
Entendemos que esta cuestión no puede tener un uso partidista, es una
cuestión de sentido común, de entender las necesidades de y
singularidades de las islas. Por todo ello consideramos que estas medidas
deben contar con un amplio consenso de las instituciones canarias y de
los representantes de Canarias en las instituciones del Estado.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer las rutas aéreas Canarias-Península como servicio público
obligatorio.
2. Crear una mesa de trabajo con representación del Gobierno de España, el
Gobierno de Canarias, y las y los Diputados de las circunscripciones de
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, para
adoptar medidas que garanticen un precio razonable en las rutas aéreas
Canarias-Península."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Carmen
Valido Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre la AP-71 León-Astorga, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El eje de comunicación León-Astorga es uno de los ejes intermedio
transversal más relevante en el Cuadrante Noroeste de la Península
Ibérica, uniendo el principal acceso a Galicia y El Bierzo con el acceso
a Asturias y continuando hacia Burgos, Valle del Ebro, País Vasco y
Francia, y el eje principal de comunicación y ocupación en la Subregión y
Provincia leonesa (León-Astorga-Ponferrada), con la mayor intensidad de
tráfico registrada entre todas las carreteras que atraviesa su
territorio.
Desde su apertura al tráfico en octubre de 2002, la autopista AP-71, entre
Astorga y León, ha presentado una baja densidad de tráfico, con un IMD de
3.623 vehículos, de los que 453 corresponden a vehículos pesados, según
datos del Ministerio de Fomento del año 2014, que contrastan con los
datos de la otra vía alternativa, la N-120.
La N-120, en este mismo tramo, entre León y Astorga, tiene una intensidad
media diaria de 16.036 vehículos en la estación LE-80-3, 9.620 en la
LE-81-3 y cerca de Astorga, en la LE-155-3, de 8730, según los datos del
Ministerio para ese mismo año.
La elevada densidad de tráfico de la carretera nacional, en la que
encuentra una masiva presencia de vehículos pesados, se debe en gran
parte a la presencia de un polígono industrial en auge en el PK 323. A
esta circunstancia se la añaden la elevada concentración de pueblos; la
importante presencia de peregrinos a pie y cada vez más en bicicleta,
quienes cuentan con un solo paso de peatones en todo el tramo con una
única señalización vertical; y un pésimo estado de conservación del
asfalto en varios puntos, todo lo cual convierten este tramo de vía, no
solo en el de mayor complejidad circulatoria de las Carreteras leonesas,
sino en uno de los más peligrosos.
Paradójicamente, a pesar de las múltiples ventajas que supondría la
utilización de la AP-71, esta registra una muy baja ocupación y encadena
años de pérdidas desde su inauguración, mientras que en su alternativa,
paralela y gratuita, aumentan los niveles de tráfico, rodado y pedestre,
la consiguiente saturación de la vía y la siniestralidad, la causa: el
precio del peaje. Su elevado precio, que en este año 2017 son 4,95 euros
para vehículos ligeros, disuade la desviación de vehículos desde la
N-120, aun siendo esta última la vía con mayor cantidad de puntos negros
de la provincia de León, concretamente tres, situados en los kilómetros
308, 313,2 y 322,3 (datos de la DGT 2013), a la vez que la autopista de
peaje es una de las más ruinosas de la geografía nacional.
En julio de 2015, el Ministerio de Fomento puso en marcha un plan piloto
para fomentar el desvío voluntario de vehículos pesados en las autopistas
de peaje al que se ha dado continuidad, incluyendo las correspondientes
partidas en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, tanto por la saturación y peligrosidad
de la N-120, como para impulsar la utilización de la autopista, sin
obviar el impulso económico de la zona, ahora estrangulado por estas
circunstancias, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la bonificación en cinco kilómetros el peaje de la autopista
AP71, desde los enlaces del nudo contiguo a La Virgen del Camino a
Villadangos del Páramo.
2. Incluir la AP-71 en el próximo plan de desvío voluntario de vehículos
pesados en las autopistas de peaje para e incluir la dotación económica
correspondiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
3. Negociar con la empresa concesionaria de la AP-71 la bonificación
progresiva del peaje hasta su liberalización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-María Aurora
Flórez Rodríguez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y
Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
racionalización de títulos universitarios.
Exposición de motivos
Los datos muestran un preocupante crecimiento generalizado en el número
total de titulaciones a pesar del descenso demográfico y los excesos
pasados. En los grados ha aumentado el conjunto del sistema desde los
2.448 hasta los 3.051, lo que supone un incremento de casi el 25 %. En
las universidades públicas ese incremento ha sido del 22 %. Este
incremento se debe, en muchos casos, a razones de marketing y de
adaptación a las nuevas necesidades que han obligado a las universidades
a diseñar nuevos títulos derivados de otros ya existentes.
Sin embargo, esta tendencia no se ha visto acompañada del cierre de otros
que tienen menor demanda. En el año 2012 el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte fijó el umbral de "eficiencia" de un título y, por
tanto, su viabilidad, por encima de los 55 estudiantes de nuevo ingreso.
En 2008 el porcentaje de titulaciones con menos de 55 alumnos era del 33
%, cifra que fue bajando hasta el 18 % en 2013. A partir de entonces ha
ido repuntando de nuevo hasta llegar al 27 % del año 2015/2016, hasta el
punto en que todas las universidades públicas regionales ofrecen todas
las titulaciones con independencia de su tamaño o de la población de la
región con tal de poder ofrecer estudios cerca de casa a sus estudiantes
en lugar de especializarse.
En lo referente a los títulos de Máster, los números muestran una
tendencia similar de crecimiento totalmente desajustado a la demanda. En
el año 2009 el % de titulaciones de máster era del 19 %, mientras en el
2016 ese porcentaje había aumentado hasta el 32,5 %, sustituyendo
básicamente a estudios de doctorado. Esa reducción de un 34,1 % de la
oferta de títulos de doctorado se ha producido en una situación de
aumento del 28,7 % de la demanda, mientras que en los estudios de máster
el aumento de casi un 142 % se ha visto acompañado por un aumento de la
demanda del 83,6 %.
El sistema universitario español está en su gran mayoría financiado por
las cuentas públicas y todos estos desajustes no hacen sino encarecer aún
más el coste por puesto universitario que ya estaba sufriendo una
tendencia al alza por el descenso de población en edad de estudio,
poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema.
La propia estructura del sistema ya presenta rigideces como la
imposibilidad del traslado de funcionarios de carrera, que impiden un
ajuste más rápido ente la demanda de titulaciones y los recursos
disponibles para garantizar su oferta. No limitar el número de
titulaciones no hace sino poner más presión económica en las arcas
públicas.
Si no se actúa ya y el Gobierno y los respectivos gobiernos autonómicos
siguen atendiendo a la situación como meros espectadores de lujo el
sistema se verá abocado a una subida de tasas y la reducción de becas que
afectarían gravemente la posibilidad de acceso a una educación superior
de todos los ciudadanos españoles. Por contra, contribuir a un mejor
ajuste podría ayudar a aumentar el número de becas no solo para el pago
de matrículas sino también de movilidad y manutención que fomenten la
independencia y movilidad de miles de estudiantes.
De acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado la competencia
relativa a los títulos. El artículo 149.1.30 le atribuye la competencia
en materia de "regulación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales".
En ejercicio de dicha competencia, el Estado ha aprobado, en desarrollo de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
En este contexto competencial, el Estado tiene las facultades adecuadas y
suficientes para racionalizar las titulaciones para evitar los problemas
aquí apreciados.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo
32.1 "Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) las funciones de acreditación y
evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones
universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe
en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley". El
artículo 26 del Real Decreto 1393/2007, dispone que: "Tras la
autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de
estudios a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de
Educación y Ciencia elevará al Gobierno la propuesta para el
establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el
RUCT, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será
publicada en el "Boletín Oficial del Estado"".
Por lo tanto, el Gobierno tiene facultades suficientes para aprobar la
ordenación adecuada para la racionalización de los títulos y cuenta con
un organismo especializado y autónomo que puede llevar a cabo la
evaluación imprescindible a tal efecto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Solicite a la ANECA un informe de evaluación de los títulos recogidos
en Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de cada
universidad y analice la sostenibilidad de cada título sobre la base del
umbral de "eficiencia" de un título fijado en 55 estudiantes de nuevo
ingreso, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. Adopte las medidas adecuadas para la racionalización del número de
titulaciones en cada universidad, eliminando en un período de cuatro años
aquellas titulaciones que no pasen el ratio de eficiencia y favoreciendo
la movilidad de los alumnos de esas titulaciones a otras universidades en
las que esa titulación cumpla el criterio de eficiencia.
3. A determinar universidades prioritarias que centralicen la oferta de
plazas de aquellas titulaciones en las que no haya ninguna universidad
que cumpla el criterio de eficiencia.
4. A crear un programa de becas estatal con becas de movilidad para
alquiler y de manutención para aquellos alumnos que deban desplazarse por
la eliminación de titulaciones en su provincia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/002429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para aumentar las
subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas, para su
debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Con base a lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, las Federaciones deportivas españolas son entidades privadas, a
las que se atribuyen, por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración
Pública.
Así mismo, en el artículo 8 de dicha Ley, dentro de las competencias del
Consejo Superior de Deportes se señalan entre otras, la autorización de
la constitución y aprobación de estatutos y reglamentos de las
Federaciones deportivas, la suscripción de los correspondientes convenios
para el desarrollo de programas deportivos, la concertación de sus
presupuestos y sus estructuras orgánicas y funcionales.
Además, en su artículo 8. d) la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte,
atribuye al Consejo Superior de Deportes competencia para conceder las
subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas y
demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando
la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en
dicha Ley.
En este sentido las subvenciones concedidas a las Federaciones por el
Consejo Superior de Deportes han sufrido un descenso muy significativo en
los últimos años, pasando de los 82 millones de euros en 2009 a los 46
millones de euros en 2016. En resumen, las Federaciones han tenido que
cumplir con sus objetivos con 36 millones de euros menos.
La caída de los ingresos obtenidos por las federaciones deportivas ha
supuesto que muchas de ellas hayan tenido que recortar su plantilla de
trabajadores y trabajadoras, reducir gastos en contratos de seguridad o
limpieza, incluso, a compartir sede con otras federaciones.
Pero para las Federaciones este tipo de recortes no es lo más preocupante.
Lo más grave es que en los últimos años han tenido que priorizar
programas deportivos que la Ley de Deporte les encomienda "planes de
preparación de los deportistas de alto nivel", renunciando a alguno de
los programas y ayudas a sus deportistas.
Esta circunstancia ha provocado que los programas de Tecnificación
Deportiva, la propia captación y formación de talentos deportivos jóvenes
o el apoyo al deporte base, deporte y mujer, y deporte escolar, hayan
sido los grandes damnificados de los recortes, poniendo en peligro el
futuro del deporte español en las competiciones nacionales e
internacionales tal y como nos lo ha trasladado la Junta Directiva de la
Asociación del Deporte Español en la que están representadas casi la
totalidad de Federaciones nacionales olímpicas, no olímpicas y de deporte
adaptado.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar las
subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas para
garantizar el buen desarrollo de los programas y funciones que la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte les atribuye, a través de
programas plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado de, al
menos, cuatro años de modo que permita que las Federaciones puedan
trabajar en un escenario de estabilidad económica para el óptimo
desarrollo de su planificación deportiva."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2017.-Javier Antón
Cacho, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, sobre medidas extraordinarias de apoyo a los
trabajadores eventuales del campo por los efectos de la sequía;
incluyendo la eliminación del requisitos de las peonadas para percibir el
subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura, así como el
incremento de los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario -PROFEA-
para todas las CCAA que lo perciben.
En España existen cerca de 1.000.000 trabajadores y trabajadoras del
campo, de los cuales, aproximadamente 550.000 viven en Andalucía y
Extremadura. No obstante, las cifras de asalariados agrícolas, sobre todo
circunscritos a campañas temporales, aumentan de forma constante desde el
inicio de la crisis. El sector agrícola absorbe muchas jornadas de
trabajo, funcionando como sector refugio del cual los trabajadores y
trabajadoras en situación de desempleo de larga duración obtienen
ingresos puntuales o complementarios. El desarrollo del sector agrario
intensivo en ciertas zonas y producciones de España determina que en la
actualidad, la realidad del temporerismo agrícola se haya extendido en
todas las comunidades autónomas, consolidando las rutas temporeras que
enlazan unas campañas con otras.
En comunidades como Andalucía y Extremadura, la situación es especialmente
grave. La concentración de la tierra en pocas manos es una realidad
histórica que está en la base de esta situación social. En Extremadura,
el 3 % de los propietarios, posee el 44 % de la tierra, y en Andalucía,
766 propietarios, son dueños de más de 1.000.000 de hectáreas de tierra.
El escaso interés y promoción de una agricultura alternativa y
diversificada, la práctica ausencia de industria de transformación local
y una Política Agrícola Común -PAC- que refuerza todo lo anterior, y que
llega a los grandes empresarios agrícolas como gastos corrientes sin casi
ninguna exigencia, han convertido en estructural una realidad que debería
haber cambiado hace muchos años.
Hoy en día sectores productivos como la aceituna de mesa absorben 6
millones de jornales al año en Andalucía, Extremadura y Aragón, la
vendimia representa en torno a 12 millones de jornales en toda España y
la campaña de la fruta sobre los 4 millones.
Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en toda
España y en Andalucía y Extremadura en especial, son uno de los
colectivos claramente situados en la precariedad social y bajo el umbral
de la pobreza. Así lo muestran los datos del último informe de
Condiciones de Vida de la Población, publicado por el Instituto Nacional
de Estadística, y el último Informe FOESSA (Fundación Estudios Sociales y
de Sociología Aplicada) sobre condiciones de vida de la población pobre
en España 1, hecho público hace apenas dos semanas. Según este informe,
el 38 % de las familias andaluzas y extremeñas que se sitúan por debajo
del umbral de la pobreza tienen como principal fuente de trabajo las
campañas agrícolas y el 23 % de ellas, percibe como principal fuente de
ingreso el subsidio y la renta agraria.
Por esta y otras razonas, en el año 1983 se puso en marcha un Plan de
medidas dirigido a los/as trabajadores/as agrarios/as de Andalucía y
Extremadura que contemplaba tres líneas, una de las cuales era el Plan de
Empleo Rural (PER), actualmente denominado Plan de Fomento de Empleo
Agrario (PROFEA). Este programa ha posibilitado, a lo largo de todos
estos años, en Andalucía y Extremadura, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana que miles de trabajadores y
trabajadoras del campo pudieran acceder a ciertos contratos, así como
conseguir que esos jornales le sirvieran para reunir las jornadas reales
necesarias para poder solicitar el subsidio y la renta agraria en
Andalucía y Extremadura. La aplicación de estos proyectos en el medio
rural ha supuesto el dotar a los municipios de una serie de
infraestructuras tan básicas y necesarias que han elevado el nivel de
vida de sus habitantes, con la ejecución de servicios e infraestructuras
importantes para el ocio, la cultura, el deporte o la mejora de
instalaciones municipales: polideportivos, piscinas, ambulatorios,
guarderías, calles, plazas, viviendas, y hasta arreglos y reformas de
cuarteles de la Guardia Civil.
El dinero destinado para este concepto en Andalucía, Extremadura y el
resto del Estado en el 2016 fue de 216,10 millones de euros, beneficiando
en torno a 137.000 trabajadores y trabajadoras agrarias por cuenta ajena.
Todo este contexto y los datos disponibles, que muestran la precariedad
social en la que vive el colectivo de los trabajadores y trabajadoras del
campo, indican la enorme situación de vulnerabilidad en la que
transcurren sus vidas. Cualquier elemento que afecte a la producción en
los principales cultivos sociales que son fuente de mano de obra, como el
viñedo, el olivar, los frutales, o la fresa, tiene unas repercusiones
enormes sobre la vida de las familias jornaleras.
Desde el pasado 1 de octubre, la precipitación media en Andalucía y
Extremadura se ha situado un 12 % por debajo de la media de los últimos
30 años. Las provincias más castigadas han sido Jaén, Granada, Córdoba,
el norte de Sevilla, Huelva, Badajoz y Cáceres. Las reserva en nuestros
embalses está en el 42 %, frente al 70 % de media en los últimos 10 años,
y referido a la situación de Andalucía y
1 Informe FOESSA de Condiciones de Vida de la Población Pobre en España.
Fundación FOESSA-Cáritas. 2017.
Extremadura. Si en mayo de 2016, la situación en todas las cuencas y
embalses se calificaba como de normalidad, en mayo de 2017, los datos
facilitados por el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente -MAPAMA- muestran cómo en las cuencas del sur de todas
las provincias -menos Huelva y Cádiz- se sitúan en fase de alerta y
prealerta. Además, las provincias limítrofes como Murcia, Ciudad Real o
Albacete que atraen mucha mano de obra en las campañas de la vendimia y
hortalizas se encuentran en fase de alerta o emergencia. No es necesario
reiterar que acabamos de entrar en el otoño y que la sequía afectará sin
duda a la campaña de la aceituna que es la que mayor cantidad de empleo
genera.
En este contexto, se prevé la pérdida de en torno a 1 millón de jornales
de los 4 millones de media que se declaran en Andalucía y en torno a los
500 mil jornales del 1,5 millones que existen en Extremadura. En este
sentido, es oportuno recordar que el Ministerio de Trabajo no ha hecho
nada por hacer aflorar los casi 2 millones de jornales de la economía
sumergida que calculan las centrales sindicales CCOO y UGT que existen en
el campo andaluz y extremeño. La falta de preocupación por parte del
MAPAMA, por un lado, y del Ministerio de Trabajo, por otro, a la hora de
hacer un cálculo y análisis exhaustivo de la realidad del trabajo
asalariado en el campo, nos deja sin datos más precisos que permitan a
las organizaciones sociales y a las propias instituciones locales hacer
previsiones cada campaña.
En este contexto, es necesario tomar en cuenta dos elementos para aprobar
medias urgentes de apoyo a un colectivo muy vulnerable:
En primer lugar, situaciones como las que vivimos hoy en día ha llevado en
otros momentos a una reducción de los jornales reales que son necesarios
justificar de forma real para poder acceder al subsidio y la renta
agraria. Sin embargo, el Gobierno y la Ministra de Trabajo Fátima Báñez
han desoído las demandas de los agentes sociales, y el acuerdo de esta
Cámara reclamando la aplicación de esta reducción por causas
excepcionales de la sequía en 2017. En un contexto de escasez y de falta
de trabajo, el requisito de las peonadas, genera caciquismo en los
pueblos sobre la base de la compra y venta de peonadas. Conviene
igualmente recordar que en esta espiral de dependencia y desesperación en
la que se encuentran miles de familias andaluzas y extremeñas, cada
jornalero o jornalera, para poder acceder al subsidio agrario, tiene que
pagar todos los meses 94,44 euros, trabaje o no trabaje. En el año 2016
2, en un año con una pluviometría media, las personas que cobraron el
subsidio agrario para eventuales del campo fueron 117.021 personas, de
las cuales 42.100 mujeres, y otras 78.970 personas, recibieron la renta
agraria. Esto significa que tan solo pudieron percibir esta prestación un
23 % aproximadamente. Estimamos que en el año 2017, en vez de recuperarse
los niveles de cobertura, estas cifras pueden caer en torno a un 50 %.
En segundo lugar, los fondos del PROFEA que en condiciones de crisis
aportan un recurso extra en el medio rural, cuando la situación se agrava
por circunstancias como la sequía adquieren una importancia mayor. El
presupuesto actual tan solo permite cubrir una media de entre 3 y 5
jornales por trabajador o trabajadora afiliados al sistema especial
agrario para eventuales del campo en Andalucía y Extremadura, y contratos
de una duración media de 1 mes en el resto de CCAA. Estos fondos apenas
se han incrementado desde el año 2012.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que se eliminen de forma inmediata y urgente el requisito de la
justificación de las peonadas para obtener el subsidio agrario y la renta
agraria por el plazo de un año de duración, con efecto desde la adopción
de la medida por parte del Gobierno.
2. Se aplique la moratoria de un año, previa solicitud y justificación, y
sin interés, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte
de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, inicialmente
entre el 1 de julio de 2017 y el mes de febrero de 2018.
3. El inmediato incremento de los fondos destinados al PROFEA en al menos
un 2,5 % con cargo al Fondo de Contingencia, sobre la base de los efectos
adversos de la sequía y su impacto en la estructura económica y la
realidad social del campo andaluz y extremeño, que compense el IPC desde
el año 2012.
2 Informe. Prestación por desempleo asistencial para trabajadores
eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. 2016. Resumen de Datos.
Ministerio de Trabajo.
4. Ampliar la partida del Programa PROFEA de cara a los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 hasta conseguir al menos 30 días de trabajo
al año para todos los jornaleros de Andalucía, Extremadura y el resto de
comunidades donde se ejecutan estos proyectos.
5. Que en los requisitos de ejecución de los fondos del PROFEA se priorice
la contratación a las personas que les falten jornadas reales para poder
acceder al subsidio o renta agraria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Diego
Cañamero Valle, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a solicitar una Mesa de Negociación entre
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Asociación
nacional de productores de energías fotovoltaicas, para su debate en la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
La energía fotovoltaica consiste en la "conversión directa de la luz solar
en electricidad", mediante un dispositivo eléctrico denominado "célula
solar" y por un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico.
Este fenómeno físico presenta una serie de características:
- Elevada calidad energética.
- Pequeño o nulo impacto ecológico.
- Inagotable a escala humana.
- Permite un gran número de aplicaciones, puede suministrar energía a
emplazamientos aislados.
- Contribuye eficazmente a la reducción de emisiones de CO2.
- [...]
Por todas estas razones, o características, el Estado español animó a las
familias españolas, a través de Reales Decretos y por medio de la campaña
publicitaria "El sol puede ser tuyo", a destinar sus ahorros al
desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica. En un escenario de
especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000 familias
españolas optaron por destinar sus ahorros familiares a un fin ético,
como era la generación de energías renovables, con lo que España podría
haber alcanzado los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos
de la UE en materia medioambiental. El Gobierno fomentó este tipo de
inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida, y el
propio Ministerio de Industria recomendó que se asumieran financiaciones
del 80 % de coste de las instalaciones. Sin embargo, y a los pocos meses
de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000
familias fotovoltaicas españolas se enfrentaron a un interminable rosario
de decretos retroactivos que han cercenado de manera alarmante las
rentabilidades plasmadas en los BOE que fijaron las condiciones
originales, con recortes acumulados que alcanzan el 50 % de los ingresos
que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago
soportados por los productores. En total estas familias destinaron 20.000
millones de euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000 millones de
euros.
El fomento primado de las tecnologías renovables no ha sido una
singularidad española. Se ha realizado en todos los países desarrollados
y, en especial, en la Unión Europea, dada su precaria posición
energética. Las ayudas se han ido reduciendo conforme la curva de
aprendizaje fotovoltaica lo permitía. Solo en España se ha detenido
abruptamente la implantación de renovables y se ha desmantelado el marco
legal que se ofreció a sus ciudadanos. La propia Comisión Europea
advertía de los riesgos de
cambiar retroactivamente las normas, y países de referencia como Gran
Bretaña y Alemania fueron taxativos al respecto y no han aplicado ningún
tipo de recorte retroactivo.
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se
entiende y basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su
promulgación como en su aplicación. En este sentido, el Estado, como
máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones
en sociedad, no solo establece (o debe establecer) las disposiciones
legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación
de crear un ámbito general de seguridad jurídica en todas las áreas en
que se ejercen los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; como
garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos
no serán violentados en ningún caso. Con la salvaguarda indispensable de
que si tal cosa llegara a producirse, se le dispensaría por la
Administración la debida reparación de los daños causados. Las leyes han
de ser claras, estables, y justas; protegiendo los derechos fundamentales
de los ciudadanos y el respeto a su propiedad.
El RD 436/2004 y después los RD 661/2007 y RD 1578/2008 promovieron la
inversión en este subsector para implantar y desarrollar las tecnologías
más innovadoras. Para cumplir así con los compromisos europeos de
reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, en el año 2010, cuando ya se
habían realizado grandes inversiones y estaban en curso otras nuevas, el
Gobierno cambió su política a través de dos normas retroactivas: el Real
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre de 2010, y el Real Decreto-ley
14/2010, de 23 de diciembre de 2010. De ese modo, se dejó sin margen de
viabilidad las iniciativas particulares y empresariales acometidas a lo
largo de todo un septenio en el sector fotovoltaico, lo que se compensó
con una ampliación del tiempo del contrato.
En ese contexto, a partir de 2012 se decide impedir mediante el RDL 1/2012
el establecimiento de nuevas plantas de generación renovable, y a partir
del año 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como "reforma
eléctrica" (RDL 9/2013, RD 413/2014 y OIET/1405/2014), modificar
completamente la retribución de las plantas con recortes retributivos que
en algunos casos alcanzan el 50 %, donde se estiman las retribuciones
pasadas para el cálculo de las retribuciones futuras.
Según el Dictamen del Consejo Europeo, sobre el Programa de Estabilidad de
España para 2012-2015. Y en consecuencia, el entonces Comisario Europeo
de Energía, Günther Oettinger, consideró esencial que España recuperase
la confianza de los inversores con un marco legal que no contemplara
regulaciones retroactivas. Las imposiciones derivadas de la Reforma
Eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular suponen una
modificación retroactiva que quiebra a 62.000 familias y con ella la
seguridad jurídica del sector y la confianza en el Estado español de
inversores y ciudadanos.
El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia:
"esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no
debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los
inversores de terceros países. De lo contrario, el cambio retributivo de
la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular
sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles)
que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance
los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en
particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la
situación paradójica de que los inversores españoles se verían
perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas
compensatorias" y solicitaba: "Adoptar las medidas necesarias para que
los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada
su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países
signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía".
España ya ha perdido su primer arbitraje internacional en el CIADI, órgano
de arbitraje del Banco Mundial. El laudo da la razón a la firma Británica
(Eiser Infrastucture Limited) y a su filial luxemburguesa Energía Solar
Luxembourgo. Sin embargo, los pequeños inversores españoles no tienen
derecho a esa vía de defensa de sus intereses.
Siempre que se ha retocado el Sistema Eléctrico, dada la complejidad del
mismo, el Ministerio de Industria y Energía (de ese momento) considera
que antes de proponer al Gobierno para su remisión a las Cortes las
modificaciones legales correspondientes, es conveniente alcanzar un
acuerdo básico con los principales integrantes del sistema eléctrico
español.
Por ejemplo el Protocolo Eléctrico de 1996 fue firmado de una parte por el
Ministro de Industria y Energía, don Josep Piqué i Camps, y de otra
parte, por los presidentes de Iberdrola y de Unesa, don Íñigo de Oriol
Ybarra; de Endesa, don Feliciano Fuster Jaume; de Unión Eléctrica Fenosa,
don José M.ª Amusátegui de la Cierva; de Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
don Juan Echevarría Puig; de Compañía Sevillana de Electricidad, don
Fernando de Ybarra y López Dóriga; y de Hidroeléctrica del Cantábrico,
don Martín González del Valle.
Este Protocolo tenía para las empresas un objetivo fundamental para sus
intereses. Se trataba, desde su perspectiva, que quedara garantizado por
escrito lo que, sin duda, correspondía a Derecho: que el valor de sus
inversiones -sus legítimos derechos patrimoniales- no quedara
desfavorablemente afectado. Contaban, además, con el pleno acuerdo de
quien disponía de la iniciativa legislativa, el Gobierno, en cuyo ánimo
nunca estuvo el emitir normas que pudieran incurrir en irretroactividad
prohibida por la CE.
Sin embargo, en el caso de las fotovoltaicas, no se ha tenido en cuenta
los legítimos derechos patrimoniales de las más de 62.000 familias que
los cambios normativos, no consensuados con estas familias, les han
dejado en la ruina, dándose casos dramáticos: familias que lo van a
perder todo, plantas fotovoltaicas, viviendas familiares (padres,
hermanos, cuñados, ...), terrenos, ... Pero se van a quedar con la deuda
a unos bancos que en ocasiones hemos rescatado con dinero público.
Si todos estos recortes se hicieron en nombre la crisis que hemos sufrido,
la mayor crisis pasada por Europa, si ahora ya estamos saliendo de ella y
se aprecian signos de recuperación económica, con mayor motivo deberíamos
mirar hacia estas familias, que actuaron de buena fe, confiando en su
estado, realizaron este esfuerzo inversor.
Nada resulta más rentable para una Sociedad que aquello que se articula de
forma responsable, lo que se ordena desde el sentido común que, en estos
casos, se convierte en sentido de Estado, que necesariamente se orienta
al bien común.
La actividad productiva solo tiene sentido si va referida al bienestar de
la Sociedad y no a la opulencia de unos pocos. La fotovoltaica ofrece a
España la gran oportunidad de progreso económico, social y territorial al
que no estamos dispuestos a renunciar.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas:
1. Iniciar una mesa de negociación con las asociaciones nacionales de
productores de energía fotovoltaica, con el fin de llegar a acuerdos que
sean beneficiosos para los inversores de buena fe.
2. Redactar un protocolo en el que se adopten las medidas necesarias para
que los inversores españoles en energía fotovoltaica, que han visto
recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los
países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Juan Jiménez
Tortosa, María Pilar Lucio Carrasco y Sonia Ferrer Tesoro,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la adaptación de calendario de
las ayudas para los propietarios y pescadores de buques pesqueros
afectados por la paralización definitiva de su actividad.
Exposición de motivos
La Orden recientemente publicada, por la que se convocan ayudas para los
propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la
paralización definitiva de su actividad pesquera cofinanciadas por el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) concedía un plazo común de 20
días para la presentación de las ayudas.
La ayuda, en su formulación, impone a los pescadores que quieran acceder a
ella sin reducción alguna, a estar de baja en la Seguridad Social desde
el día de la presentación con graves consecuencias, escasas garantías y
enorme incertidumbre. La problemática se da al coincidir los plazos de
ayudas tanto para propietarios como para pescadores de buques.
Esto lleva a situaciones diversas, tal y como denuncia la Cofradía de
Pescadores de Motril. Por ejemplo, que el propietario debe encontrar
nueva tripulación si quiere mantener la actividad hasta su propia
resolución, o que la tripulación dada de baja pasa a situación de
desempleo mientras que ven cómo la actividad pesquera del buque podría
continuar.
Hasta ahora estas ayudas se han venido gestionando por parte de las
Comunidades Autónomas que hacían coincidir los distintos plazos de
resoluciones para adecuar la presentación de solicitudes.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la Orden por la que se convocan ayudas para los propietarios
y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización
definitiva de su actividad pesquera, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) en su disposición sexta -párrafo 5-, para que
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a los pescadores sea a
partir de la notificación del reconocimiento de las ayudas a los
propietarios.
2. Eliminar la obligatoriedad para los pescadores de estar dado de baja en
la Seguridad Social desde el día en que presentan la solicitud de ayuda,
pudiendo estar dados de alta hasta el momento de la resolución.
3. Cuantificar y solucionar cuantos casos hayan quedado afectados por el
plazo común de presentación de solicitudes de ayudas para propietarios y
pescadores.
4. Otorgar, en futuras convocatorias, plazos de presentaciones de
solicitudes diferenciados, de forma que el plazo de presentación de las
ayudas a los pescadores sea a partir de la notificación del
reconocimiento de las ayudas al propietario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Sergio
Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
incendios forestales de Galicia, Asturias y Castilla y León de octubre
2017, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
La situación climatológica, con una sequía persistente en el noroeste
peninsular, y unas condiciones adversas, en cuanto a las altas
temperaturas para el mes de octubre, baja humedad en el aire y el suelo y
unas rachas de fuerte viento provocadas por la cercanía a la costa de
Galicia del huracán Ophelia, han provocado una situación de riesgo
propicia para la extensión de los incendios forestales en la cornisa
atlántica.
Los más de 200 incendios en pocos días y los focos simultáneos, iniciados
de madrugada, apuntan directamente a su intencionalidad. En Galicia el
fuego de mayor envergadura calcinó más de 1.500 hectáreas en los
ayuntamientos de As Neves, Ponteareas, Redondela y Pazos de Borbén. De
especial gravedad han sido los incendios en las zonas urbanas o
periurbanas, es decir, en la interfaz urbano-forestal, que han llegado a
alcanzar importantes núcleos de población. El balance de víctimas por la
ola de incendios de Galicia se eleva, en estos momentos, a cuatro
fallecidos, desde la tarde del domingo.
También en Asturias se ha producido una situación similar con 35 incendios
forestales activos en estos momentos, cuya superficie se ha ido
incrementando. No ha habido que lamentar víctimas, al menos por ahora,
pero algunos núcleos de población han sido evacuados y parajes de
altísimo valor natural, como Muniellos, han corrido serio peligro. En
paralelo, se han producido numerosos incendios en los montes del Bierzo y
en las Arribes del Duero, en la comunidad de Castilla y León.
En las zonas incendiadas han actuado coordinadamente los medios de
extinción autonómicos, con el apoyo de los pertenecientes al Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Unidad Militar
de Emergencias.
Pese a que las competencias de prevención y extinción de incendios
corresponden a las comunidades autónomas, se precisa una actuación
coordinada de todas las administraciones para poner fin a esta lacra que
suponen los incendios forestales, tanto en pérdidas de vidas humanas,
como de bienes materiales y medioambientales.
Es conocido que el 90 % de los incendios son provocados por la mano del
hombre, intencionados, con o sin negligencia, o no intencionados, por lo
que es necesario restringir el uso del fuego ante determinadas
condiciones climatológicas.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar los mecanismos legales necesarios para establecer limitaciones
automáticas de uso de fuego y de aquellas otras actividades que puedan
generar incendios en casos concretos en los que se den unas condiciones
meteorológicas concretas.
- Apoyar con más medios técnicos y humanos, en coordinación con las
administraciones, a los servicios de lucha contra el fuego. Además, se
hace necesario favorecer el desarrollo de nuevos sistemas de lucha contra
el fuego con la introducción de drones que permitan analizar, prevenir y
apoyar en la extinción de incendios.
- Colaborar, con las administraciones competentes, para asegurar la
existencia de los Planes de Actuación de Ámbito Local de emergencia por
incendios forestales, siguiendo los criterios de la Directriz Básica de
planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.
- Considerar, en los recientes incendios acaecidos en Asturias y Galicia,
las hectáreas quemadas en cada provincia en su conjunto, a los efectos de
las condiciones necesarias para la colaboración de la Administración
General del Estado en su restauración.
- Habilitar los créditos, ayudas, beneficios e inversiones suficientes
para la colaboración en la restauración de las zonas afectadas por los
recientes incendios de Asturias y Galicia, y realizar los trabajos de
restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio.
Así como agilizar las ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas
afectadas.
- Potenciar la investigación de las causas de los incendios forestales al
objeto de, en su caso, detener a los culpables y estrechar la
colaboración de las administraciones públicas para investigar todos los
casos de incendios en los que se sospeche que ha habido intervención
humana, con el objetivo de detener y castigar a los culpables."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de regeneración de
las playas de la Llana, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Las playas de la Llana se encuentran en el término municipal de San Pedro
del Pinatar, en la Región de Murcia. Son playas sin urbanizar, de arena
fina y se encuentran en la vertiente mediterránea del Parque Regional de
las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
La Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorito
de la Región de Murcia reclasificó, con la categoría de Parque Regional,
el Espacio Natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar,
con la misma superficie contemplada en el Plan Especial, de 1985, de
Protección de las Salinas de San Pedro, Coto de las Palomas y Playas de
la Llana y el Monjón.
Las playas de las Llanas presentan un claro comportamiento regresivo que
lleva consigo una disminución progresiva de la playa, con una tasa de
retroceso estimada, según diferentes estudios, de 70-80 metros desde
1957.
En la Ley de Costas, Ley 22/1998, de 28 de julio, y su posterior
modificación por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se citan como objetivos
medioambientales la defensa del equilibrio y progreso físico de la costa,
la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y
culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de
su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones justificadas para el
interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio,
y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración.
Y concretamente, el artículo 2 de la citada norma establece que la
actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre
perseguirá los siguientes fines:
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su
integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de
protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación,
teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio
público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de
razones de interés púbico debidamente justificadas.
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con
su naturaleza, sus fines y con el respecto, al paisaje, al medio ambiente
y al patrimonio histórico.
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la
ribera del mar.
Ante la situación de las playas de la Llana, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en el Plan Piloto de impulso al medio
ambiente para la adaptación del cambio climático (Plan Pima Adapta de
2015), incluyó -entre sus actuaciones- obras para la defensa de la costa
en la playa de la Llana por regresión del mar debido al cambio climático.
El objeto de las obras era reducir la exposición de la costa frente al
mar.
En la Junta Rectora del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar, de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe de la
Demarcación de Costas en la Región de Murcia concretó algunos datos en
relación a la evolución de las playas de la Llana: se estima una subida
del mar de 0,3 cm/año, una regresión anual de 1,20 m de arena y unos 13
años de vida útil de la misma.
Así mismo, el Jefe de la Demarcación de Costas informó que desde la
Demarcación se está elaborando un proyecto de regeneración.
Recientemente, se ha aprobado la Estrategia para la adaptación de la costa
a los efectos del Cambio Climático, Resolución de 24 de julio de 2017.
Los objetivos de la misma son: incrementar la resistencia de la costa
española al cambio climático y a la variabilidad climática e integrar la
adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa
española.
En fecha 6 de septiembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar acordó solicitar al Gobierno de la Nación que actúe con
carácter prioritario y urgente en las playas de La Llana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Continuar impulsando, de manera prioritaria y urgente, las acciones
necesarias para la regeneración de las playas de la Llana reduciendo la
exposición de las mismas frente al mar.
b) Llevar a cabo las acciones citadas en coordinación con el Gobierno de
la Región de Murcia e informando al Ayuntamiento de San Pedro de
Pinatar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Real
Decreto-ley de ayudas a los daños producidos por los incendios forestales
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Noroeste de la Península se enfrenta, en pleno otoño, a la oleada de
incendios más peligrosa que se recuerda. El fuego ha acabado ya con la
vida de cuatro personas, y los más de 100 incendios, con casi 200 focos,
en Galicia, Asturias y Castilla y León han arrasado miles de hectáreas,
desbordando a las brigadas, provocando el pánico en áreas urbanas y
destruyendo no solo infraestructuras y objetos materiales sino también
parajes naturales.
Tal y como se recoge en prensa, el fuego ha arrasado miles de hectáreas de
zonas rurales y "parajes de gran valor ambiental como el Parque Natural
de Peneda-Xurés, zona declarada Reserva de la Biosfera; O Courel, que
alberga grandes praderas pobladas de una extensa variedad arbórea y de
fauna; y Os Ancares, comarca de gran riqueza forestal situada entre las
montañas de León y Lugo y punto de referencia de la cultura de los
castros por los vestigios que guarda de los primitivos pobladores
celtas", así como la Ribeira Sacra. La comarca del Bierzo se encuentra
cubierta de humo a causa de estos incendios y 13 concellos asturianos han
visto arder sus montes.
A esta hora, Galicia registra 82 fuegos, 27 de ellos activos y 7 con la
"situación 2" declarada. Hasta el momento, el fuego ha dejado un balance
de 4 fallecidos. En el Principado de Asturias, los fuegos activos se han
reducido a 21 y los vecinos que habían sido desalojados ya han podido
volver a sus viviendas; sin embargo, el fuego ha obligado a cortar
carreteras y suspender clases en numerosos colegios en la zona de Cangas
del Narcea. En Castilla y León, durante la jornada de ayer, se declararon
cuatro incendios en las provincias de León, Salamanca y Zamora, pero, por
suerte, se ha producido una considerable mejoría en la situación de los
incendios activos gracias a las primeras lluvias.
Los primeros indicios apuntan a que la gran mayoría de los incendios han
sido intencionados, y las autoridades han apelado a la colaboración
ciudadana para localizar a los autores de los fuegos. Sin embargo, lo que
ahora resulta prioritario es activar cuantas medidas sean necesarias para
paliar los efectos de los daños causados por estos incendios y hacer
efectiva de un modo tan rápido como sea posible la recuperación a los
damnificados.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real
Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños
personales y materiales producidos por los incendios forestales ocurridos
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León que
contemple al menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas
previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios
forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades
Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez, Antonio Cantó García del Moral y Marta María Rivera
de la Cruz, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
inundaciones provocadas por el arroyo de El Encantado, en la localidad de
Villanueva de la Reina, Jaén, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Desde hace años, la localidad de Villanueva de la Reina, en la provincia
de Jaén, viene sufriendo el desbordamiento del arroyo El Encantado, que
inunda las vías públicas de la parte oeste del municipio y más de un
centenar de las viviendas existentes en su área de influencia.
En 2014, el Gobierno de España, se comprometió a buscar una solución, para
ello ordenó la redacción de un proyecto, incluso se publicaron las
expropiaciones necesarias para la realización de las obras, y que tras su
ejecución, que solucionarían los problemas que se producen por el
desbordamiento del mencionado arroyo.
Han pasado tres años sin que se hayan llevado a cabo nada de lo
comprometido por el Gobierno.
Las lluvias de otoño e invierno llegarán, y el arroyo volverá a
desbordarse, y los vecinos y las vecinas del municipio de Villanueva de
la Reina volverán a sufrir las consecuencias de calles y plazas inundadas
y los daños en garajes y casas anegadas.
Mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actúa en los
cauces de diferentes arroyos, en el arroyo El Encantado no se actúa, a
pesar de los daños que se vienen produciendo en una parte importante del
municipio año tras año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar de forma inmediata las obras del proyecto "Actuaciones
complementarias al paso bajo de la vía Madrid-Sevilla del arroyo El
Encantado en Villanueva de la Reina" para evitar los graves daños que las
inundaciones de este arroyo produce en el municipio de Villanueva de la
Reina (Jaén).
2. Proceder de manera inmediata a la realización de las labores de
limpieza y mantenimiento precisas de dicho cauce a fin de garantizar su
estado en condiciones óptimas y minimizar así las posibles inundaciones
que pudieran producirse, hasta que se realicen las obras del proyecto
antes mencionado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a los incendios
sufridos por Galicia, Asturias y Castilla y León durante el mes de
octubre y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus
efectos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El fuego ha teñido de negro y de ceniza el noroeste de la Península
Ibérica en los últimos días con una brutal capacidad destructiva. El
centro y norte de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León han
sufrido una oleada de incendios que no solo ha devastado miles de
hectáreas de superficie forestal, sino que solo en España, en Galicia,
concretamente, se ha cobrado 4 víctimas mortales y decenas de heridos.
Solo entre el viernes 13 de octubre y la tarde del domingo 15 se
registraron 146 incendios, 60 tan solo en la jornada de domingo, 28 de
estos iniciados de madrugada, entre la medianoche y las nueve de la
mañana. El fuego ha afectado especialmente a Galicia. La llegada de
lluvias el pasado martes 17 de octubre ayudó a controlar la mayoría de
focos activos en las zonas urbanas, aunque aún se registraban focos en
las zonas rurales donde los incendios mantenían su resistencia.
Cuando se redacta esta iniciativa ningún incendio amenaza ya a poblaciones
en Galicia y se informa de la desactivación de todas las situaciones de
nivel 2 (incendios con peligro para las personas y los inmuebles).
Aunque aún solo se habla de estimaciones provisionales, fuentes oficiales
avanzan que, solo en Galicia, la superficie arrasada por el fuego ha sido
de 35.500 hectáreas. Este fin de semana ardió más del doble de terreno
que en los primeros nueve meses del año. En total, en este 2017 se han
quemado solo en Galicia al menos 48.100 hectáreas. En apenas dos días ha
ardido un 70 % más que en todo 2016 y prácticamente la mitad que en la
gran ola de incendios de hace una década, que duró dos semanas.
El incendio de mayores proporciones se iniciaba en el municipio
pontevedrés de Ponteareas, extendiéndose rápidamente. En la noche del
domingo, trece focos ponían en riesgo poblaciones de las provincias de
Lugo, Orense y el sur de Pontevedra, donde se localizaban los incendios
más amenazantes. Hasta 5 incendios rodeaban el área metropolitana de la
ciudad de Vigo, lo que obligó a desalojar a la población en Beade y
Valadares, y en los concellos de Baiona y Gondomar. La factoría de
automóviles PSA Peugeot Citroén en Vigo tuvo que suspender su actividad y
fue desaloja por la proximidad del fuego. Del mismo modo, la gravedad de
las circunstancias obligó a interrumpir la circulación en la A-52 en
Ponteareas (Pontevedra) y en A Mezquita (Ourense) y en la AG-57 a la
altura de Gondomar.
En Galicia, los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000
afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Pena Veidosa; la
Zona Especial de Conservación Macizo Central; la Zona Especial de
Conservación Ancares-Courel; y la Zona de Especial Protección para las
Aves Baixa Limia- Serra do Xurés.
A lo que hay sumar la posible contaminación del agua por las lluvias tras
los incendios, lo que afectaría a los ríos y finalmente al mar, con
consecuencias, como ocurrió hace tres años en A Coruña, para los bancos
marisqueros de las rías y ensenadas costeras.
En el caso de Asturias, el Principado contabiliza hasta 95 incendios que
han afectado a más de 40 concejos, siendo los del suroccidente los más
afectados por los incendios acaecidos durante estos últimos días. En
Asturias, el lunes 16 de octubre aún permanecían activos 35 incendios, se
mantenía activado el Plan de Incendios Forestales en situación 1 para
toda la comunidad autónoma, mientras que los fuegos de Degaña e Ibias aún
se encontraban fuera de control. Y dadas las condiciones meteorológicas
los servicios de extinción no descartaban la aparición de nuevos focos.
También el lunes aún seguía cortada la AS-29 entre las localidades de San
Antolín de Ibias y Monasterio del Coto en Cangas del Narcea entre los
puntos kilómetros 0 y 25. Ese mismo día se suspendían las clases en los
centros educativos cercanos a las zonas afectadas, en la comarca de
Cangas de Narcea, afectando a 2.500 alumnos y 23 centros.
En Asturias, los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000
afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Fuente del Narcea,
Degaña e Ibias; la Zona de Especial Protección para las Aves Fuente del
Narcea y del Ibias; la Zona Especial de Conservación Somiedo; la Zona de
Especial Protección para las Aves Somiedo; la Zona Especial de
Conservación Montovo-La Mesa y la Zona de Especial Protección para las
Aves Ubiña-La Mesa. El impacto sobre la vertiente que se extiende por los
Concejos de Ibias, Degaña y Cangas de Narcea ha supuesto un auténtico
zarpazo, en forma de llamas y humo tóxico, a la población de oso pardo
más importante de la Península Ibérica, puesto que en esta zona habitan
especies emblemáticas.
En Castilla y León, la provincia más afectada ha sido León. El lunes se
declaraba el nivel 1 de alerta por la simultaneidad de varios incendios
forestales activos en esta provincia, manteniéndose activos tres
incendios de días anteriores: uno en la pedanía de Silván (perteneciente
al municipio de Benuza), en Matalavilla (Palacios del Sil) y, por último,
el de Sosas de Laciana (Villablino). Además, ese día se declaraban dos
incendios más, que entraban desde Galicia, uno en Portela (Sobrado) y
otro en Fuente Oliva (Balboa), ambos en la comarca de El Bierzo.
En Castilla y León los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000
afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Alto Sil y la Zona
de Especial Protección para las Aves Alto Sil.
La sequía, las altas temperaturas, antes inusuales a mediados de octubre,
y el fuerte viento con el huracán Ophelia bordeando las costas atlánticas
han facilitado la propagación del fuego. El origen de las
llamas, confirmando lo que siempre recuerdan los expertos y las
estadísticas en un 95 % de los casos, está en la actividad humana y no en
causas naturales, el presidente de la Xunta de Galicia ha hablado de
"terrorismo incendiario". Tampoco hay que olvidar los montes sin
desbrozar, la despoblación y el abandono del medio rural, la
descoordinación entre administraciones, la improvisación y la falta de
medios, en muchos casos.
En todo caso, ahora se impone volcarse con los territorios afectados
adoptando con la mayor rapidez medidas extraordinarias de recuperación
socioeconómica y medioambiental para paliar, en la medida de lo posible,
las consecuencias de los incendios.
Pero también es preciso que el Gobierno se enfrente a la lucha contra los
incendios desde una nueva perspectiva integral centrada en la prevención
y en la lucha contra el cambio climático. Porque la mano que ha sembrado
de incendios no solo en Galicia sino también Portugal, Asturias y el
resto de la cuenca mediterránea ha sido una suma de síntomas, reacciones
y consecuencias que, con carácter sistémico, también cabe identificar,
muy significativa y claramente, con los efectos del cambio climático.
Porque las olas de calor y las sequías brutales son consecuencias del
calentamiento global. Como lo son la humedad del 20 %, la desertización,
la alta temperatura de los océanos y unos vientos huracanados idóneos
para distribuir el fuego de manera rápida y efectiva. Y lo más
preocupante es que todo lo que hemos vivido estos días en Galicia y en
Portugal, desgraciadamente, si nada cambia, lo volveremos a ver.
Según el último estudio de la Comisión Europea, si superamos los dos
grados fatídicos, la temporada de incendios será el doble de larga antes
de que acabe el siglo. El área quemada será un 200 % más grande de lo que
es ahora. El impacto será especialmente duro sobre la cuenca del
Mediterráneo, que está encajado en una zona especialmente árida,
especialmente seca.
De modo que se impone de modo urgente un cambio de estrategia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, como consecuencia de los daños personales y
materiales derivados de los graves incendios forestales sufridos por las
comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, y, especialmente,
Galicia, entre los pasados días 13 a 17 de octubre, insta al Gobierno a:
1. Evaluar y cuantificar de forma inmediata, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, con los municipios y con los colectivos afectados,
los daños de toda índole producidos, realizando un análisis detallado de
las consecuencias medioambientales en las zonas afectadas.
2. Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de
Solidaridad Europeo para con las Comunidades Autónomas de Galicia,
Asturias y Castilla y León.
3. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los
territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el
artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo
caso:
- Ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes
de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como
por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.
- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras,
agrícolas o ganaderas en su caso.
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos
industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades
afectadas.
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones
a la Seguridad Social.
- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros.
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del
Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por
causa de esta catástrofe.
- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar
cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda
previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios
forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades
Autónomas.
4. Proceder a adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas
en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al respecto, en el
plazo máximo de tres meses, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
5. En coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de los
planes de gestión forestal y con la adecuada consignación presupuestaria,
a incrementar las medidas de prevención, incidiendo en la recuperación de
usos y aprovechamientos de los montes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Gonzalo
Palacín Guarné, Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira,
Margarita Pérez Herráiz, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores
Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Adriana Lastra
Fernández, Natalia González Peláez, María Aurora Flórez Rodríguez y
Esther Peña Camarero, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la eliminación de los prefijos telefónicos
con sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios,
para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El servicio de atención al cliente es clave para garantizar una buena
imagen comercial del empresario y determinante del grado de satisfacción
de los consumidores y usuarios. Tan importante como maximizar la calidad
técnica de los servicios prestados, tales como la continuidad del
servicio, el cumplimiento de ofertas o los niveles de cobertura, es
mejorar la relación con el cliente a través de los servicios de atención.
La práctica muestra que muchas de las quejas y reclamaciones formuladas
ante los servicios de consumo no se presentarían si las empresas
dispusieran de servicios de atención al cliente más eficaces.
La solicitud de información y la presentación de quejas por parte de los
consumidores ante las empresas no gozan, a día de hoy, de facilidad en el
acceso a números de teléfono gratuitos. En demasiadas ocasiones aún los
usuarios acaban teniendo que utilizar números que implican un coste
extra.
En algunos casos de servicios básicos, la ley es cierto que protege a la
ciudadanía, pero en la mayoría de ocasiones las empresas hacen caso omiso
de sus obligaciones. Ante esta coyuntura, diferentes organizaciones de
consumidores y aun la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) han reclamado el fin efectivo del uso de los números 902 para
estas prácticas. Concretamente, en su informe de agosto de 2015 la CNMC
recomendaba equiparar los 902 y los 901 a los números geográficos e
incluirlos en las tarifas planas de los operadores de telefonía. Por su
parte, la Asociación de Internautas interpuso ya en 2006 ante la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información una denuncia sobre los abusos cometidos por las Operadoras de
Telefonía en el uso de los prefijos 902 para la resolución de conflictos
y reclamaciones de sus clientes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye igualmente en su
sentencia del 2 de marzo de 2017 que son ilegales los números de teléfono
con tarifas especiales que algunas compañías utilizan para sus servicios
posventa, y exige una tarificación a precio de llamada normal, sin
recargo.
En España, la normativa vigente exige a las empresas que prestan servicios
como la electricidad, el gas, o las telecomunicaciones que dispongan de
números de teléfono sin sobrecoste para la atención a sus clientes.
Algunas normativas autonómicas van incluso un paso más allá y extienden a
otro tipo de empresas, corno las prestadoras de servicios sanitarios,
financieros o a las aseguradoras, esa exigencia.
Por otra parte, el hecho de que los números 902 no se consideren números
de tarificación adicional, facilita su utilización por parte de los
servicios de atención al cliente, muchos de los cuales se lucran con su
uso por parte de los usuarios que se ven obligados a presentar
reclamaciones o simplemente a informarse a través de ellos. Y se da la
circunstancia, no exenta de paradoja, de que a la vez que se publicita y
se informa al cliente de la existencia de un número 902 detrás del cual
existen números geográficos sin sobrecoste que no se dan a conocer más
que a través de páginas y buscadores especializados en burlar esta
picaresca de muchas compañías.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el Congreso
de los Diputados en el plazo máximo de seis meses un Proyecto de Ley que
regule los servicios de atención al cliente y establezca la obligación de
las empresas de poner a disposición de sus clientes un servicio de
atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, y a darles
publicidad para facilitar información y atender y resolver sus quejas,
reclamaciones o incidencias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Lídia
Guinart Moreno y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputadas.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del tratamiento del
cáncer de mama, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
En España se diagnostican anualmente 25.000 nuevos tumores de mama, siendo
el tipo de tumor más frecuente en las mujeres. Las estimaciones de la
Asociación Española Contra el, Cáncer (AECC) prevén que la incidencia
aumente significativamente según envejece la población. Para el año 2020
estiman que se diagnosticarán más de 28.000 casos y para el año 2025, más
de 29.500 casos anuales. Todos los expertos coinciden en las
consecuencias a corto, medio y largo plazo que este tipo de tumor posee
sobre todos los ámbitos de la vida de la mujer que lo padece. Desde la
afectación biológica y anímica en el diagnóstico y tratamiento, hasta los
problemas emocionales posteriores a mastectomías relacionados con la vida
afectivo-sexual de estas mujeres y su auto aceptación. Unas consecuencias
que no siempre pueden tenerse en cuenta.
La propia Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señala en sus
informes estas graves consecuencias. La AECC señala que "las mujeres que
han tenido un cáncer de mama experimentan cambios y alteraciones en su
funcionamiento sexual como consecuencia de los tratamientos. Tras el
tratamiento con quimioterapia y/o tratamiento hormonal suele aparecer una
menopausia inducida que se puede acompañar de síntomas como sofocos,
sequedad vaginal, cambios en el sueño o alteraciones emocionales. Otras
alteraciones en la función sexual son:
- Problemas psicológicos como ansiedad, depresión o estrés.
- Sentimientos de pérdida de atractivo físico, como consecuencia de la
enfermedad o los tratamientos (cicatriz, pérdida o aumento de peso,
alopecia), etc.
- Aparición de otros factores como el cansancio físico, presencia de
dolor...".
Hoy, 19 de octubre de 2017, Día Mundial del Cáncer de Mama, es necesario
señalar la alta variabilidad de mastectomías y de cirugías conservadoras
de mama que se producen en nuestro país según el territorio autonómico
donde se trate la patología. Según los resultados que aporta el Portal de
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, existen diferencias de
más de 30 puntos porcentuales en la realización de cirugías conservadoras
entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Asturias se realiza cirugía
conservadora en un 48,66 % de los casos, mientras que en la Comunidad
Foral de Navarra un 79, siendo la media de España un 65 %. Esto se
traduce en que si una mujer asturiana posee cáncer de mama tiene un 30 %
más de probabilidades de sufrir una mastectomía, y sus graves
consecuencias, que una navarra.
Esta alta variabilidad puede tener causas dispares. Sin embargo, es
difícil creer que un 30 % de variabilidad a la hora de conservar la mama
a la hora de tratar un cáncer se deba solo a factores externos al
servicio sanitario. La Estrategia del Cáncer del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el año 2010, establece una
serie de recomendaciones relativas a la detección precoz sobre el cáncer
de mama que desconocemos si se han aplicado, y también si se han
evaluado. Entre las recomendaciones encontramos:
1. Desarrollo de programas de cribado poblacionales siguiendo las
recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad en
Mamografía.
2. Desarrollo de programas de garantía de calidad total que aborden todas
las fases del programa, con especial énfasis en el desarrollo de un
sistema de control de calidad de imagen.
3. Sistema de información que permita la gestión diaria, control de
calidad y evaluación periódica.
4. Elaboración de programas de seguimiento específico para mujeres con
antecedentes personales de carcinoma lobulillar "in situ" o hiperplasia
epitelial atípica.
Sin embargo, no aparece ningún tipo de recomendación en cuanto a la
promoción de la cirugía conservadora en el tratamiento del tumor, claro
está siempre que su gravedad permita este tipo de técnica. Desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario mejorar los protocolos y
formación de los profesionales en cuanto a la necesidad de preservar
tejido mamario en los procesos oncológicos de mama dada las consecuencias
biopsicosociales que padecen las mujeres mastectomizadas. Debemos
garantizar el mayor bienestar físico, psíquico y social a estas mujeres,
que ya afrontan un proceso complicado de por sí cargado de ansiedad y
preocupación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la
alta variabilidad que existe en el tratamiento del cáncer de mama a la
hora de realizar cirugías conservadoras de mama a fin de evitar
mastectomías innecesarias en los servicios de salud autonómicos para
mejorar la calidad de vida de estas pacientes tras la enfermedad.
2. Evaluar y actualizar la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de
Salud de 2010."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Francisco
Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el
territorio nacional, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
El cáncer de mama, en el 90 % de los casos, si se detecta a tiempo, tiene
alta posibilidad de cura, mejorando así el pronóstico y la calidad de
vida de las mujeres que lo sufren. Cada año se diagnostican en España,
25.000 mujeres con cáncer de mama, de las cuales alrededor del 65 % se
les practica una mastectomía. Solo el 30 % de estas mujeres, unas 4.800,
son operadas para la reconstrucción mamaria y, de ellas, únicamente el 40
% (1.920 mujeres), de forma inmediata, es decir, en la misma intervención
en la que se les extirpan las mamas.
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización, recoge en sus anexos como parte de
la cartera de servicios comunes, la reconstrucción mamaria.
La reconstrucción de la mama tras un cáncer es uno de los procedimientos
quirúrgicos actuales dentro de la cirugía plástica más seguros y
gratificantes para la paciente. El desarrollo de nuevas técnicas
posibilita al cirujano plástico crear una mama muy similar en forma,
textura y características a la no operada. Además, en la mayoría de los
casos es posible hacer la reconstrucción a la vez que se extirpa la mama,
evitando a la paciente la experiencia de verse mastectomizada.
Sin embargo, el procedimiento empleado para la reconstrucción mamaria es
muy dispar según la Comunidad Autónoma, e incluso diferente en los
hospitales de una misma región; y además en muchos casos las mujeres
mastectomizadas se enfrentan a largas listas de espera en hospitales para
reconstruir su pecho.
El Real Decreto 1030/2006 no especifica las técnicas y procedimientos que
se han de seguir para la reconstrucción mamaria y además en muchos casos
los centros hospitalarios no cuentan con el personal especializado en
este tipo de cirugías.
En consecuencia, sería deseable homogeneizar esta situación en todo el
territorio nacional y establecer un mismo procedimiento a seguir en los
centros hospitalarios, que incluya la micropigmentación de areola y pezón
como última fase de la reconstrucción mamaria, y que para ello se cuente
con el personal especializado en este tipo de cirugías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con
las Comunidades Autónomas para la homogeneización del procedimiento de
reconstrucción mamaria tras una mastectomía, de forma que la
reconstrucción se realice, siempre que se pueda, de forma inmediata y,
para ello, se cuente con el personal especializado en este tipo de
cirugías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre acceso a prótesis capilares para pacientes
oncológicos afectados de alopecia secundaria a consecuencia de
tratamientos para cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, con más de 26.000
nuevos casos en España en 2015, y una incidencia que sigue en
crecimiento.
Hacer frente a un cáncer de mama supone un impacto en todas las esferas de
la vida de la paciente y de su familia y personas más cercanas. El
diagnóstico de cáncer supone un cambio radical en la vida de
una persona debido a la incertidumbre sobre su expectativa de vida. A ello
se añaden posteriormente los frecuentes efectos adversos que los
tratamientos quirúrgico, radioterápico o quimioteráopico suponen para
estas pacientes. Como consecuencia de esta circunstancia es muy posible,
dependiendo de la resiliencia de la persona, que se afecten tanto la
autoestima como el ámbito de las relaciones, y como consecuencia estados
de miedo, ansiedad y aislamiento, entre otros.
Una intervención psicológica específica se justifica, tanto por la
presencia de cuadros psicopatológicos, como por la necesidad del manejo
de ciertas reacciones como, por ejemplo, la dificultad para el manejo de
ciertos efectos secundarios de la cirugía (cicatrices, pérdida de la
mama), de los tratamientos coadyuvantes (pérdida del cabello, fatiga,
náuseas, vómitos,...), así como de los efectos secundarios disfuncionales
que pueden producir (deterioro de la imagen corporal, sexualidad
afectada, náuseas y vómitos, dolor...).
La caída del cabello es uno de los síntomas más frecuentemente como
consecuencia del tratamiento oncológico, llegando a provocar en ocasiones
un importante malestar psicológico. Una vez terminada la quimioterapia,
el cabello empieza a crecer aproximadamente a los cuarenta días después
del último ciclo de tratamiento. Pero es necesario el uso de
complementos, pañuelos y/o pelucas, durante unos 3-4 meses más, e incluso
en periodos más prolongados.
El Informe del Defensor del Pueblo 2011, publicado en abril de 2012, ya
recomendó la actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud, para incluir en dicha cartera las prótesis capilares
para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a
tratamientos de quimioterapia.
Algunos sistemas de aseguramiento públicos en España ya incluyen de alguna
manera estas prótesis. La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) establece ayudas económicas para el suministro de pelucas y
sujetadores adaptados. Estas ayudas están recogidas en el apartado de
ayudas asistenciales, es decir, aquellas que pueden recibir los
mutualistas cuando se encuentran en un determinado estado de necesidad y
carecen de los recursos indispensables; contemplando expresamente la
adquisición de prótesis capilares para enfermos oncológicos afectados de
alopecia secundaria.
En la propuesta de resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2012
ya se solicita a los Estados que consideren la lucha contra el cáncer de
mama una prioridad de política sanitaria y elaboren y apliquen
estrategias eficaces para una mejor prevención, detección precoz,
diagnóstico, tratamiento y examen posterior del cáncer de mama, a fin de
asegurar a escala europea la mejor calidad en el tratamiento del cáncer
de mama, incluyendo el reembolso de los gastos de pelucas de pelo
artificial y rellenos de sujetador, así como de drenajes linfáticos en la
fase posterior al tratamiento.
La posibilidad de acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de
quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular
relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de
cabello como consecuencia de la misma. La mejora de la apariencia física
incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener necesariamente
consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda
redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad.
Esta situación viene además condicionada por un singular matiz de género,
pues, aunque la alopecia secundaria puede resultar igualmente hiriente
para los pacientes oncológicos varones, lo cierto es que por hábitos
culturales e históricos, el cabello ha venido constituyendo un símbolo
estético asociado a la imagen del sexo femenino.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Enviar al Congreso de los Diputados en los próximos seis meses un
estudio sobre los efectos de la alopecia secundaria a tratamiento sobre
la salud (física y mental) y la calidad de vida de las personas con
cáncer de mama y el número y condición de las personas que presentan
dificultades económicas para el acceso a las prótesis de cabello, en el
contexto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS).
2. Proponer y adoptar, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el
seno de las Conferencias sectoriales de Sanidad y/o Asuntos Sociales,
medidas encaminadas a establecer
ayudas económicas para que las personas afectadas de alopecia secundaria
al tratamiento de quimioterapia puedan acceder a las prótesis capilares
cuando sus recursos económicos no les permitan adquirirlas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Juan Jiménez
Tortosa, Sonia Ferrer Tesoro, Jesús María Fernández Díaz, Victoria Begoña
Tundidor Moreno, Miriam Alconchel Gonzaga, Elvira Ramón Utrabo, Carmen
Rocío Cuello Pérez y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y
desarrollo en áreas de conflicto, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
El escenario al que nos enfrentamos en el entorno internacional es cada
vez más complejo; han cambiado las amenazas, adoptando características
transfronterizas y globales, los actores, las herramientas y los riesgos.
Para responder a esta nueva realidad es necesaria una cooperación
transfronteriza y entre todos los actores, coordinando acciones a nivel
multilateral e interdepartamental, a corto, medio y largo plazo.
Los bajos índices de seguridad física, los problemas de gobernanza y la
débil capacidad institucional, factores todos que afectan al libre
desarrollo de las personas, hacen muy difícil el avance en las materias
que constituyen los principales parámetros de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Los recientes ataques de Boko Haram en Africa Occidental, son un claro
reflejo de esta amenaza, donde la economía chadiana, ya de por sí pobre,
está siendo arrasada. El ganado que se vendía en la zona, ahora está en
manos de los yihadistas provocando una de las mayores crisis alimentarias
actuales (las otras tres son Sudán del Sur, Somalia y Yemen).
Adicionalmente, enfermedades como la hepatitis, el cólera o la polio que
estaban erradicadas, han vuelto a resurgir, y proliferan los campos de
refugiados sin que exista una autoridad gubernamental, y sin que
funcionen hospitales, mercados ni colegios.
A la vista de estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque
integral en el que la seguridad y el desarrollo sean tratados de manera
coordinada ya que no puede existir desarrollo sin seguridad, y viceversa.
Cooperación y seguridad son, por tanto, dos vectores que se
retroalimentan. Por un lado las ONGs necesitan asegurar sus zonas de
trabajo y, a su vez, su trabajo consigue incidir en la ruptura del
círculo vicioso de la pobreza, la guerra y la debilidad de las
capacidades tanto sociales como políticas y económicas, que son causas de
las crisis. La pobreza es el síntoma, pero también muchas veces la causa
de estas situaciones. Además, la violencia tiene un gran impacto en
cooperación, tanto en el logro de los ODS, como a través de su altísimo
coste económico, afectando a la población -de manera especialmente grave
a mujeres y niños- y a sus medios de vida e infraestructuras,
desincentivando la inversión y absorbiendo los fondos del estado para
combatirla, alejándolos de los fines sociales.
Desde la perspectiva de la prevención, la realización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) debe también contribuir a la paz y seguridad
colectiva e individual en el largo plazo. Tanto la política de desarrollo
de la UE, como la española reflejada en el IV Plan Director de la
Cooperación Española 2013-2016, tienen por objetivo primordial la
erradicación de la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible, y
fomentan la democracia, el buen gobierno y el respeto de los Derechos
Humanos a través de políticas transparentes.
Todo ello, también está presente en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado, que busca una mayor
coordinación, un mejor uso de los recursos e incrementar el impacto de
nuestra política exterior ante un escenario internacional radicalmente
transformado.
También el IV Plan Director de la Cooperación Española recoge cómo las
políticas de cooperación más eficaces contribuirán a una acción exterior
más coherente generando espacios para sinergias positivas y mayores
impactos en otras políticas del Gobierno español en el exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Consolidar sistemas transversales para mejorar la coordinación entre
las acciones militares y las que tienen lugar en el ámbito civil en
materia de desarrollo y seguridad, reforzando la perspectiva de los
Derechos Humanos.
2. Trabajar en la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad,
en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas 1325 (2000) y siguientes, en especial la Res. 2242 (2015).
3. Fomentar en el seno de las Organizaciones Multilaterales y Organismos
Internacionales la coordinación que contribuya a una ayuda integral más
eficaz y favorezca que los estados asuman mayores responsabilidades
orientadas a construir instituciones estatales eficaces y sólidas, así
como una sociedad activa y organizada.
4. Promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario especialmente
en las zonas afectadas por conflictos, y la coordinación entre acciones
militares y humanitarias que permitan el acceso libre y seguro de la
ayuda a las víctimas afectadas.
5. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones humanitarias
y de desarrollo de las misiones militares, y en base a sus resultados,
incorporar las lecciones aprendidas en el V Plan Director de manera que
aseguren la inclusión de una perspectiva integral pero diferenciada de
aproximación a los conflictos y a sus causas, que favorezca una mejora en
la prevención y resolución de los conflictos y la consolidación de la
paz."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas
estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación
para el desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La cooperación para el desarrollo se incorpora a las políticas públicas
desde el regreso de la democracia a nuestro país formando parte del
preámbulo de la Constitución de 1978, en la que se proclama la voluntad
de la Nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de
la Tierra.
Aunque ya en 1976, se constituyó mediante el Real Decreto-ley 16/1976, el
Fondo de Ayuda al Desarrollo, la estructura del sistema de cooperación se
establece a partir de los años 80 y ha ido modificándose con el tiempo y
los diferentes Gobiernos.
En 1985, se crea la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica (SECIPI), y en 1988, mediante el Real Decreto
1527/1988, de 11 de noviembre, la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), como institución que concentra la Cooperación
Bilateral. En este Real Decreto se constituye también la Oficina de
Planificación y Evaluación dependiente de la Secretaría de Estado.
En 1998, se promulga la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo que regula el régimen jurídico de la
política española de cooperación internacional para el desarrollo.
En 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores incorpora la Cooperación a su
nombre pasando a denominarse Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación creándose a su vez la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional (SECI), de la que dependerá la Dirección General de
Planificación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE).
En 2012, se suprime la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
se constituye un departamento de rango inferior, la Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID), dependiente de
nuevo de la SECIPI.
En la modificación de la estructura del Ministerio realizada en julio de
2017, desaparece SGCID, para transformarla en un departamento, de nuevo
de rango inferior, una Dirección General de la que dependerán dos
Subdirecciones Generales y la Unidad de Evaluación.
El sistema de cooperación está formado por otras instituciones públicas
además de. AECID, como son la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Compañía Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES S. A.), estando las tres
acreditadas para gestionar proyectos europeos de cooperación delegada.
Sin embargo, la Cooperación Española no dispone de un documento de
estrategia para la cooperación delegada en el que se definan las líneas
de acción de manera que las entidades no compitan entre sí, sino que se
complementen de manera que el resultado sea el fortalecimiento del
sistema a través de este instrumento. En el caso de la AECID debe
realizarse igualmente un seguimiento y rendición de cuentas de los
recursos canalizados por esta vía, así como un análisis de capacidades y
perfiles.
En lo que respecta a recursos, desde que en 1981 España dejara de ser
considerada país receptor de ayuda internacional, se inició una senda de
incremento de los recursos económicos destinados a Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) de manera más o menos sostenida hasta 2011, alcanzándose
la cifra más alta el año 2009, cuando se dedicó a AOD el 0,46 % de la
Renta Nacional Bruta (RNB).
Las medidas puestas en marcha en relación con la crisis económica suponen
un detrimento de los recursos para cooperación para el desarrollo
registrándose un descenso de hasta el 70 % de los mismos, que en el caso
de la acción humanitaria asciende al 90 %, registrándose el nivel más
bajo el año 2015 con un 0,12 %, cifra similar a la de 1985.
Según las estadísticas y los informes presentados por el Gobierno, España
habría recuperado el PIB pre-crisis, así como una senda de crecimiento
económico anual.
Se trataría, por tanto, de plasmar esta recuperación en los presupuestos
de la política que mayores recortes presupuestarios ha sufrido como
consecuencia de la crisis y hacerlo de manera planificada y coherente.
Otra cuestión fundamental a resolver en el sistema de cooperación es la
relacionada con los recursos humanos.
A pesar de los cambios introducidos durante la última década, se deben
abordar diversas cuestiones como el envejecimiento de la plantilla, los
perfiles, modalidades de contrato, rotación o la promoción.
Por otro lado, la derogación de la Ley de Agencias mediante la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, abre un
escenario de incertidumbre respecto al futuro de la agencia que debe ser
tratado y aprovechado para adecuar la misma al nuevo contexto de la
cooperación para el desarrollo.
Por su parte, el informe de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
del año 2016, establece una serie de recomendaciones encaminadas a
mejorar cuestiones sistémicas de la Cooperación Española así como otras
de corte más sectorial e instrumental. Estas últimas deberían ser
atendidas en el próximo plan director actualmente en proceso de
elaboración, pero las que son de naturaleza sistémica requieren de otro
tipo de impulso que trasciende el plan director.
Por todo ello, y con el objeto de disponer de una mejor estructura del
sistema de cooperación para el desarrollo, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a establecer
medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de
cooperación para el desarrollo:
1. Definir una hoja de ruta presupuestaria que implique destinar el 0,4
del PIB a Ayuda Oficial para el Desarrollo en 2019, reservando el 10 %
del mismo a actuaciones de acción humanitaria.
2. Abrir un proceso programado de ampliación presupuestaria en AECID que
incluya la aprobación de contratos de gestión de carácter plurianual.
3. Elaborar un documento estratégico para la cooperación delegada entre
las entidades del sistema acreditadas a tal efecto para garantizar
complementariedades y sinergias de manera que se fortalezca el papel de
la Cooperación Española en este instrumento europeo.
4. Diseñar una estrategia de recursos humanos que aborde:
- un análisis de necesidades, perfiles y modalidades de contratación en
sede y en terreno en el medio y largo plazo;
- la especificidad de las circunstancias en las que los responsables de
programas y proyectos desempeñan su trabajo;
- la situación laboral de los responsables de programas y proyectos de
AECID garantizando la no discriminación respecto al resto de trabajadores
de AECID en el exterior y en sede;
- la rotación y promoción del personal de AECID en sede y el exterior.
5. Revisar los mandatos de los órganos consultivos de manera que
correspondan con una acción eficaz de orientación de la política de
cooperación para el desarrollo.
6. Abrir un proceso de diálogo con la participación de los actores del
sector para el estudio de propuestas sobre el futuro de la AECID en el
marco de la implementación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carlota
Merchán Mesón, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
dotar de un marco jurídico flexible al Museo Arqueológico Nacional, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo Arqueológico Nacional (MAN), fue fundado en 1867 por Isabel II,
siguiendo la tendencia europea de crear grandes museos nacionales
destinados a mostrar los testimonios del pasado propios de cada país. Con
su creación se daba respuesta a la demanda de reunir, en una única gran
institución, las colecciones de antigüedades dispersas en diferentes
establecimientos, con el fin de representar la historia de España, desde
los orígenes a los tiempos más recientes.
Esta idea encontró impulso en el desarrollo que la arqueología alcanzó en
esos momentos, así como en la toma de conciencia del riquísimo patrimonio
cultural que, a causa de invasiones, guerras y desamortizaciones, se
encontraba en peligro de desaparición y era necesario proteger.
El nuevo Museo debía reunir, conservar y estudiar estos bienes para
ponerlos al servicio de los ciudadanos, contribuyendo de este modo a su
formación e instrucción y, garantizando a su vez el acceso a la cultura,
conforme establece el artículo 44 de la Constitución.
Entre 2008 y 2013, se llevó a cabo la reforma del edificio en el que se
ubica actualmente el Museo Arqueológico Nacional y la reinstalación de su
exposición permanente. Desde su reapertura, el 1 de abril de 2014, se ha
producido un notable crecimiento de la cifra de usuarios, alcanzando los
768.836 visitantes en su primer año, cuando antes de su cierre para la
remodelación realizada, el Museo Arqueológico Nacional mantenía una
afluencia en torno a los 200.000 visitantes anuales.
Ahora, una vez llevada a cabo la remodelación descrita, ha llegado el
momento de dotar al Museo de un régimen jurídico que le otorgue mayor
autonomía de gestión y nuevas vías de financiación, como se hizo en
pasadas legislaturas con nuestras instituciones de cabecera: la Ley
reguladora del Museo Nacional del Prado de 2003, la Ley reguladora del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de 2011 y la Ley
reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en 2015, en las
cuales se les permitió funcionar con un importante porcentaje de fondos
propios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo análisis,
estudio e informe sobre las necesidades organizativas, presupuestarias y
de personal, elaborar un marco jurídico flexible, autónomo, de carácter y
control público, para el Museo Arqueológico Nacional (MAN), que le
otorgue mayor autonomía de gestión y nuevas vías de financiación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación
integral de la casa señorial Sinyent en Polinyà de Xùquer (Valencia),
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el marco de la Finca Sinyent, ubicada en Polinyà de Xúquer (Valencia),
se está desarrollando un proyecto de experimentación agraria mediante el
que la Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA realiza ensayos y
transfiere los resultados obtenidos y conocimientos de la investigación a
los agricultores valencianos de forma rápida, útil y eficaz. Esta
iniciativa, sin apenas antecedente conocido en el ámbito de las
organizaciones agrarias europeas, pretende de este modo complementar el
trabajo que vienen realizando las administraciones y dar cumplida
respuesta a las necesidades del sector agrario en un capítulo tan
decisivo, en términos de futuro, como es la investigación y la
innovación.
El centro ocupa una extensión total de 25 hectáreas en un entorno agrícola
y paisajístico de gran valor junto al cauce del río Júcar, y goza de una
climatología y edafología que se adapta a la mayoría de los cultivos
mediterráneos. Desde su puesta en marcha en 2011, más del 95 % de la
superficie disponible para ensayos agronómicos se encuentra ya plantada,
tanto con cultivos históricamente implantados en la Comunidad Valenciana
como con nuevas alternativas que pueden abrir interesantes nichos de
mercado.
Por el momento, este ambicioso programa de ensayos se ha concretado en el
estudio de nuevos patrones, variedades y técnicas de manejo del cultivo
que permitan obtener un mejor rendimiento desde una perspectiva
agronómica y medioambiental. La Asociación Valenciana de
Agricultores-ASAJA busca para ello vías de colaboración con las empresas
o entidades más punteras en todas las facetas vinculadas a la actividad
agraria. Según se vayan completando las distintas fases aún pendientes
para la ejecución
total del proyecto, el objetivo es que los asociados puedan organizar
visitas a fin de conocer en primera persona los últimos avances e
innovaciones en materia agraria.
La Finca Sinyent también dispone de una serie de edificaciones con
múltiples usos que están llamadas a desempeñar un destacado papel de cara
a proyectar al conjunto de la sociedad los valores de la agricultura y el
mundo rural. Además de la casa motor, el centro de riego, el almacén
agrícola y el aula de formación, la Finca Sinyent alberga una casa
señorial de estilo gótico del siglo XIV en la que se pretende acoger -a
la espera de conseguir las subvenciones públicas para su rehabilitación
arquitectónica- salas de exposiciones, cursos de formación, charlas,
congresos, etc.
Dicha casa señorial, que constituye la construcción más representativa de
la arquitectura civil medieval de la comarca de la Ribera, amenaza con
derrumbarse y se encuentra apuntalada desde hace años. El lugar fue
durante siglos el único paso del río entre los puentes de Alzira y
Cullera, y Sinyent ya aparece descrito en las crónicas del rey Jaume I.
Quedan pocas muestras de arquitectura civil gótica en la Ribera por los
continuos cambios que han transformado sus edificios y la casa de Sinyent
ha sido catalogada como un monumento de "indudable valor". La casa de
Sinyent ha permanecido décadas aislada, ignorada y oculta bajo una
amalgama de intervenciones posteriores que han desfigurado su naturaleza.
Aunque de origen incierto, los últimos estudios apuntan a que la casa
estuvo vinculada al paso que cruzaba el Xúquer por Albalat y muy cerca de
la confluencia de comunicaciones como la vía Augusta o la Sucronense. Sin
embargo, el mayor deterioro de la casa se ha producido en el último siglo
hasta alcanzar el estado ruinoso actual por el abandono.
El actual propietario del edificio, la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA), ha puesto los medios para detener el deterioro,
aunque carece de las capacidades suficientes para recuperar íntegramente
la casa, cuyo coste se evalúa en unos 2,5 millones de euros según ha sido
publicado. Se han solicitado ayudas y el proyecto de actuación y
restauración está preparado para recuperar el edificio cuando sea
posible. Se trata de la confluencia de un importante y singular proyecto
de investigación agraria con la recuperación del patrimonio histórico
artístico de la comarca de la Ribera.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con
la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer y
AVA-ASAJA, contribuya decisivamente a la recuperación integral del
patrimonio histórico cultural que representa la casa señorial Sinyent en
el marco de la finca del mismo nombre y a la promoción del proyecto de
investigación y difusión agraria allí ubicado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Ricardo
Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación del
museo arqueológico de Córdoba, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo Arqueológico de Córdoba es una institución centenaria, de gran
peso histórico y patrimonial, tanto por la variedad y calidad de las
colecciones que custodia como por el valor de la sede que las alberga.
El Museo celebra este 2017 los 150 años de vida, una larga trayectoria
siempre ligado a la actividad y la investigación arqueológica de su
ámbito geográfico, así como a los principales yacimientos arqueológicos
enclavados en Córdoba, acercando con sus actividades el patrimonio
arqueológico a toda la ciudadanía. En el siglo XIX, a raíz del Real
Decreto de 20 de marzo de 1867, en que se crean el Museo
Arqueológico nacional y algunos Museos Arqueológicos provinciales, nace el
Museo cordobés, uno de los primeros de nuestro país. Desde entonces, este
museo no ha dejado de crecer. Pero, a día de hoy, pese a contar con unas
instalaciones más adecuadas al siglo XXI necesita completarse.
En enero de 2011, el Museo inauguró su actual sede, un edificio que
presenta una pieza excepcional: el yacimiento arqueológico del teatro
romano de la ciudad, que fue hallado en el solar contiguo del edificio y
que actualmente se encuentra abierto al público en su planta sótano,
restaurado, musealizado y accesible. El proyecto de esta sede de nueva
planta comprendía una segunda fase de adecuación arquitectónica y
museográfica de su sede antigua, el anexo Palacio de Jerónimo Páez, para
el que la propia dirección y técnicos del Museo redactaron los documentos
de planificación necesarios, entregados entre 2009 y 2010 al Gobierno
central, titular del Museo.
La finalidad de la actuación en esta sede histórica es la intervención
sobre el propio edificio y los restos arqueológicos que se hallan en la
superficie del Museo, para posibilitar la adecuada conservación del
monumento y dotarlo de servicios e instalaciones necesarias en un
edificio de museo del siglo XXI.
Además, este edificio tendrá la función primordial de acoger la exposición
permanente del Museo, existiendo actualmente en el edificio de nueva
planta una exposición restringida y temporal con limitación de funciones
y de servicios al usuario. Además, esta exposición sufre el desgaste
lógico del hecho de permanecer más tiempo que para el que fue diseñada,
dando señales de agotamiento en algunos de sus aspectos.
Por todo ello, la ejecución de esta segunda fase no puede ni debe seguir
demorándose en el tiempo. Desde el año 2011, el Ministerio cuenta con el
documento de prescripciones técnicas para la contratación de la Redacción
del Proyecto arquitectónico de rehabilitación y con sus correspondientes
anexos, que es el primer paso necesario para la restauración del palacio.
Estaba prevista su convocatoria en el año 2011, pero no se realizó. De
nuevo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, figuraba una
partida de 350.000 euros para convocar el concurso del proyecto de
rehabilitación, que también Córdoba perdió porque no se ejecutó un solo
euro.
A principios de 2014, el Museo remitió al Ministerio unos pliegos
actualizados y nuevos anexos, consignándose de nuevo por parte del
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, de 2015, una dotación
de 300.000 euros, para la contratación del proyecto. De nuevo, en los
Presupuestos Generales del Estado de 2016, aparecía un total de 500.000
euros, cantidades que volvió a perder la ciudad y su Museo Arqueológico
dado que a día de hoy el Gobierno de España no ha ejecutado ninguna de
las partidas de 2011, 2014, 2015 y 2016. Sin esta actuación, el Museo se
ve constreñido en su oferta cultural, estando actualmente expuesta sólo
un 1,5 % de la colección, quedando importantes obras en las reservas.
Tampoco se cuenta con una zona adecuada de exposiciones temporales.
Todo ello provoca que in recurso turístico y cultural de primer orden como
es esta institución para Córdoba y Andalucía se encuentre en una
situación que no puede esperar más. Ni la institución, ni el patrimonio
que alberga, ni Córdoba, ni la ciudadanía ni Andalucía lo merecen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno titular del edificio y
buena parte de las colecciones del Museo Arqueológico de Córdoba,
convoque en el menor plazo posible el concurso para la redacción del
proyecto arquitectónico y de trabajos de rehabilitación del Palacio
Jerónimo Páez, poniendo así fin a un retraso en esta actuación de más de
siete años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Antonio
Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre Construcción de una vivienda para
el Duque del lnfantado en el Palacio del Infantado de Guadalajara, para
su debate en la Comisión de Cultura.
El Palacio del Infantado, de titularidad pública estatal, es el edificio
más emblemático de Guadalajara. Construido a partir de 1480, por el
arquitecto Juan Guas y el tallista Egas Cueman, es una relevante joya
arquitectónica de estilo hispánico, con elementos góticos de tradición
flamenca y detalles de herencia morisca.
Sede del Museo Provincial más antiguo de España, es al mismo tiempo un
centro cultural relevante en la ciudad, donde se realizan variadas y
participativas actividades a lo largo de todo el año.
El Palacio fue donado a título gratuito por el Duque del Infantado al
Estado, mediante Acuerdo de 4 de enero de 1960, después de permanecer en
ruinas desde el 6 de diciembre de 1936, en que fue bombardeado por la
aviación franquista y que la Casa del Infantado no se hiciera cargo de su
rehabilitación. El Estado lo restauró e instaló allí la Biblioteca
Pública, el Archivo Histórico Provincial y el Museo Provincial.
En el Acuerdo de donación de 1960, en su estipulación segunda, se
establecía "la reserva con carácter permanente de las dependencias que en
su día se señalen, a fin de que el Duque del Infantado pueda habitar
personalmente en ellas de manera ocasional y utilizarlas como museo y
archivo familiar, sin que ello pueda ocasionar perjuicio al
desenvolvimiento normal de los servicios que el Ministerio establezca en
aquel edificio". En 2007, la Casa del Infantado interpuso una demanda
para solicitar el cumplimiento del Acuerdo, que fue estimada parcialmente
en sentencia de 31 de julio de 2009. El fallo judicial reproduce
literalmente el contenido del acuerdo de 1960, indicando la reserva de
unas dependencias para uso ocasional, aunque no especifica nada más.
En virtud de estas disposiciones, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, está construyendo una vivienda al Duque del Infantado dentro del
Palacio, que incluso puede contravenir lo establecido en la legislación
urbanística vigente. Una vivienda en dos alturas, de 400 metros cuadrados
y 500.000 euros de presupuesto, en el denominado Torreón del Archivo, que
va a disminuir notablemente el espacio dedicado a Museo Provincial y va a
afectar negativamente a las funciones y tareas públicas del Museo, que
por otra parte ha recibido muy escasas inversiones en los últimos años
por parte del Ministerio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desista de construir
una vivienda privada para la Casa del Infantado en el interior del
Palacio del Infantado de Guadalajara, y negocie con el Duque del
Infantado el cumplimiento de la sentencia judicial de 31 de julio de
2009, de modo que no se vea afectado el uso público del Palacio del
Infantado y las actividades del Museo Provincial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Pablo
Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002345
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
Reformulación de su Proposición no de Ley relativa al establecimiento de
un aborto seguro y libre para todas las mujeres.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, y considerando que solicita
el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Igualdad, relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para
todas las mujeres.
Exposición de motivos
La lucha por el derecho al aborto y el derecho a decidir sobre nuestros
propios cuerpos es una reivindicación constante y central por parte del
movimiento feminista en nuestro país. Si bien es cierto que contamos en
nuestro país con legislación que ha mejorado el desarrollo de la
sexualidad así como el ejercicio de la libre maternidad, en los últimos
años nos hemos encontrado con diversos recortes en esos derechos, tanto
por falta de desarrollo e incumplimiento de lo que ya se recoge en
nuestras leyes, así como por diversos ataques y recortes en los
mencionados derechos. El derecho a decidir de las mujeres está aún por
conquistar en nuestro país.
La maternidad segura y libre fundamentada en los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, se deriva del derecho de toda persona a la
vida, la salud y la reproducción. Concretamente, nos referimos a una
maternidad libremente elegida que reciba los cuidados médicos y servicios
sociales necesarios, incluyendo el derecho al ejercicio de la autonomía
durante todo el proceso, tanto si opta por continuar el embarazo, como si
opta por interrumpirlo. De este modo, las políticas orientadas a que las
mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a un aborto legal,
seguro y oportuno constituyen la base fundamental para el ejercicio de
una maternidad segura, evitando cualquier riesgo para la vida y salud de
las mujeres.
La OMS señaló en 2016, que para evitar la mortalidad materna a todas las
mujeres y en especial a las adolescentes, es necesario que puedan acceder
a servicios que realicen abortos seguros y a una atención de calidad tras
el aborto. Así mismo, establece que el aborto inseguro es una de las
principales causas de las muertes maternas, y que el aborto seguro es
inferior a una por cada 100.000 intervenciones.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoció por primera vez que la protección de la Salud es un derecho
fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía en condiciones
de igualdad. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales dispone el Derecho al disfrute del más alto nivel
posible de Salud física y mental para todas las personas (artículo 12).
Así mismo, El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), en su Recomendación General No. 24 establece que es
obligación de los Estados Parte "respetar y proteger los derechos de la
mujer en materia de atención médica".
En innumerables observaciones finales, el Comité de la CEDAW ha puesto
considerable atención al tema de la mortalidad materna a causa de abortos
realizados en condiciones de riesgo y los considera una violación del
derecho de las mujeres a la vida. El Comité ha expresado su preocupación
general respecto de la falta de acceso a abortos seguros, particularmente
en los casos de violación. Dicho Comité también ha manifestado
preocupación sobre los castigos y las exigencias de informar que impiden
que las mujeres busquen atención médica en casos de abortos realizados en
condiciones de riesgo, y ha instado a los Estados Parte a garantizar el
acceso a atención postaborto con el fin de reducir la mortalidad materna.
En lo que toca a nuestro país, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
extendió la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción
voluntaria del embarazo a las mujeres de dieciséis y diecisiete años,
equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad
establecido en el Código Civil, estableciendo que, en esos casos, al
menos uno de los progenitores de la menor debía ser informado de la
decisión de la mujer, excepcionando dicha obligación de información
únicamente aquellos casos en que la mujer
justificase que ello le provocaría un "conflicto grave, manifestado en el
peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos
tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".
La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección
de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la
interrupción voluntaria del embarazo suprimió la posibilidad de que las
menores de edad pudieran prestar el consentimiento por sí solas,
exigiendo que para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores
de edad es preciso, además de la manifestación de su voluntad, el
consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad,
remitiéndose expresamente al régimen establecido con carácter general en
el Código Civil para solucionar cualquier tipo de conflicto que pudiese
surgir al prestar el consentimiento los representantes legales o cuando
la decisión de estos pudiese poner en peligro el interés superior de la
menor.
En consonancia con lo anterior, se modificó también la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, en lo que se refiere a los límites del consentimiento informado.
El Partido Popular justificó la reforma en las obligaciones de protección
y cuidado de la menor que el ejercicio de la patria potestad impone a los
progenitores, en particular, los deberes que el Código Civil les impone
de "velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral" y "educar al menor y procurarle una
formación integral", alegando en la exposición de motivos de la Ley que
"la modificación contemplada en la Ley Orgánica 2/2010, impide a los
progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código
Civil, privando a las menores de la protección que el mismo texto
legislativo reconoce, de poder contar, en un momento crucial y complicado
de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad".
Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, entendemos que en ningún caso esta reforma responde al
ejercicio de protección de las niñas y adolescentes, sino más bien es una
reforma cortada por un claro patrón machista y que va directamente en
contra del desarrollo y la protección de los derechos más fundamentales
de las mujeres, recogidos y amparados por diversos organismos como el
Consejo de Europa, ONU, parlamento europeo; y legislaciones, incluso las
nuestras, en las que queda recogida con meridiana claridad la intención
de eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres.
Por otro lado, y analizando las propias cifras del informe del MSSSI, el
porcentaje total de niñas y adolescentes que entre los dieciséis y los
dieciocho años realizaron interrupciones voluntarias del embarazo, no
alcanza el 10 % de las IVE.s totales, y además ha ido descendiendo en los
últimos años. Sin embargo, no existen trabajos ni estudios que arrojen
luz sobre la causa de ese descenso, es decir, no sabemos si desciende el
número de embarazos no deseados, si las jóvenes no abortan o si realizan
abortos clandestinos que puedan socavar profundamente su derecho a la
salud.
Para garantizar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE.) no basta únicamente con
introducir las necesarias reformas legislativas en la mencionada ley,
sino que es necesario además adoptar todas aquellas medidas que resulten
necesarias para garantizar que el acceso a dicha prestación es real,
efectivo y por ello se propone la adopción de una serie de medidas en el
ámbito sanitario, dirigidas a avanzar en el proceso de internalización de
las IVE.s -es decir, a la asunción de la prestación por parte de los
proveedores públicos-, en materia de transparencia y en materia de
formación de los profesionales que prestan dicha asistencia.
De nuevo analizando los datos del MSSSI en su último informe sobre la
I.V.E. podemos observar como en todas las comunidades autónomas, se
realizan más del 80 % de las IVE.s en centros y clínicas privadas. No es
comprensible a estas alturas que una prestación como es la IVE no esté
recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con
todos los efectos que ello supone, como por ejemplo, no solo poder
garantizar una cobertura del servicio en la red de hospitales públicos de
todo el país, sino también garantizar el derecho de elección informada
del mejor método para efectuar la misma. Desde el grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que esta es otra de las
consecuencias del actual sistema sanitario español que está siendo
conducido con cada una de las reformas legislativas de los Gobiernos del
Partido Popular a una sanidad más privatizada, más cara, y en la que se
muere peor; y que por supuesto supone un beneficio para unos pocos.
Irónicamente, la Interrupción Voluntaria del Embarazo está muy lejos de
poder convertirse en una práctica de la que lucrarse, como sin embargo,
sí lo son la construcción de nuevos hospitales en ese camino de la
privatización de la gestión en el Sistema Nacional de Salud. Entendemos
que tanto las IVE.s así como otras cuestiones que tienen que ver con las
mujeres y la salud, son en muchos casos las prestaciones más
perjudicadas.
Por un lado, como consecuencia del deterioro continuado de nuestro Sistema
Nacional de Salud, y por otro como consecuencia de la discriminación por
razones de género que también se pone de manifiesto en el ámbito
sanitario, y que responde a las distintas maneras de enfermar y concebir
la salud pública, y el llamado sesgo de género sobre el que muchas
autoras han escrito, como Vicky López o Susana Velasco. No es de extrañar
pues que ante necesidades sanitarias específicas de las mujeres, la
calidad de estos servicios sea peor, y sobre todo, cuando el
empeoramiento de estos servicios ha sido utilizado como una herramienta
de control de la sexualidad y las vidas de las mujeres.
En este sentido, y a pesar de que la propia Ley Orgánica 2/2010, de Salud
Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recoja
ya en sus primeras líneas que el desarrollo de la sexualidad y la
capacidad de procreación están vinculados a la dignidad de la persona y
que son objetos de protección a través de distintos derechos
fundamentales, y que los poderes públicos no deben interceder en estas
decisiones, en muchos lugares de nuestro país es difícil encontrar
profesionales del Sistema Nacional de Salud que estén dispuestos a dar
cobertura a todo lo recogido en esta ley, principalmente y en relación a
esto, la cifra de objetores de conciencia de nuestro país, es aún
preocupante.
En la misma línea y como sucede con muchas de las leyes relacionadas con
la no discriminación hacia las mujeres, como las Leyes Orgánicas 1/2004 o
3/2007, muchas de sus medidas no han sido puestas en marcha, ni
presupuestadas. En el marco del debate el informe de la Subcomisión para
el Pacto de Estado contra la violencia de género, muchas de las
cuestiones que hoy traemos en esta Proposición no de Ley, han sido
debatidas sin conseguir con ellas la unanimidad que requerían las medidas
para ser recogidas en dicho informe. No obstante consideramos de máxima
urgencia conocer en profundidad en qué estado se encuentran las mujeres
en nuestro país que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo y que
esta interrupción sea accesible, legal, segura, y garantizada para todas
las mujeres, prestando especial atención a aquellos casos de
vulnerabilidad, como son los casos de violencia machista, los casos de
mujeres con diversidad funcional o las mujeres migrantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica
11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores
y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo y modificar Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar
el consentimiento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a
las mujeres de dieciséis y diecisiete años, equiparándolas al régimen
general aplicable a las mujeres mayores de edad establecido en el Código
Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de
comunicarlo o no a sus progenitores.
2. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud
una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo
que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a
detectar tendencias en la accesibilidad, calidad y seguridad de las
interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema
Nacional de Salud.
3. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el
"Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo" publicado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la
inclusión de indicadores sobre interrupciones voluntarias del embarazo en
situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones
de violencia sexual y mujeres con diversidad funcional.
4. Crear un equipo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de
internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimos
e ideales a cumplir para la introducción de la prestación de los I.V.E.s
en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre
otros, los siguientes aspectos:
4.1. Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar
la prestación de las IVE.s en cada Comunidad Autónoma.
4.2. Establecer estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan
asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.
4.3. Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberán
acreditar todos las y los profesionales que vayan a estar implicados en
la realización de las IVE.s en centros sanitarios públicos.
4.4. Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las
competencias que deberían derivarse de la misma.
5. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los y las
profesionales que vayan a estar implicados en la realización de IVE.s, en
centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
6. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el
proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden
registradas en la Historia Clínica de la Paciente y que sirvan para
asegurar que la paciente puede, de forma bien informada, ejercer su
principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la
práctica de la IVE.
7. Revisar y suprimir el período de reflexión de tres días.
8. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de
la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual
y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de
las IVE.s, ni para el correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.
9. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo.
10. Reincorporar en el supuesto de violación dentro de los motivos de
interrupción del embarazo, tal y como constaba en la recogida de datos
previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010.
11. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica
2/2010, información sobre la ayuda y las medidas disponibles para la
atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo
recogido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2004.
12. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en
todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones
fetales.
13. Dotar de la formación necesaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que
sufren acoso y coacción en los centros médicos.
14. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad
funcional.
15. Formar al personal sanitario implicado en las IVE.s, tanto en género
como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la
realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores
estándares de calidad.
16. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los
derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.
17. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres
durante los procesos de interrupción voluntaria del embarazo.
18. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz
sobre las causas del descenso de IVE.s.
19. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que
nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica,
sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las
mujeres al libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea
vulnerado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Sofía
Fernández Castañón y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad,
relativa a tener en cuenta las demandas sobre la igualdad de
oportunidades del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro
Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.
Exposición de motivos
En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados
una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de
consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del
IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente,
celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el
"Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a
representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a
integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas
reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes,
concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la
opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño,
en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13,
sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a
la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".
El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de
todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para
poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser
escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de
asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo
en los distintos entornos en los que se desarrolla.
En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y
adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario
de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso de los
Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se
recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de
participación, definidas en el Manifiesto de Santander.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las
modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas
contenidas en el Manifiesto de Santander relativas a la igualdad de
oportunidades:
Igualdad de oportunidades:
- Creemos que debemos incluir la igualdad en diferentes ámbitos como
género, deporte y el mundo laboral, entre otros, y como eje trasversal en
educación.
- Hay que concienciar más a los coles e institutos acerca de que todos
somos iguales y que tenemos los mismos derechos y obligaciones,
ofreciendo charlas para fomentar la igualdad, además de trabajar con las
familias.
- Premiar buenos resultados académicos y dar ayudas económicas a aquellos
con pocos recursos.
- En cuanto a los medios de comunicación, que toda la información que se
aporte sea de manera objetiva.
- Y en cuanto a la inmigración, que se fomenten espacios de encuentro y de
convivencia con gente de diferentes razas y culturas.
- Creemos que el pilar fundamental de la igualdad es la educación, ya que
partiendo de una buena base educativa se pueden pulir todas las
diferencias y por tanto la sociedad podrá avanzar y mejorar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Sofía
Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís
Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la igualdad real en el mundo del deporte, para
su debate en la Comisión Igualdad.
Exposición de motivos
Pese a los avances que poco a poco nuestra sociedad va alcanzando en la
igualdad entre mujeres y hombres, la mujer se encuentra todavía
enormemente discriminada en el mundo del deporte con respecto al hombre.
Existen enormes diferencias en las retribuciones entre hombres y mujeres
que se dedican de manera profesional al deporte. Actualmente, la brecha
salarial en el Estado Español es del 24 %, y en el caso del mundo
deportivo es mucho mayor.
Además las mujeres encuentran más dificultades a la hora de encontrar
patrocinadores. Cualquier deporte ejercido por mujeres genera menor
interés debido, sobre todo, a la invisibilidad que se produce en los
medios de comunicación.
Las mujeres deportistas tiene una presencia gravemente inferior en los
medios de comunicación, en ocasiones se produce una ausencia de noticias
sobre deportistas femeninas y sobre sus éxitos. Esta invisibilidad no se
corresponde con los éxitos obtenidos y sitúa a las mujeres en una
posición de inferioridad con respeto al reconocimiento social que merecen
por su trabajo.
Según un estudio realizado en 2014 por la Universidad Carlos III de
Madrid: Mujeres y deporte en los medios de comunicación: estudio de la
prensa deportiva española (1979-2010), realizada por la profesora Clara
Sainz de Baranda, señala que la mujer solo es protagonista de noticias en
la prensa deportiva en el 5,11 % de los casos. Por el contrario, el
hombre protagoniza este tipo de informaciones en el 92,2 % de los casos.
Si no se da visibilidad en los medios de comunicación sobre el deporte
femenino resulta realmente complicado generar una afición, un interés por
parte de los espectadores, al mismo tiempo, al no haber esa afición,
resulta en ocasiones imposible encontrar patrocinadores. Como resultado
de todo ello, dedicarse al deporte profesional siendo mujer resulta mucho
más complicado y sacrificado que siendo hombre. Una situación totalmente
discriminatoria puesto que ya no se trata únicamente de esforzarse más
para llegar al mismo punto, sino que además tiene que esforzarse más para
no conseguir nunca el reconocimiento que merece.
La incorporación de informativos deportivos paritarios generaría un enorme
impacto sobre la visibilidad de las mujeres en el deporte que
repercutiría sobre el desarrollo profesional de su trabajo, incrementando
sus oportunidades de cara a los patrocinadores, reduciendo la brecha
salarial y otorgando el reconocimiento que merecen. En definitiva,
contribuiría a una sociedad más igualitaria y justa.
Por último, cabe destacar también la invisibilidad incluso en el trato de
los datos sobre la discriminación en el deporte; prácticamente no hay
datos estadísticos, informes, ni observatorios que analicen esta
cuestión. Es indiscutible que la mujer está sistemáticamente discriminada
e invisibilizada en el mundo del deporte pero es necesario disponer de
mayores datos públicos con lo que poder analizar en profundidad esta
situación, corregir esta tendencia e impulsar los planes públicos
relacionados con el deporte femenino y la presencia de más mujeres en el
deporte.
"El Congreso insta al Gobierno a establecer las medidas oportunas para que
el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, a través
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales:
1. Defina el desarrollo de políticas públicas que entiendan la necesidad
de trabajar el deporte desde la perspectiva de género con el fin de
conseguir una igualdad real en el mundo del deporte.
2. Trabaje en la creación de una red con las entidades públicas y privadas
a todos los niveles de gobierno: local, autonómico y estatal, para
proponer nuevas medidas, planes y políticas que nos conduzcan a la
igualdad real en el deporte.
3. Incorpore en sus estadísticas y observatorios el análisis de las
desigualdades de género en el deporte.
Además, insta al Gobierno a:
4. Promover la participación y la presencia de las mujeres en los niveles
deportivos y en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones.
Así como a acabar de manera urgente y definitiva con cualquier tipo de
desigualdad laboral por motivo de género en el mundo del deporte en
cumplimiento con la la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
5. Establecer las medidas oportunas para que la sección de noticias
deportivas de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto a
nivel estatal como autonómico, dedican el mismo porcentaje de tiempo a
las noticias deportivas protagonizadas por hombres que a las
protagonizadas por mujeres."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Marta Sorlí
Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/002406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del deporte
profesional femenino, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El deporte femenino en nuestro país está cobrando cada vez más relevancia
en la esfera pública. Cada vez, son más los equipos deportivos, ligas y
disciplinas que se organizan para que las mujeres compitan en deportes
que hasta hace pocos años eran practicados, predominantemente, por
hombres.
El deporte femenino español, especialmente el profesional, cuenta con un
alto nivel que tiene su mejor expresión en la cantidad de triunfos
olímpicos e internacionales en diferentes materias: baloncesto,
bádminton, halterofilia, piragua, kayak, waterpolo, natación, atletismo,
taekwondo, gimnasia rítmica,...
Sin embargo, existen ámbitos del deporte femenino en nuestro país que
todavía merecen ser desarrollados a fin de dotar de mayor visibilidad a
estas disciplinas y conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, Pese que en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres contiene preceptos relativos al
desarrollo del deporte femenino y la promoción de este y que organismos
internacionales y nacionales, como el Comité Olímpico Internacional o el
Consejo Superior de Deportes, han incorporado en sus estrategias la
promoción del deporte femenino, e incluyen en sus objetivos, facilitar el
acceso a la práctica deportiva de las mujeres y el fomento de una
educación para la integración de la mujer en todas las actividades
deportivas, queda mucho camino por recorrer.
Por ejemplo, en relación al fútbol femenino, existe problema de
patrocinio, falta de interés por parte de los medios, incluso públicos,
que pueda incentivar el interés de empresas para apoyar esta disciplina
mediante contratos publicitarios, dificultándose el crecimiento de la
afición y de los propios equipos. Es vital que la administración se
implique en medidas concretas que finalicen con la discriminación de las
mujeres en el mundo deportivo, aumente la visibilidad de estas disciplinas
e incremente la participación y el interés del conjunto de la sociedad
por el deporte femenino.
Una medida que consideramos acertada en cuanto al aumento de la
visibilidad del deporte femenino, ha sido la llevada a cabo por Loterías
y Apuestas del Estado al incluir a la Liga Femenina lberdrola en La
Quiniela, en cinco jornadas diferentes de la temporada 2017-2018,
incluyéndose en alguna jornada determinada, la correspondiente a Día
Internacional de la Mujer, más de un encuentro entre los 15 partidos a
jugar. Esta iniciativa, que puede incrementar de manera significativa el
seguimiento de los partidos concretos que se incluyan en el sorteo,
debería ampliarse y estar presente de manera permanente en La Quiniela.
Es preciso que el Consejo Superior de Deportes (CSD) sea un actor esencial
en el aumento de la visibilidad del deporte profesional femenino, en las
políticas destinadas a eliminar la brecha salarial y mejorar la igualdad
en cuanto a los premios que reciben hombres y mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), y junto a
las Consejerías autonómicas competentes en esta materia, la participación
y visibilidad del deporte femenino, haciendo cumplir y promoviendo el
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.
2. Impulsar la visibilización del deporte femenino, concretamente del
fútbol profesional femenino, a través de Loterías y Apuestas del Estado
incorporando de manera semana, partidos de esta disciplina a La Quiniela.
3. Aumentar las cuantías destinadas a desarrollar el fútbol profesional
femenino mediante la modificación del Real Decreto 403/2013, de 7 junio,
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios
en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, a fin de que un
porcentaje de la recaudación se destine al desarrollo del fútbol
profesional femenino.
4. Exigir que las cuantías de los premios, becas o ayudas que otorguen las
federaciones deportivas españolas, por participar u obtener una
determinada clasificación en un mismo torneo o competición, a deportistas
femeninos y masculinos, mantengan criterios de igualdad.
5. Exigir que las federaciones deportivas españolas dispongan de los
mismos cauces para deportistas masculinos y femeninos para reclamar el
cumplimiento de sus derechos.
6. Potenciar la incorporación de mujeres árbitros o juezas en el ámbito de
la competición profesional y no profesional, fomentando el acceso de la
mujer a cursos de formación para árbitros y jueces.
7. Fomentar el papel de la mujer en el deporte profesional y no
profesional, aplicando medidas que garanticen la inclusión de mujeres en
puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el
liderazgo de proyectos.
8. Promover acuerdos de colaboración con los distintos medios de
comunicación, con el objetivo de que se difundan los éxitos de las
mujeres deportistas de alto nivel, para que constituyan una fuente de
motivación para niños y niñas en edad escolar.
9. Desarrollar los mecanismos que sean necesarios para que los medios de
comunicación públicos comiencen a realizar una retransmisión más
equitativa del deporte femenino y masculino.
10. Modificar la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el Real
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación
laboral especial de los deportistas profesionales en el sentido de prever
medidas tendentes a favorecer la inclusión laboral de las deportistas
profesionales, así como a facilitar la conciliación de la vida personal y
familiar de las mismas con su carrera deportiva."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz, adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del tratamiento del
cáncer de mama, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En España se diagnostican anualmente 25.000 nuevos tumores de mama, siendo
el tipo de tumor más frecuente en las mujeres. Las estimaciones de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) prevén que la incidencia
aumente significativamente según envejece la población. Para el año 2020
estiman que se diagnosticarán más de 28.000 casos y para el año 2025, más
de 29.500 casos anuales.
Todos los expertos coinciden en las consecuencias a corto, medio y largo
plazo que este tipo de tumor posee sobre todos los ámbitos de la vida de
la mujer que lo padece. Desde la afectación biológica y anímica en el
diagnóstico y tratamiento, hasta los problemas emocionales posteriores a
mastectomías relacionados con la vida afectivo-sexual de estas mujeres y
su auto aceptación. Unas consecuencias que no siempre pueden tenerse en
cuenta.
La propia Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señala en sus
informes estas graves consecuencias. La AECC señala que "las mujeres que
han tenido un cáncer de mama experimentan cambios y alteraciones en su
funcionamiento sexual como consecuencia de los tratamientos. Tras el
tratamiento con quimioterapia y/o tratamiento hormonal suele aparecer una
menopausia inducida que se puede acompañar de síntomas como sofocos,
sequedad vaginal, cambios en el sueño o alteraciones emocionales. Otras
alteraciones en la función sexual son:
- Problemas psicológicos como ansiedad, depresión o estrés.
- Sentimientos de pérdida de atractivo físico, como consecuencia de la
enfermedad o los tratamientos (cicatriz, pérdida o aumento de peso,
alopecia), etc.,
- Aparición de otros factores como el cansancio físico, presencia de
dolor...".
Hoy, 19 de octubre de 2017, Día Mundial del Cáncer de Mama, es necesario
señalar la alta variabilidad de mastectomías y de cirugías conservadoras
de mama que se producen en nuestro país según el territorio autonómico
donde se trate la patología. Según los resultados que aporta el Portal de
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, existen diferencias de
más de 30 puntos porcentuales en la realización de cirugías conservadoras
entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Asturias se realiza cirugía
conservadora en un 48,66 % de los casos, mientras que en la Comunidad
Foral de Navarra un 79, siendo la media de España un 65 %. Esto se
traduce en que si una mujer asturiana posee cáncer de mama tiene un 30 %
más de probabilidades de sufrir una mastectomía, y sus graves
consecuencias, que una navarra.
Esta alta variabilidad puede tener causas dispares. Sin embargo, es
difícil creer que un 30 % de variabilidad a la hora de conservar la mama
a la hora de tratar un cáncer se deba solo a factores externos al
servicio sanitario. La Estrategia del Cáncer del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el año 2010, establece una
serie de recomendaciones relativas a la detección precoz sobre el cáncer
de mama que desconocemos si se han aplicado, y también si se han
evaluado. Entre las recomendaciones encontramos:
1. Desarrollo de programas de cribado poblacionales siguiendo las
recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad en
Mamografía.
2. Desarrollo de programas de garantía de calidad total que aborden todas
las fases del programa, con especial énfasis en el desarrollo de un
sistema de control de calidad de imagen.
3. Sistema de información que permita la gestión diaria, control de
calidad y evaluación periódica.
4. Elaboración de programas de seguimiento específico para mujeres con
antecedentes personales de carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia
epitelial atípica.
Sin embargo, no aparece ningún tipo de recomendación en cuanto a la
promoción de la cirugía conservadora en el tratamiento del tumor, claro
está siempre que su gravedad permita este tipo de técnica.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario mejorar los
protocolos y formación de los profesionales en cuanto a la necesidad de
preservar tejido mamario en los procesos oncológicos de mama dada las
consecuencias biopsicosociales que padecen las mujeres mastectomizadas.
Debemos garantizar el mayor bienestar físico, psíquico y social a estas
mujeres, que ya afrontan un proceso complicado de por sí cargado de
ansiedad y preocupación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la
alta variabilidad que existe en el tratamiento del cáncer de mama a la
hora de realizar cirugías conservadoras de mama a fin de evitar
mastectomías innecesarias en los servicios de salud autonómicos para
mejorar la calidad de vida de estas pacientes tras la enfermedad.
2. Evaluar y actualizar la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de
Salud de 2010."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Francisco
Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a establecer,
en colaboración con las Comunidades Autónomas, a fin de definir e
implementar los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género sobre los servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral
(UVFI) de los Institutos de Medicina Legal, para su debate en la Comisión
de Igualdad.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral Contra la Violencia de Género, en su disposición adicional
segunda estableció que el Ministerio de Justicia y comunidades autónomas
con competencias en la materia, estableciesen las Unidades de Valoración
Forense Integral.
Estas unidades tendrían encomendada la función de "diseñar protocolos de
actuación global e integral en casos de violencia de género".
Nunca se ha establecido un desarrollo normativo que establezca la
estructura y función que deben desempeñar estas unidades que en líneas
generales, se han creado bajo el paraguas de los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
Según indica el ministerio de Justicia, en las capitales de provincia en
las que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en
aquellas en las que tengan su sede Salas de Tribunal Superior de Justicia
con jurisdicción en una o más provincias, se creará un Instituto de
Medicina Legal, mediante Orden del Ministro de Justicia, o por la
Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oído el Consejo
General del Poder Judicial.
También se establece que en las normas de creación se establecerán la sede
y la relación de puestos de trabajo inicial, reflejando el ámbito
territorial correspondiente de cada Instituto.
Para las restantes ciudades, se prevé la existencia de Institutos de
Medicina Legal con el ámbito que reglamentariamente se establezca por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, o, en su caso, de la
Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios
para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Los criterios establecidos indican que los Servicios de Clínica
Médico-Forense se encargarán de los peritajes médico-legales y, en
particular, del control periódico de los lesionados y de la valoración de
los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, así como
de la asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos. En los
partidos judiciales en los que no radique la sede del Instituto de
Medicina
Legal podrá existir una delegación del Servicio de Clínica médico-forense,
reservándose a estos efectos locales adecuados en los edificios
judiciales.
Como queda recogido en las informaciones sobre la génesis del Protocolo de
actuación forense, fue en el mes de octubre de 2010 cuando la Delegación
del Gobierno de Violencia sobre la Mujer solicitó la colaboración del
Ministerio de Justicia con el fin de valorar la posibilidad de implantar,
entre los protocolos de actuación de las y los médicos forenses que
prestan servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)
de los Institutos de Medicina Legal, un procedimiento de valoración del
riesgo de violencia de género, que pudiera ser emitido en un plazo
inferior a 72 horas en los casos urgentes.
Estos informes están llamados a complementar los realizados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar al órgano
judicial la decisión sobre las medidas cautelares y de protección de la
víctima a adoptar en cada caso.
Para ello, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia se iniciaron unas primeras
sesiones de trabajo con algunas Direcciones de los Institutos de Medicina
Legal de territorio no transferido con el fin de determinar la viabilidad
de implantar el informe de valoración del riesgo de violencia de género.
De esa primera valoración se llegó a las siguientes conclusiones:
- La implantación del informe de valoración del riesgo se estimó oportuna
y viable.
- La necesidad de implantar un modelo reconocible y compartido en todo el
territorio dependiente del Ministerio de Justicia, por lo que es preciso
articular los mecanismos de coordinación correspondientes.
- Se valoró la implementación de una aplicación informática adecuada.
Como ha indicado Rafael M. Bañón González. Director del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y Presidente del Comité
Científico Técnico del Consejo Médico Forense, "a lo largo de los años de
gestión, las unidades que están funcionando han mostrado un alto grado de
eficacia y su respuesta es muy apreciada por los diferentes operadores
jurídicos. Sin embargo, las diferencias de gestión entre
administraciones, la falta de una normativa específica, y las
dificultades de dotación personal y material interfieren de forma
importante en su desarrollo".
La estructura actual de los institutos de medicina legal cuenta con
servicios de Patología, Clínica Forense y Laboratorio, pero no reconoce
las Unidades de Valoración Forense Integral.
Aunque comunidades como la de Andalucía, ha creado los servicios de
Psiquiatría Forense para atender las necesidades específicas en esta
materia. No ser han modificado los Reales decretos, Órdenes o
Resoluciones existentes de creación de los Institutos de Medicina Legal
para establecer reglamentos específicos para la creación de las Unidades
de Valoración Forense Integral, que como indica el Presidente del Comité
Científico Técnico del Consejo Médico Forense se han organizado,
"mediante instrucciones internas o resoluciones administrativas".
Es importante observar por otro lado, que el CGPJ desde 2012, no publica
en su web los informes que analizan la información disponible sobre la
actividad de los institutos de medicina legal, ni existe ninguna otra web
que facilite el acceso actualizado y completo a datos estadísticos de
dichos informes.
El CGPJ tampoco publica datos de todo el territorio y tan solo los datos
de País Vasco, Cataluña, Galicia y Murcia han sido facilitados de manera
regular. Castilla y León solo publicó sus datos en 2011.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con las Comunidades Autónomas una batería de indicadores
comunes mínimos para los datos generados por las Unidades de Valoración
Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal.
2. Establecer un procedimiento de recopilación y publicación de los datos
estadísticos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses e
implementar una aplicación informática adecuada para el seguimiento
estadístico de tendencias en las UVFI.
3. Concretar la estructura y funcionamiento de las UVFI a través de una
normativa básica que debe ser elaborada por el Ministerio de Justicia
para su ámbito y como referencia para las comunidades con competencias en
materia de justicia. Esta adaptación normativa debe constar en los
Reglamentos de los
Institutos de Medicina Legal para que contemplen la existencia expresa de
las Unidades de Valoración Forense Integral.
4. Reestructurar los protocolos para que la valoración del riesgo de
nuevas agresiones y del riesgo vital, complementen las valoraciones de
riesgo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con las informaciones de las
Unidades de Valoración Forense Integral, los Centros de Salud, Centros de
la Mujer o Servicios Sociales comunitarios entre otros.
5. Establecer, a través de las nuevas tecnologías, y en particular del
expediente electrónico y de la firma electrónica, el protocolo para la
elaboración de tantos informes parciales como profesionales intervienen
en la valoración dentro de las Unidades de Valoración Forense para que
cada profesional de la Unidad se haga responsable de la parcela que le
corresponde en el informe integral, en cumplimiento de las normas
procesales y en aplicación del principio de contradicción que debe
presidir la actuación judicial.
6. Extender la valoración a los dependientes de la pareja y otras víctimas
directas como son los menores y también a víctimas secundarias.
7. Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Planes
Formativos para especialización prioritaria de los profesionales llamados
a formar parte de las Unidades de Valoración Forense."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Ángeles
Álvarez Álvarez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los
efectos de la adopción de medidas para mejorar las condiciones en las que
circulan los vehículos por nuestras carreteras, para su debate en la
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Es compromiso reiterado del Grupo Parlamentario Popular y de la Comisión
de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de esta Cámara la necesidad de
trabajar de forma continuada para garantizar la máxima seguridad en
nuestras carreteras y disminuir el riesgo de posibles accidentes al
entender que solo esta continuada y activa posición puede lograr, ante un
incremento de la circulación, los resultados deseados.
En distintas ocasiones también se ha establecido la gran importancia que
el factor humano tiene en la causalidad de un accidente de tráfico, pues
se entiende que el conductor ha de conjugar siempre los factores de
riesgo en la conducción para evitar un posible siniestro. Bien es cierto
que a pesar de la alerta del conductor, que debe ser permanente, pueden
producirse situaciones en donde el nivel de respuesta del conductor en
primer lugar, y del propio vehículo en segundo lugar, deba de ser la
mejor de las respuestas posibles para evitar el accidente.
Es por ello que el adecuado mantenimiento del vehículo parece definitivo,
pues la situación de sus neumáticos, de la amortiguación o del sistema de
frenado ha de tener la respuesta adecuada para apoyar las decisiones del
conductor ante una situación de riesgo.
Parece, por tanto, que las revisiones periódicas a las que han de
someterse los vehículos que circulan por las carreteras de España
significan una inestimable ayuda en pro de la seguridad y en pro del
adecuado mantenimiento del parque móvil, y por ello resulta preocupante y
grave que, según respuesta obtenida del Gobierno, circulen por las
carreteras españolas más de 2 millones de vehículos que no han
cumplimentado el trámite de la inspección técnica, aun cuando circulan
con seguro obligatorio.
A los efectos de eliminar este conjunto de activos tóxicos que circulan
por nuestras carreteras y que indudablemente también lo significan para
las compañías de seguros, e incluso para el consorcio que cubre riesgos
ante un posible accidente, cuando dichos vehículos pueden no estar en
condiciones de circular, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
"- El Congreso de los Diputados entiende como una seria amenaza para la
seguridad en las carreteras la circulación por las mismas de vehículos
que no hayan cumplimentado los requisitos obligados por las normas
vigentes respecto a su idónea condición para transitar por las vías
públicas y entiende que la responsabilidad de ello es del titular de
dicho vehículo.
- El Congreso de los Diputados a los efectos de eliminar de la circulación
de nuestras carreteras vehículos que no se hayan sometido a la inspección
técnica con el objeto de corregir deficiencias técnicas que puedan
comprometer su seguridad insta al Gobierno a que a través de la Dirección
General de Tráfico se impulsen campañas de concienciación sobre la
importancia y la necesidad de cumplir con una inspección técnica adecuada
de vehículos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, relativa a tener en cuenta las demandas
contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro
Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.
Exposición de motivos
En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados
una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de
consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del
IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente,
celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el
"Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a
representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a
integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas
reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes,
concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la
opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño,
en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13,
sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a
la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".
El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de
todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para
poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser
escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de
asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo
en los distintos entornos en los que se desarrolla.
En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y
adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario
de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso
de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que
se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de
participación, definidas en el Manifiesto de Santander.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las
modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas
contenidas en el Manifiesto de Santander:
1. Educación.
- La educación es la llave del futuro.
- Quitar las reválidas injustas.
- Sensibilizar sobre la importancia de la educación.
- Proyecto Releo, es decir, reciclar los libros y que las editoriales no
cambien cada año de formato.
- Que los libros sean menos pesados y se puedan dividir las asignaturas
por trimestres.
- Fomentar la mediación en los casos de acoso escolar, escuchando a ambas
partes, tanto la del acosador como la del que ha sufrido el acoso.
- Profesores más especializados en cada asignatura y coordinados.
- Menos teoría y más práctica. Simplificar y explicar más los temas.
2. Protección.
- Los derechos son las leyes morales de una sociedad.
- La protección no solo es arreglar lo que ya está hecho, sino prevenir lo
que pueda suceder en un futuro.
- Todo el mundo tiene igual derecho a la protección.
- Fomentar la conciliación familiar, dado que la familia es uno de los
factores más importantes en la prevención del maltrato. Y en el caso del
maltrato por parte de la familia, los amigos son importantes.
- Se debería concienciar, pero no solo a los niños pequeños, sino también
a los jóvenes y adultos con juegos o actividades dinámicas, y no solo con
reuniones, que no sirven de nada.
3. Salud y bienestar.
- Que la salud sea gratuita a nivel mundial y de calidad.
- Regular la venta de alcohol y drogas.
- Más hospitales en los pueblos.
- No queremos guerras.
- Queremos médicos para todos.
- Derechos para todos.
- Garantizar el derecho al hogar.
- Que la familia y amigos cuiden nuestra autoestima y que no se metan con
nuestra imagen, que respeten cómo eres y cómo te vistes.
4. Igualdad de oportunidades.
- Creemos que debemos incluir la igualdad en diferentes ámbitos como
género, deporte y el mundo laboral, entre otros, y como eje trasversal en
educación. Hay que concienciar más a los coles e institutos acerca de que
todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y obligaciones,
ofreciendo charlas para fomentar la igualdad, además de trabajar con las
familias.
- Premiar buenos resultados académicos y dar ayudas económicas a aquellos
con pocos recursos.
- En cuanto a los medios de comunicación, que toda la información que se
aporte sea de manera objetiva.
- Y en cuanto a la inmigración, que se fomenten espacios de encuentro y de
convivencia con gente de diferentes razas y culturas.
- Creemos que el pilar fundamental de la igualdad es la educación, ya que
partiendo de una buena base educativa se pueden pulir todas las
diferencias y por tanto la sociedad podrá avanzar y mejorar.
- Los años siguen pasando, la situación sigue siendo la misma, o incluso
va a peor. Hay más refugiados y eso conlleva a que haya más muertos, más
sufrimiento y ninguna solución. Los Gobiernos tienen que empezar a
moverse, dar ayudas y no quitar ilusiones.
- También se tienen que abrir muchas de las fronteras que les hemos
cerrado.
- Porque hoy les ha tocado a ellos, pero mañana nos puede tocar a
nosotros.
- Todos podemos ayudar un poco poniendo de nuestra parte y sin dar la
espalda a este problema que desgraciadamente aumenta día a día.
6. Participación.
- Se debería educar teniendo en cuenta el derecho a participar.
- Se debe cambiar la forma de enseñar, los profesores deberían dejar
participar más a sus alumnos.
- Se pueden hacer diferentes dinámicas y actividades para aumentar los
niveles de participación, no solo de los niños, sino también de los
ciudadanos.
- Se debería hacer más campañas de sensibilización para dar a conocer y
promover este derecho.
- Se debería pasar encuestas a los niños para que sus opiniones sean
tomadas en cuenta.
- Hacer más actividades en las que participe todo el mundo.
- Apertura de nuevos colegios.
- Se pueden hacer aplicaciones para que la gente opine y participe
diciendo qué se puede mejorar.
- Tiene que mejorar la eficacia de la participación, porque desde que
damos una idea hasta que la hacen, pasa mucho tiempo. Se debería tomar
esto más en serio.
- Hacer más debates.
Y como conclusiones finales creemos:
- Todos tenemos los mismos derechos por lo que todo el mundo tiene derecho
a participar.
- Pensar globalmente y actuar localmente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Ione Belarra
Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Fomento
181/000489
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Óscar Gamazo Micó
Texto:
¿Qué obras se están acometiendo para la mejora del acceso sur al Puerto de
Gandía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Óscar Gamazo
Micó, Diputado.
181/000494
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Carmen Navarro Lacoba
Texto:
¿Qué avances se han producido en la autovía A-33?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carmen
Navarro Lacoba, Diputada.
181/000495
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Carolina España Reina
Texto:
¿Qué avances se han producido en el acceso norte vial al aeropuerto de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carolina
España Reina, Diputada.
181/000496
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez
Texto:
¿Mantiene el Ministerio de Fomento la intención de aprobar mediante real
decreto las medidas urgentes anunciadas el pasado 1 de septiembre en
relación a los sectores del taxi y de alquiler de vehículos
con conductor entre las que se incluía la prohibición de la transmisión de
autorizaciones en los dos primeros años desde su otorgamiento o la
creación de registros electrónicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Fernando
Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.
181/000497
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez
Texto:
¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para reducir la elevadísima
siniestralidad que sufre la N-122 a la entrada a la ciudad de Valladolid
a su paso por la Cistérniga, punto negro calificado como el más peligroso
del país de acuerdo con el informe anual de la asociación europea de
automovilistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Fernando
Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.
181/000498
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno aprovechar la nueva línea de alta velocidad
Alicante-Murcia, que lleva varios años en construcción, ha costado varios
cientos de millones de euros y ha aparecido reiteradas veces en prensa
(la última esta semana con la fuerte oposición vecinal a las obras de
acceso a Murcia) para los servicios de cercanías entre Alicante y Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez, Diputado.
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