BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 247, de 14/11/2017
cve: BOCG-12-D-247
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de noviembre de 2017
Núm. 247
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000008 Creación de la Comisión para el estudio del modelo policial del
siglo XXI ... (Página7)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la propuesta de establecer listas paneuropeas en las
próximas elecciones al Parlamento Europeo ... (Página7)
Comisión de Justicia
161/002439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ubicación
orgánica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el
Ministerio de Justicia ... (Página8)
Comisión de Interior
161/002481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a mejorar la seguridad en los pasos fronterizos
terrestres de Ceuta y Melilla ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/002434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al uso del
edificio sede de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra ... (Página11)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al impulso a la actividad industrial e
innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid ... (Página12)
161/002475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
adecuación de los programas y las condiciones de acceso al apoyo
financiero estatal a la reindustrialización y fomento de la
competitividad industrial ... (Página14)
161/002432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la condición
del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) aeroportuario
como servicio público esencial ... (Página15)
161/002433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a restablecer la condición de empleados públicos a
los trabajadores que prestan los servicios de salvamento y extinción de
incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general ...
(Página16)
161/002443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a requerir el apoyo del Gobierno para el puerto de
Sevilla ... (Página17)
161/002445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la elaboración e incorporación al futuro Plan de
Vivienda Estatal de un Programa de prevención y atención al sinhogarismo
... (Página19)
161/002446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la conectividad en zonas turísticas afectadas por los
cambios estructurales en el sector aéreo ... (Página20)
161/002448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan
Regional del Ferrocarril de la Región de Murcia ... (Página21)
161/002484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a garantizar la interrupción total y completa de las
paradas de los trenes de mercancías peligrosas, frente a las viviendas
del barrio de Los Lirios en Logroño ... (Página23)
Comisión de Educación y Deporte
161/002453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al impulso de un Plan, coordinado con las
Comunidades Autónomas, para prevenir el abandono escolar temprano ... (Página23)
161/002461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al uso
abusivo de la figura del Profesor Asociado ... (Página25)
161/002465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la empatía
hacia los animales entre los contenidos educativos en la enseñanza
obligatoria ... (Página26)
161/002467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las becas y ayudas al estudio a los escolares con
Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH) ... (Página28)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la adopción de medidas para garantizar la
seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad como
camareras de pisos, fomentando el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención de riesgos de las empresas, teniendo en cuenta las
peculiaridades de su trabajo a los efectos de evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, así como para que no sufran
discriminaciones indirectas por razón de sexo, en el momento de la
determinación de estas contingencias como profesionales ... (Página29)
161/002462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la adopción de medidas para promover el
cumplimiento eficaz de las obligaciones preventivas en la empresa durante
el embarazo y la lactancia de la trabajadora y garantizar el
reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo y lactancia ... (Página33)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la puesta en marcha de un programa de desarrollo
económico alternativo y de restauración de las zonas más degradadas por
la minería del carbón en la ciudad de Puertollano ... (Página36)
161/002460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a evitar denuncias falsas de
intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles ...
(Página37)
161/002474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a fomentar el turismo de personas mayores de 65 años
y/o personas discapacitadas sin límite de edad de Europa a nuestro país y
mejorar la accesibilidad de nuestra planta hotelera ... (Página39)
161/002476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso
de medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera
y del vehículo eléctrico ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de un
Observatorio de Precio a escala de la Unión Europea, como herramienta
fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea ... (Página42)
161/002454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adoptar medidas sociales y en materia de
infraestructuras hidráulicas en Andalucía con motivo de la sequía ... (Página43)
161/002469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a planificar e impulsar una agricultura
climática y ambientalmente sostenible ... (Página45)
161/002471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración
de una Estrategia coordinada de lucha contra el camalote en España ... (Página46)
161/002472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a impulsar una Estrategia Nacional de
Prevención de Incendios Forestales ... (Página48)
161/002473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la necesidad de un plan de evaluación sobre los daños
causados por los recientes incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia
que incluya la reforestación de las zonas afectadas y de otras medidas
para promover la prevención de incendios forestales ... (Página49)
161/002483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a negociar en la Unión Europea un nuevo fondo de
financiación pesquero dotado financieramente de manera suficiente para
alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la Política Pesquera Común
... (Página50)
161/002485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a prevenir la amenaza contra la fauna silvestre ...
(Página51)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la creación urgente de la especialidad de
"Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" .... (Página52)
161/002431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la creación urgente de la especialidad de
"Genética Clínica" ... (Página54)
161/002435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a garantizar las técnicas de reproducción asistida
en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por
MUFACE ... (Página56)
161/002438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a mejorar la atención sanitaria y calidad de vida de
los pacientes con Hidrosadenitis Supurativa ... (Página57)
161/002447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la puesta en marcha del registro nacional de donantes
según lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida ... (Página58)
161/002455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre apoyo a las familias acogedoras ... (Página60)
161/002458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la promoción de espacios específicos
para las personas mayores en los medios de comunicación ... (Página61)
161/002459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a impulsar el modelo de gestión del
sinhogarismo "vivienda primero" (Housing First) ... (Página62)
161/002486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a solicitar una evaluación y actualización de la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva ... (Página63)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre ayudas de emergencia al pueblo de México por los
terremotos sufridos el mes de septiembre de 2017 ... (Página67)
Comisión de Cultura
161/002437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la cesión por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del silo de Santa Cruz al Ayuntamiento de
Córdoba para la realización de actividades culturales ... (Página68)
161/002482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los contenidos de la celebración del V Centenario de la
expedición marítima de Magallanes y Elcano ... (Página69)
Comisión de Igualdad
161/002436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a garantizar las técnicas de reproducción asistida
en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por
MUFACE ... (Página71)
161/002466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los
Planes de Igualdad para las Empresas y la Administración Pública .... (Página72)
161/002480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la fiscalización de los fondos destinados a la lucha
contra la violencia de género en el seno del Pacto de Estado en materia
de Violencia de Género ... (Página73)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al desarrollo de un modelo de transporte compatible
con la lucha contra el cambio climático ... (Página75)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la modificación de los elementos valorativos de la
epilepsia para la asignación de discapacidad ... (Página77)
161/002477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional ...
(Página78)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la eliminación de un punto negro entre la Nacional 320
y la ciudad de Guadalajara ... (Página79)
161/002450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de
la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A
Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8
debido a problemas de inseguridad vial ... (Página80)
161/002478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reforma del
cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida a la
autopista AP-9, en el alto de Puxeiros ... (Página82)
161/002479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los
graves problemas de seguridad vial en la A-55, Vigo-Porriño, y
eliminación de peajes en la AP-9 Vigo-Tui como solución ... (Página82)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Fomento
181/000512 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS), sobre previsiones acerca de estudiar e implantar soluciones
técnicas que permitan reducir el ruido provocado por el paso continuo de
vehículos a gran velocidad sobre el puente elevado de la AP-9 que
atraviesa el barrio de Mollabao de Pontevedra ... (Página84)
181/000513 Pregunta formulada por la Diputada doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS), sobre tramos que se verán afectados por la puesta en
marcha del plan piloto para fomentar el desvío voluntario de vehículos
pesados de vías convencionales a las autopistas de peaje, así como
valoración de la inclusión de la AP-71 y de algún tipo de bonificación en
el próximo plan de desvío, a la vista de las que se llevarán a cabo en
otras vías de peaje de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (Página84)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000514 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez
(GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que no pueden acogerse a los
coeficientes reductores del 0,40 los tripulantes de barcos arrastreros de
fresco, cuando si lo hacen los tripulantes de los barcos arrastreros
congeladores, siendo la catalogación de la Marina Mercante la misma para
los dos tipos de buques ... (Página85)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/018240 Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Prestación de los servicios del programa de cribado de cáncer de colon en
la ciudad autónoma. Retirada ... (Página85)
184/018734 Autor: Pradas Torres, Antonio Flórez Rodríguez, María Aurora
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la
Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los
Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Ciudadanos, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado la creación de una Comisión no permanente para el
estudio del modelo policial del siglo XXI.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de
establecer listas paneuropeas en las próximas elecciones al Parlamento
Europeo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde su creación, la Unión Europea ha sido el garante de la paz y la
prosperidad en Europa durante las últimas décadas, permitiendo desde sus
instituciones, mejorar el estado de derecho, el crecimiento económico y
la protección de los derechos y libertades fundamentales por todo el
territorio comunitario.
Sin embargo, en estos últimos años, la Unión Europea ha sido testigo
igualmente del auge de movimientos populistas que promulgan una ideología
nacionalista excluyente y contraria a los valores europeos.
Mediante la promoción de estereotipos trasnochados, estos movimientos
populistas han encontrado hueco en el mapa electoral de países como
Francia, Holanda, Alemania, Hungría o Polonia; también en
Reino Unido, donde el auge populista ha conducido al país a que abandone
la Unión Europea con todas las consecuencias que de esta salida se están
derivando.
En España no somos tampoco ajenos a esta tendencia. La reciente deriva
secesionista que estos días se está produciendo en Cataluña, está dañando
muy drásticamente la convivencia social y situación económica de la
región, generando así una tremenda brecha social y que más de mil
empresas catalanas hayan abandonado en las últimas semanas Cataluña.
Ante estos intentos de ruptura, España debe reforzar su vocación europea;
apostar por los valores europeos que nos unen a todos los Estados
miembros; rechazar todo nacionalismo identitario; defender el patriotismo
cívico, los derechos humanos y el estado de derecho. Por otro lado, el
momento actual en el que nos encontramos ante la salida del Reino Unido
de la Unión Europea constituye una verdadera oportunidad para avanzar en
la construcción europea.
Así pues, resulta necesario encontrar nuevas fórmulas que permitan avanzar
en la construcción europea y que pasarían por el establecimiento de unas
listas paneuropeas a la Eurocámara, reforzando así el concepto de
ciudadanía europea y el de acceso directo a las instituciones
comunitarias.
A través de esta propuesta de europeización del espacio electoral con el
establecimiento de listas paneuropeas que, consideramos, constituye una
verdadera revolución democrática, se incrementaría el interés de la
ciudadanía por las instituciones comunitarias; se reduciría la alta
abstención que se registra cada vez que se convocan elecciones al
parlamento europeo; se reforzaría el papel de la Eurocámara en las
decisiones europeas; y permitiría distanciarse de planteamientos
nacionalistas.
Estas listas paneuropeas consistirían en la creación de una
circunscripción única europea, con candidatos de varios Estados miembros
a los que todos los ciudadanos comunitarios pudiesen votar. De esta
forma, los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar a partidos
europeos o coaliciones de partidos europeos que presentasen programas
electorales dirigidos para todos los ciudadanos europeos y centrados en
la mejora de las políticas de la Unión Europea por encima de la visión
particular desde cada Estado miembro. En otras palabras, el
establecimiento de unas listas paneuropeas de cara a las elecciones de la
Eurocámara, constituiría un gran paso hacia la Europa de los Ciudadanos
Por todo ello, y teniendo en cuenta el momento actual en el que nos
encontramos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Proposición no de Ley
Se insta al Gobierno a:
"Negociar con nuestros socios europeos una reforma de la legislación
electoral europea que permita el establecimiento de unas listas
paneuropeas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, haciendo
uso de los escaños que dejarán los 73 eurodiputados británicos con la
futura salida del Reino Unido de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/002439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem-En
Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Justicia, sobre ubicación orgánica de la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia.
Actualmente el artículo 5 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, incardina la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría, en la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, junto a la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Sin embargo, la ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio
del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en España. Así, las
prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y
Justicia en el año 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante
más de cien años.
Durante el Gobierno de González Márquez, el artículo 1 del Real Decreto
1334/1994, de 20 de junio, de estructura básica del Ministerio de
Justicia e Interior, situó al mismo nivel a la entonces denominada
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, junto a la Secretaría
General de Justicia y a la Secretaría de Estado de Interior e hizo
depender todas ellas directamente del Ministro.
Fue en el primer Gobierno de Amar López el que rompió con la tradición
española, al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la
competencia en materia penitenciaria. El Real Decreto 758/1996, de 5 de
mayo, volvió a separar los Ministerios de Justicia y de Interior; sin
embargo, la estructura orgánica de los "nuevos" ministerios no reprodujo
la situación anterior a la fusión.
Así, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, determinó la estructura
orgánica básica, entre otros, del Ministerio del Interior y asignó la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias -a cuyo frente se puso
a Yuste Castillejos, todavía hoy máximo responsable de la administración
penitenciaria-- a dicho Ministerio.
La nueva arquitectura orgánica y la evolución descrita no son inocentes,
casuales ni neutrales. La adscripción de la administración penitenciaria
a la Secretaría de Estado de Seguridad es muy reveladora de cómo el
Gobierno Aznar jerarquizó las diferentes finalidades de la pena privativa
de libertad previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, situando la retención y custodia de detenidos, presos y
penados por delante de la reeducación y la reinserción social de los
sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, en franca
contradicción, por cierto, con el artículo 25 de la Constitución
Española. Como bien expresaba Abel Téllez en el año 1999 en su artículo
Retos del siglo XXI para el sistema penitenciario español, "no cabe duda
de que con el tránsito de fas prisiones del Ministerio de Justicia al de
Interior se ha venido a remarcar el carácter preponderante que la
contención tiene frente al tratamiento y frente a la concepción de la
ejecución penal como una fase más del proceso penal". El orden y la
contención habían ganado la batalla, también orgánica, a la reinserción.
A mayor abundamiento, debe recordarse que la pena de prisión no es la
única pena cuya ejecución material se atribuye a la administración
penitenciaria. De la Secretaría General de Instituciones penitenciarias
(Real Decreto 840/2011, de 17 de junio) depende también la ejecución
material de otras penas y mecanismos suspensivos o sustitutivos en el
ámbito de la ejecución penal tales como la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad, los programas de tratamiento en el marco de suspensiones
de la ejecución de penas privativas de libertad o las medidas de
seguridad privativas de libertad. Así las cosas, parece obvio que la
actual ubicación de la administración penitenciaria en el Ministerio de
Interior colide con el artículo 117 de la Constitución Española -que
atribuye exclusivamente a los Juzgados y Tribunales el ejercicio de la
potestad jurisdiccional "en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado"- y con la deseable necesidad de garantizar la
separación de poderes y de subrayar la estrecha vinculación que debe
existir entre la autoridad judicial y el sistema penitenciario. Y es que,
a la luz de nuestra constitución, en la política penitenciaria no
deberían anteponerse los criterios de orden público y seguridad-más
propios del Ministerio de Interior-, sino los propios de su naturaleza de
ejecución de resoluciones judiciales bajo la competencia judicial de
ejecutar lo juzgado.
De hecho, el actual encaje de la administración penitenciaria en el
Ministerio del Interior constituye una desgraciada particularidad de
nuestra Administración Pública que desoye las recomendaciones y
exigencias del Consejo de Europa. Así las cosas, no es extraño que esta
anómala ubicación orgánica de nuestras prisiones no tenga parangón en
nuestro entorno jurídico, siendo España el único país de la Unión Europea
junto con Hungría que mantiene sus cárceles bajo el control del
Ministerio de Interior.
"La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que modifique el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, a fin de ubicar la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias como órgano dependiente del Ministerio de Justicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Eduardo
Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Interior
161/002481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición de Ley para mejorar la seguridad en los pasos
fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión
de Interior.
Exposición de motivos
Desde hace varios años, las situaciones de caos que se viven en los pasos
fronterizos de Ceuta y Melilla viene siendo una realidad cotidiana. Como
consecuencia de este caos se produce de manera habitual el cierre de los
mismos lo que genera protestas en ocasiones violentas por parte de los
porteadores. Además, esta situación genera graves problemas de seguridad
para las personas que transitan por ellos y para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que prestan servicios en dichos pasos fronterizos.
De esta realidad es prueba los muertos, quizá sería más exacto hablar de
las muertas, habidas tanto en los pasos fronterizos de Ceuta como de
Melilla, y las lesiones sufridas por varios miembros de la Policía
Nacional.
Esta situación de caos responde a varias razones, una de ellas es el
incremento del número de porteadores y su comercio atípico y otra,
también muy importante, es la carencia crónica de efectivos policiales,
actualmente agudizada y en situación crítica, en las fronteras de ambas
ciudades, así como de medios materiales y técnicos para llevar a cabo con
eficacia sus funciones. Hay datos simples que son muy reveladores, un
solo día festivo en Marruecos, provoca el caos al día siguiente en los
pasos fronterizos. Situaciones esta última claramente previsible para que
se pudieran adoptar medidas para evitar ese caos.
Esta realidad cotidiana se disfraza por las Delegaciones del Gobierno de
ambas Ciudades Autónomas bajo quimeras o metáforas como cierres técnicos,
que en ocasiones duran hasta una semana, pero la realidad es que estos
pasos no tienen capacidad para asumir toda la demanda generada por el
transporte de mercancías hacia Marruecos, y parece poco adecuado
continuar sin que se propongan mediadas realistas al respecto que mejoren
la fluidez de los tránsitos.
Si bien es cierto que la situación de ambas ciudades no es idéntica, sí
que podemos observar que hay problemas que son comunes y que están
restando posibilidades de desarrollo turístico y comercial a ambas
ciudades, no vinculado exclusivamente al mundo del porteo, al no querer
los ciudadanos, que podrían desarrollar estas actividades, someterse a
horas de espera en los pasos fronterizos.
En un momento donde las necesidades de seguridad de los ciudadanos son
cada vez mayores por el incremento de las amenazas, derivadas de las
nuevas formas de delincuencia, que aprovechan estas debilidades para todo
tipo de tráficos ilícitos y del potencial riesgo que el terrorismo
yihadista comporta, los pasos fronterizos no llevan a cabo con el rigor
que debieran el control de las personas que transitan por los mismos.
Frente a ello, en ciudades como Ceuta se subcontrata la seguridad a
empresas privadas de seguridad y se continúa negando información sobre
esos extremos a las demandas formuladas por la oposición en diversas
inactivas escritas y en comparecencias de altos cargos de Interior.
El día de ayer, 24 de octubre de 2017, los tres pasos fronterizos de
Melilla fueron cerrados la mayor parte del día, dando lugar a lo que la
propia Delegación del Gobierno calificara la situación como de caos
extremo.
Las imágenes ofrecidas por la prensa son totalmente ilustrativas de la
situación, de ausencia de personal, (denunciada por los propios
sindicatos policiales) y de medios materiales. Podemos ver que hacen
frente a la presión ejercida desde Marruecos sobre la frontera hasta con
polvo de los extintores, lo que también pone de manifiesto una falta de
medios materiales desolador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, de manera urgente, las medidas necesarias para adecuar la
plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante un
incremento sustancial de los catálogos y adoptando medidas para la
cobertura real y efectiva de los mismos.
2. Hacer una evaluación realista de la capacidad de asunción del comercio
atípico del porteo que permita que los pasos fronterizos no funcionen
como ollas a presión donde el caos y el riesgo para la vida y la
integridad de las personas sea una amenaza cotidiana.
3. Llevar a cabo una negociación con el Reino de Marruecos a fin de
mejorar la fluidez y la seguridad, acordando entre otras cuestiones,
horarios de paso de mercancías, carriles en las infraestructuras para ese
fin, liberado espacios para otros fines como entradas de personas sin
mercancías, etc.
4. Reforzar todos los medios técnicos necesarios que permitan un control
riguroso de las personas que cruzan esos pasos fronterizos, con el fin de
garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra la
delincuencia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-David
Serrada Pariente y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de sus Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez,
Ángela Rodríguez Martínez y Miguel Anxo Fernández Vello, y a través de su
Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión de Defensa, relativa al uso del edificio
sede de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra.
Exposición de motivos
En el curso escolar 2017-2018, las familias censadas en el Ayuntamiento de
Pontevedra solicitaron plaza en escuelas infantiles públicas (0-3 años)
para 1.005 niñas y niños, lo que supone casi el 50 por ciento del total.
De las familias demandantes, obtuvieron plaza 487 escolares, y quedaron
sin ella otros 518 niños y niñas, cuyos padres y madres tuvieron que
recurrir a la oferta privada o desistir de escolarizarlos.
En la ciudad de Pontevedra, la oferta de escuelas infantiles de la
administración viene dada únicamente por las escuelas incluidas en la red
de la Axencia Galega de Servizos Sociais, y las conocidas como "Galíñas
azuís", del Consorcio Galega de Servizos de lgualdade e Benestar.
La mayor parte de los municipios gallegos de ciudades y ayuntamientos
medios cuentan con una o incluso varias escuelas infantiles de
titularidad municipal. El Ayuntamiento de Pontevedra, en cambio, no tiene
ninguna Escuela Infantil propia. En todo caso, dado el elevado porcentaje
de niñas y niños que se quedan sin plaza (518 de 1.005 peticiones, más de
un 50 por ciento), resulta evidente la necesidad de ampliar la oferta y
formular la creación de nuevas Escuelas.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
propone recuperar para este fin el edificio actualmente ocupado por la
Subdelegación del Ministerio de Defensa en la ciudad de Pontevedra.
Este emblemático edificio, antiguo colegio del grupo escolar "Las
Palmeras", está ubicado en la Alameda de Pontevedra y fue construido por
el propio Ayuntamiento de la ciudad en el año 1877, precisamente para
Grupo Escolar, con un proyecto del arquitecto Alejandro Sesmero, y por
una cantidad de 171.711 pesetas (1.032 euros) [100.000 pesetas (600
euros) aportadas por el Estado, y el resto a través de una subscripción
popular a la que se sumaron muchos emigrantes de América]. El edificio se
inauguró en el año 1892.
Sin embargo, solo tuvo uso distinto al militar durante los seis años
iniciales (hasta 1898 cuando se le cedió a la Brigada Topográfica de
Ingenieros), y en otro periodo inferior a una década (entre 1919 y 1928,
cuando fue Escuela Normal de Maestros). Los más de cien años restantes
estuvo ocupado por el Ejército, que lo adquirió definitivamente en 1956
por 1.418.294 pesetas (8.524,12 ?).
En la actualidad es la única sede provincial que el Ministerio de Defensa
decidió no cerrar, contrariamente a lo que hizo en el resto de capitales
gallegas, donde optó por el traslado a edificios con un menor coste para
la Administración, dentro de su plan para racionalizar sus
infraestructuras.
Por su situación en pleno centro de la ciudad de Pontevedra y por la
superficie ocupada (1.836 metros construidos, en 2.326 de parcela), sería
idónea la recuperación para su uso inicial como escuela, lo que serviría
para empezar a corregir un vacío importante en este municipio, paliando
el déficit de plazas y ayudando a la conciliación de las familias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desafectar el citado inmueble, tal y como prevé la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para poder ser
enajenado conforme a lo establecido en la citada Ley.
- Incluir dentro del plan de racionalización de infraestructuras del
Ministerio de Defensa al inmueble que acoge la actual sede de la
Subdelegación del Ministerio en Pontevedra para proceder a su traslado a
otro inmueble de menor coste para la Administración General del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Anxo
Fernández Bello y Ángela Rodríguez Martínez, Diputados.-Yolanda Díaz
Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/002470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
impulso a la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la
Comunidad de Madrid, para su debate en Comisión de Economía, Industria y
Competitividad.
Exposición de motivos
La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones
españolas más dinámicas y abiertas, por ello no es de extrañar que
atraiga el grueso de la inversión exterior que recibe nuestro país y que
haya sido una de las primeras en superar la grave crisis que ha sufrido
nuestro país en los últimos años.
Mantener esta posición de liderazgo, que no sólo beneficia a Madrid sino a
toda España, sólo será posible con la colaboración de las diversas
administraciones públicas que existen en nuestro país (local, autonómica
y estatal) y con la participación de la iniciativa privada.
Una colaboración que debe ser capaz de crear valor añadido para la
sociedad, impulsando la actividad industrial y empresarial existente, y
fomentando la creación de nuevas empresas a través de la innovación. Para
lograr este objetivo la Comunidad de Madrid cuenta con una red de
"cluster" y parques científicos y tecnológicos que buscan promover el
desarrollo e innovación de las empresas instaladas en dichos espacios, a
través de la colaboración entre ellas y con las universidades de la
región, además de contar con el apoyo y patrocinio de los ayuntamientos y
del gobierno regional.
Por otro lado, en la zona sur de la Comunidad de Madrid (Leganés,
Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Parla) se encuentran instaladas
numerosas multinacionales que son verdaderos referentes nacionales y
mundiales en los sectores en los que operan, como pueden ser Airbus
(Getafe), lberdrola (Leganés), Coca-Cola (Fuenlabrada), Repsol o
ThyssenKrupp (Móstoles), lkea (Alcorcón) y John Deere Ibérica (Parla)
entre otras grandes empresas.
Además, en esta zona desarrollan su actividad numerosas pymes y existen
diversos parques tecnológicos (TecnoGetafe, TecnoMóstoles o Leganés
Tecnológico) en los que se crean las condiciones necesarias para que las
empresas desarrollen una cultura de innovación adecuada al entorno, tanto
social como empresarial, altamente globalizado, tecnológico y cambiante
en el que vivimos.
Estos parques tecnológicos cuentan con servicios comunes para empresas y
viveros de empresas y colaboran con las universidades de su zona de
influencia para establecer espacios que promuevan el intercambio de ideas
y conocimiento entre la empresa y el mundo académico, y el nacimiento de
nuevas empresas innovadoras como resultado de esa colaboración.
Algunas de estas zonas de innovación están centradas en sectores punteros
de la industria, como el de la energía o el aeroespacial, pero es
necesario fomentar su crecimiento y la colaboración entre las mismas y
otras zonas similares de Europa y del resto del mundo para crear, en el
sur de Madrid, el "Silicon Valley español" que sea un referente en cuanto
al desarrollo tecnológico y el l+D+i tanto en España como en el
extranjero.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar la
actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de
Madrid, en coordinación con las AA. PP implicadas y las empresas que
deseen participar, con las siguientes actuaciones:
1. Designar interlocutores en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
digital y en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que
puedan, junto con el gobierno regional, favorecer el desarrollo de este
polo innovador y coordinar el resto de actuaciones del Estado.
2. Mejorar las infraestructuras (carreteras, cercanías, etc.) que permiten
el acceso y la comunicación, tanto de personas como de mercancía, entre
los diferentes centros industriales, empresariales y de desarrollo
tecnológico que integrarán este polo innovador y hacía los mercados en
los que esas empresas venderán sus productos y servicios, de acuerdo con
el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, las
disponibilidades presupuestarias y las competencias de cada
Administración.
3. Potenciar la colaboración y el intercambio de expertos académicos y
empresariales entre los centros de investigación más desarrollados de
Europa y del mundo, a través de la firma de convenios con otros países, y
esta red innovadora.
4. Reforzar en régimen de concurrencia competitiva nacional los fondos
públicos necesarios, de acuerdo a los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad, que permitan la creación de
"start-ups" en la zona sur de Madrid -tanto de nuevos emprendedores como
surgidas a partir de la creatividad de trabajadores de empresas ya
asentadas- así como la consolidación, crecimiento y expansión
internacional de las empresas existentes en la citada área. Asimismo, se
actuará de intermediarios en la captación de capital privado que permita
la creación de "start-ups".
5. Para lograr mantener a largo plazo la capacidad innovadora de esta
zona, promover en los colegios, institutos, centros de Formación
Profesional y universidades madrileñas (y de toda España)
proyectos y actividades que fomenten la creatividad y el espíritu
emprendedor entre sus alumnos así como visitas de los centros educativos
-a lo largo de todos /os niveles educativos- y este centro innovador."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a través de su Portavoz Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para ser debatida en la Comisión de Economía,
Industria y Competitividad, relativa a la adecuación de los programas y
las condiciones de acceso al apoyo financiero estatal a la
reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Exposición de motivos
En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se establece un crédito
de 45, 7 millones de euros de apoyo financiero a la inversión industrial
para la comarca de El Ferrol, dentro del programa 422M Reconversión y
reindustrialización, del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Estos créditos destinados a las comarcas coruñesas
corresponden a los fondos comprometidos por el Estado con el Plan Ferrol,
puesto en marcha con la última reconversión naval que proponía la
reindustrialización de Ferrolterra, Eume y Ortegal con el objetivo de
promover la diversificación empresarial en esta zona.
Pero la realidad de este plan de reconversión industrial ha sido otra. Un
año tras otro se ha visto menguado el número de proyectos presentados y
el de los aprobados. En los últimos ejercicios, en concreto desde el
ejercicio 2014, se ha prestado apoyo financiero a un solo proyecto, o
bien ninguno, por año. Este año se vuelve a reincidir: solo dos proyectos
presentados, los de Delicias Coruña y Greenalia Logistics, y solo uno de
ellos aprobados, el último de estos, por un importe de 1,5 millones de
euros.
De estos datos se infiere que el Plan Ferrol está teniendo un nivel mínimo
de ejecución, con el consiguiente impacto negativo que esto tiene sobre
la actividad económica y el empleo en estas comarcas. Y no hay que
olvidar que esta es una de las áreas con mayores tasas de paro de España,
destacando la ciudad de Ferrol, epicentro de la actividad industrial de
la zona, con una tasa de desempleo del 19,24 % en septiembre de 2017.
Por parte del sector industrial se han realizado denuncias sobre la
inadecuación del programa de ayudas, así como de las condiciones y
requisitos estipulados para poder acceder a ellas, a la situación,
capacidades y necesidades del propio tejido empresarial. La caída en el
número de proyectos presentados y finalmente apoyados coincide con la
modificación de los programas, que supuso entre otras medidas el
endurecimiento de las condiciones de acceso: exigencia de avales e
incremento de los tipos de interés de los créditos. Por parte de la
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) y de
la Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF) se elevó al Ministerio de
Industria una propuesta de mejora de estas condiciones, propuesta que no
tuvo respuesta en forma de modificación reglamentaria.
Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de los
810,9 millones previstos en los PGE-2017 para el apoyo a empresas en
proyectos de industrialización y refuerzo de la competitividad, solo se
han llegado a comprometer 427,5, esto es, un 52,7 % del total. Este bajo
nivel de ejecución prevista muestra la poca adecuación del programa y su
ajuste a las necesidades y posibilidades del sector.
Se constata, así, que la definición de los programas y de los requisitos
formales exigidos para el acceso a la financiación, estipulados en la
Orden IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases
para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el
marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la
competitividad industrial, no están siendo los más adecuados y eficientes
de cara al cumplimiento del objetivo de estas políticas, de impulso al
desarrollo empresarial.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados/as insta al Gobierno a:
1) Revisar los plazos de amortización estipulados en la Orden
IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la
política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad
industrial, de cara a su flexibilización y ampliación, así como de la
ampliación del periodo de carencia.
2) Revisar los requisitos exigidos para el acceso a la financiación,
estipulados en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril, de tal manera que
la exigencia de presentación de garantías económicas sea aplicable a los
proyectos que sean objeto de financiación efectiva, y no de manera previa
en la presentación de las solicitudes.
3) Implementar las medidas oportunas para que los plazos de convocatoria
anuales para la solicitud de apoyo financiero en el marco de los
programas de reindustrialización y fomento de la competitividad se
mantengan abiertos durante todo el ejercicio.
4) Implementar las medidas oportunas para la reducción de los tiempos de
evaluación y respuesta a las solicitudes por parte de la administración.
5) Revisar el plazo de realización de las actuaciones regulado en la Orden
IET/619/2014, de 11 de abril, de cara a su flexibilización y posible
ampliación.
6) Establecer límites máximos al incremento de los tipos de interés sobre
lo estipulado en la metodología establecida por la Comunicación de la
Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación de los
tipos de referencia y de actualización COM (2008/C 14/02).
7) Poner en marcha, en el plazo de 3 meses, una mesa de trabajo para la
revisión de los programas de reindustrialización y fomento de la
competitividad industrial, con la participación de agentes empresariales,
sindicales y sociales, así como de las administraciones autonómicas y
locales, que tenga por objeto su mejora y adecuación como herramienta de
apoyo al desarrollo industrial territorial bajo criterios de
sostenibilidad económica, social y ecológica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/002432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la
Comisión de Fomento, sobre la condición del Servicio de Salvamento y
Extinción de Incendios (SSEI) aeroportuario como servicio público
esencial.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley de 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo, supuso la creación de la sociedad mercantil Aena
Aeropuertos, S.A. (AENA SA desde el 2014) que asumió la mayoría del
personal, servicios, bienes, derechos y contratos del ente público,
incluyendo el servicio de bomberos.
Una de las consecuencias de estos movimientos empresariales fue preparar
la compañía pública para la privatización materializada en el año 2015
con la salida a bolsa de la compañía. Desde aquel momento, la lógica de
la gestión de AENA SA ha sido la de maximizar el valor de la compañía en
bolsa, por encima del interés general y poniendo en peligro la calidad de
los servicios y la seguridad.
En el proceso, los empleados y empleadas públicos pasaron a formar parte
de la plantilla de Aena Aeropuertos, S.A., considerándose empleados de
empresa, y cuyo objetivo final es diferente.
En lo referido a los profesionales en extinción de incendios, existen
diferencias fundamentales entre quienes dependen de Administraciones
Públicas y quienes pertenecen a empresa. Estos últimos tienen como
objetivo principal la protección del personal y las instalaciones de las
empresas para las que trabajan, frente a los de las Administraciones
Públicas que prestan un servicio al ciudadano, tomando el mando cuando se
personan en las emergencias.
Las funciones, cualificación y experiencia de los bomberos y bomberas de
los aeropuertos del Estado hacen que dichos profesionales deban ser
entendidos como servicio público de carácter esencial. Sin embargo, las
labores que realizan, al estar actualmente bajo el amparo de AENA SA,
están fuera del amparo de protección jurídica y competencias que tienen
los bomberos y bomberas de las Administraciones Públicas, ya que se
tratan de empleados de una sociedad mercantil de titularidad estatal. Lo
que repercute en detrimento de la seguridad de laboral de estas personas
trabajadoras, de la seguridad aeroportuaria y ciudadana.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios
aeroportuario sea considerado como servicio público esencial sometido
enteramente al interés general y al derecho público en igualdad de
condiciones que el resto de bomberos y bomberas de las Administraciones
Públicas existentes en el Estado.
2. Preservar al personal que integran el Servicio de Salvamento y
Extinción de Incendios aeroportuario como empleados públicos y agentes de
la autoridad en el servicio de sus funciones.
3. Realizar un estudio técnico por personas expertas y empleados para la
modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios
aeroportuario, en el que se contemple entre otras cosas, adscribir a este
cuerpo a un organismo público donde se garantice permanentemente el
carácter público de este servicio, así como su viabilidad, sostenibilidad
y calidad del servicio público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Carmen
Valido Pérez, Sergio Pascual Peña, Eva García Sempere y Alberto Montero
Soler, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para restablecer la condición de empleados públicos
a los trabajadores que prestan los servicios de salvamento y extinción de
incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general, para
su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la
creación de empleo, constituyó la Sociedad Mercantil Estatal, "Aena
Aeropuertos, S.A." (hoy "AENA, S.A", conforme establece artículo 18.1 del
Real Decreto-ley 8/2014), encargada de la gestión de todos los
aeropuertos que hasta la fecha tenía encomendados la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) e
introduciendo, como novedad esencial, la separación entre las funciones
de gestión de los sistemas de navegación aérea y de gestión
aeroportuaria, tradicionalmente desempeñadas por AENA.
Con la Ley 18/2014 la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 1990, pasa a denominarse ENAIRE, ejerciendo competencias en materia
de navegación aérea y espacio aéreo y, además, la coordinación operativa
nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico aéreo
y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio
aéreo.
Por lo que respecta a la Sociedad Mercantil Estatal AENA S.A. corresponde
a su naturaleza de sociedad estatal, sin perjuicio de la aplicación de la
normativa administrativa que corresponda en materia presupuestaria,
patrimonial, contable y de control financiero, regirse por lo dispuesto
en la legislación mercantil, con una serie de especialidades, y los
contratos con su personal son de naturaleza laboral, subrogándose, en su
caso, en los que tenía otorgados Aena con el personal dedicado
principalmente a las actividades aeroportuarias pues si bien, conforme a
lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, las sociedades de gestión aeroportuaria, como
sociedades mercantiles estatales que son, se hallan integradas en el
sector público estatal, su personal no tiene la naturaleza de empleado
público según establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Este cambio de régimen jurídico ha supuesto la pérdida de la condición de
empleados públicos de los bomberos de aeropuerto que actualmente prestan
sus servicios en AENA S.A., estableciéndose una excepción respecto al
personal que presta el servicio de extinción de incendios en el ámbito
local y autonómico, donde mayoritariamente tienen la consideración de
empleados públicos.
Esta pérdida de la condición de empleados públicos resulta contradictoria
en relación con la especial consideración con la que cuenta esta
actividad en nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 134 de la
Ley de Navegación Aérea establece que la asistencia y salvamento de las
aeronaves accidentadas o en peligro son de interés público ( ...); y el
artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que
Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y
asistencia en emergencias de protección civil ( ...), entre otros, ( ...)
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
La importancia de los bienes jurídicos protegidos, el derecho a la vida y
a la integridad física garantizados en el artículo 15 de la Constitución,
revela la necesidad de que sean los poderes públicos los que tomen parte
activa en esa protección, sin que quede espacio alguno para que el
legítimo objetivo empresarial de mejorar los resultados económicos de la
actividad, ofrezca la tentación de reducir los recursos destinados a este
servicio.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restablecer la condición
de empleados públicos a los trabajadores que prestan los servicios de
salvamento y extinción de incendios en la red de aeropuertos y
helipuertos de interés general."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-César
Joaquín Ramos Esteban y Victoria Begoña Tundidor Moreno,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa,
para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley para requerir el apoyo del Gobierno para
el Puerto de Sevilla, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La importancia del Puerto de Sevilla, que con sus 850 hectáreas -25 veces
el Parque de María Luisa y 4 veces la Expo 92- tiene un impacto económico
de 1.100 millones de euros, lo que supone el 1 por ciento del PIB andaluz
y el 3 por ciento del sevillano al contar con 200 empresas que generan
22.000 puestos de trabajo. Es necesario también poner en valor la
singularidad del Puerto de Sevilla ya que es el
único interior de España, algo que viene reivindicando la ciudad de
Sevilla y especialmente la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).
Se trata, del nodo logístico e industrial más importante del Sur
peninsular, lo que debe traducirse en una especialización de sus
trabajadores y empresas, para lo cual las Administraciones públicas deben
unir sus esfuerzos.
Recientemente mediante declaraciones del Delegado del Gobierno en
Andalucía hemos sabido que el Gobierno del PP se une a las distintas
administraciones autonómicas y locales, en su respaldo al Puerto de
Sevilla. En este sentido el representante estatal anuncio que el Estado
reconocerá la "singularidad" del Puerto de Sevilla como único marítimo
interior de España. El Delegado del Gobierno también se mostró a favor de
que las empresas en suelo del astillero se incorporen al recinto de la
zona Franca con beneficios fiscales, como vienen solicitando el GS en el
Congreso, el Ayuntamiento y la Confederación de Empresarios.
El GS da la bienvenida a esta serie de anuncios y promesas del Gobierno,
pero queremos ver reflejados estos compromisos en los próximos
Presupuestos Generales del Estado de 2018, junto a las partidas
necesarias para el enlace ferroviario directo de La Salud -para el que el
Ministerio ya firmó un convenio- y el acceso a la SE-40 desde el Puerto.
Desde el Partido Socialista consideramos estas actuaciones del Estado
absolutamente necesarias para que el Puerto siga creando empleo. Por su
parte la Junta de Andalucía ha confirmado su respaldo al proyecto del
Ayuntamiento de Sevilla de crear un centro de innovación y formación, ya
que gracias a la especialización de las empresas que ya están en el
puerto de Sevilla, sus piezas para puentes y torres eólicas están en
Canadá y en el Mar del Norte. La evolución de este Puerto, ha pasado de
dedicarse sólo a la restauración de barcos a ser un puerto industrial,
logístico y comercial. Por ello es necesario que el Gobierno central,
respalde el proceso de implantación de nuevas empresas, mediante las
correspondientes beneficios fiscales así como que lleve a cabo las
correspondientes inversiones en ferrocarriles y carreteras para la
conexión del mismo con las principales vías de transporte externas. La
grave crisis que atravesó España, y que castigo especialmente a Sevilla,
genera la necesidad de que todas las administraciones empujen en la misma
dirección para sacar adelante el puerto de Sevilla porque es obvio que
cuanto mayor es la fortaleza industrial de una ciudad, más fácil es
atravesar las crisis.
El desarrollo del Puerto pasa por la interacción entre éste y la ciudad,
con el desarrollo de los suelos del Batán y la salida definitiva junto al
puente de las Delicias. Proyecto muy avanzado administrativamente y cuyo
objetivo final es la reordenación de los usos en el suelo
compatibilizando la actividad industrial, con equipamientos y usos
comerciales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contemplar en los próximos presupuestos generales del Estado las
partidas correspondientes para la realización de las obras e
infraestructuras necesarias para la conexión de las instalaciones del
Puerto de SE con la SE-40.
2. Provisionar en los PGE de 2018 las partidas necesarias para las obras
necesarias en ejecución del convenio firmado el pasado junio por el
ministro de Fomento, para estipular la financiación del acceso directo de
trenes al Puerto en La Salud, lo que hará que los convoyes con mercancía
no se tengan que detener para dar paso a los de viajeros.
3. Conceder al Puerto de SE un "estatus especial" gracias al cual sus
aportaciones al fondo de compensación interportuario se reducirán del
cuatro al dos por ciento de su resultado de explotación anual, igual que
el que tienen los puertos insulares y los de Ceuta y Melilla.
4. Sufragar por parte del Estado las obras de infraestructuras, no
estrictamente portuarias, que sea necesario realizar en el Puerto de
Sevilla por ser un puerto de interior, al igual que sucede en el resto de
Europa con los puertos de interior, ya que dichos gastos no tienen la
consideración de ayudas de Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Juana Amalia
Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones y
Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para la elaboración e incorporación al futuro Plan
de Vivienda Estatal de un Programa de Prevención y atención al
sinhogarismo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Instituto Nacional de Estadística, señala que en España, 23.000
personas se encuentran en una situación de sinhogarismo y hacen uso de
los recursos especializados. Pero además, según las organizaciones del
sector, al menos hay 8.000 personas más que estarían fuera de la red de
atención y que viven y permanecen de forma estable en las calles. Las
características e historias de vida de estas personas son diversas, pero
todas comparten una misma situación: no disponen de una vivienda, de un
hogar. Sin embargo, y de forma paradójica, las políticas de vivienda no
han prestado atención al fenómeno del sinhogarismo, de manera que
aquellas personas cuya situación de exclusión viene definida por la
ausencia de vivienda, no son un colectivo prioritario para las políticas
precisamente dirigidas a favorecer el acceso al derecho a una vivienda, y
ello pese a que contamos con una herramienta: La Estrategia Nacional
Integral para las Personas Sin Hogar. Esta es la herramienta que el
Gobierno de España aprobó en 2015 para dar respuesta a la situación de
este colectivo otorgando a la vivienda un papel relevante en para poner
fin al sinhogarismo. La estrategia destaca "la implicación de las
administraciones con competencia en materia de vivienda para facilitar el
acceso de las personas sin hogar a la vivienda pública o privada", pero
poco se ha hecho por parte de las administraciones para poner fin a este
fenómeno del sinhogarismo, que va en auge, y las cifras lo demuestran.
Y es que tradicionalmente el sinhogarismo se ha abordado como un problema
de servicios sociales, poniendo el foco de la intervención en
características individuales de las personas, pero es importante poner de
manifiesto el impacto que tiene o puede tener la vulneración del derecho
a la vivienda, pues los derechos humanos son interdependientes e
indivisibles y están relacionados entre sí, de forma que la violación del
derecho a una vivienda adecuada puede afectar el disfrute de una amplia
gama de otros derechos humanos, y viceversa. Es por ello que hemos de dar
respuestas efectivas a las Personas sin Hogar, atajar el problema con
medidas reales y por eso a través de esta Proposición No de Ley queremos
instar al Gobierno precisamente a eso, a la adopción de medidas concretas
destinadas a abordar el fenómeno del sinhogarismo.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, a elaborar e incorporar al futuro plan Estatal de Vivienda,
un Programa de prevención y atención del sinhogarismo, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin
Hogar, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.
- Apoyo al desarrollo de Programas Housing First, dirigidos a la
erradicación del sinhogarismo más extremo de calle.
- Financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de
alojamiento colectivo de la red de atención a personas sin hogar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-María del
Mar Romiguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la conectividad en zonas turísticas afectadas
por los cambios estructurales en el sector aéreo, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El sector turístico español ha experimentado en los últimos años
resultados espectaculares con crecimientos por encima de los dos dígitos
anualmente, lo que ha consolidado aún más a nuestro país como uno de los
destinos mundiales de preferencia de los visitantes y ha permitido, en
una década de crisis, reforzar la balanza comercial española.
De hecho, en los primeros seis meses del 2017, 36,3 millones de turistas
extranjeros eligieron España como primer destino, lo que supone un
incremento del 11,6 % que en el ejercicio anterior, de acuerdo con los
datos oficiales que ha publicado este verano el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a partir de la encuesta Frontur.
Esta estimación del primer semestre del año confirma que con toda
probabilidad se superarán los 75 millones de turistas este año, un récord
absoluto y sin precedentes.
Es importante destacar, de acuerdo con estos datos, que el mayor número de
visitantes procede del Reino Unido, seguidos de Alemania y el país
vecino, Francia, y el mayor crecimiento procede de los Estados Unidos.
De confirmarse la tendencia, España optaría a competir ya este año por el
liderazgo como primer destino mundial del turismo, que ahora mismo
ostenta Francia (83 millones de turistas en el 2016), y eso al mismo
tiempo comporta riesgos que se vienen manifestando en los últimos meses.
Riesgos pero también oportunidades que tienen que ver con la percepción de
que la gestión del éxito debe hacer hacerse conjugándose bien con la vida
de los residentes, que en muchas ocasiones tienen la percepción de la
masificación, o que conviven con los turistas como no lo hacía antes.
Un fenómeno que se ha acentuado de forma notoria con el crecimiento
exponencial del alquiler vacacional, el impacto digital en el sector, las
compañías aéreas low-cost, el crecimiento de los cruceros, el aumento de
los coches de alquiler o la compra de viviendas como segundas residencias
por parte de turistas que optan por pasar a ser "residentes regularmente
ocasionales".
Una dinámica positiva con factores de riesgo que tiene un origen en la
llegada de turistas y que proviene especialmente del Reino Unido como
primer mercado emisor, y que tiene también puntos de incertidumbre que
hay que prever, como la situación que ha provocado la salida del Reino
Unido de la UE, el llamado Brexit, y su impacto sobre la libra.
Un impacto que también estará marcado por la evolución dentro de la Unión
Europea de la moneda única o de las decisiones que tome el Banco Central
Europeo (BCE) respecto a los tipos de cambio, y precisamente en un
contexto en el que ya únicamente hay dos países con déficit excesivo y la
Comisión Europea ha dado por superada la crisis iniciada hace una década.
Esta situación de crecimiento de un sector dentro de un contexto global
con oportunidades y riesgos también hay que enmarcarlo en cambios
estructurales dentro de un sector clave para el sector turístico como es
el sector de la aviación, y muy especialmente lo que afecta a las
compañías low cost, que además de contribuir de forma clave a la llegada
de turistas también condiciona la conectividad de los residentes en
España.
Precisamente en este marco hay que situar el impacto de las decisiones que
se han tomado en el sector respecto a dos compañías tan importantes para
el principal mercado emisor, el del Reino Unido, con dos compañías como
Ryanair y Monarch.
La cancelación de vuelos de Ryanair ha supuesto un perjuicio sin
precedentes para sus usuarios, así como para los usuarios de Monarch,
tras su quiebra a principios de octubre.
Pero al mismo tiempo que los usuarios, destinos clave para el sector
turístico sufren una notable pérdida de conectividad y de competitividad
tras lo sucedido con ambas compañías.
De hecho, Monarch era una compañía que tenía un impacto muy relevante en
diversos destinos en España, muy especialmente en la Costa Blanca,
Málaga, Mallorca y Menorca.
De hecho, ejemplos como el de Menorca ponen de manifiesto el impacto de la
quiebra de Monarch, puesto que la isla se ha quedado sin contar con
ningún destino ligado a Londres, lo que supone un grave perjuicio para el
sector precisamente a la hora de iniciarse la temporada baja puesto que
era la segunda aerolínea en número de llegadas desde el Reino Unido.
También sirve como ejemplo los aeropuertos valencianos que tenían
conexiones con casi media docena de aeropuertos entre Inglaterra e
Irlanda, lo que también puede suponer un impacto para la conectividad
notable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar las negociaciones y dar impulso a los contactos mantenidos por
los gobiernos insulares y autonómicos para encontrar alternativas viables
a las pérdidas de rutas y de conectividad entre el Reino Unido y los
destinos turísticos españoles que se han visto afectados por ambas
decisiones.
2. Estudiar si caben acciones legales, como han llevado a cabo otros
países de la U E, contra la forma en que se han tomado las decisiones,
puesto que afectan a destinos en pleno inicio de temporada baja y puede
suponer importantes perjuicios para el sector.
3. Buscar alternativas para garantizar la conectividad para territorios
insulares en los que la pérdida de una sola compañía supone un daño
irreparable para la economía y la competitividad, como en el caso de
Menorca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Pere Joan
Pons Sampietro, Sofía Hernández Costa, Miguel Ángel Heredia Díaz, José
Andrés Torres Mora, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Patricia Blanquer
Alcaraz, Julián López Milla, Artemi Rallo Lombarte, José Luis Ábalos
Meco, Ana María Botella Gómez y Criprià Ciscar Casabán, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, sobre el Plan Regional del Ferrocarril de la Región de
Murcia.
Exposición de motivos
Históricamente la red ferroviaria de la Región de Murcia no ha
evolucionado hacia una mejora, sino que se han perdido incluso kilómetros
de ferrocarril, siendo éste un transporte necesario y alternativo al
transporte por carretera, mucho más contaminante además de mucho menos
eficiente en cuanto a gasto de energía y capacidad de transporte.
En la época de Álvarez Cascos como Ministro de Fomento, se opta por un
megaproyecto de transporte de personas en ferrocarril de alta velocidad,
llamado AVE (Alta Velocidad Española), y cuyo objetivo era el de conectar
todas las capitales de provincia con la capital mediante este tipo de
transporte.
Hoy en día tenemos datos suficientes para afirmar que el coste de
construcción y el uso registrado por las distintas líneas de AVE, es
totalmente insostenible, en 22 años de funcionamiento, los ingresos no
cubren ni un tercio de la inversión, y aun así, el Gobierno central y el
regional se empeñan en la llegada del AVE a la Región de Murcia.
En 1985 se perdió la conexión con Andalucía mediante el Ferrocarril del
Almanzora (Murcia-Almendricos-Guadix-Moreda-Granada), del que su
recuperación con una doble vía moderna y electrificada que vuelva a
permitir la conexión con Andalucía y permita el paso de trenes de altas
prestaciones.
En 1993 se suprime la línea férrea del interior de la región, dando lugar
a otra pérdida de potencial de transporte más eficiente que el transporte
por carretera. No hay trenes de cercanías entre Murcia y Cartagena, lo
cual vuelve a potenciar el transporte por carretera en detrimento del
ferrocarril.
En 2006 se aprueba en el BOE la variante de Javalí Viejo, que eliminaría
la vía que parte Alcantarilla de norte a sur, pero nunca se ha ejecutado.
También en 2006 se firma el convenio de Murcia Alta Velocidad para el
soterramiento del ferrocarril al paso por la ciudad, pero hoy en día solo
se habla de llegada en superficie, y a posteriori soterramiento en fases.
No existe ni un solo kilómetro de vía electrificada en la Región de
Murcia.
El trazado que pretende tener el AVE es por Alicante, no por su natural y
más corto trayecto, por Cieza hasta Albacete, que es por donde discurre
la actual vía.
Hace once años que se produjo el accidente de ferrocarril en Chinchilla, y
todas aquellas promesas de desdoblamiento de la vía entre Albacete y
Murcia, y de unos trenes híbridos que mejorarían la seguridad y la
velocidad del ferrocarril, mientras se electrificaba la vía, quedaron en
nada.
Más reciente ha sido el tratamiento de proyecto de llegada del AVE en
superficie a la ciudad de Murcia, rompiendo el consenso social y
desoyendo multitudinarias y constantes las demandas vecinales, tras el
cual, ADIF ha tenido que modificar su proyecto.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Soterrar la llegada del ferrocarril a la Estación del Carmen de Murcia,
haciendo de ella una estación intermodal y terminal, evitando el paso de
trenes de pasajeros y de mercancías del Corredor Mediterráneo por la
ciudad.
2. Comunicar a los agentes sociales, vecinales y económicos afectados el
Plan de obras del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia.
3. Modificar el proyecto de AVE por Alicante de forma que la inversión se
dedique a terminar la variante de Camarillas, cuya electrificación y
desdoblamiento permitiría reducir el tiempo de trayecto entre Murcia y
Madrid en veinte minutos.
4. Realizar las inversiones necesarias para conectar con vía doble y
electrificada Lorca con Andalucía, tanto en el antiguo trazado del
Ferrocarril del Almanzora como en el trayecto propuesto para el AVE a
Almería, conectándose Granada y Almería con Murcia.
5. Ejecutar la variante de Javalí nuevo, aprobada en el BOE desde julio de
2006, para evitar el paso de los trenes de pasajeros y del Corredor
Mediterráneo de Mercancías por el centro de esta pedanía.
6. Ejecutar la variante del Reguerón como solución de integración urbana
del ferrocarril en la ciudad de Murcia y como oportunidad de fomentar
sinergias entre el Corredor Mediterráneo de Mercancías junto con la nueva
Zona de Actividades Logísticas de Murcia.
7. Mantener la llegada del tren de altas prestaciones a Cartagena por el
actual trazado y actual estación de ferrocarril, favoreciendo así la
intermodalidad y eficiencia del transporte.
8 Desarrollar los proyectos de paso del ferrocarril por Lorca, Alumbres y
otras ciudades mediante proyectos de integración urbana donde los vecinos
y vecinas puedan participar y decidir de forma activa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Ricardo
Sixto Iglesias y Javier Sánchez Serna, Diputados.-Alberto Garzón
Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para garantizar la interrupción total y
completa de las paradas de los trenes de mercancías peligrosas, frente a
las viviendas del barrio de Los Lirios en Logroño, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según la normativa vigente, tanto el Reglamento relativo al Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 1111D 2011) como
el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril, prohíbe paradas de trenes en túneles de más de 100 metros y
estacionamientos en una estación de núcleo habitado o cuando esté situada
a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo de población
agrupada. Sin embargo, desde hace años se vienen produciendo paradas
momentáneas de trenes mercancías peligrosas a menos de 10 metros de
distancia de viviendas del barrio de Los Lirios en Logroño.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice la
interrupción total y completa de las paradas de los trenes de mercancías
peligrosas frente a las viviendas del u barrio de los Lirios en Logroño."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-César Luena
López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/002453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan,
coordinado con las Comunidades Autónomas, para prevenir el abandono
escolar temprano, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La tasa española de Abandono Escolar Temprano (AET) duplica a la de la
Unión Europea, y el porcentaje de alumnos de nuestro país que repiten
algún curso, es tres veces mayor que la media de la OCDE.
El sistema educativo español tiene un serio problema para combatir la
exclusión educativa y está siendo incapaz de reenganchar a los
estudiantes que suspenden curso tras curso: Unicef ha advertido
recientemente que los programas de enseñanza inclusiva no están siendo
"eficaces".
En España, por abandono escolar se entiende la situación de jóvenes que no
tienen el título de Educación Secundaria Obligatoria o que tras finalizar
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no estudian Bachillerato o
Formación Profesional. Hasta la crisis de 2008 la tasa estaba en torno al
30 %, siendo mayor para los chicos que para las chicas, pero desde dicho
año, desciende de forma continuada, alcanzando el 18,5 % en el 2017 y de
manera muy desigual según Comunidades Autónomas. Frente a lo
que se pueda pensar, el incremento de la tasa de paro en edades tempranas
no ha tenido tanta incidencia en este descenso.
La realidad es que el descenso en estos últimos 5 años de aquellos jóvenes
(18-24 años, por tanto han cursado la ESO con la LOE en vigor) que han
desarrollado su escolarización en etapas obligatorias en el marco de la
atención a la diversidad de la LOE y con las medidas formales y
materiales de apoyo y refuerzo escolar. Precisamente todas las medidas
compensatorias en materia educativa fueron las primeras en ser eliminadas
por Rajoy al inicio de su mandato. Poco después llegaron las reformas
legales que supusieron una regresión adicional para estos alumnos.
Uno de los objetivos de la política europea en materia de educación
establece que los jóvenes participen y continúen en la educación más allá
de las etapas obligatorias, de modo que el abandono educativo temprano
figura como uno de los indicadores al servicio del seguimiento de la
Estrategia Europa 2020 y de las políticas nacionales. Esta estrategia
insta a los Estados miembros de la Unión Europea a situar la tasa de
abandono temprano por debajo del 10 %. La mayoría de los países ha
cumplido el objetivo europeo para el año 2020 y otros se encuentran muy
próximos, como es el caso de Reino Unido y Bulgaria. Alcanzar este
objetivo es uno de los principales retos a los que se enfrenta España
que, dada su elevada tasa de abandono, propone reducirla al 15 %. España,
en efecto, registra una tasa de abandono situada en un 18,5 % de acuerdo
con los últimos datos publicados en la Encuesta de Población Activa del
año 2017; siendo el segundo país de la UE con la tasa más elevada.
Es importante señalar que aunque se trata de un problema generalizado y de
primer orden en el sistema educativo español, se observan diferencias
territoriales en relación a este indicador. En el año 2017, la mayoría de
las Comunidades Autónomas se situaron por encima del 15 % definido como
objetivo nacional para el año 2020.
Por otra parte, el 31 % de los jóvenes han repetido algún curso, una cifra
muy elevada si se compara con la media de los países de la OCDE, el 11 %,
según datos del 2015 del informe PISA.
Los profesionales del mundo educativo señalan que tras los recortes que ha
ido sufriendo la educación desde que Rajoy llegó al Gobierno, en las
clases se ha ido estableciendo un canon de normalidad, en el que la
diferencia no tiene cabida. Esto está provocando, un retraso en el
aprendizaje no sólo de esas personas, sino también del resto de la clase,
porque los docentes se vuelcan en que toda la clase intente mantener el
ritmo. En cuanto uno se desengancha, se queda apartado.
Unicef destaca que los niños y adolescentes que sufren estas consecuencias
pertenecen fundamentalmente a familias de un bajo estatus socioeconómico
y cultural, así como aquellos que pertenecen a ciertas minorías étnicas o
grupos migrados, "muchos se quedan atrás o directamente fuera del sistema
educativo", apuntan en el informe.
El porcentaje de alumnos que no aspiran a seguir estudios secundarios
postobligatorios y cuyos padres no tienen ninguna titulación es casi del
40 %. Para sus contemporáneos con padres con estudios universitarios
superiores, es de poco más de un 5 %.
Las políticas y programas educativos tienden a "agrupar y segregar" al
alumnado por motivos conductuales o de "nivel educativo".
La falta de recursos para acompañar a los jóvenes que ya han cumplido los
16 años, es otro de los problemas que ha identificado Unicef. Y si no se
les estimula durante el aprendizaje, la posibilidad de encontrar empleo
es muy escasa.
Desde Unicef proponen varias medidas para combatir la exclusión educativa.
Apuestan por incrementar la inversión educativa; diseñar un sistema
educativo flexible y diversificado que les permitan reincorporarse y
continuar la formación y mejorar el acompañamiento de las transiciones
educativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar, en cooperación con las Comunidades Autónomas y con carácter
inmediato, un Programa de Cooperación Territorial de Apoyo y Refuerzo
Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria semejante al PROA para
evitar el abandono escolar temprano, cuya tasa duplica la de la UE.
2. Incluir en ese Plan medidas concretas para conseguir un sistema
educativo más flexible y diversificado que permita reincorporarse a
aquellos estudiantes que suspenden curso tras curso y que de
esta forma puedan continuar con su formación, teniendo en cuenta que el
porcentaje de repetidores en nuestro país triplica la media de la OCDE.
3. Incrementar en los Presupuestos de 2018 de forma significativa la
partida destinada a combatir la exclusión educativa. Este incremento se
concentrará en aquellos programas cuyo objetivo es garantizar el acceso,
la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en
situación de desventaja social y se articulará a través de los programas
elaborados y acordados en cooperación con las Administraciones educativas
autonómicas.
4. Impulsar actuaciones concretas para mejorar el acompañamiento en las
transiciones educativas.
5. Promover que el incremento de efectivos docentes disponibles en los
centros educativos atiendan como prioridad el destino de recursos humanos
a la atención a la diversidad y el refuerzo escolar en la ESO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y
Deporte, relativa al uso abusivo de la figura del Profesor Asociado.
Exposición de motivos
El Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre impuso una tasa de reposición de
efectivos de la Administración Pública del 10 %, también para la
Universidad. Al mismo tiempo, se aprobaban los recortes presupuestarios
en educación, que para la universidad española supusieron una pérdida de
más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014. Son las causas
principales de un proceso de envejecimiento y reducción de las plantillas
que ha significado la pérdida de más de 7.500 empleos (3.486 PDI y 4.068
PAS) en el transcurso de estos años, con la consiguiente merma de la
capacidad productiva de las universidades.
También contribuye a este descenso de la productividad el envejecimiento
de las plantillas de la Universidad Pública, con unas plantillas en las
que el profesorado (funcionario) mayor de 50 años alcanza ya el 66 %. Es
el resultado de la aplicación del Decreto 20/2011, gracias al cual no
sólo se perdió personal al reducirse en 1.499 la presencia de profesores
titulares y catedráticos, sino que se impidió la promoción de más de
5.000 profesores acreditados para el acceso a estas categorías
profesionales.
La disminución de las plantillas universitarias de Personal Docente e
Investigador y Personal de Administración y Servicios (PDI y PAS) y su
envejecimiento no fueron acompañadas por un descenso en las
matriculaciones, más bien todo lo contrario: las matriculaciones se
mantuvieron relativamente estables, con una media, para el periodo
2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas matriculados en las
universidades públicas. La ratio estudiante/PDI doctor en el curso
2012/2013 fue de 18,3/1.
La repercusión en el profesorado de ese desequilibrio se hizo evidente en
el aumento de carga docente pero también en el aumento de las tareas
administrativas que, en realidad, no correspondía realizar al
profesorado, dando respuesta así a unas exigencias que iban más allá de
lo razonable.
Si la Universidad Pública ha sabido mantener sus niveles de calidad -o al
menos limitar su descenso-, tanto científica como docente en los últimos
años, ha sido gracias a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras,
que han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea
compensando los recortes que se han producido desde la Administración.
Uno de los colectivos más golpeados por esta situación, los que han
sufrido la crisis con mayor fuerza, son los llamados falsos asociados.
Ante la imposibilidad de contratar profesores a tiempo completo, y frente
a unas necesidades docentes que no disminuían, sino más bien lo
contrario, se optó por incrementar el uso fraudulento de una figura, la
de Profesor Asociado (prevista por el artículo 53 de la Ley Orgánica de
Universidades -LOU- para que
profesionales de reconocido prestigio pudieran dar clases en la
Universidad y transmitir su experiencia a los estudiantes), como un
comodín que permitía contratar un profesorado cualificado y con perfil
académico (no profesional) en condiciones precarias y muy ventajosas
económicamente para la Universidad, condiciones que han sido denunciadas
varias veces en los tribunales de justicia y que ya cuentan con
sentencias en contra de las universidades y a favor de los denunciantes,
hasta el punto de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha
animado a estos trabajadores, a través de su presidenta Cecilia Wikstrom,
a presentar denuncias ante los tribunales españoles.
A día de hoy, el número de Profesores Asociados en las universidades
públicas asciende a 28.483, sólo por debajo de los 29.340 Profesores
Titulares, y desde luego muy lejos de los 9.630 Profesores Contratado
Doctor o los 2.900 Profesores Ayudantes Doctor. En estos datos confluyen
muchos problemas de la Universidad Pública española, incluida la ausencia
de una carrera profesional entendida como tal. De facto, pareciera que
muchas universidades han asumido, en contra del espíritu y el articulado
de la LOU, que ésta empezase con la figura del Profesor Asociado,
convirtiendo la precariedad en una condición ineludible para hacer
carrera académica.
En este caso nos interesa señalar que el 30 % del profesorado
universitario español está compuesto por una categoría que fue creada
como excepcional y que ahora se ha convertido en regla, sujeto a
condiciones laborales abusivas (tanto por carga de trabajo como por
retribución) y que, al mismo tiempo, causa un grave perjuicio a la
Universidad Pública y menoscaba el derecho de sus estudiantes a recibir
una educación de calidad.
Por todo ello, entendemos que urge la necesidad de solventar de forma
razonable y justa para todas las partes este problema.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dirigirse a las CCAA y a las universidades públicas, al objeto de que
se proceda a un análisis de las necesidades docentes en el medio y largo
plazo, de forma que pueda establecerse una planificación de crecimiento
coherente.
2. Proponer y apoyar a las CCAA para que se ponga en marcha un Plan de
Incorporación de Profesorado (PIP) que dé respuesta a las necesidades
identificadas. Este PIP, con una duración no mayor a cinco años, debería
convocar los concursos públicos que sean necesarios, respetando las
competencias de cada administración y la autonomía universitaria, para lo
que el Gobierno se comprometerá a la creación de una partida económica
finalista en los próximos PGE.
3. Modificar el artículo 53 de la LOU (6/2001) para que este tipo de
contratos nunca supere el 15 % del PDI de la Universidad (excluidos los
Profesores Asociados Sanitarios), dificultando, de esta forma, su uso
fraudulento.
4. Crear un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que impida su abuso y
delimite sus funciones.
5. Asumir, junto a las universidades y las CCAA, que las plazas de
Asociado existentes deben ajustarse, mientras el proceso anteriormente
descrito tiene lugar, a lo indicado en las diversas sentencias dictadas a
su favor ( como la del Juzgado de lo Social 10 de Sevilla), y
específicamente a la consideración de los falsos asociados como
trabajadores indefinidos de la Universidad, así como a la Directiva
1990/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Nayua Miriam
Alba Goveli, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario abajo firmante presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la empatía hacia los animales entre los contenidos educativos en la
enseñanza obligatoria, para su debate ante la Comisión de Educación y
Deporte.
Múltiples estudios científicos han demostrado la estrecha relación que
existe entre la violencia que se ejerce contra los animales y la
violencia interpersonal. Pero también existen experiencias que han
demostrado el mismo vínculo en un sentido contrario: una educación en la
empatía hacia los animales puede promover una cultura de paz entre los
humanos. El 19 de septiembre de 2014, tuvo lugar la "II Jornada
Parlamentaria sobre estrategias educativas para una cultura de paz sin
discriminación", donde especialistas de la pedagogía, psicología,
criminología, sociología y educación se dieron cita en el Congreso de los
Diputados convocados por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los
Animales (APODA) para tratar este asunto de forma profunda y argumentada.
Fruto de este acto celebrado en el Congreso, se creó un grupo de trabajo
de especialistas que ha estado trabajando en esta materia y que ha
concluido lo siguiente:
La educación formal es el medio más importante para dotar de habilidades
inter e intrapersonales y valores éticos a los más jóvenes que formarán
la sociedad del futuro. Una herramienta esencial para desarrollar estas
habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia, que se
define como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás
seres vivos. Dicho vínculo ha sido especialmente valorado respecto a su
uso en múltiples aplicaciones de programas educativos de desarrollo en
las habilidades personales y sociales, ya que los niños y jóvenes
generalizan este respeto hacia los humanos de forma automática.
Como factor de detección en problemáticas de conductas disociales, entre
otros, este tipo de recursos educativos es también esencial, por la clara
correlación predictiva encontrada entre la violencia hacia colectivos
victimizables y posteriores conductas patológicas.
Focalizando en la convivencia escolar, respecto al bullying o acoso
escolar, existen en España altos costos económicos y psicosociales
relativos a la intervención y prevención de este tema demasiado frecuente
en nuestras escuelas. Cada vez se hace más evidente que los planes de
intervención y prevención ante la violencia de género, violencia
doméstica, abusos infantiles, maltrato a personas mayores, etc., son
abordados por distintos profesionales que se beneficiarían de un
currículo escolar mejorado. Introduciendo la protección de los animales
en la currícula escolar, se contribuye a que los estudiantes adquieran
habilidades sociales como la empatía, comprensión, expresión de la
afectividad y control de la agresividad, aprendan resolución de
conflictos sin violencia, autocontrol de la impulsividad y alternativas a
la agresividad. Educando en sensibilidad y empatía hacia los animales, se
logra que estas cualidades se transmitan a los compañeros y por tanto que
se reduzcan o desaparezcan estos problemas de agresividad y agitación en
el aula. Así, del mismo modo que las conductas agresivas contra los
animales son un factor predictivo de la violencia hacia las personas, un
aprendizaje en el respeto a los animales ayuda a prevenir una actitud
agresiva hacia los otros en el aula y por extensión en los demás
espacios.
En todos estos casos, la aplicación de los programas educativos inclusivos
en el respeto por los seres sintientes, es la herramienta básica para el
aprendizaje de las habilidades que componen la inteligencia emocional,
con el fin de eliminar el coste social, personal y económico que generan
las creencias, actitudes y conductas carentes de dicha inteligencia. Se
pueden aportar numerosos estudios y datos respecto a que la modificación
del currículum escolar, teniendo en cuenta valores como la solidaridad y
la igualdad, fomentando habilidades sociales como la empatía, y
trabajando la inteligencia emocional de cara a colectivos victimizables
como animales, mujeres, niños, personas con discapacidad o ancianos,
repercute en la disminución de porcentajes y cifras respecto a violencia
interpersonal en humanos y costos destinados a protección de las
personas.
Muchas son las iniciativas que empiezan a surgir en España relacionadas
con la educación en el respeto a los animales, pero la mayoría son
aplicaciones puntuales y resultan incompletas al no estar dotadas de
continuidad por falta de recursos, al menos que sean incluidas en el
currículo de la enseñanza obligatoria.
Por todo lo expuesto, y una vez constatados los beneficios sociales que
representa relacionar los beneficios de la convivencia y relación
temprana con animales con el desarrollo de conductas prosociales, se
propone la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los
mecanismos necesarios para que en la próxima modificación legislativa que
se lleve a cabo con afectación en materia de Educación, se
introduzcan en el currículum escolar de enseñanza obligatoria, y
especialmente en el segundo ciclo de educación infantil, primaria,
secundaria y formación profesional, contenidos educativos en la empatía
hacia los animales para prevenir, evitar e intervenir en conductas
violentas hacia humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Joan Mena
Arca, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sempere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre las becas y ayudas al estudio a los
escolares con TDAH, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Resolución de la Convocatoria de Becas y Ayudas para el curso académico
2017-2018, del MEC, para alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (ACNEAE) contempla en el artículo 1 apartado a "Ayudas directas
para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH (Trastorno por
déficit de atención por hiperactividad)" pero mantiene algunos de los
puntos de controversia de la Convocatoria de Becas y Ayudas del año
pasado 2016/2017, lo que genera incertidumbre e inseguridad en las
familias con hijos afectados por el trastorno, sobre todo en aquellas con
menos recursos que dependen de estas ayudas para poder realizar los
tratamientos que sus hijos necesitan.
Es necesario que al dictar las Resoluciones de las Becas y Ayudas del MEC,
se tenga en cuenta que el alumno con TDAH, está reconocido desde 2010
como Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).
La solución pasa por considerar definitivamente a los alumnos con TDAH
"como grupo específico y diferenciado de los escolares con discapacidad y
trastorno grave de conducta, tal y como sí se otorga al grupo de altas
capacidades".
Es urgente una solución definitiva en próximas convocatorias de las ayudas
y becas del MEC, que garantice la seguridad jurídica y un trato igual
para todos los alumnos afectados por TDAH, promoviendo la equidad y
evitando diferencias de trato en función del territorio de escolarización
o de los criterios de interpretación de los actores implicados en la
concesión de las ayudas. Solo así, se evitará la discriminación
incompatible con el derecho a la educación que reconoce la Constitución y
garantiza la Ley de Educación.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso insta al Gobierno a que:
1. Adecúe las Resoluciones de convocatoria de las Becas y Ayudas al
estudio a lo establecido en la Ley, para que los órganos competentes
adapten en las sucesivas convocatorias la redacción de las mismas al
reconocimiento del derecho a la atención de las necesidades específicas
de apoyo educativo de los escolares afectados por TDAH, tal como se
recoge en la legislación básica educativa.
2. Garantice el derecho de los escolares con TDAH a recibir las ayudas
económicas a las que tienen derecho conforme a su condición de escolares
con necesidades específicas de apoya educativo.
3. Reconozca de forma expresa el derecho a la obtención de las ayudas
establecidas por el Ministerio de Educación a los escolares afectados por
TDAH, de forma diferenciada y autónoma a los apoyos y atención educativa
específica de los ACNEE."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-César Luena
López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para garantizar
la seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad
como camareras de pisos, fomentando el cumplimiento de las obligaciones
en materia de prevención de riesgos de las empresas, teniendo en cuenta
las peculiaridades de su trabajo a los efectos de evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, así como para que no sufran
discriminaciones indirectas por razón de sexo, en el momento de la
determinación de estas contingencias como profesionales, para su debate
en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
En el sector de la hostelería prestan servicios alrededor de 96.000
camareras de pisos que trabajan en hoteles y apartamentos. Este
colectivo, que representa un 25 % o 30 % de las plantillas, su trabajo
consiste a grandes líneas las habitaciones estén en perfecto estado
cuando el cliente las utiliza, ofreciendo uno de los servicios más
valorados por los usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos
hoteleros.
Así, debe ser considerado un trabajo esencial en la calidad del servicio
en los hoteles, ya que se cubre una de las necesidades básicas del
cliente: descansar en un entorno agradable.
A pesar de esto en los últimos años el colectivo de las camareras de pisos
ha sufrido, casi como ningún otro, un deterioro absoluto de sus
condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo,
pues han visto reducido su salario y deterioradas sus condiciones
laborales por los efectos de la aplicación del art 84.2 que tras la
reforma laboral del Partido Popular, permite que se negocien Convenios de
empresa, por negociadores muchas veces sin "fuerza legitimadora"
abandonando el Convenio del sector.
A ello hay que añadir la crisis que desde 2008 ha servido para justificar
que las empresas de hostelería hayan aumentado la precariedad laboral,
aumentando los ritmos de trabajo e incluso dilatando la jornada parcial,
convertida en la práctica en jornadas completas.
A esta situación insostenible para las trabajadoras, ha colaborado también
la estrategia de externalización del departamento de pisos y la
subcontratación el servicio con empresas de multiservicios. En muchos
casos, estas empresas están constituidas por el mismo grupo empresarial,
lo que supone un flagrante caso de cesión de trabajadores. Estas
empresas, además, ya no tendrán la obligación de aplicar los convenios
vigentes de hostelería y se aplicará el de la empresa multiservicio que,
habitualmente, fijará retribuciones cercanas al salario mínimo
interprofesional. Así las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre un 30
% y un 40 % del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la
división de los trabajadores en multitud de empresas que impiden su
unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses.
En relación a esta cuestión nuestro grupo ya ha presentado la Proposición
de Ley para la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores,
para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados, en tramitación actualmente.
En esta proposición nos vamos a referir a otro aspecto que inciden en la
precarización de la relación laboral de las camareras de pisos como son
las relativas a la prevención de riesgos laborales, y una condición que
incide de forma directa en la salud como es el de la carga y el ritmo de
trabajo. En el cumplimiento de obligaciones preventivas concurren no solo
aspectos relacionados con la propia actividad, sino derivados de la
circunstancia de que la actividad de camarera de pisos, es una actividad
feminizada, se desarrolla mayoritariamente por mujeres.
Los trastornos músculo-esqueléticos se han ido incrementado de manera
alarmante a lo largo de las últimas décadas, llegando a ser el primer
problema de origen laboral en Europa y es en sectores de actividad tales
como el de hostelería y, concretando más, en el sector de ocupación de
camarera de pisos, donde el riesgo de padecer algún problema de salud
vinculado a algún tipo de trastorno músculo-esquelético aumenta de forma
relevante.
La inadecuada organización del trabajo, la falta de personal y la
sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería,
son factores que incrementan la aparición de lesiones
músculo-esqueléticas y enfermedades derivadas del trabajo en las
trabajadoras que prestan servicios como camareras de pisos. Por esta
razón, se hace del todo necesaria la toma de consciencia por parte de la
dirección de las empresas, servicios de prevención y Administración
Pública del impacto que actualmente tiene sobre la salud de las
trabajadoras la falta de prevención relacionado con esta tipología de
riesgos existente aún, en el sector de hostelería.
La precariedad del sector, hace que las características de las condiciones
de trabajo existentes en muchos de los establecimientos (la falta de
personal, un servicio al cliente de menos calidad con la finalidad de
obtener mayores beneficios, un elevado ritmo de trabajo, etc.), derivadas
principalmente del actual mercado turístico deterioran la salud de las
personas trabajadoras de la hostelería y que, en el caso concreto de las
camareras de pisos, suponen la aparición y aumento de determinados
factores de riesgos desencadenantes y agravantes de los trastornos
músculo-esqueléticos.
La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca
directamente con la igualdad. En la lucha por la igualdad de género en el
ámbito laboral juega un papel determinante las actuaciones en materia de
seguridad y salud laboral, pues son actuaciones sobre las que no se ha
incidido ni legislativamente, ni en la práctica empresarial relacionada
con la gestión de la prevención, ni forma parte del contenido de los
planes de igualdad; a pesar de ser muchos los aspectos que inciden desde
la perspectiva de género en la forma de realizar la actividad laboral y
en los riesgos que se generan y que afectan a la salud y la seguridad de
la mujer trabajadora.
La mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado
de trabajo afecta sin duda a la seguridad y salud en el trabajo. Estas
representan el 73 % del total de las personas que trabajan a tiempo
parcial y son también afectadas por mayores índices de temporalidad,
soportan los mayores déficits en la formación tanto preventiva como
profesional dentro de la empresa y encuentran mayores dificultades de
promoción y la diferencia salarial entre hombres y mujeres, es una de las
formas más comunes y graves de discriminación, las dificultades mayores
de conciliar inciden de forma más importante en las mujeres trabajadoras
y todos estos aspectos que podemos referir a cualquier sector de
actividad se producen de forma más profunda en un sector como la
hostelería de por sí ya precarizado, ahondando más esta precarización en
la actividad de las camareras de pisos, podemos referirnos a título
ejemplificativo a la última actuación de la Inspección de Trabajo, en la
que la sociedad Externa Team contrato a 275 trabajadoras como camareras
de pisos, mediante la modalidad de contrato para la formación, lo que
supuso una disminución de las retribuciones de las trabajadoras del 40 %
del salario además del fraude de Seguridad Social.
En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que las que
la mujer está expuesta intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, que
suelen derivar en procesos de enfermedades profesionales y en los que los
aspectos de la gestión de la prevención que inciden en su eliminación,
cómo son la ergonomía y la organización del trabajo deberían formar parte
de los objetivos prioritarios preventivos de las empresas del sector.
Esta tendencia preventiva a identificar aquellos riesgos que pueden
causar accidentes de seguridad y no enfermedades, relega a un segundo
plano aquellos riesgos con más presencia en sectores de actividad como el
de las camareras de pisos, sometidas a riesgos psicosociales y
ergonómicos, relacionados con la carga de trabajo, los tiempos para
desarrollar el mismo y los movimientos repetitivos y posturas forzadas.
Sigue sin considerarse un esfuerzo físico a evaluar y prevenir aquellas
tareas que implican la manipulación de cargas consideradas como "ligeras"
(cubos, bolsas, u otros útiles de trabajo, escobas, fregonas, etc.)
aunque sea de manera reiterada (movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas), incluso aquellas tareas que requieren esfuerzos medios,
aspirado de habitaciones e incluso importantes como el que supone hacer
camas o mover muebles.
De esta manera, se minimiza la importancia de otra serie de riesgos
presentes en el trabajo, que se convierten prácticamente en invisibles y
asumidos y que son los causantes de enfermedades profesionales,
provocando posturas forzadas y sobresfuerzos. Además, existen una serie
de factores considerados como causas favorecedoras de la aparición de los
TME: los relacionados con la organización del trabajo, los relacionados
con el ámbito extra laboral y aquellos derivados de determinados procesos
biológicos de género: embarazo y menopausia.
En este sector como en ningún otro inciden los factores ambientales o
asociados a la organización del trabajo: el exceso de horario, el ritmo
de trabajo, la gestión de los descansos, la escasa automatización
de la tarea, la comunicación y las relaciones personales, el estilo de
mando, el contenido del trabajo, la escasa posibilidad de promoción, la
falta de identificación con la tarea, la capacidad de iniciativa y la
estabilidad de empleo son factores relacionados con la organización del
trabajo que afectan a la prevención.
El excesivo ritmo de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la monotonía, la
repetitividad y la supervisión estricta de las gobernantas a la que están
sometidas actualmente las trabajadoras de los hoteles, son factores que
incrementan el riesgo de padecer patologías músculo-esqueléticas y que,
además, influyen decisivamente en la aparición del estrés laboral, que da
origen a enfermedades por sí mismo y al agravamiento de otras.
Un elevado ritmo de trabajo implica la exigencia de una velocidad o
rapidez excesiva para realizar las tareas, las camareras de pisos están
sometidas a fuertes ritmos de trabajo, ya que a lo largo de la jornada
deben realizarse, necesariamente, la limpieza de un número determinado de
habitaciones que se fija para toda la temporada. Si no se finaliza la
limpieza dentro del horario laboral, le supone a la camarera el tener que
hacer horas extras para terminar la limpieza de todas las habitaciones
encomendadas, que además ni se retribuyen, ni se compensan.
Durante los últimos años la tendencia en el sector de hostelería viene
siendo el de prescindir de mano de obra, incrementando la carga de
trabajo por trabajadora y, en consecuencia, aumentando el ritmo de
trabajo y la posibilidad de padecer trastornos musculo-esqueléticos.
Otros aspectos relativos a la organización del trabajo que afectan a la
salud, es que en muchos casos, las gobernantas carecen de la formación e
información en materia de prevención necesaria para concienciarse sobre
las repercusiones de los factores de riesgos desencadenantes de los TME a
los que se ven expuestas diariamente las trabajadoras de pisos. Tampoco
suelen recibir a lo largo de su carrera profesional, al ser personal que
no está vinculado a la empresa principal cursos formativos que les
proporcione las habilidades necesarias para encontrar nuevas técnicas y
herramientas para mejorar el clima laboral y la organización del trabajo.
En definitiva junto a la adecuada gestión de aquellos riesgos que más
afectan a este colectivo, la actitud empresarial de reducir mano de obra,
incrementar el ritmo de trabajo al que están sometidas las camareras de
pisos, y el contratar a trabajadoras sin formación, está provocando un
aumento de enfermedades que terminan en incapacidad temporal, derivadas
de patologías musculoesqueléticas, problemas de relaciones
interpersonales entre las trabajadoras, estrés y trastornos de ansiedad.
Otro factor de riesgo desencadenante de los trastornos
músculo-esqueléticos que afecta especialmente a las mujeres, es la doble
presencia. Es decir, la necesidad de atender las demandas del trabajo
doméstico y el trabajo asalariado. Esta sobrecarga física y psicológica
derivada de la doble presencia disminuye el tiempo y la calidad del
reposo, propiciando la acumulación de la fatiga física y la aparición de
lesiones.
Por esta razón podemos afirmar que las mujeres, al final del día, trabajan
más horas que los hombres debido a la falta de conciliación familiar y
laboral, y de una inadecuada distribución de las tareas domésticas,
aspecto que tiene una especial incidencia en el sector de actividad que
nos ocupa. Para solucionar el problema de la doble presencia en el ámbito
de las empresas es preciso contemplar y actuar sobre este riesgo
principalmente a través de la distribución del tiempo de trabajo y la
puesta en práctica, por parte de las empresas y de la propia sociedad, de
los derechos recogidos en la normativa existente relacionados con la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Y no es que las trabajadoras que prestan servicios como camareras de
pisos, tengan más riesgo de sufrir dolencias musculo-esqueléticas, sino
que una vez que han contraído enfermedades por el desarrollo de su
actividad profesional tienen serias dificultades que se les reconozcan
como contingencias profesionales a los efectos de reconocimiento de las
prestaciones a las que tienen derechos, e incluso para el reconocimiento
de un incremento de esas prestaciones por la aplicación del recargo.
Y ellos porque la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales
es absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades se
contemplan entre las enfermedades profesionales aquellas provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos, referidas a actividades como
son pintores, escayolistas y montadores de estructuras, mecánicos,
chapistas, caldereros, sin que entre las profesiones se contemple otras
desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan su
actividad como camareras de pisos, en la cual se sufren las mismas
dolencias, pero dicha profesiones no está entre las ejemplificadas en la
norma, como si lo están profesiones y trabajos masculinizados,
produciéndose una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida en
el art 14 CE.
Esta discriminación tiene una gran relevancia práctica puesto que una
trabajadora que tenga la misma dolencia que un trabajador, provocada por
su actividad laboral, no se ve beneficiada por la presunción de
laboralidad y la declaración de enfermedad profesional, sino que tendrá
que probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y
que por lo tanto es un accidente de trabajo.
Así aunque en las actividades desarrolladas predominantemente por las
mujeres, dada la segregación ocupacional horizontal que existe en nuestro
mercado laboral, como pasa en el sector de la hostelería, son más
frecuentes los riesgos relacionados con posturas de trabajo inadecuadas,
largas jornadas de pie, trabajos repetitivos y exposición a agentes
químicos (productos de limpieza) las mujeres tienen más dificultades para
que se les reconozca una dolencia como profesional, ya que la actividad
de camarera de pisos no aparece en el catálogo y por tanto, no se
benefician de la presunción de que en esta actividad se realizan los
movimientos articulares determinantes de la enfermedad, lo que las
exigirá acreditar para el diagnóstico de la enfermedad profesional, la
realización de los movimientos articulares determinantes de la enfermedad
profesional y acudir a la vía judicial.
Agravado por una circunstancia que ya se ha manifestado en esta
proposición y es que la presencia mayoritaria de las mujeres en este
sector expondrá a estas, principalmente a los riesgos ergonómicos,
psicosociales y también higiénicos y esto tiene gran relevancia, pues
dado que nuestra legislación preventiva carece de una verdadera
perspectiva de género todas las técnicas preventivas y las actividades
relacionadas con la higiene, la ergonomía o la organización del trabajo
están menos desarrolladas que las técnicas preventivas vinculadas a la
seguridad, lo que no favorece tampoco la prevención de las enfermedades;
la gestión de la prevención desde la perspectiva de género son
actuaciones sobre las que como se ha señalado, no se ha incidido ni
legislativamente, ni en la práctica empresarial, lo que nos lleva a la
necesidad de modificar la legislación vigente, para incorporar la
diferenciación del género en todas las obligaciones preventivas de la
empresa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales,
revise y modifique la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y demás normativa de desarrollo, incorporando la
perspectiva de género tanto en la gestión de la prevención como en el
conjunto de obligaciones empresariales y de los demás agentes implicados
en la prevención, como los Servicios de Prevención Ajenos, asentando su
base legal y reglamentaria para que no se puede obviar una correcta
transversalidad de la perspectiva de género en todos los aspectos
preventivos y para gestionar todos aquellos riesgos que inciden más en la
salud e integridad de las mujeres trabajadoras.
2. Planifique en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco
de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
campañas de prevención de riesgos en el sector de la hostelería, a los
efectos de vigilar que por parte de las empresas se adopten las medidas
oportunas para que se tenga en cuenta la perspectiva de género en los
instrumentos a través de los cuales gestiona la prevención como son el
Plan de Prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva, especialmente en relación al desarrollo de la
prestación laboral de las camareras de pisos.
En relación al desarrollo de esta prestación laboral, y por lo que se
refiere a la planificación de la actividad preventiva así como a su
diseño y adopción de medidas, se atenderán sus peculiaridades comprobando
los aspectos relativos a la ergonomía, la organización del trabajo y el
ritmo de trabajo.
3. Asimismo, planificará en colaboración con las Comunidades Autónomas
campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
materia de tiempo de trabajo en el sector de la hostelería, a los efectos
de comprobar aspectos de jornada, horario, descanso, estudios de tiempo y
movimientos y el uso de la contratación a tiempo parcial, especialmente
en relación al desarrollo de la prestación laboral de las camareras de
pisos.
4. Valorar el establecimiento de protocolos específicos en el desarrollo
de la vigilancia de la salud en relación a la actividad profesional de
las camareras de pisos, para valorar la existencia de trastornos
musculo-esqueléticos, teniendo en cuenta todas las circunstancias que
concurren en su actividad.
5. Introducir en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020 actuaciones que garanticen la perspectiva de género, tanto en
los Planes de acción como en las campañas de divulgación en el sector de
hostelería.
6. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la
Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, para evitar que su aplicación pueda provocar discriminaciones
indirectas por razón de género. A tal fin, incluirá dentro de este Cuadro
las enfermedades profesionales provocadas por posturas forzadas y
movimientos repetitivos, como los efectuados por el desempeño de la
actividad de camareras de piso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-María del
Rocío de Frutos Madrazo y María Tamara Raya Rodríguez, Diputadas.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para promover el
cumplimiento eficaz de las obligaciones preventivas en la empresa durante
el embarazo y la lactancia de la trabajadora y garantizar el
reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo y lactancia, para
su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, y los
instrumentos jurídicos diseñados para garantizarla, sobre todo en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, aun siendo en su momento un paso decisivo, ha resultado ser
insuficiente. Avanzar hacia igualdad pasa por garantizar conciliación de
la vida familiar y laboral y como un paso previo garantizar la
efectividad de las medidas de prevención de riesgos laborales, en el
ámbito de la maternidad.
Las principales medidas de protección de la mujer tanto en el ámbito
internacional como nacional van referidas tradicionalmente y también en
la actualidad a la protección de la maternidad, el feto y la lactancia.
No sólo con los Convenios de la OIT que regula prohibiciones de trabajos,
de exposición o manipulación de productos, sino que la UE a través de la
Dir 92/85/CEE protege la seguridad y salud de la mujer embarazada o que
haya dado a luz recientemente y compromete a los Estados Miembros a
adaptar las condiciones de trabajo su situación, pasando por un cambio de
puesto de trabajo o el pase a la situación de IT.
En esta línea la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos
laborales (en adelante, LPRL), en sus art 25 y 26, establece que en la
evaluación de riesgos se ha de tener en cuenta la naturaleza, el grado y
la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo, parto y lactancia natural a agentes, procedimientos y
condiciones de trabajo, que puedan influir negativamente en su salud o en
la del feto y la prohibición de que la trabajadora embaraza o en periodo
de lactancia realice actividades que supongan riesgo de exposición a
determinados agentes o condiciones de trabajo. Cuando la evaluación de
riesgos revele un riesgo o una posible repercusión sobre el embarazo o la
lactancia, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición
(organización del trabajo, adaptación o cambio de puesto, suspensión del
contrato).
Si bien es cierto que con la LPRL se subsanaron muchas de las deficiencias
que se habían puesto de manifiesto hasta esa fecha en la regulación de
los aspectos jurídicos preventivos de la maternidad de la mujer
trabajadora, hay que reconocer, que la transposición efectuada en España
de la Directiva 92/85/CEE llevada a cabo por la LPRL, se realizó con
retraso y de manera parcial, por lo que ha sido necesario esperar más de
quince años para considerar incorporada la Directiva comunitaria en su
totalidad, y ello aun cuando se avanzó con la publicación de la Ley
39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar, que corrige en gran medida las carencias que planteaba el
artículo 26 de la. LPRL, aclarando cuáles deben ser las actuaciones que
debe realizar el empresario para salvaguardar debidamente la salud y la
seguridad de la madre y del hijo/a. Además, esta Ley regula e incorpora
novedades importantes dentro de la acción protectora de la Seguridad
Social; la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la
nulidad del despido por embarazo.
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (LOIMH), introduce tres importantes
novedades que afectan a las condiciones de acceso a la prestación
económica de la Seguridad Social, a la cuantía de dicha prestación, y a
la calificación de la contingencia.
También incorpora numerosas novedades referidas a la protección de la
mujer en los supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo en periodo
de lactancia (hasta que el hijo cumpla 9 meses). La trabajadora que
desempeñara un puesto de trabajo expuesto a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que pudieran producir algún daño a su salud o la
del feto, el recién nacido o lactante, a que se adapten sus condiciones
de trabajo, se le cambie de puesto de trabajo y si esto no es posible se
le conceda una prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia.
Aun así en numerosos supuestos la trabajadora tiene que reclamar sus
derechos en vía judicial, aunque pese a las luces y sombras de las
diferentes resoluciones judiciales, tanto en el ámbito comunitario como
en nuestro país, las abundantes sentencias en relación con dicha
normativa, han realizado una interpretación expansiva de la tutela
protectora del embarazo y la lactancia.
Una de las últimas sentencias en esta materia, de fecha 19 de octubre del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre el
caso de una enfermera del servicio gallego de salud a la que le fue
denegada la consideración de trabajadora en riesgo durante la lactancia,
ha señalado una vez más que las Administraciones y las empresas deben
proteger por igual a las trabajadoras que estén embarazadas y a las que
se encuentren en periodo de lactancia.
La enfermera, entonces madre lactante y trabajadora del Servicio Galego de
Saúde en un servicio de urgencias, quería obtener la prestación económica
por riesgo que contempla la norma.
Sin embargo, ni el Servicio Galego de Saúde, ni el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (el INSS) consideraron que ese riesgo existía. Su
centro había emitido un informe en el que negaba la existencia de
riesgos. El INSS se negó a expedir a la enfermera una certificación
médica que acreditara que se encontraba en periodo de lactancia y que su
puesto la colocaba en una situación de peligro.
La trabajadora acudió a los tribunales y fue el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia el que acudió al TJUE para que resolviera varias
incógnitas sobre la directiva de igualdad de oportunidades y su
aplicación.
El Tribunal de la Unión Europea reafirmó que esa Directiva Europea se
aplica también a las trabajadoras en periodo de lactancia: "Dado que el
permiso de maternidad tiene por objeto proteger a la trabajadora
embarazada, a la trabajadora que ha dado a luz y a la trabajadora en
período de lactancia, y que la condición de mujer en período de lactancia
está estrechamente ligada a la maternidad y, específicamente, al embarazo
o al permiso por maternidad, las trabajadoras en período de lactancia
deben tener la misma protección que las trabajadoras embarazadas o que
han dado a luz".
Por tanto, el trato "menos favorable" a una madre trabajadora en periodo
de lactancia es también un caso de discriminación por razón de sexo.
La sentencia recuerda también que existe una Directiva Europea sobre
medidas de seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan
sido madres o que estén en periodo de lactancia. Evaluar los riesgos de
un puesto de trabajo sin tener en cuenta esta norma es, por tanto, un
caso de discriminación por razón de sexo.
"Una evaluación no conforme con las citadas exigencias priva a la
trabajadora afectada y su hijo de la protección que ha de otorgárseles en
virtud de la Directiva 92/85, porque pueden estar expuestos a riesgos
potenciales cuya existencia no haya sido correctamente demostrada al
evaluar los riesgos que presenta el puesto de trabajo de la trabajadora
afectada", dice el texto, que añade que no se puede "tratar del mismo
modo" a una trabajadora en período de lactancia que a cualquier otro
trabajador porque su situación específica "requiere imperativamente un
trato especial por parte del empresario".
Tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, la protección a la
mujer trabajadora no debe limitarse a su condición biológica durante el
embarazo y después de éste ni a las relaciones entre la madre y el hijo
durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también
condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empresario
evitando las consecuencias físicas y psíquicas que medidas
discriminatorias podrían tener en la salud de la trabajadora y afianzando
al mismo tiempo todos los derechos laborales que le corresponden en su
condición de trabajadora al quedar prohibido cualquier perjuicio derivado
de aquel estado.
En la misma línea el Tribunal Supremo deja muy claro que para poder
percibir la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural deben cumplirse los requisitos legalmente previstos de manera
sucesiva, es decir, que en primer lugar hay que evaluar, para constatar
que existe un riesgo que se
produce cuando las condiciones de trabajo puedan influir negativamente
sobre la salud de la mujer o de su hijo.
En segundo lugar, una vez constatado el riesgo, hay que justificar que no
ha sido posible por parte de la empresa eliminar el riesgo o adaptar las
condiciones de trabajo de la empleada y, en tercer lugar, si lo anterior
no ha sido factible, demostrar que tampoco es posible trasladar a la
trabajadora a un puesto compatible con su estado.
También queda claro, que la suspensión del contrato de trabajo por riesgo
durante el embarazo o la lactancia es una medida subsidiaria que sólo se
puede adoptar después de probar que existe un riesgo específico y que no
son posibles o no son eficaces otras medidas previas como la adaptación
de las condiciones o del tiempo de trabajo o, si esto no es factible, el
cambio de puesto.
En nuestra jurisdicción la mayoría de las sentencias se desestiman por la
misma causa: la no acreditación de la existencia del riesgo,
paradójicamente por incumplimiento por parte de la empresa de las
obligaciones que la ley le impone.
La ausencia de concienciación e implicación en cuanto a la aplicación de
medidas preventivas en los centros de trabajo, han supuesto siempre una
asignatura pendiente, situación que se ha ido deteriorando en los últimos
años como consecuencia de la crisis económica por la que se atraviesa,
siendo la prevención junto con el empleo, las primeras medidas de ahorro
que ponen en marcha los empresarios.
Sin ánimo de ser pesimistas y asumiendo que los avances han sido muy
importantes, la realidad es que en la mayoría de las empresas, se
realizan evaluaciones genéricas sin entrar en la evaluación de los
puestos de trabajo y mucho menos, en evaluar de manera específica, las
repercusiones que determinadas sustancias, tareas, jornada,
procedimientos, etc. pueden tener en la salud de la madre gestante o en
el hijo/a.
Debe ser prioritaria la puesta en marcha de medidas preventivas, bien
eliminando los riesgos o bien realizando el cambio de puesto o funciones,
por dos razones: en primer lugar por el derecho fundamental de proteger
la salud y seguridad de la madre y/o el hijo/a y en segundo lugar, para
no dar lugar innecesariamente a prestaciones que se pagan con las cuotas
de todos los afiliados al sistema, cuando esta es una cuestión que
corresponde al empresario abordar y solucionar.
La realidad es que en numerosas empresas no se aplica o se aplica muy
deficientemente el contenido íntegro del artículo 26 de la LPRL, si se
controlasen de forma eficaz que todas las empresas tengan las
evaluaciones realizadas y especificados los puestos de trabajo exentos de
riesgo para las situaciones de embarazo y lactancia, estaría mucho más
protegida la mujer embarazada y su descendencia y se evitaría la
controversia en los juzgados.
Las causas fundamentales por las que las mujeres acuden a los Juzgados
para reclamar por situaciones que perjudican su embarazo o lactancia
natural son las siguientes: los turnos y las jornadas de trabajo, la
exposición a agentes químicos y biológicos, la bipedestación, la
exposición a cargas o esfuerzos, no tener un lugar adecuado para la
extracción de la leche.
Además en la actualidad, la configuración del riesgo por embarazo o
lactancia natural son prestaciones derivadas de contingencias
profesionales, siendo las mutuas mayoritariamente las que determinan la
existencia o no de riesgo, así como la prestación económica.
Se dota a las Mutuas de un papel fundamental, no solo en la decisión de
las condiciones de trabajo, agentes y procedimiento que pueden justificar
la suspensión del contrato durante el riesgo por embarazo o lactancia,
sino también en si procede o no la prestación correspondiente. Resultando
paradójica que en la misma entidad residan dos acciones radicalmente
opuestas reconocer el riesgo y conceder la prestación.
Las trabajadoras embarazadas, las que hayan dado a luz recientemente o las
que se encuentren en periodo de lactancia son un colectivo especialmente
sensible y por ello deben tomarse medidas específicas para proteger su
seguridad y salud, evitando la situación de indefensión en que las coloca
la inactividad preventiva de la empresa y la interpretación restrictiva
de las Mutuas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
para exigir a la empresa que realice la evaluación inicial de todos los
puestos de trabajo, para determinar qué puestos están
exentos de riesgos para el embarazo o lactancia y ello aunque no exista en
ese momento ninguna trabajadora en situación de embarazo o lactancia.
- Promover campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social
para que en er supuesto de que exista una trabajadora en situación de
embarazo o lactancia se realicen evaluaciones específicas, evaluando el
puesto en función de la situación individual (embarazo o lactancia) y de
las características especiales de la madre embarazada o en periodo de
lactancia.
- Impulsar protocolos de actuación para las Mutuas Colaboradoras en la
gestión de la Seguridad Social, que incluyan entre los riesgos protegidos
los que pudieran afectar en el embarazo y la lactancia.
- Aumentar las inspecciones de trabajo en empresas y en el ámbito de la
administración pública para evitar cualquier tipo de discriminación de
las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-María del
Rocío de Frutos Madrazo y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un programa
de desarrollo económico alternativo y de restauración de las zonas más
degradadas por la minería del carbón en la ciudad de Puertollano, para su
debate en la Comisión de Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Puertollano concibe el "Marco de Actuación para la Minería del Carbón y
las Comarcas Mineras para el período 2013 a 2018" como una oportunidad
para revitalizar el empleo, las empresas y la industria en la ciudad
mejorando su sostenibilidad. Tanto su revitalización económica, como su
revitalización medio ambiental.
La ciudad aspira a crear las condiciones para favorecer una economía con
consumo bajo de carbono. Todo un reto para una ciudad cuya economía se
basó en la extracción de carbón.
Desde el Ayuntamiento de Puertollano y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se ha instado al Gobierno para que se proceda a la
preparación de un Convenio Marco de colaboración según lo previsto en el
Real Decreto 675/2014 en su artículo 10.
En una reunión celebrada recientemente con la Dirección General de
Política Energética y Minas se entregó el Informe de Dirección General de
Industria, Energía y Minería del Carbón de la Consejería de Economía y
empresas y memoria justificativa del interés de las actuaciones para la
comarca minera de Puertollano necesarios para proceder a la preparación
del mencionado Convenio Marco.
El Convenio Marco para el impulso económico de las comarcas productoras
compromete la implicación de las administraciones central y autonómica en
la financiación y ejecución de obras de infraestructuras y restauración
ambiental de zonas degradadas a causa de la actividad extractiva. Una vez
que se firme habrá que incorporar una planificación con los proyectos
propuestos por la Comunidad, para cuya materialización será precisa la
firma de convenios específicos.
El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en
el período 2013-2018 define dos modelos de ayudas de impulso económico
para favorecer el desarrollo alternativo y la creación de empleo en los
municipios mineros: las dirigidas a financiar nuevas instalaciones
empresariales y ampliación de las existentes y las orientadas a
infraestructuras.
El abanico de intervenciones financiables al amparo de este Convenio Marco
abarca en primer lugar la ejecución de infraestructuras para favorecer el
asentamiento de industrias alternativas y, con ello, la diversificación
productiva. En este apartado se incluyen obras de adecuación en polígonos
industriales; creación y equipamiento de viveros de empresas y centros de
desarrollo tecnológico y proyectos de optimización y eficiencia
energética.
En segundo lugar, se prevén iniciativas de mejora medioambiental con la
finalidad de configurar un entorno atractivo para la implantación de
empresas. En este capítulo tienen cabida acciones de restauración,
recuperación y revalorización de escombreras, zonas degradadas y espacios
afectados por las explotaciones mineras del carbón; recuperaciones
forestales y tratamientos silvícolas; intervenciones de saneamiento
atmosférico dirigidas a la mejora de la calidad del aire y de los niveles
sonoros y obras en estaciones de depuración de aguas residuales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suscribir, con la mayor
celeridad posible, el Convenio Marco de Colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya ha mostrado su disposición y
adelantado parte de su trabajo. En el mismo se establecerán los detalles
de la gestión de las actuaciones del programa de desarrollo económico
alternativo y de restauración de zonas más degradadas por la minería del
carbón."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Isabel
Rodríguez García, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en
establecimientos hoteleros españoles, para su debate en la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Un nuevo fenómeno viene afectando a lo largo de los últimos años a los
empresarios turísticos españoles. Son las denuncias por supuestas
intoxicaciones alimenticias y reclamaciones con motivo de su estancia en
hoteles de nuestro país, que en su inmensa mayoría proceden del mercado
británico.
Una de las cuestiones fundamentales de este asunto son las cláusulas
contractuales incorporadas a los contratos de colaboración comercial
entre touroperadores británicos y hoteles españoles. Concretamente se
trata de dos cláusulas. La cláusula de sumisión al fuero judicial del
Reino Unido y la cláusula de descuento unilateral, ambas establecidas
como condiciones generales de contratación, es decir, predispuestas e
incorporadas a estos contratos de adhesión por el touroperador, por las
cuales se otorga la facultad de aplicar descuentos en la facturación de
manera casi automática y unilateral en la relación económica que le une
con el hotelero.
Los descuentos son resultado de la aplicación de una de las referidas
cláusulas, por las cantidades pagadas por los touroperadores para la
compensación de reclamaciones de responsabilidad civil planteadas por
turistas británicos que, durante sus vacaciones o tras su regreso al
Reino Unido, por enfermedades leves, generalmente, gastroenteritis,
supuestamente contraídas en el transcurso del viaje con motivo de la
estancia en los hoteles en régimen de pensión completa y "todo incluido".
Estas cláusulas trasladan la responsabilidad del touroperador al hotel si
bien, según el sistema británico de protección al consumidor y la
Directiva UE 2015/2302 de viajes combinados, el touroperador es
responsable de todo lo que le ocurre al turista en su viaje, incluido
cualquier incidencia que tenga lugar en el hotel. A lo anterior se añade
la renuncia al fuero español y sometimiento expreso a los tribunales y
juzgados del Reino Unido para cualquier divergencia derivada de dichos
contratos, lo que implica el encarecimiento y dificultad en la defensa de
los derechos de las empresas hoteleras.
Estas cláusulas, inicialmente predispuestas para proteger al consumidor y
al touroperador, se han convirtiendo en el medio adecuado para amparar el
negocio en auge de empresas británicas "claim farmers" (también
denominadas "managemet claim companies" o "collectors"), dedicadas en
exclusiva a recabar las "íllness claims" o demandas por enfermedad,
captando datos de clientes de diversos modos, entre otros: (1)
anunciándose en los medios y redes sociales; (2) en destino (hoteles,
farmacias, bares, etc.); y (3) llamada fría. Estas empresas, a su vez,
ceden los datos de estas reclamaciones a despachos de abogados británicos
a cambio de comisiones. Debido a esta forma de actuar, en 2016 las
reclamaciones se incrementaron en un 700 %.
El procedimiento aplicado por el touroperador para determinar si paga o no
la compensación reclamada por el cliente es el siguiente: el touroperador
comunica al hotel la presentación de la reclamación, le da traslado de la
misma y le solicita contestación contundente en un plazo determinado,
requiriéndole, asimismo, que aporte información y documentación adecuada
para evitar que dicha compensación sea satisfecha y, en consecuencia,
aplique el descuento.
La falta de documentación y su custodia o archivo durante varios años,
relativa al cumplimiento de las exigencias en materia de calidad, higiene
y atención al cliente, mantenimiento de piscinas y biosanitarios, de
comidas, de consumiciones suministradas, control de posibles excursiones
o salidas, asistencias médicas o dolencias manifestadas por los
huéspedes, impiden que los hoteles den una respuesta ágil y eficaz o,
incluso, en algunos casos, impide que el hotel sea capaz de dar una
respuesta, a la solicitud de información de touroperador, una vez se
recibe la reclamación. Esto provoca la asunción o adjudicación de la
responsabilidad civil al hotel y la aplicación del descuento unilateral
por el touroperador, a consecuencia del pago de la compensación al
cliente por el touroperador.
Otro de los desencadenantes de la situación actual es la inclusión de los
gastos de asistencia jurídica del cliente afectado en los descuentos
unilaterales realizados por los touroperadores a los hoteles. Es decir,
además de la indemnización del cliente afectado, los descuentos incluyen
los gastos de asistencia jurídica del abogado británico, se haya
celebrado juicio o no, que generalmente supera el importe de la
indemnización.
Asimismo, la proliferación de las reclamaciones se ha visto agravada por
la reforma de la Justicia Británica a través de llamado "Legal Aid,
Sentencing and Punishment of Offenders Acf" (LASPO) que entró en vigor en
abril del 2013.
Dicha Ley regula el sistema de cobro de honorarios de los abogados
británicos y permite al cliente ni tan siquiera adelantar dinero como
provisión de fondos de gastos y honorarios legales para interponer la
reclamación. Los abogados únicamente perciben honorarios si el cliente
obtiene el pago de una indemnización. En cualquier caso, si bien no
percibe honorarios de su cliente, los abogados los reclaman al
touroperador, adhiriendo esa cantidad a la reclamada en concepto de
indemnización.
Efectivamente, y según estimaciones del sector turístico, las peticiones
que los turistas británicos han realizado por supuestas intoxicaciones
alimentarias en establecimientos hoteleros españoles, ascienden a más de
50 millones de euros. Se trata de falsas denuncias por supuestas
intoxicaciones que, casi siempre, se canalizan a través de los mismos
bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. Los
hoteleros han comprobado como ciudadanos británicos actúan en las propias
zonas turísticas como comerciales de estos despachos de abogados, y
persuaden en la misma calle a potenciales clientes. Tratan de convencer a
estas personas de que pueden conseguirles unas vacaciones gratis. La
realidad es que la legislación británica se lo pone fácil. Para realizar
una reclamación falsa el ciudadano británico le basta probar que ha
comprado un fármaco. Luego eso se viste de informes médicos, muchas veces
realizados meses después, y se reclama ante la justicia británica.
El informe de la Asociación Británica de Agentes de Viaje (ABTA), indica
que las reclamaciones por intoxicación alimentaria de los turistas
británicos crecieron un 131 % con respecto al mismo periodo de 2015. Para
esta asociación llama la atención que ese repunte en las denuncias no se
corresponde con un aumento de las enfermedades en los destinos.
Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido, el reclamante no tiene que
acreditar la enfermedad, ya que el coste legal al que se enfrenta el
reclamado en caso de exigir dicha acreditación suele ser mayor que la
propia indemnización, de ahí que muchos turoperadores abonan la solicitud
de compensación, que luego deben repercutir en los hoteleros españoles,
que son quienes finalmente costean estas prácticas fraudulentas.
Por parte del Gobierno español, se han realizado gestiones que han
conseguido que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, haya
emitido una declaración en la que reconoce que España es un "destino
seguro" y advierte a los ciudadanos que denunciar en falso es un delito.
No obstante ello, el daño de carácter comercial, más allá del coste
económico, es también importante y no sólo para el empresario hotelero,
en el fondo todo el sector de la alimentación español, los
distribuidores, los profesionales del sector servicios, etc ... en
definitiva, nuestra principal industria, el Turismo se resiente de estas
falsas denuncias.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando
acciones que combatan las situaciones de abusos que se están produciendo
por parte de turistas británicos, para detectar, corregir y evitar que
denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos
hoteleros españoles se sigan produciendo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para fomentar el turismo de
personas mayores de 65 años y/o personas discapacitadas sin límite de
edad de Europa a nuestro país y mejorar la accesibilidad de nuestra
planta hotelera, para su debate en la Comisión de Energía,Turismo y
Agenda Digital.
Exposición de motivos
En un Dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones en febrero
del año pasado se aboga por un planteamiento integrado del turismo
adaptado a las personas de edad. El objetivo es impulsar las economías
locales y regionales y crear empleo. España recibió más de seis millones
de turistas mayores de 65 años en 2014, con un impacto económico de más
de 7.000 millones de euros.
Estamos hablando del 10 % del total de turistas que acogió España ese año.
Cataluña (1.324.509), Canarias (1.264.823), Andalucía (1.223.802) y
Baleares (1.014.964) son las Comunidades Autónomas con más afluencia de
turistas senior, según datos ministeriales. En la Unión Europea hay más
de 128 millones de ciudadanos de entre 55 y 80 años, un 25 % de la
población total.
Este dictamen puede tener un impacto muy positivo para las zonas
turísticas y contribuye a maximizar el potencial de este segmento
estratégico de mercado, así como a reducir la estacionalidad turística.
Las personas con discapacidad no lo tienen fácil para viajar y disfrutar
como el resto. Pese a que este colectivo tiene un gasto de un 30 %
superior al del resto de los turistas, apenas es tenido en cuenta por
parte de los distintos operadores del sector turístico.
Según una encuesta realizada por Adecco, seis de cada diez personas con
movilidad reducida no viajó a los destinos que le resultaban de interés
este verano por falta de servicios e instalaciones accesibles.
El sondeo revela que el 70 % de ciudadanos europeos con algún tipo de
discapacidad tiene posibilidades económicas de viajar, pero el 85 %
considera insuficiente la oferta de turismo accesible.
La Red Española de Turismo Accesible asegura que el potencial del turismo
accesible asciende a más de 58 millones de viajeros, ya que estas
personas suelen viajar acompañados de familiares o amigos.
Sin embargo, en un informe del Observatorio de Accesibilidad Universal del
Turismo en España presentado por Fundación ONCE, tras analizar 57
destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes. Se señala como principal
concusión que el 40 % de los hoteles de España no cuentan con una
habitación adaptada a las necesidades de personas con discapacidad.
Del estudio se desprende además que cerca de 1.500 establecimientos
hoteleros dicen ser "aptos para silla de ruedas", aunque el personal no
tiene la formación adecuada o la recepción no es accesible.
En cuanto a los restaurantes, el 26,4 % dicen ser aptos, pero la realidad
es que casi la mitad no tiene un aseo adaptado, el 45 % no dispone de un
acceso correcto o a nivel y ninguno presenta menú en formatos
alternativos ni cuenta con personal formado.
Una de las conclusiones que se desprende es que más de la mitad de las
empresas consideran alto o muy alto el coste económico de mejorar la
accesibilidad en sus establecimientos o servicios.
El 56 % de los participantes afirma haber incorporado una política o
compromiso respecto a las personas con discapacidad, el 11 % un
responsable de la accesibilidad universal en el establecimiento y un 10 %
asegura haber contratado a personas de este colectivo.
En este informe sobre hábitos turísticos en los últimos dos años, se
concluye que no hay diferencia significativa entre el número de viajes
realizado en los últimos 24 meses por las personas con alguna
discapacidad o necesidades especiales (7 viajes) y las personas sin
necesidades especiales (8 viajes). Es decir, las personas con
discapacidad o necesidades especiales viajan con una frecuencia similar a
la de las personas sin necesidades especiales.
Además, en el análisis del gasto hecho en el último viaje se llega a otra
conclusión "muy clarificadora": el gasto medio realizado por los turistas
con discapacidad y necesidades especiales (813,65? de media) fue
significativamente superior al desembolso efectuado por las personas sin
necesidades especiales (637,60? de media).
Por último, el 25 % de las personas con movilidad reducida invierte más de
4.000 euros anuales en viajes, cifra que según la fundación podría
incrementarse de existir una oferta turística más accesible.
Por todo ello, el Gobierno debería poner en marcha medidas tendentes a
fortalecer este sector.
La primera sería realizar por una campaña publicitaria en Europa dirigida
a turistas de más de 65 años para visiten nuestro país, dado la
potencialidad que tiene este sector turístico y por otra parte impulsar
créditos reembolsables para que sobre todo hoteles que no son de reciente
construcción en zonas turísticas, pero también restaurantes, puedan
mejorar su accesibilidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha, implicando en ella a los organismos, empresas u otros
estamentos del sector, una campaña publicitaria en Europa dirigida a
turistas jubilados de más de 65 años y/o personas con discapacidad sin
límite de edad para que visiten nuestro país.
2. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades
locales, un sistema de créditos reembolsables para mejorar la
accesibilidad de la planta hotelera, así como de restaurantes u otros
establecimientos de carácter netamente turístico, en zonas turísticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de
medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera y
del vehículo eléctrico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo
y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El modelo energético que ha caracterizado el desarrollo económico del
siglo XX, basado principalmente en el uso ineficiente de recursos de
origen fósil, parece estar llegando a su fin. El impacto que sobre el
medio ambiente, la salud pública y las relaciones económicas y sociales
está produciendo esta manera
de generar y consumir energía pone de manifiesto que ha llegado el momento
de actuar e impulsar un cambio de modelo energético. Sin embargo, los
esfuerzos que desde el Estado se han venido realizando para llevar a cabo
una transición energética basada en el ahorro y la eficiencia, la
generación descentralizada y democrática, la baja emisión de carbono, el
aprovechamiento intensivo de los recursos renovables y el abandono
progresivo de las fuentes de energía más contaminantes, adolecen de una
escasez de objetivos y de una falta de efectividad en las medidas
propuestas.
Respecto al transporte por carretera, éste es responsable de las dos
terceras partes del consumo total de petróleo que consume España, cuyo
porcentaje de dependencia exterior del petróleo es un 10 % superior a la
media de la UE. Asimismo, la contaminación atmosférica por partículas
finas y ultrafinas, así como por óxidos de nitrógeno generada por el
parque de vehículos diésel y gasolina es la principal causa de la mala
calidad del aire que respira la ciudadanía en nuestro país (las emisiones
de dióxido de carbono suponen el 21 % de las emisiones globales en
transporte del Estado español).
En la actualidad existe una oportunidad para reducir esa dependencia
exterior y reducir las emisiones. La introducción de nuevas tecnologías
de movilidad eléctrica, entre las cuales se encuentra el vehículo
eléctrico, puede suponer una oportunidad para llevar a cabo un cambio de
modelo. Los vehículos propulsados con energías alternativas a los
combustibles fósiles tradicionales están llamados a formar parte de la
movilidad sostenible en el transporte a nivel global, tanto en las
ciudades como en las carreteras, debido a sus beneficios en materia de
diversificación energética y reducción de la dependencia de los productos
petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras
emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto a
mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la
contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías
autóctonas, especialmente de fuentes renovables.
Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (MINECO) ha venido impulsando el conocido Plan de Impulso
a la movilidad con vehículos de energías alternativas (MOVEA) para la
adquisición de vehículos de este tipo de vehículos y la implantación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este plan, que es una medida
que forma parte de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías
Alternativas (VEA) en España 2014-2020, no está siendo eficaz si lo
comparamos con los objetivos alcanzados en países de nuestro entorno.
Mientras que la mayoría de ellos cuentan con índices de renovación del
parque de vehículos convencionales por vehículos eléctricos superiores al
2 % anual, España todavía se encuentra en un índice del 0,4 % de
renovación. Además, la partida presupuestaria dedicada al mismo lleva dos
ejercicios seguidos congelada. La consignación presupuestaria en la Ley
de Presupuestos Generales del año 2017 ha sido de 16,6 millones de euros
al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para desarrollar
el último plan MOVEA. Un plan de ayudas para la adquisición de vehículos
que se ha circunscrito a incentivos individuales, quedando como era
previsible, agotada la partida presupuestaria en 48 horas. El criterio de
distribución se estableció por tipo de tecnología en el reparto de fondos
del Plan MOVEA, y las subvenciones se concedieron en régimen de concesión
directa. A1 diferencia de otros países de nuestro entorno, que han puesto
en marcha importantes medidas de reducción impositiva a la compra de
vehículos eléctricos, entre ellos Noruega y Holanda, ni España ni la
Comisión Europea han realizado propuesta legislativa alguna en este
sentido.
Ha llegado el momento de hacer una apuesta decidida por la movilidad con
energía eléctrica. Por lo que se refiere al vehículo eléctrico, éste ya
es una realidad que crece significativamente pero a un ritmo más lento
que las previsiones inicialmente realizadas a finales de la década
pasada. Una estrategia de impulso real de vehículos con energías
alternativas permitiría alcanzar un parque total de aproximadamente unos
150.000 vehículos en el año 2020. En cuanto a la infraestructura de
puntos de recarga de acceso al público de vehículos eléctricos,
adicionales a los puntos de recarga vinculados al vehículo (1 punto de
recarga vinculada por vehículo), también sería necesario aumentar su
número hasta cumplir con la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y
el Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implementación de una
infraestructura para los combustibles alternativos.
Estas tecnologías de transporte representan, en el actual contexto
económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos
como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la
información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista
industrial y tecnológico, como energético y medioambiental. La movilidad
eléctrica debe convertirse en el motor de un nuevo modelo energético y
una oportunidad para avanzar en el compromiso del crecimiento sostenible,
permitiendo la progresiva implantación de las energías renovables en el
principal sector consumidor de energía final, el transporte por
carretera.
Es necesario dar respuesta a las crecientes necesidades de transporte de
la sociedad de manera más limpia y eficiente posible, porque el potencial
de la movilidad eléctrica es evidente y tan solo aumentando el mercado de
vehículos eléctricos hasta cumplir con los objetivos marcados por la
Directiva 2014/94/UE, se podrían ahorrar toneladas de emisiones de CO2,
millones de litros de combustible y millones de euros al año.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar medidas de
fomento de electrificación del transporte por carretera y del vehículo,
que preceptivamente incluirán:
1. Poner en marcha un plan estable de ayudas económicas para el vehículo
eléctrico ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas
se concentren en momentos determinados y no queden detenidas hasta la
aprobación de nuevas ayudas como sucede actualmente.
2. Eliminar la figura del gestor de carga, para que sea más accesible a
todas las empresas y administraciones públicas ofrecer la recarga de
electricidad siempre y cuando lo hagan de forma gratuita.
3. Reducir los costes fijos del sistema eléctrico para la infraestructura
estratégica de recarga rápida mientras la movilidad eléctrica no alcance
el volumen necesario que permita la viabilidad de modelos de negocio
vinculados a esta modalidad.
4. Incorporar la posibilidad de que los municipios puedan realizar
bonificaciones de hasta el 100 % en el impuesto de vehículos de tracción
mecánica para los vehículos eléctricos.
5. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento
de un porcentaje mínimo del 15 % de plazas de aparcamiento públicos o de
rotación dotadas con infraestructura de recarga normal. Esta cifra
debería alcanzarse antes del 1 de enero de 2019. De manera
complementaria,. se propone la no necesidad de disponer de acometidas
independientes cuando la potencia a utilizar para la recarga de vehículos
eléctricos sea inferior al 25 % de la potencia ya contratada, lo que
supondrá un ahorro económico para el titular de la infraestructura.
6. Promover a través de los cauces de que disponga, las modificaciones
necesarias en la Directiva 2003/96/CE, para que se puedan aplicar tipos
impositivos reducidos a los vehículos eléctricos.
7. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento
de un porcentaje mínimo del 5 % de plazas de estacionamientos municipales
de carácter público y en la vía pública dotados con recarga eléctrica
normal para los municipios de más de 20.000 habitantes. Estas plazas
deberían tener una reserva preferente entre las 20.00 y las 07.00 horas,
con el fin de trasladar los consumos a los horarios de menor demanda y
así facilitar la gestión del sistema eléctrico. Esta medida debería estar
implementada el 1 de enero de 2018."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Josep
Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no Ley para instar a la creación de un Observatorio de Precio
a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para
fortalecer la cadena alimentaria europea, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Estamos asistiendo años tras años en las distintas campañas agrícolas
españolas problemas por la existencia de desequilibrios económicos en las
relaciones comerciales entre los distintos operadores que
intervienen y en las diferencias en cuanto al poder de negociación. Las
prácticas comerciales desleales que se producen en todas las etapas de la
Cadena de suministro de productos agrícolas y ganaderas, redunda siempre
en el eslabón más débil de la cadena, que es el agricultor y ganadero.
Se hace imprescindible que trabajemos todos por buscar un equilibrio de
todos los agentes que participan en este proceso, que deben de percibir
una compensación justa por su trabajo y esfuerzo llevado a cabo por los
agricultores y ganadores.
Si todos no hacemos un gran esfuerzo por acabar con la prácticas
comerciales desleales que se están llevando a cabo en los campos
españoles, terminaremos con los pequeños agricultores y ganaderos. Por
ello se hace necesario mejorar la cadena alimentaria a nivel europeo, con
ello se podrá poner freno a las prácticas desleales.
Se hace necesario la cooperación entre los productores comunitarios, sobre
todo los de productos más perecederos, que son el sector más sensible a
estas desigualdades a la hora de la venta de sus productos, como son las
frutas y hortalizas.
Consideramos que la cadena agroalimentaria es un ámbito de competencia
compartida entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros y hay que
intervenir por el principio de subsidiariedad para mejorar la Cadena
Alimentaria a nivel Europeo.
Es decir, en el ámbito concreto de la intervención en esta cadena, la UE
debe ejercer esta competencia desarrollando medidas legislativas en la
medida que sean necesarias conforme al principio de subsidiariedad, es
decir, que la Unión actuará sobre dicha materia siempre y cuando
demuestre mayor eficiencia que el propio Estado miembro sobre la misma.
El Grupo Parlamentario socialista venimos denunciando el abuso de
prácticas comerciales desleales, y se hace necesario, tomar medidas desde
la Comisión europea y planteamos la creación de un Observatorio de
Precios a nivel Europeo, ya que esta herramienta podría ofrecer
información de utilidad para el sector agrario europeo. Tenemos que ir a
mercados trasparentes.
Un observatorio de precios es un instrumento de análisis de tendencia del
mercado y una herramienta de apoyo en la toma de decisiones estratégicas,
que dota de una mayor transparencia al mercado agrario y ganadero, que
pueda establecer referencias de precios, lo que debe repercutir en un
mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria.
Con ello cualquier agricultor y ganadero de cualquier pueblo de la
eurozona puede tener conocimiento de los precios y de las tendencias del
mercado, esto es clave en un sector como el primario para que los
distintos actores del mercado, agricultores y ganaderos, puedan tomar
decisiones que optimicen la rentabilidad de sus explotaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a demandar ante las
instituciones de la Unión Europea la creación de un Observatorio de
Precios y Mercados, como herramienta fundamental para fortalecer la
transparencia de la cadena alimentaria europea y de apoyo en la toma de
decisiones estratégicas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Manuel
Gabriel González Ramos, Josefa Inmaculada González Bayo y María Jesús
Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas sociales y en
materia de infraestructuras hidráulicas en Andalucía con motivo de la
sequía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
En el inicio del año hidrológico-meteorológico 2017-2018 en Andalucía, el
pasado mes de septiembre, último del que constan estudios, ha sido el
segundo más seco de la serie de referencia. Las precipitaciones fueron
muy escasas en la práctica totalidad de las cuencas andaluzas.
El valor conjunto de precipitaciones alcanzado a finales de septiembre ha
sido de -0,67; valor muy por debajo del -0,4 que marca la situación de
sequía.
Aunque la situación es especialmente grave en las áreas de Andalucía
Oriental, también son zonas gravemente afectadas el Alto Guadalquivir y
los Sistemas Béticos, incidiendo -según recientes estudios- de forma
transversal a toda la Comunidad Autónoma, desde la Sierra de Grazalema
hasta la Sierra de Cazarla.
Dicha situación no tiene perspectivas de cambiar en los próximos meses,
debido al déficit acumulado en los últimos años. En tales circunstancias,
el estado de la vegetación está muy por debajo del valor normal esperado
para este mes en Andalucía, bajando en 5 puntos desde 2013. La sequía
pluviométrica que soporta Andalucía ha llevado a su vegetación y, por
ende, a su producción agrícola, a una situación de estrés hídrico
generalizado.
El reciente Informe de la Junta de Andalucía sobre el Aforo del sector del
aceite, ha puesto de manifiesto la reducción de un 15,8 % de la cosecha
de aceite para la presente campaña, lo que supondrá una caída, sólo en
este cultivo, de 900.000 jornales en Andalucía. A ello habría que añadir
la reducción del 19 % en la campaña de la aceituna de mesa, a punto de
finalizar.
A pesar de esta situación, que ha sido puesta de manifiesto a través de
distintas iniciativas por el GPS a nivel nacional y de forma específica
en el caso de Andalucía, por parte del Gobierno de España no se han
adoptado medidas extraordinarias dirigidas a paliar los efectos de esta
sequía para los agricultores y ganaderos; así como para los trabajadores
del campo, que se han visto perjudicados por la falta de jornales en el
sector primario.
A ello hay que añadir los recortes en inversiones en los últimos
presupuestos generales aprobados por el Gobierno, muy especialmente los
PGE2017, que supusieron un recorte del 36 % de las inversiones en
Andalucía. Muchas de esas inversiones paralizadas se refrieren a
proyectos hidráulicos de gran importancia para prevenir y contrarrestar
la falta de precipitaciones endémica en la Comunidad Andaluza.
Por todo ello y en base a esta realidad, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acometer con carácter de urgencia aquellas inversiones de interés
general para Andalucía y en particular las siguientes:
- Restauración de la Desaladora de Cuevas de Almanzora. Almería.
- Desalobradora de la Balsa del Sapo. Almería.
- Mejora infraestructura de riego en Adra. Almería.
- Desalobradora de Fuentes de Marbella. Adra. Almería.
- II fase Desaladora de Carboneras y conducciones Campo de Tabernas.
Almería
- Adquisición de la Desaladora de Níjar. Almería.
- Recrecimiento de la Presa de la Concepción. Málaga.
- Presa de Rules. Granada.
- Presa de Siles. Jaén.
- Túnel del Huesna. Sevilla.
- Presa de San Calixto en Écija. Sevilla.
- Túnel de San Silvestre en Huelva.
2. Instar al Gobierno a realizar los siguientes trasvases:
- Tinto-Odiel-Piedras; 15 Hm3 a la cuenca del Guadalquivir. Huelva.
- Trasvase del Negratín-Almanzora. Almería.
- Trasvase de 5 Hm3 de lznájar al norte de la provincia de Málaga.
3. La eliminación de las jornadas reales necesarias para acceder a la
renta y al subsidio agrario de los trabajadores eventuales del campo, en
tanto persista la situación de falta de jornales en el campo con motivo
de la falta de precipitaciones. Situación especialmente grave en el caso
de las mujeres jornaleras.
4. La puesta en marcha de forma inmediata de medidas en beneficio de los
agricultores y ganaderos, que vengan a compensar la caída de la
producción en las comarcas que hayan sido perjudicadas por la falta
continuada de precipitaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Antonio
Pradas Torres, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente
sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las actividades agrícolas dependen directamente de las condiciones
climáticas y, por lo tanto, están muy expuesta a las consecuencias del
cambio climático. Según los escenarios y previsiones, en el contexto
Europeo, la agricultura se verá muy afectada en las regiones meridional y
sudoriental.
El sector agrario es, dentro del conjunto de sectores difusos que abarcan
las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, el segundo sector emisor, detrás del sector
transporte. El sector agrícola y ganadero es causante del 14 % del total
de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y en torno al
25 % del total de las emisiones de los sectores difusos.
La responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector agrícola y ganadero es debida, mayoritariamente, a las emisión de
los suelos agrícolas y el uso de fertilizantes. Además de estas causas,
otros motivos de emisión de gases de efectos invernadero se deben a la
gestión de estiércoles, las emisiones derivadas del uso de combustibles
por la maquinaria agrícola, la quema de residuos agrícolas, las emisiones
de la ganadería, de los arrozales, el encalado de los suelos y el uso de
urea.
Pero la agricultura también puede ayudar a proporcionar soluciones al
problema general del cambio climático, reduciendo las emisiones y
realizando efecto sumidero del carbono, a través de la capacidad que
tiene el suelo y los cultivos leñosos de captar CO2, garantizando y
mejorando la producción de alimentos.
La amenaza del cambio climático está obligando a trabajar en medidas para
mejorar la productividad de los cultivos, la innovación tecnológica en el
ahorro de agua o a la búsqueda de nuevas variedades que se adapten mejor
a los futuros escenarios climáticos.
Es conocido el efecto de la actividad agrícola sobre el medio ambiente;
efectos sobre el uso de la tierra, contaminación del agua por uso
inapropiado de fertilizantes y plaguicidas, contaminación del aire por
amoniaco, efectos sobre la biodiversidad y, directa o indirectamente, a
la salud. Pero, no todos son negativos, ya que también ayuda a mejorar la
estructura del suelo, a reducir la erosión y ha creado ecosistemas
antrópicos equilibrados de alto valor. La alternativa, el abandono de las
actividades agrarias, ha demostrado que puede poner en peligro el medio
natural y un entorno que forma parte de nuestro patrimonio cultural y
natural.
La política agrícola ha evolucionado considerablemente en las últimas
décadas para ayudar a los agricultores hacia una agricultura más
respetuosa con el medio ambiente y a hacer frente a los retos de futuro.
Se ha demostrado que la calidad y la innovación agraria, trasladada a la
mejora de los aspectos ambientales y climáticos, suponen un elemento de
competitividad y de productividad.
La evolución de la Política Agraria Común, en especial la PAC post-2020,
se verá influida por el Acuerdo de París y por otras políticas europeas,
en especial las orientaciones hacia una economía circular, de calidad del
aire, etc., en una política en favor de los bienes públicos
medioambientales.
Los representantes del Gobierno ya han anunciado la elaboración de
diferentes líneas estratégicas transversales de futuro, partiendo de la
premisa de que la agricultura debe convertirse en una de las grandes
impulsoras de la lucha contra el cambio climático y la conservación del
medio ambiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar la Estrategia Nacional de Agricultura, Clima y Medio Ambiente
que alinee los objetivos de la política agrícola con el cumplimiento de
los compromisos internacionales sobre cambio climático y medio ambiente.
- Avanzar en la Hoja de ruta 2030, sobre las políticas de adaptación y
mitigación en el sector agrícola y ganadero, para la próxima década.
- Fomentar la agricultura inteligente e impulsar la innovación en el
sector como mecanismo de adaptación y mitigación ante el cambio
climático."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno a la elaboración de una Estrategia coordinada de lucha contra el
camalote en España, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Eichhomia crassipes, llamado comúnmente flor de bora, camalote, jacinto de
agua común, tarope o tarulla , es una planta acuática con una gran
capacidad de reproducción, que actualmente está invadiendo las aguas del
río Guadiana con desastrosas consecuencias económicas y ambientales.
Los números son dramáticos con más de 150 kilómetros del río Guadiana a su
paso por Extremadura con presencia de esta especie que ha sido declarada
en el desarrollo del Reglamento 1143/2014 de la Comisión Europea como
"planta exótica invasora preocupante" lo que no asegura fondos para su
erradicación pero sí prohíbe por ejemplo la comercialización de las
semillas del "jacinto de agua" nombre de esta especie conocida como
"camalote".
Este supone un problema medioambiental de primer nivel para Extremadura
actualmente, pero con riesgo de sobrepasar la frontera y llegar a
Portugal y a otras cuencas como la del Guadalquivir en la que las
condiciones físicas de temperatura del agua son similares y la planta
también podría desarrollarse.
Se trata de una planta a la que únicamente se está haciendo frente con
medios materiales, retirándola a diario, hasta 1.100 toneladas diarias,
con medios mecánicos, pero no existe hasta la fecha un trabajo coordinado
de investigación entre todos los agentes implicados para atajar de raíz
el problema.
Las consecuencias directas de la presencia de esta especie invasora en los
ríos son tanto ambientales como económicas. Desde el punto de vista
ambiental, la presencia del jacinto de agua en las aguas incrementa las
tasas de evaporación entre 3 y 4 veces por encima de los niveles
denominados normales, además también se incrementan los niveles de
sulfuro de azufre, la DBO y la DQO como consecuencia de la descomposición
de la planta. Otro problema adicional es que debido a su presencia en los
ríos la luz no es capaz de llegar debajo del agua y las plantas no pueden
realizar la fotosíntesis por lo que al final mueren y acaban
desapareciendo generando un cambio estructural importante en el
ecosistema de la cuenca. La fauna también se ve directamente afectada al
verse reducido su nicho alimenticio, por la falta de oxígeno de las aguas
y la proliferación de mosquitos entre otras.
Además de todo esto, existen potenciales consecuencias económicas, ya que
el riesgo latente es que los regadíos comiencen a verse afectados y
producciones como los arrozales o los frutales comiencen a verse
perjudicadas por la presencia de esta especie invasora. Así mismo, la
presa más grande de Europa que comparten España y Portugal, Alqueva,
tiene un serio riesgo también de verse afectada por el camalote.
El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras, recoge en su artículo 15 los
organismos competentes y las tramitaciones para las estrategias de lucha:
"El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, elaborarán
coordinadamente estrategias de gestión, control y posible erradicación de
especies exóticas invasoras incluidas en el catálogo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 61.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
( ...) En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas
especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna,
flora o hábitats autóctonos amenazados".
Es importante señalar, el importante trabajo que, desde 2004, la
Confederación Hidrográfica del Guadiana está llevando a cabo. La citada
Confederación lleva invertidos desde esa fecha más de 26 millones de
euros en actuaciones para minimizar la afección al río y en evitar la
afección a las infraestructuras de riego que la especie invasora podría
haber causado. Y ha retirado más de 400.000 toneladas de camalote.
Aun así, dichas acciones podrían beneficiarse de una mayor coordinación,
que implique una hoja de ruta, un marco y objetivos comunes para todas
las entidades directamente interesadas en la erradicación de esta plaga.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro de la
estrategia contra el camalote, se establezca un Programa de investigación
y lucha coordinado desde la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología
y a través de instrumentos como el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria Agroalimentaria (INIA) y el Centro de Investigaciones
energéticas, medioambientales y tecnológicas (CIEMAT), coordinado con los
Centros Regionales de I+D+i (Cycitex) o Universidades (Universidad de
Extremadura), Fundación Biodiversidad, Confederación Hidrográfica del
Guadiana, Lifewatch JRU Spain, con las comunidades autónomas interesadas
y sus centros tecnológicos para, con la aplicación de las nuevas
tecnologías, del conocimiento adquirido en estos organismos y en las
Comunidades, se proponga un plan coordinado de trabajo, que optime los
recursos disponibles en todas las regiones y centros permitiendo, lo
antes posible, frenar y revertir el actual proceso de expansión de esta
especie invasora en las aguas del río Guadiana.
En relación a la l+D+i esta estrategia coordinada debe afrontar los
siguientes aspectos fundamentales:
- Coordinación de las investigaciones en marcha en los diferentes centros
de investigación, para optimar y acelerar los resultados para eliminar la
planta, profundizar en el conocimiento de aquellos factores que están
acelerando su presencia en las cuencas de los ríos.
- Generar nuevas investigaciones en el seno de esos grupos coordinados
optando para ello a convocatorias competitivas de carácter Europeo como
las LIFE o específicas de H2020, y aquellas de carácter de cooperación
transfronterizo como POCTEP para afrontar el problema desde ambos lados
de la frontera hispanoportuguesa.
- Avanzar en la investigación conjunta en sistemas tecnológicos avanzados
de detección a través del uso mixto de sensores y de otros instrumentos
como drones.
- Investigaciones conjuntas de todos los agentes implicados en el uso de
la planta una vez extraída como subproducto para diversas aplicaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los datos provisionales, proporcionados por las Comunidades Autónomas
sobre los incendios forestales, hasta el 24 de septiembre de 2017, no son
especialmente alentadores. Con más de 100 mil hectáreas de superficie
forestal afectadas, 11.610 incendios y 22 grandes incendios, sitúan al
2017 como el tercer año con mayor número de incendios de la última
década.
En la primavera de 2017 ya se produjeron los primeros grandes incendios
forestales. Las previsiones, al principio de la campaña de verano, eran
pesimistas. Los días de alto nivel de riesgo se iban repitiendo en gran
parte de las regiones y las condiciones de sequía y la llegada de varias
olas de calor no contribuyeron a mejorar la situación.
A día de hoy, en Galicia están activos 105 incendios (16 puntos en
situación 2 de riesgo real para núcleos poblados) y en Asturias hay 31
incendios activos y decenas de desalojados.
Pese a la eficacia demostrada por los medios de extinción, y la excelente
coordinación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General
del Estado, los incendios forestales han supuesto, una vez más, una lacra
social, ambiental y económica para las zonas afectadas.
El impulso de la gestión forestal sostenible como el mejor de los medios
de prevención de estos incendios ha sido, y es, el objetivo del Gobierno.
En este sentido, ha impulsado la gestión forestal sostenible a través del
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal y de las
modificaciones realizadas en la Ley de Montes para favorecer la
agrupación de propietarios, incentivar los Planes de Ordenación de los
Montes, movilizar los productos forestales, aprovechar económicamente y
potenciar el efecto sumidero de nuestros montes.
Conviene tener presente que un monte gestionado es un monte cuidado, lo
que aporta mayor riqueza al mundo rural; pero además, un monte cuidado es
un monte en el que es más difícil que se produzcan incendios forestales,
y que se extiendan a gran velocidad si es que, a pesar de todo, tienen
lugar.
Las medidas de prevención de incendios forestales forman parte de la
gestión forestal sostenible del monte y tienen como objetivo reducir el
riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y velocidad de
propagación, incidiendo en su protección mediante actuaciones de
selvicultura preventiva.
Las competencias de gestión forestal, particularmente las de prevención y
extinción de incendios, corresponden a las CC.AA., de acuerdo con lo
establecido en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución Española. Así lo
establece también el artículo 8 de la Ley de Montes. Por tanto la labor
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la citada Ley, consiste en
colaborar con las CC.AA., prestándoles el apoyo necesario tanto en
prevención como en extinción.
En el ámbito de la prevención, el Estado ha realizado actuaciones
directas, acciones de sensibilización y concienciación y medidas
coercitivas e intimidatorias, como las introducidas en el código penal
para agravar las penas en caso de provocar incendios que afecten a
espacios protegidos de valor ecológico o ponga en peligro zonas
habitadas.
Las medidas de prevención contra los incendios forestales están incluidas,
básicamente, en los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades
Autónomas y en el Programa Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio.
En los primeros hay 2.000 millones de euros destinados a medidas
forestales, en especial las que tienen que ver con prevención de
incendios y gestión forestal, con una importante aportación del
Ministerio. El Programa Nacional de Desarrollo Rural contiene medidas de
prevención de incendios por valor de más de 67 millones de euros.
Estos programas deben ser reforzados y coordinados para su mayor
efectividad con el único objetivo de evitar, en la medida de lo posible,
los incendios forestales y sus efectos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta
la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una Estrategia
Nacional de Prevención de Incendios Forestales, que promueva de una
manera más coordinada, el uso y las actuaciones directas sobre los
montes, aprovechando las sinergias entre ellas.
- Impulsar proyectos innovadores en materia de lucha y prevención de los
incendios forestales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de un plan de
evaluación sobre los daños causados por los recientes incendios en la
Comunidad Autónoma de Galicia que incluya la reforestación de las zonas
afectadas y de otras medidas para promover la prevención de incendios
forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En los últimos días se ha registrado una oleada de incendios en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Varias zonas de la comunidad se han visto
azotadas por esta oleada masiva de incendios, que ha dejado a su paso
cuatro víctimas mortales, así como miles de hectáreas que han quedado
totalmente calcinadas a causa del fuego.
Galicia ha registrado un total de cincuenta incendios forestales en los
últimos días, contabilizando los activos, los estabilizados y los por fin
ya controlados. Ocho de los citados incendios se encuentran
estabilizados, de ellos, dos han tenido lugar en la provincia de Lugo,
tres en la provincia de Orense y otros tres en Pontevedra. Por otra
parte, diecinueve incendios forestales permanecen controlados en la
Comunidad, de los cuales diez de ellos se ubican en la provincia de
Ourense, siete en la provincia de Pontevedra y dos en Lugo.
Tanto las unidades de extinción de incendios como la población se han
volcado de lleno en la extinción de los incendios forestales, lo que ha
supuesto que varias personas hayan tenido que ser ingresadas y oras
varias hayan tenido que ser atendidas de urgencia al presentar cuadros
leves de irritación ocular o inhalaciones con humo.
Fuentes de la Guardia Civil han asegurado que existen indicios que apuntan
a la intencionalidad en gran parte de los incendios existentes, si bien
sostienen que pueden existir casos aislados que puedan ser considerados
como accidentales.
Como consecuencia de todo ello, miles de personas se han manifestado este
lunes en una veintena de municipios gallegos, así como en otras ciudades
como Madrid o Barcelona, para poner de manifiesto su repulsa hacia la
gestión que ha realizado la Xunta de Galicia durante este periodo en el
que se han ido sucediendo diversos incendios, así como las evasivas del
Gobierno Autonómico al intentar evadir responsabilidades.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un plan de evaluación sobre los daños causados por los
recientes incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto
a nivel económico como a nivel forestal y medioambiental, que incluya la
reforestación de las zonas afectadas.
2. Llevar a cabo el desarrollo de un plan específico contra incendios que
evite que puedan volver a producirse situaciones como las que han
acontecido en la Comunidad gallega.
3. Desarrollar de un elenco de medidas que permitan promover ayudas a
aquellas personas que hayan perdido su vivienda a causa de los
incendios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a negociar en la UE
un nuevo fondo de financiación pesquero dotado financieramente de manera
suficiente para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la Política
Pesquera Común, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es el principal instrumento de
apoyo a la nueva Política Pesquera Común (PPC).
Entre 2014 y hasta 2020 pretende una mejora de la sostenibilidad social,
económica y medioambiental de los mares y costas europeos, respaldando
los proyectos locales, los negocios y las comunidades sobre el terreno.
Sus 6,4 mil millones de euros de presupuesto se centran en la creación de
empleo, la diversificación de las economías locales y en conseguir que la
pesca sea más rentable y sostenible. El FEMP es uno de los cinco Fondos
Europeos Estructurales y de Inversión.
Este Fondo reposa en seis pilares principales:
- Pesquerías sostenibles que garanticen un equilibrio entre la capacidad
de la pesca y los recursos disponibles, siendo más selectivas y poniendo
fin a los descartes.
- Una acuicultura sostenible que ayude al sector a crecer y a hacerse más
competitivo, respetando las normas específicas sobre métodos ecológicos
de producción y los reglamentos estrictos en materia de calidad, salud y
seguridad. Así Europa contará con productos nutricionales de alto calibre
y fiables.
- Aplicar la PPC, mejorando la compilación de datos, el conocimiento
científico y la supervisión, así como el control y la aplicación de la
legislación en materia de pesca.
- Ayudar a las comunidades que dependen de la pesca a diversificar sus
economías en otras actividades marítimas, como el turismo, y contribuir a
añadir más valor a sus actividades pesqueras.
- Mejorar la comercialización y el procesamiento en los sectores de la
pesca y la acuicultura.
- Apoyar el crecimiento gracias al mar, mejorando el conocimiento marino,
la planificación de las actividades en el mar, la gestión de cada cuenca
de acuerdo con sus necesidades y el fomento de la cooperación en el
ámbito de la supervisión marítima.
Para alcanzar estas prioridades, el FEMP coloca el poder en manos de los
Estados miembros y de los expertos locales, quienes conocen sus regiones
y comunidades mejor que nadie. De esta manera los fondos irán donde más
se necesiten.
Teniendo en cuenta la importancia de las pequeñas empresas para la
economía y la industria pesquera, el Fondo asigna un apoyo especial a las
flotas costeras artesanales que representan una parte importante del
sector y tienen el potencial de generar un efecto transformador en las
comunidades locales en las que faenan.
Se da apoyo a las estrategias de comercialización y de negocios, así como
formación para jóvenes desempleados y esposas de pescadores. Así podrán
desempeñar un papel más importante en estas empresas locales, que a
menudo son familiares.
El objetivo es que el mar será un entorno de inversión más predecible y
atractivo y se allanará el camino hacia más negocio e investigación.
Esto es precisamente lo que el FEMP espera lograr: crear condiciones para
que las empresas y comunidades locales den lugar al crecimiento
sostenible e inclusivo que Europa necesita y que la UE se compromete a
convertir en realidad de aquí a 2020.
En este marco sería conveniente la aprobación de un nuevo fondo de
financiación pesquero que dé continuidad al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) 2014-2020, que se encuentra en vigor.
El objetivo es que los pescadores y acuicultores puedan adaptarse a las
líneas marcadas por Europa, que sea acorde y coordinado con la normativa
europea, con una estructura específica para la pesca, el marisqueo, la
acuicultura y la transformación, y orientado a conseguir los objetivos de
la Política Común de Pesca (PPC) y de la Política Marítima Integrada.
Los fondos pesqueros suponen un gran impulso y contribuyen a mejorar
aspectos como el desarrollo de un sector transformador competitivo y
puntero a nivel mundial.
Por todo ello el Gobierno debería plantear ante la Unión Europea la
conveniencia de un nuevo fondo de financiación pesquero dotado
financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento de los
acuerdos de la PPC. Un fondo fácilmente ejecutable, entendido por todos
los actores (EEMM, Autoridades de Gestión, beneficiarios, acuicultores,
pescadores, mujeres y jóvenes del sector, empresas de transformación,
científicos, etc.) y que llegue al sector pesquero y acuícola para que
cumplan con la política pesquera que Europa tiene y quiere.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar en la UE la
importancia y conveniencia de un nuevo fondo de financiación pesquero
dotado financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento
de los acuerdos de la Política Pesquera Común. Un fondo ejecutable,
entendido por todos los actores y que llegue al sector pesquero y
acuícola para que cumplan con la política pesquera que Europa tiene y
quiere."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir la
amenaza contra la fauna silvestre, para su debate en la Comisión
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Cada año se matan y se capturan de forma ilegal entre 0,4 y 2,1 millones
de aves en el norte y centro de Europa y en la región del Cáucaso, según
el informe The killing 2.0 publicado por Birdlife International.
La organización denuncia que se las dispara o se las captura con cepos o
trampas de pegamento por deporte, consumo o tradición. Según la
investigación, el 66 % de las 457 especies nativas del continente europeo
se ven afectadas por estas prácticas.
Las aves acuáticas son las más perjudicadas seguidas de las paseriformes,
las rapaces y las palomas. Concretamente, las especies más amenazadas son
el gorrión común (con una pérdida de 4,7 millones de ejemplares al año),
el pinzón vulgar (2,9 millones), la curruca capirotada (1,8 millones) y
la codorniz común (1,7 millones). La mayor parte de las prácticas
ilegales tienen un interés gastronómico y recreativo. El informe también
cita el control de depredadores o la taxidermia entre las causas de la
mortalidad de estas aves en el continente europeo.
Con The Killing 2.0, Birdlife International completa la panorámica de la
caza y captura ilegal de aves que inició en 2015 con su análisis en la
región mediterránea, donde mueren cada año por esa causa unos 25 millones
de ejemplares. Las cifras de mortalidad y captura ilegal en la Europa
continental y en el Cáucaso no son tan dramáticas como las de la región
mediterránea.
En Italia, por ejemplo, se estima que mueren entre 3 y 8 millones de aves
por métodos ilegales cada año. Siria, Egipto, Chipre o Líbano también
ofrecen cifras alarmantes según SEO/BirdLife,
En España, entre 103.000 y 405.000 aves son capturadas o aniquiladas
ilegalmente cada año. Los datos utilizados en nuestro país provienen de
los centros de recuperación de fauna. Y esta estimación no tiene en
cuenta el silvestrismo, que consiste en capturar fringílidos para su
participación en concursos de canto y es una práctica que continúa
autorizándose en algunas comunidades autónomas y que a juicio de la
Comisión Europea es ilegal.
Los cerca de 30 estados en los que se ha estudiado la matanza de aves son
miembros del Convenio de Berna, un tratado europeo para la conservación
de especies salvajes y hábitats del continente. Este acuerdo prohíbe la
captura de aves por métodos masivos y no selectivos, establece un listado
general de protección de la fauna y obliga a reservar espacios protegidos
para determinados animales.
Algunos países ya han tomado medidas concretas. Por ejemplo, Francia
sanciona desde agosto de 2016 la matanza ilegal de especies protegidas
con penas de prisión de hasta dos años o multas que pueden ascender a los
300.000 euros, y en Italia se aprobó en marzo de 2017 un plan que, entre
otras medidas, prevé la creación de unidades policiales que garanticen el
cumplimiento de la normativa.
En España en los últimos 20 años ha habido unos 8.500 episodios de
envenenamiento, que son delitos contra la fauna e implican la muerte de
varias aves. Sin embargo, solo ha habido 70 sentencias condenatorias. El
problema persiste porque se sigue considerando que estas prácticas son
delitos menores, se desconoce su impacto en la conservación de la
biodiversidad, falta una mayor priorización en su abordaje y hay una
escasez de recursos destinados a la lucha contra este tipo de
criminalidad ambiental.
Birdlife International sostiene que "a pesar de la magnitud de esta
amenaza contra la fauna silvestre, hay indicadores que muestran que la
conciencia social es relativamente baja entre europeos y españoles".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Endurecer las sanciones en relación a la matanza y captura de aves de
forma ilegal, así como cuando se trata de episodios de envenenamientos.
- Realizar campañas informativas para prevenir la amenaza contra la fauna
silvestre como que representa que hasta más de 400.000 aves pueden ser
capturadas o aniquiladas ilegalmente cada año en nuestro país.
- Destinar más recursos a la lucha contra este tipo de delitos
medioambientales, que dañan considerablemente nuestra diversidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la creación urgente de la especialidad
de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, se dirigía al desarrollo del
artículo 19 de la Ley 44/2003, que preveía la adquisición de competencias
comunes a varias especialidades en Ciencias de la Salud a través de un
periodo de formación uniforme, denominado tronco, en convergencia con la
estructura de la formación especializada de otros países miembros de la
Unión Europea.
Además de esta regulación de la troncalidad, este Real Decreto 639/2014
procedía a la creación y modificación de determinados títulos de
especialista, haciendo uso de la competencia prevista en el artículo 16
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y con la intención de adecuarse a
la demanda asistencial de la población y la evolución de los
conocimientos científicos.
En el artículo 41 del mencionado Real Decreto se creaba la especialidad
pluridisciplinar de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" procedente
de la fusión de las especialidades de "Análisis Clínicos" y de
"Bioquímica Clínica".
Así, el Real Decreto 639/2014 regulaba simultáneamente la troncalidad en
la formación de la especialización sanitaria y la creación de
especialidades sanitarias. Este hecho contrasta vivamente con la práctica
seguida hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, ya que a través del RD 183/2008, de 8 de febrero, creó y
modificó especialidades sanitarias sin regular la troncalidad en ese
mismo reglamento.
En el año 2014 se puso en marcha la Comisión Nacional de la Especialidad
de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" que estuvo funcionando algo
más de dos años trabajando en la elaboración del programa troncal, a
instancias de la Administración Sanitaria, así como en una propuesta de
programa de transición de la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y
Bioquímica Clínica", con objeto de que los nuevos residentes pudieran
recibir una formación conjunta y evitar que especialistas en "Bioquímica
Clínica" quedasen sin formarse en las disciplinas de Hematología,
Microbiología y Parasitología o Inmunología. En resumen, existe sobre
esta cuestión un trabajo ya consensuado y aceptado entre todas las partes
implicadas.
La Federación Europea de Medicina de Laboratorio (EFLM, en sus siglas en
inglés) estableció la recomendación de denominar de forma conjunta las
especialidades afines del Laboratorio Clínico como Laboratory Medicine,
concepto que implica en sí mismo la fusión de los contenidos de los
actuales programas de formación de las especialidades de "Análisis
Clínicos" y de "Bioquímica Clínica". Además, en España, es una realidad
que los servicios de "Análisis Clínicos", de "Bioquímica Clínica" o de
"Laboratorio" en general, están constituidos por especialistas de
"Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica", de forma indistinta, tanto
a nivel de facultativos como de directivos.
En fechas de 12 y 13 diciembre de 2016, la Sala Tercera del Tribunal
Supremo declaraba la nulidad del Real Decreto 639/2014 a través de sus
sentencias 2569/2016 y 2586/2016, respectivamente, al considerar que se
había aprobado la implantación de la troncalidad con una insuficiente
Memoria del Análisis de Impacto Normativo relativa a la repercusión
económica y presupuestaria de dicha implantación.
Una de las consecuencias de la nulidad del Real Decreto 639/2014 es
frustrar la nueva especialidad común, de "Análisis Clínicos y Bioquímica
Clínica", para la que, en algunas Comunidades Autónomas ya se habían
realizado planificaciones de Recursos Humanos, afectando a especialistas
tanto de "Análisis Clínicos" como de "Bioquímica Clínica", por ser
consideradas especialidades equivalentes, de acuerdo con la disposición
final primera del citado reglamento, en la que se modifica el Real
Decreto 183/2008, de 8 de febrero. La referida consecuencia ha creado un
ambiente altamente problemático y de confusión, en el que se pueden
generar reclamaciones administrativas y otro tipo de daños.
La solución a este problema en un plazo moderadamente corto no puede pasar
por vincular la elaboración de un nuevo decreto de troncalidad con la
creación de la nueva especialidad, puesto que de un lado tal vinculación
no es administrativamente obligatoria, y de otro la necesaria
reconfiguración efectuada correctamente de un nuevo sistema de formación
troncal requiere un trabajo que puede llevar años.
Por ello, debe considerarse la inmediata creación de la nueva especialidad
de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", en las condiciones descritas
en el Real Decreto anulado, sin que sea necesario regular en el mismo
reglamento el carácter troncal de la formación especializada. Ello
posibilitará que en
la próxima convocatoria de formación de especialistas pueda ser
considerada la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica
Clínica". La mayoría de los centros comparten ambas especialidades, por
lo que la aprobación de un programa común basado en los actuales de
"Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica", puede hacerse en un plazo
corto.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación con carácter
urgente de la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica
Clínica", en las condiciones descritas en el Real Decreto anulado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Jesús María
Fernández Díaz, Miguel Ángel Heredia Díaz y María González Veracruz,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la creación urgente de la especialidad
de "Genética Clínica", para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, que regulaba el sistema troncal
de formación sanitaria especializada y la creación de nuevos títulos de
especialista, se dirigía al desarrollo del artículo 19 de la Ley 44/2003,
de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que
preveía la adquisición de competencias comunes a varias especialidades en
ciencias de la salud a través de un periodo de formación uniforme,
denominado tronco, en convergencia con la estructura de la formación
especializada de otros países miembros de la Unión Europea.
Además de esta regulación de la troncalidad, este Real Decreto 639/2014
procedía a la creación y modificación de determinados títulos de
especialista, haciendo uso de la competencia prevista en el artículo 16
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y con la intención de adecuarse a
la demanda asistencial de la población y la evolución de los
conocimientos científicos. La situación actual, con la complejidad de las
nuevas pruebas diagnósticas, exige la regulación urgente de la formación
en Genética Clínica y la implementación de dichas pruebas en unidades
multidisciplinares especializadas.
En el artículo 41 del mencionado Real Decreto se creaba la especialidad
pluridisciplinar de "Genética Clínica" lo que sin duda suponía una buena
oportunidad para dar mejor servicio a clínicos y pacientes. Hay que
recordar que la Genética Clínica es un área de la Sanidad que estudia
aquellas enfermedades que se deben total o parcialmente a factores
genéticos, así como la transmisión hereditaria de las mismas; buena parte
de dichas enfermedades se conocen como enfermedades raras, que afectan a
unos 3 millones de españoles.
Ya en 1977, el entonces llamado Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad supuso la consolidación de un gran número de unidades de
Genética en nuestros centros hospitalarios; desde entonces hasta la
creación de la especialidad de "Genética Clínica" a través del RD
639/2014, el personal estatutario de los servicios de Genética de
nuestros centros hospitalarios se venían nutriendo de especialistas de
diversas especialidades sanitarias, sin una formación reglada y
específica en Genética Clínica. Por ejemplo, por centrarnos en las
especialidades sanitarias más cercanas a la Genética Clínica, el programa
formativo de la especialidad de Análisis Clínicos contiene 128 apartados,
de los cuales solamente 4 corresponden a Genética Clínica (Orden
SCO/3369/2006, de 9 de octubre); bagaje similar se encuentra en las
especialidades de Bioquímica Clínica (Orden SCO 3252/2006, de 2 de
octubre),
Inmunología (Orden SCO 3255/2006, de 2 de octubre), Microbiología y
Parasitología (Orden SCO 3256/2006, de 2 de octubre) u Obstetricia y
Ginecología (Orden SCO 1350/2009, de 6 de mayo). Junto al referido
personal estatutario, la gran mayoría de personal de dichas unidades,
muchos de ellos con formación de licenciatura o grado en Biología y
Química, no posee la especialización en Genética Clínica, a pesar de
llevar décadas de trabajo ininterrumpido en dicha área.
Por tanto, la creación de la especialidad de "Genética Clínica" suponía el
reconocimiento de esta área de conocimiento sanitario al mismo nivel de
las restantes especialidades sanitarias, aunque fuera con casi 40 años de
retraso y, sobre todo, ponía la piedra angular para que los servicios de
Genética de nuestro Sistema Nacional de Salud estuvieran servidos por
profesionales específicamente preparados, todos ellos especializados en
la referida disciplina.
Algo similar cabe decir de las unidades de Reproducción humana asistida,
técnicas, como las de Genética clínica, en progresivo crecimiento y que
requieren además de los especialistas en Obstetricia y Ginecología, de
facultativos con amplios conocimientos en Genética, Biología y
Embriología humanas.
Pues bien, a pesar de la importancia que este cuerpo de conocimiento tiene
hoy en día en nuestra práctica asistencial, en particular en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades ligadas a la herencia,
enfermedades raras, reproducción asistida, y más recientemente la
medicina de precisión, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
dejó un vacío legal en el reconocimiento y regulación de este ámbito
profesional.
El Real Decreto 639/2014 venía a resolver, si quiera parcialmente este
vacío, regulando simultáneamente la troncalidad en la formación de la
especialización sanitaria y la creación de especialidades sanitarias,
entre ellas la de "Genética Clínica". Este hecho contrasta con la
práctica seguida hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, ya que a través del RD 183/2008, de 8 de febrero,
creó y modificó especialidades sanitarias sin regular la troncalidad en
ese mismo reglamento.
En fechas 12 y 13 diciembre de 2016, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
declaraba la nulidad del Real Decreto 639/2014 a través de sus sentencias
2569/2016 y 2586/2016, respectivamente. Las razones aducidas por la Sala
en nada se oponen a la creación de la especialidad de Genética Clínica,
ni ninguna otra de las contempladas en el citado RD, sino que señala una
disconformidad con el procedimiento jurídico de aprobación, al ser
insuficiente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo en cuanto a la
repercusión económica y presupuestaria de la reforma.
Una de las consecuencias de la nulidad del Real Decreto 639/2014 es
frustrar la nueva especialidad de "Genética Clínica", y con ello, la de
una pléyade de titulados universitarios que desde hace muchos años están
llevando a cabo su labor en el campo de la "Genética Clínica" y la
"Reproducción Humana Asistida", sin el merecido reconocimiento por ello.
La referida consecuencia ha creado un ambiente altamente negativo entre
este colectivo de profesionales.
La solución a este problema en un plazo moderadamente corto no puede pasar
por vincular la elaboración de un nuevo decreto de troncalidad con la
creación de las nuevas especialidades, puesto que de un lado tal
vinculación no es administrativamente obligatoria, y de otro la necesaria
configuración de un nuevo sistema de formación troncal requiere un
trabajo que puede llevar años, si se pretende que tenga un carácter
constructivo e integrador, manteniendo las diferencias que enriquecen y
dan excelencia al desempeño de las distintas especialidades.
Por ello, debe considerarse la creación de la nueva especialidad de
"Genética Clínica", en las condiciones descritas en el real decreto
anulado, sin que sea necesario regular en el mismo reglamento el carácter
troncal de la formación especializada.
Aunque no haya sido reconocida hasta ahora, las décadas de experiencia
permiten asegurar la rápida elaboración del programa formativo de la
especialidad de "Genética Clínica", lo que significará un avance
importantísimo tanto para los pacientes y para los futuros especialistas
en "Genética Clínica", como para los profesionales que ya ejercen en
dicho campo y no tienen reconocida su especialización en el mismo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"1. La creación urgente de la nueva especialidad multidisciplinar de
"Genética Clínica", en las condiciones descritas en el Real Decreto
639/2014.
2 Realizar un estudio y requerir los dictámenes precisos de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión Nacional
de Especialidades, respecto de la mejor regulación del ámbito
competencial de la Reproducción Humana asistida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Jesús María
Fernández Díaz, Miguel Ángel Heredia Díaz y María González Veracruz,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar las técnicas
de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores
públicos asegurados por MUFACE, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
A finales del mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana dictó sentencia en relación a un caso en el que la
clínica de fertilidad colaboradora con MUFACE se negaba a realizar una
técnica de reproducción asistida a una pareja heterosexual, cuyo uno de
sus miembros era transexual.
Uno de los demandantes, siguió hace años un tratamiento hormonal mediante
lo protocolizado en la Seguridad Social, y desde entonces consta a todos
los efectos legales como género masculino. Antes de iniciar dicho
tratamiento, esta persona se sometería a una estimulación ovárica que
resultaría con la congelación de varios ovocitos a fin de que pudiera
tener descendencia con su carga genética una vez hubiera terminado el
tratamiento hormonal.
Una vez los demandantes, fueron a la clínica colaboradora con MUFACE para
iniciar la técnica ROPA, los profesionales alegaron que dada la
casuística concreta del caso deberían esperar a la resolución de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Resolución que
a fecha de la sentencia todavía no se había producido.
Los demandantes buscaron la opinión de una ginecóloga, ante la que
plantearon la situación, optando bajo el asesoramiento de la profesional
la Inseminación Artificial de Donante al no ser posible una gestación
natural. La ginecóloga realizaría el informe preceptivo que recoge la
situación de la pareja y en el que señala que la pareja, heterosexual,
acude a la consulta por deseo gestacional pero que al ser uno de los
miembros transexual, existe una causa de esterilidad primaria,
solicitándose a MUFACE, la valoración y tratamiento de la reproducción en
una clínica colaboradora de la mutua. La aseguradora propietaria de la
clínica alegaría posteriormente que la pareja no recogería los criterios
contenidos en el convenio vigente entre MUFACE y las entidades médicas,
por lo que se negó a llevar a cabo el procedimiento de reproducción
asistida pertinente "al no existir causa ginecológica que le impida una
gestación por medios naturales".
Ante esta situación, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana dicta que existe "una discriminación por orientación sexual y
violación del derecho a la dignidad de las personas", además de un trato
"arbitrario e injustificado". Según el Tribunal, la relación que mantiene
la asegurada por la mutualidad, con su marido, tratado hormonalmente
previo a su casamiento, hace que imposibilitar la reproducción de la
pareja supone la misma discriminación que en el caso en que la pareja
fuera una mujer, recalcando que la cobertura que debe dispensar MUFACE
debe ser igual al dispensado por el sistema general de la Seguridad
Social.
El Tribunal recuerda el principio de igualdad en la ley obliga al
legislador a dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en
situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad
recordando que la cláusula 1.1.3 del Concierto con MUFACE señala que la
cartera del mismo incluirá, al menos, la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a MUFACE su deber de prestar los mismos servicios a los
asegurados por la mutualidad, al menos, las mismas prestaciones recogidas
en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y el
cumplimiento de los convenios firmados con la Administración.
2. Agilizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida (CNRHA) a fin de que pueda responder de manera eficaz a
consultas sobre reproducción humana asistida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para mejorar la atención sanitaria y calidad de
vida de los pacientes con Hidrosadenitis Supurativa, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Hidrosadenitis Supurativa (HS), también llamada hidradenitis, es una
enfermedad inflamatoria crónica, recurrente y dolorosa que suele comenzar
en la pubertad. Se manifiesta con nódulos inflamados, llagas o forúnculos
en zonas con glándulas sudoríparas y sebáceas como axilas, inglés,
glúteos, región perianal e inframamaria. Las lesiones progresan hasta
formar abscesos, fístulas y cicatrices que a menudo se conectan entre sí
por debajo de la piel formando túneles.
Se desconocen sus causas y se cree que su desarrollo se debe a una
respuesta anormal del propio sistema inmune, teniendo un componente
hereditario. Afecta aproximadamente al 1 % de la población. No es, por
tanto, una enfermedad rara. No es fácil diagnosticar la enfermedad porque
quienes la padecen a veces no consultan por vergüenza; y en muchas
ocasiones porque los médicos desconocen la enfermedad.
La Hidrosadenitis Supurativa tiene un alto impacto en la calidad de vida.
El dolor y la supuración aíslan a quienes la padecen y limitan las
relaciones sociales, afectivas y las actividades diarias básicas y su
actividad y oportunidades laborales.
La HS puede ser progresiva, y aunque no tiene cura hoy por hoy, con el
tratamiento adecuado mejora notablemente el pronóstico de la enfermedad
así como la calidad de vida de los pacientes.
Un estudio sobre la realidad de esta enfermedad en España realizado por la
Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis en 2015 (I Barómetro de la
Hidrosadenitis Supurativa en España) muestra algunos hechos preocupantes:
- Los pacientes tardan una media de 9 años en ser correctamente
diagnosticados y visitan una media de 15 médicos diferentes desde el
primer síntoma hasta que son diagnosticados.
- La HS afecta a la vida diaria del 87,4 % de los entrevistados y al 32 %
les perjudica gravemente.
- Las personas que la padecen ven notablemente reducida su calidad de
vida, a nivel de relaciones sexuales, relaciones sociales y problemas
psicoemocionales.
- A nivel laboral la HS supone una limitación para las personas que la
padecen. De media, los pacientes han estado de baja 35 días.
Como respuesta a esta situación, un grupo multidisciplinar de 24 expertos
de distintos ámbitos asistenciales han elaborado un proyecto de
sensibilización, información e intervención denominado
HerculeS dirigido a mejorar la calidad de la atención sanitaria que
reciben estos pacientes, y su calidad de vida. HerculeS es una
"Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo
de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa". Avalado por
20 sociedades científicas, incluye las siguientes recomendaciones
principales:
1. Difundir el algoritmo diagnóstico de la HS en el conjunto de los
servicios sanitarios públicos y privados de España.
2. Promover y desarrollar acciones formativas para profesionales de la
salud involucrados en la atención a los/as pacientes de HS para el
conocimiento de la patología y los criterios para su diagnóstico.
3. Difundir los procesos asistenciales para el manejo de la HS y promover
su implementación.
4. Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos,
cirugía, urgencias, gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia
...). Establecer rutas de derivación claras desde AP ante situaciones
clínicas de sospecha diagnóstica.
5. Promover el registro de pacientes que faciliten el seguimiento y la
investigación clínica.
6. Extender el uso de la ecografía en los servicios de Dermatología para
conocer con detalle el alcance, evolución y respuesta de las lesiones de
HS.
7. Promover la existencia de, al menos, un profesional de enfermería en
los servicios de Dermatología que asuma la labor de coordinación
asistencial de los pacientes graves, la educación terapéutica de los
pacientes, etc.
8. Incrementar los fondos destinados a la investigación de la
Hidrosadenitis Supurativa.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar la "Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del
Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis
Supurativa"-HerculeS dirigida a mejorar la calidad de la atención
sanitaria y la calidad de vida de las personas con Hidrasenitis
Supurativa y acordar con las CC.AA., en el seno del Consejo
Interterritorial, actuaciones coordinadas encaminadas a un diagnóstico
más temprano de la enfermedad, una mejora de la coordinación asistencial
en su tratamiento y a cuantas medidas redunden en reducir el impacto
personal y laboral de la enfermedad en las personas que la padecen.
2. Promover un plan de formación específica en todos los niveles
asistenciales para favorecer el conocimiento de la enfermedad y los
protocolos de actuación acordados en cada Comunidad Autónoma.
3. Incrementar los fondos estatales destinados a la investigación de la
Hidrosadenitis Supurativa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Jesús María
Fernández Díaz, María Guadalupe Martín González y Miriam Alconchel
Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del registro
nacional de donantes según lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, para su debate en
la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La previsión de la creación de un registro de donantes de semen y óvulos,
así como de preembriones humanos, está contenida en todas las normas
generales con rango de ley sobre reproducción humana asistida, desde la
primera de ellas, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, así como las
posteriores: la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que no introdujo cambio
al respecto sobre lo establecido en la anterior y, por último, la Ley
14/2006, de 26 de mayo.
En concreto, el artículo 21.3 de la Ley 14/2006 establece que "El
Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y mediante real decreto, regulará la organización y
funcionamiento del registro nacional".
Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno sigue sin haber puesto en marcha
este registro, acumulando un retraso de casi treinta años desde la
promulgación de la primera ley, y de más de diez años si contamos desde
la última.
Lo cierto es que la creación de un registro nacional de donantes de
gametos y preembriones no puede esperar más, pues su falta de creación
hace que sea imposible contabilizar, por ejemplo, el número de
descendientes nacido de cada donante, y que Ley limita.
La consanguinidad, desde el punto de vista biológico, implica que dos
personas comparten un mismo tronco familiar y por tanto tienen
antecesores comunes. Las investigaciones genéticas realizadas en las
últimas décadas, aunque con algunas discrepancias, corroboran un aumento
significativo de descendientes afectados de alguna patología comparados
con los descendientes de personas no emparentadas, principalmente la
aparición de las llamadas "Enfermedades monogénicas de herencia recesiva"
que, a diferencia de las enfermedades de herencia dominante o las ligadas
al sexo, dependen de la carga genética de ambos progenitores.
En el caso de la consanguinidad, el riesgo de tener cargas genéticas
parecidas entre individuos aumenta las probabilidades de que ambos
progenitores presenten un gen alterado de herencia recesiva. Como
resultado, aumentan las probabilidades de presentar descendientes
enfermos.
Frente a este riesgo cierto, actualmente solo se puede impedir que una
persona siga donando si en su centro tienen constancia de que sus gametos
se han usado para concebir a seis hijos. Pero ignoran si ya ha tenido
descendencia en otras clínicas. Y tampoco se puede evitar que esta misma
persona, si se lo propone, acuda a otros centros y siga teniendo hijos
biológicos, ya que no hay forma de cruzar esos datos.
Fruto de esta grave situación, los diputados arriba firmantes preguntaron
en febrero de este año al Gobierno por la causa por la cual no había
creado aún un registro nacional de donantes, si el Gobierno era
consciente del riesgo para la salud pública que conlleva su inacción y
falta de control estricto, y si, en fin, pretendía poner solución pronta
y definitivamente a esta situación. La respuesta del Gobierno fue poco
concreta al señalar únicamente que "el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad está trabajando con prioridad en la adaptación de la
normativa", después de tres décadas de retraso.
El Gobierno ha señalado, recientemente, que quiere poner en marcha, en los
próximos meses, este registro. Sin embargo, dados los precedentes y el
retraso de puesta en marcha de este registro, consideramos preciso
insistir en la necesidad de que finalmente España cuente con este
registro que consigne los datos relativos a los hijos nacidos de cada uno
de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la
localización original de unos y otros en el momento de la donación y de
su utilización, según establece el artículo 21 de la Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, y poner en
funcionamiento, en el plazo de tres meses, el registro nacional de
donantes, en el marco de lo dispuesto por la Ley 14/2006, sobre técnicas
de reproducción humana asistida, integrando en el mismo el sistema de
identificación de las donaciones denominado código único europeo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Francisco
Igea Arisqueta, Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno,
Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a las familias
acogedoras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 26/2015, de 28 de julio y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, introducen cambios que desarrollan y refuerzan el derecho
del menor a que su interés superior sea prioritario.
En la nueva redacción dada a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se recogen los
principios rectores de la reforma de las instituciones de protección a la
infancia y a la adolescencia, así como las actuaciones de protección,
señalando (entre otras cuestiones) que se dará prioridad a las medidas
familiares frente a las residenciales, a las estables frente a las
temporales, y a las consensuadas frente a las impuestas.
El acogimiento familiar es un recurso social que proporciona una familia
alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o adolescentes que,
por diversas razones, no pueden convivir con la suya. La reforma de la
regulación de las instituciones de protección a la infancia y a la
adolescencia realiza una apuesta clara por esta medida, frente a la de la
de acogimiento residencial.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia introduce un nuevo artículo 20 bis en
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
con la rúbrica "derechos y deberes de los acogedores familiares". El
apartado 1 del citado artículo recoge los derechos de los acogedores
familiares, entre los cuales, su letra I) señala: "facilitar al menor
acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a
fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo
que el menor conviva con ellos" y la letra o) dispone: "la familia
acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al
resto de unidades familiares".
Podría resultar llamativo que facilitar al menor acogido las mismas
condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de
derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva
con ellos, se recoja no como un deber de la familia, sino como un
derecho. Esto es así porque ofrecer a estos niños y niñas las mismas
condiciones con las que cuentan los hijos biológicos o adoptados no
depende tanto de las familias como de la regulación y de los apoyos que
reciben por parte de las administraciones públicas.
La necesidad de apoyos por parte de las administraciones es patente
mientras dura el acogimiento familiar. Pero la situación se complica
notablemente cuando las personas acogidas alcanzan la mayoría de edad.
Ese momento marca la finalización del acogimiento, pero lo habitual es
que los y las jóvenes continúen integrados en la familia acogedora. Sin
embargo, la mayoría de edad marca el cese de toda protección, dado que
supone que no sean considerados miembros de la unidad familiar a los
efectos de que ésta pueda acogerse a la protección social a la que sí
acceden las familias con hijos biológicos mayores de edad (topes de la
prestación por desempleo, ayudas al estudio, etc.)
Por otra parte, la disposición adicional tercera de la citada Ley 26/2015,
"criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad", mandata al
Gobierno a promover con las Comunidades Autónomas el establecimiento de
criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y
accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio y, en
todo caso, en lo relativo (entre otras cuestiones) a los elementos
esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: composición,
número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir;
valoración de la aptitud educadora de las familias; compensación
económica tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario,
con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de
menores con discapacidad; campañas informativas; fomento del
asociacionismo de las personas y familias acogedoras. También incluye la
atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y
competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal
y social al cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes
para subsistir; alojamiento; formación para el empleo, que facilite o
priorice su participación en ofertas de empleo.
A pesar de la aprobación, en julio de 2015, de las leyes de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y del mandato
claro de dar prioridad a las medidas familiares frente a las
residenciales, nada ha hecho el Gobierno de España para implementar
políticas públicas de acogimiento familiar más efectivas y apoyar a las
familias acogedoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a:
1. Implementar las medidas necesarias para que las familias acogedoras
disfruten de los mismos derechos que la Administración reconoce a las
unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Estas medidas
afectarán a todos los ámbitos en los que sea necesario. Entre ellas, se
llevarán a cabo las siguientes:
a) Facilitar, de manera urgente, la adquisición de la nacionalidad
española en el caso de menores de origen extranjero que hayan estado
sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o
institución españoles, en los términos regulados por la legislación
civil.
b) Adecuar la regulación del IRPF.
c) Plantear, en marco del Pacto de Toledo, la ampliación de la acción
protectora de la Seguridad Social.
d) Adecuar el régimen de becas y ayudas al estudio.
2. Establecer criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad
y accesibilidad en lo relativo a los elementos esenciales de los
procedimientos de acogimiento familiar, incluyendo:
a) Composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben
intervenir.
b) Valoración de la aptitud de las familias.
c) Compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como
para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del
acogimiento de menores con discapacidad.
d) Campañas informativas.
e) Fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
f) Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y
competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal
y social al cumplir los 18 años de edad.
3. Llevar a cabo un programa de seguimiento, con medidas de apoyo social y
prestaciones, para la preparación de la vida independiente hasta los 25
años de los menores que hayan estado bajo tutela, guarda o acogimiento de
un ciudadano o institución españoles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
promoción de espacios específicos para las personas mayores en los medios
de comunicación, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
Según recuerda la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en la
historia la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual
o superior a los 60 años.
Dentro de este contexto, España es uno de los países con mayor expectativa
de vida de todo el mundo. El Instituto Nacional de Estadística fija la
media de vida española en 83,2 años, encontrándonos ante una sociedad en
la que el número de personas mayores crece gradualmente.
Por ese motivo, es necesario que las administraciones públicas, los medios
de comunicación o las entidades del Tercer Sector emprendan actuaciones
que tengan en cuenta la nueva realidad sociodemográfica española, con el
fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, asegurar su
participación activa y, en definitiva, situarlas en el lugar que se
merecen.
Es indispensable que todos los actores implicados realicen un esfuerzo
para tratar adecuadamente el envejecimiento y desterrar imágenes sociales
de las personas mayores como un grupo pasivo e improductivo, evitando, de
este modo, su discriminación social.
En este cometido es especialmente importante el papel de los medios de
comunicación, pues en muchas ocasiones de ellos depende la percepción que
el conjunto de la sociedad tiene sobre determinados asuntos. Es esencial
que las diferentes administraciones promuevan, en el ámbito de sus
competencias, que radios, televisiones, prensa escrita o digital, es
decir, medios de comunicación tanto públicos como privados, realicen una
proyección positiva del envejecimiento.
Por todo ello, sería conveniente elaborar y utilizar una "guía de estilo"
para referirse a las personas mayores entre los profesionales de la
comunicación, e igualmente proporcionar una mayor presencia a las
personas mayores en los medios, no sólo como objeto de las informaciones,
sino como actores de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, Administraciones Locales, y los distintos medios
de comunicación, a:
- Elaborar una guía de estilo para el tratamiento del envejecimiento y las
personas mayores en los medios de comunicación, con el objetivo de
fomentar una imagen positiva y no estereotipada de las personas mayores,
así como la inclusión de contenidos vinculados a la tercera edad y su
realidad en nuestra sociedad.
- Promover planes de formación específicos en el ámbito del envejecimiento
activo para los profesionales de los medios de comunicación, con el fin
de que adecuen sus mensajes a la realidad de una sociedad donde las
personas mayores son cada vez más numerosas.
- Fomentar la creación de espacios y programas específicos donde se
normalice el envejecimiento, promoviendo para ello que las personas
mayores tengan una mayor presencia en los medios de comunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
el modelo de gestión del sinhogarismo "vivienda primero" (Housing First),
para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Instituto Nacional de Estadística reveló en una encuesta de 2012 que,
en España, son cerca de 23.000 las personas sin hogar que están siendo
atendidas en centros asistenciales; sin embargo, las entidades sociales
que trabajan con este sector estiman que hay 8.000 personas más viviendo
de forma permanente en las calles.
A pesar de la relevancia de estas cifras, la realidad de las personas sin
hogar sigue siendo una de las más desconocidas y complicadas entre todas
las situaciones de exclusión social del mundo.
A este desconocimiento se une que tradicionalmente la solución de las
administraciones públicas competentes ha estado basada en un modelo de
atención "en escalera", en el que la persona sin hogar tiene que ir
superando determinadas etapas para poder acceder a una vivienda, un
proceso largo y difícil y que, desgraciadamente, no asegura el éxito.
Por ese motivo y con el objetivo de reducir el número de personas que
viven en la calle, mejorar su atención y restaurar su papel en la
sociedad, desde la X Legislatura, se han puesto en marcha numerosas
medidas, entre las que cabe destacar la aprobación de la primera
Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar para el periodo
2015-2020.
La Estrategia, que parte de un enfoque integral, se basa en la defensa de
los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención, en la
actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición
de una vivienda.
Respecto a este último punto, la Estrategia plantea una implantación
progresiva del método "vivienda primero" (Housing First), un modelo
innovador que afronta el fenómeno del sinhogarismo facilitando viviendas
accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se
encuentran en peor situación, siguiendo un protocolo que compromete a las
personas.
Este modelo de atención, cuyos resultados tras años de implantación en
países como Canadá y Estados Unidos, muestran mejoras cualitativas en la
aceptación para residir en una vivienda por parte de las personas sin
hogar, se ha comenzado a aplicar recientemente en España, con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ello,
resulta conveniente reforzar la cooperación entre las diferentes
administraciones y entidades sociales con el fin del establecer el método
"vivienda primero" (Housing First) como prioritario a la hora de atender
las necesidades de las personas sin hogar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar los resultados
de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar y, en
cooperación con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y
entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de las necesidades
de las personas sin hogar, a continuar impulsando el modelo de
intervención denominado "vivienda primero" (Housing First), que promueve
la vivienda autónoma como palanca para la inclusión social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, para solicitar una evaluación y actualización de
la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en su Preámbulo afirma que "el
desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están
directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo
de la personalidad y son objeto de protección, a través de los derechos
fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad
física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener
hijos y cuándo tenerlos
constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas
afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la
autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no
interferir en ese tipo de decisiones, pero, también deben establecer las
condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al
alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria,
asesoramiento o información".
La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva fue desarrollada por el
Observatorio de Salud de las Mujeres, organismo ministerial hoy
desaparecido, dando cumplimiento al artículo 11 de la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo. El mismo establece que "para el cumplimiento de
los objetivos previstos en esta Ley, el Gobierno, en cooperación con las
Comunidades Autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un
Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que
contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales
y las organizaciones sociales. La Estrategia se elaborará con criterios
de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en
jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. La
Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de
evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en
particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva".
La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de
2010. Según la misma, la promoción de la salud sexual implica favorecer
las condiciones para que los servicios sanitarios garanticen su calidad,
ofreciendo información, asesoramiento y asistencia sobre cualquier
aspecto relacionado con la sexualidad y la reproducción. Por tanto, la
Estrategia marca las líneas que deben desarrollarse por todas las
administraciones públicas en relación con los derechos sexuales y
reproductivos, partiendo de la premisa básica de la equidad en el acceso
a todos los recursos y servicios públicos dentro del territorio nacional.
Transcurridos siete años desde su aprobación, la Estrategia no ha sido
renovada. De igual forma, no se han llevado a cabo las evaluaciones
bienales, ni tampoco se ha realizado por parte del Gobierno el informe
anual de situación conforme establece la disposición adicional primera de
la Ley Orgánica 2/2010 de cara a la formulación de propuestas de mejora
en equidad y accesibilidad de las prestaciones y con el fin de verificar
la aplicación efectiva de los derechos y prestaciones reconocidas en esta
Ley en todo el Sistema Nacional de Salud. Este informe debe realizarse en
base a los datos presentados por las Comunidades Autónomas al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Dentro del gran abandono por parte del Gobierno en esta materia, hay que
destacar que las últimas cifras oficiales sobre salud y hábitos sexuales
en España datan de casi hace una década, lo que pone de relieve la
necesidad de llevar a cabo una encuesta que recoja los datos actuales que
reflejen la realidad de la situación hoy en día, dados los enormes
cambios sociales producidos desde la última encuesta.
A falta de datos oficiales sobre la implementación y evaluación de la
Estrategia, sí se ha dado a conocer por parte de trece organizaciones
socio-sanitarias las deficiencias y desigualdades en materia de salud
sexual y reproductiva en nuestro país, a través del informe "Deficiencias
e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España"
(2016), que analiza la situación de los derechos sexuales y reproductivos
en nuestro país. Una vez más se evidencia el impacto en la salud de los
recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en materia
de sanidad, especialmente tras las reformas llevadas a cabo en el Sistema
Nacional de Salud en 2012, que afectan de manera particular en materia de
salud sexual y reproductiva a las mujeres y a las niñas, que se enfrentan
a grandes desigualdades a la hora de acceder a los distintos servicios
dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residan. Además, la reforma
sanitaria ha dejado fuera del sistema a las mujeres inmigrantes en
situación irregular, y por tanto, se les excluye también en materia de
salud sexual y reproductiva.
Las Comunidades Autónomas han desarrollado la normativa estatal de forma
muy diferente, produciendo diferencias en los servicios existentes y en
su prestación entre las diferentes comunidades, y generando, por tanto,
inequidad entre los distintos territorios. Tanto el informe citado como
el Informe oficial sobre IVE 2015, último editado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, muestran las grandes diferencias
territoriales en el acceso a la práctica de la interrupción legal del
embarazo dentro de la sanidad pública.
Del mismo modo, se constatan grandes desigualdades en la financiación de
los anticonceptivos y otros servicios de salud sexual y reproductiva, en
la obligatoriedad de impartir educación sexual y cómo
hacerlo, y en las campañas de educación y promoción de la salud en este
ámbito. El informe deja claro que, en materia de educación sexual, la
aplicación de la Estrategia a nivel estatal es prácticamente nula, y de
hecho no existe presupuesto específico para este fin.
Así, las principales conclusiones del Informe "Deficiencias e inequidad en
los servicios de salud sexual y reproductiva en España" podrían resumirse
en las siguientes cuestiones:
1. La falta de planes de prevención supone un importante incremento del
riesgo, especialmente para las personas jóvenes, personas con
discapacidad, y otras en situación de vulnerabilidad, de contraer
infecciones de transmisión sexual y tener embarazos no planificados.
2. Existen serias limitaciones de acceso a métodos anticonceptivos, así
como serias deficiencias en los servicios sanitarios que asesoran y
prescriben dichos métodos, produciéndose una importante inequidad en el
acceso a los mismos dependiendo de la comunidad de residencia.
3. Falta de financiación de determinados anticonceptivos dentro del
Sistema Nacional de Salud por motivos fundamentalmente económicos. De
hecho, desde 2013 se han retirado del sistema de financiación pública
algunos anticonceptivos hormonales de última generación, con mayor valor
terapéutico, añadiendo una carga económica a casi un millón de mujeres,
según estimaciones de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
4. Existen especiales barreras en el acceso a métodos de larga duración
como los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes
anticonceptivos, bien por no estar financiados (caso del DIU de cobre), o
por estar financiados sólo a nivel hospitalario (caso del DIU con
progesterona), por existir dificultades en la prescripción o escasez de
profesionales que los inserten (caso de los implantes). También se
destaca que la disponibilidad gratuita de estos métodos en los servicios
autonómicos de salud (centros de atención primaria, de planificación
familiar o especializada) es muy desigual, no solo entre las 17
Comunidades Autónomas, sino entre distintos servicios o zonas dentro de
las propias ciudades.
5. Los preservativos se pueden conseguir gratuitamente en algunos recursos
socio-sanitarios muy específicos, pero también de forma desigual,
existiendo diversas barreras de acceso.
6. En el caso de la anticoncepción de urgencia, se denuncia que las
intenciones mostradas en varias ocasiones por el actual Gobierno de
dejarlas fuera de la libre dispensación, es contraria a las conclusiones
de los estudios que indican que en nuestro país, no existe un abuso de la
píldora del día después ni la misma produce efectos adversos no
controlados.
7. En el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, existe gran
inequidad territorial. Hay que unir al hecho de las limitaciones en el
acceso a los métodos anticonceptivos, el endurecimiento del acceso a las
interrupciones voluntarias del embarazo para las jóvenes de 16 y 17 años
que lleva, a las que no pueden contar con permiso paterno o materno, a
vivir situaciones dramáticas.
8. En el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está teniendo
una incidencia negativa la falta de regulación de la objeción de
conciencia, así como la distinta información y atención que existe
dependiendo de cada Comunidad Autónoma. El informe, basándose en los
datos oficiales del Informe IVE 2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, pone de manifiesto que hasta cuatro Comunidades
Autónomas no han llevado a cabo ningún aborto dentro de sus sistemas
públicos, derivando todos los casos a centros privados acreditados y
concertados. Eso significa que 9.868 de las mujeres que abortaron en 2015
(las residentes en esas cuatro Comunidades) no tuvieron acceso a ser
atendidas por ningún servicio público de salud. En esos y otros casos,
algunas mujeres tuvieron que viajar fuera de su Comunidad de residencia
para ser intervenidas.
9. Limitado y desigual acceso al método farmacológico para la interrupción
voluntaria del embarazo, método que la evidencia científica y muchas
mujeres consideran sencillo y con escasos efectos secundarios, por lo que
los autores del informe recomiendan que debería ofrecerse, junto con el
aborto quirúrgico, a todas las mujeres que demandan aborto hasta las 7-9
semanas de gestación para darles verdaderamente la opción de elegir
libremente sobre el método a seguir.
10. Respecto a las técnicas de reproducción asistida, se pone de
manifiesto la especial dificultad de las mujeres mayores de 39 años y, en
algunas autonomías, de las mujeres lesbianas para acceder a estas
técnicas, así como la insuficiencia manifiesta de las unidades de
reproducción humana asistida en el sistema sanitario público, lo que
supone una clara discriminación para las mujeres con menos recursos.
11. El informe denuncia el abandono en el que se encuentran las mujeres
inmigrantes en situación administrativa irregular, con dificultades de
acceso a la interrupción voluntaria de su embarazo y sin posibilidad de
acceder a la planificación familiar dentro del sistema público nacional.
Esta situación se agrava en los Centros de Internamiento de Personas
Extranjeras, donde falta atención especializada para mujeres embarazadas,
habiéndose producido denegación o interrupción de tratamientos, así como
abusos hacia personas por su orientación e identidad sexual.
No es de extrañar, por tanto, que en el barómetro sobre la libre elección
de anticonceptivos modernos llevado a cabo por la Unión Europea, España
se sitúe dentro de los 9 países europeos (entre los 16 analizados) que
suspenden la evaluación, no solo en el acceso a anticonceptivos sino
también en educación sexual, sensibilización de la población y
empoderamiento de las mujeres.
A ello hay que sumar el retroceso en materia de igualdad y políticas
sociales desde 2012, que también han tenido un impacto negativo en la
salud de las mujeres. Esta realidad contrasta con la actitud de un
Gobierno, que no ha hecho ningún tipo de evaluación sobre el impacto de
la crisis y los recortes llevados a cabo en la salud de la población en
general y de las mujeres en particular.
Los incumplimientos del Gobierno de España en esta materia han sido
advertidos por diversos organismos internacionales. Así, el Comité de
Naciones Unidas que da seguimiento a la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, manifestó en 2015
su preocupación respecto de España por su retroceso en derechos,
específicamente los sufridos por las mujeres en el territorio nacional,
así como por el hecho de que el Estado no ha realizado estudios ni
evaluaciones, para vigilar los efectos de la crisis en función del
género.
Por tanto, se hace absolutamente necesario introducir el enfoque de género
en la salud pública, algo que parece no entrar en los planes del actual
Gobierno, a la vista de la falta de voluntad de destinar recursos
presupuestarios para el desarrollo de estrategias de salud pública con
ese enfoque. Por ello, se hace indispensable la recuperación del
Observatorio de Salud de las Mujeres, eliminado también por este
Gobierno, dado el importante impacto del género en la salud y la
existencia de grandes desigualdades de género en materia sanitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo en el plazo máximo de seis meses la evaluación y
actualización preceptiva de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva
en colaboración con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas,
profesionales y organizaciones sociales, que en el caso de las mujeres,
contemple todas sus fases vitales.
2. Realizar la encuesta sobre salud y hábitos sexuales en España que
proporcione información a nivel nacional sobre el estado de salud sexual
de la población española, introduciendo en la misma un enfoque de género.
3. Una vez actualizada la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva,
dotarla presupuestariamente y desarrollarla, tal como se incluía en su
texto original de 2010, con énfasis en las necesidades de personas con
circunstancias vitales especiales o en situación de vulnerabilidad
(adolescencia, discapacidades, oblación LGTB, migrantes, mujeres víctimas
de violencia sexual, etc.).
4. Dotar presupuestariamente y recuperar el Observatorio de Salud de las
Mujeres para desarrollar las estrategias necesarias en el ámbito de las
desigualdades en salud por razón de género, promoviendo el enfoque de
género I en las políticas públicas de salud.
5. Revisar los criterios de prescripción, seguridad y precio de los nuevos
medicamentos anticonceptivos con beneficios añadidos, con el objeto de su
incorporación o reincorporación a la financiación con cargo al Sistema
Nacional de Salud."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Jesús María
Fernández Díaz y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para destinar ayudas de emergencia al pueblo de
México por los terremotos sufridos el pasado mes de septiembre, para su
debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Un fuerte terremoto de 7,1 de magnitud ha sacudido el pasado 19 de
septiembre el centro y el sur de México provocando al menos 210 muertos y
numerosos daños. Este seísmo se produce diez días después del otro que,
con epicentro en el sureño estado de Chiapas, presentó la mayor magnitud
en 85 años (8,2) y causó la muerte de 100 personas. Coincide también con
el 32 aniversario del terremoto que, en 1985, afectó duramente a México,
causando la muerte de 10.000 personas.
El impacto ha sido enorme causando daños en cientos de edificios, en gran
medida en construcciones precarias que no reúnen las características
necesarias para hacer frente a un terremoto de tales características,
provocando que numerosas personas quedaran atrapadas en los escombros y
que miles de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares.
Entre ellos, cabe destacar el derrumbamiento de una escuela en la que han
perdido la vida 20 niños y niñas.
Las terribles imágenes que hemos podido contemplar de los efectos de los
movimientos sísmicos que ha sufrido el pueblo de México, con irreparables
pérdidas de cientos de personas y cuantiosos daños, sin duda visibilizan
el dolor y el sufrimiento que arrastra una desgracia de esta magnitud.
Todo ello pone en evidencia que las tareas de reconstrucción exigen mucho
tiempo y altos recursos. En ese sentido, queremos destacar y agradecer
que la ciudadanía española se movilizó de manera inmediata para ofrecer
el apoyo necesario, al igual que las ONG que trabajan en la zona y que se
sumaron desde el primer momento a las labores de atención a las víctimas.
Las relaciones históricas entre España y México son muy estrechas y han
fraguado en que nuestras poblaciones se sientan hermanas. Por eso es de
justicia y una obligación que desde España expresemos el sentimiento más
profundo de solidaridad y apoyo al pueblo hermano de México y hagamos un
llamamiento de sensibilidad a la comunidad internacional para con todos
los afectados.
En ese sentido, damos la bienvenida al apoyo al sector de la educación que
es una de las prioridades expresadas por las autoridades mexicanas y por
eso estamos de acuerdo en que la Cooperación Española apostara por
enfocar, en este primer momento de la emergencia, sus esfuerzos en el
apoyo psicosocial a los niños y niñas que fueron alojados en albergues y
al alumnado de los numerosos colegios que han sufrido daños tras el
sismo.
En concreto, nos referimos a la intervención que está llevando a cabo la
ONGD Save the Children y que, según hemos leído en los medios de
comunicación, está dotada de una financiación de 100.000 euros a través
de la Agencia Española de Cooperación (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación español.
No obstante, consideramos que como país debemos estar a la altura de las
circunstancias desplegando ayuda internacional de forma continuada una
vez pasados los primeros momentos de la emergencia para que México pueda
afrontar con garantías la fase de reconstrucción.
Es por ello que, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Destinar ayuda humanitaria suficiente para paliar las dos catástrofes
naturales que han afectado gravemente a nuestro país hermano de México, y
a trabajar de manera coordinada y colaborativa con el resto de
instituciones españolas (ayuntamientos, diputaciones, CC.AA ...) que
pudieran destinar ayudar al país mesoamericano.
2. Aplicar políticas de acción humanitaria en la prevención de las
catástrofes naturales como se establece en el marco estratégico de Sendai
de prevención de riesgo de desastres aumentando la resiliencia de la
población afectada con el objetivo de prevenir y minimizar el impacto de
las catástrofes naturales, haciendo especial hincapié en la infancia como
población más vulnerable."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Pablo
Bellido Acevedo y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley proponiendo la
cesión por el Ministerio de Agricultura del silo de Santa Cruz al
Ayuntamiento de Córdoba para la realización de actividades culturales,
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el BOE número 254, del sábado 21 de octubre se ha publicado el anuncio
61274 que contiene la Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria
por la que se convoca subasta pública para la enajenación de unidades de
almacenamiento (silos) de su propiedad en Córdoba.
Dicha subasta se celebrará el próximo 17 de diciembre, y en ella se
subastará, entre otros, el lote número 3: Unidad de almacenamiento Santa
Cruz (Córdoba).
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la población de Santa
Cruz, toda vez que desde largo tiempo, se pedía y se aspiraba a la cesión
de esas instalaciones en desuso desde hace muchísimos años para dedicarlo
a actividades de interés cultural.
Hay que recordar que Santa Cruz constituye un núcleo poblacional lejano
del Ayuntamiento matriz de Córdoba, y como tal acusa la distancia y
desarraigo que producen la falta de conexiones y servicios. A mayor
abundamiento, la carencia de suelo, acentuada por la crisis económica que
impide su desarrollo urbanístico, imposibilita a corto y medio plazo la
dotación de este tipo de infraestructuras.
Hay que recordar igualmente la cercanía de la población y del silo de
Santa Cruz con el yacimiento arqueológico de Ategua, uno de los más
importantes de Andalucía ya que conserva estructuras de las diversas
épocas por las que ha atravesado, tales como la muralla ibero romana,
casas, cisternas y templos romanos, fortaleza y zoco islámico, en un
claro ejemplo de superposición de ciudades históricas. La ciudad adquirió
fama en la antigüedad por su papel en la guerra civil entre Julio César y
los hijos de Pompeyo. El yacimiento está declarado Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica.
Las aspiraciones de esta población se concretaron en la moción 226/15, de
15 de diciembre de 2015, acordada por el Pleno del Ayuntamiento de
Córdoba "sobre la cesión del uso del silo de grano para adecuación del
mismo como sede de la colección museográfica de Ategua de Santa Cruz",
moción conjunta de todos los grupos municipales. El acuse de recibo
remitido por el Ministerio de Agricultura se limitó a preguntar si había
interés en adquirir las citadas instalaciones al precio tasado de
594.011, 05 ?.
Existen otros ejemplos de silos cedidos para actividades o fines
culturales en la provincia de Córdoba, como los de Espejo, Montemayor, o
el propio silo de la capital, cuyo uso está cedido al Museo Arqueológico
de Córdoba.
A mayor abundamiento, existe un Convenio de colaboración entre la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la
Asociación cultural Amigos de Ategua, que permite asegurar que se contará
con los recursos necesarios para poner en funcionamiento las actividades
culturales que se pretenden realizar.
No obstante, y siendo conscientes de que al haberse publicado ya el
anuncio de la subasta en el BOE, y a fin de no perjudicar a terceros de
buena fe que pudieran haber consignado ya el depósito requerido
para participar en la subasta, esta iniciativa propone solicitar la cesión
de uso en el caso de que quede desierta la primera subasta.
En virtud de todo lo expuesto, por las especiales necesidades de Santa
Cruz, y por la especial riqueza del patrimonio histórico, artístico,
monumental y arqueológico de la población, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en el caso de
quedar desierta la primera subasta, la suspensión de la misma y la cesión
gratuita de uso del silo de Santa Cruz e instalaciones adyacentes al
Ayuntamiento de Córdoba, de conformidad con lo establecido en los
apartados 1 y 3 del artículo 154 de la Ley 33/2003, para que sea
destinado al apoyo e impulso de actividades de investigación y puesta en
valor del patrimonio histórico en el enclave arqueológico de Ategua
(Santa Cruz, Córdoba), así como para el desarrollo e interpretación
histórico-arqueológica del yacimiento, así como a la celebración de
talleres y actividades lúdicas arqueológico-etnográficas que dinamiten la
población y atraigan visitantes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Marcial
Gómez Balsera, Marta María Rivera de la Cruz, Guillermo Díaz Gómez y
Félix Álvarez Palleiro, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre los contenidos de la celebración del V
Centenario de la expedición marítima de Magallanes y Elcano, para su
debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En el año 2019 se cumplirán 500 años de la expedición naval patrocinada
por la Corona española -por el Rey Carlos I- y protagonizada por los
marinos Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La expedición partió
de Sevilla un 10 de agosto de 1519 y logró, al cabo de tres años, dar la
primera vuelta al mundo recorriendo el globo terráqueo por el mar. Con
tal motivo se abrieron nuevas vías marítimas hasta entonces desconocidas.
La innovadora misión "europea" se apoyaba en cinco naves y doscientos
sesenta y cinco hombres de los cuales el 64 % eran españoles y el resto,
dato significativo, se repartía entre nueve nacionalidades diferentes. Se
hicieron a la mar un 20 de septiembre desde Sanlúcar de Barrameda.
Esta empresa naval, muy arriesgada, llena de incertidumbres y orientada
desde un punto de vista de la investigación del planeta -salvando las
distancias nos recuerda a la expedición de la llegada a la luna- requirió
conocimiento liderazgo, patrocinio, contar con unas naves de excelencia,
enorme tenacidad humana y esfuerzo para superar múltiples riesgos y
penalidades.
Fueron tres años dedicados a completar la hazaña descomunal de la primera
vuelta al mundo, finalmente culminada gracias al valor y destreza
marinera de Juan Sebastián de Elcano, natural de Getaria (Gipuzkoa), tras
el fallecimiento del capitán Magallanes durante la estancia en Filipinas.
Al mando de la nao Victoria regresó a Sanlúcar de Barrameda el día seis
de septiembre de 1522 con solo 17 supervivientes de los 265 marinos
iniciales.
Aquella hazaña tuvo una repercusión marítima, económica y científica de
primer orden para la humanidad. Por ello, ante el V Centenario, el
Gobierno español ha procedido a constituir una Comisión Nacional
interministerial para la organización de la celebración. Según reza la
orden de creación de esa Comisión, la Dirección General de Industrias
Culturales es la que tendrá que llevar el peso de los trabajos.
Por su parte, la Junta de Andalucía lleva tiempo trabajando en esta
efeméride. También allí se ha constituido una Comisión interinstitucional
en la que se dan cita la Junta de Andalucía, las Diputaciones de
Sevilla y Cádiz, así como los Ayuntamientos de Sevilla capital y Sanlúcar
de Barrameda. Al mismo tiempo, en Euskadi se ha procedido a crear una
Fundación bajo la denominación de Elkano Mundubira 500.
Ante el riesgo de una dispersión de eventos, y con Pleno respeto a la
capacidad de decisión e iniciativa de las partes, cabe plantear en la
Comisión de Cultura del Congreso la conveniencia de promover desde el
Estado la organización de actividades culturales coordinadas y conjuntas,
así como espacios de reflexión común entre la Comisión del Estado y las
Fundaciones de Andalucía y Euskadi.
Por otra parte, se podría reivindicar, a nivel internacional la figura de
Juan Sebastián Elcano, pues lo cierto es que en la bibliografía histórica
en torno a la primera circunnavegación marítima, la figura de Juan
Sebastián Elcano es absolutamente desconocida. Fuera de España apenas hay
institutos o universidades que hayan generado bibliografía poniendo la
figura del marino guipuzcoano a la altura de la gesta que desarrolló.
Para la historia, la figura indiscutible de esta expedición es Magallanes
y existen pocas referencias al hecho de que fue Elcano quien tomó el
relevo del marino portugués Magallanes, fallecido en el transcurso de la
expedición. Fue quien decidió retornar a casa desde Filipinas en
condiciones muy precarias, buscando una nueva ruta marítima por el océano
Índico, plagada de riesgos.
Se cuenta con documentación original que ha aflorado en los últimos años
que resulta clave en la comprensión de la auténtica relevancia de lo
aportado por Juan Sebastián Elcano. Documentos manuscritos de su puño y
letra dirigidos a Carlos I, emperador de España, a quien relata la
importancia de la gesta marítima. Hacer circular adecuadamente esa
documentación en una exposición que pueda visitar centros expositivos de
referencia, resultaría de gran interés para el objetivo de situar aquella
expedición española y el papel de Elcano a la altura que se merecen.
Superando la tentación de primar una lectura militar de la misión y de lo
que representaba el imperio español en aquella época, convendría desde
una perspectiva contemporánea impulsar miradas el contenido científico y
comercial de la expedición, así como sobre el potencial técnico que
representaba la ingeniería naval de las localidades en la que se
construyeron las naves que luego partirían desde Sanlúcar de Barrameda.
En aquella época la costa vasca, y en especial la guipuzcoana (Pasajes)
tenía una gran capacidad en la construcción de naves.
Interesa una mirada no hegemónica que permita conocer el modo en que las
tierras "conquistadas" durante aquella época de descubrimientos del Nuevo
Mundo, observaban la llegada de estas expediciones. Un análisis sobre
cómo nos vieron los autóctonos y lo que ha supuesto para esas tierras
tanto el mestizaje cultural como la apertura de estas nuevas rutas
marítimas y comerciales en base a productos y especies novedosas y de
gran valor.
Estamos ante la oportunidad de explicar cómo hace 500 años, el Mundo era
mucho más predecible y el universo de los ciudadanos más certero. Aún
así, aquella expedición se enfrentó a lo desconocido, y representa la
primera gran experiencia global de la humanidad. Hoy, 500 años después,
el mundo se ha globalizado y han surgido nuevos fenómenos, graves
problemas y desafíos que lo hacen muy incierto. La historia se ha
acelerado y las personas convivimos todos los días con la incertidumbre
de lo desconocido. Esta es una mirada muy interesante para desarrollar
actividades culturales -incluso una gran exposición- de carácter
histórico, antropológico y filosófico sobre la evolución de la humanidad
durante todo este tiempo.
Por último, se debería poner en valor un episodio importante que forma
parte de la "historia común" de los Pueblos de España y que expresa la
colaboración y participación de marinos de diferentes territorios de
España, así como navegantes de otros países, en una empresa colectiva
innovadora y patrocinada por la Corona. Es muy conveniente recordar la
presencia de los vascos que fueron la punta de lanza de las campañas
navales de la Corona española. Además de experimentados navegantes, desde
los astilleros de la costa vasca salieron las mejores naves que hicieron
posibles las gestas que convirtieron a España en la potencia de la época.
Al menos una treintena de los 265 hombres que reclutó Magallanes en
Sevilla, antes de hacerse a la mar, eran marinos vascos. También hay
constancia de que al menos tres de las cinco naves que formaron la
expedición procedían de astilleros del Cantábrico.
Se sabe que la "Trinidad", la nave almirante en la que navegó Magallanes
hasta que fue muerto en Filipinas, había sido adquirida en Bilbao por un
capitán de Lekeitio, Nicolás de Adieta, comisionado por el rey. Pesquisas
más recientes han sacado a la luz que la nao "Victoria", la única que
completó la vuelta al globo, no se hizo en Zarautz, tal y como se había
creído hasta ahora, sino en Ondarroa. El historiador
Xabier Alberdí explica que un investigador portugués que ha indagado en la
trayectoria de Magallanes tiró del hilo hasta descubrir que la nave le
fue adquirida a un ondarrés de nombre Domingo de Apallua.
También la "Concepción", el barco en el que embarcó Elcano antes de
hacerse con el mando de la expedición, llevaba el sello "made in País
Vasco".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Celebrar el V Centenario de la expedición marítima de Magallanes y
Elcano para poner en valor un episodio importante que forma parte de la
"historia común" de los Pueblos de España y que manifiesta la
colaboración y participación de marinos de diferentes territorios de
España, así como navegantes de otros países, en una empresa patrocinada
por la Corona.
2. Impulsar actividades culturales conmemorativas que, además de recordar
a los protagonistas, proyectar el papel de Juan Sebastián Elcano y el
carácter científico e innovador de la expedición, incorporen y proyecten
los valores de la colaboración, la implicación en empresas colectivas y
el esfuerzo personal, así como la importancia del sector naval en aquella
época y la calidad de las naos.
3. Fomentar por parte del Gobierno de España el estudio y realización de
iniciativas culturales, sobre esta conmemoración, compartidas y/o
coproducidas junto a las Fundaciones creadas en Andalucía y Euskadi,
recogiendo, además, en los Presupuestos Generales del Estado la partida y
ayudas para dichas iniciativas conjuntas.
4. Apostar por enfoques abiertos y contenidos críticos que permitan
conocer el modo en que la población de las tierras "conquistadas",
durante aquella época de descubrimientos del Nuevo Mundo, observaba la
llegada de estas expediciones, realizando un análisis sobre cómo nos
veían y las consecuencias que ha supuesto para esos territorios tanto el
mestizaje cultural como la incidencia de la apertura de nuevas rutas
marítimas y comerciales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Odón Elorza
González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/002436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar las técnicas
de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores
públicos asegurados por MUFACE, para su debate en la Comisión de
Igualdad.
Exposición de motivos
A finales del mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana dictó sentencia en relación a un caso en el que la
clínica de fertilidad colaboradora con MUFACE se negaba a realizar una
técnica de reproducción asistida a una pareja heterosexual, cuyo uno de
sus miembros era transexual.
Uno de los demandantes, siguió hace años un tratamiento hormonal mediante
lo protocolizado en la Seguridad Social, y desde entonces consta a todos
los efectos legales como género masculino. Antes de iniciar dicho
tratamiento, esta persona se sometería a una estimulación ovárica que
resultaría con la congelación de varios ovocitos a fin de que pudiera
tener descendencia con su carga genética una vez hubiera terminado el
tratamiento hormonal.
Una vez los demandantes, fueron a la clínica colaboradora con MUFACE para
iniciar la técnica ROPA, los profesionales alegaron que dada la
casuística concreta del caso deberían esperar a la resolución de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Resolución que
a fecha de la sentencia todavía no se había producido.
Los demandantes buscaron la opinión de una ginecóloga, ante la que
plantearon la situación, optando bajo el asesoramiento de la profesional
la Inseminación Artificial de Donante al no ser posible una gestación
natural. La ginecóloga realizaría el informe preceptivo que recoge la
situación de la pareja y en el que señala que la pareja, heterosexual,
acude a la consulta por deseo gestacional pero que al ser uno de los
miembros transexual, existe una causa de esterilidad primaria,
solicitándose a MUFACE, la valoración y tratamiento de la reproducción en
una clínica colaboradora de la mutua. La aseguradora propietaria de la
clínica alegaría posteriormente que la pareja no recogería los criterios
contenidos en el convenio vigente entre MUFACE y las entidades médicas,
por lo que se negó a llevar a cabo el procedimiento de reproducción
asistida pertinente "al no existir causa ginecológica que le impida una
gestación por medios naturales".
Ante esta situación, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana dicta que existe "una discriminación por orientación sexual y
violación del derecho a la dignidad de las personas", además de un trato
"arbitrario e injustificado". Según el Tribunal, la relación que mantiene
la asegurada por la mutualidad, con su marido, tratado hormonalmente
previo a su casamiento, hace que imposibilitar la reproducción de la
pareja supone la misma discriminación que en el caso en que la pareja
fuera una mujer, recalcando que la cobertura que debe dispensar MUFACE
debe ser igual al dispensado por el sistema general de la Seguridad
Social.
El Tribunal recuerda el principio de igualdad en la ley obliga al
legislador a dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en
situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad
recordando que la cláusula 1.1.3 del Concierto con MUFACE señala que la
cartera del mismo incluirá, al menos, la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a MUFACE su deber de prestar los mismos servicios a los
asegurados por la mutualidad, al menos, las mismas prestaciones recogidas
en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y el
cumplimiento de los convenios firmados con la Administración.
2. Agilizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida (CNRHA) a fin de que pueda responder de manera eficaz a
consultas sobre reproducción humana asistida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad,
relativa a los Planes de Igualdad para las Empresas y la Administración
Pública.
Exposición de motivos
El registro de Planes de Igualdad es obligatorio, tal y como establece el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Todos los Planes de Igualdad se registran en REGCON (Registro de Convenios
y Acuerdos Colectivos), identificándose con este nombre en la
clasificación de "Naturaleza" del acuerdo, según lo estipulado en el
artículo 2.1.f) del RD 713/2010, publicándose posteriormente en "Boletín
Oficial del Estado".
Únicamente y como excepción, se registran como acuerdos aquellos planes
que, como establece la disposición adicional segunda del RD 713/2010, no
tengan como referencia un convenio propio, ni un convenio sectorial y su
depósito ante la Autoridad Laboral no conlleve publicación en el "Boletín
Oficial el Estado".
Además de la obligatoriedad, el registro es una importante herramienta de
control y seguimiento de los planes negociados, por ello sería necesario
dar un paso más y comprobar que este registro se realiza.
Finalmente, hemos de reconocer que si la ausencia de medidas en los planes
de Igualdad de empresas y administraciones públicas constituye un
obstáculo para las mujeres en general en referencia al acceso a sus
derechos, entonces para las mujeres que enfrentan una discriminación
interseccional se torna imposible acceder a dichos derechos, propiciando
por tanto situaciones de especial vulnerabilidad que el Estado está
obligado a erradicar.
El día 28 de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los
Diputados la votación del Dictamen emitido por la "Subcomisión para un
Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género". En dicha sesión, el
Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el
Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas
por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.
Entendiendo que la ausencia de registros de Planes de Igualdad tanto en
las empresas como en la Administración Pública constituye un obstáculo
para el ejercicio de los derechos de las mujeres y que, a su vez,
invisibilizar o negar dicho obstáculo constituiría la pérdida de una gran
oportunidad para el desarrollo democrático del país, nuestro Grupo
Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares
específicamente a esta cuestión, resultando dicha votación en aprobación
del voto mencionado por mayoría de la Cámara.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar que la
Inspección de Trabajo velará por la elaboración de los planes de igualdad
con perspectiva interseccional en aquellas empresas y administraciones
públicas cuya obligatoriedad establece la Ley 3/2007. Así mismo, se
garantizará que estos Planes de Igualdad cumplen con lo establecido en el
RD 713/2010. A estos efectos, se impondrán sanciones para aquellas
empresas en las que una vez conminado el registro de los Planes de
Igualdad, éstos no hayan sido implementados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Sofía
Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo
Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía
Martín González y María del Mar García Puig, Diputados.-Txema Guijarro
García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/002480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la fiscalización de los
fondos destinados a la lucha contra la Violencia de Género en el seno del
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para su debate en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario en todo
momento, la consecución de un Pacto de Estado para la lucha contra la
Violencia Machista. Por ello fue uno de los puntos incluidos en el
acuerdo de investidura con el Partido Popular (puntos 74 y 75) y por
ello,
participamos activamente en su consecución y votamos a favor de su
aprobación por la Comisión de Igualdad el pasado mes de julio.
El hecho de que todas las formaciones políticas representadas en el
Congreso de los Diputados alcanzásemos un acuerdo para prevenir y
combatir la Violencia de Género, es un hito del que debemos
congratularnos y que sentará las bases de una nueva forma de enfocar la
lucha contra esta lacra social. Consideramos que las medidas acordadas
entre los grupos mejorarán de manera sustancial la asistencia a las
víctimas de toda violencia machista, también la que sufren tantas mujeres
fuera del ámbito de la pareja o expareja. Se atenderá además a ese gran
porcentaje de mujeres que por diferentes motivos no denuncian,
incrementando su protección, y proporcionándoles el apoyo y
acompañamiento necesario.
Ahora, si queríamos que las medidas pactadas se pusieran en marcha era
preciso dotarlas de la financiación adecuada. Por ello, para el Grupo
Parlamentario Ciudadanos siempre fue fundamental llegar a un acuerdo
económico que implicara al Gobierno del Partido Popular en el marco del
Pacto de Estado. Una vez alcanzado ese acuerdo, nos parece de vital
importancia asegurar que el dinero que se vaya a destinar al Pacto se
utilice de una manera eficiente y eficaz en la lucha contra esta lacra.
La falta de fondos específicos hasta el momento ha supuesto importantes
problemas para numerosas asociaciones y organizaciones destinadas a la
prevención y actuación sobre la violencia de género. Por ejemplo, esta
misma semana conocíamos los problemas de la Asociación de Asistencia a
Mujeres Violadas de Madrid (CAVAS), debido a los problemas de
financiación surgidos a partir del nuevo modelo de reparto de las
subvenciones que provienen del 0,7 % del IRPF y de programas específicos
en la Comunidad de Madrid en esta materia.
Queremos que los 1.000 millones acordados sean utilizados de manera
eficiente para prevenir, combatir, erradicar la violencia machista, así
como para el acompañamiento y la asistencia a las víctimas, nunca para
otros fines. De esta manera, será necesario que toda transferencia
presupuestaria que vaya destinada a un programa o actividad derivado de
este Pacto deba ser fiscalizada y evaluada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas precisas para que las administraciones
públicas que deseen elaborar programas o proyectos derivados del Pacto de
Estado en materia de violencia machista, de "motu proprio" como a través
de terceros, deban elaborar informes o estudios que justifiquen y avalen
dichos programas o proyectos. Dichos documentos deberán ser públicos.
2. Llevar a cabo las medidas precisas para que todas las asociaciones que
deseen optar a fondos públicos, derivados del Pacto de Estado puedan
hacerlo, presentando un informe con objetivos, actividades e indicadores
de medición concretos que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de
conceder los fondos por parte de las administraciones públicas y
evaluados a posteriori. En caso de que sea la propia administración quien
desarrolle y ejecute el programa o proyecto, deberá incluir los
objetivos, actividades e indicadores en el informe justificativo. Estos
documentos deberán ser públicos.
3. Estipular una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora
de renovar o prolongar fondos en el marco de este Pacto, entre las cuales
se incluye la valoración de la eficiencia. Ninguna administración u
organización podrá acceder a nuevos fondos si no existe informe de
evaluación correspondiente a los programas o proyectos realizados
previamente.
4. Elaborar informes anuales y públicos de evaluación sobre el uso de
fondos, desarrollo de actividades y programas, así como consecución de
objetivos de los proyectos desarrollados en todos los niveles
administrativos y enmarcados en el Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género a través del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en colaboración con el Instituto de la Mujer y el
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en base a la
documentación anteriormente mencionada, Dichos informes serán remitidos a
la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Patricia
Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un
modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático,
para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
La contaminación causa al año 520.000 muertes prematuras en Europa (en
España, cerca de 30.000); y los fenómenos climáticos extremos -que los
científicos relacionan con el calentamiento global- han supuesto más de
400.000 millones de euros en pérdidas en Europa desde 1984. Ambos datos
proceden de informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que apunta
a la incidencia del transporte rodado en los dos problemas.
El transporte en Europa, al igual que en el resto del mundo, está
fundamentado en consumo de combustibles fósiles, de la gasolina y el
diésel. Alrededor del 65 % de la producción mundial de petróleo se
destina ahora al transporte. Y cuando ese combustible fósil se quema para
generar energía se emiten los contaminantes que desencadenan los picos de
polución en las ciudades y los gases de efecto invernadero que calientan
el planeta, según el consenso científico.
El transporte acumula el 23 % de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero de todo el sector energético. Los Gobiernos del mundo, a
través del acuerdo de París contra el cambio climático, se han
comprometido a mantener el incremento de la temperatura a final de siglo
por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles
preindustriales. Y esa meta será casi inalcanzable sin recortes en las
emisiones del sector del transporte, que lleva un retraso considerable
respecto a otros como el de la generación de electricidad, donde las
renovables han cogido ya velocidad de crucero.
Baste recordar, en relación a los vehículos eléctricos, que la Agencia
Internacional de la Energía, que anualmente realiza un análisis de la
evolución de la implantación de los vehículos eléctricos, calcula que,
para cumplir con esa meta internacional de los dos grados, a venta de
coches eléctricos se debe disparar en el mundo en la próxima década. En
2025, tendrán que circular 60 millones de estos coches limpios para
cumplir el objetivo de los dos grados. En 2030 se debe llegar a los 150
millones (lo que supondría el 10 % de todos los vehículos ligeros). En
2050, el objetivo es llegar hasta el 40 % de coches eléctricos, es decir,
1.000 millones.
A España debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
(emisiones GEI) entre un 80 y un 95 % hasta 2050 para cumplir con los
objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea. Esta
reducción implicará pasar de emitir 329 MtCO2 equivalentes en el año 2014
a emitir entre 14 y 88 MtCO2 en 2050.
El transporte es un sector clave en el proceso de descarbonización del
modelo energético. En España, el transporte es la actividad con mayor
volumen de emisiones GEI; en 2014 emitió en torno a 80 MtCO2 equivalentes
(el 24 % del total de las emisiones de la economía española). Durante los
últimos 15 años, ha sido uno de los sectores de actividad que menos ha
reducido sus emisiones GEI, un 8 %, mientras que los otros dos grandes
sectores emisores, la generación eléctrica y la industria, han reducido
sus emisiones GEI un 31 % y un 32 % respectivamente, durante el mismo
período.
Son necesarias políticas y objetivos de reducción de emisiones más
ambiciosos para el transporte. La Comisión Europea publicó en 2011 el
Libro Blanco del Transporte que estableció unos objetivos de variación de
las emisiones GEI para el sector del transporte, respecto a 1990, de un
+8 % en 2030 y de un -60 % en 2050, así como un conjunto de iniciativas
para la transformación del sector.
En comparación con la industria y la edificación, el transporte dispone de
una mayor madurez en las soluciones técnicas para su descarbonización, es
más homogéneo en tipologías de activos y los ciclos de renovación de los
mismos son más cortos. Por ello, son necesarios y posibles unos objetivos
más ambiciosos de reducción de emisiones GEI del sector del transporte,
para compensar las barreras a la descarbonización de otros sectores y
alcanzar los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
Las políticas actuales de reducción de emisiones en el transporte no
garantizan la consecución de los objetivos a 2030, ya que las medidas de
reducción de emisiones de nuevos vehículos no aseguran una
descarbonización efectiva, y el uso de biocombustibles no genera una
reducción real de las emisiones, no son suficientes para alcanzar los
objetivos a 2050. Por lo tanto, son necesarias políticas de reducción de
emisiones más efectivas.
De los 80 MtCO2 equivalentes que emitió el transporte en el año 2014, el
94 % fueron producidas por el transporte terrestre de pasajeros y de
mercancías. El transporte de pasajeros (coche, autobús y tren,
fundamentalmente) emitió 52 MtCO2 (66 % del total del sector transporte)
y el transporte de mercancías 22 MtCO2 (28 % del total del sector
transporte).
Además de las emisiones GEI, el actual modelo de transporte terrestre
genera una concentración de emisiones de elementos contaminantes, tales
como NOx, SOx, CO y partículas, en los grandes centros urbanos (el 35 %
de las emisiones de elementos contaminantes se realiza en el 5 % de la
superficie y afecta directamente al 60 % de la población española).
Además, otra fuente relevante de contaminación en áreas densamente
pobladas es el consumo de combustible de los buques mientras están
atracados en los puertos, que equivale a las emisiones de varios millones
de vehículos.
Es por ello que para la consecución por España del objetivo de reducción
de emisiones, de pasar de los 80 MtCO2 actuales a los objetivos que
propone el Libro Blanco del Transporte de +8 % en 2030 y -60 % en 2050
pasa por potenciar la electrificación del transporte de pasajeros y por
incidir en el cambio modal a ferrocarril y en la electrificación del
transporte de mercancías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"Con el fin de potenciar la movilidad eléctrica en el transporte de
viajeros, se insta al Gobierno, en colaboración con todas las
administraciones competentes en la materia, a:
1. Crear un observatorio del vehículo eléctrico para la coordinación de
las diferentes Administraciones Públicas, planificación y seguimiento de
la penetración del coche eléctrico, y análisis de la efectividad de los
programas de incentivos y fomento de la infraestructura de recarga de
acceso público.
2. Establecer objetivos a 2030 y desarrollar un plan de incentivos
económicos a la adquisición de vehículos eléctricos.
3. Definir y desarrollar un modelo de despliegue de la infraestructura de
recarga de acceso público, estableciendo objetivos de infraestructura
pública de recarga por cada nivel de la Administración Pública, en
función de sus competencias.
4. Desarrollar mecanismos y políticas para que la Administración Pública
asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches
eléctricos.
5. Establecer una estrategia para la transformación de la industria
automovilística y sus industrias auxiliares.
6. Desarrollar campañas específicas de promoción de la movilidad eléctrica
en flotas y asociaciones gremiales.
7. Desarrollar un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico
en centros urbanos.
Con el objetivo de descarbonizar el transporte terrestre de mercancías, se
insta al Gobierno, en colaboración con todas las administraciones
competentes en la materia, a:
8. Realizar una planificación de las infraestructuras ferroviarias
destinadas específicamente al desarrollo del transporte de mercancías, en
el horizonte de los próximos 15 años, que sea consensuada y acordada por
los principales agentes y administraciones afectadas. Esta planificación
debe incluir un acuerdo que permita el desarrollo de los corredores clave
para el transporte de mercancías en España en el corto plazo.
9. Desarrollar un plan para la penetración del camión ligero eléctrico de
transporte mediante el desarrollo de un sistema de incentivos a la
adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de
recarga asociada.
10. Impulsar las actuaciones necesarias que permitan desarrollar proyectos
de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías que
permitan descarbonizar completamente el transporte de mercancías.
Con el objetivo de reducir las emisiones por parte de buques atracados se
hace preciso potenciar el uso del gas natural y el suministro de
electricidad en puerto, con este objetivo se insta al Gobierno, en
colaboración con todas las administraciones competentes en la materia:
En relación al uso del gas natural licuado (GNL), a:
11. Desarrollar una planificación de las inversiones a realizar para
instalar en los principales puertos españoles (especialmente aquellos
localizados en grandes rutas internacionales) sistemas de suministro de
GNL a buques.
12. lncentivar las inversiones, por parte de armadores, para la adaptación
de los buques al consumo de GNL, mediante exenciones fiscales a la
inversión o ayudas directas.
En relación al desarrollo del suministro eléctrico, a:
13. Elaborar una planificación para llevar a cabo el desarrollo de las
infraestructuras necesarias en los puertos, priorizando aquellos en los
que sería más adecuada la instalación de sistemas de alimentación
eléctrica a buques atracados, y estableciendo un calendario de despliegue
que servirá de guía a los diferentes agentes.
14. Incentivar las inversiones para desarrollar las infraestructuras
portuarias necesarias.
15. Estudiar la adopción de ayudas económicas específicas para la
adaptación de los buques al consumo eléctrico mientras permanecen
atracados, como reducir el impuesto especial de electricidad o establecer
incentivos fiscales sobre las inversiones necesarias para la adaptación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Ricardo
Antonio García Mira, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de los
elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad,
para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la epilepsia como "una
enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se
caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son
episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una
parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones
generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia, que
se debe a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales
y cuya frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta
varias al día".
Se estima que en España pueden existir más de 400.000 ciudadanos que
padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones
clínicas y repercusiones en su vida diaria. La epilepsia se caracteriza
por una alteración del cerebro que predispone a éste a generar crisis
epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo,
psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de
consulta más frecuentes en un servicio de Neurología, siendo, además, una
de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente de
las tratadas en este tipo de servicios.
La afectación que esta patología supone, en numerosas ocasiones, a las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es significativa. La
epilepsia no solo tiene como consecuencias directas las crisis
convulsivas, también existen numerosos casos en los que la epilepsia
causa un deterioro cognitivo significativo de la persona que la padece,
problemas de psicomotricidad y lenguaje, pérdida de habilidades
motoras, etc. El tratamiento para esta patología también posee
consecuencias directas sobre el bienestar del paciente. Todas ellas,
consecuencias que afectan directamente al desarrollo personal del
afectado y a su bienestar físico, psíquico y social.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía
establece una serie de criterios concretos a la hora de conceder
minusvalías a personas afectadas por epilepsia. En concreto, el Real
Decreto establece lo siguiente:
"Para considerar que un paciente se encuentra adecuadamente tratado se
precisa la demostración de una correcta dosificación de fármacos
antiepilépticos, mediante determinación de niveles plasmáticos de
fármacos que deberán encontrarse en rangos terapéuticos.
Será necesario que el paciente haya permanecido con crisis, a pesar del
tratamiento correcto, durante más de un año antes de proceder a la
valoración.
La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá fundamentalmente del
número y tipo de crisis. Las crisis generalizadas tipo ausencias y las
parciales simples son menos discapacitantes que las restantes crisis
generalizadas (mioclónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas) y que
las crisis parciales complejas. Por este motivo, las ausencias y crisis
parciales simples sólo serán incluidas en clase I o clase II.
Dado que muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienen tendencia a
estabilizarse con la edad, en estos casos se realizarán revisiones cada 5
años."
Es decir, es preciso que tenga crisis desde hace un año, y se valora
"fundamentalmente" el número y tipo de estas. No teniendo en cuenta, en
ningún momento, sus consecuencias.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se
revisen los criterios para conceder la discapacidad en la patología de la
epilepsia ya que tener en cuenta sólo el número de crisis y no sus
consecuencias, de las que existe suficiente evidencia para saber que
pueden tener importantes repercusiones para la salud física, psíquica y
social del paciente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía, en concreto a lo relativo a los criterios para la
asignación del grado de discapacidad por epilepsia, a fin de que el grado
de dependa del número y tipo de crisis, pero también del grado de
afectación y limitaciones de las Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD) como consecuencia de la enfermedad y de los factores
neurobiológicos, psicosociales y farmacológicos.
2. Ajustar y actualizar la nomenclatura utilizada en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía para la epilepsia en
base al nuevo sistema de clasificación establecido por la Liga
Internacional Contra la Epilepsia (ILAE)
3. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la
necesidad de homogeneizar en los centros especializados de atención a la
epilepsia los documentos de valoración específicos, así como la necesidad
de protocolizar en todos los territorios, los recursos humanos y
materiales precisos a fin de que un centro hospitalario pueda abrir una
unidad especializada en epilepsia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la Diputada doña Teresa Arévalo Caraballo,
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad, relativa al cumplimiento de la
accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, tiene como objeto "garantizar
el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el
ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos
y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la
accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la
comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de
discriminación".
Esta misma norma define la accesibilidad universal como la condición que
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible.
Las personas con diversidad funcional tienen derecho a vivir de forma
independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Por eso, el Real Decreto Legislativo 1/2013, en su artículo 22, dice que
"los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la
accesibilidad universal". Además, según el artículo 63, se vulnera el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad
funcional cuando "se produzcan incumplimientos de las exigencias de
accesibilidad".
Pues bien, a día de hoy la Biblioteca Nacional, la biblioteca más
importante de nuestro país, no cumple con el principio de accesibilidad
universal recogido en esta norma. Las personas con diversidad funcional
cuando acuden a este edificio público son totalmente dependientes de
terceras personas. Hoy la Biblioteca Nacional no es ejemplo de igualdad
de oportunidades para las personas con capacidades diferentes, un grupo
social que debía de ser de especial referencia para la actuación de este
Organismo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Abordar con urgencia las actuaciones necesarias para que, cumpliendo con
el Real Decreto-ley 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social y con la Ley 1/2015, de 24 de
marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, las instalaciones
y los servicios prestados por la Biblioteca Nacional sean accesibles a
las personas con diversidad funcional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-María Teresa
Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
eliminación de un punto negro entre la Nacional 320 y la ciudad de
Guadalajara, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La conexión de la N-320 con la A-2 a su paso por Guadalajara resulta muy
conflictiva desde el punto de vista de una circulación fluida y, sobre
todo, desde cualquier aspecto relacionado con la seguridad vial.
En este mismo cruce -por la única calzada de la N-320- confluyen los
accesos al Hospital de Guadalajara y a dos centros educativos con la
propia entrada/salida a la capital.
El número de vías que confluyen, el tipo de regulación, el volumen de
tráfico de vehículos y de movilidad peatonal son aspectos que influyen
decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y,
también, en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. Tomando
como base la estadística recogida en el PMUS, se han registrado en Cuatro
Caminos más de 80 accidentes en los últimos años, lo que convierte este
cruce en el mayor punto negro de Guadalajara en accidentalidad.
En los últimos años se han planteado medidas que ayudarían a
descongestionar este punto tales como el desdoblamiento de la N-320 y
ejecución del proyecto de Autovía de la Alcarria o la variante de la A-2
para alejarla de Guadalajara. Todas estas iniciativas siguen paralizadas
mientras la situación se hace cada vez más insostenible por unas
infraestructuras claramente insuficientes para una capital de provincia.
Las más recientes actuaciones relacionadas con la señalización o la
colocación de elementos reductores de la velocidad no han impedido que la
siniestralidad crezca al tratarse de una conexión muy transitada, tanto
por los miles de vehículos que la atraviesan día a día, como por los
centenares de peatones que acuden a los mencionados centros educativos,
al hospital o al tanatorio de la ciudad.
Solo en 2016 y 2017, al margen de los accidentes en los que no ha habido
que lamentar graves daños personales, tres personas han resultado
heridas, víctimas de atropellos. El peor de los incidentes registrados se
producía el pasado 10 de octubre cuando una joven de tan solo 18 años
murió arrollada por un camión en un paso de peatones del ramal que
conecta la N-320 con la A-2 dirección Barcelona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de acuerdo con el
Ayuntamiento de Guadalajara se proceda a una solución urgente para la
eliminación de este punto de alta accidentalidad estableciendo una
alternativa de paso viable y segura que garantice la buena convivencia de
peatones y vehículos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Pablo
Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/002450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso
por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT
por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial.
Exposición de motivos
La comarca lucense de A Mariña adolece de un enorme déficit en materia de
infraestructuras. Además de las deficiencias en materia de
infraestructuras ferroviarias, debemos resaltar que las carreteras de
titularidad estatal presentan numerosos problemas de seguridad vial
derivados de la falta de mantenimiento o la falta de inversión en dicha
materia. Dejadez agudizada en los años de crisis.
A día de hoy sigue sin haber una alternativa real a vías obsoletas como la
N-634. La inauguración en febrero de 2014 de la autovía Transcantábrica,
la A-8 no ha resuelto la situación. A pesar de tratarse de una autovía
nueva, como sabe de sobra el Ministerio, resulta inútil como alternativa
a las viejas carreteras
nacionales. Desde su inauguración la A-8 acumula una media de 35 días de
cierre al año, que se traduce en un total de 835 horas aproximadamente.
El tramo de la comarca de A Mariña, situado entre Abadín y Mondoñedo,
supuso una inversión de 200 millones de euros. Como hemos dicho en
numerosas ocasiones, se obvió por completo las características de este
tramo de 22 kilómetros que pasa a una altura de 700 metros en o Alto do
Fiouco. Área caracterizada desde siempre por bancos de niebla,
circunstancia que no se tuvo en cuenta en el proyecto. Un error técnico
que ahora pagan los habitantes de A Mariña puesto que cada vez que la DGT
corta al tráfico la A-8, son desviados por la vetusta N-634.
La cuestión reviste gravedad si no fuese que raya lo absurdo. Se ejecuta
una autovía que conlleva una enorme inversión con el propósito de que los
habitantes de A Mariña no tengan que circular por la N-634, y resulta que
todo sigue igual. Los conductores son desviados por la N-634 que tiene un
lamentable estado de conservación y numerosas deficiencias.
Dado que la solución técnica para la A-8 se hace esperar, todavía a estas
alturas, el 28 de septiembre, el Ministerio de Fomento y el de Economía
firmaron un Convenio FID (Fomento de la Innovación Empresarial desde la
Demanda) para "instrumentar la financiación de la Compra Pública
Innovadora (CPI) que permita la experimentación con prototipos de
tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla". El
parsimonioso modus operandi de Fomento permite prever que la solución va
a requerir todavía de bastante tiempo puesto que desconocemos los plazos
temporales al respecto.
Así las cosas, la DGT va a continuar desviando a los conductores por la
N-634 hasta encontrar la ansiada solución a la A-8. En definitiva, se
hace imprescindible un plan de mejora del mal estado de la N-634 para
garantizar la seguridad vial y una conducción segura puesto que son
habituales los accidentes en áreas como Barreiros.
De todos modos, no puede decirse que el Ministerio se exceda con las
inversiones en mantenimiento y seguridad vial en una vía que soporta
bastante tráfico y que de modo rocambolesco se ha convertido en la
alternativa a la nueva A-8. La última actuación de Fomento fue a finales
de 2015 cuando se limitó a extender una capa de microaglomerado en frío
en la zona de Mondoñedo, punto de desvío del tráfico. Entonces el propio
Ministerio reconoció que tuvo que realizar esta actuación debido al
tráfico desviado de la A-8 con "el objeto de mejorar de forma
significativa la adherencia entre las ruedas de los vehículos y el
pavimento". Es decir, abordar un problema de seguridad vial evidente.
En conclusión, la DGT cierra con frecuencia la A-8 entre Mondoñedo y
Abadín por una cuestión de seguridad vial: los conductores no pueden
circular por un tramo envuelto en una espesa niebla para el que todavía
no hay solución. No olvidemos que el problema persiste desde su
inauguración en 2014. Esta situación lleva a desviar el tráfico por una
maltrecha N-634 necesitada de numerosas mejoras a fin de garantizar la
seguridad vial de los conductores. Además, Fomento no está adecuando esta
vía mientras no solventa la cuestión de la A-8. Es la pescadilla que se
muerde la cola.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Realizar cuanto antes actuaciones de mejora de la seguridad vial en la
N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña con muchos tramos en
mal estado, especialmente en las zonas donde la DGT desvía el tráfico
debido a los constantes cierres por problemas de inseguridad vial de la
autovía Transcantábrica, la A-8.
- Concretar los plazos temporales para la experimentación con prototipos
de tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla en
la A-8, en el tramo entre Abadín y Mondoñedo (A Mariña, Lugo), y
comprometerse a aprobar la solución técnica a los cierres constantes de
esta autovía a lo largo del periodo 2018."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Anxo
Elías Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Yolanda
Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, para la reforma del cruce que conforma la antigua carretera
Vigo-Madrid con la salida a la autopista AP-9, en el alto de Puxeiros.
Exposición de motivos
En el Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), los conductores se enfrentan cada
vez que salen de la autopista AP-9 a una situación de riesgo debido a las
deficiencias que presenta el cruce que conforma la antigua carretera
Vigo-Madrid con la salida a la autopista AP-9, en el alto de Puxeiros.
Son muchas las voces que han planteado en diversas ocasiones la petición a
Fomento para que se mejore la seguridad vial en dicha intersección puesto
que adolece de una notoria mala visibilidad, factor que supone un riesgo
para la conducción. Téngase presente que los vehículos suelen llegar a
dicho cruce a alta velocidad de aproximación ya que provienen de la
autopista AP-9.
La demanda carece de complejidad puesto que el Ministerio de Fomento posee
terrenos expropiados en esta área que permitirían acometer una
modificación del cruce sin grandes inversiones.
Una sencilla actuación por parte de Fomento permitiría resolver un
problema de inseguridad vial que proporcionaría una conducción más
segura, ofrecería mayores garantías para la incorporación.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Realizar actuaciones para mejorar la seguridad vial en el cruce que
conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida de la autopista
AP-9 en el alto de Puxeiros, en la confluencia entre el ayuntamiento de
Vigo y el de Mos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Alexandra
Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, relativa a los graves problemas de seguridad vial en la A-55,
Vigo-Porriño, y eliminación de peajes en la AP-9 Vigo-Tui como solución.
Exposición de motivos
La autovía Vigo-Porriño, la A-55, está entre las más peligrosas del estado
a pesar de contar con 10 radares y 10 cámaras de vigilancia para un tramo
de casi 15 kilómetros. Es el tramo de toda la red estatal de mayor
acumulación de puntos negros. Cuenta con un total de ocho. Los accidentes
son habituales en las denominadas curvas de Tameiga en dirección a Vigo.
Se contabilizan de media unos 100 accidentes al año. El radar de Tameiga
es asimismo el tercero o cuarto que más sanciones acumula de todo el
estado pero que evidencia que no es la solución al problema de fondo que
reside en su sinuoso trazado a pesar de constituir uno de los principales
accesos a la ciudad de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.
El trazado de la mal denominada autovía A-55 entre Porriño y Vigo es un
buen ejemplo de mala gestión por parte de las administraciones públicas.
En gran parte dicho trazado es un simple desdoblamiento de la N-120. Lleva
dos décadas situándose entre las carreteras del estado con mayor
siniestralidad. Es un tramo con un alto nivel de concentración de
accidentes.
Debido a su peligrosidad, con un trazado lleno de curvas, el Ministerio de
Fomento llevó a cabo diversas actuaciones a lo largo de los años que no
han supuesto más que parches que no han servido para arreglar situación
Se han realizado actuaciones de mejora en el asfaltado. Como hemos
señalado anteriormente, se han realizado más controles de velocidad por
radar, y otras actuaciones que no han resuelto el problema. Han sido
remiendos que no han tenido efecto sobre la siniestralidad. El problema
de la A-55 es su sinuoso trazado, plagado de curvas cerradas. Una
configuración absolutamente impropia de una autovía.
Unido a una defectuosa configuración, se unen otras circunstancias como
que este vial soporta un alto volumen de tráfico pesado por pasar por una
zona industrial. Al tráfico pesado se une la conducción de numerosos
turismos al tratarse de un área densamente poblada.
Mos sufre el fuerte impacto de una infraestructura vial de alta capacidad
que no cumple con los mínimos requisitos exigidos para una carretera de
este nivel. Se hizo sin la adecuada planificación, sin pensar su trazado
ni por donde pasaba. Transcurre por zonas residenciales habitadas
causando un importante impacto acústico y generando asimismo la
consiguiente contaminación por el paso del tráfico rodado.
Paralela a la A-55 discurre la autopista AP-9, entre Vigo y Tui. Y al
contrario que su vecina apenas registra tráfico debido a los elevados
costes de los peajes. Hay intercambiadores entre ambas vías en los tramos
Puxeiros-Mos, As Gándaras-Porriño y hacia el final de su discurrir hacia
Tui.
El tramo de la autopista AP-9 entre Vigo y Tui constituye verdaderamente
la alternativa a la peligrosa A-55. Desde un punto de vista lógico, es la
opción para rebajar la siniestralidad y la contaminación acústica de la
A-55. De ahí la idoneidad de promover la eliminación de los peajes en
este tramo como solución eficaz y útil al elevado riesgo que supone la
A-55 para los conductores. Al tiempo sería una forma de eliminar el
fuerte impacto acústico que este vial provoca.
El Ministerio de Fomento conoce sobradamente la posición de En Marea en
relación a la AP-9. Son numerosas nuestras iniciativas parlamentarias
para que se proceda a la transferencia de la AP-9 a Galicia. De igual
modo, ha destacado nuestra posición en defensa de la tramitación de la
proposición de ley del Parlamento galego en este sentido. La cerrazón y
el bloqueo por parte de Fomento a una demanda que consideramos justa, nos
lleva a abordar las distintas problemáticas en torno a la AP-9 de forma
separada como es el caso, debido a un grave problema de seguridad vial
existente en la A-55 y reconocido en Informes sobre siniestralidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Abordar a fondo el grave problema de seguridad vial existente en la
autovía A-55, Vigo-Porriño, el tramo de toda la red estatal de mayor
acumulación de puntos negros y con una elevadísima siniestralidad. A tal
efecto, y debido a que su problema reside en el hecho de poseer un
sinuoso trazado lleno de curvas, abrir un proceso de negociación con la
empresa concesionaria de la AP-9 para:
- Liberar de peajes el tramo de la Autopista del Atlántico AP-9 entre Vigo
y Tui que discurre paralela a la A-55 Vigo-Porriño, como solución óptima
y eficaz a la elevada siniestralidad que registra la A-55, que figura
entre las carreteras más peligrosas del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Alexandra
Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
181/000512
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Está dispuesto el Gobierno a atender las reclamaciones de los vecinos del
barrio de Mollabao, en el término municipal de Pontevedra, y estudiar e
implantar soluciones técnicas (disminución de velocidad, pantallas
acústicas, nuevas juntas de dilatación, ...) que permitan reducir el
ruido provocado por el paso continuo de vehículos a gran velocidad sobre
el puente elevado de la AP-9 que atraviesa este barrio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000513
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez
Texto:
En julio 2015, el Ministerio de Fomento puso en marcha un plan piloto para
fomentar el desvío voluntario de vehículos pesados de vías convencionales
a las autopistas de peaje. ¿Ha determinado el Ministerio qué tramos se
verían afectados por esta medida, valorando la inclusión de la AP-71 en
el próximo plan de desvío voluntario de vehículos pesados, incluyendo
algún tipo de bonificación, a la vista de las que se llevarán a cabo en
otras vías de peaje de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-María Aurora
Flórez Rodríguez, Diputada.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de
conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento,
presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
¿Cuáles son los motivos por los que no pueden acogerse a los coeficientes
reductores del 0,40 los tripulantes de barcos arrastreros de fresco,
cuando sí lo hacen los tripulantes de los barcos arrastreros
congeladores, siendo la catalogación de la Marina Mercante la misma para
los dos tipos de buques?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/018240
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Fernández Díaz, Jesús María (GS).
Retirada de su pregunta sobre prestación de los servicios del programa de
cribado de cáncer de colon en la ciudad autónoma.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa
y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.
184/018734
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pradas Torres, Antonio (GS). Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número
de registro 52615, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Pradas Torres, Diputado por Sevilla, y doña María Aurora
Flórez Rodríguez, Diputada por León, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
En nuestro país no existe una relación específica sobre publicidad en los
juegos de azar. Apenas un código de conducta sobre comunicaciones
comerciales de tales actividades, ha resultado insuficiente,
produciéndose numerosos incumplimientos, al no existir cobertura legal.
En base a esta realidad, se presentan las siguientes preguntas:
- ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en los últimos seis años en
relación a la regulación y control de la publicidad, en materia de juegos
de azar, siendo esta práctica peligrosa, al poder derivar en una
adicción?
- ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno, con especial referencia a los
menores de edad, como grupo social especialmente vulnerable?
- ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación al acceso a
publicidad on-line referida a juegos de azar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Antonio
Pradas Torres y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.
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