BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 326, de 27/03/2018
cve: BOCG-12-D-326
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de marzo de 2018
Núm. 326
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a cumplir
íntegramente el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la evolución política de Ucrania ... (Página9)
Comisión de Interior
161/003086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a garantizar la seguridad en el medio rural de la
provincia de Málaga ... (Página10)
161/003087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre inversiones del Ministerio del Interior en la ciudad de
Alicante ... (Página13)
161/003107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a que los alumnos de Calahorra y de La Rioja Baja
puedan examinarse de la prueba teórica del permiso de conducción en
Calahorra ... (Página13)
Comisión de Defensa
161/003078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a eliminar discriminaciones por razón de
discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar ... (Página14)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/003089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la gratuidad del derecho universal de acceso a una
cuenta de pago básica ... (Página15)
161/003115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre políticas para reformar el euro ... (Página17)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
regularización fiscal de las pensiones de los emigrantes retornados y al
reconocimiento, de oficio, de las incapacidades de este colectivo ... (Página21)
161/003108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre exenciones fiscales a los afectados por la Xylella
fastidiosa ... (Página25)
Comisión de Fomento
161/003074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la reparación del firme de la autovía A-4 a su paso por
la provincia de Jaén ... (Página26)
161/003090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los ferrocarriles históricos ... (Página27)
161/003094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la liberación del peaje en el tramo de la AP-9
entre Vigo y Redondela ... (Página29)
161/003097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la no discriminación por territorio en las tarifas de
Correos ... (Página30)
161/003098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el Plan de Vivienda ... (Página31)
161/003110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
autopista León-Astorga ... (Página32)
161/003113 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista y Ciudadanos, sobre el restablecimiento con carácter urgente
de las comunicaciones ferroviarias de Granada ... (Página33)
Comisión de Educación y Deporte
161/003093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de
reacciones anafilácticas en centros educativos ... (Página34)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/003079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso
del autoconsumo compartido respetando las competencias de fomento y
gestión de las energías renovables y eficiencia energética de las
Comunidades Autónomas ... (Página36)
161/003101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de
criptomonedas y la tecnología blockchain ... (Página38)
161/003106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a poner en marcha un Plan inversor para mejorar y
modernizar las instalaciones de Paradores Nacionales ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los daños producidos por los temporales de viento y
lluvia que han azotado la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (Página40)
161/003076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los daños producidos por el temporal de viento y lluvia
que ha azotado diversos municipios de la provincia de Cádiz ... (Página42)
161/003085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la rebaja del 50 por ciento del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) a las viviendas afectadas por las inundaciones de 2016 en
el municipio de Los Alcázares, en la Región de Murcia ... (Página44)
161/003099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la realización de las actuaciones oportunas en el
cauce de "El Arroyo La Albina" en los términos municipales de Sierra de
las Yeguas (Málaga) y de La Roda de Andalucía (Sevilla) ... (Página45)
161/003100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al apoyo al
sector de la producción de remolacha ante el impacto del final de las
cuotas de mercado en la producción de azúcar ... (Página46)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a abordar de manera urgente la mejora de la atención
sanitaria en la Ciudad Autónoma de Melilla ... (Página49)
161/003092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de
reacciones anafilácticas en centros educativos ... (Página52)
161/003096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas para reforzar los controles sobre el uso de
pipas de agua, los productos destinados a su consumo en estos
dispositivos y mejorar la información, especialmente en los menores,
sobre sus efectos sobre la salud ... (Página53)
Comisión de Cultura
161/003088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la inscripción de la candidatura de la cerámica de
Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO ... (Página54)
161/003111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al apoyo de la candidatura del
Cuaternario Valles del norte de Granada para su inclusión en la Red
Global de Geoparques de la UNESCO ... (Página55)
Comisión de Igualdad
161/003077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre mejora de la igualdad entre mujeres y hombres en la
Policía Nacional y Guardia Civil ... (Página56)
161/003104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, sobre el rechazo a la juez María Elósegui Itzaso
por sus declaraciones lgtbifóbicas ... (Página57)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/003084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente ... (Página59)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a eliminar discriminaciones por razón de
discapacidad contenida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar ... (Página60)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre seguridad infantil en el transporte escolar ... (Página62)
161/003112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a reforzar el compromiso con y por la
Educación Vial ... (Página63)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la elaboración de un plan nacional de prevención de
reacciones anafilácticas en centros educativos ... (Página65)
161/003103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre seguridad infantil en el transporte escolar ... (Página66)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000814 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre motivos y finalidad de la Instrucción dictada por el
Secretario de Estado de Seguridad para la creación del Centro Nacional de
Desaparecidos ... (Página67)
181/000815 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre responsable del Ministerio del Interior que autorizó que se
respondiera a dicha Sra. Diputada en respuesta parlamentaria escrita a
propósito del Centro Nacional de Desaparecidos, diciendo que "la creación
del centro tuvo lugar a principios de 2017" ... (Página68)
181/000816 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre informes que han justificado la necesidad de dictar la
Instrucción número 2/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se crea el Centro Nacional de Desaparecidos, así como autores y
contenido de la misma ... (Página68)
181/000817 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre razones de la nueva denominación del Centro Nacional de
Desaparecidos en la Instrucción número 2/2018 de la Secretaría de Estado
de Seguridad que lo califica de "órgano de gestión centralizada" ... (Página69)
181/000818 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre disponibilidad de una dotación económica específica o alguna
partida presupuestaria en el año 2018 que conlleva la Instrucción número
2/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se crea el
Centro Nacional de Desaparecidos ... (Página69)
181/000819 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre lugar donde se ubica físicamente el Centro Nacional de
Desaparecidos ... (Página69)
181/000820 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre el Director del Centro Nacional de Desaparecidos ... (Página70)
181/000821 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre fecha en la que se va a disponer del nuevo desarrollo de la
aplicación informática de la base de datos de Personas Desaparecidas y
Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) ... (Página70)
181/000822 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre medios humanos y materiales de que dispone el Centro Nacional
de Desaparecidos, así como medios previstos para el Servicio de Atención
Ciudadana y Formación de dicho centro ... (Página70)
181/000823 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre medios humanos y materiales del Servicio de Normativa y
Estudios del Centro Nacional de Desaparecidos ... (Página70)
181/000824 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre previsiones acerca de la elaboración, por parte del Servicio
de Normativa y Estudios del Centro Nacional de Desaparecidos, de
protocolos de actuación, nuevas instrucciones y nuevas iniciativas o
modificaciones legislativas para mejorar la resolución de casos de
desaparecidos en España ... (Página71)
181/000825 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre previsiones acerca del cumplimiento del Gobierno con la
Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha y plan de acción del
nuevo Centro Nacional de Desaparecidos, aprobada en la Comisión de
Interior ... (Página71)
181/000826 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Botella Gómez
(GS), sobre previsiones acerca de la disposición por el Centro Nacional
de Desaparecidos de un espacio específico en la web del Ministerio del
Interior o de una web propia ... (Página71)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
181/000837 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre número de casos en los que
decidió la Audiencia Nacional en el periodo 2014-2017, que el expediente
sancionador por multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia hasta el 30/04/2017, había caducado ... (Página72)
181/000838 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre sanciones impuestas por la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia hasta el 30/04/2017
estimadas total o parcialmente a favor de los demandantes por la
Audiencia Nacional y/o el Tribunal Supremo, en el periodo 2014-2017 ...
(Página72)
181/000839 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre reducciones o minoraciones de
multa que ha tenido que realizar la Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia en los años 2014 a 2017 por multas impuestas hasta el
30/04/2017 ... (Página72)
181/000840 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre sanciones impuestas por la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia hasta el 30/04/2017
resueltas por los Tribunales de Justicia, bien por la Audiencia Nacional
o por el Tribunal Supremo ... (Página73)
181/000841 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre sanciones recurridas por los
afectados de las impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia desde el año 2014 hasta el 30/04/2017 ... (Página73)
181/000842 Pregunta formulada por los Diputados don Pedro Saura García y
doña Ana María Botella Gómez (GS), sobre recursos activos actualmente de
las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia desde el año 2014 hasta el 30/04/2017 ... (Página73)
Comisión de Fomento
181/000813 Pregunta formulada por la Diputada doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS), sobre previsiones acerca de la construcción de una
rotonda para favorecer el acceso de la N-120 y la fluidez del tráfico y
la seguridad a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino en
San Andrés del Rabanedo (León) ... (Página74)
181/000827 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre incidencia del Ministerio de Fomento en la agenda social de
la Comisaría de Transporte en la Unión Europea ... (Página74)
181/000828 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre posición del Gobierno frente a la "euroviñeta" ... (Página75)
181/000829 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre incidencia del Real Decreto de Desindexación de la economía
española en los contratos de obligación de servicio público (OSP) de
transporte que contemplan plazos de larga duración ... (Página75)
181/000830 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre situación concursal del transporte de viajeros por carretera
... (Página75)
181/000831 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre intención del Gobierno acerca de trasladar al ordenamiento
español el "Cuarto Paquete Ferroviario" ... (Página75)
181/000832 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre adecuación del vigente sistema de aprobación de cánones
ferroviarios a la realidad del mercado ferroviario español ... (Página76)
181/000833 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre valoración de la actual planificación de infraestructuras
ferroviarias ... (Página76)
181/000834 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre motivos por los que el Ministerio de Fomento no ha publicado
la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de
las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de
Interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de
movilidad ... (Página76)
181/000835 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de si la inversión
realizada en la extensión del AVE entre Valencia y Castellón da respuesta
a los parámetros que definen la Alta Velocidad ... (Página77)
181/000836 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de si el borrador
del ROTT da respuesta a los retos del transporte por carretera ... (Página77)
181/000844 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús María Fernández
Díaz (GS), sobre previsiones acerca de la conexión del Corredor
ferroviario de Alta Velocidad con el puerto seco y parque logístico de
Tudela, así como del emplazamiento de la estación de pasajeros en dicho
término municipal ... (Página77)
181/000846 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
(GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la entrada en servicio de los
nuevos tramos Valencia-Xàtiva y Xàtiva-Nudo de La Encina del Corredor
Mediterráneo ... (Página78)
181/000847 Pregunta formulada por los Diputados don Guillermo Antonio
Meijón Couselo y doña María Dolores Galovart Carrera (GS), sobre opinión
del Gobierno acerca de si se forzó la inauguración de las obras como
estrategia para que AUDASA pudiera proceder antes de tiempo a la subida
extraordinaria de los peajes en la autopista AP-9 ... (Página78)
181/000848 Pregunta formulada por los Diputados don Guillermo Antonio
Meijón Couselo y doña María Dolores Galovart Carrera (GS), sobre opinión
del Gobierno acerca de si es ético y legítimo que AUDASA, la
concesionaria de la autopista AP-9, pueda seguir cobrando el peaje en el
Puente de Rande, cuando las obras que está realizando sobre el tablero
original de dicha puente está provocando grandes atascos en los accesos
al viaducto ... (Página78)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/029726 Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Noticias relativas a la próxima renovación de cargos en Enagas ... (Página79)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/003109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición
no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Constitucional,
relativa a cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía de Gernika de
1979.
Exposición de motivos
El objetivo de la presente moción es instar al Gobierno a asumir un
compromiso público y concreto en lo temporal para el cumplimiento íntegro
del Estatuto de Gernika, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre. El Estatuto es una Ley de carácter orgánico que 39 años
después de su aprobación aún no se ha completado su desarrollo,
vulnerando la voluntad ciudadana que la refrendó de forma abrumadora.
El pleno cumplimiento de la que es la norma institucional básica de
Euskadi no puede ser postergado por más tiempo. Más si cabe cuando han
sido muchos los acuerdos y compromisos adquiridos en este sentido. Por
ejemplo, el Pacto de Ajuria Enea (suscrito en 1988 por Alianza Popular,
Centro Democrático y Social, Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko
Ezkerra, Partido Socialista de Euskadi y Eusko Alkartasuna) que en su
punto segundo ya señalaba la contribución que el cumplimiento íntegro del
mismo tendría para reforzar la confianza democrática y la convivencia en
Euskadi; o el acuerdo del Parlamento Vasco del 20 de octubre de 1995, que
ratificó, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco,
Partido Socialista, Partido Popular, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa e
Izquierda Unida, el denominado Informe sobre prioridades de
transferencias.
No obstante, la reivindicación de la obligatoriedad del cumplimiento
íntegro del actual Estatuto de Autonomía, no puede ser excusa ni motivo
para que no sigan adelante los trabajos del Parlamento Vasco para
actualizar el autogobierno. Una actualización que, de acuerdo con la
legalidad vigente de la propia Constitución y el actual texto de Gernika
de 1979, culminará con un nuevo Estatuto.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a asumir
públicamente el compromiso con la sociedad vasca de cumplir íntegramente
el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, y al traspaso de las
transferencias pendientes a las instituciones vascas en un plazo no
superior a 12 meses. Este compromiso no será óbice para que el Parlamento
Vasco continúe sus trabajos para actualizar su
autogobierno, y por lo tanto elabore un nuevo Estatuto siguiendo los
procedimientos legales a tal efecto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Nayua Miriam
Alba Goveli, Eduardo Javier Maura Zorita y José David Carracedo Verde,
Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley en relación con la evolución política de
Ucrania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En febrero y marzo de 2014 los europeos asistimos estupefactos a la
entrada en Crimea de efectivos militares rusos, que actuaban sin
distintivos de identificación, para apoyar a los grupos secesionistas
prorrusos. Una actuación que no solo consolidó el control de la región
por las milicias secesionistas, sino que fue el adelanto fáctico de lo
que luego sería la anexión presuntamente oficial y jurídica el 18 de
marzo de 2014 de Crimea por la Federación de Rusia.
Junto a Crimea, en las provincias del Este de Donetsk y Lugansk también se
produjo el alzamiento de milicias separatistas prorrusas que con apoyo de
grupos procedentes de la Federación Rusa procedieron a la secesión
respecto de Ucrania de las zonas bajo su control en el marco de una
guerra híbrida que, pese a los acuerdos de Minsk, todavía no puede darse
por finalizada.
Aunque no era la primera vez que el Kremlin de la era Putin actuaba de
semejante modo en relación con algún conflicto en alguna de las antiguas
repúblicas soviéticas, baste recordar el precedente de Osetia del Sur en
Georgia en 2008, lo cierto es que esta invasión revistió una mayor
relevancia por diferentes razones. Pero sin duda una de ellas fue el
contexto en el que se produjeron los hechos en cuestión, y es que no
puede olvidarse que esta invasión, junto con el apoyo a las milicias
separatistas de Lugansk y Donetsk, son la culminación de un proceso de
presión e injerencia creciente en la política exterior de Ucrania
tendente a dificultar y posteriormente impedir el perfeccionamiento de un
acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania.
Efectivamente, desde que en diciembre de 1991 Ucrania accediera a la
independencia tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, se había producido un proceso de acercamiento y
profundización de relaciones entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte y Ucrania por otra. Si bien, este proceso no ha
estado exento de tensiones propiciadas por quienes no querían mantener a
Ucrania en la órbita de influencia rusa. El punto álgido de estas
tensiones se produjo con las presiones de Rusia sobre el presidente
Yanukóvich para que este suspendiera, como finalmente hiciera, la firma
del acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista para noviembre
de 2013.
Una actuación que marcó el inicio de una serie de revueltas que iban más
allá de la mera reivindicación del acuerdo con la Unión Europea,
reclamando un cambio de Gobierno y una lucha decidida contra la
corrupción, y que, por un lado, dieron lugar a la huida del presidente
Yanukóvich a Rusia, la asunción de los poderes por el parlamento y la
convocatoria de una elecciones presidenciales ganadas por Petro
Poroshenko, y, por otro lado, al levantamiento de milicias separatistas
prorrusas en Crimea y el estallido de una guerra híbrida en Donetsk y
Lugansk.
El tratado de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y sus Estados
miembros se firmó el 21 de marzo de 2014 y con el fin de atajar la guerra
en el Este de Ucrania se firmaron los acuerdos de Minsk en septiembre de
2014 y en febrero de 2015.
Lo cierto es que el conflicto no se ha resuelto, la tensión en las
provincias en guerra sigue siendo alta y se siguen produciendo
enfrentamientos, pudiendo afirmarse que los acuerdos de Minsk no se están
aplicando de manera satisfactoria, por no decir que se encuentran en una
situación hibernación.
Por lo que al proceso de estabilización y convergencia social económica y
política de Ucrania con la Unión Europea hay que recordar que eran muchos
los frentes en los que autoridades de Ucrania tendrían que actuar, si
bien el de la corrupción era uno de los más importantes a la hora de la
verdad en un proceso de reforma institucional que persiguiera y redujera
la corrupción en Ucrania.
Son muchos los avances que se han producido y las reformas puestas en
marcha, pero no lo es menos que la situación de guerra por la que
atraviesa Ucrania hace que muchos de esos avances o reformas se vean
ralentizados cuando no pospuestos.
Es necesario pues que la comunidad internacional y en particular los
Estados que hemos estado junto a Ucrania a la hora de defender la
necesidad del respeto de su integridad territorial, señalemos que la
situación en el Este del país no puede ser una excusa para no continuar
avanzando en el camino de la modernización y las reformas institucionales
contra la corrupción y en favor de la profundización democrática.
En ese sentido, tanto el Gobierno como el Parlamento pueden jugar un papel
activo que favorezca el intercambio cultural y el mutuo conocimiento de
nuestras sociedades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para que sea
debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores esta
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
Reitera su apoyo y compromiso con la integridad territorial y soberanía de
Ucrania y su libre determinación como estado independiente, conforme al
Acta Final de Helsinki y la Carta de Naciones Unidas y reafirma la
necesidad de una adecuada implementación de los acuerdos de Minsk, en
especial sus provisiones de seguridad, como parámetro fundamental para la
búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania oriental.
Resaltar la importancia del proceso de reformas y transformación política
de Ucrania, iniciado en 2014, hacia un modelo más democrático, equitativo
y justo, conforme a los valores y estándares europeos, conforme a las
reivindicaciones de una clara mayoría en la sociedad ucraniana, tal y
como confirman todas las encuestas.
Reconociendo los progresos realizados en ese ámbito estos años, a menudo
resultado de trabajo colectivo de la sociedad civil ucraniana, sectores
reformistas y la UE, en un adverso contexto de guerra, polarización
política y guerra, además de inestabilidad y populismo en la propia
Unión, considera que es preciso insistir más en los esfuerzos de la lucha
contra la corrupción -en especial el refuerzo de instituciones como NABU
(National Anti-corruption Bureau Ukraine) y la creación de una corte
específica- y la reforma judicial.
Insta al Gobierno a que, en el marco de la Unión Europea impulse y apoye
todas aquellas medidas, en el marco del Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Ucrania, de avance y profundización de las reformas
democratizadoras y de lucha contra la corrupción. Así como en el marco de
las relaciones bilaterales profundice las mismas entre ambos países, en
el ámbito político, económico y cultural, aportando nuestra experiencia
en el proceso de transición democrática y garantizando una mayor
presencia de la cultura española en Ucrania."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-José Ignacio
Sánchez Amor, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/003086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la
seguridad en el medio rural de la provincia de Málaga, para su debate en
la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los agricultores y ganaderos malagueños están soportando durante los
últimos años un importante número de robos, hurtos y saqueos en sus
explotaciones.
Desde 2012 se han reducido las plantillas en la Guardia Civil,
especialmente en su despliegue en el medio rural, concretamente en la
provincia de Málaga han descendido en un 5%, pasando de 2.113 agentes en
2011 a 2.012 agentes en 2017.
A esto se une la cada vez más habitual actuación de grupos organizados,
verdaderos grupos criminales, que se dedican a la sustracción de
productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y
explotaciones.
Es pues imprescindible mejorar la seguridad y, especialmente, la de los
ciudadanos en el medio rural, así como de las explotaciones e
instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio que, por lo
general, se encuentran en grandes extensiones de terreno y casi siempre
en la demarcación territorial que cubre la Guardia Civil.
Además, presentan unas características singulares que las hacen
vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, se ubican en zonas
despobladas y no suelen contar con medidas de seguridad.
Del mismo modo, en muchas ocasiones se encuentran alejadas de las vías de
comunicación y es habitual que sus propietarios no vivan cerca de las
mismas, por lo que es normal la ausencia de testigos.
No hay estadísticas oficiales que informe con rigor sobre el incremento de
los robos en el campo, ya que el Gobierno no informa sobre el tema y
cuando se pregunta al respecto a través de preguntas escritas remite a la
página web del Ministerio y a sus estadísticas criminales. Estadísticas
que no facilitan información alguna sobre este tema.
Pero basta con hablar con cualquier organización agraria o informarse a
través de los medios de comunicación autonómicos o provinciales para que
nos encontremos con datos escalofriantes.
De hecho, en las últimas semanas, distintos sindicatos agrarios de la
provincia de Málaga han mostrado su preocupación, una vez más, por el
incremento en los robos en las explotaciones agrícolas, fundamentalmente
en las comarcas de la Axarquía, Estepona y Valle del Guadalhorce.
Productores de aguacates de la Axarquía están recurriendo a la vigilancia
privada para evitar los robos y se quejan de la gran cantidad de
sustracciones que se están registrando en el campo debido al alto precio
del fruto. Con cotizaciones en el campo por encima de los 2,5 euros el
kilo y hasta 3 para los calibres más grandes, las explotaciones de
aguacates de la provincia se han convertido en pasto de los ladrones, con
robos casi a diario de frutas, debido a la falta de vigilancia en el
medio rural que hay en muchos municipios, denuncian las organizaciones
agrarias.
En el caso de Estepona, los agricultores del municipio están sufriendo
numerosos robos, aunque no todos denuncian. Desde la Cooperativa Agrícola
de Estepona advierten que desde septiembre se están produciendo robos.
Estiman que, desde esa fecha y hasta el día de hoy, se han sustraído unos
10.000 kilos de aguacates, lo que supone unas pérdidas de 25.000 euros, a
lo que hay que sumar los daños por los destrozos ocasionados en las
fincas.
También se han registrado robos recientes en parcelas del Valle del
Guadalhorce, concretamente en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande,
Cártama, Coín, Alora y Pizarra de aguacates, pero también de limones,
mandarinas y naranjas, productos que se encontraban en plena recolección
y cuyo valor de mercado era alto.
A lo largo del año estos robos afectan en muchos casos al 20% del total de
la cosecha, y apunta que en la provincia de Málaga esta situación la
sufren sobre todo productos como los mangos, los aguacates, las
chirimoyas y la aceituna de mesa. A la pérdida de la cosecha después de
duros meses de trabajo, hay que añadir los destrozos que se producen en
las fincas en bienes materiales.
En la IX Legislatura (2008-2011) se pusieron en marcha planes específicos
para combatir determinadas modalidades delictivas, entre ellas las
infracciones penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y
ganaderas.
Y en mayo de 2011 se puso en funcionamiento un plan con medidas que para
mejorar la seguridad en el campo, y hacer frente al repunte de los robos
que en ese momento se estaba registrando en instalaciones agrícolas y
ganaderas y que, aunque en ocasiones son de pequeña cuantía, pueden tener
graves consecuencias para los propietarios al perturbar el funcionamiento
de la explotación.
Desde el comienzo de su mandato, el único Plan impulsado por el Gobierno
del PP no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno
socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del
Interior ni siquiera se ofrecen datos sobre los efectos que ha provocado
este plan. Significativo es el caso de los equipos ROCA de la Guardia
Civil.
Por último, y no menos importante debemos tener en cuenta que la normativa
legal que actualmente da cobertura a la política de seguros, que se
contiene en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, no contempla entre los
riesgos garantizables por el sistema de seguros agrarios las pérdidas que
para el agricultor pudieran derivarse de robos o hurtos.
El objetivo inicial de la Ley fue el garantizar los daños derivados de
riesgos climáticos o naturales sobre las producciones agrarias y desde el
año 2010, como consecuencia de la modificación de la citada Ley, incluida
en la Ley 3/2010, es posible, también, garantizar los daños derivados de
dichos fenómenos naturales sobre las instalaciones presentes en las
parcelas.
Las compañías aseguradoras privadas ofertan, al margen del sistema de
seguros agrarios y, por tanto, sin ningún tipo de apoyo público, la
cobertura de este tipo de daños, por lo que, en teoría, los agricultores
podrían recurrir a esas Entidades para la cobertura de estas pérdidas.
Pero bien es cierto que el acceso real de los agricultores, en especial de
los pequeños y medianos, es cada vez más difícil, ya que las condiciones
que exigen las Entidades Aseguradoras en muchas ocasiones impiden a estos
la contratación del seguro.
En la medida en que se incrementan los robos y hurtos el coste del seguro
cada vez es más elevado y las condiciones contractuales están siendo
endurecidas, lo que da lugar a que muchos agricultores no encuentren
ninguna compañía aseguradora que esté dispuesta a formalizar el contrato
de seguro.
Con la previa modificación de la Ley 87/1978, para dar cabida a este tipo
de riesgos, sería posible incorporar estos riesgos al sistema de seguros
agrarios, y ello constituiría un apoyo efectivo, en especial para los
pequeños y medianos agricultores, para la compensación de las pérdidas
que pudieran sufrir en sus explotaciones a consecuencia de robos o
hurtos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y
Policía Nacional, del número suficiente de recursos materiales y humanos
que garanticen la seguridad en el medio rural de la provincia de Málaga.
2. Sustentar el Plan, en la mejora de los niveles de prevención,
reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de
captación de información y de elaboración de inteligencia específica.
3. Celebrar Juntas de Seguridad locales, con una periodicidad suficiente
como para lograr el máximo conocimiento real de la situación para
impulsar y conseguir una mayor eficacia en el servicio.
4. Facilitar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural en la
provincia de Málaga como Guardas Particulares del Campo, Asociaciones y
Sindicatos Agrarios, Oficinas Comarcales Agrarias, así como Policía Local
y empresas de seguridad privada, procurando la más fluida y constante
interlocución con objeto de facilitar la máxima participación ciudadana.
5. Establecer, de forma sistemática, por parte de las Fuerzas de
Seguridad, comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de
fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas.
6. Reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los
agentes forestales, proporcionándose mutuamente información de interés
relacionada con los aspectos propios del servicio que realizan.
7. Planificar e intensificar inspecciones sobre establecimientos dedicados
a la compraventa de objetos usados, tratamiento industrial de los
productos hortofrutícolas (industrias, almazaras, etc.), o empresas de
gestión de residuos, prestando especial atención a aquellas inspecciones,
libros de registro y control de los transportes de productos del campo
(aceitunas, fresa, etc.).
8. Modificar la Ley 87/1978, para incorporar estos riesgos al sistema de
seguros agrarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones del
Ministerio del Interior en la ciudad de Alicante, para su debate en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Gobierno de España ha reducido drásticamente las inversiones en la
ciudad de Alicante desde 2012.
Tras la inversión realizada por el anterior Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero en la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía, tocaba abordar la remodelación del actual edificio de la
Comandancia de la Guardia Civil y estudiar también el traslado parcial o
total a unas nuevas instalaciones.
El Ayuntamiento de Alicante está estudiando con el Ministerio de Interior
las diferentes opciones para acelerar estas inversiones para mejorar las
instalaciones de la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer en un mes una
planificación y calendario de inversiones en la ciudad de Alicante para
reestructurar las infraestructuras con las que cuenta la Guardia Civil,
incluida la Comandancia de este Cuerpo. En la planificación de las nuevas
infraestructuras se tendrá en cuenta la opinión del Ayuntamiento de
Alicante, especialmente si las mismas comportan cesiones o compensaciones
con inmuebles titularidad del Ayuntamiento o afectan al planeamiento de
la ciudad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Herick Manuel
Campos Arteseros y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a que los alumnos de Calahorra y
de La Rioja Baja puedan examinarse de la prueba teórica del permiso de
conducción en Calahorra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En 1978, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja habilitó en la
ciudad de Calahorra (La Rioja) un lugar donde los aspirantes a
conductores de la zona pudiesen examinarse de las pruebas teórica y
práctica para obtener el permiso de conducción. Desde entonces, han sido
numerosísimos los beneficiados de esta medida, evitando tener que
desplazarse bien a Logroño, bien a Pamplona.
A consecuencia de la reciente huelga de examinadores, esta prestación, en
lo que se refiere a la prueba teórica, dejó de ofertarse, perjudicando
así a cientos de alumnos, que tuvieron que desplazarse a Logroño para
examinarse. Con el conflicto del Gobierno con los examinadores concluido,
la situación no se ha revertido, y hoy en día todavía es imposible
examinarse en Calahorra de la prueba teórica, situación que perjudicará a
más de mil alumnos al año, según cálculos realizados por las propias
autoescuelas.
A partir del próximo 2 de abril de 2018, la Jefatura Provincial de Tráfico
de La Rioja ha informado que podrán realizarse de nuevo las pruebas
teóricas en Calahorra, pero condicionando esta decisión a la voluntad de
las autoescuelas, de manera que serán estas quienes decidan si realizan o
no dicha prueba en Calahorra o, en caso contrario, la siguen efectuando
en Logroño.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de La
Rioja:
1.1 Los alumnos que se examinen de la prueba teórica del permiso de
conducción, puedan efectuar la misma en Calahorra sin coste alguno, como
viene sucediendo desde 1978.
1.2 Que las condiciones de realización de dicha prueba no sean gravosas
para las autoescuelas en ningún caso y en cantidad alguna.
1.3 Se habilite en Calahorra la dotación de un espacio que posibilite la
realización de la prueba teórica a través de medios telemáticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-César Luena
López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar
discriminaciones por razón de discapacidad contenida en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la carrera militar, para su debate en la Comisión
de Defensa.
Exposición de motivos
La Convención internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por Resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas, tratado internacional ratificado por España, establece
obligaciones jurídicas para los Estados Partes. Estos se comprometen a
adoptar las medidas legislativas administrativas y de toda otra índole
que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la
dignidad inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.
De igual modo, el artículo 2 del Tratado de la UE recoge como valores
fundacionales de la Unión "el respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y
hombres".
Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico persisten algunas normas que
discriminan por razón de discapacidad. Ejemplo de ello es la disposición
transitoria decimotercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, que establece:
"Disposición transitoria decimotercera. Concesión de empleo honorífico a
retirados.
1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la
entrada en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio,
hubieran pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel,
no tuvieran limitación legal para ascender y cumplan antes del 30 de
junio del año 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en
servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá conceder el
empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante,
respectivamente, que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a
la fecha en que reúnan las condiciones.
2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en
los mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando
incluidos en dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio,
concediéndoles el
empleo honorífico de teniente con la antigüedad de la fecha en la que
hubieran pasado a la situación de reserva de haber continuado en servicio
activo.
3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio,
podrá ascender en las mismas condiciones que aquellos, siempre que al
pasar a retiro contara con veinte años de tiempo de servicios desde la
adquisición de la condición de militar profesional.
4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en
aplicación del artículo 24, le hubiera sido concedido un empleo con
carácter honorífico superior a alférez.
5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los
interesados y no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación
de la pensión que como retirado perciba el interesado."
El apartado tercero de esta norma exige un requisito adicional (contar con
20 años de servicios) si la discapacidad no sobreviene en acto de
servicio, diferenciando el origen laboral de la insuficiencia de las
condiciones psicofísicas del causado por enfermedades no ligadas con el
trabajo y los accidentes de otro tipo. Esta arbitraria exigencia supone
una discriminación por razón de discapacidad que se hace necesario
suprimir, por cuanto es contraria a los postulados de la Convención, al
Tratado de la UE, al artículo 14 de nuestra Carta Magna, a la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad de 2013, así como a la
jurisprudencia que las aplica.
Cabe recordar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ante el
recurso de Amparo núm. 2699/2016, en la que concede amparo al recurrente
por considerar que una administración pública lesionaba su derecho a la
igualdad produciéndole una discriminación injustificada.
Teniendo en cuenta la responsabilidad del legislador de legislar para
evitar que sigan produciéndose situaciones de discriminación, y con el
fin de que todos los tenientes, coroneles, comandantes, capitanes y
suboficiales en situación de retiro a los que refiere la Disposición
transitoria decimotercera la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, puedan acceder al empleo honorífico de coronel, teniente
coronel, comandante, o teniente, respectivamente, en condiciones de
igualdad y hayan pasado o no a la situación de retiro por incapacidad
derivada de acto de servicio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta
la siguiente.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad y continuar adoptando las
medidas legislativas administrativas y de toda otra índole que sean
pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la dignidad
inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.
2. Realizar las modificaciones legales oportunas para erradicar la
discriminación por razón discapacidad advertida en la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar, eliminando el requisito del apartado
tercero de la Disposición transitoria decimotercera relativo a los 20
años, así como la diferenciación relativa al origen de la situación de la
discapacidad del apartado segundo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Francisco
Javier Cano Leal y Marcial Gómez Balsera, Diputados.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/003089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la gratuidad del
derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, para su debate
en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
julio de 2014, que debió haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico
español a finales de 2016, tiene como objetivo facilitar el acceso de los
potenciales clientes a los servicios bancarios básicos, mejorar la
transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas
de pago y mejorar el traslado de cuentas de pago para beneficiarse de un
mercado interior en el ámbito de los servicios financieros dentro de la
Unión Europea.
El Gobierno, a finales de 2017, incorporó al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
julio de 2014 a través del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre,
de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad
de comisiones.
La cuenta de pago básica regulada, entre otros, en el artículo 8 del
citado Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, facilita el acceso a
los siguientes servicios:
- Apertura, utilización y cierre de cuenta.
- Depósito de fondos.
- Retirada de dinero en efectivo en las oficinas de la entidad o en los
cajeros automáticos en la Unión Europea.
- Domiciliación de recibos (adeudos domiciliados).
- Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos
pagos en línea.
- Transferencias, inclusive órdenes permanentes en las oficinas de la
entidad y mediante los servicios en línea de la entidad de crédito cuando
esta disponga de ellos.
Un aspecto clave de la citada Directiva fue la regulación del derecho
universal de acceso a una cuenta de pago básica que en el considerando 46
establece lo siguiente:
"A fin de garantizar que las cuentas de pago básicas estén a disposición
del mayor número posible de consumidores deben ofrecerse de manera
gratuita o a cambio de una comisión razonable. Para animar a los
consumidores vulnerables que no disponen de cuenta bancaria a participar
en el mercado bancario minorista, los Estados miembros deben poder
disponer que se les ofrezcan cuentas de pago básicas en condiciones
particularmente ventajosas, como por ejemplo, de forma gratuita."
Y en el artículo 18 de la Directiva relativo a las comisiones aplicadas
establece que los Estados miembros velarán por que las entidades de
crédito ofrezcan los servicios asociados a las cuentas de pago básicas,
sin cargo alguno o aplicando una comisión razonable.
Sin embargo, el artículo 9 del citado Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de
noviembre, establece que el Ministro de Economía, industria y
Competitividad fijará el límite máximo que las entidades de crédito
podrán aplicar a este tipo de cuentas de pago básicas, de acuerdo a una
serie de criterios (nivel de renta en relación con los demás Estados
miembros, las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito
por tales servicios en cuentas distintas de las cuentas de pago
básicas...). Por tanto, el Gobierno en el apartado 4 del artículo 9 del
Real Decreto-ley, optó para en un desarrollo reglamentario posterior
establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia
de comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o
riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes. El Gobierno
eligió no regular la posibilidad que prevé la citada Directiva de ofrecer
de manera gratuita, es decir sin cargo alguno, a clientes vulnerables el
derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica y se comprometió
a fijar unos precios máximos para este tipo de cuentas.
El Ministro de Economía, industria y Competitividad tiene ahora que
establecer el desarrollo reglamentario, a través de una orden
ministerial, para fijar las comisiones, pero todavía no se ha sometido a
audiencia pública dicha regulación. Según información aparecida en medios
de comunicación, citando fuentes financieras consultadas, las comisiones
máximas que las entidades estarían barajando cobrar por los servicios
asociados a las cuentas de pago básicas serían aproximadamente de unos 80
euros en total al año. Un límite máximo totalmente desproporcionado y
abusivo para muchos clientes con escasa capacidad económica que quedarán
totalmente excluidos del sistema financiero.
El Reino Unido, que transpuso antes la Directiva, obligó a las nueve
grandes entidades de crédito del país a ofrecer el acceso a cuentas
básicas sin ningún tipo de comisión (de forma gratuita), que permiten
servicios básicos como domiciliar la nómina, recibos, tener tarjeta de
débito, pagar con cheques y sacar dinero en oficina o en cajero.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el objetivo es
evitar que los ciudadanos más vulnerables o que les resulten poco
rentables a las entidades de crédito sean discriminados y queden
excluidos del derecho de acceso a una cuenta de pago básica. Por ende,
hay que potenciar la inclusión financiera y, en concreto, obligar a las
entidades de crédito a ofrecer de forma gratuita, sin ninguna comisión,
este tipo de cuentas de pago básicas a los clientes más vulnerables o en
riesgo de exclusión financiera.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del
desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de
noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y
comparabilidad de comisiones, a obligar a las entidades de crédito a
ofrecer el derecho al acceso de una cuenta de pago básica sin cobrar
ningún cargo o comisión, tanto por su apertura y mantenimiento como por
los servicios asociados, a los clientes que se encuentren en especial
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre políticas para reformar el euro,
para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
Después de un hecho histórico tan extraordinario y devastador como ha sido
la "gran recesión" que impactó de forma brusca a la economía de la
eurozona y, en especial, a las economías de la periferia, conviene poner
en marcha reformas ambiciosas e inteligentes en la Unión Económica y
Monetaria para si no evitar, al menos resistir mejor ante futuras crisis
económicas. La zona del euro no ha logrado cumplir con éxito los
principales objetivos de la Unión Europea en términos de crecimiento
sostenible, empleo, progreso social, cohesión y estabilidad.
La amplitud de la crisis en la Unión Europea tiene su explicación en la
ausencia de un modelo institucional óptimo para la zona euro, y en el
triunfo del pensamiento más ortodoxo que no se fía de compartir los
riesgos de un tesoro único, y que exige el cumplimiento de unas reglas
sin posibilidad de adaptar su aplicación en función del contexto. La UE
no tenía los instrumentos necesarios para enfrentarse a la crisis
económica y patrocinó una estrategia de política fiscal equivocada basada
en la austeridad.
Las políticas económicas adoptadas durante la crisis y, en concreto, el
tamaño y la composición del ajuste fiscal aplicado en España, Grecia,
Portugal e Italia han sido contraproducentes para el crecimiento y el
nivel de bienestar de sus ciudadanos como ponen de manifiesto la
evidencia y la propia Comisión Europea, que ha reconocido en un ejercicio
de autocrítica inusual que "la Unión ha estado por debajo de las
expectativas en la peor crisis financiera, económica y social de la
posguerra", señala el Libro Blanco sobre el futuro de Europa y añade "por
primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay un riesgo real de que los
jóvenes vivan peor que sus padres". La integración económica, al menos en
los países que comparten la moneda única, es hoy más necesaria que nunca
ante la vuelta los nacionalismos excluyentes, el proteccionismo y los
euroescépticos.
A los errores en las políticas aplicadas, hay que sumar la evolución del
número de perdedores en el actual proceso productivo y de intercambio,
así como el avance del paradigma neoliberal que hace de la desigualdad la
vía para financiar el crecimiento económico, todo ello ha provocado que
los efectos de la crisis económica mundial sean más profundos y
duraderos, generando enormes costes económicos, sufrimiento social y
tensiones políticas dentro y entre los Estados miembros. De ahí la
importancia que la Unión Europea acierte en sus políticas y la
orientación de las mismas.
La experiencia del acuerdo entre los gobiernos conservadores de Alemania y
Francia de octubre de 2010 en Deauville sobre la reestructuración de
deuda privada griega debería servir de lección para evitar en el futuro
la aplicación del principio de disciplina de mercado sin contar con
instrumentos de apoyo solidario en la eurozona. Por ello, si previamente
no se crea un auténtico Tesoro europeo capaz de asumir riesgos
compartidos, todas aquellas propuestas que ponen en cuestión la solvencia
de la deuda pública de determinados Estados miembros (European Safe Bonds
o actualmente Sovereign Bond Backed Securities o EsBies) o endurecen las
condiciones en las que las entidades bancarias pueden comprar deuda de
sus tesoros, son tremendamente contraproducentes para la estabilidad del
euro.
En todo caso, una vez superada la recesión en la eurozona e inmersos en un
periodo de recuperación del crecimiento gracias fundamentalmente a la
actuación del Banco Central Europeo a partir de julio de 2012, la
Comisión Europea y diferentes actores de la sociedad civil han abierto un
proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar la Unión Económica y
Monetaria. Por tanto, existe una ventana de oportunidad para progresar en
las reformas y conviene no olvidar que históricamente los avances en la
integración europea se han producido por necesidad y han sido fruto de
renuncias y acuerdos forjados entre los grandes grupos políticos europeos
y los intereses de diferentes países.
La clave para la estabilidad de la zona del euro reside en la convergencia
económica y social entre las economías de los diferentes Estados
miembros. Esto implica considerar a la UEM no simplemente como un
conjunto de economías que compiten entre sí y con el resto del mundo,
sino como un área integrada cuya prosperidad y cohesión benefician a
todos sus miembros.
El año 2018 es decisivo para avanzar en la construcción de una verdadera
comunidad política de valores compartidos, no solo de una unión basada en
un mercado único, que responda a los desafíos de la globalización, de los
cambios tecnológicos, demográficos y medioambientales. En particular, en
los próximos meses se van a dilucidar cuestiones clave sobre el futuro de
la Unión Económica y Monetaria.
La Comisión Europea presentó, el pasado 6 de diciembre, una "hoja de ruta"
que contiene un paquete de medidas concretas con el objetivo de
profundizar en la Unión Económica y Monetaria. Es un objetivo loable,
pero insuficiente, puesto que se debe completar de manera óptima la zona
del euro con una auténtica Unión Fiscal. El documento de partida va en la
buena dirección y supone un cierto consenso sobre la necesidad de abordar
cambios en el diseño institucional, aunque todavía son exiguos para
atajar de raíz el problema de la falta de Unión Política.
Así, la UEM solo podrá ser completada si se ponen en marcha acuerdos de
compartición de riesgos que combinan solidaridad con responsabilidad y
confianza mutua. Hay margen para avanzar en solidaridad entre Estados
miembros y en responsabilidad en el seno de la UEM. Para ello es
necesario aprovechar estos años de recuperación macroeconómica para, en
primer lugar, alimentar el presupuesto europeo, con el que poder adoptar
una política fiscal anticíclica, con unos estabilizadores automáticos que
cumplan eficazmente su función (a través de un seguro común de desempleo
o de planes de inversión pública), así como, responder a los retos que
tenemos como unión política en el mundo del siglo XXI; en segundo lugar,
completar la Unión Económica y Monetaria a través de la creación
progresiva de un Tesoro europeo, y de instrumentos presupuestarios para
el Euro, y apuntalar la Unión Bancaria con un fondo de garantía de
depósitos común para limitar la inestabilidad del sector financiero, así
como un respaldo público del MEDE al Fondo de Resolución; en tercer
lugar, desarrollar el pilar europeo de los derechos sociales ante el
creciente número de perdedores y la aparición del precariado; en cuarto
lugar, apostar por la armonización y coordinación fiscal entre los
Estados miembros que tenga como objetivo financiar el Estado del
bienestar, evitar en la práctica la competencia fiscal a la baja entre
Estados y liderar en las organizaciones y foros mundiales la lucha contra
los paraísos fiscales con una fiscalidad justa y efectiva y, por último,
mejorar la gobernanza económica, la rendición de cuentas y la legitimidad
democrática de las instituciones europeas, incluyendo la integración en
el acervo comunitario de los acuerdos e instrumentos
intergubernamentales. Necesitamos un Parlamento europeo reforzado y
dinámico capaz de cautivar a los ciudadanos y hacerlo más transparente y
ganar así en confianza y credibilidad.
Este año y venideros viviremos un debate trascendental para el futuro de
la ciudadanía europea, no exento de dificultades. La virtud estará en
encontrar un equilibrio entre reglas y la necesaria flexibilidad o
reconciliar riesgo compartido con la disciplina de mercado para poder
beneficiar a todos ciudadanos europeos. El Gobierno de España no debe
permanecer al margen de este transcendental debate, y más si cabe tras el
Brexit. España debe situarse de forma abierta en el núcleo de los países
europeos donde se tomarán las grandes decisiones sobre el futuro de la
eurozona. Desde una visión compartida, si algo debemos aprender de la
reciente crisis es que la zona del euro debe funcionar mejor para
facilitar la estabilidad, el crecimiento económico sostenible, la
creación de empleo de calidad y la cohesión social.
La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de
una mejor coordinación de la política fiscal y monetaria. La
socialdemocracia europea considera que para garantizar la estabilidad
económica y política de la Unión Económica y Monetaria se requiere la
creación gradual de un soberano, con suficiente capacidad fiscal y
legitimidad democrática. La necesidad de que la zona del euro tenga una
dimensión presupuestaria más importante es un paso decisivo que requerirá
gradualmente mayores recursos propios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante las
instituciones de la Unión Europea los siguientes elementos:
1. Crear un Fondo Monetario Europeo (FME), integrado en el derecho
comunitario, sometido a control parlamentario y basado en la estructura
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MERE), que servirá de prestamista
de último recurso a fin de:
1.1 Facilitar los programas de asistencia a los Estados miembros en
dificultades.
1.2 Proporcionar el mecanismo común de protección para la resolución
ordenada de bancos en dificultades (Fondo Único de Resolución).
1.3 Establecer un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) común cuyo respaldo
último venga dado por el futuro FME, indispensable para dotar de
coherencia al mecanismo único de supervisión y resolución de toda la
Unión Bancaria.
1.4 Rechazar aquellas iniciativas y propuestas que cuestionen la solvencia
o nivel de riesgo de bonos soberanos, o endurezcan las condiciones para
su mantenimiento en los balances bancarios, hasta que no se hayan
aprobado la emisión de deuda conjunta (eurobonos) o los mecanismos de
estabilización presupuestaria, reforzando, al mismo tiempo, la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
2. Otorgar al Banco Central Europeo, junto a la estabilidad de precios, un
mandato explícito para promover el crecimiento y el empleo.
3. Crear un instrumento presupuestario para la eurozona que sirva, entre
otras competencias, para estabilizar de manera automática las
fluctuaciones cíclicas de la actividad económica en los Estados miembros
a través de un seguro de desempleo europeo o de planes de inversión
pública en caso de shocks asimétricos, sin que conlleve transferencias
permanentes entre Estados. El ritmo de avance hacia el necesario
presupuesto del euro será tanto mayor cuanto más se progrese en la
convergencia económica entre los Estados Miembros, en el cumplimiento de
las nuevas reglas fiscales y en la reducción de los desequilibrios
macroeconómicos.
4. Aumentar los recursos disponibles del marco financiero plurianual (MFP)
de la Unión Europea posterior a 2020 que fija los límites de los
presupuestos generales anuales de la UE, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB
de la UE:
4.1 Dar respuesta y priorizar los nuevos desafíos de la UE: abordar los
efectos colaterales de la globalización, fomentar la investigación y la
innovación, facilitar la transición a la economía digital y priorizar la
educación y la formación, incentivar la transición energética a bajas
emisiones de carbono, garantizar la protección del medio ambiente,
adoptar políticas de lucha contra el cambio climático y fomentar la
economía circular.
4.2 Eliminar los mecanismos de corrección (descuentos) de la contribución
que realizan los Estados miembros, más si cabe tras la salida del Reino
Unido de la UE (cheque británico), para aumentar la transparencia.
4.3 Incrementar la transparencia del marco financiero plurianual (MFP) y
de todos los fondos "satélites", así como extender el control
democrático.
4.4 Excluir del cálculo del objetivo de déficit público las contribuciones
que realicen los Estados miembros al presupuesto de la UE en el marco del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
4.5 Hacer coincidir la elaboración del MFP con los nuevos diputados del
Parlamento europeo, coincidiendo de esta forma con el periodo
legislativo.
4.6 Priorizar las políticas de gasto que generen valor añadido europeo y
bienes públicos de dimensión europea que benefician a todos los Estados
miembros.
4.7 Mantener los recursos destinados a las políticas de cohesión y la PAC,
mejorando la eficiencia de los fondos.
4.8 Introducir recursos nuevos, en concreto, impuestos propios europeos
que con los recursos ya existentes supongan, al menos, el 50% de los
ingresos totales del presupuesto de la UE:
4.8.1 Estudiar la implantación de impuestos específicos en el contexto de
la protección del medio ambiente y en el ámbito digital (empresas
multinacionales, principalmente de internet) para aumentar los recursos
propios del presupuesto europeo, en el marco de base imponible común y
consolidada del impuesto sobre sociedades.
4.8.2 Culminar la aplicación efectiva de un Impuesto europeo sobre
Transacciones Financieras para aumentar los ingresos propios del
presupuesto europeo.
4.8.3 Destinar una parte de los beneficios del BCE al presupuesto europeo.
5. Desarrollar el Pilar Social de la Unión Europea (EPSR), profundizar en
la cohesión social y fortalecer el principio de la solidaridad recíproca:
5.1 Construir un marco europeo para la regulación de los salarios mínimos
en la UE que proporcionen un nivel de vida decente; satisfaga las
necesidades del trabajador y su familia; y prevenga de la pobreza
laboral, así como desarrollar un marco para la regulación del sistema de
seguro de desempleo común en los Estados miembros.
5.2 Introducir mecanismos de seguimiento y evaluación de objetivos
sociales en el Semestre Europeo en pie de igualdad con los objetivos
económicos.
5.3 Priorizar los fondos presupuestarios específicos para la convergencia
social.
6. Revisar el marco institucional de reglas fiscales europeas con el
objetivo de simplificado y hacerlo más transparente, adoptando políticas
fiscales anticíclicas que generen márgenes de maniobra suficientes
durante las fases de expansión para utilizarlos en momentos de crisis
(regla de gasto ligada a la deuda pública con posibilidad de aumentar el
gasto incrementando los ingresos). Esta revisión debe simplificar los
paquetes fiscales europeos con objetivos de medio plazo creíbles,
métricas más sencillas, flexibilidad a corto plazo y mayor transparencia.
7. Impulsar la armonización y la coordinación de la fiscalidad en el
mercado interior de la UE con el objetivo de financiar el Estado del
bienestar, evitar en la práctica la competencia fiscal a la baja entre
Estados y liderar en las organizaciones y foros mundiales la lucha contra
los paraísos fiscales con una fiscalidad justa y efectiva, a través de:
7.1 La aprobación definitiva de la propuesta por la que se establece una
base imponible común y consolidada del impuesto sobre sociedades (BICIS y
BICCIS), así como tipos mínimos en el impuesto sobre sociedades de los
Estados miembros.
7.2 Crear un Centro de Coordinación y Coherencia de Fiscalidad, en la
estructura de la Comisión Europea, que pueda evaluar y hacer un
seguimiento de la política tributaria de los Estados miembros, y
convertirse en una auténtica Agencia de Fiscalidad Europea.
7.3 Incorporar indicadores de buen gobierno fiscal en el Semestre Europeo
y en los Programas Nacionales de Reformas, que incluyan las medidas
adoptadas por los Estados miembros para combatir la lucha contra el
fraude y la evasión fiscal.
8. Gobernanza económica, rendición de cuentas y legitimidad democrática:
8.1 Adoptar la regla de la mayoría cualificada para decidir sobre el uso
de los recursos del futuro Fondo Monetario Europeo, con sometimiento a un
control y rendición de cuentas exhaustivo por parte del Parlamento
europeo.
8.2 Reforzar la rendición de cuentas y la capacidad de control del
Parlamento Europeo sobre el Banco Central Europeo. Para ello, el
Parlamento Europeo ratificará al Presidente del BCE y a los miembros de
su Comité Ejecutivo. Publicar las actas completas de las reuniones de su
Comité Ejecutivo, en línea con las prácticas de la Reserva Federal (FED).
8.3 Fortalecer el papel del presidente del Eurogrupo y crear un ministro
de Economía y Finanzas europeo (fusión del cargo del vicepresidente de la
Comisión responsable de la Unión Económica y Monetaria y el de presidente
del Eurogrupo) que tendría una representación única del euro en los
organismos financieros internacionales. El ministro presidirá el futuro
Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario Europeo ejerciendo un papel
neutral y equilibrado, teniendo la responsabilidad política, entre otras,
de los programas de asistencia financiera. El ministro rendirá cuentas
ante el Parlamento europeo sobre todas las cuestiones relacionadas con
sus funciones y estaría disponible para comparecer ante los Parlamentos
nacionales.
8.4 Mejorar la cooperación y la coordinación entre el Parlamento europeo y
los parlamentos nacionales en el Semestre Europeo. El ministro de
Economía y Finanzas europeo podrá comparecer ante los Parlamentos
nacionales para evaluar los proyectos de planes presupuestarios de los
Estados miembros de la zona del euro.
8.5 Posibilidad de convocar consultas ciudadanas para involucrar a la
sociedad civil en un debate sobre asuntos europeos que pueden resultar de
interés para los diferentes sectores afectados por las políticas
europeas, con la colaboración de las Cortes Generales y la estrecha
cooperación de la Comisión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podernos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su
Portavoz Miguel Anxo Fernández Vello, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la
regularización fiscal de las pensiones de los emigrantes retornados y al
reconocimiento, de oficio, de las incapacidades de este colectivo.
Exposición de motivos
En el año 2012 la AEAT empezó a remitir cartas a decenas de miles de
emigrantes españoles retornados exigiéndoles el pago retroactivo del IRPF
sobre los rendimientos derivados de las pensiones extranjeras percibidas
en los ejercicios fiscales todavía no prescritos -es decir, desde el
ejercicio fiscal del 2008-, más un interés del 5% y una sanción del 20%.
Como consecuencia de la exigencia del pago retroactivo de los cuatro años
no prescritos, las cantidades que se exigían oscilaban, por término
medio, entre los 4.000 y los 12.000 euros, cantidades que en la mayor
parte de las ocasiones resultan inasumibles para los pensionistas, dada
la escasa cuantía de sus pensiones.
Esta campaña de regularización se había llevado a cabo entre enero y junio
de 2015, y hasta el pasado mes de noviembre de 2017, la Agencia
Tributaria no había vuelto a ponerse en contacto con el colectivo de
emigrantes retornados. Sin embargo, a partir del citado mes el Ministerio
de Hacienda ha vuelto a enviar cartas a los emigrantes retornados que
cobran pensiones de jubilación del extranjero, para que regularicen sus
declaraciones de IRPF de los años 2013, 2014 y 2015, y avisando del cargo
de intereses y sanciones, como ya había ocurrido a partir del año 2012.
Todas las afectadas son personas mayores que emigraron entre 1959 y 1973,
personas humildes y trabajadoras que durante años enviaron ingentes
remesas de divisas que permitieron el desarrollo
económico de muchos pueblos y provincias de España, en especial en
Galicia, pero también en Asturias, Andalucía y Extremadura y que, en el
momento de su jubilación, empezaron a percibir pensiones del extranjero.
Lógicamente la mayor parte de estas personas carecen de conocimientos
fiscales, a lo que hay que añadir que hasta el año 2012, la
Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas
pensiones y cuando ellos se dirigían motu proprio a la Agencia Tributaria
para saber si debían declarar su pensión del extranjero se les informaba
de que no tenían que hacerlo. Por tanto, si no tributaron no es porque
tuviesen un afán defraudatorio, sino amparados en la información
facilitada por la propia Administración.
Esta injusta situación que afectaba a miles de pensionistas que no tienen
más rentas que las pensiones generadas con su trabajo, que en ningún
momento tuvieron el más mínimo afán defraudatorio, que fueron mal
informados por la Administración y a los que se les exige con carácter
retroactivo y acumulado una tributación al tipo de gravamen ordinario,
más los intereses y sanciones resulta especialmente sangrante por
coincidir en el tiempo con la aprobación por parte del Gobierno de una
amnistía fiscal para personas de rentas elevadas, que durante años
dejaron de tributar en España de forma consciente y voluntaria y que se
vieron beneficiadas por la posibilidad de regularizar su situación a un
tipo de interés mínimo y contando para ello con el asesoramiento de la
Administración Tributaria. Una amnistía fiscal, por cierto, que fue
declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de la presión social, el propio Ministerio de Hacienda
se vio obligado, en su momento, a anular las sanciones y los intereses
que había cobrado a los perceptores de pensiones del extranjero
(disposición adicional única de la Ley 26/2014), pero no así la cuota
tributaria, que siguió manteniendo al tipo de gravamen ordinario y,
además, sin siquiera proceder a la devolución de oficio de las cantidades
indebidamente cobradas, sino que para ello exigía la solicitud de
devolución por parte de la persona interesada, lo que, en ocasiones,
supone obligarle a realizar un desembolso de dinero por no poder realizar
la gestión por sí misma, por falta de movilidad, de conocimientos o
cualquier otra circunstancia.
Sin embargo, en las nuevas cartas enviadas a este colectivo, se les vuelve
a avisar de intereses, recargos y sanciones de demora, ya que tal y como
recordaba el Gobierno en respuesta escrita a la diputada Yolanda Díaz
Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea las medidas especiales contempladas en la disposición adicional
única de la Ley 26/2014, para "la condonación de los intereses, recargos
y sanciones que hubieran sido exigidos por este concepto, podía ser
solicitada por el interesado hasta el 30 de junio de 2015". ¿Y qué ocurre
después? ¿Por qué motivos se les exige a los emigrantes retornados la
tributación en tiempo cuando el propio Gobierno, en el borrador de la
renta facilitado a los mismos no la incluye, ya que la información
procedente de terceros Estados llega a la Agencia Tributaria en fechas
muy dispares y siempre con posterioridad al periodo de declaración del
Impuesto? ¿Y por qué motivos se aplican sanciones a los obligados
tributarios cuando ellos tampoco tienen en fecha la información
procedente de los países de los que perciben sus jubilaciones?
En este contexto, merece mención específica el caso de las pensiones
abonadas por Alemania, las cuales deberían estar exentas de tributación
en España por haber tributado ya en Alemania, puesto que en caso
contrario estarían sometiéndose a doble tributación y que la Agencia
Tributaria somete también a gravamen.
A este respecto resulta de aplicación el artículo 19.2 del Convenio entre
la República Federal de Alemania y el Estado Español para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal de 5 de diciembre de 1966, en
vigor hasta el 31 de diciembre de 2012, que dice:
"Artículo 19.
1. Las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un
Estado Contratante en consideración a un empleo anterior, solo pueden
someterse a imposición en este Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las pensiones y
remuneraciones similares pagadas por o con cargo a fondos creados por un
Estado Contratante, un Land, o uno de sus organismos autónomos,
autoridades o administraciones locales, en consideración a un empleo
anterior, están exentas de impuestos en el otro Estado Contratante."
El precepto lo que viene a establecer es que, como regla general, las
pensiones pagadas por un Estado a un residente en otro Estado se someten
al impuesto del Estado de residencia, salvo que, tal
como se dispone en el párrafo segundo, dichas pensiones se abonen con
cargo a fondos públicos, en consideración a un empleo anterior, en cuyo
caso están exentas de impuestos en el Estado de residencia.
Dicho precepto, en ningún momento establece que el empleo anterior haya de
ser de naturaleza pública, sino que únicamente se hace referencia a los
fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones. El matiz
diferencial entre uno y otro apartado se refiere, por tanto, no a la
naturaleza pública o privada del empleo anterior, sino a la procedencia
de los fondos con los que se abonan las pensiones y remuneraciones
similares -y, en ambos casos, en consideración, efectivamente, a un
empleo anterior-, sin distinguir su naturaleza de suerte que están
exentas de tributación en el Estado español aquellas cuya procedencia sea
pública.
Sin embargo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha
interpretado este precepto en el sentido de considerar que solo gozan de
exención las pensiones públicas pagadas por el Estado en virtud del
desarrollo de un empleo público anterior.
Esta situación ha motivado la interposición de numerosos recursos
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas por el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia sobre la
interpretación del artículo 19.2 y respecto a cuál ha de ser el origen de
las pensiones para que puedan quedar exentas de tributación en España,
siendo numerosas las sentencias de diferentes Tribunales Superiores de
Justicia de las que se desprende que el matiz diferencial entre la
naturaleza pública o privada del empleo anterior ha de referirse a la
procedencia de los fondos con los que se abonan las pensiones y
remuneraciones, de modo que siempre que la pensión se haya pagado por o
con cargo a fondos públicos estará exenta (así numerosas sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia -por todas, la 350/2015, de 25
de junio, la cual cita muchas otras de ese mismo TSJ en el mismo
sentido-, de Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana. Es de destacar,
además, que dichas sentencias imponen las costas a la Administración.
A pesar de ello, la Agencia Tributaria sigue interpretando que solo gozan
de exención las pensiones públicas pagadas por el Estado en virtud del
desarrollo de un empleo público anterior.
Es preciso tener en cuenta que según el artículo 3 del Código Civil, las
normas deben interpretarse según el sentido propio de sus palabras y, por
ello, la interpretación del artículo 19.2 del Convenio de 1966 resulta
clara, puesto que expresamente dispone que las pensiones pagadas por o
con cargo a fondos públicos están exentas de impuestos en el otro Estado
contratante.
Si a ello añadimos que los Tribunales Superiores de Justicia están
respaldando esta interpretación, especialmente en Galicia, no tiene
sentido que se obligue a los contribuyentes a acudir a la vía
contencioso-administrativa, con los gastos que ello conlleva cuando,
además, se están imponiendo costas a la Administración.
A ello hay que añadir que el 21 de junio de 2016, la Defensora del Pueblo
tuvo oportunidad de estudiar el asunto a raíz de una queja formulada por
el Colectivo de pensionistas retornados del Morrazo (Pontevedra) y ha
recomendado interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República
Federal de Alemania y el Estado Español para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal de 5 de diciembre de 1966 conforme al sentido
propio de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España
las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos.
Otra cuestión que está ocasionando graves perjuicios a los jubilados
españoles que perciben pensiones del extranjero y no tienen reconocido
formalmente en España su grado de minusvalía es el hecho de que la
Administración Tributaria no les permite aplicarse directamente las
exenciones que les corresponderían por el grado de minusvalía que tienen
reconocido en el extranjero y les obliga a tributar por la totalidad de
sus ingresos, como si no tuviesen ninguna minusvalía y a iniciar un largo
y lento procedimiento administrativo -y, en ocasiones, judicial- hasta
obtener el reconocimiento de su grado de minusvalía en España para, una
vez obtenido, solicitar la devolución de lo indebidamente ingresado. De
este modo, si bien al final del largo, lento y costoso procedimiento
consiguen recuperar lo que ya no deberían haber tenido que abonar, lo
cierto es que les supone un coste y un esfuerzo que, en muchas ocasiones,
disuade a muchos pensionistas de reclamar lo que por ley y por justicia
les corresponde.
El artículo 7.f) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (LIRPF) dice que estarán exentas del impuesto "Las prestaciones
reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades
que la sustituyan como consecuencia de la incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez".
Por tanto, el artículo 7.f) de la LIRPF no establece la exención para
todas las situaciones de incapacidad que establece el artículo 137 de la
Ley General de la Seguridad Social (LGSS), sino únicamente para la
"incapacidad permanente absoluta" y la "gran invalidez".
Estas situaciones se determinan reglamentariamente en función de la
incidencia en la reducción de la capacidad de trabajo, siendo la
"incapacidad absoluta" la que incapacita para la realización de cualquier
trabajo -a diferencia de la incapacidad permanente total, que solo
incapacita para el ejercicio de la profesión habitual y no goza de la
exención en el IRPF- y la "gran invalidez" la que requiere además de la
ayuda de una tercera persona para los actos esenciales de la vida.
El problema surge con las pensiones abonadas por el extranjero porque la
regulación legal de las incapacidades en España difiere de la de los
otros países, en los que -como en el caso de Suiza, por ejemplo- las
pensiones se reconocen mediante un porcentaje que se fija en función del
grado de invalidez, sin distinción de si el grado de invalidez lo es para
la profesión habitual o para cualquier profesión, de modo que las
autoridades del país pagador a la hora de emitir un certificado que
acredite la existencia de la invalidez no hacen referencia a ese hecho y,
por tanto, no resulta sencillo establecer el paralelismo o trasladar el
grado de invalidez reconocido en el Estado pagador con el nivel de
invalidez que la persona tendría reconocido según la legislación
española, lo que obliga a aquellos pensionistas que se quieran beneficiar
de la exención del IRPF a iniciar un procedimiento -en principio
administrativo pero que en muchas ocasiones tiene que llegar hasta la vía
judicial-, para obtener el reconocimiento de su grado de incapacidad.
La Administración debería establecer mecanismos que facilitasen que
nuestros pensionistas tributen desde el primer momento con arreglo a su
situación real y puedan disfrutar de todos los beneficios tributarios que
legalmente les correspondan, sin que ello les suponga un sobrecoste o
sobresfuerzo de ningún tipo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Devolver de oficio y, con carácter general, con independencia de que se
haya o no solicitado dicha devolución, todas las cantidades abonadas por
emigrantes retornados en concepto de intereses de demora, recargos y
multas por no haber pagado las cuotas de IRPF correspondientes a sus
pensiones extranjeras percibidas entre 2008 y 2012.
2. Abrir un nuevo periodo de regularización de la declaración de las
pensiones que cuente con personal técnico idóneo para facilitar a los
mayores retornados la adecuación de su situación tributaria sin costes
fiscales indirectos. Dicho periodo, además, deberá contar con plazos
suficientes y más adecuados y estar acompañado de una campaña de
información específica dirigida a dichos emigrantes retornados.
3. No aplicar sanciones ni recargos a los requerimientos exigidos por la
Agencia Tributaria de regularizar los ejercicios 2013, 2014 y 2015, dado
que no se han puesto los medios necesarios, ni humanos, ni materiales,
para informar adecuadamente a los emigrantes retornados de sus
obligaciones tributarias.
4. Interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República Federal de
Alemania y el Estado español para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal, de 5 de diciembre de 1966, conforme al sentido propio
de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España las
pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos.
5. Ejecutar todas las sentencias judiciales que declaran exentas las
pensiones procedentes de organismos públicos alemanes.
6. Devolver de oficio todos los importes (cuota, recargos e intereses)
indebidamente cobrados a los pensionistas por las pensiones que cobraban
de Alemania.
7. Abstenerse de girar nuevas liquidaciones a los pensionistas que
perciban rentas procedentes de organismos públicos alemanes respetando
escrupulosamente los convenios bilaterales.
8. Iniciar todos los trámites legislativos necesarios para el
establecimiento de un régimen de IRPF que detalle de forma explícita y
clara las obligaciones fiscales de los emigrantes españoles retornados a
España en relación con las pensiones extranjeras que reciben de los
países en los que han trabajado, evitando en todo caso la doble
imposición.
9. Disponer los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente,
los pensionistas emigrantes retornados reciban su borrador de la
declaración de la renta con inclusión de todos los ingresos que están
obligados a declarar, incluidas, en su caso, las pensiones cobradas del
extranjero.
10. Establecer un mecanismo de homologación automático de las pensiones de
incapacidad percibidas del extranjero para que los beneficiarios de las
mismas puedan aplicar directamente las exenciones previstas en la LIRPF,
sin necesidad de acudir para ello a complejos y largos procedimientos
administrativos y judiciales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Yolanda Díaz
Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre exenciones fiscales a
los afectados por la Xylella fastidiosa, para su debate en la Comisión de
Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado mes de diciembre de 2017, las organizaciones agrarias remitieron
una carta al Ministro de Hacienda y Función pública en la que le
trasladaban "la gran preocupación del campo valenciano ante la plaga de
la Xylella fastidiosa que ya afectaba a la provincia de Alicante". Esta
plaga está teniendo un perjuicio económico para los agricultores y
agricultoras de las zonas afectadas, porque no solo se elimina los
árboles afectados, sino que por prevención, también se están arrancando
los de su alrededor que están sanos.
Las administraciones deben ser sensibles a esta situación y deben estudiar
y atender las reivindicaciones de los sectores afectados, en este caso,
de la petición de las diferentes organizaciones agrarias que solicitan
del Gobierno que se incorpore la exención del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) para las cantidades recibidas en concepto de
ayudas e indemnizaciones públicas para la destrucción de las plantas y
cultivos, en el marco de las actuaciones de control y erradicación de la
Xylella fastidiosa, dentro del Plan de Contingencia de la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural, basado
en el contenido de las decisiones de ejecución de la Unión Europea, que
supone la destrucción obligatoria del material vegetal afectado y de todo
aquel que esté ubicado en un radio de cien metros, pueda ser susceptible,
así como para la inmovilización de material vegetal de viveros y centros
de jardinería.
La aplicación de exenciones en el IRPF no es un planteamiento nuevo en el
ámbito de impuestos, ya que el apartado e) del punto 1 de la Disposición
Adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre rentas de
las personas físicas, contempla la exención fiscal para las
indemnizaciones públicas en el caso de sacrificios obligatorio de cabaña
ganadera a consecuencia de las actuaciones de control y erradicación de
epidemias o enfermedades, como ya le hicieron saber los agricultoras a la
Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir la exención del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ayudas e
indemnizaciones públicas recibidas por o para la destrucción de las
plantas y cultivos en el marco de las actuaciones de control y
erradicación de plagas. Tendrán esta consideración y serán beneficiarios
de estas exenciones los receptores de ayudas o indemnizaciones por la
destrucción de plantas y cultivos por las acciones de erradicación de la
Xylella fastidiosa y hayan recibido las mismas en el marco de las
acciones emprendidas por la Generalitat Valenciana o, en su caso, el
Gobierno de España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Patricia
Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reparación del
firme de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Jaén, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autovía A-4, es una de las seis autovías radiales de España, parte de
la ruta europea E-05 y la principal vía de comunicación entre el centro y
el sur del país. Además, es uno de los principales ejes de comunicación
por carretera de la provincia de Jaén con el resto de provincias de
Andalucía y la vía de comunicación terrestre de entrada y salida de la
provincia de Jaén y, por ende, de Andalucía con el resto de España.
La importancia de esta autovía A-4, que exigiría un nivel de mantenimiento
óptimo no parece corresponderse con la realidad. A su paso por la
provincia de Jaén, la autovía A-4 se encuentra en un lamentable estado de
conservación. Los "parcheos" puntuales que ha tenido esta autovía son, a
todas luces, insuficientes para garantizarla seguridad de los miles de
vehículos que diariamente transcurren por la misma.
El nefasto estado en el que se encuentra esta vía, requiere una reparación
integral del firme de todo el trazado que pasa por la provincia de Jaén;
y más cuando desde los diferentes ejercicios presupuestarios se
contemplaban partidas para ello que no han llegado a ejecutarse.
Esta autovía de primera generación, soporta un tráfico muy intenso y son
muchos los accidentes de tráfico provocados por la mala conservación de
la vía. Se hace urgente la necesidad de acometer actuaciones de mejora y
acondicionamiento para su adecuación a las nuevas exigencias de seguridad
y a las diversas normas y recomendaciones .en materia de carreteras
publicadas después de su construcción.
Esta demanda, se traduce, fundamentalmente, en ofrecer en todo su
recorrido unos niveles de seguridad y servicio asimilables a los que
prestan las autovías y autopistas de reciente construcción. Entre las
reformas más, urgentes está, sin duda, el reasfaltado del firme de todo
el trayecto que tiene esta autovía a su paso por la provincia de Jaén,
así como la contención de los tramos deslizados y la reconstrucción
integral del paquete de firme en los mismos.
Asimismo, las vías de servicio existentes en esta autovía se encuentran en
un deplorable estado de conservación. No debemos olvidar, que estas vías
de servicio sirven, en gran medida, para que muchos agricultores accedan
a sus explotaciones, cuestión de una gran importancia en una provincia
donde la agricultura tiene un gran peso económico.
Otra consideración a tener en cuenta es; que gran parte del tramo de la
autovía discurre por terreno próximo al Parque Natural de Despeñaperros y
el Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde un gran número de
especies amenazadas como el lince ibérico encuentran su refugio; de
hecho, estos parajes cuentan con la mayor población mundial de esta
especie amenazada.
Las medidas de protección para evitar atropellos que existen en esta
autovía son insuficientes y dan poco resultado. Por ello se deben
disponer otras medidas encaminadas a proteger y evitar atropellos de esta
especie amenazada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
1. Reparar de manera urgente el firme de la autovía A-4 en todo el
trayecto que discurre por la provincia de Jaén en las dos direcciones,
así como el arreglo y contención de los tramos deslizados y la
reconstrucción integral del paquete de firme en los mismos.
2. Reparar el firme en las vías de servicio de la autovía A-4 por
encontrarse en un estado de conservación excesivamente deteriorado y ser
de importancia para el acceso, principalmente, a ciertas fincas de
olivar, cultivo esencial en la economía de la provincia de Jaén.
3. Adaptar todo el tramo de autovía A-4 a su paso por la provincia con
medidas de protección para el lince ibérico y otras especies animales más
actualizadas y adecuadas.
4. Llevar a cabo el proyecto de señalización de las singularidades
culturales e históricas de los municipios jienenses por donde transcurre
la A-4, con especial atención a las ciudades Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza y de los Parques naturales de la provincia de Jaén."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Felipe Jesús
Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a los Ferrocarriles
Históricos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Se define corno ferrocarril histórico un sistema ferroviario operativo
independiente que, disponiendo de infraestructura, superestructura,
instalaciones y material móvil, mayoritariamente procedente de un
ferrocarril en desuso, tenga como objetivo mantener viva la historia y
cultura del ferrocarril, recreando o preservando escenas ferroviarias del
pasado, incluyendo, también, bajo esta denominación, la práctica del
ciclocarril en dicho sistema ferroviario operativo, con normativa propia.
En ningún caso, la función de los ferrocarriles históricos es la del
transporte de mercancías, ni de pasajeros, más allá de la recreación a la
que se ha hecho referencia.
En nuestro país, se enmarcan bajo esta denominación, una serie de
ferrocarriles, de características diferentes que van desde el tren de la
Arganda en Madrid, hasta el, recientemente inaugurado, en Utrillas,
pasando por el Ecomuseo de Samuño en Asturias o el conjunto minero de Rio
Tinto. Todos ellos, forman parte de una incipiente red de Ferrocarriles
Históricos, organizados, a través de una entidad que pretende dar un
futuro diferente a Ferrocarriles en desuso que aún conservan las vías o
que se encuentran en disposición de volver a instalarlas, como espacios
integrales, en los que se les da una nueva vida a través de un uso,
mayoritariamente cultural, recreativo o turístico.
Si bien, en la actualidad, se trata de un número reducido de
ferrocarriles, en su mayoría, de carácter minero y con trayectos cortos
que no traspasan los límites de la Comunidad Autónoma en la que se
asientan, nos encontramos ante una actividad con gran potencial que ha
supuesto un incremento de la economía allí donde se han desarrollado,
atrayendo, cada año, a miles de personas a bordo de los trenes. Viajeros
y viajeras que, además de abonar sus billetes para el mantenimiento de la
actividad, suponen para las zonas donde se ubican un potente motor
económico, con gran repercusión en el sector servicios de la zona,
contribuyendo a la generación de empleo.
Esa es una de las razones, por las que, en este momento, hay varios
proyectos en marcha, con los que se espera tener un importante impacto
económico. Se trata de proyectos que, en algunos, casos, suponen la
recuperación de espacios degradados, tanto de trazados, como de
estaciones, que se pueden convertir en vectores de desarrollo, con unas
expectativas de impacto global exponencialmente más altas que otras
actuaciones, al ubicarse en zonas rurales con procesos de recesión
económica y despoblamiento demográfico importantes.
El potencial de desarrollo de los Ferrocarriles históricos nos lo da lo
sucedido en otros países de la unión europea, como Francia que
actualmente tiene noventa y cinco ferrocarriles históricos, cuarenta y
cuatro experiencias de ciclodresinas y velorrailes (vehículos ligeros de
tracción humana o con pequeños motores). En total mil doscientos
kilómetros de vía en funcionamiento, prácticamente en su totalidad,
pilotados por voluntariado que generan unos ochocientos puestos de
trabajo directos y por los que viajan
casi cuatro millones de personas. En el Reino Unido el número de trenes
supera los doscientos con más de nueve millones de visitantes, dieciocho
mil personas voluntarias y más de ocho mil vehículos en circulación.
Los Ferrocarriles históricos que ya funcionan en España, lo hacen al
amparo de diferentes impulsos institucionales. Así, el tren del museo
vasco del Ferrocarril, nació con el respaldo de Euskotren, mientras que
los trenes mineros de Samuño o de Utrillas, lo hicieron bajo el impulso
de los ayuntamientos en los que se asientan.
Todos cuentan, además, con la participación de grupos de personas
voluntarias que dedican su tiempo y trabajo a la puesta en marcha y el
mantenimiento de estos ferrocarriles con la finalidad de mantener vivo el
patrimonio histórico ferroviario. Grupos de voluntariado organizados a
través de asociaciones que se han ido haciendo con un importante material
ferroviario histórico, aglutinando a miles de personas para las que esta
actividad supone un incentivo a su participación social, contribuyendo a
favorecer un envejecimiento activo y saludable.
A día de hoy, los Ferrocarriles históricos no cuentan con ninguna
normativa que los regule, facilitando su impulso y desarrollo y
estableciendo los requisitos y condiciones que las estructuras y los
ferrocarriles deben cumplir, para una circulación segura. Esta falta de
regulación, supone un lastre para su implementación, al que hemos de
añadir que, en ningún caso ADIF, haya permitido el desarrollo de
trayectos por sus vías desafectadas por desuso para la circulación de
trenes de viajeros y mercancías, impidiendo, así, la puesta en marcha de
algunos proyectos que resultarían de gran interés.
España es el único país de nuestro entorno que carece de una normativa
específica. De hecho, los ferrocarriles históricos que se encuentran, en
este momento, en activo, circulan siguiendo su propia autorregulación. Es
cierto que nos encontramos ante un tema complejo, que afecta
especialmente a municipios y a Comunidades Autónomas, tanto por el
interés cultural como por el desarrollo turístico y económico, que
aunque, en este momento, cuenta con ferrocarriles de corto recorrido, su
regulación, a nivel estatal, permitiría darle un mayor impulso y acometer
proyectos que transciendan el ámbito autonómico.
Sería necesario, por tanto, articular medidas y promover una regulación
que permita el desarrollo de los ferrocarriles históricos de una forma
segura, incentivando su implementación y posibilitando que ADIF permita
el desarrollo de proyectos que circulen por vías desafectadas para el uso
comercial ferroviario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en colaboración con la FEMP y con las Comunidades Autónomas,
la aprobación de una normativa que regule los Ferrocarriles Históricos,
como elementos básicos para la protección del patrimonio ferroviario,
incorporando a la misma las condiciones de circulación y medidas de
seguridad específicas para ferrocarriles históricos como las que ya se
vienen cumpliendo por las entidades existentes y que priorice el uso
ferroviario vienen cumpliendo y que priorice el uso ferroviario para la
circulación de ferrocarriles históricos, de las vías desafectadas por
desuso para transportes comerciales de viajeros y mercancías.
2. Poner en marcha, en colaboración con la FEMP y las Comunidades
Autónomas, un Plan de Protección y Uso del Patrimonio Ferroviario
Histórico, en el que se incentive el desarrollo de ferrocarriles
históricos, como una forma de protección cultural y de impulso económico.
3. Impulsar las medidas necesarias para que ADIF posibilite la circulación
de los ferrocarriles históricos a través de las vías que se encuentren
desafectadas, priorizando el mantenimiento de su uso ferroviario como una
forma de contribuir al mantenimiento del patrimonio ferroviario
histórico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Natalia
González Peláez, María Aurora Flórez Rodríguez, Esther Peña Camarero,
César Joaquín Ramos Esteban, María Soraya Rodríguez Ramos, María del Mar
Rominguera Salazar, Joan Ruiz i Carbonell y David Serrada Pariente,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la liberación del peaje en el
tramo de la AP-9 entre Vigo y Redondela, para su debate en la Comisión de
Fomento.
Exposición de motivos
Los socialistas siempre consideramos que la AP-9 es una infraestructura
vital y estratégica que tiene que mantener su papel dinamizador, y por lo
tanto debe adaptarse a las nuevas circunstancias, ya que constituye el
principal eje de comunicación de Galicia y tiene un papel fundamental
para la economía y la ciudadanía gallega.
La AP-9 nació como una oportunidad de crecimiento, pero perdió atractivo
y, con la ampliación de la concesión por parte del Gobierno de Aznar y
una política de peajes perversa que prima en exceso los intereses
privados de una empresa, se convirtió en una carga difícil de asumir para
las familias y las empresas de Galicia, especialmente en momentos
económicamente tan delicados como los actuales, con una desigual salida
de la recesión.
Ejemplo de esta situación es que en este comienzo del año 2018, las
tarifas continúan sin tener bonificación por horarios o épocas del año,
reconociendo el propio Ministerio que se trata de una de las autopistas
más caras de España.
En otras autopistas existen descuentos por diversas cuestiones tales como
por el número de viajes en "horas valle", por tarifas nocturnas,
temporada baja, llevar en el vehículo tres o más ocupantes, por parados,
discapacitados... etc.
Sin embargo, estos descuentos no se aplican en la AP-9, aunque es la
autopista que genera más beneficios a la empresa concesionaria de todas
las existentes en España.
A esta situación económica insostenible, se añade para las personas
usuarias del área de Vigo, la situación de parálisis en la construcción
de la alternativa libre de peaje entre Vigo y Pontevedra a través de las
autovías A-57 y La-59, no explicada por el Ministerio de Fomento. Además
la existencia del área Metropolitana de Vigo, ponen de manifiesto la
imperiosa necesidad de dotar al municipio de Vigo y el resto de los
municipios, especialmente los situados al norte de la ciudad, de avances
en su accesibilidad y movilidad, así como la retirada del casco urbano
del tráfico pesado que discurre por calles céntricas de la ciudad de
Vigo, como Sanjurjo Badía.
En este contexto general, claro decepcionante, recogemos con satisfacción
el anuncio por parte del Ministerio de Fomento de la eliminación del
peaje en la autopista del atlántico en el tramo comprendido entre Vigo y
Redondela, después de años de reclamaciones realizadas por los vecinos de
la zona, principalmente los de las parroquias de Teis y Chapela. Se
terminará así con una injusta penalización para el Ayuntamiento de
Redondela, que existía frente a otras zonas del área urbana de Vigo,
uniéndose esta liberalización del peaje a la que en su día se consiguió
en el tramo Rande-Puxeiros y en la realizada para los Ayuntamientos del
Morrazo.
Ahora cabe demandar que tal supresión del peaje se lleve a efecto
realmente lo antes posible, sin más dilaciones, y se haga sin que suponga
un nuevo incremento en las ya muy elevadas tarifas de peaje de la
autopista AP-9.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para conseguir que la liberación
del peaje en el tramo de la AP-9 entre Vigo y Redondela no se realice con
cargo a un aumento en las tarifas de los peajes para las personas
usuarias.
2. Negociar de manera inmediata con la concesionaria de la autopista AP-9,
la construcción de las infraestructuras necesarias para convertir el
tramo Buenos Aires-Alfonso XIII en un tramo urbano libre de
peaje, con la posibilidad de realizar la circulación en ambos sentidos
entre el centro de la ciudad de Vigo y el barrio de Teis.
3. Negociar con la empresa concesionaria el desarrollo de un plan de
actuaciones en diferentes ámbitos con el objeto de aminorar el impacto
acústico y llevar a cabo los avances necesarios en lo relativo a los
diversos parámetros de calidad y seguridad en esta infraestructura
viaria, y singularmente en los ayuntamientos de Redondela y Vigo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-María Dolores
Galovart Carrera y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la no discriminación por territorio en las
tarifas de Correos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) una denuncia contra Correos porque en su tarifas de 2018 incumple
los principios del Servicio Postal Universal al discriminar y encarecer
una media del 30% algunos de sus envíos a los 22 millones de ciudadanos
que viven en los municipios menos poblados.
En la resolución de 30 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración
de la Entidad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., aprobó las nuevas
tarifas que se aplican en el año 2018, donde como novedad, fija dos zonas
diferenciadas (A y B), a los efectos de aplicar distintos importes en los
envíos de publicaciones periódicas. La denominada "zona A", se aplicaría
a destinos local, capitales de provincia, localidades con
administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes; y
la denominada "zona B", que se aplicaría al resto de destinos. En todos
los tramos de peso, las tarifas de la "zona B", son aproximadamente un
30% más caras que las de la "zona A", y el número de destinatarios a los
que afecta en torno a 22 millones de personas. La AEEPP ya ha informado
que las empresas editoras, al no poder asumir el incremento de coste, se
verán obligadas a repercutir sobre los usuarios, el incremento del coste
de distribución.
El artículo 12 de la Directiva Postal establece que los Estados miembros
de la Unión Europea velarán por que las tarifas que forman parte del
servicio universal se establezcan en observancia de una serie de
principios; entre los que se incluye que los precios deberán de ser
asequibles y deberán de permitir el acceso a los servicios prestados a
todos los usuarios, independientemente de su situación geográfica, y que
las tarifas deberán de ser transparentes y no discriminatorias. Por otro
lado, el artículo 21 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
incluye claramente en el ámbito del servicio postal universal las
publicaciones periódicas, siempre que cumplan los requisitos de carta
hasta dos kilos o paquete hasta 20 kilos.
El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión regulado en el artículo 20 de la Constitución
Española podría verse afectado por una discriminación tarifaria que
afectaría a determinadas publicaciones cuya distribución puede verse
entorpecida por importantes incrementos tarifarios en función de las
características de la población de residencia del suscriptor de las
mismas. Así este incremento tarifario, dada la naturaleza de alguna de
las publicaciones periódicas a las que afecta, y los núcleos de población
a los que se aplica, podría suponer una vulneración del deber
constitucional de los poderes públicos, recogido en el artículo 44 CE, en
relación con el acceso a la cultura y la investigación científica y
técnica, en beneficio del interés general.
Por otro lado, como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), las obligaciones que comporta la financiación del
servicio postal universal (SPU), deberían haberse establecido
en un "Plan de Prestación del SPU" y en un "Contrato Regulador de la
Prestación del SPU", que debe aprobar el Gobierno previo informe de la
CNMC. Dicho Plan, debe definir: i) el ámbito y las condiciones de
prestación del servicio postal universal impuestas al operador, ii) la
metodología para el cálculo del coste neto y la carga financiera injusta
soportada en el cumplimiento de las condiciones de prestación por el
operador y iii) los criterios de funcionamiento y pago del fondo de
financiación del SPU que habrán de tenerse en cuenta para determinar la
contribución del Estado. Han transcurrido seis años sin que el Gobierno
haya cumplido con esta obligación legal, lo que sin duda contribuye a que
se produzcan decisiones arbitrarias en el ámbito tarifario al dificultar
la determinación de la "carga financiera injusta" que debe soportar
Correos y financiarse con cargo al Fondo de Financiación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar, de forma urgente, cuantas medidas sean necesarias para
corregir los obstáculos que, en relación con el ejercicio del derecho
fundamental a comunicar y recibir información veraz y sobre la obligación
constitucional de los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a
la cultura y a la investigación científica y técnica, pudieran derivarse
de la discriminación tarifaria aprobada por Correos en los envíos de
publicaciones periódicas que forman parte del Servicio Postal Universal.
2. Aprobar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en
la ley, fijando un servicio universal de calidad suficiente para atender
a las demandas de los ciudadanos, usuarios y empresas; garantizando el
coste real de la carga financiera injusta del servicio postal universal,
la prestación del servicio postal universal de calidad y regularidad, así
como la red física que le da soporte, con especial atención al ámbito
rural, y a través de una financiación adecuada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-César Joaquín
Ramos Esteban, Antonio Pradas Torres, Óscar Galeano Gracia, Ricardo
Cortés Lastra, Esther Peña Camarero, Luis Carlos Sahuquillo García,
Meritxell Batet Lamaña, María del Mar Rominguera Salazar, Patricia
Blanquer Alcaraz, María Soledad Pérez Domínguez, Pilar Cancela Rodríguez,
Pere Joan Pons Sampietro, Sebastián Franquis Vera, César Luena López,
Jesús María Fernández Díaz, José Javier Lasarte Iribarren, Adriana Lastra
Fernández y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Plan de Vivienda, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
A través del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, el Gobierno
prorrogó durante un año, la vigencia del Plan estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas 2013-2016. En tanto el Gobierno no suscriba los
correspondientes convenios de colaboración con cada una de las
comunidades autónomas para la aplicación en sus territorios del nuevo
Plan, los ciudadanos españoles no recibirán las ayudas previstas para
garantizar el acceso a una vivienda.
Durante las legislaturas que ha gobernado el Partido Popular, hemos venido
comprobando la insensibilidad del Gobierno a la hora de garantizar el
derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada. Ha reducido el
presupuesto destinado a vivienda en más de un 60%, ha privado a cerca de
trescientas mil familias del derecho a la subsidiación de préstamos
convenidos, incluso a quienes ya los tenían reconocidos por planes
anteriores, y ha eliminado la renta básica de emancipación destinada a
los jóvenes.
A pesar del importante número de personas en situación de especial
vulnerabilidad que necesitan las ayudas previstas en el Plan para poder
acceder o mantener su vivienda, especialmente jóvenes y personas mayores,
el Gobierno se ha mostrado insensible, dejando a más de 108.000 familias
desamparadas, con el temor de no poder hacer frente al pago de su
vivienda, y en la tesitura de que, en el mejor de los casos, estas ayudas
no serán efectivas hasta la segunda mitad del presente año, dado que
dependen para su aplicación de la firma de convenios con cada una de las
comunidades autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter
urgente, cuantas actuaciones sean necesarias para que, en un plazo de
tres meses, se suscriban los convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas de modo que pueda llevarse a cabo la efectiva
aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y beneficiarse los
ciudadanos de las ayudas contempladas en el Plan."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-María del Mar
Rominguera Salazar, Antonio Pradas Torres, Óscar Galeano Gracia, Ricardo
Cortés Lastra, Luis Carlos Sahuquillo García, Esther Peña Camarero,
Meritxell Batet Lamaña, María Pilar Lucio Carrasco, Pilar Cancela
Rodríguez, Pere Joan Pons Sampietro, Adriana Lastra Fernández, César
Luena López, María González Veracruz, Sebastián Franquis Vera y José Luis
Ábalos Meco, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En
Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
aprobación en la Comisión de Fomento, relativa autopista León-Astorga.
Exposición de motivos
En el año 2002 se inaugura la AP-71, la autopista que une León y Astorga,
con 37 km de recorrido. Su gestión está cedida a Aulesa, empresa del
grupo Abertis y la duración de la concesión es de 55 años tras
modificarse el pliego de condiciones, poniendo el fin del cobro de
tributos en el 2055 en vez del 2021 como en su inicio se había
contemplado.
Su construcción se llevó a cabo en 21 meses con una inversión de 115,2
millones de euros y desde su construcción en la vía se han realizado
varias tareas de mantenimiento relacionadas con un mal estado del firme
así como su pobre señalización.
Su previsión de tráfico estaba entre 9.000 y 15.000 vehículos diarios,
pero la IMD (intensidad media diaria), tuvo un descenso acumulado en el
período 2008-2014 del 32,24%. En el periodo 2015-2016 ha registrado un
repunte en el tráfico de vehículos aunque se sigue manteniendo por debajo
de los niveles del año 2008, hecho que hace que se reabra el debate sobre
la necesidad o no de una contar en la provincia de León con una autopista
de peaje.
Transitar a un turismo por esos 37 km cuesta 4,95 euros (es la
decimoquinta más cara de España por kilómetro), lo que hace que los
conductores/as elijan transitar por la Nacional 120, que discurre de
forma paralela a esta, y no les supone coste alguno, pero se genera una
gran afluencia de vehículos en esa vía, (15.700 vehículos/día).
Con la decisión comunicada por el Ministerio de Fomento el 22 de noviembre
de 2017, se crea un desvío obligatorio del transporte pesado de
mercancías en el kilómetro 32 de la carretera N-120 para mejorar su
seguridad vial y descongestionarla. Este desvío prevé liberarla de 700
vehículos diarios. El tráfico de mercancías obtendrá una bonificación del
75% en el peaje si se usa telepeaje y del 71,2% para el resto de
vehículos pesados de tipo 2. Dicha bonificación correrá a cargo de la
Junta de Castilla y, León en un 60% y el 40% restante recae en el
Ministerio de Fomento del Gobierno de España. El tráfico ligero no
recibirá ningún tipo de rebaja.
Hay que tener en cuenta que paralelamente a estas vías se encuentra el
Polígono Industrial de Villadangos, de titularidad pública (gestionado
por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León), que
cuenta con cerca de un centenar de empresas, con gran afluencia de
camiones que se ven afectados directamente por esa obligatoriedad de
tránsito.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la libre circulación de los vehículos pesados, entendiendo
que ante la obligatoriedad de transitar por la AP-71 como medida de
prevención de accidentes y de descongestión de la N-120, evitando generar
desventajas para el sector del transporte.
2. Realizar desde el Ministerio de Fomento los trámites necesarios para la
supresión del peaje de la autopista entre León y Astorga (AP-71) tanto de
vehículos pesados como ligeros.
3. Establecer nuevas fórmulas para el mantenimiento de las vías rápidas
que contemplen la eliminación de los peajes y su sustitución por un
modelo más equitativo desde una perspectiva social y territorial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2018.-Ana Marcello
Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para el restablecimiento con carácter urgente de las comunicaciones
ferroviarias de Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Hablar de conexiones ferroviarias y del AVE a su paso por Granada, es
hablar de aislamiento ferroviario. Más de mil días lleva la provincia sin
conexiones ferroviarias, excepto para Almería, siendo la única provincia
donde se ha interrumpido el tráfico ferroviario por las obras del AVE.
El estado actual de las comunicaciones ferroviarias con Granada está
gravemente deteriorado, un servicio público fundamental, que ha conducido
al aislamiento de esta provincia del mapa ferroviario nacional y a la
inexistencia de unas comunicaciones que pudieran calificarse como
"dignas" y suficientes, redundando en una situación de acusada
discriminación territorial en relación con este servicio, que viene a
sumarse además, al hecho de que la provincia de Granada, se encuentra
excluida del Corredor Mediterráneo, que supone específicamente su
aislamiento de la conexión con el levante.
Asimismo, en agosto de 2015 el tren nocturno que conectaba a diario
Granada y Barcelona (el conocido como Gibralfaro o Trenhotel), fue
suspendido, en teoría con carácter provisional, mientras se finalizaban
las obras del AVE de Castellón. Pero la realidad es que ya han inaugurado
este AVE y no sabemos nada de esta conexión.
Nada de esto está justificado, teniendo en cuenta la elevada ocupación que
han tenido, en particular, las unidades del Trenhotel, estimándose una
media diaria del 90% y observándose frecuentemente días al completo,
siendo este tren muy utilizado por familias granadinas para desplazarse a
Cataluña y mantenerse en contacto con sus familiares.
El próximo el 7 de abril de 2015, se cumplirá tres años desde que el
Gobierno de España decidió cortar el tráfico ferroviario desde Antequera
a Granada, con el supuesto motivo de realización de las obras del AVE de
Bobadilla a Granada. Concretamente, por la previsión de ejecutar las
obras en el tramo de Loja, una vez que el Gobierno del PP decidiera la
modificación del proyecto original en septiembre de 2013, que ha supuesto
su abandono, y por tanto, dejar sin efecto la ejecución de la denominada
variante sur en doble vía y características AVE, a cambio de adaptar la
vía del siglo XIX al tráfico de los trenes AVE, electrificando el trazado
en vía única desde Archidona a Granada.
Esta situación está produciendo graves perjuicios económicos en nuestra
provincia, frenando y reduciendo injustificadamente el gran potencial
turístico y económico que tiene Granada. De la misma manera, esta
situación tiene también consecuencias nefastas sobre la plantilla del
sector ferroviario granadino, que ya ha sufrido una gran merma, como
refleja el dato de que en diez años se haya perdido en torno a un 40% del
empleo que venía proporcionando Renfe.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno anunció que ya se habían
finalizado las obras del AVE, pero no hay fecha para el restablecimiento
de las conexiones ferroviarias.
Por todo ello, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta a que:
1. El Ministerio de Fomento restablezca de forma urgente el tráfico
ferroviario en la línea Antequera- Granada, para de esta manera acabar
con el aislamiento ferroviario de Granada y su provincia, y así,
recuperar e impulsar el número de visitantes de una ciudad tan
emblemática para nuestro turismo.
2. Se convoque de forma urgente la comisión de seguimiento de las obras
del AVE a Granada, para dar cuenta de la evolución del proyecto y de la
licitación de la llamada segunda fase del proyecto que incluiría la
variante de Loja, es decir, la entrada del soterrado a la ciudad y una
estación digna.
3. Se reanude, de forma inmediata, el tren nocturno Granada-Barcelona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Elvira Ramón
Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Luis Miguel Salvador García,
Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión de Educación y Deporte
161/003093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan nacional
de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, para su
debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo
de alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las
edades y ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los
niños. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
(EAACI), más del 30% de los menores en España sufren algún tipo de
alergia, siendo las alimentarias, una parte importante de esta patología.
La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas
graves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20%
de ellas suceden en centros escolares y otros centros donde se realizan
actividades extraescolares que cuentan con comedores colectivos. En
muchas ocasiones, son estos establecimientos donde se produce por primera
vez una manifestación de la alergia alimentaria en los niños.
Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con
riesgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y la
ausencia de protocolos de actuación, generan una gran incertidumbre,
preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede
desencadenar una reacción adversa si se contacta con el alérgeno causal.
Dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no
demorar el tratamiento con los dispositivos de adrenalina autoinyectable,
ya que puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una
reacción grave con riesgo de muerte.
Y es que, las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de
quienes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en
cuestión de pocos minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una
ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud. Hay que
recordar que se han producido casos mortales que se podrían haber
evitado. Para ello, se deben aplicar todas las medidas de prevención
necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se
produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia
fuera de un centro sanitario, administrar una dosis de adrenalina por
medio de una inyección intramuscular.
La adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros
auxilios que no requiere conocimientos médicos para su administración,
pues su presentación en autoinyector está diseñada para ser utilizada por
personal no sanitario. Como recuerda la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC), las personas con alergias graves deben
tener acceso inmediato a la adrenalina en todo momento, ya que este
tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado se recupere
de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible. Hay que ser
consciente de que, una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un
niño y su administración no produce ningún efecto secundario adverso de
relevancia.
Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades
legales de profesores y monitores para administrar medicación en la
escuela y otros centros y la necesidad de prestar una serie de cuidados
específicos. Con las regulaciones actuales, los profesores y monitores no
tienen deberes específicos en términos de protección de la salud del
niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad particular, más allá
de la de cualquier persona que por casualidad esté presente cuando un
niño necesita ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal,
establece como delito el incumplimiento de la obligación de todos los
ciudadanos, de socorrer a una persona que se halle desamparada y en
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni
terceros. Igualmente, el artículo 20 indica que están exentos de
responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.
Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña "Un colegio, un botiquín, una
adrenalina" para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos
auto inyectores de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que
señalar que dado el ritmo de vida de la sociedad actual, los niños no
solo desarrollan sus actividades fuera de casa en los centros escolares,
sino que cada vez más, pasan gran parte de su tiempo en centros, tales
como granjas escuela, campamentos y otro tipo de instalaciones donde
desarrollan actividades extraescolares y que cuentan con servicio de
comidas. A esto hay que añadir que según las estadísticas, estas
actividades al salirse de la rutina escolar, son las de riesgo más
elevado para los niños que sufren de alergias, por lo que deberían tener
una supervisión especial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y trabajar junto a los
ejecutivos autonómicos, profesionales sanitarios y sociedades científicas
la creación de un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas
en centros educativos, facilitando la existencia de los inyectables y
aumentando los conocimientos para su uso en los centros educativos. Este
plan nacional deberá:
a) Garantizar la existencia de auto-inyectores de adrenalina en los
botiquines de los centros educativos.
b) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple
la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones
anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Francisco Igea
Arisqueta, Marta Martín Llaguno y María Virginia Millán Salmerón,
Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de los Diputados don Juantxo López de Uralde y don
Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa al impulso del
autoconsumo compartido respetando las competencias de fomento y gestión
de las energías renovables y eficiencia energética de las Comunidades
Autónomas.
Exposición de motivos
Los países parte de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas, reconocen como desafío mundial la importancia de abordar
los "daños y perjuicios" asociados a los efectos adversos del cambio
climático. En abril de 2013, se puso en marcha la estrategia de
adaptación al cambio climático de la Unión Europea, con el fin de
promocionar una mayor coordinación e intercambio de información entre
Estados miembros y fomentar la integración de las consideraciones en
todas las políticas de la Unión pertinentes.
Cuanto mayor sea el ritmo y la magnitud de los efectos del cambio
climático, más aumentan las probabilidades de que se supere la capacidad
de adaptación a través de políticas activas. Estos límites aparecen por
la interacción entre el cambio climático y las carencias biofísicas o
socioeconómicas. Además, una deficiente planificación o realización, que
haga excesivo hincapié en los resultados a corto plazo o no anticipe
adecuadamente las consecuencias, puede tener como consecuencia el aumento
de amplios grupos de población y territorios afectados. Subestimar la
complejidad de la adaptación como proceso social puede crear expectativas
irreales sobre el logro de los resultados de adaptación perseguidos.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático ha
identificado la generación de energía eléctrica como una de las
principales causas del incremento de las emisiones de gases de efecto
invernadero en nuestro planeta. En este sentido y con independencia de
las necesarias mejoras a acometer en la misma, cabe incidir en la
necesidad de explorar todas las vías que ofrezca la legislación
autonómica, nacional e internacional, y la interpretación de la misma por
parte de resoluciones judiciales.
En primer lugar conviene tomar en consideración la normativa europea, que
a través de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables establece la necesidad de promover un
cambio de modelo energético hacia un mayor papel de la producción
descentralizada de energía. Esta modificación derogó las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE. La nueva Directiva justifica la promoción de la
transición energética, puesto que ésta entraña numerosas ventajas, como
una mayor seguridad del suministro local de energía, trayectos de
transporte de energía más cortos y con menores pérdidas energéticas así
como el fomento del desarrollo y la cohesión de la comunidad, al
facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a escala local. En esta
dirección operan el conjunto de medidas legislativas europeas denominado
Energía limpia para todos los europeos propuesto por la Comisión Europea,
para fomentar la modernización de la economía y la generación de empleos.
El Parlamento Europeo ha trabajado para aumentar el objetivo de
generación de energía renovable en 2030, así como para acordar objetivos
nacionales vinculantes que garanticen la consecución del objetivo a nivel
europeo.
En segundo lugar, a nivel estatal, la Constitución Española reconoce en su
artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, e impone un mandato a
los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender
y restaurar el medio ambiente. Sin embargo, la posición del gobierno
español hasta la fecha ha sido la de defender unos objetivos en energía
renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por
la Comisión, ralentizando la Transición Energética y perpetuando en lo
posible el actual modelo energético sucio, obsoleto, caro y en manos de
un oligopolio. Por ejemplo, el Gobierno español se ha posicionado en
contra de que particulares, cooperativas y pequeñas empresas puedan
participar en igualdad de condiciones que grandes compañías, poniendo
trabas a propuestas que van en la dirección de empoderar a la ciudadanía
y que es uno de los aspectos centrales del
paquete europeo. Este posicionamiento deviene del propio marco normativo
claramente desincentivador que ha configurado el actual gobierno español,
especialmente a partir de la aprobación del artículo 9 de la Ley 24/2013
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 900/2015, de
9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En tercer lugar, en lo que a nivel autonómico se refiere, el autoconsumo
fotovoltaico no se ha desarrollado de forma rápida en España debido a la
existencia del marco anteriormente referido. En concreto, la prohibición
que establecía el artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015 "en ningún caso
un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores",
dificultaba la consecución de objetivos de eficiencia energética y
medioambientales en línea con los establecidos por la Directiva
2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables;
la Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios; o la
Directiva 2012/27/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética.
Finalmente, en lo que a las interpretación de la normativa se refiere, el
Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 25 de mayo de 2017 sobre
el conflicto positivo de competencia interpuesto por la Generalitat de
Cataluña en relación con ciertos artículos del citado Real Decreto
900/2015, declaró inconstitucional el referido artículo 4.3. El Tribunal
Constitucional consideró que esta prohibición incidía en el ámbito de
competencias asumido por la Comunidad Autónoma en materia de fomento y
gestión de las energías renovables y eficiencia energética, en su
Estatuto de Autonomía. En la sentencia se declararon anticonstitucionales
los artículos 19, 20, 21 y 22 del Real Decreto 900/2015 por los que se
regulaba el Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica y
el procedimiento de inscripción en el mismo. Considerando la misma, que
el desarrollo reglamentario que el Real Decreto 900/2015 había hecho del
precepto constitucional de creación de un registro, era inconstitucional,
ya que se atribuyen facultades de carácter ejecutivo que lesionan las
competencias de las Comunidades Autónomas.
El marco normativo, por tanto, permite la implantación de distintos
procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones de
producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica en régimen de
autoconsumo conectada a la red eléctrica, así como aprobar medidas para
el fomento de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido.
De hecho, la votación del pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo
a favor del reconocimiento del autoconsumo de energías renovables como un
derecho de la ciudadanía, impele y hace corresponsable a todas las
administraciones públicas. El mandato del Parlamento, incidía
especialmente en la promoción del autoconsumo renovable, impulsando de
forma específica el aumento de número de hogares que se unan a
comunidades productoras de renovables.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear una Mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y las Consejerías de Energía de las Comunidades
Autónomas, para impulsar medidas para el fomento de las instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo compartido, y agilizar y clarificar los
procedimientos administrativos de las instalaciones de producción de
energía eléctrica con tecnología fotovoltaica en régimen de autoconsumo
conectadas a la red eléctrica.
2. Facilitar a las autoridades autonómicas las herramientas y metodología
empleada en el Registro administrativo de autoconsumo de energía
eléctrica del Estado, para coadyuvar a la creación de los registros de
autoconsumo de energía eléctrica de las Comunidades Autónomas.
3. Realizar una campaña de publicidad desde el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, para informar a la ciudadanía de la importancia
de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido en la
transición energética hacia un modelo descarbonizado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Juan Antonio
López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre regulación, tributación,
comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain,
para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Las denominadas criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son el producto de
la tecnología de la cadena de bloques (comúnmente conocida como
"blockchain") que permite, entre otras cosas, realizar servicios
semejantes a los de pago, de forma descentralizada y sin someterse a
ninguna autoridad, así como controlar su masa monetaria. Debido a esto, a
menudo se las ha comparado con el oro digital o incluso con el dinero del
futuro.
Respecto a su posible función como dinero digital de curso legal, es
preciso señalar en primera instancia que las criptomonedas no cumplen del
todo con los fines de la buena moneda. Tradicionalmente, se considera que
una buena moneda es aquélla que sirve (1) de unidad de cuenta, (2) de
medio de intercambio y (3) de reserva de valor. No nos cabe duda de que
Bitcoin es una unidad de cuenta y de que, aunque de un modo limitado,
puede ser utilizado como medio de intercambio; decimos "limitado" porque
la inmensa mayoría de particulares, prestadores de servicios y, en
definitiva, de operadores económicos no aceptan Bitcoin como
contraprestación por bienes y servicios.
En cualquier caso, lo que sí es claro, es que las criptomonedas no son un
producto seguro como reserva de valor, a la vista de la enorme
volatilidad de su precio y, sobre todo, de su escasa liquidez, pues en
cualquier momento pueden frenarse las compraventas de su específico
mercado (ni oficial ni regulado), lo que irremediablemente significaría
que el dinero invertido por los particulares en dichas criptomonedas
quedaría atrapado en la red de forma indefinida.
Si intentamos poner cifras en euros, como muestra de ese elevado volumen
de transacciones y volatilidad, advirtamos que durante 2017, la
capitalización de todas las criptomonedas se ha disparado desde los
14.495 millones hasta los 463.825 millones de euros. Por tanto, han
multiplicado por casi 32 veces su valor en el mercado mientras que el
bitcoin, en dicho periodo de tiempo, se ha disparado desde los 949,3
dólares hasta los 13.411 dólares. Es decir, ha multiplicado por más de 14
veces su precio en solo 12 meses.
Pero a pesar de que la regulación de las criptomonedas no es clara
todavía, su tributación sí lo es y con la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto de Sociedades
(IS), un contribuyente deberá declarar las pérdidas y ganancias de
'patrimonio que se produzcan como consecuencia de la compra venta de
éstas, por diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión,
tal y como se realiza de forma similar con los activos financieros.
Por poner un ejemplo, una persona física que tribute por IRPF, la ganancia
patrimonial obtenida por la diferencia de los valores de adquisición y
transmisión, descontando los gastos de tramitación o gestión, tributarán
en el primer tramo, que va desde los 0,01 hasta los 6.000 euros, al tipo
del 19%, el segundo tramo, fijado entre 6.001 y 50.000 euros deberá
tributar al 21%; y el tercer y último tramo, para ganancias superiores a
50.001 euros al tipo del en 23%. Además de lo previamente expuesto, estas
criptomonedas entrañan otros riesgos no desdeñables.
Por un lado, resulta paradójico que la tecnología Blockchain, que aporta
total transparencia a las transacciones en tanto en cuanto es un libro de
contabilidad inalterable, en el ámbito fiscal resulte tan opaco a causa
de la falta de información y transparencia de las transacciones, por la
ausencia de mecanismos de información periódica de las plataformas e
intermediarios financieras que dan cobertura a estas transacciones. De
hecho, además de aquéllos que hacen uso de las criptomonedas con fines de
inversión especulativa, y en tanto que se trata de un producto financiero
que se encuentra todavía en sus inicios y funciona de un modo
descentralizado y sirviéndose de la citada opacidad en sus operaciones,
también hemos de destacar a aquellos individuos que las utilizan por sus
garantías de anonimato y opacidad para financiar actividades delictivas
como el blanqueo de capitales de cualquier actividad ilícita.
A causa de lo anterior y de que no existe ningún país en el mundo que haya
regulado verdaderamente el uso de las criptomonedas, éstas aún generan
una enorme incertidumbre. Por tanto, es urgente mejorar las obligaciones
de información de los poderes públicos para prevenir la comisión de
delitos y la evasión fiscal mediante el uso de criptomonedas, a fin de
evitar perjuicios irremediables en el futuro de cuyos perjuicios pudiera
verse especialmente afectado el pequeño consumidor. No es capricho
recordar, a este respecto, que en España hemos sufrido diversos
escándalos bancarios y financieros como resultado de una deficiente
protección del consumidor e inversor financiero. Algunas instituciones
españolas ya han tornado cartas en el asunto, como la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y el Banco de España, que el 8 de febrero de 2018
emitieron conjuntamente un comunicado1 a los efectos de advertir
oportunamente al pequeño ahorrador. Proceder recordar igualmente que
Ciudadanos y el Partido Popular pactaron en el punto 15 del acuerdo de
investidura la creación de una Autoridad Independiente ele Protección del
Consumidor e Inversor Financiero con propósitos similares.
Sin perjuicio de lo anterior, ello no debe obstar para que sea ciertamente
oportuno fomentar la investigación en este campo, especialmente sobre la
tecnología que lo sustenta, blockchain o cadena de bloques, como ocurre
por ejemplo, en Reino Unido a través del llamado "sandbox", que pone en
contacto a empresas e inversores cualificados para desarrollar las
aplicaciones prácticas y tecnológicas de estos fenómenos. El término
"sandbox" -literalmente, caja de arena- hace referencia a un espacio
donde los niños pueden jugar y experimentar en un entorno controlado. En
el mundo de las empresas innovadoras en el campo ele las finanzas, un
"sandbox" es un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar de
forma segura con proyectos de desarrollo web o de "software".
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es indudable que el Gobierno
debe igualmente tomar partido en esta causa y proporcionar la mayor
información respecto de esta cuestión y la mayor difusión posible a los
riesgos que estas criptomonedas entrañan. Es urgente, en definitiva,
desarrollar los mejores marcos regulatorios posibles para estos modelos
emergentes, cuyo objetivo no debe ser sino el de acompasar el
cumplimiento de las estrictas regulaciones financieras al crecimiento y
los ritmos de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se
"estrangule" con normas al sector "fintech", pero tampoco se relaje la
protección de los derechos de los consumidores.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e
Inversor Financiero que unifique y refuerce los servicios de
reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros
(banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores
y usuarios de servicios financieros.
2. Regular las obligaciones de información a la Agencia Tributaria por
parte de los intermediarios financieros en la compraventa de
criptomonedas, al objeto de lograr una adecuada y efectiva tributación de
los rendimientos obtenidos y un correcto traslado de datos a los
contribuyentes de sus obligaciones tributarias.
3. Dar una difusión adecuada de la información sobre los riesgos, los
derechos y las garantías que los inversores españoles asumen al invertir
en criptomonedas para evitar perjuicios económicos de imposible
reparación, dada la triste historia reciente en productos financieros
complejos de alto riesgo.
4. Elaborar una regulación adecuada que favorezcan la innovación y la
tecnología Blockchain, con la necesaria seguridad jurídica. Revisando
para ello, las diferentes normativas que puedan afectar al desarrollo y
adopción de esta tecnología y favoreciendo su introducción en el mercado
mediante entornos controlados de pruebas (sandbox)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Vicente Ten
Oliver, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a poner en marcha
un Plan inversor para mejorar y modernizar las instalaciones de Paradores
Nacionales, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
Exposición de motivos
La inversión realizada en los últimos años en materia de Paradores
Nacionales ha sido mínima, de hecho, en el último año de Gobierno del
PSOE, en 2011, ya con crisis económica, se ejecutó prácticamente la misma
cantidad que entre 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 juntos.
En 2011 se invirtió en materia de Paradores Nacionales 42,8 millones de
euros, cantidad que bajó a la mitad cuando Rajoy llegó al Gobierno,
concretamente en 2012 fueron 21,8 millones a partir de ahí, las
cantidades no han llegado nunca a alcanzar los 11 millones.
Concretamente 5,3 millones en 2013, 10,1 millones en 2014, 8,4 millones en
2015 y 8,3 millones en 2016, el dato de 2017 se hace sobre previsiones,
pero la inmensa mayoría de esas previsiones no se han llegado a ejecutar.
En definitiva y a pesar de la importancia que tiene Paradores desde el
punto de vista turístico y de que la mitad de ellos son considerados
Bienes de Interés Cultural, apenas se ha destinado recursos para mejorar
y restaurar estos edificios emblemáticos o emplazamientos destacables que
han sido seleccionados por su interés histórico, artístico o cultural.
Por otra parte, Sociedad de Paradores Nacionales, es una empresa pública
que ha acumulado seis ejercicios en pérdidas, ajustes de plantilla y red
en el último trienio, así como ampliaciones de capital en los años 2012,
2013, 2014 y 2015 por un total 152 millones de euros por parte del Estado
para hacer frente al pago de deudas incurridas.
Se hace necesario mejorar y modernizar las instalaciones de Paradores
Nacional para hacerlo un segmento más competitivo del sector turístico si
cabe.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha un Plan
inversor para mejorar y modernizar las instalaciones de Paradores
Nacionales, dado que en los últimos años apenas se han ejecutado
actuaciones para mejorar y restaurar estos edificios emblemáticos o
emplazamientos destacables que han sido seleccionados por su interés
histórico, artístico o cultural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2018.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/003075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre los daños producidos por los temporales de viento y lluvia
que han azotado la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante las pasadas semanas, temporales de viento y lluvia han azotado las
costas de Andalucía, produciendo cuantiosos daños económicos en
infraestructuras, viviendas, equipamientos y servicios públicos,
instalaciones turísticas y han afectado también a ganaderos y
agricultores.
A la extraordinaria virulencia de la meteorología se ha unido
desgraciadamente, un ciclo de mareas altísimas que han intensificado los
daños las costas de Huelva y Cádiz, también en el litoral de otras
provincias andaluzas y asimismo en zonas del interior de todas las
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Nadie puede evitar la violencia de un temporal como el sufrido, pero si se
actúa con planificación y contundencia, los daños podrían haber sido
menores y, en ese sentido, es necesario recordar que, en el año 2014, el
Gobierno de España realizó un estudio sobre el litoral gaditano y
onubense y las actuaciones a llevar a cabo "no se han ejecutado" ni las
medidas incluidas en el mismo, así como que existen numerosos proyectos
pendientes que es necesario agilizar y dar un mayor impulso a los que se
encuentran en fase de estudio informativo, declaración de impacto
ambiental o elaboración de proyectos.
Urge poner en marcha medidas que compensen los daños mediante las ayudas
subvenciones y beneficios previstos en la Ley 14/2012 de 26 de diciembre
y que, asimismo, se recuperen cuanto antes, mediante las inversiones
necesarias, los equipamientos, instalaciones y servicios afectados, de
forma que no se resientan las economía y el empleo.
Siendo el sector turístico uno de los sectores estratégicos para Andalucía
y en consecuencia para la generación de empleo, aún más en época de
verano, se hace a todas luces necesario y urgente que el Gobierno elabore
un plan de actuación urgente en colaboración con la Junta de Andalucía y
los Ayuntamientos afectados.
Tanto la magnitud de los daños como las negativas consecuencia que se
producirán de no actuar de manera inmediata, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, ante los daños personales y materiales
producidos como consecuencia del temporal de lluvia y viento que, desde
finales del mes de febrero, ha azotado el litoral de distintos municipios
de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, insta al
Gobierno a:
1. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las
medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán en
todo caso:
- Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales
producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de
las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer
frente a esta catástrofe;
- Ayudas especificas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación
o reparación de locales y viviendas siniestradas;
- Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red
viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y
otras de titularidad pública;
- Atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de
emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de
infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de
reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las
relativas a la reconstrucción de obras pública que afecten a la seguridad
de las personas;
- Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de
daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas
los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al
remanente destinado a las obras de sostenibilidad;
- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras,
agrícolas o ganaderas en su caso;
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos
industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades
afectadas;
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones
a la Seguridad Social;
- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros;
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del
Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por
causa de esta catástrofe; y
- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar
cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de
ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en otras
normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes
naturales, como las contempladas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en
varias Comunidades Autónomas.
2. Ejecutar de forma definitiva un Plan de Protección del Litoral y
acelerar al máximo su tramitación para evitar, en lo posible, una
situación que se repite todos los inviernos y que cada año va a más y
produce más destrozos, causando graves pérdidas al sector turístico
empresarial.
3. Establecer, a la mayor brevedad posible, y en coordinación con la Junta
de Andalucía y los Ayuntamientos afectados por los temporales, tanto las
compensaciones a los afectados, como las inversiones para recuperar las
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos necesarios para que
la economía y el empleo de dichas zonas no se vean mermados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2018.-Antonio Pradas
Torres, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de ley sobre los daños producidos
por el temporal de viento y lluvia que ha azotado diversos municipios de
la provincia de Cádiz, para su debate y votación en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Durante los primeros días del mes de marzo las fuertes lluvias y vientos
huracanados producidos en distintos municipios del litoral de la
provincia de Cádiz han provocado que el mar desborde playas y devore
paseos marítimos, como en la capital, que ha sufrido graves daños en el
Balneario de la Caleta, el Puente Canal que da acceso al Castillo de San
Sebastián y las playas de La Victoria y Cortadura.
Igualmente, en otros municipios, como El Puerto de Santa María, han
sufrido daños en distintas infraestructuras, siendo muy perjudicada la
playa de Fuentebravía, al producirse un tornado de una fuerza inusitada,
que entró por Puerto Sherry provocando el asolamiento de terrazas de
hostelería, levantamiento y arrastre de vehículos así como daños de
enormes cuantías en embarcaciones marítimas sitas tanto en la marina seca
como en la línea de agua. El tornado siguió desplazándose por la línea de
costa y salió por Valdelagrana-Urbanización Las Redes donde también causó
cuantiosos daños en mobiliario urbano y en edificaciones e igualmente,
decenas de chiringuitos de Tarifa, Chiclana, Chipiona, Cádiz y El Puerto,
han sufrido importantes desperfectos por el terrible oleaje.
Nadie puede evitar la violencia de un temporal como el sufrido, pero si se
actúa con planificación y contundencia, los daños podrían haber sido
menores y, en ese sentido, es necesario recordar que, en el año 2014, el
Gobierno de España realizó un estudio sobre el litoral gaditano y
onubense y las actuaciones a llevar a cabo "no se han ejecutado" ni las
medidas incluidas en el mismo, así como que existen numerosos proyectos
pendientes que es necesario agilizar y dar un mayor impulso a los que se
encuentran en fase de estudio informativo, declaración de impacto
ambiental o elaboración de proyectos.
A ello, se suma que desde el año 2011, en materia de inversiones en la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, la caída ha
sido de un 40 por ciento en la provincia de Cádiz y estos recortes se
dejan notar en el estado de las playas gaditanas, no solo en las de Cádiz
capital que casi desaparecen y en los chiringuitos que se los traga el
agua, también en La Barrosa desde el año 2015 no se aporta un metro
cúbico de arena, en Fuentebravía, en El Puerto de Santa María, hacen
falta mejoras o en Sanlúcar donde solo se actúa cuando son las carreras
de caballos o en Bajo Guía donde el agua llega a los restaurantes y en la
Jara también falta arena, por citar algunos ejemplos.
Buen reflejo de lo anterior es que el Real Decreto aprobado el 17 de marzo
de 2017, que ampliaba el anterior Real Decreto-ley del 27 de enero, por
el que se adoptaban medidas urgentes para paliar los daños de los
temporales, solo dispuso de 1.5 millones de euros para la provincia de
Cádiz.
En definitiva, en la provincia de Cádiz se han producido graves daños en
el litoral, tanto en infraestructuras públicas como privadas,
embarcaciones y playas y en sistemas dunares y, por lo tanto, es
necesario acometer tareas de reparación de paseos y accesos, recuperación
de sistemas dunares, reperfilado de playas, estabilización de acantilados
y limpieza de restos de arrastres.
Es necesario mucha mayor celeridad y eficacia y no se puede volver a dejar
abandonados a su suerte a los municipios y empresarios en la
reconstrucción de los destrozos de los temporales cuando son estos los
que mantienen vivas las playas de la provincia de Cádiz y generan
movimientos y flujo de visitantes durante todo el año, de manera que es
obligado poner en marcha, de manera coordinada con la Junta de Andalucía
y los Ayuntamientos afectados, un Plan de actuación a la mayor brevedad
posible, debido a la proximidad de la Semana Santa, la cual supone el
pistoletazo de salida para la temporada turística.
El daño causado por los temporales ha sido devastador en la provincia de
Cádiz, pero tal y como señalaron en su visita a Huelva el Presidente del
Gobierno de España y la Presidenta de la Junta de Andalucía, "la
importancia de trabajar de manera conjunta y con celeridad para que el
litoral pueda volver a la normalidad cuanto antes es lo que debe primar y
nuestras costas tienen que recuperarse".
Siendo el sector turístico uno de los sectores estratégicos para el futuro
de la provincia de Cádiz y en consecuencia para la generación de empleo,
aún más en época de verano, se hace a todas luces necesarias y urgentes
la intervención de la administración competente y es por ello por lo que
el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, ante los daños personales y materiales
producidos como consecuencia del temporal de lluvia y viento que, desde
finales del mes de febrero, ha azotado diversos municipios de la
provincia de Cádiz, insta al Gobierno a:
1. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las
medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán en
todo caso:
- Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales
producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de
las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer
frente a esta catástrofe;
- Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación
o reparación de locales y viviendas siniestradas;
- Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red
viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y
otras de titularidad pública;
- Atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de
emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de
infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de
reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las
relativas a la reconstrucción de obras pública que afecten a la seguridad
de las personas;
- Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de
daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas
los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al
remanente destinado a las obras de sostenibilidad;
- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras,
agrícolas o ganaderas en su caso;
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos
industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades
afectadas;
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones
a la Seguridad Social;
- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la
reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y
mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como
consecuencia de los siniestros;
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del
Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por
causa de esta catástrofe; y
- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar
cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.
Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de
ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en otras
normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes
naturales, como las contempladas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en
varias Comunidades Autónomas.
2. Ejecutar de forma definitiva un Plan de Protección del Litoral de la
provincia de Cádiz y acelerar al máximo su tramitación para evitar, en lo
posible, una situación que se repite todos los inviernos y que cada año
va a más y produce más destrozos, causando graves pérdidas al sector
turístico empresarial de Cádiz.
3. Ejecutar un Plan de estabilización y defensa del conjunto de playas de
la provincia de Cádiz, para evitar definitivamente la pérdida de arena
que de forma sistemática vienen sufriendo determinadas zonas de nuestro
litoral.
4. Incrementar notablemente las inversiones presupuestarias destinadas en
la provincia de Cádiz por la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, que tiene entre sus competencias la protección del
frente litoral y la reparación de la costa por los efectos de los
temporales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2018.-Salvador
Antonio de la Encina Ortega, Miriam Alconchel Gonzaga y Juan Carlos Campo
Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre rebaja del 50 por ciento del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas afectadas por las
inundaciones de 2016 en el municipio de Los Alcázares, en la Región de
Murcia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Se han cumplido catorce meses de las devastadoras inundaciones en la
ciudad de Los Alcázares. Las intensas lluvias ocurridas durante los días
18 y 19 de diciembre de 2016 que provocaron inundaciones en calles, bajos
comerciales, viviendas, garajes, la destrucción de infraestructuras,
daños en hectáreas, entre otros, terminó con recuerdos de toda una vida
de numerosos vecinos del municipio.
Más de 200 personas fueron evacuadas y 150 rescatados de sus vehículos. Y
lo peor, la pérdida de un hombre de cuarenta años que fue arrastrado por
una fuerte corriente de agua.
Ante la dramática situación se prometieron muchas ayudas para levantar el
municipio. Algunas ayudas llegaron pero otras no y son necesarias para
volver a la normalidad y que Los Alcázares brillen con la misma luz que
lo hacía antes.
Esta situación se ha visto agravada por la inactividad del Gobierno
regional que no ha considerado prioritario incluir en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma para 2018 ninguna partida extraordinaria para
ayudar al municipio de Los Alcázares. Y el Gobierno central, este último,
comprometió 31 millones de euros que siguen sin llegar y los vecinos
continúan sin saber nada de esa cantidad de dinero.
Los vecinos de la comarca del Mar Menor no dan tregua a la trágica
situación. A los desperfectos que causó la riada hay que sumarle la
contaminación del Mar Menor y la falta de agua en el Campo de Cartagena
debido a la sequía. Sumando todos los factores el resultado es menos
afluencia de turismo en Los Alcázares viéndose resentida especialmente la
economía local.
Para el Partido Socialista es una prioridad la plena restitución de todos
los daños, la recuperación de la economía local y el aumento de la
demanda turística de un municipio que ha sido referente y líder del
turismo de sol y playa en la Región de Murcia.
En definitiva, queremos que Los Alcázares vuelva a ser un referente
turístico los 365 días del año, y eso pasa porque todas las
administraciones cumplan con las promesas comprometidas y las ejecuten.
Con esta medida se pretende el establecimiento de una bonificación del 50%
en el pago del IBI para las 5.000 viviendas afectadas por las
inundaciones.
De tal manera que el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo habilita al Gobierno de España por medio de una
norma con rango de ley a establecer beneficios fiscales en los tributos
locales. Esta medida supondría una disminución de ingresos para las arcas
públicas del municipio de Los Alcázares que sería compensada con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un beneficio fiscal con la rebaja del 50 por ciento de las
cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), correspondiente al
ejercicio 2018, para las viviendas afectadas por las inundaciones de
diciembre de 2016 en el municipio de Los Alcázares.
2. Que se adopten las medidas oportunas para incluir la compensación
económica equivalente a la disminución de los ingresos para las arcas
públicas del municipio de Los Alcázares."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-María González
Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de
las actuaciones oportunas en el cauce de "El Arroyo La Albina", en los
términos municipales de Sierra de las Yeguas (Málaga) y de La Roda de
Andalucía (Sevilla), para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Arroyo La Albina, transcurre por el término municipal de Sierra de
Yeguas (Málaga) y es considerado la cabecera del río Yeguas que nace en
el propio término municipal anteriormente citado y que transcurre por las
zonas conocidas como La Vega y Llanos de Navahermosa (Málaga).
La zona por la que transcurre el arroyo, posee una superficie de 477, 99
hectáreas, de las cuales 92 son de olivar de regadío y 385,99 hectáreas
son de tierra arable de regadío, siendo una gran huerta hortícola en el
municipio.
La zona se encuentra declarada Espacio de Espacial Protección por el Medio
Físico de Málaga al considerarse Paraje Agrario Singular, por las
características de la tierra y por la importancia agrícola que tiene para
la localidad y que la falta de mantenimiento por parte del organismo
responsable del mismo, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está
provocando numerosos problemas en el municipio.
La última intervención de importancia que se realizó sobre el cauce fue en
el año 2009-2010 por parte de la extinta Agencia Andaluza del Agua con
una inversión de casi 50.000 euros. Desde esa fecha, hasta la actualidad
no se ha producido ninguna intervención de calado sobre el cauce, ni de
limpieza ni de ampliación del caudal hídrico del arroyo.
Esta situación, está provocando el desbordamiento del cauce de manera
continuada con las recientes lluvias desde el pasado otoño, tal es así,
que incluso con una lluvia ligera de 15l/m2 provoca el desbordamiento del
mismo, originando zonas amplias de inundación con calados que varían
entre los 40 cm y los 90 cm.
Además, existen condicionantes que agravan las circunstancias de los
desbordamientos debido principalmente a:
- No existe capacidad hídrica del arroyo.
- Los márgenes del arroyo se encuentran en una cota superior al terreno,
lo que provoca que una simple rotura del mismo desencadene el desagüe del
arroyo por ese punto hacía los cultivos colindantes.
- Cultivos como el olivar no toleran bien suelos inundados, por lo que sí
el encharcamiento es prolongado el olivar muere por asfixia radicular.
- Los cultivos hortícolas desaparecen, al producirse inundaciones con
calado importante.
La agricultura de Sierra de Yeguas, principal motor económico de la
localidad se está viendo gravemente afectada con las lluvias acaecidas
últimamente, y ante las deficiencias del cauce de conducción de agua, que
está provocando pérdidas económicas en la localidad de en torno a más de
2 millones de euros, puesto que muchas de las inversiones producidas a
principio de temporada se han perdido con las continuas inundaciones.
Estas cuantías, se desprenden del informe pericial solicitado por el
Excmo. Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga) como consecuencia de los
reiterados desbordamientos del cauce, y que están sufriendo las fincas de
los agricultores locales que ven como sus producciones se han perdido por
la dejadez de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por la falta
de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio
Ambiente en el mantenimiento del Arroyo La Albina.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo la limpieza del cauce del arroyo ''La Albina'' tanto de
material vegetal como de sedimentos, aplicando la normativa vigente en
materia de gestión medioambiental en relación al tratamiento de Iodos y
fangos, tanto en el término municipal de Sierra de Yeguas (Málaga), y
como en el de La Roda de Andalucía (Sevilla).
2. Proceder al ahondado del cauce y a la eliminación de los márgenes
artificiales creados como consecuencias de limpiezas anteriores. De esta
forma se reanudará el flujo de escorrentías superficiales hacia el arroyo
''La Albina'' y se aumentará la capacidad de canalización del arroyo, lo
que evitaría los vaciados del arroyo en épocas de crecidas ordinarias.
3. Realizar las obras necesarias para asegurar y garantizar la estabilidad
de todos los puentes existentes a través de los distintos caminos
públicos que afectan al cauce del arroyo a lo largo de su transcurso por
el término de Sierra de Yeguas (Málaga).
4. Estudiar la concesión de indemnizaciones por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en favor de los agricultores que hayan
perdido sus cosechas como consecuencia de las inundaciones producidas por
la falta de mantenimiento y limpieza del arroyo ''La Albina''."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres
Mora y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de la la Diputada doña Eva García Sempere y del
Diputado Diego Cañamero presenta, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al
apoyo al sector de la producción de remolacha ante el impacto del final
de las cuotas de mercado en la producción de azúcar.
El último sistema de cuotas agrícolas existente, que gestionaba la
producción de azúcar en la Unión Europea, se suprimió el 30 de septiembre
de 2017 cerca de cincuenta años después de su nacimiento. La decisión de
poner fin a las cuotas de azúcar se acordó entre el Parlamento Europeo y
los Estados miembros al efectuarse en 2013 la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) tras un importante proceso de reforma y
reestructuración que se inició en 2006.
Esta reestructuración acordada por los Estados miembros incluyó la
reducción progresiva de los precios de apoyo para la remolacha y el
azúcar, la eliminación progresiva de la intervención pública hasta
2008/2009, la eliminación de las restituciones a la exportación a partir
de 2008, incluido un mecanismo de apoyo a la reestructuración de toda la
industria que tuvo lugar entre 2006 y 2010. Finalmente, los estados
miembros acordaron el principio del fin de las cuotas en 2015. Sin
embargo, y a medida que la fecha se acercaba, el Parlamento Europeo y los
Estados miembros decidieron posponer esta fecha por dos años hasta el
final de la campaña 2016-2017, es decir, hasta el 30 de septiembre de
2017. Este proceso de transición fue acompañado de un sistema de
compensaciones voluntarias dotado con un presupuesto de 5.400 millones de
euros para todo el periodo.
La cuota funcionaba de la siguiente forma. El contingente de producción
total de la UE es de 13,5 millones de toneladas de azúcar y se divide
entre 20 Estados miembros. La producción en exceso de la cuota se conocía
como azúcar "fuera de cuota" y su uso se regía por normas estrictas. En
concreto, podía exportarse hasta el límite anual de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) de la UE de 1.374 millones de toneladas,
vendido para biocombustibles u otros usos industriales no alimentarios, o
almacenarse y contarse para la cuota de azúcar del año siguiente. También
regía una pequeña cuota de 0,72 millones de toneladas para isoglucosa
(también conocido como jarabe de glucosa en fructosa) y la producción
excedente de isoglucosa estaba sujeta a restricciones similares. Si se
constataban indicios de un exceso de azúcar en el mercado de la UE en la
siguiente campaña de comercialización podía tomarse la decisión de
retirar algunas cantidades. Si, por otro lado, existiera el riesgo de
escasez, se podrían tomar medidas para aumentar los suministros.
España salió perjudicada en las negociaciones del reparto de cuota. El
sector productivo y transformador en España tiene mayor capacidad de la
asignada históricamente. Por una parte, nuestras necesidades de consumo
interno están calculadas en aproximadamente 1.300 millones de toneladas
año, y, sin embargo, teníamos una cuota de producción asignada de unas
498.480 toneladas año que se reparten entre AB Azucarera Iberia (378.480
toneladas) y ACOR (120.000 toneladas). Este desajuste ha provocado una
continua reestructuración que ha sido constante a lo largo de los años.
Este desfase histórico ha obligado a importar azúcar de otros países.
Inicialmente de países del entorno europeo, aunque también de otros
países de América Latina, Asia y Pacífico, sobre todo de aquellos
acogidos a los Acuerdos de Asociación Económica entre la UE y Países ACP.
Por otra parte, el sistema de cuotas garantizaba el equilibrio del
mercado y de los precios, controlando las importaciones por debajo de
precio de sostén.
Dicho lo anterior, el final de las cuotas del azúcar significa al menos en
teoría, mayores oportunidades para nuestro sector nacional. Al no haber
limitaciones a la producción, ni a las exportaciones, la capacidad de
producción se adaptaría mejor a la demanda del mercado y por lo tanto
aumentaría la capacidad de producción. Fruto de estas previsiones y
gracias a la mejora de las estructuras agrarias, a la inversión
tecnológica y sobre todo al esfuerzo del sector productivo, los
rendimientos por hectárea han crecido hasta situarnos en las 110 tn/Has
lo que supone que tenemos los mejores rendimientos de toda Europa. De
este modo, para la cosecha actual que ya no está sujeta a las
limitaciones de la cuota, se esperaba un aumento de la producción
aproximadamente del 20% (20,1 millones de toneladas). Este aumento
resultaría tanto de un aumento en el área de producción, como de un
incremento de los rendimientos.
En términos de empleo, según las fuentes del Ministerio y de la industria,
hay aproximadamente 6.000 productores de remolacha azucarera en España
distribuidos un 70% en Castilla y León y el resto en las otras
Comunidades Autónomas. La estructura industrial cuenta con cinco plantas
azucareras situadas 4 en la Zona Norte (La Bañeza, Toro y Miranda -de
Azucarera Iberia S.L.- y Olmedo -de ACOR-) y una fábrica en la Zona Sur
(Guadalete -de Azucarera Iberia S.L.-) que dan trabajo a cerca de 1.000
personas en el procesamiento, además de generar más 300.000 jornales
durante las campañas de recolección en el norte y el sur de España
(255.000 en las zonas de influencia de las fábricas de Castilla y León y
60.000 en Andalucía).
El escenario de liberación representa un enorme riesgo porque podría
disparar la producción a nivel mundial, por un lado, y desplomar los
precios por otro. La asociación de productores de remolacha
europeos (CEFS) y la Federación Europea de Sindicatos del Agroalimentario
(EFFAT) avisan de que, con la liberalización, el entorno será más duro,
lo que podría tener "consecuencias" para las 28.000 trabajadoras y
trabajadores directos y los 137.000 agricultores y agricultoras, y para
las comunidades rurales.
De esta manera, y a pesar de los escenarios y previsiones positivas, desde
el año 2011 que comenzó la reestructuración, España ha perdido el 20% de
sus hectáreas de producción, pasando de 45.002 has en 2011, a 36.163 has
en 2017. En País Vasco se ha pasado de 2.397 Has en el año 2011 a 1.583
en el año 2017, en Castilla y León de 31.590 has a 26.082 has, en
Andalucía de 9.839 a 7.151 has, y la única región donde se ha
incrementado la superficie es La Rioja que ha pasado de las 1.176 has a
las 1.350. Mientras, los principales países europeos competidores han
incrementado su superficie de remolacha un 17% para la campaña 2017-18.
Pero, además, el precio percibido por el agricultor español desde el año
2005 muestra una clara tendencia decreciente para luego estancarse hasta
la actualidad. El precio percibido adquiere su máxima cotización en el
mes de septiembre de 2012 con 3,27 ?/100kg, bajando hasta los 2,93
?/100kg de medía en la campaña de 2016-2017, incluyendo los complementos
y suplementos que establecen las dos centrales azucareras. Este precio se
completa con las ayudas acopladas y las ayudas regionales al cultivo
sostenible de remolacha que reciben las y los agricultores a través de la
PAC. Sin embargo, estas ayudas acopladas están de nuevo en cuestión en el
escenario de los debates de la reforma de las PAC. Las organizaciones
profesionales estiman que el precio de equilibrio debería fijarse en los
40-42 ?/tonelada o los 4 ?/100kg para garantizar la viabilidad del sector
vía precio, pero precisamente, en un entorno ya liberalizado, el precio
del producto francés es un 20% más bajo, y la industria empieza a jugar a
la baja con importaciones procedentes de competidores más económicos. La
propia empresa matriz "British Sugar", que controla el 97% del mercado
europeo y a la que pertenece Azucarera-Ebro, ha comenzado a reequilibrar
su mercado en Europa, y mientras que en España mantiene la tendencia a la
baja de los precios, en Inglaterra, ha llegado a un acuerdo de 38 ?/tn y
subidas progresivas para alcanzar los 42 ?/tn en la campaña de 2020.
Además, a esta cuestión se une el riesgo del aumento de la producción de
isoglucosa, dependiente del precio del maíz en los mercados
internacionales, que es un sustitutivo del azúcar en la fabricación de
bebidas refrescantes y en el que la industria alimentarla pone su mirada.
Recordemos, que el sistema de cuotas establecía una cuota limitada de
isoglucosa de 700.000 tn para toda Europa y que ahora se espera que
tripliquen hasta los 2,1 millones de tn. La cuota de jarabes de inulina
era cero, lo que de hecho prohibía la producción de este edulcorante por
lo que el final de las cuotas ofrece nuevas oportunidades si el mercado
está a allí.
Por último, el debate social respecto a la necesidad de reducir el nivel
de ingesta de azúcares en la ciudadanía buscando una dieta más saludable
está abierto, y es evidente que influirá a medio plazo; aunque todavía es
pronto para augurar datos, todas las perspectivas a futuro esperan que el
consumo disminuya ligeramente. La Comisión es consciente de que existe un
debate sobre cómo reaccionarán exactamente el mercado del azúcar y la
isoglucosa al final de las cuotas y de las discusiones sobre las
consecuencias para la salud de las altas ingestas de fructosa en la
dieta. Las políticas de salud centradas en el modelo alimentario deberán
adquirir mayor peso a la vista de los datos e informes y evidentemente
esto tendrá consecuencias sobre el sector de la industria alimentaria que
fundamentalmente consume isoglucosa e inulina.
No obstante, la PAC ha mantenido en todo el periodo actual varias medidas
de apoyo al sector azucarero para contrarrestar el impacto del fin de las
cuotas. Entre esas medidas, cabe citar el establecimiento de un arancel
de importación en la UE -al margen de los acuerdos comerciales
preferenciales-. Además, los Estados miembros tienen la opción de
proporcionar un apoyo voluntario acoplado relacionado con la producción
para abordar los sectores en dificultades, incluida la producción de
remolacha azucarera. También se puede conceder ayuda de almacenamiento
privada si es necesario teniendo en cuenta los precios de mercado, los
umbrales de referencia, los costes y los márgenes. Al igual que otros
sectores agrícolas, el sector del azúcar está cubierto por varias
cláusulas de perturbación disponibles en el Reglamento de la OCM que
permitirían a la Comisión tomar medidas en caso de crisis de mercado
graves que impliquen un fuerte aumento o disminución de los precios de
mercado.
Además, el paquete incluye la posibilidad de negociar colectivamente las
condiciones de reparto del valor en los contratos celebrados entre
productores de remolacha y transformadores de azúcar de la UE que se
mantiene tras el final de las cuotas y que en el caso de España se
traduce en el Acuerdo Marco Interprofesional del azúcar firmado entre
Azucarera Iberia, SLU, y las organizaciones profesionales para el periodo
2015-2019. Este acuerdo es valorado de forma positiva por el conjunto de
actores, pero en este escenario, es urgente adaptarlo y fortalecerlo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actuar de manera activa y vigilante en el apoyo al sector impulsando la
evaluación y extensión del actual Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) y
favoreciendo una nueva negociación para establecer mejoras como la
convergencia de precios acordes con el resto de Europa, o la eliminación
de los descuentos por corona de forma que la remolacha pueda entregarse
sin descoronar en todas las fábricas, conforme a los precios y escala de
valoración por polarización vigente en el AMI.
2. Impulsar en el marco de la Reforma de la PAC a 2020, la continuidad del
paquete de medidas de apoyo al sector de la producción de la remolacha,
en especial, el mantenimiento de las ayudas acopladas, mejorar el
funcionamiento de la cláusula de perturbación y las ayudas al
almacenamiento privado.
3. Desarrollar una ayuda complementaria asociada de manera general para la
producción de remolacha azucarera de manera sostenible, y en especial en
producción de secano que permita mantener producciones rentables
invirtiendo tecnología e investigación ligada al ahorro de agua.
4. Promover que en el marco de la Unión Europea se establezca un arancel a
la importación de azúcar, en especial en el marco de las negociaciones
del Acuerdo de Libre Comercio con MERCOSUR.
5. Establecer un contingente de importación de isoglucosa e inulina acorde
y equilibrado con las necesidades reales del sector, que evite
perturbaciones en el mercado de la producción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Eva García
Sempere y Diego Cañamero Valle, Diputados.-Txema Guijarro García,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/003083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para abordar de manera urgente la mejora de la
atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Melilla, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Melilla es una ciudad autónoma española que en la actualidad cuenta con
86.000 habitantes censados. Su asistencia sanitaria pública es gestionada
por INGESA, entidad de gestión de la Seguridad Social, dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Su situación geográfica periférica, enclavada en el continente africano,
hace especialmente difícil la prestación de asistencia sanitaria. Muchos
pacientes se ven obligados a desplazarse a la península, distante cinco
horas en ferry, para recibir tratamientos, en muchas ocasiones de manera
reiterada, debido a sus dolencias.
Melilla, por otra parte, cuenta con las peores tasas socio-económicas de
España. Con un 26,2% de desempleo según la última EPA, es la Comunidad
Autónoma Española con mayor tasa de desempleo. Diez puntos más que la
media española. Entre los menores de 25 años dicha tasa de desempleo
asciende al 51% (3T de 2017), frente al 36% en el conjunto de España.
Por otra parte, el 29,3°/0 de melillenses vive en riesgo de exclusión
social y pobreza (indicador AROPE) y un 7,2%, en pobreza extrema según
los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (2016) del !NE,
en Melilla. Por tanto, en Melilla serían casi 25.000 personas las que
están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Melilla, frontera con África, está sujeta a una enorme presión externa
además. A la población censada se ha de añadir la población extranjera
flotante, calculada en 30.000 personas, que acude a la ciudad diariamente
para trabajar o comerciar y que busca en la sanidad pública melillense la
atención sanitaria que no encuentra en Marruecos. Hay que tener en cuenta
que Melilla se encuentra rodeada por una región marroquí con una
población en torno a 1,5 millones de habitantes con un grave déficit de
recursos asistenciales que, en consecuencia, buscan atención, cuando
pueden, en la ciudad de Melilla. Así por ejemplo un 60% de los 2.800
nacimientos que se atendieron en 2017 en el hospital de Melilla son de
mujeres extranjeras. Varios centenares de menores no acompañados
extranjeros sortean ilegalmente la frontera y malviven en las calles de
Melilla con el único recurso de un centro de acogida totalmente
sobrepasado para acoger a estas personas. Se calcula que en Melilla
sobreviven en este momento cerca de 500 menores no acompañados para un
centro con una capacidad de 180. Solo en 2015 se calcula que entraron en
Melilla 1.200 de estos menores.
De los cerca de 11.000 migrantes indocumentados que llegaron a España en
el primer semestre de este año 2017, el doble que en el mismo periodo del
año anterior, 3.200 lo hicieron por las fronteras de Ceuta y Melilla,
según el Ministerio de Interior. Este número de personas que acceden a
través de las fronteras terrestres habría ascendido en un 40%, mientras
que las que acceden a la península cruzando el estrecho habría descendido
un 50%.
A pesar de estas dificultades propias del enclave, la desigualdad en la
atención sanitaria que se ofrece a la población melillense tiene su causa
en una dotación de recursos y de gestión por parte de los servicios de
INGESA totalmente insuficiente. Son numerosas las muestras de esta
situación.
En primer lugar existe una deficiencia de personal sanitario abrumadora
para la demanda real que sus centros de salud, urgencias y hospital
reciben. La tasa de facultativos por mil habitantes en Melilla es de 3,4
mientras la media nacional es de 5,3. El ratio de pacientes por médico de
familia en Melilla es de 1.723, mientras la media nacional es de 1.381.
De igual manera, el ratio de pediatras es de uno por 1.339 niños/niñas,
cuando la media española es de uno por 1.040. En la plantilla de
INGESA-Melilla existen 60 vacantes, a pesar de las necesidades y de una
demanda sobresaturada en muchas especialidades, a lo que se suma la
enorme precariedad laboral existente. Hay profesionales y técnicos
sanitarios eventuales con hasta 20 contratos por mes. A todo ello se
suman las reiteradas denuncias por el incremento de agresiones a
profesionales, fruto, en buena medida, del hacinamiento de los
establecimientos sanitarios y de la falta de medidas preventivas.
Los Recursos Humanos de los servicios sanitarios de INGESA en Melilla
requieren un plan de empleo urgente que pase por la ampliación de sus
plantillas, la estabilización de los contratos, y la creación de
condiciones de empleo atractivas para la fijación del personal en su
puesto, tanto en cuanto a su remuneración como en cuanto a las
oportunidades de promoción, formación e investigación.
La insuficiencia de la cartera de servicios ofrecida en Melilla resulta
palmaria. Son de señalar múltiples carencias, como el muy retrasado
comienzo del programa de cribado de cáncer de colon, implantado en el
último trimestre de 2017 y solo para población diana de 65 a 69 años de
edad, la muy insuficiente dotación y capacidad de resolución de la unidad
de psiquiatría, el déficit de ambulancias medicalizadas y de soporte
vital, fisioterapia y un largo etcétera. El programa de cribado de cáncer
de mama tiene en Melilla una cobertura de apenas el 30%, según
información reportada por el propio Ministerio, cuando la media en España
es del 80%, y del 54% en entre mujeres extranjeras. No existe en el
hospital comarcal un solo equipo de Resonancia Magnética, hoy
imprescindible en cualquier establecimiento hospitalario, y asimismo los
pacientes que requieren tratamiento radioterápico o hemodinámica deben
ser trasladados a la península.
En el terreno de las infraestructuras, el nuevo Hospital Universitario de
Melilla sufre la paralización de sus obras tan pronto como comenzó el
Gobierno del Partido Popular en 2012. Desde entonces no ha habido avance
ninguno, como lo demuestran los informes de ejecución de los presupuestos
de inversión de los últimos años. Solo recientemente se han iniciado
obras de limpieza del entorno donde debe ser emplazado el citado
hospital. Mientras tanto el actual Hospital comarcal presenta numerosas
carencias tanto para el desarrollo de las labores de los profesionales
como para la atención a pacientes y acompañantes. En particular son muy
deficitarias las áreas de urgencias, áreas de descanso de profesionales
de guardia, psiquiatría, y otras. Por ello resulta imprescindible
acometer obras de mantenimiento y mejora, siquiera hasta que pueda ser
trasladado al nuevo edificio.
En Atención Primaria está pendiente la instalación del SUAP y 061 en el
centro de salud de Polavieja así como dotarle de una unidad de
Fisioterapia ambulatoria. También están pendientes las obras del nuevo
centro de salud de Cabrerizas, junto con los correspondientes refuerzos
de sus recursos humanos.
A todas estas largas series de deficiencias se suma la reiterada desidia
en la gestión de INGESA, como muestran los injustificados malos
resultados de sus contratos de gestión de los últimos años.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno a ejecutar con la máxima
celeridad las siguientes medias:
1. Iniciar las obras del nuevo Hospital Universitario de Melilla y
actualizar al mismo tiempo su Plan Director y Funcional en colaboración
con los profesionales y asociaciones ciudadanas y de pacientes de la
ciudad.
2. Desarrollar y completar el Plan de Recursos Humanos recientemente
aprobado de manera que aborde las distintas problemáticas actualmente
existentes: insuficiencia de plantilla, estabilización de contratos,
desarrollo y acreditación profesional, fijación del personal en sus
puestos de trabajo, prevención de agresiones, ampliación del número de
plazas de especialidades de enfermería.
3. Acometer con urgencias las obras necesarias de rehabilitación y mejora
en el actual hospital comarcal de Melilla, incluyendo el área de
urgencias y unidad de psiquiatría.
4. Iniciar en 2017 las obras de edificación del nuevo Centro de Salud de
Cabrerizas y adecuación del C.S. de Polavieja para instalación de SUAP y
061.
5. Refuerzo de la dotación de ambulancias de transporte sanitario urgente
e implantación de protocolo de evacuación y traslado de pacientes
procedentes de Marruecos.
6. Acelerar el programa de cribado de cáncer de colon en la ciudad
haciéndose cargo INGESA de las pruebas de cribado, endoscopias
diagnósticas y tratamiento y seguimiento de los casos detectados.
Reforzar todas las dotaciones profesionales y técnicas para obtener
indicadores del programa equiparables al del resto de programas
autonómicos españoles.
7. Estudiar medidas en colaboración con las asociaciones sociales y
ciudadanas para aumentar el actual bajo nivel de cobertura del cribado de
cáncer de mama.
8. Acometer y dotar presupuestariamente un plan plurianual de renovación
del equipamiento médico diagnóstico y de tratamiento.
9. Dotar a la ciudad de Melilla de un centro de cuidados intermedios y
subagudos para pacientes crónicos, y unidad de recursos intermedios
infanto-juvenil que garantice la calidad de su atención.
10. Resolver con carácter urgente la acreditación de la formación
continuada que realizan los profesionales sanitarios graduados.
11. Mejorar la continuidad de la atención de los pacientes que son
trasladados a la Península, garantizando la existencia de un centro
hospitalario de referencia, el acceso digital a toda su información
clínica tanto en la derivación como en su vuelta para seguimiento por los
profesionales de la ciudad, la atención puntual sin dilaciones en el
momento de su llegada al centro de referencia, las condiciones del
transporte y el adecuado acomodo de los acompañantes, así como el rápido
reembolso de los costes de desplazamiento o su anticipo a quienes carecen
de recursos necesarios.
12. Desarrollar consultas de telemedicina en todas las especialidades que
lo permitan con el fin de evitar trasladados de los pacientes.
13. Establecer un Programa de Atención Dental Infantil como existe ya en
muchas Comunidades Autónomas españolas.
14. Asegurar la accesibilidad física y sensorial en todos los
establecimientos sanitarios de INGESA en la ciudad.
15. Iniciar los trámites para la acreditación de la Unidad Docente de
Obstetricia y Ginecología para MIR, que complementaría la actualmente
existente Unidad Docente de Matronas.
16. Catalogar el Centro de Salud de la Zona Norte, Cabrerizas, del Área de
Salud de Melilla, como centro de difícil desempeño en tanto permanezca su
elevado índice del número de agresiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Jesús María
Fernández Díaz y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan nacional
de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo
de alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las
edades y ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los
niños. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
(EAACI), más del 30% de los menores en España sufren algún tipo de
alergia, siendo las alimentarias, una parte importante de esta patología.
La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas
graves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20%
de ellas suceden en centros escolares y otros centros donde se realizan
actividades extraescolares que cuentan con comedores colectivos. En
muchas ocasiones, son estos establecimientos donde se produce por primera
vez una manifestación de la alergia alimentaria en los niños.
Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con
riesgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y la
ausencia de protocolos de actuación, generan una gran incertidumbre,
preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede
desencadenar una reacción adversa si se contacta con el alérgeno causal.
Dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no
demorar el tratamiento con los dispositivos de adrenalina autoinyectable,
ya que puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una
reacción grave con riesgo de muerte.
Y es que, las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de
quienes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en
cuestión de pocos minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una
ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud. Hay que
recordar que se han producido casos mortales que se podrían haber
evitado. Para ello, se deben aplicar todas las medidas de prevención
necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se
produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia
fuera de un centro sanitario, administrar una dosis de adrenalina por
medio de una inyección intramuscular.
La adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros
auxilios que no requiere conocimientos médicos para su administración,
pues su presentación en autoinyector está diseñada para ser utilizada por
personal no sanitario. Como recuerda la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC), las personas con alergias graves deben
tener acceso inmediato a la adrenalina en todo momento, ya que este
tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado se recupere
de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible. Hay que ser
consciente de que, una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un
niño y su administración no produce ningún efecto secundario adverso de
relevancia.
Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades
legales de profesores y monitores para administrar medicación en la
escuela y otros centros y la necesidad de prestar una serie de cuidados
específicos. Con las regulaciones actuales, los profesores y monitores no
tienen deberes específicos en términos de protección de la salud del
niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad particular, más allá
de la de cualquier persona que por casualidad esté presente cuando un
niño necesita ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal,
establece como delito el incumplimiento de la obligación de todos los
ciudadanos, de socorrer a una persona que se halle desamparada y en
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni
terceros. Igualmente, el artículo 20 indica que están exentos de
responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.
Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña "Un colegio, un botiquín, una
adrenalina" para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos
autoinyectores de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que
señalar que dado el ritmo de vida de la sociedad actual, los niños no
solo desarrollan sus actividades fuera de casa en los centros escolares,
sino que cada vez más, pasan gran parte de su tiempo en centros, tales
como granjas escuela, campamentos y otro
tipo de instalaciones donde desarrollan actividades extraescolares y que
cuentan con servicio de comidas. A esto hay que añadir que según las
estadísticas, estas actividades al salirse de la rutina escolar, son las
de riesgo más elevado para los niños que sufren de alergias, por lo que
deberían tener una supervisión especial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a trasladar
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y trabajar
junto a los ejecutivos autonómicos, profesionales sanitarios y sociedades
científicas la creación de un plan nacional de prevención de reacciones
anafilácticas en centros educativos, facilitando la existencia de los
inyectables y aumentando los conocimientos para su uso en los centros
educativos. Este plan nacional deberá:
a) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en los
botiquines de los centros educativos.
b) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple
la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones
anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Francisco Igea
Arisqueta, Marta Martín Llaguno y María Virginia Millán Salmerón,
Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/003096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley de medidas para reforzar los controles
sobre el uso de pipas de agua, los productos destinados a su consumo en
estos dispositivos y mejorar la información, especialmente en los
menores, sobre sus efectos sobre la salud, para su debate en la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La conocida cachimba, o pipa de agua, o narguile, o shisha, es un
dispositivo que se emplea para fumar tabaco, especialmente de distintos
sabores, o plantas sin nicotina. Las pipas de agua se utilizan
principalmente en Asia, África y Oriente Medio, pero su uso se está
propagando rápidamente en otros continentes, incluidos Europa, América
del Norte y América del Sur. En algunos países el uso de las pipas de
agua ha sobrepasado al consumo de cigarrillos, con un uso creciente entre
hombres y mujeres y, lo más grave, entre jóvenes y niños.
La idea falsa acerca de la inocuidad de las pipas de agua en comparación
con otros productos de tabaco para fumar ha contribuido enormemente a su
amplia aceptación social y cultural, así como al vertiginoso aumento
observado en su uso en todo el mundo.
Según los informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud, en
los productos para pipas de agua la nicotina es la sustancia que
determina su potencial de dependencia (adicción). Para una sesión en la
que se fuman 10 g de tabaco massal quemado con 1,5 pastillas de carbón de
encendido rápido en el hornillo de la pipa de agua, se han medido 2,94 mg
de nicotina, 802 mg de alquitrán y 145 mg de monóxido de carbono (CO) en
la corriente principal de humo. El análisis del humo ha permitido
identificar algunas sustancias carcinógenos y tóxicas tales como
nitrosaminas específicas del tabaco (NNN, NNK), hidrocarburos aromáticos
policíclicos (benzopireno, antraceno), aldehídos (formaldehído,
acetaldehído, acroleína) y metales pesados (arsénico, cromo y plomo).
Debido al uso del carbón, el humo de las pipas de agua contiene altos
niveles de monóxido de carbono. Además, ello contribuye a la generación
de hidrocarburos aromáticos policíclicos carcinógenos.
El uso de pipas de agua está relacionado con efectos nocivos para el
sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, la cavidad bucal y la
dentadura. Compartir boquillas y mangueras aumenta el riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la
hepatitis, la mononucleosis y el herpes.
Por lo que respecta a España, la pipa de agua es la nueva tendencia
fumadora que se está imponiendo como una alternativa de ocio en las
fiestas y reuniones de amigos. Una nueva moda a la que también se han
sumado los adolescentes españoles. Hay publicaciones que señalan que la
mitad de los alumnos de ESO ha fumado en pipa de agua. En muchos casos,
la pipa de agua ha llegado a sustituir al botellón, y en otros muchos
alterna con él. En estos dispositivos para fumar, a veces se mezcla
tabaco con geles u otros productos que no han sido sometidos a ningún
control sanitario adquiridos en comercios no autorizados y con escaso
control en el acceso a este tipo de productos por los menores.
Existe además en nuestro país una errónea percepción acerca de la
inocuidad de fumar en pipa de agua, lo que conlleva una mayor
permisividad por parte de los padres. Por lo que respecta a la percepción
de los menores, según han comprobado los profesionales, los estudiantes
creen que fumar a través de pipas de agua reduce el daño de esta adicción
y que el tabaco que se consume es "más natural". A todo ello se añade que
estas nuevas formas de consumo social de tabaco tienen un menor coste
económico que el tabaco convencional y que representan lo que se denomina
por la industria tabaquera "productos de iniciación, es decir, favorecen
la captación de futuros fumadores ya que los sabores suaves y dulces
inician a jóvenes que, en principio, pueden no ser consumidores de
cigarrillos.
Aun cuando desde el punto de vista normativo los menores se encuentran
adecuadamente protegidos, estando prohibido vender o entregar a personas
menores de dieciocho años productos del tabaco, así como cualquier otro
producto que le imite e induzca a fumar, es imprescindible concienciar a
los menores sobre los efectos que puede provocar en su salud el uso de
este tipo de dispositivos y reforzar los controles sobre los productos
utilizados para fumar en pipas de agua, con objeto de garantizar una
adecuada protección de la salud a todos los ciudadanos por parte de los
poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, y en el ámbito de sus respectivas competencias a:
1. Impulsar una campaña específica, especialmente dirigida a los menores,
sobre los riesgos para la salud asociados al uso de pipas de agua.
2. Incrementar los controles sanitarios sobre productos destinados al uso
en pipas de agua, y, en particular, sobre la venta ilegal de este tipo de
productos a los menores.
3. Reforzar los controles sobre el uso de pipas de agua en locales de
hostelería con objeto de garantizar el cumplimiento de las restricciones
previstas en la Ley medidas sanitarias frente al tabaquismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamenta Socialista.
Comisión de Cultura
161/003088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley para la inscripción de la candidatura de la cerámica de Talavera
de la Reina y de El Puente del Arzobispo en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su
debate en Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La cerámica de Talavera y de El Puente del Arzobispo, en la provincia de
Toledo, encuentra el germen de sus orígenes en los talleres de época
romana, islámica y mudéjar documentados en las excavaciones
arqueológicas. Pero será en el siglo XVI cuando este sustrato cultural
entre en contacto con las corrientes europeas y asiáticas para alumbrar
sus producciones más afamadas. Hoy en día, las lozas y los azulejos
de ambos centros productores continúan manteniendo su fama mundial y la
actividad de los artesanos se ha consolidado como un referente de estas
localidades toledanas y un símbolo histórico de identidad para todos sus
ciudadanos.
Conocedora del valor artístico y etnográfico de esta manifestación
cultural secular, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaraba
en 2015 la cerámica de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo
como Bienes de Interés Cultural con la categoría de Bien Inmaterial, con
el fin de contribuir a su salvaguarda y promover su difusión.
Para seguir ahondando en la preservación de dichos conocimientos, técnicas
y saberes tradicionales es indispensable dar un paso más y promover el
reconocimiento de sus valores mediante su inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
parte de la UNESCO. En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO se marcan cuatro objetivos
fundamentales: la salvaguardia del patrimonio designado, el respeto de
las comunidades grupos e individuos, la sensibilización y el
reconocimiento y la cooperación internacional. El Organismo para la
Cultura de Naciones Unidas hace especial incidencia en la necesidad de
que sea la propia comunidad portadora la que impulse la protección y la
promoción del bien cultural inmaterial mediante su implicación en la
candidatura. En el caso de la candidatura de la cerámica de Talavera de
la Reina y El Puente del Arzobispo, el apoyo social y el consenso de los
numerosos colectivos de la comarca y de toda la región han sido claros y
unánimes y, sin duda, son los principales activos en el éxito final de la
propuesta. En este sentido, la labor desarrollada por la asociación
Tierras de Cerámica, con el apoyo de los Ayuntamientos de Talavera de la
Reina y de El Puente del Arzobispo, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han
convertido la candidatura en un verdadero proyecto de participación
ciudadana.
En definitiva, se trata de impulsar la defensa y salvaguarda de unos
saberes y técnicas únicos, vinculados a la artesanía tradicional, que
forman parte de nuestra diversidad cultural.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, previa aprobación por el
Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio
Mundial e Inmaterial, se apoye y defienda en las instancias
internacionales oportunas la inscripción de la candidatura de la cerámica
de Talavera de la Reina y de El Puente del Arzobispo en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-José Miguel
Camacho Sánchez, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
apoyo de la candidatura del Cuaternario Valles del norte de Granada para
su inclusión en la Red Global de Geoparques de la UNESCO, para su debate
en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En Europa hay en la actualidad sesenta y nueve geoparques, de los que once
se encuentran en España y, de ellos, tres en Andalucía.
La propuesta de Geoparque del Cuaternario incluye 70 lugares de interés
geológico, algunos de ellos de relevancia internacional. En palabras del
paleontólogo del Instituto Geológico Minero de España (IGM) Alfonso
Arribas Palau, "... se trata de la historia geológica de un río que a
través de sus rocas cuenta la historia geológíca de los últimos 250
millones de años". Por tanto, es un territorio geológico y natural que
contiene el testimonio pétreo de la historia geológica de un río y de un
lago que estuvieron activos entre
los 5,3 millones de años y los 450.000 años aproximadamente. Tras este
largo periodo, sus sedimentos se han ido erosionando en una nueva etapa
exorreica que continúa en la actualidad, y que ha configurado el modelado
actual del geoparque, caracterizado por decenas de miles de cárcavas.
La zona objeto de la declaración ocupa una superficie total de 700 km2, en
la que se incluyen 34 municipios pertenecientes a las comarcas de Baza,
Guadix, Huéscar y Montes Orientales, situadas en el noreste de la
provincia de Granada. El área programada afecta a más de 110.000
habitantes, de los cuales algo más de 65.000 viven en el territorio del
futuro geoparque.
Los objetivos de la candidatura se enmarcan en los siguientes aspectos: el
aumento de visitas que redundará en el desarrollo económico de las
poblaciones incluidas en el territorio del geoparque; una mejor
conservación y preservación del patrimonio geológico; el estudio y
divulgación de los conocimientos obtenidos sobre el patrimonio de la zona
y conseguir un posicionamiento turístico y científico a nivel
internacional.
La propuesta se ha cimentado en años de estudio y de trabajo. Cuenta con
el consenso y el apoyo de los grupos de desarrollo, asociaciones,
colectivos y ayuntamientos de la zona, así corno de las instituciones
provinciales y autonómicas. También está avalado científicamente por la
Universidad de Granada y el Instituto Geológico y Minero de España.
Asimismo, la candidatura fue validada oficialmente por el Comité Nacional
Español de Geoparques el pasado mes de julio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la candidatura
Geoparque del Cuaternario Valles del Norte de Granada, para que sea
incluida en la Red Global de Geoparques de la UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Igualdad
161/003077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la mejora de la igualdad entre mujeres y
hombres en la Policía Nacional y Guardia Civil, para su debate en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Cuando se cumplen diez años de la aprobación de Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el momento
de evaluar la consecución de sus objetivos y poner en marcha los
mecanismos necesarios para avanzar hacia una efectiva igualdad de trato.
No podemos ignorar que en la última década se han producido algunos
avances en esta materia: las mujeres han mejorado su presencia
institucional y han visto cómo se reducía tímidamente la brecha salarial
con respecto a los trabajadores varones, al tiempo que su tasa de
actividad se incrementaba.
Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer, fundamentalmente debido a la
falta de interés que sucesivamente se muestra desde los responsables
políticos al frente de las Administraciones Públicas por aplicar medidas
que, o bien ya están previstas, o bien se demandan como de urgente
aplicación sin obtener en ninguno de los supuestos una respuesta
satisfactoria por parte de dichos responsables.
En efecto, uno de los ámbitos donde resulta más patente esta falta de
interés por parte de los sucesivos Gobiernos es la desigualdad que afecta
a las mujeres que desempeñan su laboral en la Guardia Civil y la Policía.
A día de hoy, la Guardia Civil carece de un Plan de Igualdad, lo que
supone más de 10 años de retraso en su elaboración e implementación.
Tampoco se han designado funcionarios o expertos con dedicación
exclusiva que analicen y atiendan las demandas en pro de la Igualdad de
estas profesionales, ni existe un reglamento que regule las funciones y
funcionamiento del Comité para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la
Guardia Civil. Esta falta de medidas por la Igualdad desembocan
inevitablemente, entre otras cosas, que el absentismo laboral de las
mujeres doble al de los hombres, toda vez que se ven obligadas a atender
determinadas necesidades en horario laboral por la falta total de
políticas de conciliación de la vida personal y familiar y de
corresponsabilidad. A esto se suman problemas como la lenta distribución
de chalecos anti bala adaptado a la anatomía de las mujeres, entre otros.
En la Policía Nacional, los problemas en materia de igualdad también son
evidentes. No existen mecanismos de prevención, detección y protección
eficaces en los casos de acoso laboral, ya que se ha demostrado que el
Protocolo existente al efecto, no ha dado los resultados apetecidos; no
existe Protocolo de acoso sexual, ni por razón de sexo; no hay una
aplicación clara de la normativa sobre los derechos de las funcionarias
víctimas de violencia de género, y aún menos sobre la vigencia de esa
situación de "víctima"; se mantienen usos tan incoherentes como la
equivalencia de las cesáreas a partos naturales, la aplicación de la
jornada reducida por cuidado de hijo menor dentro de un sistema de turnos
o su aplicación a servicio de incidencias (guardias mediante presencia o
localización), o no acceder a peticiones de flexibilidad horaria que
permitan la armonización de turnos de trabajo entre la pareja.
Recientemente se ha creado la Oficina Nacional para la Igualdad de Género,
cuyo funcionaimiento aún no se ha iniciado, pero sobre la que ya existen
dudas razonables en cuanto al grado de vinculación que puedan tener sus
decisiones.
En definitiva, las desigualdades en el mercado laboral, y en particular en
los cuerpos de Policía y Guardia Civil, están lejos de haberse resuelto.
Desde el Grupo Parlamentario estamos comprometidos con la igualdad entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad, decididos a
erradicar la brecha salarial y las discriminaciones de acceso y ascenso
en el mundo laboral, así corno a poner en marcha políticas efectivas que
mejoren la conciliación laboral y la corresponsabilidad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar e implementar Planes de Igualdad en la Guardia Civil y en los
cuerpos de Policía Nacional, que incluya, entre otras medidas, planes
específicos y eficaces de prevención, detección y protección contra el
acoso sexual y laboral que puedan sufrir las mujeres de dichos cuerpos,
la concreción horaria en las reducciones de jornada o la regulación
necesaria para que en las parejas de trabajadores pertenecientes a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se solapen los turnos de
guardia, y los mecanismos necesarios para la correcta aplicación de la
normativa sobre los derechos de las funcionarias víctimas de violencia de
género.
2. Elaborar, por parte del Ministerio del Interior y el de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, un informe sobre la existencia de planes
de igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicas y locales a
fin de evaluar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez, Marta Martín Llaguno y Patricia Reyes Rivera,
Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/003104
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Proposición no de Ley sobre el rechazo a la juez María Elósegui Itzaso por
sus declaraciones lgtbifóbicas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad,
excepto el punto 2, en la medida en que las Proposiciones no de Ley no
son el instrumento idóneo para instar a organismos internacionales.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada
Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley de rechazo a la juez María Elósegui Itzaso por sus
declaraciones lgtbifóbicas para su debate en la Comisión de igualdad.
Exposición de motivos
El pasado 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
escogió a María Elósegui Itzaso como nuevo miembro español del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta juez formaba parte de una terna
de candidatos propuesta por el Gobierno español y de la que formaban
parte José Martín Pérez y Francisco Pérez de los Cobos, a parte de la
misma Elósegui.
A partir del su nombramiento, diversos medios de comunicación publicaron
que la juez había falsificado su currículum al declarar que participó en
el proyecto de creación de la Ley de Igualdad del 2007, lo que han
desmentido las personas que participaron en su redacción. Pero lo más
preocupante son las diversas declaraciones de carácter lgtbifóbico que
María Elósegui ha hecho durante años en entrevistas, artículos y libros
en los que afirmaba, por ejemplo, que "es evidente que a los que insisten
en ir contra su biología desarrollarán diferentes patologías" o "que las
personas transexuales deberían someterse a terapias psicológicas y
psiquiátricas en lugar de la cirugía", unas afirmaciones que vinculaban
claramente la homosexualidad y la transexualidad con diversas patologías.
Una opinión que también se hace evidente en su libro "Diez temas de
género: hombre y mujer ante los derechos reproductivos".
Por todo ello, consideramos que la presencia de María Elósegui es
incompatible con la propia naturaleza del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), dado que este tribunal a menudo sopesa procedimientos
relacionados con el colectivo LGTBI y que lo debe hacer con la máxima
justicia y equidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados expresa su malestar y rechazo por el
nombramiento de María Elósegui Itzaso como juez del Tribunal Europeo de
los Derechos Humanos (TEDH) a causa de sus opiniones claramente
Igtbifóbicas.
2. [...]
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a no presentar
ninguna candidatura de personas Igtbifóbicas para ser miembro del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o de otros organismos
internacionales para evitar que en un futuro se puedan repetir
nombramientos como el de María Elósegui ltzaso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2017.-Teresa Jordà i
Roura, Diputada.-Joan Tardá Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
para el Estudio del Cambio Climático, relativa a la elaboración de un
plan nacional de salud y medio ambiente.
Exposición de motivos
Existen pruebas abrumadoras de que las actividades humanas están afectando
al clima mundial, lo cual tiene graves repercusiones en la salud pública.
El calentamiento global tiene consecuencias que ponen en riesgo la salud,
tales como los fenómenos meteorológicos catastróficos, la variabilidad de
los climas, que afecta a los suministros de agua y alimentos, los cambios
de la distribución de los brotes de enfermedades infecciosas o las
enfermedades emergentes relacionadas con los cambios de los ecosistemas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo
ambientales conocidos y evitables provocan al menos 13 millones de
muertes al año y aproximadamente un cuarto de la carga mundial de
morbilidad. Para confrontar esta situación los países deben enfrentar una
combinación de problemas ambientales y sanitarios nuevos y pendientes de
resolución desde hace tiempo. Estos problemas abarcan desde la falta de
acceso universal a energías domésticas limpias, agua potable y
saneamiento, hasta las consecuencias del desarrollo insostenible, como la
contaminación del aire, el agua y el suelo, y la exposición a productos
químicos peligrosos y las exposiciones combinadas más complejas y
crónicas en los entornos laborales y residenciales, pasando por el
envejecimiento de las infraestructuras, el estancamiento de los progresos
relativos a la salud ambiental y el aumento de las desigualdades.
En los últimos 50 años, las actividades humanas -especialmente la quema de
combustibles fósiles- han liberado cantidades suficientes de dióxido de
carbono y otros gases de efecto invernadero para atrapar calor adicional
en la baja atmósfera y afectar el clima global. En los últimos 130 años,
el mundo se ha calentado en aproximadamente 0,85 ºC. Cada una de las
últimas tres décadas ha sido sucesivamente más cálida que cualquier
década anterior desde 1850. Los niveles del mar están aumentando, los
glaciares están derritiéndose y los patrones de precipitación están
cambiando. Los eventos climáticos extremos son cada vez más intensos y
frecuentes.
Las altas temperaturas del aire contribuyen directamente a las muertes por
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, particularmente entre las
personas mayores. En la ola de calor del verano de 2003 en Europa, por
ejemplo, se registraron más de 70.000 muertes. Las altas temperaturas
también elevan los niveles de ozono y otros contaminantes en el aire que
exacerban las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El polen y
otras sustancias también son más altas con el calor extremo y pueden
desencadenar asma, que afecta a alrededor de 300 millones de personas. Se
espera que los aumentos constantes de la temperatura aumenten esta carga.
Según la OMS, el número de desastres naturales relacionados con el clima
se ha triplicado desde los años 1960, y cada año causan más de 60.000
muertes, principalmente en los países en desarrollo. El aumento del nivel
del mar y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos destruirán
hogares, instalaciones médicas y otros servicios esenciales.
La conciencia de todos estos hechos ha llevado a la adopción de diversas
iniciativas internacionales, entre las que destaca la Carta Europea sobre
el Medio Ambiente y la Salud, adoptada por los ministros de Medio
Ambiente y Sanidad de la Región Europea de la OMS. Por su parte, la Unión
Europea lleva varios años desarrollando políticas de medio ambiente y
salud que se han materializado en diferentes iniciativas políticas y
legislativas destinadas a la protección del medio ambiente como
instrumento de protección de la salud.
De acuerdo con las estrategias internacionales en materia de salud y medio
ambiente, los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente pusieron en
marcha en 2007 los mecanismos necesarios para la elaboración del Plan
Nacional de Salud y Medio Ambiente. El primer paso fue la firma de un
acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto de Salud Carlos III
para que este diseñara las bases sobre las que
sustentar el plan. El comité científico creado al efecto redactó un
informe de bases para lo que contó con el concurso de un nutrido grupo de
expertos.
A pesar de la gravedad de este problema, España fue el país de la Unión
Europea donde más subieron las emisiones de gases de efecto invernadero
en 2015, año en que se rompió la tendencia general decreciente del lustro
anterior, según ha informado la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Las razones principales para que se registrasen más emisiones en España
son el aumento "sustancial" en carbón para la generación de electricidad,
el del uso de diesel para transporte rodado -en especial coches de
pasajeros- y el mayor uso del gas en el sector comercial-institucional.
La AEMA destacó también en su informe que el Producto Interior Bruto
(PIB) español creció "fuertemente" en 2015 y que las renovables
decrecieron en términos de energía primaria.
Este problema se ha agravado por el cambio climático, que, en países como
España, está reduciendo las lluvias e incrementa las situaciones
meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación
atmosférica. La contaminación no depende solo de las emisiones, sino
también de la meteorología, resume este científico, quien también apunta
que si se incrementan los episodios de sequía provocados por el cambio
climático u olas de calor previsiblemente el ozono aumente.
A pesar de todo, desde la redacción del citado informe de bases en 2007,
aún no se ha llevado a cabo su elaboración por las autoridades
competentes para ello, pudiendo quedar desfasado el contenido del mismo.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además, anuncia
que "está previsto implementar un Plan Nacional de Acción en Salud y
Medio Ambiente. Los Departamentos responsables de liderar esta iniciativa
son los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que están trabajando de
manera coordinada en su desarrollo", todo ello sin fecha ni previsión
alguna.
Por ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo máximo de un año un Plan Nacional de Salud y Medio
Ambiente, con el objetivo de prevenir al máximo los efectos perjudiciales
de la degradación ambiental en la salud humana.
2. Actualizar, en su caso, el informe base redactado en 2007 y adaptar los
objetivos del plan a las estrategias del Programa General de Acción de la
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020.
3. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de
estos planes, que cuente con la participación de los departamentos
implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, así como otros
ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y
entes locales, científicos expertos y agentes sociales.
4. Dotar a este organismo de seguimiento de la partida presupuestaria
adecuada y suficiente para implementar, evaluar y actualizar este Plan."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Juan Antonio
López de Uralde Garmendia y María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar
discriminaciones por razón de discapacidad contenida en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la carrera militar, para su debate en la Comisión
para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por Resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas, tratado internacional ratificado por España, establece
obligaciones jurídicas para los Estados Partes. Estos se comprometen a
adoptar las medidas legislativas administrativas y de toda otra índole
que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la
dignidad inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.
De igual modo, el artículo 2 del Tratado de la UE recoge como valores
fundacionales de la Unión "el respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y
hombres".
Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico persisten algunas normas que
discriminan por razón de discapacidad. Ejemplo de ello es la disposición
transitoria decimotercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, que establece
"Disposición transitoria decimotercera. Concesión de empleo honorífico a
retirados.
1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la
entrada en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio,
hubieran pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel,
no tuvieran limitación legal para ascender y cumplan antes del 30 de
junio del año 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en
servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá conceder el
empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante,
respectivamente, que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a
la fecha en que reúnan las condiciones.
2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en
los mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando
incluidos en dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio,
concediéndoles el empleo honorífico de teniente con la antigüedad de la
fecha en la que hubieran pasado a la situación de reserva de haber
continuado en servicio activo.
3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por
insuficiencia de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio,
podrá ascender en las mismas condiciones que aquellos, siempre que al
pasar a retiro contara con veinte años de tiempo de servicios desde la
adquisición de la condición de militar profesional.
4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en
aplicación del artículo 24, le hubiera sido concedido un empleo con
carácter honorífico superior a alférez.
5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los
interesados y no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación
de la pensión que como retirado perciba el interesado."
El apartado tercero de esta norma exige un requisito adicional (contar con
20 años de servicios) si la discapacidad no sobreviene en acto de
servicio, diferenciando el origen laboral de la insuficiencia de las
condiciones psicofísicas del causado por enfermedades no ligadas con el
trabajo y los accidentes de otro tipo. Esta arbitraria exigencia supone
una discriminación por razón de discapacidad que se hace necesario
suprimir, por cuanto es contraria a los postulados de la Convención, al
Tratado de la UE, al artículo 14 de nuestra Carta Magna, a la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad de 2013, así como a la
jurisprudencia que las aplica.
Cabe recordar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ante el
recurso de amparo número 2699/2016, en la que concede amparo al
recurrente por considerar que una administración pública lesionaba su
derecho a la igualdad produciéndole una discriminación injustificada.
Teniendo en cuenta la responsabilidad del legislador de legislar para
evitar que sigan produciéndose situaciones de discriminación, y con el
fin de que todos los tenientes, coroneles, comandantes, capitanes y
suboficiales en situación de retiro a los que refiere la disposición
transitoria decimotercera la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, puedan acceder al empleo honorífico de coronel, teniente
coronel, comandante, o teniente, respectivamente, en condiciones de
igualdad y
hayan pasado o no a la situación de retiro por incapacidad derivada de
acto de servicio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad y continuar adoptando las
medidas legislativas administrativas y de toda otra índole que sean
pertinentes para promover, proteger, y asegurar el respeto a la dignidad
inherente de las personas discapacitadas y la no discriminación.
2. Realizar las modificaciones legales oportunas para erradicar la
discriminación por razón discapacidad advertida en la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la carrera militar, eliminando el requisito del apartado
tercero de la disposición transitoria decimotercera relativo a los 20
años, así como la diferenciación relativa al origen de la situación de la
discapacidad del apartado segundo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-Francisco
Javier Cano Leal y Marcial Gómez Balsera, Diputados.-Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/003102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre seguridad infantil en el transporte escolar,
para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Los accidentes muchas veces son inevitables, pero los daños que se
producen sí pueden disminuirse, sobre todo, si se pueden evitar los
enormes riesgos que existen en carretera por el hecho de no emplear
sistemas de seguridad específicos para los menores. A diferencia de los
automóviles, en los autobuses, los mismos menores, por las mismas
carreteras, a las mismas velocidades y con los mismos riesgos viajan a
diario sin ninguna seguridad o con cinturones ideados para adultos que en
ocasiones son incluso más peligrosos.
Según diversos estudios el uso de un sistema de seguridad en autobuses
reduciría las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o
vuelco. Un menor sin ningún tipo de retención, multiplica por 5 las
posibilidades de sufrir lesiones mortales. 9 de cada 10 lesiones
infantiles, graves o mortales, podrían haberse evitado utilizando este
tipo de dispositivo.
Estamos de acuerdo en la necesidad de que la DGT regule sobre los sistemas
de seguridad infantil en los autobuses, y sobre todo en los autobuses de
transporte escolar ya que el uso de los sistemas de retención infantil
evita la inmensa mayoría de las muertes y lesiones graves en los niños.
Es necesario crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial,
pues entre todos podemos ayudar a reducir la siniestralidad infantil.
Hoy no es obligatorio llevar cinturones de seguridad, sino en modelos
fabricados después de 2007, aunque el empresario puede instalarlos si los
autobuses son más antiguos.
Actualmente continúan circulando, en vías urbanas e interurbanas,
autobuses escolares y de transporte de menores matriculados y homologados
hace más de diez años (fundamentalmente entre 2001 y 2006) que no
disponen de cinturones de seguridad ni de sistema de retención infantil
alguno, un 40% de los autobuses, lo que plantea un problema de seguridad
para los menores y de lógica preocupación para los padres.
El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, establece las condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores, por ello consideramos
muy importante que el padre o el tutor las conozcan y exijan su
cumplimiento. Según datos de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil denunció entre 2012 y 2015 a 11.957 transportes escolares
de los 24.078 sometidos a control: no disponer de la autorización
especial para realizar transporte escolar, deficiencias en las puertas de
servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento son
los principales problemas detectados en los autocares que se dedican al
transporte escolar.
El año 2023 es una fecha demasiado lejana en el tiempo para que el uso del
cinturón de seguridad en los autobuses escolares sea obligatorio ya que
la seguridad de los menores no puede esperar tanto.
Además estamos conociendo múltiples casos de conductores de transporte
escolar que han sido detenidos por sobrepasar la tasa de alcohol
permitida, lo cual incrementa más si cabe el riesgo de sufrir un
accidente. Es por ello que estos conductores deberían estar sometidos a
más controles de alcohol y drogas, estudiando incluso implantar algún
sistema en los vehículos que impida su arranque si el conductor sobrepasa
la tasa legal de consumo de alcohol.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus
competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las
Comunidades Autónomas, a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Modificar el Reglamento General de Circulación para impedir que por
nuestra red viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda
trasladar a menores sin ningún sistema de retención infantil homologado
en aras a proteger la vida y la integridad física de los menores usuarios
de este tipo de transporte.
- Incluir en el nuevo Reglamento de Circulación la obligatoriedad de
implantar en los vehículos de transporte escolar sistemas que impidan
arrancar el vehículo si el conductor supera la tasa legal de consumo de
alcohol."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, Sonia Ferrer Tesoro y Pablo Bellido Acevedo,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
reforzar el compromiso con y por la Educación Vial, para su debate en la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La siniestralidad es la principal causa de mortalidad entre jóvenes en
todo el mundo, con una mayor proporción entre los que tienen entre 18 y
24 años.
Los poderes públicos tienen la obligación de instrumentar y poner al
alcance de todos, especialmente de los jóvenes, todas las medidas que
sean necesarias para evitar que se mantengan estas cifras tan
preocupantes.
Una buena manera de conseguirlo es educando en el ámbito de la seguridad
vial a lo largo de todo el ciclo vital y especialmente en la edad
temprana. Porque aprender buenos hábitos de seguridad vial a una edad
temprana es vital para concienciar y prevenir accidentes presentes y
futuros.
La información, formación y Educación Vial han de considerarse como un
proceso educativo integral y permanente que tiene como propósito formar a
las personas para el uso adecuado, responsable y solidario del espacio
público.
El 11 de diciembre de 2017 se celebró, en el Congreso de los Diputados, la
primera reunión del Foro Compromiso por la Educación Vial, un foro
compuesto por un grupo de entidades comprometidas con la seguridad vial y
que tienen entre sus objetivos la defensa y la promoción de la educación
vial a lo largo de todo el ciclo vital del individuo.
El Foro Compromiso por la Educación Vial reflexionó sobre la normativa
relativa a la seguridad vial, la educación vial, la reducción de las
cifras de siniestralidad y la mejora de la movilidad en España
concluyendo con una serie de propuestas, dirigidas para su consideración,
tanto al poder ejecutivo como al legislativo de nuestro país.
Conscientes de la relevancia de las conclusiones del Foro para el interés
general de la ciudadanía y teniendo en consideración las distintas
resoluciones de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
en la XII Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular mediante esta
proposición eleva para su consideración las conclusiones del Foro
Compromiso por la Educación Vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados atendiendo a la obligación de los poderes
públicos de establecer y poner en marcha los mecanismos necesarios y de
poner al alcance de la sociedad española las medidas para la reducción de
la siniestralidad vial entiende que la educación vial a lo largo del
ciclo vital constituye uno de los elementos fundamentales para generar
conciencia social sobre esta lacra social.
2. El Congreso de los Diputados considerando que la educación vial y la
promoción de la salud se ha de seguir contemplando en la normativa
educativa que surja del Pacto de Estado Social y Político por la
Educación que se alcanzará, según el compromiso de los distintos Grupos
Parlamentarios, en la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de
Educación y Deporte del Congreso de los Diputados; hace suyas las
conclusiones del l Foro Compromiso por la Educación Vial e insta al
Gobierno a:
a) Enmarcar la Educación Vial como un principio esencial para la seguridad
vial, de carácter universal, permanente y transversal.
b) Impulsar, en coordinación con las administraciones públicas
competentes, la presencia de la Educación vial a lo largo del currículo
escolar. Con los objetivos y competencias de movilidad y seguridad
adaptados a cada grupo de edad, así como los determinados factores de
riesgo que influyen en el proceso del siniestro vial. Potenciando la
transversalidad también entre Administraciones y las Organizaciones de la
sociedad civil.
c) Contextualizar la educación vial en valores sociales, comunitarios,
medioambientales y no solo en la norma circulatoria. En la normativa de
tráfico, la educación vial debe tener un espacio propio.
d) Promover y mejorar, en coordinación con las administraciones públicas
competentes, la formación en educación vial del profesorado que forma
parte de la comunidad educativa para la consecución de los objetivos
planteados en los diferentes cursos escolares incorporando la educación
vial a los programas formativos y grados de magisterio.
e) Potenciar la formación y reciclaje de los educadores en seguridad vial
en los centros educativos e instalaciones habilitadas al efecto como los
Parques Infantiles de Tráfico, en coordinación con las administraciones
públicas competentes.
f) Potenciar la co-participación y cooperación en la enseñanza de la
Educación Vial en el contexto educativo entre administraciones públicas,
instituciones y organizaciones relacionadas con esta disciplina.
g) Impulsar la cooperación y la coordinación de las Comisiones de
Seguridad Vial y de las Subcomisiones de Educación Vial de las Juntas
Provinciales de Tráfico con las Policías Locales de los respectivos
ayuntamientos y con las distintas organizaciones que trabajan la
educación vial.
h) Continuar mejorando la Movilidad y la Seguridad Vial en los
desplazamientos a los centros escolares y su entorno."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Rafael Antonio
Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un plan nacional
de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos, para su
debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo
de alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las
edades y ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los
niños. Según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
(EAACI), más del 30% de los menores en España sufren algún tipo de
alergia, siendo las alimentarias, una parte importante de esta patología.
La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas
graves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20%
de ellas suceden en centros escolares y otros centros donde se realizan
actividades extraescolares que cuentan con comedores colectivos. En
muchas ocasiones, son estos establecimientos donde se produce por primera
vez una manifestación de la alergia alimentaria en los niños.
Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con
riesgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y la
ausencia de protocolos de actuación, generan una gran incertidumbre,
preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede
desencadenar una reacción adversa si se contacta con el alérgeno causal.
Dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no
demorar el tratamiento con los dispositivos de adrenalina autoinyectable,
ya que puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una
reacción grave con riesgo de muerte.
Y es que, las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de
quienes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en
cuestión de pocos minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una
ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud. Hay que
recordar que se han producido casos mortales que se podrían haber
evitado. Para ello, se deben aplicar todas las medidas de prevención
necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se
produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia
fuera de un centro sanitario, administrar una dosis de adrenalina por
medio de una inyección intramuscular.
La adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros
auxilios que no requiere conocimientos médicos para su administración,
pues su presentación en autoinyector está diseñada para ser utilizada por
personal no sanitario. Como recuerda la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC), las personas con alergias graves deben
tener acceso inmediato a la adrenalina en todo momento, ya que este
tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado se recupere
de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible. Hay que ser
consciente de que, una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un
niño y su administración no produce ningún efecto secundario adverso de
relevancia.
Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades
legales de profesores y monitores para administrar medicación en la
escuela y otros centros y la necesidad de prestar una serie de cuidados
específicos. Con las regulaciones actuales, los profesores y monitores no
tienen deberes específicos en términos de protección de la salud del
niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad particular, más allá
de la de cualquier persona que por casualidad esté presente cuando un
niño necesita ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal,
establece como delito el incumplimiento de la obligación de todos los
ciudadanos, de socorrer a una persona que se halle desamparada y en
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni
terceros. Igualmente, el artículo 20 indica que están exentos de
responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.
Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña "Un colegio, un botiquín, una
adrenalina" para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos
autoinyectores de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que
señalar que dado el ritmo de vida
de la sociedad actual, los niños no solo desarrollan sus actividades fuera
de casa en los centros escolares, sino que cada vez más, pasan gran parte
de su tiempo en centros, tales como granjas escuela, campamentos y otro
tipo de instalaciones donde desarrollan actividades extraescolares y que
cuentan con servicio de comidas. A esto hay que añadir que según las
estadísticas, estas actividades al salirse de la rutina escolar, son las
de riesgo más elevado para los niños que sufren de alergias, por lo que
deberían tener una supervisión especial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a trasladar
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y trabajar
junto a los ejecutivos autonómicos, profesionales sanitarios y sociedades
científicas la creación de un plan nacional de prevención de reacciones
anafilácticas en centros educativos, facilitando la existencia de los
inyectables y aumentando los conocimientos para su uso en los centros
educativos. Este plan nacional deberá:
a) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en los
botiquines de los centros educativos.
b) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple
la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones
anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Francisco Igea
Arisqueta, Marta Martín Llaguno y María Virginia Millán Salmerón,
Diputados.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/003103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre seguridad infantil en el transporte escolar,
para su debate en la Comisión de Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Los accidentes muchas veces son inevitables, pero los daños que se
producen sí pueden disminuirse, sobre todo, si se pueden evitar los
enormes riesgos que existen en carretera por el hecho de no emplear
sistemas de seguridad específicos para los menores. A diferencia de los
automóviles, en los autobuses, los mismos menores, por las mismas
carreteras, a las mismas velocidades y con los mismos riesgos viajan a
diario sin ninguna seguridad o con cinturones ideados para adultos que en
ocasiones son incluso más peligrosos.
Según diversos estudios el uso de un sistema de seguridad en autobuses
reduciría las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o
vuelco. Un menor sin ningún tipo de retención, multiplica por 5 las
posibilidades de sufrir lesiones mortales. 9 de cada 10 lesiones
infantiles, graves o mortales, podrían haberse evitado utilizando este
tipo de dispositivo.
Estamos de acuerdo en la necesidad de que la DGT regule sobre los sistemas
de seguridad infantil en los autobuses, y sobre todo en los autobuses de
transporte escolar ya que el uso de los sistemas de retención infantil
evita la inmensa mayoría de las muertes y lesiones graves en los niños.
Es necesario crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial,
pues entre todos podemos ayudar a reducir la siniestralidad infantil.
Hoy no es obligatorio llevar cinturones de seguridad, sino en modelos
fabricados después de 2007, aunque el empresario puede instalarlos si los
autobuses son más antiguos.
Actualmente continúan circulando, en vías urbanas e interurbanas,
autobuses escolares y de transporte de menores matriculados y homologados
hace más de diez años (fundamentalmente entre 2001 y 2006) que no
disponen de cinturones de seguridad ni de sistema de retención infantil
alguno, un 40% de los autobuses, lo que plantea un problema de seguridad
para los menores y de lógica preocupación para los padres.
El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, establece las condiciones de
seguridad en el transporte escolar y de menores, por ello consideramos
muy importante que el padre o el tutor las conozcan y exijan su
cumplimiento. Según datos de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil denunció entre 2012 y 2015 a 11.957 transportes escolares
de los 24.078 sometidos a control: no disponer de la autorización
especial para realizar transporte escolar, deficiencias en las puertas de
servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento son
los principales problemas detectados en los autocares que se dedican al
transporte escolar.
El año 2023 es una fecha demasiado lejana en el tiempo para que el uso del
cinturón de seguridad en los autobuses escolares sea obligatorio ya que
la seguridad de los menores no puede esperar tanto.
Además estamos conociendo múltiples casos de conductores de transporte
escolar que han sido detenidos por sobrepasar la tasa de alcohol
permitida, lo cual incrementa más si cabe el riesgo de sufrir un
accidente. Es por ello que estos conductores deberían estar sometidos a
más controles de alcohol y drogas, estudiando incluso implantar algún
sistema en los vehículos que impida su arranque si el conductor sobrepasa
la tasa legal de consumo de alcohol.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus
competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las
Comunidades Autónomas, a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Modificar el Reglamento General de Circulación para impedir que por
nuestra red viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda
trasladar a menores sin ningún sistema de retención infantil homologado
en aras a proteger la vida y la integridad física de los menores usuarios
de este tipo de transporte.
- Incluir en el nuevo Reglamento de Circulación la obligatoriedad de
implantar en los vehículos de transporte escolar sistemas que impidan
arrancar el vehículo si el conductor supera la tasa legal de consumo de
alcohol."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.-Victoria
Begoña Tundidor Moreno, Sonia Ferrer Tesoro y Pablo Bellido Acevedo,
Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/000814
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
¿Por qué, y con qué finalidad, ha dictado el Secretario de Estado de
Seguridad una Instrucción en el año 2018 para la creación del Centro
Nacional de Desaparecidos si el Ministro del Interior y el Gobierno
afirmaban que ya estaba creado en 2017 y puesto en marcha el 28 de junio
de ese mismo año? ¿Conocía el Secretario de Estado de Seguridad, de quién
ha dependido siempre el proyecto del Centro Nacional de Desaparecidos, en
qué situación jurídica y administrativa se encontraba el Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000815
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
En respuesta parlamentaria por escrito a las iniciativas presentadas con
número de la 184/16462 a la 184/16467, se afirmó a esta Diputada que el
Centro Nacional de Desaparecidos fue creado a principios de 2017.
Ha sido, sin embargo, el pasado 5 de febrero de 2018, cuando el Secretario
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Sr. Nieto
Ballesteros, ha dictado la Instrucción núm. 2/2018 de la Secretaria de
Estado de Seguridad, por la que se crea el Centro Nacional de
Desaparecidos.
¿Quién es el responsable del Ministerio del Interior que autorizó que se
respondiera a esta Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, en
respuesta parlamentaria escrita a propósito del Centro Nacional de
Desaparecidos, diciendo que "la creación del centro tuvo lugar a
principios de 2017"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000816
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
El pasado 5 de febrero de 2018, el Secretario de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior, Sr. Nieto Ballesteros, ha dictado la Instrucción
núm. 2/2018 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se crea
el Centro Nacional de Desaparecidos.
¿Cuáles son los informes técnicos o de cualquier otro tipo que han
justificado la necesidad de dictar la Instrucción núm. 2/2018 de la
Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se crea el Centro Nacional
de Desaparecidos? ¿Quiénes son sus autores? ¿Cuál es su contenido
literal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
El Subsecretario del Ministerio del Interior, Sr. Aguilera Ruiz, en su
comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el
pasado 30 de noviembre de 2017, afirmó que el Centro Nacional de
Desaparecidos "es una unidad operativa, lo que pasa es que no tiene una
estructura orgánica autónoma", "es una unidad administrativa que depende
del gabinete de coordinación y estudios".
La Instrucción núm. 2/2018 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la
que se crea el Centro Nacional de Desaparecidos lo califica de "órgano de
gestión centralizada".
¿Qué razones han aconsejado adoptar esta nueva denominación? ¿Qué va a
aportar al funcionamiento del Centro Nacional de Desaparecidos? ¿En qué
va a afectar este tipo de naturaleza administrativa a su funcionamiento y
a qué responde su calificación de "órgano de gestión centralizada"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000818
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿Conlleva la Instrucción núm. 2/2018 de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se crea el Centro Nacional de Desaparecidos la
disponibilidad de una dotación económica específica o alguna partida
presupuestaria en 2018 a favor del Centro Nacional de Desaparecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000819
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿Dónde está físicamente ubicado el Centro Nacional de Desaparecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿Quién es el Director del Centro Nacional de Desaparecidos, quién procedió
a su nombramiento y mediante qué instrumento? ¿Tiene dedicación exclusiva
a la función de dirección del Centro Nacional de Desaparecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000821
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿En qué fecha se va a disponer del nuevo desarrollo de la aplicación
informática de la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos
Humanos sin Identificar (PDyRH)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000822
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿De qué medios humanos y materiales dispone actualmente el Centro Nacional
de Desaparecidos? ¿Cuál es la previsión que se tiene de estos medios a
corto plazo para el Servicio de Atención Ciudadana y Formación del Centro
Nacional de Desaparecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000823
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
¿De qué medios humanos y materiales dispone actualmente y qué previsión se
tiene a corto plazo para el Servicio de Normativa y estudios del Centro
Nacional de Desaparecidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000824
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿Qué previsión tiene la Secretaria de Estado de Seguridad, a través del
Servicio de normativa y estudios del Centro Nacional de Desaparecidos,
para la elaboración de protocolos de actuación, nuevas Instrucciones y
nuevas iniciativas o modificaciones legislativas de cara a mejorar la
resolución de casos de desaparecidos en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000825
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
La Secretaria de Estado de Seguridad ha dictado la Instrucción núm. 2/2018
por la que se crea el Centro Nacional de Desaparecidos en fecha 5 de
febrero de 2018.
¿Va a cumplir el Gobierno con la Proposición no de Ley sobre la puesta en
marcha y plan de acción del nuevo Centro Nacional de Desaparecidos,
aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 19
de octubre de 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
181/000826
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Ana María Botella Gómez
Texto:
¿Va a disponer el Centro Nacional de Desaparecidos de un espacio
específico en la web del Ministerio del Interior, va a disponer de una
web propia o no va a disponer de ninguna información en web como hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ana María
Botella Gómez, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Texto:
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el periodo 2014-2017.
¿En cuántos casos decidió la Audiencia Nacional, en el periodo 2014-2017,
que el expediente sancionador había caducado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
181/000838
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Texto:
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el período 2014-2017.
¿Cuántas de estas 272 sanciones han sido estimadas o parcialmente
estimadas a favor de los demandantes por la Audiencia Nacional y/o el
Tribunal Supremo, en el periodo 2014- 2017? ¿Cuáles han sido las
principales causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
181/000839
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Texto:
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el periodo 2014-2017.
¿Cuántas reducciones o minoraciones de multa ha tenido que realizar la
CNMC? ¿Cuál es el importe total de minoraciones de multas sentenciado
para la CNMC para cada uno de los años de 2014 a 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
181/000840
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Texto:
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el periodo 2014-2017.
¿Cuántas de estas 272 sanciones se han resuelto por los tribunales de
Justicia, bien por la Audiencia Nacional o por el Tribunal Supremo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
181/000841
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Texto:
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el periodo 2014-2017.
¿Cuántas de estas 272 sanciones han sido recurridas por los afectados,
desagregados los datos para los años 2014, 2015, 2016 y 2017?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
181/000842
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Industria y
Competitividad
Diputados don Pedro Saura García y doña Ana María Botella Gómez
Según información de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, el número de multas impuestas por la CNMC desde su creación
hasta el 30 de abril de 2017 asciende a un total de 272 sanciones, para
el periodo 2014-2017.
¿Cuántos de estos recursos están activos actualmente, con datos
desagregados por años de origen del recurso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2018.-Pedro Saura
García y Ana María Botella Gómez, Diputados.
Comisión de Fomento
181/000813
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez
Texto:
Considerando la elevada densidad de tráfico que soporta la N-120 a la
altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, que además comparte
accesos con una zona industrial y con una de las localidades con mayor
densidad de población de la provincia de León, siendo igualmente punto de
entrada a la propia capital de la provincia y su alfoz.
¿Entre las medidas previstas para favorecer el acceso a este enclave
logístico, favorecer la fluidez del tráfico y la seguridad en este punto
de N-120 que actualmente se encuentra regulado por semáforos, se
contempla la construcción de una rotonda anunciada en marzo de 2015 tanto
por el Ministerio de Fomento como por el entonces regidor del
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-María Aurora
Flórez Rodríguez, Diputada.
181/000827
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Cómo está incidiendo el Ministerio de Fomento en la agenda social de la
Comisaría de Transporte en la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Qué posición mantiene el Gobierno frente a la "euroviñeta"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000829
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Cómo está afectando el Real Decreto de Desindexación de la economía
española a los contratos de obligación de servicio público (OSP) de
transporte que contemplan plazos de larga duración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000830
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Cuál es la situación concursal del transporte de viajeros por carretera
en el momento actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000831
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Tiene intención el Gobierno de trasladar al ordenamiento español el
Cuarto Paquete Ferroviario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Se adecua el vigente sistema de aprobación de cánones ferroviarios a la
realidad del mercado ferroviario español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000833
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Qué valoración le merece al Ministerio de Fomento su actual planificación
de infraestructuras ferroviarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000834
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio de Fomento no ha
publicado a día de hoy la estrategia indicativa del desarrollo,
mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General destinada a
satisfacer las necesidades futuras de movilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
Recientemente se ha inaugurado la extensión del AVE entre Valencia y
Castellón. ¿Considera el Ministerio de Fomento que la inversión realizada
da respuesta a los parámetros que definen la Alta Velocidad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000836
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Considera el Ministerio de Fomento que el borrador del ROTT, que en la
actualidad se tramita en ese departamento ministerial, da respuesta a los
retos del transporte por carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000844
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jesús María Fernández Díaz
Texto:
El Ministro de la Serna ha anunciado con motivo de la última reunión del
Comité de Seguimiento del Corredor Navarro de Alta Velocidad el
compromiso de adjudicar en el presente mes de marzo el estudio
informativo del tramo Zaragoza-Castejón. Por el interés que tiene para
toda la Ribera de Navarra la utilización de esta infraestructura tanto en
su uso de pasajeros como de mercancías.
¿Contempla el Gobierno la conexión del Corredor ferroviario de alta
velocidad con el puerto seco y parque logístico de Tudela?
¿Prevé el Gobierno el emplazamiento de la estación de pasajeros en el
término de Tudela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2018.-Jesús María
Fernández Díaz, Diputado.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
Texto:
¿Cuáles son las previsiones para la entrada en servicio de los nuevos
tramos Valencia-Xátiva y Xátiva-Nudo de La Encina del Corredor
Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.
181/000847
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo y Diputada doña María
Dolores Galovart Carrera
Texto:
¿Entiende el Gobierno que se forzó la inauguración de las obras como
estrategia para que AUDASA pudiera proceder antes de tiempo a la subida
extraordinaria de los peajes? De ser así, ¿Qué actuaciones piensa llevar
a cabo el Gobierno contra la concesionaria AUDASA y a favor de los
usuarios de la autopista AP-9? De no ser así, ¿Qué argumentos ofrece el
Gobierno ante la situación generada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.
181/000848
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo y Diputada doña María
Dolores Galovart Carrera
Texto:
¿Considera el Gobierno ético y legítimo que AUDASA, la concesionaria de la
autopista AP¬9, pueda seguir cobrando el peaje en el Puente de Rande,
cuando las obras que está realizando sobre el tablero original de dicho
puente está provocando grandes atascos en los accesos al viaducto, con
las incomodidades y retrasos horarios que tal situación provoca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2018.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre noticias relativas a la próxima
renovación de cargos en Enagás.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al señor
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta
las siguientes preguntas relativas a las noticias relativas a la próxima
renovación de cargos en Enagás, dirigidas al Gobierno para las que se
solicita respuesta escrita.
En las últimas décadas la impronta de antiguos diputados o altos cargos
políticos se ha dejado sentir en los Consejos de Administración de las
empresas con mayores beneficios de España, pero este tipo de relación ha
tenido una especial incidencia en las empresas energéticas. Por ellas han
pasado varios expresidentes del Gobierno, a saber, Felipe González en Gas
Natural y José María Aznar en Endesa. Así también, varios ministros como
Elena Salgado en la filial chilena de Endesa, Ángel Acebes en lberdrola,
Josep Borrell en Abengoa.
Así pues, hemos tenido en numerosas ocasiones un "puente aéreo" entre el
ejecutivo y el legislador, y el legislado. A este tipo de conflictos de
intereses entre la gestión de la administración pública, orientadora de
la planificación de los programas sectoriales, y la participación de
referentes políticos con sus evidentes ligámenes en estructuras de
intereses de carácter corporativo, se les ha dado en llamar
coloquialmente como "puertas giratorias".
En este sentido, la sociedad anónima Enagás, de la cual la SEPI posee
alrededor de un cinco por ciento de su accionariado y control de la
misma, prevé renovar en su próxima Junta de Accionistas que se celebraría
el próximo mes de marzo a cuatro de los consejeros de la empresa,
nombrados en la primera legislatura de Mariano Rajoy. Según se han hecho
eco diferentes medios, en el orden del día remitido a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores se ha propuesto renovar en el cargo por
un plazo de cuatro años (hasta 2022) al antiguo eurodiputado del PP,
Marcelino Oreja; a las exministras de José María Aznar, Isabel Tocino y
Ana Palacio; y al expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández
Mancha.
Del mismo modo, se propondría el nombramiento como consejero independiente
de Ignacio Grangel, abogado del Estado y jefe de gabinete del Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda, en sus tiempos de
Secretario de Estado de Energía. Ignacio Grangel, cubriría la vacante de
Luis
Valero Artola, antiguo Secretario general de Industria con el también
exministro del ramo, José Manuel Soria.
Por todo ello se pregunta
¿Para su Gobierno es deseable que los máximos representantes de los
partidos políticos pasen a ejercer como profesionales en empresas con
actividad en sectores estratégicos de nuestra economía? En caso
afirmativo y a tenor de lo dicho por el exministro Solbes, ¿considera su
Gobierno que si las puertas giratorias no existieran sería una desgracia?
En los casos en los que no ha quedado acreditado un conocimiento
específico sobre la actividad mercantil de la empresa de referencia, y si
el interés de las empresas por incorporar a dichos políticos a sus
Consejos de Administración fuera únicamente incorporarles a sus grupos de
presión, ¿es en opinión de su Gobierno una conducta que merece una
regulación más exhaustiva?
¿Ha tenido el Ministro de Energía reuniones recientes con al antiguo
eurodiputado del PP, Marcelino Oreja o las exministras Isabel Tocino y
Ana Palacio? En caso afirmativo, ¿sobre qué temática versaron dichas
reuniones?
De ser cierto la propuesta de nombramiento como consejero de Enagás de
Ignacio Grangel, abogado del Estado y jefe de gabinete del Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda, en sus tiempos de
Secretario de Estado de Energía. ¿Tenía el Ministro constancia de dicha
propuesta? ¿ha mantenido contactos con los representantes de Enagás en
este sentido?
A la vista de los resultados en el mercado gasista, ¿considera el Gobierno
que fue un acierto la creación en 1994 de un monopolio privado del gas al
vender Enagás a Gas Natural sin concurso y a puerta cerrada? ¿De la
información a su disposición el valor de venta se ajustó al precio real
de la compañía?
Siendo España el Estado Europeo con un mayor encarecimiento del gas para
consumidores domésticos desde el 2010, ¿considera que el mercado gasista
en España funciona correctamente? En caso afirmativo, ¿por qué razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-Josep Vendrell
Gardeñes, Diputado.
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