DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 119, de 15/02/2017
cve: DSCD-12-CO-119
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 119
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES
Sesión núm.5
celebrada el miércoles,
15 de febrero de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la
investigación realizada por la Comisión Europea. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000222) ... (Página2)
- Relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de
derechos laborales del personal interino de la Administración Pública.
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000862) ... (Página6)
- Relativa a la reinversión del superávit municipal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001058) ... (Página12)
- Sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea referente a devolución de las ayudas fiscales a empresas
españolas para la compra de empresas extranjeras. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001131)
... (Página18)
- Relativa a la financiación de la Iglesia católica. Presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/001186) ... (Página23)
- Relativa a la modificación de la Ley General de Subvenciones para
impedir que personas o entidades condenadas por delitos castigados con
penas graves o por
responsabilidad civil por dolo o negligencia grave puedan obtener la
condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones.
Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
161/001189) ... (Página28)
Solicitud de creación de subcomisión:
- Sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y
lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000005) ... (Página31)
Se abre la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión.
Ha habido propuestas, incluso alguna pregunta, respecto de si aplazábamos
un poco la Comisión hasta después de comer, pero creo que precisamente
debemos aprovechar este tiempo y si alguno de los miembros tiene que
salir en algún momento, puede jugar con los tiempos que tenemos entre un
punto y otro.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A RECLAMAR LOS IMPUESTOS NO PAGADOS POR APPLE A RAÍZ DE LA
INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000222).
El señor PRESIDENTE: Empezamos el debate y votación de los puntos del
orden del día. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a
reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación
realizada por la Comisión Europea. La presenta el Grupo Parlamentario
Mixto y en nombre del mismo tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, señor presidente.
Lo que venimos a plantear es una cuestión que podría calificarse de
sentido común -haciendo la gracia a una serie de partidos- pero creemos
que tiene una gran profundidad dado el actual estado de nuestro sistema
fiscal y las amenazas que se ciernen sobre él. A nadie se le escapa que
actualmente estamos viviendo una realidad donde existen amenazas que se
materializan en una suerte de crisis fiscal del Estado que debemos
acometer. En este sentido creemos que el anuncio que hizo la Comisión
Europea el 30 de agosto pone de relieve esta amenaza. Simplemente pedimos
algo que ya están pidiendo otros Estados, que es reclamar a Apple que
pague lo que realmente debería haber pagado. Y espero que esto pueda
aprobarse por unanimidad porque no se entendería que el Gobierno hubiera
pedido, por calificarlo de una manera suave, un esfuerzo fiscal a miles y
miles de ciudadanos y no hiciésemos lo mismo con aquellas empresas que
tienen la capacidad para, con esta suerte de ingeniería fiscal, salirse
de rositas y no pagar impuestos. Nadie entendería que como mínimo no
hubiese un pronunciamiento de toda esta Comisión para pedir lo que, por
otra parte, es simplemente una cuestión de justicia fiscal y de justicia
social.
Anuncio ya que aceptamos las enmiendas que han planteado el Grupo
Ciudadanos y el Grupo Socialista en aras de que haya un acuerdo unánime
de esta Comisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candela.
El orden -no lo he dicho al principio- va a ser el habitual; es decir,
intervendrán primero, por orden de menor a mayor, los grupos que hayan
presentado enmiendas y después, de menor a mayor, el resto de los grupos
para fijar posición.
En nombre del grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a
todos.
Hemos presentado la enmienda por una cuestión técnica, pero estamos muy de
acuerdo con el planteamiento; es decir, Apple debe pagar los impuestos,
como todos los demás, donde se generan los beneficios, y no muy poco y
solamente en Irlanda. En primer lugar, la cuestión técnica. La
recuperación de ayudas del Estado le corresponde al país donde tributó
originariamente Apple, que es Irlanda. La
Comisión Europea ha hecho una oferta para que los diversos Estados
miembros hagan tributar a esta compañía por los impuestos no pagados, y
esto lo tienen que hacer antes del plazo de prescripción. Italia ya lo ha
hecho. El 1 de septiembre pregunté al señor Montoro, al Gobierno, si esto
estaba hecho, y tengo que agradecer al señor Candela su iniciativa porque
ha conseguido que ayer me llegase la respuesta del Gobierno. En la
repuesta del Gobierno parece que se dice que no se ha hecho. Me contesta
en este punto el ministro solo que tiene contactos regulares con las
instituciones comunitarias, mientras que hay países como Italia que han
afirmado públicamente que han pedido esta información a la Comisión y han
empezado a inspeccionar. El segundo punto, aparte de la cuestión
particular de Apple, es la inspección de otras empresas, varias de ellas
multinacionales tecnológicas, que están en situación parecida. Yo
pregunté si la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional estaba
inspeccionando a estas empresas y cuántas de ellas eran multinacionales
tecnológicas, y tampoco me dice cuántas empresas se han inspeccionado. Es
decir, el Gobierno parece que se está llenando la boca diciendo que va a
perseguir a las grandes multinacionales, a las grandes fortunas, y a la
hora de la verdad cuando esta Cámara pide al ministro que recupere el
dinero perdonado ilegalmente con la amnistía fiscal no lo hace o cuando
se pide que se investiguen casos claros y evidentes de no haber tributado
grandes multinacionales que han pagado menos del 0,1 % tampoco se acude a
los instrumentos que se tienen de cooperación multilateral. En este
sentido, más allá del aspecto técnico que compartimos plenamente, desde
el día 1 de septiembre estuvimos preguntando por esta cuestión al
Gobierno, incluso publiqué un artículo en El Economista, titulado De
manzanas, impuestos y democracia. Hay que recordar que los parlamentos
nacieron precisamente para utilizar los impuestos, que no existe nada más
injusto que los que tienen más capacidad económica, y Apple es la
compañía que más dinero gana del mundo, no paguen los impuestos, y que no
los paguen donde se generan. Es una cuestión fundamental, y no solo desde
el punto de vista fiscal sino para volver a creer en el proyecto europeo,
que las grandes multinacionales que operan en Europa paguen impuestos,
porque pagar menos del 0,1 % no es pagar impuestos. Repito que Apple es
la compañía que más dinero gana en el mundo. Nos parece muy positiva la
iniciativa y agradecemos al grupo proponente que nos acepte la enmienda y
especialmente la presentación de la iniciativa. Votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, el señor López Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, presidente.
Señorías, la iniciativa de Compromís viene a poner sobre la mesa de nuevo
una cuestión que ya se abordó en esta Comisión, creo recordar que el
pasado mes de octubre cuando se aprobó una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista en la que, entre otros puntos, se instaba
al Gobierno de España a calcular los impuestos que Apple pudiera haber
dejado de pagar en España en 2003 y a iniciar las acciones oportunas para
recuperarlos en cuanto fuera legalmente posible. También a analizar los
casos en los que se puedan haber producido circunstancias similares y se
instaba también al Gobierno a recurrir a la Unión Europea para que abra
las diligencias pertinentes. Son peticiones parecidas a las que recoge la
propuesta de Compromís y, en consecuencia, el Grupo Socialista va a
apoyar esta propuesta. Es más, pensamos que el debate de esta iniciativa
puede servir para recordar al Gobierno la necesidad de actuar, pues
parece no haber hecho nada desde entonces, como se ve por la respuesta
que ha recibido el portavoz de Ciudadanos y que pone de manifiesto.
Por este motivo, mi grupo presenta dos enmiendas, en una de ellas que
espero que el señor Candela acepte, como parece que va a ser, por la que
se requiere al Gobierno a que dé cuenta a esta Cámara de las actuaciones
realizadas al respecto, en el plazo máximo de dos meses desde la
previsible aprobación de esta iniciativa. Como ya se ha explicado, a
finales del mes de agosto la Comisión Europea concluyó que el Gobierno de
la República de Irlanda debía reclamar 13.000 millones de euros más
intereses a la compañía Apple por el impuesto de sociedades de los
ejercicios 2003 a 2014. La exigencia de esta reclamación se fundamenta en
que Apple habría disfrutado durante el citado periodo de unos beneficios
fiscales indebidos, que constituirían una ayuda del Estado ilegal, según
la normativa europea de la competencia. Estos beneficios fiscales
indebidos permitían que solo una parte de los beneficios que la empresa
obtenía en Irlanda quedasen localizados en este país. El resto se
localizaba en unas oficinas centrales sin sede, empleados o domicilio en
país alguno. La Comisaría de la Competencia ha dictaminado que esta
fórmula de localización de beneficios no tiene ninguna justificación
económica. De modo que esos beneficios fiscales, derivados de los
acuerdos citados, han producido una ventaja comparativa
asimétrica, porque otras empresas que operan en Irlanda no se han podido
beneficiar de ellos. Esto es lo que ha llevado a concluir que los
beneficios fiscales disfrutados por Apple constituyen una ayuda de Estado
que las autoridades de Irlanda deben reclamar.
Además, añade la Comisión Europea que como Apple factura todas las ventas
del mercado único europeo en Irlanda y no donde los productos se venden,
si otros Estados miembros quieren reclamar a Apple que pague los
impuestos debidos en cada uno de ellos por las ventas que se han
producido en los mismos, están en su derecho de hacerlo por ese mismo
período y teniendo en cuenta sus normativas fiscales nacionales. Es
decir, que de acuerdo con la Comisión Europea, esos 13.000 millones de
euros, en realidad son ingresos fiscales que han perdido todos los
Estados europeos en los que Apple comercializa sus productos desde
Irlanda. Es verdad que la decisión de la que hablamos ha sido recurrida
por el Gobierno de Irlanda, ha sido recurrida por Apple, pero es una
decisión que está alimentando algunos debates que ya son muy antiguos.
Por ejemplo, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de armonizar las
normas fiscales europeas, con el objetivo de impedir que haya Estados
miembros, en este caso Irlanda, que puedan jugar a rebajar impuestos a
las grandes corporaciones para orientar sus decisiones de localización,
conformándose con las migajas que obtiene estableciendo tipos bajos,
mientras privan de ingresos tributarios a otros Estados y favorecen una
competencia a la baja que solo beneficia, en último término, a las
grandes multinacionales.
La actuación de la Comisaría de la Competencia, aunque pueda servir para
atenuar el daño causado, no resuelve el problema de fondo, que es la
falta de armonización del impuesto de sociedades. Este objetivo no debe
lograrse, como ha ocurrido ahora, a base de recurrir a las reglas de la
competencia, que no son el instrumento adecuado, sino a través de una
adecuada coordinación de políticas fiscales en el seno de la Unión
Europea, que minimice esa competencia fiscal desleal estableciendo un
marco legal que evite la inseguridad jurídica en los planes de inversión
a largo plazo de esas mismas multinacionales. De hecho, el pasado mes de
octubre la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva para
armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, un intento que
ya se ha hecho en dos ocasiones, en 2001 y 2011, y que hasta ahora ha
fracasado. Si Bruselas logra, como parece, armonizar el cálculo de la
base imponible, el segundo paso será todavía más complicado porque habría
que aprobar una directiva para que las grandes empresas consolidasen
todos sus resultados.
Por eso y concluyo, señor presidente, el Grupo Socialista considera que el
Gobierno de España tiene que adoptar una actitud mucho más activa en los
foros internacionales, especialmente en el ámbito europeo, que tiene que
liderar un proceso del que solo podemos salir beneficiados como españoles
y como europeos. Este es el sentido de la segunda de nuestras enmiendas y
me alegro de que, como el señor Candela ha anunciado, vaya a ser
aceptada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.
(Pausa). Como no se encuentra en la sala, saltamos su turno y si se
incorpora después intervendrá.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora
Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Esquerra Republicana votará favorablemente la
proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, en este caso por
parte de Compromís. Para nosotros resulta indecente que una empresa como
Apple, que tiene unos beneficios superiores a 50.000 millones de euros
anuales, pague un escaso 1%. Esto es indigno y produce vergüenza, por no
decir otras cosas. No es la única empresa que se beneficia de
bonificaciones fiscales, que obtiene los beneficios en unos Estados y
tiene radicada su sede para la obtención de beneficios fiscales en otro
Estado. Es una práctica habitual que tiene que ver con legislaciones
distintas que buscan que determinadas empresas multinacionales radiquen
sus empresas en los territorios de distintos Estados. Este hecho ha sido
denunciado también en el Parlamento Europeo por Esquerra Republicana a
través del Grupo de Los Verdes, que es donde estamos nosotros ubicados en
el Parlamento Europeo. Es también revelador que empresas como Inditex se
sirvan de esta misma ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos donde
le tocaría. En todo caso, bienvenida la proposición no de ley, que
apuesta por la transparencia fiscal. La tendencia -entendemos que por ahí
va la proposición no de ley- debe ir a la armonización fiscal a nivel
europeo porque si no, nos iremos encontrando de forma sucesiva con
situaciones como las que se denuncian con respecto a la empresa Apple.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve, porque los anteriores portavoces han hecho una descripción del
fenómeno que todos compartimos. Más allá de determinados matices,
consideramos, como mínimo, inmoral, si no directamente ilegítimo, este
tipo de actuaciones. A nuestro juicio, nos encontramos ante un fenómeno,
el de la competencia fiscal, que a la hora de abordarlo parece revelar
cierta hipocresía por parte de quienes construyeron y constituyeron las
instituciones europeas. Dado que la competencia fiscal es intrínseca a un
sistema económico como el capitalismo, ahí no hay queja. Cuando sí hay
queja es cuando se construyen entidades supranacionales, como la Unión
Europea, permitiendo que se globalicen las finanzas y no se globalicen la
política ni los mecanismos de regulación, lo que es un absoluto
sinsentido. Eso lleva, en última instancia, a competir a países como
España con Irlanda, a países como España con Francia o incluso, dentro de
nuestro propio país, a las diferentes comunidades autónomas. Es una falta
de planificación, una falta de construcción de un modelo coherente y más
bien parece reflejar el objetivo original por el que se construyó la
Unión Europea, que no era otro que facilitar el tablero de juego para
maximizar los beneficios de las grandes multinacionales. Por ello, hoy
estamos aquí lamentando algo que fue previsto -no es que fuera un
imprevisto- y se decidió no hacer absolutamente nada. Por eso, cuando la
Unión Europea hace aguas y hace estragos, como está haciendo,
desgraciadamente, a lo largo de toda Europa con el crecimiento de la
extrema derecha, hablamos también de fallas, de errores de la
arquitectura europea. ¿Cómo corregirlos? Es evidente que este fenómeno y
este caso concreto de Apple debería hacernos reflexionar sobre la
necesidad de regular desde el Estado y también desde las entidades
supranacionales. Por ejemplo, la Unión Europea tendría que tener una
mayor información fiscal y financiera de las grandes multinacionales a
efectos de poder detectar este tipo de prácticas y de poder sancionarlas
con el tiempo y la velocidad adecuada, y no esperar que se acumulen los
miles de millones de beneficios en las grandes empresas para que después
los procesos se dilaten. Este dinero no ingresado -tenemos que
recordarlo- podría haberse destinado a la financiación del sistema
social, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y no puede
hacerse por estas fallas.
No obstante, esos acuerdos globales necesitan de una voluntad política
ante la que de momento nosotros nos mantenemos escépticos, porque no
hemos encontrado voluntad política por parte de los dirigentes
internacionales ni de los Gobiernos nacionales para afrontar problemas
como estos. A veces lo hemos citado, al igual que otros grupos
parlamentarios. Nuestro propio país dispone de mecanismos e instituciones
que operan como paraísos fiscales contra otros países. Es el caso de las
ETVE, de las entidades de tenencia de valores extranjeros, que es un
producto que hace que España sea, en términos relativos, un paraíso
fiscal con respecto a otros países. Es decir, España es para otros países
lo que Irlanda es para España en el caso de Apple. Esto es muy grave y
es, sencillamente, el efecto de una suerte de ley de la selva que
nosotros denunciamos. Por eso, vamos a estar siempre a favor de penalizar
este tipo de prácticas, de intentar recuperar el dinero, naturalmente, y
sobre todo de generar un marco en el que no vuelvan a ocurrir. Hemos
hablado del caso de Apple -es un caso concreto-, pero también -lo hemos
dicho- se trata de otras muchas otras grandes multinacionales a las que
hay que ponerles nombre.
Por terminar, y suscribiendo la mayoría de las intervenciones anteriores,
quizá deberíamos también hacer reflexionar al propio Congreso para que,
por ejemplo, con algunas medidas que son quizá más simbólicas que otra
cosa pero que tienen efecto, pudiera retirar la concesión que hace a
Apple en relación con los productos informáticos que da al Congreso de
los Diputados, como ejemplo de no tolerancia de las prácticas que hoy
aquí estamos denunciando. Si no, entraríamos en una contradicción que
entiendo que no sería extraordinariamente grave, aunque es un poco
extraño que estemos en este Congreso denunciando las prácticas de Apple
al mismo tiempo que tenemos dispositivos de Apple pagados por lo público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que queremos decir desde el Grupo Popular es que, en cuanto al
fondo, estamos de acuerdo. Evidentemente, las grandes empresas, las
pequeñas empresas y todo el mundo deben pagar
impuestos y si alguien ha demostrado estar en esta línea ha sido el
Partido Popular por el que, recordemos, en los últimos cuatro años la
Agencia Tributaria ha sacado los mayores resultados de la historia en la
lucha contra el fraude, más de 50.000 millones de euros. No solamente
eso, sino que vamos a votar en el último punto una subcomisión para la
lucha contra el fraude, la armonización y coordinación fiscal europea,
con lo cual creo que estamos todos de acuerdo en que este asunto hay que
trabajarlo.
Decían que era un problema de España. Me gustaría hacerles ver y recordar
que será un problema de todos los países porque este fraude, tal como ha
descubierto la Comisión, afecta al conjunto de los Estados, no solamente
a España. Además, observo en los últimos tiempos aquí, en las comisiones,
que todos jugamos a inspectores y liquidadores porque todos sabemos y
queremos liquidar a Apple, liquidar a un organismo o a cualquier otro. Me
resulta sorprendente porque tenemos un cuerpo de inspectores y creo que
es bastante bueno. Es más, ¿ustedes saben ya lo que ha hecho la Agencia
Tributaria con Apple? Me gustaría que alguno me lo contase porque
nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los datos de la Agencia
Tributaria -así lo recoge el artículo 25-, por el bien de todos nosotros,
son secretos, tienen carácter reservado. Entonces, si alguno de ustedes
conoce lo que ha hecho la Agencia Tributaria con Apple, le aconsejaría
que fuera al juzgado a denunciar a aquella persona que le ha comunicado
esos datos, porque ha vulnerado su deber de secreto que recoge el
Estatuto básico del empleado público en la agencia.
Además, hagamos un pequeño análisis, vamos a ver lo que hace la Agencia
Tributaria. En el plan anual de control tributario hay un apartado
específico para esta cuestión: Prácticas en la elusión fiscal de
multinacionales y empresas con actividad transfronteriza. Específico. Ha
dicho que no hemos hecho nada, seños Garzón; usted hacía referencia a la
Unión Europea. Hay acuerdos en el ámbito de la OCDE firmados en el año
2015; grupo de trabajo de la OCDE en el año 2016; la tax ruling en el
ámbito de la Unión Europea en 2016; tenemos también los inicios de
intercambio de acuerdos previos; la Agencia Tributaria ha creado la ONFI,
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, en el año 2013; además,
tenemos el ataque a la planificación fiscal con ánimo elusorio y los
precios de transferencia. Y no solamente eso, sino que en eso que ustedes
defienden que es la cooperación internacional, dentro del propio plan de
control tributario que viene publicado en el Boletín Oficial del Estado
-que todos podemos leer- viene recogido: Asimismo, en el marco de la
cooperación internacional se impulsará la realización de actuaciones
simultáneas de control. Es decir, entre países, para que esto no se
vuelva a producir, si se ha producido, que veo que ustedes tienen más
información. Desde aquí yo no les animo a ser inspectores de Hacienda, no
les animo a que liquidemos a ninguna empresa, no les animo a que pongamos
vetos a ninguna empresa en cuanto a la contratación de iPad o con Apple
por parte del Congreso, aunque el que lo está diciendo a lo mejor tiene
ese mismo aparato, con lo cual es un poco contradictorio.
Por último, le animo a usted, señor Garzón, que es economista -y nos
brindamos a trabajar con usted-, y a los compañeros de Ciudadanos y del
PSOE a que, como nuestro trabajo es legislar, si usted tiene claro que
hay un agujero, como parece que hay, intentemos tapar todos aquellos
agujeros que la legislación tiene y que ha permitido esta planificación
fiscal que, evidentemente, no tiene un fin bueno para España porque
dejamos de recaudar y, como usted bien dice, dejamos de utilizar esos
recursos para otra cosa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.
Entiendo, por la intervención del señor Candela, que se aceptan las tres
enmiendas. Pasaría a adoptar la forma de una transaccional porque se
altera el orden de los puntos pero, en cualquier caso, se acepta todo el
contenido. Así la votaremos al final.
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA EN MATERIA DE
DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL INTERINO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000862).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al segundo punto: proposición no
de ley relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia
de derechos laborales del personal interino de la Administración pública,
presentada por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Honorato.
Con esta proposición no de ley queríamos llamar la atención respecto a una
cuestión sobre la que las organizaciones sindicales ya han estado
llamando la atención desde hace bastantes años. La sentencia del tribunal
del pasado mes de septiembre pone en evidencia que la Administración
pública abusa del empleo temporal, no cumple además las directivas que
deberíamos cumplir en la normativa interna y precariza, a la postre,
dentro del empleo público, el ejercicio del servicio público. Las cifras
evidencian esta situación: por ejemplo, las cifras de la Seguridad Social
del mes de octubre hablaban de variaciones de hasta 90.000 puestos en
sectores de la Administración pública durante este mes de septiembre.
Además, esto afecta a ámbitos nucleares del Estado del bienestar como
serían la educación o la sanidad, que son, como digo, ámbitos básicos
dentro de nuestro Estado y que no pueden estar sometidos a esta variación
que en muchos casos se acerca de forma peligrosa a otros sectores de la
actividad con este defecto estructural, como puede ser la propia
hostelería. Algunos sindicatos hablan de hasta 300.000 empleados y
empleadas públicas que se encuentran en situación de interinidad.
El Tribunal de Justicia europeo ha venido a decir claramente tres cosas:
en primer lugar, como decía antes, que se está abusando de la
contratación temporal; en segundo lugar, que la ley debe incluir
elementos disuasorios de esta temporalidad para evitarla y, en tercer
lugar, que las funcionarias o los funcionarios interinos que encadenen
fraudulentamente este tipo de contratos deben ser considerados como
trabajadores indefinidos no fijos. Es necesario, por tanto, en primer
lugar, cumplir la sentencia y esta decía que el mero hecho de que un
trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de
interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar
la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por
fin de contrato. Nos parece que es necesario que incluyamos estas
indemnizaciones -lo están diciendo también varias organizaciones
sindicales- en las normativas que regulan el régimen de los empleados
públicos, específicamente en el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado
Público, y que se refiera a todos los empleados públicos que realizan
funciones con este carácter temporal. Pero también nos preocupa, y cuando
tengamos en nuestras manos el presupuesto del Estado estaremos
vigilantes, saber si se han consignado las partidas presupuestarias
correspondientes a estas indemnizaciones, porque hasta ahora las
administraciones públicas no preveían este derecho a indemnización, Nos
parece que, a partir de ahora, en el siguiente presupuesto deberían
consignarse estas indemnizaciones. Lo preguntaremos y estaremos, como
digo, pendientes de ello.
Junto con esta necesidad de adaptar la normativa estatal existente a la
necesidad del derecho de indemnización que reconocen las directivas
europeas y que ha puesto de manifiesto la propia sentencia del tribunal
europeo, nos parece que hay que plantear una medida urgente,
complementaria, porque no es suficiente con la modificación anterior. Es
necesario que se haga un estudio de cuáles son las necesidades reales de
personal, sobre todo teniendo en cuenta la limitación de la tasa de
reposición de efectivos que hemos sufrido en los sucesivos presupuestos
hace ya no pocos años; es necesario que se revierta esta pérdida de
empleo público que, además, es una de las causas principales por las que
se sufre una fuerte interinidad, como se ha puesto de manifiesto a lo
largo de esta exposición. Por tanto, es necesaria una oferta de empleo
público extraordinaria que acabe con la situación de interinidad que
además es objeto de llamada de atención por parte de Europa y que acabe
con la precariedad en la prestación de los servicios públicos. Recordemos
que lo que hay detrás de cada servicio y de cada empleado público es la
calidad de los servicios que reciben nuestros niños y nuestras niñas, los
mayores, es decir, toda la ciudadanía. Por tanto, es imprescindible, como
digo, revertir esta situación de precariedad que conlleva un
empeoramiento en la prestación de los servicios y cubrir todos aquellos
puestos que se han perdido a lo largo de la crisis. Asimismo, nos parece
que hay un problema añadido de envejecimiento de la plantilla pública.
Según datos de los sindicatos, el 63% de la plantilla tiene más de
cincuenta años, con lo cual nos parece urgente abordar la necesaria
oferta de empleo público extraordinaria y revisar la limitación de la
tasa de reposición de efectivos. Eso es lo que planteamos en la
proposición no de ley. Estamos pendientes de revisar las enmiendas que
hemos recibido, tanto del Grupo Socialista como de Ciudadanos, para
comentarlas con el resto de compañeros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Honorato.
Se han presentado tres enmiendas, una por parte de Ciudadanos y dos por
parte del Grupo Socialista. En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Grupo Podemos por traer a
debate una cuestión para nosotros absolutamente central, como es la
cuestión de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre la contratación. En España tenemos un problema -yo diría que es el
elefante en la habitación de nuestros problema laborales-, que es la
dualidad laboral. Tenemos entre 6 y 7 millones de personas que, a pesar
de estar trabajando, a final de año no logran llegar al salario mínimo
interprofesional, porque se pasan el día entrando y saliendo del mercado
laboral. Es la hiperrotación de nuestro mercado de trabajo. Existe, por
tanto, un problema enorme de pobreza laboral que en gran parte se debe a
la pésima regulación que tenemos. Después de Polonia, somos el país con
la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea y creemos que eso
requiere una respuesta global, una respuesta que transforme profundamente
nuestro sistema de relaciones laborales. Como digo, en este sistema hay
una serie de trabajadores que viven en permanente injusticia -en su
mayoría jóvenes, aunque también hay muchos mayores de cincuenta años-,
personas incapaces de acceder a la estabilidad laboral porque se
encuentran con un muro que les impide hacerlo.
Como digo, celebro que Podemos traiga esta iniciativa a la Cámara. De
hecho, las sentencias abren una gigantesca ventana de oportunidad para
implementar una de nuestras propuestas centrales, como es el contrato
único. En esencia la sentencia viene a decir que dos personas con el
mismo trabajo no pueden tener derechos distintos simplemente por el tipo
de contrato que tengan. El caso más evidente es el una trabajadora
pública del Ministerio de Defensa que se pasó doce años en el ministerio
y se fue con una mano delante y otra detrás porque tenía un contrato de
interinidad para cubrir una sustitución y por tanto no recibió ninguna
indemnización. Se trata de una situación profundamente injusta que
creemos que tiene que cambiar.
Por tanto, estamos de acuerdo con los puntos 1 y 2 que propone la ponente
y creemos que está bien que se estudie cómo cumplir estas sentencias. De
hecho, la ministra Báñez puso en marcha un grupo de expertos que,
desgraciadamente, ha fracasado hasta ahora en encontrar una solución, y
sabemos que las soluciones que se han implementado hasta ahora para
reducir la dualidad y los problemas de pobreza laboral que tenemos en
España también han fracasado. Seguimos aumentando cada vez más la
diferencia entre temporales e indefinidos y, en este sentido, nosotros
proponemos acabar con la discriminación de los temporales. Me parece que
está bien estudiar las irregularidades que existen en el ámbito del
sistema público de empleo. Desde luego, tenemos que acabar con la
discriminación y con la injusticia que sufren muchísimos interinos,
particularmente en la sanidad y en la educación, donde más del 10 o del
15% del personal es interino y vive en situación de permanente
precariedad. Por tanto, tenemos que hablar de cómo mejorar esta
situación, pero creemos que es una cuestión más global y que se tiene que
abordar no solamente para el sector público sino como una reforma
realmente ambiciosa de un sistema fracasado de relaciones laborales que
tenemos en este país. Y ya puedo anunciar que en las próximas semanas
Ciudadanos traerá a esta Cámara una propuesta integral -ya que el
Ministerio de Empleo ha sido incapaz de ofrecer una respuesta, a pesar de
que montaron este grupo de expertos- de contrato único, basándose en las
sentencias y en la jurisprudencia que ha resultado de esas sentencias,
para ofrecer una respuesta a largo plazo al problema que tenemos de
dualidad en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos trae una iniciativa para instar
al Gobierno a que dé cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos laborales del
personal interino de las administraciones públicas. Podemos estar de
acuerdo con buena parte de la exposición de motivos de la iniciativa y
con los objetivos que se solicitan. No obstante, nuestro grupo
parlamentario considera necesario hacer algunas precisiones y
ampliaciones. Hemos conocido, a través de los medios de comunicación,
unas primeras conclusiones del grupo de expertos creado por el Gobierno y
los agentes sociales para valorar la traslación a la legislación española
de la sentencia del Tribunal Europeo de 14 de septiembre de 2016, sobre
los contratos interinos en España. Señorías, la mayor parte del grupo de
expertos deja abierta la formulación de su propuesta definitiva para más
adelante, hasta que se vuelvan a pronunciar el Tribunal Supremo y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. Este último
debe responder a una aclaración planteada por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, que entiende que la sentencia del Tribunal Europeo
de 14 de septiembre contiene -y cito
textualmente- ambigüedades, no refleja correctamente la realidad del
ordenamiento jurídico español y no ha dado una respuesta suficientemente
precisa y segura al tema debatido. Actuar de otro modo, anticipando una
propuesta incluso basada en el diálogo social cuando la cuestión aún está
sub iudice -se asegura-, correría el riesgo de provocar decisiones
normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido
en las citadas instancias jurisdiccionales.
Señorías, teniendo estas consideraciones mayoritarias del grupo de
expertos y la certeza de nuevas resoluciones judiciales, resulta cuando
menos precipitado -tal y como pretende la proposición no de ley
presentada- instar ya a una modificación de la legislación para dar
cumplimiento a una sentencia de las que los propios órganos
jurisdiccionales españoles piden aclaraciones. Señorías, ¿esto supone que
no debemos hacer nada al respecto? No, todo lo contrario, debemos
aprovechar esta ocasión para ser ambiciosos e instar a un debate en esta
Cámara sobre el modelo de administración pública y el tipo de empleo
público que necesitamos. Seguramente todos coincidimos en que queremos
una administración pública más moderna y en que es necesario recuperar el
prestigio de la Función pública.
Señorías, en los años de mayoría absoluta, el Gobierno del Partido Popular
ha maltratado a los empleados públicos, ha empeorado sus condiciones
laborales, retributivas y de protección social, e incluso les han
descalificado públicamente. La congelación de las ofertas de empleo
público y la reducción de las plantillas han provocado que las
administraciones tengan hoy 300.000 trabajadores menos, muchos de ellos
en servicios públicos esenciales. La obsesión por la austeridad ha
reducido la eficacia de las políticas públicas al tiempo que los
supuestos ahorros no se han visto por ningún lado. Señorías, con esta
gestión no es de extrañar que, según los datos del propio Gobierno, la
satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos haya caído 20
puntos desde el año 2011. En la Administración descansa la garantía de
los derechos de la ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la
promoción de la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la
cohesión social. No hay política con resultados sin una buena
Administración. Es la Administración la que convierte los compromisos en
realidades, la que transforma proclamaciones en derechos efectivos, la
que empodera a la ciudadanía frente a todos los poderes sociales,
económicos o culturales que comprometen sus derechos. Por tanto,
señorías, conviene establecer una estrategia y un compromiso con
políticas innovadoras de recursos humanos que permitan poner de nuevo en
valor el trabajo de las personas que trabajan en la Función pública con
el fortalecimiento de los servicios públicos frente a la externalización
desaforada de los servicios esenciales, con nuevos modelos organizativos
adaptados a la realidad del Estado autonómico, con políticas de
simplificación e innovación tecnológica, con una apuesta decidida por la
transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Señorías, la
piedra angular de esta estrategia la constituyen los empleados públicos
sin ninguna duda. Por eso, debemos obligar al Gobierno a que recuperen
progresivamente los derechos que han perdido en los últimos años quienes
trabajan en la Función pública. No debemos limitarnos a pedir solo
ofertas de empleo público suficientes y adecuadas a las necesidades de un
Estado social reforzado, asegurando que las tasas de reposición no
menoscaban la calidad de los servicios públicos.
Voy terminando. Señorías, debemos tener un debate sobre cuánto y qué tipo
de empleo público debemos tener y cómo lo seleccionamos. Debemos debatir
sobre qué servicios públicos queremos para garantizar el Estado del
bienestar y cuántos empleados públicos necesitamos. Desde luego, hay que
resolver la situación de los interinos y el empleo temporal de las
administraciones públicas, pero esta solo es una parte de los muchos
problemas que hay que solucionar. Es imprescindible que el Gobierno
recupere de manera permanente el diálogo social en la mesa general de
negociación de las administraciones públicas. Eso no es incompatible con
la labor de este Parlamento; todo lo contrario, debemos ser
complementarios de la negociación colectiva. Por todo ello, proponemos
crear en el seno de la Comisión un grupo para el estudio de la estrategia
en materia de servicios públicos e instar al Gobierno a que elabore, en
el plazo de tres meses, un informe sobre los recursos humanos de las
administraciones públicas, las estructuras administrativas y el modelo de
prestación de servicios públicos. Señorías, no consideramos necesario
instar al Gobierno al cumplimiento de las resoluciones judiciales que hoy
todavía requieren aclaraciones por parte de los órganos que las dictaron
y que desde luego, cuando se produzcan, deben ser cumplidas en toda su
literalidad y de la manera más rápida posible. Aprovechemos la
oportunidad para establecer la estrategia para los próximos años que nos
permita superar y solucionar los problemas del presente, fruto de
políticas del pasado contra los servicios públicos y los empleados
públicos. En ese sentido han ido las enmiendas que hemos propuesto y si
no son aceptadas, este Grupo Parlamentario Socialista también traerá una
iniciativa que vaya en el sentido expuesto en mi intervención.
Hasta ahora no había recordado el tiempo que tenemos porque no había hecho
falta. Ahora sí lo voy a recordar. Son siete minutos para la exposición
de la iniciativa por parte del ponente y cinco -estoy siendo flexible,
lógicamente- para las intervenciones. Ha sobrado siempre tiempo, pero
menciono esto ahora para que no nos desviemos.
Había dicho antes que había una enmienda de Ciudadanos y dos del Partido
Socialista. Hay una de cada uno, pero me había confundido porque me había
referido a la número 2.º
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Adelanto que apoyaremos esta PNL que ha traído el
Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero quería
aprovechar este momento para comentar una cuestión al señor Bravo, si se
me permite, porque se ha tomado la licencia de decirnos qué es lo que no
debemos ser. Yo agradezco que no haya este formalismo disfuncional y
podamos hablar de tu a tú, porque también yo le voy a aconsejar lo que
podría ser. Yo creo que se debería dedicar a la novela fantástica porque
la argumentación que ha hecho para no apoyar la PNL que hemos presentado
se encuadra en ese tipo de novela. Lo grave no es que el señor Garzón
tenga un Apple o un iPad, lo más grave de todo esto es que el partido del
Gobierno no quiera contribuir a la justicia fiscal y a un sistema fiscal
justo. Esto es lo grave. Debe quedar muy clara esta cuestión.
Nos preguntaba si teníamos información. La Comisión ha instado a Irlanda a
cobrar los 13.000 millones de euros que se ha ahorrado Apple y ha animado
a los Estados miembros a estudiar si pueden reclamar su parte de
impuestos. Lo demás, fantasía, excusas y los mundos de Yupi.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy a ser muy breve en este
tema. Es verdad que hay una sentencia pero nosotros estamos analizando
cómo se va a desarrollar, qué impacto va a tener en los diferentes
sectores de la administración pública. Por eso, en estos momentos no
vamos a apoyar esta iniciativa hasta ver el alcance que pueda tener en
los diferentes sectores de la Administración.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Nosotros vamos a dar apoyo a la proposición no de ley. Esquerra
Republicana votará favorablemente, entre otras cosas, porque demasiado a
menudo está ocurriendo -y no es de ahora sino que es de hace tiempo- que
hay una divergencia absoluta entre directivas y trasposición de
directivas y luego sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que
enmienda la plana al Gobierno del Estado español, sea del color que sea.
No es nuevo lo que está pasando en estos momentos. Lo cierto es que
existe una directiva que debería ser traspuesta, existe un acuerdo marco
firmado por el Estado español desde 1999 sobre trabajo de duración
determinada y existe -como así lo ha manifestado la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por tanto ha resuelto en este
sentido- un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que contradice lo
que establece la directiva y el acuerdo marco firmado por España. Por
tanto, en definitiva debería ser modificado este artículo del Estatuto de
los Trabajadores o en todo caso debería adecuarse a la normativa europea.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el
Estado español en relación a determinado tipo de contratos -contratos
temporales y contratos de interinidad- no se ajusta a la normativa
europea, ni más ni menos. En todo caso, la PNL dice que la normativa del
Estado español debe estar adecuada a estos principios y en consecuencia
tiene que hacerlo. Por eso, le vamos a dar apoyo.
Existe un elemento de la proposición no de ley que establece la necesidad
de elaborar un estudio para saber y determinar las necesidades de
personal y las situaciones de regularidad en las administraciones
públicas. Nosotros también consideramos procedente la elaboración de este
estudio, entre otras cosas -permitan que lo diga así- es cierto que esto
afecta a todas las administraciones públicas a todos los niveles, la
Administración local, la Administración autonómica y la Administración
del Estado. Así, es bueno que sepamos las necesidades de personal, las
situaciones irregulares y, entre otras cosas, se pondrá de
manifiesto la necesidad o no de determinados ministerios de la
Administración del Estado en atención a que muchas de sus competencias se
encuentran plenamente transferidas a las comunidades autónomas. Por estos
motivos, vamos a dar apoyo a la proposición no de ley presentada por
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero centrar el asunto. Nos estamos refiriendo a la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto
C-596/1, y la sentencia solo habla de que no puede rescindirse el
contrato con un trabajador interino sin indemnización. Todo lo demás que
se ha hablado no está reflejado en esa sentencia. Coincidimos con el
Grupo Socialista en que no es el momento ahora mismo de acometer una
actualización de la normativa en función de esta sentencia. ¿Por qué? Por
una serie de razones que voy a exponer pero, evidentemente, cuando estén
resueltos los recursos judiciales pendientes será el momento y el Grupo
Popular no se va a oponer a que haya una actualización normativa en
función de unas sentencias que ya sean firmes.
En primer lugar, lo he dicho, contra la sentencia de referencia -que no es
firme- se ha interpuesto por la Abogacía del Estado ante el Tribunal
Supremo un recurso de casación para unificación de doctrina. Habrá que
esperar a esa sentencia. En segundo lugar, en la Administración General
del Estado a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 17 de
octubre se constituyó un grupo de expertos con participación del Gobierno
y los interlocutores sociales. Este grupo de expertos propone aplazar la
formulación de conclusiones definitivas hasta que finalicen las causas y
recursos abiertos y se tengan los pronunciamientos jurisdiccionales
finales, así que no pongan en boca de los sindicatos palabras que no han
dicho porque los sindicatos han manifestado que se espere a las
resoluciones judiciales.
En el Ministerio de Sanidad se ha creado un grupo de trabajo para analizar
otro problema que no está reflejado en esa sentencia: el encadenamiento
de contratos interinos en la sanidad. Podría hacerse lo mismo en la
educación, pues estudiar la problemática del trabajo interino es
importante, pero hay que esperar a que el grupo de trabajo haga un
análisis de la situación, por cierto con participación sindical.
Por último, la última Conferencia de presidentes autonómicos ha acordado
que se haga un análisis de las especiales necesidades de los sectores
prioritarios de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. ¿Para
qué? Para estudiar la problemática que suscitan los trabajos que los
empleados públicos interinos desempeñan en la Administración pública, la
repercusión que pueden tener las ofertas públicas de empleo en el futuro
y el coste que puede suponer para las administraciones. Ese análisis es
muy importante.
Para finalizar, quiero decir que me ha sorprendido -se ha marchado- el
representante de Compromís. Parece que no le importa tanto la función
pública porque nos habla del punto anterior, de Apple. Aquí se puede
hablar de cualquier cosa. Al representante de Esquerra Republicana quiero
decirle que, efectivamente, hay un problema de empleados públicos
interinos, pero no solo en las administraciones estatales; en la
Administración General del Estado, en todas las administraciones,
incluida la catalana, hay problemas de empleados públicos que enlazan
contratos. Es un problema que nos afecta a todos y todos tenemos que
trabajar para resolverlo. Y en último lugar, quiero manifestar que, aun
estando básicamente de acuerdo con lo que ha dicho el Grupo Socialista en
su enmienda, ha aprovechado para sacudir un golpe al Gobierno. Muchos
trabajos interinos, muchos indefinidos lo son por unas prácticas abusivas
de gobiernos socialistas durante muchos años en las administraciones
locales, en las diputaciones y en las comunidades autónomas, donde se
contrataba de aquella manera, en fraude de ley. Esos trabajadores han
terminado convirtiéndose en indefinidos porque no había una oferta
pública de empleo; se cogía el teléfono y se decía: venga usted a
trabajar mañana. Hay que acabar con ese sistema, regularizarlo.
Tiene que haber un reconocimiento de la importancia de la función pública,
de la independencia y desde luego hay que respetar al empleado público.
El mejor respeto es no presionarle en la manera en que entra a trabajar y
no dejarle en una situación ilegal. Podemos y debemos trabajar en la
solución de esta problemática. Les recuerdo que el mayor palo que se han
llevado los empleados públicos ha sido el Real Decreto de 2010, donde de
media se les bajó el salario un 5%. (Aplausos).
Hemos dicho que se habían presentado dos enmiendas. Señora Honorato, ¿las
aceptan? Por lo que veo hay una contradicción entre ambas, así que lo veo
difícil.
La señora HONORATO CHULIÁN: Voy a hablar ahora con ellos y lo comunicaré
al final.
El señor PRESIDENTE: O hágalo llegar a la Mesa en el momento en que lo
sepa.
- RELATIVA A LA REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT MUNICIPAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001058).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: Proposición
no de ley relativa a la reinversión del superávit municipal, del Grupo
Socialista. Tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos
a partir de las elecciones del 3 de abril de 1979, el municipio ha sido
un pilar significativo de nuestra democracia y uno de los motores que ha
sabido canalizar y posibilitar los anhelos de libertad de los ciudadanos
y ciudadanas. Los ayuntamientos desde entonces se han convertido en
muchas ciudades y pueblos en laboratorios de ideas y proyectos que están
sirviendo para implantar políticas de bienestar para la ciudadanía,
fórmulas de gestión de servicios de calidad y políticas de proximidad y
transparencia.
Señorías, el Partido Popular siempre ha actuado de espaldas al mundo
local. El Gobierno de Rajoy perfiló una ley, la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local que acaba de cumplir ya tres
años y que consagra una visión exclusivamente economicista de las
funciones mínimas del Estado, en especial de las entidades locales, al
citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe
presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de
situar la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación de los
servicios en el centro de la reforma. Además, dicha ley suponía y supone
un ataque frontal a la autonomía municipal y una injerencia en las
competencias locales, pretendiendo vaciar de contenido a los
ayuntamientos. Este era el verdadero objetivo de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ley del
señor Montoro.
Los socialistas hemos liderado la lucha del municipalismo contra la
reforma local del Partido Popular desde el minuto cero. Creemos en el
municipalismo, en la política de cercanía que se presta en la
Administración local y en los ayuntamientos. Señorías, estamos
convencidos de que el Gobierno del Partido Popular ha perpetrado un golpe
grave y demoledor contra los ayuntamientos españoles tomando como excusa
y justificación la crisis, frente a una realidad que nos enseña que los
ayuntamientos llevaban desde el año 2011 en déficit cero y, en muchos
casos, cerrando los presupuestos municipales con superávit. Sin embargo,
señorías, a lo largo de estos años de Gobierno del Partido Popular esta
situación ha traído consigo una paradoja. Los ayuntamientos son la única
Administración en superávit, están saneados y cumplen con sus objetivos,
pero no pueden invertir el ahorro. Está claro que el Partido Popular ha
apostado por seguir mirando a las entidades bancarias antes que a las
personas y a los numerosos ciudadanos que día a día se acercan a los
ayuntamientos para demandar ayuda ante la situación que están viviendo.
Paradójicamente los alcaldes se ven impotentes, atados de pies y manos,
porque la ley impide invertir en las personas el dinero que tienen
guardado en sus cuentas bancarias por su buena gestión en sus
ayuntamientos y que debería repercutir en sus ciudadanos.
Señorías, las excepciones establecidas por la ley en ningún caso han dado
satisfacción a las demandas municipales, puesto que las condiciones para
poder acogerse a ellas eran importantes y, sobre todo, de difícil
cumplimiento: haber registrado superávit presupuestario y remanente de
tesorería, haber pagado antes las deudas pendientes con proveedores para
cumplir con la Ley de Morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.
Son condiciones imposibles de cumplir en la mayoría de los casos. Al
final, señorías, en estos momentos los gobiernos locales se han
convertido en la Administración más cumplidora con los objetivos
marcados. La deuda local llegó en el año 2016 a los objetivos del 3%
fijados para el año 2020 con cuatro años de adelanto. El superávit de las
entidades locales aporta al cómputo estatal de España medio punto del
producto interior bruto y también cumple con el techo de gasto y paga en
plazo a sus proveedores.
Señorías, por estas razones es necesario que el Gobierno atienda a las
demandas planteadas por el conjunto de los entes locales y por los
representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, por
los alcaldes y las alcaldesas y los presidentes y las presidentas de
diputaciones de varios
partidos políticos que participaron recientemente en la reunión de la
Comisión Nacional de Administración Local junto al ministro Montoro y su
equipo celebrada el pasado día 30 de noviembre, en la que plantearon que
se permitiera a los ayuntamientos utilizar el superávit que para este año
ronda los 4.500 millones de euros.
Señorías, el Gobierno de España tiene que ser sensible al mundo local y
debe escuchar las reivindicaciones de los ayuntamientos, de las
federaciones territoriales de municipios, de la FEMP, y, por cierto, de
alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que también reclaman al
Gobierno las mismas propuestas que todos los demás alcaldes y alcaldesas.
Estas demandas son justas, razonables y necesarias, y se requiere
invertir el superávit municipal en dotaciones y equipamientos cívicos y
sociales, se pretende mejorar y dar calidad a los servicios que prestan
los ayuntamientos y se pretende desarrollar planes de empleo y
necesidades que demandan los ciudadanos y ciudadanas de los municipios,
de los pueblos, que son una demanda social. En definitiva, se trata de
tener ayuntamientos competentes que sirvan para fortalecer la proximidad
del Estado del bienestar, y que presten los servicios necesarios y de
calidad a nuestra ciudadanía.
Señorías, los ayuntamientos son la Administración más cercana al
ciudadano. Cuando un vecino o una vecina tiene un problema acude a su
ayuntamiento en busca de su alcalde o alcaldesa para que le auxilie, para
que le ayude. Los que hemos pasado por el mundo local, los que hemos sido
concejales o concejalas y alcaldes o alcaldesas esto lo sabemos bien, en
estos años de crisis brutal van desesperados a los ayuntamientos para que
les den una solución, porque no tienen trabajo, porque no pueden pagar la
luz, porque no pueden pagar el agua, porque no pueden pagar la hipoteca y
están ante la inminencia de un desahucio, y por causa de todo eso acuden
a su alcalde, a su alcaldesa, porque no entienden de competencias
municipales ni de competencias de otras administraciones. Por eso los
alcaldes necesitan poder destinar ese dinero que tienen en sus cuentas a
ayudar a todos estos vecinos y vecinas que peor lo están pasando. ¿Qué
problema tiene el Partido Popular en poder invertir el superávit en
inversiones que generen empleo y que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, de nuestros ayuntamientos, de
nuestros municipios y del mundo municipal, que es el mundo más cercano a
la problemática y a la realidad de las personas? ¿Qué problema tiene el
Partido Popular? Que lo explique. Si ahora estamos superando la crisis
económica según ellos, deberían ser más flexibles con el mundo municipal
porque es la Administración más cercana al ciudadano.
Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista plantea esta
iniciativa en esta Comisión, para que el Congreso de los Diputados inste
al Gobierno a que permita que las entidades locales reinviertan su
superávit en el año 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el
mismo importe a través de una autorización legal para esa reinversión que
surja de la prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del
Estado. Eso es lo que pedimos, esa es nuestra demanda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, y en su nombre
tiene la palabra el señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Señora Serrano, el Partido Popular tiene un problema con las políticas que
perjudican a los ciudadanos en nuestro país, tiene un problema en
concreto con las políticas que ustedes practicaron que perjudicaron tanto
y a tanta gente en este país. Nadie duda, señoría, de que su grupo
parlamentario tiene toda la legitimidad para plantear las cuestiones que
considere convenientes, proponer su debate y hacerlo cuantas veces lo
considere interesante; sin embargo y con todo el respeto, al leer la
proposición no de ley que su grupo propone debatir en esta Comisión me
vino a la cabeza una expresión castellana que le oí el otro día a un
amigo salmantino: vuelve la mula al trigo. Yo creo que se entiende
bastante bien, pero viene a significar la insistencia en volver una y
otra vez sobre la misma cuestión sin que enmiende un ápice su discurso;
incluso cuando la cuestión ya está zanjada.
Esta cuestión la debatimos en el Pleno el pasado día 1 de febrero, en
prácticamente los mismos términos. Como señalábamos, la cuestión está
zanjada desde el pasado día 30 de noviembre, cuando llegamos a un acuerdo
en la Comisión Nacional de Administraciones Locales con la Federación
Española de Municipios y Provincias, que preside un compañero de su
propio grupo político, para crear un grupo de trabajo que en el plazo de
seis meses estudie la revisión y modificación de la regla de gasto, no
solo de las entidades locales sino de todas las administraciones
públicas, que dicho estudio se analice
por la AIReF y que finalmente las conclusiones sean traspuestas por el
Gobierno a un real decreto que entre en vigor en este ejercicio.
Este es el acuerdo que alcanzamos, señoría, incluidos los representantes
de su propio partido político. Es muy saludable repetir lo bueno, pero no
resulta muy edificante ni habla muy bien de la fiabilidad de sus
propuestas ni de sus planteamientos que, tras haber alcanzado un acuerdo
con ustedes mismos, desde el minuto siguiente ustedes empiecen a
presentar mociones y PNL totalmente diversas al acuerdo que acabamos de
alcanzar. Coincidimos con ustedes en lo que acordamos, y eso es bueno,
pero si ustedes reinciden en el error nosotros tendremos que reincidir en
lo que coincidimos, y por ello les hemos presentado la misma enmienda
transaccional.
Señora Serrano, no sé si le vendrá bien que le diga esto, pero conviene
aclarar que coincidir no es un acto vergonzante, no hace de menos al que
coincide ni le inhabilita para nada; coincidir es llegar a acuerdos en lo
posible para avanzar en los objetivos, aunque los objetivos sean
distintos. ¿Cómo se construye un país, señorías, si las fuerzas políticas
que representan a la inmensa mayoría de los españoles y que han ayudado
con decisión a progresar a nuestra gente a través de los sucesivos
Gobiernos en nuestra etapa democrática no son capaces de coincidir en
alguna cosas? ¿Cómo se hace? Las reglas de supervisión fiscal, la regla
de gasto, el límite de déficit público y de deuda tienen relación directa
con la posibilidad que tienen, que ya la tienen, las administraciones
locales de reinvertir su superávit si están saneadas financieramente; por
cierto, las únicas administraciones que pueden hacer eso sin que les
cuente como gasto en la regla de gasto. La disposición del Grupo Popular
a estudiar y corregir la regla de gasto y la mejor forma de reinvertir
los superávits presupuestarios de las administraciones locales es
absoluta y palmaria, y en esa misma disposición está el Gobierno de la
nación. Pero nuestra disposición en esa materia en beneficio de unas
mejores administraciones públicas, señora Serrano, necesita igualmente de
esa misma disposición de su grupo del resto de grupos parlamentarios, y
por ello le solicitamos que acepten la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marí.
El refranero español es tan amplio que creo que deberíamos afinar un
poquito más, sobre todo cuando se utilizan animales para calificar. No es
un reproche, solo un consejo para el buen tono que siempre rige en esta
Comisión. Seguimos con el orden del día. En nombre del Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Coincido con la reflexión que ha hecho usted sobre
las mulas.
Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho la
representante del Partido Socialista, con toda la proposición no de ley.
Pero la única duda, quizá existencial, es por qué, cuando se tuvo la
oportunidad de cambiar la Ley de Estabilidad en este Parlamento, el
Partido Socialista hizo lo contrario de lo que plantea aquí. Esa es la
duda. Nosotros planteamos una serie de enmiendas y otros grupos, como el
Grupo Confederal, otra serie de enmiendas en este sentido, y se dijo que
no. Me gustaría saber qué es lo que ha cambiado, porque igual ha cambiado
algo y me lo he perdido. Vamos a votar a favor, pero nos gustaría saber
qué es lo que ocurre siempre que hay que decidir, más allá de
pronunciamientos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros, ya en varias ocasiones
hemos comentado y nos hemos posicionado a favor de la flexibilización de
la regla de gasto y, por tanto, en la reinversión del superávit. Es
verdad que los que estamos en los ayuntamientos conocemos bien las
consecuencias de la aplicación de la regla de gasto cuando existe
superávit, con lo que disminuye la capacidad de decisión de los
ayuntamientos, si hay una tutela por parte de niveles superiores y
ajustes o recortes. En muchos casos ha sido imposible utilizar el
reglamento de tesorería derivado del superávit y, por tanto, no se puede
destinar ese dinero para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, los ayuntamientos tenemos poco margen para aumentar los ingresos,
por lo que hay poca capacidad normativa para regular impuestos y para
aumentar el gasto. Además, hay que añadir que en el caso del superávit,
como he dicho, se suele utilizar normalmente para devolver deuda en
algunos casos.
Los ayuntamientos, además, han demostrado que cumplen, que están saneados,
que no contribuyen al problema del déficit y que, al ser las
instituciones más cercanas a la ciudadanía, deberían poder destinar
el ahorro generado a la mejora de los servicios públicos. Entendemos,
también, que todas aquellas administraciones locales que han cumplido los
objetivos establecidos en materia de déficit público y de deuda pública
pudieran destinar el ahorro que generan a inyectarlo en los servicios
públicos, es decir, inversiones, empleo, políticas sociales, pero también
entendiendo que nunca a gasto corriente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Desde Esquerra Republicana, también nos hemos posicionado en relación a la
reversión de lo que significaba la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera con respecto a la limitación,
en este caso, de las administraciones locales. Es de una claridad
meridiana lo que propone esta proposición no de ley. Luego, se podrá
discutir si uno es o no es coherente, pero cada uno lleva la carga que
lleva con lo que hace y con lo que dice. En definitiva, lo que es cierto
es que la proposición no de ley es perfectamente coherente. Es una
petición que efectuamos prácticamente todos los grupos parlamentarios,
porque castiga doblemente a la Administración más próxima al ciudadano, y
la castigado durante todos estos años. En definitiva, lo que limita y lo
que ha limitado es la capacidad de los ayuntamientos de decidir por sí
mismos qué quieren hacer con los recursos que tienen, porque algunos
tenían superávit y continúan teniéndolo, como por ejemplo el ayuntamiento
de Barcelona. Las limitaciones establecidas han impedido que pudiesen dar
cobertura a las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, no cumplir con
los objetivos y finalidades que se presuponen y que, por ley, tienen las
administraciones locales.
Esto tiene que ver no únicamente con la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que debía cumplir los
requisitos y las tres reglas fiscales de estabilidad presupuestaria, la
contención de la deuda pública y la regla de gasto, sino que también
tiene que ver con las modificaciones legislativas que se hicieron o se
han hecho durante la X Legislatura: la Ley de reforma y sostenibilidad de
la Administración local que, ya lo hemos dicho muchas veces pero lo voy a
repetir, tiene esa voluntad recentralizadora, burocratizadora, de
limitación de la capacidad política de las administraciones locales...
(El señor Marí Bosó hace gestos negativos). No diga que no, porque sabe
que es así. El Partido Popular sabe que es así, por esa alergia que
tienen ustedes al poder municipal; es alergia al poder municipal. Es más,
insistiré en un aspecto que ya dije cuando se aprobó la Ley de reforma y
sostenibilidad de la Administración local: muchos de los derechos que en
estos momentos son derechos reconocidos y, por tanto, servicios públicos
y servicios sociales, quienes iniciaron la prestación de los mismos, sin
tener ni la competencia ni la financiación suficiente, fueron las
administraciones locales. Por cierto, esto no va en consonancia con lo
que dice la Comisión Europea ni con lo que dice Europa. Alergia, por
tanto, también a la diversidad, por no entender que las situaciones de
las administraciones son distintas, las competencias son distintas y
cubren necesidades diversas y distintas.
En definitiva, la proposición no de ley es procedente. Luego se discutirá
si somos desleales los unos con los otros o más leales o menos, pero la
proposición no de ley tiene sentido. Esquerra Republicana seguramente
criticaría algunos aspectos de los que se han dicho aquí por parte de la
representante del Partido Socialista, pero al final compartimos la
esencia de la proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo tengo la impresión -no voy a utilizar el refranero español- de estar un
poco en el día de la marmota. Lo digo porque este es un debate
recurrente.
El señor PRESIDENTE: Estamos familiarizados con la marmota, pero lo de la
mula... No compare una mula con una marmota. (Risas).
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Está siendo un invierno frío y estamos aquí en
el día de la marmota y repetimos el mismo debate que hemos tenido en el
Pleno en varios formatos. Primero en el formato de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, donde, como ya dije en su día en el Pleno, el
Grupo de
Unidos Podemos ha sido coherente y está en contra de la estabilidad
presupuestaria, de la estabilidad fiscal, y por tanto votó por eliminar
el artículo 12 de la citada ley. Nosotros sí creemos que tiene que haber
una regla de gasto, pero lo que resulta realmente sorprendente es que el
15 de diciembre -y también esta era una norma obligatoria- el Partido
Socialista, nosotros y el Partido Popular votamos una regla de gasto,
además de unos objetivos de déficit público y un techo de gasto. Esa
regla de gasto decía que el incremento de gasto no pudiese superar en
este ejercicio el 2,1%. Al cabo de poco tiempo nos encontramos con el
Partido Socialista diciendo que esto hay que flexibilizarlo. Llegan a un
acuerdo en la Comisión Nacional de Administración Local para estudiarlo,
porque es posible que se deba flexibilizar, pero no parece ni medio
razonable, en nuestra opinión, que directamente se elimine para 2017
cualquier tipo de límite, entre otras cuestiones porque si ningún
ayuntamiento tiene superávit porque se permite reinvertirlo todo, España
no va a cumplir los objetivos de déficit y tenemos el riesgo, para
empezar, de ser sancionados con 6.000 millones de euros.
Nosotros no podemos apoyar una eliminación en la práctica para todos los
ayuntamientos de la regla de gasto. Tengamos en cuenta que la regla de
gasto solamente opera cuando se tiene superávit. Si se tiene déficit, lo
que hay que hacer es corregirlo. Hay que pensar que en la medida en que
los ayuntamientos vayan amortizando deuda tendrán mayor capacidad de
gasto en el futuro. Es decir, que las cosas no son gratis. Podría estar
muy bien que se invirtiese ese dinero, pero recordemos que algunas
inversiones de las que han hecho los ayuntamientos, las diputaciones u
otras entidades locales no han sido precisamente grandes ideas. Podemos
pensar en aeropuertos peatonales, una de las cosas que han ocurrido en
Castellón, uno de los grandes avances que algunas entidades locales
españolas han hecho en la inversión pública. O pensemos, por ejemplo, en
el Ayuntamiento de Madrid, un caso reciente, que compró un edificio a un
precio sobrevalorado en la calle Alcalá, 45, como única forma de cumplir
las inversiones. Es decir, las inversiones se pueden hacer bien o mal.
Teniendo en cuenta los niveles de deuda pública que hay en España, no
parece razonable la eliminación sin más de cualquier tipo de regla de
gasto.
Se puede flexibilizar, pero no entendemos -sigo sin entenderlo después de
varios debates sobre esta misma cuestión en el día de la marmota- que
primero se ratifique la regla de gasto en un debate en esta Cámara de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, posteriormente se apruebe un
endurecimiento de la regla de gasto que en la práctica solamente afecta a
las entidades locales y a continuación se pase sin solución de
continuidad, primero, a decir que esta regla de gasto hay que
flexibilizarla -el debate de Pleno del otro día todavía tenía algunos
puntos razonables- y después a una situación donde no haya regla de gasto
en 2017 para las entidades locales.
En consecuencia, por todo lo anterior, nosotros no podemos apoyar esta
proposición no de ley, por lo menos en los términos en los que se ha
presentado; es decir, que si no se aceptan enmiendas, nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Torre.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.
Yo creo que todos somos conscientes en esta sala de que este es un debate
repetido y debemos solucionar de alguna forma la contradicción que
subyace, porque es evidente que subyace una contradicción. En nuestro
grupo, Unidos Podemos, somos contrarios, primero, a la criminalización
del déficit como tal, porque creemos que es constitucionalizar una
ideología el criminalizar ese déficit, como ha ocurrido con cualquier
política de consolidación fiscal inserta en la normativa jurídica, caso
de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Creemos que
criminalizar el déficit es un sinsentido económico porque no es lo mismo,
efectivamente, utilizar los recursos públicos para un aeropuerto sin
aviones -en eso estoy de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos- que
utilizarlos para la educación pública o para la inversión en
infraestructuras que puede permitir mejorar la red de transporte de
mercancías, con el consiguiente incremento de productividad en el medio y
largo plazo. Por tanto, criminalizar el déficit público per se es matar
moscas a cañonazos, aprovechando que llevamos un día bueno de refranes.
(Risas).
Como somos contrarios a esa concepción, lógicamente también lo somos a la
segunda parte, que es criminalizar el superávit. El absurdo económico es
todavía más evidente porque nos encontramos ante circunstancias en las
que el superávit puede servir para generar puestos de trabajo, para
generar actividad económica y también en esa cadena puede generar una
reducción de la deuda. Sin embargo, si aplicamos
el dogmatismo neoliberal llevado al extremo que es criminalizar el
superávit, podemos encontrarnos con lo que se está encontrando gran parte
de Europa, que con esta política lo único que se hace es seguir
incrementando la deuda pública. Para más abundamiento, creo que la propia
contabilidad nacional de España es bastante paradigmática, pues es un
país que insiste en reducir el déficit y lo que consigue es aumentar la
deuda pública por la forma en la que lo está haciendo.
La contradicción no es esa, porque yo leo la PNL y me parece muy buena.
Por eso, en coherencia con la PNL que presenta hoy el Partido Socialista,
propusimos derogar aquellos artículos de la ley de Estabilidad
Presupuestaria que iban en consonancia con lo que aparece en el redactado
de esta proposición no de ley. La sorpresa es que la contradicción la
tiene el Partido Socialista, una contradicción que hemos reflejado desde
el Partido Popular hasta Ciudadanos y nosotros. En consecuencia, creo que
ya tenemos focalizado el problema de por qué repetimos tantos debates, y
por ahí ya podemos avanzar en la solución. La solución es decirle al
Partido Socialista que a veces me gusta lo que dice, pero no me gusta lo
que hace y que esa contradicción es la que nos está llevando a repetir
este debate. Aquella vez nosotros sabíamos que necesitábamos al Partido
Socialista para aprobar determinadas enmiendas en este sentido que
estamos defendiendo, y por eso negociamos con muchos ayuntamientos del
Partido Socialista que se iban a ver beneficiados. Sin embargo, el
Partido Socialista, o al menos la dirección de su grupo parlamentario,
prefirió no modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y dejarla tal
y como el Partido Popular la había propuesto. Es decir, hubo un pacto
entre Partido Popular y Partido Socialista para no admitir ninguna
enmienda, cuestión que hubiera resuelto este problema, con lo que
hubiéramos dejado de debatir del mismo al menos en los términos actuales.
No lo hizo y, sin embargo, tenemos PNL y debates puramente declarativos
en los que volvemos a repetir esta cuestión.
¿Por qué el Partido Socialista, cuando es un debate declarativo, es decir,
que puede ignorar el Gobierno, trae una posición y cuando se trata de una
ley que puede cambiar la realidad de forma inmediata trae otra posición
diferente? Nosotros esto lo vemos con enorme preocupación. No nos
engañemos, cualquier PNL puede ser ignorada por el Gobierno, lo sabe el
Gobierno del Partido Popular y lo sabe el Gobierno del Partido
Socialista, por ejemplo, en la Junta de Andalucía. Es un juego que tiene
más que ver con la escenificación y lo comunicativo. Pero la hora de la
verdad es cuando hay que aprobar los decretos, es cuando hay que aprobar
las modificaciones de las leyes y es ahí donde el Partido Socialista
nunca mantiene la coherencia con la posición de hoy que, por cierto, es
la que nosotros defendemos. En consecuencia, vamos a votar a favor.
Solo un apunte añadido con respecto a la intervención del portavoz de
Ciudadanos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid compró un edificio.
Ese edificio había sido propiedad pública, propiedad del Ayuntamiento de
Madrid durante los tiempos de gestión del Partido Popular. Esa
Administración municipal lo vendió a una empresa privada y se lo volvió a
alquilar. Es decir, el ayuntamiento vende un edificio público a una
empresa privada y la empresa privada se lo alquila al ayuntamiento al
módico precio de 18.000 euros al día, con un contrato blindado hasta
2020. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid no ha sido malgastar el
dinero, sino revertir una estafa hecha por el anterior ayuntamiento.
Evidentemente, esto no tiene las repercusiones que creemos que puede
tener un plan de empleo público y por eso creemos que se puede hacer,
pero no quedaba otra cosa salvo mantener el agujero y esa es la razón por
la que la mayoría de nuestra corporación -de Ahora Madrid, como saben
ustedes, a la que pertenecemos los grupos de Unidos Podemos- aprobó esa
política. Lo digo para que no haya equívocos porque es la segunda vez que
sale a colación en el mismo marco de este debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Como decía, había una enmienda presentada a esta proposición. Tiene la
palabra la portavoz socialista en relación con la aceptación o no de esta
enmienda.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: No vamos a aceptar la enmienda que ha
presentado el Partido Popular en los términos en los que lo ha hecho.
Estamos hablando de si hay alguna posibilidad de hacer alguna
transaccional, pero todavía no hay nada cerrado. Cuando lo tengamos se lo
diré, señor presidente.
Solamente quiero apuntar que el Partido Socialista no ha llegado a ningún
acuerdo en relación con la regla de gasto sobre los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: No, señoría, solamente puede intervenir para explicar
la aceptación o no de la enmienda.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA REFERENTE A DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS FISCALES A EMPRESAS
ESPAÑOLAS PARA LA COMPRA DE EMPRESAS EXTRANJERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001131).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º, proposición no de ley sobre el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas
para la compra de empresas extranjeras. En nombre de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la señora Capella. Quiero adelantar que hay
tres enmiendas presentadas: una del Grupo Ciudadanos, otra de Unidos
Podemos y una última del Grupo Socialista.
Señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
De nuevo hablamos de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Como explicamos en la extensa exposición de motivos de nuestra
proposición no de ley, la justicia europea anula las ayudas fiscales que
España dio a multinacionales para hacer adquisiciones. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea considera ilegales los incentivos que el
Gobierno dio a las empresas españolas para que comprasen empresas
extranjeras, anulando estas ayudas fiscales que el Gobierno dio a esas
multinacionales. Yo diría que es otro golpe judicial europeo contra el
Estado español, y ya llevamos, como decía, unos cuantos porque hoy mismo
nos hemos ido refiriendo a alguna sentencia y en un Pleno anterior
también el real decreto que se sometió a aprobación traía causa de una
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con
las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo. De hecho, la Comisión
Europea ya había declarado ilegales estas ayudas que desde 2002 permitían
a las empresas españolas dejar de pagar impuestos, es decir,
subvencionaban cuando compraban compañías en otro país. En primera
instancia, sin embargo, es verdad que la Comisión Europea primero declaró
ilegales estas ayudas, si bien, al ser recurridas luego las
bonificaciones, la justicia europea anuló las decisiones de la Comisión
Europea. Esto fue en el año 2014, cuando una sentencia dio la razón a
Banco de Santander, Santusa y Autogrill, que habían presentado recurso.
Los perjudicados recurrieron y el Tribunal de Justicia europeo les dio la
razón, la Comisión Europea recurrió esta sentencia y ahora el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha revocado aquella primera sentencia al
considerar que fue un error. Recuerda la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que, para considerar que ha habido un
tratamiento fiscal irregular, se debe evaluar si las normas discriminan a
empresas que se encuentren en una situación comparable; y esto es lo que
ha pasado. En consecuencia, en este caso la Comisión Europea ha celebrado
la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recuerda que
sus decisiones de 2009 y de 2011 han sido rehabilitadas y que por tanto
el Gobierno del Estado español tiene la obligación de recuperar las
ayudas fiscales que concedió a las empresas afectadas. Sin embargo -y
aquí viene el pero de siempre-, Bruselas no ha querido determinar la
cuantía total de las cantidades a recuperar.
Es aquí donde nuestra proposición no de ley entra a considerar esta
cuestión, y creemos que nuestras peticiones, y en este caso la parte
dispositiva de la proposición no de ley, son adecuadas. Primero, iniciar
el procedimiento para recuperar las ayudas fiscales otorgadas por el
Estado español a empresas españolas para la compra de empresas
extranjeras. En caso de aprobarse, también tenemos nuestras dudas sobre
si el procedimiento será el adecuado en atención a cómo luego el Gobierno
del Estado español regula los procedimientos, pero en todo caso esperamos
que se apruebe y que el procedimiento sea el adecuado.
Hacer públicas las ayudas otorgadas y la cuantía correspondiente. Este es
un ejercicio de transparencia. ¿Quién puede oponerse a que el Estado
muestre a qué empresas ha subvencionado fiscalmente y qué cantidades
comportan las bonificaciones fiscales? Otra pregunta que también nos
tenemos que hacer es por qué el Gobierno del Estado español puede tener
interés en no mostrar qué empresas han sido las beneficiarias y las
cantidades con las que han sido beneficiadas. Esto es lo que les preocupa
a los ciudadanos, la transparencia en cuestiones importantes como esta.
El tercer punto de la proposición no de ley es realizar las adecuaciones
legislativas y reglamentarias correspondientes para poderse adaptar a lo
que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me
permitirán que lógicamente Esquerra Republicana sea escéptica con
relación a estas cuestiones, y en este caso utilizaré un refrán que habla
de animales y que dice: Ja pots xiular si el ruc no vol beure. Ya puedes
silbar si el burro no quiere beber. (Risas). Viene a ser lo mismo; he
hecho una traducción literal que igual no tiene significado, pero en
catalán sí que lo tiene. Digo esto porque España es el Estado más
incumplidor de las directivas europeas, porque cuando tiene que cumplir
una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace lo posible para no
cumplirla al cien por cien, y lo reconoció hace unos días el propio
comisario Arias Cañete. En definitiva, por estos motivos he presentado
esta proposición no de ley que esperamos que cuente con el apoyo de los
grupos parlamentarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Veo que he sido un ingenuo con lo del refrán porque
me van a llover refranes y, además, todos con animales; muy curioso.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré no
usar refranes.
Nosotros hemos presentado una enmienda porque estamos de acuerdo, como no
podía ser de otra forma, con que se inicie el procedimiento solicitado
por la Comisión Europea respecto a la recuperación de las ayudas de
Estado. En segundo término, también estamos de acuerdo con que estas
ayudas deberían ser públicas; se debería conocer quiénes son los que se
han beneficiado de uno de los incentivos fiscales más importantes de la
historia de España, la deducción del artículo 12.5. Pero, a día de hoy,
el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide conocer qué empresas
se han beneficiado.
No obstante, como solución alternativa hemos propuesto que la Agencia
Tributaria centralice en una página esta información porque las diversas
empresas que se han beneficiado deben comunicarlo en el registro
mercantil a través de la publicación de sus cuentas anuales, donde se
debe especificar en la memoria el importe de este beneficio fiscal cuando
es relevante, y que la Agencia Tributaria nos lo diga. Esta es una
cuestión relevante por dos cuestiones, y nos parece bien que se haya
traído a debate. En primer término, porque en particular el Ministerio de
Hacienda del Partido Popular tiene una facilidad asombrosa para que nos
condene el Tribunal de Justicia y para que luego esto genere un lío
bastante importante. Esto ocurrió, por ejemplo, con el impuesto sobre
sucesiones y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos condenó
-ahora tenemos un sistema todavía más complicado que antes, con veinte
impuestos sobre sucesiones distintos- por discriminar a los no
residentes, ha ocurrido con el céntimo sanitario y está al caer -que
sirva esto de adelanto- que nos condene por la declaración de bienes en
el extranjero dado que nuestra legislación tampoco se adapta al derecho
europeo. Este es un punto importante.
El segundo punto importante es que es bastante habitual que todos los
grupos políticos nos quejemos de la escasa recaudación que se obtiene del
impuesto de sociedades y en particular de la reducida tributación de las
grandes empresas. No es que las grandes empresas hagan actuaciones
ilegales sino que, si se les conceden beneficios fiscales de un carácter
muy relevante, luego obviamente la recaudación se resiente, y si encima
esto da lugar a que posteriormente haya que hacer un esfuerzo
administrativo tremendo para tener que volver a recuperar estas ayudas,
nos debería hacer reflexionar a todos sobre la necesidad de cambiar la
política tributaria.
Me ha comunicado la señora Capella que aceptan nuestra enmienda
sencillamente para salvar la legalidad de un punto que creemos que es
importante. Nuestro grupo va a apoyar esta cuestión, que nos parece
relevante, para que se recuperen las ayudas de Estado ilegalmente
concedidas a algunas grandes empresas y que pretende también que los
contribuyentes sepan quiénes se han beneficiado de esta bonificación
fiscal, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado
diciendo que no se adecua a la legislación comunitaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo de
Esquerra Republicana. De hecho, tenemos presentada una PNL en términos
parecidos y voy a hacer solo tres o cuatro consideraciones al respecto.
La primera es que nos encontramos ante dos situaciones recurrentes. La
primera situación recurrente se refiere a este tipo de beneficios,
bonificaciones o regalos fiscales a las grandes empresas, en este caso a
las empresas que compraban otras empresas en países de la Unión Europea o
en países terceros. Nos refuerza en la idea de que a veces se ha
legislado a favor de determinados grupos empresariales, grupos que salían
beneficiados de esta normativa, como el Santander, el BBVA, Telefónica,
Ferrovial, Iberdrola o Abertis. Y es muy grave porque, según la Comisión
Europea, el monto
total podría haber sido de unos 8.000 millones de euros. Nos parece
extremadamente grave y que esas disposiciones no van a favor del interés
general sino que benefician a determinadas empresas, es decir, son en
interés de parte.
La segunda situación recurrente con la que nos encontramos es nuevamente
una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
contra el Reino de España. No es la primera vez que se dice que el
Gobierno no gana ni una en el Tribunal de Luxemburgo; lo hemos visto con
las cláusulas suelo y se decía ahora, por el portavoz de Ciudadanos, que
también ha ocurrido en determinadas cuestiones del ámbito fiscal. La
sentencia es muy clara. Cierto es que el proceso judicial no se ha
terminado del todo, pero la sentencia ahí es muy clara, determina que
este tipo de bonificaciones son ilegales e incompatibles con el mercado
interior, que suponen una discriminación entre empresas y que no se han
aplicado correctamente los criterios o el requisito de carácter
selectivo. Además, la Comisión ha manifestado también con toda claridad
que el Gobierno debe recuperar estas ayudas.
La tercera consideración es que cuando se producía esta batalla legal, que
ha tenido diferentes escenarios -la Comisión primero, el Tribunal General
de la Unión Europea, luego el Tribunal de Luxemburgo o el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea-, esa batalla se producía en medio de una
gravísima crisis económica, en medio de recortes sociales, de caídas de
la recaudación. Nos parece extremadamente grave que se hayan defendido
este tipo de medidas que no solo son ilegales, como se ha demostrado,
sino que además son contrarias al interés de la Hacienda pública del
Estado, y eso nos parece lo más sangrante.
Hemos presentado una enmienda que viene a precisar uno de los puntos de la
PNL simplemente -ya he dicho que estamos de acuerdo con los puntos que se
plantean-, en el sentido de instar al Gobierno a impulsar la modificación
de la legislación del impuesto de sociedades para eliminar este tipo de
deducciones fiscales sobre la adquisición de participaciones en empresas
extranjeras. Es simplemente eso. En cualquier caso, nosotros votaremos a
favor de esta PNL. Nos parece muy pertinente, muy adecuada y también creo
que tiene que ser una forma de denunciar determinadas prácticas que se
han venido produciendo que, como decía al principio, han favorecido a las
grandes empresas y no se han hecho en función del interés general.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya presenta una PNL cuya parte
expositiva es la copia literal del comunicado de prensa de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo que,
como ya se ha dicho, ha anulado con fecha 21 de diciembre de 2016 el
fallo del Tribunal General de la Unión Europea que en 2014 avaló las
ayudas fiscales a compañías españolas por comprar empresas extranjeras al
considerar que esa sentencia incurrió en error de derecho por no aplicar
correctamente el requisito de carácter selectivo. El tribunal ha
recordado que el único parámetro pertinente para demostrar el carácter
selectivo de una medida fiscal nacional consiste en comprobar si esta
puede favorecer a alguna empresa determinada en relación con otras que se
encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable y, en
consecuencia, reenvía los asuntos al Tribunal de primera instancia. Esto
es muy relevante, en opinión de nuestro grupo. La Comisión también ha
recordado al Gobierno español la obligación de iniciar la recuperación de
las ayudas fiscales concedidas a través de esas bonificaciones, tanto las
correspondientes a las decisiones de los años 2009 y 2011, objeto de la
sentencia, como a la nueva decisión del año 2014.
Esta PNL afecta conceptualmente a varias cuestiones complejas y espinosas,
en nuestra opinión. En primer lugar, al proceloso mundo de las ayudas
públicas de Estado en el marco de la Unión Europea: su concepción, su
comunicación, su utilización con mayor o menor intensidad, eficacia y
lealtad normativa, el uso por parte de los diferentes países y la
influencia de cada uno de ellos e incluso la nacionalidad y capacidad
política de los responsables sectoriales en la Comisión -esto daría para
mucho-, y, por otro lado, los complejos procedimientos legales y
judiciales en el marco europeo a los que hay que dejar que sigan su curso
y cuyas decisiones y sentencias hay que respetar y, por supuesto, cumplir
cuando acabe todo el proceso.
El asunto que nos atañe hoy es un ejemplo de ello. En primer lugar, parece
claro que hay que dejar a la justicia seguir con su camino y al enviar el
Tribunal de Luxemburgo el expediente al Tribunal de primera
instancia, el Tribunal General de la Unión Europea, hay que reconocer que
el asunto no está aún cerrado en términos judiciales, por lo cual hay que
respetar los procedimientos y los plazos y esperar hasta la resolución
definitiva de los mismos para exigir la devolución de las ayudas
percibidas por las empresas. Es una cuestión de seguridad legal o
jurídica. Por esa razón, no por otra, no podemos estar a favor del punto
1 de la PNL de Esquerra Republicana de Catalunya, que pide que se inicie
ya el procedimiento de recuperación de las ayudas concedidas. Entendemos
que aún no procede pedir ese reintegro de las ayudas concedidas si al
final es esa la decisión de los tribunales de justicia. Sin embargo, el
Grupo Socialista entiende que, dada la sentencia del Tribunal de
Luxemburgo y la reiteración de la posición de la Comisión respecto al
incumplimiento de la normativa fiscal en materia de ayudas de Estado por
la aplicación del apartado del impuesto sobre sociedades relativo a las
ayudas fiscales por compras de participaciones en empresas extranjeras,
sería conveniente proceder desde ya a su adaptación. Ese es el sentido de
la enmienda que hemos presentado, que de alguna forma coincide con el
punto 3 de la iniciativa de Esquerra.
También conviene recordar que, ante las decisiones de la Comisión de 2009
y 2011, el Gobierno socialista de la época hizo caso de las mismas y
adaptó la normativa fiscal. Sin embargo, en el mes de marzo del año 2012,
el Gobierno del Partido Popular, con su ministro Montoro al frente del
Ministerio de Hacienda, volvió a retar a la Comisión y, de forma
irresponsable y posiblemente gravosa para las compañías españolas, aplicó
una nueva interpretación administrativa vinculante que permitía
deducciones fiscales con un carácter retroactivo no solo por las
adquisiciones directas sino también por las indirectas; además, no
comunicó a Bruselas ese nuevo régimen fiscal, a pesar de que estaba
obligado a hacerlo, y, claro, la reacción de Bruselas fue una nueva
decisión en el año 2014 en el sentido de que esas deducciones tributarias
eran incompatibles con las reglas de la Unión Europea y que las empresas
deberán devolver las ayudas. Pedimos al Gobierno del Partido Popular que
deje de jugar con la seguridad jurídica del marco tributario español
porque perjudica la credibilidad de España y el tejido productivo de este
país y haga ya las adaptaciones legales necesarias para eliminar el
régimen de deducciones fiscales objeto de esta controversia. En segundo
lugar, la petición de Esquerra Republicana de Cataluña de hacer públicas
las ayudas otorgadas, tal y como está redactada su PNL, y entendiendo que
se refiere al monto total de las ayudas fiscales concedidas, podría
contar con nuestro apoyo. Por último nuestra idea inicial era pedir una
votación separada por puntos de la PNL con la idea de votar
favorablemente los puntos 2 y 3, pero con la aceptación de enmiendas de
diferentes grupos no es posible, con lo cual vamos a optar por la
abstención ante esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lasarte.
Señor Candela, del Grupo Mixto. (Renuncia). Pasamos al Grupo Vasco, señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: En principio no solemos entrar
en estos temas mucho, porque estamos hablando del impuesto de sociedades
y tenemos nuestra propia normativa, en la que tengo que decir que no
caben este tipo de actuaciones, ya que en nuestro impuesto de sociedades
no diferenciamos entre las empresas residentes y las no residentes, cosa
que no ocurría en el Estado español. Hemos visto que hay una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la devolución de
las ayudas fiscales a empresas españolas, y que de confirmarse se tendría
que empezar a devolver este tipo de ayudas, veremos a ver qué dicen aquí
los tribunales, como ha dicho el representante del Grupo Socialista. Por
eso en este caso nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GARCÍA: Muchísimas gracias, presidente.
El Grupo Popular va a rechazar esta proposición no de ley por considerarla
entre otras cosas extemporánea y desfasada, en el sentido de que todo lo
que se solicita en ella ya ha sido aplicado por el Gobierno del Partido
Popular. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el fondo, porque
se han dicho algunas cosas que no se ajustan exactamente a la realidad.
Se ha tratado de decir que este tipo de ayudas estaban dirigidas
exclusivamente a grandes empresas, y no se trata nada más y nada menos
que de un instrumento de política de incentivo fiscal que en un momento
determinado el Gobierno decide activar para las inversiones en el
extranjero, sin que hubiese limitación alguna a que cualquier tipo de
empresa, siempre y cuando comprase más del 5% del capital social de una
empresa que estuviese en el extranjero, se pudiera acoger a este tipo de
deducciones. En este sentido esto no es nada extraordinario,
y no sería la medida tan mala o tan equívoca ya que en el seno
jurisdiccional de la Unión Europea no ha estado claro, ya que esta última
resolución del Tribunal Europeo tuvo lugar como resultado de un recurso
de casación. También quiero comentar que espero que todos los grupos aquí
presentes sean rigurosos y exigentes a la hora de reclamar el
cumplimiento de las resoluciones y de las sentencias de los tribunales
internacionales, con independencia de a qué materia hagan referencia.
Paso a contestar punto por punto a la proposición no de ley que han
presentado los compañeros de Esquerra. Respecto al punto primero, sobre
iniciar el procedimiento para recuperar las ayudas fiscales otorgadas por
el Estado español a las empresas españolas para la compra de empresas
extranjeras, quiero puntualizar que cabe recordar que estas sentencias
afectan a decisiones del procedimiento 45/2007 y 46/2007 de la Comisión
Europea -con fecha 28 de octubre de 2009 y de enero de 2011-, las cuales
ya fueron aplicadas por el Reino de España. En este sentido el Estado
español ya procedió a la íntegra recuperación de las ayudas afectadas por
dichas decisiones. Por lo tanto este primer punto -como digo- lo vamos a
rechazar, porque entendemos que este procedimiento ya ha concluido y está
desfasada este solicitud.
En relación con el punto segundo, hacer públicas las ayudas otorgadas y
las cuantías correspondientes, quiero recalcar que estas cuantías, al
haber sido objeto de recuperación y derivar de la aplicación de una
normativa fiscal general -como es la Ley General Tributaria- y no una
concesión individual, se desconocen las razones por las que deben hacerse
públicas estas ayudas. Y en este sentido, haciendo mías las palabras de
mi compañero de Ciudadanos, está prohibido por la propia Ley General
Tributaria. Aquí todos somos competentes y es precisamente en este órgano
donde se tendrá que decidir si se quiere presentar una iniciativa
legislativa para que se pueda acceder de forma pública a esta
información, no solamente las empresas con independencia del tamaño, sino
también cualquier individuo. Yo lanzo el guante por si alguien quiere
presentarla, pero a fecha de hoy, por tratarse de una normativa fiscal
general y de unas ayudas generales, iría en contra de la ley.
En relación con el último punto, relativo a las adecuaciones legislativas
y reglamentarias correspondientes para adaptarnos a lo dispuesto en la
sentencia del Tribunal de Justicia, el cual ha sido redactado de otra
manera, aunque de forma similar, quiero decir, como he manifestado en mi
introducción, que ya está hecho y que precisamente con el objeto de dar
cumplimiento a estas decisiones que se han mencionado, dictadas por la
Comisión en el marco del asunto al que hemos hecho referencia, el
45/2007, relativo como saben todos a la deducibilidad del Fondo de
comercio financiero, el legislador español modificó en el Congreso la
redacción del artículo 12.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, mediante leyes posteriores incluidas en la Ley General de
Presupuestos del Estado. Este punto como decía ya está modificado y no
existe esta disposición legislativa actualmente. Asimismo en la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, vigente en la
actualidad, no se recoge absolutamente ningún incentivo fiscal que
permita la deducibilidad del denominado Fondo de comercio financiero al
que hacemos referencia en esta enmienda, derivado de la adquisición de
participaciones en empresas extranjeras. Están ustedes pues, reclamando
un asunto que fue resuelto hace ya tres años.
En conclusión, como ya he mencionado, el Reino de España ha realizado las
modificaciones legislativas pertinentes para el cumplimiento de esta
sentencia, como ha hecho con cualquier otro asunto parecido, y estos son
los motivos por los que el Grupo Popular va a rechazar la enmienda
presentada por Esquerra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias
Señora Capella, tiene la palabra en relación con las tres enmiendas
presentadas.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Acepto la enmienda del Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea porque detalla el punto 3 y precisa
la petición, y aceptamos también la de Ciudadanos porque técnicamente
tienen razón en relación con las limitaciones que impone la Ley General
Tributaria. En todo caso -acabo- la mayoría de los grupos parlamentarios
no nos hemos enterado de que el procedimiento ha concluido y de que el
Estado español ha cumplido a rajatabla la sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo.
El señor PRESIDENTE: Solamente tiene la palabra en orden a aceptar o no
las enmiendas.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, ya he concluido.
El señor PRESIDENTE: Se entiende entonces que rechaza la del Grupo
Socialista y que votaremos la proposición no de ley con las enmiendas de
Ciudadanos y de Podemos.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/001186).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Proposición
no de ley relativa a la financiación de la Iglesia católica, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene
la palabra el señor Vendrell. (Rumores). Por favor, disminuyan los
murmullos. Ya sé que está siendo larga la sesión, pero hasta ahora hemos
ido muy bien. Gracias.
Señor Vendrell, tiene la palabra.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.
Si me permite, supongo que para no desentonar hoy, tendría que decir que
con la Iglesia hemos topado. En fin, el tema que planteamos en esta
proposición no de ley es antiguo, una supervivencia del pasado, de cuando
España era un Estado confesional, declarado jurídicamente católico. Se
trata de una anomalía democrática que nos viene de la transición y que no
se ha resuelto. ¿Por qué decimos que es una cuestión anómala? Porque crea
una situación de privilegio hacia una determinada confesión, en este caso
hacia la Iglesia católica, que es contradictoria con un Estado
aconfesional, definido como tal en el artículo 16, apartado 3, de la
Constitución española. El Estado no debe privilegiar -cuestión distinta a
tener en cuenta las creencias religiosas, como dice la Constitución- a
ninguna confesión religiosa, no debe discriminar en ningún caso entre
confesiones religiosas, y no puede discriminar ni establecer privilegios
de carácter fiscal ni de ningún otro tipo entre ciudadanos y ciudadanas
con creencias religiosas y ciudadanos y ciudadanas sin creencias
religiosas. El Estado debe ser absolutamente neutral ante la cuestión
religiosa. (Rumores).
Más intolerable nos parece la falta de transparencia y de fiscalización de
los fondos que recibe la iglesia a través del IRPF, por ejemplo, mediante
el Tribunal de Cuentas. (Rumores). No se aprobó desgraciadamente una
proposición en este sentido en la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas. En el propio tribunal la mayoría que tiene el
Partido Popular tumbó esa iniciativa, pero nos parece que en tiempos en
los que la ciudadanía...
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento.
Por favor, guarden silencio. Sé que están trabajando en las enmiendas,
pero hablen un poco más bajo o salgan fuera para negociarlas.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Decía que en tiempos en que la ciudadanía
exige transparencia en las cuentas públicas y en el uso del dinero
público, el Tribunal de Cuentas por supuesto debe fiscalizar lo que se
hace con el dinero público, con los más de 250 millones de euros que van
a parar de la casilla del IRPF del 0,7% a las arcas de la Iglesia
católica. En ese sentido va el punto tercero de nuestra proposición no de
ley. Nos parece una cuestión absolutamente fundamental.
La situación de privilegio y discriminación de la que hablaba en materia
de financiación es amplia y extensa, y nace de los propios acuerdos del
Estado con la Iglesia católica. Les decía que recibe más de 250 millones
de la casilla del 0,7% del IRPF, 700 millones de las exenciones -luego me
referiré a ellas- del IBI, y también en patrimonio o en el impuesto de
sucesiones y donaciones, las aportaciones directas por profesores de
religión -600 millones de euros- o por los capellanes castrenses, 50
millones de euros, lo que me parece absolutamente anacrónico. Son
situaciones de privilegio no solo en el ámbito de la financiación. Hemos
visto la absoluta desvergüenza de la Iglesia católica en lo referente a
la inmatriculación de iglesias, cementerios o fincas. Hay 4.900 fincas,
edificios, casas, etcétera, que la Iglesia católica se ha apropiado o ha
inmatriculado de forma ilegal en nuestra opinión. Y hablando de la
financiación de la iglesia hay que dejar claro que se incumple lo que
decía el propio acuerdo del año 1979, que en el apartado 5 del artículo 2
decía literalmente que la Iglesia católica declara su propósito de lograr
por sí misma los recursos suficientes para la atención a sus necesidades.
De eso han pasado ya muchísimos años, y es evidente que no debe ser el
Estado el que sufrague o financie una determinada creencia religiosa,
sino que deben ser los propios fieles de esa creencia religiosa. Me
adelanto seguramente al debate, pero aquí no estamos hablando de Cáritas,
sino de la Conferencia Episcopal. Nuestro grupo valora mucho la labor
social de Cáritas, como la de otras instituciones de la iglesia, pero la
financiación que recibe de la Conferencia Episcopal solo es el 2%; la
mayor parte de la financiación, el 65%, es de donaciones privadas. Otro
ejemplo es el caso del IBI. Parece lógico que, como pasa en otros países,
no
tributen los centros de culto, pero no tiene ningún sentido que los
acuerdos IglesiaEstado incluyan que no deben pagar el IBI por los
domicilios de los obispos, de los sacerdotes y por las casas parroquiales
o de las congregaciones. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. La
Iglesia católica tiene un privilegio en relación con las exenciones de
otras religiones, que no tienen la casilla del 0,7% ni este tipo de
exenciones, solo por los templos, o con otras entidades sin ánimo de
lucro. Podríamos hablar de espacios como los templos, pero no tiene
ningún sentido que el domicilio del obispo no tenga que pagar el IBI. Y
traía a colación el IRPF, que en 2006 pasó del 0,52% al 0,7%, cuando la
Iglesia católica tuvo que pagar el IVA, porque lo mandaba así la Comisión
Europea bajo amenaza de llevarnos ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. Por tanto es una situación anómala, es una situación
irregular, es una vieja historia que viene de un Estado de carácter
aconfesional que hay que resolver, y es una cuestión de calidad
democrática resolverla. Por todo ello presentamos esta PNL que plantea la
denuncia de los acuerdos de la Santa Sede, que nacen del Concordato de
1953, y que tuvieron su elemento fundamental después en los acuerdos del
año 1979, revisar el conjunto de los beneficios fiscales de la iglesia y
el tema del IBI, eliminar el privilegio que supone el 0,7 de la iglesia y
que además los dineros que recibe la iglesia sean transparentes y
fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Miren, lo que deja de pagar la iglesia, esos 2.000 millones que algún
estudio dice que deja de pagar la iglesia, los terminamos pagando el
resto de ciudadanos y ciudadanas, fieles o no fieles. Creemos que es hora
de que se comience a poner fin a ese trato de privilegio y a ese trato
discriminatorio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Se han presentado dos enmiendas, una en nombre de Ciudadanos y otra en
nombre del Grupo Socialista. En representación de Ciudadanos tiene la
palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Vendrell, la financiación de la Iglesia católica es una
cuestión que ya se ha discutido aquí en el Congreso de los Diputados en
proposiciones de ley similares a esta PNL, en concreto aquella que fue
debatida y rechazada en 2012 presentada por Izquierda Unida. Esta
proposición no de ley adolece de los mismos defectos que la anteriormente
citada, y es que, so pretexto de defender la aconfesionalidad del Estado
que contempla el artículo 16.3 de la Constitución, plantea dejar en peor
situación a la Iglesia católica y a las restantes confesiones religiosas.
Solo quiero citarles tres datos, señorías: según el CIS, los españoles se
definen a sí mismos como católicos en un 74%, un 4% son creyentes de
otras religiones y un 22% no son creyentes. En segundo lugar, según los
datos de la Agencia Tributaria, la iglesia percibe algo menos de 250
millones por la asignación voluntaria en la mencionada casilla del IRPF;
y en tercer lugar, por su parte la Conferencia Episcopal dice que la
aportación de la iglesia a la sociedad a través de escuelas, hospitales,
orfanatos y residencias de ancianos es de más de 30.000 millones de
euros, lo que supondría realmente un ahorro para la Administración de
2,73 euros por cada euro realmente transferido.
Señorías, respecto a la proposición que nos plantean ustedes, que además
nos han trasladado la transaccional, Ciudadanos quiere hacer hincapié en
dos aspectos fundamentales que son de gran interés: por un lado, estamos
de acuerdo en revisar los beneficios de las exenciones en el impuesto de
bienes inmuebles con el objetivo de eliminar dicha exención a la Iglesia
católica, las asociaciones confesionales legalmente reconocidas, con
excepción de los lugares de culto, dependencias, edificios y locales
destinados a la educación y a la formación o cualquier uso no lucrativo
de asistencia social. Por otro lado, y aquí hemos hecho hincapié y así lo
hicimos en la pasada Comisión del Tribunal de Cuentas, hay que establecer
mecanismos que prescriban que las distintas subvenciones que reciban las
confesiones religiosas, incluida en este caso la Iglesia católica, se
doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos
aquellos que reciben un dinero del Estado, incluida esta intervención del
Tribunal de Cuentas. No entendemos ese trato desigual -que nos está
exponiendo el señor Vendrell- a otras entidades sin ánimo de lucro que
disfrutan de exenciones del IBI tal cual establece la Ley 49/2002 de
régimen fiscal de entidades de fines lucrativos, incentivos fiscales del
mecenazgo. Y en segundo lugar, los contribuyentes del IRPF pueden optar
en su declaración por destinar un porcentaje de esa cuota íntegra a
colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros
fines de interés social, es más, también pueden no ejercer esa opción. En
todo caso, sea cual sea su decisión, que es voluntaria, respecto a la
asignación tributaria a la Iglesia católica, no se modifica la cuantía
final del impuesto que los contribuyentes pagan, o en el caso de que
tengan una devolución por su derecho.
Además, según los datos del ministerio -voy terminando-, 6,8 millones de
personas, es decir el 35 % de los contribuyentes, marcaron esta casilla.
En cambio 6,6 millones de contribuyentes no marcaron esta casilla y sí la
de fines sociales. Es más, 5,8 millones de contribuyentes no marcaron ni
una ni otra. Por tanto no entendemos la necesidad de anular este
concordato, lo que sí que entendemos es la necesidad de revisar los
acuerdos del Estado con entidades religiosas.
Por todo lo explicado nuestro grupo parlamentario, ya que esta enmienda
transaccional no se puede votar por puntos, va a rechazar la proposición
no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Quiero empezar mi intervención diciendo que considero que es una
legislatura apropiada para revisar ese acuerdo. El Grupo Parlamentario
Socialista ya lo intentó en el año 2013. Presentamos una proposición más
amplia que la que hoy vamos a debatir, porque incluíamos tres puntos. En
primer lugar, la denuncia del acuerdo de 1979, en el que se regula un
sistema de financiación, para conseguir como objetivo la autofinanciación
de la Iglesia católica. Incluíamos también la necesidad de la aprobación
de una ley de libertad religiosa y de conciencia para garantizar un trato
igualitario a todas las confesiones religiosas en este país, pero también
para garantizar los derechos de los creyentes, independientemente de su
confesión. Además incluíamos un acuerdo de protocolo civil específico
para que en los actos solemnes del Estado en todos los niveles de las
instituciones públicas se diese un trato igualitario a todas las
confesiones, sin que existiesen los privilegios, incluso a nivel
protocolario, que se dan en estos momentos.
La proposición que se trae aquí hoy es específica del sistema de
financiación del acuerdo de 1979, que se acoge al Concordato de la Santa
Sede de 1958, y que pretende en definitiva poner en cuestión ese sistema.
Nosotros estamos de acuerdo. Ya le he dicho que en 2013 creíamos que era
el momento oportuno de su denuncia, y lo creemos necesario por lo
siguiente. Ese acuerdo partía del propósito de que la Iglesia católica
alcanzara la autofinanciación, y del establecimiento -por venir de un
Estado confesional, de un Estado que fue eminentemente católico con el
franquismo- de un periodo de tránsito en el que, con el objeto de
conseguir la autofinanciación la Iglesia católica, fuese teniendo
complementos de financiación por parte del Estado. Esos complementos iban
a ser transitorios y evidentemente a la transitoriedad había que ponerle
tarde o temprano punto final. En ese sentido se establecía un sistema de
financiación donde se definía una asignación tributaria a la Iglesia
católica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La
aportación media de la asignación tributaria para la Iglesia católica
está cuantificada en 250 millones de euros al año. Por otra parte,
también se definían un conjunto de beneficios fiscales a través de
exenciones. Quiero poner de manifiesto que las exenciones están
establecidas en todos los impuestos, independientemente de quién los
gestione, en los impuestos del Estado, en lo concerniente al IVA, al
impuesto de sociedades, pero también en los impuestos gestionados por las
comunidades autónomas, como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados o sucesiones y donaciones, al igual que en los impuestos
locales, como el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades
económicas o el impuesto de plusvalía. Esa exención es genérica, y esa
exención no está cuantificada en estos momentos. El Grupo Parlamentario
Socialista ha requerido al Gobierno una valoración de esa exención de
todos los impuestos para poder valorar el nivel de autofinanciación de la
iglesia en estos momentos. En ese sentido, si no es el Gobierno quien
pueda facilitar esa estimación, tendrá que ser el Tribunal de Cuentas
quien valore la estimación y quien considere si se está cumpliendo de
forma adecuada con ese acuerdo de 1979.
No obstante consideramos que es el momento de esa revisión, partiendo de
la denuncia del acuerdo, y hemos llegado a una transaccional con el Grupo
Podemos, en el sentido de que el punto de partida no sea solo denunciar,
sino garantizar un trato igualitario a todas las confesiones religiosas y
colaborar en la autofinanciación, tanto de la Iglesia católica como del
resto de confesiones. En ese sentido somos partidarios de ir eliminando
progresivamente la asignación tributaria establecida específicamente para
la Iglesia católica, y por otra parte, nuestro cometido es garantizar la
transparencia en esos recursos públicos que recibe la iglesia. No
comprendemos cómo en este caso en la Comisión mixta del Tribunal de
Cuentas hubo grupos parlamentarios, principalmente los que apoyan al
Gobierno, que se negaron a esa obligación de fiscalizar los recursos
públicos. Estamos hablando de 250 millones de euros al año que recibe la
iglesia
en concepto de asignación, y la fiscalización no solamente tiene que ser
ver si el ingreso es el adecuado, si la asignación es adecuada, sino
también la aplicación que se hace de esos recursos públicos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, señor presidente.
Creemos que esta transaccional es un punto de partida muy importante, y
esperemos que cuente con el apoyo del resto de los grupos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Candela, por el Grupo Mixto (Renuncia). Renuncia
a su turno, por lo que pasamos al Grupo Vasco. Tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros sí pensamos que el
problema es más complejo, porque la exención, pese a ser legal, puede ser
un privilegio. Pero no es solamente la Iglesia católica la que goza de
él. Hay fundaciones y ONG que, en función de su utilidad pública o
social, también lo disfrutan. Por lo tanto tendríamos que hablar no
solamente de la Iglesia católica, sino de todos los demás. En cualquier
caso sería bueno o recomendable que, tanto en un caso como en el otro,
hubiera más transparencia en sus cuentas, porque además de estar exentos
de algunos impuestos reciben subvenciones y ayudas públicas que deberían
gastarse en fines sociales, por lo que entendemos que estaría bien
fiscalizar esa parte.
Se dice que hablamos de privilegios de la Iglesia católica, pero tampoco
son exclusivos de ella. La normativa que regula la tributación de la
iglesia se concreta en los acuerdos de la Santa Sede, norma de derecho
internacional, en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos e incentivos fiscales de mecenazgo, las normas de cada tributo
y las leyes de presupuestos. Desde el año 2007 el Estado destina al
sostenimiento de la Iglesia católica un 0,7 de la cuota íntegra del IRPF,
que corresponde a los contribuyentes que manifiestan su voluntad en este
sentido marcando esa casilla. También recibe subvenciones afectadas al
cumplimiento de los objetivos de interés general en concurrencia con
otros agentes que también lo perciben en condiciones de igualdad:
entidades, fundaciones y ONG, como he dicho.
Con respecto a la tributación del impuesto de sociedades tributa todo lo
que no sean donaciones de sus fieles: en el IRPF se tributa; el IVA paga
por renuncia; el impuesto de trasmisiones patrimoniales está sujeto, pero
exento, igual que las demás confesiones y fundaciones declaradas de
utilidad pública. En conclusión lo que se denomina privilegios de la
Iglesia católica son beneficios otorgados en su condición de institución
declarada de utilidad pública, como otros. Es verdad que en algunos casos
que nos plantea la proposición tendríamos algunos puntos en los que
estaríamos de acuerdo, pero en algunos otros no, porque creemos que
tendría que ir más allá que simplemente de la Iglesia católica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella, que
tampoco quiere mucho con la iglesia hoy. (Risas). Quiero decir que no
intervendrá en este tema de la iglesia. (La señora Capella i Farré: No,
no tengo ningún problema. Siempre hemos sido coherentes en este tema).
Perfectamente.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, como refleja nuestra Constitución,
el Estado debe garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, y
señala a los poderes públicos la función promocional que deben adoptar en
relación con el ejercicio de dicho derecho. Además señala a los poderes
públicos la función promocional que deben adoptar, y la Carta Magna
reconoce la neutralidad del Estado y su posición frente a lo religioso,
que según ha determinado nuestro Tribunal Constitucional, a través de su
jurisprudencia, debe ser entendida como una actitud de laicidad positiva
puesta en relación con el principio de cooperación de los poderes
públicos con las confesiones religiosas. Como consecuencia de ello, el
Estado español firmó el 3 de enero de 1979 cuatro acuerdos con la Santa
Sede, uno de ellos sobre asuntos económicos. Posteriormente, en 1992,
pactó unos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades
Judías de nuestro país respectivamente, los cuales entraron en vigor
mediante las leyes 24, 25 y 26 de 1992.
Los beneficios fiscales a favor de la Iglesia católica son similares a los
recogidos en los acuerdos de colaboración que tiene suscritos el Estado
español con otras iglesias o confesiones religiosas. A ellas se les
aplica la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines
lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. En relación con la
exención del IBI a la Iglesia católica, el acuerdo de 1979 señala que las
entidades de la Iglesia católica previstas en el acuerdo tienen ese
derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario
del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo
caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas, siendo uno
de ellas la exención del IBI. En el texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales se establece qué inmuebles están exentos de IBI,
y hay una importante relación de exenciones a inmuebles de distintas
entidades, aunque parezca que algunos grupos solo tengan un obstinado
empecinamiento con respecto a la Iglesia católica. Asimismo, el acuerdo
de 1979 prevé que el Estado puede asignar a la Iglesia católica un
rendimiento de la imposición sobre la renta siempre que cada
contribuyente manifieste expresamente en la declaración correspondiente
su voluntad acerca del destino de la parte afectada. El 22 de diciembre
de 2006, cuando gobernaba el Partido Socialista, se produjo un canje, un
intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación referido a los acuerdos
sobre asignación tributaria a favor de la Iglesia católica, expresando
ambas partes su conformidad sobre la interpretación. El Tribunal
Constitucional ha venido señalando que el acuerdo firmado con la Santa
Sede tiene el carácter de tratado internacional. Así, hay sentencias del
año 1982 o del año 1991. A partir de esta consideración y como
consecuencia del principio de bilateralidad que informa el acuerdo, sus
preceptos no pueden ser interpretados unilateralmente por ninguna de las
partes, de tal forma que su contenido solo podrá ser derogado, modificado
o suspendido en la forma prevista en el propio acuerdo o conforme al
artículo 96 de nuestra Constitución, que habla de las normas generales
del derecho internacional.
Trasladado este principio al ámbito de las subvenciones, cabe concluir que
las potestades o facultades atribuidas por la Ley General de Subvenciones
al Estado no pueden ser trasladadas unilateralmente a la asignación
tributaria. Es más, en el intercambio de notas del año 2006 se señaló el
cambio de modelo, en el que desde el 1 de enero de 2007 la Iglesia
percibe para su sostenimiento únicamente la cantidad que resulte de la
asignación tributaria. No se puede atraer esta figura a la consideración
de subvención. De hecho, la asignación tributaria aparece consignada en
los Presupuestos Generales del Estado no como partida de gasto, sino en
el presupuesto de ingresos del Estado, minorando el importe del IRPF. A
los efectos de determinación de su régimen jurídico, la asignación
tributaria puede ser asimilada a los beneficios fiscales, a los que sí se
refiere la Ley General de Subvenciones, estableciendo claramente que no
tienen carácter de subvenciones. Por los mismos motivos, cabría extender
esta consideración a la asignación tributaria, que, como aquello, supone
una minoración de los ingresos tributarios. Estamos, en definitiva,
dentro de la órbita del derecho tributario, en el que rige su propia
normativa.
Por último, el concordato suscrito entre el Estado español y la Santa Sede
de agosto de 1953 se revisó íntegramente en los acuerdos del año 1979,
conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de nuestra
Constitución, y se desarrolló en el intercambio de notas de 2006. Dichos
acuerdos fueron suscritos el 3 de enero de 1979 y ulteriormente
ratificados por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y por
amplia mayoría de votos en ambas Cámaras, siendo posteriores a la entrada
en vigor de la Constitución, y cumplen con lo establecido en el texto
constitucional acerca de su entrada en vigor. A mayor abundamiento
-termino, presidente-, desde entonces el Tribunal Constitucional ha
venido sosteniendo en todos sus pronunciamientos sobre la materia la
plena conformidad de los acuerdos con los principios y normas
constitucionales.
Por todo lo expresado, no originemos problemas de legalidad y respetemos
la independencia de los órganos de relevancia constitucional, como es el
Tribunal de Cuentas. Nuestro voto, por tanto, será negativo a la
proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Vendrell, nos han hecho llegar una transaccional con el Grupo
Socialista.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Sí, efectivamente, hemos llegado a una
enmienda transaccional con el Grupo Socialista. Simplemente quiero
agradecer las enmiendas tanto del Grupo Socialista como de Ciudadanos, a
pesar de que no aceptamos la enmienda de este último grupo.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Se votará entonces con la transaccional.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES PARA
IMPEDIR QUE PERSONAS O ENTIDADES CONDENADAS POR DELITOS CASTIGADOS CON
PENAS GRAVES O POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR DOLO O NEGLIGENCIA GRAVE
PUEDAN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA DE
SUBVENCIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número
de expediente 161/001189).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º, que es la PNL relativa a la
modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que personas
o entidades condenadas por delitos castigados con penas graves o por
responsabilidad civil por dolo o negligencia grave puedan obtener la
condición de beneficio o entidad colaboradora de subvención. Es una
iniciativa del Grupo Ciudadanos.
Tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las administraciones públicas, con sujeción a
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación. En particular, dicha
ley dispone en su artículo 13 los requisitos que deben cumplir estas
personas o entidades para obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora de subvenciones, estableciendo determinados supuestos que
inhabilitan para la obtención de dicha condición. Entre ellos, les voy a
referenciar unos cuantos en los que se tipifica específicamente: haber
sido condenados, por ejemplo, mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas; haber
solicitado la declaración de concurso voluntario; haber dado lugar por
causa de la que hubiesen sido declarados culpables a una resolución firme
de cualquier contrato público; no hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias; tener la residencia fiscal en
un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal; o
haber sido sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Pues bien,
señorías, estos supuestos no contemplan la exclusión de aquellas personas
que hubiesen sido condenadas por sentencia firme por la comisión de
delitos castigados con penas graves o por incurrir en la responsabilidad
civil contractual o extracontractual derivada del dolo o de negligencia
grave, con independencia de que la sentencia conlleve o no la pérdida de
posibilidad de obtener subvenciones.
Señorías, lo que plantea mi grupo parlamentario en esta Comisión es que
esta circunstancia ha permitido que se produzcan casos tan desagradables
y lamentables como el de la empresa responsable del transporte del
Yak-42, que sufrió un grave accidente y que se saldó con la muerte de
sesenta y dos compatriotas, sesenta y dos soldados españoles, el día 26
de mayo de 2003, y que resultó condenada por su responsabilidad en el
accidente por negligencia grave el pasado 10 de febrero de 2006.
Señorías, pese a esta sentencia, solo dos años después, esta misma
empresa pudo acceder a una subvención pública del Ministerio del
Interior, circunstancia que en otros supuestos menores de responsabilidad
le habría inhabilitado para acceder en el futuro a cualquier tipo de
ayuda o subvención pública. Lo que planteamos desde el Grupo Ciudadanos
es de sentido común, no es una cuestión de colores políticos, no es una
cuestión de derechas o de izquierdas; es una cuestión de dignidad humana,
transparencia y gestión eficiente. Realmente pensamos que a quien genera
el mal se le debe de castigar.
Teniendo presente todo lo anterior, presentamos esta proposición no de ley
instando al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley General de
Subvenciones con el objetivo de impedir la posibilidad de que se vuelva a
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, como sucedió
con el Yak42. Presentamos esta proposición no de ley para impedir que
aquellas personas o entidades que hubieran sido condenadas mediante
sentencia firme -repetimos- por la comisión de delitos, y con el alcance
que se determine en conformidad con esa normativa aplicable en cada caso,
se impida que esas personas vuelvan a contratar u obtener subvenciones de
la Administración pública.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por tanto, vamos a
seguir el orden habitual, de menor a mayor. En nombre del Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Candela (Denegación), que no hace uso de ella.
Pasamos al Grupo Vasco, PNV, señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nos vamos a abstener en esta PNL
porque no vemos mucho sentido a que una ley ordinaria incremente el
castigo a conductas que han sido ya castigadas por el Código Penal y se
limite a hablar de delitos graves sin vincular esa conducta con la causa
por la que se pide una subvención. Entendemos que tendríamos que
ajustarlo mucho más o ser mucho más concretos en esta propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre de Esquerra Republicana ¿va a intervenir algún diputado?
(Denegaciones). En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULÍAN: Entendemos el sentido que motiva la
iniciativa, pero el texto genera algunas incertidumbres que nos parecen
un poco arriesgadas. Estamos de acuerdo en aumentar los controles sobre
la gestión del dinero público en general y creemos que quizá la Ley de
Subvenciones podría ser objeto de modificaciones en ciertos aspectos que
podría ser interesante tratar, pero es verdad que la modificación que se
propone ahora mismo del artículo 13 contempla dos cuestiones que nos
generan incertidumbre y por las que nos vamos a abstener. La primera es
en relación con el tiempo. Nos parece raro, igual que ha dicho la
compañera del PNV, que se establezca finalmente en vía administrativa la
fijación de la cuantía de esta inhabilitación, estando la Ley Orgánica
del Código Penal con un tiempo de quince años. Como digo, nos parece que
es una disfunción esas capacidades de establecer diferentes fórmulas de
tiempo a la del artículo 33.7.f) del Código Penal. La segunda es en
relación con la calificación de delitos graves, porque podríamos llegar
al absurdo de que una persona condenada por delito de lesiones en su
juventud no pudiera tener después ninguna subvención en su vida. Creemos
que esa responsabilidad civil contractual, derivada de dolo o negligencia
grave, debería estar aplicada en el caso de sentencia firme y relacionada
con la ejecución de la subvención. Por tanto, pensamos que puede tener
sentido la idea que se pone encima de la mesa, pero esas dos
indefiniciones nos generan dudas y nos abstendremos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Señor presidente, gracias.
Ciudadanos nos presenta aquí una iniciativa que, quiero entender, tiene
también, como han dicho otros compañeros, una buena intención de fondo,
la cual por cierto compartimos, y que nos lleva a preguntarnos eso mismo
que se preguntan otros muchos millones de ciudadanos: ¿cómo se puede
justificar que determinadas entidades o personas que hayan actuado de
manera delictiva, que hayan cometido infracciones graves, se vean luego
beneficiadas por la concesión de algún tipo de ayudas o de subvenciones?
Está claro, señorías, que hasta aquí somos convergentes con el fin de su
iniciativa. Los socialistas queremos profundizar en ese tipo de
regulación de las subvenciones, queremos contar con un marco sólido, pero
también eficaz, para evitar las ayudas carentes de sentido y que no pasen
ese filtro moral de nuestra sociedad. Durante los últimos años hemos
podido apreciar cómo se han ido conociendo diversos casos en los cuales
cuando menos ha sido polémica y poco comprendida la percepción de
determinadas subvenciones; no podemos obviar que el componente económico
es un elemento central y estructural de dicho instrumento público y que
exige de alguna manera una gran rigurosidad en su concesión y un control
exhaustivo en su desarrollo. Quiero destacar en ese sentido que nuestro
partido político está firmemente comprometido con todo lo que implique
una mayor transparencia en el conjunto de las administraciones públicas,
que se aprecie desde la ciudadanía que los poderes públicos desarrollan
la labor de contratación siguiendo sus principios de publicidad,
concurrencia, igualdad y no discriminación. Prueba de ello son los
objetivos que nos hemos planteado en la actual tramitación de la Ley de
Contratos del Sector Público, en la que presentaremos diferentes
enmiendas que redundan en la mayor transparencia posible en este ámbito
de la Administración. Se trata, en definitiva, señorías, de construir una
cultura de la ejemplaridad en la Administración que permita restablecer
la confianza, tan dañada en la actualidad, de la ciudadanía en nuestras
instituciones públicas, recuperar el prestigio de la política y combatir
los recelos que actualmente puedan existir sobre la fuerza de las leyes y
la equidad del sistema judicial. Creo, por cierto, que se trata de
planteamientos que no son los que han marcado ni mucho menos la hoja de
ruta
del Gobierno en los últimos años, y el afloramiento de determinadas
prácticas así lo atestigua. Pero como bien ha dicho alguna señoría
anteriormente, se nos plantean algunas dudas en cuanto a la iniciativa
que ha presentado Ciudadanos por la manera en que han redactado su
propuesta y que quizás nos deja una cierta sensación de zozobra jurídica.
Como muestra de buena disposición, y para un debate posterior en todo
caso más sosegado y más profundo desde el punto de vista técnico y
jurídico, vamos a votar a favor de esta iniciativa, como digo, con cierto
respecto hacia nuestro ordenamiento jurídico procesal.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Señorías, trae esta proposición no de ley una propuesta de modificación de
la Ley General de Subvenciones, y antes de entrar en el sentido común,
como decían los anteriores intervinientes, voy a concretar lo que recoge
la propia Ley General de Subvenciones y a analizar el alcance y
competencias que trata el propio texto de la proposición no de ley.
La Ley General de Subvenciones dice en su exposición de motivos que una
parte importante de la actividad financiera del sector público se
canaliza a través de subvenciones; de ahí, la importancia de determinar
el alcance y competencia de lo propuesto en esta PNL. Dice también que la
Ley de Estabilidad Presupuestaria vino a otorgar seguridad jurídica,
además de introducir cambios que han mejorado sustancialmente la
transparencia aquí mencionada en la elaboración, ejecución y control de
la gestión de estos recursos presupuestarios en un horizonte plurianual
orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las
finanzas públicas. Sigue diciendo la Ley General de Subvenciones que
supone un paso más en el proceso de perfección y racionalización de
nuestro sistema económico. La mejora de la gestión y el seguimiento de
las subvenciones, la corrección de las insuficiencias normativas y sobre
todo el control de las conductas fraudulentas son esenciales para
conseguir asignaciones eficaces y eficientes y hacer compatible la
creciente importancia de las políticas de subvenciones y la actual
orientación de la política presupuestaria. Recoge la Ley General de
Subvenciones de una forma extensa y concreta el ámbito de aplicación,
principios inspiradores, requisitos de otorgamiento, obligaciones de
beneficiarios y entidades colaboradoras, comportamientos singulares de
las mismas, medidas de control y seguimiento, pérdida de la condición de
beneficiarios y entidades colaboradoras, así como el reintegro de las
subvenciones, infracciones y régimen sancionador.
Como se expone en la proposición no de ley, la Ley General de Subvenciones
ya refleja en su artículo 13 los requisitos por los que se puede perder o
conseguir la condición de beneficiario y entidad colaboradora, quedando
casi recogido el espíritu de esta PNL en la propia redacción de la Ley
General de Subvenciones, aludiendo también y coincidiendo con el sentido
común que siempre hay que hacer encajar en la legislación y en el Estado
de derecho. Aun estando de acuerdo con dicho espíritu y basándonos en que
la realidad de las nuevas situaciones puede obligar a cambios y mejoras
en las leyes, parece que el grupo que presenta la proposición -y debemos
centrarnos en estos puntos- no tiene claro el alcance y, sobre todo,
quién tiene la competencia para llevar a cabo las propuestas que nos
plantean. Así, tendremos que hacer dos consideraciones para explicar por
qué no vemos ahora mismo pertinente modificar la Ley General de
Subvenciones.
Una primera consideración sobre técnica normativa. El Código Penal
califica la inhabilitación...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, por favor.
El señor FOLE DÍAZ: Sí, señor presidente.
... como una pena grave y requiere a los tribunales como competentes para
definir la responsabilidad y las penas, con lo cual, deberían ser -como
se ha dicho aquí- los tribunales quienes determinen la cuantía de la
indemnización, y no hacerse, digamos, desde un punto de vista
administrativo. Sobre la responsabilidad contractual y extracontractual,
habría que diferenciar entre si son particulares o si interviene la
Administración pública, centrándose en esta última la responsabilidad
contractual, que debería estar previamente imputada al contratista, y en
el ámbito de las subvenciones aparece ya contemplada, tal y como se
recoge en el artículo 13, donde se prevé que se pueda imponer la sanción
de prohibición de acceso a las subvenciones en caso de acordarse la
resolución del contrato por culpa del
contratista. Otro caso sería debatir reintegro, plazos de inhabilitación,
etcétera. Por todo ello, no estimamos conveniente actualmente la
modificación de la ley general en los términos que establece la
propuesta.
Muchas gracias y perdón por alargarme en el tiempo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:
- SOBRE LA ARMONIZACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL EUROPEA E INTERNACIONAL Y
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LOS PARAÍSOS FISCALES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es el
debate y votación de una solicitud de creación de subcomisión. Acordamos
en la Mesa que se podían incluir tanto PNL como cualquier otra iniciativa
y por parte del Grupo Socialista se presentó esta sobre la armonización y
coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude
fiscal y los paraísos fiscales. A esta iniciativa se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo de Unidos Podemos. Antes de dar la palabra
quiero decirles que como el tema es un poco especial, voy a ser flexible
y daré unos tres o cuatro minutos por portavoz.
Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el señor Saura, en
representación del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
El título de la PNL lo ha expresado ya el presidente de la Comisión y la
idea es muy sencilla. La globalización económica, la movilidad de
capitales, de circulación de capitales en el mundo, la existencia de
paraísos fiscales -se habla de 6 billones de dólares residenciados en los
paraísos fiscales-, todo ello conlleva una competencia fiscal e
impositiva a la baja. Por consiguiente, para conseguir una fiscalidad
justa y suficiente es necesaria, como mínimo, una coordinación fiscal
internacional. Si de verdad queremos una fiscalidad suficientemente justa
y adecuada para las necesidades que tiene el mundo, es necesaria una
coordinación fiscal internacional. Es un ejemplo más de que la
renacionalización de las políticas económicas no lleva a ningún sitio,
que las políticas económicas que terminan en la autarquía no son la vía
más adecuada para resolver los problemas que tiene el mundo y para luchar
contra la desigualdad. Es más, ahora tenemos nuevos elementos encima de
la mesa, por ejemplo la nueva Administración americana de Trump lo que
está planteando es una renacionalización de las políticas tributarias y
además competir a la baja. Por consiguiente, es muy necesario que se
trabaje en un nuevo paradigma internacional fiscal. Dicho de otra manera,
necesitamos una revolución fiscal internacional para poder abordar retos
como, por ejemplo, que tengamos recursos suficientes para financiar una
política fiscal más expansiva en el mundo, en Europa y en España, o para
poder compensar a los perdedores de la globalización, o también para que
las empresas puedan competir de manera justa en el mundo, es decir, que
todas las empresas tengan las mismas condiciones. Por muchas razones
necesitamos esa nueva revolución fiscal y España tiene que jugar un papel
importante, el Gobierno español y el Parlamento español.
Señorías, lo que estamos proponiendo desde el Grupo Parlamentario
Socialista, que ya se propuso en la X Legislatura, no es nuevo en la
mayoría de los parlamentos europeos. En la mayoría de los parlamentos
nacionales europeos ya hay una comisión especial de este tipo, pero no
solamente en los parlamentos nacionales de los distintos países de la
Unión Europea, también en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo
se empezó con la Comisión TAXE 1, que tiene su origen en el escándalo
LuxLeaks. Pero no se quedó solo en el escándalo LuxLeaks sino que hizo un
conjunto de planteamientos que asumieron el Parlamento Europeo y también
la Comisión, que ha llevado -como consecuencia de ese TAXE 1- a
directivas europeas. Después de la TAXE 1 vino la TAXE 2, también con
conclusiones muy interesantes que el Consejo y la Comisión Europea han
aprobado. Y ahora está en marcha la PANA, que tiene su origen en los
papeles de Panamá.
España tiene que impulsar en el seno de la comunidad internacional y
también en la Unión Europea una agenda tributaria que busque ese nuevo
paradigma internacional porque, insisto, la movilidad de capitales, la
globalización conllevan una competencia a la baja que hace que sea muy
difícil tener los ingresos suficientes. ¿Qué cuestiones se están
debatiendo en este momento en el Parlamento Europeo, en la Comisión
Europea y en el Consejo Europeo, en las que España tiene que opinar? Por
ejemplo, en la propuesta estrella de la base imponible común consolidada
del impuesto sobre sociedades; por supuesto
en la implementación de la Directiva Antielusión, ATAD, que ya ha aprobado
la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. A finales de este año,
el Consejo Europeo tendrá que aprobar una lista de paraísos fiscales con
las sanciones correspondientes. ¿Qué posición va a tener el Gobierno de
España? Se está trabajando a iniciativa de la Comisión en esa lista de
paraísos fiscales. Otro tema que se está debatiendo actualmente en las
instituciones europeas es el papel de los intermediarios, de los
despachos de abogados y de las constructoras, en el diseño de productos
para la elusión fiscal. El Parlamento español tiene que opinar sobre esas
cuestiones también; o el desarrollo de zonas libres de paraísos fiscales,
es decir, cláusulas de contratación que impidan contratación de
sociedades con la Administración que tengan filiales de manera
injustificada en paraísos fiscales; o la creación de una Agencia
Tributaria europea o una cumbre fiscal -termino ya- en el marco de
Naciones Unidas. Podríamos seguir con este tipo de cuestiones que se
están debatiendo en el Parlamento Europeo, pero el Parlamento español
debería sentar las bases de una estrategia de lucha contra el fraude a
nivel nacional para que el propio Parlamento español pueda evaluar esa
estrategia de lucha contra el fraude en esa subcomisión o comisión
especial, como quieran llamarla. Por lo tanto, para este tipo de cosas
les pido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su apoyo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Como venimos diciendo, España sufre un déficit estructural de ingresos que
se alza hasta los 8 puntos porcentuales de diferencia con respecto a la
eurozona. Esto se manifiesta en una insuficiencia fiscal que se plasma en
un aumento del endeudamiento público excesivo en periodos de recesión y
recortes que serían innecesarios con un sistema tributario moderno y
eficaz, unos recortes que, como se ha demostrado, llevan una espiral de
déficit, destrucción de empleo, deuda y vuelta la burra al trigo,
siguiendo con los refranes que venimos utilizando hace un rato. (Risas).
El déficit estructural de ingresos públicos de España tiene dos fuentes:
una estructura impositiva injusta, que carga todo el peso sobre los de
abajo, y una elevada impunidad con el fraude y la elusión fiscal. En este
país el fraude y la elusión fiscal se sitúan entre el 22 y el 30% del
PIB. La elusión y la evasión de las multinacionales contribuye con más de
8.000 millones al año, según Gestha. Hoy se ha debatido una PNL para
reclamar los impuestos no pagados de Apple que, según la Comisión
Europea, entre 2013 y 2014 pagó una tasa efectiva de 0,005%. Esto no es
una excepción sino que afecta a otra serie de multinacionales como
Google, Starbucks, McDonald's, Fiat, Amazon y casi todas las grandes
multinacionales que operan en España y también las españolas. Esto
tampoco es una novedad, ya que las grandes corporaciones terminan
abonando un 7%, mientras que un ciudadano medio paga entre el 20 y el 47%
de impuestos sobre la renta y las pymes y autónomos terminan pagando
entre un 20 y un 25%.
Cuando los rendimientos del capital exceden la tasa de crecimiento de la
economía, el capitalismo automáticamente acaba generando desigualdades
arbitrarias e insostenibles, socavando los valores de las sociedades
democráticas. Esto es lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos
y, si nosotros no ponemos coto al fraude y a la elusión fiscal que
permite que las multinacionales tengan estos beneficios desbocados, la
alternativa para los ciudadanos va a ser la de Trump y Le Pen, y eso no
lo podemos permitir. Por eso, aprovechando el camino abierto por la OCDE,
tenemos que trabajar a nivel internacional para acabar con el fraude y la
elusión. Necesitamos un acuerdo global sobre la tributación del beneficio
mundial de las sociedades en función de las ventas, la masa salarial y el
importe del capital utilizado en cada país. Además, hay que establecer
sistemas normalizados de intercambio automático, información con otras
administraciones públicas acerca de la existencia de mecanismos de
elusión fiscal, entre otras medidas. Por eso, estamos de acuerdo con esta
subcomisión que plantea hoy el Grupo Socialista, aunque hemos incluido
alguna enmienda para no circunscribir únicamente el debate planteado por
la OCDE; también para que de las tres representantes que se incluyan en
la Comisión una al menos sea mujer, porque creemos que las políticas de
igualdad tienen que ser transversales y tienen que atender también a la
composición de las comisiones. Al mismo tiempo, instamos al Partido
Socialista a que sea coherente porque mientras hoy aquí está proponiendo
una subcomisión para atajar y eludir la evasión fiscal, sus diputados en
el Parlamento Europeo estarán votando a favor del Tratado de libre
comercio con Canadá, que incluye, entre otras medidas perjudiciales para
los ciudadanos, medidas como el Investment Court
System, que sirve para que las empresas canadienses puedan pedir a
cualquier país europeo compensaciones económicas si toman medidas que
afecten a sus expectativas legítimas de beneficios. ¿Qué ocurre si estos
tribunales de arbitraje consideran que acabar con la ocultación de
beneficios sea afectar a sus expectativas legítimas? Hay que ser
coherentes, señores, y tener claro que para acabar con el fraude y la
elusión fiscal no pueden estar votando en Europa a favor del CETA y
tampoco dándole aquí al Gobierno de las amnistías fiscales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Simplemente quiero anunciar que votaremos a favor
de la creación de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias.
Voy a hacer una intervención muy breve. Celebro que el Grupo Socialista
traiga a esta Cámara la propuesta de subcomisión. El fraude es un tema
que, como ha demostrado mi compañero Francisco de la Torre, en esta
Cámara nos tomamos muy en serio. Entre otras cosas, está reflejado en los
dos acuerdos que hemos firmado -el señor De la Torre y yo mismo- con el
Partido Socialista y también con el Partido Popular, donde había
capítulos específicos, con una batería de medidas completa, dedicados a
este asunto que nos interesa particularmente.
En relación con lo que decía el señor Saura, es evidente que en un mundo
con libre movimiento de capitales tenemos que mejorar y avanzar en la
cooperación internacional como pasa en otras tantas áreas, desde las
migraciones hasta el medio ambiente, ya que la fiscalidad es
absolutamente clave y mucho más en una unión monetaria, con los
desequilibrios que tenemos. Hoy hemos hablado de muchos de los casos pero
no voy a extenderme en el tema de los desequilibrios que tenemos de
fiscalidad y de falta de armonización fiscal, donde hay problemas serios,
particularmente en un entorno en el que existe una insuficiencia evidente
de recursos públicos, donde se está recortando en derechos sociales,
donde se está recortando en educación y en sanidad, cuando en España se
calcula -es evidente que los cálculos siempre son orientativos en este
tema- que podría haber hasta 60.000 millones que se escapan a través del
fraude al fisco. Con eso cubriríamos todo el coste que ha tenido para los
españoles el rescate de las cajas del Partido Popular y del Partido
Socialista, solo por poner un ejemplo de lo importante que es el tamaño
de esta cuestión. Hemos defendido varias iniciativas sobre este asunto y
también sobre la amnistía fiscal, donde se ha perdonado injustamente a
defraudadores. Creemos que hay que cambiar la cultura en este aspecto y
por tanto está bien esta iniciativa.
Respecto al acuerdo comercial del CETA que mencionaba el compañero de
Podemos, el Parlamento Europeo acaba de votar a favor del CETA.
Probablemente es el socio comercial más progresista que podemos tener
jamás y probablemente será el acuerdo comercial con más garantías que se
ha firmado nunca precisamente por los problemas que ha habido en la
negociación. Tenía sentido que los hubiera para garantizar los derechos
de los consumidores, como la cuestión de protección de datos y demás.
Podemos, con Izquierda Unida, se han quedado votando en contra de este
acuerdo con Syriza y también con la extrema derecha de Le Pen. Estoy
seguro de que no están de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero es
verdad que en el mundo hay una división cada vez más clara entre los que
defendemos las sociedades abiertas y los que prefieren poner muros y
cotos a los intercambios, y este es un ejemplo más. En este caso, me
alegro de que estén a favor de la cooperación a nivel europeo, siguiendo
las propuestas que hace la OCDE en este aspecto y que son muy conocidas,
la del BEPS y demás, para ir avanzando en este asunto.
La única duda que me queda es que hay un acuerdo en la mesa sobre el
número de comisiones y subcomisiones que podemos tener y que el Grupo
Socialista ha firmado. Yo estoy encantado de seguir trabajando y
profundizando en este tema, pero para los grupos pequeños es un poco
complicado cuando ahora mismo hay ocho acordadas. Entiendo que esto sería
para acumular y que después habría una subcomisión sobre este tema que,
evidentemente, apoyaríamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo también voy a hacer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, mi
aportación a la divulgación del refranero español al que hoy estamos
dedicados: la unión hace la fuerza. En esta cuestión todos los grupos
políticos que estamos aquí coincidimos absolutamente en los objetivos,
porque el fraude fiscal es una lacra social que tenemos que combatir con
absoluta contundencia entre todos. Por tanto, coincidencia absoluta en
los objetivos. El Gobierno del Partido Popular ha demostrado que la lucha
contra el fraude y la evasión fiscal internacional es y ha sido desde el
principio una prioridad para la política económica, por eso, año tras
año, incluye en sus planes anuales de control tributario estas
operaciones transfronterizas como un área de atención preferente de las
actuaciones de la Agencia tributaria. Esa planificación fiscal
internacional, en particular la vinculada a grupos multinacionales, ha
constituido y seguirá constituyendo una de sus principales líneas de
actuación. Tanto es así, señorías, que, transcurrido poco más de un año
desde que la OCDE hiciese públicos los informes definitivos de las
acciones BEPS, el 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el modelo 231, en el que las grandes sociedades van a tener que
declarar sus ventas y sus ingresos país por país, lo que se llama
información país por país. En el caso de España, las autoridades
españolas han reaccionado con agilidad y con anticipación en estos temas.
Pero me gustaría también dejar claro que España no ha dejado de hacer sus
deberes con el Gobierno del Partido Popular en esta materia, y les voy a
poner algunos ejemplos. En relación con la lucha contra los paraísos
fiscales, forma parte de la estrategia de la Administración tributaria
defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la
progresiva desaparición de esos paraísos fiscales. España mantiene en su
legislación tributaria, como saben, un tratamiento especialmente riguroso
hacia los paraísos fiscales y establece cláusulas antiabuso tanto en la
normativa del IRPF como en la del impuesto sobre sociedades y en la del
impuesto sobre la renta de no residentes. Además, España tiene una lista
cerrada de territorios considerados paraísos fiscales que está recogida
en el Real Decreto 1080/1991. Por tanto, el Gobierno está absolutamente
comprometido -la Administración tributaria, por supuesto, está en ello-
en la lucha contra esos paraísos fiscales. España también ha firmado en
los últimos años numerosos convenios para evitar la doble imposición
internacional, con cláusulas de intercambio de información o simplemente
acuerdos de intercambio de información siguiendo los estándares que se
han marcado en organismos internacionales como la OCDE. Esto ha permitido
que la Agencia tributaria tenga información de cuentas y de valores que
anteriormente eran totalmente opacos para la Administración tributaria.
Se han firmado acuerdos con Suiza, Andorra, Panamá y Luxemburgo, por
citar algunos. Pero estamos haciendo más cosas de las que se han dicho
aquí; muchas de las que han mencionado los intervinientes se están
haciendo ya. Por ejemplo, España está participando activamente en
organismos tales como el G-20 y la OCDE en materia de lucha contra el
fraude y forma parte, cómo no, de esos grupos de trabajo técnicos. El
Plan de acción de la Comisión Europea contiene más de treinta medidas y
pretende, desde la Unión Europea, lógicamente mediante una acción
coordinada porque estamos tratando problemas que van más allá de las
fronteras españolas en un mundo cada vez más globalizado, dar una
respuesta más efectiva a los problemas de evasión y de elusión fiscal.
El Gobierno de España ha hecho sus deberes y creemos que de esto no
podemos hacer una cuestión partidista ni ideológica, porque es tarea de
todos. Los defraudadores detraen recursos de las arcas públicas y, al
final, detraen recursos de todos. Hay que destacar también que este
Gobierno ha obtenido resultados históricos en la lucha contra el fraude
-más de 50.000 millones- y ha aprobado la Ley 7/2012, que ha puesto a
disposición de la Agencia tributaria unas herramientas legales mucho más
eficaces para la lucha contra el fraude, como la declaración de bienes y
derechos en el exterior, la limitación del uso de efectivo en
determinadas transacciones económicas a partir de 2.500 euros o el
endurecimiento de la figura del delito fiscal creando un tipo agravado
para fraudes de especial gravedad, elevando la pena de prisión a seis
años y aumentando el plazo de prescripción a diez años. En el Grupo
Parlamentario Popular creemos que en la lucha contra el fraude -y más aún
contra el fraude fiscal internacional, que trasciende las fronteras
españolas y para el que es necesaria una acción coordinada y armonizada
con el resto de los países, especialmente en la Unión Europea- no vale
hacer ejercicios de demagogia, porque eso no conduce a resultados serios
y realistas.
Concluyo ya. Estamos en la legislatura del acuerdo y del diálogo y la
lucha contra el fraude es uno de los temas que suscita mayor acuerdo
entre los grupos políticos, porque compartimos el objetivo de tolerancia
cero con los defraudadores. Creemos que esta subcomisión puede ser útil
para profundizar en ese objetivo y vamos a votar favorablemente, porque
la unión hace la fuerza.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el grupo proponente la enmienda del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Sí, la aceptamos, porque va en la idea de una coordinación internacional y
de gobernar la globalización. Igual que el CETA, que va en contra de
Trump, Podemos ha votado con Trump y a favor de Trump en la votación de
hoy.
El señor PRESIDENTE: Eso ya ha quedado claro.
El señor SAURA GARCÍA: Termino dando las gracias al Grupo Parlamentario
Popular, porque hace cinco años sobre este mismo asunto votó en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones de forma inmediata, porque
creo que todos tenemos claros los términos.
Votamos el punto 1.º, proposición no de ley relativa a reclamar los
impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por
la Comisión Europea. Esta iniciativa se vota con una enmienda
transaccionada por parte del grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 2.º, proposición no de ley relativa al cumplimiento de la
jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal
interino de las administraciones públicas. Se vota con una transaccional,
en este caso de Ciudadanos y del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 3º, proposición no de ley relativa a la reinversión del
superávit municipal. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 4.º, proposición no de ley sobre el cumplimiento de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la
devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para
la compra de empresas extranjeras. En este caso se somete a votación con
las enmiendas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea y de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 14; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 5.º, proposición no de ley relativa a la financiación de
la Iglesia católica. Se somete a votación con la transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 6.º, proposición no de ley relativa a la modificación de
la Ley General de Subvenciones para impedir que personas o entidades
condenadas por delitos castigados con penas graves o por responsabilidad
civil, por dolo o negligencia grave, puedan obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. Se vota en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 14; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El último punto, relativo a la creación de una subcomisión sobre
armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra
el fraude fiscal y los paraísos fiscales, se somete a votación con la
enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Les agradezco, como siempre, su colaboración.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.
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