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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 149, de 08/03/2017
cve: DSCD-12-CO-149-C1
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 149
PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles
8 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales:

- De la profesora del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía (Martínez Cousinou), para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 219/000290) ... (Página2)

- De la abogada del Estado y miembro de la Fundación "Hay Derecho" (De la Nuez Sánchez-Casado), para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 219/000291) ... (Página10)

- Del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada (Montilla Martos), para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 219/000292) ... (Página20)


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Se abre la sesión a las dieciséis y cinco minutos de la tarde.

COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES:

- DE LA PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA (MARTÍNEZ COUSINOU), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 219/000290).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Se les está repartiendo una documentación que ha traído, muy amablemente, Gloria Martínez Cousinou, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, a quien en mi nombre y en el de todos ustedes quiero agradecer que haya venido hoy a esta Comisión para seguir hablándonos de financiación de partidos. Ella tendrá un primer turno de unos quince minutos aproximadamente, después, como es habitual, todos ustedes podrán formularle sus preguntas y la señora Martínez Cousinou cerrará con un turno de una duración similar al inicial.

Cuando usted quiera, puede tomar la palabra.

La señora PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA (Martínez Cousinou): Gracias.

Señorías, ante todo quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado de comparecer ante esta Comisión, cuya constitución y existencia agradezco y alabo no solamente como experta en financiación de los partidos, sino principalmente como ciudadana.

Efectivamente, son muchos los indicios que apuntan a que el sistema de financiación de los partidos existente en España desde el inicio mismo de nuestra democracia está fallando. No cabe duda de que las sucesivas reformas legislativas que han ido aprobándose a lo largo del tiempo han tratado y a veces han conseguido cubrir ciertas lagunas, haciendo que el control de la financiación electoral y el control de la financiación ordinaria sea cada vez más exhaustivo y minucioso, es decir, en la actualidad y en términos generales, la financiación de los partidos en España está más controlada que antes. No obstante, el sistema es claramente mejorable en cuanto a transparencia y control se refiere. No es mi intención adentrarme aquí en el legítimo y profundo debate sobre qué fuente de financiación, bien pública o bien privada, debe primar en la financiación de los partidos políticos españoles. Más bien, partiré en mi exposición de la realidad existente, es decir, la de un sistema mixto, aunque con un enorme -repito, enorme- peso de la financiación pública sobre la privada, de manera que la financiación pública supone de media, según datos del Tribunal de Cuentas, entre el 80% y el 90% del total de la financiación de los grandes partidos. Esta realidad hace que los partidos políticos españoles, aunque con diferencias entre ellos, sean los más dependientes de las subvenciones públicas si nos comparamos con los países de nuestro entorno, y son dependientes de tales subvenciones no solo para sufragar los gastos electorales sino también los gastos incurridos en el día a día de su funcionamiento. Puesto que esto es así, el debate no solo debe situarse en el control, sin duda imprescindible, de la financiación privada que reciben de los partidos con el fin de evitar intereses espurios en la política, sino también y de forma más importante si cabe en el control y la transparencia de la financiación pública que reciben nuestras formaciones. Sí, señorías, aunque a veces se dé por hecho que existe tal control y que la financiación pública, precisamente por denominarse pública, es una financiación transparente y sujeta a un control exhaustivo y holístico, en realidad no es del todo así. A día de hoy siguen existiendo lagunas muy significativas en este sentido, siendo esta, en mi opinión, una de las cuestiones más urgentes a tratar si queremos, de verdad, introducir mejoras en el sistema, especialmente necesarias en lo referido a la financiación ordinaria de los partidos. Es en esta cuestión en la que centraré mi intervención.

Como saben, la financiación pública ordinaria que reciben los partidos políticos procede no solo de lo que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado, sino también de lo que aportan las comunidades autónomas y, en su caso, las corporaciones locales para la financiación ordinaria de los partidos representados en ellas. A esto se añaden las aportaciones que tales partidos pueden percibir de los grupos parlamentarios representados en las Cortes Generales, en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en las juntas generales de los territorios históricos vascos y las aportaciones


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que puedan percibir también de los grupos representados en los órganos de las administraciones locales. Y es aquí, en el ámbito local, donde, en mi opinión, reside una de las mayores lagunas en lo referente al control en la transparencia de la financiación de los partidos políticos españoles. Como saben, la Ley reguladora de las bases de régimen local restringe la dotación económica asignada por el Pleno de las distintas corporaciones a los límites de aplicación general que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir, es en esta última ley donde debería aparecer un límite anual a la cuantía de las subvenciones otorgadas por las entidades locales a sus grupos políticos. No obstante, como ha puesto de relieve el Tribunal de Cuentas en reiteradas ocasiones -véanse los últimos informes de fiscalización de los partidos-, tal limitación no consta ni ha constado en las sucesivas leyes presupuestarias existentes. Por tanto, a día de hoy no existe limitación cuantitativa a las subvenciones que las corporaciones locales pueden destinar y, de hecho, destinan a sus grupos políticos, cantidades que no son insignificantes, sino todo lo contrario.

Según datos del Tribunal de Cuentas para el ejercicio de 2013, último año fiscalizado hasta el momento, la cuantía de las subvenciones otorgadas a los grupos políticos por las entidades locales a las que se solicitó información ascendía a 53,7 millones de euros. Y digo a las entidades a las que se solicitó información porque solo se incluye en tal dato la información relativa a los municipios de más de 20.000 habitantes, además de las diputaciones, juntas generales, consejos provinciales y consejos y cabildos insulares. Por tanto, no solo no existe limitación cuantitativa a las subvenciones que otorgan las entidades locales, sino que hay multitud de ellas, en concreto todas las entidades municipales menores de 20.000 habitantes, cuyos datos no son ni siquiera conocidos por el Tribunal de Cuentas. A ello se añade un total de veinticuatro ayuntamientos que, pese a ser preguntados por el Tribunal de Cuentas, no aportan ningún dato entre 2006 y 2013, así como un total de 124 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que aportan datos solamente en algunos de los años considerados. Esto hace que ni siquiera el Tribunal de Cuentas tenga constancia de cuál es a cuantía total de las subvenciones públicas que reciben los partidos a través de sus grupos parlamentarios y grupos políticos por virtud de artículo 2.1.e) de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, del año 2007. Por tanto, se trata de un ámbito muy opaco y carente de control, que ha llevado a que se produzcan situaciones nada deseables, como las que paso a comentar. Para hacerlo he elaborado, junto con dos alumnas colaboradoras del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, Adela Toscano y Ana Roldán, una base de datos a partir de la información contenida en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas entre 2006 y 2013, como saben, último informe publicado. Esta base de datos, que tienen a su disposición, incluye información relativa a la cantidad anual que las corporaciones locales consultadas por el Tribunal de Cuentas han subvencionado a los grupos políticos representados en ellas. Se trata de datos absolutos, de manera que no están puestos en relación con la población de cada entidad local. No obstante, todas ellas son mayores de 20.000 habitantes.

Lo primero que llama la atención es la enorme heterogeneidad que existe entre entidades locales. Así el Ayuntamiento de Barcelona es, con gran diferencia, el que más ha subvencionado a sus grupos políticos, con 2,3 millones de euros al año, de media. Le sigue a gran distancia el Ayuntamiento de Madrid, con un valor medio entre 2006 y 2013 de 580.043 euros al año. Y he aquí lo llamativo: a un nivel próximo a lo que invierte el Ayuntamiento de Madrid en sus grupos políticos con fondos públicos municipales se sitúan otros con significativa menor población. Tal es el caso del Ayuntamiento de Vitoria, el de Gijón y el de Cádiz, que aportan más de medio millón de euros al año a sus formaciones políticas. Los datos -que los tienen en la tabla 1-, cuando menos, son llamativos.

Pero hay más. Si tenemos en cuenta que a partir de 2008 y, sobre todo, de 2009 entramos de lleno en una crisis económica de enormes dimensiones en respuesta a la cual se implementaron durísimas medidas de austeridad, lo lógico sería pensar que las entidades locales dejarían de ser tan generosas con sus grupos políticos. Pues bien, según los datos disponibles, del total de los 402 ayuntamientos considerados, 39 incrementaron la cuantía aportada en 2010 con respecto a 2009, y en algunos casos tal incremento ha sido superior al 150%, como en el caso del Ayuntamiento de El Ejido, el de Calahorra, el de Culleredo y el de Alhaurín de la Torre.

Pero no termina aquí la cosa. Si nos metemos en el terreno de las diputaciones, cabildos, consejos insulares y juntas generales, el asunto clama al cielo. ¿Cómo se puede justificar que en 2008, al inicio de la crisis, el total de la financiación aportada a los grupos políticos por estas corporaciones, en términos globales, se incrementara en 11 puntos porcentuales con respecto a 2007? ¿Cómo se justifica que tales entidades financiaran una cuantía total de 20,9 millones de euros en 2008? Podrían decirme que en ese año aún no


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se tenía constancia de que estábamos en crisis; se podría aceptar el argumento. Pero ¿y después? ¿Cómo se justifica que después de una reducción de 2 millones de euros en 2009, al año siguiente, en 2010, se volviera a incrementar la financiación otorgada en casi 10 puntos porcentuales, es decir, que casi se volviera al nivel de 2008, superando los 20 millones de euros en subvenciones concedidas por las diputaciones, cabildos y juntas generales? Realmente, esto es complicado de justificar, teniendo en cuenta que a los ciudadanos se les estaba exigiendo que se apretasen el cinturón.

Pero concretemos un poco más. Las Juntas Generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava son, en conjunto, las corporaciones que más financiación, de media, han otorgado a sus grupos políticos entre 2006 y 2013 -lo pueden ver en la tabla 1 y en el gráfico 3-. En concreto, la Junta General de Álava es la más generosa de todas las entidades consideradas en la base de datos, con una media de 2,3 millones de euros al año. Pero, si analizamos las diputaciones por comunidades autónomas, sin duda la más espléndida es Andalucía, y, dentro de esta, la Diputación de Cádiz, que, de media, en el periodo considerado ha otorgado a sus grupos políticos 1,7 millones de euros al año -repito, 1,7 millones de euros-, siendo, por tanto, la diputación española que más dinero ha aportado, de media, a su formación.

Podría seguir analizando casos concretos, pero no hay tiempo. Por ello, he aportado como complemento a mi comparecencia, como ya saben, tanto la base de datos extraída de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, como algunos gráficos ilustrativos.

Por tanto, a la luz de los datos disponibles y de lo argumentado hasta aquí, no cabe duda de que existen lagunas muy importantes, sobre todo en cuanto a límites, pero también en cuanto al control y la transparencia en la financiación de los grupos políticos en el ámbito local. Aunque en la reforma de la Ley de financiación aprobada en 2015 se exige a los organismos y administraciones públicas que publiciten el detalle de las subvenciones concedidas a los partidos políticos al menos una vez al año, creo que conviene insistir en que esto simplemente se hace por las entidades locales. Y no solo eso, sino que convendría que tales subvenciones fueran fiscalizadas en su totalidad por el Tribunal de Cuentas, porque lo cierto es que a día de hoy no es posible conocer ni cuánta financiación pública en total reciben nuestras formaciones políticas ni en qué invierten tal dinero, cuestiones que, como digo, deberían ser dilucidadas en el futuro. Por tanto, financiación pública, sí, pero transparente, con límites cuantitativos y cualitativos y, por supuesto, sujeta a controles exhaustivos sobre su totalidad.

Con esto finalizo mi intervención, no sin antes referirme muy de soslayo a otras cuestiones que creo que son dignas de consideración por esta Comisión y que espero que hayan sido argumentadas en profundidad en otras comparecencias. Las enumero brevemente. En primer lugar, es necesario dotar de más recursos materiales y personas al Tribunal de Cuentas para que sea capaz de cumplir con su labor fiscalizadora de forma ágil. En segundo lugar y en relación con lo anterior, es necesario repensar los plazos de prescripción de las infracciones cometidas por los partidos en lo relativo a su financiación, pues ocurre que tales plazos a veces son menores que el tiempo que tarda el propio Tribunal de Cuentas en detectar cualquier infracción, una cuestión que, como saben, ha sido reformada en 2015 pero en la línea de reducir más aún el plazo de prescripción de los cuatro años iniciales a dos, tres y cinco años, dependiendo del caso. En tercer lugar, quería llamar la atención sobre la necesidad de incrementar la transparencia. No basta con que el Tribunal de Cuentas publique los informes de fiscalización y que desde hace poco se les exija a los partidos que divulguen los datos relativos a su financiación en sus respectivas páginas web. Además, creo que hace falta incrementar el detalle de lo que se divulga y facilitar el acceso público a tal información. Un ejemplo en estos términos sería la Electoral Commission británica, a través de cuya página web es posible conocer fácilmente quiénes son los donantes, tanto personas físicas como jurídicas, que donan más de 7.500 libras al año, bien en una única donación o bien en donaciones fragmentadas, siempre que en el cómputo del año alcancen dicha cantidad. Por tanto, a golpe de ratón, un británico o británica puede conocer quiénes donaron a sus partidos, cuánto donaron y en qué fecha exacta lo hicieron, y todo ello con información actualizada, de forma que los partidos reportan tal información con carácter trimestral a la Electoral Commission y está la publicita en su página web de inmediato. Creo que este sería un modelo de divulgación que bien podría implantarse en el caso español.

Con esto, señorías, termino mi comparecencia, agradeciéndoles de nuevo la oportunidad que se me ha brindado y quedando a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarme. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, vamos a dar la palabra a los diputados. En primer lugar, el señor Ignacio Prendes, por parte de Ciudadanos, será quien tome la palabra.


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El señor PRENDES PRENDES: Gracias.

En primer lugar, quiero agradecer a la compareciente, señora Martínez, su esfuerzo por venir a esta Comisión y sus aportaciones, tan documentadas.

Usted se ha centrado en un aspecto muy concreto, en un aspecto muy particular, que es el asunto de la financiación local de los partidos políticos a través de los grupos institucionales en esas entidades locales y se ha referido a la falta de recorte producida durante la crisis en esas subvenciones. Más allá de la cantidad, que puede ser objeto de una decisión diría que de carácter político, a nosotros nos importa el asunto de la cualidad, porque, como usted decía, lo que parece es que hay una zona oscura para conocer cuál es el destino que estos grupos institucionales dan a este dinero, si va dirigido al propio desempeño de la actividad política en el ámbito local o se destina de otra manera, porque usted sabe que una de las fuentes de financiación del partido político son las aportaciones de sus grupos institucionales y se entiende que es una de las vías de financiación absolutamente admitida y legal. Nos gustaría que hiciese usted una valoración sobre esa permisividad, si le parece correcta o si cree que se debería ir por otro camino.

También se ha referido usted al control y la transparencia. Ya digo que para nosotros eso es fundamental. Lo otro puede ser objeto de decisiones de carácter político, pero, en todo caso, hay que ofrecer a los ciudadanos la información completa y accesible para que ellos evalúen si esas han sido las decisiones correctas o no. Y ha hecho usted referencia al Tribunal de Cuentas. Simplemente, ha dado una breve pincelada, diciendo que es necesario dotarlo de más recursos. Me gustaría conocer si usted entiende que el actual modelo del Tribunal de Cuentas, su propia composición, su configuración institucional, su actual regulación, más allá de si dispone de los recursos materiales y humanos suficientes, es el más adecuado para ese control o si cree que habría que adoptar algún cambio en ese ámbito.

Por último, se ha referido usted a los plazos de prescripción de las infracciones. Como sabe, hubo una reforma en la que se introdujo el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Aquí ha habido comparecencias de otros expertos que han hecho referencia a esa dualidad entre infracciones administrativas e ilícitos penales contemplados en el Código Penal. Quisiera saber si usted cree que esa es la regulación más correcta o si entiende que debería avanzarse, coordinar suficientemente esas infracciones y esos ilícitos. Ha hecho referencia exclusivamente a los plazos de prescripción de las infracciones, pero me gustaría que avanzase algo más también en lo que hace referencia a la regulación en el Código Penal.

Finalmente, quiero agradecerle su aportación documental, que, desde luego, nos va a servir mucho para el trabajo que tiene esta Comisión por delante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Auxiliadora Honorato, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora HONORATO CHULÍAN: Muchas gracias, señora Martínez, por toda la documentación y la claridad de su exposición.

Es verdad que quizás ha abierto una ventana interesante, que creo que debe ser objeto de regulación y de tratamiento específico, como es la financiación pública, no tanto por el cuestionamiento de esta financiación, porque desde nuestro grupo consideramos que la financiación pública es apropiada, sino porque es necesario tener controles, tener límites y un marco seguro de regulación donde movernos. Creo que la seguridad jurídica debe estar por delante en cualquier actuación y muy especialmente cuando estamos hablando de financiación de partidos políticos.

Dice que no hay ningún límite en la ley de presupuestos. Llama la atención que en la mal llamada Ley Montoro se limitaba la posibilidad de los ayuntamientos para poder liberar concejales, tener más o menos eventuales contratados y, cómo no, también se aprovechó para hacer una regulación conforme a población. ¿Qué le parece a usted que esa financiación que otorgan los diferentes ayuntamientos a los grupos políticos pudiera estar relacionada con el nivel de población u otros indicadores, pero al menos con algunos indicadores que marcaran qué porcentaje puede dar cada ayuntamiento? Quizás eso diera algo más de seguridad y estabilidad, y no estar dependiendo permanentemente de la ley de presupuestos. Quizás este sería un margen más seguro en el que poder movernos. Me gustaría conocer su opinión al respecto.

Me parece muy importante que no solo hablemos de qué cuantía se puede destinar a cada uno de los grupos, sino considerar también qué transparencia damos después, porque es importante saber qué se hace con ese dinero. Este es un dinero público y los partidos deberían dar cuenta de él, debería haber


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algún tipo de publicidad obligatoria, debería poderse conocer qué es lo que han hecho con ese dinero público y creo que habría que articular algún mecanismo en esa dirección.

Por último, con relación al Tribunal de Cuentas, en primer lugar, el último informe a partir del cual se ha hecho el estudio es el de 2013, y estamos en 2017; vamos con cuatro años de distancia. Además, señala el problema relativo a la prescripción de responsabilidad frente al delito y poder actuar contra algunos hechos que se pudieran considerar irregulares. Está claro, es necesario aumentar los medios, pero, en la línea de lo que antes comentaba el compañero de Ciudadanos, ¿sería conveniente alguna modificación en el propio seno del Tribunal de Cuentas o en otro órgano paralelo en el que quizás se pudiera incluir sociedad civil? Quisiera conocer su opinión sobre este control externo, por supuesto dotándole de medios para hacerlo más efectivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el señor Artemi Rallo.

El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Gracias a la compareciente, la profesora Martínez Cousinou, por atender la petición de esta Cámara e ilustrarnos sobre un aspecto de la financiación de los partidos que, aunque delimitado desde el punto material y territorial, tiene su importancia y trascendencia. A nadie se le escapa que en demasiadas ocasiones ponemos el foco exclusivamente en la financiación que reciben los partidos políticos de los Presupuestos Generales del Estado en sus distintas modalidades, pero hay una realidad territorial de los partidos, a veces desconocida tanto en cuanto a los ingresos como a los gastos. Las últimas previsiones legales, en concreto la ley de 2015, lo ha tenido en cuenta e impone a los partidos la obligación de consolidación de la totalidad de los ingresos que reciben sea cual sea el ámbito territorial; estatal, autonómico y, por supuesto, local. Sin duda alguna, como nos ha ilustrado la compareciente, el ámbito local no es una parte irrelevante. A pesar del esfuerzo por ilustrarnos con la documentación que nos ha aportado, los datos necesitan una mayor exploración para ser realmente conscientes de qué estamos hablando. Yo entiendo que la fuente de los datos del cuadro que nos ha facilitado, y así está recogido, son básicamente los informes del Tribunal de Cuentas. (La señora Martínez Cousinou: El anexo que incorpora el informe del Tribunal de Cuentas sobre las entidades locales). Exacto, con lo cual sería muy interesante -casi es una invitación a la investigación más que una pregunta- hacer un trabajo de campo, aunque fuera a modo de muestreo, para escudriñar y deducir datos que puedan ser de utilidad. Por ejemplo, la compareciente nos señalaba cómo en determinados años se produjo un incremento de la financiación, y habría que ver si tiene causas específicas. No sé si está en condiciones de ilustrarnos o no, pero intuyo que esa financiación se habrá incrementado también notablemente a partir del año 2015 con las elecciones locales de ese año y el pluralismo político actual con el nacimiento de nuevos grupos parlamentarios. Esto inevitablemente supone una mayor financiación y no significa que los partidos sean más ricos y ganen más, sino que hay que financiar el coste de la pluralidad del sistema. Creo que esto sería un dato interesante y de nuevo casi una invitación a la investigación más que una pregunta, y si tiene respuestas o consideraciones que hacer yo se lo agradeceré.

También sería bueno comprobar si existe ya o no la conveniente transparencia que debe acompañar a los ingresos en el ámbito local. Más allá de los datos que aportan los informes del Tribunal de Cuentas, yo intuyo que los partidos políticos a nivel local, municipios, diputaciones provinciales, etcétera, deben hacer un ejercicio de transparencia suficiente sobre sus recursos porque públicos, a través de sus páginas web, informes, boletines, etcétera. Sería bueno ver si la queja general de falta de transparencia de esos recursos que son bastante relevantes está justificada, si en este momento se hace un ejercicio que puede cubrir o no los estándares de transparencia mínimos exigibles. Estas son todas las consideraciones que quería hacerle.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rallo.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jaime Olano.

El señor OLANO VELA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Señora Martínez, como el resto de los grupos parlamentarios, me sumo a darle la bienvenida a esta subcomisión y mostrarle el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular por


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las aportaciones que nos ha hecho ya y las que nos pueda hacer en respuesta a las preguntas que le formulemos. Asimismo, le felicito no solo por su tesis de la que he leído las conclusiones y por la que sé que recientemente ha recibido un premio, sino sobre todo por el trabajo que ha realizado elaborando estas notas sobre la financiación local de los distintos partidos.

Le he comentado antes del comienzo de la Comisión que tenía una pregunta referida a la dificultad de encontrar estos datos. Llama poderosamente la atención que un Ayuntamiento como el de Barcelona, que puede ser comparable tranquilamente con el de Madrid, incluso es más pequeño, tenga una financiación infinitamente superior. No puedo calcularlo ahora pero es seis veces superior, lo cual llama poderosamente la atención. Los datos que incorpora este informe sobre la financiación local son del período 2008-2010, y usted manifestaba su asombro porque en un momento de crisis, francamente dura, que se empezaba ya a visualizar en el año 2008 pero que se vivió más cruentamente por los ciudadanos entre 2010 y 2012, no hubiera una reducción de la financiación en la mayor parte de los casos. En ese sentido entiendo que usted comparte el pensamiento del Grupo Parlamentario Popular en la X Legislatura, cuando a través de la Ley orgánica 5/2012 redujo sensiblemente las aportaciones a los partidos políticos, un 20% en ejercicios consecutivos. Lamentablemente en aquel momento el Grupo Parlamentario Popular se quedó en solitario, pero aquella mayoría absoluta permitió aprobar esa reducción de la financiación que entiendo que usted comparte con nosotros.

Siguiendo con la financiación de los partidos me gustaría que nos hiciera una valoración personal de la última reforma aprobada en esta Cámara, de la Ley Orgánica 3/2015. Es verdad que usted ha manifestado al comienzo de su intervención que en la actualidad estamos más controlados que antes. Y entiendo también que una ley que se aprobó a mediados del año 2015, quizás no nos permita hacer una valoración demasiado objetiva. En cualquier caso me gustaría que ahondase un poco más en la valoración de esa ley, y saber si comparte mi opinión personal y la de mi grupo de que a través de esta reforma y las reformas que se hicieron de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, realmente el armazón institucional hoy nos protege mejor contra la corrupción que la normativa anterior, es decir, si estamos dando pasos en la dirección correcta. Entiendo que el cuerpo legislativo es un órgano vivo y constantemente ha de ir modificándose. En cualquier caso, lo importante es saber si vamos en la dirección correcta.

Por otro lado, me gustaría conocer su opinión sobre las donaciones a los partidos políticos de las personas jurídicas. Quizás este sea uno de los aspectos en los que hay más diferencias de opinión entre los diferentes expertos que han venido compareciendo. Algunos están claramente a favor de las donaciones por parte de las personas jurídicas, no ven ningún inconveniente en ello y proponen simplemente incrementar la transparencia y equilibrar esa ratio de ochenta a veinte en cuanto a financiación pública y privada en el sistema mixto que tenemos en nuestro país. ¿Cómo valora esa última reforma con la Ley Orgánica 3/2015 a la que hacía referencia, en la que se prohíben esas donaciones a los partidos políticos. También me gustaría comentar que con dicha reforma se obliga a los partidos políticos a publicar las donaciones superiores a 25.000 euros. Es verdad que en España no llegamos a los límites del Reino Unido, ya que es a partir de los 25.000 euros pero esto sí que es una novedad y un ejercicio de transparencia importante. Además, quisiera saber su opinión en cuanto al tratamiento de la financiación de las fundaciones que de forma más o menos clara o más o menos directa están vinculadas a los partidos políticos, y si sería conveniente que los informes de las cuentas de los partidos y de estas fundaciones fueran consolidados para conocer realmente de donde provienen todos los ingresos.

Respecto al Tribunal de Cuentas compartimos con usted que habría que ampliar sus funciones y mejorar sus capacidades. Pero aquí sí me gustaría matizar -no matizar porque la experta es usted y no quiero tomarme ese atrevimiento- que es verdad que se redujeron algunos plazos de prescripción para las infracciones más leves pero para las más graves se amplió de cuatro a cinco años. También es cierto que los informes del Tribunal de Cuentas hoy en día llegan con un retraso importante, pero son bastante más rápidos en su emisión que antes, por lo tanto, en ese sentido avanzamos correctamente.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Olano.

El señor OLANO VELA: Acabo en treinta segundos, señor presidente.

También quisiera saber cómo valora la posibilidad de una unificación de la legislación no tanto para elaborar un texto refundido, sino una cierta armonización entre las normas de carácter administrativo, las de ámbito estatal, autonómico, local, incluso los reglamentos de las Cámaras, para incorporar posibles


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novedades en cuanto a la transparencia y la facilidad de acceso a la información sobre toda la financiación pública que reciben los partidos políticos. Muchas gracias por adelantado, señora Martínez.

Muchas gracias por su generosidad, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olano.

Señora Martínez, puede responder ahora a las numerosas preguntas de los señores diputados. Tiene veinte minutos.

La señora PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA (Martínez Cousinou): Muchas gracias por el interés que veo que ha suscitado la comparecencia y por sus preguntas. Voy a empezar contestando las distintas preguntas del señor Olano. Cuando he hablado de financiación pública y de los problemas de control y opacidad, dejé claro al principio -pero no sé si quedó tan claro como yo pretendía- que no he querido plantear el debate sobre si la financiación pública es mala en sí misma o no. Creo que los partidos necesitan dinero, la democracia cuesta dinero, lo único es que ese dinero tiene que ser controlado, conocido, transparente y, sobre todo, que se permita un acceso público y fácil a esa información, que es el problema que yo veo fundamentalmente. Es verdad que en la reforma de 2012 la financiación a los partidos políticos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado se redujo en un 20%, y se ha ido reduciendo más con el tiempo. Pero si esa financiación se reduce y no se reducen de forma acorde otras fuentes de financiación pública tampoco estaremos solucionando el problema. Por eso convendría armonizar de algún modo, no sé de qué manera. Yo no soy jurista, soy politóloga, y no sé cómo se podría plantear desde el punto de vista legislativo, pero desde luego sí se debería coordinar y armonizar; no puede ser que haya una reducción clara del 20% en los Presupuestos Generales del Estado, pero luego se pueda seguir incrementando la financiación pública sin ningún tipo de límite en otros ámbitos.

Esto me lleva a conectar con otra pregunta que planteaba el señor Prendes sobre el destino de esa financiación que llega a los grupos municipales. El problema es que no sabemos y no hay límites, y cuando hablo de límites no me refiero solo a límites cuantitativos, que debería haberlos, sino también a límites cualitativos; en qué debe usted gastar este dinero y en qué no. Esos límites cualitativos o materiales existen en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en lo que se refiere a la financiación electoral. Ahí está clarísimo lo que es financiación electoral y lo que no lo es, y todo lo que no sea electoral no se puede financiar con ese presupuesto. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de la financiación ordinaria no existen tales límites ni cuantitativos ni cualitativos. Por tanto, se deberían establecer límites cualitativos porque no existen. Es decir, esta financiación la reciben los grupos políticos de los ayuntamientos o de cualquier tipo de corporación pero para esto, y todo lo que no sea esto lo pagan ustedes con otro dinero. Y además, debe ser controlado para que sea así efectivamente, porque es verdad que en este ámbito existe una falta de control tremenda. Debe quedar claro que la información que yo he aportado aparece en un anexo que nadie lee contenida en los informes del Tribunal de Cuentas. Esa es la única información que tiene el Tribunal de Cuentas. Es decir, el Tribunal de Cuentas no investiga más allá porque tampoco tiene acceso a más información, solamente tiene esos datos y no puede pedir más, y esto supone un problema. Por esta razón solamente puedo aportar estos datos. Y recojo el guante para realizar una investigación a partir de aquí. Desde luego hace falta investigar porque para poder mostrarles los datos que aparecen en la tabla he tenido que trabajar a marchas forzadas con unas alumnas en la universidad, cuando esa información debería ser de acceso público a golpe de clic sentándose un ratito. Yo he tenido que trabajar con otras personas para buscar estos datos y solamente de los años que ven ahí. Para hacer mi tesis doctoral y obtener la información del Tribunal de Cuentas he necesitado muchas horas porque no es accesible, aparece en un informe pero cuesta mucho trabajo entenderlo y luego hay que saberla buscar y encontrar. Podemos pensar que sí pero realmente la transparencia no se está aplicando. Habría que trabajar para mejorar la divulgación de todo lo que tenga que ver con las cuentas de los partidos; incluso en el Tribunal de Cuentas porque podría tener una página web donde apareciera esta información como, por ejemplo, la Electoral Commissión. Invito a todas sus señorías a que entren en su página web y vean lo facilísimo que es saber las donaciones que reciben los partidos, los préstamos, etcétera. Eso mismo se podría aplicar en el caso español, no sería muy complicado porque tenemos tecnología para hacerlo, es una cuestión de voluntad y también de recursos, porque entiendo que si los miembros del tribunal se están dedicando a fiscalizar, que es lo que tienen que hacer y al final les falta tiempo porque van con mucho retraso, tampoco pueden dedicarse a reseñar las donaciones que van recibiendo los partidos en una página web.


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Esto me lleva a hablar de las donaciones -enlazo con la pregunta del señor Olano- y según lo dispuesto en la ley de 2015, de la obligación que tienen los partidos políticos a partir de 25.000 euros de reportarlo; entiendo que al Tribunal de Cuentas, pero se podría ir más allá y además de remitirlo al Tribunal de Cuentas, incluirlo en la página web. Esto me parece bien, debería aparecer el nombre y la fecha de la donación -que creo que no se exige que aparezca- porque es muy importante para saber hasta qué punto ha habido conflicto de intereses en las decisiones que se hayan tomado. Es decir, cuándo ha recibido usted una donación importante, qué decisiones se han tomado por parte del partido que sea favorable a tal persona o en las que pueda haber un interés. Esto en Inglaterra lo tienen claro y por eso publicitan la donación, el nombre, la fecha y la cantidad a partir de 7.500 libras, pero no solo de aquella que se realiza en un solo acto, también si esas donaciones en el cómputo del año suman más de 7.500 libras hay que publicitar el nombre del señor o señora donante.

Respecto a la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a partir de la Ley de 2015, les diré que yo he estado muy al tanto y he leído todos los debates parlamentarios de las leyes de 1987, de 2007, de la reforma de 2012, y este tema siempre ha estado ahí, finalmente se aprobó. Yo no tengo una opinión contraria a las donaciones de personas jurídicas, siempre que sean controladas, transparentes, de acceso público, de modo que yo pueda saber que la empresa tal dona a tal partido tal cantidad y en tal fecha. Si es así, no sé que problema puede haber, este surge cuando esa donación se hace bajo cuerda, sin que yo me entere quién dona, qué dona y a cambio de qué. Pensemos que cuando una persona dona una cantidad enorme, normalmente no lo hace a cambio de nada. Entonces, si se establecen mecanismos para que esa información llegue a todo el mundo, creo que no habría problemas de conflicto de intereses. Si se han prohibido las donaciones de personas jurídicas será porque ustedes han llegado a ese acuerdo, pero ya digo que este tema ha estado siempre presente en el debate desde hace años. Finalmente se ha establecido así y ya veremos si, efectivamente, todos los partidos han renunciado a sus donaciones de personas jurídicas, como veremos si, a lo mejor, no hacía falta renunciar a ello. No lo sé, es una cuestión de tiempo, no sabemos todavía cómo va a cambiar realmente la estructura de financiación de los partidos con la nueva ley. Hasta ahora la financiación era eminentemente pública y había donaciones de personas jurídicas, en unos partidos más que en otros. En mi tesis pueden encontrar información al respecto, obviamente hasta el año en que la presenté, el 2013. De hecho, los informes del Tribunal de Cuentas de 2013 aún no estaban publicados y, por tanto, la información llega hasta 2010. Ahí encontrarán la estructura de financiación de cada uno de los partidos políticos en España con representación parlamentaria en ese momento. Verán que hay diferencias, aunque mayoritariamente la financiación es pública.

Por otra parte, me parece bien la financiación privada, tampoco creo que el sistema tenga que ser tan dependiente de lo público porque al final parece que perdemos el vínculo con la ciudadanía. Creo que los partidos tienen que hacer un esfuerzo por captar gente, a personas que se afilien, a personas que donen pequeñas cantidades como quien dona a una ONG. Esto me parece bien y tampoco me parece mal que reciban dinero de las empresas siempre que sea público. Por tanto, en nuestro sistema la financiación es eminentemente pública en nuestro sistema. ¿Podría tener un porcentaje de financiación privada superior al que existe actualmente? Sí, y me parece bien, pero creo que la clave está en la publicidad, el control y los límites. En el caso de las entidades locales son necesarios límites clarísimos. Por ejemplo, si estamos en crisis y el nivel de endeudamiento de un ayuntamiento es muy elevado, no está muy bien que se dé tanto dinero a los grupos políticos ese año. Como he comentado con anterioridad, también son necesarios los límites cualitativos o materiales, en qué se debe gastar el dinero y en qué no. Y toda esta información reportarla con un informe, se ha gastado el dinero en esto, esto y en esto. Esa es mi opinión.

La señora Honorato me preguntaba si se debería poner en relación ese límite con la población de cada entidad. Pues sí, la población es un criterio que tiene mucho sentido y habría que investigar qué otros mecanismos o criterios se podrían poner en relación. Todo esto es cuestión de ir viendo qué se hace a nivel comparado en otros países. Yo conozco más de cerca el caso británico, en el que hay muy poca financiación pública, disponen de 2 millones de libras al año que reparten entre los partidos políticos con representación. La financiación es fundamentalmente privada transparente y de muy fácil acceso, se sabe todo. Este es otro modelo opuesto al nuestro y también funciona bien. Quiero decir que el hecho de que sea una financiación eminentemente pública o privada en sí mismo no es nada malo ni nada bueno, sino que en cualquier caso tiene que ser controlada y de acceso público. Con mis comentarios sobre los límites cualitativos creo haber respondido al señor Prendes.

Y luego me han preguntado en varias ocasiones sobre los plazos de prescripción y el Tribunal de Cuentas. He de decir que yo no soy una experta en el Tribunal de Cuentas, por tanto, entiendo que


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comparecerá alguien que pueda darles claves de forma más objetiva y con más fundamento que lo que yo pueda decir. No obstante, como analista de los datos que aporta en sus informes, veo que hace falta información más entendible y accesible. Y en cuanto a la reforma del Tribunal de Cuentas, prefiero que sean expertos en la materia los que den su opinión porque no me atrevo a moverme en este ámbito. Y respecto a los plazos de prescripción tampoco soy experta en temas jurídicos, pero lo que planteaba en mi intervención es simplemente que teniendo en cuenta que normalmente el Tribunal de Cuentas lleva mucho retraso a la hora de publicar sus informes, esto debe ponerse en consonancia para que haya un cierto equilibrio con la prescripción de las posibles infracciones porque va a haber infracciones que se hayan cometido que ya hayan prescrito. Si algunas infracciones prescriben a los dos años y el informe sale dentro de unos años, puede ocurrir que algunas ya hayan prescrito por el camino. Entonces, para evitarlo, por un lado, habría que agilizar los informes del Tribunal de Cuentas y luego repensar el tema de la prescripción. En este terreno solo apunto este aspecto para que otras personas expertas profundicen en ello.

Respecto la pregunta del señor Rallo sobre la consolidación de la financiación, es verdad que la ley de 2015 lo introduce no solo en el nivel provincial, sino también en el local y comarcal. Vamos a ver cómo se pone en práctica porque no lo sabemos todavía. Y en cuanto a la publicidad, es verdad que a partir de la reforma de la ley de 2015, en el artículo 3.9 se establece que todos los organismos y administraciones públicas que concedan subvenciones a los partidos políticos deberán hacer público el detalle de las subvenciones abonadas, etcétera. Ayer estuve mirando un poco la página web del Ayuntamiento de Sevilla aleatoriamente, y es verdad que últimamente se hace un ejercicio muy importante por publicitar datos, está todo mucho más visible, pero busqué la información relativa a cuánto se había aportado a los grupos políticos y no aparece nada. No he hecho tampoco un trabajo de campo, simplemente me he ido al Ayuntamiento de Sevilla porque soy de allí, no había ningún tipo de motivación de tipo político ni de nada. Podría trabajar y buscar más información, pero creo que costará un poco de tiempo hasta que, efectivamente, todas las corporaciones introduzcan los datos de con cuánto dinero financian a los grupos políticos, sobre todo en los municipios más pequeños.

Con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, doña Gloria Martínez, por los datos que nos ha aportado hoy que han sido muy valiosos.

Se suspende la sesión un momento hasta recibir al próximo compareciente. (Pausa).

- DE LA ABOGADA DEL ESTADO Y MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN "HAY DERECHO" (DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASADO), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 219/000291).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar el trabajo. Nuestra segunda compareciente de hoy es doña Elisa de la Nuez Sánchez-Casado, abogada del Estado y miembro de la Fundación "Hay Derecho", ya le he explicado que el primer turno como siempre será de alrededor de quince minutos, después daré la palabra a los diputados y la señora doña Elisa de la Nuez cerrará la comparecencia con otro turno de aproximadamente veinte minutos. Cuando usted quiera.

La señora ABOGADA DEL ESTADO Y MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN "HAY DERECHO" (De la Nuez Sánchez-Casado): Buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado a comparecer en esta Comisión, cuyo objeto me parece interesantísimo. Lo único es que como ya han pasado varias personas yo he decidido centrar un poco la exposición en algunos temas que me parece que se han tratado un poco menos y también desde la perspectiva de la sociedad civil. Como ha dicho el presidente soy secretaria general de la Fundación "Hay derecho". Es una fundación, como su nombre indica, que se dedica a la defensa del Estado de derecho, a la lucha por la regeneración, a la lucha contra la corrupción y además he sido hace unos cuatro años, lo recordaba ahora, promotora de un manifiesto, que se llamó el manifiesto de los cien, que era básicamente un manifiesto por la reforma de los partidos políticos. Es decir, que nosotros en el año 2013, cuatro personas físicas, pensamos que quizá lo primero que había que reformar en nuestra democracia era el funcionamiento de los partidos políticos. Más adelante les contaré cómo nos fue, pero era interesante empezar recordando que tuvimos ese primer movimiento un poco de activismo hace unos cuatro años y habíamos identificado correctamente el origen de muchos de los problemas que tiene la democracia española en el defectuoso funcionamiento de los partidos políticos.


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Quería empezar con una cita de Alexis de Tocqueville, que me gusta mucho, para situar un poco el contexto de las reflexiones que les voy a hacer. Esta cita dice: Los partidos políticos son un mal inherente a los Gobiernos libres. Con ellos, y su afán por conquistar y conservar el poder, la libertad peligra, pero sin su concurso competitivo lo cierto es que la libertad no existe. En ese sentido no puedo estar más de acuerdo que mientras tengamos -y esperamos que las tengamos por mucho tiempo- democracias representativas necesitamos partidos políticos que funcionen bien y, como decía Tocqueville, que funcionen bien de forma competitiva. Esta es una idea que les voy a insistir un poco a lo largo de la exposición. La necesidad de una concurrencia y de una competencia entre los partidos políticos, pero también dentro de los propios partidos políticos. Son nuestros principales o únicos instrumentos de organización de una democracia de masas y necesitamos que funcionen bien. Por eso es mi convicción y, como digo, de las personas que formamos parte de aquel manifiesto, que cualquier política de regeneración o de reforma de España pasa necesariamente por una modificación sustancial del actual funcionamiento de los partidos políticos. Como dijo César Molinas en su libro Qué hacer con España -César era uno de los cuatro promotores de este manifiesto-, los partidos políticos españoles funcionan rematadamente mal. Incluso algún autor como Alejandro Nieto ha llegado a calificarlos de escuela de todas las corrupciones. Pero sin ir tan lejos, creo que interesa para hablar de las medidas, que quizás es la parte más interesante, que se pueden proponer para mejorar este funcionamiento hacer un apunte al contexto en el que nos movemos y que le resumiría diciendo que hay una desproporción entre el importantísimo papel que tienen los partidos políticos y su precaria regulación, incluida la última reforma que ha supuesto un enorme avance en la Ley Orgánica 3/2015, pero, sin embargo, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Las razones son básicamente razones históricas. He visto que algún compareciente las ha mencionado. El paso de una dictadura a una democracia siempre, no solo en España, en muy poco tiempo y además con una transición exitosa, lleva consigo la necesidad lógica de tener partidos políticos muy fuertes en muy poco tiempo. Es casi una obviedad, hay que construirlos muy rápidamente y hay que darles una importante financiación pública, porque lógicamente no hay posibilidades, como en otras democracias de más trayectoria, de que haya un tiempo, unas organizaciones, haya gente que se vaya afiliando, no tenemos esos tiempos y plazos, y necesitamos rápidamente unos partidos políticos que puedan presentarse a unas elecciones. Esto es lo que ocurrió. Salió bien. Pero conviene recordar que es un modelo que responde a unas necesidades muy puntuales y que son casi de hace cuarenta años. En este sentido, la primera Ley de Partidos es de 1978, fíjese los tiempos que estamos hablando, pero quizá lo más notable es que la siguiente reforma es del año 2002. Por tanto, ya habían transcurrido muchos años de democracia con una regulación, a mi juicio, francamente insuficiente. Cuando hablo de regulación lógicamente estoy hablando siempre de funcionamiento, organización interna, democracia interna y de financiación. Sin embargo, en esta parte de la exposición me voy a referir fundamentalmente a los problemas de organización y democracia interna.

Ya con esta ley del año 2002 se empezaba a ver que había serios problemas de democracia interna en los partidos, de mal funcionamiento, pero también es cierto que aquí teníamos también otras preocupaciones y ustedes se acuerdan cómo era el problema de la ilegalización de determinados partidos. En cualquier caso, la exposición de motivos de la ley es muy interesante como suelen serlo muchas veces las exposiciones de motivos de nuestras leyes que suelen estar muy bien, luego el articulado no está tan bien y luego la aplicación suele estar bastante peor, pero, en cualquier caso, en esta exposición de motivos ya se alerta de una necesidad de una mejora clara del funcionamiento interno de los partidos políticos. Otra cosa, como les digo, es que después en el articulado, a mi juicio, queda excesivamente genérico o abierto. Esto también es un problema que es intrínseco a la regulación de los partidos que es una especie de tensión que hay entre dejar a los partidos un margen de la autorregulación para que ellos se organicen un poco como tengan por conveniente, pero también la necesidad inevitable de que haya una regulación externa y sobre todo que sea una regulación obligatoria que haya que cumplir, porque lógicamente los partidos políticos -y es otra reflexión que habrán oído, pero que es muy importante hacer- no son simples entidades de base privada, sino que claramente tienen una transcendencia constitucional muy grande y no podemos dejarles hacer lo que quieran, por así decirlo de una forma un poco coloquial, porque nos jugamos mucho en que funcionen bien. En este sentido, algunos autores incluso apuntan a que nuestros partidos políticos en términos de organización y funcionamiento interno tienen mucha menos regulación que una sociedad mercantil, incluso que una junta de propietarios o que una ONG o una asociación, esto es bastante peculiar.


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También desde un punto de vista técnico jurídico, es cierto que ha habido muchos autores que, sobre todo durante un tiempo, han insistido en ese fundamento privado de asociación que tienen los partidos cómo tienen que organizarse para participar en la vida política y, sobre todo, en las elecciones, tienen ese margen de organización, derecho que tienen los afiliados a configurar el partido como tengan por conveniente, pero, sin embargo, cada vez más está claro que estamos avanzando hacia una concepción de los partidos muy distinta, que tiene su fundamento, como también sabrán, en una famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán y que también fue recogida en una sentencia del Tribunal Constitucional español, y que va yendo a esa idea de que si no son órganos constitucionales, porque realmente no han sido definidos así ni por la Constitución ni por nuestras leyes de partidos, sí son unos órganos con una importancia y transcendencia constitucional, son pilares de nuestro sistema democrático. Por tanto, y esto es lo que me interesa destacar, no podemos dejar que haya una autorregulación de una cierta forma muy laxa y además que esa regulación no tenga ningún tipo de control externo. Esta es una cuestión bastante importante, porque durante mucho tiempo yo lo que he leído y también dicho por algunos representantes importantes de partidos políticos es que habría que dejar ese margen a la autorregulación, los propios estatutos, los afiliados decidirán, los ciudadanos decidirán, si unos partidos son más o menos democráticos, serán capaces de distinguir. Creo que si algo ha quedado claro en estos últimos años es que esto no es cierto. En primer lugar, los ciudadanos no son capaces ni los militantes ni los afiliados de detectar todos los problemas de funcionamiento interno que puede haber en un partido, no se les debe exigir tampoco, creo que esta no es su función. En segundo lugar, pensar que un organismo se va a autorregular de una forma absolutamente angelical, que no va a tender, como cualquier organización, a una concentración de poder en la cúpula, a dejar las manos libres a los dirigentes en un momento dado, a quitarse problemas, quitarse personas que puedan tener opiniones distintas, esto es no vivir en el mundo. Luego si quieren les hago una enumeración de patologías que van a reconocer perfectamente que tienen estos partidos políticos y que responden a esta idea de que la autorregulación no es suficiente, no es garantía de buen funcionamiento de los partidos. Esta es una idea que espero que ya se haya ido asentando que es la de que necesitamos una regulación externa de los partidos políticos y no solo una regulación externa sino que necesitamos que sea una regulación que se cumpla básicamente. Yo siempre estoy muy obsesionada con que dictemos leyes que se cumplan, porque, si no, muchas veces la sensación que puede tener la ciudadanía y nosotros, en particular, como juristas que estamos atentos a estas cuestiones, es que se hacen normas cosméticas o se legisla para la foto, que es una expresión que usamos, porque realmente después no hay mecanismos efectivos para hacer cumplir las normas y sinceramente no creo que nos podamos permitir, en el caso de los partidos políticos, hacer algo parecido. Por tanto, necesidad de una regulación externa y de una regulación externa que, a mi juicio, tiene algunos modelos en derecho comparado que son bastante razonables y que se ajustarían bastante bien -luego les hablará un poco de eso- a lo que me parece que debería de ser una posible regulación de los partidos políticos en España. También aprovecho para decir otra cosa que ha dicho algún compareciente que estaría muy bien tener una única ley de partidos políticos, es bastante farragoso estar manejando varios textos legislativos, unos para la parte de funcionamiento, otros para la parte de financiación. Otra cosa que sería muy de agradecer, si ustedes se ponen a ello, es hacer un poco una reflexión sobre qué tipo de modelo queremos. Porque a veces tiene uno la sensación o no a veces, sino continuamente, de que muchas veces las normas tienen carácter reactivo, se hacen a golpe de reacciones, de escándalo, de problemas que han ido surgiendo. Al final no acaba uno de ver cuál es el modelo o el concepto que hay debajo de esta regulación. En el caso de los partidos no vendría nada mal, aparte de esta unificación, sentarnos un poco a pensar qué modelo de partido queremos para una democracia en el siglo XXI.

Como me dicen que no me queda mucho tiempo y quería entrar un poco en las medidas, sin perjuicio de que luego me dejen otro ratito, también les he dicho que les iba a comentar algunas patologías sin necesidad de identificar a los partidos, pero que son muy evidentes en nuestro sistema político, desde luego son muy evidentes para los que estamos fuera desde el punto de vista de la sociedad civil o de los ciudadanos, y que me parecen muy claras. Podemos hablar de lo que hemos llamado prolongación de mandatos burocráticos en el partido durante décadas, no digo años, digo décadas. Personas que tienen cargos orgánicos durante décadas en el partido. Un tema muy conocido el que los congresos no se celebren en las fechas que están citadas en los propios estatutos, si es que están fijadas las fechas, o que se celebren cuando le conviene a los líderes correspondientes; no reunión de órganos internos en las fechas que razonablemente tendrían que estar previstas; todos los fenómenos alrededor de la concentración del poder en las cúpulas de los partidos, lo que hemos llamado partitocracia; sustitución de congresos por


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órganos que no son decisorios como conferencias o convenciones, que son más cómodas siempre para el líder; llevar los debates ideológicos fuera del ámbito de los partidos, normalmente se llevan a ámbitos de fundaciones próximas; algo que me interesa muchísimo destacar, la política de personal que se hace en los partidos, y no solo me refiero a los puestos que se ocupan en el organigrama de los partidos, ojalá, me refiero a todos los puestos que se ocupan en las administraciones públicas, en el sector público, dando lugar a un fenómeno de clientelismo muy peculiar y que además se enlaza con esta idea de que los líderes deciden qué personas van a ir en cada momento a estos cargos, no los cargos dentro del partido, sino los cargos en el sector público o en la Administración.

También me gustaría referirme a la neutralización de los órganos, lo que hemos llamado parlamentos internos, serían las asambleas generales, especie de juntas directivas. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero una evidente es llenarla de gente de forma que sean absolutamente inmanejables lo cual supone, como sabemos bien los juristas prácticos, que en la práctica se van a manejar por dos o tres personas. Por supuesto, algo fundamental las elecciones del órgano de gobierno, del órgano ejecutivo, luego si quieren hablaremos un poquito más de esto. El hecho de que sea tan habitual nombrar a tanta gente por cooptación en los partidos. Todas estas son a mi juicio claras patologías que derivan de esta falta de buen funcionamiento interno y sobre todo de esta falta de democracia interna.

¿Al final qué necesitamos en los partidos? En los partidos necesitamos lo mismo que en la vida política: sistemas de contrapeso, de checks and balances, que permitan la concurrencia y la competencia dentro de los propios partidos, porque aparte hay una idea que me parece muy evidente que la rendición de cuentas más efectiva es la que se hace dentro de los partidos a los propios afiliados y a los propios políticos que razonablemente pueden aspirar a competir y a sustituir a los actuales líderes. Por tanto, todas esas cuestiones me parecen que son esenciales para un buen funcionamiento de los partidos.

Muy rápidamente, mientras me deje el presidente, sino lo hago después. Me parece que hay algunas cuestiones con respecto a estos temas organizativos que merece la pena pensar. Como ya les decía que hay modelos, a mí el que me gusta más, que ya nos gustaba más cuando hicimos el manifiesto de los cien, es el modelo de la ley alemana de partidos, que es una ley tremendamente exhaustiva. La he traído. Es una ley que regula muchas cosas, pero que entra dentro de la tradición española, porque en España nos gusta regular mucho y con mucho detalle. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con cosas que seguramente chocarán para estas mentalidades de que los estatutos hay que dejar un poco que hagan lo que quieran y el partido se autoorganiza y nosotros en nuestra casa hacemos un poco lo que queremos. Porque hay algunas medidas que constriñen esa libertad dentro de los estatutos. Les voy a poner algunos ejemplos. Luego si quieren hablamos de más, porque además son interesantes. Celebración de congresos a fecha fija, en este caso son cada dos años. ¿Por qué? Porque esto se supone que son previsibles y la gente sabe cuándo va a haber un congreso y puede prepararse y sobre todo pedir rendición de cuentas a la ejecutiva. Algo también muy interesante, se considera que la elección de los candidatos en el partido que van a ir a las listas electorales es una primera fase del proceso electoral. Es decir, esto no es una cuestión interna de los partidos que va a acabar en unas listas. Esto es una cuestión que tiene un componente electoral tremendo y, por tanto, esa regulación -lo he leído y me parece muy razonable- es la primera parte del proceso electoral. Es como se selecciona a esos candidatos que después van a concurrir a las elecciones. Por supuesto, cosas que parecen evidentes, pero que luego no lo son como el voto público individual de los delegados. Tasar aquellos candidatos que puedan ser candidatos natos. Es decir, que por el cargo ya están en una asamblea general o ya están en un comité ejecutivo. Limitar también el número de representantes que puede haber por esas cuestiones que digo. Garantizar los derechos de los militantes. Esto es algo básico. Estaba leyendo justo cuando estaba fuera, yo estoy en unos tribunales arbitrales, dentro del partido, para cuando un militante no está de acuerdo con una sanción que se le ha puesto o con una decisión, internamente se le monta una especie de tribunal donde no puede estar nadie que esté en la ejecutiva ni en la asamblea general, lo que se busca es un órgano neutral. Podría seguir con más cuestiones, porque no he hablado de la financiación. No sé si tengo tiempo para hablar de la financiación o lo dejamos para luego. Lo dejo aquí.

El señor PRESIDENTE: Luego tienes veinte minutos.

La señora ABOGADA DEL ESTADO Y MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN "HAY DERECHO" (De la Nuez Sánchez-Casado): Perfecto, porque me he dejado la parte de financiación.


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El señor PRESIDENTE: Muy bien, luego habrá más tiempo.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: En primer lugar, muchas gracias, señora de la Nuez por su comparecencia y, sobre todo, muchas gracias por habernos aportado un punto de vista que se había tocado de forma muy tangencial dentro de esta Comisión como es la organización interna de los partidos políticos como un elemento de evidente interés público. Usted ha hecho referencia -y en eso no puedo más que estar de acuerdo con usted- al relevante papel constitucional que tienen los partidos políticos y como su regulación interna es de un evidente interés público, no es una entidad privada que tiene esa capacidad de autoorganización como primer elemento de su configuración. En esa cuestión nosotros estamos de acuerdo.

Usted hace mención a una serie de medidas que se recogían en ese manifiesto al que usted ha hecho referencia del año 2013. Nosotros también compartimos el análisis que en aquel momento ya se hacía sobre la necesidad de acometer la reforma de los partidos políticos como un elemento esencial para abordar la propia crisis de nuestro sistema democrático. Hay una cuestión que evidentemente no ha tratado todavía que es el asunto que atañe a la financiación, a lo que usted ha hecho más referencia es a la organización interna de los partidos. Me importa hacer referencia también a la cuestión de la financiación. Usted sabe que hay un debate, una dualidad, entre financiación pública y financiación privada. Por nuestra parte, nosotros preferimos poner el acento en la transparencia y en la capacidad de control. Más que en ese debate, que no rehuimos, pero que nos parece que el punto importante es el del control y la transparencia. Precisamente la anterior compareciente también hacía referencia a esto. A nosotros nos gustaría que usted en buena medida nos pudiese indicar qué opinión tiene respecto a esto. Qué medidas de control, qué medidas de transparencia son necesarias en ese ámbito de la financiación. En concreto, nos resultaría interesante que nos pudiera indicar sobre el papel del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ahora tiene un papel sobre el control de las finanzas de los partidos políticos. Nosotros creemos que bastante limitado y con unas capacidades muy reducidas, incluso el tiempo, en el que se suelen hacer esos informes, va bastante desfasado con la propia realidad política. Nos gustaría saber qué opinión tiene usted sobre ese control por parte del Tribunal de Cuentas, qué otros mecanismos de control entiende que se puedan implementar y también qué medidas de transparencia cree que serían necesarias. En un día como hoy también hay que preguntar sobre el ámbito de la financiación de los partidos políticos por la cuestión de las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Día a día conocemos esos circuitos opacos de financiación de los partidos que han estado operando en nuestro sistema durante tantos años y creo que las fundaciones ligadas a los partidos políticos son las que todavía se escapan de alguna manera a ese control. Nos parece que tienen que entrar dentro de los mecanismos de control y transparencia. Nos gustaría saber su opinión a este respecto. Muchas gracias por su comparecencia y por sus respuestas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Prendes.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Yllanes.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias a la compareciente por su exposición y por las ideas tan interesantes que ha aportado. Porque es cierto que de alguna forma la Comisión se está centrando en el tema de la financiación y después de escuchar las preguntas que ha hecho mi compañero de Ciudadanos le dejaremos que haga una segunda exposición de veinte minutos, pero hay determinados temas de los que usted ha tratado que me parecen enormemente interesantes. Cuando habla usted de la tensión entre la autorregulación de los partidos políticos y los mecanismos legislativos. Ha establecido como idea fuerza que le parece que la autorregulación no es suficiente. Que está muy bien, que los partidos pueden tener mayor o menor madurez democrática, mayor o menor capacidad para autorregularse, pero que sin embargo tiene que haber mecanismos legales que de alguna forma regulen esos partidos políticos. No solo que haya unos mecanismos legales, sino que haya la posibilidad de establecer que se cumplan esos mecanismos legales. Ahí viene una de mis preguntas: ¿Cuáles serían esos mecanismos? ¿De qué forma podemos garantizar que efectivamente los partidos van a cumplir la ley que los regula y cuál debería ser la respuesta legal en el caso de que no se diese cumplimiento a esos mecanismos de democracia o de cumplimiento de la ley a los que nos estamos refiriendo? Ha hablado -y es un tema muy interesante- de la fragmentación legislativa y de la legislación a golpe de oportunismo. La verdad es que lamentablemente estamos muy acostumbrados en nuestro derecho positivo a este tipo de forma de legislar. Pero también es cierto que el legislador siempre suele


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reaccionar tarde a la realidad que tiene que regular. Esto suele ser un problema. Habla de la posibilidad de que alguna forma se unifique la legislación sobre partidos. Habla de una ley que regule los aspectos orgánicos y de funcionamiento de los partidos y, por otro lado, de una ley de financiación. Sin embargo, no acabo de ver cuál puede ser la eficacia de una macroley de partidos políticos donde temas tan importantes como la financiación desde el momento en que forma parte de esa segunda parte de su exposición, porque sin duda es un tema que nos preocupa a todos. Yo tenía unas cuantas preguntas para hacer sobre financiación, pero creo que es muy interesante lo que nos ha expuesto usted en los temas de organización. Me apetecía que nos pudiera concretar sus opiniones en estos temas. Cuando ha hecho referencia a las patologías, también ha tocado temas muy interesantes. Como puede ser, primero, la designación de los candidatos a los procesos electorales o las primarias, que es un tema que no tenemos bien resuelto aquí. Hay partidos políticos que sí pasamos por proceso de primarias, pero también se ha criticado de alguna manera que se haya buscado también algún candidato por cooptación o buscando unos determinados perfiles profesionales que de alguna manera el militante que se podía presentar a las primarias no tenía o no completaba. El tema de la limitación de mandatos, tanto desde el punto de vista interno, que es importante, la no prolongación permanente en el tiempo de las mismas personas dirigiendo un partido político, porque eso va en detrimento del funcionamiento democrático de los partidos políticos, sino también la limitación de mandatos en el aspecto externo, es decir, que deje de percibirse que hay personas que convierten la política en su profesión, que de alguna manera prolongan permanentemente su trabajo en el servicio público, que también tienen que prestar los partidos políticos, y que de alguna manera hay una percepción general de que los aleja seriamente de las preocupaciones sociales. Aparte de las encuestas, de los sondeos de opinión, pienso que no se puede estar tanto tiempo. Esto lo digo porque yo llevo año y medio aquí, en dos legislaturas diferentes, con una legislatura fallida, cosa que no se había producido nunca en la historia de nuestra democracia desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y sinceramente creo que hay muchas veces que pierdo la conciencia de la realidad, porque estoy todo el día con luz eléctrica y tengo que salir de vez en cuando a recibir los rayos del sol. Es verdad que de alguna forma nos encerramos en una burbuja y al final tenemos que reforzar los mecanismos de participación con la sociedad civil para que la gente nos siga nutriendo de información y nos diga cuáles son sus preocupaciones. Me preocupa seriamente que alguien pueda estar seis o siete legislaturas aquí, porque pienso que de alguna forma se pierde la frescura o la perspectiva para poder ser un buen legislador.

En cuanto al tema de financiación...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor YLLANES SUÁREZ: Lo siento, señor presidente. Tengo tendencia a enrollarme.

En relación con la financiación, le haré una pregunta que creo que es importante. ¿Es usted capaz de hacernos un diagnóstico sobre cuáles son las rendijas que presenta actualmente nuestro sistema legislativo para que la financiación de los partidos políticos siga siendo preocupante por la posibilidad de fomentar conductas de corrupción? Creo que este es un tema enormemente importante y aunque ha bajado la preocupación de los ciudadanos sigue siendo ocupando un lugar destacado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yllanes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar dando las gracias a la señora de la Nuez y felicitándola por su exposición. Creo que también debería felicitarla por su manifiesto, que me parece recordar que firmé en su momento.

Lo primero que quiero decir, por aquello de poner la venda antes de la herida, es que no tengo discrepancias sustanciales con toda la parte crítica que ha presentado respecto a los partidos políticos. Esto lo digo para que no se malinterprete lo que voy a decir a decir a continuación. Me gustaría estirar un poco el hilo de una reflexión que usted ha iniciado citando a Tocqueville y lo del mal inherente, que a mí me recordaba un poco a una reflexión de Max Weber muy parecida, que creo que decía algo así como -cito de memoria- que la democracia camina sobre dos patas, que son necesarias para que camine, pero que son escasamente democráticas, que son los partidos políticos y la prensa libre. Quiero referirme a la democracia dentro de los partidos. Usted ha mencionado, y me ha llamado la atención, la competitividad interpartidaria e intrapartidaria. Me gustaría preguntarle sobre esto último. Hasta qué punto la expectativa


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de trasladar al interior de los partidos el pluralismo no es algo imposible o casi contra natura. Una cosa es que tengan cierta democracia interna y otra proyectar sobre los partidos que ellos mismos sean plurales, cuando la pluralidad es un poco la suma de lo que representa cada uno de ellos, no que cada uno a su vez en su interior tenga esa pluralidad.

Sobre esta idea que usted ha comentado de que la confrontación entre partidos tiene algo de mercado, a lo mejor, no lo sé, la democracia tiene algo de mercado y los ciudadanos tienen algo de consumidores, porque se les presentan diversas opciones. Quizá de la misma manera que todos aceptamos que es necesaria la libertad de empresa para que exista una sociedad libre y democrática -pero no es una obviedad que haya democracia dentro de las empresas-, esa paradoja también deberíamos aplicarla a los partidos políticos. A lo mejor no deberíamos pedirles esto. ¿Por qué lo digo? Entre otras cosas, porque parece bastante acreditado que la sociedad penaliza la discrepancia en los partidos. Está contrastado, porque ha afectado a todas las fuerzas políticas, que cuando se tiene noticia de que un partido político tiene serias confrontaciones -le puedo asegurar que no estoy pensando en ninguno- esto repercute. Es como si la sociedad no quisiera que hubiera demasiada confrontación interna en los partidos. Esta es la cuestión que le quería trasladar. Esto podría llevar a una reflexión, que ya han comentado algunos de mis compañeros, que tiene que ver con preguntarle su opinión no solo respecto a las primarias, sino a un procedimiento que también es cierto que últimamente parece ser más frecuente, que es lo que pudiéramos llamar, por parte de partidos convencionales -convencionales son todos los que ahora estamos aquí-, la democracia directa. Es decir, que en un momento determinado, cuando se plantea un problema la dirección de un partido político apele directamente a sus bases y les pregunte por lo que se tiene que hacer. Como usted sabe, ha habido gente que lo ha cuestionado. Esto puede ser leído en clave de que esos partidos políticos esquivan la rendición de cuentas; es decir, que, una vez analizada la situación, en vez de tomar las decisiones que creen más adecuadas, lo que hacen es trasladar a sus militantes esa decisión, en algún caso, sin informarles de cuál es su punto de vista. Quería preguntarle cómo ve esto, en qué medida se está eludiendo la rendición de cuentas, incluso en qué medida esta forma aparente de democracia directa tiene algo de paradójico, porque está obviando la necesidad de las direcciones de los partidos. Si cuando se produce un conflicto de una cierta envergadura han de ser las propias bases de los partidos las que decidan, alguien se podría preguntar, exagerando un poco el argumento: ¿Para qué demonios hace falta dirección en los partidos?

Por último, quería plantear, un poco en la línea de mi compañero, el portavoz de Podemos, esta cuestión de la profesionalización. No sé si cree que en algún momento puede haber una disyuntiva. No me cuesta nada entender lo que él comentaba sobre la profesionalización, es más, incluso lo entiendo mejor, porque si él lleva dieciocho meses yo llevo solo ocho. La profesionalización parece claramente una patología, es decir, que alguien puede haber convertido esto en su modo de vida durante décadas, pero no puedo dejar de pensar que en algunas ocasiones, no en todas, es más, en pocas, la experiencia política es un capital importante, y no sé muy bien cuál sería la forma de que ese capital siguiera rindiendo beneficios a la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.

Para cerrar el turno de intervención de los diputados, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señora de la Nuez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular le agradezco su participación en esta subcomisión y que nos haya ilustrado con temas que sabemos que ha estudiado y sobre los que ha escrito ampliamente. Permítame una salvedad, y se lo digo, de verdad, con todo cariño. Como legisladora que soy debo decirle que no legislamos de cara a la galería, simplemente para quedar bien. Nosotros legislamos para intentar resolver, lo mejor que sabemos y podemos, los problemas de los ciudadanos y, por supuesto, para que se cumplan las leyes que hacemos; si no, flaco favor haríamos todos los que estamos aquí. Se lo digo con todo respeto y todo cariño.

Como ha dicho que nos iba a hablar más tarde sobre financiación de partidos políticos, me gustaría hacerle unas preguntas que a lo largo de las tres sesiones en las que estamos estudiando el tema han sido planteadas prácticamente por todas las formaciones políticas y que han salido en todas las intervenciones. En la X Legislatura, el Gobierno del Partido Popular, y el grupo que le apoya, adoptó una serie de medidas importantes para la regeneración democrática, y en materia de financiación de partidos


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políticos se hizo la ley del año 2013 que contiene medidas de prevención y control. En esta subcomisión lo que intentamos saber es cómo se pueden prevenir ciertas actitudes y, en el caso de que no haya sido posible, cómo se pueden controlar. Me gustaría comentar algo que está preocupando y que puede ser una de las vías por las que se puede llegar a ciertas actitudes no del todo legales, que es el tema de las fundaciones. Es preocupante que las fundaciones puedan ser las vías a través de las que los partidos políticos puedan llevar a cabo alguna actuación ilícita.

Por otro lado, ¿es suficiente el control que está haciendo el Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera de los partidos políticos o se necesita revisar o regular de forma distinta este organismo? Parto de que la legislación que se ha hecho es buena, y se lo digo, señora de la Nuez, como miembro del grupo parlamentario que avaló, apoyó y apostó por estas medidas legislativas; por supuesto, no es la mejor del mundo, pero creo que se ha dado un gran paso de lo que había antes a lo que hay ahora. Esta Comisión, esta subcomisión, en definitiva, trata de que todo aquello que no se haya hecho bien se ponga encima de la mesa para legislar sobre ello.

Me gustaría que ahondara un poco en la forma de participación de los ciudadanos como forma de mejorar la democracia. ¿Una forma de participar en los partidos políticos es a través de las donaciones? ¿Podemos entender que ya están participando en la vida política si hacen donaciones económicas? ¿Cómo pueden ser más transparentes los partidos políticos en materia de financiación? Hoy la señora Martínez Cousinou, que ha sido la primera compareciente, nos ha dado una visión muy interesante sobre la necesidad de que haya transparencia en las subvenciones de las entidades locales. Realmente no hay nada sobre eso. ¿Debemos legislar sobre ello? También quisiéramos conocer su opinión sobre si es bueno un régimen mixto de donaciones públicas y privadas, si es partidaria de que haya una financiación solo privada o solo pública o si cree que es mejor que prime una sobre la otra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra la señora de la Nuez.

La señora ABOGADA DEL ESTADO Y MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN "HAY DERECHO" (De la Nuez Sánchez-Casado): Muchas gracias.

Muchas gracias. Voy a intentar contestar a todo, pero si me dejo algo les agradecería que me avisaran, porque he ido tomando notas y no sé si he recogido todas las cuestiones. Me había dejado el tema de la financiación porque me había dicho el presidente que luego tendría otro turno y, sobre todo, porque he visto que en las comparecencias anteriores se había incidido más en este tema. Sin duda, la Ley 3/2015 es un grandísimo avance sobre lo que había. Modelo de financiación. Creo que todos somos partidarios de modelos de financiación mixtos, público-privados, porque realmente el problema de depender mayoritariamente de la financiación pública produce un cierto desapego o distancia de los afiliados o militantes que pueden comprometerse con el partido. A mí eso me parece muy importante. Yo estoy en una pequeñísima fundación, pero una cosa que obliga mucho son las aportaciones que hacen las personas que la soportan. Una siente que tiene que rendir cuentas a la gente que está aportando. No sé si tendría la misma sensación si me llegase una enorme subvención pública, porque podría decir: Bueno, me gasto el dinero. Evidentemente tiene que haber unos controles, pero si debo rendir cuentas a gente concreta que me ha aportado su dinero para la fundación, la sensación que tengo es de mucha mayor proximidad. Por eso creo que el mejor modelo, sin duda, es el mixto. Otra cosa es que, como decía al principio, en España las aportaciones de los militantes o de los afiliados son realmente pequeñas en comparación con la cantidad de dinero público que se recibe. De todas formas, avanzar hacia un modelo mixto me parece que está bien.

Es verdad que ahora las donaciones están un poco bajo sospecha, pero cuando hablo de reacción quiero decir que legislamos porque han pasado cosas. Que se puedan hacer donaciones privadas a un partido por personas jurídicas, que ahora no se permite, no estoy segura de que sea una buena idea. Pienso que lo importante es que sea transparente y perfectamente controlable; es decir, es fundamental que todos sepamos quién da dinero a quién. Lo digo porque, por ejemplo, en la ley alemana -estoy un poco pesada con esto- se permiten estas donaciones, no se les ve mayor problema, eso sí, con unos requisitos de control mayores que los que tenemos aquí. Esto me lleva a los agujeros negros. Quedan algunos, no tantos como antes, pero quedan. También está la cuestión de las fundaciones y asociaciones. Parece que siempre nos dejamos como una esquinita para que lo que no se pueda donar al partido se pueda donar a la fundación. Al final, y más con lo que ha pasado en este país con las fundaciones ligadas a los partidos políticos, creo que hay que cerrar las gateras, los agujeros que existen y decir: Este es el régimen para los partidos políticos y para todo su entramado de asociaciones, fundaciones o lo que sea.


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Otra cuestión que no sé si han tocado, pero que me parece muy interesante, es el tope de los gastos. El problema de la financiación irregular, que ha sido tan determinante en la corrupción política, es que uno se puede endeudar o buscar dinero hasta el infinito. Piensen que tener mucho dinero para una campaña electoral, más en un país en el que continuamente hay campañas electorales, es una ventaja competitiva tremenda. Por tanto, si no ponemos coto a esto, de forma natural los partidos van a tender a endeudarse, a pedir dinero a los bancos o a buscarse la vida para conseguir más fondos que los adversarios. Por tanto, creo que se debería reflexionar sobre el tema del tope de los gastos que son razonables para una campaña electoral. Creo que alguien que ha comparecido antes que yo ha mencionado un caso obvio, que es esto de que nos lleguen los sobres a todos los ciudadanos, la propaganda electoral. Cosas como esta son fáciles de eliminar para cuidar los gastos. Otra idea que les lanzo es la posibilidad de limitar los endeudamientos con los bancos -ya sabemos que, afortunadamente, ahora no se pueden condonar las deudas- porque los partidos no deberían endeudarse de forma excesiva. Ya no se pueden condonar las deudas, hay que poner los tipos de interés de acuerdo con el mercado, pero quedan algunas pequeñas posibilidades como las de refinanciar, dejar que paguen dentro de treinta años, etcétera. Creo que esos son pequeños agujeros, comparado con lo que había antes, pero que no estaría mal poner un poco de orden.

Hay una cuestión que me parece muy interesante, que es la contratación pública. Creo que si ha habido un fenómeno en España -no sé si decirlo en pasado- ha sido lo que se llama el pay to play, es decir, yo pago al partido y me van a hacer favores, pero, ¡ojo!, no siempre en contratación pública, sino que a veces son de otro estilo. El partido va a quedar obligado conmigo, se va a tener que portar bien conmigo en forma de regulación o de cualquier otra cosa. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y lo digo porque en la ley se habla de personas que tienen contratos vigentes con la Administración Pública, pero es que esa es una concepción un poco estrecha. En la Ley de partidos alemana verán que hay un concepto muchísimo más amplio, que es algo así como alguien que pudiera obtener favores del partido. Ya sé que es más amplio, más indefinido, menos concreto, pero está respondiendo a esta idea de que yo no le voy a dar dinero para que usted me haga favores a cambio, porque esos favores pueden tener diversas formas. Con esto, las posibilidades de corrupción son tremendas, y no me refiero solo a corrupción en la contratación, sino en la propia legislación o en cuestión de favores. Bienvenida la ley de 2015, pero todavía quedan estos agujeros que sería conveniente cerrar. También creo que sería conveniente incentivar la financiación privada, en el sentido de que la gente se afilie y pague al partido. Las donaciones, siempre con total transparencia y control, podrían mejorar esa relación del partido con los ciudadanos y, en primer lugar, con sus afiliados.

El Tribunal de Cuentas es un tema que me gusta mucho, porque en la fundación hicimos un estudio -lo tenemos colgado en nuestra página web- sobre el funcionamiento del tribunal. Esto me lleva un poco más lejos de lo que es específicamente el control de los partidos, pero es que el Tribunal de Cuentas tiene muchos problemas. Está bien que a este órgano le demos estas funciones de fiscalización, que tenga más competencias, que pueda llegar a acuerdos de colaboración y pueda pedir información, pero antes tenemos que arreglar algunas cosas, porque si no, no lo va a poder hacer, no solo por falta de recursos, que también, sino por temas muy importantes, a mi juicio, que podemos llamar de gobernanza o de organización. Comparamos el Tribunal de Cuentas español con cinco entidades europeas, entre ellas, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, y al hacer el estudio -repito que si tienen interés en verlo lo tenemos colgado en la página web- vimos diferencias muy notables de funcionamiento. Nos salen cosas muy llamativas en temas de gobernanza, por ejemplo -lo van a entender rápidamente-, que están en manos de las mismas personas, básicamente los consejeros -saben que su nombramiento es político, y con esto no quiero decir nada-, dos cosas esenciales: la aprobación de los informes de fiscalización y las decisiones sobre la carrera de los técnicos que redactan dichos informes. Les aseguro que esto no pasa en ninguno de los países con los que lo hemos comparado. Esto lleva a disfunciones que parecen evidentes, porque no parece razonable que estas dos competencias estén en las mismas manos. El Tribunal de Cuentas, por definición, hace informes que pueden tocar las narices -perdonen la expresión-, pero es que esa es su función. Por tanto, los técnicos, los auditores o los letrados tienen que tener una total independencia técnica para realizar sus informes y decir las cosas que tengan que decir. Otra cosa, sería muy complicada.

El actual funcionamiento del Tribunal de Cuentas tiene serios problemas. También tiene otros problemas de retraso que conocen bien; por eso, una de las comparecencias que más me asombró como ciudadana fue la del presidente del Tribunal de Cuentas diciendo que todo lo de los partidos políticos estaba prescrito, y recuerdo perfectamente que no se podía hacer nada. Se pueden imaginar lo que piensa la ciudadanía de ese tipo de declaraciones hechas en público. Sabemos que ahora están haciendo


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los informes en menos tiempo y con unos plazos más cortos. De todas formas, el Tribunal de Cuentas no ha sancionado nunca a ningún partido político, y parece que no han faltado motivos. Tampoco ha llegado a los tribunales de justicia -esto me parece muy relevante- nada que proceda del Tribunal de Cuentas. ¿No encuentran nunca ninguna irregularidad, ninguna conducta sancionable administrativamente? No es normal. Hay que hacer estas consideraciones y mirar muy bien todo lo que se refiere a este organismo, más allá de que me parece bien darle más funciones y más competencias en materia de partidos políticos. Quizá le vendría muy bien una auditoría interna rigurosa. Los propios auditores dicen que el mejor aliado de un auditor o de un fiscalizador externo es un buen auditor interno, que es el que conoce lo que está pasando en el partido. Probablemente en el tema de financiación se puede reforzar una auditoría interna sólida por parte del partido, incluso -de nuevo me refiero a la ley de partidos alemana- una auditoría externa, que es compatible con el Tribunal de Cuentas, aunque son dos cuestiones distintas. ¿Por qué no? Se puede hacer una auditoría, como se le hace a una empresa o a tantas organizaciones que manejan cantidades de dinero muy importantes, porque nuestros partidos políticos son organizaciones que manejan grandes cantidades de dinero. Creo que todo esto contribuiría a mejorar los temas de financiación.

Por si me estoy dejando algo, intentaré volver sobre alguno de los temas. Volviendo a la organización interna, ha habido alguna intervención que me ha parecido provocadora para que la gente piense sobre ello. Cuando hablo de la competencia interna, me refiero más bien a competencia entre candidatos. Creo que hay una cosa que quizá no he transmitido bien, y es que los candidatos pueden tener propuestas ideológicas distintas, que es una cuestión que me parece muy sana. Pero creo que más demoledor que la falta de unidad que pueda percibir la ciudadanía es la sensación de que en ese partido no hay vida inteligente; es decir, que allí se dice una cosa de arriba abajo y ya nadie se mueve. Eso me parece preocupante. La competencia interna entre candidatos, entre personas que legítimamente pueden aspirar a suceder al líder o a la directiva actual, es algo muy sano; otra cosa es cómo se haga, porque en algunos casos que hemos visto recientemente, y no voy a mencionar ninguno, la forma de hacer las cosas me parece que no es lo que está esperando la ciudadanía.

Hay una cuestión que no he mencionado antes, porque se me había olvidado, aunque les he dicho que les iba a contar como acabó el manifiesto de los 100. Aparte de los señores diputados y algunas personas más que lo apoyaron, la verdad es que no tuvo mucho eco en la opinión pública. Eso nos hizo pensar que hay un problema de cultura en la propia sociedad, porque quizá no les pareció una gran causa; también es verdad que teníamos pocos medios, o ninguno, que éramos nuevos y no sabíamos hacer estas cosas. Nosotros esperábamos más apoyo de la opinión pública. Quizá es que no se entendió lo importante que es que los partidos internamente sean organizaciones democráticas para que haya un buen funcionamiento de la democracia. La prueba de que no se entiende mucho es que parece que yo tampoco me he hecho entender mucho esta tarde cuando he dicho que me parece esencial, sobre todo para una buena rendición de cuentas y para una buena selección de los líderes. Esto pasa en todas partes: si no hay competencia, si no hay concurrencia, si no hay candidatos alternativos, al final de organización se fosiliza. Eso es una realidad.

También me preguntaban cómo debe ser la participación de los ciudadanos. Hay muchas formas de que los ciudadanos puedan participar en un partido político y sentirlo más cercano: una de ellas es la contribución, la afiliación, y otra es abrir espacios de participación. En general, que haya ámbitos de debate interno -comprendo que no es fácil, sobre todo cuando uno está en un partido político-, poder participar, tener debates, reuniones, es muy interesante para los que quieren acercarse a la vida política, con todos los inconvenientes o las incomodidades que ello pueda suponer para una organización de estas características. Eso da mucha vida al partido y mucha cercanía a la sociedad -la sociedad es cambiante, y más ahora-, porque se tiene la posibilidad de saber en cada momento qué pasa en la calle, que a veces lo perdemos un poco de vista.

La limitación de mandatos me parece que es una cosa muy sana; otra cosa es que sea difícil, aunque creo que se puede implantar sin problemas en los estatutos. Sería muy sano y se lanzaría un mensaje muy potente: Aquí lo que queremos es renovación, no queremos perpetuarnos. Quizá sea un poco más complejo cuando se trata de cargos electos, porque uno se puede presentar tantas veces como quiera. De todas formas, creo que el mensaje es muy sano: No queremos perpetuarnos en los partidos.

Hay otra pregunta que me ha parecido muy curiosa. El recurso a las bases. Este es un tema muy interesante. Esto lo traslado un poco a los temas de referéndums. En nuestras democracias representativas de vez en cuando hacemos referéndums y es un poco lo mismo: tenemos representantes elegidos, pero para alguna cuestión, a veces no para las que nos parecerían lógicas, se hace un referéndum. Creo que


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la democracia directa es un complemento a la democracia representativa. De hecho, quienes promueven las consultas son los representantes. Salvo en algún país que conozco en el que la ciudadanía tiene alguna posibilidad de pedir un referéndum, lo que pasa aquí es que son los representantes los que deciden. ¿Qué tiene la apelación a las bases? A mi juicio, tiene ventajas e inconvenientes, y no es fácil pronunciarse en cada caso. ¿A veces puede significar que me quito la responsabilidad y se la traslado a la militancia o a la ciudadanía? Sí. ¿A veces puede ser un refuerzo de la legitimidad? Sin duda. Algo que se ha decidido en un referéndum refuerza la legitimidad, aunque no sea lo que nos guste. Es una cuestión compleja, pero yo no soy de las que piensa que la democracia directa se opone a la democracia representativa. Es un complemento que en algunas ocasiones resulta interesante tener en cuenta.

Creo que con esto he contestado a todo el mundo, o al menos lo he intentado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Nuez.

Suspendemos la sesión un instante para recibir al próximo compareciente. (Pausa).

- DEL CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (MONTILLA MARTOS), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 219/000292).

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con el tercer y último compareciente, don José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Como viene siendo habitual, el compareciente tendrá un primer turno en el uso de la palabra de quince minutos, después preguntarán los grupos parlamentarios y el compareciente cerrará con otro turno de veinte minutos.

Muchas gracias, por estar hoy aquí con nosotros.

El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Montilla Martos): Gracias a ustedes, por invitarme. Lógicamente para mí es un honor estar en el Congreso de los Diputados.

En principio mi intervención se va a centrar en la cuestión de la financiación de partidos políticos, porque así me indicaron que era el objeto central de esta Comisión. Sin perjuicio de ello, tengo que empezar haciendo un recordatorio y es que está pendiente la elaboración en España de una nueva Ley de Partidos Políticos. Se hizo una ley en el año 1978, obviamente una ley de urgencia como todos sabemos, para poner en funcionamiento un sistema partidista y pluralista. Después se hizo otra ley en el año 2002, que en realidad tomó la ley de 1978 y simplemente le añadió una buena parte de regulación del procedimiento para ilegalizar en la práctica a los partidos políticos.

Por tanto, el problema es que tenemos una ley en este momento bastante desarticulada; una ley -yo lo he escrito ya alguna vez- que le da más importancia a la patología que a la fisiología, a la cuestión de cómo disolver un partido político -que es algo que seguramente ya no se vaya a producir más-, que al funcionamiento del partido político. Nos encontramos una serie de situaciones nuevas continuamente, pero si vamos a buscar la regulación en la Ley de Partidos Políticos que tenemos vigente, vemos que estas situaciones no están en esa regulación porque solo aparecen de manera muy genérica. Es importante tener presente que en un modelo en el que los partidos políticos no son asociaciones privadas de carácter político, sino que son asociaciones de relevancia constitucional que cumplen esas funciones tan importantes que les otorga el artículo 6, el Legislador tiene que ocuparse del contenido del funcionamiento de la organización de esos partidos, de estas asociaciones, de manera más detallada de lo que lo ha hecho hasta la actualidad.

Como les decía, centraré mi intervención e intentaré darles mi opinión sobre la financiación, sin perjuicio de que después me quieran plantear cualquier otra cuestión sobre este tema. En concreto, como hay muchos aspectos de la financiación que se pueden tratar y que seguramente aquí ya han sido tratados en otras comparecencias, voy a destacar dos aspectos: uno, es la cuestión del modelo, y otro, la cuestión de cómo seguir avanzando e impedir la financiación irregular, el reto que siempre tenemos pendiente.

En primer lugar, tenemos la cuestión del modelo. ¿Por qué? Porque esto que he dicho antes sobre los partidos políticos lo podemos trasladar también a la financiación de los partidos políticos. Tampoco hay un modelo de financiación de partidos políticos en la ley. Tanto la primera regulación como la ley de 2017 y las reformas de 2012 y 2015, se han hecho todas ellas un poco al hilo de los acontecimientos, pero sin pararse, sin detenerse a pensar y a reflexionar en general sobre cuál iba a ser el modelo de financiación


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de partidos que queríamos en España. Esto tampoco es que ocurra solo en España, siempre ponemos como ejemplo a Alemania. Hay que recordar que en Alemania se pararon a pensar y a hacer una regulación completa de la financiación de los partidos porque el Tribunal Constitucional puso un poco en solfa con una sentencia todo el modelo, es decir, cómo se estaban financiando los partidos hasta ese momento y dijo que tenían que equilibrar la financiación privada con la financiación pública y establecer un modelo mixto. A partir de esa llamada de atención el Legislador se puso a trabajar y al final se elaboró ese modelo.

En el caso español el problema es que hubo que financiar a los partidos políticos en un primer momento con un carácter fundamentalmente público y nos hemos quedado en ese modelo. Se está deslegitimando esa idea porque provoca una imagen de desconexión de los partidos con la sociedad e incluso de burocratización de los partidos políticos, pero nos ha faltado ese replanteamiento que sea capaz conciliar la financiación pública con la financiación privada de los partidos. El modelo de financiación de partidos, a mi juicio, debe ser un modelo fundamentalmente público porque no estamos ante unas asociaciones políticas de carácter privado, sino que estamos ante el elemento estructural de nuestro sistema democrático, eso que García Pelayo llamaba Estado de partidos. El Estado de partidos en el que vivimos nos obliga a prestar especial atención a ese pilar fundamental de nuestro sistema. A su vez, tenemos que ser conscientes de que no se puede deteriorar la imagen de los partidos políticos y una financiación exclusivamente pública, o en un 80 o 90% pública, provoca ese deterioro, esa desconexión con la sociedad. Por tanto, tenemos que plantear también mecanismos de financiación privada que vengan a complementar esa financiación pública. Aquí se produce una cierta paradoja y es que la inmensa mayoría de los autores defiende esta idea: la necesidad de que la financiación privada sea más importante de lo que es en la actualidad. Sin embargo, todos los cambios legislativos que se proponen y todas las modificaciones van en la línea contraria, van en la línea de limitar o poner condicionantes a esa financiación privada, lógicamente por lo que decía antes, porque se hacen al hilo de una serie de acontecimientos de financiación irregular de los partidos.

Por tanto, la forma de salir de esta paradoja no es mirar tanto quién está financiando sino la transparencia de esa financiación. El elemento nodal del modelo de financiación de partidos debe ser la transparencia. Lo más importante no puede ser si se trata de una persona jurídica o física, ni siquiera si tiene que ser un máximo de 20.000 euros o 10.000 euros, sino que lo más importante es que sea transparente, que en la web del partido político aparezcan todos y cada uno de esos donantes con las cantidades que han aportado. Se ha dicho que eso puede vulnerar la libertad ideológica, pero yo entiendo que no es así porque es una manifestación legítima de esa ideología, sin perjuicio de que se pueda donar a más de un partido; tampoco creo que afecte a la protección de datos porque si no afecta a la protección de datos que se publique el nombre de quien aporta más de 25.000 euros, tampoco debe afectar en ese sentido que figuren quienes han aportado menos de 25.000 euros. Por tanto, lo importante es sobre todo la transparencia. Desde esta perspectiva, tenemos que tender a ampliar la base de donantes privados. Es decir, no se trata de tener donantes que aporten grandes cantidades, sino que el problema lo hemos advertido en la imagen de desconexión de la sociedad con los partidos políticos. Se trata de conseguir que cada vez haya más donantes privados. ¿Hay mecanismos para ello? Claro que sí. Por ejemplo, la deducción de la base imponible de hasta 600 euros es una deducción ridícula porque para nada supone un acicate. ¿Se podría subir esa cantidad? Habrá que hacer bien los números, pero, sin duda, se podría subir de manera que resulte algo más atractivo hacer donaciones a los partidos políticos. Por tanto, el modelo debe ser un modelo público en el que tienen que intervenir también los donantes privados, intentando que sea el mayor número posible, es decir, ampliando de alguna manera la base y de forma absolutamente transparente, con un sistema de acceso que sea fácil y que sea bien comprensible. Eso en lo que se refiere al modelo de financiación.

La segunda cuestión se refiere a cómo impedir la financiación irregular. Creo que el Legislador tiene también que actuar en una segunda vía, haciendo cambios para impedir formas de financiación irregular. Se ha dicho que el agua que corre siempre encuentra el sitio por el que escaparse. Sin embargo, hay que seguir tapando esas grietas para que cada vez el agua pueda escapar por menos sitios. De esta forma, cada vez tendríamos una financiación más transparente y los episodios de financiación irregular resultarían absolutamente casos aislados. Sin duda, tanto la reforma de 2012 como la reforma de 2015 han supuesto avances importantes en esta línea, sin ninguna duda, pero todavía se pueden hacer más cambios.

De manera telegráfica voy a plantear cuatro cambios en los que luego podré profundizar más. En primer lugar, hay algo que se ha dicho muchas veces, pero que hay que seguir diciéndolo. Es necesario eliminar el distinto régimen jurídico de los partidos y de las fundaciones vinculadas a los partidos. Una vez que la ley de


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2015 nos define muy bien qué es una fundación vinculada a un partido, no hay motivos para establecer diferencias en su régimen jurídico. No hay motivos para limitar cuantitativamente la donación a los partidos y no a las fundaciones. ¿Por qué? No hay motivo para dar un trato distinto a las personas jurídicas que no puedan donar a los partidos y sí puedan donar a las donaciones. ¿Por qué? Y por supuesto, no hay motivo para ese párrafo cinco de la disposición adicional séptima que dice que no tendrán la consideración de donaciones las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o proyecto concreto de la fundación. ¿Por qué no vamos a llamar eso donación y no va a aparecer como tal de manera pública para que sea conocido por todos? Por tanto, la primera idea es la eliminación de ese distinto tratamiento de las fundaciones respecto a los partidos.

La segunda cuestión clásica es la de los préstamos bancarios, el endeudamiento de los partidos, o como se dice habitualmente la dependencia de los partidos respecto a las entidades financieras. Ahí tengo una posición poco heterodoxa porque a mí me parece que los planteamientos se siguen haciendo pensando en otros intermediarios financieros que ya no existen, que ya desaparecieron porque se está pensando en las cajas de ahorros. A mi juicio no creo que las actuales entidades financieras con problemas estructurales muy serios tengan mucho interés en dar préstamos a unas organizaciones, respecto a las cuales tienen difícil capacidad de presión. Por otro lado, esos créditos son necesarios. Los partidos necesitan esos préstamos para atender a sus gastos electorales.

Por tanto, creo que se puede plantear una serie de cambios para abordar esta situación. En primer lugar, se podría ampliar el porcentaje de adelanto del 30% al 50%, por ejemplo. Porque si se aumenta el porcentaje de lo que se adelanta para atender los gastos electorales, ya no habría que pedir el préstamo para ello. Es verdad que corremos el riesgo de que luego no se pueda devolver ese préstamo, pero es raro que un partido pierda más del 50% del voto de una elección a otra. Ha ocurrido, sin duda, y puede volver a ocurrir, pero no es lo habitual. Asimismo, debe hacerse pública la renegociación de la deuda porque también es muy importante, así como debe reforzarse, aunque se ha avanzado mucho en esto con la ley de 2015, la transparencia respecto a estos créditos. En la página web del partido debe aparecer el importe de esos créditos, el tipo de interés, el plazo de amortización, todo esto que según la ley ya debía de estar apareciendo, pero que en la realidad no se hace.

En lo que se refiere al control interno de las finanzas de los partidos sería muy importante que la figura del responsable -aunque ya se ha avanzado en la ley de 2015 y me parece bien- fuera el responsable de toda la estructura del partido; es decir, que aparecieran en esas cuentas todos los ingresos y gastos de la estructura del partido. Hay dos problemas que están detectados -ya los ha detectado el informe Greco, el Tribunal de Cuentas y todo el mundo- y que ahora es el momento de ponerle coto a través del legislador: por un lado, las organizaciones sectoriales de los partidos, y por otro, las agrupaciones locales. Estos son los ámbitos en los que se advertido más problemas. Además, este control de las finanzas está bastante bien regulado en materia de ingresos, pero no tanto de gastos ya que el problema se plantea en los gastos.

Finalmente, la última cuestión se refiere al control externo, al control de fiscalización que en nuestro modelo recae en el Tribunal de Cuentas. Sabemos que tanto la reforma de 2012 como la reforma de 2015 han reforzado el perfil fiscalizador del Tribunal de Cuentas, sin duda, pero el problema que hay es un problema de legitimidad por la forma de su designación. Por tanto, eso es lo que hay que abordar. Les voy a trasladar mi planteamiento porque es absolutamente original, por lo menos yo no he leído en ningún otro sitio algo parecido. A mí me parece que un buen modelo a seguir por el Tribunal de Cuentas sería el de las juntas electorales. La junta electoral es un órgano mixto formado por integrantes de designación política, pero también por jueces elegidos por sorteo. Se lo digo por experiencia porque he formado parte muchas veces de juntas electorales. Esa mezcla es positiva porque las dos partes pueden beneficiarse mutuamente. No me parece adecuado un modelo de designación exclusivamente administrativa o judicial del Tribunal de Cuentas para fiscalizar a partidos políticos y tampoco me parece adecuado el modelo actual de designación exclusivamente política. Se ha dicho en muchas ocasiones -aquí lo habrán escuchado- que quien va a ser controlado designe, al mismo tiempo, al controlador parece que produce ciertos déficits de legitimidad.

En conclusión, tienen una importante labor por delante como legisladores. Se han dado pasos hacia delante, sin duda, en 2012 y 2015, pero también se han dado pasos hacia atrás en algún caso concretos. Ahora estoy acordándome de un ejemplo. No presentar las cuentas de un partido era falta muy grave antes, pero desde 2015 es solo falta grave. Lo importante no es que a un partido se le multe con 50.000 euros o con 60.000 euros, sino la imagen que da que el partido que no presente las cuentas pase a tener una sanción menor. Por tanto, tienen esa labor importante por delante para configurar un modelo completo. No sería positivo, a mi juicio, hacer otra modificación parcial como las que se han hecho en los años 2012


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y 2015. Me parece que es necesario hacer una Ley de Partidos completa, que regule el régimen jurídico de los partidos y que incluya también la financiación de los partidos políticos.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Montilla.

A continuación intervendrán los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Yllanes Suárez.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Montilla, por su comparecencia y por su interesante exposición. En el fondo creo que muchas de las cosas que ha expuesto hemos tenido oportunidad de escucharlas de los anteriores comparecientes. Se ha incidido mucho en todos los temas, el tema de la financiación de los partidos políticos, sin duda, es un tema importante e interesante.

Voy a empezar por el final porque ha hecho referencia, limitado un poco por el tiempo, al tema de la importancia de tener muy claro los ingresos de los partidos, pero también a la importancia de dónde o en qué se emplea el dinero que reciben los partidos políticos. La primera ponente que hemos tenido esta tarde, la profesora Martínez Cousinou, nos ha dejado muy claro que el tema de la ausencia de control de las aportaciones de las corporaciones locales, de las diputaciones provinciales y de los cabildos insulares a los partidos políticos es enormemente llamativa. Si precisamente uno de los problemas que más nos preocupa es el tema de la prevención, es decir, que no tengamos que legislar -aquí retomo un poco la ponencia que ha hecho la señora Elisa de la Nuez- de forma reactiva cuando ya se nos ha planteado el problema y tenemos que resolverlo, habrá que plantearse cuáles pueden ser los mecanismos de prevención más eficaces para que no nos pase esto. Parece evidente que no solo es importante auditar, vigilar o dotar de transparencia a los ingresos, sino que también es muy importante controlar los gastos de los partidos políticos. Me gustaría conocer o que ampliara de alguna forma su opinión. ¿Cuáles serían los problemas principales que deberíamos tener en cuenta para anticiparnos y evitar que no legislemos a posteriori, cuando el problema ya está planteado? Lo que hay que hacer es no poner el parche, sino cerrar las grietas que pueda presentar el sistema de financiación de partidos políticos.

El asunto de los préstamos bancarios es un tema muy importante. Ahí creo que discrepo sobre su optimismo acerca de la capacidad de influencia de los bancos o entidades de préstamo sobre los partidos políticos en este momento. Es evidente que había que acabar con el tema de las condonaciones porque era un absoluto escándalo, ya que provocaba evidentes problemas de clientelismo. Es insuficiente porque, como ya han puesto de manifiesto algunos comparecientes, se pueden buscar mecanismos indirectos para no llegar a una condonación pero sí a lo que decíamos antes, es decir, si de alguna manera se refinancia la deuda en cómodas condiciones o se deja transcurrir el tiempo antes de reclamar la devolución de las cantidades prestadas y además se pone un interés ridículo o incluso no se fija ningún tipo de interés, estaríamos llegando a una especie de condonación encubierta, que sería un mecanismo de fraude de ley, en lo que hay que reconocer que en este país tenemos bastante habilidad. Por tanto, creo que el tema de los préstamos bancarios es lo suficientemente preocupante, pese a la desaparición de las cajas de ahorro, que, evidentemente, formaban una parte muy importante del problema de cómo se financiaban los partidos políticos a través de las entidades financieras, que, efectivamente, ha desaparecido.

El tema del Tribunal de Cuentas no lo quiero tocar, porque uno de los trabajos importantes de esta subcomisión va a ser sobre él y quiero concentrar todas las energías de nuestro grupo político en tener aquí a quienes, de verdad, nos puedan decir qué hacemos con este organismo. Ahora mismo el Tribunal de Cuentas es un absoluto desastre. Creo que es uno de los grandes lastres democráticos que tenemos en nuestro sistema, y lo digo así de claro, y no solo por el sistema de acceso, por el retraso en la emisión de informes, porque es una fuente continua de escándalos. Por tanto, tendremos oportunidad de hablar del Tribunal de Cuentas. Pero vamos a pensar en los mecanismos alternativos a la auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, no solo las auditorías internas, sino la posibilidad de establecer la obligación de que regularmente los partidos políticos se sometan a auditorías externas para saber cuáles son sus fuentes de financiación, para evitar que haya cualquier tipo de corruptela y para conocer en qué se emplea el dinero que reciben. Parte importante de la legitimidad del sistema democrático de cara a quienes finalmente lo mantienen con sus votos está precisamente en que seamos capaces de demostrar que los partidos políticos no desconfiamos unos de otros, sino que somos capaces de ponernos de acuerdo. Y este es uno de los trabajos importantes de esta subcomisión, para de una vez por todas intentar resolver -comprendo que la legislación perfecta no existe- los problemas de financiación.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yllanes.

Por parte, del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cancela.

La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Antes de nada quiero agradecer al señor Montilla su comparecencia hoy en esta Comisión. Gracias por su claridad y además porque ha sido muy concreto en determinadas propuestas.

En todo caso, me gustaría plantearle dos o tres cuestiones muy breves, a pesar de que podríamos hablar largo y tendido de muchísimas cosas. Pero por concretar y por ceñirnos al tiempo, me gustaría plantearle lo siguiente.

En un primer momento usted ha hecho una reflexión muy contundente, y creo además que perfectamente ajustada, afirmando que el modelo de financiación de los partidos debe ser público, porque son elementos estructurales del propio sistema democrático. Sin embargo, a continuación desgrana una serie de propuestas en las que parece que apuesta por la ampliación de la financiación privada a través de donaciones, pero con muchos más controles, con más transparencia e incluso supuestos de deducciones fiscales. Entonces, entiendo que lo que está planteando es un sistema mixto, donde ese ámbito privado sea objeto de mayor control. Me gustaría que reafirmara o no el planteamiento que le estoy exponiendo.

Otra cuestión sería el ámbito de la responsabilidad patrimonial de aquellas personas que son responsables de la financiación cuando esta se detecta y se constata que ha sido ilegal. Me gustaría saber su opinión al respecto, si estaría de acuerdo con ello o no. Y está íntimamente ligado a otra cuestión, que son los efectos y las consecuencias de esa financiación ilegal no solamente para el partido político, la organización política considerada en sí misma, sino también para los cargos políticos que en ese momento son responsables de esa organización.

Por último, me llamó mucho la atención su planteamiento con relación al control que debería hacer el Tribunal de Cuentas. Propone usted el papel significativo que podrían tener las juntas electorales en el ejercicio de ese control, en función de esa composición que usted dice que es mixta. Me gustaría que profundizara un poquito más en ese planteamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En último lugar, por el Grupo Popular, será el señor Luis Suárez quien intervendrá.

El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar -no puede ser de otra forma-, quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señor Montilla, y, por supuesto, agradecerle su exposición, porque, en definitiva, es tarea de muchos intentar mejorar el sistema, en el que se incluyen los partidos políticos.

Ha comenzado su intervención diciendo que cree necesaria una nueva ley de partidos políticos. Hoy es la primera vez que vengo a esta Comisión y reconozco que me parece muy interesante, independientemente de que comparta o no muchas de las afirmaciones que aquí se han hecho. Me da la sensación de que estamos todavía inmersos en una profunda depresión, a la que quizás nos haya llevado la crisis, pero quiero pensar que este país es bastante mejor de lo que se dibuja habitualmente, por lo menos en el Congreso de los Diputados; seguramente, todos tendremos la culpa, y yo me pongo en primer lugar. Pero, al final, siempre cuestiono lo mismo, si estamos mejor o peor, y creo que hay que ir al derecho comparado, y ahora le explicaré por qué le digo esto. Como tantas otras cosas en España, al final, los partidos políticos estamos en una media alta. Cuando uno se compara, lo hace fundamentalmente con democracias muy avanzadas, lo que no quiere decir, evidentemente, que no hayamos tenido problemas, sobre todo problemas que han sucedido durante la crisis, y me refiero a todo el fenómeno de la corrupción. Pero, aparte de ese distanciamiento lógico de las instituciones que se produce en las crisis, cuando todo se cuestiona, porque es la propia historia del mundo, a veces creo que estamos equivocando el tiro, en el sentido de que intentamos resolver a través de los partidos políticos problemas como la corrupción o el funcionamiento de la democracia. Y quizás esta sea la misión de esta Comisión, determinar qué tipo de partido político queremos, pero para mejorar la democracia, porque resolver otros problemas me da la sensación de que se resuelven de otra forma. Entonces yo le preguntaría qué considera que debería contener esa nueva ley de partidos políticos que usted sugiere, a diferencia de lo que tenemos ahora.

Ha hecho usted una reflexión, que no comparto -esta es una discusión doctrinal, y, usted, evidentemente, es una eminencia, y yo intento aprender-, en la que el Tribunal Constitucional avala la tesis de que los partidos políticos están más cerca de asociaciones privadas que de ese tipo de asociaciones públicas,


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porque está muy vinculado a la libertad ideológica. Sinceramente se lo digo, a mí me da mucho miedo que al final aquí se imponga el pensamiento único o el régimen único, porque si hay algo que creo que hace diferentes a los partidos políticos también es su organización. Entiendo que hay un equilibrio, pero eso de que todo el mundo tenga que ser igual creo que al final tendría efectos. Me gustaría que se explayara en esta cuestión en lo que se refiere a la propia libertad de pensamiento o libertad ideológica de cada uno.

Con respecto al modelo de financiación, ya han pasado muchos intervinientes, y es verdad que todo el mundo va hacia lo más público, pero, al final -créame, se lo digo sin ningún tipo de maldad-, acaba argumentado lo mismo que usted, es decir, más privado -y lo entiendo-. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien decide incrementar lo público -hay formaciones y es legítimo-, automáticamente se produce una desvinculación cada vez mayor entre las bases y la clase dirigente del partido político, porque no se tienen que preocupar en absoluto de captar la financiación necesaria para que uno pueda extender sus ideas. Por eso, le hago una pregunta muy sencilla -sin maldad-, porque, insisto, todo el mundo dice lo mismo, pero nadie concreta. ¿Cuál es su modelo? Es decir, al final, esto siempre tiene unos porcentajes: 60-40, 70-30. Créame, he leído, he intentado informarme, y la verdad es que no hay manera de saber cuál sería el modelo ideal.

Y vinculo esto además con la transparencia que usted ha manifestado. Lógicamente, creo que se han dado pasos importantes con la Ley de transparencia y la propia Ley de financiación partidos. Quiero recordar, solo como anécdota -insisto, un poco por elevarnos de esa depresión en la que me da la sensación que estamos inmersos-, que hay países en los que no están en el ámbito subjetivo de las leyes de transparencia los partidos políticos, y en países nada más y nada menos como Italia o Inglaterra. Por eso, me da la sensación de que algo se ha avanzado.

Decía usted que habría que hacer públicos a los donantes. Yo soy militante de un partido político. No sabe lo complicado que es que alguien quiera dar una donación a un partido. Muchos que la darían no lo hacen por el miedo a que se sepa que lo han hecho; por si eso conlleva represalias el día que gobierne no sé quién y yo tengo un negocio abierto en no sé donde. Eso, al final, sobre todo en pequeños ámbitos, genera mucho miedo. Por tanto, me da la sensación de que esa publicación provocaría una retracción de las aportaciones.

Con respecto a la financiación irregular, me gustaría que se explayara en el problema de las fundaciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Suárez.

El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presidente.

Entiendo que admiten más financiación en otros supuestos que los partidos políticos, pero yo quiero recordar dos cosas: en primer lugar, que las financiaciones, en lo que son aportaciones a los partidos políticos, suponen un 6%, es decir, hablamos de una cantidad mínima. Ahora habrá que ver si hay un fenómeno expansivo de las fundaciones de los partidos políticos, pero están sometidas a control del Tribunal de Cuentas. Todas las donaciones que reciben las fundaciones las controla el Tribunal de Cuentas.

Y dos cuestiones; una, los ámbitos locales, que hoy han salido aquí por activa y por pasiva, y usted también lo ha comentado. Yo quiero poner de manifiesto que este país no tiene descontrolado no sé cuántos millones de euros en los ámbitos locales. Su antecesora ha evidenciado las cifras, y, fundamentalmente, sí están controlados. Todo el dinero que perciben los grupos municipales puede suceder que lo fiscalice el interventor y que, a su vez, lo fiscalice la cámara de cuentas oportuna de las propias instituciones de los ayuntamientos, pero es que los ayuntamientos se pueden autorregular y decidir -y en algunos ayuntamientos ya pasa- que las cuentas sean públicas, que se diga en qué se gastan los recursos asignados, con lo cual, lógicamente, creo que habría que matizar este aspecto, porque da la sensación de que hay recursos que están fuera de control.

Y con respecto al control externo, que créame que es lo que más me gusta, el tema del Tribunal de Cuentas -lo digo porque soy el presidente de esa Comisión-, usted anuncia un problema de legitimidad, que en este caso ni se daría. En estos momentos en el Tribunal de Cuentas hay cuatro magistrados en la sección jurisdiccional. Evidentemente, en Europa hay varios sistemas de elección, pero no disentimos mucho del sistema de elección de países democráticos muy avanzados. En cuanto a calificar de absoluto desastre, como ha hecho mi compañero Yllanes, a quien gustan estos calificativos, sobre todo al Tribunal de Cuentas -no es la primera vez que se lo oigo-, creo que hay que ser un poco más optimistas.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Gracias, señor Suárez.

Concluirá el debate el señor Montilla, por tiempo de unos veinte minutos.

El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Montilla Martos): Gracias a todos, señorías.

Creo que es la primera vez en mi vida que me dicen que no soy optimista, siempre me han dicho lo contrario. Lo que ocurre es que no termino de entender desde fuera cómo problemas que se detectan y se pueden resolver con un cambio legislativo tenemos que intentar justificarlos, en lugar de hacer ese pequeño cambio. Pongo el ejemplo del control de la financiación en el ámbito local. Se dice que los interventores controlan. Evidentemente, pero ¿por qué no modificamos la ley y hacemos que el control que deba llevar el partido descienda también hasta el ámbito local, y no se diga, como dice actualmente la ley, que el nivel provincial controlará lo local? De este modo, lo deja completamente en nebulosa, lo deja completamente abierto. Me parece que sería suficiente con ese pequeño cambio legislativo, y ya no tendríamos que estar dependiendo del interventor, aunque, evidentemente, los interventores van a cumplir su función. Pero es ese tipo de pequeñas modificaciones legislativas las que entiendo que se pueden hacer.

Y ocurre igual con las fundaciones. Ya sé que están controladas por el Tribunal de Cuentas. Pero lo que yo preguntaba antes y lo que me planteo siempre que estudio este tema es si hay algún motivo para que una persona jurídica pueda donar a una fundación pero no pueda donar a un partido político. ¿Tiene eso alguna justificación? Si no tiene ninguna justificación, habrá que eliminarlo. ¿Hay alguna razón que justifique que el límite de 50.000 euros juegue para las donaciones a los partidos pero no juegue para las donaciones a las fundaciones? Si no la hay, habrá que eliminarlo.

Esta es la cuestión que planteo, pero no desde una perspectiva pesimista, sino entendiendo que tras la experiencia que ha vivido este país en los últimos años me parece que estamos en un buen momento para hacer esa ley de partidos políticos completa que en Alemania en lo que se refiere a la financiación se hizo en 1994, cuando la Constitución es de 1949. No se trata de creer que aquí vamos más lentos. No, aquí vamos como vamos, tenemos la situación que tenemos y hay que abordarla.

Intento dar respuesta a las distintas cuestiones que me han planteado. El señor Yllanes se refería, en primer lugar, a la cuestión de la ausencia de control en los gastos en el ámbito de lo local. Yo lo quiero llevar a los ingresos. Cuando se descontrola el gasto es porque está descontrolado el ingreso. Lo que hay que evitar es que aparezca un gasto que no se corresponda con ningún ingreso. Por tanto, si se afina esa regulación del control interno hasta lo local, estamos evitando que se produzcan esas situaciones -que, evidentemente, se producen- en las que hay un gasto por alguna actividad de un partido político que no se sabe de dónde ha salido. Ese es un hecho que el Tribunal de Cuentas ha detectado en muchas ocasiones y lo ha puesto de manifiesto. Si resolvemos la cuestión del ingreso también resolvemos la cuestión del gasto.

Con relación a los préstamos bancarios, claro que se pueden limitar las renegociaciones continuas de la deuda. Como cualquier otro cliente, tiene derecho a renegociar su deuda, pero el legislador puede poner límite por el tipo de cliente que es. Por otra parte, la ley ya establece la limitación del interés, o sea, este ha de ser el del mercado. Pero, de todas maneras, lo más importante es que en la página web aparezcan las características de ese préstamo, porque así, si las características no son las del mercado, alguien lo va a poner de manifiesto, lógicamente, y un partido político tiene que actuar de manera que todas sus acciones sean aceptadas y bien reconocidas por la ciudadanía. Por tanto, si aparecen las condiciones del préstamo, podemos entender que si se renegocia es porque se produce una situación de endeudamiento por parte de los partidos políticos. Sin duda, el problema del endeudamiento del partido político se produce cuando los resultados electorales no son los esperados. Pero es que en partidos políticos que tienen una larga trayectoria, ¿cuándo no ha pasado eso? ¿Quién no ha tenido un resbalón en algún momento? Por tanto, esa situación de sobreendeudamiento se va a producir y tendría que jugarse con la renegociación de la deuda. Pero, evidentemente, se puede limitar.

La señora Cancela me preguntaba por la cuestión que más me interesa desde un punto de vista teórico, que es el tipo de modelo. ¿Por qué no he utilizado el término mixto y he dicho que es un modelo público en el que poco a poco se va incorporando la financiación privada? Porque para mí el modelo mixto es el modelo alemán, que dice que la financiación pública de un partido no puede superar en ningún caso la financiación privada. Eso lleva al 50-50, sin duda, porque la financiación pública tiene un tope, que es el de la financiación privada. Ese límite creo que no lo podemos poner en España, no lo podemos poner porque venimos de donde


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venimos, aunque tampoco me parece que sea un modelo adecuado. Por eso digo que la financiación es fundamentalmente pública. ¿Qué ocurre? Que tampoco parece un modelo ideal aquel en el que la financiación privada, de donantes privados se sitúa en el 6%, 7%, 8%. Por tanto, partiendo de un modelo de financiación pública, en el cual nos hemos movido y se ha avanzado, creo que donde hay más camino por recorrer es en la otra parte. Por eso no me parece extraño que no solo yo sino también otros comparecientes, partiendo de un modelo de financiación pública, terminemos hablando de cómo potenciar esas donaciones privadas. Además, hay distintas formas de abordar esas donaciones privadas, y, por tanto, de alguna manera debemos decantarnos por algunas de ellas. Ya digo que yo me decanto por ampliar la base, por conseguir que el mayor número de personas comprometidas con su opción política hagan aportaciones. Pero, claro, eso nos obliga a la transparencia. Si el sistema tiene zonas de sombra, tiene posibilidades de opacidad, estamos facilitando que por esa vía siga produciéndose financiación irregular. Por tanto, me parece que la transparencia es lo que viene a resolver los planteamientos realizados frente a una situación analizada desde fuera. Si ampliamos la financiación privada, resulta que facilitamos que se produzcan situaciones más incontroladas y si lo hacemos todo como financiación pública, damos una imagen de partido que quizás no sea la más adecuada. Por eso, es por lo que apostaba por este modelo público, con la parte privada muy transparente.

En cuanto a la junta electoral, esa manera de funcionar, esa idea de que el Tribunal de Cuentas no es un órgano de designación estrictamente política, sino que tiene una conformación mixta, la cuestión no es tanto si es un magistrado o es un profesor de universidad. Evidentemente, esa no es la cuestión, sino quién le designa. En ese sentido, me parece que podría avanzarse en esa legitimación del modelo si incluimos también un tipo mixto en ese sentido.

El señor Suárez me planteaba una serie de cuestiones sobre qué debería tener la ley de partidos a la que me he referido. Debería tener lo que tiene, pero más desarrollado. Supongo que todos ustedes conocen la Ley de partidos. Esta ley no dice prácticamente nada, salvo sobre el procedimiento de disolución del partido; eso sí, los artículos 9, 10, 11 y 12 son larguísimos. Pero no habla de la obligación de hacer congresos, por supuesto no dice nada de la designación de los candidatos, no dice nada de la designación de los dirigentes del partido, es decir, sobre democracia interna, que -no lo olvidemos- es una exigencia constitucional, no dice prácticamente nada. Dice cómo se crea el partido y cómo se inscribe el partido, pero poco más, y hace una serie de referencias muy genéricas a deberes y derechos de los militantes. Por tanto, queda todo un campo por desarrollar.

Me decía el señor Suárez que empezaba defendiendo la financiación pública y terminaba defendiendo la financiación privada. No, por decirlo en una frase, el planteamiento sería así: mejor financiación pública, es decir, una financiación muy controlada, bien fiscalizada, hasta las últimas aportaciones del último municipio o del último cabildo, y más financiación privada, transparente y de amplia base. Esa sería la idea por la que me decanto.

En cuanto a las otras cuestiones que me planteaba el señor Suárez sobre las fundaciones, el control de lo local y el interventor, creo que ya he respondido a todo lo que había anotado. Si hay algo que quieran, lógicamente, estoy a su disposición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Montilla. Ha sido un lujo poder contar con su comparecencia hoy en esta Comisión.

Se levanta la sesión, señores diputados.

Eran las siete de la tarde.

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