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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 153, de 08/03/2017
cve: DSCD-12-CO-153
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 153
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles,
8 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000010) ... (Página2)

Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones:

- Para el estudio de una reforma integral de la Ley Orgánica Electoral General. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 158/000016) ... (Página3)

- Para la reforma electoral. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000028) ... (Página3)

Proposiciones no de Ley:

- Sobre la reducción de la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001490) ... (Página14)

- Sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000921) ... (Página20)


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- Sobre el derecho de participación en los asuntos de la autoridad local y el respeto a la autonomía local. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001132) ... (Página26)

- Relativa a la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001416) ... (Página31)

- Sobre el reconocimiento y la justa reparación de Lluís Companys y todas las víctimas del franquismo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000464) ... (Página38)

- Sobre la anulación del consejo de guerra al Presidente Lluís Companys y de todos los consejos de guerra y sentencias del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000683) ... (Página38)

Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000010).

El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión Constitucional. De acuerdo con la Mesa y los portavoces, vamos a introducir un punto nuevo, la elección del secretario segundo de la Mesa. Don Raimundo Viejo, a quien agradezco el trabajo realizado durante estos meses en esta Comisión, ha presentado su dimisión y, por acuerdo unánime de los portavoces, lo va a sustituir don Antonio Gómez-Reino Varela. Se considera aprobado por asentimiento -lo digo para cumplir con todos los requisitos- y, por tanto, le ruego que ocupe su sitio en la Mesa. (Aplausos.-Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-El señor Cámara Villar pide la palabra).

¿Señor Cámara?

El señor CÁMARA VILLAR: Como es conocido de todas sus señorías, ahora mismo están solapándose varias comisiones. Está funcionando ahora mismo la Comisión de Calidad Democrática, entre otras, y hay cinco miembros de la Comisión Constitucional que forman parte también de esa Comisión, lo que significa un problema serio a la hora de ir tratando cada uno de los puntos. Entonces, permítanme que haga una propuesta que me gustaría que se aceptara por parte de la Comisión, que se cambiaran los puntos del orden del día, consiguiendo de esta manera que los compañeros que están en otras comisiones puedan venir a desarrollar su función aquí, en ésta, con propiedad.

El señor PRESIDENTE: Yo soy consciente de que, en efecto, hay otras comisiones y, por supuesto, vamos a facilitar el trabajo de sus señorías todo lo que se pueda y, si es posible, haremos esos cambios. Pero tengo que decir que esos cambios se llevarán a cabo si no hay ningún grupo que considere que no procede realizarse el cambio, en ese caso no podríamos hacerlo.

Por lo tanto, le ruego, señor Cámara, que con la mayor claridad para que lo entiendan bien estos grupos y la propia Mesa haga usted su propuesta.

El señor CÁMARA VILLAR: Mi propuesta consiste en lo siguiente. Los actuales puntos 5.º y 6.º, que se han acumulado, pasarlos al punto 8.º Y adelantar el punto 9.º, la reducción de la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional, que es el último, al punto 3.º, ya que la diputada Batet tiene dificultades. Esa es la propuesta, señor Presidente.

El señor CANO LEAL: Perdone, señor presidente, pero nosotros en principio sí tenemos inconveniente con el cambio, porque tenemos también distribuidos otros compañeros en otras comisiones.


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El señor PRESIDENTE: Como parece que es difícil ponerse de acuerdo ahora, lo dejamos sobre la mesa y cuando llegue el momento lo veremos. ¿Estamos de acuerdo?

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Señor presidente, si se me permite, ¿esto quiere decir que el orden, aunque alguna se adelante, no cambia? Es decir, si hay alguna que se pone en la tercera posición, la que estaba en la tercera supongo que es la cuarta. De todas formas, la tercera posición en el orden del día la ocupaba una pregunta.

El señor PRESIDENTE: Luego me referiré a esa pregunta, que ha desaparecido del orden del día. Luego me referiré a ella.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Más que nada por aclararnos.

El señor PRESIDENTE: Señor Cámara.

El señor CÁMARA VILLAR: Trataremos de ir resolviendo sobre la marcha como buenamente se pueda, pero le ruego que se tomen las medidas adecuadas para instar en la instancia que corresponda que no se vuelvan a producir este tipo de situaciones en que se acumulen distintas comisiones, que están muy relacionadas entre sí además, y que se ponen el mismo día a la misma hora. Esto es algo que impide el funcionamiento adecuado de la Cámara y redunda en una pérdida de efectividad y de adecuación del trabajo que tenemos que hacer aquí. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Yo recojo su petición, señor Cámara, y la transmitiré, pero -y esto es una simple apreciación del que lleva algún tiempo aquí- el miércoles por la tarde es un momento muy propicio para hacer comisiones; o sea, que me temo que habrá muchas comisiones en los próximos miércoles que haya pleno, pero yo transmitiré sus palabras porque están llenas de buen sentido.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PARA EL ESTUDIO DE UNA REFORMA INTEGRAL DE LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 158/000016).

- PARA LA REFORMA ELECTORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000028).

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate y votación, que haremos conjuntamente, de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones: primera, para el estudio de la reforma integral de la Ley Orgánica Electoral General, presentada por el Grupo de Ciudadanos, y, segunda, para la reforma electoral, presentada por el Grupo Socialista.

Las intervenciones serán de diez minutos para los que proponen la creación de la subcomisión y de otros diez minutos para las intervenciones de los grupos, de menor a mayor.

Yo, como presidente de Comisión, he tenido siempre la divisa de que cuanto menos intervenga un presidente mejor, y a ser posible que no intervenga nunca, pero en este caso me van a permitir que haga una excepción para resaltar la importancia que tiene este punto, lo considero crucial, de gran trascendencia y uno de los desafíos importantes que tiene esta legislatura. Por tanto, quiero resaltar esa importancia y pedirles a todos, y por supuesto a la Mesa, que pongamos lo mejor de nosotros mismos porque realmente es una tarea importante la que tenemos entre manos.

Dicho esto, tiene la palabra al señor Rivera, portavoz de Ciudadanos.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias presidente.

Por fin, después de cuarenta años de ese real decreto-ley que ponía en marcha el sistema electoral actual, vamos a poder debatir con serenidad pero, como decía el presidente -me sumo a esas palabras-, también con agilidad y con acierto la reforma de las reglas de juego del sistema electoral español.

Desde hace más de treinta y cinco años, por lo menos los agentes políticos que no estábamos aquí, hemos leído en los programas políticos del PP o del PSOE o de otros partidos "reformar la Ley Electoral", pero han pasado unas cuantas legislaturas y ni el partido del Gobierno ni los de la oposición se han puesto manos a la obra, así que creo que es una buena noticia que, cuarenta años después de ese real decreto,


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se ponga en marcha una reforma necesaria, urgente diría, para adecuar el sistema electoral español a la realidad social, territorial, tecnológica y también, por qué no decirlo, al mapa político que hoy tiene España, que no es el mapa político del año 1978. Así que, sin duda, este es un paso adelante; desde luego no está todo hecho, esto es solo la puesta en marcha, el marco, el perímetro lo tendremos que marcar entre todos, pero también quiero destacar que este, además de ser un punto esencial en nuestra democracia, ha formado parte del debate de dos pactos, uno de intento de investidura y otro de investidura; es decir, tanto en el acuerdo que Ciudadanos alcanza en su día con el Partido Socialista como en el acuerdo que hemos alcanzado con Partido Popular este era un punto esencial, y creo que es bueno también que se ponga en marcha porque da sensación de que esta Cámara avanza, de que los diputados estamos trabajando en una regla que creo que la mayoría de españoles, al margen de ideologías, contemplan como obsoleta, contemplan como de necesaria reforma.

Hay tres puntos, tres asuntos -hablaremos de muchos otros, seguro que esto va a estar muy abierto y nos toca delimitar e intentar buscar los puntos comunes, lo que nos une a los que estamos aquí en esas reglas de juego- básicos, por lo menos para nuestro partido, y creo que en algunos programas electorales de otros partidos políticos he leído cosas parecidas, similares. El primero de ellos es que los ciudadanos españoles para elegir diputados en el Congreso puedan elegir partidos políticos pero puedan empezar a elegir también personas; es decir, creo que la responsabilidad, la rendición de cuentas de los diputados es algo por lo que los ciudadanos claman, que los ciudadanos piden, poder controlar no solo a un partido cada cuatro años, sino que la participación democrática va más allá hoy en día de ese control. Creo que la rendición de cuentas es fundamental; que te puedan premiar o castigar con una crucecita en una lista electoral, haciendo pedagogía, no como lo que se ha hecho en el Senado, que mucho podríamos hablar también de esas crucecitas marcadas. Hablar de un verdadero sistema de listas desbloqueadas es un reto y tenemos que hacer pedagogía y cambiar las reglas, así que vamos a empezar por cambiar la regla. Ciudadanos se manifiesta favorable al desbloqueo de listas electorales, como ya hacen la mayoría de países europeos, pero además hagamos pedagogía y expliquemos a los ciudadanos cómo pueden premiar o castigar el trabajo, la actitud, la transparencia de los diputados de esta Cámara. No creo que ningún diputado trabajador y honrado tenga miedo a las listas desbloqueadas, a las listas abiertas, y también creo que es un ejemplo que los que estamos aquí les digamos a los españoles que queremos ser controlados, que queremos que nos evalúen cada cuatro años, no solo a nuestros partidos sino también nuestra labor. Ese es uno de los puntos principales, a mi juicio, de esta reforma.

El segundo punto es la proporcionalidad de los votos; es decir, que no haya españoles de primera y de segunda en función del territorio donde vive o donde ha nacido. Hoy se producen desequilibrios exagerados, a nuestro juicio. Hay provincias en las que el voto llega a valer diez veces menos que en otras provincias de España. Podemos discutir qué peso territorial tiene cada circunscripción, podemos discutir cuánto pesa de salida cada circunscripción, lo que es indiscutible, yo creo, es que en el siglo XXI, cuando estamos conectados con un clic o cuando nuestros derechos y obligaciones muchas veces se ejercen a través de Internet, es difícil explicar que el territorio pesa más que la ciudadanía, que los territorios tienen más derechos que los ciudadanos. Creo que ese es otro de los retos, conseguir que todos los españoles, cuando votan, sientan que su voto vale igual o, por lo menos, que sea proporcional, eso es lo que discutiremos en esta legislatura. Yo soy consciente de la dificultad, de que todo el mundo va a intentar defender intereses, por un lado territoriales, por otro partidistas, legítimos, pero a mí me gustaría pensar que seremos capaces de encontrar un equilibrio y que seremos capaces de leer la España de 2017, que es distinta a la España de 1977. Así que la proporcionalidad me parece un requisito sano para cualquier buena ley electoral; de hecho, se juzgan muchas leyes electorales por su proporcionalidad, y España desde luego tiene un déficit, porque la ley que se impulsó en el decreto-ley de 1977 es una ley que claramente desequilibra el voto y hoy en día es muy difícil explicar a un ciudadano que empieza a votar con dieciocho años que su voto, en función de dónde vive o trabaja o dónde ejerce el voto, vale diez, ocho o cinco veces más que en otro sitio. No se entiende. Así que creo que tenemos que corregir esa proporcionalidad, para hacer además un Parlamento más justo. En esta Cámara hay muchos grupos parlamentarios, más que antes, y además hay, déjenme decirlo, cuatro grupos principales que ocupan el 90% del voto nacional. Pues eso también se tiene que ver reflejado en una Cámara y no que quede desdibujado por una proporcionalidad que no existe. Ese será uno de los puntos de discusión, no me cabe ninguna duda, pero yo quiero poner encima de la mesa que, a pesar de que nuestra propuesta es la proporcionalidad absoluta, somos conscientes de que para llegar a acuerdos tendremos también que


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negociar cuál es esa proporcionalidad. Pero vaya de salida que cuanto más pese el voto ciudadano mejor, porque así no nos equivocaremos seguro.

Y, finalmente, el tercer punto de esta reforma que queremos impulsar -hay muchos otros- es el voto rogado. Es algo de justicia; una reforma que no ha funcionado. Es una injusticia que se ha cometido en los últimos años con muchos españoles en el extranjero. Me parece que no tiene sentido que haya que rogar el voto; el voto es un derecho y no tiene sentido que haya que hacer un vía crucis en el extranjero, en embajadas, en burocracia para ejercer el voto. Lo más esencial en una democracia es ejercer el voto y a mí no se me ocurre otra cosa que ponerlo fácil, así que con todas las garantías que tengan que existir, también explorando la vía telemática, la vía tecnológica -yo no descartaría que en esta ley también pudiéramos abordar el voto telemático utilizando las tecnologías, con todas las garantías pero avanzando en ese sentido-, el voto rogado sin duda hay que reformarlo, hay que cambiarlo, ha sido un error, funciona mal y muchos españoles que nos siguen desde el extranjero, que han votado alguna vez en el extranjero nos lo agradecerán profundamente.

Estos son los tres puntos principales, a nuestro juicio, que tenemos que discutir, y seguramente saldrán muchos otros por el camino.

Para finalizar lo único que me gustaría es que como se han creado expectativas, yo creo que con razón, como decía el presidente, porque es una norma fundamental de esta democracia, que estemos a la altura de las expectativas, que esta Comisión trabaje de manera rigurosa, seria, que el partidismo no esté por encima de los españoles ni de España sino que consigamos un espacio común. Todos somos conscientes de que nadie tiene mayoría, todos somos conscientes de que es una ley orgánica, que necesita mayoría absoluta. Yo ya avanzo que si además superamos los 176 escaños de consenso mejor porque es una regla fundamental para nuestra democracia, pero también pediría que nadie intente poner trabas al futuro, que nadie intente poner trabas a la España de 2017 que no es la de 1977, así que si en algo tenemos que demostrar un cambio es en este tipo de reglas para reconciliar a los ciudadanos con la vida pública. Estoy convencido de que si el voto es desbloqueado y pueden premiar o castigar a diputados, si el voto es más proporcional y todo el mundo se siente valorado a la hora de ir a votar y si además facilitamos que la gente pueda votar de manera ágil en el extranjero o de manera telemática estoy convencido de que los españoles valorarán también mejor la calidad democrática de nuestro país.

Sin más, simplemente agradecer que se haya podido tramitar con cierta no diría urgencia pero si celeridad esta Comisión, agradecerle al presidente especialmente que también haya sido consciente de que esto era un hito importante que hay que trabajar a principio de legislatura, no al final porque sino no hay acuerdo, así que es inteligente que esto se ponga en marcha con calma pero sin pausa, y también agradecer al resto de grupos que esto pueda salir por unanimidad. Ya veremos al final, ojalá consigamos la unanimidad, pero si hay un mínimo común denominador pongámoslo encima de la mesa, no todo va a ser crítica o descontento entre grupos; creo que debemos ser capaces de alcanzar ese consenso en un tema tan importante y quiero agradecer especialmente al resto de grupos que lo hayan puesto fácil. Vamos a poner en marcha algo que genera expectativas y desde luego no podemos defraudar a los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivera. Para presentar su propuesta y por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cámara.

El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que en esta mi breve intervención parta de recordar lo obvio y es que el sistema electoral es procedimiento y método para hacer operativa la representación política y deducir desde el pluralismo una opción de gobierno que sea legítima, democrática y con aspiración a ser viable y eficaz. Y es por este motivo por el que calificamos a la legislación que lo regula como el conjunto de reglas políticas procedimentales fundamentales de la democracia. Es por este motivo igualmente por el que resulta necesario que sobre esta regla recaiga el máximo acuerdo posible, para lo cual se establece como requisito formal para su aprobación la existencia de amplias mayorías, cuando menos mayoría absoluta del órgano representativo como precisamente exige nuestra norma constitucional, siendo sin embargo deseable, y en esto coincido con lo que acaba de decir el señor Rivera, ampliar materialmente todo lo que se pueda el consenso en este ámbito. Un consenso que se debe construir de manera abierta, de manera que brille una leal comunicación dialógica entre las formaciones políticas y con el asesoramiento de los expertos, atendiendo todas las demandas reales que provienen de la sociedad y los planteamientos de


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numerosos colectivos interesados, con objeto de desembocar en un acuerdo que sea compartido, un acuerdo que pueda ser por todos respetado, tras las necesarias cesiones, las necesarias transacciones y los compromisos mutuos.

La rigidez y la estabilidad del sistema electoral, que es consiguiente al mismo, partiendo de las determinaciones constitucionales al respecto debe descansar en definitiva sobre un acuerdo amplio de las fuerzas políticas que exprese el pluralismo político presente en la sociedad. Las decisiones sobre los elementos electorales son de esta manera materialmente constitucionales, nunca lo olvidemos, y por esta razón son tan difíciles de adoptar, ya se trate de poner en marcha un sistema de nueva planta o de modificar el preexistente.

Nosotros, los socialistas, entendemos que el sistema electoral que se estableció a partir de lo dispuesto por la Constitución y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, con sus numerosas y sucesivas reformas, desde luego unas más afortunadas que otras, ha venido cumpliendo su función de manera adecuada en términos generales, con independencia de las numerosas y de las importantes críticas que pueda seguir mereciendo. Muchas de estas críticas, muchas de estas reivindicaciones de la ciudadanía de reforma del sistema electoral las compartimos sin ninguna duda y entendemos por ello que desde la normalidad democrática, en un marco evolutivo y no disruptivo, y con los objetivos de garantizar mejor los derechos de participación y mejorar la articulación de la representación política, procede ya abordar una reforma profunda de nuestra legislación electoral para elevar el nivel de la calidad democrática, tal como se nos viene inequívocamente demandando desde la ciudadanía.

El Partido Socialista está plenamente dispuesto a trabajar intensamente para conseguir el necesario consenso en esta materia, como en tantas otras, y por esta razón hemos presentado esta iniciativa de creación de la subcomisión de estudio para la reforma electoral con el mejor espíritu de colaboración, como instrumento y marco para alcanzar el acuerdo necesario sobre las concretas propuestas que presenten los diferentes grupos, como ya anunciamos en el debate acerca de la reforma electoral que se hizo en diciembre pasado en relación con el desarrollo del artículo 99.5 de la Constitución. Estamos, por ello, plenamente abiertos a abordar todos los elementos que sea necesario considerar y en esa medida hemos propiciado que se fragüe una enmienda transaccional renunciando, por tanto, a perimetrar de forma cerrada los temas y materias objeto de esta subcomisión, y en este sentido hago la misma apelación y el mismo agradecimiento al esfuerzo que se ha hecho por parte de los diferentes grupos de trabajar en este objetivo de conseguir una enmienda transaccional que permita poner en marcha esta subcomisión. Pero esto que estoy diciendo no significa ni mucho menos que no tengamos nuestra propia visión de las reformas necesarias y las principales medidas que deben adoptarse. Tranquilos todos porque no voy a hacer una exposición detallada de todas ellas pero sí creo que la apertura que caracteriza nuestra posición política no debe impedir que manifestemos que los trabajos de esta subcomisión deberían estar inspirados por unas grandes directrices, por unos grandes objetivos que a nuestro juicio serían los siguientes. Mejorar la capacidad de los electores de expresar su voluntad acerca de quiénes han de ser finalmente sus representantes. Avanzar en el objetivo de alcanzar una presencia cada vez más equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política. Mejorar la capacidad de participación de los españoles que residen en el exterior construyendo un sistema justo, alternativo y eficaz al del voto rogado. Incrementar la proporcionalidad electoral. Hacer posible de forma efectiva el ejercicio del voto para las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo, y mejorar, por supuesto, todos los elementos comunicativos de transparencia y procedimentales, que son muchos, del sistema electoral. Entendemos que en la satisfacción de estos y otros objetivos trabajará esta subcomisión de estudio para realizar su propuesta partiendo del conocimiento que ya nos proporciona una muy dilatada experiencia de evolución del sistema electoral y contando con la ayuda de colectivos y expertos.

Termino ya, señor Presidente, señorías, haciendo una apelación al realismo. Creo que con Sartori hemos de reconocer que desde el punto de vista de la ingeniería constitucional y legal no podemos pretender construir de manera perfeccionista estructuras representativas que maximicen al mismo tiempo la función de funcionar y la función de reflejar. Por ello, las opciones deberían estar guiadas, en primer lugar, por conveniencias históricas dando respuestas y dando acomodo a exigencias de nuestra estructura social y política y, en segundo lugar, por la posibilidad de evitar, respetando y reflejando el pluralismo, como dice Douglas Rae, medidas que pudieran dificultar o impedir la gobernabilidad por la generación de crisis parlamentarias continuas.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.

Hay dos propuestas pero por acuerdo de los propios portavoces elevaremos una propuesta única al pleno del Congreso, propuesta que antes de la votación procederá a leer el secretario primero para que conste en el Diario de Sesiones.

Intervenciones de los grupos. Comienza el Grupo Mixto y en primer lugar la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.

No les negaré de entrada a sus señorías que la Loreg necesita ser reformada y que a día de hoy presenta importantes deficiencias. Sin embargo y a la par les diré que desde Euskal Herria Bildu observamos en la intención de algunas de las propuestas de reforma un riesgo evidente de profundizar en la negación y de paso invisibilidad del hecho diferencial de las naciones vasca, catalana y gallega.

Podemos estar de acuerdo en que el sistema actual favorece a los partidos más grandes y que ello se hizo con vistas a la gobernabilidad, también en que se dan distorsiones que dan como resultado que haya formaciones que con más votos tengan menos escaños y, por tanto, haya que establecer medidas correctoras. Pero intentar hacer esa corrección partiendo de una tabla rasa que ataca directamente la pluralidad que debe preservarse en cualquier reforma que se plantee de cara a una mayor democratización y proporcionalidad, lo adelanto desde hoy, no contará con nuestro apoyo. Y es que corremos el riesgo de que las voces de los pueblos vasco, catalán y gallego, que tienen una realidad nacional diferenciada, queden diluidas y sin la representación que les corresponde en un ya de por sí difícil equilibrio para tres pueblos que quieren ser sujetos de decisión de su futuro y se les niega un principio democrático como este. Por tanto, si alguien tiene la tentación de aprovechar esta reforma para ahondar en la centralización o laminar la representación electoral de las nacionalidades del Estado sabe de antemano que no contará con el apoyo de Euskal Herria Bildu.

En general, estamos de acuerdo en que hay que garantizar tanto el sufragio activo como el pasivo, facilitando el acceso a la ciudadanía a expresar su opinión y a la vez el acceso a ejercer el sufragio pasivo.

En lo que se refiere a otras de las cuestiones a reformar que se mencionan en las propuestas a debate, consideramos que son lógicas algunas de las que se plantean, otras habría que analizarlas en profundidad ya que pueden conseguir el efecto contrario al deseado. Estamos dispuestos a reflexionar conjuntamente sobre ello. Y me voy a explicar en algunas de ellas. Sobre el voto rogado, nada que objetar habida cuenta de que hemos conocido de cerca numerosos casos en los que personas residentes en otras partes del mundo en el momento de las votaciones o personas que se encontraban de viaje por diversas circunstancias se han encontrado con serias dificultades para cumplimentar en tiempo y forma los trámites para poder ejercer su derecho al voto y, aun cumpliéndolos, hay casos en los que o bien no les han llegado las papeletas a tiempo o les han llegado incompletas. Este tipo de problemas se ha dado también en el caso de personas presas que, aun no teniendo suspendido el derecho a voto mediante sentencia, no han podido ejercer este derecho.

Se menciona el caso de las personas con discapacidad. Creemos que es una cuestión de derechos humanos básicos que debe subsanarse lo más rápido posible, máxime cuando una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016 impide incluso el voto a quienes solo tienen incapacidad intelectual leve, con la contradicción que se da en aquellos casos en los que pueden concurrir en listas y ser elegidos, pero no votar. Puestos a abordar este tema, tampoco estaría de más que reflexionáramos sobre el voto de ancianos en residencias y enfermos, pues todos conocemos las redes clientelares de centros para mayores en connivencia con médicos o notarios, y hay incluso alguna sentencia condenatoria por -lo voy a decir coloquialmente- acarrear a personas mayores o discapacitadas a votar.

Respeto al voto a partir de los dieciséis años, ya apoyamos una iniciativa en este sentido en Pleno; es más, en la Ley de Instituciones Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco ya se ha establecido la posibilidad de votar en consultas a partir de esa edad, algo que se viene aplicando en Euskal Herria en el marco local desde hace ya tiempo.

El voto electrónico pide un análisis serio; es positivo en principio, pero requiere estudiar bien las garantías de su correcta aplicación.

Otro tema que se menciona son las listas cremallera. De acuerdo, Euskal Herria Bildu lo viene haciendo en sucesivos comicios electorales. Lo mismo con las primarias en los partidos. Para nosotras no son nuevas, pero ¿hay que obligarlas por ley? Eso es algo que no tenemos tan claro.

Regulación de la celebración de debates. Positivo, pero deberíamos comenzar por garantizar la igualdad de oportunidades ante las elecciones para todas las formaciones, que hoy en día no se da ni


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siquiera en los medios públicos. Y por mencionar una última cuestión de las que se plantean en las propuestas presentadas, la cuestión de las listas abiertas. No les ocultaré que nos parece un tema a analizar en profundidad, pero que tiene sus riesgos. Puede estar bien pensar que con ello hay un mayor control del elector, una mayor cercanía o nivel de decisión, pero igualmente puede suponer abrir la puerta al control clientelar y a la corrupción por parte de lobbies o grupos de presión y ello también condicionaría el voto en sentido negativo. Voy a poner otro ejemplo, el hecho de que un candidato con mucho nombre, muy conocido, concentre todo el voto puede impedir que otros candidatos con perfiles menos mediáticos pero necesarios por su aportación en equipos de trabajo parlamentarios multidisciplinares no sean elegidos, algo que con las listas cerradas hoy en día puede evitarse. Pero, como digo, estamos dispuestos a la reflexión.

Acabo, por tanto, diciendo que apoyaremos la creación de una subcomisión con las reservas ya mencionadas y que estaremos atentos en el debate a los verdaderos intereses de unos y otros; a que estos no supongan la invisibilidad de las nacionalidades y se mantenga la representación mientras cada una de nosotras no demos el paso a construir un Estado propio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Dentro del Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Allí.

El señor ALLÍ MARTÍNEZ: Señor presidente, muchísimas gracias.

Efectivamente, el grupo que represento, Unión del Pueblo Navarro, apoyará esta creación de la subcomisión que unifique la ya más que citada Loreg. En cualquier caso sí lo apoyaremos siempre y cuando sea el fruto de un amplio consenso -palabras que han repetido en los anteriores portavoces-, que garantice una mejora de la participación política de la sociedad civil, de la ciudadanía y, por tanto, también que garantice esa representatividad de toda la sociedad en cuanto a sus formas, etcétera. Asimismo, apoyamos que tras este objetivo haya un profundo estudio. Apoyaríamos incluso el estudio comparativo con otras democracias cercanas a nuestra sociedad. Podríamos incluirlo en las conclusiones en la modificación de la Loreg.

Ahora bien, no vamos a apoyar una modificación de la Loreg que no persiga un interés general, no vaya a ser que algún partido o fuerza política haya hecho un recuento calculado y en función de ello y por la expectativa electoral quiera ahora modificar la citada Loreg. Nosotros lógicamente no vamos a entrar en ese juego.

Concluyo con dos consideraciones, señor presidente. En primer lugar, UPN ha garantizado de hecho en apenas los últimos cuatro o cinco meses, la iniciativa de modificar la Loreg en el supuesto caso de que se reiteraran unas elecciones, como ya ocurrió, asunto que el Grupo Popular llevó a Pleno, también con el apoyo lógico de Unión del Pueblo Navarro. La segunda consideración es algo mucho más reciente. Aquí se ha hablado del derecho a voto de las personas con discapacidad. Pues bien, 4,5 millones de personas con discapacidad al menos tienen el derecho al voto. Pero es cierto que 100.000 personas con discapacidad en España no pueden votar.

Me agrada que otras fuerzas políticas se sumen a este planteamiento. Hace quince días presentamos una iniciativa de modificación del artículo 3.º de la Loreg, precisamente para que no suceda que esas 100.000 personas por el cambio de una custodia, de una tutela o de una guardia, porque han pasado por un proceso de incapacitación judicial, por una mal aplicada cláusula de estilo, el juez dictamine que tienen incapacitación judicial y no pueden ejercer el derecho más básico, el derecho a sufragio. Por tanto, me anima saber que el resto de fuerzas políticas se suman a esa iniciativa que ya hemos registrado.

Para finalizar, leyendo la propuesta transaccional que se trae a esta Comisión, el grupo al que pertenezco quiere manifestar que no estamos de acuerdo en su composición. Los diputados que pertenecen a esta Comisión tienen que considerar, en aras a la representatividad y a la diversidad ideológica, que no pude haber una sola persona que represente al Grupo Mixto. Por eso me gustaría que se estudiara la posibilidad de que por lo menos haya dos diputados que representen al Grupo Mixto, porque, insisto, somos muchas las fuerzas políticas que estamos en ese grupo. Creo que esto más que una subcomisión es un pacto de Estado para modificar un proyecto, una reforma que va a competer a todos los españoles. Por lo tanto, solicito que se tome en consideración esta solicitud.

El señor PRESIDENTE: Por el Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


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Anticipo en estas primeras palabras que nuestro grupo no comparte la creación de una subcomisión, al menos en este momento. Y me explico. Nosotros consideramos, y aquí se ha puesto de manifiesto en la primera intervención del señor Cámara, que hay un exceso de comisiones y subcomisiones y que el solapamiento, que es inevitable en función del número de comisiones y subcomisiones que existen, está generando problemas, digamos, de presencia de miembros porque se solapan comisiones y subcomisiones. Nosotros ya adelantamos esta cuestión cuando se planteó superar el, digamos, uso parlamentario de seis subcomisiones simultáneas, cuando ya se amplió nosotros manifestamos nuestra discrepancia. Se forzó un poco más la situación y se creó la de Calidad Democrática, que nosotros también avanzamos que no estábamos de acuerdo. El señor Cámara ahora nos ha puesto de manifiesto un problema, y estoy hablando de grupos de más de medio centenar de diputados, que me sorprende que tengan dificultades para compatibilizar, salvo que siempre estén los mismos en los mismos sitios, pero este es un comentario off the record. Entonces nosotros, con esta lógica, en este momento no lo vemos oportuno; en otro momento posterior se vería. No lo vemos oportuno y más con el texto pro forma, que habla de prórrogas cada seis meses; o sea, de duración intemporal. No lo vemos.

Y en cuanto al fondo, porque tampoco lo quiero eludir, pues tampoco vemos condiciones para abordar en este momento un debate sobre la reforma de la Ley Electoral. Lo mismo que el Derecho Procesal es el derecho en pie de guerra, a través de la acción; el Derecho Electoral es, digamos, la acción de la actividad política, sin esta acción no se puede transformar en movimiento. Y no es solo una pieza importante, como se ha dicho, del sistema, sino que es un engranaje dentro de otros engranajes. Nuestro sistema electoral no es que haya nacido con un defecto, como parece que a veces se dice, o que el paso del tiempo lo ha mellado, nació en un contexto, nació en el contexto de la transición y había una reflexión única sobre el sistema electoral con el sistema constitucional, pero eso se hizo de manera conjunta. Entonces, aislar esta pieza, digamos, con un teleobjetivo, separándolo del resto de circunstancias creemos que es un error; el sistema electoral en el Estado español no sólo articula la participación del ciudadano en la vida política, sino que cohesiona el territorio, da un equilibrio a la realidad urbana y a la realidad rural.

La constitución territorial claro que estuvo presente en la articulación del sistema electoral. Y luego se plasmó en la Ley Electoral porque formaba parte del pacto constitucional. Entonces, tratarlo de una manera separada de una reflexión constitucional, y sobre todo de la cuestión territorial, me parece que de fondo no es oportuno. De los temas que se pretenden abordar, en realidad para mí hay dos; mejor dicho, hay uno y luego hay otros, muy importantes también, no voy a decir que no, pero hay uno, que es el de la proporcionalidad. Y el otro que para mí también es importante, que ya lo debatimos en el pleno, es el sufragio de mayores de dieciséis años, pero ese puede ser transversal; es decir, que el campo estará más seco o más mojado pero para todos igual. Pero la cuestión de la proporcionalidad yo creo que afecta a un nervio del pacto constitucional y entonces por una cuestión de forma y de tiempo, y por una cuestión de fondo -y ahora no voy a entrar en los detalles, simplemente la apunto- no lo consideramos oportuno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo de Podemos tiene la palabra el señor Errejón.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente. ¿Son cinco minutos, verdad?

El señor PRESIDENTE: Diez minutos.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias señor presidente.

Nosotros también creemos, y me ha gustado escucharlo en su intervención, en su apertura, que estamos ante un asunto central, que estamos ante un asunto que puede marcar evidentemente una buena parte de la agenda legislativa y que estamos en un momento seguramente idóneo para acometer la discusión y para acometer las transformaciones sobre nuestro sistema electoral. No creemos y nunca hemos creído que un sistema electoral tenga nada que ver con una realidad matemática o con alguna fórmula técnica, sino que creemos que es una forma de distribuir poder político y el sistema electoral español traduce votos en representación institucional de forma muy distorsionada. Lo traduce desde que la base central de nuestra ley electoral, que no es la Loreg del año 1985 sino que es la Ley para la Reforma Política del año 1977, decide una fórmula electoral que adultera el sentido expresado de las urnas por las ciudadanía española. Habrá quien diga, nosotros no somos de esa opinión, pero habrá quien diga que en su momento lo adultera porque había un fin superior que había que buscar, que era la


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estabilidad, la consolidación del sistema de partidos y la fabricación más o menos artificial de mayorías absolutas que permitieran la gobernabilidad. Nosotros no compartimos el diagnóstico pero creo que esta es una discusión menos importante, que esta es una discusión que tiene ya más que ver con la historiografía, en lo fundamental el punto de encuentro es que aquellas necesidades de la sociedad española de entonces no son, tengamos un diagnóstico o tengamos otro, las necesidades de nuestra sociedad española en el año 2017. Nosotros no creemos que la democracia española haya gozado de mala salud por un exceso de proporcionalidad, por un exceso de participación, por un exceso de rendición de cuentas o por un exceso de transparencia. Creemos que si hoy gozamos, y lo decimos apenados pero con todas las letras, de una democracia de baja intensidad es exactamente por lo contrario, es exactamente por un proceso de cartelización y de oligarquización de los partidos políticos, de separación de los partidos políticos de la ciudadanía y, por tanto, de una brecha entre representantes y representados; de división también, y creo que las últimas elecciones y la representación en este parlamento son muy elocuentes al respecto, y de una brecha creciente en términos territoriales y generacionales, claramente hoy hay dos Españas que están votando de manera diferente y queremos una reforma del sistema electoral que permita que se pongan a dialogar y no que tengan que competir. Y creemos que eso requiere una reforma que también aborde la proporcionalidad, que aborde, por ejemplo, complementar la posibilidad de la criscunscripción provincial con una circunscripción autonómica, por ejemplo mecanismos que aseguren una persona un voto, mecanismos que aseguren el voto de quienes son ciudadanos para todo menos para votar -me estoy refiriendo a los ciudadanos de dieciséis años en adelante- o que, por ejemplo, favorezcan que puedan votar los españoles expatriados. Después de las últimas reformas ha caído drásticamente la participación de los españoles fuera. En las últimas elecciones creo que fueron un 6% los españoles que participaron en las urnas, y no porque no tengan interés en votar, porque todos manifestaban interés en participar del proceso electoral, sino porque tenían que cubrir una yincana, una cadena de pruebas que cada vez les hacía más difícil la participación electoral.

Como digo, nosotros somos muy críticos con el sistema electoral actual. Buscando información sobre su genealogía y por si alguno se quisiera llamar a engaño y decir que hemos encontrado una fórmula electoral que nos ha permitido estar todos de acuerdo durante mucho tiempo porque es una fórmula que reúne bien proporcionalidad y gobernabilidad, voy a citar Oscar Alzaga. Cito a Óscar Alzaga, que fue uno de los que redactaron la ley y que era diputado de UCD, quien declaró años después: El encargo político real consistía en formular una ley a través de la cual el Gobierno pudiese obtener la mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión del Centro Democrático un 36 o un 37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiera conseguirse con alrededor del 36 o el 37% de los votos. No nos hacemos ilusiones sobre cuáles fueron las razones para la redacción de una ley electoral que parecía más bien pensada para contener el empuje democrático y progresista sobre todo de los centros más poblados de nuestro país. No nos llamamos a la ingenuidad ni hacemos cábalas sobre la supuesta independencia técnica de una ley que ha producido un intento de amoldar la sociedad española a unas pautas de comportamiento que no eran las suyas. Es una ley electoral diseñada fundamentalmente para construir un sistema bipartito en una sociedad que nunca lo fue. Es una ley diseñada para construir mayorías absolutas en una sociedad que nunca votó mayorías absolutas; en ninguno de los casos votó mayorías absolutas, a pesar de que el efecto institucional fuera a producirlas después. Tenemos que decir que hoy nosotros nos congratulamos del resultado de un proceso social que ha ido por delante del proceso institucional. Pese al diseño de una ley electoral diseñada para favorecer un bipartito y mayorías absolutas a menudo fabricadas, la sociedad española ha sido capaz de romper los corsés, los estrechos márgenes de esa ley electoral. Eso para nosotros es una conquista democrática que no se ha hecho gracias a reformas en este Parlamento, que se hizo gracias a una evolución cultural de la sociedad española, que ha producido desde hace varios años un cambio en el sistema de partidos pese a que todo el marco institucional estaba diseñado para que no se pudiera producir ese cambio. La oportunidad histórica que tenemos ahora es adaptar la legislación a la sociedad española. No estamos hablando de hacer ingeniería electoral o política institucional, estamos hablando en definitiva de hacer un sistema electoral que refleje un país como el que ya tenemos ahí fuera, un país que pese al enorme coste en las opciones políticas alternativas ha impuesto que se hayan terminado las mayorías absolutas y se haya terminado el sistema del bipartidismo. Eso no ha sido por condiciones favorables en lo institucional, eso ha sido por una extraordinaria movilización de voluntad de transformación política a la que creo que nosotros no podemos permanecer sordos, y como no podemos permanecer sordos, tenemos que abrir las puertas para estudiar en profundidad, claro que sí, el tema de la


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proporcionalidad y de una persona un voto; claro que sí el derecho a votar a partir de los dieciséis años, la rendición de cuentas, la transparencia y la financiación de los partidos políticos, y este no es un asunto que se tenga que tratar solo en las comisiones de calidad democrática o anticorrupción, porque no afecta solo a un problema económico, afecta a un problema directo de competición política. Hoy mismo hemos conocido un caso que posiblemente sería un eslabón que juntaría los entramados de la Púnica y de la Gürtel en la Comunidad de Madrid. Este no es un problema de anticorrupción, es un problema de salud democrática. Si hay partidos que han competido electoralmente gracias a una legislación no demasiado exigente, que han competido con un impulso extra y no legal, eso adultera los resultados electorales. Eso nos estaría diciendo que la competición electoral no se da entre iguales y por tanto debemos cambiar la legislación para que la competición electoral asegure que cuando los ciudadanos vayan a votar sepan que todas las formaciones políticas cuentan con las mismas opciones, sean más o menos amigas de los constructores, sean más o menos amigas de quienes luego reciben concesiones en obra pública. Para eso también tenemos que transformar nuestro sistema electoral. No ha sido el exceso de participación o de proporcionalidad el que ha dañado nuestras instituciones y nuestro sistema democrático, ha sido, por el contrario, una creciente distancia y una creciente brecha entre representados y representantes y entre las organizaciones que tenían que traducir los deseos y las demandas de la voluntad popular y cómo esta se traducía finalmente. No es que la gente no votara, claro que tenía derecho a votar, el problema no se producía entonces, no se producía en la boca de la urna, se producía después, se producía por la insuficiencia de dispositivos y de mecanismos que aseguraran la proporcionalidad, la representación de la voluntad popular y que esta después no fuera adulterada una vez que se metía en la caja negra de los partidos.

Claro que nosotros creemos que esto hay que abordarlo en una reforma de nuestro sistema electoral y claro que creemos que tenemos que abordarlo con una profunda valentía. Nosotros ya lo propusimos en octubre de 2016, cuando el Grupo Popular trajo a esta Cámara la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para evitar la chapuza de que los españoles pudieran estar llamados a votar el día 25 de diciembre. Nosotros dijimos: Aprovechemos que lo han traído a esta Cámara y abramos la discusión sobre la Loreg. Nos congratulamos de que se abra ahora, nos parece bien que se haga ahora, pero hubiéramos querido la misma firmeza entonces, cuando dijimos: el señor Rajoy nos ha planteado un órdago, acompañémoslo con una discusión profunda de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No lo pudimos hacer entonces. Unos meses después volvemos con los mismos contenidos y volvemos a decir que en España hace falta una transformación en profundidad del sistema electoral, y hace falta no para hacer ingeniería, sino para adaptarlo al país que ya somos y para adaptarlo a un país que está exigiendo una democracia de mayor calidad, de mayor intensidad, con más controles, con más transparencia y con más mecanismos que garanticen que la traducción de la voluntad popular en equilibrios institucionales es fidedigna y refleja una sociedad plural y una sociedad madura. Puede que haya, y cierro con esto, quienes sigan sosteniendo que la sociedad española tiene los mismos problemas que tenía en 1977, que sigan sosteniendo una idea trágica, goyesca de la sociedad española según la cual los españoles, si se nos deja a nuestro libre albedrío, si se abre mucho la representación y la proporcionalidad, nos sumimos en el descontrol y la ingobernabilidad. Nosotros creemos que estas son taras atávicas de una generación política -no tiene nada que ver con la edad- que no compartimos. Nunca hemos creído en la historia negra de nuestro país; no la creímos entonces y no la creemos ahora, y no creemos que ahora haya excusas de suficiente calado como para impedir que nos dotemos de una modificación del sistema electoral que esté a la altura de las demandas de nuestra sociedad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errejón, portavoz no de Podemos, sino de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

En este debate hemos visto que hay posiciones absolutamente discrepantes sobre cuál debería ser el contenido de una reforma del régimen electoral, pero creo que también tenemos una buena noticia, y es que al menos nos vamos a poner de acuerdo en cuáles van a ser las reglas del juego para cambiar las reglas del juego. Si no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo en eso, sería una malísima noticia que trasladaríamos a los ciudadanos. En ese sentido, ante las dos propuestas que presentaban el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista, mi grupo ha querido plantear una propuesta transaccional, que nos hubiese gustado decir que ha contado con el respaldo de todos los grupos


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parlamentarios. No les oculto que la intervención del señor Legarda, a mi modo de ver, ha echado un poco de agua al vino, porque si partimos de la base de que no estamos de acuerdo en la necesidad o en la oportunidad de la reforma del régimen electoral, ya tenemos una cierta dificultad de partida. En esa propuesta transaccional, pretendíamos justamente dejar abierto el objeto o el contenido de la reforma y generar una metodología de trabajo. En este sentido, creo que debemos felicitarnos, porque lo hemos conseguido, al menos la gran mayoría de los que componemos esta Comisión, y podemos ponernos a trabajar.

A partir de ahí, coincido con todos los portavoces cuando destacan, con más o menos retórica, la importancia del régimen electoral y de la posibilidad de reforma del mismo. Esta importancia se traduce en el respaldo parlamentario y el enorme consenso que ha habido en las sucesivas reformas de la Loreg en todos sus años de vigencia. Es evidente, como decía el señor Cámara, que estamos hablando de una norma que tiene un contenido materialmente constitucional; es evidente que estamos hablando de una norma, como dijo el propio Tribunal Constitucional, que es un desarrollo necesario de la Constitución. En consecuencia, su reforma, que es sobre lo que nos debemos poner a trabajar ahora, requerirá, en primer término, la más amplia legitimidad posible, es decir, el mayor consenso. En este sentido, no les oculto que me sorprende un poco la intervención del portavoz de Ciudadanos, porque el señor Rivera llega diciéndonos con triunfalismo que por fin, por primera vez después del año 1977, vamos a abordar la reforma de la Ley electoral. Permítame que le diga que eso no es así, que aquí se ha reflexionado muchísimo, antes de que existiese Ciudadanos, sobre la reforma electoral. De hecho, se han acometido varias reformas electorales y, fíjese, todas tienen en común el amplísimo respaldo que han tenido en esta Cámara. La propia Loreg se aprobó con 261 votos a favor y tan solo un voto en contra. Posteriormente, se ha modificado en varias ocasiones, incluso utilizando el procedimiento de una subcomisión como la que hoy proponemos crear. Se modificó en el año 1987, con 299 votos a favor; se modificó en el año 1991, una modificación de enorme calado, con 193 votos a favor; se volvió a modificar en el año 1992; se modificó en los años 1994, 1995, 1997, en los tres casos por unanimidad; se modificó en el año 1999; se modificó en el año 2003, en el año 2007 y en el año 2011, como consecuencia del trabajo de una subcomisión; subcomisión que se creó en el año 2008 y a la que asistieron muchos expertos para dar su opinión sobre una materia que técnicamente es compleja; subcomisión que abordó diversas perspectivas de análisis y trabajó hasta 2011, consiguiendo aprobar la reforma con 340 votos a favor, es decir, con un amplísimo respaldo. Por cierto, también se volvió a modificar en el año 2016. Por tanto, ha habido muchas adaptaciones de nuestro régimen electoral a las sucesivas y reiteradas exigencias de la realidad social. Este es el primer requisito, por tanto, la más amplia legitimidad posible.

El segundo es la necesaria estabilidad. No hablo de inamovilidad ni de petrificación, pero sí de unas ciertas garantías a la hora de emprender una reforma. Recuerdo, por ejemplo, que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa habla precisamente de ese valor de la estabilidad y creo que eso se traduce en dos preguntas. La primera: ¿Cómo reformamos la Loreg? Creo que está bien que lo hagamos a través de una subcomisión y creo que el acuerdo que podemos alcanzar hoy es un buen punto de partida. Insisto, vamos a ponernos de acuerdo en las reglas del juego sobre las reglas del juego. Otra pregunta importante es cuándo, y eso tiene que ver con la intervención del señor Legarda, que dice: En este momento no; tal vez en el futuro. Yo creo que el momento, si lo hay, es este, porque en el futuro, a medida que vaya avanzando la legislatura, no sería oportuno ponernos a pensar en una reforma del régimen electoral. La Comisión de Venecia -volviendo de nuevo a ella- dice que la estabilidad de la ley es un elemento importante de la credibilidad del proceso electoral, que a su vez es esencial para la consolidación de la democracia, y dice también que el sistema siempre puede ser mejorado y que su revisión se puede hacer frecuentemente, pero no recomienda que se haga poco antes de la fecha de las elecciones. Aún si no hubiera voluntad de manipulación -dice el Consejo de Europa-, los cambios darán la impresión de estar dictados por intereses partidistas coyunturales. Por tanto, que este sea el momento de creación de la subcomisión, el inicio de la legislatura, creo que es algo bastante razonable y oportuno. Sinceramente, me deja un poco desanimado su valoración sobre la falta de sentido de oportunidad de la creación de esta subcomisión. Estoy seguro de que los demás grupos parlamentarios vamos a discutir mucho en ella y vamos a tener posiciones muy discrepantes, pero al menos estamos de acuerdo en la oportunidad de su creación.

Tras la legitimidad y estabilidad, un último requisito es la credibilidad. Evidentemente, el sistema electoral tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con la participación y, por tanto, con los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier reforma que se aborde tendrá


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que tener una mínima solvencia técnica. Esa solvencia pasa no solo por que nos esmeremos los propios grupos parlamentarios, sino por que incorporemos muchas voces de expertos, de quienes han dedicado mucho tiempo, muchas horas de su vida a estudiar las posibilidades de reforma del procedimiento electoral, del sistema electoral. Tenemos que hacernos eco de esas opiniones y llegar finalmente a un consenso, consenso que está siendo relativamente fácil sobre el punto de partida.

No quiero entrar en las cuestiones que aquí se han planteado, porque no es este el debate, pero se ha hablado de proporcionalidad, se ha hablado de elegir personas y no partidos, se ha hablado del voto rogado en varias ocasiones, se ha hablado de mejorar la participación de los españoles en el exterior, de la participación de los discapacitados y de la transparencia. Todas estas son claramente las cuestiones sobre las que debemos debatir, y nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacerlo, pero sobre la base de esos principios: legitimidad, estabilidad y credibilidad, que es lo mismo que decir solvencia y rigor técnico. Por eso me ha sorprendido la valoración tan negativa que ha hecho el grupo parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra. Coincide en parte con la valoración crítica que ha hecho el señor Rivera sobre el régimen electoral vigente. Como digo, ese régimen electoral se ha modificado en muchas ocasiones, y creo sinceramente que es una exageración considerarlo una especie de fortaleza cerrada del bipartidismo que ha perjudicado otras formas de participación política, otras expectativas u otros intereses. La mejor prueba de ello son ustedes mismos. Ustedes han aparecido en la vida política y han tenido representación -me refiero a Podemos- a partir del año 2014 gracias a ese sistema electoral y a ese régimen electoral que usted critica. Señor Errejón, quien traslada una visión hipercrítica y catastrofista no somos nosotros es más bien usted cuando dice en su intervención que ese régimen ha sido una especie de fortaleza del bipartidismo. Yo creo que no es así, porque, si no, ustedes no serían el tercer grupo parlamentario de la Cámara. Ustedes han tenido una aparición en la vida política parlamentaria debido a las personas que les han votado, no tengo ninguna duda, pero en gran medida también porque ese régimen electoral era flexible, era adaptable y recogía esos cambios en las aspiraciones de muchos ciudadanos. Por tanto, quien ha trasladado una visión enormemente crítica ha sido usted, y yo, sinceramente, no puedo estar de acuerdo. Por supuesto, creo que el régimen electoral puede modificarse y puede mejorar, indudablemente, como toda obra humana y como toda norma jurídica, pero también creo que debemos tener un cierto realismo -lo ha dicho el señor Cámara- al abordar este debate. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de frustrarnos nosotros y de frustrar las expectativas que esta subcomisión ha generado con razón. Mi grupo parlamentario siempre hará gala de no rehuir los debates y de abordarlos con todo el rigor y con toda la seriedad, pero también con todo realismo.

De las materias que se han puesto encima de la mesa, nosotros también querríamos destacar algunas que nos parecen interesantes como debates y como posibles reformas de la Ley electoral. Se ha hablado mucho de dar mayor capacidad a los electores para expresar sus preferencias. Facilitemos fórmulas que permitan que gobierne, por ejemplo, la lista más votada en el ámbito local. Creo que son debates necesarios, imprescindibles. Tendremos ocasión de valorar lo positivo y lo negativo, pero siempre lo haremos con el compromiso que hemos mantenido hasta ahora los grupos parlamentarios en esta Cámara en todas esas reformas que he citado. No nos meteremos en una reforma en contra de nadie y sin contar con el necesario consenso y con la necesaria estabilidad. Por eso -y voy terminando, señor presidente- la creación de esta subcomisión nos parece una buena iniciativa, una iniciativa necesaria. Creemos que debe ser el foro para abordar todas las propuestas. Estamos abiertos a ello, pero lo haremos siempre reclamando legitimidad, consenso, estabilidad, credibilidad y solvencia técnica.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Procederemos a la votación a última hora, junto con las proposiciones no de ley, precisamente por las dificultades que tienen los diputados de estar atendiendo a las diversas comisiones.

El punto tercero es la contestación a la pregunta: Accidente hípico de la Infanta Elena en las instalaciones hípicas del palacio de La Zarzuela. Procede de una pregunta con respuesta escrita, que no se dio por el Gobierno en tiempo y forma, y se ha incluido en esta primera reunión de la Comisión. Por una serie de circunstancias justificadas, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que iba a contestarla, no puede hacerlo, y el señor Tardà, que es el autor de esta pregunta por escrito y, por tanto, oral, ha aceptado que se conteste en la próxima Comisión. Quiero agradecerle, señor Tardà, esa disposición, que facilita mucho la labor de la Mesa. En la próxima Comisión se incluirá esta pregunta y se contestará.


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Ahora vamos a suspender dos minutos para acordar el orden de las proposiciones no de ley. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001490).

El señor PRESIDENTE: Para la discusión de las proposiciones no de ley, los tiempos son: siete minutos para la exposición de la proposición y cinco minutos para las enmiendas o para fijar la posición. La primera proposición no de ley será la que figura en el orden del día con el número 9, sobre la reducción de la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra doña Pilar Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión no tiene otro objetivo que abundar en la disposición que tanto desde este grupo parlamentario como desde el Gobierno hemos manifestado para el diálogo, para llegar a acuerdos y para llegar al entendimiento, en este caso con las comunidades autónomas, evitando así conflictividad y litigiosidad.

En un Estado compuesto como es el nuestro, la Constitución realiza una función fundamental en relación con la organización del poder territorial, y es el reparto de ese poder, de responsabilidades y, en definitiva, de competencias entre las distintas instancias centrales y las entidades territoriales. Pero esa distribución es una tarea muy, muy compleja, porque es difícil concretar en una lista de materias todas las posibles actividades que puede realizar la Administración estatal o la entidad descentralizada. Esas dificultades existen porque a ese sistema de reparto que la Constitución diseñó -que diseñó y no dejó cerrado, más bien al contrario, dejó abierto para que posteriormente se fuera completando- hemos de añadir la asunción de competencias por parte de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y las leyes marco de delegación y las leyes orgánicas de transferencia.

Esa situación compleja ha determinado un importante protagonismo del Tribunal Constitucional como árbitro de los conflictos entre el poder central y las administraciones autonómicas, como guardián de que los principios y límites constitucionales sean respetados y garantizados en el reparto competencial. La doctrina del Tribunal Constitucional ha sido, es y seguirá siendo elemento fundamental en la propia evolución y concreción del Estado de las autonomías. Es verdad que muchos de los asuntos que se plantean ante el Tribunal Constitucional tienen una gran relevancia política, porque expresan enfrentamientos sobre el entendimiento y la aplicación de la Constitución, pero no por eso es menos verdad que el Tribunal Constitucional tiene el deber, y así actúa, de aplicar la razón jurídica según criterios de constitucionalidad y nunca de oportunidad política. El Tribunal Constitucional limita su juicio a si se ha respetado el orden constitucional de reparto de competencias y, en su caso, de materias, y eso nunca es una decisión política.

Entendemos que hay asuntos a los que se podría buscar una solución por la vía política, seguramente para algunos más satisfactoria que la vía jurisdiccional, y por eso creemos que esta proposición no de ley avanza en ese sentido. El artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ofrece un cauce de conciliación a los órganos políticos enfrentados en los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial para tratar de evitar esos recursos. Se trata de instrumentar la negociación política con el fin de evitar en lo posible la interposición de recursos de inconstitucionalidad competenciales. Como señaló Jiménez Campo, el legislador no solo quiso hacer posible la negociación, sino, más aún, favorecerla, y al servicio de tal propósito se reguló el trámite de conciliación previa contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En ese sentido, quiero recordar y destacar que la vicepresidenta del Gobierno, en su comparecencia ante esta Comisión, ya manifestó su compromiso de potenciar las comisiones bilaterales previstas en ese artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, comisiones bilaterales como instrumento para fomentar la negociación y, con ella, la transacción y el compromiso antes de acudir a recursos o conflictos ante el Tribunal Constitucional como cauces para llegar a acuerdos. Asimismo, se mostró dispuesta a repasar los recursos pendientes y, desde luego, a intensificar la negociación y la transacción para evitar otros futuros. Entre todos hemos de mejorar el intercambio de información, evitar la aparición de duplicidades, potenciar la planificación conjunta y reducir la litigiosidad.


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Señorías, no tendría ningún sentido entrar en el discurso de quién ha recurrido en más ocasiones al Tribunal Constitucional. Tanto el Estado como las comunidades autónomas han utilizado esa vía legal y legítima para defender lo que a su juicio podría ser una invasión de competencias, con lo cual no tendría ningún sentido que yo pusiera sobre la mesa esta tarde datos y números de unos y otros recursos. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos. Es una responsabilidad recíproca, porque depende de ambas partes frenar y reducir esos conflictos y esos recursos. Desde el Grupo Parlamentario Popular trabajaremos para que así sea. Invitamos al resto de los grupos de esta Cámara a que se unan a este objetivo y, ante la disposición de la vicepresidenta en particular y del Gobierno en general de avanzar en esa dirección, les instamos a ello.

Hemos llegado a un acuerdo de transacción con el Grupo Socialista a partir de la enmienda que han presentado a nuestra iniciativa y apelamos al resto de los grupos para que la voten favorablemente una vez que puedan leerla cuando les facilitemos una copia.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.

No lo he señalado antes, porque era obvio, pero lo digo ahora. Por supuesto, las votaciones las llevaremos a cabo de acuerdo a cómo aparecen en el orden del día.

A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.

A nuestro entender el Grupo Popular confunde el origen del problema y debería aplicarse el cuento, y es que el principal problema con el que nos encontramos en la actualidad es que el Gobierno español quiere llevar la recentralización a niveles tales que está recurriendo por sistema lo que legislan las diferentes administraciones, aun cuando lo hagan en el marco de sus competencias. Ello no se debe a que los diferentes niveles administrativos no den por bueno que la soberanía reside en el Estado en su conjunto, algo del todo discutible, sino que se da la circunstancia de que está recurriendo leyes autonómicas en materias de competencia exclusiva. En materia de vivienda, ha ido recurriendo todas las que se han aprobado a lo largo del Estado, más por intentar imponer, vía Tribunal Constitucional, lo que no consigue por medio de mayorías políticas que por otras cosas, es decir, por no aceptar los avances en materia social que estas leyes han traído consigo. Por tanto, es la retirada de los recursos lo que solicitamos y lo que defendemos en la enmienda que hemos presentado, y es que los datos son más que clarificadores. En los últimos diez años son diecisiete las leyes navarras recurridas; en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, nueve, y hay al menos otras cuatro sobre las que pesa la amenaza de recurso por parte del Gobierno. La mayoría de ellas afectan a materias en las que ambas comunidades ostentan competencia exclusiva, y además son de carácter profundamente social, ya que tienen por objeto garantizar derechos civiles, sociales, ambientales o laborales. Se está produciendo un abuso del recurso a una supuesta legislación básica de recortes indiscriminados para vulnerar la voluntad expresada por la mayoría social y política, tanto en la Comunidad Autónoma vasca como en Navarra, en las leyes aprobadas en sus parlamentos, y la solución no está en potenciar las comisiones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que, aunque tienen su razón de ser, tampoco pueden pretender ser utilizadas para modificar la voluntad del legislador por medio de una interpretación posterior y un acuerdo al respecto por parte de ambos Gobiernos que suponga un cambio sustancial. Esa reinterpretación no puede ni debe adquirir el rango que tiene la ley aprobada por la Cámara correspondiente. Por tanto, no carguemos de tareas y funciones, más allá de las estrictamente necesarias, a las comisiones bilaterales; dejemos de actuar sistemáticamente dejando sin efecto el reparto competencial para imponer una visión particular de las cosas y dejemos hacer a las diferentes administraciones, que trabajan, desde su mejor intención, en favor de la ciudadanía a la que representan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.

Esta proposición no de ley que trae a la Cámara el Grupo Parlamentario Popular tiene, desde nuestro punto de vista, dos debilidades de origen que quitan fuerza y credibilidad al planteamiento que se está


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haciendo. En primer lugar, creemos que, en su ejercicio del poder como Gobierno, el Partido Popular no ha incorporado el hecho autonómico a su día a día, a su cotidianeidad, y mucho menos una cultura federal y una apuesta real por la lealtad y la no litigiosidad. No ha aceptado la distribución de competencias y, desde nuestro punto de vista, lleva a cabo iniciativas legislativas que invaden constantemente las competencias autonómicas. En segundo lugar, el ejercicio del poder del Gobierno del Partido Popular ha aumentado la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional; no ha disminuido, ha aumentado. La representante de Bildu hacía referencia a dos comunidades autónomas, Navarra y Euskadi, y yo puedo añadir un dato más. Hay treinta y cuatro recursos presentados contra normas catalanas. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya establece en su artículo 33 que se puede crear esta comisión bilateral. Por tanto, ya estaba en manos del Gobierno del Partido Popular crear estas comisiones bilaterales y, por tanto, disminuir la litigiosidad.

Dicho esto, que me parece un punto de partida a tener en cuenta, compartimos el objetivo de la iniciativa. Yo creo que ningún grupo parlamentario puede estar en desacuerdo en que sería bueno que no hubiera tanta litigiosidad ante el Tribunal Constitucional por conflictos competenciales entre Estado y comunidades autónomas. En este sentido, hemos presentado una enmienda que complementa el punto del que parte la iniciativa, aunque nuestra enmienda también es tímida. Con esto quiero decir que con esta enmienda no hemos pretendido abarcar el fondo del problema, que desde nuestro punto de vista trasciende con mucho lo que nosotros mismos hemos planteado para no cambiar la naturaleza de la iniciativa, pero al menos le da una perspectiva distinta, una perspectiva que no se limita exclusivamente al conflicto ante los tribunales, ante el Tribunal Constitucional, en este caso, entre Estado y comunidades autónomas. Porque la cuestión de fondo es otra. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas no están mal solo por los litigios que se sustentan ante el Tribunal Constitucional. Ojalá fuera ese el único problema que tenemos en estos momentos en nuestro país. Si esta proposición no de ley acompañara a otras acciones políticas, a otras iniciativas parlamentarias, a otras actuaciones del Gobierno de la nación a lo mejor tendría mucho sentido, pero de manera aislada no aborda en absoluto los problemas, los retos y los desafíos que tenemos como país. Por eso hemos añadido un elemento que nos parece fundamental. ¿Cómo puede ser que la comisión bilateral Estado y Comunidad Autónoma de Cataluña no se haya reunido durante más de cinco años con la situación política que estamos viviendo en estos momentos?

La experiencia del funcionamiento del Estado autonómico nos llama a reflexionar sobre muchas otras cosas más allá de la litigiosidad. Algunos planteamientos que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista son bien conocidos, por lo que no los voy a desglosar pormenorizadamente y, como he dicho, ni siquiera los hemos querido incorporar vía enmienda a esta iniciativa. Habrá que analizar ineficiencias; habrá que analizar el papel de la Cámara territorial, el Senado, y ver si realmente está cumpliendo o no con sus objetivos; habrá que analizar si la distribución de competencias es clara o no es clara, porque eso también ayudaría a que la litigiosidad disminuyera; habrá que pensar si los mecanismos de cooperación existentes en nuestro país se han desarrollado y funcionan lo suficientemente bien; habrá que aclarar también si tenemos un modelo de financiación que ayuda a esa lealtad y a esa equidad entre los distintos territorios y, sobre todo, entre los ciudadanos que viven en esos territorios y un largo etcétera. En definitiva, lo que hace falta es abordar seriamente qué cambios en la cultura política hacen falta en nuestro país para adaptarnos de manera definitiva a un Estado compuesto, como decía la portavoz del Grupo Popular, un Estado descentralizado, un Estado que al final tendrá que derivar en un Estado federal, como lo son todos los Estados descentralizados del mundo. En ese sentido, esta proposición no de ley es insuficiente. Está bien, es un paso, un paso modesto, pero insuficiente. Lo que hace falta es mostrar una verdadera voluntad política de diálogo, de entendimiento y de lealtad. Entiendo que la otra parte tampoco lo pone fácil y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero el Gobierno de España, puesto que está en una posición de fuerza, es el máximo responsable de conseguir que los problemas de fondo, los desafíos políticos que tenemos por delante lleguen a buen puerto. Eso es lo que esperamos del Gobierno de España, que active la acción política para resolver los problemas políticos que tenemos en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.

En turno de fijación de posiciones, comenzamos por el Grupo Vasco. Tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Se nos presenta una proposición no de ley para fomentar un instrumento que atempere las discrepancias competenciales entre comunidades autónomas y Estado. Es un estímulo a usar las vías del 33.2 de la Ley


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Orgánica del Tribunal Constitucional. En principio, todo lo que sea establecer instrumentos para llegar a acuerdos y limar las discrepancias no nos parece mal. Nosotros los usamos en la medida en que existen. Ahora bien, también tengo que decir que es un instrumento, como no podía ser de otra manera, que tiene una eficacia limitada, porque son acuerdos entre Ejecutivos que encuentran muchas dificultades, porque están transando sobre leyes y los Ejecutivos sobre leyes tienen problemas, y además no tienen ninguna vinculación con los tribunales, es decir, no tienen vinculación más allá de los acuerdos inter partes, y todavía no sabemos qué pasaría si una parte se alejase del acuerdo, porque yo creo que como la competencia es irrenunciable no pasaría nada y no creo que un tribunal entrara en la teoría de los actos propios.

Más allá de eso, quiero hacer una pequeña reflexión. Intentar limar las discrepancias competenciales está bien. Tenemos una conflictividad subyacente que estos mecanismos en algún caso pueden paliar, pero en el fondo estamos gestionando un problema político de discrepancias muy profundas, al menos desde nuestro punto de vista. La puesta en pie de la constitución territorial española, no hay que desconocerlo, es el reconocimiento de las nacionalidades históricas, el reconocimiento de una identidad y el reconocimiento de un autogobierno histórico. Eso se plasma, en nuestro caso, en una actualización foral en el estatuto de autonomía en hilazón directa con la adicional primera de la Constitución, y lo que tenemos es, al menos desde nuestro punto de vista, un mal sabor de boca de cómo se ha ido desarrollando el Estado autonómico, al menos en lo que a nosotros nos compete. Esa es la razón de la litigiosidad. Nosotros hemos entendido, por decirlo de una manera muy franca y muy clara, que el Estado está desde el principio -con carácter general, sin momentos puntuales, como luego hablaré de otra ley que nos va tocar, si llegamos a un acuerdo, la Ley de Bases de Régimen Local- en un proceso de centralización y nosotros no lo admitimos y recurrimos los productos normativos del Estado y a su vez el Estado nos recurre a nosotros porque no admitimos esa situación y considera que nos extralimitamos en el ejercicio de nuestras competencias. Tenemos un problema de fondo. Y no voy a relatar -tenía aquí una pequeña nota- todas las etapas que hemos ido pasando, pero sí las razones técnico-jurídicas, esto es, cómo se ha usado el ordenamiento jurídico para desfigurar totalmente al menos nuestra autonomía. Lo digo ya como conclusión; de una autonomía política se ha convertido en una autonomía administrativa, se nos ha privado prácticamente de ejercer políticas públicas de fondo. Y ya no digo nada con la sentencia catalana, la 31/2010; ya no existen competencias exclusivas y los estatutos no pueden garantizar nada, son una norma ordinaria. Se ha quitado su posición institucional a los estatutos; nosotros el nuestro lo veíamos como una constitución ad intra y una norma, entre comillas, que blindaba nuestras competencias y nos han dicho que no tenemos competencias exclusivas y que el estatuto es una norma más. Incluso se han anulado estatutos de autonomía porque iban contra leyes ordinarias estatales.

Voy a decir una serie de hitos que han sido manifestaciones de esa conflictividad de fondo que no se agotaba. Voy a empezar muy por encima, LOAPA, concepto de normativa básica, concepto de coordinación, integración en la Unión Europea como elemento de centralización, concepto de acción exterior, concepto del 149.1.1, programas nacionales como soporte a la capacidad de gasto del Estado en materias que no son de su competencia, artículo 149.1.13 y la unidad de mercado, el entrelazamiento de títulos competenciales, la supraterritorialidad como criterio para negar las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas y el interés general.

En la última etapa, con la crisis económica, es un salto más; la crisis como justificación, el entrecruzamiento de títulos competenciales preferentemente los transversales, el ensanchamiento del alcance de los títulos competenciales del Estado, el cumplimiento de la normativa europea como justificación, los conceptos eficacia y eficiencia de las administraciones públicas y la estabilidad presupuestaria. Cuando compareció la vicepresidenta del Gobierno ya anuncié que tenemos otra nueva realidad de confrontación en los años que vienen y es el Estado del bienestar como competencia del Estado; hasta este momento era una competencia exclusiva, pero se acabó y vamos a tener conflictos. ¿Con esto qué quiero decir? Estamos de acuerdo, está bien estimular estos mecanismos, nosotros lo usamos y solemos llegar a acuerdos, nunca a plena satisfacción, pero tenemos una conflictividad de fondo que no va a evitar que seamos como dos placas tectónicas que vayamos chocando, aunque tenemos que convivir y hacemos todos lo posible por limar nuestras diferencias, pero tenemos una conflictividad de fondo. Digamos que es la medicina pero no se ataca la causa del problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.


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Estos cambios a veces crean un poco de confusión. Parece que el señor Alli sí quería intervenir pero se le ha pasado. Tiene usted la palabra por tres minutos.

El señor ALLÍ MARTÍNEZ: Le agradezco muchísimo, señor presidente, su venia, en esta complejidad por la diversidad que tiene el Grupo Mixto a la que antes hacía referencia.

Yo creo que nadie pone en duda que en el acta fundacional de Unión del Pueblo Navarro aparecen reflejados los valores que siempre ha defendido, que son los siguientes. En primer lugar, la defensa de la foralidad de Navarra y también la defensa de la españolidad de los navarros. En segundo lugar, la absoluta lealtad constitucional, lo que creo que ha quedado plasmado en los prácticamente 24 años ininterrumpidos que ha estado UPN en el Gobierno foral de Navarra. En tercer lugar, la contrastada solidaridad de los navarros con el resto de los españoles. Esos son los valores fundacionales que las siguientes generaciones que vamos entrando en la política tenemos absolutamente claros. Además, en aquellos problemas competenciales que son lógicos en el día a día en un Estado como el nuestro de comunidades autónomas existen mecanismos para que se diriman; en nuestro caso se llama junta de cooperación, que siempre ha funcionado y vamos a seguir trabajando para que siga siendo el lugar y el espacio de un territorio común para buscar soluciones. Estamos absolutamente de acuerdo con la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en el sentido de disminuir esa litigiosidad.

Quiero recordar al resto de fuerzas políticas que una de las tres enmiendas que presenta la portavoz del Grupo Bildu propone que esta Comisión o el Congreso inste al Gobierno a que elimine esos recursos de inconstitucionalidad. Hay que hacer mención a alguna de las leyes que están en este momento recurridas y que fueron aprobadas en el periodo de 2012 a 2015, en el que la oposición tuvo mayoría parlamentaria frente al Gobierno foral de Navarra. Citaré solo algunas de ellas, por ejemplo, la Ley Foral 16/2015, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Un artículo de esta ley recogía la creación de un homenaje, que por cierto fue el pasado 18 de febrero en la sede del Gobierno de Navarra, al cual fueron invitados -lo que jamás pensamos que en Navarra iba a ocurrir- familiares de etarras. Esta es una de las leyes que se aprobaron, insisto, en esa minoría del Gobierno frente a una mayoría de la oposición. Podría citar otra, como la Ley Foral 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Antes de que voten ustedes esas enmiendas tienen que conocer que los letrados del Parlamento foral alertaban de la inconstitucionalidad de esas leyes forales.

Dicho esto, agradeciendo su generosidad, señor presidente, por cederme este tiempo, quería comentar que la diputada portavoz del Grupo de Euskal Herria Bildu hace continuamente mención a Navarra. Yo creo que esto es fruto de dos cosas: obsesión y frustración. Obsesión de siempre por que Navarra se convierta en una provincia de un hipotético Estado vasco; eso lo estamos sufriendo ya que Bildu hoy está en muchos ayuntamientos, como el de Pamplona, y también forma parte de las decisiones que está adoptando el Gobierno foral de Navarra. Y frustración porque ninguna fuerza política nacionalista vasca en Navarra ha sacado ningún diputado ni en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 ni en las de 26 de junio de 2016 por esa situación en la que se encuentra en este momento en la Comunidad de Navarra. Puedo respetar que haga mención a la comunidad vecina, pero la mayoría social de los navarros queremos seguir siendo navarros, defender nuestros fueros y seguir siendo españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cano.

El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.

La exposición que han hecho los distintos intervinientes pone de manifiesto que el tema es muy complejo. No nos podemos llamar a engaño, existe una gran litigiosidad porque incluso aquí es difícil entenderse ya que las posturas son bastante contradictorias.

Esta PNL del Partido Popular se articula sobre la base del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que está dentro del capítulo dedicado al recurso de inconstitucionalidad. Como ya se ha dicho por parte de otros intervinientes, esta PNL pretende reducir la litigiosidad del Tribunal Constitucional, muy alta en nuestros días, mediante el impulso de las comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, que han sido alabadas por diversos autores, como por ejemplo María Josefa Ridaura Martínez, frente a las comisiones multilaterales. Esa litigiosidad ha ido aumentando progresivamente en los últimos años -como ya se ha visto aquí- como consecuencia de las controversias competenciales entre el Estado y determinadas comunidades autónomas, e incluso se llega a hablar de


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un Estado federal, cuando la Constitución lo que establece es un Estado autonómico, que sería el paso previo al Estado federal. Cierto es que corresponde, lógicamente, al Tribunal Constitucional conocer de estos recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de ellas entre sí. Igualmente es cierto que a lo largo de los años el desarrollo de nuestro sistema autonómico ha recurrido a la jurisdicción constitucional en numerosas ocasiones para dirimir las controversias entre Estado y comunidades autónomas, que como hemos podido comprobar no terminan de cesar a día de hoy, sobre todo las relacionadas con el alcance y contenido de las competencias atribuidas en uno y otro caso. El artículo 33 establece ese requisito de reunión de la comisión bilateral, de alcanzar un acuerdo y de su comunicación al Tribunal Constitucional. La consecuencia, en la práctica, es que no es fácil articular esa comisión bilateral para evitar recursos de inconstitucionalidad porque hace falta la voluntad de dos partes, el Estado y la comunidad autónoma o las comunidades autónomas entre sí. El efecto pretendido por la PNL es beneficioso pero puede ser poco útil, como ha dicho la representante del Grupo Socialista, e incluso la enmienda abriga pocas esperanzas de conseguir una gran propuesta. Nuestra postura iría más dirigida a reformar tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como el título VIII de la Constitución, actualizándolo a día de hoy a la experiencia acumulada durante todo este tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución hasta el desarrollo del marco competencial autonómico que se ha producido hasta ahora. En definitiva, consideramos acertada la PNL pero nos tememos que se va a conseguir bastante poco, incluso transaccionada por el Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.

Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bescansa.

La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.

He escuchado con mucha atención la intervención de la ponente, la señora Cortés, y he tratado de cotejar los argumentos que ha planteado con la exposición de motivos que acompaña a la PNL y me ha sorprendido enormemente que nada de lo que ha planteado la señora Cortés está en la exposición de motivos que acompaña a la PNL; prácticamente, no tiene nada que ver. La exposición de motivos de esta proposición no de ley se basa en algo que es por todos conocido y que es un hecho, que es intentar disminuir la litigiosidad que tiene que asumir el Tribunal Constitucional, un objetivo que dado el nivel de colapso del citado tribunal nadie puede no compartir, faltaría más; nadie quiere que el Tribunal Constitucional esté colapsado. Sin embargo, ninguno de esos argumentos ha estado en la exposición de la señora Cortés, que más bien se ha referido a los problemas de articulación territorial del Estado, los problemas tan profundos que padece nuestro país y que no consiguen resolverse, quizá porque hay muchos que han puesto mucha insistencia en desplazar al Tribunal Constitucional aquello que tenía que negociarse o que tenía que acordarse o solucionarse en los espacios del debate y del acuerdo político.

Hacía referencia la señora Cortés a la intervención de la vicepresidenta en esta Comisión Constitucional hace unos meses. Fue sin duda una intervención importante, muy importante. La señora Sáenz de Santamaría dio muchas de las claves de lo que va a ser no solamente este año, sino lo que va a ser esta legislatura. Aducía o alegaba la señora Cortés el interés de la vicepresidenta de llegar a espacios bilaterales de acuerdo. Yo me pregunto si después de la intervención de la señora vicepresidenta, donde anunció lo que sería la convocatoria de la Conferencia de Presidentes en enero de 2017 -que ella anticipó con meses- y después del fracaso que supone que a esa Conferencia de Presidentes no acudiesen los presidentes de las comunidades autónomas que están planteando posiciones de mayor antagonismo con el Partido Popular, se puede traer aquí que se va a conseguir abrir espacios o resolver por espacios de negociación bilateral lo que no se consigue ni siquiera intentando recuperar marcos de interlocución a todas las bandas, cuando no se consigue ni siquiera reunir en un espacio común a los presidentes de todas las comunidades autónomas, especialmente aquellos que plantean posiciones más distanciadas de las del Partido Popular.

Los caminos del PP son inescrutables. No acabo de entender por qué traen esta PNL y por qué se quiere instar al Gobierno a abrir esos espacios que es evidente que nada tiene que ver con lo que aparece en la exposición de motivos de esta PNL, y ahí es donde quiero entrar. Donde quiero entrar es en la exposición de motivos que acompaña a la proposición no de ley. La exposición de motivos habla de la alta litigiosidad y me sorprende que recurra a esto, porque quizá uno de los principales problemas es que el PP que apela ahora a la creación o a la apertura de mesas bilaterales de negociación es el mismo que ha


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desplazado al Tribunal Constitucional la resolución de los graves problemas de articulación territorial del Estado y que trató de dar carpetazo a las diferentes propuestas de articulación territorial mediante la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que impulsó en el año 2015 y que desgraciadamente ahora tendremos que deshacer o tratar de deshacer. Ese mismo PP que puso al frente del Tribunal Constitucional a un presidente con carné del PP, un militante. Ese mismo PP que ha convertido el Tribunal Constitucional en una de las instituciones más desprestigiadas del Estado.

Vayamos a los datos, a los hechos. La exposición de motivos de esta proposición no de ley dice o explica que el objetivo fundamental de la misma es descongestionar, descolapsar el Tribunal Constitucional. Si vamos a la memoria de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente al ejercicio 2015, que es la última publicada, la verdad es que este argumento no se sostiene por ninguno de los números y de las cifras que el propio Tribunal Constitucional pone sobre la mesa. El 98% de los asuntos jurisdiccionales que llegaron al registro del Tribunal Constitucional son recursos de amparo, de los cuales, la inmensa mayoría, el 90%, 7.100 del total, están interpuestos por particulares. ¿Qué es lo que queda entonces, de qué estamos hablando, a qué se refiere esta proposición no de ley? Al 2% restante. Por tanto, hay una exposición de motivos que acompaña a la PNL que solamente tendría que ver con el 2% de los asuntos que entran en el registro del Tribunal Constitucional, al menos en relación con las cifras de 2015. Y ahí resulta que el principal litigante es el presidente del Gobierno; es el que más recurre al Tribunal Constitucional y, por tanto, el principal responsable del colapso del mismo. De los 42 recursos de inconstitucionalidad, el que más los ha instado es el presidente del Gobierno, con 17. Tiene tantos recursos el Tribunal Constitucional como todos los gobiernos y parlamentos autonómicos juntos y como todos los diputados y senadores juntos. Ese Partido Popular que sostiene a este presidente del Gobierno que está colapsando el Tribunal Constitucional es el que viene a instar mesas de negociación.

Creo que nadie puede estar en contra de que se abran vías de negociación y de resolución bilateral de los problemas, faltaría más, lo que ocurre es que resulta sorprendente que traten de instar al Gobierno en esta dirección aquellos que han dificultado, que han puesto todos los palos en la rueda cuando se ha tratado de establecer mesas de negociación y de acuerdo. Lo que convendría es una mayor explicación del porqué de esta proposición no de ley, con qué tiene que ver, a qué responde, porque resulta incomprensible, a la vista de la exposición que ha hecho la señora Cortés y de la exposición de motivos que acompaña el contenido de la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bescansa.

Pregunto a la señora Cortés si acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora CORTÉS BURETA: Sí presidente, con el Partido Socialista hemos llegado a una transaccional que haremos llegar al resto de los grupos y a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pues esa transaccional es la que se someterá a votación.

- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000921).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a debatir la proposición no de ley que figura en el punto 4º del orden del día, sobre la derogación de la Ley de racionalización y sensibilidad de la Administración Local. Para su defensa, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias de nuevo.

La proposición no de ley que sometemos a la consideración de sus señorías solicita el rechazo expreso del contenido de la Ley 27/2013 para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada el 27 de diciembre de 2013, y quiere recabar el apoyo de la mayoría para instar al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para su derogación en el espacio de tiempo más breve posible. Dicho esto, paso a exponer las razones que llevan a Euskal Herria Bildu a presentar esta proposición. (El señor vicepresidente, Vera Pro, ocupa la Presidencia).

La aplicación de la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supone un ataque frontal a las entidades locales, sus competencias y su propia existencia. Se trata de una ley con un marcado carácter recentralizador que limita en gran medida el funcionamiento de la Administración


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Local. Lo hace con la instauración del principio de sostenibilidad por encima del principio de subsidiariedad, el drástico recorte de competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes, el peligro de intervención para los municipios de menos de 5.000, el riesgo de centralización y privatización de la mayoría de competencias municipales y servicios públicos, así como la negación del carácter de entidad local a los concejos sustrayendo sus competencias y condenándolos a su desaparición. Además, la aplicación de esta ley ha buscado el redimensionamiento de la Administración Pública con la supresión de empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales, condicionando asimismo la prestación de servicios públicos. Los municipios de Euskal Herria no renuncian a defender la autonomía que les corresponde por voluntad propia y por ley. La aprobación de la ley 2/2016 de instituciones locales de Euskadi y las competencias que tiene la Comunidad Foral de Navarra para la administración y organización de sus propias instituciones son la mejor muestra de ello.

La ley aprobada recientemente en la Comunidad Autónoma vasca incide precisamente en la idea de que los municipios tienen que tener la opción de gestionar políticas públicas de primera necesidad, principalmente para responder a las necesidades de los más desfavorecidos, para ello es importante tener competencias y contar con las necesarias fuentes de financiación. No es aceptable que la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local usurpe esta potestad y someta a las entidades locales vascas a criterios que no son aplicables ni son beneficiosas para su buen funcionamiento. La singularidad en este ámbito de las administraciones de la Comunidad Autónoma vasca y navarra, derivada de la organización institucional propia y de las competencias establecidas, han sido absolutamente ignoradas por la Ley de racionalización. La cláusula cuyo objetivo es salvaguardar la singularidad foral no satisface las expectativas que en materia local tienen las instituciones de Euskal Herria. Entendemos que con la aprobación de esta ley, a las entidades locales de Euskal Herria se les niega el futuro, y por supuesto también a los municipios del resto del Estado, y esto no se debería de aceptar.

Más allá de partidos e ideologías, se trata de defender a las entidades locales, más allá de partidos e ideologías entendemos que tiene que buscarse una posición común compartida por todas las instituciones para evitar que esta ley pueda seguir aplicándose. Esta ley ataca frontalmente a la autonomía de los municipios, representa la implantación de un modelo de Administración local que debilita esencialmente la autonomía municipal hasta el punto de vaciarla en muchos casos de contenido. La idea del autogobierno municipal se desvanece y no refleja ni los principios ni la filosofía de la Carta Europea de la Autonomía Local. Los criterios economicistas predominan sobre la reforma institucional; la utilización del criterio de coste efectivo debilita las opciones políticas de los regidores locales para el diseño de la calidad de los servicios a su ciudadanía. La centralidad otorgada al criterio de coste efectivo facilita y promueve la privatización de la gestión de los servicios públicos locales; se imposibilita a las entidades locales a realizar actividades complementarias que no sean propias de su Administración aunque no se estén cubriendo las necesidades sociales de la ciudadanía. Con la supresión de las competencias llamadas no propias se busca reducir a la mínima expresión la autonomía municipal y limitar las prestaciones que la ciudadanía recibe de las instituciones más cercanas, los ayuntamientos. Mientras que en la totalidad de los países europeos las reformas del nivel local de gobierno van encaminadas a reforzar la autonomía local, esta ley está enfocada en la dirección contraria; usurpa a las entidades locales la capacidad de prestar servicios básicos para la ciudadanía y la supedita a instituciones estatales.

Todo esto es lo que nos lleva a pedirles su apoyo para exigir la derogación de la ley. Somos conscientes de que la situación anterior no es la ideal y sabemos que algunas de sus señorías dirán que no son partidarios de pedir derogaciones en términos globales que generen un vacío leal. A ellos les diré que lamentamos que no se aprovechara la oportunidad que se abrió el pasado mes de febrero en el Pleno para, aun no compartiendo todo lo que se planteaba, abordar la necesaria toma de medidas en materia local para frenar la aplicación de la ley y dar comienzo al debate sobre esta cuestión. Entendemos que aún estamos a tiempo de abrir este debate urgente. Por todo ello, sometemos hoy a su consideración esta proposición no de ley, entendiendo que es necesario para el futuro de las entidades locales mostrar un rotundo rechazo a la ley en vigor y comenzar a dar pasos para su derogación. Y abierto este debate abogaremos por profundizar en la dirección, principios y filosofía de la Carta Europea de Autonomía Local y plantear los avances que la ley de la Comunidad Autónoma vasca, recientemente aprobada, aporta en cuestiones como el empoderamiento de las entidades locales, sus competencias y financiación, ya que es importante que la ley resultante de este debate acompañe a la de la Comunidad Autónoma vasca en su desarrollo y no suponga una fuente de limitación, pero también por considerar que pueden ser beneficiosos para el conjunto de los ayuntamientos del Estado. Con ese objetivo, aceptamos la enmienda de adición


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presentada por el Partido Socialista, ya que con la defensa de nuestro hecho diferencial en el centro creemos que también hay que abogar por otros cambios. Mientras no pongamos freno a la política del PP en materia local estará en peligro -entendemos- el futuro de los ayuntamientos y se producirán hechos como los de esta semana, aunque quizá el Partido Popular no debería de actuar porque, siguiendo la lógica del señor Alli, al no tener representación en Navarra -ellos que tampoco la tienen en Guipúzcoa- no deberían de inmiscuirse como lo han hecho, pero la cuestión es que lo han hecho con la negativa por parte del Gobierno español a inscribir como municipios diferenciados a Ezquioga-Ichaso, dos localidades que anexionó el franquismo aunque nunca habían sido un único municipio y que ahora, cumpliendo con todas las condiciones que marca la norma en vigor, la foral de Guipúzcoa, y con el refrendo de la ciudadanía, habían dado pasos para revertir aquella situación impuesta. La excusa esgrimida para negarse es que no tienen la población mínima exigida para ello, cuando la norma en vigor establece la salvedad para un caso como el presente, insisto, su anexión forzada en el franquismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Jesús Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias presidente.

Buenas tardes, señorías. Estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa que presenta EH Bildu. Bien es cierto que consideramos que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no solo afecta a Euskadi, afecta a toda España. Hecha esta precisión, les adelanto que mi grupo va a votar a favor y agradecemos que hayan aceptado las dos enmiendas de adición que hemos presentado para complementar esta iniciativa.

Señoría, el pasado 27 de diciembre se cumplieron tres años de la aprobación de la ley de reforma local, la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cuyo ADN es fruto de los postulados más rancios y retrógrados de la derecha española. Tres años ha cumplido el desastre municipalista, porque la ley, en lugar de servir para impulsar el municipalismo y la autonomía local, ha servido para menospreciar a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Me gustaría recordar alguna de las características principales de esta contrarreforma. Se aprobó prácticamente en solitario por el Grupo Popular y ha supuesto un duro ataque a la autonomía local como aquí ya se ha dicho; recorta competencias de los ayuntamientos; quita a los concejales y a los alcaldes elegidos por los ciudadanos la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de las diputaciones, a las que convierte en responsable de la prestación de los servicios públicos pudiendo la diputación decidir si los presta ella misma o establece una gestión compartida a través de consorcios municipales, mancomunidades u otras fórmulas asociativas de carácter local, lo que deja la puerta abierta a su privatización. Considera a los municipios menores de 20.000 habitantes -el 95% del total- incapaces de gestionar sus recursos y se puso en marcha en contra de los alcaldes de toda España, incluso de alcaldes del Partido Popular, haciendo caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Estado, que advirtió que no justificaba el ahorro que se preveía con los cambios de estructura y que tampoco se acreditaba que la prestación de servicios por las diputaciones fuesen a realizarse con menor coste.

La ley quita a los ayuntamientos las competencias de educación, sanidad y servicios sociales. Posteriormente, como todos ustedes saben, una sentencia del Tribunal Constitucional modificaba esta situación. Se favorece además una nueva burbuja inmobiliaria al modificar la Ley del Suelo y permitir que los ayuntamientos puedan destinar terreno público a reducir la deuda comercial y financiera. Hasta ahora, estos terrenos solo se podían emplear en la construcción de vivienda protegida o de infraestructuras públicas.

El propósito de esta contrarreforma, como dice la propia ley en su exposición de motivos, es favorecer la iniciativa privada y abrir nichos de negocio a costa de los servicios públicos locales. En definitiva, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local daña a la ciudadanía porque se le ofrecen servicios más caros y menos eficientes y daña a la autonomía local. Y, por supuesto, también daña a la democracia porque esta, a nuestro juicio, se legitimó en los ayuntamientos y por esa razón nuestros pueblos y nuestras ciudades no deben convertirse en sucursales de otras administraciones públicas; muy al contrario, entendemos que los ayuntamientos se merecen un papel institucional más relevante, un marco competencial más amplio, más recursos y un apoyo decidido para sus potencialidades.

Los socialistas hemos liderado la lucha del municipalismo contra la reforma del Partido Popular desde el minuto cero, por eso nos hemos propuesto derogar esta ley desde el minuto mismo de ser aprobada,


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por eso las autonomías gobernadas por el Partido Socialista han interpuesto recursos contra la ley ante el Tribunal Constitucional y también nuestros ayuntamientos son mayoría entre los 3.000 que han planteado un conflicto en defensa de la autonomía local. Pero los socialistas no nos limitamos a pedir la derogación de esta ley, queremos impulsar una reforma local de verdad y queremos hacerlo dentro de un proceso responsable, transparente y participativo en el que puedan intervenir activamente todos los agentes implicados: los grupos parlamentarios, la Federación Española de Municipios y Provincias y, por supuesto, todas aquellas entidades municipales y expertos que tengan algo que decir y que aportar.

Los socialistas abogamos por una ley de régimen local que refuerce la autonomía local y que garantice un sistema de financiación estable sobre la base de unas competencias bien definidas de los entes locales. Además, exigimos la aprobación de una nueva ley de haciendas locales que dote de estabilidad, rigor y recursos a las competencias asumidas por las entidades locales de forma coordinada con la nueva financiación autonómica, defendiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los de las comunidades autónomas. Ese es el sentido de las enmiendas de adición que hemos propuesto y ese es el sentido que pretende el Grupo Socialista en esta legislatura, que esta sea la legislatura del municipalismo porque ya hemos anunciado en reiteradas ocasiones desde el Grupo Parlamentario Socialista que como creemos en la autonomía local, creemos en la necesidad de una ley que regule la Administración Local, una ley que regule la necesidad de una financiación adecuada para los ayuntamientos, por eso vamos a presentar estas iniciativas para que cuanto antes puedan ser aprobadas. No queremos parches ni queremos que haya una nueva regulación que no esté consensuada con la Federación Española de Municipios y Provincias, queremos que esté consensuada con las entidades municipales y que haya un consenso de todos los que formamos parte de esta Cámara. Esta debe ser la legislatura del municipalismo y de eso nos vamos a encargar el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Gracias, señora Serrano.

Para fijar posición, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muy brevemente, presidente.

Así como en otra intervención he manifestado ámbitos de discrepancia, tengo que decir que en esta del régimen jurídico y de las entidades locales, desde las primeras leyes de bases de régimen local entendemos que con altibajos se han ido recogiendo las singularidades forales de derechos históricos del municipalismo vasco. En esta última reforma también acordamos una actualización de nuestros derechos históricos en materia de régimen local y por eso dimos apoyo a la ley. Esto ya lo hemos manifestado en un debate que hemos tenido recientemente en el Pleno, donde dijimos que no íbamos a apoyar una derogación de la ley. Tenemos la costumbre de cumplir nuestros acuerdos y en este caso lo mantenemos. No apoyaremos la petición de derogación de la ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pró): Gracias señor Legarda.

En el nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Como se ha dicho anteriormente, hace poco, concretamente el 14 de febrero, hubo un debate en el Pleno sobre una proposición, en ese caso de Unidos Podemos, parecida a esta, aunque no era igual. En aquel momento lo que se presentaba era una derogación parcial de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y ahora lo que se pretende es una derogación total. Lógicamente, si en aquel momento nos manifestamos en contra, ahora vamos a volver a votar en contra de esta propuesta. Resumiré brevemente los motivos porque ya se expusieron en su momento, pero he de decir que la técnica que se utiliza aquí es cuando menos curiosa; se pide al Gobierno que derogue la ley. Yo creo que, como Legislativo, si queremos derogar una ley lo que hay que hacer es traer una propuesta de ley que fue lo que se hizo en su momento por Unidos Podemos. Nosotros votamos en contra y en este momento lo volveremos a hacer. Los motivos eran claros; la Ley de racionalización no es una ley que a nosotros nos guste, no creemos que con su aplicación se hayan resuelto los problemas que tiene el mundo local, pero está claro que la situación previa tampoco era la idílica; había ayuntamientos no viables y era necesaria una redimensionalización de la Administración Local. Había una serie de problemas; algunos de ellos se han podido parchear con esta ley y otros siguen vigentes. Nosotros lo que planteamos es que es necesario


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afrontar esa modificación del mundo local de forma integral, con valentía, y a eso emplazamos a todos los grupos, porque hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Hay que hablar de financiación del mundo local, hay que hablar del fortalecimiento de esos municipios, sobre todo de los municipios más pequeños, y seguramente como contrapartida a ese fortalecimiento podríamos eliminar niveles intermedios que son costosos y que drenan recursos que podrían ir directamente a los servicios y que no van; podríamos hablar también de la corrupción en el mundo local, de cómo evitarla; podríamos hablar de las competencias, esas competencias que hemos visto que en situaciones de crisis los ciudadanos demandan de la Administración más cercana. En resumen, afrontar los problemas reales del mundo local de una forma integral y no solamente derogando esta última ley para volver a un estadio anterior que, como decía, tampoco era un estadio exento de problemas. Por lo tanto vamos a votar en contra de esta propuesta.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pró): Gracias señor Villegas.

En nombre del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Gómez-Reino.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida popularmente como Ley Montoro, es, desde nuestro punto de vista, el mayor atropello al municipalismo en tiempo democrático. Con un solo movimiento, con un solo golpe, el Partido Popular ha atacado la autonomía de los municipios, sus competencias, sus recursos; un asalto a los servicios de los ciudadanos promoviendo su privatización y en muchos casos directamente su eliminación.

Nuestro grupo trasladó al Pleno una proposición de ley para derogar dicha ley y allí quedó retratada la posición de cada grupo parlamentario. Un acuerdo activo en mantener lo sustancial de la Ley Montoro entre el PP y Ciudadanos y ese constante apoyo pasivo para mantenerla por parte del Grupo Socialista. Ninguna normativa municipal ha concertado tanto acuerdo en su contra -3.000 municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias o el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones anulando partes de esta ley- porque el Partido Popular quiso hacer responsables a los ayuntamientos de los desmanes de los gobernantes de su propio partido. En 1998, con la modificación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley General del Suelo y la liberalización salvaje del espacio público se generó una burbuja de especulación inmobiliaria que ha sido letal para la economía y para grandes partes de nuestra sociedad. Por supuesto que hubo despilfarro en algunos ayuntamientos pero no en el conjunto de los mismos y de ninguna forma por los servicios que prestan a la ciudadanía sino más bien por algunos alcaldes y alcaldesas que jugaron a dejar huella para su posteridad con infraestructuras pretenciosas que, como vimos, entraban en otro juego; el juego de la especulación, los pelotazos y la corrupción. Obras que se encargaban a empresas amigas que en muchos casos financiaban a su vez partidos amigos. Toda una trama, toda una red que alcanzaba también lo municipal. Pero los ayuntamientos no han sido en ningún momento un problema para el déficit o la deuda pública, eran en su inmensa mayoría las administraciones menos endeudadas. Quisieron culpar del déficit público al ámbito municipal como chivo expiatorio por ser la más indefensa de las administraciones públicas del Estado. ¿En qué consiste la Ley Montoro? En intervenir a los ayuntamientos desde el Gobierno del Estado reduciendo de forma brutal sus recursos y su capacidad de acción. Justo en el momento de crisis, cuando más falta hacía una Administración de proximidad para atender las consecuencias de la crisis, cuando la gente en situación de emergencia víctima de los recortes iba llamando a la puerta que tenía más a mano, a la puerta de su ayuntamiento, el PP abocaba a los municipios a la más absoluta impotencia. Este ataque alcanzó varios frentes; en primer lugar, atacó a la autonomía municipal impidiendo un auténtico gobierno y democracia local; en segundo lugar, lo limitó con una reducción drástica de competencias estableciendo un techo en vez de un suelo competencial; y en tercer lugar, la contratación de personal que nos dicen todos los días alcaldes no solo de nuestro espacio político sino de diferentes espacios políticos, desbaratando las plantillas públicas, que como sabemos son las que ofrecen los servicios públicos, pero que además son fuentes de empleo de calidad. La capacidad de gasto. Sus planes de ajuste han sido letales para muchos servicios y después toda una serie de mecanismos ideados precisamente para obstaculizar la prestación de servicios o directamente para facilitar su privatización.

Ante esta embestida creo que hay que hacer una impugnación a favor del municipalismo, la demostración del papel central que juegan los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos y en la participación democrática de la ciudadanía. Algo ocultan los señores del Partido Popular, que es cómo en los informes del Tribunal de Cuentas los servicios municipales que son prestados de forma pública y


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directa son mucho más económicos que aquellos servicios que han sido privatizados y que estos últimos han supuesto además un sobrecoste que no ha repercutido de manera favorable en los servicios.

Los tiempos también demandan bajo nuestro punto de vista y más que nunca apostar por el municipalismo, porque lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, en muchas ciudades donde hay Gobiernos que miran por y para la ciudadanía, es que se ha acabado con la barra libre para el despilfarro y el pelotazo, que hay alternativas viables para atender mejor las demandas de la gente y que todo esto además se hace con mayor eficiencia y eficacia.

Por todo esto saludamos esta iniciativa de Bildu, anunciamos que vamos a votar a favor y ya lo hemos dicho en nuestra defensa de la proposición no de ley. Es necesario cambiar el modelo pero lo primero es acabar con la norma que está asfixiando día a día a los ayuntamientos y a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Gracias señor Gómez-Reino. Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Fole Díaz.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias presidente.

Señorías, aquí se han dicho muchas cosas sobre esta PNL y desde el municipalismo precisamente como concejal y como alcalde que lo fui podría aclarar muchas cosas que aquí se dijeron y acercarlas un poco más a la realidad.

Bildu propone la derogación de esta ley a la que presuponemos, como otros grupos que dicen que la van a apoyar, los efectos que tiene en una derogación normativa, la norma desaparece ex nunc del panorama jurídico, quedando huérfana de tutela normativa de la realidad que por ella estaba siendo regulada. ¿Qué quiere decir? Que si se deroga una ley y no se aprueba otra que regule lo que se estaba regulando, evidentemente va a haber un vacío legal en lo que se estaba haciendo.

Las razones que justifica el partido proponente de esta PNL, dice, es un ataque frontal a las entidades locales vascas, en sus competencias, en su autonomía municipal y en la prestación de sus servicios públicos. En relación con la atribución competencial, nace esta ley con el objetivo de clarificar las competencias, evitando duplicidades administrativas, disfuncionalidades, duplicidad también en la prestación de servicios, etcétera. Así este modelo articula, a través de competencias municipales propias que son atribuidas por ley, artículos que se contemplan en la Ley de Base de Régimen Local, estableciéndose la posibilidad de que el Estado y las comunidades autónomas deleguen además en entidades locales determinadas competencias.

En relación con la autonomía local, la PNL recoge afirmaciones que llevan a pensar que lo único que fundamenta la misma es que no están a la altura del territorio vasco y eso porque la redacción no es más reciente porque sino podríamos a lo mejor llegar a leer en algún momento que los legisladores podrían ser unos catetos, unos incultos porque no están a la altura de las consideraciones del territorio vasco.

Dice la PNL que no es aceptable que la ley someta a criterios que ni son aplicables ni son beneficiosos para su buen funcionamiento y que la singularidad de Gasteiz y Ureña han sido absolutamente ignoradas por la ley, por lo que no satisface las expectativas que en materia local tienen instituciones de Euskal Herria. Sin embargo hay otra opinión contradictoria a la de EH Bildu y no la dice el Gobierno español, la dice el gobierno vasco; el gobierno vasco, han escuchado bien. En la circular de 11 de marzo del 2014 la directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos dice varias cosas que ahora detallaré, tras la entrada en vigor de esta ley. Viene diciendo que la ley reconoce y actualiza en varios de sus artículos las peculiaridades del régimen foral vasco, en su artículo 34, en el artículo 2 y en la disposición adicional primera. Sigue diciendo que esta ley se aplicará a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos establecidos en el artículo 149.1, 14.ª y 18.ª de la Constitución, sin perjuicio de las particularidades que resulten de la Ley Orgánica 3/1979 por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Sigue diciendo, por consiguiente, que en el marco normativo autónomo de Euskadi hay elementos suficientes para que se pueda articular un sistema integrado y coherente de Gobiernos locales que, sin perjuicio de respetar las competencias atribuidas a las instituciones vascas, doten al municipalismo vasco de unos estándares mínimos garantizados de autonomía local. Es decir, señoría, el Gobierno vasco, no el español dice y resume que la ley es respetuosa con el régimen foral.

Respecto a la prestación de servicios públicos esta ley hace efectivos los de eficiencia y eficacia evitando una mala gestión de recursos públicos como una de las mejores formas de garantizar la prestación presente y futura y evitando el endeudamiento de las generaciones futuras. En este sentido y como municipalista creo necesario poner en valor el esfuerzo que han venido realizando todas las entidades locales, más de 8.000


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en nuestro país, para la consecución de objetivos de estabilidad presupuestaria llegando en esta situación de difícil crisis financiera y económica incluso a presentar superávit en sus cuentas.

No hay verdadera autonomía local sin una sostenibilidad, racionalización, eficacia y eficiencia de su economía, unos servicios sostenibles racionales, eficaces y eficientes se prestan mejor y proporcionan mejor autonomía financiera a las entidades locales respecto a otras administraciones. Se pueden dar casos y los he vivido, señorías, de que hay ayuntamientos que no cobraban los servicios básicos y estaban cobrando a lo mejor un IBI por debajo del valor catastral dado por su ponencia de valores. Sin embargo, querían tener unas prestaciones y unas infraestructuras, piscinas y auditorios que no eran sostenibles y que después no podían mantener. ¿Eso es lógico? Pues ahí es donde hace especial incidencia esta ley y aquí es donde precisamente pone de manifiesto la importancia de la racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que son las más saneadas. Por eso, señorías, defendemos incondicional y orgullosamente comprometidos estos principios de eficacia y de eficiencia, de racionalización y sostenibilidad, para que se puedan corregir todas esas desviaciones que han puesto a muchas entidades, no solo en las autonómicas y en la central, en difícil situación financiera. Creemos que antes de una derogación podríamos hablar de modificación, de mejora como aquí se ha dicho en algunas ocasiones, en un ejercicio de responsabilidad en algunos casos y reflexionar sobre si efectivamente una derogación en estos momentos es lo más adecuado porque a algunas personas caprichosas se les antojen.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Gracias señor Fole.

- SOBRE EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE LA AUTORIDAD LOCAL Y EL RESPETO A LA AUTONOMÍA LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001132).

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Terminado el debate de esta proposición no de ley vamos entrar en la proposición no de ley sobre el derecho de participación en los asuntos de la autoridad local y respeto a la autonomía local, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para lo cual tiene la palabra don Félix Alonso.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias señor presidente.

He de recordarle a don Tomás Fole que tiene razón, en el sentido de que en el momento en que se retirara la Larsal habría de llenar su hueco, estamos absolutamente de acuerdo, lo hemos de llenar además con algo que realmente sí dé competencias a los municipios. Y le digo eso porque la PNL que hoy presentamos aquí precisamente es para llenar uno de esos vacíos que ha enumerado la Larsal pero que después no ha dado cumplimiento.

La tercera gran reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1983, conocida pomposamente como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Larsal, aprobada en 2013, ofrece como novedad el reconocimiento explícito de una nueva competencia local, la participación ciudadana. Ciertamente la Larsal, aprobada sin el consenso de las dos reformas anteriores, la del Pacto local de 1999 y la Ley de Modernización Local de 2003, ha tenido como objetivo político y jurídico que aquí se ha manifestado la jibarización de los Gobiernos locales, recortando su autonomía política, ejecutiva y situando competencias locales fuera del espacio natural de la comunidad local.

El Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse contra aspectos angulares de esta reforma regresiva y centralista, y aún tendrá ocasión de pronunciarse en el recurso que miles de municipios presentamos ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. El éxito de esta reforma es bien escaso, en eso podremos estar de acuerdo, espero que sí, una amplia mayoría de grupos de esta Cámara aunque no hayamos sido capaces hasta ahora al menos, y en eso tiene razón el señor Fole, de pronunciarnos mayoritariamente por la derogación de una ley que pretende convertir nuestros municipios en negociados de Estado.

Resulta que paradójicamente la reforma es cicatera hasta en lo que reconoce como nueva competencia municipal, la participación ciudadana y ante la invitación del congreso de poderes locales y regionales del Consejo de Europa, Cplre, contenida en su informe sobre la autonomía local y regional en España del 2013 para firmar y ratificar en un futuro próximo el protocolo adicional a la Carta Europea de Autonomía en cuanto a derecho a participar en los asuntos de autoridad local. Lo cierto es que todavía hoy nuestro país


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no ha ratificado este protocolo adicional de la Carta Europea de Autonomía Local, también conocida como Carta de Utrecht. Como ustedes saben, España se convirtió en miembro del Consejo de Europa el 24 de noviembre de 1977, firmó la Carta Europea de Autonomía Local, la CEAL, el 15 de octubre de 1985 y la ratificó el 3 de febrero de 1988. La carta entró en vigor en España el 1 de septiembre de 1988, cinco años después de la Ley de Bases de Régimen Local. Parece que, así las cosas, este protocolo adicional de la CEAL, que permitía establecer un marco normativo mínimo sobre el derecho a participación y que en consecuencia dotaría a todos los entes locales de un estándar mínimo, insisto, para el ejercicio de esta nueva competencia municipal, va a votar este periodo de cinco años que nuestras comunidades y gobiernos locales tuvieron para esperar, qué esperar, para ajustar nuestro marco jurídico local a los parámetros de la cultura democrática y de buen gobierno del Consejo de Europa.

¿Por qué este silencio desde la primavera del 2013 hasta ahora ante la invitación del Consejo de Europa para firmar el protocolo adicional? ¿Por qué el Gobierno no ha impulsado ninguna iniciativa normativa relativa a esta nueva competencia de participación ciudadana en el nivel del Gobierno local que responda a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias democráticas? Consultas y otras formas de participación ciudadana en el ciclo político recogidas y reguladas en el protocolo responden a las nuevas aspiraciones de las comunidades locales para mejorar precisamente nuestro sistema democrático, para reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.

Debemos recordar aquí que no solo el Consejo de Europa llama a esta regulación para enriquecer el CEAL y los marcos jurídicos de los estados democráticos, también la Unión Europea, el Comité de las Regiones, cuando aprueba la Carta de Gobernanza Multinivel, del 2 y 3 de abril del 2014, presidido por cierto por el que fuera presidente de la Región de Murcia, Ramón Valcárcel Siso, determina un firme compromiso. Dijo él: Deberemos, en su título II, la aplicación y cumplimiento para fomentar la participación de los ciudadanos en el ciclo político.

La mayor parte de la legislación sectorial, la urbanística, establece la participación en términos demasiado imprecisos y desiguales; ni siquiera las formas de gestión de los servicios públicos locales, sus cambios, tienen unos mecanismos de participación de los ciudadanos efectivos en el contexto de las nuevas políticas públicas; como mucho estamos ante niveles o procedimientos de información pública anclados en el tiempo y que responden poco o nada a la participación ciudadana en los términos en los que la Carta de Utrecht o la Carta de Gobernanza Multinivel la conciben. Y no puede oponerse a la regulación que pedimos el argumento de que sean los reglamentos orgánicos municipales los que se ocupen de ello, es claro que los ROM pondrán los acentos en lo que el Gobierno local considere conveniente a su comunidad, naturalmente, son una manifestación de la autonomía local, pero la ley básica debe asegurar un marco mínimo que garantice el ejercicio de esta competencia local de derecho ciudadano. He aquí la finalidad de la CEAL, he aquí la finalidad que el protocolo adicional del Consejo de Europa invita a firmar a España. Por favor, fírmenlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Gracias, señor Alonso.

Para fijar posición, no ha habido ninguna enmienda, del Grupo Mixto la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.

Voy a ser breve, para no repetir los argumentos que ya he utilizado en la exposición de mi iniciativa y en el debate sobre la Ley de racionalización porque son un buen ejemplo de muchas de las cosas que habría que decir sobre el interés recentralizador que tiene el Gobierno.

Además de lo que ya he afirmado en el debate de ese punto, me voy a limitar a poner si cabe varios ejemplos del sinsentido de que tenga el Gobierno la última palabra sobre si un municipio debe o no preguntar a la ciudadanía sobre algo que le afecta a esta, principalmente porque los ejemplos vienen a demostrar que lo que le preocupa al Gobierno no es tanto que se respete la ley haciendo esto sino que lo que quiere es imponer sus propias posiciones en muchos debates y en muchas cuestiones. Es el caso por ejemplo de la consulta popular que tenía previsto realizar el Ayuntamiento de Donostia sobre el uso que le quiere dar o que le debería de dar a unas instalaciones municipales, las de Illumbe, donde se han solido realizar corridas de toros, tema que ha suscitado un amplio debate en la ciudad y ante el que el consistorio decidió, visto el debate, llevarlo a consulta. Aun siendo competencia municipal, el Gobierno argumenta que los toros son una actividad legal y le niega al Gobierno municipal decidir en última instancia no si eso es legal o no -los toros- sino si permite o no que esa actividad se desarrolle en esa ubicación concreta, que es pública. En última instancia, lo que teme es que la opinión mayoritaria sea en contra de las corridas


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de toros en una hipotética consulta y por tanto lo que le molesta es el resultado, porque no creo que esa ley que dice que las corridas de toros son legales diga que el Ayuntamiento esté obligado a ceder sus instalaciones para que se realicen en las mismas. Y como este podríamos encontrar otros muchos ejemplos, este es el último, el más reciente, apenas hace unos poquitos días que se ha dado esa negativa a la consulta. Además voy a mencionar otro ejemplo, ya que el proponente ha citado el tema del urbanismo. La Abogacía del Estado actuó contra la intención de otro ayuntamiento, en Vizcaya esta vez, en Basauri, de realizar una consulta sobre el plan urbanístico y sobre la regeneración del centro de la ciudad. Por tanto, son ejemplos que certifican ese afán recentralizador que venimos mencionando en las dos iniciativas, que busca la imposición de sus postulados, los del Gobierno, que actúan en contra de una expresión democrática básica y de una participación de la ciudadanía y que ponen en evidencia que la necesidad de tener permiso al Gobierno español es, además de todo esto, anacrónica. Por eso precisamente Euskal Herria Bildu apoyará la propuesta que se ha realizado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Muchas gracias.

Ahora por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y muy brevemente.

Para manifestar nuestro apoyo a la proposición no de ley, porque consideramos que es un déficit del sistema político español la limitación que se hace de la democracia directa. Si antes, con ocasión del debate de otra proposición, se hablaba de los déficits del sistema de manifestación digamos de la ciudadanía y de sus preferencias políticas y hablábamos de la LOREG, consideramos que en el siglo XXI un gran déficit del sistema para que los ciudadanos manifiesten su opinión es las limitaciones que se encuentran a las manifestaciones de democracia directa, a los referéndums, y si alguien pudiera pensar que los referéndums, bueno, porque están ahora en el ámbito del debate político... Pero estamos hablando de los referéndums en el ámbito local.

Para cuestiones que ya han comentado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, nosotros en Euskadi hemos tenido recientemente en Donosti la negación de una consulta por parte del Gobierno del Estado respecto a la utilización de unos bienes públicos, en este caso municipales, y podría recordar otros muchos ejemplos que ya se han citado. Nosotros creemos que no se deben poner cortapisas a la opinión de los ciudadanos, al menos en el ámbito local, para que manifiesten sus preferencias sobre acciones que han de guiar las decisiones de los representantes públicos y por tanto apoyamos la proposición no de ley en el sentido de reformar el artículo 71 de la Ley de Bases y que se suprima la autorización del Gobierno del Estado; autorización sobre la que ya hay alguna sentencia del Supremo que manifiesta que es una autorización discrecional, es decir, que en definitiva, fuera de los aspectos formales, como se está consultando en la última jurisprudencia al cuerpo electoral en el ámbito local, pues que es una manifestación del artículo 23 de la Constitución y que, en definitiva, afecta -digamos- a políticas estatales.

En ese sentido, y ya finalizo, apoyamos y apoyaremos la modificación del artículo 71 de la Ley de bases.

Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra en nombre del Grupo de Ciudadanos el señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señor presidente. Brevemente.

Es una propuesta de tres puntos, el primero de ellos la ratificación del Protocolo adicional de la Carta Europea de la Autonomía Local. Nosotros estamos a favor de que se firme este protocolo, no creemos que haya reparos para que se pueda insertar este protocolo en nuestro régimen jurídico español, en el Régimen Jurídico Básico de las Administraciones Locales y por lo tanto estaríamos a favor.

En cuanto al punto 2, de modificación del artículo 71, votaremos en contra. Creemos, lógicamente, que es buena la participación ciudadana, que hay que promoverla. La verdad es que en esta proposición, en la que su título es ahora de participación ciudadana, no hay nada que favorezca que los ciudadanos participen, lo único que se hace es esta modificación del artículo 71, que es más un contencioso entre administraciones que no directamente relacionado con la participación propiamente del ciudadano en la vida política de su ciudad. En ese ámbito hay mucho campo para mejorar, campo o medidas que no se


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tocan en esta proposición, sobre todo en el ámbito de la información, para poder participar hay que tener información y estaría bien que se siguiera regulando y se siguiera mejorando la información que tienen los ciudadanos sobre determinados aspectos que tienen que ver con la política, con lo que realizan las administraciones públicas y ese ejercicio del derecho a la información, que tiene que ser no solamente que exista esa información sino que esa información sea accesible de una forma fácil y ágil al ciudadano. De todo esto no se habla.

Por último, el punto 3, compromiso del Gobierno con el ejercicio y la defensa de la autonomía local, lógicamente estaríamos a favor. Por lo tanto, si fuera posible, solicitaríamos que se votara por puntos esta proposición y si no mi grupo se abstendrá en el global.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villegas.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rallo.

El señor RALLO LOMBARTE: Buenas tardes, presidente, muchas gracias.

Un tanto sorprendidos por la defensa que el representante del Grupo Parlamentario de Podemos ha hecho de la PNL, porque ha puesto el énfasis y ha focalizado su defensa en un extremo que no deja de ser una parte de la proposición no de ley, ya que al final ha terminado reivindicando y solicitando la ratificación del protocolo adicional a la Carta Europea. En ese extremo nosotros estábamos plenamente de acuerdo y somos favorables, si hubiéramos sabido que ese era el único punto que interesaba al grupo parlamentario con una enmienda hubiéramos resuelto a lo mejor el criterio a la hora de tener que votar esta proposición no de ley. Tengo que decir que nosotros estamos de acuerdo con el punto 1, la ratificación del Protocolo adicional de la Carta de Autonomía Local, y ello es así porque sin duda alguna compartimos, creo que con todos, el criterio de promover la participación ciudadana, la gestión de los asuntos públicos, es un mandato constitucional, porque entendemos que con ello se complementa el modelo representativo del Gobierno local, con instrumentos de participación directa, que sin duda alguna fortalecen nuestra democracia, fortalecen la calidad y la salud de nuestro sistema y nos hacen converger más y mejor, como pretende nuestra Carta constitucional, hacia una sociedad democrática avanzada.

Ahora bien, a partir de aquí nos suscitan dudas algunos extremos de la proposición no de ley sobre la regulación actual, sobre el statu quo. En primer lugar, hay una cuestión que no podemos soslayar, que es la realidad, primera duda. No parece que estemos ante una demanda social generalizada o prioritaria a la vista de los datos estadísticos, que prácticamente reducen a un centenar las solicitudes tramitadas a lo largo de las últimas décadas, desde el año 1985, de estas iniciativas. Por lo tanto, siendo un número limitado, tenemos que partir un poco de la realidad. Eso no es óbice, obviamente, para que entendamos que cualquier medida que se pueda dirigir a mejorar y promover esa participación pues debe ser bienvenida.

Desde luego, otra duda tiene que ver con que no nos parece razonable, sin duda alguna, que tenga que ser el Consejo de Ministros, que tenga que ser el Consejo de Ministros de España el que baje a autorizar o no si se celebra una consulta popular sobre la ubicación de un mercado municipal o del cambio de fechas de las fiestas patronales. Parece que la desproporción de esa realidad es incontestable. Sí que parece razonable que debiera mantenerse un control procedimental que preserve que este tipo de consultas se focalice en materias competencia de naturaleza municipal. Eso parece, vistos también muchos de los ejemplos que han sido tramitados como para su autorización, algo razonable. Sin embargo, por otro lado también nos parece muy razonable que, en razón del principio de subsidiariedad, habría que entender que la Administración más indicada para supervisar la idoneidad de una consulta local en cuanto a las materias objeto de esa consulta, fuera la propia Administración local, el propio municipio o en su caso la comunidad autónoma. Ahora bien, de lo que no hay duda es de que, aun pretendiéndose reformar el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para suprimir la autorización del Gobierno de la nación para la celebración de este tipo de consultas, el artículo 149.1.32.ª de la Constitución, que prevé expresamente la competencia del Estado para autorizar las consultas populares de naturaleza refrendaria, sobreviviría a esa supresión de esa previsión concreta del artículo 71 de la Ley reguladora; no solo sobreviviría ese precepto constitucional sino que sobreviviría la disposición adicional de la Ley reguladora de las modalidades de referéndum, en la que, estableciéndose que no le será de aplicación esa normativa a las consultas populares, deja a salvo que salvaguardando específicamente la competencia del Gobierno de la nación o del Estado para autorizar este tipo de consultas, esa previsión legal sobreviviría. En definitiva, se mantendría por lo tanto, por imperio de la Constitución y de la ley, esa exigencia de autorización gubernamental de las consultas locales por vía refrendaria.


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Por eso, a la vista de esa situación, me gustaría solicitar, si el grupo proponente lo admitiera sería, como ya se ha planteado, una buena opción, una votación por puntos de esta proposición no de ley, en el bien entendido de que tendría nuestro voto favorable para los puntos 1 y 3 pero contaría con nuestra abstención en el punto 2 porque existen esas dudas previas. Compartimos también la intención y voluntad de encarar alguna revisión de ese artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que residenciara la autorización gubernamental en un órgano más adecuado, por ese principio de subsidiariedad, que de alguna forma redujera el ámbito de supervisión a cuestiones estrictamente procedimentales, y en beneficio y promoviendo y preservando la autonomía local en la decisión del objeto de estas consultas locales. Esta es la propuesta que le hacemos al grupo proponente y que dejamos en el aire.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rallo.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Podemos, con la iniciativa que se está debatiendo ahora, parece querer demostrar que nadie como ellos para defender la autonomía local y que son ellos los únicos que se preocupan por garantizar y reforzar la misma, concepto de autonomía local que reduce a que los ciudadanos tengan el derecho a participar en los asuntos de los Gobiernos locales en un marco de igualdad de oportunidades. Instan al Gobierno primero a la ratificación del Protocolo adicional de la Carta Europea de la Autonomía Local, a promover la modificación del artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el sentido de que se suprima el inciso y autorización del Gobierno de la Nación, y a manifestar el compromiso del Gobierno con el ejercicio y la defensa de la autonomía local para dar respuesta eficiente a la ciudadanía.

Miren, empezando por el final, señorías, lo primero que debo decirles es que si hay realmente un Gobierno comprometido con el mundo local, con la igualdad de los ciudadanos, con independencia de dónde residan, con la defensa de la autonomía local y con los problemas de la ciudadanía y sus soluciones, es sin duda el Gobierno del Partido Popular. Saben todos ustedes todos los pasos que se han dado y se siguen dando tanto desde el Partido Popular como desde el Gobierno para seguir apoyando la labor de los entes locales, ayuntamientos, diputaciones, y consejos insulares, como Administración más cercana a los ciudadanos, impulsando el proceso de aclaración o delimitación de competencias de los municipales, reforzando la Comisión Nacional de Administración Local, consolidando el papel de la Federación Española de Municipales y Provincias como el mejor interlocutor para la defensa de los intereses de los entes locales y reafirmando nuestro compromiso con la importante Ley de Racionalización de las Administraciones Locales. Debo destacarles además que el día 1 de este mismo mes se ha constituido el grupo de expertos sobre financiación local, integrado por representantes de la Administración General del Estado y de la Federación Española de Municipios y Provincias; no nos cabe ninguna duda de que las propuestas que van a plantear garantizarán el estado del bienestar de los españoles desde la sostenibilidad.

Respecto al derecho a participar, señorías, en los asuntos del Gobierno local, al que instan pidiendo la ratificación del protocolo adicional de la Carta Europea de la Autonomía Local, quiero decirles, primero, que el propio artículo 3 de esta carta, en su párrafo segundo, prevé -entre comillas- "que las asambleas de vecinos, el referéndum o cualquier otra forma de participación directa de los ciudadanos se ejercerán cuando esté permitido por la ley", por lo tanto ratificar o no ratificar esta carta es decir esto: que las asambleas de vecinos o el referéndum o cualquier otra forma de participación directa de los ciudadanos se ejercerán cuando esté permitido por la ley, o sea que se exige también un permiso legal. Por lo tanto como les digo el resultado es exactamente el mismo. En segundo lugar, nuestra Constitución prevé la figura del concejo abierto, en su artículo 140. Y en tercer lugar, que en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local expresamente se prevé que, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando esta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local. Los ciudadanos por lo tanto, señores del Grupo Parlamentario Podemos, sí pueden participar y pueden hacerlo siempre que lo permita la ley. Lo que a ustedes les molesta es que haya que pedir autorización al Gobierno de la Nación y quieren que eso se quite. Señorías, este requisito de autorización deriva del artículo 149.32 de la Constitución española, que requiere autorización para la convocatoria en


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consultas populares por vía de referéndum, y la Constitución les guste o no es el instrumento jurídicamente vinculante y es el primero en la jerarquía de las fuentes del derecho, por lo tanto es A o A: la primera ley de nuestro ordenamiento y hay que cumplirla. Y permítanme, señorías, que les recuerde que nuestro sistema político sale de una democracia representativa, que es el sistema político mayoritariamente aceptado e instaurado por las democracias del mundo, y se define como un sistema de gobierno en el que el pueblo, los ciudadanos, ejercen el poder político indirectamente a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio en elecciones libres y periódicas. En este sistema la soberanía, es decir, el poder político para decidir los destinos, la organización y el modelo de gestión de un país, de una región o de un municipio, continúa residiendo en el pueblo, en los ciudadanos, pero lo ejercen a través de representantes suyos: diputados, senadores, alcaldes o concejales. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Podemos, hacen demagogia con este tema, y lo hacen porque saben que pocos ciudadanos van a criticar si se les pregunta por asuntos de su día a día, pero también saben que con esta propuesta lo que pretenden es socavar la confianza en la democracia representativa. Señorías, los ayuntamientos, las diputaciones, tienen sus competencias y sus funciones, están legitimados por las urnas y deben asumir sus responsabilidades y deben gobernar tomando decisiones, que para eso se les ha elegido; no se puede estar preguntando continuamente a los ciudadanos y delegando en ellos las responsabilidades de gobierno y de decidir. Y digo que lo hacen demagógicamente porque ustedes saben -y es lo peor- que con la consulta directa a los ciudadanos en asuntos de competencia de las instituciones se están soslayando, señorías, los procedimientos establecidos por las leyes, se eliminan los trámites de control legal y político, y se manipula el resultado al gusto del que pregunta. El derecho a participar y la autonomía local, señorías, merecen más respeto, y si no vean el esperpento de la consulta del Ayuntamiento de Madrid de la semana pasada. A los ciudadanos les gusta que se les pregunte, señorías, pero no que se les tome el pelo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Este punto en principio se votará por puntos, como ha sido pedido.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Señor presidente, yo creo que ha habido alusiones.

El señor PRESIDENTE: No, por alusiones no vamos a dar la palabra, pero luego si usted quiere intervenir para tratar sobre la votación por puntos podrá hacerlo.

- RELATIVA A LA EFECTIVA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001416).

El señor PRESIDENTE: Vamos entonces con la proposición que tiene en el orden del día el número 8, relativa a la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica. Es una iniciativa del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Pradas.

El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidente.

Lo primero que llama la atención en esta proposición no de ley es el propio enunciado: una iniciativa que insta al Gobierno al cumplimiento de una ley en sede parlamentaria. Resulta preocupante tener que recordar en sede parlamentaria precisamente que las leyes son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, especialmente para el Gobierno de turno, que debería ser el garante del cumplimiento de las leyes. Aunque el partido que sustenta a este Gobierno no apoyase la Ley de la Memoria Histórica esta ley les obliga también a ustedes, igual que a nosotros nos obligan otras leyes que ustedes han promulgado y que no nos gustan absolutamente nada. Parece mentira tener que recordar eso en la sede de la soberanía popular. Ya sé que este es un tema que aburre al Gobierno y al Partido Popular; pensarán: ya están otra vez estos aquí removiendo el pasado, o como decía su portavoz: ya están los familiares queriendo sacar unas perras a costa del sufrimiento de las víctimas. Es fácil decir que no debemos remover el pasado, pero el pasado se nos aparecerá como un fantasma mientras no corrijamos la gran injusticia que se ha producido en España y que aún se sigue produciendo.

En España hubo unas víctimas de la Guerra Civil en cuyo honor se colocaron cruces en las plazas de los pueblos y las ciudades, y otras que yacen en las afueras de esos mismos pueblos, hacinadas en cunetas y en fosas comunes -más de 2.000 según los últimos estudios-, víctimas anónimas que trabajaron como esclavos construyendo los panteones donde hoy reposan los restos de sus verdugos. En


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España hubo gente que combatió al lado de Franco a la que otorgaron una pensión, un puesto de trabajo como excombatientes en la propia Administración del Estado, o se les concedía un estanco o una administración de loterías, mientras que a otros los estigmatizaron para que ni ellos ni sus familiares pudieran levantar cabeza nunca más; mujeres que recibieron prebendas por colaborar con el Régimen y otras a las que les dieron aceite de ricino y las pasearon peladas al rape por las calles, y quiero recordarlo especialmente hoy, el Día de la Mujer Trabajadora. Hubo escritores, pintores, intelectuales, que contaron con el favor del Régimen, que en vida y tras su muerte recibieron honores y reconocimiento, mientras que otros fueron asesinados, encarcelados o murieron en el exilio, como Federico, Miguel Hernández o Antonio Machado. Todo eso es pasado, sí, pero un pasado vivo, y hay quien ve con demasiada naturalidad que se beatifique a unos y se escandaliza cuando intentamos dar digna sepultura a otros. Y eso es una anomalía democrática, nos guste o no, con la que debemos acabar, para que en el futuro no sigamos hablando de unos o de otros.

La izquierda de este país ha tenido una infinita paciencia. Decía Malaparte que son siempre los vencidos quienes aportan la civilización al país de los vencedores. Hicieron falta treinta años para promulgar la Ley de la Memoria Histórica, una ley que recoge el mejor espíritu de la Transición española, una ley que tiene como fin honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, dar solución a situaciones que no habían sido abordadas por la legislación parcial que se había promulgado hasta entonces, siempre desde gobiernos y comunidades autónomas socialistas. Se mejoraron prestaciones y se reconocieron otras figuras como los niños de la guerra, los homosexuales represaliados, las mujeres humilladas; se elaboró un mapa de fosas y se rescataron de ellas a más de 6.000 víctimas; se inició la retirada de símbolos franquistas, que todavía siguen existiendo de forma totalmente anacrónica; se articuló un procedimiento de acceso a los archivos públicos. Y yo me pregunto ¿hubo por esas actuaciones una división de la sociedad española? ¿Se produjo alguna alarma social, un enfrentamiento entre españoles? He asistido a multitud de eventos y solo he visto respeto, y no he escuchado ningún reproche; bueno, sí, de los fascistas de la extrema derecha, pero esta gente no está representada en esta Cámara, al menos eso pienso, señorías; yo quiero pensar eso. Y yo les pregunto, señorías del Grupo Popular sobre todo: si nadie de los que estamos aquí tenemos nada que ver con esa minoría fascista, ¿en nombre de quién se ha interrumpido la tarea que inició la Ley de la Memoria Histórica?

En todos los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Partido Popular desde el año 2012 no han invertido ni un solo euro; ustedes han matado la ley por inanición, y no lo decimos nosotros, lo dicen los familiares, las asociaciones de víctimas, la mayoría de las fuerzas políticas, lo dice incluso el relator de Naciones Unidas en su informe del año 2014. Por eso lo primero que propone esta proposición no de ley es dotar de contenido económico los próximos Presupuestos Generales del Estado a la Ley de Memoria Histórica, más recursos y un papel más activo al Estado, más apoyo y colaboración a las asociaciones de víctimas y a los familiares.

Consideramos urgente crear los bancos de ADN, porque se nos están muriendo los familiares, los hijos, incluso ya los nietos de esas víctimas, y no se va a poder contrastar la huella genética.

Proponemos reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a las Víctimas, impulsar la retirada de símbolos y monumentos que ensalzan a los verdugos, afrontar de una vez y sin miedo las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, de noviembre de 2011, para que deje de ser un lugar de memoria franquista y convertirlo en un espacio de reconciliación, como existe en otros países civilizados de Europa.

Proponemos abrir de par en par los archivos públicos para que la información fluya sobre la represión franquista. Excluir, señorías, de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda los valores antidemocráticos del fascismo, del franquismo, de la xenofobia. Proponemos la creación de una comisión de la verdad, en línea con las recomendaciones de ese informe del año 2014 de Naciones Unidas.

¿De verdad hay alguien en esta Cámara que no esté de acuerdo con esto? Si lo hay, hay un problema grave de madurez democrática todavía en este país después de 40 años de la muerte del dictador.

Queremos verdad, justicia y reparación y para eso lo principal es que se cumpla ley, por lo menos que se cumpla la ley. Yo sé que es una ley que ven insuficiente algunos y que ven excesiva otros, pero por lo menos vamos a cumplir las leyes que se aprueben en esta Cámara.

Nuestro país tiene que pasar la página más trágica de nuestra historia, pero las páginas no se pasan con el olvido de los vencidos sino escribiendo sobre ellas la verdad completa.


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Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pradas.

Y por las intervenciones de los distintos grupos, en primer lugar por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.

Es urgente para nuestro grupo y necesario actuar en materia de memoria histórica y para Euskal Herria Bildu las cuestiones primordiales en esta materia las voy a enumerar.

Por un lado, la abolición de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, por sus efectos de impunidad de perpetradores de delitos de lesa humanidad; en segundo lugar, la promulgación de una nueva ley integral de memoria histórica y víctimas del franquismo que contemple una comisión de la verdad; en tercer lugar, implicación de todos los niveles institucionales para que actúen como querellantes en defensa y acompañamiento a las víctimas, junto con el impulso a la interposición de querellas ante tribunales internacionales en base a la jurisdicción universal para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad; en cuarto lugar, culminación de las iniciativas de retirada definitiva de simbología fascista; en quinto lugar, recuperación de víctimas del alzamiento fascista, impulso de exhumaciones, completar y actualizar el mapa de fosas, creación de banco de ADN, mejora de protocolos de judicialización del acto de alzamiento; en sexto lugar, realización de itinerarios de memoria, impulso de hitos memorialistas de homenaje y reconocimiento de manera coherente e integral y, por mencionar un séptimo punto -creo que con ello englobaríamos principalmente la tarea que queda por hacer-, impulso de espacios de debate, de participación social, de divulgación, encuentros y de realización de la labor memorialista, financiación adecuada de iniciativas, plataformas, asociaciones de víctimas, asociaciones históricas.

Estas y otras actuaciones a desarrollar requieren de leyes integrales, de partidas presupuestarias y de voluntad política para hacerlo, las tres cosas, y parece que el Gobierno no tiene voluntad para ello. Prueba de ello son la falta de partidas económicas que se han mencionado, cuando este tema debería quedar al margen de límites presupuestarios, la nula voluntad de perseguir actuaciones en favor del franquismo y su apología, o la desidia mostrada incluso en las respuestas que ha venido dando a las preguntas formuladas por esta diputada, por medio de las cuales han mostrado cuando menos falta de interés hacia todo lo que se refiere a la memoria histórica y a las víctimas.

Es por ello que, aun pensando que hay mucho por hacer y que la ley actualmente en vigor no es la ley que necesitan las víctimas, entendemos que, aun diciendo esto, no estaría de más que, como buen punto de partida, muchas de las medidas que se mencionan en la proposición que ha hecho el Partido Socialista se empezaran a poner en marcha sin mayor dilación, por tanto contará con nuestro apoyo. No le voy a negar que es un apoyo crítico, por cuanto que podían haber hecho más cuando tenían ustedes la responsabilidad del Gobierno, han gobernado ustedes durante muchos años y no se ha avanzado, las víctimas también se quejan de ello, además de todo lo que usted ha expuesto, es verdad, y por cuanto además creemos que en la propia propuesta, aunque no hayamos hecho una enmienda al respecto, en algunas cuestiones se quedan cortos, y me voy a explicar.

Entendemos que es necesario decretar la nulidad de todas las sentencias dictadas por todos los tribunales de la dictadura; no estudiarlo, hacerlo. No hay que estudiar tampoco la creación de bancos de ADN, hay que hacerlo, hay que decretar su creación, y además hacerlo en las comunidades autónomas, y financiarlos entre estas y el Gobierno español. Junto con la reapertura de la Oficina de Ayuda a las Víctimas, si queremos realmente conseguir el objetivo que persigue, entendemos que también habría que abrir delegaciones en las comunidades autónomas para que no se tengan que desplazar a Madrid.

Y en relación al Valle de los Caídos, deberían eliminarse los símbolos religiosos, transformarlo en un columbario de dignidad, retirando los restos de los fascistas, tras sacar de ahí los restos de los republicanos que se puedan identificar y que sean reclamados por sus familiares. Igualmente, no solo excluir de las ayudas a las organizaciones que defienden la dictadura de Franco, que lo apoyamos, sino incluso actuar para que estas sean ilegalizadas.

Por eso digo, es un apoyo crítico, pero como pensamos que hay tanto por hacer, creemos que habrá que empezar por hacer algo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y para manifestar desde este inicio el apoyo a la proposición no de ley, con un matiz que luego haré.

Ya nos manifestamos en el Pleno de esta Cámara hace dos o tres semanas con una pregunta al ministro de Justicia, que considerábamos que la tarea iniciada con la Ley de Memoria Histórica había quedado parcialmente o totalmente paralizada en las legislaturas X y XI y demandábamos al Gobierno un impulso en la aplicación de dicha Ley de Memoria Histórica, no con el pormenor que figura en esta proposición, pero sí se tocaban, digamos, los aspectos más sustanciales, y por eso la apoyaremos, aunque quisiera establecer una precisión. No está numerada la proposición no de ley sino que son guiones las concretas peticiones, y yo quisiera hacer una observación respecto al punto 8-8, que es no olvidar a los colectivos que no pudieron beneficiarse de la Ley 52/2007. Nos gustaría poder votar por separado este punto porque este punto requiere una reflexión, según nuestro punto de vista, más profunda y en este momento al menos nos gustaría abstenernos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a votar en contra porque esta ley es un fraude, es el insulto mayor que se ha hecho a las víctimas del fascismo y del franquismo, y la prueba está en que todavía, después de años y años de Gobierno socialista y del Partido Popular, no han sido capaces de anular las sentencias de las víctimas del fascismo porque la ley no lo permite, porque esta ley lo que dice es que los tribunales fascistas son legales y como son legales, sus sentencias también lo son y no se pueden anular; lo máximo que dice la ley es que los tribunales y las sentencias son ilegítimas, como si necesitáramos que alguien nos dijera que eran ilegítimas, de hecho esta es la realidad. Es más, lo que hace esta ley es negar la condición jurídica de víctima, jurídica de víctima; de hecho, el Estado español ni tan solo ha sido capaz de reconocer sus responsabilidades en todo aquello que afecta al holocausto, es decir, a los miles de republicanos españoles y catalanes que murieron en los campos de exterminio nazis, culpa de los pactos establecidos entre Himmler y Serrano Suñer, por decir algo.

Como ustedes saben, los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes ni pueden prescribir, razón por la cual nosotros nos situamos en el orden de aquello que han hecho otras democracias que tuvieron el infortunio de padecer pasados fascistas o totalitarios y que tarde o temprano han metabolizado su pasado, incluso en aquellas democracias de hoy en donde no fue posible juzgar a los verdugos, al menos se crearon comisiones de la verdad; al menos. Aquí, además de que PSOE y PP blindaron aquello que internacionalmente es conocido como el modelo español de impunidad, además incluso se han negado a abrir comisiones de la verdad, de manera que lo que no haremos es legitimar esta ley porque si lo hiciéramos entonces el discurso sería el siguiente: todas las fuerzas antifranquistas, todas las fuerzas antifascistas han votado y han legitimado esta ley. Pues no, nosotros no vamos a legitimarla.

Es cierto que ya estamos enterrando a los hijos e incluso a los nietos de los fusilados por los fascistas y se van de este mundo sin ver ni tan solo reparada con la anulación la muerte de sus padres y sus abuelos. Es cierto, es un sufrimiento, pero, atendiendo al hecho de que los crímenes contra la humanidad nunca pueden quedar impunes, nosotros perseveraremos en nuestra voluntad. De hecho, fíjense, esta ley es tan ridícula que ni tan solo reconoce la lucha armada; es decir, personas que fueron condecoradas por la República Francesa, que entraron con Leclerc en París, hoy día siguen siendo considerados bandoleros en el Estado español y esto no importa nada. El señor Bono una vez nos dijo "nunca vamos a reconocer a los guerrilleros españoles". Bien, si esto lo dijo el señor Bono, ¡qué nos puede decir el Partido Popular!

¿Ustedes saben cómo se tratan las fosas? Hoy día se encuentran unos restos al lado de una tapia de un cementerio y ¿saben lo que ocurre en un país normal? Pues que quienes encuentran estos restos van al juez y le comunican que han aparecido unos restos. ¿Qué hace el juez? El juez se persona, se pregunta quién es, desde cuándo está ahí y dice: voy a investigar por qué razón está aquí. ¿Saben lo que ocurre aquí hoy día cuando unas personas encuentran unos restos al lado de una tapia? Van al juez, se lo comunican, y el juez dice: "sí, sí, saquen lo que quieran tratar". Se tratan las fosas como si fuera un enterramiento romano. Esto ocurre aquí en el Estado español.

Y todavía les puedo contar una anécdota, muy trágica. Una ciudadana andaluza, a la que le fusilaron al marido, en el asiento del Registro Civil aparece muerte natural. Los hijos reclaman que al menos en el


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asiento del Registro Civil aparezca la causa real de la muerte. Hoy día todavía no es posible cambiarlo, y lo hemos intentado, y el Partido Socialista y el Partido Popular no lo han permitido. Esta es la realidad de esta ley.

Así que vamos a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano.

El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.

Se presenta por el Grupo Socialista una PNL en la que se dice que se pretende revitalizar la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Partimos de la consideración de que la citada ley está en vigor, por lo tanto debe ser aplicada, a lo que hay que añadir que ha sido muy poco desarrollada y menos modificada. Al estar en vigor, lógicamente, expresaremos un apoyo en el voto a esta PNL y realizaremos un análisis estrictamente jurídico de esta proposición no de ley en comparación con la vida legislativa y normativa que de ella se ha venido haciendo desde su promulgación. Antes haríamos dos consideraciones relacionadas con la incidencia que han tenido las legislaturas que han sucedido en la aprobación de la ley.

En primer lugar, partimos de recordar que esta ley fue aprobada por el Gobierno de Zapatero casi en las postrimerías de su primera legislatura, a finales de 2007; sin embargo, su escaso desarrollo se limitó prácticamente al año 2008, con diversas normas, como fueron dos órdenes de 31 de octubre y de 6 de octubre de 2008, dos instrucciones de 4 de noviembre, de la misma fecha las dos, de ese año, y dos reales decretos, el 1.803 y 1.791. Se analizaron algunas cuestiones de las que trata la PNL, pero no todas.

Fuera de estas normas y de las actividades que en ella se relacionan, nada hizo el Gobierno socialista de Zapatero por esta ley, especialmente en su segunda legislatura, donde solo a nivel tangencial se promulgó el Real Decreto 1.816 sobre reglamento de acceso a archivos judiciales militares, que no se refería principalmente a la Ley de Memoria Histórica. Quiere ello decir que en buena medida esta PNL que ahora tratamos viene a intentar remediar la pasividad que el propio partido proponente articuló cuando gobernaba este país.

En segundo lugar, por otro lado tampoco debemos pasar por alto la contradicción manifiesta que supone o supondría la postura del Partido Popular, que si no está y sigue manteniendo una postura no a favor de la literalidad de la ley, ha dejado pasar dos legislaturas sin que haya iniciado ni adoptado ninguna medida para modificarla, mejorarla, acondicionarla o completarla. Desde luego, este comportamiento puede ser calificado de todo, menos de coherente y de responsable.

Entrando en el análisis del contenido de la PNL, nos llaman la atención dos cuestiones, por un lado la exposición de motivos, donde se dice textualmente que "el olvido no es una opción para una democracia". Evidentemente, eso es así, lo que no sabemos es si este olvido se refiere solo al del Partido Popular o también al del propio Partido Socialista.

En cuanto a las peticiones, analizando un poco por encima, por un lado se pide reanudar las políticas públicas, pero no es menos cierto que la disposición adicional tercera de la ley, que no ha sido modificada ni desarrollada, señalaba que en el plazo de un año, un año, el Gobierno establecería el marco institucional que impulsara estas políticas públicas que ahora la PNL reclama. Es evidente que si el Gobierno de Zapatero hubiera completado este marco institucional, no habría sido necesaria esta iniciativa parlamentaria. En segundo lugar, se pide crear los bancos de ADN, pero en la Ley de Memoria Histórica nada se contemplaba. En tercer lugar, se insta a abrir los archivos de los fondos históricos de instituciones y dependencias oficiales, pero desde luego, aunque fue desarrollado normativamente, nada se ejecutó en aquellos años. En cuarto lugar se pide elaborar un censo de infraestructuras y obras realizadas con trabajos forzados por represaliados, pero lo cierto es que el propio artículo 17 de la Ley apremiaba al Gobierno a elaborarlo y nada se hizo, que yo sepa, salvo mejor criterio, por el Gobierno socialista. En quinto lugar, se pide también la exhumación de restos mortales enterrados en el Valle de los Caídos, pero desde luego nada se contemplaba. En sexto lugar, se insta a excluir de todo tipo de subvención y ayudas públicas a toda la organización que respalde la dictadura, pero ya digo, vuelvo a repetir, salvo mejor criterio, nada se dice en la propia ley. Y otro tanto, punto séptimo, cabe decir respecto a la creación de una comisión de la verdad. Finalmente, como punto octavo, se insta a la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales de la época, pero precisamente la referencia contemplada en el artículo 2 no parece haber sido desarrollada ni por un Gobierno ni por otro. Y en último lugar, el noveno, se pide el establecimiento


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del Día europeo de las víctimas, que tampoco se contemplaría en la ley, sería una innovación, pero en cualquier caso nunca un desarrollo de la misma.

En definitiva, para concluir, entendemos que sería saludable propiciar un consenso entre todas las fuerzas políticas que sirva para enriquecer e implementar la legislación y la legislación de desarrollo sobre esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Para fijar la posición respecto a la proposición no de ley, mi grupo parlamentario la va a votar favorablemente, y ni siquiera hemos considerado en este momento presentar enmiendas. Digo que la vamos a votar favorablemente y que ni siquiera hemos considerado el presentar enmiendas, no porque nos parezca perfecta, yo creo que otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han ponderado sobradamente cuestiones que el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Izquierda Unida en su momento, cuando se tramitó la ley, puso de manifiesto que eran carencias de la Ley de Memoria Histórica, de la Ley 52/2007, que lo señalamos en aquel momento y que hoy en día permanecen y permanecen incluso en esta proposición no de ley, carencias que a nosotros nos parecen importantes, incluso cuestiones laudatorias que el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha señalado, incumplimientos que se produjeron en la propia etapa del Gobierno socialista y que dan para que la exposición de motivos de la proposición no deba ser tan triunfal como ahí se plantea, cuestiones incluso de nuevo cuño o de nueva actualidad, que han llevado a presentación de proposiciones no de ley en esta misma legislatura, sobre la Ley de Amnistía del año 1977 o sobre la cuestión de la querella argentina, que tampoco se contempló en aquella ley y que sigue impidiendo que los crímenes perpetrados bajo la dictadura no puedan ser juzgados ni en España ni en el extranjero y además no puedan ser extraditados ante tribunales extranjeros aquellos que cometieron esos crímenes.

La proposición no de ley, ya digo, contiene carencias, pero no nos parece ello justificado como para votarla en contra o ni siquiera abstenernos, la vamos a votar favorablemente, a pesar de que nos gustaría que contemplase otras cuestiones y que no hubiese dejado todo fiado a la magnificencia de una ley que, ya digo, tuvo sus carencias en su momento.

Se han dicho por parte de otros portavoces los problemas que siguen existiendo en el tema de la localización y exhumación de fosas. Si fuese una ley bien hecha, magnífica, no tendríamos ese problema, porque ya no se trata solamente de que el Partido Popular, que se está escapando bastante de rositas en la exposición de motivos, haya eliminado todas las consignaciones presupuestarias que serían necesarias para realizar y desarrollar algunas de las cuestiones que planteaba la Ley de Memoria Histórica, sino que la propia ley, más allá, ya digo, del recorte presupuestario del Partido Popular, no ponía en marcha los mecanismos que hubiesen obligado a la instancia judicial obligatoriamente a sacar de las cunetas a los miles de desaparecidos, miles de personas desaparecidas que todavía a fecha de hoy continúan convirtiendo a España en el segundo país del mundo en personas desaparecidas en conflictos bélicos, por detrás de Camboya. Señorías, tenemos ese triste record. Y eso no lo soluciona la ley, pero es importante que sigamos incidiendo en que se pueda ir resolviendo, aunque sea con una proposición no de ley.

Compartimos la necesidad de la apertura de la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil. Nos parece muy triste que a pesar de la ley siga existiendo simbología franquista que no se puede retirar, incluso alguna con el beneplácito de quien tiene que hacer la calificación, si son bienes de interés cultural o si está protegido porque conforma parte del edificio. Yo he pedido la retirada de determinados símbolos franquistas y nos hemos encontrado con que la comisión correspondiente ha calificado que forman parte del edificio y no se pueden retirar, y ahí continúa el aguilucho sin que podamos quitarlo de en medio; hemos vivido polémicas respecto al cambio de calles no hace mucho y miembros del Partido Popular se han llenado la boca defendiendo la permanencia de determinados nombres, por no hablar de los alcaldes de los pueblos que llevan el nombre del dictador como apellido del nombre del pueblo, que también incluso han contado con el apoyo de determinados miembros del Partido Popular, lamentablemente, cuando eso tendría que ser una cuestión de oficio que pasase por la puerta del tribunal y rápidamente se diese la razón de que ese nombre de esos municipios se tiene que cambiar, o el de esas calles.


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En el tema de los archivos, ¡qué decir! Ahora tenemos una proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco sobre el tema del secreto de archivos, que es de alabar que venga a solucionar problemas que la ley no atajaba, pero que debe situarnos, al menos al Estado español, en el parámetro de cómo manejan otros estados sus secretos de Estado y cómo esos secretos de Estado dejan de serlo cuando alcanzan una edad determinada. Aquí en España, desgraciadamente, siguen siendo secretos de Estado cuestiones de los siglos XVII y XVIII, porque no se desclasifican nunca, lo cual, como historiador además, llama poderosamente la atención que no podamos llegar a investigar determinados extremos de nuestra historia y tengamos que enterarnos porque los archivos alemanes o los archivos ingleses acaban abriéndolos y entonces vemos lo que pasó aquí en nuestra Guerra Civil o muy posterior a nuestra Guerra Civil. Hace poco se desclasificaban determinados documentos en Alemania que hablaban de nuestro 23-F.

Respecto al Valle de los Caídos, mal llamado Valle de los Caídos, es el Valle de Cuelgamuros, sigue incólume el lastimoso monumento a la memoria de un dictador, algo incomparable, inconcebible en cualquier país democrático y que nosotros seguimos ahí manteniendo. Yo creo, y mi grupo cree, que lo mejor sería entregarle los restos del dictador a la familia y que, como se le da a cualquier otra víctima de la guerra, puedan inhumarlos donde consideren oportuno, pero desde luego no puede dársele el apoyo del Estado a continuar manteniendo un monumento a la memoria de un dictador y un genocida como fue Franco.

Y también se ha comentado por parte de otros portavoces el tema de la nulidad de las condenas. Hubiese sido absolutamente necesario que en ese proyecto de ley al menos todas las condenas por las cuales se condenó a muerte a las personas que habían defendido el orden legalmente constituido, que era el orden republicano, y que acabaron condenadas por sedición por parte del régimen franquista, al menos esas condenas, que clarísimamente eran absolutamente nulas, hubiesen sido declaradas nulas por ley; lamentablemente, no fue así.

Para concluir, nos parece bien el recuperar la fecha o establecer la fecha del 11 de noviembre como Día europeo de las víctimas del fascismo, pero ya no me queda tiempo. Y quiero proponerles otra fecha, señorías, una fecha que forma parte de los días gloriosos de la historia de España, una fecha que fue la que vio llegar la República a nuestro país el 14 de abril, una fecha no reivindicada, no contemplada en nuestras festividades, a pesar de que tenemos muchas festividades religiosas, más o menos compatibles. El 14 de abril, señorías, la democracia llegó en una primavera sin un solo tiro en nuestro país y dando un ejemplo al mundo de cómo se pueden cambiar las cosas en paz y en libertad. Es una fecha a recordar.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra, por el Grupo Popular, la señora Hernández Bento.

La señora HERNÁNDEZ BENTO: Muchas gracias, presidente.

El deber de nuestra sociedad democrática es el de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.

Esto que les acabo de citar forma parte de una declaración institucional de noviembre de 2002 en esta Comisión y yo creo que es un antecedente más, hay más, pero deja claro cuál es la posición y el posicionamiento de mi grupo en relación a las víctimas del franquismo.

En el año 2007 se aprueba la ley y, como todas las leyes que entran en vigor, hay que cumplirla, señor Pradas, usted es el que ha dicho que le resulta cansino, a mí me parece mentira tener que repetir una y otra vez que las leyes hay que cumplirlas.

Ustedes hablan de reanudar, revitalizar, retomar, asumir; yo creo que todos estos verbos no hace falta ni siquiera pensar que llevan connotaciones, tienen una intención muy clara y es hacer ver que es que no se cumple, claramente, pero es que esto no es así, ni se retoma, ni se reanuda, se cumple, y las leyes se cumplen y se cumplen.

Esta ley tiene nueve años ya y es verdad que quizá les podemos reconocer que en un principio tuvo mayor intensidad, parece natural, pero de verdad que parecen ustedes más interesados en hacer ver que no se hace nada que en que se haga de verdad. Y luego usted dice que no hay división, que no se va a generar división, pero es que incluso los que ya dicen que les van a apoyar no parecen muy contentos y da la sensación de que se les vuelven esas acusaciones que nos hacen a nosotros como un bumerán.

Ustedes dicen, por ejemplo, que hay que retomar las declaraciones de reparación y de reconocimiento personal, pero resulta que desde diciembre de 2011 hasta hoy se han otorgado 615 declaraciones y más


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de la mitad las ha firmado el actual ministro de Justicia; por lo tanto, ya en una de las sesiones de control al Gobierno hablaba de 313, a propuesta del Ayuntamiento de Sevilla. Yo no sé por qué ese empeño en decir que se retome, no tiene mucho sentido; se está haciendo. Igual que dicen lo mismo respecto al mapa de fosas, que se actualice y que se siga trabajando; es que se sigue haciendo y se sigue actualizando. El año pasado más de 90.000 visitas al mapa. En cuanto a las consultas, parece ser que no se atiende a las consultas de los ciudadanos, pero esto no es así, porque sí que se atienden, tanto a través de la página web como directamente.

Se está trabajando y se va a continuar trabajando de acuerdo a la ley, pero esto no significa que nosotros no podamos estar de acuerdo en algunas de las cosas que no aparecen en la ley y que ustedes sí proponen en esta proposición no de ley, por ejemplo sí que vemos bien que se trabaje a favor de los represaliados por la dictadura, sí, que fueron sometidos a trabajos forzosos, nosotros veríamos bien tomar medidas adecuadas incluso medidas para homenajearlos, lo vemos bien, estamos de acuerdo, y también estamos de acuerdo en fijar una fecha, pero una fecha consensuada, ustedes proponen una, aquí se ha hablado de otras fechas, pero nos parece bien fijarla y homenajear a las víctimas del franquismo.

En cuanto a impulsar -siguen utilizando ese tipo de verbos, con esas connotaciones- la retirada de los símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores, quiero decirles que la Administración General del Estado lo hace en los que son de su competencia. Se ha hablado también de aquellos que de forma excepcional se pueden conservar, pero no es el Gobierno, es una comisión técnica de expertos la que es responsable de valorarlo, y se ha reunido muchas veces y ha analizado los más de 700 vestigios de distintos ministerios; desde luego, en el caso de los monumentos y el resto de referencias franquistas que son de titularidad privada, local, autonómica, es el titular del bien el que tiene que gestionar la retirada.

También somos conscientes del acceso a los archivos, lo que significa el acceso a los archivos históricos y el papel fundamental que juegan en la promoción y en la realización del derecho a la verdad. Creemos que se debe de garantizar el acceso a los fondos históricos, ajustándolo a los estándares internacionales aplicables. Conscientes de esta responsabilidad, se ha creado el Consejo de Cooperación Archivística, pero tenemos que ser todos muy conscientes de que hace falta también la colaboración de todas las administraciones, comunidades autónomas, porque aunque sean de titularidad estatal muchos son gestionados por las comunidades autónomas, y también el Consejo de Universidades.

En relación con el Valle de los Caídos, yo creo que no es una cuestión de miedo, también lo ha dicho usted, sin miedo, no es una cuestión de miedo, cualquiera de las actuaciones previstas yo creo que exigen, y lo dice así el informe de expertos, que también usted ha mencionado, el mayor de los consensos políticos y sociales. Yo creo que tenemos que evitar que este asunto se convierta en un factor de división, lo tenemos que evitar, y es responsabilidad nuestra, y también somos conscientes de que cualquier actuación que se le pida al Gobierno en el interior de la basílica exige la colaboración de la Iglesia y la preceptiva autorización.

Termino. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad y una responsabilidad, que es que triunfe el espíritu de reconciliación y de respeto, mirar hacia atrás sin duda, porque la historia es la que es y nos ofrece muchísimas lecciones de las que tenemos que aprender, pero también creo que hay que mirar hacia adelante y tenemos obligación y responsabilidad de hacerlo, de mirar al futuro con espíritu de reconciliación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández Bento.

- SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA JUSTA REPARACIÓN DE LLUÍS COMPANYS Y TODAS LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000464).

- SOBRE LA ANULACIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA AL PRESIDENTE LLUÍS COMPANYS Y DE TODOS LOS CONSEJOS DE GUERRA Y SENTENCIAS DEL CONJUNTO DE TRIBUNALES POLÍTICOS BAJO EL FRANQUISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000683).

El señor PRESIDENTE: Vamos con el último punto, que es el debate de las dos proposiciones, que debatiremos juntas, pero se votarán luego por separado. La primera es la que figura con el número 5.º en el orden del día, sobre el reconocimiento y la justa reparación de Lluís Companys y todas las víctimas del


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franquismo, que presenta el Grupo de Esquerra Republicana, y con ella debatiremos sobre la anulación del consejo de guerra al presidente Lluís Companys y de todos los consejos de guerra y sentencias del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo, que presenta Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En primer lugar, para defender su iniciativa, por parte de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Nuestra iniciativa tiene tres puntos. En primer lugar, se trata de hacer posible aquello a lo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a raíz de una PNL aprobada en el año 2004 en este Parlamento. Al cabo de algunos días, la vicepresidenta del Gobierno, en el Fossar de la Pedrera, al lado del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, el 15 de octubre, fecha en que el Ejército español asesinó, fusiló, al presidente de Cataluña Lluís Companys, dijo que, efectivamente, el Gobierno español anularía la sentencia del president Companys.

Como ustedes saben, al cabo de unos años, se aprobó la Ley mal llamada de la memoria, que impide anular la sentencia, razón por la cual hoy en el año 2017 estamos igual que entonces. Esta es la realidad, de manera que estamos situados en el mismo escenario. Hubo el compromiso de hacerlo, luego no fueron capaces de hacerlo, y una vez un dirigente socialista, que ya no está aquí en la casa, me dijo: Si pudiéramos anular la sentencia Lluís Companys y solo la de Lluís Companys, lo haríamos, pero, si anulamos la de Lluís Companys, hay que anular todas. Claro, por supuesto, como se hizo en otras democracias que tuvieron un pasado fascista. Evidentemente, por qué no un jornalero andaluz o un trabajador del textil de Tarrasa o un metalúrgico del País Vasco. Lo que hay que hacer es anular todas las sentencias porque eran tribunales ilegales.

De manera que, por desgracia, estamos donde estábamos. Sepan que es la última vez que lo presentamos porque el Parlament de Catalunya, dentro de un par de meses, está finalizando ya el proceso legislativo, aprobará una ley, antes no era posible porque no había la correlación de fuerzas que hay hoy, o quizás porque Convergència Democràtica de Catalunya nunca quiso llegar tan lejos, de hecho Convergència, ciertamente, es padre fundador del statu quo de 1978, pero hoy día, como las cosas han cambiado en Cataluña, por suerte, el Parlament de Catalunya lo que hará es aprobar dentro de pocas semanas una ley que anula las sentencias de los juicios celebrados en Cataluña, que afectan a ciudadanos catalanes, pero también a ciudadanos españoles, y nosotros tenemos la obligación de seguir batallando, primero porque muchos ciudadanos catalanes fueron juzgados fuera del territorio catalán y porque además es nuestra obligación para con todos los antifascistas del Estado español.

Entendemos que una vez más tenemos que traer esta demanda aquí. También pedimos perdón. Evidentemente, cuando Helmut Kohl se arrodilló en Auschwitz o cuando los cónsules en Barcelona de Francia, de Alemania han pedido perdón públicamente en actos oficiales o cuando los embajadores han pedido perdón al pueblo de Euskadi por el bombardeo de Guernica, lo hacen en nombre de sus Estados, aun cuando es evidente que entre un dirigente político democrático y el nacionalsocialismo no hay ninguna relación, por eso siempre hemos exigido que al final, cuando se repare totalmente a las víctimas, tiene que ser el jefe del Estado, en este caso el rey, quien en nombre del Estado pida perdón a las víctimas y, por supuesto, lo que reclamamos es la presentación de un proyecto de ley. De hecho, ya lo presentaremos nosotros mediante una proposición de ley, que es la que hemos ido presentando legislatura tras legislatura, desde el año 2007, cuando votamos en contra de la Ley de la Memoria. Entendemos que hay que presentar un proyecto de ley que repare a las víctimas y nos homologue al resto de sociedades que también finalmente han reparado a sus víctimas.

Tengan en cuenta que lo mismo que se nos dijo respecto a que si anulamos la sentencia de Lluís Companys hay que anularlas todas, esta es la razón, es la misma lógica que hace que no se reparen ni siquiera los patrimonios expoliados, porque, si se reparan los patrimonios expoliados, los de la masonería, los de las personas que tienen pagarés del Banco de España porque entregaron el papel moneda siguiendo las órdenes de las mismas autoridades, y ahora, aun cuando tienen los pagarés del Banco de España, la Administración española se niega a restituir este dinero, claro, el argumento es el mismo, si devolvemos el dinero a estas personas, también habrá que exigir que las grandes empresas, que algunas de ellas cotizan en bolsa, que hicieron las primeras capitalizaciones con el trabajo esclavo hasta principios de los sesenta, haciendo pantanos, carreteras, esos también tendrán que pagar, como han pagado Bayern, Krupp o Thyssen.


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Lo que ocurre en el Estado español no ha ocurrido ni ocurre en ninguna parte. De manera que exigimos, reclamamos que aquella palabra que dio el Partido Socialista, repito, la vicepresidenta del Gobierno en un acto solemne, donde fusilaron al president Companys, en el Fossar de la Pedrera, se cumpla. Allí dijo: El Gobierno de España anulará la sentencia de Lluís Companys. Año 2004. Estamos en el año 2017 y aquí nos tienen, pidiéndoles que se dignen a anular la sentencia de nuestro presidente de Cataluña, el único presidente elegido democráticamente que fue fusilado y tuvo que ser fusilado por el maldito Ejército fascista español.

Así pues, reclamamos lo dicho y escrito en esta proposición no de ley. Y si ustedes no atienden a razones, es muy triste que tengamos que recurrir a la República Argentina a presentar una querella que nos han admitido, para poder hacer justicia sobre aquello que aquí se nos niega. Pero, bien, ustedes sabrán lo que hacen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la va a defender el señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias.

Como se ha dicho antes, el 15 de octubre de 1940 fue fusilado el único presidente, de hecho, el único cargo electo asesinado por el nazifascismo de la Europa de los años treinta y de los años cuarenta, y de hecho ese fusilamiento tiene mucho que ver con la colaboración entre el nazismo y el franquismo, porque Companys fue detenido por la Gestapo, fue traído a Montjuic y fue fusilado ahí. Setenta y siete años después, seguimos viendo cómo no se anula la sentencia del único cargo público electo fusilado por el nazifascismo, setenta y siete años después seguimos viviendo la vergüenza de ver cómo constantemente se buscan subterfugios para no anular la sentencia de Lluís Companys. Porque, efectivamente, la anulación de la sentencia de Lluís Companys conlleva la anulación de todas las sentencias dictadas por los tribunales represivos del franquismo. De hecho -y la enmienda de Ciudadanos también lo plantea así-, ante esa barbaridad, lo que se ha creado son eufemismos. Se ha hablado de ilegitimidad de esas sentencias, pero la ilegitimidad de esas sentencias no tiene, como hemos comprobado varias veces, ningún efecto jurídico, es una pura declaración retórica, sin efectos reales sobre lo que fue la gran obra de la represión. Además, bajo ese eufemismo se esconde otro argumento, que es el de la seguridad jurídica. Es decir, no se pueden anular las sentencias dictadas por los tribunales represivos del franquismo porque eso conllevaría un problema de seguridad jurídica. Eso significa que los consejos sumarísimos de guerra son algo que tiene que ver con la seguridad jurídica, o que el TOP es algo que tiene que ver con la seguridad jurídica, o que el Tribunal Especial para la Represión contra la Masonería y el Comunismo tiene que ver con la seguridad jurídica. Es exactamente lo mismo que decir que el franquismo era un Estado de derecho, algo absolutamente vergonzoso. De hecho, hay un problema de fondo que es el que no se quiere afrontar de una vez por todas, el tema de un tribunal específico, el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Companys fue juzgado, sentenciado y fusilado por un consejo sumarísimo de guerra. Una vez muerto -y era una práctica bastante habitual-, fue juzgado de nuevo -es algo increíble: un muerto juzgado de nuevo- por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que se encargaba de la represión económica. Bien, ese tribunal provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España, a partir de la expropiación de los bienes de gente que había sido republicana. Y mientras en los partidos políticos -y ahí reside el problema- ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado cómo se puede indemnizar también a todas aquellas familias que fueron expoliadas durante este periodo. Y por ello se plantean esos eufemismos, esos falsos debates, y no vamos más allá. Sinceramente, el franquismo fue una de las peores dictaduras del siglo XX europeo: más de 200.000 personas fusiladas una vez acabada la guerra, se exiliaron 440.000 personas y 325.000 fueron depuradas, y podríamos seguir. Vamos a hacer una comparación: por cada fusilado en la Italia fascistas en tiempos de paz, en España se fusiló a cien personas. La proporción entre el fascismo italiano y el franquismo español es de uno a cien. Por cada persona que estuvo en un campo de concentración en la Alemania nazi en tiempos de paz, en España lo estuvieron treinta. Es decir, esa idea de que aquí esto fue algo suave comparado con el nazifascismo es un intento de no afrontar las llagas reales de nuestro pasado. Y es tan evidente aquello que no es evidente cuando utilizamos estos eufemismos que el relator especial de la ONU sobre derechos humanos, en un informe realizado después de una visita a España en 2014, se muestra absolutamente contundente sobre este tema y, hablando de las políticas que se han realizado sobre la memoria, dice: No se estableció


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nunca una política de Estado en materia de verdad; no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad.

Necesitamos reparación, necesitamos verdad y necesitamos, sobre todo, justicia. Solo podemos mirar al futuro no apelando constantemente a la retórica de la reconciliación si no haciendo justicia al pasado, solo podemos construir una memoria democrática, una memoria del futuro haciendo esto. Porque aquí no se pide anular las sentencias solo para reparar un daño hecho; se pide la anulación para poder celebrar de una vez la vida, celebrar la vida de Lluís Companys. Lluís Companys fue un abogado laboralista, Lluís Companys fue el fundador de la Unió de Rabassaires, fue el regidor del Ayuntamiento de Barcelona más votado en 1931, y en esa primavera republicana que se mencionaba antes, Lluís Companys declaró la República desde allí. Lluís Companys, presidente democrático de la Generalitat de Catalunya, fue fusilado. Y centenares de millares de personas, de conciudadanos de todo el Estado que fueron fusilados de la misma manera que Lluís Companys necesitan de una vez que se les reconozca para recuperar la justicia y así poder construir efectivamente una memoria del futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domènech.

Por parte del Grupo Ciudadanos se ha presentado enmiendas a ambas proposiciones no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.

Nosotros creemos en la necesidad de reparar a las víctimas, consagrar y proteger el derecho a la memoria personal y familiar. También queremos que se fomenten los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar su repetición, como dice el famoso aforismo, para que no se pisoteen los derechos humanos como se hizo en la Guerra Civil y en el franquismo. Nosotros hemos propuesto enmiendas a ambas proposiciones no de ley, tanto la de Esquerra como la de Podemos, que acercan sus pretensiones a la legislación vigente. Y me explico. Piden ustedes que se inicien las acciones necesarias que permitan la anulación del consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido Lluís Companys. Señorías, la Ley de Memoria Histórica ya ha anulado el consejo de guerra al que fueron sometidos Companys y todos los demás.

El artículo 3 de esta ley dice: "Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo se declara, en todo caso, la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra" -que es el caso- "constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley". ¿Qué dice el artículo 2 de la presente ley? Pues establece un ámbito temporal que es suficiente para cubrir las pretensiones de lo que tanto Podemos como Esquerra plantean en sus propuestas.

Por otra parte, el artículo 4 establece también la justa reparación de quienes padecieron persecución o violencia, que es otra de las pretensiones que tienen en las propuestas. Es decir, que lo que ustedes piden ya está recogido en la legislación vigente. Es más, la exposición de motivos hace reconocimientos explícitos para las exigencias más políticas de sus peticiones. Creemos, en consecuencia, que está cubierto por la ley. Y si hubiera algo que no está en la ley o que necesita un desarrollo, acabamos de manifestar que vamos a votar positivamente el desarrollo reglamentario de esta ley. O sea, que no tenemos mucho más que decir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.

Voy a intervenir brevemente porque ya hemos afirmado anteriormente cómo creemos que debería actuarse en el tema de la memoria histórica. Si cabe, para dejarlo aún más claro, diré que en Euskal Herria Bildu defendemos la anulación de toda sentencia o actuación de los tribunales franquistas desde julio de 1936. Creemos que es importante declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista e ilegales de los tribunales de Responsabilidades Políticas, los consejos de guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público y cualesquiera otros órganos penales o administrativos franquistas nacidos desde julio de 1936, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos en toda su


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amplitud. Por tanto, en el caso que nos ocupa, evidentemente, también. Igualmente -lo he dicho antes-, Euskal Herria Bildu defiende la necesidad de una nueva ley integral de memoria histórica que incluya una comisión de la verdad para esclarecer lo ocurrido durante el franquismo, que se base en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por tanto, nos sumaremos, evidentemente, a ambas iniciativas y las apoyaremos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Intervengo brevemente para manifestar nuestro apoyo sin fisuras a las dos proposiciones no de ley, tanto en lo que se refiere a la reparación del president Companys y su familia como a otros tantos cientos de miles de víctimas no tan visibles. Parece mentira que, después de tantos años, no se hayan llevado a cabo las reparaciones suficientes.

Muchas gracias, señorías. Y, repito, apoyaremos las dos proposiciones no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente, señorías.

El señor Tardà y yo coincidimos en los trabajos de la ponencia de la llamada Ley de Memoria Histórica, pero no coincidimos ni entonces ni ahora en nuestra visión de esa ley. El objetivo del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero con aquella ley fue reconocer la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y reparar, en la medida en que fuera posible, el daño que se les había causado. Ese fue y sigue siendo nuestro único objetivo, como hoy mismo hemos demostrado presentando la proposición no de ley que acaba de defender brillantemente mi compañero el señor Pradas. Un objetivo que coincide con el sentir mayoritario de la sociedad española y con los valores de nuestra democracia.

Tres meses después de aprobarse la Ley de la Memoria Histórica, el CIS hizo una encuesta en la que el 63% de los entrevistados respondieron que la ley está bien o muy bien, y solo el 16% dijeron que está mal o muy mal. En 2009, dos años después de la aprobación de la ley, el ministro Caamaño viajó a México a entregar a la familia del presidente Companys la declaración de reconocimiento y de reparación que la familia había solicitado, una declaración establecida por la Ley de la Memoria Histórica con la que la democracia española honra a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. En 2010, unos meses más tarde de aquel viaje a México, el señor Tardà subió a la tribuna del hemiciclo a interpelar al ministro Caamaño sobre el mismo tema de la proposición no de ley que ahora examinamos; es decir, sobre la anulación de la sentencia de muerte del presidente Companys. En aquella ocasión, el señor Tardà afirmó textualmente que llegará el día en que nuestros hijos -los hijos de los socialistas- maldecirán que la ley que aprobamos no anule la sentencia de los tribunales franquistas, incluida, por supuesto, la sentencia de muerte del presidente Companys. Luego de maltratarnos así, el señor Tardà nos llama compañeros. Pero si el señor Tardà es compañero de alguien lo será del señor Mas, porque así no se trata a los compañeros.

En el Diario de Sesiones está la explicación que el ministro Caamaño dio sobre la imposibilidad jurídica de tal pretensión. Trataré de aportar aquí otros argumentos que me parecen relevantes. Es verdad que la ley declara injusta e ilegítima y expulsa esa sentencia y todas las sentencias como esa de nuestro ordenamiento jurídico. Pero a los señores Tardà y Domènech no les basta y quieren que anulemos una sentencia de muerte que ya ha sido ejecutada. ¿Con qué efecto? Puedo entender perfectamente que se diga que la muerte del presidente Companys fue injusta e ilegítima. Pero ¿qué quiere decir que la muerte del presidente Companys fue nula? Los seres humanos somos capaces de decir cosas que no podemos pensar, por ejemplo, un círculo cuadrado, y eso es lo que están haciendo ustedes ahora. El señor Tardà, como en El ruido del trueno, el cuento de Ray Bradbury, cada vez que viaja al pasado, vuelve peor el futuro. El señor Tardà y el señor Domènech quieren, además, que el Estado español pida perdón al pueblo y a las instituciones de Cataluña por el asesinato del presidente Companys. Señor Tardà, cuando uno exige que le pidan perdón, debe estar dispuesto a perdonar. ¿Está usted dispuesto a perdonar a Franco? Seguro que no. ¿Cómo va usted a perdonar a Franco si todavía le guarda rencor a Felipe V? En realidad. usted no quiere que el Estado pida perdón para poder perdonarlo. Usted y el señor Domènech quieren que, al pedir perdón, nuestra democracia reconozca que tiene culpa de los crímenes de Franco, porque ustedes consideran nuestra democracia heredera política de la dictadura, no porque eso sea verdad, sino porque a ustedes les conviene humillarnos antes de dejarnos.


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Cuenta Slavoj Zizek la historia de un comunista esloveno que en 1943 lideró una rebelión de prisioneros yugoslavos en un campo de concentración italiano en la isla de Rab, en el Adriático. Después de la guerra, aquel hombre fue internado en un campo de concentración estalinista y en 1953 fue condenado a trabajos forzados para levantar un monumento a la rebelión que él mismo lideró diez años antes. Aquel hombre fue condenado a hacerse un homenaje a sí mismo. Zizek lo pone como ejemplo de las paradojas del estalinismo. Ustedes quieren hacer algo parecido pero peor con la democracia española al exigirle que pida perdón por los crímenes que hicieron los que quisieron acabar con ella. ¿Saben cuántos muertos, señorías, hubo en la transición revolucionaria a la democracia en Portugal? Veintinueve. ¿Saben cuantos muertos hubo en España entre 1977 y 1982? Seiscientos sesenta y cinco. Un 24% fueron víctimas de la represión del Estado, más del 70% fueron víctimas del terrorismo, especialmente de ETA. Nuestra democracia no es un regalo de la dictadura ni, por cierto, de los terroristas, y mucho menos una extensión del régimen de Franco, como ahora pretenden algunos que nunca lo conocieron. La España de la Constitución del 78 está infinitamente más cerca de los valores republicanos que cualquier pesadilla totalitaria que muchos soñaron, a izquierda y derecha, en los años treinta del siglo XX. Y si ustedes no lo ven es porque han confundido ser republicano con ser antimonárquico, ser de izquierdas con ser radical, ser demócrata con ser populista, ser patriota con ser nacionalista y ser catalanista con ser antiespañol. Con sus proposiciones no de ley no pretenden ustedes honrar al presidente Companys, sino deshonrar nuestra democracia y a nosotros, y para eso no van a contar con nuestro voto, como es lógico.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Por el Grupo Popular, el señor Barreda.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, presidente, señorías.

Vamos a votar en contra de ambas proposiciones no de ley, proposiciones reiterativas en un tema que se nos presenta incluso creo que con alguna desgana. Digo que con alguna desgana porque, por ejemplo, la proposición de Esquerra Republicana ha recurrido al corta y pega del texto que se debatió en 2004 y ni siquiera se han tomado la molestia de actualizar los veintinueve años que entonces habían transcurrido desde la muerte de Franco. O también -segundo ejemplo- afirman que el presidente Companys se exilió el 5 de febrero de 1939. Pues bien, publicaciones recientes sitúan al president en territorio español el 10 de febrero de 1939, además en compañía del Manuel de Irujo y de José Antonio Aguirre y con un testigo tan señalado como Juan Negrín, presidente del Gobierno, que efectivamente regresaban de acompañar a la frontera al presidente Azaña, pero estaban todos ellos en territorio español en el momento en que se produjo ese encuentro. Yo no sé quién tiene razón, no soy historiador, pero lo cierto es que esta es la clase de afirmaciones rotundas que ustedes hacen y que, como ven, no soportan el análisis de los testigos presenciales.

Creo que son dos ejemplos de la ligereza con que han procedido a hacer sus planteamientos, de la liviandad del producto, que es una proposición que revela con qué facilidad se les para a algunos el reloj en el 39, en el 78, cuando votaron contra la Constitución, o en 2004. Y es cierto que en 2004 se aprobó una proposición dirigida al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, pero también lo es que en 2010 el Pleno de la Cámara rechazó una moción similar a la que hoy debatimos, y seguía gobernando el señor Rodríguez Zapatero. Antes de 2004, el pacto constitucional del 78, ese al que algunos siguen sin llegar, apostó por mirar adelante con voluntad de concordia y reconciliación, con generosidad, sin olvidar el pasado, por supuesto, pero con la determinación de superar en democracia y libertad tantos fracasos colectivos. Después de 2004, en 2007 se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica. Sus artículos 2 y 3 conllevan la rehabilitación moral de la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, lo que deja sin sentido ambas proposiciones no de ley. Es decir, entendemos que después de la Ley 52/2007 no son necesarias otras actuaciones en el plano jurídico para alcanzar el objetivo que ustedes proponen. El artículo 2 proclama, en efecto, el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal por motivos políticos o ideológicos durante la Guerra Civil o la dictadura, y reconoce el derecho a obtener una declaración personal de carácter rehabilitador para la reparación moral de las víctimas y sus familiares. Algo que ya han obtenido 1.800 familias españolas, entre ellas, la familia del president Companys, y los últimos centenares, por cierto, con la firma del actual ministro de Justicia. Porque la ley se cumple, se sigue cumpliendo, a pesar de algunos discursos que hemos tenido que oír en la tarde de hoy en esta Comisión. El artículo 3, a su vez, declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos administrativos, así como de sus sanciones y condenas por motivos


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ideológicos, políticos o religiosos, y subraya la carencia de toda vigencia actual de tales disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos en orden a la rehabilitación moral de quienes las padecieron. Este es nuestro marco jurídico, Constitución y leyes ante las que carece absolutamente de sentido el apartado 3.º de ambas proposiciones, porque existe la Ley de Amnistía de 1977 y está vigente y porque existen desde 2010 resoluciones de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que no les dieron la razón, que ustedes conocen y que los demás no vamos a ignorar. Por tanto, les invito a cambiar la pila a ese reloj de la historia tan particular con el que viven. Llevan décadas de retraso, no hicieron caso de Azaña y su petición de paz, piedad y perdón en el 38 en Barcelona, no hicieron caso tampoco de Salvador de Madariaga, que saludó con su último aliento la Constitución de 1978 y llevan otra década para asimilar la Ley de Memoria Histórica. Y algunos que se presentan como nuevos resultan ser los adalides de los más viejos rencores y espesos revanchismos en la España de 2017. Los españoles, toda esa gente que afronta cada mañana nuevos retos personales, entiendo, señorías, que no se merecen representantes políticos que vivan con el reloj parado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.

Pregunto a los señores Tardà y Domènech si la enmienda que a la proposición de cada uno de ellos les ha hecho el Grupo Ciudadanos la aceptan o la rechazan.

El serñor TARDÀ I COMA: No la acepto, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Domènech?

El señor DOMÈNECH SAMPERE: No, y un comentario personal: el patrimonio de nuestras libertades no pertenece al Grupo Socialista, por suerte, después de oír la intervención del señor Torres Mora, con una demagogia brutal.

El señor PRESIDENTE: Constatamos que está el número completo de miembros de esta Comisión. Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votamos la creación de una subcomisión referida a la reforma de la Ley Orgánica Electoral General. El secretario primero va a leer la parte dispositiva del acuerdo de las dos propuestas que se han hecho, una de Ciudadanos y otra del Grupo Socialista.

El señor SECRETARIO PRIMERO: Gracias, señor presidente.

Se propone la creación, en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, de una subcomisión para la reforma electoral. La subcomisión tendrá por objeto llevar a cabo el análisis de las propuestas de modificación del sistema electoral y de los demás aspectos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se presente por los diferentes grupos para elaborar, con el máximo grado de acuerdo parlamentario, un informe que será elevado a la Comisión Constitucional para su debate y aprobación sobre las posibles modificaciones de la legislación electoral.

La subcomisión se someterá, en su organización y funcionamiento, a las reglas establecidas en la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las comisiones de la Cámara, con la particularidad de que aquellas sesiones en que se celebren comparecencias y las destinadas a la aprobación del informe podrán ser públicas cuando así lo decida la subcomisión atendiendo a la relevancia de los asuntos a tratar. Y en su composición, a las reglas establecidas en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre de 2016, por la que se modifica el punto 1.º de la Resolución de Presidencia de desarrollo del artículo 113 del Reglamento, sobre designación y funciones de las ponencias. De este modo, la subcomisión se compondrá de trece miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Socialista, otros dos al Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, dos al Grupo Parlamentario Ciudadanos y uno a cada uno de los restantes grupos parlamentarios, pudiendo asimismo designarse otros tantos miembros suplentes.

Las conclusiones de la subcomisión se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Los trabajos de la subcomisión se desarrollarán desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2017, pudiéndose acordar prórrogas por periodos de seis meses.

La coordinación de los trabajos de la subcomisión corresponderá al presidente de la Comisión Constitucional.


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El señor PRESIDENTE: Con este texto, vamos a votar.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de la subcomisión.

Vamos a votar ahora las proposiciones no de ley por el orden que figuran en el orden del día. En primer lugar, sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Hay una enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada. Se vota en esos términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sobre el reconocimiento y la justa reparación de Lluís Companys y todas las víctimas del franquismo, presentada por Esquerra Republicana. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sobre la anulación del consejo de guerra al presidente Lluís Companys y de todos los consejos de guerra y sentencias del conjunto de tribunales políticos bajo el franquismo, presentada por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sobre el derecho de participación en los asuntos de la autoridad local y el respeto a la autonomía local, del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que vamos a votar por puntos.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Señor presidente, aceptaría la votación por puntos, pero quería hacer una matización.

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Aparte de como diputado, cosa evidente, como alcalde de Altafulla pero también como miembro de la ejecutiva de la Federación de Municipios me extraña que el señor Artemi Rallo Lombarte haya defendido lo contrario, porque lo hemos hecho con la Federación de Municipios.

El señor PRESIDENTE: No, no tiene usted la palabra para ese asunto.

Vamos a votar por puntos, si estamos de acuerdo. Punto 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1.

Punto 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este punto.

Punto número 3.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

La número 8 es la proposición no de ley relativa a la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Nos han trasladado a la Mesa que se votaría el guión 8.º y luego el resto de los puntos. ¿Es así?

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, agradeceríamos que se leyese el punto 8.º porque no están numerados.


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El señor PRESIDENTE: Es el guión 8.º, no el punto 8.º El señor Cámara puede leerlo.

El señor CÁMARA VILLAR: Sí, señor presidente.

No olvidar a los colectivos que no pudieron beneficiarse de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española, y para ello remitir a las Cortes Generales las iniciativas oportunas en el plazo máximo de seis meses, prestando especial atención a la inclusión de los siguientes supuestos: descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad. Los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos. Hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley 52/2007 puesto que la adquisición de la nacionalidad en esta ley se producía solo en favor de los hijos menores de edad.

Hasta aquí llega el guión 8.º

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este punto.

Resto de los puntos de la proposición no de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

Proposición no de ley sobre la reducción de la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional, recogiendo la enmienda socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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