DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 172, de 28/03/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 172
PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Sesión núm. 4
celebrada el martes,
28 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia:
- Del vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde (Sáenz de
Miera), para informar sobre la materia que constituye el objeto de la
Comisión, en especial en lo relacionado con la repercusión del Acuerdo de
Clima de París en el ámbito empresarial. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000278)
... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la lucha contra la obsolescencia programada y la reducción en la
generación de residuos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001450) ... (Página13)
- Relativa a orientar los recursos del Fondo de internacionalización de la
empresa hacia la lucha contra el cambio climático. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000621) ... (Página17)
- Sobre la reapertura del servicio de trenes en la línea
Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático.
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000884) ... (Página21)
- Por la que se insta al Gobierno a cumplir la Directiva Europea de
Calidad del Aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001451) ... (Página26)
- Sobre medidas para mejorar la calidad del aire en relación a la salud
humana y protección de la agricultura y los ecosistemas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001511) ...
(Página26)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA:
- DEL VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE (SÁENZ DE
MIERA), PARA INFORMAR SOBRE LA MATERIA QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA
COMISIÓN, EN ESPECIAL EN LO RELACIONADO CON LA REPERCUSIÓN DEL ACUERDO DE
CLIMA DE PARÍS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000278).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión con la primera comparecencia que
tenemos en esta legislatura, la del señor vicepresidente del Grupo
Español de Crecimiento Verde, don Gonzalo Sáenz de Miera, que va a tomar
la palabra a continuación.
Como es la primera comparecencia, les indico a sus señorías que habrá una
intervención de hasta media hora del compareciente, quien me ha
adelantado que será más corta. Por tanto, tendrá un tiempo mayor para la
réplica, que sería hipotéticamente de unos diez minutos, y sus señorías
tendrán en torno a cinco minutos. Les pediría que se ajustaran a ese
tiempo, puesto que a las once y media queremos empezar la segunda parte
de esta Comisión, que tiene cinco iniciativas, y el Pleno es a las tres
de la tarde.
Aprovecho también para pedirles excusas porque tengo que acudir ahora
mismo a una reunión y presidirá, seguramente mucho mejor que yo, el
vicepresidente don José Ramón García Cañal.
Toma la palabra el compareciente y la Presidencia el vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE (Sáenz de
Miera): Buenos días, señorías.
En primer lugar, les quería agradecer que hayan invitado al Grupo Español
de Crecimiento Verde a comparecer en esta Comisión. (El señor
vicepresidente, García Cañal, ocupa la Presidencia).
Quiero decirles que para mí es un verdadero honor participar en esta
Comisión de estudio del cambio climático porque estamos convencidos, y yo
personalmente estoy convencido de ello, de que el cambio climático es un
tema estratégico con un componente ético muy relevante e
intergeneracional, es decir, nosotros estamos provocando el cambio
climático y lo van a sufrir más nuestros hijos, las generaciones
venideras, aunque ya lo estamos sufriendo nosotros. Tiene también otro
componente ético y es que los más desarrollados somos los que estamos
generando el problema y los menos desarrollados los que lo están
sufriendo porque tienen menos capacidad de adaptación.
Tiene unas implicaciones ambientales tremendas, implicaciones sociales
como, por ejemplo, las migraciones climáticas, que van a ser muy
importantes a futuro, implicaciones económicas, y de eso voy a hablar
mucho como Grupo Español de Crecimiento Verde y, en definitiva, va a
afectar al cambio climático, a la calidad de vida de los ciudadanos, de
las generaciones actuales y de las venideras.
Nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto, con este debate que se
está abriendo ahora mismo sobre el cambio climático, porque pensamos que
es muy necesario y que todos tenemos una responsabilidad para que salga
algo importante: los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y el
Parlamento.
Por último, quiero aclarar que, aunque yo trabajo en Iberdrola, soy
director de cambio climático en el área de Presidencia de Iberdrola, hoy
comparezco en calidad de vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento
Verde. Como Grupo Español de Crecimiento Verde, les voy a presentar,
señorías, unas reflexiones que hemos consensuado en este grupo que ahora
presentaré sobre nuestra posición frente al cambio climático y la
transición energética.
En primer lugar, ¿qué es el Grupo Español de Crecimiento Verde? Es un
grupo que está formado por empresas, ahora veremos que son unas treinta
empresas, que adoptan un enfoque proactivo a la hora de abordar los retos
medioambientales y que consideran, y esto es muy importante, que este
enfoque constituye una oportunidad para la creación de valor y de
prosperidad. Se constituye como una asociación para fomentar la
colaboración público-privada y avanzar conjuntamente para abordar los
retos ambientales
porque estamos convencidos de que los temas ambientales de mitigación del
cambio climático, adaptación, descarbonización de la economía y
transición energética vendrán, sin duda, de la mano en parte del tejido
empresarial. A través de esta plataforma, de este grupo, se fomenta la
participación de empresas en los debates más relevantes en la materia, se
comparte información entre las empresas y, por último, se identifican
oportunidades para la empresa española en este ámbito.
Aquí les incluyo los logos de las empresas que forman actualmente el Grupo
Español de Crecimiento Verde. Quiero destacar que suponen más de la mitad
del Ibex en ventas e incluyen una creciente representación de pymes
innovadoras; por ejemplo, están Contazara o Amda, que trabajan en
energías renovables y, como ven, hay representantes de todos los
sectores. Está el sector financiero, el sector energético, el sector de
agua, que se verá muy afectado por el cambio climático, el comercio, el
turismo y la sanidad.
¿Cuándo nace el Grupo Español de Crecimiento Verde? Nace hace tres años y
surge como un proyecto de colaboración público-privada de las empresas
con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de
la anterior legislatura y el año pasado nos constituimos como una
asociación empresarial sin ánimo de lucro. Nuestra visión es que el
crecimiento verde, lejos de ser una barrera, es una oportunidad de
desarrollo económico y prosperidad y hemos elaborado en estos dos años en
los que hemos estado funcionando, en los que llevamos operativos, los
documentos siguientes: En primer lugar, una declaración de Barcelona,
donde incluimos un decálogo sobre nuestros posicionamientos en relación
con las políticas ambientales y el cambio climático y unos documentos que
hemos preparado de visión consensuados por todas las empresas sobre
políticas climáticas, transición energética, economía circular y
financiación climática. Estos documentos los mandaré, si son de interés
de sus señorías.
Voy ya a los mensajes que queríamos transmitir. Hemos preparado esta
presentación que tiene 15 puntos. El primero es que el cambio climático
es probablemente el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Ya
estamos notando sus consecuencias en España a través de incrementos
globales de temperatura, mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos
climáticos extremos como inundaciones, sequías, tormentas y esto tiene
costes económicos millonarios, costes sociales muy relevantes -como
decía, las migraciones climáticas van a ser un tema muy relevante a
futuro-, e implicaciones ambientales evidentes. Y lo que pensamos es que
lo más relevante es que a futuro el impacto negativo del cambio climático
sobre la sociedad va a ser mucho mayor. Ya estamos notando las
consecuencias, pero, a futuro, va a ser mucho mayor.
El segundo punto es el Acuerdo de París de 2015, que es un hito histórico.
¿Por qué? Porque culmina un proceso de negociaciones de más de veinte
años en los que los resultados habían sido discretos y en el Acuerdo de
París todos los países del mundo reconocen el problema del cambio
climático y la necesidad de solución, todos los países del mundo, repito.
La Cumbre de Marrakech se celebró en noviembre del año 2016. Ya había
entrado en vigor el Acuerdo de París y supone, en primer lugar, el
lanzamiento de la implementación de lo acordado en París. En París se
acordó que había que solucionar el tema, pero ahora hay que ver cómo se
soluciona y en Marrakech se inició la implementación del Acuerdo de
París, que seguirá con la siguiente cumbre que, como saben, es en Bonn en
noviembre de este año. El segundo mensaje fue la señal inequívoca de
irreversibilidad de todo el proceso. Este es un mensaje político muy
relevante de todos los países del mundo, un mensaje empresarial y también
un mensaje social.
El tercer punto es que el cumplimiento de los objetivos de París es
complejo. En París se acordaron básicamente dos cosas. La primera es no
superar los 2 ºC en 2100 con relación a la época preindustrial, y hay que
tener en cuenta que ya hemos subido al menos un grado. La segunda es
avanzar hacia emisiones netas nulas en la segunda mitad del siglo. Esto
es muy relevante y quiere decir que a principios de la segunda mitad de
siglo, en 2050, en el mundo tendríamos que tener un sistema plenamente
descarbonizado que no generara CO2. Este es un objetivo realmente
ambicioso. El cumplimiento de estos objetivos es un reto muy complejo,
porque supone un cambio en el conjunto de la economía. Destaco aquí dos
cosas: una transformación de los sistemas de producción -porque tenemos
que producir todo lo que generamos sin CO2- y, en segundo lugar, un
cambio en los hábitos de consumo. Esto puede ser incluso más difícil que
el cambio en los sistemas de producción, porque supone un cambio muy
relevante en el estilo de vida de todos los ciudadanos.
El cuarto punto es que la causa fundamental del cambio climático es el
sistema energético actual. El 80% de las emisiones antrópicas, las
emisiones del hombre, provienen del sistema energético. Es un sistema
energético que incluye electricidad, gas y petróleo y que está basado en
un 80% en combustibles
fósiles: petróleo, gas y carbón. Las emisiones del sistema energético
representan el 80% de las emisiones totales. Este modelo energético
provoca otro gran problema, que es la contaminación del aire. Este es
otro de los grandes retos medioambientales muy centrado en el ámbito
urbano, pero no es un problema de países menos avanzados y de China. El
problema de la contaminación del aire es un tema muy relevante en todas
las economías desarrolladas -incluida la española- y estamos convencidos
de que va a ser una palanca muy importante para el cambio de sistema
energético, porque está afectando ya a la salud de los ciudadanos.
Si la principal causa del cambio climático es el modelo energético, la
principal vía de solución debería ser un cambio muy relevante del modelo
energético. Todos los organismos internacionales, sobre todo la Agencia
Internacional de la Energía, destacan que el cambio de modelo energético
tiene que venir por dos vías. La primera es el ahorro y eficiencia
energética. Tenemos que consumir la menor energía posible y, la que
consumamos, tenemos que hacerlo de la forma más eficiente posible. La
segunda vía tiene que ser la sustitución progresiva de los combustibles
fósiles -petróleo, gas y carbón- por energía libre de emisiones,
fundamentalmente energías renovables. Es importante subrayar que tiene
que cambiar totalmente el modelo energético a futuro.
En el modelo energético conviene diferenciar al sector eléctrico de otros
sectores. El sector eléctrico ya ha iniciado la transición. Dos terceras
partes de la generación en España no emite CO2 y las renovables
representan ya un 40% de la generación, pero el objetivo debería ser un
sistema plenamente descarbonizado en el año 2050. Es decir, tendríamos
que tener un sistema eléctrico sin CO2 y basado en renovables en 2050 y
esto plantea retos que es necesario abordar, pero es un sistema posible.
Si bien el sector eléctrico ya ha iniciado la transición, el reto es
avanzar en el resto de los sectores y destacaríamos dos: el primero es el
transporte y el segundo la edificación. Hay que tener en cuenta que el
sector transporte representa el 40% del consumo en España y el sector de
la edificación un 25%, y ambos sectores siguen basados en combustibles
fósiles. El transporte depende en más del 90% de combustibles fósiles
para cubrir sus necesidades energéticas. Por tanto, el principal reto
para los próximos diez o quince años es cambiar totalmente el modelo de
transporte y pasarlo a un sistema limpio.
España ya tiene objetivos de reducción de emisiones para 2030 por los
objetivos planteados en la Unión Europea. En la Unión Europea hay
objetivos de reducción de emisiones, objetivos de renovables y objetivos
de eficiencia energética. Saben que el objetivo de reducción de emisiones
se cumple con dos bloques. El primero es el de las emisiones incluidas en
el sistema de comercio de emisiones, donde están los grandes emisores
-por ejemplo, las centrales eléctricas o las azulejeras- sometidos a un
sistema de comercio de emisiones y tienen que pagar por el CO2. Ahí
España no tiene competencias, porque el objetivo se logra en el conjunto
de la Unión Europea a través de un mercado y las reducciones se realizan
allí donde son más eficientes. Ese es el sistema incluido en el ETS. En
segundo lugar, están los sectores difusos, en los que los Estados
miembros tienen competencias. Ahí España tiene un objetivo de reducción
del 26% de sus emisiones.
Por otro lado, en los próximos años hay que establecer para España
objetivos de renovables - seguramente tendremos un objetivo del 30% de la
energía final de origen renovable- y objetivos de eficiencia energética,
que ahora mismo se están debatiendo y que tendrán que ser traspuestos al
ordenamiento jurídico español. Aquí nuestro mensaje es que los objetivos
para 2030 tienen que ser compatibles con la transición a un sistema casi
descarbonizado en 2050. La Unión Europea ya ha marcado el objetivo de que
en 2050 hay que conseguir una reducción de las emisiones entre el 80 y el
95%. Hay que tener en cuenta que las inversiones que realicen las
empresas ahora mismo van a durar hasta 2050. Es muy importante el
objetivo a 2030, pero 2030 está ya encima y necesitamos tener en cuenta
el objetivo para 2050, que debe ser la descarbonización plena del sistema
económico y energético. Por tanto, no vale con 2030, sino que es muy
necesario 2050. Este es un tema en el que incidiremos mucho en la
tramitación de la ley, porque 2030 está ya encima, quedan trece años.
El siguiente punto es muy relevante, porque muestra que se está
produciendo una revolución tecnológica en las energías limpias. En cuanto
a las renovables y considerando la fotovoltaica, hace solamente doce años
generar un megavatio/hora costaba 400 euros. Hoy la generación con un
ciclo combinado de gas está en torno a 80 euros el megavatio/hora. Ahora
mismo se están produciendo resultados de subastas de fotovoltaica en
Europa con precios en torno a 50, 60 o 70 euros megavatio/hora. ¿Qué
quiere decir esto? Pues que es plenamente competitiva con las centrales
de gas. Hay que tener en cuenta que la energía fotovoltaica no es la
misma que la que genera una central de ciclo
combinado, que es firme y gestionable mientras que las renovables no lo
son, pero el coste de generación hoy en día de la energía fotovoltaica es
más barato que el de la generación térmica.
En cuanto al desarrollo de las baterías, hay que destacar que entre el año
2010 y el año 2016 se ha reducido un 80% el coste de las baterías y
estimamos que a futuro se va a reducir un 60% adicional. Respecto al
vehículo eléctrico, estimamos que va a ser competitivo respecto a los
vehículos de combustión interna en el año 2021. Se está produciendo una
revolución en tecnologías limpias con una rapidísima reducción de costes.
¿Qué implicaciones tiene eso? Si yo hubiera comparecido hace dos años,
habría dicho que las renovables suponían un coste. Objetivos que hace dos
años parecían lejanos y costosos, hoy no lo son.
Nuestra conclusión es que, aunque hay que seguir invirtiendo, por
supuesto, en I+D+i, la realidad es que hoy en día ya tenemos tecnologías
para el cambio de modelo energético. Las empresas y el sector financiero
estamos dispuestos a invertir. Hablo de empresas de generación de energía
y todo el sistema financiero nos dice que hay recursos. Lo que se
necesita es disponer ya de un marco de objetivos, a 2030 y 2050, y de
políticas claras y estables. Si tuviéramos ahora unas políticas claras y
estables, empezaríamos a invertir para cambiar el modelo energético y
económico en la buena dirección. Objetivos a 2030 y 2050. ¿Que
necesitamos, además? Políticas, y nos gustaría destacar tres. La primera
es la fiscalidad ambiental basada en el principio de que quien contamina
paga. ¿Qué quiere decir? Que quien genera el daño ambiental tiene que
soportar el coste de ese daño. Por ejemplo, poniendo un precio de CO2 a
todas las emisiones de CO2 que elimine las distorsiones actuales y que
sirva para dos cosas. Primero, para dar señales al consumo y a la
inversión; es decir, si tú pones un precio al CO2 y hay una central
renovable que no emite CO2 y otra central que sí emite, la que emite
internalizará el coste ambiental y será menos competitiva. Segundo, y
esto es muy relevante, para financiar la transición energética, algo que
luego comentaré.
El principio de que quien contamina paga no siempre se aplica en el
sistema actual y está generando importantes distorsiones. Les quería
poner aquí el ejemplo de la política europea, que al final se traslada a
la política española. El objetivo de renovables. Europa tiene el objetivo
de que el 27 % del consumo energético en 2030 sea de origen renovable.
Los Estados miembros tienen que decidir sobre el consumo energético
final, incluyendo electricidad, consumo de gas y consumo de gasolina y
gasoil. El 27 % de esa energía tiene que ser de origen renovable en 2030.
¿Cómo se cumple? Pues el Gobierno, con el IDAE, hace un plan de
renovables y dice dónde es más económico y más viable introducir las
renovables. Bueno, pues hoy en día todos los Gobiernos están diciendo que
donde es más fácil introducir las renovables es en el sector eléctrico, y
entonces ponen esos objetivos muy ambiciosos al sector eléctrico, y eso
tiene todo el sentido. Ahora bien, ¿quién debe pagar por los apoyos que
se generan a esas energías renovables? Hoy en día los están pagando
exclusivamente, en España, pero también en Europa, los consumidores en el
sector donde se realizan las renovables, en este caso en el sector
eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor eléctrico paga los apoyos
a las renovables y el consumidor de gasolina y de gasoil no. Eso respecto
a las renovables.
¿Qué pasa con el objetivo de reducción de emisiones de CO2? Europa tiene
un objetivo de reducir un 40 % de las emisiones en el año 2030, y para
conseguir este objetivo de reducción de emisiones divide a los emisores
en dos grupos. Los que están incluidos en el comercio europeo de
emisiones, que son los grandes emisores, por ejemplo, las centrales
eléctricas, las azulejeras, las cementeras, y tienen que pagar por las
emisiones que generan, el precio del CO2 en este comercio, que ahora
mismo está en torno a 5 o 6 euros la tonelada. El resto de sectores
emisores, por ejemplo el transporte o la agricultura, que se llaman
sectores difusos, no están incluidos en este comercio y, por tanto, hoy
en día no pagan por el CO2. Es muy importante que la gestión de estos
sectores difusos sea competencia exclusiva de España.
¿Cuál es el resultado de esta política fiscal? Pues que si cualquiera de
nosotros va en un coche eléctrico paga por el CO2, dado que el sector
eléctrico está incluido en el comercio de emisiones, y paga por las
renovables; mientras que si vamos en un coche de combustión interna, en
un coche diésel, que es más contaminante, no pagamos CO2 porque el
transporte no está incluido en la directiva de comercio de emisiones, y
no pagamos por las renovables. Por tanto, la fiscalidad actual en el
ámbito energético está generando unas distorsiones, incentivando el
consumo de las energías más contaminantes. Eso hace que nosotros
solicitemos que se aplique una verdadera reforma fiscal ambiental,
aplicando este principio de que quien contamina paga, pero todos los que
contaminen; y no solo hablo aquí, que es muy importante, del CO2, sino
también de que se incluya el resto de emisiones, NOx, SO2, que provoca
otros problemas como el de la contaminación del aire.
La política fiscal es muy relevante, pero no es suficiente. Por eso,
proponemos políticas de estándares, de limitación de las emisiones en
sectores como, por ejemplo, el del transporte, donde ya está empezando a
jugar un papel muy relevante en todo el mundo. Y otro elemento que es muy
importante es el de las exigencias de información para entidades
financieras y empresas sobre los riesgos y oportunidades que supone el
cambio climático. Esto en el ámbito empresarial se llama el disclosure.
Hay un grupo, gestionado por el G20, que está desarrollando unas guiías
para que todo el sistema financiero, todos los bancos, todos los
inversores y todas las empresas, dentro de sus cuentas, aparte de las
cuentas económicas, analicen el impacto que pueden tener las políticas
climáticas. Por ejemplo, si se aplicara una política de CO2 como la que
estamos proponiendo, con unos precios en torno a 20 o 50 euros la
tonelada, qué implicaciones tendrían las cuentas de las empresas; o qué
implicaciones pueden tener los riesgos físicos del cambio climático; o
qué oportunidades, por supuesto. Pensamos que el tema del disclosure o la
información pública de las empresas puede jugar un papel muy relevante.
Voy terminando. Si yo tuviera que definir una política clave quizá diría
las políticas de comunicación y concienciación social. ¿Por qué? Porque
hoy en día la sociedad española no conoce ni está informada de la
gravedad y la urgencia del cambio climático. Por tanto, si queremos
aplicar políticas de cambio climático necesitamos que las políticas sean
entendidas y aceptadas. Para nosotros, es fundamental explicar bien lo
que es el cambio climático y los impactos que tiene, pero sobre todo dar
una visión positiva de las soluciones. Si nosotros decimos que hay que
abordar el problema del cambio climático, que también, por el tema del
oso polar, por el tema de las migraciones, tendrá una aceptación; pero no
es lo mismo que mostrar las ventajas que pueden tener las políticas de
cambio climático para la sociedad española. ¿A qué me refiero? A mostrar
que políticas de cambio climático que llevan a una transición energética
basada en renovables hará que tengamos un sistema energético más
asequible y más seguro que un sistema energético que basado en fósiles; a
mostrar que apostando por la economía verde generaremos empleos y
oportunidad de crecimiento económico -ahora mencionaré en el último punto
que España está muy bien posicionada para aprovechar estas
oportunidades-; y a mostrar que un cambio de modelo energético y
políticas de cambio climático mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos y, por ejemplo, la calidad del aire que todos respiramos.
Pensamos que es fundamental trasladar la visión positiva -que la tiene-
de un cambio de política climática y un cambio de política energética.
El punto número 15 recoge otro tema fundamental. Para nosotros es
indispensable el consenso político. ¿Por qué? Porque somos empresas que
invertimos a treinta, cuarenta o cincuenta años; por tanto, el consenso
político nos da lo que necesitamos, que es la sostenibilidad en el
proceso y la confianza en los inversores. Nosotros necesitamos
certidumbre, y la certidumbre pasa por el consenso político. Hace diez
años hubo un ejercicio de prospectiva energética realizada por el
anterior Gobierno, pero aquella prospectiva energética que fue realmente
potente y contó con grande expertos tuvo el problema de que todo el
debate se generó entre expertos del mismo grupo político y, por tanto,
cuando hubo un cambio político, esa prospectiva, ese análisis energético
tan necesario, no sirvió para nada. Nosotros pensamos que es fundamental
el consenso político y que la situación política actual es justamente una
oportunidad para que se produzca ese consenso en las políticas climáticas
y sobre todo en las políticas de transición energética, porque repito que
nuestras inversiones se realizan al menos a veinticinco años.
Punto 16. Lo dice el IPCC, lo dice la Agencia Internacional de la Energía,
lo dice el Banco Mundial, lo dice el Informe Stern, lo dice toda gran
institución que haya estudiado el cambio climático, y es que cuanto más
tarde actuemos, más complejo y costoso será para la sociedad cumplir con
los objetivos climáticos. Por tanto, nuestro mensaje es que no podemos
dejar que pasen otros cinco o diez años sin cambiar los objetivos y sin
cambiar las políticas. Cuanto más tarde actuemos, más costoso será.
Además -este es otro tema fundamental-, adelantar algunos cambios genera
ahorros a largo plazo. Quería mencionar el tema de la contaminación
local. Yo creo que, por ejemplo, la apuesta por el coche eléctrico para
reducir la contaminación local, incluso no siendo competitivo para los
tres próximos años, me parece una opción mucho más interesante que la
gasificación del transporte, que tiene un recorrido limitado, porque
recordemos que los combustibles fósiles tienen una vida de diez o quince
años, pero no más.
El mensaje final y fundamental desde el Grupo Español de Crecimiento Verde
es que el proceso de las políticas climáticas y la transición energética
está suponiendo una revolución a escala global que genera enormes
oportunidades de todo tipo, y para nosotros enormes oportunidades
empresariales. Este no es un tema solamente de España, es un tema global;
las inversiones en renovables, las inversiones en coche eléctrico, las
inversiones en baterías, están multiplicándose en los últimos años.
España está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades
industriales; tenemos empresas en energías renovables
y tenemos empresas en el sector automovilístico. Yo creo que se han hecho
cosas muy bien en el pasado y otras no tan bien. La apuesta eólica en
España fue un éxito desde el punto de vista industrial; hubo un marco
estable, predecible y hubo un desarrollo industrial que llevó a que las
empresas españolas y las empresas ibéricas pudiéramos aprovechar las
oportunidades que surgieron en inversión eólica en todo el mundo durante
muchos años, y de las diez primeras empresas eólicas en el mundo hubo un
momento en que siete eran empresas españolas o ibéricas. Yo creo que
ahora mismo nos encontramos ante una oportunidad industrial todavía mayor
y estamos muy bien posicionados, pero se requieren políticas efectivas
ya, porque como nos retrasemos o como no actuemos ya serán otros países
los que lo aprovecharán.
Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para responder a las preguntas
que quieran formularme.
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, señor Sáenz de
Miera. Hemos cumplido el tiempo esperado inicialmente, no el ofrecido.
Vamos a continuar con la fijación de posiciones o preguntas que tengan a
bien hacer los grupos parlamentarios. Comenzaremos por el Grupo
Parlamentario Popular, al ser el proponente de la comparecencia, e
intervendrá su portavoz don Miguel Ángel Viso.
Tiene la palabra, señor Viso.
El señor VISO DIÉGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, don Gonzalo, por su comparecencia. En nombre del Partido
Popular tenemos que agradecer la excelente exposición que ha hecho. Por
supuesto, las aportaciones que ha traído hoy aquí son compartidas por
nosotros y es un placer escuchar a alguien que tiene las cosas tan claras
respecto al cambio climático. Tiene una posición muy clara y contundente,
lo cual a nosotros nos aporta muchísimo.
Intentaré recalcar algunos puntos que compartimos. Hablaba usted de algo
muy importante que ya se discutió en anteriores ocasiones en esta
Comisión, y es que el cambio climático es un reto de todos. Es un tema
clave en el que estamos trabajando y el grupo parlamentario al que
represento lo tiene muy claro. Se ha referido al acuerdo de París como un
acontecimiento histórico, y yo creo que ahora tenemos que hablar
-nosotros lo estamos haciendo siempre- de la era pos-París, qué pasa
después de París. Creo que esto marcará una estrategia global y es en lo
que estamos trabajando en esta Comisión de Cambio Climático. También ha
nombrado Marrakech, que supuso llevar a cabo aquello que se había hablado
en París. Los inicios siempre son complicados, pero es cierto que ahí se
empezó a marcar un poco esa hoja de ruta, como usted comentaba.
Tenemos que seguir trabajando en el modelo energético, que es la principal
causa del cambio climático, no cabe ninguna duda. Usted ha hablado de
transporte y de edificación. Coincidimos con usted en que tenemos que
saber afrontar los retos de futuro. La Comisión Europea nos dijo en su
momento que los presupuestos tenían que plantearse pensando en 2030, que
lo tenemos ya ahí, y usted está ya pensando en 2050. Por supuesto, en el
Grupo Popular estamos trabajando en ello. Nuestras políticas para seguir
reduciendo emisiones se han llevado a cabo con cosas palpables y lo que
intentamos es fomentar el consumo responsable. Están en marcha muchas
iniciativas de enorme calado que han supuesto un salto cualitativo en
beneficio de la materia que nos ocupa; iniciativas cuyo desarrollo debe
complementar el Gobierno para hacer frente a retos que se plantean de
manera especial tras la adopción del acuerdo de París.
Ha sido muy interesante escucharle decir que las empresas están dispuestas
a invertir en la lucha contra el cambio climático, algo que lógicamente
compartimos. Es cierto que tenemos que seguir trabajando en un marco
legislativo regulatorio que acompañe las demandas de las propias
empresas. Ha sido importante escuchar esto hoy aquí. Tenemos que cumplir
el compromiso adquirido en París en esa transición hacia el modelo bajo
en carbono que no tiene marcha atrás. Según palabras de nuestra ministra,
España tiene que liderar o estar a la cabeza en dicha transición. El
Gobierno está realizando esfuerzos para reducir emisiones de carbono
mediante la puesta en marcha de proyectos en los que se está trabajando y
que me gustaría enumerar: proyectos Clima, planes de impulso al medio
ambiente, Plan PIMA Sol, Aire, Tierra, Trasporte, etcétera. Todos ellos
persiguen aportar una parte importante dentro de lo que es la gestión del
propio Grupo Popular.
La Unión Europea está dando los pasos oportunos para alcanzar sus
objetivos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
participando activamente en la negociación internacional. Comento esto a
raíz de una pregunta que posiblemente plantearé al finalizar. Es
importante disponer de interlocutores como el Grupo Español de
Crecimiento Verde para conseguir una alianza de Gobiernos,
empresas y sociedad civil. En el apartado de la sociedad civil, me
gustaría recalcar la parte de comunicación, cómo trasladar toda esa
información a la sociedad para que todo aquello en lo que estamos
trabajando realmente llegue al público. En el ámbito de la Unión Europea
este proceso negociador y esta aplicación de acuerdos son cuestiones muy
importantes. Consideramos un acierto la implicación de las empresas en
ese grupo del cual forman parte. Tenemos que destacar la presencia
española en foros internacionales y reconocer el papel de la industria
tanto para buscar soluciones como oportunidades. Me quedo con una palabra
que usted ha repetido en su intervención: oportunidades. Creo que es muy
importante ver el aspecto de crecimiento verde como un apartado de
oportunidades. Me refiero a ello porque la ministra Tejerina, al hablar
en muchas de sus ponencias de economía verde, dijo en alguna ocasión que
podía crear 20 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea hasta
2020. Es decir, de alguna manera tenemos que ver ese crecimiento verde
como una oportunidad.
Estamos completamente de acuerdo en la importancia de alcanzar un acuerdo
político que nos debe marcar el camino. En este punto el consenso es muy
importante. Estamos en una Comisión en la que hemos llegado a muchos
acuerdos y tenemos una línea de trabajo común entre todos, pero es cierto
que tenemos que seguir trabajando. Ya se ha debatido y aprobado la
elaboración de una ley de cambio climático y de transición energética.
Este Gobierno cree en el cambio climático, tiene claro el cambio
climático y el papel que ocupa. Sabemos el interés que tiene esta ley
para el sector empresarial, por lo que estaremos pendientes, como no
puede ser de otra manera, de sus aportaciones para su tramitación.
Voy terminando, presidente. Simplemente le plantearé dos preguntas que por
su trayectoria profesional y el cargo que ocupa nos responderá de manera
muy amplia. ¿Cómo ve la situación política internacional? ¿Cree que
influirá en las empresas que forman parte de su grupo de crecimiento
verde en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo cree usted que puede
influir el brexit y la inestabilidad europea en el liderazgo de la Unión
Europea en la lucha contra el cambio climático? Estas son mis preguntas y
le agradezco de nuevo su exposición.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, señor Viso.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). Por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don José Luis Martínez
González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, don Gonzalo. Me ha gustado mucho la exposición que ha hecho;
ha sido muy clarificadora y didáctica. Ha puesto el dedo en la llaga
sobre temas que se están debatiendo en esta Comisión; hoy concretamente
se ven dos PNL que tratan la calidad del aire y usted ha hecho especial
hincapié en este tema. Por tanto, comparto prácticamente la mayoría de
los planteamientos de su parte expositiva.
Está claro que el cambio climático no es solo tarea de los Gobiernos, no
lo vamos a arreglar solo a golpe de decreto-ley o de una ley de cambio
climático, que con ser necesaria no sería la única solución, tienen que
tomar conciencia los ciudadanos y las empresas y tenemos que aprender a
disociar crecimiento económico y producción de energía del aumento de
gases de efecto invernadero, y esto pasa indudablemente por la eficiencia
energética y por una apuesta decidida por las renovables. En este
aspecto, España y las empresas españolas están muy bien posicionadas.
Difiero de un dato que ha dado el portavoz del Grupo Popular; ha dicho
que la apuesta por las renovables puede crear 20 millones de empleos. Me
parece disparatado. Su propio compañero en la Comisión Europea, que fue
ministro de Agricultura -no recuerdo ahora su nombre-, recientemente
decía que el PIB en Europa puede crecer un 1% y generar -un dato óptimo-
en torno a 900.000 puestos de trabajo. No comparto ese dato de 20
millones de empleos; es un falso optimismo.
La apuesta por las renovables y la eficiencia energética generará
inversiones públicas y privadas en torno a 177.000 millones de euros, por
lo que se abren buenos yacimientos de empleo; empleo de calidad, empleo
estable, de los que estamos necesitados en este país. Las empresas
españolas están muy bien posicionadas en el campo de la agricultura, en
depuración de aguas y de residuos, en desaladoras... Esta es una
tecnología puntera en España -de hecho, ya estamos exportando a otros
países- y muchas de las empresas que componen el crecimiento verde están
levantando proyectos en muchos sitios.
Usted dice que necesitamos un marco legal, y es cierto. En esta Comisión
estamos todos en actitud de espera ante la anunciada ley de cambio
climático que tiene que traer el ministerio, pero ya disponemos de un
marco legal. Ha hecho una parte expositiva brillante que, insisto,
comparto, pero me gustaría saber
cuál ha sido la actitud de las empresas con el marco que ya tenemos. El
ciudadano, el consumidor, cada vez es más exigente, y estoy de acuerdo
con usted en que la educación es fundamental en este aspecto y en que
tendría que haber una campaña de sensibilización que se incluyera en los
planes de estudio de los colegios para concienciar a la gente respecto al
cambio climático. El consumidor es cada vez más exigente y va a seguir
siéndolo con las empresas que producen y manufacturan desde alimentación
hasta ropa, pasando por cualquier tipo de producto. Estas empresas tienen
en cuenta en su producción la huella de carbono, la huella hídrica, pero
con el marco legal que ahora tenemos ¿cuál es la actitud de las empresas
ante el cambio climático?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, don José Luis
Martínez González.
Tiene la palabra don Juan Antonio López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Sáenz de Miera, por su exposición, cuya primera parte
compartimos, como no puede ser de otra manera, puesto que a estas alturas
es evidente que el cambio climático es un problema de primera magnitud;
además, nuestro país no es solamente causante del cambio climático, sino
que también somos víctimas por nuestra posición geográfica y
especialmente vulnerables en todos los sectores, en el agrícola por
supuesto por lo que respecta a especies emblemáticas como la naranja, el
olivo, la vid, etcétera, que pueden verse muy gravemente afectadas.
Recursos tan sensibles en nuestro país como el agua, lógicamente con el
cambio de régimen de precipitaciones se verán afectados; sectores
prioritarios en nuestra economía como el turismo también se verán
gravemente afectados tanto por la subida del nivel del mar como por los
cambios del régimen de temperatura y lo que ello pueda conllevar. Hasta
ahí estamos de acuerdo, pero lo que echamos de menos en su exposición es
un análisis de por qué hemos llegado hasta aquí y cuál es el modelo
económico de las empresas como las que usted representa. Ya en el año
1992, en la Cumbre de Río de Janeiro, había un consenso prácticamente
total en que el cambio climático era un problema para la humanidad. Si no
fuera así, no se hubiera acordado, entre otras cosas, poner en marcha un
acuerdo internacional en contra del cambio climático; estamos hablando
del año 1992. Sin embargo, las emisiones no solo no han dejado de
aumentar, sino que ha aumentado el ritmo al que lo hacían; esto hace que
las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estén en este
momento completamente desbocadas y estemos por encima de las 400 ppm que
nos dice la comunidad científica que no deberíamos sobrepasar. En este
contexto, no cabe ninguna duda de que el modelo económico basado en el
crecimiento continuado y en el beneficio económico inmediato por encima
de cualquier otra consideración es responsable de lo que está ocurriendo
en el clima; sobre esto hay un consenso bastante grande, así como también
que es imposible hacer frente a este problema sin un cambio de modelo.
Echo de menos en su exposición alguna referencia a la necesidad de ese
cambio de modelo. En España hay muchas cuestiones en las que las empresas
que usted representa tienen mucho que decir.
Nos pide consenso político y ahora me voy a referir a algunos temas en los
que sí lo hay, pero si las empresas miembros de ese consejo colaboraran
sería mucho más fácil avanzar. En primer lugar, me gustaría saber qué
piensa usted de las puertas giratorias, algo que indudablemente tiene
influencia sobre las políticas que se hacen en todos los aspectos que
usted ha repasado. Si hablamos de políticas energéticas, de políticas de
transportes y de políticas industriales, no cabe duda de que la
costumbre, entre comillas, de la política española de terminar en los
consejos de administración de las grandes empresas, hace que al final uno
tenga serias dudas sobre quién es el responsable final de las
legislaciones y de las decisiones que se toman en determinadas políticas,
por ejemplo, en las energéticas. Es decir, hay serias dudas de quién es
el responsable último, por ejemplo, de tomar la decisión de frenar el
desarrollo de las energías renovables, como se ha frenado en España.
Algunos pensamos que las empresas eléctricas, las empresas del oligopolio
eléctrico tienen mucho que ver con ello. En ese sentido, nosotros
abogamos por un modelo energético radicalmente diferente; un modelo
energético que no esté basado en el oligopolio sino que abogue por una
descentralización de la generación eléctrica a través de un impulso
decidido a las energías renovables. Para que las energías renovables
puedan desarrollarse y puedan avanzar hace falta que tengan hueco, y para
que tengan hueco hay que cerrar otro tipo de centrales. Eso se ha visto
claramente, por ejemplo, en Alemania, donde solamente una política de
cierre de las centrales nucleares o de las centrales térmicas es la que
permite el desarrollo de las energías renovables. Sin
embargo, en nuestro país nos encontramos con que precisamente las empresas
de ese grupo lo que hacen es impedir el cierre de cualquier planta.
Hablaba usted de consenso político. Le puedo decir que en este momento hay
un consenso amplísimo, por ejemplo, en el cierre definitivo de la central
nuclear de Garoña. Sin embargo, ese debate sigue abierto; ni siquiera una
central que lleva cuatro años cerrada parece que genere la suficiente
presión como para que se cierre. Podemos hablar de otros consensos que
también han sido importantes en este país y que ahora mismo están en
cuestión. Uno de ellos es el consenso en contra del autoconsumo de
electricidad con balance neto. Sobre esto se alcanzó en su momento un
consenso bastante amplio, con la excepción del Partido Popular, pero
desgraciadamente, ahora, el Partido Ciudadanos ha avanzado hacia las
posiciones del Partido Popular. Hay otro consenso bastante amplio contra
la construcción de una mina de uranio en Salamanca y, sin embargo, esta
mina de uranio continúa. Es decir, si no se avanza, no es tanto porque no
haya consenso político sino porque muchas de las empresas que están en el
grupo que usted representa lo que hacen, básicamente, es orientar sus
políticas hacia sus propios intereses. En ese sentido, tal vez lo más
relevante es que sean esas propias empresas las que empiecen cambiando su
forma de trabajar, su forma de actuar, su forma de influir sobre la
política y los políticos y se planteen de manera imprescindible un cambio
de modelo. Hay cuestiones en las cuales es muy relevante el papel de las
empresas como, por ejemplo, frenar las puertas giratorias y, desde
nuestro punto de vista -esto ya sí que requiere un consenso político-,
una regulación del actual oligopolio eléctrico. En definitiva, como
decía, estamos de acuerdo con el diagnóstico que hace sobre la gravedad
del cambio climático, pero creemos que deben ustedes mirarse en el espejo
y analizar cuál es su responsabilidad en todo esto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, don Juan Antonio
López de Uralde Garmendia, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,
don Ricardo Antonio García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, presidente.
Quiero dar las gracias al vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento
Verde por su comparecencia. He visto el informe que tienen publicado en
su página web, del que usted ha hecho una síntesis, con los objetivos que
pretende y que tienen planificados de cara al futuro. Tenía preparada una
pregunta sobre cómo consideraba usted que el Gobierno de España estaba
respondiendo a este desafío, pero no se la voy a hacer porque el
diagnóstico ha sido claro. Usted ha incidido en cuestiones que son de muy
profundo calado y que requieren una respuesta política de mucha más
intensidad. Esta respuesta política que usted concentra en la gravedad y
el dramatismo del impacto, que va más allá de lo que cualquier estimación
científica está haciendo, nos plantea una gran incertidumbre científica
después de que las elecciones en Estados Unidos se resolvieran como se
resolvieron, a favor de un candidato que cuestiona el cambio climático y
que, por tanto, comprometerá el conocimiento que podamos tener acerca de
la evolución de ese cambio climático, es decir, un conocimiento que no
sabremos de dónde obtenerlo o si tendremos la certeza de tomarlo como
referencia o no.
Usted ha señalado que la I+D es importante y que debe ser una referencia
para las decisiones que se adopten en el plano político. Sin embargo, la
Comisión Europea, a través de sus programas de investigación y
desarrollo, ha realizado para el último periodo una inversión de más de
80.000 millones de euros, entre los que se contempla una amplia partida
destinada a cambiar el modelo de vida, que implica también cambiar el
modelo económico en su estrategia de estilos de vida y economía verde
hacia una Europa más sostenible y más consistente con el diagnóstico que
usted ha expuesto. Poca influencia tienen estos resultados de
investigación para las empresas que deben de tomar como referencia la
transformación central en el sistema de consumo, es decir, cómo los
ciudadanos digieren los cambios que se están produciendo. Además, usted
ha dicho que los ciudadanos están mal informados; ni siquiera están
informados de cómo impacta esa fiscalidad equivocada o ausente que
debería mirar más por sus intereses y no por los intereses de las grandes
corporaciones que, al fin y al cabo, son las que dirigen la política,
como algún otro portavoz ha expuesto antes. Por tanto, la fiscalidad
ambiental de quien contamina paga es una fiscalidad errónea porque, al
final, como usted ha dicho, genera distorsiones e incentiva el consumo de
energía contaminante, dando la espalda a sectores importantes que
requieren ese cambio de modelo, como los sectores difusos relacionados
con el transporte, el consumo alimentario y la agricultura. Estas
son cuestiones que tendrían que estar ya funcionando como referencia para
el cambio político. Es verdad que hay un espacio para el consenso
político. Si se escucha lo que aquí se ha expuesto desde un lado del arco
parlamentario al otro, se verá que hay una coincidencia en cuanto a
afrontar y mitigar los impactos que puede tener el cambio climático, pero
hay una manera de actuar muy diferente en cuanto a cómo ralentizar o
acelerar este proceso.
Tenemos unos plazos, hay toda una estrategia planificada desde la Unión
Europea y hay un intento por parte de los partidos de coincidir en ese
horizonte 2020 -que ya está ahí-, 2030 -que también está casi ahí- y 2050
para descarbonizar totalmente la economía, pero no se están tomando las
decisiones para llegar a esa descarbonización. El ciudadano tiene que
contar mucho más de lo que está contando, tiene que estar bien informado
y la fiscalidad tiene que ser justa; que no solo haga responsable a quien
produce las emisiones, sino que también sea acorde con un estilo de vida
alternativo que permita consumir de una manera alternativa y orientar la
política y todo lo que nosotros, como políticos responsables de adoptar
las decisiones, podamos tomar como referencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Muchas gracias, señor García Mira.
A continuación, para responder a las preguntas, tiene la palabra el señor
Sáenz de Miera.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE (Sáenz de
Miera): ¿Tengo una hora? No, es broma.
El señor VICEPRESIDENTE (García Cañal): Como en la primera parte se ha
pasado, estamos un poco más justos de tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE (Sáenz de
Miera): Voy a responder brevemente a las preguntas que me han planteado,
todas muy interesantes.
Sobre la situación de la política en el contexto internacional, ahora el
principal tema es la administración Trump, que, efectivamente, está
teniendo ciertos efectos en la política ambiental y climática mundial.
¿Cómo lo vemos nosotros? Primero, en Estados Unidos, además del
presidente, todos los Estados siguen actuando muy en la línea del cambio
climático y eso es irreversible. Creo que los temas políticos son
importantes, pero ahora mismo el principal driver para la revolución
energética es económico y tecnológico. Hoy en día, y respecto de las
energías renovables, el coche eléctrico, las baterías son competitivas,
pero esto puede producir una cierta ralentización del proceso
internacional de negociaciones de cambio climático y problemas de
financiación a determinados programas; insisto, esto es una cuestión
irreversible porque todas las empresas del mundo, todos los países,
siguen en la misma dirección y la tecnología y los costes están ayudando.
A la pregunta formulada por el señor Martínez González he de contestar dos
cosas. El tema de calidad del aire y cambio climático es fundamental,
pero también lo es la coordinación de estas dos políticas, aunque se
hayan producido casos de descoordinación. Todos conocemos cómo se han
fomentado en Europa los vehículos diesel por razones de cambio climático
y esto ha provocado que el 80% del parque móvil en Europa y en España sea
diesel, lo que a su vez ha provocado la contaminación del aire. Asimismo,
y por razones de calidad del aire, se está apoyando, por ejemplo, el
transporte vehicular gasista, que genera menos problemas de calidad del
aire, pero que puede suponer un locking en tecnologías que emiten CO2.
Por tanto, hoy es clave que tanto en esta ley como en todas las
iniciativas haya una coordinación de estas dos políticas porque la
política de calidad del aire es y será fundamental en los próximos años.
¿Qué estamos haciendo las empresas? Yo le puedo mandar información, pero
le diré que todas las empresas tenemos huella en venta, huella hídrica.
Es decir, todas las empresas que estamos integradas en este grupo tenemos
una actitud muy proactiva respecto a todas estas cuestiones.
En cuanto a la pregunta formulada por el señor López de Uralde quiero
formular dos cuestiones. Primero, las emisiones han seguido creciendo,
pero han crecido en países menos avanzados. Yo diferenciaría entre los
países OCDE, donde las emisiones bajan y a futuro seguirá así y no solo
las emisiones sino también el consumo de energía. El problema ahora mismo
es que el 80% de las nuevas emisiones proceden de países no OCDE, siendo
justamente el reto que reduzcan tales emisiones.
Todas las preguntas las centraría en el autoconsumo renovable. Para mí el
autoconsumo tiene un potencial muy relevante a futuro, pero más que
autoconsumo hablaría de generación distribuida, siempre y cuando sea
renovable. Creo que el autoconsumo o generación distribuida, como decía,
tiene ventajas y
para mí la fundamental es la participación mucho más activa del consumidor
productor. Esta tiene que estar con la generación centralizada, que
también es renovable, pero dentro de las renovables están las economías
de escala. Por tanto, la generación centralizada tiene ventajas en
términos de coste y por eso todos los informes del MIT, de la Comisión
Europea y de Bruegel hablan de que la centralizada, una gran
fotovoltaica, tiene un menor coste de generación que cien fotovoltaicas
pequeñas. Yo creo que ambas van a jugar un papel fundamental. Usted decía
que habría que cerrar otras centrales para que tengan hueco, eso también,
pero al mismo tiempo es necesario abordar, a través de la electricidad,
el resto de sectores, por ejemplo, la electrificación del transporte y
electrificación de los edificios. Y en ese escenario, que es muy viable
-seguro que conoce el informe de Deloitte donde se habla de
descarbonización a 2050- se habla de un proceso de electrificación y
crecimiento de la demanda muy superior al actual, donde se necesitarían
renovables centralizadas y descentralizadas. Creemos que o se hace una
regulación neutra de forma que incentive lo más eficiente o se hace una
regulación explícita de apoyo a centralizada o a descentralizada; lo
fundamental, también desde el punto de vista del inversor consumidor, es
que sea un sistema sostenible. Por tanto, si se quiere promover la
centralizada hay que definir un marco estable para impulsar esta
centralizada con unos objetivos explícitos y una regulación explícita, de
forma que le proporcione confianza al consumidor inversor. Esta sería la
respuesta a su pregunta.
No puedo estar más de acuerdo respecto del tema de los estilos de vida.
Creo que las empresas estamos viendo que se está produciendo un cambio
muy relevante en las exigencias y las demandas del consumidor y nos
adaptamos a esas exigencias o no seremos viables a futuro. Pensamos que
está muy bien que la I+D europea se haya centrado en los temas de hábitos
de estilo de vida y consumo. En la última propuesta, la de invierno, de
la Comisión Europea sobre energía, se habla de una nueva energía
sostenible para los ciudadanos; o sea en la política europea el ciudadano
y el consumidor tienen cada vez un papel más relevante, pero pensamos que
tiene que ir a más.
Para esos estilos de vida necesitas información, sensibilización,
etcétera, y la fiscalidad es un elemento fundamental y debe ser una
fiscalidad justa. Yo creo que una fiscalidad medioambiental da la señal a
un cambio en estilo de vida y en ese sentido me parece justa. Yo creo que
también debe ser justa por el tema de protección a los vulnerables. Esto
es algo muy relevante porque hay que reconocer que las políticas
climáticas y energéticas a corto plazo pueden tener un impacto sobre los
menos favorecidos y por lo tanto dentro de todas estas políticas pensamos
que es muy relevante la protección de los vulnerables. Por ejemplo,
fiscalidad: si estás poniendo un precio del CO2 en función de que quien
contamina, paga, a lo mejor ahora las rentas más bajas están contaminando
más porque se les dio en el pasado la señal de que invirtieran en diesel.
Ahora si quieres cambiar esa política, tienes que proteger a los
vulnerables para hacer que todo esto sea sostenible.
Señor presidente, estas son las respuestas que tenía que dar.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Viso Diéguez pide la palabra).
El señor VISO DIÉGUEZ: Señor presidente, una aclaración, porque antes mi
compañera de Ciudadanos hablaba del tema y yo decía que 20 millones en
toda la Unión Europea hasta 2020 son los que se pueden crear con la
economía verde. No sé si a lo mejor lo puede aclarar.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías. (La señora Rodríguez Hernández,
doña Melisa, pide la palabra).
El señor VISO DIÉGUEZ: Con palabras de Tejerina, en toda la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no estamos en un diálogo, estamos en una
comparecencia. Les ruego que terminen.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor presidente, es que si
permite una intervención tiene que permitir las de los demás. (El señor
Martínez González pide la palabra).
El señor VISO DIÉGUEZ: Era una aclaración, nada más.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dejarlo.
Agradecemos al señor Sáenz de Miera su comparecencia, sus explicaciones, y
en nombre de la Comisión le diré que si nos hace llegar esos documentos,,
se lo agradeceríamos.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE (Sáenz de
Miera): Perfecto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Terminada esta comparecencia, vamos a suspender por tiempo de cinco
minutos para continuar después con el orden del día.
Muchas gracias. [Pausa.-(El señor vicepresidente, Romero Hernández, ocupa
la Presidencia)].
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA LUCHA CONTRA LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA Y LA REDUCCIÓN EN LA
GENERACIÓN DE RESIDUOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001450).
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Hernández): Señorías, vamos a empezar con
el punto número 4.º del orden del día, proposición no de ley sobre lucha
contra la obsolescencia programada y la reducción en la generación de
residuos. El grupo proponente es el Grupo Mixto y tiene la palabra el
señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Como ustedes saben, la obsolescencia programada
acorta la vida útil de los productos tecnológicos de una manera
predeterminada por el fabricante o la empresa durante la fase de diseño.
Es decir, estamos hablando de que tras un periodo calculado de su
utilización el producto queda obsoleto, no funcional, inútil, inservible.
Esto evidentemente genera un excesivo consumo de recursos naturales y en
el marco de la lucha contra el cambio climático es un problema que debe
ser abordado a la máxima brevedad. Este es el sentido de la proposición
no de ley que traemos aquí.
La lucha contra la obsolescencia programada es uno de los pilares hacia la
transición ecológica y la economía circular, y por tanto lo que se
pretende con esta lucha es que el valor de los productos, de los
materiales y recursos que se emplean en su fabricación se pueda mantener
en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo
la generación de residuos. Según los cálculos que tenemos actualmente, en
España la huella ecológica es 2,9 veces mayor que la biocapacidad, es
decir, se necesitarían casi tres Españas para mantener el nivel de vida y
población actuales. Y si continuamos así, la evolución negativa nos
llevará a que antes del año 2030 la humanidad consuma cada año el doble
de los recursos anuales del planeta. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
Somos conscientes de que las leyes de mercado y la supervivencia
empresarial que están enmarcados en la filosofía del ciclo de consumo
infinito han llevado a que la obsolescencia programada se instaure en el
sistema productivo, y esto lleva también a que cada vez haya un mayor
número de productos que son poco duraderos y de más difícil reparación y
reutilización. Pero, como hemos señalado en diversas ocasiones en otras
sesiones que hemos tenido en esta Comisión, es importante que para la
lucha contra el cambio climático entendamos que hacen falta no solo
medidas de orden cuantitativo sino también cualitativo, y con esto me
estoy refiriendo a que es imprescindible un cambio de paradigma y la
sustitución de los esquemas consumistas por otros esquemas más
respetuosos con los recursos, con el medio ambiente.
Por este motivo es importante que se aborde ya la eliminación de la
obsolescencia programada. Es importante que lleguemos a un sistema más
equitativo, justo y solidario donde se produzca una distribución real de
la riqueza y se acabe también con esa división que se está dando
actualmente en el marco de la globalización en el seno de la economía
mundial entre países que son exclusivamente consumidores de recursos y
países que se dedican a producir bienes con un grave desgaste para todos
los bienes naturales. Hay que tener en cuenta que cortar la vida útil de
los productos implica tener que fabricarlos una y otra vez y esto produce
agotamiento de materias primas. Esto, a su vez, hace a aumentar las
emisiones de CO2 a la atmósfera, lo cual en última instancia favorece el
calentamiento global. A su vez, los recursos que se utilizan en estos
procesos suelen ser muy contaminantes, lo que conlleva impactos muy
graves tanto en las zonas donde se extraen los materiales como en
aquellas donde se depositan sus residuos. Por tanto, es importante que
nos planteemos la eliminación de la obsolescencia programada también como
una manera de redimensionar el sistema productivo mundial.
Este es el sentido que tiene la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Mixto y Compromís presenta hoy aquí. Queremos que se inste
al Gobierno a varias cosas: impulsar unas medidas efectivas
de reducción como serían la prohibición de la obsolescencia programada, el
alargamiento de las garantías, la compra pública responsable, la
promoción y consumo de productos locales. Queremos que se apliquen
principios de la economía circular y de residuo mínimo. Queremos también
que existan al respecto datos fiables contrastables de dominio público en
relación con la gestión de residuos y queremos, por último, que se
potencie e impulse con ayudas fiscales a las empresas sociales para la
reparación, reutilización y reciclaje de residuos.
Esta proposición no de ley que tienen ustedes ante sí ha recibido diversas
enmiendas. Ya anunciamos nuestro propósito de aceptar las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos. También hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre
la cual hablaremos y espero que al final de esta Comisión presentemos a
la Mesa una propuesta transaccional al respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Cinco minutos justos. ¡Ha estado usted impecable!
Por los grupos enmendantes tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Guinart por el Grupo Socialista por tiempo de cinco minutos, si es
posible.
La señora GUINART MORENO: Gracias, señor presidente.
El consumo anual de materias primas en España se sitúa en unos 60.000
millones de toneladas, lo que equivale a cerca de un 50% más de recursos
naturales que hace treinta años. A las evidentes consecuencias que el
consumo desmesurado y sin control tiene en el medio ambiente, cabe añadir
consecuencias económicas y también sociales de la obsolescencia
programada. Las personas que la sufren especialmente son las más
desfavorecidas, las que no pueden pagar más por productos sostenibles y
no tienen otro remedio que contentarse con productos de baja gama.
En Europa algunos países ya han empezado a introducir medidas para
erradicar este tipo de prácticas. Sin ir más lejos, Francia aprobó en
junio de 2015, dentro de la Ley de Transición Energética, diferentes
medidas, entre ellas la sanción con multas e incluso penas de cárcel para
los fabricantes que continúen programando la muerte de sus productos. En
el Grupo Parlamentario Socialista estamos plenamente de acuerdo con la
prohibición de la obsolescencia programada. Es más, apostamos por una
economía circular asociada a un mejor tratamiento de los residuos. España
es el país que menos residuos genera entre los países europeos de
referencia como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pero a la vez
estamos muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos.
Solo se tratan el 39% de los urbanos y el 89% de los industriales frente
al 66% y el 96% respectivamente de media en estos países.
Los últimos años han supuesto un retroceso en materia de sostenibilidad,
de economía verde y de economía circular en prácticamente todos sus
aspectos. España ha hecho oídos sordos al llamamiento que desde Naciones
Unidas, Unión Europea y la OCDE se hacía de transformar nuestra economía
en una economía ambientalmente mucho más sostenible. No se percibe
inversión para el cambio de modelo productivo ni para el fomento de
energías renovables. Tampoco en el modelo de reciclado para que dejemos
de producir residuos que vayan al vertedero o se quemen, sino que sean
reintroducidos de nuevo en el ciclo productivo como materias primas para
un nuevo proceso.
El Plan estatal marco de gestión de residuos -Pemar 2016-2022-, aprobado
en noviembre de 2015, adolece de falta de concreción en la identificación
de acciones. Por eso es imprescindible que España se plantee seriamente
el desarrollo de políticas concretas y ambiciosas a favor de la economía
circular: conseguir el vertido cero, el reciclaje, la reducción de
residuos y por descontado el ecodiseño de bienes y servicios, que dé
lugar a productos de más larga duración, así como la preparación para su
reutilización y reparación. Todo ello implicará un cambio radical del
sistema de producción y de consumo y requiere del diseño de una hoja de
ruta clara, con objetivos y estrategias a largo plazo, pero también
medidas y acciones a corto, así como la integración de esfuerzos a
diferentes niveles de la Administración y la complicidad de la ciudadanía
y de sectores industriales y empresariales implicados. Es necesario, pues
-así lo planteamos en la enmienda de adición que hemos presentado-,
desarrollar legislaciones y normativas a nivel nacional, autonómico y
local para conseguir su armonización con las principales líneas
estratégicas de legislación europea: reformas fiscales y definición de
impuestos e incentivos y, como también apuntamos en la referida enmienda,
la introducción de elementos educativos por el consumo responsable a la
par que nuevas estrategias formativas, tanto en formación universitaria
como en formación continua de profesionales de sectores implicados. La
transición a la economía circular en España representa una gran
oportunidad para el desarrollo económico y la creación de nuevos
yacimientos
de empleo sostenible. Supone, en definitiva, una menor dependencia del
consumo de recursos no renovables con incuestionable impacto económico,
ambiental y social.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El segundo grupo enmendante es Podemos. Tiene la palabra el señor Luis.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario quiere agradecer esta iniciativa con la que estamos
de acuerdo, pues, como ha manifestado el proponente, habla de una ética
del sistema productivo. También se refiere, entre otras cosas, al
alargamiento de las garantías, que se corresponde con un alargamiento de
la responsabilidad, con una ampliación de la responsabilidad productiva.
Al final estamos hablando de dotar de responsabilidad a nuestro modelo
productivo.
Quiero recalcar -voy a utilizar este turno de palabra de una forma más
pedagógica para intentar meternos en ese consenso del que en todas las
comisiones solemos hablar- cómo hemos entendido esta iniciativa. En el
punto 2 se habla de aplicar los principios de la economía circular:
residuo mínimo, reducción, reutilización, reciclado y valorización. Pues
bien, en esta enumeración hay una prioridad, empezando por la economía
circular, que no es una gestión de residuos en sí, sino entender que no
debe haber residuo. Voy a hacer una exposición histórica de cómo ha ido
evolucionando este concepto desde mediados del siglo XX, en que empieza a
tratarse el fin de tubería que se llamaba entonces. La primera generación
comienza a entender que no podemos asumir ni soportar los índices de
contaminación a que da lugar el sistema productivo y empiezan a alargarse
las chimeneas, a tratarse los vertidos y demás. A finales del siglo XX la
segunda generación empieza a modificar los procesos productivos. Hablamos
de química verde, de la modificación de los plásticos que se estaban
utilizando hasta entonces, de los refrigerantes, de una serie de
modificaciones en el proceso productivo que no tenían que ver con reducir
el residuo final sino con modificar el tipo de materias que se estaban
consumiendo y cómo se estaban tratando. Y ya a principios del siglo XXI
estamos hablando de ecología industrial, de una economía circular, de que
no puede ni debe existir el concepto de residuo porque de hecho en la
naturaleza no existe tal. Todo lo que sale de un sistema acaba siendo
absorbido y generado como materia prima en el siguiente. Por eso en esa
ética productiva debe empezar a hablarse de la obsolescencia programada y
de entender la enmienda que hemos presentado. Nosotros hablamos de que la
basura electrónica -quiero mostrar una gráfica sobre la evolución de la
misma- no deja de aumentar, de que en contra de lo que establece el
Tratado de Basilea -esta mercancía de productos peligrosos está
contaminando el Cono Sur del hemisferio- se están saltando todas las
regulaciones medioambientales que aquí no podríamos soportar y se está
generando una cantidad insoportable de malas prácticas.
¿Cuál podría ser el modelo productivo al que podríamos aspirar? Hay
productos en el mercado, como el Fairphone, en los que la electrónica ya
se está utilizando de una forma más responsable. Estos móviles se
fabrican para poder ser reparados y los minerales que se utilizan en la
producción de la propia electrónica no vienen de países en conflicto. En
ese sentido va nuestra enmienda, a incentivar el uso de estándares
abiertos y a que, además de que puedan ser reparados, puedan ser
reutilizados. Hablamos de una promoción del hardware libre o
adecuadamente documentado, ya que actualmente en el momento en que
intentamos reparar cualquier tipo de aparato electrónico nos encontramos
con que el precio de la reparación es mayor que el de un nuevo
dispositivo. Hay que ir avanzando en esa dirección. Saludamos esta
iniciativa y creemos que hay que seguir avanzando hacia una ética
productiva y dejando de lado la obsolescencia electrónica. Esa es nuestra
prioridad y en eso vamos a trabajar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor
García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley, al margen de las afirmaciones que se vierten
en su exposición de motivos -algunas de las cuales no compartimos-, es
muy ambiciosa en sus objetivos, pero parece desconocer algunos aspectos
importantes que impiden o coartan los objetivos que pretende. Desconoce,
por ejemplo, el reparto de competencias entre las distintas
administraciones que la Constitución, los estatutos de autonomía y la Ley
reguladora de las bases de régimen local determinan y que parece obviar.
Parece no tener en cuenta el desarrollo que a lo largo de estos últimos
años se ha realizado de las directivas
comunitarias y de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, por
el Gobierno del Partido Popular y por las comunidades autónomas de
nuestra nación. En materia de competencias, no se puede desconocer que
las comunidades autónomas tienen competencia en autorización, vigilancia,
inspección y sanción; elaboración de planes de residuos autonómicos y su
ejecución; registro de información, y hasta en el otorgamiento del
traslado de residuos entre comunidades autónomas e incluso entre países
de la Unión Europea, ya que solo se reserva a la Administración central
el traslado de residuos a otros países fuera de la Unión Europea. Por
tanto, o modificamos el actual reparto competencial a favor de la
Administración central o tendríamos que ser mucho más coherentes en este
sentido.
Por otra parte, a lo largo de estos últimos años se ha actuado mucho en
esta materia. Por ejemplo, el programa estatal de prevención de residuos
20142020, aprobado en el año 2013, desarrolla la política general en esta
materia y los objetivos de reducción del 10% de los residuos en 2020
respecto al año 2010, la reutilización y alargamiento de la vida útil de
los productos y la reducción del contenido de sustancias nocivas, y en él
han participado comunidades autónomas, sectores interesados y el Consejo
Asesor de Medio Ambiente. Todas las comunidades autónomas tienen planes
que desarrollan esto. El Gobierno ha aprobado también en el año 2015 el
Plan estatal marco de gestión de residuos 20162022, el Pemar, que
desarrolla la competencia estatal marcando los objetivos mínimos y que
está orientado, primero, a la reducción de residuos per capita y,
segundo, a que el reciclado y la reutilización sean opciones económicas
atractivas. También en el mismo año 2015 se aprobó el Plan de
contratación pública verde, que incluye metodología para que la
Administración General del Estado haga más sostenibles sus compras y
contrataciones. Espero que quienes están preocupados por estos aspectos,
ahora que están debatiéndose la nueva Ley de contratos del sector público
y la ley que opera en los sectores del agua, energía, transporte y
servicios sociales, aprovechen para actuar en este sentido donde de
verdad se puede.
Por tanto, nosotros presentamos una enmienda de modificación que es más
realista respecto a las competencias que tiene la Administración central,
las comunidades autónomas y las corporaciones locales y también con
respecto a las medidas que se deben adoptar y que deben seguir la
política general que marca la Unión Europea a través de sus directivas.
En ese sentido, teniendo en cuenta que la obsolescencia comprende
aspectos muy complejos para su prohibición y que los objetivos que parece
presentar resultan inalcanzables, nosotros presentamos este inicial texto
que pretende fomentar el alargamiento de la vida útil de los productos a
través de su reparación, reutilización y disponibilidad de componentes y
piezas de repuesto, así como continuar incorporando el principio de
responsabilidad en las compras públicas que, como he dicho, ya se está
realizando. Además, hay que aprobar una estrategia nacional de economía
circular que atienda al principio de jerarquía de los residuos y que
desarrolle la política que está dirigiéndose desde la Unión Europea. Y
por último, hay que poner en marcha, en coordinación con las comunidades
autónomas -porque, como digo, en su mayor parte las competencias de
ejecución les corresponden a ellas-, un sistema de información de
residuos como instrumento esencial para mejorar la trazabilidad de los
datos y, por tanto, la gestión de los residuos en España.
Respecto al último punto, el cuarto, la verdad es que el tipo de
sociedades sociales no se comprende en la legislación actual y el término
de empresas sociales se desconoce. Si uno lo mira en Internet, parece que
son las que no ganan dinero o no pretenden ganarlo, cosa que me parece
muy loable pero que prácticamente no es así. Identificar a los
destinatarios de estas ayudas fiscales sería muy complicado. Por eso
nosotros no vamos a votar a favor de este punto cuarto.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
No hay ningún representante del Grupo Vasco ni de Esquerra Republicana.
Por tanto, pasaríamos al Grupo Ciudadanos, que sería el último
interviniente. Tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Primero quiero agradecer la predisposición del proponente y de los
compañeros por alterar el orden del día. Muchísimas gracias.
Es la primera vez que se debate sobre la obsolescencia programada en este
Congreso y creo que es una buena noticia, porque era necesario iniciar
este debate. Además es un tema que mezcla la garantía de los derechos de
los consumidores con la protección del medio ambiente. Es necesario que
existan nuevas políticas para el impulso de la que comúnmente denominamos
economía circular, pero creemos que uno de los aspectos que no se están
teniendo en cuenta son las externalidades negativas de los productos en
sí, como la huella hídrica y la huella de carbono. Esto hace que en
ocasiones parezca más
económico usar y tirar que reparar y reutilizar. Desde el punto de vista
medioambiental -ya algunos compañeros han adelantado la información-, el
consumo anual de materias primas es de aproximadamente 60.000 millones de
toneladas, lo que equivale a un 50% más de consumo de recursos naturales
que hace treinta años. Yo creo que este es un dato que nos tiene que
hacer reflexionar, porque es necesario que estas consecuencias se añadan
tanto a la... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Rodríguez.
Señorías, está interviniendo la portavoz, están justo detrás y se oye el
murmullo. Gracias.
Continúe, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Decía que deben añadirse las consecuencias que para la salud pública y
para el medio ambiente tiene no considerar estas externalidades negativas
a la hora de la producción.
El tema de los residuos es importante, es crucial, por lo que es necesario
que lo abordemos. Por eso solicitamos que se trabaje de una manera muy
detallada en esa Ley de Cambio Climático. Debe tener objetivos ambiciosos
y realistas para el proyecto 2030-2050; no solo debe incorporar lo
recogido en la agenda europea 2020 y los adoptados en la COP21. Pero,
como decimos, en el detalle está el diablo o en el detalle está la
perversión, y eso es algo que creemos que no se ha tenido en cuenta. No
existe una definición general de obsolescencia programada, sino de
obsolescencia planificada, que literalmente se describe como la
producción intencionada de bienes y servicios con vidas económicas
cortas, estimulando a los consumidores a repetir este patrón de compra de
manera frecuente. Creemos que hay visión sesgada, porque aquí no se trata
de ver quiénes son malos o quiénes son buenos, se trata de establecer un
patrón que haga que la reutilización sea viable y más efectiva que
generar residuos por generarlos. Por eso decimos que en el detalle está
la perversión.
Hablamos de ampliar la garantía, pero vamos a hablar de lo que pasa hoy en
día. Con una garantía de dos años, el fabricante cubre el primer año
cualquier tipo de desperfecto que cause el producto, pero el segundo año
es el usuario el que tiene que demostrar que este producto tiene una tara
por el modelo de fabricación y no por el proceso de uso. Por tanto,
difícilmente será sostenible ampliar esa garantía si no hay compromiso
del fabricante de asumirla, porque al final será el pequeño empresario el
más damnificado, ya que por no ver minada la relación con el cliente
acabará cambiando productos que luego la fábrica no le va a rembolsar.
Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de ampliar garantías,
porque, si no existe el compromiso del fabricante de asumir esa garantía,
acabaremos menoscabando el derecho a tener un negocio rentable o un
negocio normal de cualquier pequeño empresario que quiera invertir en
tecnología o establecer este modelo de negocio. Por eso decimos que es
necesario puntualizar o ir un poquito más allá de las generalidades. Nos
hubiese gustado que se llegase al detalle. No ha sido así, pero será un
tema recurrente que seguiremos debatiendo.
Asimismo, para nosotros hay tipos de obsolescencia que suponen fraude, y
eso es una realidad. Nos encontramos casos en los que existen vicios
ocultos, ya prohibidos por nuestra legislación, que hacen recaer sobre el
vendedor la obligación de reparar el uso de la cosa vendida, cuando eso
tendría que asumirlo el fabricante. En el debate de los residuos
intentemos no definir quiénes son buenos y quiénes son malos. Si hablamos
de dar garantías, las del consumidor tienen que ser las que primen. Que
se hagan productos que sean rentables, con una reutilización y reparación
también rentables hará que podamos hablar realmente de economía circular
y de reducción del nivel de residuos y de emisiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Están cumpliendo ustedes a la perfección el tiempo dado. Casi todos están
utilizando cinco minutos exactos.
- RELATIVA A ORIENTAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA HACIA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000621).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que en
este caso sería la proposición no de ley número 2, que propone el Grupo
Popular. Toma la palabra su portavoz.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy tenemos una proposición no de ley relativa a orientar unos
determinados fondos del Ministerio de Economía hacia temas de cambio
climático. Como todos ustedes saben, el cambio climático nos afecta a
todos y su impacto potencial es enorme: falta de agua, grandes cambios en
las condiciones de la producción de alimentos, un aumento de los índices
de mortalidad debidos a inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor,
etcétera. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo
ambiental, sino que tiene profundas consecuencias, tanto económicas como
sociales, y no solo en España, por sus características socioeconómicas,
sino también en los países más pobres y peor preparados. Por eso, esta
proposición no de ley que traemos hoy aquí pretende que, a través del
Fondo de internacionalización de empresas, podamos actuar de forma
eficiente en estos países que más lo necesitan, como ya lo estamos
haciendo en los últimos años. El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado esta proposición no de ley para que este Fondo de
internacionalización de empresas continúe destinándose a proyectos
vinculados con el cambio climático. Como todos ustedes saben, este fondo
está gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Economía. Nació en 2001, con el anterior Gobierno -con lo cual creo que
vamos de estar de acuerdo con su filosofía-, con el objetivo de fomentar
la internacionalización de las empresas españolas, facilitando su entrada
a nuevos mercados y posicionándolas en mercados claves para la política
comercial, otorgándoles para ello una financiación que normalmente no son
capaces de encontrar en los mercados financieros precisamente por la
naturaleza de esos proyectos. Hoy podemos decir que este fondo cuenta con
inversiones de más de 5.200 millones de euros al cierre de 2015 y que se
han aprobado operaciones en sus primeros cinco años de vida por importe
de 1.215 millones de euros, pero es precisamente una modificación que
introduce el Gobierno de Rajoy en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la que lo convierte
en un auténtico instrumento, en una herramienta eficaz para el logro de
esos objetivos, al entender el Gobierno que los mercados internacionales
son realmente una fuente esencial de crecimiento, en un contexto de
globalización caracterizado por una integración de los mercados cada vez
mayor, siendo evidente que las empresas internacionalizadas no solamente
producen un efecto positivo en los países de destino, sino que también lo
hacen en el país de origen -en España a través de ganancias de
productividad, mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la
financiación- y son, en definitiva, las que tienen mayor capacidad para
crecer y para crear empleo.
No cabe duda del gran avance que se ha producido en la
internacionalización de nuestras empresas desde la entrada en vigor de
esta normativa y de otras complementarias. Solamente por recordarlo, el
peso de las exportaciones de nuestro producto interior bruto ha pasado
del 22% en 2009 al 32% en el año 2016, habiendo supuesto precisamente la
exportación de bienes un 54%. El número de empresas exportadoras en este
mismo periodo del año se ha incrementado en un 48%, lo que no deja ningún
género de dudas sobre que estas normas y otras complementarias han
contribuido muy notablemente al desarrollo de la internacionalización de
nuestras empresas. El motivo no es otro que el hecho de que el Gobierno
se diera cuenta de que los flujos internacionales estaban cambiando a una
velocidad mucho mayor que la capacidad de adaptación de nuestra
Administración en aquel momento. Por eso, la política de nuestro Gobierno
ha facilitado -y con estos datos se pone de manifiesto- que las empresas
se expandan en otros países y se ajusten a nuestra Administración para
apoyar estos movimientos a escala global.
Precisamente, queremos poner en relación esto con el fondo y con la
proposición no de ley que traemos hoy al seno de esta Comisión. Además,
no podemos olvidar la estrecha relación existente entre este tipo de
fondos de responsabilidad social y el cambio climático. En este sentido,
tenemos hoy una oportunidad de consolidar que las inversiones estatales,
teniendo en cuenta este criterio de responsabilidad social, sean
socialmente responsables para contribuir a la mejora social, económica y
medioambiental, que, como todos ustedes saben, son los tres pilares
básicos de la responsabilidad social. Pero supone aun más un problema de
justicia social, dado que las regiones y comunidades socioeconómicamente
más desfavorables y más pobres de un territorio concreto son las más
vulnerables a los efectos del cambio climático y, a la vez, son las que
tienen menos capacidad de decisión y menos estructura de gobernanza
mundial y además disponen de menos recursos para ejecutar este tipo de
políticas. La lucha contra el cambio climático, por tanto, cooperación
entre países y también entre los niveles gubernamentales públicos y el
sector privado. Esto es precisamente lo que se trata de hacer con este
fondo.
El fondo financia operaciones y proyectos de interés especial para la
estrategia de internacionalización de la economía española con carácter
general, pero hay que destacar el particular y especial compromiso de
este fondo con la financiación de aquellos proyectos que ayudan a
combatir el cambio climático. De
hecho, este fondo financia proyectos vinculados a este tipo de políticas.
Una parte importante de los recursos asignados por este fondo desde su
creación se orientan a financiar operaciones que llevan a cabo tanto
proyectos de mitigación como operaciones de adaptación. Aquí es donde
está la clave; son los números, los datos que muestran este fondo en sus
últimos años. En los cinco años de vida del fondo, entre 2011 y 2015, se
han comprometido recursos para proyectos vinculados a la lucha contra el
cambio climático por importe de 375 millones de euros, lo que supone casi
un tercio del total de este informe. Pero, además, estas proporciones son
mayores en los años 2014 y 2015, alcanzando en 2014 el 54% de los fondos
comprometidos y en 2015 el 57% de los fondos comprometidos, habiendo
entre la finalidad de estos fondos operaciones aprobadas, entre las que
cabe destacar la generación y la creación de parques eólicos, plantas
potabilizadoras o proyectos de abastecimiento de agua e irrigación, entre
otros.
Asimismo, cabe destacar que España, a través de la Dirección de Comercio
Internacional e Inversiones, fue una de las delegaciones que más apoyó,
en el seno de la CEOE, la suscripción de un acuerdo sectorial de energías
renovables y proyectos de agua, que posteriormente fue ampliado para
incluir tanto los proyectos de mitigación de los que hemos hablado, como
de adaptación al cambio climático. Estos acuerdos permiten sin duda
consensuar qué es lo que queremos hacer hoy a nivel internacional, un
marco de financiación que resulte propicio para este tipo de proyectos.
Por todo esto, presidente, pedimos al resto de grupos parlamentarios su
apoyo para solicitar al Gobierno que siga destinando parte de los
recursos del Fondo de internacionalización de empresas a proyectos
vinculados a la lucha contra el cambio climático y a que las líneas
operativas de este fondo en los próximos años consideren prioritaria la
financiación de proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático.
Esto es todo, presidente; muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.
Quiero hacerles un comentario. A aquellos que vayan a superar el minuto de
conversación, les sugiero que salgan amablemente e incluso paseen fuera
de la sala.
Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Mixto, el señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, estamos plenamente de acuerdo con la base del texto, lo cual no
es noticia; de hecho estamos acostumbrados a coincidir en casi todo lo
que el Partido Popular propone o en todos los discursos que el Partido
Popular hace en materia de lucha contra el cambio climático. En lo que a
menudo no estamos tan de acuerdo es en las acciones del Partido Popular
para luchar contra el cambio climático. Aun así, nosotros hemos querido
intentar mejorar la iniciativa que presenta el Grupo Popular, porque nos
parece una oportunidad más para intentar mitigar los efectos del cambio
climático.
Estamos absolutamente a favor -de hecho, nos parece acertado- de que los
fondos para la internacionalización de las empresas se destinen a los
espacios que emplean sus recursos en luchar contra el cambio climático,
pero nos parecía interesante complementar la propuesta del Partido
Popular pidiendo que se incorpore una evaluación para conocer los efectos
de la mitigación y adaptación de las empresas a la lucha contra el cambio
climático. Nuestra enmienda va en ese sentido, con la voluntad de mejorar
la iniciativa, de complementarla, de hacerla incluso un poco más
rigurosa. Eso es lo que proponemos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Miquel.
El segundo grupo enmendante es el Grupo Socialista. En su nombre, tiene la
palabra el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gràcies, president.
Señorías, en los últimos meses hemos asistido a una retahíla de
iniciativas del Grupo Popular en distintas comisiones que amenazan con
redefinir el concepto de brindis al sol. Por ejemplo, en este caso, si
bien uno puede quedar engañado por el título de la iniciativa e incluso
tener alguna expectativa, a medida que lee la parte expositiva y llega a
la dispositiva se da bruces con la realidad de lo que el Partido Popular
es en algunas Comisiones de este Congreso a día de hoy. Su parte
dispositiva está a medio camino entre la palmadita en la espalda y el
autobombo. Cuando uno consigue zafarse de este espejismo, se encuentra
con la realidad, y qué mejor realidad que bajar a los números.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado socialistas, en 2011, se
dotó el FIEM con más de 316 millones de euros; en 2012 ya solo quedaban
261 millones, y en los últimos Presupuestos
Generales aprobados contó con poco más de 238 millones. Por tanto, la
única realidad constatable a día de hoy es que el Partido Popular y su
Gobierno están recortando poco a poco un fondo que, en consecuencia,
debemos pensar que poco les debe importar. Por otro lado y en otro orden
de cosas, amanecemos hoy otra vez con noticias preocupantes en la línea
de que el Gobierno Trump en Estados Unidos está tomando medidas para
desmantelar las acciones del Gobierno Obama en la lucha contra el cambio
climático, con lo que esto puede suponer para la zona europea.
De estas dos preocupaciones, que vienen de lados distintos, nace nuestra
enmienda a la PNL. El Congreso debe instar al Gobierno a algo sustancial
cuando presenta iniciativas. En el caso que nos atañe, creemos en dos
elementos clave, a saber: primero, demostrar un compromiso firme con la
lucha contra el cambio climático, en este caso concreto modificando la
normativa de los criterios de valoración del FIEM para dar prioridad
específica a proyectos dedicados a la lucha contra el cambio climático;
segundo, volver a aumentar la dotación del FIEM en los próximos
presupuestos y permitir además facilitar y agilizar la tramitación de los
créditos, con lo que se conseguiría seguramente amortizar una parte más
grande de este fondo, que, a día de hoy, muchas trabas impiden que se
acabe de aprovechar del todo. Son dos propuestas que permitirían que esta
PNL pasara de ser un ejercicio de autocomplacencia a ser una propuesta
del Gobierno en la que se demostrara, por un lado, compromiso con el FIEM
y con lo que representa y, por otro, un auténtico compromiso del Gobierno
de España con la lucha contra el cambio climático. Por eso, hemos
presentado la enmienda y esperamos que el grupo proponente pueda
aceptarla.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Lamuà.
Esquerra Republicana no está presente. En nombre de Ciudadanos, su
portavoz, el señor Martínez, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Coincido con lo que ha dicho algún compañero. Esta PNL parece el típico
publirreportaje al que nos suele tener acostumbrados el Partido Popular,
pero también entiendo que si no se venden ellos, quién los va a vender;
comprendo, por tanto, la intención de la PNL. Por otra parte, la
compartimos plenamente y la vamos a votar a favor.
Ya hemos apuntado en el anterior debate, en la comparecencia, que la
eficiencia energética, las renovables y la lucha contra el cambio
climático abren todo un mundo de posibilidades para las empresas, en este
caso para las empresas españolas. Les abren la posibilidad de exportar
tecnología y de hacer transferencia financiera. También abren
posibilidades para los países receptores, para los países del tercer
mundo, para países en vías de desarrollo, que sufren las consecuencias de
nuestro modo de vida, porque para que nosotros vivamos como vivimos,
ellos sufren en gran parte las consecuencias. Se crea un motor de
crecimiento indudable que nos traería puestos de trabajo estables y
bastante cualificados en muchos campos: producción de energía,
transporte, fabricación de materiales, urbanismo, edificación... España,
al no haber tenido acceso a los hidrocarburos, al no tener yacimientos de
petróleo, ha impulsado la creatividad de las empresas españolas en el
mundo de las renovables y somos punteros a nivel mundial en todos estos
aspectos, y estos fondos permitirían a estas empresas exportar a países
en vías de desarrollo.
Somos el segundo país del mundo con más patentes de renovables. El primero
es Alemania, pero el segundo es España. Somos el primer productor mundial
de energías renovables. La primera empresa productora de energías
renovables es española... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, un segundo.
Hay un gran murmullo en la puerta. Por favor, están a medio metro de
salir. Salgan. Ustedes pueden no estar aquí. Los alumnos pueden y deben
estar en clase. Ustedes solo deben estar, así que no pasa nada.
Ya han salido, así que tiene usted la palabra y le escuchamos atentamente.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Las principales empresas del sector
termoeléctrico son españolas. Tenemos una economía muy puntera en
renovables y podemos contribuir. Está en los acuerdos europeos que hay
que fijar hasta 2020 un fondo de 100.000 millones de euros para
contribuir a mitigar el cambio climático y a que todos estos países se
adapten. Como hemos dicho en la anterior intervención, somos punteros en
sectores como maquinaria agrícola, desaladoras, potabilizadoras,
tratamiento de aguas,
ferrocarril -apostamos por el ferrocarril en contra del transporte por
carretera-. Hay empresas españolas que pueden aportar mucho. Nos parece
una buena iniciativa y la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Martínez.
En último lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, president.
Es una buena noticia saber que el Partido Popular ha empezado a considerar
y a trabajar en los puntos de la Cumbre de cambio climático de París,
celebrada en 2015, con una propuesta como la que discutimos hoy, y
esperamos que así lo haga también el Gobierno. Aun así, es triste que no
podamos discutir propuestas con mucho más contenido, compromiso y
valentía en la lucha contra el cambio climático.
Es también sorprendente que, hasta hoy, algo tan importante a escala
global como el cambio climático no formara parte de una estrategia como
son los fondos para la internacionalización de la empresa, cuando todas
nuestras políticas y estrategias deberían ya contemplar dicha
perspectiva. Es algo tan fácil en este caso como sumar en las líneas
orientativas del próximo año un nuevo punto en los sectores económicos
objetivos, siendo sin duda alguna la lucha contra el cambio climático y
los sectores que esto representa de especial interés. Es verdad que las
energías renovables, por ejemplo, aparecen dentro de los proyectos llave
en mano, pero entendemos que la lucha contra el cambio climático va mucho
más allá y debe ser mucho más explícita que en la actualidad. Aun así, no
podemos obviar que los FIEM carecen de mecanismos seguros de evaluación,
control, rendición de cuentas y participación por parte de la sociedad
civil, del todo necesarios para garantizar que los créditos que se
otorgan, por ejemplo, no se puedan destinar a proyectos que generen
graves impactos económicos, ambientales y sociales. Sería un despropósito
financiar al mismo tiempo proyectos de lucha contra el cambio climático y
otros proyectos con graves perjuicios para el medio ambiente. De la misma
forma, los FIEM tampoco pueden contribuir a la acumulación de deudas
ecológicas y climáticas con los países del sur, y esto es algo que
debería quedar muy claro y tenerse muy en cuenta.
Pero la política contra el cambio climático tampoco puede ser la creación
de parches que vayamos sumando a distintas normas o estrategias ya
existentes. Se necesitan mecanismos y medidas exclusivas, valientes, con
recursos suficientes que nos permitan hacer frente de verdad al cambio
climático desde múltiples ámbitos y perspectivas. Ahora, por lo tanto, es
el momento de ponernos de verdad con los acuerdos de la Cumbre de París
una vez han sido ratificados, aunque no con la celeridad que se debería
-mi grupo ya lo trasladó aquí en su momento-, para poder cumplir con los
compromisos que hemos adoptado y que no se queden en una simple
declaración de intenciones. Esperamos que ahora sí y de verdad se puedan
empezar a demostrar el interés y la voluntad política en la lucha contra
el cambio climático.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Sibina Camps.
¿El proponente quiere tomar la palabra un minuto para expresar la posición
de su grupo sobre las enmiendas o prefiere hacerlo al final?
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Estamos en ello.
El señor PRESIDENTE: Perfecto, lo hacemos al final.
- SOBRE LA REAPERTURA DEL SERVICIO DE TRENES EN LA LÍNEA
MADRID-RIAZA-ARANDA-BURGOS Y REDUCIR LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000884).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que en este caso es una
iniciativa de Podemos sobre el servicio de trenes en la línea
Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático.
Tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como ya comenté en la reunión de Mesa y portavoces, quería
aprovechar esta proposición no de ley para reivindicar la importancia del
ferrocarril en la lucha contra la cada vez más preocupante contaminación
urbana, la congestión, las desigualdades sociales, la inseguridad y
accidentalidad y el cambio climático.
Que el cambio climático afecta ya a millones de personas en todo el mundo
es una evidencia. En España el abuso del automóvil y del camión para el
transporte de personas y mercancías es causa directa de las altas
emisiones y de las escandalosas cifras de víctimas mortales por
contaminación urbana que, con más de 16.000 muertes al año, superan
cuatro veces la preocupante mortalidad por accidentes de tráfico. Cada
vez nos movemos más y cada vez lo hacemos de manera menos sostenible.
Según el estudio Las cuentas ecológicas del transporte, de Ecologistas en
Acción, en veinte años se ha producido un incremento en los kilómetros
recorridos por habitante que supera el 50%; frente a los 28,3 kilómetros
diarios de media que un ciudadano hacía en 1993, hoy en día recorre 45,5.
Este incremento se ha asentado principalmente en el automóvil y el avión,
los dos medios con mayor impacto socioambiental. El transporte es el
sector de la economía española donde más rápido crecen las emisiones de
gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y las
previsiones apuntan a que en breve será el que más contribuya al cambio
climático. El 40% del gasto energético en España proviene de los
transportes y estos producen un 35% del total de emisiones de CO2. De
poco ha servido la estrategia española de cambio climático impulsada por
el Gobierno, que hace una década recomendó apostar por el tren de manera
decidida frente al resto de medios de transporte, mientras vemos cómo
líneas como esta a la que hace referencia esta proposición no de ley han
sido desmanteladas en la práctica.
Es muy urgente acometer un cambio profundo del modelo de transporte hacia
un modelo más sostenible. En este marco, es clave potenciar el
ferrocarril como elemento vertebrador de la red de transporte público
integrada por su mayor capacidad, menor consumo energético, menor emisión
de gases con efecto invernadero y mayor seguridad. Según datos del World
Business Council for Sustainable Development, solo un 2% de las emisiones
totales generadas por los medios de transporte corresponde al tren. Los
coches, camiones, furgonetas, autobuses y motocicletas copan la lista con
un 76%; el resto se lo reparten el avión, con el 12%, y el barco, con el
10%. Potenciar el ferrocarril no consiste en implantar la alta velocidad
como algunos Gobiernos han hecho hasta ahora. El AVE, por ejemplo, supone
solo el 10% de los desplazamientos diarios; el grueso de la movilidad
está en los viajes de corta y media distancia, de sesenta minutos de
duración media y entre las áreas metropolitanas. Es ahí donde hay que
incidir en la movilidad sostenible y donde el tren ha de jugar un papel
esencial. De ahí nuestro esfuerzo por impulsar, promover y proponer que
se recuperen líneas como la que mencionamos en esta proposición no de
ley. Solo invirtiendo el mayor esfuerzo en la red ferroviaria
convencional, la del día a día, el ferrocarril logrará mayores éxitos
contra la congestión, la contaminación, el cambio climático y la
exclusión social. Con todo ello, como digo, presentamos esta proposición
no de ley que trata de recuperar una línea que ha sido abandonada.
En cuanto a las enmiendas presentadas, aceptamos la presentada por el
Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.
Iríamos a los grupos enmendantes. En primer lugar, el Grupo Ciudadanos.
Toma la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nos resulta extraño que esta iniciativa haya derivado en
esta Comisión de Cambio Climático. Pensamos que Cambio Climático no debe
ser un cajón de sastre de aquellas iniciativas de Fomento que no tienen
cabida allí o que no se pueden debatir allí.
Una vez dicho esto, esta iniciativa viene precisamente de la Plataforma
por la recuperación del ferrocarril directo a Burgos. Estoy totalmente de
acuerdo con el portavoz de Podemos en que hay que mejorar la movilidad.
Efectivamente, es una zona que tiene una demanda, sobre todo porque tenía
esta red ferroviaria que ahora no está en servicio. Pero también tendría
que decirle que lo primero que tenemos que pensar ante lo que se presenta
en esta proposición no de ley, desde el punto de vista de Ciudadanos, es
si es presupuestariamente viable, por lo que nuestra enmienda, que creo
entender que no ha sido aceptada por el grupo proponente, lo primero que
dice es que antes de tomar una decisión lo analicemos en la Oficina
nacional de evaluación del Ministerio de Fomento, porque es muy
importante ver la viabilidad
-no estamos inventando nada- en función de estudios que la misma Unión
Europea propone, que son estudios de rentabilidad socioeconómica. Creo
que esa es la cuestión. Tenemos que verificar que realmente es una vía
necesaria. Sin duda, hay demanda, pero tenemos que ver si realmente el
coste/beneficio compensa.
Diría también al portavoz de Podemos que estamos hablando de retomar una
línea que es diésel. La línea de viajeros no está electrificada. Por
tanto, estamos hablando de una línea diésel, que, como hemos visto en la
comparecencia anterior, produce gases de efecto invernadero, quizás
incluso bastante peores que los que pueda producir ahora mismo el tráfico
que hay en esa vía. Por otro lado, se habla en la proposición no de ley
de electrificar. Electrificar una línea de aproximadamente 250
kilómetros, que es lo que está planteando Podemos, además desdoblada -con
lo cual sería necesario tener dos líneas-, supone unos 100 millones de
euros para las arcas públicas. Si hablamos de dos líneas desdobladas,
estamos hablando de 200 millones de euros. En esta línea, como ustedes
saben porque se ha hecho famoso, en los túneles de Somosierra, en el año
2009, cuando se intentó recuperar esa línea, una máquina tuneladora se
quedó atrapada en un túnel. Pues simplemente extraer la máquina de ese
túnel cuesta en torno a 5 o 6 millones de euros. Si hacemos un suma y
sigue, también se plantea la suma de los sistemas ERTMS, que también son
caros y que no tienen sentido para líneas de baja capacidad ni para bajas
velocidades. En fin, si vamos sumando presupuesto, yo creo que es más que
necesario que la Oficina nacional de evaluación decida si este proyecto
es viable o no. Si lo es, creo que tenemos que ir adelante con él.
Ciudadanos lo apoyaría absolutamente, incluso para potenciar el corredor
atlántico, como bien se dice en la proposición no de ley, pero para que
genere una demanda derivada sería muy necesario que también se
acometieran las obras del tramo Burgos-Vitoria.
No podemos actuar una y otra vez en función de lo que se demanda en una
localidad concreta. Tenemos que empezar a ser serios y rigurosos, sobre
todo en la Comisión de Fomento y si deriva a aquí, a Cambio Climático,
pues también. Tenemos que ser capaces de ver cuáles son las prioridades,
tenemos que ser capaces todos juntos de evaluar qué proyectos suponen al
final un beneficio para los ciudadanos en general, pero que, a la vez,
sean rentables. En ese sentido, quiero decirles que de ninguna manera
podemos votar a favor sin que pase primero por la Oficina nacional de
evaluación. Por eso nuestro grupo se va a abstener.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Rivera.
A continuación, como grupo enmendante también, tendrá la palabra la señora
Peña Camarero, en nombre del Grupo Socialista. Le doy la bienvenida
además.
La señora PEÑA CAMARERO: Compartimos el turno.
El señor PRESIDENTE: ¿Van a compartir el turno? Van a actuar a dúo. Muy
bien, es una novedad en esta Comisión.
En primer lugar, toma la palabra el señor García Mira, portavoz del Grupo
Socialista.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, presidente.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, el transporte es un sector
clave en el proceso de descarbonización del modelo energético. En España,
el transporte es la actividad con mayor volumen de emisiones de gases de
efecto invernadero y, en general, acumula el 23% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero de todo el sector energético.
España tiene que reducir sus emisiones entre un 80% y un 95% de aquí a
2050 para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por
la Unión Europea. Uno de los objetivos más importantes a este nivel es
separar el crecimiento económico de los países miembros del aumento del
volumen de vehículos necesarios para cubrir sus necesidades. Sin embargo,
de todos es sabido que la realidad es más bien contraria a este
principio. Año tras año el parque de vehículos utilitarios va en aumento,
así como el número de aviones puestos en ruta que crecen con más rapidez
que el resto de sistemas de transporte, con el consiguiente impacto en
términos de huella ecológica. Y todo debido al estilo de vida que
seguimos.
De este modo, el aumento en la construcción de infraestructuras de
transporte basado en carreteras, aeropuertos y terminales va en
detrimento del mantenimiento y renovación del estado de las líneas de
ferrocarril existentes o del diseño y construcción de nuevas líneas que
permitan alcanzar objetivos de reducción de contaminación en el
transporte y conseguir el ajuste a las metas basadas en el desarrollo
sostenible a que nuestro país está obligado por los acuerdos
internacionales. Todo esto tiene un impacto medible sobre el cambio
climático y sobre el ambiente que es preciso corregir. El transporte
sostenible basado en el transporte de personas y mercancías por medio del
ferrocarril produce unos costes sociales y ambientales menores que los
actuales y reducen el peso del vehículo privado como medio de transporte
y del petróleo como fuente de energía. La movilidad sostenible basada en
el tren implica también la necesidad de modificar el comportamiento
humano a fin de garantizar la calidad de vida actual y de las
generaciones futuras. No es un simple cambio de fuente de energía, sino
que también conlleva la utilización de medios de transporte distintos de
los habituales. El transporte sostenible a través del ferrocarril
desempeña un papel relevante como elemento vertebrador del desarrollo
socioeconómico de un territorio, específicamente en sus relaciones con la
industria tanto en lo que se refiere al transporte de materias primas
como a la distribución del producto final hasta los puntos de venta o
consumo, lo que exige contar con las políticas y programas necesarios que
favorezcan la disponibilidad de trenes adecuados e infraestructuras de
transporte específicas para la carga a transportar -estaciones,
apeaderos- que den servicio al espacio industrial del territorio,
adecuándolos y ampliándolos de acuerdo a las necesidades y, en especial,
a aquellos que están más cerca de los polígonos industriales.
En definitiva, la movilidad sostenible basada en el transporte de viajeros
a través de ferrocarril se sustenta en tres pilares. Uno, la
racionalización y restricción del uso del vehículo privado; dos, la
potenciación del transporte por ferrocarril; y tres, la planificación
territorial adecuada. Por estas razones consideramos que el transporte
por ferrocarril es un sector clave para la descarbonización de la
economía. En relación con la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, hacemos unas
propuestas concretas que expondrá mi compañera Esther Peña.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Señora Peña, ahora sí, tiene usted la palabra.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente. Buenos días.
Dado lo confuso de la proposición, mi compañero ha expuesto nuestra
posición sobre el ferrocarril y su relación con el cambio climático y yo
quiero, como burgalesa, mostrar la posición socialista sobre el directo
que afecta a Madrid, pero sobre todo a Aranda, a la Ribera y a Burgos. No
voy a negar que lamento que los diputados de Burgos, tanto los de Unidos
Podemos como los del Partido Popular, no estén aquí hoy para defender los
intereses de los arandinos. Es verdad que esta ha sido una vía objeto de
errores y malas decisiones por parte de todos, las últimas en el año 2012
con la clausura por parte de Ana Pastor de la vía y en 2015 con el cierre
de la estación de El Montecillo. Los vecinos de Aranda, de la Ribera y de
Burgos claman desde hace más de una década por el futuro, por las
oportunidades y por el desarrollo económico que significaría la puesta en
marcha de la línea 102. Por eso para atender a ese clamor no entendíamos
que se perdiera hoy la oportunidad de llegar a un consenso en lo que
realmente necesitamos, que es la reapertura del directo. No solo es raro
que esta PNL no se lleve a Fomento, que sería su lugar natural para el
debate, sino que los ocho puntos que se proponen ni siquiera piden lo
imprescindible, que es la reapertura.
La propuesta no es que sea un brindis al sol, es que no sirve para
solucionar el problema, porque el Parlamento nacional no decide qué se
incluye en la red transeuropea. Por eso hemos presentado una enmienda de
sustitución para poner el foco en lo que creemos que se pueden conseguir
frutos, porque esta actuación es responsabilidad del Gobierno de España,
no le demos la opción al Gobierno de que se excuse con la Unión Europea
para no hacer nada. No olvidemos que, respecto al plan Juncker, España es
el país que menos ha aprovechado los fondos del plan por la incapacidad
del Partido Popular para conseguir las inversiones privadas necesarias
para este plan. La enmienda del Grupo Popular obvia el futuro del
directo, lo elimina directamente de su proposición, y qué decir de la de
Ciudadanos, que se pone de perfil dejando la decisión del directo a la
Oficina nacional de evaluación. No olvidemos que esto es cuestión de
voluntad política. Así, pese a que desde Fomento se nos niegue reunirnos
a los socialistas burgaleses y nos pongan trabas para acceder al estudio
de viabilidad, pero como creemos que las cosas se pueden hacer mejor de
lo que se han hecho hasta ahora, proponemos un acuerdo claro y conciso.
En primer lugar, paralizar toda obra destinada al desmantelamiento de la
vía, proceder a la reapertura, acometer y adaptar las infraestructuras
necesarias, reponer los sistemas de comunicación y realizar todas las
gestiones con la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, ADIF y
la Unión Europea para revitalizar la línea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted señoría, que se ha ajustado
también al tiempo.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular don Miguel
Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
La verdad es que cuando empecé a leer la PNL por la exposición de motivos
creí que nos traían a esta Comisión un proyecto nacional estratégico y de
futuro. El Reglamento de la Unión Europea, la Estrategia europea 2020, el
Libro Blanco del transporte de 2011 de la Comisión Europea son las
referencias que utilizan en la parte inicial de su propuesta. De ahí mi
sorpresa al llegar a la proposición y ver que solo se centran en un
trayecto, en una línea concreta. La verdad es que pensé que iban a
proponer o a instar al Gobierno a un proyecto de futuro o a una
estrategia de cara a esos objetivos de 2020, 2030 o 2050.
Si su proposición tuviera que ver con la exposición de motivos, la
apoyaríamos porque los objetivos los compartimos. El proyecto europeo es
una de las bases del comportamiento y de la acción política del Grupo
Popular y porque los objetivos marcados en la Cumbre de París y la
posterior de Marrakech sobre el problema del cambio climático son
conceptos y objetivos que asumimos como propios. Nuestro grupo quiere
promover todos los acuerdos posibles en esta Comisión, no solo asumiendo
el cambio producido en la sociedad española que nos exige llegar a
acuerdos, plantear proyectos conjuntos y buscar exclusivamente el bien
común, más allá de intereses partidistas, sino que en el tema que nos
ocupa, el cambio climático, la necesidad de ese proyecto común es
absolutamente imprescindible. Así nos tendrán siempre, disponibles para
llegar a acuerdos y dispuestos a trabajar en proyectos comunes. Pero
cuando se plantea una proposición como esta, que tiene tantas razones
para oponerse a ella como ahora les trasladaré, no podemos apoyarla,
porque es obvio que sus objetivos no coinciden con los nuestros, que son
los que acabo de explicar.
La línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, inaugurada en 1968, dejó de
tener tráfico en 2011, situación provocada por un hundimiento en
Robregordo, en el túnel 25. De acuerdo con la información de que se
dispone con anterioridad, la demanda de viajeros en esta línea era muy
baja, con medias de un viajero por día en cada tren. Desde el 19 de
febrero de 2010, una vez suspendido el servicio, se decidió ofertar el
servicio entre Madrid y Burgos vía Aranda por autobús, que fue suspendido
el 31 de marzo de 2012 debido a los resultados negativos. En cuanto a las
mercancías, en los años anteriores solamente circulaba un tren de
mercancías a la semana entre Madrid y el apartadero de Sotoferro situado
en Manzanares-Soto del Real.
En diciembre de 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron los
Reglamentos UE/1315/2013 y UE/1316/2013 en los que se definen las
características y las líneas que componen la red transeuropea de
transporte. Esta se ha definido mediante una estructura de doble capa,
compuesta por la red global y la red básica. La red global consiste en
todas las infraestructuras existentes y planificadas de la red
transeuropea de transporte, así como las medidas destinadas a fomentar el
uso eficiente y sostenible desde el punto de vista social y
medioambiental de dichas infraestructuras. La red básica se compone de
aquellas partes de la red global que tengan la mayor importancia
estratégica para lograr los objetivos de desarrollo de la citada red. Una
de las prioridades marcadas por parte de la Comisión Europea para la
determinación de la red básica es la no duplicidad de itinerarios entre
los nodos establecidos. En este caso, el itinerario aprobado por la
Comisión ha incluido en la red básica la conexión Madrid-Burgos a través
de Valladolid. Esta situación no es óbice para que la línea pueda
mantenerse dentro de la red ferroviaria nacional siempre que su
funcionalidad y viabilidad así lo aseguren. En este contexto, entre
Aranda y Burgos actualmente existe tráfico sobre la línea, destacando la
apertura y puesta en funcionamiento del nuevo ramal ferroviario desde el
polígono industrial Prado Marina, en Aranda; además, se trabaja en
colaboración con la Junta de Castilla y León para su mejora, en virtud
del protocolo de colaboración firmado el 29 de julio de 2014 con ADIF.
Por todo ello, rechazamos el contenido de la PNL y sugerimos el siguiente
texto alternativo: Continuar persiguiendo la eficiencia y sostenibilidad
del sistema de transporte en su conjunto aumentando, si cabe, los
estándares de seguridad y reequilibrando el reparto modal a favor de los
modos más sostenibles, como puede ser el caso del ferrocarril, que es
acorde con la filosofía que nos ha trasladado el grupo proponente, pero
no con el texto de la PNL. Este texto sí está acorde con las decisiones
de la UE y con los objetivos de esta Comisión.
Como bien dijo nuestro ministro en la comparecencia en la Comisión de
Fomento, la política de infraestructuras tiene que conjugar la necesidad
de equilibrar y cohesionar nuestro territorio buscando la igualdad y la
equidad entre todos los españoles, pero al mismo tiempo se tiene que
buscar la máxima
rentabilidad económico-social a los proyectos porque las necesidades son
muchas, pero los recursos son limitados. Consideramos por todo ello que
debemos caminar por la senda del acuerdo nacional por las
infraestructuras y el transporte que garantice la implementación de las
políticas de infraestructuras a nivel nacional en un pacto
político-social, económico e institucional que defina nuestras
infraestructuras y concrete la red de transporte de interés general del
país, tal y como la Comisión de Fomento ha instado recientemente al
Gobierno por unanimidad en una proposición no de ley. Espero que no sea
nuestra Comisión la que transmita una imagen contraria a la del acuerdo y
el interés general. Tampoco vamos a aceptar la enmienda que plantea el
Grupo Socialista porque básicamente dice lo mismo con otras palabras. Me
gustaría preguntarles a ambos grupos sobre qué servicios públicos podemos
quitar fondos para realizar esta obra y sobre qué servicios públicos
podemos quitar fondos para mantener año tras año una línea inviable. (El
señor López de Uralde Garmendia: De la privatización de las autopistas).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.
Hemos finalizado también esta PNL. (El señor López de Uralde Garmendia
pide la palabra). ¿Desea tomar la palabra?
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Sí, seré muy breve. Quiero ratificar
que aceptamos la propuesta del Grupo Socialista y, sin entrar en debate
con el representante del Grupo Popular, se nos ocurren muchas opciones.
Entre ellas, la recaptura o renacionalización de las autopistas, donde se
van a gastar cientos de millones en ese rescate cuando ese dinero se
podría haber utilizado para el relanzamiento del ferrocarril, por
ejemplo.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CUMPLIR LA DIRECTIVA EUROPEA DE
CALIDAD DEL AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001451).
- SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN RELACIÓN A LA SALUD
HUMANA Y PROTECCIÓN DE LA AGRICULTURA Y LOS ECOSISTEMAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001511).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el último debate y digo último porque, si
no me equivoco, se ha acordado así por parte de los portavoces, a los
que, aprovechando este momento, les insto para que avisen a sus
compañeros de grupo para la votación. Estamos yendo muy bien en tiempo
-lo digo para que se organicen- y no me extrañaría que en torno a la una
de la tarde como muy tarde podamos estar votando si estas dos
proposiciones no de ley van al mismo ritmo que las anteriores. Abordamos
el punto quinto del orden del día, que es la proposición no de ley
relativa a la calidad del aire, que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, y la sexta, que es una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa también a la calidad del aire con
relación a la salud humana y protección de la agricultura y los
ecosistemas.
En este sentido, y por orden del día, tendrá la palabra en primer lugar,
si les parece, uno de los proponentes, el Grupo Socialista, y en segundo
lugar, el segundo proponente y, a partir de ahí, haremos el turno de
enmendantes de cada iniciativa.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Carlota Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias.
Según datos de la Comisión Europea, en Europa las muertes relacionadas con
la contaminación del aire triplican las resultantes de accidentes de
tráfico. En España se producen, según la Organización Mundial de la
Salud, alrededor de 7.000 muertes al año atribuibles directamente a la
contaminación.
Las consecuencias de la contaminación ambiental para nuestra salud son de
naturaleza diversa y ampliamente conocidas, fundamentalmente afecciones
respiratorias, también las alergias se ven agravadas por las partículas
en suspensión por una disminución del sistema inmunológico. La
contaminación ambiental también es responsable de afecciones del sistema
reproductor, como la disminución de fertilidad masculina, aumento de la
mortalidad intrauterina, el aumento de nacimientos prematuros e incluso
recientes estudios alertan también de que la contaminación del aire puede
acelerar el envejecimiento del cerebro y contribuir al avance de la
demencia. No descubrimos nada nuevo al señalar la importancia que tiene
la calidad del aire que respiramos. Se suele decir que somos lo que
comemos, pero también añadiría que somos lo que respiramos. Y la calidad
del aire en las principales ciudades de nuestro país deja mucho que
desear. Del mismo modo no debemos desdeñar las consecuencias que la
contaminación del aire tiene en los ecosistemas, en la calidad del agua,
en el proceso evolutivo de las plantas, entre otros.
En 2008 la Comisión Europea aprobó la Directiva 2008/50/CE, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Dicha
directiva fue traspuesta al marco normativo español a través del Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la calidad del aire.
Posteriormente, se aprobó el Plan nacional de calidad del aire 2013-2016.
Y el pasado mes de febrero la Comisión Europea envió una última
advertencia a varios Estados miembros, entre ellos España, por no haber
puesto solución a la advertencia previa en relación con el incumplimiento
de la mencionada directiva. Según ha dictaminado la Comisión Europea,
existe un incumplimiento constante en los límites de dióxido de nitrógeno
procedente en su mayor parte del tráfico rodado. En nuestro país el
incumplimiento se concentra fundamentalmente en las dos ciudades más
populosas, Madrid y Barcelona. En su notificación la Comisión insta a
actuar de manera urgente estableciendo un plazo de dos meses para definir
las medidas encaminadas a cumplir con los límites de gases contaminantes.
Estos dos meses están a punto de finalizar y en el Grupo Parlamentario
Socialista estamos expectantes a la respuesta que va a remitir el
Gobierno de España a la Comisión.
Los ayuntamientos afectados han presentado sus planes de calidad del aire;
algunos se están mejorando con aportaciones de otros grupos políticos.
Por ello lo que pedimos en esta proposición no de ley es muy sencillo:
que el Gobierno cumpla la directiva. Porque el informe lo que también
pone en evidencia es que se están incumpliendo los objetivos generales
del Plan nacional de calidad del aire; es decir, nuestro propio marco
regulador. Y, en segundo lugar, pedir también que se colabore con los
ayuntamientos afectados para la puesta en marcha de las medidas
necesarias para garantizar que quienes vivimos en grandes ciudades
podamos ejercer nuestro derecho a un medio ambiente sano. Porque,
contrariamente a lo que afirmaba un dirigente político madrileño, vivir
en las ciudades no implica inexorablemente pagar un peaje en salud. Vivir
en Madrid o Barcelona no puede ser un factor de riesgo para la vida.
Ciudades con una calidad de aire que ponga en riesgo la vida de sus
habitantes no deberían tener cabida en países como el nuestro. Tenemos
los medios y la tecnología para que esto no sea así. Las administraciones
locales pueden establecer medidas, pero las de mayor alcance requieren no
solo del apoyo y comprensión de todos, sino de la acción del Estado, como
pueden ser la renovación del parque móvil, incentivos a los vehículos
eléctricos, híbridos, el tema de la industria, por citar algunas.
Igualmente los Estados miembros disponen hasta el 30 de mayo de 2018 para
trasponer la directiva sobre límites máximos nacionales de emisiones
debiendo elaborar un programa nacional de control atmosférico para 2019.
En esto tan español de hacer de la necesidad virtud, podríamos aprovechar
esta situación y sentar las bases para este programa a partir de las
sugerencias que hagan ayuntamientos, comunidades autónomas y otros
actores.
Sé que a todos los presentes nos preocupa la calidad de nuestro aire en la
lucha contra el cambio climático, esto no es algo que pueda abanderar un
grupo político en solitario o una ciudad o territorio. La contaminación
no se queda quieta, en Madrid lo sabemos muy bien, en cuanto sopla el
viento, mandamos nuestro dióxido de nitrógeno a Castilla-La Mancha. Por
tanto, urge la coordinación y cooperación interinstitucional que
esperamos se esté produciendo no solo para responder ante la Comisión,
sino también y fundamentalmente ante la ciudadanía española. En este
sentido, queremos agradecer la colaboración de otros grupos
parlamentarios que han aportado enmiendas que van precisamente en las
líneas que hemos destacado en esta intervención y estamos procediendo a
elaborar una enmienda transaccional que trasladaremos a la Mesa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Merchán.
Es el turno del segundo grupo proponente, en este caso Ciudadanos. Tiene
la palabra su portavoz, el señor Martínez, con una advertencia. Creo que
hay distintas transacciones entre enmiendas, no solo en esta iniciativa,
sino en las anteriores también. Quiero recordarles a sus señorías que
tienen que presentarlas por escrito a la Mesa para poder luego
pronunciarlas a la hora de votar.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tenemos un problema de malos humos. Hablar de calidad del aire,
de contaminación atmosférica, es hablar de un problema sanitario, de un
problema de salud pública de primera magnitud. Este país ha tomado
conciencia y se ha sensibilizado en temas como el tabaco, que causa
anualmente una mortalidad todavía excesiva, pero existe la conciencia
social, la sensibilización y una legislación restrictiva al efecto, hemos
mejorado, hemos apartado a las poblaciones de riesgo y cosas que antes
eran habituales, como fumar en sitios públicos, se ha dejado de hacer con
buen sentido. También estamos muy sensibilizados con los accidentes en
carretera. En el año 2016 murieron 1.160 personas en accidentes de
carretera y el Estado ha hecho un esfuerzo ingente, hay sensibilización
social al respecto, se invierte en mejorar la red viaria y hay campañas
de concienciación. Sin embargo, con el tema de la calidad del aire, con
el aire que respiramos no lo hemos conseguido y, según la Agencia Europea
de Medio Ambiente, causa 33.000 muertes de manera prematura por
contaminación en nuestro país.
La mayoría de la población de este país vive en condiciones de mala
calidad del aire porque vive en las ciudades y todos estamos sometidos a
un coste de partículas en suspensión que, como ya han apuntado, son
dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y el ozono troposférico.
Especialmente este problema se hace más acuciante en las megaurbes, en
las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y en las grandes zonas
industriales como el Valle de Escombreras, Tarragona o Huelva, pero, como
digo, afecta al 80 % de la población de este país. Esto a su vez está
generando un ingente gasto a la Administración que la OCDE fija en el 2,8
del PIB, 32.000 millones de euros de coste para la Administración todas
las enfermedades que acompañan vivir permanentemente bajo esta mala
calidad de aire, bajo este coste de partículas en suspensión que genera,
como se ha apuntado, alergias, cáncer pulmonar, asma y todo tipo de
neopatías agudas y especialmente se ceba con poblaciones sensibles a este
aspecto como son los ancianos y los niños.
¿Cuál es el principal causante de esta contaminación, de esta mala calidad
del aire y de estos malos humos? En las ciudades en menor medida los
edificios y la industria y la mayor parte es causado por el tráfico
rodado, sobre todo por los motores diésel, y a los contaminantes que
antes mencionamos habría que sumar -y estas son las más peligrosas- las
partículas en suspensión, las PM2,5 y la PM10. A su vez, esto tiene un
efecto sobre el medio ambiente y sobre la agricultura. El ozono
troposférico es responsable del bajo crecimiento de la producción
agrícola y una merma en la productividad que se estima entre un 5% y un
20 %, aparte de los fenómenos de acidificación y eutrofia. ¿Qué hacemos
con este problema? Lejos de mejorar, parece que empeoramos. Incluso hemos
sido apercibidos por incumplimientos, como ya se ha apuntado, de la
Directiva 2016/2284, que fija la reducción de emisiones contaminantes y
hemos sido apercibidos de sanción. Si bien hay que decir que no solo ha
sido el Reino de España, sino que también hay otros países que están en
una situación parecida a la nuestra, lo cual no debe ser un consuelo y
nos debe instar a que tomemos medidas acuciantes al respecto. Digo que
este problema no mejora sino que empeora porque cada vez más gente vive
en las ciudades, la población cada vez envejece más y es más sensible,
por tanto, a los contaminantes atmosféricos, cada vez hay más vehículos y
cada vez hay más contaminación y podemos percibir los efectos del cambio
climático, hay menos lluvias y más olas de calor, y en nuestro caso por
nuestra posición en el continente europeo los aportes de vientos del
norte de África.
Muchas ciudades se han dado cuenta de este problema -que no es un problema
puntual, no es un titular de un periódico, como recientemente ocurrió con
el cierre al tráfico del centro de Madrid- e intentan tomar medidas al
respecto, como restringir el tráfico al centro de las ciudades, que lo
han hecho ciudades como París y Londres; o como intentar incentivar la
sustitución de los coches más contaminantes, Alemania y Noruega plantean
suprimir los motores diésel para el escenario en el caso de Alemania de
2030 y en Noruega para 2025.
Señorías, tenemos que reaccionar ante este problema; un problema sanitario
de primera magnitud y sobre el que no estamos especialmente
sensibilizados. Hay que promocionar nuevos modelos de urbanismo que
propicien un consumo energético eficiente en vez de la dispersión
urbanística; hay que apostar por la eficiencia energética en transportes
y en edificios; hay que evaluar -como apuntó antes la intervención del
proponente- la posibilidad de impuestos para los diésel, para los
vehículos contaminantes, ya que son los mayores emisores de partículas
finas; hay que apostar por una movilidad sostenible y hay que educar y
concienciar a la población, y sobre todo informar, hay que ser
conscientes de este problema.
Este problema es de tal magnitud que, al igual que en los telediarios -por
lo menos antes era así- se informa de los niveles de polen y de
alérgenos, también se debería informar sobre los niveles de polución en
las grandes ciudades porque es un problema gravísimo. No puede ser que a
pesar de ser el transporte por carretera el menos eficiente, suponga el
90%, frente a solo el 5% del ferrocarril. No puede ser que el índice de
ocupación de un coche sea de 1,2 personas, como tampoco puede ser que la
media de los desplazamientos en coche sea solo de 3 kilómetros e incluso
que un 10% de los desplazamientos sea tan solo para 500 metros. No puede
ser que la solución a la congestión de las ciudades con vehículos sea el
aumento de las vías; si las vías están congestionadas con vehículos,
abrimos más vías para que circulen más vehículos, haya más afluencia y
haya más congestión y más contaminación. Esa no puede ser la solución.
Hay ciudades que ya se plantean, por ejemplo, Hamburgo, que de aquí a
veinte años no circulen coches por la ciuda, que los únicos que circulen
sean eléctricos y que presten servicios públicos como taxis, ambulancias,
policía, etcétera. Por ahí es por donde deben ir las medidas.
Evidentemente, tiene que haber acuerdo entre las diferentes
administraciones, porque este tema compete muy directamente a los
ayuntamientos, pero la Administración regional y el Estado también tienen
que ver y tienen que tomar cartas en este asunto, que es, repito, un
problema de la máxima gravedad sobre el cual todavía no se ha puesto el
foco pero que provoca de manera prematura 30.000 muertes al año en este
país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tomaría ahora la palabra como grupo enmendante de las dos iniciativas, el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Señora Martínez, tiene
la palabra.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se alegra del consenso que hay en esta Comisión respecto de la
cuestión de máxima importancia de salud pública que supone la calidad del
aire y la contaminación atmosférica. Quisiera empezar mi intervención
haciendo una descripción del marco político en el que este asunto se
encuadra, y es que en España tenemos una distribución competencial muy
compleja, interrelacionada e interdependiente. Por un lado, el Estado
tiene la competencia en legislación básica en medio ambiente, las
comunidades autónomas en protección y los entes locales en medio ambiente
urbano. Encima, tenemos las directivas europeas que ponen el marco
jurídico, los objetivos que deben ser cumplidos por esta legislación.
Finalmente, nos encontramos en una situación en la que el Estado es
responsable del no cumplimiento, aunque en nuestro ordenamiento jurídico
sean los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que tienen las
competencias para tomar medidas que aseguren el cumplimiento de esta
directiva.
El problema es que el Gobierno incumple su labor de guardián de
distribución competencial. El Estado, que debe velar por el cumplimiento
de la ejecución de la legislación sobre la que tiene las competencias
básicas -y hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo avalan-, se
limita a ser un mero intermediario entre comunidades autónomas, entes
locales y Comisión Europea, mientras que para otros temas, como puede ser
el pacto de estabilidad, el techo de gasto o el memorándum, bien que hace
de guardián o de poli malo. O sea, para los recortes sí que aplicamos las
normas europeas, pero en cuestión de derechos no ponemos tanto interés.
Deberíamos haber encontrado los cauces y mecanismos legales y
administrativos para obligar a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos al cumplimiento de las directivas europeas en el ejercicio
de sus competencias.
Mi grupo ha presentado una serie de enmiendas que consideramos vitales
cuando hablamos de calidad del aire y contaminación atmosférica. En
primer lugar, hay que impulsar la colaboración con las comunidades
autónomas, por eso instamos al Gobierno a convocar la Conferencia
sectorial de medio ambiente para tratar este tema. El plan de calidad del
aire, que debería estar ya en marcha porque el último finalizó en 2016,
tiene que ir acompañado de recursos, no podemos pedirle a las comunidades
y a los ayuntamientos acciones y planes por la cara. También instamos a
la elaboración de un plan nacional de ozono troposférico, porque en el
cumplimiento del artículo 5 de la Ley 34/2007 se ve perfectamente el
ejemplo en el que la contaminación atmosférica excede a más de una
comunidad autónoma y por lo tanto es responsabilidad del Gobierno actuar
contra el ozono troposférico.
Luego tenemos el tema de la industria, más del 40% de las partículas finas
que contaminan y empeoran la calidad de nuestro aire vienen de la
industria y es responsabilidad de las comunidades autónomas el
cumplimiento de la legislación ambiental. Más allá de las ciudades, las
zonas más contaminadas en España lo son por causa de la industria: Gijón
y Avilés, Algeciras, el bajo Nervión, el bajo
Llobregat; por eso el Gobierno tiene la responsabilidad -y así lo
exigimos- de promover el cambio de modelo productivo hacia un modelo
mucho más limpio y eficiente y recuperar las deducciones fiscales por
inversiones medioambientales que se eliminaron en 2014 y que se recogen
expresamente en la Ley de Calidad del Aire.
Asimismo, nos gustaría que el Ministerio de Sanidad, en coordinación con
los servicios autonómicos de salud, cuantificara e identificara los casos
en que se solicita atención médica cuando hay episodios por picos de
contaminación en nuestras ciudades. Eso nos ayudaría a concienciar sobre
el impacto que tiene en la salud y a cuantificar el gasto que supone la
contaminación atmosférica en nuestras arcas públicas.
Por último, algo que es competencia del Gobierno y a lo que se le está
prestando muy poca atención política es el control de las emisiones de
vehículos. La propuesta de Ciudadanos pedía que se pusieran sanciones a
Seat a raíz del fraude en el control de emisiones pero es que la semana
pasada hemos sabido que el Ministerio de Economía ha elaborado un informe
-que no cumple con los requisitos de la Comisión Europea, por cierto, por
falta de presupuestos- que concluye que todos los vehículos controlados,
absolutamente todos, en pruebas de carretera superaban los límites de
emisiones marcados por la legislación. Instamos al Gobierno a que se tome
en serio el control de emisiones y sobre todo, ahora que en este momento
se está negociando en Europa el Reglamento europeo de homologación y
control de emisiones de los vehículos, que tanto en el Parlamento como en
el Consejo, el Gobierno de España se posicione a favor de que sea un
organismo independiente y no los propios fabricantes los que lleven a
cabo la homologación y control de emisiones. Y hago este mismo
llamamiento a todos los grupos parlamentarios que tienen representación
en el Parlamento Europeo para que dirijan su voto en este sentido. Creo
que todos los partidos aquí presentes tienen que asumir su
responsabilidad en todos los niveles institucionales, y que asuman la
responsabilidad de la calidad del aire y la contaminación atmosférica
como una prioridad política.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría, que siguiendo la tónica de
hoy, ha empleado cinco minutos justos.
Tiene ahora la palabra por el grupo proponente de otra de las iniciativas,
que es el Grupo Mixto, el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: No voy a hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Bien. Como Esquerra y el PNV no están, el Grupo
Popular es el único que falta por intervenir. Recuerdo de nuevo a los
portavoces que vayan avisando a los miembros de la Comisión, aunque
haremos luego una pausa para que puedan terminar sus transacciones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora Bajo.
La señora BAJO PRIETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo dos proposiciones no de ley relativas a la
calidad del aire en la Comisión de Cambio Climático y dirán ustedes:
¡pues vaya evidencia! Tan evidente como que contaminación del aire y
cambio climático no son lo mismo. Los dos son problemas fundamentales que
afectan al planeta, los dos tienen un origen común: el modelo energético;
sin embargo, el calentamiento global se produce por la emisión de dióxido
de carbono y la contaminación principalmente por la emisión de dióxido de
nitrógeno. El cambio climático es un problema global que afecta a todo el
planeta y se apreciará con mayor dramatismo en el medio y largo plazo y,
sin embargo, la contaminación es más local o regional y se percibe en el
corto plazo. Estas diferencias, que yo ya conocía, son algunas de las que
vienen reflejadas en el artículo que ha publicado el compareciente que ha
estado presente hoy en esta Comisión, el señor Sáenz de Miera.
Después de escuchar a sus señorías, una se lleva la sensación de que la
calidad del aire es solo un problema español. España incumple de manera
sistemática. ¿Saben sus señorías que veintitrés de los veintiocho Estados
miembros de la Unión Europea rebasan los límites máximos de contaminación
fijados por la normativa comunitaria? ¿Saben que países como Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia llevan años de manera continua superando
los valores máximos permitidos de dióxido de nitrógeno? Dicho lo cual,
estarán de acuerdo conmigo en que no es solo un problema español, sino un
problema europeo, más bien un problema de las grandes ciudades que, en
nuestro caso, tiene Madrid y Barcelona. Pero repito que estas ciudades no
están solas en la clasificación de municipios con problemas de
contaminación
ni son las que peor situación presentan. Estamos muy lejos de Londres,
París, Berlín y Roma. Así que yo lo que les pido es que queramos un poco
a nuestro país y a nuestras ciudades. Estamos mal, incumplen la
normativa, pero no son las peores.
Y supongo que tampoco sus señorías desconocen que las competencias en
materia de control y gestión de la calidad del aire son de las
comunidades autónomas y las entidades locales. Son ellas las que han de
adoptar las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de
contaminantes no superen los valores límite tanto para garantizar la
salud de los ciudadanos como para dar respuesta al procedimiento de
infracción abierto por la Comisión Europea. En este sentido, y en
cumplimiento de la directiva comunitaria, las autoridades competentes de
la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid han
aprobado planes de mejora para estas zonas con superaciones de los
valores límite de NO2 que se mencionan en dicho procedimiento de
infracción. La mejoría que se estaba produciendo en las operaciones
parecía indicar que las medidas estaban siendo eficaces, aunque no son
suficientes. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, que aprobó un Plan de
calidad del aire con ámbito temporal desde 2011 a 2015, hecho bajo el
mandato del Partito Popular, tiene previsto aprobar un nuevo plan de
calidad de aire y cambio climático este mismo año. Por otro lado, el
Ayuntamiento de Barcelona tiene aprobado el Plan para la mejora de la
calidad del aire de Barcelona 2015-2018 y la Generalitat de Cataluña
tiene aprobado el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire
con horizonte a 2020.
El ministerio, por su parte, ha revisado los resultados de la ejecución
del Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera
2013-2016, el Plan Aire. A partir de las conclusiones correspondientes,
se va a dar continuidad al plan anterior mediante el plan Aire 2017-2019
y en este sentido el pasado 21 de febrero se creó un grupo de trabajo
interministerial, liderado por el Ministerio de Agricultura, para
elaborar un nuevo plan de aire 2017-2019.
Además, está prevista la elaboración de un programa nacional de control de
la contaminación atmosférica que seguirá contando con la participación de
todos los agentes implicados en el Plan Aire en el que se establecerán
medidas para la reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos y de
los precursores de ozono troposférico y, en especial, del dióxido de
nitrógeno. Se piden medidas especiales, por parte de Ciudadanos, para una
mayor protección de la infancia respecto de los contaminantes
atmosféricos y tengo que reiterarles que son las comunidades autónomas y
las entidades locales, las administraciones, quienes adoptan las medidas
necesarias para garantizar que las concentraciones no superen los
objetivos de la calidad del aire en general.
En cuanto a fomentar la concienciación y mejorar la información sobre el
Plan de calidad del aire, todas las medidas relacionadas con nuestro
objetivo pueden considerarse ejecutadas y con un impacto muy positivo.
Aun así, en el futuro plan del aire 2017-2019 se pretende continuar con
esta labor de concienciación y con la mejora de la información y así está
previsto poner a disposición del público la descarga de la información de
calidad del aire en tiempo real a la que actualmente se accede a través
del visor de calidad de aire, que les invito a que lo conozcan y que
funciona muy bien.
Sobre adoptar las recomendaciones científico-técnicas del Plan nacional de
la mejora de calidad del CSIC, quiero decirle a Ciudadanos que estas ya
han sido tenidas en cuenta para la elaboración del Plan Aire 2013-2016 y
que muchas de ellas se van a volver a tener en cuenta en el futuro plan
del aire.
En cuanto a impulsar la movilidad sostenible que mejore la calidad del
aire, quiero reiterarle una vez más a Ciudadanos que la mejora de la
movilidad de las ciudades es competencia directa de los municipios. No
obstante, desde la Administración General del Estado puede ayudarse a los
municipios para la aplicación de determinadas medidas y está previsto
continuar con la medida de aprobación de etiquetas que identifiquen los
vehículos en función de su potencial contaminador, ampliándolas a las
motocicletas. También se pretende estudiar desde la Administración
General del Estado el sistema tributario relacionado con vehículos, dando
continuidad a las medidas contempladas en el Plan Aire 2013-2016.
Por último, en cuanto a la eliminación de trabas y a la facilitación al
acceso a los usuarios de los sistemas públicos de transporte sostenible,
como las bicicletas o el carpooling -reitero una vez más a las señorías
de Ciudadanos-, son medidas que deben incorporarse en los planes
autonómicos, ya que se trata de una coordinación intermunicipal.
Señorías, como dice Naciones Unidas, el aire limpio es un requisito
básico...
El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que acabar.
La señora BAJO PRIETO: Estoy acabando, de verdad. Como se han unido las
dos proposiciones no de ley, le pido un minuto.
Como dice Naciones Unidas, el aire limpio es un requisito básico de la
salud y del bienestar humano. Su contaminación representa una amenaza
importante para la salud de todo el mundo, pues causa 6 millones de
muertes prematuras, cánceres de pulmón, enfermedades de corazón e
infartos cerebrales. Si no se pone remedio a tiempo podría multiplicarse
por cinco en los próximos cincuenta años. Es uno de los principales
problemas que hoy tiene el mundo. Dicho esto, a no ser que lo que estén
planteando las señorías de Ciudadanos sea rebatir las competencias
autonómicas y municipales en favor del Estado, que supongo que no, no veo
el objetivo de esta iniciativa. La competencia es de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos. El Gobierno elaboró un Plan de calidad
del aire y va a hacer otro; es más, va a elaborar un plan nacional de
control de la contaminación atmosférica. Estoy a la espera de las
transacciones que se presenten.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Hemos finalizado el debate en torno a la una y vamos a parar
aproximadamente cinco minutos para que puedan llegar a la Mesa esas
transacciones. Avisen a las señorías que falten, que creo que ya son muy
pocas, porque vamos a parar cinco minutos antes de pasar a la votación.
(Pausa).
Señorías, comenzamos con las votaciones. En primer lugar, votamos el 2º
punto del orden del día, en los términos de la transaccional que han
presentado, firmada por el grupo proponente, el Grupo Popular, y el Grupo
Socialista. Si no me equivoco, no hay ninguna otra adhesión a esta
iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, votamos la iniciativa que se corresponde con el punto 3º
del orden del día, la relativa a los trenes de la línea
Madrid-Riaza-Aranda-Burgos. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista aceptada por los proponentes. Se vota en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
votos en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al 4º punto del orden del día, sobre la obsolescencia programada,
donde también hay una transaccional presentada por varios grupos: Grupo
Mixto, Grupo Socialista, Unidos Podemos y Grupo Popular, es decir,
prácticamente todas sus señorías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, en cuanto a los dos puntos que se han tratado conjuntamente,
hay una transacción presentada por los proponentes, a la que se ha
adherido el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En estos términos votamos
estas dos iniciativas conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Les agradezco a todos su participación en el debate y lo bien que ha ido
la votación.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.
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