DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 258, de 14/06/2017
cve: DSCD-12-CO-258
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 258
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles,
14 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Retirada del orden del día:
- Pregunta del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ayuda
concedida a la compañía Alestis Aerospace para el desarrollo de los
aviones Airbus A350XWB, así como posición de los consejeros de la SEPI
ante el ERE anunciado por dicha empresa para la planta sevillana de San
José de la Rinconada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/010874). (Número de expediente 181/000384) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la regularización de las pensiones de los emigrantes
retornados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000582) ... (Página2)
- Relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley 2/2004, del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de
delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000972) ... (Página7)
- Relativa a la ampliación de la financiación de los municipios turísticos
conforme a la Ley de Haciendas Locales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001029) ... (Página12)
- Sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001183) ... (Página17)
- Relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y
parejas de hecho. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001201)
... (Página22)
- Sobre medidas contra los pa. raísos fiscales y la elusión fiscal.
Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
161/001333) ... (Página26)
- Sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
(Número de expediente 161/001599) ... (Página31)
Propuesta por la Comisión del vocal de la Comisión de Transparencia y Buen
Gobierno:
- Elección del vocal al que se refiere el artículo 36 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y el artículo 14.1.a) del Estatuto del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, aprobado por el Real Decreto 919/2014, de
31 de octubre. (Número de expediente 276/000007) ... (Página38)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA:
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE AYUDA
CONCEDIDA A LA COMPAÑÍA ALESTIS AEROSPACE PARA EL DESARROLLO DE LOS
AVIONES AIRBUS A350XWB, ASÍ COMO POSICIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA SEPI
ANTE EL ERE ANUNCIADO POR DICHA EMPRESA PARA LA PLANTA SEVILLANA DE SAN
JOSÉ DE LA RINCONADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA 184/010874). (Número de expediente 181/000384).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Damos comienzo a la sesión de hoy. Después de estos dos días tan intensos,
vamos a ser ágiles esta tarde para poder terminar lo más pronto posible.
El ponente de la pregunta que figura como primer punto del orden del día
ha decidido retirarla, por lo que pasamos directamente a las
proposiciones no de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS EMIGRANTES
RETORNADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000582).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la regularización de
las pensiones de los emigrantes retornados, del Grupo Socialista.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de representantes -nos
están viendo desde una sala anexa- de la Federación española de
emigrantes retornados, miembros de asociaciones de emigrantes retornados
de muchas provincias españolas, Asturias, Sevilla, Granada, Cádiz,
Almería, etcétera, que están hoy aquí escuchando este debate, dado el
interés que suscita y la importancia que tiene para ellos. Quiero darles
la bienvenida y agradecerles su colaboración con el Congreso, así como su
disposición no solamente a reivindicar sino también a colaborar con los
grupos parlamentarios en la
mejor definición de las normas que regulan su caso, el de los emigrantes
retornados. También les quiero pedir disculpas por todo el calvario que
han sufrido desde el año 2013. Ha sido un calvario innecesario e injusto.
Se les ha tratado como a defraudadores cuando han sido personas
ejemplares -un colectivo ejemplar-, a quienes les debemos muchísimo. Son
emigrantes de los cincuenta, sesenta y setenta, sobre todo a
Centroeuropa, que se fueron con sus maletillas, sin saber lenguas, sin
tener conocimientos, con escasa formación y que bregaron, que lucharon
para traer divisas a nuestro país. Son personas que siguen trayendo
divisas en estos momentos porque sus pensiones, las de los emigrantes
retornados, son divisas que se siguen aportando a nuestro país. Les pido
disculpas por ese trato que han recibido por parte del Gobierno, cosa que
no me corresponde a mí, pero desde luego siempre he sentido vergüenza al
ver la humillación y el calvario que han sufrido y, aunque sea de forma
simbólica, testimonial, pido desde aquí la dimisión del ministro Montoro.
Ha sido un ministro que ha hecho un enorme daño a la moral tributaria en
este país; ha mermado la moral fiscal y ha hecho mucho daño moral a
muchísimas personas. Un ministro que ha sido autor, por una parte, de la
denominada amnistía fiscal, ya declarada inconstitucional por el propio
Tribunal Constitucional, y que trató estupendamente, fiscalmente
hablando, a muchos de sus amigos o a los amigos del Partido Popular, uno
de ellos acaba de salir ahora mismo de la cárcel, el señor Granados, pero
ahí están el señor Bárcenas, el señor Rato y muchísimos imputados en
tramas como Lezo, Gürtel o Urdangarín, entre otras. Ese trato significó
que 31 500 defraudadores -esos sí eran defraudadores realmente- pudiesen
regularizar su situación pagando "ná y menos". Teóricamente era un 10 %
lo que iban a pagar y al final quedó en menos de un 3 %, sin ningún tipo
de sanción, sin ningún tipo de recargo y sin ningún tipo de interés de
demora. Esto ha supuesto una merma sustancial a las arcas públicas, un
dato que quiero señalar, porque si estos señores han pagado 1200 millones
de euros se han ahorrado más de 7000 millones de euros, que tenían que
estar en las arcas de la Hacienda pública. Las arcas de la Hacienda
pública, por esa amnistía fiscal, han perdido 7000 millones de euros, y
solamente se ha inspeccionado a un 1 %, a 3150 de estos defraudadores que
se acogieron a la amnistía fiscal. Pero a su vez, a la par, el ministro
estaba adoptando una serie de políticas fiscales de acoso hacia los
emigrantes retornados, 850 000 afectados, 850 000 pensionistas del
extranjero que han retornado a nuestro país y que siguen aportando
divisas. Pues bien, se les ha tratado como si fueran defraudadores, han
sido perseguidos, acosados, a algunos se les han levantado deudas de
hasta 40 000 euros, aplicándoles intereses de demora, recargos y
sanciones, un trato totalmente injusto. Ya que no se puede resarcir a
este colectivo del daño moral causado, pido que se adopten medidas para
que esto no vuelva a ocurrir, para que no se pueda volver a permitir.
Esto ha sido una auténtica perversión fiscal, la amnistía a la vez que el
acoso fiscal, amnistía para defraudadores y acoso fiscal para
pensionistas retornados, cumplidores siempre de sus obligaciones fiscales
y ejemplo para nuestra sociedad.
Esta proposición trata, ya que no puede resarcirse ese daño moral, de
buscar algún tipo de medida normativa que haga justicia con ellos. En ese
sentido, somos partidarios de que se devuelva de oficio todo lo cobrado
por intereses y por sanciones. Un dato muy significativo: Hacienda cobró
de estas personas más de 20 millones en sanciones y en recargos.
Solamente se les han devuelto, a través del procedimiento de
regularización que se abrió en el primer semestre de 2015, 13 millones de
euros. Es decir, Hacienda se ha quedado con más de 7 millones de euros.
Corresponde devolver ese dinero. Es necesario que se les devuelva ese
dinero, porque ese dinero no es de Hacienda, es un dinero injustamente
cobrado que se les ha sacado de los bolsillos a estos pensionistas
retornados.
Por otra parte, la proposición habla de hacer extensible una sentencia del
Tribunal Supremo, en este caso para un acuerdo bilateral de pensiones
públicas en Alemania. Ahora mismo tienen que recurrir vía juzgados,
cuando realmente se podría hacer ya extensible el criterio establecido
por el propio tribunal, que significa que hay una doble imposición porque
ya tributan, en este caso, en Alemania.
En tercer lugar, que cualquier regularización, una vez concluido el plazo
de los seis meses que se dio en 2015, nunca devengue intereses de demora
ni ningún tipo de recargo o sanción. Y, con vistas a futuro, pretendemos
que tengan un trato de consideración para que no se vuelva a repetir la
necesidad de regularización; un trato fiscal específico para los
pensionistas retornados, para quienes tienen pensiones del extranjero,
donde se aclare cuál es el tratamiento fiscal y cuál es la tributación
que les corresponde. Ha habido una auténtica confusión provocada por la
propia Hacienda pública con relación a los criterios a seguir a la hora
de tributar estas pensiones. Además, como cualquier otro contribuyente...
... que tengan el derecho a tener un borrador de la declaración; ni tan
siquiera tienen eso, no pueden obtener borradores de su declaración de la
renta. ¿Ustedes creen, a estas alturas, que eso es razonable?
Evidentemente, no. Queremos que tengan ese derecho, como el resto de
contribuyentes.
Por último, que se homologuen las pensiones de invalidez total. Las
españolas están exentas de tributar. Las que vienen del extranjero no y
hay que recurrir, y al cabo de los años se les devuelve el dinero con
intereses de demora con cargo a la Hacienda pública, algo ilógico, ya
hablado con la propia Seguridad Social. No tiene sentido. Es necesario un
procedimiento de homologación y en caso de invalidez total que estén
exentas del IRPF, como lo están las pensiones españolas.
Concluyo, presidente, pero antes quiero hacer un recordatorio, esta
proposición esta consensuada con la Federación española de asociaciones
de emigrantes retornados y ha sido aprobada por unanimidad en el
Parlamento andaluz; espero congruencia y coherencia, y espero que aquí
también salga por unanimidad.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A esta proposición se han presentado seis enmiendas, todas ellas del Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre,
tiene la palabra la señora Honorato.
Perdón, no había dicho el tiempo. Estoy dando siete minutos a los ponentes
y cinco al resto de los grupos. Soy flexible, pero a ver si nos atenemos
al tiempo. Gracias.
La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero decir que valoramos muy positivamente esta
iniciativa; de hecho, nuestro grupo ha registrado una proposición no de
ley en términos muy similares a los que se contemplan aquí. Hemos
presentado enmiendas que, de alguna manera, tratan de completar el texto
que tenemos aquí a discusión y votación. Nos parece que vamos tarde para
deshacer este entuerto que provocó el Ministerio de Hacienda y que es un
ejemplo de cuál es la forma de actuar del Gobierno en estos temas. Por un
lado, hay una alfombra roja al dinero que sale para Panamá, para las
Islas Caimán o para Suiza, un paraíso de indulgencia en cuanto a
fiscalidad con una amnistía fiscal anticonstitucional para amigos,
mientras que, por otro lado, se asfixia, se persigue, se criminaliza con
un purgatorio burocrático a gente honrada y sencilla, a nuestros
inmigrantes, en muchos casos en situaciones de doble imposición,
ignorando derechos reconocidos como, por ejemplo, el desconocimiento de
sentencias de tribunales superiores de justicia en las que se declaran
exentas de tributación rentas procedentes de organismos de pensiones de
países socios, como Alemania. Y todo esto -y no es menor- a gente que
emigraba a países amigos, a socios de la Unión Europea, y que vienen de
vuelta a casa a descansar y a emplear sus ahorros de toda la vida aquí,
con su familia y con su gente. Nos parece que no es la forma en la que se
debería tratar a estos héroes anónimos de nuestra historia. Nos parece
que el Gobierno que se gasta la hucha de las pensiones en financiar la
trampa de la deuda no aplica las debidas reducciones fiscales a los que
sí les correspondería, como serían las pensiones de invalidez percibidas
desde otros Estados de la Unión. Como ha dicho antes el compañero
socialista, debemos proceder a una homologación en este sentido.
Estaremos hablando de más de 600 000 personas afectadas por esta
discriminación, por esta situación peculiar, y el ministerio ha hablado
de regularización pero no tenemos que olvidar que estas personas, muchas
mayores y que vuelven aquí después de décadas viviendo fuera, se
encuentran con una carta de la noche a la mañana en la que les obligan a
ponerse al corriente de pagos de IRPF de los cuatro últimos ejercicios,
evidentemente los no prescritos, pero en ningún momento se les había
avisado desde la Agencia Tributaria que esta situación empezaba a
considerarse así. A esto se le añade un periodo corto de regularización,
entre comillas, y un periodo en el que se prometía una asistencia que no
existe. Esto provoca sanciones por los retrasos e intereses que se han
ido cobrando a este conjunto de personas bastante desasistidas. Nos
parece una siniestra bienvenida a casa y nuestras enmiendas ahondan en el
mismo sentido de la proposición no de ley: que sean devueltos los
importes y los intereses sin que se tengan que solicitar formalmente,
asegurar los mismos gravámenes y las mismas exenciones a todos los
pensionistas, independientemente del origen de la pensión; que se tenga
en cuenta la característica del origen de estos
recursos, la peculiaridad que supone cómo se han obtenido, y, además, que
gocen de un nuevo periodo de verdadera regularización de la declaración
de sus pensiones, con plazos adecuados y suficientes y con asesoramiento
gratuito de personal.
Me gustaría llamar la atención sobre un hecho que ocurrió el año pasado en
algunas delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social y es
que se realizó una interpretación leonina del artículo 139.2 de la Ley
General de la Seguridad Social ya que se ha considerado incompatible el
incremento del 20 % a las pensiones de incapacidad una vez cumplida la
edad de jubilación. Nos parece que está habiendo una situación irregular
en torno a esta interpretación, una interpretación que puede poner en
entredicho los derechos de este colectivo. Y también solicitamos en estas
enmiendas que se anulen los procedimientos abiertos a pensionistas
retornados con retribuciones por incapacidad en virtud de esta
interpretación del 139.2 y que se recupere este 20 % de la base
reguladora en las pensiones de los retornados que hayan sido privados de
ese complemento y la devolución de oficio de las cuantías restadas en las
pensiones de los afectados.
España hoy y siempre tendrá un deber con sus compatriotas emigrados, que
han hecho patria y que, además, han dejado muy alta la dignidad de
nuestro país. Lo último que se merecen es un trato humillante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Mixto tengo anotado que intervendría el señor Candela
pero no se encuentra en la sala y no lo sustituye nadie. Tampoco está la
señora Sagastizabal, del Grupo Vasco. Tampoco está la señora Jordá, que
me ha dicho la señora Capella que vendría a sustituirla.
Por tanto, pasamos directamente a Ciudadanos. Señor De la Torre, tiene la
palabra.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Anticipo que votaremos a favor de esta
proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la tributación de
emigrantes retornados porque en esta ocasión -no siempre coincidimos pero
esta vez sí- consideramos que es una buena idea y que técnicamente es
correcta. Evidentemente, los pensionistas emigrantes retornados de otros
países se merecen el mismo trato fiscal que los pensionistas españoles.
Esto incluye que, obviamente, tienen que pagar los impuestos pero
también, como los demás pensionistas, está información -sobre todo a
partir del 1 de enero de 2018 cuando entra en vigor el acuerdo automático
de intercambio de información- deberían tenerla en el borrador. En muchos
casos no sabían que debían tributar y este tema no es evidente en la
aplicación de los convenios de doble imposición porque, por ejemplo, en
el convenio de doble imposición con Alemania estas rentas pagan en
principio en Alemania y luego están exentas. Depende de los diversos
convenios y no se sabe -salvo que se sea un experto y se consulte- qué es
lo que se tiene que pagar. En consecuencia, teniendo en cuenta que estas
personas en muchos casos no tienen conocimientos tributarios -en casi la
totalidad de ellos-, lo razonable es que se tenga esa información y se
les diga cuánto tienen que tributar, es decir, que paguen los impuestos
que les correspondan pero, desde luego, que no se les impongan sanciones
y recargos, especialmente, dada la falta de legitimidad que se ha puesto
de manifiesto en estas fechas del Ministerio de Hacienda y del Gobierno
del señor Rajoy, y en particular del ministro Montoro, por haber aplicado
una amnistía fiscal que la semana pasada declaró inconstitucional por
unanimidad el Tribunal Constitucional. Supongo que de esto iremos
hablando más adelante, pero es evidente que a defraudadores confesos, a
graves delincuentes fiscales se les ofreció una tarifa que en principio
era del 10 %, y que finalmente fue del 3 % de media, mientras que se
aplicaba todo el peso de la ley a españoles emigrados que estaban
cobrando una pensión de otro país y que a menudo no sabían que tenían que
declarar o por qué importe tenían que declarar.
Por tanto, estamos de acuerdo con todo el contenido que propone el Grupo
Socialista, al que agradecemos su iniciativa, que consideramos
técnicamente factible, sobre todo a partir de la entrada en vigor el 1 de
enero de 2018 del acuerdo multilateral de intercambio automático de
información. Estamos hablando no de gente que venga de Qatar o de
Liechtenstein, es decir, de lugares opacos, sino de nuestros socios
comunitarios, que pueden trasladar perfectamente a las autoridades
españolas esta información fiscal. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa
porque estos pensionistas emigrados se merecen que se les trate como a
cualquier otro español, que tiene sus rentas incluidas en el borrador y
que sabe en mayo o en junio como muy tarde cuánto tiene que pagar, y si
no lo saben no se les pueden estar exigiendo sanciones y recargos,
especialmente dada la falta de legitimidad ocurrida en esas fechas
derivada de la amnistía fiscal. Por todas estas razones, nosotros
votaremos a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fole.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Después de estos dos largos y tensos días parece que tenemos que bajar un
poco la intensidad. Pero no, creo que no porque estamos hablando de un
tema muy importante, como han dicho los anteriores ponentes. Estamos
acostumbrados a presentar cosas y, tras presentarlas, hacer un discurso
no diferente, pero sí no adecuado ni coherente a lo que se ha puesto por
escrito. Lo que tenemos que votar hoy es lo que se ha presentado por
escrito con la dificultad y complejidad que tiene esta PNL.
Pedía a mayores el portavoz socialista la dimisión del señor Montoro por
esta acción y por algunas otras. Señor Hurtado, de amnistías fiscales el
Partido Socialista no nos puede dar muchas lecciones pero, como no es el
tema, vamos a dejarlo ahí, en un comentario. Yo le quiero poner un
ejemplo de algo que me ha pasado personalmente para que veamos también
cuál es nuestra postura. No podemos valorar la acción de un Gobierno, la
acción de un ministro, por esta PNL o por lo que vayamos a votar aquí o
por su actitud, actuación o decisiones en un Gobierno que puedan afectar
a este colectivo, que han venido a posteriori, que eran desconocedores.
Todos pedimos salir de la crisis y que se hagan ajustes pero, cuando se
hacen, todos son malos. Evidentemente, no es así. Vamos a hablar un poco
del señor Montoro, de todas las actuaciones del señor Montoro, que por
dos veces ha sacado a España de la crisis, que gracias a sus medidas
millones de personas han encontrado puestos de trabajo. ¿O es que solo va
a evaluar su actuación durante estos ocho o doce años por esta decisión,
señor Hurtado? Creo que hay mucho más y ahí están los detalles y los
datos.
Ahora voy al ejemplo concreto. Se dice que hay o que hubo mucho
desconocimiento por parte de los emigrantes retornados y estoy totalmente
de acuerdo. Yo soy de Galicia, de Pontevedra, y he hablado muchas veces
con colectivos de emigrantes retornados de mi provincia, sé su
problemática, sé los que fueron; ni por suerte ni por desgracia tengo
casos en mi familia de emigrantes, pero sí de amigos y de otras personas
que lo han vivido y que lo han sufrido y sabemos las penurias y las
peculiaridades que han pasado; también los que quedaron aquí en esos
momentos. También aportaron y también ayudaron a sacar a España adelante;
efectivamente con otras problemáticas pero quedaron aquí en un régimen
que a nadie le apetecía, etcétera. Pero a mí me pasó una cosa curiosa y
es que en mi labor profesional como asesor fiscal en más de una ocasión
tuve al otro lado de la mesa a un emigrante que consultaba y me
preguntaba qué tenía que hacer con esa pensión. Mi obligación como asesor
-después el cliente hace lo que quiere- es decirle lo que tiene que
hacer: obligatoriedad de tributar. Siguiente pregunta, muy española, ¿y
esto se controla mucho por la Agencia? Y contestación: Pues sí, depende;
de forma aleatoria, si hay una inspección de la Agencia Tributaria en esa
línea, igual que la hubo en deducciones de vivienda y en otras muchas, y
le pilla, pues pillado queda. Y dice: Me voy a arriesgar. Entonces,
¿tenemos que valorar la situación del colectivo de los emigrantes por la
actuación de este señor? No, ¿verdad, señor Hurtado? (Rumores). Igual que
no podemos valorar al señor Montoro por una actuación. Entonces, ¿estamos
diciendo -como interpretaron a veces de mis palabras- que este colectivo
eran todos conocedores de la situación y todos son unos defraudadores?
No. Es más, todo lo contrario, la mayoría de estas personas eran
desconocedoras de esta situación y en el momento en el que les llegan
esos requerimientos empieza a surgir la problemática y empiezan a surgir
las consultas y las dudas y empezamos a urgir las soluciones. Aquí, a lo
mejor si fuéramos por separado, seguro que llegaríamos a acuerdos en
muchas cosas ahí porque hay un empeño en aunar un montón de cosas que a
veces no dependen de la competencia del Estado o del Gobierno español
para sacar casos adelante. ¿De oficio? Pues no son todos los casos
iguales. Información. Dentro de 1918 decía el portavoz de Ciudadanos;
pero estamos en 1917 y esto viene desde 1914, que se ha aprobado una
regulación para efectivamente tener la posibilidad de no imponerles los
intereses y los recargos y posteriores problemáticas que aumentaban la
deuda. Pero una vez que son conocedores deben hacer de forma voluntaria
la presentación para que a partir de ahí sí se puedan ir corrigiendo
todas esas situaciones; hay muchas cosas aquí que dependen de tratados
internacionales. Hablan de homologación en relación con las pensiones,
pero un país no tiene por qué tener el mismo porcentaje que otro país.
Entonces, señor Hurtado, estamos hablando de un montón de cosas
diferentes en una misma PNL. Yo creo que si se tuviera realmente interés
en apoyar a este colectivo, pues tenemos meses y días; tuvimos, tenemos y
tendremos tiempo para poder abordar esta problemática y proponer cosas
que se puedan hacer. Yo lo he visto en años anteriores en otros
colectivos y en otros grupos políticos, en este caso de mi comunidad
autónoma y de mi ayuntamiento. Porque después de estos momentos de
Comisión hablamos fuera y sabían perfectamente que había cosas que no se
podían hacer, pero es que tenían que ponerlas porque era lo que les pedía
algún colectivo, también desconocedor o mal asesorado en algunas
cuestiones de lo que podrían hacer. Entonces, claro que hay que ayudar,
claro que hay que buscar soluciones, que ya se hicieron cosas, tanto en
el Gobierno central como en comunidades autónomas, por ejemplo en
Galicia. Yo he tenido la suerte de hablar con los delegados de las
agencias tributarias, que tuvieron muchas reuniones con ellos y algo
fueron solucionando a lo largo de estos ya largos tres años. Pero creo
que mezclar churras con merinas no es bueno para intentar solucionar los
problemas...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminado, por favor.
El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, presidente.
... para poder sacar adelante soluciones, que es lo que nosotros estamos
obligados a buscar aquí. Estamos obligados a escuchar, obligados a
transmitir; pero aquí, en las comisiones, obligados a resolver. Yo creo
que tenemos tiempo, señor Hurtado, para de una forma tranquila, unánime y
no con micros delante y con votaciones urgentes poder ayudar a los
emigrantes, que es un colectivo que se lo merece tanto, más o igual que
otros muchos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, ¿en relación a las enmiendas?
El señor HURTADO ZURERA: En sus términos.
El señor PRESIDENTE: Se va a votar en sus justos términos. De acuerdo.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES, A FIN DE
DELIMITAR NORMATIVAMENTE LA SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000972).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
proposición relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley
2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a
fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas
desocupadas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
En su nombre, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado esta iniciativa porque es evidente que tenemos un serio
problema con el parque de viviendas en el Estado español. Tenemos más de
25 millones de viviendas, lo que supone uno de las ratios de vivienda por
habitante más alto de la Unión Europea, en concreto, en Galicia, con el
18 %, tenemos el mayor índice de desocupación de toda España. Todos
reconocemos este paisaje de las viviendas vacías, que tiene que ver con
el paisaje de un modelo económico basado en la burbuja inmobiliaria, el
cual, como digo, nos deja un paisaje de promociones desiertas, rotondas
que no llevan a ningún lado o centros urbanos completamente vacíos. La
diferencia respecto de la Unión Europea de esa ratio del que hablaba
tiene que ver con que aplicamos políticas en materia de vivienda bien
diferentes. En el resto de Europa se estuvieron aplicando políticas de
fomento del alquiler y políticas de penalización de las viviendas vacías.
Esos son los dos elementos centrales para cambiar el modelo de vivienda
que tenemos en el Estado español y por eso presentamos esta iniciativa,
que va a tratar de dar salida a la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan hacer políticas en materia de penalización de viviendas vacías.
Esto sucede en otros países de la Unión Europea, como Dinamarca, donde se
multa a los propietarios cuyas viviendas estén vacías durante más de seis
meses, o Francia, donde se requisan viviendas que permanezcan vacías
durante más de dieciocho meses para ponerlas en alquiler. Esto está
pasando en el resto de la Unión Europea y deberíamos empezar a cambiar el
modelo de vivienda en el Estado español.
Como digo, hay ayuntamientos que están intentando promover otro tipo de
políticas de vivienda, pero se encuentran con un problema y es que la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales no tiene desarrollado en el artículo
72.4 el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Que no
esté definido
este concepto supone que exista un vacío legal que provoca inseguridad
jurídica a los ayuntamientos. De hecho formulé una pregunta al Gobierno,
el cual me contestó que, efectivamente, los ayuntamientos no podrán
exigir el citado recargo a través de la correspondiente ordenanza fiscal
en tanto no se dicte el oportuno reglamento estatal, así que estaremos
todos de acuerdo -nadie puede estar en contra- en que hay que dotar a
esta ley de un reglamento porque no podemos seguir con este vacío legal.
En esta PNL proponemos abordar esta propuesta en dos niveles. Uno tiene
que ver con el concepto de vivienda vacía. Proponemos que la definición
sea entre un año y veintidós meses para que se considere vivienda vacía,
y otra línea tiene que ver con que el IBI sea más redistributivo. Es
evidente que en el momento de crisis que estamos sufriendo existen
familias que tienen dificultades para pagar este impuesto y que los
ayuntamientos no pueden bajarlo muchas veces porque tienen una
dependencia muy grande de él, por lo que lo que tenemos que hacer es que
este impuesto sea más redistributivo. Proponemos que se imponga un
recargo a las viviendas vacías de entre un 50 y un 75 % atendiendo a
categorías como el tiempo de desocupación, el valor de la vivienda y
sobre todo el número de viviendas en propiedad. Esto establece una
diferencia entre la Sareb, por ejemplo, y un propietario de vivienda que
solo tiene una o dos viviendas, y también que dependa del valor de la
vivienda. Esto por un lado, para gravar más alto a los grandes
detentadores del parque inmobiliario y, por otro, bonificaciones para las
personas que se encuentren en una situación económica desfavorable de
hasta el 90 % de la cuota del IBI.
No les estamos obligando a aplicar estas políticas en todo el Estado, pero
permitan que los ayuntamientos puedan establecer sus propias políticas.
Es importante no solo para paliar de forma inminente este problema de
crisis de las familias para pagar el IBI, sino también para la
reordenación necesaria del parque de viviendas. Con esto quiero decir que
hay que intervenir en el parque de viviendas que tenemos y reordenarlo.
Hay que pasar primero del modelo de compra a la promoción del alquiler.
El recargo de la vivienda vacía lo que hace es promover la puesta en
alquiler, lo que a su vez promueve la bajada de precios del mismo y
permite que muchas más personas puedan alquilar.
Esto va en la línea contraria de lo que nos está proponiendo el ministro
de Fomento con ese borrador de plan estatal de vivienda que está
promoviendo en este momento, que sigue subvencionando vivienda de
protección oficial cuando tenemos un montón de vivienda vacía, y no
gravar a las viviendas vacías. Eso es un completo sinsentido. Pasemos del
momento de la burbuja inmobiliaria, seamos capaces de reordenar el parque
inmobiliario. También esto es importante porque creemos en el derecho a
la ciudad, creemos que también tenemos derecho a ordenar la ciudad para
el interés general. Lo que quiero decir con esto es que las viviendas
vacías en los centros urbanos muchas veces son parte de procesos
especulativos. Cuando se hacen procesos de gentrificación existen grandes
compradores de las viviendas -que necesitan sacar una plusvalía- que se
encargan de desvalorizar barrios completos para luego extraer esa
plusvalía. Y estamos en enfrentándonos este problema, sobre todo, porque
estamos cambiando el modelo expansivo de nuevas construcciones en la
periferia urbana a la reformulación de los centros urbanos para sacar esa
plusvalía. Por lo tanto, la cuestión de las viviendas vacías es central
para la reordenación de las ciudades, y también porque, obviamente, el
hecho de que una persona comprando un barrio entero pueda determinar las
políticas de ciudad rompe con esa construcción de una ciudad pensada para
el interés general y desde la acción colectiva; además, promueve la
segregación espacial. El hecho de poner además las viviendas vacías en
alquiler promueve la rehabilitación, algo que se anuncia en el plan
estatal de vivienda pero luego no se concreta, y con esto sí
concretaríamos esa promoción a la rehabilitación.
Acabo. Por último, creemos que la importancia de atacar el asunto de las
viviendas vacías tiene que ver con el derecho a la vivienda, un derecho
que está en la Constitución -no nos lo inventamos nosotros- y debería
garantizarse por parte de este Gobierno; de hecho, votar en contra de
esta iniciativa es votar en contra de la propia Constitución. Estamos
intentando garantizar el derecho a la vivienda. Me extraña en clave de
derecho quién tiene la potestad para decidir las políticas urbanas y del
parque inmobiliario. Me sorprendió el otro día Montoro cuando en los
presupuestos intervino y se jactó de que ahora ya no estábamos en el
capitalismo de amiguetes, que ahora ya no existían empresas españolas
inmobiliarias, ya que todo el parque de viviendas vacías está en manos de
inversores extranjeros, jactándose de que cada vez perdemos más soberanía
a la hora de decidir sobre nuestro parque inmobiliario.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.
Me parece extremadamente escandaloso porque estamos perdiendo la capacidad
para planificar nuestras ciudades y estamos vendiendo la soberanía para
decidir políticas que van desde el turismo al comercio, por ejemplo. Con
esto quiero plantear que el Estado no puede hacer dejación de funciones
sobre su necesidad de regular el parque de viviendas y de garantizar el
derecho a la vivienda, si no estarían haciendo dejación de funciones como
hicieron con esa amnistía fiscal. Dejación de funciones de un Estado que
se niega a intervenir para velar por el interés general de sus
ciudadanos. Por lo tanto, lo único que les pido es que si ustedes son tan
constitucionalistas que apoyen esta PNL, que va en la dirección de
garantizar un derecho que está en la Constitución. Si ustedes no quieren
aplicar estas políticas, permitan en otros ayuntamientos por lo menos que
no sigamos con este vacío legal, para que puedan hacerlo los
ayuntamientos que sí quieren hacer políticas diferentes y quieren
transformar su ciudad para velar por el interés general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Se han presentado cuatro enmiendas por tres grupos parlamentarios. El
grupo mixto no está, tampoco está la señora Jordà. En nombre de
Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora Fernández, hemos presentado una enmienda de supresión al
punto 1 y si no, subsidiariamente, pediremos la votación por puntos
puesto que estamos de acuerdo en el punto 2 y no en el 1. Es decir,
nosotros creemos que, respecto al impuesto de bienes inmuebles, se
debería dar la posibilidad a los ayuntamientos de que se adaptase a las
circunstancias personales y familiares de los contribuyentes porque,
efectivamente, creemos que debe ser posible dar una bonificación a
aquellos titulares de inmuebles o, en su caso, a arrendatarios de
inmuebles a los que se les repercute el IBI, y que tienen escasas rentas
familiares. Esto se puede hacer cruzando los datos con la Agencia
Tributaria. Con esto estamos de acuerdo y votaremos a favor de ello.
Sin embargo, ya le anticipo que estamos en contra del otro punto, que
probablemente es el fundamental de su proposición no de ley, relativo a
dar la posibilidad a los ayuntamientos de que graven aquellas viviendas
permanentemente desocupadas. Nos parece que la solución pasa
necesariamente por fomentar el alquiler, por dar seguridad jurídica a los
propietarios de inmuebles y que si se quiere gravar aquellas viviendas
que están desocupadas, se quiere tener en cuenta el número de las mismas
y hacerlo de una forma racional, el instrumento es el impuesto sobre la
renta de las personas físicas donde existe una imputación de rentas
inmobiliarias y donde se tributa por tener una vivienda a disposición que
no es la vivienda habitual. Entendemos que ese debería ser el sitio. Ha
puesto como ejemplo de un gran propietario inmobiliario a la Sareb, el
famoso banco malo o sociedad de reestructuración de las entidades
bancarias que tiene muchos inmuebles pero está intentando dar salida a
todos ellos. Además, tenemos el inconveniente de que al final esto lo
hemos garantizado entre todos y que las pérdidas de la Sareb, más allá de
cierto punto, las acabaremos pagando todos. Por tanto, no tiene mucho
sentido que nos pongamos a gravar impuestos para los ayuntamientos -que,
por cierto, son administraciones saneadas- a cuenta de que al final la
Sareb acabe teniendo más pérdidas. En todo caso, lo que habría que hacer,
si se quiere, es intentar agilizar la gestión de la Sareb para que ponga
en alquiler o venta todas estas viviendas. En general, creemos que la vía
para dar el derecho a la vivienda no pasa por poner más impuestos, que ya
consideramos elevados, al impuesto sobre bienes inmuebles que pagan los
propietarios, que además es el único impuesto -como es muy difícil de
defraudar- cuya recaudación ha ido creciendo sistemáticamente a lo largo
de la crisis, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos están,
afortunadamente, en una situación financiera saneada. En consecuencia,
pediremos votación por puntos si no se admite la enmienda y, por
clarificar la posición, estamos a favor del segundo punto del que habla y
en contra del primero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista dará su apoyo a esta iniciativa
presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. El objetivo de
adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de hacer efectivo
el derecho a la vivienda que propugna el artículo 47, es de urgente
necesidad y se impone, por tanto, la adopción de esas medidas y su
aprobación en esta sede a la mayor brevedad. Queremos hacer notar esto
porque la trascendencia de esta iniciativa va más allá de lo
anteriormente dicho, del propio suplico o parte dispositiva de la
iniciativa. Yo no sé si recordarán los presentes el momento de aprobación
del Real Decreto-ley 20/2011, cuya publicación fue un 30 de diciembre de
2011, pocos días después de que entrara en el Gobierno el Partido
Popular, después de las elecciones del año 2011. Aquella fue la primera
vulneración de la organización institucional y territorial del Partido
Popular. Se atrevió a alterar una competencia que correspondía, única y
exclusivamente, a los Gobiernos locales: el tipo impositivo del IBI. Esa
fue la primera señal de alerta que muchos concejales de Hacienda en aquel
momento advertimos y denunciamos insistentemente. Se dijo de forma clara
que el Partido Popular se atrevería a atacar a los Gobiernos locales por
ser los de mayor debilidad para pasar después a atacar a los Gobiernos
autonómicos. Aquello llevó a lo que seis años después muchos predijimos:
la recentralización del Estado, la depauperación de la estructura
institucional tal y como la habíamos conocido y con el consiguiente
debilitamiento del servicio público. Efectivamente, como dice el
redactado de la proposición no de ley, se inició aquel ataque a los
ayuntamientos con este Real Decreto 20/2011 que invadió, como decimos,
una competencia exclusiva de los Gobiernos locales, y a estas alturas
nadie lo niega.
La adversidad por la que ha pasado la ciudadanía y también los Gobiernos
locales, como primeros prestadores de servicios y como primera
Administración más próxima al ciudadano, se ha puesto de relieve estos
seis años de crisis. Sin embargo, y a pesar de las restricciones
económicas provocadas por la crisis e impuestas por las políticas de
austericidio malentendidas del Partido Popular, como salida a la solución
de la crisis financiera, los ayuntamientos se han evidenciado como las
administraciones de mayor solvencia de nuestro país. El ejemplo es el
cierre de 2016 de 7000 millones de euros de superávit que ha ayudado a
compensar el déficit generado por la Administración del Estado. El
maltrato económico y normativo de las políticas del PP a lo largo de
estos seis años, que ha sido continuo y manifiesto, ha supuesto que los
Gobiernos locales, y los ciudadanos por ende, sufrieran estas
restricciones y tuvieran menos margen de maniobra para desarrollar sus
servicios públicos en el caso de unos y su proyecto de vida en el caso de
los otros.
El IBI, como decía la proponente de esta iniciativa, es el mayor peso que
tienen los ingresos municipales de cualquier ayuntamiento, podríamos
estar hablando casi del 50 %. Estamos hablando de una recaudación para el
Estado de 13 000 millones de euros. La evolución sufrida estos últimos
años, precisamente como consecuencia del Real Decreto 20/2011, ha sido
importante; de hecho, ha habido un incremento de 2000 millones de euros
más aproximadamente. Y hoy es unánime la reclamación de la totalidad de
los Gobiernos locales y por supuesto de la gran mayoría de grupos
parlamentarios de la necesidad de una financiación local. Una
financiación que dé cobertura en condiciones óptimas para prestar
servicios públicos que la ciudadanía necesita.
La propuesta que ahora debatimos va en sintonía con las propuestas
realizadas por el Grupo Socialista en la presente legislatura, así como
en la anterior, en el sentido de poner a disposición de la ciudadanía un
bien como es la vivienda y darle la cobertura que necesita, tal y como
establece el artículo 47 de la Constitución española, que en cualquier
caso deberá necesitar de mayor protección. Mas allá de las medidas como
la que ahora debatimos adoptamos, me gustaría hacerle un comentario al
señor De la Torre. Señor De la Torre, no creo que se quiera incrementar
-me atrevo a atribuirme ese comentario- los impuestos, se quiere
penalizar a los grandes tenedores que especulan con la vivienda en
perjuicio de los ciudadanos; creo que esa es la voluntad de esta
iniciativa, con lo cual no se trata de subir impuestos. En cualquier
caso, deberíamos ir a una reforma fiscal que sea más redistributiva, pero
no del impuesto de bienes inmuebles.
Sencillamente, lo que queremos decir es que más allá de esta iniciativa
que nos parece loable, hay que adoptar otras como reorientar la política
de vivienda de protección pública o favorecer el acceso a la vivienda,
como hace esta iniciativa, o incrementar los presupuestos, y no como ha
hecho el Partido Popular desde 2011 a 2017, que los ha bajado tan solo un
61 %. Estamos hablando de políticas como la supresión de la subsidiación
de préstamos, es decir, todas aquellas políticas que a lo largo de muchos
años de Gobiernos de izquierdas se procuraron para dar cobertura a la
ciudadanía y que esta no se encontrara en situación de desprotección.
Quiero poner en valor esta iniciativa y quiero felicitar en este sentido
al Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque va a atacar directamente
aquellas políticas que han ido en detrimento, primero, de la financiación
local, del margen de maniobra de los ayuntamientos, de los Gobiernos
locales y, en
segundo lugar, de aquellas políticas que han ido en detrimento del
principio de autonomía local. Este es un ejemplo claro de que este ha de
ser el camino que tenemos que emprender como Congreso, como mayorías, y
evidentemente hay que derogar -acabo, presidente- aquella reforma local
del que ahora tendremos que llamar muy pronto el ministro reprobado,
señor Montoro, que detrajo a los ciudadanos la posibilidad de tener
servicios públicos dignos.
Gracias, presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Ruano
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Señorías.
Me quería dirigir, en primer lugar, a la portavoz socialista porque estoy
harto de que ustedes tiren la piedra y escondan la mano. Nos critican por
una serie de medidas que el Gobierno del Partido Popular tuvo que tomar
como consecuencia de las nefastas políticas que ustedes llevaron a cabo;
o sea que el austericidio es consecuencia de sus políticas, de negar una
crisis, de tomar unas medidas que fueron criticadas por todo el mundo, y
yo creo que ya está bien de esto. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy
bien!). Ustedes a la gente no la pueden engañar, ustedes tiran la piedra
y esconden la mano, y se creen que diciendo muchas veces una cosa al
final va a ser una realidad. Ustedes mismos fueron los que provocaron que
hubiera una reforma constitucional del artículo 135 donde se comprometían
con la estabilidad presupuestaria (La señora Perea i Conillas: Hay
algunos de nosotros que no la votamos), y esto evidentemente tuvo
repercusión en todas las comunidades autónomas y a nivel municipal.
Entonces ya está bien de achacar al Grupo Popular y al Gobierno popular
una responsabilidad, porque la responsabilidad inicial es absolutamente
la gestión económica del Partido Socialista.
Señora Fernández, antes de entrar en el fondo del tema le pediría a su
grupo que revisara cuál es su trabajo, desde el punto de vista de
presentación de esta proposición no de ley, porque la primera parte de la
misma ustedes la presentaron como una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado que ya fue debatida y que ya fue rechazada. En pro
de lo que es la eficiencia y la eficacia de lo que son las labores de la
Cámara, yo creo que deberían depurar, y además usted ha reconocido que se
hizo una pregunta. Podemos hacer una enmienda, una PNL y luego una
pregunta, pero yo creo que esta primera parte de su PNL ya fue rechazada
como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, y quería afearle
en cierta manera esta práctica. Nosotros ya sabemos que, si por ustedes
fuese, se expropiarían todas las viviendas vacías, como he oído de algún
compañero suyo, pero esa no es la política del Gobierno del Partido
Popular ni de este grupo.
Entrando ya en concreto en el tema, quiero decirle que respecto a la
primera modificación propuesta por su grupo, la norma ya prevé, como ya
se ha dicho, el establecimiento de un recargo en el IBI que estaba
condicionada a un posterior desarrollo reglamentario. Es cierto que con
relación a este desarrollo reglamentario, como ustedes saben y se ha
comentado, la competencia para establecer el referido desarrollo
corresponde al Estado. Esta atribución al Estado de la potestad
reglamentaria cuando se trate de recursos propios de las corporaciones
locales tiene un objetivo claro que es la preservación de la unidad del
ordenamiento y una básica igualdad de posiciones de los contribuyentes,
señora portavoz socialista, tal y como señaló el Tribunal Constitucional
en las sentencia 19/1987, de 17 de febrero, por un mandato
constitucional.
Señora portavoz, debe conocer las cosas. No abuse de cosas que no son
ciertas. Téngalo en cuenta y, si quiere, ahora le dejo el documento
encantado para que usted lo lea y lo analice y, así en su próxima
intervención sobre esta cuestión, podrá hablar con mayor rigurosidad.
Por ello, los ayuntamientos no pueden exigir el citado recargo a través de
la correspondiente ordenanza fiscal en tanto no se dicte el
correspondiente reglamento estatal. Podemos hablar en otros foros de las
sombras, competencias impropias de los municipios en lo cual podríamos
llegar a algún acuerdo, pero cuando hay una sentencia del Tribunal
Constitucional, hagamos referencia a esa sentencia, no acusemos con falta
de fundamento.
Como ustedes saben, tanto la Dirección General del Catastro como la
Dirección General de Tributos asumieron en el año 2003 estas labores o
estos trabajos para la aprobación de este desarrollo reglamentario, que
es verdad que no se pudieron terminar, sobre todo por lo que hace
referencia al concepto de inmueble permanentemente desocupado. Sin
embargo, quiero decirle que esta problemática con el inmueble
permanentemente desocupado es porque habría que excluir la segunda
residencia y, asimismo, establecer unos parámetros que permitiesen
determinar cuándo un inmueble se presume con
esta calificación de permanentemente desocupado. En la redacción propuesta
en su enmienda por parte del Grupo Podemos, la determinación del concepto
y vivienda desocupada de forma permanente no se realiza mediante una
norma estatal, con lo cual no es viable la propuesta que ustedes hacen
como ya se debatió en la enmienda, ya que esto aseguraría una mayor
igualdad y seguridad jurídica, sino que se realizaría a través de
ordenanzas fiscales, de competencia municipal que son, según ustedes
proponen, las que deberían fijar en cada municipio qué requisitos deben
cumplir las viviendas para ser consideradas como desocupadas de forma
permanente y qué medios de prueba pueden admitirse para justificar la no
ocupación de la vivienda, con lo que se incrementaría en gran medida
tanto la inseguridad jurídica como la litigiosidad judicial, y a largo
plazo la desigualdad entre distintos municipios.
Los casos más conflictivos se plantearían, sobre todo, en relación con las
segundas residencias que no son ocupadas de forma habitual por sus
propietarios y, asimismo podría provocar un incremento artificial de
consumo de servicios e incluso promover en cierta manera el fraude de
ley, alterando esos consumos de servicios como el agua, la electricidad,
etcétera, con el fin de evitar la aplicación de este recargo.
Por otro lado, consideramos desde este grupo que este recargo propuesto no
constituiría un claro incentivo de los propietarios de los inmuebles
desocupados para ofrecerlos en el mercado ya sea de venta o bien de
alquiler, no contribuyendo, por tanto, a la consecución del objetivo
previsto por el legislador con su establecimiento, que era facilitar el
acceso de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y
adecuada.
En definitiva, al tratarse de una medida cuya aplicación práctica presenta
dificultades, su modificación o, en su caso, sustitución por una medida
alternativa tendría que ser objeto de análisis en el marco de la reforma
del sistema de financiación de las entidades locales y, en todo caso, con
la participación de estas a través de sus órganos representativos.
En relación con el segundo punto -ya termino-, la adición en el articulo
74.2 del texto refundido de una bonificación potestativa en la cuota
íntegra del IBI, en favor de los sujetos pasivos que acrediten una
situación económica desfavorable, es cierto lo que ya se ha comentado
aquí sobre que hay que tener en cuenta que la norma define al IBI como un
tributo que es directo, de carácter real, que grava el valor de los
bienes inmuebles en los términos establecidos por el texto refundido.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruano, tiene que ir terminando.
El señor RUANO GARCÍA: Ya termino.
La naturaleza real del IBI tiene trascendencia en su configuración legal,
como muestra de afección del bien inmueble directamente al pago de la
totalidad de la cuota tributaria. La introducción de estos beneficios
fiscales a favor de determinados colectivos de sujetos pasivos
desvirtuaría, sin duda, lo que es el carácter real, y en ese sentido sí
coincido con el compañero de Ciudadanos en el sentido de que sería mucho
más adecuado a través de otros impuestos de carácter personal, como puede
ser el impuesto sobre la renta. De hecho, ya existen los rendimientos
presuntos cuando una persona tiene una vivienda que no está ocupada.
Por todo ello, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. No
obstante, insisto en la idea de que es a través de la reforma de la
financiación local y, en todo caso con la participación de las entidades
locales, donde se debería tratar este asunto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
Señora Fernández, ¿acepta las enmiendas?
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Aun no lo he hablado porque no están los
compañeros de Esquerra ni del PDeCAT. Luego lo paso a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Sin ningún problema. Lo vemos al final.
- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS
CONFORME A LA LEY DE HACIENDAS LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001029).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al punto número 4 del orden del
día, una proposición relativa a la ampliación de la financiación de los
municipios turísticos conforme a la Ley de Haciendas Locales.
El ponente es el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la
palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
El turismo se configura como la actividad del sector servicios que mayores
repercusiones en términos de renta y empleo genera en muchas comunidades
autónomas de este país y, por tanto, de España, constituyendo un recurso
de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y siendo durante
las últimas décadas una de las palancas dinamizadoras de su crecimiento y
desarrollo socioeconómico. En los últimos años el sector turístico es uno
de los que mejor ha soportado la complicada situación económica. En el
año 2016 el sector del turismo en España, con un récord de turistas
extranjeros de 75,3 millones de viajeros, experimentó un incremento del
9,9 % y, según el INE, el gasto total de los turistas internacionales que
visitaron España en febrero aumentó un 16,2 % respecto al mismo mes del
año 2016. Durante los dos primeros meses del año 2017 el gasto total
aumenta un 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando
8557 millones de euros. Esta afluencia de turistas en España ha provocado
un aumento del gasto en el mantenimiento de los servicios públicos a los
ayuntamientos, ya que soportan más usuarios de esos servicios respecto a
su población natural. La prestación de estos servicios públicos de forma
inadecuada puede provocar la pérdida de la calidad de la oferta turística
española dirigida a los viajeros y viajeras, afectando de forma negativa
a la promoción y a la afluencia de turistas a determinados destinos.
Por ello, es necesario que los municipios turísticos encuentren vías
suficientes de financiación que les permitan soportar con solvencia y
calidad la prestación de esos servicios a sus destinatarios. En algunas
comunidades autónomas existen planes y medidas complementarias
articuladas, como son los programas y convenios de colaboración, con
dotación económica para la renovación y firma de nuevos convenios, que se
ven impedidos por el ajuste presupuestario y por las reglas de gasto
impuestas por el Gobierno central. Por esas razones, es necesario
articular medidas estructurales para que los municipios turísticos puedan
garantizar la prestación adecuada de dichos servicios, es decir, adecuar
en el sistema de financiación local esta circunstancia.
Esta figura, la del municipio turístico, se encuentra contemplada desde el
año 2002 en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
en su artículo 125, por el que determinados municipios que cumplan con
los requisitos recogidos en la norma pueden acceder a mejores condiciones
de financiación mediante la participación en los tributos del Estado. Sin
embargo, a nivel estatal no hay legislación específica a efectos de los
procedimientos para la declaración y, por tanto, la han tenido que hacer
las comunidades autónomas. Así, únicamente determinadas localidades
turísticas reciben un porcentaje de lo recaudado por el Estado en los
impuestos del tabaco e hidrocarburos según lo marcado en la Ley de
Haciendas Locales del año 2002. Los beneficiarios de este trato especial
por parte del Estado no pueden ser capitales de provincia ni bajar de un
censo de 120 000 habitantes y deben contar con más segundas residencias
que primeras. Estas limitaciones han hecho que en realidad solo veintiún
municipios sean beneficiarios en todo el país, los cuales obtuvieron 3
millones de euros según el último dato disponible en el año 2014. Por
ello, en marzo del año 2016 ocho ayuntamientos turísticos españoles
crearon una alianza para reclamar al Gobierno mejor financiación; entre
esos municipios estaban Salou, Benidorm, Calviá y Torremolinos, que
reclamaban mejorar la participación en los ingresos del Estado,
beneficiarse de la recaudación de las comunidades autónomas e incluso de
los fondos de la Unión Europea. Por tanto, es necesario modificar los
requisitos a nivel estatal y aumentar el número de los beneficiarios.
Hasta el momento existen, como decía anteriormente, veintiún municipios
declarados turísticos por el Estado; cinco municipios son de Andalucía y
la ley establece, a efectos de financiación, que estos ayuntamientos
deben percibir cada año, como decía anteriormente, ese porcentaje de los
rendimientos que genera la venta de tabaco e hidrocarburos en su término
municipal, que es algo más del 2 %.
Evidentemente, señorías, hay muchos más pueblos de España que se pueden
considerar turísticos. El problema es que como siempre el Partido Popular
y el Gobierno del señor Rajoy no dan soluciones a la problemática del
municipalismo y a las demandas de miles de alcaldes y alcaldesas. Hemos
visto en los últimos cinco años cómo han machacado la autonomía municipal
y han castigado a los ayuntamientos con políticas de restricción del
gasto a las entidades locales, imponiendo una regla de gasto injusta y la
imposibilidad de reinvertir el superávit, en definitiva castigando a la
Administración más cumplidora e impidiendo que puedan mejorar la vida de
sus vecinos y vecinas por falta de financiación adecuada. A todos estos
problemas generales de los municipios, se unen los problemas particulares
de los municipios turísticos. Por ello, el Gobierno de España debería
tomarse en serio la regulación de esta figura y
reorientar la consideración de municipio turístico hacia la promoción de
la calidad en la prestación de los servicios municipales porque no se
trata solo de cubrir las necesidades de la población asistida durante la
temporada, sino de hacerlo de una forma constaste y de calidad como
garantía de competitividad para esta industria; y también debería regular
los requisitos para obtener la declaración, entre otras cosas, para
posibilitar que un mayor número de municipios puedan presentar su
solicitud.
Estas cuestiones son las que ha abordado, por ejemplo, el Gobierno
andaluz, el Gobierno de mi comunidad autónoma, pionero siempre en estas
cuestiones, mediante la aprobación ayer del nuevo decreto regulador de
municipios turísticos, que recoge la actualización del concepto de
población turística asistida, actualiza los requisitos para poder
acceder, elimina el límite inferior de población y además establece la
posibilidad de firmar convenios de colaboración. Eso es lo que hace un
Gobierno como el de la Junta de Andalucía, sensible con el municipalismo
y preocupado por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y
ciudadanas, no solo de los que residen de manera natural en esos
municipios sino también de los que como turistas o viajeros los visitan.
Por todo lo expuesto, es necesario abordar las modificaciones legislativas
pertinentes y revisar la legislación con el fin de ampliar las
posibilidades de financiación recogida en dicha norma a fin de que un
mayor número de municipios turísticos puedan acceder a esa declaración. A
eso insta el Grupo Parlamentario Socialista, mediante esta PNL y, como en
otras ocasiones ha hecho, con enmiendas presentadas en los Presupuestos
Generales del Estado. Espero que esta vez, señorías, sí se sumen a esta
demanda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y que reivindican
miles de alcaldes y alcaldesas de todas las opciones políticas y de todos
los partidos políticos. A eso les instamos y lo que les pedimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
Se han presentado tres enmiendas a esta iniciativa. Por parte del Grupo
Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda a esta proposición
no de ley. La verdad es que la señora portavoz del Grupo Socialista
sinceramente nos ha conmovido con toda la motivación que ha expuesto, que
no tiene nada que ver con aquella proposición no de ley que presentó el
pasado 12 de diciembre de 2016. De hecho, en la exposición de motivos nos
dice que el turismo se configura como una gran actividad del sector
servicios y habla exclusivamente de Andalucía, pero es que en los
párrafos siguientes, a continuación, habla exclusivamente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A mí me da la sensación de que ha sido un copia y
pega. Imagino que luego nos explicará, si quiere la portavoz, el porqué
de esta proposición no de ley.
Su parte expositiva simplemente indica revisar y modificar las condiciones
contempladas. Yo creo que ahí se queda corto y le explicaré por qué.
Nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó hace varios meses una
proposición no de ley en la cual instaba al Gobierno a mejorar, revisar y
modificar estas condiciones contempladas para los municipios turísticos.
Estamos de acuerdo en los datos que nos ha dado, según los cuales el
sector turístico español, con las previsiones que tiene, el aumento que
ha tenido, esos más de 75 millones de visitantes durante el año pasado y
ese aumento de más del 9 %, se merece que centremos toda nuestra atención
en aquellos municipios que más sufren con esa masiva afluencia de
visitantes y la presión que tiene sobre las infraestructuras y sobre sus
servicios municipales. Debemos dar una solución sobre todo a efectos de
financiación. Las haciendas locales tienen que hacer frente a todos estos
gastos y no se ha dado solución durante todos estos años desde 2002, con
ese artículo 125 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, a estas necesidades de limpieza diaria, de tráfico, de
seguridad, de vigilancia, de limpieza de playas, etcétera. La
financiación no llega a las entidades locales. Bien sabemos que del
dinero de las diputaciones, por ejemplo, el 65 % de los presupuestos se
queda en la propia diputación y no llega a las entidades locales. Ahí es
donde tenemos que hacer un esfuerzo, y lo estamos haciendo desde nuestro
grupo parlamentario. Por tanto, no parece muy lógico, y además tengo que
corregir el dato porque en esta proposición no de ley que presentaron en
aquella época eran veintiún los municipios y ahora, a datos de febrero de
2017, tan solo catorce municipios están declarados como tales a efectos
de financiación. En estos últimos años no están percibiendo esa
financiación adicional por los impuestos de tabacos e hidrocarburos al
tener un saldo negativo. Además la Federación Española de Municipios ha
denunciado reiteradamente que estos ayuntamientos no están recibiendo la
financiación adecuada.
Nosotros planteamos una enmienda en la cual instamos al Gobierno a
redefinir ese criterio de municipio turístico dadas las grandes
diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al tratamiento que dan
en sus legislaciones. En segundo lugar, a modificar los criterios de
cálculo de participación en los impuestos del Estado. Se debe tener en
cuenta la población asistida, esto es, la población de derecho más los
visitantes y los turistas. En tercer lugar, y termino, no tomar
únicamente en cuenta las plazas de segunda residencia como un criterio
para la calificación, pues deben ser también tenidas en cuenta las plazas
hoteleras.
En principio esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista tome nota de
esas mejoras y nos acepte la enmienda.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de otro de los grupos enmandantes, el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Nosotros también habíamos advertido, como el señor Ten, de Ciudadanos, que
los datos desglosados en la proposición no de ley se referían a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, pero hemos entendido perfectamente qué
es lo que nos quería trasladar el Grupo Socialista en el conjunto de la
proposición no de ley presentada. Como además Andalucía es una de las
tierras más bonitas y más punteras desde el punto de vista económico y
socioeconómico de nuestro país, estamos totalmente de acuerdo con ello.
Estamos muy de acuerdo con varias de las cosas señaladas por el Grupo
Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley. En primer lugar,
el esfuerzo que han hecho los españoles para salir de una durísima crisis
económica requería que las administraciones se esforzaran, requería que
cuando los españoles se esforzaban pudieran levantar la mirada y ver a su
Administración esforzándose, y eso es lo que han hecho nuestras
administraciones locales, han sido la verdadera punta de lanza de la
recuperación en nuestro país.
En segundo lugar, el valor estratégico de nuestro turismo. Es verdad que
en estos cinco años hemos pasado -en términos del crecimiento de nuestro
país- de salir de las crisis tirando del consumo a salir de esta crisis
tirando de la demanda externa, del turismo, del sector exterior y eso ha
sido muy positivo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el peso que
tienen los servicios públicos fundamentales que nuestros ayuntamientos
prestan -como competencias propias en algunos casos y como impropias en
otros- en aquellos municipios que tienen mayor afluencia turística.
Evidentemente, no compartimos las apreciaciones respecto de que el
Gobierno de Mariano Rajoy no haya dado soluciones a los ayuntamientos.
Bien al contrario, si los ayuntamientos hoy están saneados, si los
ayuntamientos hoy son punta de lanza de la recuperación, como decía, es
gracias a su esfuerzo pero también gracias a las medidas de política
legislativa que ha dictado el Gobierno de la nación con la Ley de
estabilidad presupuestaria, la regla de gasto -ya saben ustedes que es
muy keynesiana, porque supone ahorrar cuando uno está creciendo para
tener un colchón cuando vienen mal dadas-. Eso es la regla de gasto, que
ahora está en fase de revisión.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda y tanto respecto a la
proposición no de ley como a las enmiendas presentadas me gustaría
trasladarles dos cuestiones, una genérica y otra más concreta. Estamos en
el proceso de revisión de la financiación local en nuestro país; se
acordó así en la Conferencia de Presidentes de 17 de enero del presente
año y el 10 de febrero ya se constituyó la comisión de expertos para la
revisión del sistema de financiación local. Esa revisión debe contemplar,
de forma integral, aspectos financieros, tributarios, presupuestarios
contenidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales. Estamos ya en ese proceso y me gustaría enmarcar este debate que
tenemos respecto a la definición de municipio turístico y los criterios
que configuran los municipios turísticos a efectos de reparto de tributos
del Estado. Por tanto, lo que contiene el artículo 125 son dos criterios
exclusivamente a efectos del reparto de la participación en tributos del
Estado. Si estamos embarcados en la reforma del sistema de financiación
local, si esa reforma va a ser omnicomprensiva y por lo tanto también
afectará al artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
convendría -y en ese sentido va nuestra enmienda- enmarcar la proposición
no de ley que hace el Grupo Socialista en ese contexto y decir: Instamos
al Gobierno a que solicite a la comisión de expertos para la revisión del
sistema de financiación que, específicamente, analice las condiciones
contempladas en el artículo 125 del texto refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales para que se amplíen las posibilidades de
financiación a un mayor grupo de municipios.
Enmarquemos la proposición no de ley que realiza el Grupo Socialista en
ese contexto de revisión integral del sistema de financiación de
entidades locales. Nos gusta más la proposición no de ley del Grupo
Socialista porque insta al Gobierno a revisar o a modificar -nosotros
decimos: Instemos al Gobierno a que solicite que en ese marco se revise y
se modifique- y no tanto la del Grupo Ciudadanos porque -y es el aspecto
concreto que venía a establecer- ya dice, exactamente, qué criterios hay
que introducir. Al Grupo Parlamentario Popular eso nos permitirá
trasladarle que esto es peligroso porque si vamos aquí cada semana
aprobando las PNL diciendo: Ahora aplique usted este criterio; ahora
aplique el otro; ahora el de más allá... Hemos constituido una comisión
de expertos, que hagan su trabajo, que lleguen a unas conclusiones y
luego, evidentemente, la decisión política de modificar la Ley Reguladora
de Haciendas Locales en el sentido establecido por la comisión de
expertos corresponderá soberanamente al Gobierno, por un lado, y al
Parlamento, por el otro. Por lo tanto, nos gusta más la proposición no de
ley del Grupo Socialista incardinada en el contexto que les he dicho, si
nos aceptan la enmienda transaccional, y menos fijar uno u otro criterio.
Sé que en la Comisión de Turismo se ha hablado al respecto y la posición
del Grupo Popular fue abstenerse.
Un último inciso, la declaración de municipio turístico lo es a los
exclusivos efectos de la participación en tributos del Estado, en
concreto en este artículo 125. No podemos depender de que cada comunidad
autónoma establezca un criterio diferente para decidir cuáles son los
municipios turísticos, repercutiendo en la concreta participación en los
tributos del Estado, porque entonces haríamos un pastel.
En todo caso, señorías, les ruego que nos pongamos de acuerdo en lo que,
básicamente, coincidimos porque avanzaremos y, seguramente, iremos más
deprisa. Enmarquemos lo que solicita la proposición no de ley en la
revisión del sistema de financiación y hagamos lo posible para que esa
financiación local pueda ser modificada este año, en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes, presidente, señorías.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
se abstendrá en esta proposición no de ley ya que consideramos que no se
detalla con suficiente claridad la flexibilización de las condiciones
para declarar un municipio como municipio turístico a las que se refiere
el apartado 1 del artículo 125 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Si bien valoramos positivamente esta iniciativa, entendemos que daría más
seguridad incluir esas condiciones en la propuesta previo estudio y
justificación de los motivos que sustentarían las modificaciones de las
condiciones previas para declarar municipios turísticos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En relación con las enmiendas tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Ahora sí, pensaba que antes me estaba usted preguntando ya la posición del
Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas.
Hemos llegado a un acuerdo de transaccional con el Grupo Ciudadanos, por
lo que las otras enmiendas de los demás grupos políticos no las vamos a
aceptar. Ahora le pasaremos a la Mesa la transaccional a la que hemos
llegado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001183).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 % del orden del día, proposición
no de ley sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
En su nombre tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdón, por no haberlo pronunciado bien.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Es cuestión de práctica, como
todo. En la medida en que vaya interviniendo tendrá la posibilidad de ir
practicando. En todo caso, gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. La aplicación de la Ley de estabilidad
presupuestaria supone, a nuestro entender, priorizar el control del
déficit, poniéndolo por delante de las políticas sociales. Supone la
apuesta por la austeridad en lugar de apostar por políticas de empleo
digno y de calidad que permitan combatir la pobreza y la desigualdad. Es,
en última instancia, una ley que centra la actuación del Gobierno en la
dirección contraria a la que pide el momento socioeconómico que vive el
Estado. Debería apostarse por la sostenibilidad económica, fiscal,
medioambiental y social y ello supone abordar las prioridades de gasto
pero también la fiscalidad, los ingresos, para poder actuar a favor del
empleo y en contra de la precariedad y no seguir aumentando la
desigualdad y la pobreza. Por tanto, entendemos que es una ley antisocial
ya que, además de poner el foco donde no debe, a la hora de establecer
cómo hacer frente al control del déficit y al pago de la deuda, este
también se rige por parámetros antisociales. Se sigue reservando la mayor
parte del déficit para el Estado, por encima del 80 %, frente a tan solo
un 19 % para las comunidades autónomas y un 0 % para las entidades
locales, y ello pese a que son las comunidades autónomas las que realizan
el 70 % del gasto social y un tercio del gasto público. En el caso de las
entidades locales esto supone un ataque frontal a sus competencias, a su
autonomía y, me atrevo a decir, que a su propia existencia, por cuanto
que, debido a su carácter recentralizador, limita en gran medida la
posibilidad de estas de actuar ante las necesidades sociales más
cercanas, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos. Hace
pagar a las entidades locales la crisis estructural del Estado en
beneficio del sector financiero, principal causante de una deuda tan
elevada. Se ejerce un control mayor, además, sobre el personal de las
entidades locales y, en el caso de las comunidades autónomas vasca y
navarra, se ataca directamente la autonomía y competencias propias que
por voluntad popular y por ley tenemos reconocidas.
Se aplican los mismos criterios para todas, sin tener en cuenta una
situación más saneada sobre la que podríamos poder decidir, sin la tutela
de Madrid, qué nivel de endeudamiento es el adecuado a nuestra realidad.
Por tanto, no aceptamos que la Ley de estabilidad usurpe esta potestad
autoorganizativa y someta a las entidades locales a criterios económicos
y presupuestarios que obstaculizan su buen funcionamiento y capacidad de
inversión. Por mucho que en los últimos meses se nos haya intentado
convencer de que la flexibilización en el techo de gasto trae avances
porque ha supuesto una flexibilización y un aumento de recursos en esa
materia, o también incluso la enmienda para que los ayuntamientos pueden
invertir el superávit con otro margen temporal, entendemos que todo esto
no son más que parches que no cuestionan el fondo -lo verdaderamente
grave- y que obedecen más a realidades coyunturales que pueden ayudar a
quien intenta convencernos de ello, pero sin éxito, por cuanto que, aún
pudiendo invertir el superávit, esto está supeditado al cumplimiento de
una serie de requisitos, como la obligación de ser financieramente
sostenibles. Por tanto, hablamos de inversiones que en ningún caso hacen
frente a las necesidades locales, tanto de los municipios como de la
ciudadanía.
Las entidades locales necesitan los recursos de que disponen para asegurar
-y ese debería ser un objetivo principal- la cohesión social, para
apuntalar el tejido productivo local, para generar actividad económica
que reduzca el desempleo y para ayudar a quienes más lo necesitan. Y esta
ley se lo está pidiendo a la comunidad autónoma, a Navarra, y al conjunto
del Estado. Por eso desde Euskal Herria-Bildu entendemos que, más allá de
partidos e ideologías, se trata de defender la potestad económica y
financiera de las instituciones. Consideramos urgente y necesario buscar
una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar
que esta ley se siga aplicando y dejar así de castigar en última
instancia a la ciudadanía. Esta ley ataca frontalmente a todo el
entramado institucional, sobre todo a la
autonomía de los municipios, representa la implantación de un modelo de
Administración local que debilita esencialmente a la autonomía municipal
y, asimismo, la idea del autogobierno municipal se desvanece y no refleja
ni los principios ni la filosofía de la Carta Europea Autonomía Local,
que es lo que debería de primar y no el criterio centralizador en vigor.
Mientras que en la totalidad de los países europeos las reformas
institucionales, sobre todo las referentes al ámbito local, van
encaminadas a reforzar la autonomía local, la Ley de estabilidad
presupuestaria está enfocada en dirección contraria. Por todo ello, y con
esto termino, pedimos su apoyo, ¡cómo no!, para nuestra proposición no de
ley al resto de los grupos parlamentarios. No ha habido enmiendas y no
sabemos qué quiere decir esto, pero lo veremos a lo largo del debate. Les
pedimos su apoyo con el objetivo claro de adoptar urgentemente esas
medidas necesarias para derogar esta ley que tanto daño nos está haciendo
-desde las entidades locales a la equivocada orientación de la política
económica, en general-, ya que se ha aprovechado la crisis para acometer
una nueva reforma neoliberal, antisocial, que tiene en esta ley una de
sus valedoras.
Como siempre nos dicen que a muchos no les gusta la derogación porque
supone un vacío legal, hemos planteado la proposición no de ley en los
presentes términos, por lo que una votación favorable a la misma sería el
primer punto de partida para que quienes creemos que las cosas se tienen
que hacer de otra manera podamos avanzar en la práctica para que eso sea
así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Al no haber enmiendas, como bien dice la portavoz, tiene la palabra en
nombre del grupo de ciudadanos el señor Roldán.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias señor presidente. Intervendré yo,
Francisco de la Torre, porque el señor Roldán no ha podido asistir a esta
Comisión. Seré breve.
Votaremos en contra porque a nosotros nos parece que se pueden criticar
cuestiones como el techo de gasto o la regla de gasto o la aplicación
práctica de la Ley de estabilidad presupuestaria, pero si se quieren
tener municipios financieramente sostenibles, si se quiere estar en
Europa, hay que tener una Ley de estabilidad presupuestaria, entre otras
cuestiones porque nos lo exigen los tratados europeos. Además, esta
cuestión de tener estabilidad presupuestaria no es de izquierdas o de
derechas, es simplemente poder pagar los gastos; es decir, nada impide a
un municipio subir los impuestos para pagar los correspondientes gastos.
Por cierto, esto, en nuestra opinión, tiene poco de centralizador o de
autonomista o de nada porque la reducción de deuda que ha derivado de que
los ayuntamientos se hayan podido financiar mejor, es decir, de las
subidas del IBI o de las reducciones de gastos, se han beneficiado los
propios ayuntamientos.
Evidentemente se puede discutir, en nuestra opinión, si la regla de gasto
-que por cierto se votó aquí mayoritariamente en el Congreso- para este
2017 es más o menos restrictiva. De hecho también nos hemos puesto de
acuerdo en ampliar el plazo para realizar las inversiones financieramente
sostenibles. Pero, vamos, decidir que no se quiere y que se rechaza
absolutamente una ley de estabilidad presupuestaria lo que quiere decir
es que ni los municipios ni ninguna otra Administración están sujetos ni
sometidos a ningún tipo de regla. Esto es incompatible con estar en
Europa y es incompatible con una gestión mínimamente seria. Por lo tanto
nosotros votaremos en contra de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley de Bildu, como
no podría ser de otra forma, en coherencia con lo que hemos venido
diciendo, con nuestro programa electoral y también en coherencia con la
enmienda a la totalidad que propusimos cuando se presentó la última
reforma de esta ley en octubre de 2016.
Se trata de una ley antisocial, recentralizadora, dogmática e ineficaz.
Una ley que ha sido la clave, el eje fundamental junto con los
presupuestos de cada año, para aplicar lo que nosotros consideramos una
nefasta política de austeridad que ha tenido un alto precio social. Es la
concreción de la reforma del artículo 135 de la Constitución. En el
debate de la moción de censura, en el que tanto se ha hablado de
soberanía y de soberanía nacional, pues bien, la reforma de ese artículo
supuso poner de rodillas la soberanía nacional o la soberanía popular -en
este caso- ante los mercados. Establece como prioridad absoluta, sagrada,
el pago de los intereses y del capital de la deuda pública ante cualquier
otro tipo de contingencia. Establece una regla de gasto absurda
vinculando el techo de gasto al incremento del PIB. Se obliga a aplicar a
realidades locales parámetros macroeconómicos generales que no tienen en
cuenta la realidad local, la de los ayuntamientos, donde se producen
lógicamente fluctuaciones muy variables de año a año, por ejemplo en
cuanto a las inversiones. La propia normativa permite a los ámbitos
subterritoriales una mayor flexibilidad que aquí el Gobierno no ha
aplicado; por eso decimos que es además una ley dogmática. Establece
limitaciones en cuanto al uso del superávit incluso cuando se trata de
ayuntamientos saneados, a los que obliga a destinar ese superávit a las
llamadas inversiones financieramente sostenibles, que son muy
limitativas.
Es cierto que se ha producido una flexibilización en estos presupuestos;
pero para nosotros es a todas luces insuficiente.
Y es una ley recentralizadora. Va contra el gobierno de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos, en primer lugar porque impone
unilateralmente todo tipo de condiciones a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos de forma unilateral: el Estado lo hace así. Pero además
permite sanciones económicas, visitas de los 'hombres de negro',
posibilidades de intervenir la autonomía aparte incluso del artículo 155.
Se trata de una ley que permite todo tipo de injerencias e invasiones de
la autonomía y de la capacidad de autogobierno de los ayuntamientos. Y,
miren, no hay autogobierno real, ni de ayuntamientos ni de comunidades
autónomas si no hay autonomía presupuestaria.
La aplicación concreta de la ley ha sido muy injusta. Por ejemplo, en el
reparto de los objetivos de déficit el Estado se ha quedado con la mayor
parte, con el 80 % del margen de déficit -para el Estado y para la
Administración General del Estado y para la Seguridad Social- y solamente
ha dejado el 20 % para las comunidades autónomas cuando son estas las que
concentran la mayor parte del gasto social. Pero además ha sido una ley
ineficaz porque el Gobierno ha incumplido sistemáticamente los objetivos
de déficit todos estos años. Solo en 2016 los han cumplido porque el
objetivo inicial era el 2,8 y luego fue el 3,6 y luego llegó a ser el
4,6. Al final es al revés, ¿no?: van a buscar y ver cómo pueden cumplir
el objetivo... cambiándolo.
Por todas estas razones me parece imprescindible que esta ley, que es una
ley de excepción económica, sea derogada. ¿Eso quiere decir que no nos
preocupan el déficit y la deuda? ¡Claro que nos preocupan!. Nos preocupa
el déficit y la deuda generada, por ejemplo, por la corrupción, por los
47 000 millones de euros de sangría económica que, según la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia, produce la corrupción. Nos
preocupa el incremento del gasto militar que se ha producido en los
últimos años, un 161 %. Esto también genera déficit y deuda, y claro que
nos preocupa. Y también nos preocupa el déficit social que se ha
producido estos años y la deuda social que estamos dejando a las
generaciones futuras, la fractura social generacional que se está
produciendo en este país. Nos preocupa que seamos el país en el que más
se han incrementado las desigualdades, por detrás solo de Lituania,
Letonia, Bulgaria o Rumanía. Nos preocupa el 22 % de personas que se
encuentran en riesgo de pobreza y que seamos el tercer país de la Unión
Europea en cuanto a pobreza infantil. Todos estos déficits sociales nos
preocupan y la Ley de estabilidad presupuestaria establece una serie de
limitaciones que no permiten afrontar esos déficits sociales y esa deuda
que estamos contrayendo para las generaciones futuras. Por todas estas
razones, vamos a votar a favor de esta PNL y creemos que para superar
esas políticas de austeridad y esa legislación de excepcionalidad
económica es imprescindible la derogación de esta ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Es cierto que los socialistas no votamos en su día a favor de esta Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012. Y no
votamos a favor porque vimos algunos planteamientos realmente
inconvenientes, que no se correspondían con las lógicas exigencias de
unos tiempos en los que había que establecer contención de gasto y
sistemas de control a las administraciones públicas y a los
ayuntamientos, sin ningún género de dudas. Es evidente que en años
pasados se ha hecho una gestión, en muchos casos, inadecuada e ineficaz.
Es cierto que ha habido ayuntamientos, administraciones, que han
despilfarrado de alguna manera -la minoría- sus presupuestos, sus
finanzas locales. Dicho esto, el
Partido Socialista no hace mucho tiempo señaló que el desarrollo del
artículo 135 de la Constitución no debía permanecer con sus contenidos
actuales tanto en la Constitución como en esta ley, sino que debía
modificarse de acuerdo con unos planteamientos nuevos, de modo que no se
priorizasen con esta literatura los objetivos que he citado.
Evidentemente, son necesarias medidas de control del gasto,
condicionantes para el funcionamiento financiero de los ayuntamientos y
por eso seguimos reclamando con carácter de urgencia una reforma de esta
ley en el marco de la revisión de la financiación de las haciendas
locales, pero de ahí a aceptar las formulaciones que recoge el texto de
esta PNL del Grupo Mixto, de Bildu, hay un trecho. Tenemos nuestras
diferencias. No compartimos muchas de las afirmaciones -entendemos-
exageradas que se contemplan en el texto de la PNL y tampoco la parte
relacionada con lo que hoy votaremos, el rechazo de esa ley orgánica y
especialmente la derogación.
Compartimos, sin duda, críticas a cuestiones como las disfunciones que ha
producido y que sigue produciendo la regla de gasto. En cambio, una
determinada contención de la deuda pública, una contención del crédito de
las inversiones sigue siendo necesaria para determinados ayuntamientos
que arrastran una gran deuda, que tienen un déficit todavía importante, a
pesar del esfuerzo generalizado que se está haciendo. También debemos
reconocer que la flexibilización que se ha incorporado -afortunadamente,
ya era hora- para poder disponer de los remanentes y destinarlos a
inversiones con el título de inversiones sostenibles es un cierto avance
en lo que viene reclamando el conjunto de los ayuntamientos. Por otra
parte, nos parece de interés la referencia en la ley al papel de los
interventores o directores financieros, porque en un pasado -no muy
lejano- se han producido abusos, se han producido desatenciones al papel
y a los informes de los interventores por parte de algunos gestores, de
algunos Gobiernos municipales. Es así y esto lo viene a ratificar un
decreto reciente, publicado el 12 mayo en el Boletín, que hace referencia
a ese papel de los interventores. Como digo, esa medida la acaba de
adoptar el Gobierno en abril y se ha publicado el 12 mayo.
Por último, quiero señalar que hemos tenido contacto, en este caso con
alcaldes y con interventores de ayuntamientos del País Vasco, que nos han
manifestado que ellos pueden funcionar, excepto en casos de ayuntamientos
que tienen importantes restricciones derivadas de su déficit, de la deuda
acumulada. Los ayuntamientos están funcionando y no ven limitada, como se
expresa en la PNL del Grupo Bildu, su autonomía, sus disponibilidades y
tienen un margen razonable para desarrollar sus cometidos. Eso es así. No
conozco ninguna resolución inmediata -en estos términos, por lo menos- de
la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y tampoco conozco una
resolución en esos términos taxativos por parte de la Federación Española
de Municipios y Provincias. Es cierto, que aceptando y apoyando la
revisión, sin embargo, no estamos por la derogación de esta ley en los
términos que aquí se formulan.
Por último, quiero hacer una observación a la proponente, y es que
seguramente en el ánimo de esta PNL ha podido influir -supongo- una
sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en
relación con una norma foral del año 2014, de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu. Esa sentencia es contraria al
contenido de esa norma de la Diputación Foral de Gipuzkoa en lo que se
refiere a tareas de tutela y de control sobre las cuestiones que la
propia ley de referencia establece. Lamentamos que haya sido así, pero
animamos a las diputaciones forales vascas, y en este caso también del
territorio de Navarra, a que regulen mediante normas propias, dentro del
marco de la ley, sus funciones de tutela y de control sobre las
cuestiones presupuestarias y de inversión de los ayuntamientos de las
comunidades vasca y navarra. Por tanto, votaremos en contra de la PNL.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.
La iniciativa que ha presentado el grupo proponente insta al Gobierno a
derogar, como ya se ha dicho, la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en base a un supuesto ataque
frontal a las entidades locales, sus competencias y su propia existencia.
Y más en concreto, al menos en su texto -hoy lo ha ampliado la ponente
del Grupo EH Bildu- se refiere a las obligaciones de información de su
artículo 6, relativo al principio de transparencia que deben cumplir
todas las administraciones públicas, no solo las entidades locales,
señoría. En absoluto podemos estar nosotros de acuerdo, porque ni la
transparencia está reñida o es incompatible con la autonomía de la
financiación de las entidades locales -y lo digo con un carácter más
general ante las afirmaciones que se han vertido también en esta sala
esta tarde- ni la estabilidad presupuestaria es contraria al crecimiento
económico, la creación de empleo y el mantenimiento y mejora de la
cohesión social; más bien justo al contrario, porque a mayor
déficit, menor crecimiento, destrucción de empleo y puesta en riesgo de
nuestro sistema de bienestar, como bien sabemos ya todos los españoles
tras la crisis económica que hemos pasado.
Señorías, con esta Ley de estabilidad presupuestaria en vigor hay
crecimiento económico, creación intensiva de empleo y mejora de nuestra
sociedad del bienestar, disminuyéndose la desigualdad social que se había
creado en la crisis económica en los tres últimos años en nuestro país.
Pero cabe recordar, señorías -lo ha dicho el señor De la Torre y coincido
con él perfectamente-, que la aprobación de esta ley orgánica fue fruto
de la necesidad de avanzar en el proceso de integración económica europea
que se puso de manifiesto fundamentalmente en el año 2008, en el que se
inició una crisis económica de carácter mundial, especialmente severa en
el ámbito europeo, cuyos efectos además se vieron agravados en nuestra
economía debido a la elevada tasa de desempleo que ya teníamos. La crisis
económica, señorías, nos mostró la insuficiencia de los mecanismos de
disciplina de la anterior Ley de estabilidad presupuestaria y,
paralelamente, las tensiones financieras pusieron en evidencia la
fragilidad del entramado institucional de la Unión Europea. Y fue en este
contexto cuando se aprobaron una serie de iniciativas legislativas en el
ámbito europeo orientadas a reforzar las reglas fiscales comunes.
Señorías, no podemos olvidar que la garantía de la estabilidad
presupuestaria de todas y cada una de las administraciones públicas -no
de las entidades locales y mucho menos de las entidades locales del País
Vasco- es una de las claves de política económica que contribuye, por un
lado, a reforzar la confianza en la economía y, por otro, a recuperar la
senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Este
convencimiento llevó en septiembre de 2011 a reformar, como muy bien
saben sus señorías -no sé si algunos lo han repensado-, en septiembre de
2011, el artículo 135 de la Constitución española introduciendo la regla
fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro
país y la deuda pública.
Pues bien, este reforzamiento de la garantía de la estabilidad
presupuestaria en España lo desarrolla, por mandato constitucional, la
citada ley orgánica que ustedes hoy pretenden derogar y que lo que hace
es incorporar las exigencias europeas a todas las administraciones
públicas en materia fiscal. Y entre los pilares que sostienen dichos
compromisos se encuentra el principio de la transparencia -en concreto,
en su artículo 6, el que pone en solfa el grupo proponente-, que permite
el acceso a la información sobre la situación de las finanzas públicas de
todas las administraciones públicas, en las que quedan incluidas la
Administración central, las comunidades autónomas, las entidades locales
y las administraciones de la Seguridad Social. Leía y releía la
proposición no de ley una y otra vez y me preguntaba qué tienen en contra
ustedes de la transparencia, en un momento como este, de las cuentas de
cualquier Administración pública, y no he encontrado motivo para ello en
toda su proposición no de ley. Además, señorías, la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera da cumplimiento al
Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y
monetaria, de 2 de mayo de 2012, en aras a cumplir tres objetivos:
garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones
públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y
reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de
estabilidad presupuestaria. Objetivos que mi grupo comparte plenamente,
ya que todo ello va a incidir, directa e indirectamente, en un mayor
crecimiento económico y creación de empleo, no solo en España sino en
toda la Unión Europea.
De lo anterior cabe deducir que las exigencias en materia de transparencia
son aplicables por igual a todas las administraciones públicas,
cualquiera que sea el nivel de descentralización y no solo en territorio
español sino en toda la Unión Europea -están pidiendo ustedes una
excepcionalidad no solo dentro de España sino dentro del conjunto de la
Unión Europea- y además también cabe deducir, por todo ello, que no es
cierto -por no decir que es absolutamente falso- que las obligaciones
impuestas derivadas de esta ley no hacen más que confirmar que las
entidades locales van a pagar por la situación de crisis estructural del
Estado español. Tampoco es cierto que la Ley de estabilidad
presupuestaria usurpe potestad alguna y someta a las entidades locales
vascas a criterios económicos y presupuestarios que obstaculicen su buen
funcionamiento y capacidad de inversión, como muy bien ha dicho también
el señor Elorza. No es cierto, por tanto, que con la aprobación de esta
ley a las entidades locales de Euskal Herria se les niegue, como dicen
ustedes, la capacidad e iniciativa que les corresponden como institución.
Por último, no es cierto que esta ley, del Gobierno de Rajoy, tenga un
marcado carácter recentralizador, mermando y limitando en gran medida el
funcionamiento de las distintas administraciones al servicio de la
ciudadanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta
proposición no de ley. Muchas gracias. (Aplausos).
- RELATIVA A LA EQUIPARACIÓN DEL TRATAMIENTO FISCAL ENTRE MATRIMONIOS Y
PAREJAS DE HECHO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001201).
El señor PRESIDENTE: Al no haber enmiendas a esta iniciativa, pasamos al
punto 6.º, iniciativa relativa a la equiparación del tratamiento fiscal
entre matrimonios y parejas de hecho, que presenta el Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, tiene la palabra la
señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidente.
Queríamos llamar la atención esta tarde sobre lo que nos parece que es una
disfunción de nuestro sistema jurídico que afecta a casi dos millones de
personas en nuestro país, según las estadísticas más recientes del
Instituto Nacional de Estadística. Nos referimos a aquellas personas que
viven bajo un mismo techo, que forman una familia pero que son uniones de
hecho y no uniones de derecho. Existe una diferencia de trato,
concretamente fiscal, que supone una discriminación para las parejas que
han decidido unirse, formar una familia bajo un mismo techo, como digo,
en uniones de hecho respecto de las uniones de derecho. Lo que nosotros
traemos aquí ya lo puso encima de la mesa la defensoría del pueblo hace
un par de años y recomendó al Gobierno que procediera a la modificación
correspondiente en la legislación fiscal para poder unificar el trato
fiscal que recibían las uniones de derecho y las uniones de hecho en
nuestro país. Hace casi dos años de esto y no ha habido ningún movimiento
por parte del Gobierno y nos parecía que era el momento de traer esta
cuestión a esta Comisión para que los diferentes grupos se pudieran
pronunciar sobre esta recomendación de la defensoría del pueblo.
Traigo aquí los argumentos que en esa recomendación recogió la defensoría.
En primer lugar, ponía de manifiesto que las familias lo son con
independencia de su origen matrimonial o no, pero ello no quiere decir
que exista o deba existir una equiparación entre matrimonio y uniones de
hecho. En segundo lugar, también destacaba en estas recomendaciones que
tales uniones pueden obedecer a planteamientos personales libres,
diferentes y esas opciones personales requieren igualmente un respeto. En
tercer lugar, que la aplicación de las normas del derecho de familia no
debería depender de la celebración del matrimonio sino de la existencia
de relaciones humanas de tipo familiar. En cuarto lugar, destacaba que la
familia, como grupo humano básico que asegura el desarrollo de la
personalidad en un marco de afecto, solidaridad y ayuda mutua, es una
realidad social protegida por el derecho y debe ser indiferente del
origen de esta. Se sostiene, por tanto, que hay una pluralidad de modelos
familiares que tienen que estar amparados y protegidos por la norma y por
el derecho. Esta protección se recoge en el propio artículo 39.1 de la
Constitución española, que protege a la familia, no quedando limitada a
la familia legítima matrimonial sino que puede comprender otras formas de
convivencia.
Por último, también destacaba este informe que aunque un sector doctrinal
funda el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho en la existencia
de un derecho fundamental a no casarse que consideran consagrado en la
propia Constitución como reverso al derecho constitucional a contraer
matrimonio, en cualquier caso el reconocimiento jurídico global del
fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su institucionalización es
hoy una tendencia que ha encontrado reflejo legislativo a nivel
autonómico, y no parece lógico que la finalidad del matrimonio esté
constituida por la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no
se conseguirían. Esto, como digo, es lo que traía a colación la
recomendación de la defensoría del pueblo y nosotros compartimos el
criterio que ponen encima de la mesa. Nos parece importante incidir en
que no deberían existir familias de primera y de segunda categoría a
efectos de su regularización fiscal. Nos parece de sentido común que no
deban existir familias con menos ventajas fiscales por el mero hecho de
que se estructuren en torno a una pareja de hecho o a una pareja de
derecho, Debería ser el derecho de familia, como bien dice su propio
título, un derecho de familia, no exclusivamente de matrimonio, y el bien
jurídico protegido sería esa realidad social basada, como decía que ponía
de manifiesto la propia defensoría del pueblo, en el afecto, la
solidaridad, la ayuda mutua y el desarrollo de la personalidad; esta
pluralidad de modelos debería ser la que se protegiera.
El propio Tribunal Constitucional desde temprano ya se ha pronunciado en
varias ocasiones sobre los problemas de la igualdad tributaria, y en
concreto referidos a los matrimonios, en la sentencia 4589. Decía que
como la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente está en
función de su capacidad económica, la definición de esta y el método para
determinarla han de establecerse mediante normas que efectivamente den a
todos los sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos diferencias
resultantes de su propia condición personal o de las relaciones que
existan entre ellos y otras personas, cuando ni
aquella condición ni estas relaciones son elementos determinantes en el
impuesto en cuestión. Por tanto, nos parece que un efecto perverso de
esta discriminación podría provocarse por el hecho de que haya parejas de
hecho que para evitar esa discriminación acaben contrayendo matrimonio,
es decir, acaben convirtiéndose en pareja de derecho única y
exclusivamente por obtener ese beneficio o ese mejor trato fiscal. Nos
parece que el ordenamiento jurídico no debería incidir en esa opción,
sino que debería ser una opción absolutamente libre y legítima, que cada
persona pudiera elegir libremente cuál es la forma en la que conforma la
familia en la que desea vivir.
Solamente queríamos llamar la atención sobre esta cuestión, queríamos
llamar la atención al Gobierno para que haga caso a esta recomendación de
la defensora del pueblo y a esta proposición no de ley, en el caso que
fuera aprobada por esta Cámara, y que pudiéramos conseguir que los
españoles y las españolas puedan ejercer dentro de la familia sus
derechos en igualdad y sin discriminación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Ciudadanos, que es el enmendante, tiene la palabra el
señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda. Si bien Cataluña
fue la primera comunidad autónoma en la cual se aprobó una ley sobre
parejas de hecho en el año 1998, la verdad es que luego poco a poco se
fueron sumando comunidades autónomas como Aragón, Navarra en 2001, o la
Comunidad de Madrid, la mía propia, la valenciana, Islas Baleares,
etcétera.
Las parejas de hecho, a diferencia del matrimonio, no están reguladas a
nivel estatal. Cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente de
las otras y no existe una ley de ámbito nacional. No hay un registro
común nacional ni existe un organismo que unifique los derechos de la
pareja. Cada comunidad autónoma, como digo, ha regulado su propia ley de
uniones de hecho y, además, ha habido diferentes nombres. En algunas las
llaman uniones estables, en otras parejas estables, convivencia o uniones
de hecho. Además, no se tienen los mismos derechos y obligaciones.
Nuestro grupo parlamentario siempre estará al lado de la igualdad de
derechos de las personas, independientemente del territorio de la
circunscripción.
La propia defensora del pueblo, como bien comentaba la portavoz de Unidos
Podemos, nos presentaba esa recomendación del 2 de julio de 2015 y nos
gustaría incidir en ella. Esta recomendación, además, lleva la protección
del artículo 39.1 de la Constitución española, esa dispensa a la familia
que no queda limitada solamente a la familia matrimonial, sino que puede
comprender otras formas de convivencia. Por eso mismo, habíamos
presentado esta enmienda y entiendo que con el Grupo Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea vamos a firmar esta transaccional, por la cual el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a estudiar esas condiciones
de seguridad jurídica y fiscal, aquellas modificaciones necesarias en la
legislación civil para acometer esa recomendación que la defensora del
pueblo nos presentaba el 2 de julio de 2015, con dos apartados: por un
lado, acometer esa reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
impuesto de la renta de las personas físicas y, por otro lado, acomodar
la normativa de cada impuesto al tratamiento igualitario entre las
parejas de hecho y los matrimonios.
Nos alegramos de que desde el Grupo Unidos Podemos se fijen más en los
derechos de las personas y no tanto en la circunscripción de los
territorios.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor Candela no hace uso de
la palabra.
Señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Quiero indicar que votaremos favorablemente y
hacer una reflexión. El derecho siempre nace muerto. La lástima es que
habitualmente, cuando depende de Hacienda o de la Agencia Tributaria, las
interpretaciones van en contra de las personas. En este caso compartimos
plenamente la filosofía de la PNL presentada por el Grupo Podemos, en el
sentido de que viene a igualar todas las situaciones y una realidad, el
reconocimiento jurídico. Hablo desde el punto de vista de Cataluña, que
en su legislación civil y, por tanto, en su código de familia tiene
reguladas las uniones de hecho, en las que se especifica perfectamente
qué efectos jurídicos producen, de qué manera se puede constatar la
realidad para evitar -como algunos apuntan- las posibilidades de fraude.
En consecuencia, existen mecanismos para arbitrar una regulación de los
registros para constatar la realidad de la existencia de la unión de
hecho. Existen estas otras maneras de organizarse la vida, perfectamente
reconducibles a los marcos que establece la Constitución española y por
tanto la legislación española. Esto debe comportar
necesariamente que la familia, las distintas formas de familia tengan los
mismos derechos pero también las mismas obligaciones, que sí las tienen.
Por tanto, resulta poco equitativo y negativo para las familias que no
pasan por la regulación del matrimonio que se les apliquen otras formas
tributarias que en puridad no responden a ninguna diferencia real. En las
parejas de hecho y en los matrimonios las consecuencias jurídicas son las
mismas, los efectos son los mismos y en el momento de la disolución pasa
exactamente lo mismo. La única diferencia es que se tributa de forma
distinta. Por tanto, nosotros daremos apoyo a la proposición presentada
por Podemos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es bien conocido que hasta hace unos años las llamadas unidades
familiares con base en el matrimonio venían obligadas a tributar
conjuntamente en el IRPF, con lo cual al ser este un impuesto progresivo
resultaba más gravoso que la tributación separada a la que se sometían
quienes no estaban casados, especialmente en el caso de que ambos
cónyuges, por ejemplo, tuvieran rentas. Solamente a partir de la
sentencia del Tribunal Constitucional -no se asusten, señorías del
Partido Popular- de 20 de febrero de 1989, que declaró inconstitucional
la obligatoriedad de la tributación conjunta, pueden los cónyuges
actualmente optar de forma voluntaria entre esa tributación conjunta o la
tributación separada. Por el contrario, esta posibilidad de optar por la
tributación conjunta, que en su configuración actual además puede
resultar más beneficiosa en los casos en que, por ejemplo, solo uno de
los miembros de la pareja obtenga rentas o en el caso de que uno de esos
cónyuges obtenga una rentas mínimas, reducidas, no es una opción para las
parejas de hecho. Entre otras ventajas que nos encontramos en diferentes
figuras tributarias en relación con este tipo de paralelismo de situación
entre uniones de hecho y matrimonio, puede citarse también, por ejemplo,
la exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados de las aportaciones de bienes y derechos
realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal o la exención, por
ejemplo, del patrimonio del sujeto pasivo necesario para el desarrollo de
su actividad profesional o empresarial, en el caso del impuesto sobre el
patrimonio. Podríamos también introducir en este debate cuestiones como
que la existencia o no de vínculo matrimonial es irrelevante a efectos
fiscales en las relaciones familiares verticales, ascendientes y
descendientes.
Con todos estos ejemplos que he planteado aquí, señorías, que son ejemplos
de impuestos estatales, y cedidos, en su caso, a las comunidades
autónomas de régimen general, consideramos que esta cesión de
competencias que ha habido en esta serie de impuestos ha permitido, como
han dicho otros portavoces, que algunas comunidades autónomas de régimen
general, como es el caso de Andalucía, Madrid u otras, hayan equiparado,
eso sí, de forma parcial y no uniforme, a los miembros de las parejas de
hecho con los clásicos matrimonios. Algunas comunidades autónomas,
algunas haciendas forales como Navarra y País Vasco sí han llevado a cabo
la equiparación en un sentido total. Si bien es cierto que el principio
de igualdad actúa de manera singular en el ámbito tributario y que el
principio de capacidad contributiva se referencia a la persona física
individualmente considerada, esta equiparación que han efectuado esta
serie de administraciones autonómicas del matrimonio y de las uniones de
hecho a efectos tributarios podemos considerar que es un buen punto de
partida para esta proposición que plantea Unidos Podemos y acometer de
forma estatal esta modificación legislativa que desde el Grupo Socialista
pensamos que puede ser oportuna a la hora, entre otras cosas, de
solventar las desigualdades, como he manifestado, las incongruencias -que
también ha mencionado el portavoz de Ciudadanos- indeseables en cualquier
caso entre diferentes territorios. Por todo ello, íbamos a votar de forma
positiva esta propuesta realizada por Unidos Podemos, como se va
presentar una transaccional, también la vamos a firmar.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos la filosofía
que se expone en esta proposición no de ley planteada por Podemos,
compartimos la resolución y los planteamientos que hace la Defensora del
Pueblo y, sobre todo, defendemos tres principios constitucionales que
para nosotros son fundamentales y que en cierta manera se plantean en
esta iniciativa, que son: la libertad de los individuos
para elegir la opción de vida que les parezca más adecuada para su
desarrollo personal y familiar, la protección de la familia cualquiera
que sea la opción del libre individuo para desarrollar ese proyecto de
vida y, por último -un aspecto que también se ha señalado por otros
portavoces-, la igualdad de los ciudadanos vivan en el territorio en el
que vivan. Pero nosotros somos legisladores y por supuesto no podemos
vivir de espaldas a la realidad, y la realidad es que hoy en día existen
parejas que no desean contraer matrimonio y que, por tanto, prefieren
optar por ser una pareja de hecho, y esto se pone de manifiesto en las
propias encuestas del INE sobre la familia.
Lo cierto es que esta cuestión que plantean ha dado lugar, como saben, a
numerosos artículos, a numerosas opiniones doctrinales y
jurisprudenciales, porque es de extraordinaria complejidad jurídica y,
por tanto, tenemos que empezar la casa por los cimientos y no por el
tejado. Para ser rigurosos, debemos partir de la premisa de que
jurídicamente desde luego no son equiparables hoy en día las uniones de
hecho con el matrimonio, eso es una realidad. Por eso, creemos que
tenemos que abordar la cuestión desde una visión más amplia y más
rigurosa, más allá del tratamiento fiscal específico que haya que darle
en un determinado impuesto. Como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, se
ha dictado numerosa normativa autonómica muy dispersa, muy diferente; los
requisitos para ser pareja de hecho son diferentes en unas comunidades
autónomas y en otras, incluso el nombre, como ha citado el portavoz de
Ciudadanos, de la propia unión -en unos sitios se llama unión estable, en
otros uniones de hecho y en otros parejas de hecho- hace que tengamos que
ser cautelosos en este tema porque es una cuestión jurídicamente
compleja, y el propio Tribunal Constitucional se ha preocupado de
precisar que la unión de hecho es una institución que nada tiene que ver
con el matrimonio, porque precisamente quien opta por una unión de hecho
no quiere tener las consecuencias jurídicas que ofrece el matrimonio. Por
tanto, hay diferencias muy significativas en las comunidades autónomas y,
al no existir una legislación estatal que regule las uniones de hecho, se
producen desigualdades entre los ciudadanos -esto es así- en función de
dónde residan, de en qué comunidad residan, a diferencia del matrimonio,
que cuenta con la misma regulación jurídica en todo el territorio
español.
Centrándonos ya en esta iniciativa, el Grupo Popular desde luego no puede
votarla en los términos en que la plantea Podemos, primero, porque el
primer punto, en donde se cita la Ley General Tributaria, nada tiene que
ver con la cuestión que estamos tratando. En la Ley General Tributaria se
define quiénes son los sujetos pasivos, los obligados tributarios en
función de que sean personas físicas o jurídicas, no en función de que
estén casados, no casados o sean parejas de hecho. Por eso, es imposible
apoyarla en sus propios términos, porque nada hay que cambiar en la Ley
General Tributaria para que se produzca ese trato igualitario entre
parejas de hecho y matrimonios.
En cuanto al tratamiento en cada uno de los distintos impuestos que se
establece en el segundo punto, sí queremos señalar, como se ha citado
también por parte del portavoz socialista, que a raíz de la sentencia del
Tribunal Constitucional del año 1989, se configura el impuesto sobre la
renta de las personas físicas como un impuesto cuya regla general es la
tributación individual, pero eso sí, luego establece las opciones de
tributar conjuntamente en lo que se considera una unidad familiar, para
lo que existen dos modalidades, como saben: una, la formada por el
matrimonio y los hijos menores de edad y, otra, la formada por el padre
separado o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno de
ellos. Por tanto, sí que existe la opción de hacer la tributación
conjunta por parte de uno de los miembros de la pareja de hecho con todos
los hijos, pero sí es cierto que la unidad familiar nunca estaría
integrada por los dos miembros. Por eso, existen importantes razones de
complejidad y control, porque hacer una realidad el principio de igualdad
de tributación de todos los ciudadanos, vivan en el territorio en el que
vivan, hace que tenga que tener cautelas esta iniciativa en el sentido de
que existen todavía comunidades autónomas que no han regulado esta
cuestión u otras que lo hacen de manera muy diferente al resto de
comunidades autónomas. Por eso, el Estado solo debería admitir la opción
por la tributación conjunta a figuras con idéntica regulación en todo el
territorio español y con la garantía y seguridad jurídica necesarias para
que no pueda haber situaciones de fraude para las arcas públicas o
modificaciones artificiales de domicilios fiscales para obtener
determinados beneficios fiscales que no les corresponden.
Por todo lo dicho, no la votaremos en sus términos, pero si realmente se
llega a una transaccional en la que se tomen esas cautelas jurídicas,
como ha planteado Ciudadanos, y por todas las razones expuestas nos
parece más apropiada la redacción de esa enmienda, el Grupo Parlamentario
Popular votará favorablemente en el caso de que se vote en esos términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Nos han hecho llegar una enmienda transaccional, en este caso con el Grupo
Ciudadanos y con el Grupo Socialista. Se entiende que vamos a votarla con
esta transaccional, que es a la que se refiere también la señora Madrazo.
La señora HONORATO CHULIÁN: Exactamente.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
- SOBRE MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES Y LA ELUSIÓN FISCAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/001333).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, una
iniciativa sobre medidas contra los paraísos fiscales y la elusión
fiscal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos
En su nombre, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la opacidad total es la impunidad absoluta, y esta es una
característica de los paraísos fiscales, donde tenemos, por una parte,
problemas derivados del gran fraude fiscal y, en segundo lugar, se juntan
problemas de corrupción. Detrás de los pequeños casos de corrupción, que
siempre son cuestiones de dinero, nos encontramos los billetes de
quinientos euros y detrás de los grandes casos de corrupción siempre nos
aparece un paraíso fiscal. Además, tenemos el problema del blanqueo de
capitales, es decir, sacar dinero de actividades ilegales, esconderlo,
por ejemplo en paraísos fiscales, y después reintroducirlo dentro del
circuito legal. Esto es el triángulo que suponen los paraísos fiscales,
esta lacra del mundo moderno, para la cual hay que tomar medidas
internacionales pero también hay que tomar medidas desde España. A lo
largo de los dos días que ha durado la moción de censura se ha hablado
mucho de offshore. Aquí queremos traer nuevamente, como ya hemos hecho en
un par de ocasiones a la Comisión de Hacienda, medidas concretas de lucha
contra la corrupción, contra el gran fraude fiscal y contra el blanqueo
de capitales; en suma, medidas contra los paraísos fiscales.
En primer término, nosotros creemos que hay que revisar los acuerdos de
intercambio de información y los convenios de doble imposición que
permiten a los países, a España, sacar de las listas de paraísos
fiscales, revisar estas listas de paraísos fiscales, porque todos
conocemos casos, algunos muy obvios y muy recientes, de países que
claramente no cumplen con las obligaciones de información para España y
no son excluidos de estas listas. Por tanto, las personas que refugian
ilegalmente sus capitales allí son las que mejor protegidas están, porque
no se les aplican las normas antiparaísos; y todos sabemos que estamos
hablando de paraísos fiscales.
En segundo término, nos parece muy importante también que las entidades
financieras informen respecto de sus filiales en paraísos fiscales en las
mismas condiciones que informan respecto de las personas o entidades
dentro de España. Por cierto -hoy se ha hablado de ello-, en España no
existe secreto bancario, sin embargo, en este tipo de paraísos fiscales
sí, y por lo menos tenemos que conseguir que las entidades españoles
informen respecto de sus filiales y acaben con este secreto bancario que
existe en los paraísos fiscales. Por otra parte, tenemos que dar mayor
gratuidad y libre acceso al registro mercantil para que sea más difícil
ocultarse detrás de sociedades en España. Proponemos también medidas
contra la ingeniería fiscal y, fundamentalmente, que las empresas
informen a la Administración tributaria de todas sus transacciones y
operaciones con paraísos fiscales.
En esta proposición no de ley tenemos también medidas contra las empresas
españolas -para que sean más transparentes- que están controladas desde
paraísos fiscales. En mi experiencia como inspector de Hacienda,
normalmente no ves a una sociedad operar directamente desde paraísos
fiscales sino que tiene filiales en España controladas desde allí y no
sabemos quién está detrás. Como decimos, hay que luchar contra esta
opacidad total, porque es la impunidad absoluta. En este sentido, cuando
estas sociedades controladas desde paraísos fiscales son instrumentos del
delito, y en estos supuestos de delitos graves de corrupción, deberían
estar sujetas a la regla del enriquecimiento ilícito. Es decir, que
civilmente -no penalmente-, salvo que el titular demostrase que este
dinero o que estas sociedades proviniesen de lícito comercio, se
procediese a su decomiso, porque han sido utilizadas como instrumentos
del delito.
Por último, en nuestra opinión, hay que ampliar el ámbito de la
declaración de bienes en el extranjero. La declaración de bienes en el
extranjero fue una buena idea atribuible al Gobierno del Partido Popular;
igual que hemos criticado con dureza la amnistía fiscal, es cierto también
que la declaración de bienes en el extranjero -copiada de la
Administración americana Obama- es una buena idea, pero hay que ampliar
su ámbito. Es decir, tenemos que ampliarlo a medios que son equivalentes
al efectivo. Estamos hablando de otra cuestión, que ustedes han podido
conocer recientemente, como es la del oro en lingote. También debe
afectar, en cualquier caso, a los depósitos francos, que a veces son
utilizados como instrumentos en toda Europa -habría que cambiarlo a nivel
europeo- para realizar actividades de contrabando, para sacar obras de
arte que forman parte del patrimonio nacional, etcétera.
Dicho todo esto -la lista es bastante exhaustiva-, creemos que su puesta
en práctica supondría un avance sustancial en la lucha contra los
paraísos fiscales. Hemos aceptado la mayor parte de las enmiendas -de la
segunda a la sexta- del Partido Socialista, cuya aportación agradecemos
en el sentido de que tienden a mejorar nuestra proposición no de ley
desde el punto de vista de la cooperación internacional. En cualquier
caso, les pedimos a todos los grupos parlamentarios, como estamos
convencidos de que todos son contrarios a los paraísos fiscales, al gran
fraude fiscal, a la corrupción y al blanqueo de capitales, que apoyen
esta proposición no de ley que, cuando se lleve a efecto a través de las
medidas normativas correspondientes, supondrá un gran avance en la lucha
contra esta gran lacra del mundo moderno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En este caso hay dos grupos enmendantes, el Grupo Socialista y el Grupo
Popular. En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López
Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente.
En esta XII Legislatura y en la más breve anterior que se extendió a lo
largo de la primera mitad del año 2016 hemos aprobado ya en esta Cámara
varias iniciativas de distintos grupos para impulsar la lucha contra las
consecuencias de los paraísos fiscales y la lucha contra el fraude
fiscal, evitando que los paraísos fiscales puedan ser utilizados como
refugio de esos capitales. Hasta ahora esas iniciativas parecen no haber
tenido ninguna traducción práctica en la acción del Gobierno. Hoy
esperamos que si esta iniciativa se aprueba -como parece que va a
ocurrir- tengamos más éxito, aunque solo sea porque parte del grupo
parlamentario que apoya al Gobierno y este debería plantearse que no
puede dejar a su aliado en evidencia.
El Grupo Socialista, como planteaba el señor De la Torre, ha presentado
varias enmiendas -que entendíamos necesarias- a una PNL muy prolija y que
reúne una serie de aspectos muy interesantes en relación con esta
cuestión. Hemos querido completarla añadiendo alguna aportación como, por
ejemplo, la enmienda en la que proponemos que para establecer la
definición de paraíso fiscal se tengan en cuenta los países que
establecen niveles de tributación muy bajos en comparación con los que
tenemos en España, así como esos países que llevan a cabo prácticas
fiscales orientadas a favorecer la competencia fiscal a la baja entre los
Estados, concediendo ventajas fiscales sin requerir el desarrollo de
actividad económica sustantiva en el territorio. En el concepto de
paraíso fiscal se tendrían que incluir también, a nuestro juicio,
aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan un ámbito nacional, hayan
adoptado un marco legal que concuerde con los criterios reflejados en la
definición de paraíso fiscal adoptada. Planteamos también que, con
carácter general, se revise el régimen sancionador para que sea más
exigente con los territorios incluidos en el listado y con los agentes
-personas físicas o jurídicas- que se sirven de estos territorios para
ocultar capitales o desviar beneficios o que son actores necesarios para
que puedan eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Igualmente, proponemos que el Gobierno desarrolle algunas actuaciones
-como decía el señor De la Torre- en el panorama internacional,
impulsando, por ejemplo, una definición común de paraíso fiscal que sea
válida en todo el mundo, promoviendo una cumbre fiscal internacional,
impulsada por la ONU, parecida a la de París sobre cambio climático, con
una convocatoria de Naciones Unidas y sobre las bases técnicas elaboradas
por la OCDE en cuyo seno se han desarrollado los acuerdos BEPS. Creemos
que el Gobierno también debe defender en los foros internacionales el
establecimiento de sanciones a los Estados que concedan ventajas fiscales
sin requerir actividad económica sustantiva en su territorio, que no
intercambien información o tengan imposición anormalmente reducida.
Asimismo, debe promover un debate en la Unión Europea -de hecho, este
debate está empezando a suscitarse y entendemos que el Gobierno español
debería impulsarlo decididamente- orientado al establecimiento de un
impuesto de
salida sobre los capitales que se trasladen a Estados o territorios que
tengan la condición de paraíso fiscal, así como la aplicación de medidas
contra empresas que operen desde paraísos fiscales, incluyendo
posiblemente la exclusión de las mismas de la financiación proveniente de
la UE.
También queremos recordar que la lucha contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios está siendo un grave problema para
la estabilidad de la recaudación del impuesto sobre sociedades en la
mayoría de los países avanzados. Para combatir la evasión fiscal es
necesario alcanzar consensos amplios de forma coordinada a nivel
internacional y de manera inmediata. En concreto, el desarrollo de la
economía digital, Internet, ha tenido una gran relevancia en el debate
sobre la fiscalidad de los servicios que se prestan a través de la red.
Las empresas multinacionales están seleccionando los países con una
tributación más baja para trasladar allí los beneficios de los servicios
que se producen en países con mayor carga fiscal. El Plan de Acción BEPS
-por sus siglas en inglés- de la OCDE ha marcado un punto de inflexión en
la historia de la cooperación internacional en materia de tributación. La
Unión Europea también se ha marcado como objetivo evitar que la relación
matriz-filial suponga una reducción considerable de los ingresos
tributarios de los Estados miembros. Consideramos que el Gobierno de
España tiene que adoptar un papel de liderazgo, como país miembro de la
OCDE e invitado permanente del G-20, en la implementación efectiva de
dicho Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios. En línea con esto y en particular con el objetivo de
eliminar esa erosión de las bases imponibles y el traslado artificial de
beneficios a jurisdicciones sin imposición o con tipos anormalmente
reducidos que deberían ser considerados como paraíso fiscal, entendemos
que el Gobierno debe promover a nivel internacional todo un abanico de
actuaciones; abanico muy prolijo y que desarrollamos en nuestra enmienda
pero que, en aras de la brevedad y como se me acaba el tiempo, ya no
detallaré.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
En nombre del Grupo Popular, que es otro de los enmendantes, tiene la
palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, nosotros, como no puede ser de otra manera, y como viene siendo
nuestra política en los últimos cinco años, estamos a favor respecto del
fondo de la propuesta presentada por Ciudadanos porque intentamos estar
en primera línea en todo lo que tenga que ver con la lucha contra
paraísos fiscales, contra el fraude y contra la corrupción para intentar
atacarlo en la manera de lo posible. No podemos votarla favorablemente,
aunque agradezco la intención del representante de Ciudadanos. Hemos
intentado transaccionar, pero ustedes contaban con el apoyo del PSOE y
del resto de formaciones políticas, por lo que entiendo que era difícil
intentar llegar a algún punto de acuerdo. Pero sí me parece necesario,
frente a todo aquello que han reivindicado a lo largo de su exposición
los dos compañeros anteriores, informarles sobre en qué situación
estamos, ya que quizá eso puede poner un poco más en valor lo que es esta
enmienda. España, en los últimos cinco años, participa activamente en el
G-20, en la OCDE, en la Unión Europea, en los proyectos BEPS, que saben
que se han desarrollado en los años de 2013 a 2015, y en el Foro Global
sobre Transparencia e Intercambio de Información, que creo que todo el
mundo estará de acuerdo en que es fundamental. Pero no solamente eso, es
que este Foro global lo capitanea España, María José Garde, por lo que
creo que de alguna manera estamos demostrando nuestro compromiso
inequívoco con lo que es la lucha contra los paraísos fiscales. Es verdad
que aquí se ha hablado de lo que es un territorio de nueva tributación o
de baja tributación, etcétera, pero creo que nadie de los que estamos
aquí discutiremos de la necesidad de que eso se armonice a nivel europeo.
Es decir, nosotros no podemos ir solos y por delante capitaneando algo
que requiere de un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea. En
esta línea, deben saber ustedes que España tiene una lista de paraísos
fiscales mientras que otros países de la Unión Europea ni siquiera la
tienen, incluso la propia Unión Europea a día de hoy no ha conseguido
consensuar. Hay un compromiso para intentar conseguir que a finales de
2017 haya una lista de paraísos fiscales que esté consensuada por parte
de la Unión Europea, de cara a esos países que están en el límite entre
lo que se puede considerar un paraíso fiscal o un régimen de baja
tributación respecto de un país que haga un intercambio automático de
información, lo que nos llevará, sin duda, a tener una postura mucho más
adecuada. Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo de la propuesta, les
informamos de lo que estamos haciendo y también les pedimos un poco de
paciencia para ver cómo evoluciona la Unión Europea.
De esas quince medidas que recoge el proyecto BEPS -algunas incluidas en
la enmienda del PSOE, la sexta creo que es- tengo que decirles que España
ha incorporado muchísimas de ellas, por ejemplo, en la Ley del Impuesto
sobre Sociedades y en la Ley General Tributaria, por lo que apreciamos la
buena voluntad de esa medida, pero ya están aplicándose. En el año 2014,
la OCDE aprobó un modelo de acuerdo entre autoridades administrativas
competentes y pidió un conjunto de reglas para crear un sistema común y
estandarizado de intercambio de información automático, lo que se conoce
como el CAA y el CRS. Pues bien, en septiembre de 2017 ese intercambio
automático de información empezará a tener efecto y será el momento en
que veremos si esto realmente tiene el resultado que se esperaba cuando
se investigaba. Asimismo, se espera que en 2018 otros cuarenta y siete
países más se incorporen también a este sistema. Habla de la relación de
paraísos fiscales y, como he dicho, España ya la tiene -Real Decreto
1080/1991 y la Ley 36/2006-, pero a nivel mundial el G-20 también ha
pedido al Foro global que trabaje sobre esta cuestión, al igual que la
Comisión Europea. Hay otra normativa, lo que se denomina Informe país por
país, para que aquellos beneficios fiscales que se trabajan sean
conocidos por el resto de los países, y España ya lo está aplicando. Por
tanto, estamos anticipando el proyecto BEPS, estamos anticipando el
Informe país por país y creo que ese es el camino.
En los últimos años, España ha firmado más de noventa y cinco convenios
internacionales en la línea de intentar eliminar a esos países de lo que
son paraísos fiscales mediante el intercambio de información, eliminando,
como decía anteriormente, el secreto bancario e incluso la cláusula de
interés doméstico. Hablamos de países como Jamaica, Trinidad y Tobago,
Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Aruba, etcétera, y están en proceso otra
serie de convenios con el Emirato de Bahréin, la colonia británica con la
isla Man y Jersey, Mónaco, etcétera. También en las enmiendas o en el
documento de PNL se hace referencia al NIF y a la base imponible común
armonizada, es cierto, pero ya se está trabajando en la Unión Europea y
se tiene que hacer. Ya se intentó en el año 2011 y no se consiguió y hoy
se está trabajando sobre ello porque se considera necesario, pero de nada
sirve todo eso si solamente lo hace España. Esa base imponible común
armonizada será a nivel de la Unión Europea y se han marcado dos hitos
temporales: primero, conseguir una base imponible del impuesto sobre
sociedades común; primero paso, hagamos cada uno nuestro impuesto sobre
sociedades, pero que sea igual; y en segundo lugar, una vez conseguido
eso, consolidarlo fiscalmente para aquellas empresas que representen más
de 750 millones de euros. Sé que alguna otra formación dirá que le parece
mucho, que por qué no lo bajamos a 40 o a 50 -creo que proponían-; al
ponerlo a partir de 750 millones es verdad que dejamos el 85 % de las
empresas fuera, pero sin embargo metemos el 90 % de la facturación de
Europa, con lo cual controlar el 90 % de la facturación de Europa
entendemos que es un buen criterio, que no quiere decir que
posteriormente no podamos mejorarlo.
Por todo ello y para no agotar más tiempo, quiero decir que estamos de
acuerdo en cuanto al fondo pero entienda que nos tenemos que abstener
porque hay determinadas cuestiones que ya están en marcha, que ya están
en aplicación.
Muchísimas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Simplemente para confirmar que votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella;
que no hace uso de la palabra.
Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
No hay duda de que los paraísos fiscales son un problema grave y creciente
que amenaza a las haciendas públicas de todos los países a nivel
internacional. Según el libro que Gabriel Zucman publicó hace un par de
años, La riqueza oculta de las naciones, este es un fenómeno creciente
que aumentó un 25 % entre 2008 y 2013 y que hace que se pierdan cientos
de miles de millones de ingresos públicos a lo largo del mundo en estos
paraísos fiscales. Está claro que la legislación que existe actualmente
no sirve, no es útil para combatir estos fraudes fiscales y ni siquiera
para obtener información sobre las empresas
que allí están radicadas. Prueba de ello es que lleguemos o nos enteremos
de la información relativa a las empresas que tienen sedes o filiales en
paraísos fiscales a raíz de filtraciones o de la información que va
publicando la prensa y que a partir de ahí sean ya los tribunales quienes
emprendan las acciones correspondientes contra dichas empresas.
En España el problema es grave. Según el Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa, que publicó un informe hace unos pocos meses,
indicaba que las empresas del IBEX 35 poseen más de 1285 sociedades en
estos lugares, en paraísos fiscales. Por lo tanto, creemos que es un
problema que afecta a nivel internacional y que en España se agrava y es
especialmente agudo. Creemos que hay que presentar, como ya se han
presentado aquí, muchas propuestas, muchas proposiciones no de ley para
combatir los paraísos fiscales; esta no es la primera que se presenta y
lo agradecemos, pero hay que tener en cuenta que las proposiciones no de
ley son al final iniciativas que no tienen eficacia jurídica a no ser que
el Gobierno tenga la benevolencia de aplicar la instancia que le hace el
Congreso para que haga determinadas cosas reflejadas en esas
proposiciones no de ley. Lo que sí tiene validez jurídica son las
acciones del Gobierno y también las proposiciones de ley. Hay que
recordar que en estos momentos se está tramitando aquí en el Congreso una
reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y se han presentado
algunas enmiendas precisamente para dificultar a las empresas con sedes o
filiales en paraísos fiscales que contraten con la Administración
pública. El Partido Popular ya se ha mostrado en contra y Ciudadanos
parece que también. Por lo tanto, hay que pasar de las palabras a los
hechos y de las proposiciones no de ley a las enmiendas a las
proposiciones de ley, que son las que tienen eficacia.
También es difícil y parece poco compatible presentar iniciativas para
combatir el fraude fiscal o los paraísos fiscales cuando se sostiene a un
Gobierno al que un día a uno le aparece una empresa en Panamá y tiene que
dimitir por esos efectos; o que diseña una amnistía fiscal para
beneficiar a sus amigos que provoca un agujero en la Hacienda pública de
39 000 millones de euros; por cierto, uno de los amigos del señor
Montoro, el señor Granados, ha sido puesto en libertad durante el día de
hoy. Por lo tanto, parece poco compatible apoyar a un Gobierno que
realiza estas prácticas con combatir el fraude fiscal y los paraísos
fiscales. La sentencia del Tribunal Constitucional que salió esta semana,
que declara como inconstitucional la reforma del Partido Popular, la
amnistía fiscal, es una sentencia que podría servir como resumen de la
política fiscal del Partido Popular y también como epitafio político del
señor Montoro, del que, por cierto, solicitamos su dimisión. Voy a leer
textualmente la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional porque
creo que es interesante. Esta medida normativa -refiriéndose a la
amnistía fiscal- ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir
al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia la Constitución al
haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe
levantar la generalidad de los contribuyentes. Este creo que podía ser,
como decía, el epitafio político del señor Montoro, que esperemos que
dimita lo antes posible.
Por otro lado, por ir a los hechos, a las leyes y a las iniciativas que
tienen efectos jurídicos inmediatos, España, como sabemos ya y hemos
comentado en esta Comisión, es uno de los países de la Unión Europea y
desde luego el país de nuestro entorno que menos recursos dedica a la
Agencia Tributaria. Recientemente hemos oído a la organización de
inspectores de Hacienda quejarse, quejas que se suman a las efectuadas
por Gestha en los últimos años. En España, por cada 1958 habitantes hay
un inspector de Hacienda, menos de la mitad de los que hay en Alemania,
que tiene un inspector por cada 740 personas. Nosotros, en este debate
presupuestario presentamos varias enmiendas para aumentar el presupuesto
de la Agencia Tributaria para que pueda combatir el fraude fiscal y de
esa manera se puedan recaudar más fondos, enmiendas a las cuales
Ciudadanos también votó en contra. Por tanto, creemos que hay que pasar
de las palabras a los hechos porque cuando se trata de proposiciones no
de ley todos podemos estar muy de acuerdo, pero a la hora de presentar
leyes y de presentar enmiendas que realmente tengan efectos jurídicos no
es lo mismo, y hay que ser coherentes. Nosotros estamos a favor de la
generalidad de las iniciativas que se presentan en esta proposición no de
ley siempre y cuando no acepten la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular, que diluye totalmente la iniciativa y que supone un respaldo a
su política tributaria de la cual no podemos estar más en contra, como
señalamos anteriormente. En principio, vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor De la Torre, ¿en relación con las enmiendas?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: El Grupo Socialista había presentado seis
enmiendas de adición. La primera de ellas es añadir un final al punto 2,
que no admitimos, y sí admitimos el resto: añadir los puntos 11 a 15. Y
no admitimos la enmienda de modificación del Grupo Popular.
Los nuevos puntos 11 a 15, que son las enmiendas segunda a sexta del Grupo
Socialista, los admitimos y no admitimos la primera del Grupo Socialista
y tampoco la enmienda de modificación del Grupo Popular.
Si quiere, le puedo pasar el texto.
El señor PRESIDENTE: Como hay una regla de que no se pueden votar de forma
individual si no se admiten las enmiendas, se puede hacer una
transaccional para que quedara al final con el contenido de todas.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, con permiso. Lo podemos
firmar si quiere como transaccional, pero yo lo que he admitido son
enmiendas, todas ellas de adición. Son cinco enmiendas del Grupo
Socialista que van al final de la proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Y la del Grupo Popular no?
El señor DE LA TORRE DÍAZ: No. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Le había entendido mal.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Le paso el texto para que no haya ninguna duda.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Tampoco tengo la culpa de que los datos que
esté utilizando el señor González sobre el número de miembros de la
Administración Tributaria sean datos de mi libro. (Risas.) Para
criticarme a mí, pero bueno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: De todas formas, después de la votación lo
aclararemos. Las vamos a aceptar como una transaccional porque se
modifica uno de los puntos.
- SOBRE LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DE
CRÉDITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA.
(Número de expediente 161/001599).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es una proposición
sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito, cuyo autor es Esquerra Republicana.
En su nombre, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Presentamos en esta Comisión de Hacienda y Función Pública una proposición
no de ley sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las
entidades de crédito porque representa la voluntad del Estado -cuando fue
establecido este impuesto por el Estado- de laminar las competencias de
las distintas comunidades autónomas que quisieron ejercer las
competencias propias en materia tributaria. Fue una oportunidad perdida
para la obtención de ingresos adicionales para las propias comunidades
autónomas, que podían así invertir en gasto social. Al tiempo, tenía
voluntad de regular y monitorizar mejor un sector, el financiero, que,
desgraciadamente, ha ido siempre demasiado por su cuenta sin casi control
de las entidades reguladoras. Y así lo reflejamos nosotros en la
proposición no de ley que presentamos. Son diversas las comunidades
autónomas, además de Cataluña, las que en su momento y en el ejercicio de
sus competencias propias en materia tributaria pusieron en marcha un
impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito como tributos
propios de cada comunidad mediante el cual se grava el stock de depósitos
bancarios de las entidades financieras. Primero fue Extremadura en el año
2001; Andalucía en 2010, y Canarias, Cataluña, Asturias y País Valencià
en 2012 promovieron un instrumento fiscal que permitía una mejora de la
redistribución de la riqueza obteniendo recursos que después -como decía
con anterioridad- serían utilizados en acciones sociales. Pero, como
todos ustedes saben, el Estado es implacable. Ya intentó en diversas
ocasiones evitar que las comunidades autónomas pudiesen desarrollar este
impuesto impugnando ante el Tribunal Constitucional su regulación,
impugnaciones que fueron desestimadas, si bien, cuando llega la propuesta
del Parlament de Catalunya el Gobierno español cambió de estrategia. ¿Y
qué hizo el Gobierno español? El legislador estatal reaccionó regulándolo
específicamente. ¿Y cómo lo hace el legislador estatal? Mediante una
enmienda que introdujo en la Ley 16/2012 en el Senado. Para ello, crea el
impuesto de depósitos a las entidades de crédito como un tributo directo
sobre los depósitos bancarios, pero inicialmente dicho impuesto tenía un
tipo inicial de 0 % en 2014, luego fue modificado y el tipo impositivo
pasó a 0,03 %, sensiblemente inferior al previsto por la mayoría de las
comunidades autónomas que lo habían regulado previamente. Evidentemente,
no explicaré aquí el sistema de recaudación del Estado y cómo lo
redistribuye posteriormente a cada comunidad autónoma. Sí me gustaría
señalar la diferencia de regulación entre las distintas comunidades
autónomas en cuanto al tipo impositivo, que oscila entre 0,3 y el 0,5 %.
En el caso de la Generalitat de Catalunya representaba esta oscilación
-del 0,3 al 0,5 %- que contrasta -como indicaba anteriormente- con el
único tipo impuesto por el Estado, que es el 0,03%. Evidentemente, con
claro perjuicio para las comunidades autónomas y claro beneficio para las
entidades de crédito. La opción del Partido Popular regulando de esta
manera este impuesto es clara.
En consecuencia, quiero indicar únicamente a modo ilustrativo lo que
representó para Cataluña la pérdida de esta capacidad recaudatoria. En el
primer año significó una recaudación menor de 500 millones de euros. Por
lo tanto, sería bueno que se aprobase la proposición no de ley porque no
va únicamente dirigida y en beneficio de Cataluña sino que también va en
beneficio de aquellas comunidades autónomas que tenían regulado el
impuesto y el Estado limita su capacidad y sus competencias en materia
tributaria. Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista pero, por motivos que explicará debidamente el portavoz
socialista, no ha habido manera de poderla transnacionar. En todo caso,
esperamos que esto no signifique un obstáculo para que se dé apoyo a esta
proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Efectivamente, hay cuatro enmiendas del Grupo Socialista. En su nombre,
tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Es bueno recordar la historia parlamentaria y empezaré mi intervención
diciendo que el 12 de diciembre del año 2012 el Grupo Socialista presentó
una interpelación urgente sobre la posición del Gobierno acerca de la
creación del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito,
defendida por mi compañero el señor Hurtado, y la consiguiente moción a
la semana siguiente, el día 18, en la que se defendía, en primer lugar,
que el citado impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito
quedara en manos de las comunidades autónomas y sirviera para financiar
servicios básicos como la sanidad, la educación, la atención a
dependientes o el fomento del empleo. Eso es lo que plantea la PNL de
Esquerra y, por coherencia política, votaremos que sí, con independencia
de que nos admitan o no el resto de enmiendas. En segundo lugar, se pedía
que el Gobierno pusiera en marcha un impuesto sobre las transacciones
financieras, tal y como se había hecho en Francia, para financiar la
lucha contra la pobreza.
Señorías, hay una serie de principios que conforman nuestro sistema
tributario en el marco del Estado autonómico, que son: el respeto a la
autonomía y a la suficiencia financiera de las comunidades autónomas,
establecido en los artículos 139 y 157.2 de la Constitución; el principio
de correponsabilidad fiscal, algo básico para articular el Estado
autonómico y hacer corresponsables del gasto y del ingreso al Estado y a
las comunidades autónomas de tal forma que los incrementos marginales de
gasto de una comunidad autónoma sean financiados por incrementos
marginales de tributos de esa comunidad; también el principio por el cual
se busca armonizar fiscalmente el sistema tributario para evitar
disfunciones en el mismo e impedir tácticas que puedan suponer
competencia fiscal no deseada para atraer capitales o inversiones y que
pueda generar ineficiencias económicas. Ese es el objetivo de nuestra
primera enmienda, en la que pedimos que el Congreso inste al Gobierno a
respetar la autonomía fiscal de aquellas comunidades autónomas que
quieran aplicar en su ámbito territorial el impuesto sobre los depósitos
de las entidades de crédito y, a esos efectos, suprimirá el mencionado
impuesto de ámbito estatal. Esto es lo que plantea la PNL de Esquerra
Republicana de Catalunya y con lo que estamos de acuerdo. También
planteamos que el Congreso inste al Gobierno a presentar en el Congreso
de los Diputados una propuesta de armonización fiscal, de armonización
del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito en toda España,
salvando las especificidades de las haciendas forales. Buscamos esa
armonización fiscal en todo el territorio español. Y como tercer punto
planteamos una revisión al alza del actual tipo impositivo aplicado
al impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Pedimos una
revisión al alza porque inicialmente se estimaba que el IDEC -por decirlo
con sus siglas- podría recaudar en torno a 1000 millones de euros y el
Gobierno optó por un tipo del 0,03 % con el que recauda en torno a unos
350 millones de euros de media. Podría haber puesto un tipo algo más
alto, tal como decía la señora Capella; en Cataluña hablaban de un 0,5,
pero incluso un 0,1 hubieran sido en torno a 1000 o 1100 millones de
euros, con lo cual el Gobierno del Partido Popular se podría haber
ahorrado la vergüenza y la chapuza de su amnistía fiscal, injusta e
ilegal, que ha recaudado poco más de esa cantidad. Es verdad que la
amnistía fiscal ha beneficiado a los defraudadores y a los corruptos del
Partido Popular y es verdad que un tipo impositivo bajo ha beneficiado a
las entidades financieras, pero esa es la práctica del Gobierno del PP.
También hemos planteado tres enmiendas para completar y ampliar, dando
más cuerpo, el ámbito fiscal de la PNL de Esquerra Republicana de
Catalunya. Con el objetivo de armonizar impuestos, planteamos una segunda
enmienda de adición en el sentido de que el Gobierno de España presente
en el Congreso de los Diputados una propuesta de armonización del
impuesto sobre sucesiones y donaciones a nivel estatal y, entre tanto se
acuerde un nuevo sistema de financiación autonómico y una vez aprobadas
las correspondientes modificaciones normativas sobre el impuesto de
sucesiones y donaciones, que se incorporen temporalmente los créditos
necesarios para hacer efectivas las compensaciones que pudieran
corresponder a cada comunidad autónoma por la eventual pérdida de
recaudación a consecuencia de la nueva regulación del tributo.
Por otra parte, el Grupo Socialista es partidario de un sistema financiero
eficiente, sólido y competitivo que dé servicio a la sociedad y a las
empresas para facilitar el crecimiento económico, la generación de
riqueza y de empleos de calidad, y que contribuya fiscalmente como el
resto de empresas y contribuyentes al sostenimiento de las finanzas
públicas en la medida en que le corresponda según la normativa fiscal;
pero la especificidad de su negocio y el impacto de su actividad sobre el
conjunto de la economía les confiere un carácter especial. Planteamos dos
medidas fiscales para el sector que son específicas, en línea con las
actuaciones más novedosas en países del norte de Europa y recomendaciones
del FMI. La primera es la conocida como tasa Tobin o impuesto sobre las
transacciones financieras y la segunda es un impuesto sobre la actividad
financiera. Ese es el sentido de las últimas enmiendas presentadas, la
tercera y la cuarta. En la tercera también instamos al Gobierno a que
presente un proyecto de ley de creación del impuesto sobre las
transacciones financieras en España que grave las operaciones sobre
acciones admitidas a negociación en mercados secundarios, oficiales y
derivados, diferenciando los correspondientes tipos impositivos que
correspondan en cuanto a su aplicación y que al menos la mitad de los
mayores ingresos generados se destinen a una redistribución más social y
equitativa de la riqueza, y en particular a financiar políticas sociales
específicas. Presidente voy terminando.
La última enmienda plantea iniciar los trabajos necesarios para poner en
marcha un impuesto sobre la actividad bancaria en el marco de la
cooperación financiera europea, consistente en un impuesto al sistema
financiero sobre la suma de los beneficios y las remuneraciones en el
contexto de una reforma fiscal integral que busca la generación de
recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos y la
mejora del Estado de bienestar, porque los poderes públicos cumplen una
función aseguradora frente a la incertidumbre, aspecto clave para la
confianza y de la que se benefician las entidades financieras, el
conocido riesgo moral, y por eso entendemos que han de tener figuras
tributarias propias del sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que estamos ante el típico ejemplo de la concepción de país que tiene
el Partido Popular en sus términos sociales y en sus términos geográficos
o administrativos. Hay que repasar el corolario, lo que ha presentado la
diputada Ester Capella para entender todo esto. Las comunidades autónomas
empiezan a crear el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito,
motivadas también por la insuficiencia de financiación que padecían,
padecemos y que parece que vamos a padecer, para complementar ese déficit
y también por una cuestión de justicia social. El poder central, Madrid,
reacciona como siempre y va al Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para
paralizar este impuesto y, al mismo tiempo, como sabían que había,
digamos, un vacío en el artículo 6.2 de la Lofca, crean ellos mismos el
impuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2012. Con eso el Tribunal
Constitucional les puede dar la razón porque, como dice ese
artículo, un impuesto autonómico no puede recaer sobre un hecho imponible
ya gravado por el Estado. Es decir, hacemos la trampita de siempre y así
fastidiamos un poco a las autonomías. Encima, para disimular un poquito,
en vez de poner al 0 % ese impuesto, en 2014 decimos que sea un 0,03 % y
lo repartimos entre las comunidades autónomas. Como siempre, repartir
migajas y repartir miseria.
Pero todo lo que ha pasado respecto a este impuesto revela dos cosas que
ya he enunciado antes. Por un lado, un modelo de país centralista en los
ingresos pero -sí que es cierto- más o menos federal en los gastos, pero
eso es una auténtica incoherencia y un modelo de Estado que, ante una
capacidad normativa que empiezan a desarrollar las autonomías, en vez de
cooperar y coordinar, abusa de su poder, como siempre el poder
autoritario del Gobierno central. Y, por otro lado, lo que se ve con la
modificación de este impuesto es el carácter regresivo a nivel fiscal de
este Estado. La conclusión es simple: cuando nosotros en Compromís hemos
dicho muchísimas veces que España se rompe por el centro lo que hemos
venido a decir es que el centralismo es funcional a la injusticia y a la
desigualdad, como se demuestra en todo lo que ha pasado en el impuesto
sobre depósitos a las entidades de crédito.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Perdonen que haga un pequeño paréntesis. Saben que el último punto del
orden del día, la votación, es nominal y por llamamiento. Como muchas
veces aparecen compañeros que vienen a hacer sustituciones, hay que
comunicarlas previamente. Ya nos han hecho llegar un par de
modificaciones. Lo digo para que las vayamos apuntando y no nos tengamos
que detener después.
En nombre de Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán.
El señor TEN OLIVER: Señor presidente, el señor Roldán no está. Voy a
intervenir yo.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Escuchando al resto de grupos parlamentarios, sobre todo a Compromís y a
Esquerra Republicana de Catalunya, uno se da cuenta de que tienen una
obsesión por aumentar los impuestos. Debo recordarles que la Ley orgánica
de financiación de las comunidades autónomas establece unos límites a la
potestad tributaria autonómica en relación con el sistema tributario
estatal. Según el artículo 6.2, el Estado, en el ejercicio de su potestad
tributaria originaria, tiene la capacidad además de instrumentar medidas
de compensación y de coordinación cuando, por ejemplo, se disminuyen los
ingresos. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, se va a oponer siempre a la
subida de impuestos como una solución fácil.
Antes hablaban de hechos. El señor González, del Grupo de Unidos Podemos,
hablaba de hechos; hechos son los del Grupo Ciudadanos en relación con
estos Presupuestos Generales del Estado. Hay 100 millones más para la
lucha contra el fraude, que va a recibir la Agencia Tributaria. Esa
sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía del señor
Montoro va a poner muy difícil que a partir de ahora se vuelvan a hacer
amnistías fiscales en este Estado. Se lo recuerdo además al señor
Lasarte, que sacaba pecho en relación esto y el Grupo Socialista ya tuvo
una en el año 1984 y otra en el año 1991. Hay muchas más medidas para
poder obtener ingresos que no son aumentar los impuestos. Se puede
mejorar la gestión y así hemos firmado con el Partido Popular un spending
review, una revisión del gasto con la Airef. Por supuesto, se pueden
aprobar otras PNL, como la que espero que apoyen todos los grupos
parlamentarios y que mi compañero, Francisco de la Torre, exponía en
relación con los paraísos fiscales y, evidentemente, se puede luchar
contra la corrupción. Durante estos dos días ya hemos tenido un fuerte
debate y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos dice que
podríamos recuperar más de 48 000 millones de euros.
Ciudadanos, además, defiende la unidad de mercado dentro de la Unión
Europea y con más razón dentro de España y por eso tampoco vamos a
contribuir a incentivar la competencia fiscal entre comunidades
autónomas. Nosotros proponemos en nuestro programa una reforma ambiciosa
de la financiación autonómica. Cierto es que se está negociando, pero
cierto es también que debería haberse modificado hace años y no se ha
hecho ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Gracias a
Ciudadanos, en estos Presupuestos Generales del Estado tenemos más de
5400 millones de euros para la financiación autonómica.
Tampoco vamos a apoyar las motivaciones de esta PNL. Este impuesto tiene
un potencial de recaudación muy limitado. Aunque la señora Capella ha
dicho que son 500 millones de euros los que
dejan de recaudar, ese impuesto va directamente sobre los clientes y ahí
no nos va a encontrar. Además, si este impuesto tuviese una tasa cercana
al cero por ciento podría afectar gravemente al ahorro. Cabe advertir
también que nuestro sistema financiero no está exento de peligro y así lo
hemos visto estos días in extremis con el Banco Popular o las presiones
de mercado sobre Liberbank.
Por último, me gustaría recordar en relación con esta proposición no de
ley que Esquerra Republicana de Catalunya quiere resucitar lo que fue
realmente anulado por el Tribunal Constitucional por introducirse con un
decreto-ley, vulnerando el estatuto de autonomía de esa comunidad, que en
su artículo 203.5 prevé de forma específica que los tributos propios se
establecen por la Generalitat mediante ley parlamentaria. Lo que se hace
deprisa y corriendo, más por destruir que por construir, no resulta nada
atractivo. Por esos motivos no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor LASARTE IRIBARREN: Señor presidente, ¿por alusiones puedo hacer
un comentario de veinte segundos?
El señor PRESIDENTE: Al final de las intervenciones.
El señor LASARTE IRIBARREN: Ha sido él el que ha hecho la alusión, pero
vale, sin más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Efectivamente, este es un impuesto que nosotros creemos que es necesario.
Se impulsó en Extremadura en 2001, en 2010 en Andalucía y creo que
también en Canarias, y a partir de 2012 en Valencia, en Asturias y en
Cataluña. Y hay que recordar en qué contexto se produjo. Se produjo en un
contexto de crisis económica, de recortes sociales, de asfixia de las
comunidades autónomas por parte del Estado y de caída de los ingresos, un
contexto muy difícil en el que parecía lógico y razonable -y así también
nosotros lo propusimos en su momento no en 2012 sino en 2010- que se
aprobara en el caso de Cataluña un impuesto sobre los depósitos
bancarios. Esto no es un invento de las comunidades autónomas. Este tipo
de impuestos, con una forma u otra, existen en Francia, Gran Bretaña,
Italia, Alemania, Portugal, Suecia, Hungría, Holanda; en países donde se
entiende que el sector financiero tiene que hacer un esfuerzo
contributivo y donde se entiende que es necesario repartir los esfuerzos
para salir de la crisis. En el caso español, además, tenemos un sistema
financiero que ha estado fiscalmente muy protegido. Lo que ocurrió es un
claro ejemplo de deslealtad institucional. El Gobierno de la Generalitat
de Catalunya aprueba un decreto-ley de creación de este impuesto de
depósitos bancarios; nueve días después, en el Senado, el Grupo Popular
presenta una enmienda a una ley de medidas tributarias introduciendo este
impuesto con el caso insólito y me imagino que único en el mundo que es
aprobar un impuesto con un tipo cero. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo
era ocupar el espacio fiscal para que las comunidades autónomas no
pudiesen desarrollar este impuesto y proteger a las entidades financieras
de este impuesto. Repito, en plena crisis económica, cuando se rescataba
a las entidades financieras pero no a las personas; cuando se exigían
objetivos de déficit que no se podían cumplir a las comunidades autónomas
y al mismo tiempo se les limitaba y se les laminaba la capacidad autónoma
de introducir medidas fiscales, instrumentos fiscales como este del que
estamos hablando, todo ello de acuerdo con la Constitución, que también
permite a las comunidades autónomas establecer sus propios impuestos. En
el caso de Cataluña no era un tipo del cero ni del 0,03. Cuando
introdujeron este tipo en 2014 era del 0,3 cuando la entidad financiera
tenía unos depósitos de hasta 150 millones de euros; del 0,4 entre 150 y
600 millones de euros, y del 0,5 para más de 600 millones de euros. Esto
habría permitido una recaudación de 685 millones de euros; hoy la
Generalitat de Catalunya recibe alrededor de 60 millones de euros, nada
en comparación con lo que se había propuesto. Esa es la gran impostura.
Ustedes exigen limitaciones de déficit, ahogan financieramente a las
comunidades autónomas y en cambio, cuando estas quieren desarrollar sus
propios mecanismos tributarios, se lo impiden con el objetivo en
realidad, repito, de proteger a la banca. Ese caso de deslealtad no es
nuevo. En el caso catalán ustedes han recurrido al Tribunal
Constitucional, se han opuesto al impuesto nuclear, al impuesto de
operadores de telecomunicaciones y al impuesto sobre pisos vacíos. En
todos estos casos se da esa contradicción.
Por eso apoyamos esa proposición no de ley de Esquerra Republicana, con
una reflexión final: difícilmente generaremos un sistema tributario con
corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades
autónomas si no permiten desarrollar y además constantemente laminan y
reducen las bases fiscales de la Generalitat y de las comunidades
autónomas, porque ese es un problema evidente en este impuesto. Por
tanto, es un impuesto necesario y un impuesto necesario para que lo
puedan desarrollar las comunidades autónomas. Y todas esas falacias que
ustedes dijeron sobre la deslocalización de los depósitos bancarios,
etcétera, no se ha producido en ningún caso. No ha ocurrido en el caso de
las comunidades autónomas que tenían este impuesto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la propuesta que nos trae Esquerra Republicana de Catalunya,
aunque forma parte de su argumentario en los últimos años, no deja de
sorprender. A mí no me deja de sorprender, en primer lugar, porque ayer
por la noche cuando nos fuimos a acostar, al salir de la Cámara, se
estaban definiendo como país, este mediodía se definían como nación y
ahora en esta PNL se definen como comunidad autónoma. Bienvenidos al
Estado de las autonomías (Aplausos), bienvenidos al respeto a la
Constitución, porque así en este punto podremos debatir todo lo que
quieran pero siempre desde el respeto a las normas, a la legalidad y a la
Constitución.
La figura impositiva que trata esta PNL nace en mi tierra, en Extremadura,
en 2001. La crea el presidente Rodríguez Ibarra que, como muchos
políticos de esa época, era un adelantado a su tiempo. No nace en 2010,
en época de crisis, como decía el portavoz de Compromís; nace en 2001 y
en Extremadura. Es verdad que el Gobierno del presidente Aznar la manda
al Tribunal Constitucional y, en 2012, cuando este tribunal decide que
ese impuesto era correcto, otras comunidades autónomas empiezan a sumarse
al barco, sobre todo Cataluña. Tuvieron que pasar nueve años hasta que
Andalucía tomara el mismo camino; después de Andalucía vinieron Canarias,
Valencia y Asturias, y el resto de comunidades autónomas no implantó este
impuesto hasta que el 14 de noviembre se dicta la sentencia que se
plantea. Por eso, ante el argumento de que el Estado va contra nosotros,
de que este es un impuesto que nace contra Cataluña, yo tengo que decir
que no es así, que no se puede ser el niño en la comunión o en el bautizo
o el muerto en el entierro, porque no es un impuesto contra Cataluña, es
un impuesto, como voy a comentar ahora, para España, para armonizar una
situación que se estaba produciendo y que iba a empezar a generar
problemas a nivel nacional.
Ante la nueva coyuntura, solo había una opción para el Gobierno de la
nación a fin de armonizar los impuestos, de evitar que cada región del
país tuviera un tipo diferente sobre un mismo impuesto en la línea de lo
defendido por la Comisión Europea -esto es importante-, y en cumplimiento
de su misión de asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice
una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema tributario,
asegurando un tratamiento tributario armonizado a los depósitos
constituidos en las entidades de crédito en todo el territorio español.
Si bien en un principio el tipo impositivo era el 0 %, posteriormente se
subió al 0,03, lo que hacía que las comunidades como Extremadura o
Andalucía, que tenían ya el impuesto, vieran de alguna forma recompensada
esa situación. El objetivo final de este impuesto, y habida cuenta de la
situación que se provocó en 2012 con todos lo expuesto, no era otro que
evitar que las comunidades autónomas entraran en escalada poniendo cada
una su propio impuesto con su propio tipo impositivo. El impuesto actual
es justo porque aquellas comunidades que lo tenían, como Extremadura,
siguen cobrándolo, y sobre todo es igual para todos.
En fiscalidad la armonización no es que sea deseable, es que debería ser
obligatoria. La armonización evita problemas como el dumping fiscal, que
en este sentido se estaría produciendo en mi tierra, en Andalucía o en
Cataluña si este impuesto nacional no se hubiera creado, y créanme que en
Cataluña también, porque este tipo de impuestos aplicados en unos
territorios sí y en otros no genera deslocalización, inseguridad y
desconfianza ante los sistemas tributarios.
Sabemos que ERC siempre ha sido favorable a ese impuesto en Cataluña, pero
el impuesto está ahí para todos igual, sin generar diferencias ni
ventajas a unos territorios con respecto a otros. Pueden plantear el
debate sobre el tipo impositivo o pueden abrir debates en torno al cómo o
al cuánto, pero no debieran poner en entredicho una figura impositiva que
está funcionando, que se reparte de forma correcta en las comunidades
autónomas, que evita problemas más importantes y que cerró problemas
judicializados durante años en diferentes regiones de nuestro país.
Quiero dejar patente nuestro rechazo a las enmiendas al texto que presenta
el Partido Socialista, que nos llegaron anoche, y que muy en su línea
habitual aprovecha para meter nuevas figuras impositivas, nuevas figuras
tributarias para generar nuevos impuestos, para subir los actuales y
para, de paso, armonizar los impuestos pero siempre al alza. Ya sabemos
que el PSOE siempre armoniza los impuestos al alza cuando los tipos
mayores -por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones-
corresponden a Andalucía y a mi tierra, cuando es más caro morirse en
Badajoz que en Madrid, no por culpa de Madrid, sino porque la Junta de
Extremadura no desaprovecha oportunidad de hacer caja, aunque sea con lo
poco que un extremeño puede dejar a su hijo en herencia, fruto del
trabajo de toda una vida. Es la filosofía de un partido: confiscar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Lasarte Iribarren pide la
palabra).
¿El señor Lasarte sigue pidiendo la palabra por alusiones?
El señor LASARTE IRIBARREN: Si me la da, sí, claro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, pero sea muy breve porque
normalmente no la damos por alusiones. Tiene medio minuto.
El señor LASARTE IRIBARREN: Ha habido alusión personal del portavoz de
Ciudadanos, el señor Ten, y con todo cariño quería preguntarle si conoce
alguna otra amnistía fiscal en España que haya sido declarada ilegal por
el Tribunal Constitucional, más allá de la del PP. Simplemente esa es la
pregunta. (La señora Madrazo Díaz: Las hay gratis.-Varias señoras y
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aceptan en este caso las cuatro enmiendas?
La señora CAPELLA I FARRÉ: Los hay que no quieren que estemos, los que
critican cómo estamos y qué decimos, y al final las enmiendas tengo que
aceptarlas yo. ¿O no?
No las aceptaremos y la proposición será votada en los términos
planteados.
El señor PRESIDENTE: Como les decía, vamos a someter primero a votación
las proposiciones no de ley -el primer punto del orden del día se
retiró-, porque después tenemos una votación que es individual, nominal y
por llamamiento.
Voy a ir aclarando los términos en que votamos cada una de las iniciativas
porque ha habido un poco de lío. El punto 2.º del orden del día,
proposición no de ley relativa a la regularización de las pensiones de
los emigrantes retornados, se vota en sus justos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 3.º del orden del día, iniciativa relativa a la necesidad
de modificar el Real Decreto-Ley 2/2004, del texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la
situación de las viviendas desocupadas. Esta iniciativa se vota con la
transaccional de Unidos Podemos, Grupo Mixto y Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a
la ampliación de la financiación de los municipios turísticos conforme a
la Ley de Haciendas Locales. Esta proposición la votamos con la
transaccional entre Ciudadanos, el Grupo Socialista y Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 5.º, iniciativa sobre la derogación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 26.
Punto 6.º del orden del día. Iniciativa relativa a la equiparación del
tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho. La votamos con
la transaccional de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 7.º del orden del día. Iniciativas sobre medidas contra los paraísos
fiscales y la elusión fiscal. La votamos de acuerdo con la transaccional
acordada entre Ciudadanos y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la última iniciativa, que es el punto 8.º del orden del día,
sobre la supresión del impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito. La votamos en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPUESTA POR LA COMISIÓN DEL VOCAL DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO:
- ELECCIÓN DEL VOCAL AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 19/2013,
DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO Y EL ARTÍCULO 14.1.A) DEL ESTATUTO DEL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, APROBADO POR EL REAL DECRETO 919/2014, DE
31 DE OCTUBRE. (Número de expediente 276/000007).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a pasar al punto 9.º del orden
del día. Propuesta por la Comisión del vocal en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno. Se les dio plazo, tal como se aprobó en la
reunión de Mesa y portavoces, durante toda la semana pasada para que se
presentaran las candidaturas y se han presentado tres. Una, en nombre del
PDeCAT, de Lourdes Ciuró i Buldó; otra, en nombre del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en nombre de Juan
Pedro Yllanes Suárez y otra, en nombre del Grupo Popular, de Pilar Cortés
Bureta.
A continuación, el señor letrado va a hacer llamamiento a cada uno de los
miembros de la Comisión, o los sustitutos que nos habéis notificado, para
votar de forma individual.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y
los señores miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.
El señor PRESIDENTE: ¿Han votado todas sus señorías? (Asentimiento).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: Ha quedado elegida doña Pilar Cortés Bureta, con 26
votos, frente a 10 de don Juan Pedro Yllanes Suárez, y cuadra
perfectamente. (Aplausos).
Señorías, no habiendo otro punto en el orden del día, se levanta la
sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.
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