DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 310, de 31/08/2017
cve: DSCD-12-CO-310
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 310
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 10 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
31 de agosto de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro
Romero), para:
- Informar de la medida anunciada por el Gobierno de suspensión del pago
del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña si el Gobierno de Cataluña
destina fondos al referéndum. A petición del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 213/000560) ... (Página2)
- Informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno en el último
Consejo de Ministros relativas a una posible suspensión del Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña, lo cual constituiría una agresión
contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que vivimos
en Cataluña. A petición de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra
Republicana. (Número de expediente 213/000593) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de carácter
extraordinario de la Comisión de Hacienda y Función Pública, que tiene
dos puntos en el orden del día, que, como es habitual, vamos a acumular,
porque básicamente el enunciado es el mismo: en primer lugar, para
informar de la medida anunciada por el Gobierno de suspensión del pago
del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña si el Gobierno de Cataluña
destina fondos al referéndum, solicitud de comparecencia que fue
presentada por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; y, en segundo lugar, para informar sobre
las decisiones adoptadas por el Gobierno en el último Consejo de
Ministros relativas a una posible suspensión del Fondo de Liquidez
Autonómico a Cataluña, lo cual constituiría una agresión contra los
servicios públicos catalanes y contra las personas que vivimos en
Cataluña, solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente por Esquerra Republicana. Fueron presentadas por ese orden;
luego, por ese orden se van a hacer las intervenciones. En primer lugar
va a intervenir el grupo proponente, en este caso el Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y después el Grupo Parlamentario
Mixto, y luego ya seguimos de menor a mayor, como hacemos habitualmente.
En cuanto al tiempo, para ordenar los debates, para que tengáis una idea,
lógicamente, el ministro va a disponer del tiempo necesario, el que
estime conveniente, y los grupos políticos van a disponer de diez minutos
aproximadamente. Sabéis que suelo ser flexible y no va haber ningún
problema con el tiempo. Luego, si lo veis necesario, después de una
segunda intervención por parte del señor ministro, una pequeña réplica de
un par de minutos; ahí sí me gusta ser un poco más estricto, para que no
se nos alargue demasiado la sesión.
Así que comenzamos, dando la palabra y la bienvenida de nuevo a esta
Comisión al señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención esta mañana en la Comisión de
Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados agradeciendo a
los grupos políticos la oportunidad que me ofrecen para poder explicar a
la Cámara y a la opinión pública la decisión de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 21 de julio por la que se
adoptaron nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad
Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa
del interés general. Asimismo me propongo explicar los motivos que
llevaron al Gobierno a adoptar estas medidas adicionales de control, así
como las consecuencias que han tenido las medidas hasta ahora.
Considero mi obligación aclarar en primer lugar el alcance del acuerdo de
la Comisión Delegada, especialmente tras la solicitud de convocatoria al
Gobierno de algunos grupos políticos de esta Cámara, que interpelan al
Gobierno como si las medidas adoptadas fueran una agresión a los
servicios públicos en Cataluña, y es todo lo contrario. Lo que pretende
el Gobierno, en línea con lo que ha venido haciendo desde el año 2011, es
precisamente garantizar que los servicios públicos funcionan
correctamente, en Cataluña y en todas las comunidades autónomas de
España, y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario ni la
sostenibilidad financiera. Por tanto, dos objetivos absolutamente
fundamentales: garantizar que los servicios públicos funcionan
correctamente y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario ni
la sostenibilidad financiera. Esa es nuestra obligación y nunca la vamos
a eludir, porque la Administración General del Estado es la garante de
que todos los ciudadanos tengan asegurado el acceso a los servicios
públicos fundamentales, de que estos servicios se puedan prestar porque
existe una financiación adecuada para ello y de que no se pone en peligro
la prestación de los mismos como consecuencia de determinadas decisiones
políticas de un Gobierno autonómico.
Así pues, una primera aclaración: los servicios públicos de Cataluña no
están en peligro, de la misma manera que no está en peligro el pago de la
factura de los proveedores de esos servicios públicos, precisamente
-repito- porque el Estado es el último garante de la prestación de esos
servicios públicos. Como tal garante, el Gobierno ha aprobado estas
medidas adicionales de control, con el fin de evitar que el dinero que
debe financiar los servicios públicos se desvíe a partidas que han sido
declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y para evitar que las
decisiones adoptadas para fines inconstitucionales tengan una repercusión
en la estabilidad presupuestaria y financiera, que con tanto esfuerzo se
está consiguiendo y concierne al conjunto de España. Por tanto, ese es el
sentido de las medidas, precisamente -insisto-: que ni un euro del
presupuesto de la Generalitat vaya destinado ni a financiar partidas
presupuestarias de la Generalitat que ya han sido declaradas
inconstitucionales
por el Tribunal Constitucional ni que las decisiones políticas de la
Generalitat pongan en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de sostenibilidad financiera que con tanto esfuerzo estamos
consiguiendo en España.
Como todos sabemos, estamos saliendo de una profunda crisis económica, que
se agravó especialmente por el elevado déficit público en el que
incurrieron nuestras administraciones desde el año 2008. El importante
deterioro de las finanzas públicas extendió en los financiadores, en los
mercados, la desconfianza hacia la capacidad de España de responder a sus
obligaciones, apuntando hacia la organización territorial de nuestro país
como uno de los mayores factores de riesgo. Las diferentes agencias de
calificación rebajaron en sus ratings la credibilidad crediticia de
España, haciendo que la prima de riesgo de nuestro país superara los 600
puntos básicos, con el consiguiente incremento de la factura de los
intereses de nuestra deuda. En esta situación, las administraciones
territoriales se encontraron con que no podían conseguir financiación en
los mercados, bien porque se les exigían unos tipos de interés
inasumibles, bien porque directamente se les cerraban las puertas.
Cataluña fue una de las comunidades que se encontró en esta situación, de
la que aún no ha podido salir, fundamentalmente -y quiero insistir en
ello también-, por su complicada situación política.
Para afrontar la grave crisis económica, que nos situó como el país que
amenazaba a Europa entera, que estaba promoviendo la crisis del euro, el
Gobierno de España aprobó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un marco legal que obliga a
todas las administraciones públicas y que tiene como finalidad alcanzar
la estabilidad presupuestaria comprometida con la Unión Europea y
recogida en el artículo 135 reformado de la Constitución Española. De
hecho, la reforma constitucional realizada en 2011, impulsada por el
Gobierno socialista y acometida por el Partido Popular en la oposición, y
la aprobación de esta ley, la Ley de estabilidad presupuestaria, ya por
el Gobierno del Partido Popular al año siguiente, voy a recordar desde el
comienzo que fue votada a favor por Convergència i Unió en esta Cámara
desde el primer momento. Por tanto, es una cosa que también hay que tener
presente, porque cuando se oye hablar a unos parece que nunca estuvieron
de acuerdo con lo que sí estaban de acuerdo, y ahora estamos ejerciendo,
en definitiva, y poniendo en acción el contenido de esta ley. Y decía que
esta ley es la expresión del convencimiento de que la estabilidad
presupuestaria es un instrumento indispensable tanto para garantizar la
financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de
calidad, sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para
ofrecer seguridad a los inversores con respecto a la capacidad de la
economía española para crecer y atender nuestros compromisos, según
recoge su preámbulo. La Ley de estabilidad -recuerdo- en su artículo 8
establece el principio de responsabilidad de los poderes públicos que
garantiza la Constitución. Al mismo tiempo, recuerda que el Estado es el
último garante del cumplimiento de las obligaciones de las
administraciones públicas, y, en particular, de la prestación de los
servicios públicos a los ciudadanos. De esta manera, aunque cada
administración es responsable de sus actos, la ley faculta al Estado para
actuar cuando esos actos puedan perjudicar el interés general, poniendo
en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas o el derecho de todos
los españoles en el ejercicio de sus derechos, y, en particular, el
acceso a los servicios públicos fundamentales. Con esta voluntad, la ley
no solo reservó al Estado el papel de garantizar que todas las
administraciones cumplen con sus obligaciones fiscales y financieras,
sino que también incluyó la posibilidad de que las administraciones
territoriales pudieran financiarse a través del Estado con instrumentos
de liquidez que suplieran la falta de recursos debido a la caída de
ingresos públicos que fue inherente a la crisis.
De esta manera, junto a la ley, para alcanzar los objetivos se pusieron en
marcha los mecanismos adicionales de financiación para las comunidades
autónomas y entidades locales que así lo soliciten. El acceso a estos
mecanismos de financiación está sometido a una serie de condiciones,
precisamente para preservar el objetivo de estabilidad presupuestaria que
se persigue en la ley, de manera que todas las administraciones que
acuden a esta financiación extraordinaria saben que tienen que cumplir
con una serie de compromisos, que pueden ampliarse esos compromisos y
que, de hecho, se han ampliado a lo largo de estos años en función de las
circunstancias. No son condiciones arbitrarias, sino exigencias
necesarias que persiguen cumplir los objetivos de estabilidad y
garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés
general. La puesta en marcha de la citada ley de estabilidad y de todos
los instrumentos que contiene, incluidos los mecanismos de financiación y
sus condiciones, unida a las reformas estructurales realizadas en los
últimos años, ha cumplido con el principal objetivo que perseguía, con
ese gran objetivo que era la recuperación económica, con tasas de
crecimiento, como hoy registra España, superiores al 3 % y una creación
de puestos de trabajo entorno al medio millón de empleos anuales desde el
año 2015.
Para llegar donde estamos hemos tenido que seguir un proceso muy exigente
de consolidación fiscal. Eso nos ha permitido alcanzar un escenario muy
diferente al que nos enfrentábamos hace solo cinco años, en el que la
prima de riesgo de España se mueve en torno a los 100 puntos básicos,
mientras conseguimos financiación para el Tesoro público a unos tipos de
interés históricamente bajos. Ha sido un esfuerzo conjunto, un esfuerzo
solidario de todas las administraciones públicas y, sobre todo, un
esfuerzo de toda la sociedad y de todos los ciudadanos españoles. Una vez
más hemos demostrado que los españoles somos capaces de conseguir,
unidos, trabajando por el bien común y el interés general, los objetivos
más ambiciosos. Cataluña es una de las comunidades autónomas que más se
ha beneficiado de estas políticas de consolidación fiscal nacidas a
partir de la ley estabilidad y de sus resultados. De hecho, es la
comunidad que más dinero ha recibido, la que más ha ahorrado en intereses
y la que tiene un mayor crecimiento económico -insisto-, como
consecuencia de todas estas medidas y actuaciones de política económica
y, en particular, de política presupuestaria.
Voy a hacer un resumen de esas cifras, aunque afortunadamente los medios
de comunicación ya las van exhibiendo de una manera permanente. Cataluña
ha recibido de los diferentes instrumentos de liquidez nacidos bajo el
amparo de la Ley de estabilidad 69 278,23 millones de euros, en los que
está incluida la parte de pago a proveedores de entidades locales de la
comunidad. De esta cifra, más de 23 000 millones de euros se han pagado
directamente a los proveedores, han ido directamente a pagar facturas de
proveedores de esos servicios públicos, siendo la comunidad que más
dinero ha recibido, tanto globalmente como en pago directo a proveedores.
En total, estos fondos han servido para pagar casi 1 600 000 facturas de
proveedores de servicios públicos en Cataluña, que de otra manera vale la
pena preguntarse cómo se habrían pagado -1 600 000 facturas-. Y el acceso
a la liquidez del Estado ha supuesto a la comunidad unos ahorros estos
años de casi 10 000 millones de euros, exactamente 9979,88 millones. Y a
lo largo de la vida de los préstamos, puesto que estos mecanismos lo que
hacen es frente a vencimientos de préstamos, de deuda a medio y largo
plazo, ahorrará 19 148,7 millones de euros. Por tanto, es una cifra
importantísima, realmente, en términos de garantía de la financiación,
porque todo esto es el presupuesto de la Generalitat, cómo está ahorrando
y, por tanto, cómo es capaz de financiar los servicios públicos.
Con estas cifras en la mano, permítanme sus señorías que les diga que
acusar al Gobierno de agresión a los servicios públicos de Cataluña, en
fin, no es que se coloque en la demagogia, es que se coloca en el paso
siguiente a la demagogia. Además, gracias a esta política de
consolidación fiscal, el crecimiento económico de Cataluña ha sido 1,8 %
en 2014, 3,7 % en 2015 y 3,5 % en 2016, cantidades superiores a los
crecimientos del conjunto de España en estos tres últimos ejercicios. Y
gracias a esas tasas, Cataluña ya superó el año pasado su mejor PIB
histórico y su mejor PIB per cápita, que es lo que está alcanzando el
conjunto de España en este año. Además, la afiliación a la Seguridad
Social ha crecido hasta situarse en el mes de julio en 3 354 000
personas, mientras que el paro registrado en el segundo trimestre se
sitúa en 13,2 %, que significa estar cuatro puntos menos que la media del
conjunto de España.
Es evidente que Cataluña y el conjunto de España están saliendo de la
crisis con vigor; es evidente que la política económica y presupuestaria
del Gobierno de España, incluido el acceso a los mecanismos de
financiación, es causa fundamental de ese vigor de la economía catalana y
del resto de España; es evidente que el empuje de la economía catalana
contribuye decisivamente al crecimiento del conjunto de España y a la
superación definitiva, a la salida definitiva de esta crisis económica, y
por todo esto es más que evidente que el Gobierno de España no puede
quedarse de brazos cruzados ante las decisiones políticas del Gobierno de
Cataluña, que lo que van a hacer es a poner en riesgo la salida de la
crisis y pueden perjudicar irreversiblemente el crecimiento económico y
la creación de empleo en Cataluña y en el conjunto de España. Las últimas
iniciativas adoptadas por el Govern de la Generalitat han encendido
muchas luces rojas en materia económica. De hecho, las primeras alarmas
saltaron ya hace dos años y eso nos obligó ya entonces a promover medidas
que reforzaban el control.
Más allá de la responsabilidad del Gobierno catalán en el plano político,
en el plano jurídico o incluso en la propia convivencia cívica, está
también su responsabilidad por las repercusiones económicas que tiene su
política. La reacción de las agencias de calificación nos está
advirtiendo del riesgo más que evidente que tienen las políticas
secesionistas y contrarias a la legalidad que está promoviendo la
Generalitat de Catalunya. Que la comunidad que más aporta al PIB
nacional, un 19 % del total, y que crece más que la media sea la
comunidad con peor calificación en la agencias de rating y la que tiene
la prima de riesgo más elevada no se explica si no es debido a su
situación interna, a la situación política interna. Y ello nos muestra
los signos claros que la política de la Generalitat tiene para la salida
de la crisis, tanto en la propia Cataluña como en el conjunto de España.
Y ante eso, como decía, el Gobierno del Estado no puede estar de brazos
cruzados; sería una temeridad que los ciudadanos no nos perdonarían, ni
los ciudadanos de Cataluña ni los del conjunto de España. Si no vigilamos
que el dinero de la Generalitat vaya a cubrir las necesidades de los
catalanes y si no evitamos que vaya a gastos relacionados con la
independencia, que es el factor que está hundiendo la cada vez más débil
credibilidad de Cataluña y poniendo en riesgo la salida de la crisis, los
que sufrirán las consecuencias serán los trabajadores, serán los
desempleados que aspiran a un puesto de trabajo, serán los pensionistas,
serán los usuarios de la educación, serán los usuarios de la sanidad
pública, serán los funcionarios, será el tejido productivo de Cataluña y
el conjunto de la sociedad catalana, una sociedad que confía en que la
salida de la crisis está cerca y desea que los responsables políticos
pensemos en el interés general, para que el conjunto del país salga
adelante.
Desde luego, el Gobierno sí está pensando en el interés general cuando
toma decisiones como las que estoy explicando esta mañana. Es el mimo
Gobierno que pensó en el interés general cuando promovió y aprobó la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y piensa en el
interés general cada vez que toma alguna de las medidas que le exige la
propia ley para garantizar el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos en todos
los lugares de España. A lo largo de estos años el Gobierno ha tenido que
adoptar distintas iniciativas cada vez que una administración ha
incumplido las obligaciones contraídas, poniendo en riesgo los objetivos
de estabilidad. Son numerosas las comunidades autónomas que han tenido
que presentar planes de ajuste o a las que se les han aplicado medidas
preventivas, correctivas o de condicionalidad adicional para corregir los
desajustes en los que han incurrido. En el caso de Cataluña, como acabo
de señalar, el 20 de noviembre de 2015, tras una serie de iniciativas
políticas promovidas por el Gobierno de la Generalitat que, como ha
sucedido ahora, ponían en riesgo el interés general, por cuanto que
afectaban a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera,
factores fundamentales en el crecimiento económico y la creación de
empleo, el Gobierno impuso una serie de condiciones a la Generalitat. En
un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos se establecía un control reforzado de los gastos de la
Generalitat para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos,
incluyendo la obligación de remitir con periodicidad mensual unos
certificados en los que se garantizara este funcionamiento, así como el
pago de los proveedores.
Hasta la fecha no ha habido incumplimiento de esas condiciones por parte
de la Generalitat, que aceptó en su momento los nuevos compromisos
incluidos en su plan de ajuste. Lo que el Gobierno ha hecho en el mes de
julio, en esta última reunión de la Comisión Delegada del mes de julio ha
sido reforzar esos compromisos, reforzar esas medidas, en vista de que se
ha agravado el riesgo para la estabilidad económica tras las últimas
decisiones y, sobre todo, manifestaciones políticas de representantes del
Gobierno de Cataluña, encaminadas a celebrar un referéndum por la
independencia, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado
5 de julio, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la
disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos de Cataluña, en
referencia a un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y la
inconstitucionalidad de determinadas partidas presupuestarias.
El refuerzo de estas medidas, que -repito-, por tanto, no son medidas
nuevas, son medidas que lo que hacen es prolongar las que ya se adoptaron
en el año 2015, supone que la Generalitat debe remitir al Gobierno cada
semana un certificado garantizando que no se ha iniciado expediente de
pago o gastos presupuestarios o extrapresupuestarios que puedan estar
destinados a la realización de actividades vinculadas con el proceso de
referéndum al que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional de
5 de julio de 2017. Esto es lo que hacemos, por tanto, en la Comisión
Delegada, establecer las condiciones para garantizar que no existe ese
tipo de modificación presupuestaria. Debo destacar esta mañana en esta
comparecencia que el Gobierno de la Generalitat ha remitido hasta el
momento todas las certificaciones semanales que se le exigen en el
acuerdo de la Comisión Delegada desde la primera semana, del periodo que
va del 17 al 23 de julio. Hasta ahora todas esas certificaciones incluyen
la información requerida, que, por tanto, está siendo certificada. Esta
es la decisión que adoptó el Gobierno de la Generalitat, que es
discutible, pero el contenido es el que le estaba exigiendo el Gobierno
de España en la Comisión Delegada -insisto-, y eso viene certificado por
los distintos consejeros, por los miembros del Gobierno de la
Generalitat. Además, el vicepresidente de la Generalitat y consejero de
Economía y Hacienda aporta otro certificado en el que da fe por todos los
departamentos, entidades autónomas, entidades del sector público
institucional, Dirección General de Presupuestos, Dirección General del
Tesoro y la Intervención General, o sea, eso ya lo hace de una manera
reunida el vicepresidente de la Generalitat.
Pues bien, creo que es importante destacar, por tanto, que, por decisión
del Gobierno de la Generalitat, son los propios responsables políticos
los que están certificando cada semana. Son los que promueven la
celebración del referéndum los que cada semana están certificando que no
se ha hecho uso presupuestario alguno, desembolso presupuestario para
llevar a cabo el referéndum, y esto es lo que yo quería explicar con toda
claridad esta mañana, con toda claridad y con la mayor rotundidad. Son
los mismos, los mismos que están hablando todo el día de que van a votar
el 1 de octubre quienes cada semana dicen que no han gastado a través de
ninguna institución. Bueno, ellos se explicarán cómo realmente y cuál es
la intención última de todo eso. Pero el Gobierno está obligado a dar las
explicaciones públicas relativas a que ni un euro del presupuesto de la
Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1
de octubre, lo cual no deja de ser una situación también interesante,
paradójica en un país desarrollado, donde una institución pública
promueve un hecho sin presupuesto, sin elemento de presupuesto, con lo
cual se califica por sí sola esta situación. Pero eso es lo que hemos
hecho; lo que hemos hecho desde el Gobierno de España es garantizar que
no se va a destinar ni se ha destinado un euro. Y esto es lo que quería
decir con toda claridad y también con toda normalidad.
Por tanto, hay un lenguaje político y un lenguaje práctico presupuestario,
porque no sé cómo se hacen realmente unas elecciones sin presupuesto. No
sé si ustedes han asistido alguna vez a alguna y si existe algún lugar
del mundo desarrollado donde se hagan unas elecciones de cualquier
naturaleza sin un presupuesto público. En fin, ya veremos dónde acaban
todos estos acontecimientos que tan continuamente se nos están
anunciando. Lo que está claro es que la Generalitat está cumpliendo las
condiciones que se le han exigido. Otra cosa es el lenguaje que hacen en
otro tipo de declaraciones. Pero está cumpliendo las condiciones. Y, por
tanto, los servicios públicos de los catalanes están recibiendo la
financiación correspondiente. Y el Gobierno de España está ejerciendo su
labor de control, que es también la labor que -insisto- le otorga la
propia Constitución y también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Por tanto, estamos haciendo también lo que
prevé el plan de ajuste que está acordado por la Generalitat y el
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este es también un argumento
muy importante. Quiero decir que si por parte de la Generalitat se
produjera cualquier intento de modificación presupuestaria sobre los
elementos de ese plan de ajuste, inmediatamente la Generalitat pasaría a
estar incumpliendo ese plan de ajuste. Eso no se ha producido hasta
ahora. Pero insisto en que cualquier propuesta de desviación de
presupuesto para una actividad que no está dentro de ese plan de ajuste
llevaría a que el Gobierno actuara y aplicara las medidas coercitivas de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, por
cierto, vuelvo a recordar, fueron votadas por Convergència i Unió. No es
un detalle menor cómo las gentes se convierten en tan poco tiempo, porque
estoy hablando de una ley aprobada en esta cámara en el año 2012, de una
ley que, insisto, es importantísima, ya que es la traducción de la
gobernanza europea, y que es la que nos faculta para todo este tipo de
actuaciones. Por tanto, insisto, hasta ahora, no se han empleado recursos
presupuestarios para financiar ningún referéndum -ya lo he dejado
bastante claro-, y eso sigue así. La certificación es semanal, al igual
que el seguimiento establecido.
Insisto en que no vengo a hablar de otro tipo de planteamientos relativos
a propuestas que estarían claramente insertas en un marco de ilegalidad,
sino de las consecuencias de los acuerdos de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, y en concreto de la aplicación de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esas medidas, como ustedes conocen, dependerán de la proporcionalidad,
tienen la gradualidad de lo que significaría en todo caso una intención
de desviarse del plan de ajuste acordado. Esas medidas son las que
establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que garantizan
en todo momento la prestación de los servicios públicos para los
ciudadanos catalanes, como premisa absolutamente básica, que garantizan
en todo momento la financiación correcta de esos servicios públicos y,
por tanto, garantizan la acción de los funcionarios públicos de la
Generalitat de Catalunya. En la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria hay unas medidas, unas actuaciones que el Gobierno se
vería obligado a poner en marcha, hasta la última de ellas, por ejemplo,
utilizar una comisión de expertos -que es la última de las medidas- que
realmente sería la que, recabando toda la información necesaria que
obligadamente la Generalitat de Catalunya tendría que facilitar en razón
de las leyes vigentes, llevaría adelante las propuestas que modificarían,
que llevarían a la corrección de las desviaciones del plan de ajuste que,
insisto, procederían de cualquier otra hipotética modificación
presupuestaria. Pero insisto en que eso no se ha producido hasta ahora.
Acabo, por tanto, señor presidente, insistiendo en que la Generalitat de
Catalunya tiene unas obligaciones que cumplir y sabe que en su día asumió
unos compromisos al firmar su plan de ajuste. Por tanto, lo que
está haciendo el Gobierno es ejercer su responsabilidad en términos de
adecuar el contenido de esos compromisos. La Generalitat sabe que el
cumplimiento de sus obligaciones y de esos compromisos no solo evitará
cualquier nueva intervención del Gobierno, sino que -es lo más
importante- hará que la recuperación económica y la creación de empleo se
mantengan, que es de lo que se trata, que es el objetivo primordial,
principal, que los responsables políticos en Cataluña y en toda España
debemos tener.
Desde luego, este es el objetivo del Gobierno de España. Ese es, sin duda,
el deseo de los ciudadanos de España y de los ciudadanos de Cataluña, y
ese es el fin que ha guiado nuestros pasos en el pasado y que los seguirá
guiando en el presente y en futuro. Ojalá que en ese camino podamos
contar con un respaldo político amplio en el Parlamento español y en el
resto de las instituciones del Estado, incluyendo el Govern de la
Generalitat. El Gobierno de España, desde luego, está convencido de que
superar las actuales dificultades económicas y mejorar el bienestar de
los ciudadanos es la tarea más importante que tenemos encomendada los
representantes políticos, y que olvidar esa tarea nos empujaría a un
fracaso colectivo que estoy seguro de que no desea ninguno de los
presentes en esta cámara ni de los que nos están siguiendo desde fuera de
la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Como comenté al principio, hay dos peticiones de comparecencias. La
primera que entró fue la de En Comú Podem-En Marea, y la segunda es
conjunta entre el Grupo Mixto y Esquerra. Por tanto, primero va a
intervenir En Comú Podem, después el menor de los grupos que ha
presentado la segunda, que sería el Grupo Mixto, y en tercer lugar
Esquerra. Después seguiremos el orden de menor a mayor. ¿De acuerdo?
En primer lugar, tiene la palabra el señor Domènech.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Según usted, los objetivos de esa decisión
que incluían la posibilidad de la suspensión del FLA en el caso de la
Generalitat de Catalunya -y lo ha dicho aquí- eran, básicamente, asegurar
la estabilidad financiera, la seguridad en los pagos y proteger al
conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Si estos eran los objetivos, creo
que el fracaso es público y notorio, porque esto no fue lo que se
percibió ni tampoco la realidad de lo que se vivió y de lo que estamos
viviendo. Todo lo contrario -y creo que también lo ha dicho-, todo lo
contrario. Lo que ustedes pretendieron con esto fue llevar un escenario
de excepcionalidad que estamos viviendo los catalanes y las catalanas
desde hace tiempo también a la sostenibilidad financiera. Esto lo
hicieron ustedes, no lo hizo la Generalitat de Catalunya. De hecho, ha
dicho que esa medida era para garantizar el cumplimiento de una sentencia
del Tribunal Constitucional. Desconocía que el señor ministro y el
Ministerio de Hacienda fueran policía judicial y tuvieran como cometido
garantizar una sentencia del Tribunal Constitucional sin requerimiento
para que lo hicieran. Es decir, no creo que eso estuviera en sus
funciones y en la actuación política que tenían ustedes que hacer. Si hay
un incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que
no son ustedes, con estas medidas, quienes tienen que tratar este tema.
Por tanto, en realidad, el objetivo básicamente era político, no técnico.
El objetivo político era llevar a la situación de excepción que estamos
viviendo en Cataluña, y que conlleva, por ejemplo, que Cataluña sea la
única comunidad autónoma que no tiene vigente el estatuto que votó; es la
única comunidad autónoma de todo el Estado español que no tiene vigente
el estatuto que votaron los catalanes y catalanas y que se pactó también
en esta Cámara. En Cataluña hay cuatrocientos procesos judiciales
abiertos -que se dice pronto- por el tema de la soberanía, y doscientos
sesenta de esos procesos judiciales afectan a ayuntamientos; tenemos a la
Mesa del Parlament de Catalunya imputada, y tenemos treinta y dos leyes
del Parlament de Catalunya bloqueadas por el Tribunal Constitucional. Por
cierto, esta es una práctica que ahora están llevando ustedes aquí,
porque ahora mismo ya tenemos treinta y siete leyes bloqueadas, vetadas
por el Gobierno español para que no puedan ser tratadas en esta cámara.
Parece que ahí donde el Partido Popular no tiene mayorías claras es
absolutamente incapaz de llegar a consensos, y entonces bloquea y genera
escenarios de excepcionalidad.
Ante todos estos bloqueos, que ya teníamos, y ante esta situación de
excepcionalidad, que ya teníamos, se presentan ustedes el 29 de junio y
nos vienen a decir que podemos tener una nueva situación de
excepcionalidad con la amenaza de la suspensión del FLA. Y esa medida es
absolutamente injusta, porque usted dice defender los intereses del
conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Bueno, usted cogió al conjunto de
la ciudadanía de Cataluña y dijo: Va a pagar o puede pagar por la
actuación de los representantes políticos. Este es el mensaje que usted
envió. Es además una medida que nos retrotrae a
un escenario que muestra claramente cuál es su posición en estos momentos
en el debate político catalán como Gobierno, que es un escenario de
guerra. Es decir, si no hacen esto, si no hacen lo otro, les suspendemos
esto o lo otro, más allá incluso de lo que están dictando los tribunales
o de lo que está dictando el Tribunal Constitucional. Además, creo que es
una medida profundamente estúpida, porque si ustedes hubieran suspendido
efectivamente el FLA, o creen que pueden hacer eso para no afrontar el
debate político o la generación de espacios de consenso, no es sostenible
que una quiebra financiera de la Generalitat de Catalunya no afecte al
conjunto de España, al conjunto del Estado. Por tanto, esto no tiene nada
que ver con la efectividad técnica. Fue una irresponsabilidad política lo
que ustedes hicieron y lo que ustedes comunicaron.
Esto tiene su origen -y usted lo ha explicado perfectamente- en la ley
Montoro de 2012, conocida por su nombre, y efectivamente tiene usted
razón, porque Convergència i Unió les votó, y eso, en todo caso, ya lo
explicarán los representantes de Convergència i Unió. Pero esa ley
muestra claramente cómo la gestión de la crisis se hizo a partir de la
pulsión de recentralización en el Estado, y eso es evidente en el reparto
constante e injusto del déficit entre comunidades autónomas y Estado
central, cuando las comunidades autónomas han sufrido la parte mayor de
ese recorte de déficit presupuestario, que era una medida que no solo
afectaba a la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y a
la capacidad del Gobierno de Cataluña, sino que afectaba básicamente a
nuestros derechos sociales, porque llevando la mayoría de los recortes
hacia las comunidades autónomas y quedándose la parte más ligera el
Estado central, los recortes se aplicaban sobre las políticas que ejercen
básicamente las comunidades autónomas.
Además, si ustedes estaban tan preocupados por la sostenibilidad
financiera -hicieron el FLA, evidentemente-, ¿por qué no se empezaron a
discutir, tal como estaba establecido, los nuevos modelos de financiación
autonómica desde 2014, que es cuando se tenían que haber empezado a
discutir? Si tan preocupados estaban ustedes por la sostenibilidad
financiera del conjunto del sistema y de las comunidades autónomas, ¿por
qué no plantearon ese debate no en términos coercitivos, como ha dicho
usted, de medidas coercitivas, de la ley que plantea medidas coercitivas,
sino de colaboración institucional? Ustedes pueden denunciar la falta de
lealtad institucional de la Generalitat, pero con estas medidas están
cometiendo también una falta de lealtad institucional con la Generalitat.
Y cuando pretenden decir que con ello representan los intereses de los
ciudadanos catalanes, siento decirles que con estas medidas no
representan al conjunto de los intereses de la ciudadanía de Cataluña.
De hecho, lo que están poniendo en crisis con su actuación, por un lado,
es la posibilidad de cualquier diálogo entre las instituciones catalanas
y el Gobierno central, y, por otro lado, la misma esencia del Estado de
las autonomías. Usted ya fue reprobado, es un ministro reprobado por el
tema de la amnistía fiscal y tiene algunos antecedentes. También amenazó
-me acuerdo- hace años a los artistas con sacarles posibles declaraciones
de Hacienda. Lo que le digo es que la principal irresponsabilidad y el
peligro para la sostenibilidad financiera son actuaciones irresponsables
como las que han hecho y las que hicieron ustedes el 21 de julio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domènech. En nombre del Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Postius Terrado.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, gracias también por sus explicaciones. Sin embargo, con lo
que nos ha dicho constatamos, una vez más, que el Gobierno del Estado
continúa no siendo consciente absolutamente de nada de lo que está
sucediendo en Cataluña. Y lo cierto es que su ceguera política les lleva
a hacer un diagnóstico completamente equivocado de la situación actual,
con lo cual, por mucho que tomen medidas como la que nos ha explicado,
nada va a impedir que el próximo día 1 de octubre los catalanes votemos.
De hecho, este control semanal de las cuentas de la Generalitat que su
ministerio nos ha impuesto, lejos de atemorizar al Govern de la
Generalitat de Catalunya o de condicionar su determinación con el
referéndum, lo que ha conseguido es visualizar una vez más que votar
nuestro futuro en un referéndum es más necesario que nunca. Y es que
medidas como esta dejan claro que el Estado y el Gobierno hace tiempo que
han desconectado de Cataluña y de los catalanes, y que nos tratan ahora
como si fuéramos incapaces de gestionar nuestros propios recursos.
Quizás usted y su Gobierno piensen que la política del miedo va a socavar
la determinación total y absoluta de poner las urnas el próximo día 1 de
octubre en Cataluña, pero les advierto que van muy
equivocados, van muy equivocados. Y les traigo malas noticias por si no se
han dado cuenta: el próximo día 1 de octubre los catalanes y las
catalanas votaremos si queremos continuar formando parte de un Estado que
nos amenaza constantemente si no nos portamos de acuerdo con sus
pretensiones, o si optamos por constituir un Estado propio, un Estado
independiente. Sinceramente, hoy yo les tengo que dar las gracias a usted
y al Gobierno, porque a pesar de no haber querido negociar un referéndum
acordado para Cataluña, medidas como esta, y otras que seguramente van a
tomar, consiguen hacer más amplio el consenso a favor del referéndum de
autodeterminación en Cataluña y estimular cada vez a más catalanes para
que tengan claro que el único camino posible para un futuro mejor es la
independencia.
Su ceguera e incapacidad para aceptar una vía acordada para fijar las
condiciones del referéndum les ha llevado a adoptar una medida que
amenaza con colapsar los servicios públicos esenciales en Cataluña. Hoy
nos ha dicho, en cierto modo, que si no pasamos por el aro nos van a
cerrar el grifo. Una amenaza que, por cierto, no solo supone un posible
castigo para los independentistas, sino que también tiene consecuencias
para aquellos que desean que se mantenga el statu quo actual. A la vez,
intentan hacernos creer que sin el Estado, Cataluña no podría sustentarse
económicamente por ella misma, algo que nuevamente es rotundamente falso.
Conviene recordar que el FLA no es ningún regalo que el Estado nos
concede graciosamente, es un préstamo retribuido que se financia también
con buena parte de los más de 18 000 millones de euros de déficit fiscal
anual que sufrimos los catalanes; 18 000 millones de euros de los
impuestos que se van de Cataluña y no vuelven. Eso sí, posteriormente nos
prestan parte de nuestros propios recursos cobrándonos intereses, y para
colmo ahora nos amenazan con cortar nuestros propios fondos si resulta
que queremos hacer algo tan grave y tan demoníaco como es votar.
Sinceramente, ¿creen ustedes que con medidas como esta van a impedir que
el próximo día 1 de octubre los catalanes votemos? ¿Es esta su carta de
presentación o su campaña para defender mejor juntos que separados? Creo
sinceramente que no. En este sentido, insisto, estas medidas suponen una
nueva agresión contra los servicios públicos en Cataluña, y también
contra todos los catalanes, inclusive aquellos que les votan a ustedes.
Vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a renunciar
al uso de las urnas supone un nuevo despropósito del Estado hacia
Cataluña.
Conviene recordar también que el referéndum cuenta con el apoyo explícito
de la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya y del 80 % de la
población, según los estudios demoscópicos. Quizás al Gobierno le parezca
que cumplir con los compromisos electorales que llevaron a Junts pel Sí a
tener una mayoría en Cataluña esté mal. Nosotros, por el contrario,
creemos que cumplir el mandato de las urnas, no es tan solo nuestro
deber, sino también nuestra obligación. Las urnas siempre son la
solución, no son el problema. Por eso el día 1 de octubre van a volver a
hablar con toda claridad. Sin embargo, ustedes erre que erre con su
política y su postura intransigente. De hecho, en la propia orden
publicada en el BOE dicen textualmente que estas medidas se aplicarán
hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña. Es
decir, consideran que algo tan básico y tan elemental como es votar en un
referéndum en Cataluña es una situación de riesgo general. En cierto modo
ven el referéndum como una afrenta al Estado y la voluntad de
emancipación como algo que hay que combatir por todos los medios
posibles. Todo eso solo demuestra una cosa: que ustedes tienen miedo a lo
que pueda suceder el día 1 de octubre, que el Estado tiene miedo de un
arma tan poderosa como es la democracia, que tiene miedo de lo que
libremente puedan decidir los catalanes, que tiene miedo de las urnas y
de las papeletas, que tiene miedo a que centenares de miles de catalanes
y catalanas voten; en definitiva, que el Estado tiene miedo a que las
urnas sean la solución. Tienen mucho miedo porque saben que una mayoría
de catalanes ha desconectado del Estado y quiere la independencia para
nuestra nación. Tienen miedo, en síntesis, de perder, y por ese motivo no
quieren jugar este partido, pero en el fondo no se dan cuenta de que con
medidas de estas características ustedes ya han perdido en Cataluña. No
olviden que por muchas amenazas, que por muchas medidas coercitivas que
tomen, que por muchas gesticulaciones que hagan, la determinación y el
compromiso del presidente Puigdemont, del Govern, del Parlament de
Catalunya y de una mayoría social en Cataluña con el referéndum es total
y absoluta hasta las últimas consecuencias. Y por este motivo nosotros
vamos a votar.
Hoy lo volvemos a decir: aún están a tiempo de sentarse a negociar. Dejen
de lado la política del miedo, dejen de lado el orgullo y su ceguera
política con Cataluña y compórtense como un Estado democrático, serio,
que afronta los problemas políticos desde la política y no, por ejemplo,
desde el uso partidista de la justicia o, peor aún, desde la política
económica con las medidas que hoy nos ha explicado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre de Esquerra Republicana
tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Bon dia, senyores y senyors diputats. Señor ministro, gracias de nuevo por
venir. Usted es un ministro al que no le duelen prendas en comparecer
ante la Cámara; es bueno reconocérselo y siempre se lo he reconocido.
Le haré dos consideraciones previas antes de entrar en materia. La primera
es que usted se preguntaba que cómo lo haríamos. Yo le contesto con un
refrán catalán: Els catalans de les pedres en fem pans. O sea, que usted
hágase sus componendas y verá que seguro que nosotros sabemos cómo hacer
el referéndum. Segunda consideración. Hable con el ministro De Guindos,
porque entre él y usted existe una disfunción. El 25 de julio él
compareció en la Comisión de Economía, y a preguntas de esta diputada
terminó diciendo que el proceso de independencia -lo que nosotros
llamamos el proceso de independencia- no afecta a la economía, en
especial a la catalana, que le va muy bien, ni a la economía española en
su conjunto, porque él ya sabe que es recíproco, es decir, que si usted
habla mal de Cataluña, esto afecta a la economía española en general, si
se habla mal de la española afecta a la economía catalana en particular.
Estas son las dos consideraciones que quería hacer antes de entrar en
materia.
Y hablamos de lo que nos incumbe, que son las amenazas vertidas. Unas
tuvieron consecuencias en modo de medidas concretas de certificaciones
que deben ser emitidas, que no son otra cosa que burocratizar más la ya
burocratizada Administración española. También está la amenaza del
portavoz del Gobierno, el señor Méndez de Vigo -yo la atribuyo a los
avatares de finales de junio, mucho calor en Madrid-, que termina
diciendo que se va a retirar el FLA, que es lo mismo que provocar una
suspensión de pagos en España.
Voy a hacer unas consideraciones en relación con el FLA, porque hablando
de cosas que igual no es de lo que deberíamos hablar nos olvidamos
realmente de lo que es y de las medidas extraordinarias del FLA que se
proponen. Estas elucubraciones alrededor del FLA hacen que se termine no
sabiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de él. El FLA se creó en
2012, como usted decía, y sus recursos siempre -siempre, ministro, y si
no, rectifíqueme- han sido supervisados y administrados por el Estado
español. La Generalitat, el Govern de Catalunya, nunca ha ingresado
directamente dinero procedente del FLA, ya que tanto el dinero por
vencimientos de la deuda como el destinado a proveedores se pagan desde
el Gobierno español. Esto es así, ministro. Recordemos qué se paga con el
FLA: básicamente, vencimiento de deuda. Los vencimientos actualmente
absorben el 80 %, del FLA, y en su mayor parte son de años precedentes.
De cada diez euros del FLA, casi siete se destinan a vencimientos que son
para refinanciar el FLA anterior. En el caso de los vencimientos -lo digo
para explicar la mecánica y que se entienda, porque la Generalitat no
hace otra cosa; ustedes le han obligado a hacer más cosas, pero ya las
hacía-, ¿qué hace la Generalitat, qué hace el Departamento de Economía?
Traslada al Gobierno español el calendario de vencimientos del año
siguiente para que se puedan hacer los pagos de forma ordenada. En el
caso de las facturas mensuales, a mediados de mes el departamento de
Economía remite a Hacienda la relación de las facturas que deberán ser
pagadas aquel mes con los recursos del FLA. El Gobierno español revisa el
listado, si se me permite decirlo, hace de puntero, y después realiza el
pago, o hace de contable y luego autoriza el pago. Para empezar, vemos
que no tiene ningún sentido que el Gobierno español quiera suspender el
FLA, porque el gran perjudicado en una eventual suspensión del FLA sería
el mismo Gobierno español -rectifíqueme si no es así, ministro-, ya que
el grueso de los recursos anuales que solicita la Generalitat al FLA
sirven para el vencimiento de los FLA anteriores.
Segundo aspecto. Conviene saber qué se paga con el FLA: los proveedores.
Actualmente esta es una parte muy pequeña del FLA, ya que el dinero que
se destina a proveedores es el equivalente al objetivo de déficit que se
asigna a las comunidades autónomas para el año vigente, en 2017 para
Cataluña el 0,6 % del PIB, que representa 1300 millones de euros, y la
desviación del déficit del año anterior. Es verdad que antes el tramo de
proveedores era mayor -usted lo ha relatado, lo ha recordado y cada vez
que puede lo hace-, pero en la medida en que la Generalitat ha conseguido
cuadrar sus cuentas, esto que también dice usted que hacemos, que hemos
hecho bien, sanear las finanzas y reducir el déficit, la dependencia del
FLA es menor. Por tanto, la inmensa mayoría de los proveedores del Govern
de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya ya no tiene que sufrir
porque el Estado decida suspender el FLA, puesto que con su tesorería
actual la Generalitat podría o puede hacer frente a los pagos.
La pregunta, y por tanto el cuestionamiento que le hacemos y que hacemos
al Gobierno del Reino de España, es por qué hacen este anuncio de
suspensión del FLA, porque esto no es inocuo. Usted ya se ha despachado a
gusto, que si el referéndum, que si el proceso de independencia,
etcétera, y, por tanto, usted mismo se ha delatado, se han delatado. Lo
que ustedes pretendían no era otra cosa que generar incertidumbre entre
los proveedores que reciben dinero del FLA, entre los cuales se
encuentran, voy a recordarlo, farmacias, residencias, hospitales
concertados, es decir, servicios públicos, ministro, hospitales
concertados, servicios públicos. Me permitirá que le diga que esto lo
hace la mala gente. No digo que usted sea mala persona, que sabe que le
tengo mucho aprecio personal, lo que digo es que estas cosas de amenazar
las hace la mala gente. Con esto no perjudica al Govern de Catalunya, se
perjudican ustedes, porque, en definitiva -utilizaré otro refrán
catalán-, en Cataluña La gent no portem llana al clatell, que es lo mismo
que decir que ni somos crédulos ni nos lo creemos todo, que no nos
dejamos engañar. Por tanto, es absurdo que tengan que certificar
organismos dependientes de la Generalitat, como puede ser el banco de
sangre, el Banc de Sang i Teixits, o el instituto oncológico, porque
estos no realizan gastos destinados al referéndum, como usted decía.
Además -lo he dicho al inicio de la intervención-, la nueva obligación de
emitir certificaciones mensuales de gastos firmados por cada uno de los
consellers y conselleres del Govern de Catalunya, más el vicepresidente,
que además es el conseller de Economía, representa más cargas
administrativas, es sumar más a las que ya existen, porque tenemos la
información técnica que debe remitirse al ministerio de forma
prácticamente mensual, ejecución presupuestaria mensual, plan de ajuste,
plan económico y financiero, relación de facturas del FLA, etcétera. Esto
es burocratizar, en una administración, la española, altamente
burocratizada. Por tanto, no me digan ustedes que son eficaces y
eficientes.
Añadiré unas cositas más, porque claro, parece que nos olvidamos del mundo
en el que vivimos. Si gestionásemos nuestros recursos propios Cataluña no
dependería del FLA. Esto tampoco lo va a poder cuestionar. Además, el
efecto colateral que ha tenido para Cataluña la dependencia del FLA han
sido más de 2000 millones de euros en intereses, ministro. Ha habido que
pagar, 2000 millones de euros.
Por tanto, si el Gobierno del Estado español hubiese tenido lealtad
institucional para con Cataluña, hubiese cumplido con el modelo de
financiación, y no me recuerde que fuimos nosotros los que lo pactamos
con el Partido Socialista Obrero Español, porque eso ya lo sabemos y esta
cantinela me la ha repetido hasta la saciedad. En todo caso, le contesto:
El Estado incumplió desde el minuto cero el pacto de financiación con
Cataluña. PSOE, PP, da lo mismo, en esto van de colegas. Se incumplió
desde el minuto cero. Lo han incumplido y continúan incumpliéndolo.
En cuanto a las medidas adicionales a las que se refería usted en relación
con que no se destine ni un céntimo de euro para pagar el referéndum,
esos 6150 euros, la partida de 6150 euros de la que ustedes dijeron:
hombre, ya hemos encontrado la partida del referéndum, era dinero gastado
para partidas de procesos electorales, que ya saben que se han destinado
al mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Parlament de
Catalunya; mantenimiento de las aplicaciones informáticas, como en todos
los parlamentos autonómicos, como en este caso el ministerio pertinente
del Gobierno de España para tener el sistema a punto si hay convocatorias
electorales.
Señor ministro, usted sabe que con el FLA no se puede financiar ningún
gasto que Hacienda no haya reconocido previamente -si me permite la
expresión, esto es ya de cajón-, por lo que no tiene ningún sentido que
la Generalitat pretenda financiar el proceso, y, por tanto, el
referéndum, con el FLA. Le repetiré el refrán: Els catalans de les pedres
en fem pans, y usted tómeselo como mejor le parezca. Por tanto,
innecesario mayor control. Pero si a ustedes les parece que controlar y
emitir este mensaje les da más fuerza, adelante, porque le diré aquello
que le he dicho tantas veces y le repetiré hasta el último día que
estemos aquí sentados: usted es un gran ministro a favor del sí; le doy
las gracias, porque cada día que usted interviene tenemos un voto más a
favor del sí.
Y le diré -y termino ya con esto- que, pese a sus pataletas, a las
amenazas, como también ya le han dicho, el día 1 de octubre, les guste o
no les guste, vamos a votar. Y votando que sí -y además yo trabajo para
que gane este sí y trabajaré incansablemente todas las horas del día,
hace mucho tiempo que lo hago y lo continuaré haciendo- estamos diciendo
que no a sus políticas, a todas, incluidas las amenazas que han ido
vertiendo durante todo este tiempo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Vasco agradecemos su
comparecencia hoy en esta Comisión para dar cuenta de este tema tan
importante.
Me gustaría poner de relieve el contexto en el que se fraguaron los
mecanismos de facilidad financiera para apoyar al conjunto de comunidades
autónomas en un momento en que la crisis económica a partir de 2008
provocó importantes desajustes presupuestarios por la caída de ingresos y
también por la dinámica expansiva de los gastos, lo que dio lugar a
necesidades importantes de financiación de algunas comunidades autónomas
para hacer frente a sus distintos compromisos y deudas con el sector
financiero y proveedores o simplemente para garantizar la provisión de
servicios, necesidades difíciles de solventar en un contexto en el que el
acceso al crédito era restrictivo. Me gustaría recordar también que el
FLA es un instrumento de carácter temporal y voluntario cuyo principal
objetivo es aliviar las necesidades de financiación de las comunidades
autónomas, permitiendo atender los vencimientos de deuda y la obtención
de recursos necesarios para financiar el endeudamiento permitido por la
normativa de estabilidad presupuestaria, y que quien se ha acogido al
mismo conoce que es un mecanismo de seguimiento y de control mediante los
planes de ajuste, que son revisados y modificados por su ministerio. En
definitiva, el objetivo de la financiación de las comunidades autónomas
está instrumentado mediante un mecanismo similar al que utiliza la Unión
Europea para realizar el seguimiento de los planes de rescate o los
pactos de estabilidad y crecimiento manejados desde su ministerio.
Las comunidades autónomas participantes están sujetas, por tanto, a
condicionamientos financieros y fiscales, entre los que figura la
obligación de presentar un plan de ajuste presupuestario, como usted bien
ha dicho, que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública, así como el reembolso de las cantidades
aportadas por el mecanismo, la remisión de un plan de tesorería y detalle
de las operaciones de deuda viva y también el envío de información
presupuestaria que requiera el ministerio para el seguimiento del plan de
ajuste, por lo que la intervención es un hecho de facto. No hay que
olvidar que se trata de un sistema de acceso condicionado a la
financiación por parte de las comunidades autónomas, cuyas garantías
residen en el propio modelo de financiación y que este mecanismo fue
aprobado por la mayoría en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Como he dicho, se trata de un mecanismo temporal que parece
que persistirá en el tiempo y que, desde luego, desde nuestro punto de
vista, lo que hace es contribuir incluso a una pérdida de autonomía y,
por tanto, también de corresponsabilidad para las comunidades autónomas,
ya que en la medida en que estas sean dependientes del FLA se verán
obligadas a más condicionamientos fiscales y financieros en su toma de
decisiones, reduciéndose su margen de autonomía. El dinero llega, pero es
Madrid el que decide qué hace con él.
Dicho todo esto y siendo conscientes todos y todas de lo que supone el FLA
para las comunidades autónomas que dependen del mismo y que todas ellas
están sometidas a las mismas medidas de seguimiento, cabe mencionar que
en estos momentos se está estableciendo de manera excepcional y puntual
una serie de medidas adicionales de supervisión y control más exhaustivas
para Cataluña que para otras comunidades autónomas que también se han
adherido a estos mecanismos, medidas tendentes no sabemos si incluso a
generar algo de miedo entre los funcionarios, que son quienes deben dar
fe de la corrección del gasto público y que están amenazados penalmente
si lo incumplen; medidas adicionales que entendemos que no están basadas
solamente en criterios económicos, sino también políticos, reforzados
además por la existencia de una falta de confianza institucional entre la
Generalitat y el Estado.
Desde luego, no creemos que este tipo de medidas contribuyan para nada a
mejorar la situación de conflicto entre el Estado y la Generalitat. Más
bien, lo contrario y, desde luego, creemos que es el momento del diálogo
entre diferentes, el momento del consenso y la voluntad para llegar a una
solución política al conflicto catalán, sin necesidad de obstáculos que
lo único que hacen es reforzar o aumentar la crispación y el
enfrentamiento, contribuyendo, por tanto, a lanzar un mensaje de
inestabilidad política, económica y financiera no solo de manera interna,
sino también a Europa y a la comunidad internacional. Y es que además el
clima de desentendimiento entre el Gobierno español y el catalán se ha
convertido en un factor que presiona al mercado de deuda, y no hay que
olvidar que, de acordarse una suspensión del FLA y no poder acudir
Cataluña al mercado de capitales, los impagos en los que incurriese la
Generalitat afectarían al Estado, porque es el último responsable, es el
tenedor de la deuda catalana y es además quien recauda los impuestos que
se pagan.
Entendemos que no se debería utilizar el Fondo de Liquidez Autonómica como
un condicionamiento político ante lo que realice el Gobierno catalán,
además porque este mecanismo de financiación es
necesario para Cataluña igual que lo es para el resto de las comunidades
autónomas y porque el Tribunal Constitucional ha suspendido las partidas
de presupuestos destinadas al referéndum, al tiempo que las cantidades
del FLA las paga el Gobierno a los proveedores y atiende los vencimientos
de pago. Además, el Gobierno siempre ha mantenido la filosofía de no
perjudicar a los ciudadanos catalanes por los incumplimientos de las
personas que gobiernan. Sin embargo, es evidente que con una decisión así
se verían afectados por ese tipo de medidas, que perjudicarían por igual
a los catalanes independentistas y a los que no lo son.
Sinceramente, ¿ustedes creen que este tipo de medidas va a solucionar la
situación de Cataluña y que no se va a realizar el referéndum? ¿Qué ha
cambiado para que se plantee la adopción de medidas adicionales? ¿Por qué
se refuerzan estas medidas? ¿Ha cometido la Generalitat alguna infracción
en la utilización del FLA que haga necesario este nuevo planteamiento,
que como usted ha dicho, parece que no? ¿Qué datos económicos hay nuevos
o existen que ponen en riesgo la estabilidad económica y financiera? ¿Por
qué un referéndum pone en peligro la estabilidad financiera, que no
estamos hablando de una declaración unilateral de independencia?
Por todo ello, volvemos a reivindicar que creemos que es el momento del
consenso y del diálogo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De
la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, y muchas gracias, señor Montoro, por comparecer
para explicar una cuestión grave e importante.
Con carácter previo, me gustaría decir algo que no he oído aquí
explícitamente pero que es lo primero que considera el programa para la
aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico, y es que se trata de un
mecanismo voluntario y de carácter temporal. Y lo que no parece razonable
es que las comunidades autónomas que no se pueden financiar en el mercado
digan que aceptan las condiciones del acreedor y luego tengamos algunos
de los discursos que hemos escuchado aquí. El FLA, al fin y al cabo, no
debería existir, y si no hubiésemos pasado todos los españoles una crisis
de esta gravedad no existiría, pero no deja de ser la manifestación de la
solidaridad de todos los españoles, que con sus impuestos permiten la
financiación de servicios esenciales en toda España. Y la comunidad
autónoma que más dinero percibe del FLA -usted ha dado algunos datos-
evidentemente es Cataluña, que se va a llevar, en principio, el 30 % de
estos fondos, por un importe de 3598 millones de euros, que son
necesarios e imprescindibles para que haya estabilidad financiera también
en Cataluña y pueda atender los vencimientos y financiar los servicios
públicos.
Tampoco está de más recordar que buena parte de la responsabilidad de que
esta situación sea así es del propio Gobierno catalán, que incluso ahora
mismo, en el periodo entre enero y mayo, ha tenido el mayor déficit
público de todas las comunidades autónomas, por un importe de 1259
millones de euros, y, evidentemente, el dinero de los impuestos de todos
los españoles no debería financiar proyectos declarados ilegales, como es
el supuesto referéndum independentista. En este tema me gustaría traer a
colación las declaraciones del anterior portavoz de Esquerra Republicana
en el Senado, el señor Vidal, que decía que había 400 millones de euros
de un fondo de reptiles para financiar el procés y el referéndum. En esas
declaraciones admitía, porque era contrario a la Ley de protección de
datos, que la Generalitat había cometido delitos con respecto al tema del
censo para el famoso referéndum separatista. Y tengamos en cuenta una
cuestión importante, y es que esto ha pasado desapercibido, pero en el
bodrio de proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de
la república una de las cuestiones que sorprendentemente sí se acuerdan
de establecer los grupos que presentaron esto, es decir, Junts pel Sí, la
antigua Convergència, Esquerra y la CUP, fue precisamente garantizar que
respecto a los datos para el referéndum no había responsabilidad alguna
por parte de la Generalitat de Catalunya, además de, por supuesto,
intentar concederse una autoamnistía por los correspondientes delitos. En
este sentido, creemos que es razonable que el dinero de los impuestos de
todos los españoles no se emplee en referéndums ilegales, sino que se
financien los servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación,
los servicios sociales. Y, evidentemente, los que ponen en peligro en su
caso esos servicios públicos son sus gestores y la lamentable gestión de
la Generalitat, aunque, eso sí, hay que reconocer que ha mejorado en
estos años, desde el punto de vista económico.
Sin embargo, a nuestro grupo no termina de dejar tranquilo su
intervención, en primer término, porque, según estas declaraciones del
señor Vidal y con respecto a esos 400 millones de euros, lo que se emplea
en este tipo de procedimientos ilegales no se utiliza en pagar servicios
públicos. En segundo término, el 9 de noviembre de 2015 hubo una consulta
que también estaba prohibida y en la que se emplearon fondos públicos. De
hecho, hay un juicio de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, y se
empleó dinero y se les está exigiendo a los responsables que lo
devuelvan. Y nos parece que la vía correcta no es el castigo
indiscriminado a todos los ciudadanos, sino que se haga responder;
primero, la prevención, que el dinero no se destine para eso, y, en
segundo lugar, el hecho de que respondan por sus actos los responsables
de las decisiones ilegales como única forma de garantizar que el dinero
va donde tiene que ir, que es a financiar los servicios públicos.
Y no me deja tranquilo porque, claro, si la garantía de que el dinero de
los impuestos de los españoles no se emplea en el referéndum ilegal es un
certificado firmado por Oriol Junqueras -a lo mejor me pasa porque soy
inspector de Hacienda-, para mí no es una garantía absoluta de que el
dinero no se está empleando en eso. En este sentido, nosotros creemos que
en estas circunstancias el control tiene que ser reforzado. Y la pregunta
que le hago es por qué no hay una misión de control de la Intervención
General del Estado, como establece el artículo 49 del Decreto Ley
17/2014. Para controlar efectivamente el dinero, como sabemos algunos de
los que nos hemos dedicado al control financiero, y, sobre todo, si se
quiere que sea con carácter inmediato, a lo mejor es que hay que
establecerse allí, y no conformarse con los certificados que envían
políticos nacionalistas comprometidos con el referéndum.
Por tanto, creemos que hay que intensificar el control, que el dinero de
los impuestos de los españoles no debe ir nunca a financiar actividades
ilegales y que los dirigentes que destinan fondos públicos a actividades
que no solamente no están previstas en las normas sino que incluso son
directamente ilegales presuntamente estarían cometiendo delitos muy
graves, fundamentalmente el de malversación de caudales públicos, e
instamos a que el Gobierno tome medidas para que se les exijan estas
responsabilidades, porque están poniendo en peligro no solamente el
cumplimiento de la legalidad, sino la estabilidad financiera también.
Por último, con referencia a que Cataluña pueda no cumplir las actividades
previstas que no están dentro del plan de ajuste, le voy a hacer una
pregunta: ¿Eso incluye las medidas coercitivas y las medidas de
cumplimiento forzoso contempladas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Montoro, gracias por su comparecencia, aunque desde el Grupo
Parlamentario Socialista todavía nos sigue pareciendo incomprensible que
después de las medidas adoptadas el 21 de julio en la Comisión Delegada y
de la nota de prensa y la justificación de tales medidas esta
comparecencia no se esté produciendo a petición propia y de manera
inmediata y que estemos a 31 de agosto y haya tenido que pasar por una
Diputación Permanente para contar con su presencia hoy aquí.
Usted ha hablado de las obligaciones y de los compromisos de la
Generalitat, que además nos ha dicho que cumple con ellos. Celebro que
cumpla con algunos compromisos y obligaciones; le aseguro que con
muchísimas obligaciones y compromisos con los catalanes y las catalanas
no cumple ese Gobierno. Pero no estamos aquí para hablar de los
compromisos y las obligaciones de la Generalitat, sino de las de su
Gobierno, las de usted, que también tiene obligaciones y compromisos.
El actual sistema de financiación autonómica, porque de eso es de lo que
estamos hablando en el fondo, entró en vigor en 2009 y debería haber sido
objeto de revisión en 2014 -lo sabemos todos, todos hemos leído la
Lofca-. Precisamente en función de los resultados del lustro anterior,
entre los años 2009 y 2013, y en aplicación del principio de lealtad
constitucional establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, esta revisión se hace imprescindible para
reajustar precisamente los desajustes que haya de ingresos y gastos y
para que, por tanto, las comunidades autónomas puedan seguir cumpliendo
con sus obligaciones, que es precisamente garantizar servicios públicos
básicos a sus ciudadanos. El Gobierno de España, en cambio, decidió
mantener el sistema de financiación. De facto, hizo suyo ese modelo de
financiación, ese modelo de 2009, porque ha aplazado su revisión sine
die. De hecho, el presidente del Gobierno ya anunció hace un tiempo que
en 2017 tampoco se iba a acometer esa revisión, esa nueva negociación de
un nuevo modelo de financiación, y, por tanto,
como mínimo hasta 2018 la reforma seguirá pendiente. Es decir, un nuevo
sistema que podría estar en vigor desde 2014 va a estar un lustro más sin
revisión. El Gobierno del señor Rajoy, su Gobierno, señor ministro, ha
tenido recursos para rescatar autopistas de peaje, rebajar impuestos a
grandes empresas y rentas altas, aumentar el gasto de defensa y hacer
muchísimas otras cosas, pero no ha tenido tiempo ni dinero para
proporcionar precisamente los recursos a las comunidades a través del
sistema de financiación, es decir, recursos que van destinados
principalmente, por la distribución de competencias que tenemos en
nuestro modelo constitucional, a educación, sanidad y servicios sociales.
El sistema de financiación autonómica no es otra cosa que la participación
constitucional de los Gobiernos autonómicos en los ingresos del Estado,
teniendo en cuenta que ellas mismas, las comunidades autónomas, son
Estado, para poder ejercer así sus competencias, sin condiciones y con
plena autonomía política y financiera para decidir sobre ellos. Así es
como lo establece la Constitución española; entiendo que no encaja con su
modelo de organización territorial, pero así es como se establece en la
Constitución española. La concepción que tiene precisamente este Gobierno
y el Partido Popular, el Gobierno que usted representa hoy aquí, y el
desprecio, en el fondo, al Estado autonómico les ha llevado precisamente
a buscar fórmulas para recortar la autonomía política y financiera de las
comunidades autónomas, aprovechándose para recortar también así servicios
públicos y el Estado de bienestar que están gestionando esas comunidades
autónomas. Y en buena medida eso también responde a una concepción
ideológica que tienen y a un modelo de sociedad que ustedes propugnan. Lo
hacen primero con la Ley de estabilidad presupuestaria, a la que el Grupo
Parlamentario Socialista se opone y que, como usted mismo ha recordado,
Convergència vota a favor, y lo hace después acordando el FLA con el
Govern de la Generalitat, y aquí ya se incluyen otras fuerzas políticas,
que al final admiten el FLA como un buen mecanismo para sustituir esa
carencia de financiación.
Es verdad que la crisis provocó una caída muy notable de los ingresos
autonómicos, tanto por la rebaja de la participación en los tributos
compartidos como por la caída de la recaudación de los impuestos propios.
Esta caída de los ingresos ante unos gastos concentrados fundamentalmente
en sanidad y educación, que como todos sabemos son rígidos a la baja, es
decir, no hay margen de maniobra a no ser que nos queramos cargar el
sistema educativo o el sistema sanitario español, alimentó precisamente
el déficit autonómico y disparó el endeudamiento de las comunidades. En
un contexto en el que los mercados financieros estaban padeciendo las
consecuencias de las crisis, a muchas comunidades, si no a todas, -en
realidad, afectó a todas- les resultaba prácticamente imposible
financiarse a tipos de interés razonables. Desde nuestro punto de vista,
el Gobierno de España debería haber actuado de inmediato sobre el sistema
de financiación autonómica, pero en lugar de ello optó por el FLA, por el
Fondo de Liquidez Autonómico, al que los socialistas nos opusimos -como
ya he dicho-, un sistema de préstamos del Estado a las comunidades
autónomas que, a diferencia del sistema de las transferencias del sistema
de financiación, no supone una participación de las autonomías en el
conjunto de los ingresos públicos, sino una cesión de dinero de una
administración a otra, al tiempo que conlleva obligaciones de reembolso y
pago de intereses y está sujeto a las condiciones que un Gobierno, el de
España, pone, impone al resto de Gobiernos autonómicos. De este modo, la
adhesión al FLA se convirtió en una fórmula que permitía al Gobierno de
España recortar la autonomía política y financiera de los Gobiernos
autonómicos -nosotros lo denunciamos así y por eso precisamente nos
opusimos-, supeditando la recepción de los recursos a un catálogo de
condiciones que a la vez perseguía el recorte de gasto en sanidad y
educación, esto es, un programa político de derechas, que es precisamente
lo que responde a su ideología. Lo paradigmático es que otras fuerzas
políticas, otros partidos políticos que dicen no compartir esa concepción
tampoco se opusieron al FLA.
El informe de la comisión de expertos -que se debe haber leído- para la
revisión del modelo de financiación autonómica que salió en el mes julio
de este año critica con toda claridad el hecho de transformar el FLA en
un canal de financiación permanente, cuando en realidad se concibió como
un instrumento provisional -lo ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos-, era provisional. Pero mi pregunta es: ¿Le
parece que algo es provisional si se aprueba en 2012 y en 2017 todavía
está en vigor y sin previsión de que desaparezca? Cinco años de
provisionalidad, teniendo en cuenta que hay un elemento muy fácil para
resolverlo, que es la negociación de un nuevo modelo de financiación,
desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece que no responden a la
provisionalidad para la que fue creado, y así lo afirma precisamente el
informe de expertos emitido recientemente. Además de seguir en vigor el
Fondo de Liquidez Autonómica o su sustituto, los problemas del FLA de
limitación de la autonomía y de afectación a servicios públicos básicos
van a perdurar en el tiempo, y eso también lo
sabemos todos, porque las deudas que las comunidades autónomas han ido
contrayendo con el Estado por este concepto están pendientes de
amortización. Hasta ahora, cuando un plazo vencía, el Gobierno permitía
su conversión en una deuda nuevamente financiada por el Estado a diez
años, lo que conlleva, por tanto, seguir adherido al FLA, sometiéndose a
la condicionalidad establecida en cada momento y viendo limitada la
autonomía política y financiera.
En definitiva, señor Montoro, las comunidades autónomas están atrapadas en
un sistema de financiación que debería ser provisional y que no lo está
siendo y que, de facto, limita la autonomía política de los entes
descentralizados y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos
básicos, todo por no abordar precisamente la negociación de un nuevo
modelo de financiación, que es lo que debía haber hecho, de acuerdo con
las obligaciones que vienen formuladas en la Lofca, en la Ley de
financiación autonómica. Señor Montoro, han creado un mecanismo, el FLA,
que sirve perfectamente a sus intereses partidistas. Lo venden como un
favor, es decir, una medida graciosa que el Gobierno de España da a los
Gobiernos autonómicos; en segundo lugar, consiguen mayor control de las
comunidades autónomas, respondiendo así a la limitación de la autonomía
política que prevé la Constitución; tercero, condiciona las políticas
autonómicas, y, cuatro, ponen en jaque los pilares básicos del Estado de
bienestar: educación, sanidad y servicios sociales.
Y con respecto a Cataluña, a todos estos condicionantes añaden dos
elementos que también les deben parecer la panacea a usted y a su
Gobierno pero que, desde luego, nosotros no podemos compartir, y es que
con este tipo de declaraciones dificultan el futuro diálogo,
absolutamente imprescindible por la situación de excepción que está
viviendo Cataluña y el conjunto de España, y además alimentan -y lo hemos
podido ver en esta comparecencia- el victimismo y la imagen de un Estado
malo, que lo que hace es intentar controlarnos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Termino, señor presidente.
En el fondo, de esto han vivido muchísimos años, de esta dialéctica de
confrontación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat,
que responde muy bien a sus intereses electorales pero muy mal a las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Señor Montoro, no
sé si es que su Gobierno no ha entendido nada o si lo ha entendido muy
bien y prefieren seguir jugando a este juego de suma electoral y de
concentración entre dos dialécticas, pero le aseguro que ustedes están
cayendo en una gran irresponsabilidad, cuando el momento que se está
viviendo en Cataluña es sumamente grave.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero
agradecer la presencia del señor ministro, que, desde luego, no es la
primera vez que viene a dar explicaciones a esta Cámara. Ha venido en
numerosas ocasiones porque el ministro de Hacienda no tiene nada que
ocultar, y mucho menos en un tema como este, en el que se pregunta por
las medidas que se han adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, que simplemente hace cumplir la ley. Como
ministro del Gobierno de España, su primera obligación es hacer cumplir
la ley, una cosa tan normal como hacer cumplir la ley, y por eso lamento
la equidistancia que ha demostrado la señora Meritxell, representante y
portavoz del Grupo Socialista, entre la legalidad y la ilegalidad que
supone la celebración de un referéndum en Cataluña, tenemos que
lamentarlo profundamente.
El otro día hablábamos de la paranoia independentista que llama amenazas y
coacciones al simple cumplimiento de la ley en un Estado de derecho y
hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. El señor
Domènech ha hablado de excepcionalidad. Ninguna excepcionalidad, es toda
la normalidad en un Estado de derecho serio, democrático, maduro y
avanzado, como se supone que es España, cumplir la ley y hacerla cumplir,
es la máxima obligación de un Gobierno. Pero ha hablado incluso de
escenario de guerra, de modo que ya no quiero hablar de paranoia
independentista. Sinceramente, creo que responde a la estrategia
electoral de todos los grupos independentistas aquí representados, que
están ya preparando un escenario de convocatoria de elecciones y quieren
ganarlas con un discurso político que no se corresponde con los hechos
que se están produciendo, según nos ha contado el propio ministro de
Hacienda. De sus palabras, como española que soy, que quiero a Cataluña
-como decía el otro día, aunque sea cántabra, de Cataluña también me
pertenece un pedacito, pequeñito, como nos pertenece a todos los
españoles- me ha tranquilizado mucho saber que la propia Generalitat de
Catalunya está cumpliendo con esos requerimientos de información, que la
propia Generalitat de Catalunya está certificando que no se está
destinando ninguna partida de los presupuestos de la Generalitat a
financiar un referéndum que es ilegal. Por tanto, me ha parecido -y se lo
agradezco- muy tranquilizadora, como española y como cántabra. Y como
Cataluña es España y España es Cataluña, me tranquilizan sus palabras.
Esto lo agradecemos profundamente. Y nada de excepcionalidad, sino total
normalidad, cumplimiento de la ley.
La señora Capella hablaba del FLA, de cómo funciona el FLA, pero quiero
recordarle los bonos patrióticos. Los bonos patrióticos son cinco veces
más caros que los bonos del Gobierno español -por eso no se pueden
ustedes financiar, por eso su sueño independentista es pura ficción,
todos los sabemos- y no cotizan en el mercado, porque las agencias de
calificación no creen en una república independiente que es absolutamente
utópica. Las agencias de calificación trabajan con cifras, con datos y
con realidades. Para las agencias de calificación no existe esa república
utópica, y por eso han calificado la deuda de la Generalitat como bono
basura, y por eso el Gobierno de España ha tenido que poner en marcha
mecanismos de liquidez para asegurar que se presten los servicios
públicos también en Cataluña, como en el resto de España. El Gobierno de
Cataluña no puede pretender ser la comunidad autónoma que más se ha
beneficiado de las medidas extraordinarias de liquidez, como bien decía
el ministro, casi 70 000 millones de euros entre 2012 y 2017, y no querer
rendir cuentas por ello, porque los acontecimientos recientes ponen de
manifiesto la necesidad de fortalecer esos controles.
Como decía el otro día, cuando la Generalitat da una subvención para
arreglar una vivienda, ¿no pide la justificación de a qué se han
destinado esos fondos? Cuando la Generalitat, como Gobierno serio y
responsable que es, da una subvención para arreglar una vivienda pide la
justificación de que esos fondos se han destinado a arreglar esa
vivienda, no a irse de vacaciones, que sería en este caso a destinar
partidas para financiar un referéndum que es ilegal. Por tanto, esos
fondos y esas medidas extraordinarias de liquidez son dinero que
efectivamente procede de la solidaridad de todos los españoles, como
decía el representante de Ciudadanos, y si hay dinero para financiar
servicios públicos, para financiar la sanidad, la educación y los
servicios sociales, ese dinero tiene que ir destinado a eso, a financiar
esos servicios públicos, no a referéndums que son ilegales. Nadie puede
estar por encima de la ley, nadie puede elegir las leyes que puede
cumplir y las que no. Se cumplen todas. Las cumple Cataluña, las cumple
Cantabria y las cumple el resto de España.
¿Qué situación se encontró -lo saben perfectamente- el Partido Popular
cuando llegó al Gobierno de España? Se encontró con una ley orgánica de
financiación que aprobó -se lo quiero recordar a la señora Meritxel- el
Gobierno socialista con los votos favorables de Esquerra Republicana, por
cierto, pero con los votos en contra del Partido Popular, y se encontró
también con una caída tremenda de los ingresos tributarios, porque la
recaudación tributaria caía en picado. España atravesaba la mayor, la
peor crisis económica de su historia. Por tanto, en los años 2012, 2013 o
2014 era impensable abordar una reforma del sistema de financiación. Es
sencillo de entender, porque donde no hay dinero que repartir, no se
puede repartir. No se podía hacer un nuevo sistema basado en una falta de
capacidad recaudatoria que, afortunadamente, como consecuencia del
crecimiento económico, de la creación de empleo está volviendo a
recuperar los niveles que tenía previos a la crisis. Ese era el momento
de plantearse esa reforma. Por cierto, hay un grupo de expertos
trabajando en esa reforma del sistema de financiación que ya han
presentado un informe con sus conclusiones.
¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Dar liquidez a las
administraciones territoriales para garantizar que los ciudadanos no se
viesen afectados en temas tan importantes como la sanidad, la educación o
los servicios sociales. Y aquí entran el FLA, los planes de pago a
proveedores, las líneas ICO y otras medidas extraordinarias de liquidez.
Además, hizo una cosa muy importante, que también el señor ministro ha
mencionado, que fue establecer un marco para garantizar la sostenibilidad
futura de nuestras administraciones públicas, porque todo lo que no
vayamos a financiar hoy lo tendrán que financiar nuestros hijos con más
deuda. Tendremos que equilibrar las cuentas públicas, y por eso se aprobó
una Ley de estabilidad presupuestaria, que lo que hace es garantizar
precisamente la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales.
El discurso victimista, siento decírselo una vez más, de los nacionalistas
catalanes igual les sirve para sus intereses electorales, que es lo que
hoy han intentado vendernos con sus intervenciones, pero tengo que decir
que si los catalanes han podido mantener la sanidad, la educación y los
servicios sociales en los
años de crisis ha sido precisamente gracias a la solidaridad de todos los
españoles y a que la propia Generalitat acudió a esos recursos
extraordinarios de financiación que, por cierto, no son obligatorios, son
recursos voluntarios. El FLA es opcional y el Gobierno de Cataluña se
adhirió porque voluntariamente quiso hacerlo. Los acuerdos hay que
cumplirlos y los planes de ajuste que se acuerdan con el propio Gobierno
de Cataluña -vuelvo a recordar que el FLA es opcional y voluntario- habrá
que cumplirlos si somos un Gobierno serio, democrático y maduro.
Parten ustedes de una mentira, porque están diciendo aquí que el FLA se ha
suspendido. Quiero dejar muy claro que el FLA no se ha suspendido, que el
ministro nos ha tranquilizado mucho a todos los españoles, porque parece
ser que la Generalitat está cumpliendo con esas medidas de control que se
le han impuesto y que ellos han aceptado. Por tanto, sigo diciendo lo
mismo: los servicios públicos catalanes no corren ningún riesgo, y lo ha
dicho nuevamente hoy el ministro. Todo lo contrario, los ciudadanos
catalanes pueden estar tranquilos, porque a pesar de esa actitud
irresponsable de algunos grupos políticos independentistas, el Gobierno
del Partido Popular va a garantizar la prestación de los servicios
públicos en Cataluña y va a garantizar, por encima de todo, el
cumplimiento de la legalidad en España.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo. En una segunda
intervención, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias.
La intención de celebrar hoy esta comparecencia es clara en el sentido de
que se trataba de explicar las medidas de julio, pero más allá de
explicar dichas medidas, que están publicadas, obviamente, en el lugar
donde están difundidas, también era traer ya un primer balance, que es al
que se ha referido con acierto la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. El primer balance que he traído esta mañana dice que puedo
garantizar que la Generalitat de Catalunya no está utilizando un euro de
su presupuesto en la convocatoria del referéndum. Eso no lo podía hacer a
finales de julio porque no teníamos este mecanismo completo; ahora lo
tenemos semanalmente. Ya teníamos ese control, insisto, desde el 15, de
ejecución del total del presupuesto, pero ahora ya lo tenemos
individualizado por departamentos. También puedo decir esta mañana, eso
ya lo explico en términos de interpretación más de política pública, que
los mismos que dicen que van a votar porque van a convocar el referéndum
son los que acreditan semanalmente que no están gastando un euro. Bueno,
esto es una cosa que tendrán que explicar ellos mismos, no lo va a hacer
el Gobierno. Lo dejamos a la explicación pertinente, porque ya he
planteado también que cómo se hace una convocatoria pública sin
presupuesto público. ¿Cómo se hace eso? ¿Van a hacer una cuestación? ¿Van
a hacer una aportación voluntaria? ¿Cómo se hace eso? ¿Es serio hacer una
convocatoria oficial sin presupuesto? Esto es lo que estamos viviendo en
España en este momento. No se puede decir que no es grave que los
responsables políticos de la Generalitat estén convocando un referéndum
ilegal, porque sí es grave. ¿Afecta a la economía? No afecta a la
economía. ¿Por qué no afecta a la economía? Porque no se creen ni que se
va a hacer el referéndum ni que va a haber independencia. Esa es la
conclusión, en definitiva, de estos hechos, es lo que está aconteciendo
en todas partes y también lo que hace que Cataluña, insisto, esté
liderando este crecimiento económico, esta inversión, porque lo que están
haciendo los emprendedores de Cataluña es invertir, crear empleo, y es lo
que están haciendo también los inversores internacionales, invertir en
Cataluña, desde la convicción de que no va a haber ni mucho menos lo que
algunos políticos proclaman desde su lógico entender, porque no es
aceptable en términos legales, de acuerdo con la aplicación de la
Constitución española.
Alguno de ustedes ha hablado de referéndum pactado. ¿Pactado con quién? El
Gobierno no puede pactar lo que no puede pactar, la soberanía nacional.
El Gobierno no puede pactar en modo alguno, ni ustedes tampoco pueden
pactar entre grupos políticos, restar a la soberanía su capacidad de
decisión. Esta Cámara no lo puede hacer. Nosotros estamos en esta Cámara
como delegados de esa soberanía popular que siempre radica en el pueblo,
en la sociedad española, en los españoles, en el conjunto de los
españoles. Por tanto, lo que hay en esta Cámara es una delegación de
soberanía. Ni ustedes como grupos políticos, ni mucho menos el Gobierno,
tienen ningún crédito para pactar un referéndum sobre la división de
España. Vamos, eso no lo puede hacer este Gobierno; no tiene ninguna
intención, pero es que además no lo puede hacer -lo digo para seguridad
de todos- mientras esté vigente esta Constitución. Yo animo también a
otros grupos políticos. Hoy he escuchado estas opiniones, pero la
valoración que yo he venido a traer aquí es que por parte de la
Generalitat de Catalunya no se está aplicando un euro a un referéndum
que, por lo demás, ya ha sido suficientemente declarado ilegal. He
tratado también de explicar
que la Ley de estabilidad habilita no solo un control, sino también una
actuación, como los propios mecanismos de financiación extraordinaria
habilitan unas actuaciones que son las que el Gobierno llevaría adelante
para garantizar la prestación de los servicios públicos; para eso, para
garantizar la legalidad y la prestación de los servicios públicos en
Cataluña. Insisto en la idea y, por tanto, la expreso muy sencilla y muy
directamente; no al contrario, no se trata de ponerlo en valor.
Por lo demás, señor presidente, quedo a disposición de los grupos para que
hablemos en una sesión que consideren oportuna sobre los mecanismos
extraordinarios de financiación, sobre el FLA. He escuchado muchas
opiniones que valoro, y además me parece muy bien que lo hayan explicado,
porque lo han hecho estupendamente. Han explicado que efectivamente quien
está financiando directamente a los proveedores de esos servicios
públicos es el Gobierno de España. Lo han explicado estupendamente y, por
tanto, no voy a añadir nada más. Y sobre la viabilidad y el futuro, pues
estoy a su entera disposición para llevarlo adelante.
El portavoz de Ciudadanos ha hecho una pregunta, que es lo que yo he
tratado de exponer al final de mi intervención. El Gobierno no va a dudar
en aplicar todos los elementos que tiene en su mano para garantizar que
ni un euro del presupuesto público de la Generalitat se destine a usos
ilegales. El Gobierno está convencido de que los funcionarios de la
Generalitat, que son los que están emitiendo esos certificados, porque
los remite el órgano político superior, pero los certificados provienen
de los funcionarios, están siguiendo ese control de gasto. Por tanto, lo
que hacen es remitir. El órgano superior, en este caso, por ejemplo, el
vicepresidente de la Generalitat, remite a la Intervención de la
Generalitat. Quienes están emitiendo esos certificados son los
funcionarios y estoy seguro de que no van a tener ningún comportamiento
en clave política que lleve adelante una ilegalidad. Con toda seguridad
no va a haber referéndum porque no hay presupuesto. A ver si nos
entendemos. Y luego no va a haber referéndum por otras causas, pero no va
a haber presupuesto.
Por lo demás, valoro todas las explicaciones, todas estas valoraciones del
FLA, del sistema de financiación, pero yo creo que esto debería ser
objeto de otra comparecencia, en otro momento, para lo que estoy a su
disposición, para hablar sobre los caracteres excepcionales. Estoy
también a su disposición para hablar de la importancia de la estabilidad
presupuestaria, de que en España sigan vigentes estas leyes. Hay algunos
que no es que sean una amenaza, sino que suponen una seguridad de que con
ellos lo que va a ocurrir en España es que no va a haber estabilidad
presupuestaria. Eso ya lo sabemos, y por eso decía que a algunos no hay
más que oírles su discurso y su falta de disposición sobre el equilibrio
presupuestario, sobre la estabilidad presupuestaria. Por eso decía que no
es que sean una amenaza, es que son una seguridad.
Estoy seguro de que con algunos de los grupos políticos presentes,
gobiernen donde gobiernen, si no existieran las leyes de estabilidad
presupuestaria realmente estaríamos donde a ustedes les gustaría que
estuviera España. Pero esa España ni tendría crecimiento ni tendría
creación de empleo ni estaría facilitando los servicios públicos
fundamentales del Estado de bienestar. Por eso decía que con ustedes no
es que sea una amenaza, sino que es una seguridad. No hay más que oírles
hablar realmente sobre el valor de esas leyes. ¿Pero qué ocurre? Pues que
no tienen mayoría aquí en esta Cámara para cambiar estas leyes. Las leyes
se cambian, y para eso se constituyen mayorías. Esto no es cuestión de
voluntad de una persona, de un miembro de un Gobierno, estas son leyes
aprobadas por esta Cámara, y mientras esta Cámara tenga esta composición,
las leyes de estabilidad están garantizadas. Esas leyes de estabilidad,
que es en lo que he insistido esta mañana, son las que están facilitando
el crecimiento económico y la creación de empleo. A partir de ahí, como
Gobierno estaremos siempre dispuestos a negociar dentro de la legalidad.
¿Cómo podemos mejorar esas relaciones políticas? Dentro de la legalidad,
dentro de la Constitución Española, dentro del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, que es fundamental en nuestra legalidad, y, por
supuesto, dentro del marco que suponen leyes que algunos de ustedes,
algunos grupos políticos han apoyado la versión anterior; por eso hablaba
de Convergència, y aunque ya no existe Convergència traigo su espíritu
esta mañana a esta Cámara, aunque sea instantáneo. Ustedes estaban de
acuerdo con esta estabilidad presupuestaria y con los controles que se
derivaban de la misma; ustedes estaban de acuerdo con los controles que
se derivaban de esos mecanismos de financiación, porque, además, son los
controles propios de la gobernanza europea, no los estábamos
improvisando, inventándolos, estábamos trasladándolos. Otros no estaban,
pero es que ya sabemos lo que hacen otros cuando gobiernan. Este no es el
motivo de la comparecencia de hoy. El motivo de la comparecencia de hoy
era explicar estas medidas y, sobre todo, traer a la Cámara el adelanto
de la eficacia de estas
medidas. Estas medidas están coadyuvando a que tengamos la garantía de que
el 1 de octubre no va a haber un referéndum ilegal, porque no lo puede
haber, y eso es lo que algunos de los dirigentes actuales de la
Generalitat y algunos de los miembros políticos no quieren reconocer.
Pero no responden a la cuestión que lanzaba. ¿Ustedes creen que un
organismo oficial puede lanzar una convocatoria de referéndum o de lo que
sea, de censo, etcétera, sin presupuesto público? Es que es imposible, es
que no se puede. Pues esta es la situación que estamos viviendo en España
en este último día del mes de agosto y faltando el mes de septiembre para
el 1 de octubre.
También quiero insistirles en que el Gobierno va a estar muy pendiente de
que efectivamente no exista ninguna movilización presupuestaria para
ningún fin que, insisto, ya ha sido suficientemente declarado ilegal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Como anuncié al principio, si hay
alguna solicitud de palabra, vamos a dar un par de minutos solamente y
después cerrará el señor ministro.
Seguimos el mismo orden, entonces. Tiene la palabra el señor Domènech.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias por este ejercicio de ustedes o el caos
que nos ha señalado el ministro. Es bastante extraordinario teniendo en
cuenta cómo dejaron ustedes las cuentas de la Comunidad Autónoma de
Valencia o del Ayuntamiento de Madrid, y cómo estamos demostrando
nosotros que con otras políticas se pueden mejorar, efectivamente, las
cuentas y la financiación. Pero a pesar de ese ejercicio que ha hecho
usted, cuando hablo de excepcionalidad no es un lenguaje nuestro, sino
suyo. En la nota que ustedes publican después del acuerdo de la posible
intervención del FLA en Cataluña dicen: Se mantendrá la aplicación de lo
previsto en este acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo
general en Cataluña. Parece que estén hablando de un terremoto o de un
volcán. ¿Qué significa la situación de riesgo general? ¿La podrían
describir? Por tanto, esta es una actuación específica, de
excepcionalidad claramente, que busca unos fines políticos. No me lo
expliquen como una cuestión de sostenibilidad financiera, porque no es
verdad. Efectivamente ustedes se han puesto el vestido de policía
judicial y han actuado como policía judicial, utilizando recursos que
afectan al conjunto de la ciudadanía. Y eso, se pongan como se pongan, es
una irresponsabilidad. Y eso, se pongan como se pongan, es un ataque al
conjunto de la ciudadanía de Cataluña. O así es percibido, evidentemente.
¿Y por qué esto es así? Básicamente porque ustedes se han colocado siempre
en la lógica de la derrota y la victoria. Hemos visto la judicialización
de la política, el control financiero, el control de las finanzas de las
autonomías y de la Generalitat, y ahora vamos a ver inhabilitaciones. No
tienen ninguna otra propuesta más que la coerción, el control; ustedes no
tienen ninguna propuesta, en ningún caso, para Cataluña.
Y ya para acabar, porque son pocos minutos, nos dice: Ustedes no nos
pueden hablar de un referéndum pactado, porque eso no se puede hacer. ¿De
dónde ha salido que no se puede hacer? ¿De dónde? Desde Rubio Llorente a
Herrero de Miñón... Mire, uno de los mentores de Ciudadanos, Francesc de
Carreras, tiene un artículo en La Vanguardia que lo explica muy bien.
Evidentemente que se puede hacer, porque yo creo que, y esa era una
definición, en democracia se puede hablar de todo, ¿o no? Y aquí tenemos,
efectivamente, el artículo 92 de la Constitución Española y la Ley de
referéndums de 1980 que permitirían hacer un referéndum. Y si hay alguna
interpretación que supone que no, con la modificación de la ley orgánica
habría bastante. No tengo ninguna duda de que no quieren hacerlo, eso
está clarísimo, pero no digan que no se puede. Digan que no quieren,
porque igual que no tienen propuestas y que lo único que conocen es la
coerción, tampoco buscan espacios de solución.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Haré diversas consideraciones. En primer lugar, el señor ministro habla
del apoyo de la antigua Convergència i Unió a la Ley de estabilidad
presupuestaria. Si no recuerdo mal, en su momento se acordó que la
reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas
se haría de una forma equitativa, y después todos sabemos que el Estado
incumplió claramente esta disposición que se contemplaba en la ley. Lo
que también está muy claro es que a ustedes no les gusta nada de lo que
está
pasando en Cataluña, no lo quieren entender, y yo creo que lo que tendrían
que hacer es dejar de utilizar la política del miedo, de perseguir, de
amenazar, e intentar entender por qué está pasando esto en Cataluña y por
qué hay una mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya, escogida
democráticamente, que quiere tirar adelante con la ley del referéndum.
Creo que también hay una cosa que está muy clara, que es que a pesar del
Gobierno del Partido Popular, a pesar de las políticas que se han
impulsado estos últimos años, a pesar del déficit fiscal de más de 18 000
millones de euros anuales que padecemos los catalanes, a pesar de que los
presupuestos del Estado han castigado de una forma sistemática a
Cataluña, a pesar de eso de les hemos destrozado el sistema sanitario, a
pesar de todo esto, crecemos económicamente, como usted mismo ha
reconocido, captamos inversiones como nunca antes y además hay una
mayoría social a favor del referéndum, motivo por el cual se va a votar
el 1 de octubre. De hecho, la semana que viene se va a aprobar la ley del
referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. Por lo que aún no se ha
gastado ni un solo euro es porque todavía no tenemos el marco legal que,
repito, se va a aprobar la semana que viene. Por tanto, yo creo que
usted, el ministerio y el Gobierno tendrían que dejar de amenazar con las
medidas coercitivas y dejar la política del miedo, porque, en definitiva,
lo que estamos haciendo en Cataluña es permitir que la gente se pueda
expresar libremente y que pueda ir a votar. Ustedes equiparan votar en un
referéndum con una situación de riesgo para el interés general, que es
una cosa inaudita desde este punto de vista. Le aseguro que desde el
Partit Demòcrata trabajaremos para que la gente pueda votar, pero también
vamos a trabajar para que Cataluña se constituya como un Estado propio,
un Estado independiente, y para que, dicho con todo el respeto del mundo,
a partir del día 2 usted sea el último ministro de Hacienda del Gobierno
de España en Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Como sabemos que no es imposible, lo estamos haciendo. Tómeselo como
prefiera, como desee o como más le guste. En todo caso, el FLA no es
caridad -lo digo para concretar las cosas-, es consecuencia de la falta
de ingresos de las comunidades autónomas peor paradas del modelo de
financiación, de la transmisión de las políticas de expansión
cuantitativas del Banco Central Europeo para dinamizar el mercado de
deuda pública tras la crisis de deuda de 2012. En eso seguro que estamos
de acuerdo.
Si Cataluña cumple desde 2015 y otros no cumplen -usted me va a tener que
reconocer que hay quien no cumple con las obligaciones- no se pueden
poner condiciones, porque las que nos han impuesto en este momento son de
carácter ideológico. Están imponiendo condiciones de carácter ideológico
al FLA y están atacando a los ciudadanos y a sus derechos, a los
ciudadanos de Cataluña y a sus derechos, porque ustedes imponen
condiciones ideológicas cuando cumplimos. Estamos cumpliendo, ministro,
estamos cumpliendo. Hay quien no cumple.
La información que se pide al Govern de Catalunya, usted la tiene
mensualmente, la tiene. Lo que ustedes pretenden y están haciendo es
incrementar el control para suspender la autonomía por la parte de atrás.
Así ustedes conforman y satisfacen a los sectores más duros de la
derecha, entre los que se encuentra en estos momentos Ciudadanos, porque
le han pedido prácticamente que nos intervengan. Ya le he dicho que la
partida de los 6000 euros gastados por el Parlament de Catalunya es para
mantenimiento del sistema informático.
Desconfianza de los inversores. Me ha dado la razón, se ha autoenmendado,
porque al principio usted decía otra cosa. ¿Pueden continuar manteniendo
desconfianza con el Gobierno independentista que ha bajado el déficit del
2,95 % al 0,93 %, mientras que el Gobierno del Estado español lo ha
aumentado? Hablan de que las condiciones que se impusieron para estos
requisitos suplementarios, las medidas adicionales y la amenaza de
suspender el FLA eran por el aumento de la prima de riesgo de la deuda de
la Generalitat de Catalunya. Usted sabe que no hay aumento de la prima de
riesgo con el bono del Tesoro, sino al contrario. Desde hace un año hasta
la fecha, con el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, la prima de riesgo -y me dará la razón también en
esto, porque esto además es público y notorio- ha bajado en todas las
emisiones de bonos. Por ejemplo, la próxima emisión que vence en junio de
2018 se ha reducido en un año 300 puntos. Es así, ministro. Dígalo,
dígalo públicamente, dígame que tengo razón.
Todas esas medidas, esos elementos que ponían para controlar a la
Generalitat no se dan. Por tanto, la medida y la decisión son arbitrarias
y sectarias políticamente. Castigan a una parte de lo que dicen ustedes
que es suya, con ese sentido de la propiedad que tienen de las cosas,
porque en definitiva va dirigida única y exclusivamente a Cataluña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Simplemente quiero decir que nos alegramos de que Cataluña cumpla con las
condiciones y exigencias establecidas en el FLA, con los requisitos que
en él se establecen y con la legalidad vigente. Como usted ha dicho, la
Generalitat cumple, remite todas las justificaciones, pero no solamente
ahora, sino desde 2015, y de ahí venía nuestra incertidumbre en torno a
esas nuevas medidas de temporalidad.
Dicho todo eso, también quiero volver al reiterar que creemos que es el
momento del diálogo, del consenso y de la voluntad para llegar a una
solución política del conflicto catalán sin mayores obstáculos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor De la Torre, del Grupo Ciudadanos.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer dos o tres consideraciones.
En primer término, que se controle el dinero para hacer cumplir las leyes
creo que es una cuestión elemental, no una cuestión de derecha más o
menos dura. Pura y simplemente, se trata de si el dinero que se destina a
pagar una determinada cuestión se dirige a eso y no a otra finalidad, y
mucho menos a una declarada inconstitucional.
Una aclaración al señor Doménech. Evidentemente, el señor De Carreras
puede tener la opinión que quiera, pero, en el fondo, el Gobierno tiene
competencia exclusiva para autorizar un referéndum meramente consultivo.
Y lo que reiteradamente ha dicho el Gobierno de la Generalitat que quiere
hacer es disponer a su antojo de la soberanía nacional mediante una
seudoconsulta, que coincido con el señor Montoro, aunque estoy
preocupado, en que no sería seria, no tendría presupuesto público y
supondría claramente un riesgo para la estabilidad política del conjunto
del Estado. Lo que no puede hacer el Gobierno es disponer en los términos
en que está, por ejemplo, la proposición de la ley de transitoriedad
jurídica. Eso no lo puede hacer el Gobierno, no lo puede hacer esta
Cámara y, simplemente, me parece que es un disparate.
Es cierto que nos deja un poco más tranquilo el señor Montoro cuando nos
dice que las certificaciones proceden de los funcionarios de la
Generalitat y que no solamente es una cuestión relativa a lo que diga o
certifique el señor Junqueras. En cualquier caso, consideramos que hay un
principio básico, y es que el dinero de los impuestos de todos los
españoles, esa muestra de solidaridad que hemos tenido con las
comunidades que están peor gestionadas o peor financiadas y han tenido
problemas para pagar los servicios públicos, ese dinero del Fondo de
Liquidez Autonómico tiene que ir a financiar servicios públicos, no
actividades ilegales. En consecuencia, no abogamos por la intervención ni
por medidas coercitivas, sino por un mayor y mejor control, que impida
llegar a estas medidas coercitivas, que, en nuestra opinión, serían un
fracaso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.
Señor ministro, puesto que reconoce que hay un problema político en
Cataluña, lo que nos preguntamos es dónde están las soluciones políticas,
porque lo que es surrealista o ingenuo es pensar que la modificación de
las condiciones del FLA va a servir para evitar el problema en Cataluña o
para abordar de manera profunda, de manera seria, como requiere, uno de
los mayores problemas que tenemos en España, que es precisamente la
cuestión catalana.
En segundo lugar, yo no he hablado del referéndum unilateral e ilegal, en
ningún momento, porque ese no era el objeto de la comparecencia. Otros sí
que han tenido mucho interés en hablar de ello -casualmente, Partido
Popular y grupos independentistas-, porque alimentan esa confrontación y
esa dialéctica. Lo que sí denuncio, señora Madrazo, o doña Ana -como
prefiera, porque me parece que es más correcto en castellano-, es que la
ausencia de diálogo, la ausencia de política y esa confrontación
permanente lo que ha hecho y lo que ha provocado ha sido conducirnos y
traernos precisamente adonde estamos, al punto en el que nos encontramos.
Y esa es la irresponsabilidad del Gobierno de España.
Sobre el referéndum unilateral e ilegal, la posición del Partido
Socialista y del Partido de los Socialistas de Cataluña es diáfana, y,
por tanto, no tengo que justificar absolutamente nada al respecto. Lo que
sí estoy denunciando es que hay una parte de responsabilidad del Gobierno
de España y del Partido Popular que no asumen, precisamente no cambian
esa dialéctica y siguen en el empeño de estar exactamente en el mismo
camino, que no nos ha traído absolutamente nada bueno.
Por eso -termino, señor presidente-, lo que pido al Gobierno de España y
al ministro de Hacienda y Función Pública es que aborden un nuevo modelo
de financiación autonómica, porque eso es lo que necesitan los ciudadanos
y ciudadanas de Cataluña y el conjunto de ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias.
Simplemente, me interesa resaltar de las palabras que ha dicho hoy el
ministro que el Gobierno de España va a garantizar los servicios básicos
y los servicios públicos en Cataluña, como lo hace en el resto del
territorio español y como es su obligación, pero, sobre todo y por encima
de todo, que va a garantizar que se cumpla la ley y la Constitución. Y
agradezco el ofrecimiento del señor ministro para venir aquí a hablar del
FLA, porque creo que algunos diputados todavía no saben cómo funciona.
Efectivamente, el FLA ha permitido financiarse cuando los mercados
estaban cerrados a la financiación para algunas comunidades autónomas, y
vuelvo a insistir en el concepto de bono basura. Por tanto, creo que nos
va a venir muy bien hablar del FLA, como creo que nos vendría muy bien
que viniera alguien a dar unas nociones básicas -yo estudié Económicas,
no Derecho-, de Derecho Administrativo y Constitucional. Creo que nos
vendría muy bien o les vendría muy bien a algunos diputados, que parecen
desconocer lo que significa para un Estado -vuelvo a decir- serio,
democrático y avanzado, un Estado de derecho, el cumplimiento de la ley,
simplemente el cumplimiento de la ley.
Por último, el FLA, como ha dicho el ministro, no se ha suspendido en
ningún momento, porque el Gobierno de España -lo ha manifestado el
ministro y lo ha recalcado- no va a poner en riesgo jamás los servicios
básicos fundamentales, sino todo lo contrario, los garantiza, en interés
general de España y de todos los españoles.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señor presidente.
Desde luego, el hecho de que esta mañana estemos celebrando esta
comparecencia tiene todo que ver con el referéndum del 1 de octubre -vaya
por delante esto-, claro que tiene que ver, tiene que ver todo. Las
medidas que en julio adoptó el Gobierno en la Comisión Delegada, que
refuerzan las que ya había adoptado en noviembre de 2015, tienen que ver
todo con la supuesta convocatoria de referéndum. Si no, ¿por qué hemos
tomado esas medidas? ¿Quién está haciendo que Cataluña tenga un hecho
excepcional? Unos políticos que están dando pie a la opinión pública
catalana, española y mundial para considerar que es factible una vía
legal que no es legal. Eso es lo que está ocurriendo. ¿O no es eso lo que
está ocurriendo? Es exactamente lo que está ocurriendo. Y, por tanto,
ante eso el Gobierno tiene la siguiente posición: la vía ilegal no se va
a utilizar, no se van a destinar presupuestos públicos de ninguna
administración, lo digo también de una manera cerrada y categórica,
porque eso supondría una ilegalidad por parte de quienes los moviera. Y
ya se están cuidando los mismos responsables políticos que convocan el
referéndum de decir semanalmente que no están cometiendo ninguna
ilegalidad, lo que también deberían explicar públicamente.
¿Por qué no cometen esa ilegalidad? Porque no pueden hacerlo, porque no
pueden hacerlo los funcionarios de la Generalitat. Por tanto, lo que se
está poniendo de manifiesto en esos certificados semanales, y de ahí la
oportunidad de las medidas que ha tomado el Gobierno, aclaro que es,
acerca de esa convocatoria de referéndum, por supuesto, de lo que he
venido a hablar esta mañana. Y por supuesto que no estamos hablando del
tema de Cataluña de fondo, estamos hablando de lo que estamos hablando
-por eso, hemos tomado las decisiones del mes de julio-, no vayamos ahora
a las otras categorías, que de eso ya hablamos después. En política
-vamos a ser pragmáticos-, tenemos un calendario, y un calendario que han
establecido los actuales gobernantes de la Generalitat en un claro
incumplimiento de la ley: vamos a decirlo con toda propiedad. ¿O no es
eso lo que piensan los grupos mayoritarios de esta Cámara? Sí es eso lo
que piensan y lo que declaran. ¿Y cuál es la obligación de un Gobierno?
Hacer cumplir la ley. ¿Eso tiene que ver con la merma de los servicios
públicos de los catalanes? En absoluto. ¿Tiene que ver con la reducción
de la financiación de los servicios públicos de los catalanes? Todo lo
contrario. Por tanto, lo que vamos a garantizar como Gobierno, porque
además todo el marco legal nos lo facilita, son las actuaciones para que,
si una administración comete una ilegalidad, sea la Administración
General del Estado la que la supla y garantice el funcionamiento de esos
servicios públicos.
Por tanto, esto no va de los ciudadanos de Cataluña. Ya le gustaría a
alguno que fuera, pero no va de eso. Es todo lo contrario, esto es para
facilitar la continuidad de ese acceso a los servicios públicos por parte
de los catalanes. Y estas medidas son de control. ¿A alguien le duele el
control? Debería ser elemental, todo lo contrario. ¿A alguien le duele el
control porque está pensando en hacer algo raro con los recursos
públicos? ¿A alguien le duele el control? Pues no. Es lo mismo que si nos
quejáramos de que España está sometida al control del procedimiento de
déficit excesivo. El Gobierno está muy bien, está de acuerdo con el
procedimiento de déficit excesivo; lo que queremos es salir cuanto antes
de ese procedimiento. Pero quienes creemos en la integración europea, en
que ser miembro del euro es serlo con condiciones entendemos que lo que
ello exige son reglas, y las reglas hay que cumplirlas. Por tanto, esa es
la condición del Gobierno, la obligación del Gobierno y de lo que hemos
venido a hablar esta mañana.
Quedo a disposición de los grupos para hablar de todas esas cuestiones
sobre la viabilidad futura de los mecanismos excepcionales de
financiación, sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y sobre
otras propuestas. Pero déjenme también que acabe positivo: Cataluña está
creciendo y creando empleo, el conjunto de España está creciendo y
creando empleo y eso tiene que ver con las políticas que se están
practicando no solo por parte del Gobierno, sino en esta Cámara, y eso
tiene que ver con que tenemos una suficiente base de estabilidad para que
ocurra -si no, en ningún lugar del mundo ocurriría, si no hubiera esa
estabilidad política-, y la estamos teniendo.
Y esa capacidad de diálogo, de entendimiento es muy positiva, pero ante
determinados hechos no caben medias tintas. Lo que está siendo declarado
ilegal es ilegal, y en ese terreno no podemos estar jugando con lo que es
-insisto- el principio de soberanía nacional de un Estado de derecho,
acerca de dónde radica esa soberanía nacional, y, por tanto, las
capacidades que tiene un Gobierno a la hora de hacer propuestas y las
capacidades que tiene cualquier grupo político a la hora de hacer
propuestas y explicar que los límites en un Estado de derecho residen en
la soberanía nacional. Hay que preguntar al conjunto de los ciudadanos lo
que quiere hacer ese conjunto de ciudadanos con su presente y con su
futuro. En definitiva, no se puede hacer por partes lo que no se puede
hacer -así lo determina nuestra Constitución y los máximos tribunales-,
y, por tanto, el Gobierno lo que trae, en definitiva -y ya lo he
explicado-, es que hasta ahora nadie en la Generalitat de Catalunya ha
habilitado un euro para cometer ese acto ilegal del 1 de octubre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de levantar la sesión, voy a cogerle la palabra al ministro, en este
caso acerca de su disponibilidad para dar explicaciones. Creo que hay un
aspecto clave, que son las conclusiones que ha presentado el grupo de
expertos en relación con el proceso, con el sistema de financiación. En
la próxima reunión de la Mesa de la Comisión, bien a instancia de los
grupos parlamentarios, bien a instancia de la propia Mesa, sería oportuno
tener un debate en ese sentido, si sus señorías están de acuerdo.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
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