ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero), para:

- Informar de la medida anunciada por el Gobierno de suspensión del pago del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña si el Gobierno de Cataluña destina fondos al referéndum. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000560) ... (Página2)

- Informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros relativas a una posible suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña, lo cual constituiría una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que vivimos en Cataluña. A petición de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000593) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de carácter extraordinario de la Comisión de Hacienda y Función Pública, que tiene dos puntos en el orden del día, que, como es habitual, vamos a acumular, porque básicamente el enunciado es el mismo: en primer lugar, para informar de la medida anunciada por el Gobierno de suspensión del pago del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña si el Gobierno de Cataluña destina fondos al referéndum, solicitud de comparecencia que fue presentada por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y, en segundo lugar, para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros relativas a una posible suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña, lo cual constituiría una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que vivimos en Cataluña, solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por Esquerra Republicana. Fueron presentadas por ese orden; luego, por ese orden se van a hacer las intervenciones. En primer lugar va a intervenir el grupo proponente, en este caso el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y después el Grupo Parlamentario Mixto, y luego ya seguimos de menor a mayor, como hacemos habitualmente.

En cuanto al tiempo, para ordenar los debates, para que tengáis una idea, lógicamente, el ministro va a disponer del tiempo necesario, el que estime conveniente, y los grupos políticos van a disponer de diez minutos aproximadamente. Sabéis que suelo ser flexible y no va haber ningún problema con el tiempo. Luego, si lo veis necesario, después de una segunda intervención por parte del señor ministro, una pequeña réplica de un par de minutos; ahí sí me gusta ser un poco más estricto, para que no se nos alargue demasiado la sesión.

Así que comenzamos, dando la palabra y la bienvenida de nuevo a esta Comisión al señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención esta mañana en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados agradeciendo a los grupos políticos la oportunidad que me ofrecen para poder explicar a la Cámara y a la opinión pública la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 21 de julio por la que se adoptaron nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general. Asimismo me propongo explicar los motivos que llevaron al Gobierno a adoptar estas medidas adicionales de control, así como las consecuencias que han tenido las medidas hasta ahora.

Considero mi obligación aclarar en primer lugar el alcance del acuerdo de la Comisión Delegada, especialmente tras la solicitud de convocatoria al Gobierno de algunos grupos políticos de esta Cámara, que interpelan al Gobierno como si las medidas adoptadas fueran una agresión a los servicios públicos en Cataluña, y es todo lo contrario. Lo que pretende el Gobierno, en línea con lo que ha venido haciendo desde el año 2011, es precisamente garantizar que los servicios públicos funcionan correctamente, en Cataluña y en todas las comunidades autónomas de España, y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario ni la sostenibilidad financiera. Por tanto, dos objetivos absolutamente fundamentales: garantizar que los servicios públicos funcionan correctamente y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario ni la sostenibilidad financiera. Esa es nuestra obligación y nunca la vamos a eludir, porque la Administración General del Estado es la garante de que todos los ciudadanos tengan asegurado el acceso a los servicios públicos fundamentales, de que estos servicios se puedan prestar porque existe una financiación adecuada para ello y de que no se pone en peligro la prestación de los mismos como consecuencia de determinadas decisiones políticas de un Gobierno autonómico.

Así pues, una primera aclaración: los servicios públicos de Cataluña no están en peligro, de la misma manera que no está en peligro el pago de la factura de los proveedores de esos servicios públicos, precisamente -repito- porque el Estado es el último garante de la prestación de esos servicios públicos. Como tal garante, el Gobierno ha aprobado estas medidas adicionales de control, con el fin de evitar que el dinero que debe financiar los servicios públicos se desvíe a partidas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y para evitar que las decisiones adoptadas para fines inconstitucionales tengan una repercusión en la estabilidad presupuestaria y financiera, que con tanto esfuerzo se está consiguiendo y concierne al conjunto de España. Por tanto, ese es el sentido de las medidas, precisamente -insisto-: que ni un euro del presupuesto de la Generalitat vaya destinado ni a financiar partidas presupuestarias de la Generalitat que ya han sido declaradas inconstitucionales

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por el Tribunal Constitucional ni que las decisiones políticas de la Generalitat pongan en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo en España.

Como todos sabemos, estamos saliendo de una profunda crisis económica, que se agravó especialmente por el elevado déficit público en el que incurrieron nuestras administraciones desde el año 2008. El importante deterioro de las finanzas públicas extendió en los financiadores, en los mercados, la desconfianza hacia la capacidad de España de responder a sus obligaciones, apuntando hacia la organización territorial de nuestro país como uno de los mayores factores de riesgo. Las diferentes agencias de calificación rebajaron en sus ratings la credibilidad crediticia de España, haciendo que la prima de riesgo de nuestro país superara los 600 puntos básicos, con el consiguiente incremento de la factura de los intereses de nuestra deuda. En esta situación, las administraciones territoriales se encontraron con que no podían conseguir financiación en los mercados, bien porque se les exigían unos tipos de interés inasumibles, bien porque directamente se les cerraban las puertas. Cataluña fue una de las comunidades que se encontró en esta situación, de la que aún no ha podido salir, fundamentalmente -y quiero insistir en ello también-, por su complicada situación política.

Para afrontar la grave crisis económica, que nos situó como el país que amenazaba a Europa entera, que estaba promoviendo la crisis del euro, el Gobierno de España aprobó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un marco legal que obliga a todas las administraciones públicas y que tiene como finalidad alcanzar la estabilidad presupuestaria comprometida con la Unión Europea y recogida en el artículo 135 reformado de la Constitución Española. De hecho, la reforma constitucional realizada en 2011, impulsada por el Gobierno socialista y acometida por el Partido Popular en la oposición, y la aprobación de esta ley, la Ley de estabilidad presupuestaria, ya por el Gobierno del Partido Popular al año siguiente, voy a recordar desde el comienzo que fue votada a favor por Convergència i Unió en esta Cámara desde el primer momento. Por tanto, es una cosa que también hay que tener presente, porque cuando se oye hablar a unos parece que nunca estuvieron de acuerdo con lo que sí estaban de acuerdo, y ahora estamos ejerciendo, en definitiva, y poniendo en acción el contenido de esta ley. Y decía que esta ley es la expresión del convencimiento de que la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable tanto para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad, sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los inversores con respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos, según recoge su preámbulo. La Ley de estabilidad -recuerdo- en su artículo 8 establece el principio de responsabilidad de los poderes públicos que garantiza la Constitución. Al mismo tiempo, recuerda que el Estado es el último garante del cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas, y, en particular, de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. De esta manera, aunque cada administración es responsable de sus actos, la ley faculta al Estado para actuar cuando esos actos puedan perjudicar el interés general, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas o el derecho de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y, en particular, el acceso a los servicios públicos fundamentales. Con esta voluntad, la ley no solo reservó al Estado el papel de garantizar que todas las administraciones cumplen con sus obligaciones fiscales y financieras, sino que también incluyó la posibilidad de que las administraciones territoriales pudieran financiarse a través del Estado con instrumentos de liquidez que suplieran la falta de recursos debido a la caída de ingresos públicos que fue inherente a la crisis.

De esta manera, junto a la ley, para alcanzar los objetivos se pusieron en marcha los mecanismos adicionales de financiación para las comunidades autónomas y entidades locales que así lo soliciten. El acceso a estos mecanismos de financiación está sometido a una serie de condiciones, precisamente para preservar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se persigue en la ley, de manera que todas las administraciones que acuden a esta financiación extraordinaria saben que tienen que cumplir con una serie de compromisos, que pueden ampliarse esos compromisos y que, de hecho, se han ampliado a lo largo de estos años en función de las circunstancias. No son condiciones arbitrarias, sino exigencias necesarias que persiguen cumplir los objetivos de estabilidad y garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general. La puesta en marcha de la citada ley de estabilidad y de todos los instrumentos que contiene, incluidos los mecanismos de financiación y sus condiciones, unida a las reformas estructurales realizadas en los últimos años, ha cumplido con el principal objetivo que perseguía, con ese gran objetivo que era la recuperación económica, con tasas de crecimiento, como hoy registra España, superiores al 3 % y una creación de puestos de trabajo entorno al medio millón de empleos anuales desde el año 2015.

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Para llegar donde estamos hemos tenido que seguir un proceso muy exigente de consolidación fiscal. Eso nos ha permitido alcanzar un escenario muy diferente al que nos enfrentábamos hace solo cinco años, en el que la prima de riesgo de España se mueve en torno a los 100 puntos básicos, mientras conseguimos financiación para el Tesoro público a unos tipos de interés históricamente bajos. Ha sido un esfuerzo conjunto, un esfuerzo solidario de todas las administraciones públicas y, sobre todo, un esfuerzo de toda la sociedad y de todos los ciudadanos españoles. Una vez más hemos demostrado que los españoles somos capaces de conseguir, unidos, trabajando por el bien común y el interés general, los objetivos más ambiciosos. Cataluña es una de las comunidades autónomas que más se ha beneficiado de estas políticas de consolidación fiscal nacidas a partir de la ley estabilidad y de sus resultados. De hecho, es la comunidad que más dinero ha recibido, la que más ha ahorrado en intereses y la que tiene un mayor crecimiento económico -insisto-, como consecuencia de todas estas medidas y actuaciones de política económica y, en particular, de política presupuestaria.

Voy a hacer un resumen de esas cifras, aunque afortunadamente los medios de comunicación ya las van exhibiendo de una manera permanente. Cataluña ha recibido de los diferentes instrumentos de liquidez nacidos bajo el amparo de la Ley de estabilidad 69 278,23 millones de euros, en los que está incluida la parte de pago a proveedores de entidades locales de la comunidad. De esta cifra, más de 23 000 millones de euros se han pagado directamente a los proveedores, han ido directamente a pagar facturas de proveedores de esos servicios públicos, siendo la comunidad que más dinero ha recibido, tanto globalmente como en pago directo a proveedores. En total, estos fondos han servido para pagar casi 1 600 000 facturas de proveedores de servicios públicos en Cataluña, que de otra manera vale la pena preguntarse cómo se habrían pagado -1 600 000 facturas-. Y el acceso a la liquidez del Estado ha supuesto a la comunidad unos ahorros estos años de casi 10 000 millones de euros, exactamente 9979,88 millones. Y a lo largo de la vida de los préstamos, puesto que estos mecanismos lo que hacen es frente a vencimientos de préstamos, de deuda a medio y largo plazo, ahorrará 19 148,7 millones de euros. Por tanto, es una cifra importantísima, realmente, en términos de garantía de la financiación, porque todo esto es el presupuesto de la Generalitat, cómo está ahorrando y, por tanto, cómo es capaz de financiar los servicios públicos.

Con estas cifras en la mano, permítanme sus señorías que les diga que acusar al Gobierno de agresión a los servicios públicos de Cataluña, en fin, no es que se coloque en la demagogia, es que se coloca en el paso siguiente a la demagogia. Además, gracias a esta política de consolidación fiscal, el crecimiento económico de Cataluña ha sido 1,8 % en 2014, 3,7 % en 2015 y 3,5 % en 2016, cantidades superiores a los crecimientos del conjunto de España en estos tres últimos ejercicios. Y gracias a esas tasas, Cataluña ya superó el año pasado su mejor PIB histórico y su mejor PIB per cápita, que es lo que está alcanzando el conjunto de España en este año. Además, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido hasta situarse en el mes de julio en 3 354 000 personas, mientras que el paro registrado en el segundo trimestre se sitúa en 13,2 %, que significa estar cuatro puntos menos que la media del conjunto de España.

Es evidente que Cataluña y el conjunto de España están saliendo de la crisis con vigor; es evidente que la política económica y presupuestaria del Gobierno de España, incluido el acceso a los mecanismos de financiación, es causa fundamental de ese vigor de la economía catalana y del resto de España; es evidente que el empuje de la economía catalana contribuye decisivamente al crecimiento del conjunto de España y a la superación definitiva, a la salida definitiva de esta crisis económica, y por todo esto es más que evidente que el Gobierno de España no puede quedarse de brazos cruzados ante las decisiones políticas del Gobierno de Cataluña, que lo que van a hacer es a poner en riesgo la salida de la crisis y pueden perjudicar irreversiblemente el crecimiento económico y la creación de empleo en Cataluña y en el conjunto de España. Las últimas iniciativas adoptadas por el Govern de la Generalitat han encendido muchas luces rojas en materia económica. De hecho, las primeras alarmas saltaron ya hace dos años y eso nos obligó ya entonces a promover medidas que reforzaban el control.

Más allá de la responsabilidad del Gobierno catalán en el plano político, en el plano jurídico o incluso en la propia convivencia cívica, está también su responsabilidad por las repercusiones económicas que tiene su política. La reacción de las agencias de calificación nos está advirtiendo del riesgo más que evidente que tienen las políticas secesionistas y contrarias a la legalidad que está promoviendo la Generalitat de Catalunya. Que la comunidad que más aporta al PIB nacional, un 19 % del total, y que crece más que la media sea la comunidad con peor calificación en la agencias de rating y la que tiene la prima de riesgo más elevada no se explica si no es debido a su situación interna, a la situación política interna. Y ello nos muestra los signos claros que la política de la Generalitat tiene para la salida de la crisis, tanto en la propia Cataluña como en el conjunto de España.

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Y ante eso, como decía, el Gobierno del Estado no puede estar de brazos cruzados; sería una temeridad que los ciudadanos no nos perdonarían, ni los ciudadanos de Cataluña ni los del conjunto de España. Si no vigilamos que el dinero de la Generalitat vaya a cubrir las necesidades de los catalanes y si no evitamos que vaya a gastos relacionados con la independencia, que es el factor que está hundiendo la cada vez más débil credibilidad de Cataluña y poniendo en riesgo la salida de la crisis, los que sufrirán las consecuencias serán los trabajadores, serán los desempleados que aspiran a un puesto de trabajo, serán los pensionistas, serán los usuarios de la educación, serán los usuarios de la sanidad pública, serán los funcionarios, será el tejido productivo de Cataluña y el conjunto de la sociedad catalana, una sociedad que confía en que la salida de la crisis está cerca y desea que los responsables políticos pensemos en el interés general, para que el conjunto del país salga adelante.

Desde luego, el Gobierno sí está pensando en el interés general cuando toma decisiones como las que estoy explicando esta mañana. Es el mimo Gobierno que pensó en el interés general cuando promovió y aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y piensa en el interés general cada vez que toma alguna de las medidas que le exige la propia ley para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y el buen funcionamiento de los servicios públicos en todos los lugares de España. A lo largo de estos años el Gobierno ha tenido que adoptar distintas iniciativas cada vez que una administración ha incumplido las obligaciones contraídas, poniendo en riesgo los objetivos de estabilidad. Son numerosas las comunidades autónomas que han tenido que presentar planes de ajuste o a las que se les han aplicado medidas preventivas, correctivas o de condicionalidad adicional para corregir los desajustes en los que han incurrido. En el caso de Cataluña, como acabo de señalar, el 20 de noviembre de 2015, tras una serie de iniciativas políticas promovidas por el Gobierno de la Generalitat que, como ha sucedido ahora, ponían en riesgo el interés general, por cuanto que afectaban a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, factores fundamentales en el crecimiento económico y la creación de empleo, el Gobierno impuso una serie de condiciones a la Generalitat. En un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se establecía un control reforzado de los gastos de la Generalitat para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo la obligación de remitir con periodicidad mensual unos certificados en los que se garantizara este funcionamiento, así como el pago de los proveedores.

Hasta la fecha no ha habido incumplimiento de esas condiciones por parte de la Generalitat, que aceptó en su momento los nuevos compromisos incluidos en su plan de ajuste. Lo que el Gobierno ha hecho en el mes de julio, en esta última reunión de la Comisión Delegada del mes de julio ha sido reforzar esos compromisos, reforzar esas medidas, en vista de que se ha agravado el riesgo para la estabilidad económica tras las últimas decisiones y, sobre todo, manifestaciones políticas de representantes del Gobierno de Cataluña, encaminadas a celebrar un referéndum por la independencia, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 40 de la Ley de presupuestos de Cataluña, en referencia a un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y la inconstitucionalidad de determinadas partidas presupuestarias.

El refuerzo de estas medidas, que -repito-, por tanto, no son medidas nuevas, son medidas que lo que hacen es prolongar las que ya se adoptaron en el año 2015, supone que la Generalitat debe remitir al Gobierno cada semana un certificado garantizando que no se ha iniciado expediente de pago o gastos presupuestarios o extrapresupuestarios que puedan estar destinados a la realización de actividades vinculadas con el proceso de referéndum al que se refiere la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017. Esto es lo que hacemos, por tanto, en la Comisión Delegada, establecer las condiciones para garantizar que no existe ese tipo de modificación presupuestaria. Debo destacar esta mañana en esta comparecencia que el Gobierno de la Generalitat ha remitido hasta el momento todas las certificaciones semanales que se le exigen en el acuerdo de la Comisión Delegada desde la primera semana, del periodo que va del 17 al 23 de julio. Hasta ahora todas esas certificaciones incluyen la información requerida, que, por tanto, está siendo certificada. Esta es la decisión que adoptó el Gobierno de la Generalitat, que es discutible, pero el contenido es el que le estaba exigiendo el Gobierno de España en la Comisión Delegada -insisto-, y eso viene certificado por los distintos consejeros, por los miembros del Gobierno de la Generalitat. Además, el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda aporta otro certificado en el que da fe por todos los departamentos, entidades autónomas, entidades del sector público institucional, Dirección General de Presupuestos, Dirección General del Tesoro y la Intervención General, o sea, eso ya lo hace de una manera reunida el vicepresidente de la Generalitat.

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Pues bien, creo que es importante destacar, por tanto, que, por decisión del Gobierno de la Generalitat, son los propios responsables políticos los que están certificando cada semana. Son los que promueven la celebración del referéndum los que cada semana están certificando que no se ha hecho uso presupuestario alguno, desembolso presupuestario para llevar a cabo el referéndum, y esto es lo que yo quería explicar con toda claridad esta mañana, con toda claridad y con la mayor rotundidad. Son los mismos, los mismos que están hablando todo el día de que van a votar el 1 de octubre quienes cada semana dicen que no han gastado a través de ninguna institución. Bueno, ellos se explicarán cómo realmente y cuál es la intención última de todo eso. Pero el Gobierno está obligado a dar las explicaciones públicas relativas a que ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre, lo cual no deja de ser una situación también interesante, paradójica en un país desarrollado, donde una institución pública promueve un hecho sin presupuesto, sin elemento de presupuesto, con lo cual se califica por sí sola esta situación. Pero eso es lo que hemos hecho; lo que hemos hecho desde el Gobierno de España es garantizar que no se va a destinar ni se ha destinado un euro. Y esto es lo que quería decir con toda claridad y también con toda normalidad.

Por tanto, hay un lenguaje político y un lenguaje práctico presupuestario, porque no sé cómo se hacen realmente unas elecciones sin presupuesto. No sé si ustedes han asistido alguna vez a alguna y si existe algún lugar del mundo desarrollado donde se hagan unas elecciones de cualquier naturaleza sin un presupuesto público. En fin, ya veremos dónde acaban todos estos acontecimientos que tan continuamente se nos están anunciando. Lo que está claro es que la Generalitat está cumpliendo las condiciones que se le han exigido. Otra cosa es el lenguaje que hacen en otro tipo de declaraciones. Pero está cumpliendo las condiciones. Y, por tanto, los servicios públicos de los catalanes están recibiendo la financiación correspondiente. Y el Gobierno de España está ejerciendo su labor de control, que es también la labor que -insisto- le otorga la propia Constitución y también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por tanto, estamos haciendo también lo que prevé el plan de ajuste que está acordado por la Generalitat y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este es también un argumento muy importante. Quiero decir que si por parte de la Generalitat se produjera cualquier intento de modificación presupuestaria sobre los elementos de ese plan de ajuste, inmediatamente la Generalitat pasaría a estar incumpliendo ese plan de ajuste. Eso no se ha producido hasta ahora. Pero insisto en que cualquier propuesta de desviación de presupuesto para una actividad que no está dentro de ese plan de ajuste llevaría a que el Gobierno actuara y aplicara las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, por cierto, vuelvo a recordar, fueron votadas por Convergència i Unió. No es un detalle menor cómo las gentes se convierten en tan poco tiempo, porque estoy hablando de una ley aprobada en esta cámara en el año 2012, de una ley que, insisto, es importantísima, ya que es la traducción de la gobernanza europea, y que es la que nos faculta para todo este tipo de actuaciones. Por tanto, insisto, hasta ahora, no se han empleado recursos presupuestarios para financiar ningún referéndum -ya lo he dejado bastante claro-, y eso sigue así. La certificación es semanal, al igual que el seguimiento establecido.

Insisto en que no vengo a hablar de otro tipo de planteamientos relativos a propuestas que estarían claramente insertas en un marco de ilegalidad, sino de las consecuencias de los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y en concreto de la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esas medidas, como ustedes conocen, dependerán de la proporcionalidad, tienen la gradualidad de lo que significaría en todo caso una intención de desviarse del plan de ajuste acordado. Esas medidas son las que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que garantizan en todo momento la prestación de los servicios públicos para los ciudadanos catalanes, como premisa absolutamente básica, que garantizan en todo momento la financiación correcta de esos servicios públicos y, por tanto, garantizan la acción de los funcionarios públicos de la Generalitat de Catalunya. En la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria hay unas medidas, unas actuaciones que el Gobierno se vería obligado a poner en marcha, hasta la última de ellas, por ejemplo, utilizar una comisión de expertos -que es la última de las medidas- que realmente sería la que, recabando toda la información necesaria que obligadamente la Generalitat de Catalunya tendría que facilitar en razón de las leyes vigentes, llevaría adelante las propuestas que modificarían, que llevarían a la corrección de las desviaciones del plan de ajuste que, insisto, procederían de cualquier otra hipotética modificación presupuestaria. Pero insisto en que eso no se ha producido hasta ahora.

Acabo, por tanto, señor presidente, insistiendo en que la Generalitat de Catalunya tiene unas obligaciones que cumplir y sabe que en su día asumió unos compromisos al firmar su plan de ajuste. Por tanto, lo que

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está haciendo el Gobierno es ejercer su responsabilidad en términos de adecuar el contenido de esos compromisos. La Generalitat sabe que el cumplimiento de sus obligaciones y de esos compromisos no solo evitará cualquier nueva intervención del Gobierno, sino que -es lo más importante- hará que la recuperación económica y la creación de empleo se mantengan, que es de lo que se trata, que es el objetivo primordial, principal, que los responsables políticos en Cataluña y en toda España debemos tener.

Desde luego, este es el objetivo del Gobierno de España. Ese es, sin duda, el deseo de los ciudadanos de España y de los ciudadanos de Cataluña, y ese es el fin que ha guiado nuestros pasos en el pasado y que los seguirá guiando en el presente y en futuro. Ojalá que en ese camino podamos contar con un respaldo político amplio en el Parlamento español y en el resto de las instituciones del Estado, incluyendo el Govern de la Generalitat. El Gobierno de España, desde luego, está convencido de que superar las actuales dificultades económicas y mejorar el bienestar de los ciudadanos es la tarea más importante que tenemos encomendada los representantes políticos, y que olvidar esa tarea nos empujaría a un fracaso colectivo que estoy seguro de que no desea ninguno de los presentes en esta cámara ni de los que nos están siguiendo desde fuera de la misma.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Como comenté al principio, hay dos peticiones de comparecencias. La primera que entró fue la de En Comú Podem-En Marea, y la segunda es conjunta entre el Grupo Mixto y Esquerra. Por tanto, primero va a intervenir En Comú Podem, después el menor de los grupos que ha presentado la segunda, que sería el Grupo Mixto, y en tercer lugar Esquerra. Después seguiremos el orden de menor a mayor. ¿De acuerdo?

En primer lugar, tiene la palabra el señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señor ministro. Según usted, los objetivos de esa decisión que incluían la posibilidad de la suspensión del FLA en el caso de la Generalitat de Catalunya -y lo ha dicho aquí- eran, básicamente, asegurar la estabilidad financiera, la seguridad en los pagos y proteger al conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Si estos eran los objetivos, creo que el fracaso es público y notorio, porque esto no fue lo que se percibió ni tampoco la realidad de lo que se vivió y de lo que estamos viviendo. Todo lo contrario -y creo que también lo ha dicho-, todo lo contrario. Lo que ustedes pretendieron con esto fue llevar un escenario de excepcionalidad que estamos viviendo los catalanes y las catalanas desde hace tiempo también a la sostenibilidad financiera. Esto lo hicieron ustedes, no lo hizo la Generalitat de Catalunya. De hecho, ha dicho que esa medida era para garantizar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Desconocía que el señor ministro y el Ministerio de Hacienda fueran policía judicial y tuvieran como cometido garantizar una sentencia del Tribunal Constitucional sin requerimiento para que lo hicieran. Es decir, no creo que eso estuviera en sus funciones y en la actuación política que tenían ustedes que hacer. Si hay un incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que no son ustedes, con estas medidas, quienes tienen que tratar este tema. Por tanto, en realidad, el objetivo básicamente era político, no técnico. El objetivo político era llevar a la situación de excepción que estamos viviendo en Cataluña, y que conlleva, por ejemplo, que Cataluña sea la única comunidad autónoma que no tiene vigente el estatuto que votó; es la única comunidad autónoma de todo el Estado español que no tiene vigente el estatuto que votaron los catalanes y catalanas y que se pactó también en esta Cámara. En Cataluña hay cuatrocientos procesos judiciales abiertos -que se dice pronto- por el tema de la soberanía, y doscientos sesenta de esos procesos judiciales afectan a ayuntamientos; tenemos a la Mesa del Parlament de Catalunya imputada, y tenemos treinta y dos leyes del Parlament de Catalunya bloqueadas por el Tribunal Constitucional. Por cierto, esta es una práctica que ahora están llevando ustedes aquí, porque ahora mismo ya tenemos treinta y siete leyes bloqueadas, vetadas por el Gobierno español para que no puedan ser tratadas en esta cámara. Parece que ahí donde el Partido Popular no tiene mayorías claras es absolutamente incapaz de llegar a consensos, y entonces bloquea y genera escenarios de excepcionalidad.

Ante todos estos bloqueos, que ya teníamos, y ante esta situación de excepcionalidad, que ya teníamos, se presentan ustedes el 29 de junio y nos vienen a decir que podemos tener una nueva situación de excepcionalidad con la amenaza de la suspensión del FLA. Y esa medida es absolutamente injusta, porque usted dice defender los intereses del conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Bueno, usted cogió al conjunto de la ciudadanía de Cataluña y dijo: Va a pagar o puede pagar por la actuación de los representantes políticos. Este es el mensaje que usted envió. Es además una medida que nos retrotrae a

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un escenario que muestra claramente cuál es su posición en estos momentos en el debate político catalán como Gobierno, que es un escenario de guerra. Es decir, si no hacen esto, si no hacen lo otro, les suspendemos esto o lo otro, más allá incluso de lo que están dictando los tribunales o de lo que está dictando el Tribunal Constitucional. Además, creo que es una medida profundamente estúpida, porque si ustedes hubieran suspendido efectivamente el FLA, o creen que pueden hacer eso para no afrontar el debate político o la generación de espacios de consenso, no es sostenible que una quiebra financiera de la Generalitat de Catalunya no afecte al conjunto de España, al conjunto del Estado. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la efectividad técnica. Fue una irresponsabilidad política lo que ustedes hicieron y lo que ustedes comunicaron.

Esto tiene su origen -y usted lo ha explicado perfectamente- en la ley Montoro de 2012, conocida por su nombre, y efectivamente tiene usted razón, porque Convergència i Unió les votó, y eso, en todo caso, ya lo explicarán los representantes de Convergència i Unió. Pero esa ley muestra claramente cómo la gestión de la crisis se hizo a partir de la pulsión de recentralización en el Estado, y eso es evidente en el reparto constante e injusto del déficit entre comunidades autónomas y Estado central, cuando las comunidades autónomas han sufrido la parte mayor de ese recorte de déficit presupuestario, que era una medida que no solo afectaba a la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y a la capacidad del Gobierno de Cataluña, sino que afectaba básicamente a nuestros derechos sociales, porque llevando la mayoría de los recortes hacia las comunidades autónomas y quedándose la parte más ligera el Estado central, los recortes se aplicaban sobre las políticas que ejercen básicamente las comunidades autónomas.

Además, si ustedes estaban tan preocupados por la sostenibilidad financiera -hicieron el FLA, evidentemente-, ¿por qué no se empezaron a discutir, tal como estaba establecido, los nuevos modelos de financiación autonómica desde 2014, que es cuando se tenían que haber empezado a discutir? Si tan preocupados estaban ustedes por la sostenibilidad financiera del conjunto del sistema y de las comunidades autónomas, ¿por qué no plantearon ese debate no en términos coercitivos, como ha dicho usted, de medidas coercitivas, de la ley que plantea medidas coercitivas, sino de colaboración institucional? Ustedes pueden denunciar la falta de lealtad institucional de la Generalitat, pero con estas medidas están cometiendo también una falta de lealtad institucional con la Generalitat. Y cuando pretenden decir que con ello representan los intereses de los ciudadanos catalanes, siento decirles que con estas medidas no representan al conjunto de los intereses de la ciudadanía de Cataluña.

De hecho, lo que están poniendo en crisis con su actuación, por un lado, es la posibilidad de cualquier diálogo entre las instituciones catalanas y el Gobierno central, y, por otro lado, la misma esencia del Estado de las autonomías. Usted ya fue reprobado, es un ministro reprobado por el tema de la amnistía fiscal y tiene algunos antecedentes. También amenazó -me acuerdo- hace años a los artistas con sacarles posibles declaraciones de Hacienda. Lo que le digo es que la principal irresponsabilidad y el peligro para la sostenibilidad financiera son actuaciones irresponsables como las que han hecho y las que hicieron ustedes el 21 de julio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domènech. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Postius Terrado.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, gracias también por sus explicaciones. Sin embargo, con lo que nos ha dicho constatamos, una vez más, que el Gobierno del Estado continúa no siendo consciente absolutamente de nada de lo que está sucediendo en Cataluña. Y lo cierto es que su ceguera política les lleva a hacer un diagnóstico completamente equivocado de la situación actual, con lo cual, por mucho que tomen medidas como la que nos ha explicado, nada va a impedir que el próximo día 1 de octubre los catalanes votemos. De hecho, este control semanal de las cuentas de la Generalitat que su ministerio nos ha impuesto, lejos de atemorizar al Govern de la Generalitat de Catalunya o de condicionar su determinación con el referéndum, lo que ha conseguido es visualizar una vez más que votar nuestro futuro en un referéndum es más necesario que nunca. Y es que medidas como esta dejan claro que el Estado y el Gobierno hace tiempo que han desconectado de Cataluña y de los catalanes, y que nos tratan ahora como si fuéramos incapaces de gestionar nuestros propios recursos.

Quizás usted y su Gobierno piensen que la política del miedo va a socavar la determinación total y absoluta de poner las urnas el próximo día 1 de octubre en Cataluña, pero les advierto que van muy

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equivocados, van muy equivocados. Y les traigo malas noticias por si no se han dado cuenta: el próximo día 1 de octubre los catalanes y las catalanas votaremos si queremos continuar formando parte de un Estado que nos amenaza constantemente si no nos portamos de acuerdo con sus pretensiones, o si optamos por constituir un Estado propio, un Estado independiente. Sinceramente, hoy yo les tengo que dar las gracias a usted y al Gobierno, porque a pesar de no haber querido negociar un referéndum acordado para Cataluña, medidas como esta, y otras que seguramente van a tomar, consiguen hacer más amplio el consenso a favor del referéndum de autodeterminación en Cataluña y estimular cada vez a más catalanes para que tengan claro que el único camino posible para un futuro mejor es la independencia.

Su ceguera e incapacidad para aceptar una vía acordada para fijar las condiciones del referéndum les ha llevado a adoptar una medida que amenaza con colapsar los servicios públicos esenciales en Cataluña. Hoy nos ha dicho, en cierto modo, que si no pasamos por el aro nos van a cerrar el grifo. Una amenaza que, por cierto, no solo supone un posible castigo para los independentistas, sino que también tiene consecuencias para aquellos que desean que se mantenga el statu quo actual. A la vez, intentan hacernos creer que sin el Estado, Cataluña no podría sustentarse económicamente por ella misma, algo que nuevamente es rotundamente falso. Conviene recordar que el FLA no es ningún regalo que el Estado nos concede graciosamente, es un préstamo retribuido que se financia también con buena parte de los más de 18 000 millones de euros de déficit fiscal anual que sufrimos los catalanes; 18 000 millones de euros de los impuestos que se van de Cataluña y no vuelven. Eso sí, posteriormente nos prestan parte de nuestros propios recursos cobrándonos intereses, y para colmo ahora nos amenazan con cortar nuestros propios fondos si resulta que queremos hacer algo tan grave y tan demoníaco como es votar.

Sinceramente, ¿creen ustedes que con medidas como esta van a impedir que el próximo día 1 de octubre los catalanes votemos? ¿Es esta su carta de presentación o su campaña para defender mejor juntos que separados? Creo sinceramente que no. En este sentido, insisto, estas medidas suponen una nueva agresión contra los servicios públicos en Cataluña, y también contra todos los catalanes, inclusive aquellos que les votan a ustedes. Vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a renunciar al uso de las urnas supone un nuevo despropósito del Estado hacia Cataluña.

Conviene recordar también que el referéndum cuenta con el apoyo explícito de la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya y del 80 % de la población, según los estudios demoscópicos. Quizás al Gobierno le parezca que cumplir con los compromisos electorales que llevaron a Junts pel Sí a tener una mayoría en Cataluña esté mal. Nosotros, por el contrario, creemos que cumplir el mandato de las urnas, no es tan solo nuestro deber, sino también nuestra obligación. Las urnas siempre son la solución, no son el problema. Por eso el día 1 de octubre van a volver a hablar con toda claridad. Sin embargo, ustedes erre que erre con su política y su postura intransigente. De hecho, en la propia orden publicada en el BOE dicen textualmente que estas medidas se aplicarán hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña. Es decir, consideran que algo tan básico y tan elemental como es votar en un referéndum en Cataluña es una situación de riesgo general. En cierto modo ven el referéndum como una afrenta al Estado y la voluntad de emancipación como algo que hay que combatir por todos los medios posibles. Todo eso solo demuestra una cosa: que ustedes tienen miedo a lo que pueda suceder el día 1 de octubre, que el Estado tiene miedo de un arma tan poderosa como es la democracia, que tiene miedo de lo que libremente puedan decidir los catalanes, que tiene miedo de las urnas y de las papeletas, que tiene miedo a que centenares de miles de catalanes y catalanas voten; en definitiva, que el Estado tiene miedo a que las urnas sean la solución. Tienen mucho miedo porque saben que una mayoría de catalanes ha desconectado del Estado y quiere la independencia para nuestra nación. Tienen miedo, en síntesis, de perder, y por ese motivo no quieren jugar este partido, pero en el fondo no se dan cuenta de que con medidas de estas características ustedes ya han perdido en Cataluña. No olviden que por muchas amenazas, que por muchas medidas coercitivas que tomen, que por muchas gesticulaciones que hagan, la determinación y el compromiso del presidente Puigdemont, del Govern, del Parlament de Catalunya y de una mayoría social en Cataluña con el referéndum es total y absoluta hasta las últimas consecuencias. Y por este motivo nosotros vamos a votar.

Hoy lo volvemos a decir: aún están a tiempo de sentarse a negociar. Dejen de lado la política del miedo, dejen de lado el orgullo y su ceguera política con Cataluña y compórtense como un Estado democrático, serio, que afronta los problemas políticos desde la política y no, por ejemplo, desde el uso partidista de la justicia o, peor aún, desde la política económica con las medidas que hoy nos ha explicado.

Muchas gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Bon dia, senyores y senyors diputats. Señor ministro, gracias de nuevo por venir. Usted es un ministro al que no le duelen prendas en comparecer ante la Cámara; es bueno reconocérselo y siempre se lo he reconocido.

Le haré dos consideraciones previas antes de entrar en materia. La primera es que usted se preguntaba que cómo lo haríamos. Yo le contesto con un refrán catalán: Els catalans de les pedres en fem pans. O sea, que usted hágase sus componendas y verá que seguro que nosotros sabemos cómo hacer el referéndum. Segunda consideración. Hable con el ministro De Guindos, porque entre él y usted existe una disfunción. El 25 de julio él compareció en la Comisión de Economía, y a preguntas de esta diputada terminó diciendo que el proceso de independencia -lo que nosotros llamamos el proceso de independencia- no afecta a la economía, en especial a la catalana, que le va muy bien, ni a la economía española en su conjunto, porque él ya sabe que es recíproco, es decir, que si usted habla mal de Cataluña, esto afecta a la economía española en general, si se habla mal de la española afecta a la economía catalana en particular. Estas son las dos consideraciones que quería hacer antes de entrar en materia.

Y hablamos de lo que nos incumbe, que son las amenazas vertidas. Unas tuvieron consecuencias en modo de medidas concretas de certificaciones que deben ser emitidas, que no son otra cosa que burocratizar más la ya burocratizada Administración española. También está la amenaza del portavoz del Gobierno, el señor Méndez de Vigo -yo la atribuyo a los avatares de finales de junio, mucho calor en Madrid-, que termina diciendo que se va a retirar el FLA, que es lo mismo que provocar una suspensión de pagos en España.

Voy a hacer unas consideraciones en relación con el FLA, porque hablando de cosas que igual no es de lo que deberíamos hablar nos olvidamos realmente de lo que es y de las medidas extraordinarias del FLA que se proponen. Estas elucubraciones alrededor del FLA hacen que se termine no sabiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de él. El FLA se creó en 2012, como usted decía, y sus recursos siempre -siempre, ministro, y si no, rectifíqueme- han sido supervisados y administrados por el Estado español. La Generalitat, el Govern de Catalunya, nunca ha ingresado directamente dinero procedente del FLA, ya que tanto el dinero por vencimientos de la deuda como el destinado a proveedores se pagan desde el Gobierno español. Esto es así, ministro. Recordemos qué se paga con el FLA: básicamente, vencimiento de deuda. Los vencimientos actualmente absorben el 80 %, del FLA, y en su mayor parte son de años precedentes. De cada diez euros del FLA, casi siete se destinan a vencimientos que son para refinanciar el FLA anterior. En el caso de los vencimientos -lo digo para explicar la mecánica y que se entienda, porque la Generalitat no hace otra cosa; ustedes le han obligado a hacer más cosas, pero ya las hacía-, ¿qué hace la Generalitat, qué hace el Departamento de Economía? Traslada al Gobierno español el calendario de vencimientos del año siguiente para que se puedan hacer los pagos de forma ordenada. En el caso de las facturas mensuales, a mediados de mes el departamento de Economía remite a Hacienda la relación de las facturas que deberán ser pagadas aquel mes con los recursos del FLA. El Gobierno español revisa el listado, si se me permite decirlo, hace de puntero, y después realiza el pago, o hace de contable y luego autoriza el pago. Para empezar, vemos que no tiene ningún sentido que el Gobierno español quiera suspender el FLA, porque el gran perjudicado en una eventual suspensión del FLA sería el mismo Gobierno español -rectifíqueme si no es así, ministro-, ya que el grueso de los recursos anuales que solicita la Generalitat al FLA sirven para el vencimiento de los FLA anteriores.

Segundo aspecto. Conviene saber qué se paga con el FLA: los proveedores. Actualmente esta es una parte muy pequeña del FLA, ya que el dinero que se destina a proveedores es el equivalente al objetivo de déficit que se asigna a las comunidades autónomas para el año vigente, en 2017 para Cataluña el 0,6 % del PIB, que representa 1300 millones de euros, y la desviación del déficit del año anterior. Es verdad que antes el tramo de proveedores era mayor -usted lo ha relatado, lo ha recordado y cada vez que puede lo hace-, pero en la medida en que la Generalitat ha conseguido cuadrar sus cuentas, esto que también dice usted que hacemos, que hemos hecho bien, sanear las finanzas y reducir el déficit, la dependencia del FLA es menor. Por tanto, la inmensa mayoría de los proveedores del Govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya ya no tiene que sufrir porque el Estado decida suspender el FLA, puesto que con su tesorería actual la Generalitat podría o puede hacer frente a los pagos.

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La pregunta, y por tanto el cuestionamiento que le hacemos y que hacemos al Gobierno del Reino de España, es por qué hacen este anuncio de suspensión del FLA, porque esto no es inocuo. Usted ya se ha despachado a gusto, que si el referéndum, que si el proceso de independencia, etcétera, y, por tanto, usted mismo se ha delatado, se han delatado. Lo que ustedes pretendían no era otra cosa que generar incertidumbre entre los proveedores que reciben dinero del FLA, entre los cuales se encuentran, voy a recordarlo, farmacias, residencias, hospitales concertados, es decir, servicios públicos, ministro, hospitales concertados, servicios públicos. Me permitirá que le diga que esto lo hace la mala gente. No digo que usted sea mala persona, que sabe que le tengo mucho aprecio personal, lo que digo es que estas cosas de amenazar las hace la mala gente. Con esto no perjudica al Govern de Catalunya, se perjudican ustedes, porque, en definitiva -utilizaré otro refrán catalán-, en Cataluña La gent no portem llana al clatell, que es lo mismo que decir que ni somos crédulos ni nos lo creemos todo, que no nos dejamos engañar. Por tanto, es absurdo que tengan que certificar organismos dependientes de la Generalitat, como puede ser el banco de sangre, el Banc de Sang i Teixits, o el instituto oncológico, porque estos no realizan gastos destinados al referéndum, como usted decía. Además -lo he dicho al inicio de la intervención-, la nueva obligación de emitir certificaciones mensuales de gastos firmados por cada uno de los consellers y conselleres del Govern de Catalunya, más el vicepresidente, que además es el conseller de Economía, representa más cargas administrativas, es sumar más a las que ya existen, porque tenemos la información técnica que debe remitirse al ministerio de forma prácticamente mensual, ejecución presupuestaria mensual, plan de ajuste, plan económico y financiero, relación de facturas del FLA, etcétera. Esto es burocratizar, en una administración, la española, altamente burocratizada. Por tanto, no me digan ustedes que son eficaces y eficientes.

Añadiré unas cositas más, porque claro, parece que nos olvidamos del mundo en el que vivimos. Si gestionásemos nuestros recursos propios Cataluña no dependería del FLA. Esto tampoco lo va a poder cuestionar. Además, el efecto colateral que ha tenido para Cataluña la dependencia del FLA han sido más de 2000 millones de euros en intereses, ministro. Ha habido que pagar, 2000 millones de euros.

Por tanto, si el Gobierno del Estado español hubiese tenido lealtad institucional para con Cataluña, hubiese cumplido con el modelo de financiación, y no me recuerde que fuimos nosotros los que lo pactamos con el Partido Socialista Obrero Español, porque eso ya lo sabemos y esta cantinela me la ha repetido hasta la saciedad. En todo caso, le contesto: El Estado incumplió desde el minuto cero el pacto de financiación con Cataluña. PSOE, PP, da lo mismo, en esto van de colegas. Se incumplió desde el minuto cero. Lo han incumplido y continúan incumpliéndolo.

En cuanto a las medidas adicionales a las que se refería usted en relación con que no se destine ni un céntimo de euro para pagar el referéndum, esos 6150 euros, la partida de 6150 euros de la que ustedes dijeron: hombre, ya hemos encontrado la partida del referéndum, era dinero gastado para partidas de procesos electorales, que ya saben que se han destinado al mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Parlament de Catalunya; mantenimiento de las aplicaciones informáticas, como en todos los parlamentos autonómicos, como en este caso el ministerio pertinente del Gobierno de España para tener el sistema a punto si hay convocatorias electorales.

Señor ministro, usted sabe que con el FLA no se puede financiar ningún gasto que Hacienda no haya reconocido previamente -si me permite la expresión, esto es ya de cajón-, por lo que no tiene ningún sentido que la Generalitat pretenda financiar el proceso, y, por tanto, el referéndum, con el FLA. Le repetiré el refrán: Els catalans de les pedres en fem pans, y usted tómeselo como mejor le parezca. Por tanto, innecesario mayor control. Pero si a ustedes les parece que controlar y emitir este mensaje les da más fuerza, adelante, porque le diré aquello que le he dicho tantas veces y le repetiré hasta el último día que estemos aquí sentados: usted es un gran ministro a favor del sí; le doy las gracias, porque cada día que usted interviene tenemos un voto más a favor del sí.

Y le diré -y termino ya con esto- que, pese a sus pataletas, a las amenazas, como también ya le han dicho, el día 1 de octubre, les guste o no les guste, vamos a votar. Y votando que sí -y además yo trabajo para que gane este sí y trabajaré incansablemente todas las horas del día, hace mucho tiempo que lo hago y lo continuaré haciendo- estamos diciendo que no a sus políticas, a todas, incluidas las amenazas que han ido vertiendo durante todo este tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Vasco agradecemos su comparecencia hoy en esta Comisión para dar cuenta de este tema tan importante.

Me gustaría poner de relieve el contexto en el que se fraguaron los mecanismos de facilidad financiera para apoyar al conjunto de comunidades autónomas en un momento en que la crisis económica a partir de 2008 provocó importantes desajustes presupuestarios por la caída de ingresos y también por la dinámica expansiva de los gastos, lo que dio lugar a necesidades importantes de financiación de algunas comunidades autónomas para hacer frente a sus distintos compromisos y deudas con el sector financiero y proveedores o simplemente para garantizar la provisión de servicios, necesidades difíciles de solventar en un contexto en el que el acceso al crédito era restrictivo. Me gustaría recordar también que el FLA es un instrumento de carácter temporal y voluntario cuyo principal objetivo es aliviar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, permitiendo atender los vencimientos de deuda y la obtención de recursos necesarios para financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria, y que quien se ha acogido al mismo conoce que es un mecanismo de seguimiento y de control mediante los planes de ajuste, que son revisados y modificados por su ministerio. En definitiva, el objetivo de la financiación de las comunidades autónomas está instrumentado mediante un mecanismo similar al que utiliza la Unión Europea para realizar el seguimiento de los planes de rescate o los pactos de estabilidad y crecimiento manejados desde su ministerio.

Las comunidades autónomas participantes están sujetas, por tanto, a condicionamientos financieros y fiscales, entre los que figura la obligación de presentar un plan de ajuste presupuestario, como usted bien ha dicho, que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como el reembolso de las cantidades aportadas por el mecanismo, la remisión de un plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva y también el envío de información presupuestaria que requiera el ministerio para el seguimiento del plan de ajuste, por lo que la intervención es un hecho de facto. No hay que olvidar que se trata de un sistema de acceso condicionado a la financiación por parte de las comunidades autónomas, cuyas garantías residen en el propio modelo de financiación y que este mecanismo fue aprobado por la mayoría en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como he dicho, se trata de un mecanismo temporal que parece que persistirá en el tiempo y que, desde luego, desde nuestro punto de vista, lo que hace es contribuir incluso a una pérdida de autonomía y, por tanto, también de corresponsabilidad para las comunidades autónomas, ya que en la medida en que estas sean dependientes del FLA se verán obligadas a más condicionamientos fiscales y financieros en su toma de decisiones, reduciéndose su margen de autonomía. El dinero llega, pero es Madrid el que decide qué hace con él.

Dicho todo esto y siendo conscientes todos y todas de lo que supone el FLA para las comunidades autónomas que dependen del mismo y que todas ellas están sometidas a las mismas medidas de seguimiento, cabe mencionar que en estos momentos se está estableciendo de manera excepcional y puntual una serie de medidas adicionales de supervisión y control más exhaustivas para Cataluña que para otras comunidades autónomas que también se han adherido a estos mecanismos, medidas tendentes no sabemos si incluso a generar algo de miedo entre los funcionarios, que son quienes deben dar fe de la corrección del gasto público y que están amenazados penalmente si lo incumplen; medidas adicionales que entendemos que no están basadas solamente en criterios económicos, sino también políticos, reforzados además por la existencia de una falta de confianza institucional entre la Generalitat y el Estado.

Desde luego, no creemos que este tipo de medidas contribuyan para nada a mejorar la situación de conflicto entre el Estado y la Generalitat. Más bien, lo contrario y, desde luego, creemos que es el momento del diálogo entre diferentes, el momento del consenso y la voluntad para llegar a una solución política al conflicto catalán, sin necesidad de obstáculos que lo único que hacen es reforzar o aumentar la crispación y el enfrentamiento, contribuyendo, por tanto, a lanzar un mensaje de inestabilidad política, económica y financiera no solo de manera interna, sino también a Europa y a la comunidad internacional. Y es que además el clima de desentendimiento entre el Gobierno español y el catalán se ha convertido en un factor que presiona al mercado de deuda, y no hay que olvidar que, de acordarse una suspensión del FLA y no poder acudir Cataluña al mercado de capitales, los impagos en los que incurriese la Generalitat afectarían al Estado, porque es el último responsable, es el tenedor de la deuda catalana y es además quien recauda los impuestos que se pagan.

Entendemos que no se debería utilizar el Fondo de Liquidez Autonómica como un condicionamiento político ante lo que realice el Gobierno catalán, además porque este mecanismo de financiación es

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necesario para Cataluña igual que lo es para el resto de las comunidades autónomas y porque el Tribunal Constitucional ha suspendido las partidas de presupuestos destinadas al referéndum, al tiempo que las cantidades del FLA las paga el Gobierno a los proveedores y atiende los vencimientos de pago. Además, el Gobierno siempre ha mantenido la filosofía de no perjudicar a los ciudadanos catalanes por los incumplimientos de las personas que gobiernan. Sin embargo, es evidente que con una decisión así se verían afectados por ese tipo de medidas, que perjudicarían por igual a los catalanes independentistas y a los que no lo son.

Sinceramente, ¿ustedes creen que este tipo de medidas va a solucionar la situación de Cataluña y que no se va a realizar el referéndum? ¿Qué ha cambiado para que se plantee la adopción de medidas adicionales? ¿Por qué se refuerzan estas medidas? ¿Ha cometido la Generalitat alguna infracción en la utilización del FLA que haga necesario este nuevo planteamiento, que como usted ha dicho, parece que no? ¿Qué datos económicos hay nuevos o existen que ponen en riesgo la estabilidad económica y financiera? ¿Por qué un referéndum pone en peligro la estabilidad financiera, que no estamos hablando de una declaración unilateral de independencia?

Por todo ello, volvemos a reivindicar que creemos que es el momento del consenso y del diálogo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías, y muchas gracias, señor Montoro, por comparecer para explicar una cuestión grave e importante.

Con carácter previo, me gustaría decir algo que no he oído aquí explícitamente pero que es lo primero que considera el programa para la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico, y es que se trata de un mecanismo voluntario y de carácter temporal. Y lo que no parece razonable es que las comunidades autónomas que no se pueden financiar en el mercado digan que aceptan las condiciones del acreedor y luego tengamos algunos de los discursos que hemos escuchado aquí. El FLA, al fin y al cabo, no debería existir, y si no hubiésemos pasado todos los españoles una crisis de esta gravedad no existiría, pero no deja de ser la manifestación de la solidaridad de todos los españoles, que con sus impuestos permiten la financiación de servicios esenciales en toda España. Y la comunidad autónoma que más dinero percibe del FLA -usted ha dado algunos datos- evidentemente es Cataluña, que se va a llevar, en principio, el 30 % de estos fondos, por un importe de 3598 millones de euros, que son necesarios e imprescindibles para que haya estabilidad financiera también en Cataluña y pueda atender los vencimientos y financiar los servicios públicos.

Tampoco está de más recordar que buena parte de la responsabilidad de que esta situación sea así es del propio Gobierno catalán, que incluso ahora mismo, en el periodo entre enero y mayo, ha tenido el mayor déficit público de todas las comunidades autónomas, por un importe de 1259 millones de euros, y, evidentemente, el dinero de los impuestos de todos los españoles no debería financiar proyectos declarados ilegales, como es el supuesto referéndum independentista. En este tema me gustaría traer a colación las declaraciones del anterior portavoz de Esquerra Republicana en el Senado, el señor Vidal, que decía que había 400 millones de euros de un fondo de reptiles para financiar el procés y el referéndum. En esas declaraciones admitía, porque era contrario a la Ley de protección de datos, que la Generalitat había cometido delitos con respecto al tema del censo para el famoso referéndum separatista. Y tengamos en cuenta una cuestión importante, y es que esto ha pasado desapercibido, pero en el bodrio de proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república una de las cuestiones que sorprendentemente sí se acuerdan de establecer los grupos que presentaron esto, es decir, Junts pel Sí, la antigua Convergència, Esquerra y la CUP, fue precisamente garantizar que respecto a los datos para el referéndum no había responsabilidad alguna por parte de la Generalitat de Catalunya, además de, por supuesto, intentar concederse una autoamnistía por los correspondientes delitos. En este sentido, creemos que es razonable que el dinero de los impuestos de todos los españoles no se emplee en referéndums ilegales, sino que se financien los servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y, evidentemente, los que ponen en peligro en su caso esos servicios públicos son sus gestores y la lamentable gestión de la Generalitat, aunque, eso sí, hay que reconocer que ha mejorado en estos años, desde el punto de vista económico.

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Sin embargo, a nuestro grupo no termina de dejar tranquilo su intervención, en primer término, porque, según estas declaraciones del señor Vidal y con respecto a esos 400 millones de euros, lo que se emplea en este tipo de procedimientos ilegales no se utiliza en pagar servicios públicos. En segundo término, el 9 de noviembre de 2015 hubo una consulta que también estaba prohibida y en la que se emplearon fondos públicos. De hecho, hay un juicio de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, y se empleó dinero y se les está exigiendo a los responsables que lo devuelvan. Y nos parece que la vía correcta no es el castigo indiscriminado a todos los ciudadanos, sino que se haga responder; primero, la prevención, que el dinero no se destine para eso, y, en segundo lugar, el hecho de que respondan por sus actos los responsables de las decisiones ilegales como única forma de garantizar que el dinero va donde tiene que ir, que es a financiar los servicios públicos.

Y no me deja tranquilo porque, claro, si la garantía de que el dinero de los impuestos de los españoles no se emplea en el referéndum ilegal es un certificado firmado por Oriol Junqueras -a lo mejor me pasa porque soy inspector de Hacienda-, para mí no es una garantía absoluta de que el dinero no se está empleando en eso. En este sentido, nosotros creemos que en estas circunstancias el control tiene que ser reforzado. Y la pregunta que le hago es por qué no hay una misión de control de la Intervención General del Estado, como establece el artículo 49 del Decreto Ley 17/2014. Para controlar efectivamente el dinero, como sabemos algunos de los que nos hemos dedicado al control financiero, y, sobre todo, si se quiere que sea con carácter inmediato, a lo mejor es que hay que establecerse allí, y no conformarse con los certificados que envían políticos nacionalistas comprometidos con el referéndum.

Por tanto, creemos que hay que intensificar el control, que el dinero de los impuestos de los españoles no debe ir nunca a financiar actividades ilegales y que los dirigentes que destinan fondos públicos a actividades que no solamente no están previstas en las normas sino que incluso son directamente ilegales presuntamente estarían cometiendo delitos muy graves, fundamentalmente el de malversación de caudales públicos, e instamos a que el Gobierno tome medidas para que se les exijan estas responsabilidades, porque están poniendo en peligro no solamente el cumplimiento de la legalidad, sino la estabilidad financiera también.

Por último, con referencia a que Cataluña pueda no cumplir las actividades previstas que no están dentro del plan de ajuste, le voy a hacer una pregunta: ¿Eso incluye las medidas coercitivas y las medidas de cumplimiento forzoso contempladas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Montoro, gracias por su comparecencia, aunque desde el Grupo Parlamentario Socialista todavía nos sigue pareciendo incomprensible que después de las medidas adoptadas el 21 de julio en la Comisión Delegada y de la nota de prensa y la justificación de tales medidas esta comparecencia no se esté produciendo a petición propia y de manera inmediata y que estemos a 31 de agosto y haya tenido que pasar por una Diputación Permanente para contar con su presencia hoy aquí.

Usted ha hablado de las obligaciones y de los compromisos de la Generalitat, que además nos ha dicho que cumple con ellos. Celebro que cumpla con algunos compromisos y obligaciones; le aseguro que con muchísimas obligaciones y compromisos con los catalanes y las catalanas no cumple ese Gobierno. Pero no estamos aquí para hablar de los compromisos y las obligaciones de la Generalitat, sino de las de su Gobierno, las de usted, que también tiene obligaciones y compromisos.

El actual sistema de financiación autonómica, porque de eso es de lo que estamos hablando en el fondo, entró en vigor en 2009 y debería haber sido objeto de revisión en 2014 -lo sabemos todos, todos hemos leído la Lofca-. Precisamente en función de los resultados del lustro anterior, entre los años 2009 y 2013, y en aplicación del principio de lealtad constitucional establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, esta revisión se hace imprescindible para reajustar precisamente los desajustes que haya de ingresos y gastos y para que, por tanto, las comunidades autónomas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones, que es precisamente garantizar servicios públicos básicos a sus ciudadanos. El Gobierno de España, en cambio, decidió mantener el sistema de financiación. De facto, hizo suyo ese modelo de financiación, ese modelo de 2009, porque ha aplazado su revisión sine die. De hecho, el presidente del Gobierno ya anunció hace un tiempo que en 2017 tampoco se iba a acometer esa revisión, esa nueva negociación de un nuevo modelo de financiación, y, por tanto,

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como mínimo hasta 2018 la reforma seguirá pendiente. Es decir, un nuevo sistema que podría estar en vigor desde 2014 va a estar un lustro más sin revisión. El Gobierno del señor Rajoy, su Gobierno, señor ministro, ha tenido recursos para rescatar autopistas de peaje, rebajar impuestos a grandes empresas y rentas altas, aumentar el gasto de defensa y hacer muchísimas otras cosas, pero no ha tenido tiempo ni dinero para proporcionar precisamente los recursos a las comunidades a través del sistema de financiación, es decir, recursos que van destinados principalmente, por la distribución de competencias que tenemos en nuestro modelo constitucional, a educación, sanidad y servicios sociales.

El sistema de financiación autonómica no es otra cosa que la participación constitucional de los Gobiernos autonómicos en los ingresos del Estado, teniendo en cuenta que ellas mismas, las comunidades autónomas, son Estado, para poder ejercer así sus competencias, sin condiciones y con plena autonomía política y financiera para decidir sobre ellos. Así es como lo establece la Constitución española; entiendo que no encaja con su modelo de organización territorial, pero así es como se establece en la Constitución española. La concepción que tiene precisamente este Gobierno y el Partido Popular, el Gobierno que usted representa hoy aquí, y el desprecio, en el fondo, al Estado autonómico les ha llevado precisamente a buscar fórmulas para recortar la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, aprovechándose para recortar también así servicios públicos y el Estado de bienestar que están gestionando esas comunidades autónomas. Y en buena medida eso también responde a una concepción ideológica que tienen y a un modelo de sociedad que ustedes propugnan. Lo hacen primero con la Ley de estabilidad presupuestaria, a la que el Grupo Parlamentario Socialista se opone y que, como usted mismo ha recordado, Convergència vota a favor, y lo hace después acordando el FLA con el Govern de la Generalitat, y aquí ya se incluyen otras fuerzas políticas, que al final admiten el FLA como un buen mecanismo para sustituir esa carencia de financiación.

Es verdad que la crisis provocó una caída muy notable de los ingresos autonómicos, tanto por la rebaja de la participación en los tributos compartidos como por la caída de la recaudación de los impuestos propios. Esta caída de los ingresos ante unos gastos concentrados fundamentalmente en sanidad y educación, que como todos sabemos son rígidos a la baja, es decir, no hay margen de maniobra a no ser que nos queramos cargar el sistema educativo o el sistema sanitario español, alimentó precisamente el déficit autonómico y disparó el endeudamiento de las comunidades. En un contexto en el que los mercados financieros estaban padeciendo las consecuencias de las crisis, a muchas comunidades, si no a todas, -en realidad, afectó a todas- les resultaba prácticamente imposible financiarse a tipos de interés razonables. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España debería haber actuado de inmediato sobre el sistema de financiación autonómica, pero en lugar de ello optó por el FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómico, al que los socialistas nos opusimos -como ya he dicho-, un sistema de préstamos del Estado a las comunidades autónomas que, a diferencia del sistema de las transferencias del sistema de financiación, no supone una participación de las autonomías en el conjunto de los ingresos públicos, sino una cesión de dinero de una administración a otra, al tiempo que conlleva obligaciones de reembolso y pago de intereses y está sujeto a las condiciones que un Gobierno, el de España, pone, impone al resto de Gobiernos autonómicos. De este modo, la adhesión al FLA se convirtió en una fórmula que permitía al Gobierno de España recortar la autonomía política y financiera de los Gobiernos autonómicos -nosotros lo denunciamos así y por eso precisamente nos opusimos-, supeditando la recepción de los recursos a un catálogo de condiciones que a la vez perseguía el recorte de gasto en sanidad y educación, esto es, un programa político de derechas, que es precisamente lo que responde a su ideología. Lo paradigmático es que otras fuerzas políticas, otros partidos políticos que dicen no compartir esa concepción tampoco se opusieron al FLA.

El informe de la comisión de expertos -que se debe haber leído- para la revisión del modelo de financiación autonómica que salió en el mes julio de este año critica con toda claridad el hecho de transformar el FLA en un canal de financiación permanente, cuando en realidad se concibió como un instrumento provisional -lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos-, era provisional. Pero mi pregunta es: ¿Le parece que algo es provisional si se aprueba en 2012 y en 2017 todavía está en vigor y sin previsión de que desaparezca? Cinco años de provisionalidad, teniendo en cuenta que hay un elemento muy fácil para resolverlo, que es la negociación de un nuevo modelo de financiación, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece que no responden a la provisionalidad para la que fue creado, y así lo afirma precisamente el informe de expertos emitido recientemente. Además de seguir en vigor el Fondo de Liquidez Autonómica o su sustituto, los problemas del FLA de limitación de la autonomía y de afectación a servicios públicos básicos van a perdurar en el tiempo, y eso también lo

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sabemos todos, porque las deudas que las comunidades autónomas han ido contrayendo con el Estado por este concepto están pendientes de amortización. Hasta ahora, cuando un plazo vencía, el Gobierno permitía su conversión en una deuda nuevamente financiada por el Estado a diez años, lo que conlleva, por tanto, seguir adherido al FLA, sometiéndose a la condicionalidad establecida en cada momento y viendo limitada la autonomía política y financiera.

En definitiva, señor Montoro, las comunidades autónomas están atrapadas en un sistema de financiación que debería ser provisional y que no lo está siendo y que, de facto, limita la autonomía política de los entes descentralizados y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos básicos, todo por no abordar precisamente la negociación de un nuevo modelo de financiación, que es lo que debía haber hecho, de acuerdo con las obligaciones que vienen formuladas en la Lofca, en la Ley de financiación autonómica. Señor Montoro, han creado un mecanismo, el FLA, que sirve perfectamente a sus intereses partidistas. Lo venden como un favor, es decir, una medida graciosa que el Gobierno de España da a los Gobiernos autonómicos; en segundo lugar, consiguen mayor control de las comunidades autónomas, respondiendo así a la limitación de la autonomía política que prevé la Constitución; tercero, condiciona las políticas autonómicas, y, cuatro, ponen en jaque los pilares básicos del Estado de bienestar: educación, sanidad y servicios sociales.

Y con respecto a Cataluña, a todos estos condicionantes añaden dos elementos que también les deben parecer la panacea a usted y a su Gobierno pero que, desde luego, nosotros no podemos compartir, y es que con este tipo de declaraciones dificultan el futuro diálogo, absolutamente imprescindible por la situación de excepción que está viviendo Cataluña y el conjunto de España, y además alimentan -y lo hemos podido ver en esta comparecencia- el victimismo y la imagen de un Estado malo, que lo que hace es intentar controlarnos.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Termino, señor presidente.

En el fondo, de esto han vivido muchísimos años, de esta dialéctica de confrontación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, que responde muy bien a sus intereses electorales pero muy mal a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Señor Montoro, no sé si es que su Gobierno no ha entendido nada o si lo ha entendido muy bien y prefieren seguir jugando a este juego de suma electoral y de concentración entre dos dialécticas, pero le aseguro que ustedes están cayendo en una gran irresponsabilidad, cuando el momento que se está viviendo en Cataluña es sumamente grave.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecer la presencia del señor ministro, que, desde luego, no es la primera vez que viene a dar explicaciones a esta Cámara. Ha venido en numerosas ocasiones porque el ministro de Hacienda no tiene nada que ocultar, y mucho menos en un tema como este, en el que se pregunta por las medidas que se han adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que simplemente hace cumplir la ley. Como ministro del Gobierno de España, su primera obligación es hacer cumplir la ley, una cosa tan normal como hacer cumplir la ley, y por eso lamento la equidistancia que ha demostrado la señora Meritxell, representante y portavoz del Grupo Socialista, entre la legalidad y la ilegalidad que supone la celebración de un referéndum en Cataluña, tenemos que lamentarlo profundamente.

El otro día hablábamos de la paranoia independentista que llama amenazas y coacciones al simple cumplimiento de la ley en un Estado de derecho y hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. El señor Domènech ha hablado de excepcionalidad. Ninguna excepcionalidad, es toda la normalidad en un Estado de derecho serio, democrático, maduro y avanzado, como se supone que es España, cumplir la ley y hacerla cumplir, es la máxima obligación de un Gobierno. Pero ha hablado incluso de escenario de guerra, de modo que ya no quiero hablar de paranoia independentista. Sinceramente, creo que responde a la estrategia electoral de todos los grupos independentistas aquí representados, que están ya preparando un escenario de convocatoria de elecciones y quieren ganarlas con un discurso político que no se corresponde con los hechos que se están produciendo, según nos ha contado el propio ministro de

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Hacienda. De sus palabras, como española que soy, que quiero a Cataluña -como decía el otro día, aunque sea cántabra, de Cataluña también me pertenece un pedacito, pequeñito, como nos pertenece a todos los españoles- me ha tranquilizado mucho saber que la propia Generalitat de Catalunya está cumpliendo con esos requerimientos de información, que la propia Generalitat de Catalunya está certificando que no se está destinando ninguna partida de los presupuestos de la Generalitat a financiar un referéndum que es ilegal. Por tanto, me ha parecido -y se lo agradezco- muy tranquilizadora, como española y como cántabra. Y como Cataluña es España y España es Cataluña, me tranquilizan sus palabras. Esto lo agradecemos profundamente. Y nada de excepcionalidad, sino total normalidad, cumplimiento de la ley.

La señora Capella hablaba del FLA, de cómo funciona el FLA, pero quiero recordarle los bonos patrióticos. Los bonos patrióticos son cinco veces más caros que los bonos del Gobierno español -por eso no se pueden ustedes financiar, por eso su sueño independentista es pura ficción, todos los sabemos- y no cotizan en el mercado, porque las agencias de calificación no creen en una república independiente que es absolutamente utópica. Las agencias de calificación trabajan con cifras, con datos y con realidades. Para las agencias de calificación no existe esa república utópica, y por eso han calificado la deuda de la Generalitat como bono basura, y por eso el Gobierno de España ha tenido que poner en marcha mecanismos de liquidez para asegurar que se presten los servicios públicos también en Cataluña, como en el resto de España. El Gobierno de Cataluña no puede pretender ser la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de las medidas extraordinarias de liquidez, como bien decía el ministro, casi 70 000 millones de euros entre 2012 y 2017, y no querer rendir cuentas por ello, porque los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer esos controles.

Como decía el otro día, cuando la Generalitat da una subvención para arreglar una vivienda, ¿no pide la justificación de a qué se han destinado esos fondos? Cuando la Generalitat, como Gobierno serio y responsable que es, da una subvención para arreglar una vivienda pide la justificación de que esos fondos se han destinado a arreglar esa vivienda, no a irse de vacaciones, que sería en este caso a destinar partidas para financiar un referéndum que es ilegal. Por tanto, esos fondos y esas medidas extraordinarias de liquidez son dinero que efectivamente procede de la solidaridad de todos los españoles, como decía el representante de Ciudadanos, y si hay dinero para financiar servicios públicos, para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, ese dinero tiene que ir destinado a eso, a financiar esos servicios públicos, no a referéndums que son ilegales. Nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede elegir las leyes que puede cumplir y las que no. Se cumplen todas. Las cumple Cataluña, las cumple Cantabria y las cumple el resto de España.

¿Qué situación se encontró -lo saben perfectamente- el Partido Popular cuando llegó al Gobierno de España? Se encontró con una ley orgánica de financiación que aprobó -se lo quiero recordar a la señora Meritxel- el Gobierno socialista con los votos favorables de Esquerra Republicana, por cierto, pero con los votos en contra del Partido Popular, y se encontró también con una caída tremenda de los ingresos tributarios, porque la recaudación tributaria caía en picado. España atravesaba la mayor, la peor crisis económica de su historia. Por tanto, en los años 2012, 2013 o 2014 era impensable abordar una reforma del sistema de financiación. Es sencillo de entender, porque donde no hay dinero que repartir, no se puede repartir. No se podía hacer un nuevo sistema basado en una falta de capacidad recaudatoria que, afortunadamente, como consecuencia del crecimiento económico, de la creación de empleo está volviendo a recuperar los niveles que tenía previos a la crisis. Ese era el momento de plantearse esa reforma. Por cierto, hay un grupo de expertos trabajando en esa reforma del sistema de financiación que ya han presentado un informe con sus conclusiones.

¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Dar liquidez a las administraciones territoriales para garantizar que los ciudadanos no se viesen afectados en temas tan importantes como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y aquí entran el FLA, los planes de pago a proveedores, las líneas ICO y otras medidas extraordinarias de liquidez. Además, hizo una cosa muy importante, que también el señor ministro ha mencionado, que fue establecer un marco para garantizar la sostenibilidad futura de nuestras administraciones públicas, porque todo lo que no vayamos a financiar hoy lo tendrán que financiar nuestros hijos con más deuda. Tendremos que equilibrar las cuentas públicas, y por eso se aprobó una Ley de estabilidad presupuestaria, que lo que hace es garantizar precisamente la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales.

El discurso victimista, siento decírselo una vez más, de los nacionalistas catalanes igual les sirve para sus intereses electorales, que es lo que hoy han intentado vendernos con sus intervenciones, pero tengo que decir que si los catalanes han podido mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales en los

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años de crisis ha sido precisamente gracias a la solidaridad de todos los españoles y a que la propia Generalitat acudió a esos recursos extraordinarios de financiación que, por cierto, no son obligatorios, son recursos voluntarios. El FLA es opcional y el Gobierno de Cataluña se adhirió porque voluntariamente quiso hacerlo. Los acuerdos hay que cumplirlos y los planes de ajuste que se acuerdan con el propio Gobierno de Cataluña -vuelvo a recordar que el FLA es opcional y voluntario- habrá que cumplirlos si somos un Gobierno serio, democrático y maduro.

Parten ustedes de una mentira, porque están diciendo aquí que el FLA se ha suspendido. Quiero dejar muy claro que el FLA no se ha suspendido, que el ministro nos ha tranquilizado mucho a todos los españoles, porque parece ser que la Generalitat está cumpliendo con esas medidas de control que se le han impuesto y que ellos han aceptado. Por tanto, sigo diciendo lo mismo: los servicios públicos catalanes no corren ningún riesgo, y lo ha dicho nuevamente hoy el ministro. Todo lo contrario, los ciudadanos catalanes pueden estar tranquilos, porque a pesar de esa actitud irresponsable de algunos grupos políticos independentistas, el Gobierno del Partido Popular va a garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña y va a garantizar, por encima de todo, el cumplimiento de la legalidad en España.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo. En una segunda intervención, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias.

La intención de celebrar hoy esta comparecencia es clara en el sentido de que se trataba de explicar las medidas de julio, pero más allá de explicar dichas medidas, que están publicadas, obviamente, en el lugar donde están difundidas, también era traer ya un primer balance, que es al que se ha referido con acierto la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El primer balance que he traído esta mañana dice que puedo garantizar que la Generalitat de Catalunya no está utilizando un euro de su presupuesto en la convocatoria del referéndum. Eso no lo podía hacer a finales de julio porque no teníamos este mecanismo completo; ahora lo tenemos semanalmente. Ya teníamos ese control, insisto, desde el 15, de ejecución del total del presupuesto, pero ahora ya lo tenemos individualizado por departamentos. También puedo decir esta mañana, eso ya lo explico en términos de interpretación más de política pública, que los mismos que dicen que van a votar porque van a convocar el referéndum son los que acreditan semanalmente que no están gastando un euro. Bueno, esto es una cosa que tendrán que explicar ellos mismos, no lo va a hacer el Gobierno. Lo dejamos a la explicación pertinente, porque ya he planteado también que cómo se hace una convocatoria pública sin presupuesto público. ¿Cómo se hace eso? ¿Van a hacer una cuestación? ¿Van a hacer una aportación voluntaria? ¿Cómo se hace eso? ¿Es serio hacer una convocatoria oficial sin presupuesto? Esto es lo que estamos viviendo en España en este momento. No se puede decir que no es grave que los responsables políticos de la Generalitat estén convocando un referéndum ilegal, porque sí es grave. ¿Afecta a la economía? No afecta a la economía. ¿Por qué no afecta a la economía? Porque no se creen ni que se va a hacer el referéndum ni que va a haber independencia. Esa es la conclusión, en definitiva, de estos hechos, es lo que está aconteciendo en todas partes y también lo que hace que Cataluña, insisto, esté liderando este crecimiento económico, esta inversión, porque lo que están haciendo los emprendedores de Cataluña es invertir, crear empleo, y es lo que están haciendo también los inversores internacionales, invertir en Cataluña, desde la convicción de que no va a haber ni mucho menos lo que algunos políticos proclaman desde su lógico entender, porque no es aceptable en términos legales, de acuerdo con la aplicación de la Constitución española.

Alguno de ustedes ha hablado de referéndum pactado. ¿Pactado con quién? El Gobierno no puede pactar lo que no puede pactar, la soberanía nacional. El Gobierno no puede pactar en modo alguno, ni ustedes tampoco pueden pactar entre grupos políticos, restar a la soberanía su capacidad de decisión. Esta Cámara no lo puede hacer. Nosotros estamos en esta Cámara como delegados de esa soberanía popular que siempre radica en el pueblo, en la sociedad española, en los españoles, en el conjunto de los españoles. Por tanto, lo que hay en esta Cámara es una delegación de soberanía. Ni ustedes como grupos políticos, ni mucho menos el Gobierno, tienen ningún crédito para pactar un referéndum sobre la división de España. Vamos, eso no lo puede hacer este Gobierno; no tiene ninguna intención, pero es que además no lo puede hacer -lo digo para seguridad de todos- mientras esté vigente esta Constitución. Yo animo también a otros grupos políticos. Hoy he escuchado estas opiniones, pero la valoración que yo he venido a traer aquí es que por parte de la Generalitat de Catalunya no se está aplicando un euro a un referéndum que, por lo demás, ya ha sido suficientemente declarado ilegal. He tratado también de explicar

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que la Ley de estabilidad habilita no solo un control, sino también una actuación, como los propios mecanismos de financiación extraordinaria habilitan unas actuaciones que son las que el Gobierno llevaría adelante para garantizar la prestación de los servicios públicos; para eso, para garantizar la legalidad y la prestación de los servicios públicos en Cataluña. Insisto en la idea y, por tanto, la expreso muy sencilla y muy directamente; no al contrario, no se trata de ponerlo en valor.

Por lo demás, señor presidente, quedo a disposición de los grupos para que hablemos en una sesión que consideren oportuna sobre los mecanismos extraordinarios de financiación, sobre el FLA. He escuchado muchas opiniones que valoro, y además me parece muy bien que lo hayan explicado, porque lo han hecho estupendamente. Han explicado que efectivamente quien está financiando directamente a los proveedores de esos servicios públicos es el Gobierno de España. Lo han explicado estupendamente y, por tanto, no voy a añadir nada más. Y sobre la viabilidad y el futuro, pues estoy a su entera disposición para llevarlo adelante.

El portavoz de Ciudadanos ha hecho una pregunta, que es lo que yo he tratado de exponer al final de mi intervención. El Gobierno no va a dudar en aplicar todos los elementos que tiene en su mano para garantizar que ni un euro del presupuesto público de la Generalitat se destine a usos ilegales. El Gobierno está convencido de que los funcionarios de la Generalitat, que son los que están emitiendo esos certificados, porque los remite el órgano político superior, pero los certificados provienen de los funcionarios, están siguiendo ese control de gasto. Por tanto, lo que hacen es remitir. El órgano superior, en este caso, por ejemplo, el vicepresidente de la Generalitat, remite a la Intervención de la Generalitat. Quienes están emitiendo esos certificados son los funcionarios y estoy seguro de que no van a tener ningún comportamiento en clave política que lleve adelante una ilegalidad. Con toda seguridad no va a haber referéndum porque no hay presupuesto. A ver si nos entendemos. Y luego no va a haber referéndum por otras causas, pero no va a haber presupuesto.

Por lo demás, valoro todas las explicaciones, todas estas valoraciones del FLA, del sistema de financiación, pero yo creo que esto debería ser objeto de otra comparecencia, en otro momento, para lo que estoy a su disposición, para hablar sobre los caracteres excepcionales. Estoy también a su disposición para hablar de la importancia de la estabilidad presupuestaria, de que en España sigan vigentes estas leyes. Hay algunos que no es que sean una amenaza, sino que suponen una seguridad de que con ellos lo que va a ocurrir en España es que no va a haber estabilidad presupuestaria. Eso ya lo sabemos, y por eso decía que a algunos no hay más que oírles su discurso y su falta de disposición sobre el equilibrio presupuestario, sobre la estabilidad presupuestaria. Por eso decía que no es que sean una amenaza, es que son una seguridad.

Estoy seguro de que con algunos de los grupos políticos presentes, gobiernen donde gobiernen, si no existieran las leyes de estabilidad presupuestaria realmente estaríamos donde a ustedes les gustaría que estuviera España. Pero esa España ni tendría crecimiento ni tendría creación de empleo ni estaría facilitando los servicios públicos fundamentales del Estado de bienestar. Por eso decía que con ustedes no es que sea una amenaza, sino que es una seguridad. No hay más que oírles hablar realmente sobre el valor de esas leyes. ¿Pero qué ocurre? Pues que no tienen mayoría aquí en esta Cámara para cambiar estas leyes. Las leyes se cambian, y para eso se constituyen mayorías. Esto no es cuestión de voluntad de una persona, de un miembro de un Gobierno, estas son leyes aprobadas por esta Cámara, y mientras esta Cámara tenga esta composición, las leyes de estabilidad están garantizadas. Esas leyes de estabilidad, que es en lo que he insistido esta mañana, son las que están facilitando el crecimiento económico y la creación de empleo. A partir de ahí, como Gobierno estaremos siempre dispuestos a negociar dentro de la legalidad.

¿Cómo podemos mejorar esas relaciones políticas? Dentro de la legalidad, dentro de la Constitución Española, dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es fundamental en nuestra legalidad, y, por supuesto, dentro del marco que suponen leyes que algunos de ustedes, algunos grupos políticos han apoyado la versión anterior; por eso hablaba de Convergència, y aunque ya no existe Convergència traigo su espíritu esta mañana a esta Cámara, aunque sea instantáneo. Ustedes estaban de acuerdo con esta estabilidad presupuestaria y con los controles que se derivaban de la misma; ustedes estaban de acuerdo con los controles que se derivaban de esos mecanismos de financiación, porque, además, son los controles propios de la gobernanza europea, no los estábamos improvisando, inventándolos, estábamos trasladándolos. Otros no estaban, pero es que ya sabemos lo que hacen otros cuando gobiernan. Este no es el motivo de la comparecencia de hoy. El motivo de la comparecencia de hoy era explicar estas medidas y, sobre todo, traer a la Cámara el adelanto de la eficacia de estas

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medidas. Estas medidas están coadyuvando a que tengamos la garantía de que el 1 de octubre no va a haber un referéndum ilegal, porque no lo puede haber, y eso es lo que algunos de los dirigentes actuales de la Generalitat y algunos de los miembros políticos no quieren reconocer. Pero no responden a la cuestión que lanzaba. ¿Ustedes creen que un organismo oficial puede lanzar una convocatoria de referéndum o de lo que sea, de censo, etcétera, sin presupuesto público? Es que es imposible, es que no se puede. Pues esta es la situación que estamos viviendo en España en este último día del mes de agosto y faltando el mes de septiembre para el 1 de octubre.

También quiero insistirles en que el Gobierno va a estar muy pendiente de que efectivamente no exista ninguna movilización presupuestaria para ningún fin que, insisto, ya ha sido suficientemente declarado ilegal.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Como anuncié al principio, si hay alguna solicitud de palabra, vamos a dar un par de minutos solamente y después cerrará el señor ministro.

Seguimos el mismo orden, entonces. Tiene la palabra el señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias por este ejercicio de ustedes o el caos que nos ha señalado el ministro. Es bastante extraordinario teniendo en cuenta cómo dejaron ustedes las cuentas de la Comunidad Autónoma de Valencia o del Ayuntamiento de Madrid, y cómo estamos demostrando nosotros que con otras políticas se pueden mejorar, efectivamente, las cuentas y la financiación. Pero a pesar de ese ejercicio que ha hecho usted, cuando hablo de excepcionalidad no es un lenguaje nuestro, sino suyo. En la nota que ustedes publican después del acuerdo de la posible intervención del FLA en Cataluña dicen: Se mantendrá la aplicación de lo previsto en este acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña. Parece que estén hablando de un terremoto o de un volcán. ¿Qué significa la situación de riesgo general? ¿La podrían describir? Por tanto, esta es una actuación específica, de excepcionalidad claramente, que busca unos fines políticos. No me lo expliquen como una cuestión de sostenibilidad financiera, porque no es verdad. Efectivamente ustedes se han puesto el vestido de policía judicial y han actuado como policía judicial, utilizando recursos que afectan al conjunto de la ciudadanía. Y eso, se pongan como se pongan, es una irresponsabilidad. Y eso, se pongan como se pongan, es un ataque al conjunto de la ciudadanía de Cataluña. O así es percibido, evidentemente.

¿Y por qué esto es así? Básicamente porque ustedes se han colocado siempre en la lógica de la derrota y la victoria. Hemos visto la judicialización de la política, el control financiero, el control de las finanzas de las autonomías y de la Generalitat, y ahora vamos a ver inhabilitaciones. No tienen ninguna otra propuesta más que la coerción, el control; ustedes no tienen ninguna propuesta, en ningún caso, para Cataluña.

Y ya para acabar, porque son pocos minutos, nos dice: Ustedes no nos pueden hablar de un referéndum pactado, porque eso no se puede hacer. ¿De dónde ha salido que no se puede hacer? ¿De dónde? Desde Rubio Llorente a Herrero de Miñón... Mire, uno de los mentores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, tiene un artículo en La Vanguardia que lo explica muy bien. Evidentemente que se puede hacer, porque yo creo que, y esa era una definición, en democracia se puede hablar de todo, ¿o no? Y aquí tenemos, efectivamente, el artículo 92 de la Constitución Española y la Ley de referéndums de 1980 que permitirían hacer un referéndum. Y si hay alguna interpretación que supone que no, con la modificación de la ley orgánica habría bastante. No tengo ninguna duda de que no quieren hacerlo, eso está clarísimo, pero no digan que no se puede. Digan que no quieren, porque igual que no tienen propuestas y que lo único que conocen es la coerción, tampoco buscan espacios de solución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Postius.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.

Haré diversas consideraciones. En primer lugar, el señor ministro habla del apoyo de la antigua Convergència i Unió a la Ley de estabilidad presupuestaria. Si no recuerdo mal, en su momento se acordó que la reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas se haría de una forma equitativa, y después todos sabemos que el Estado incumplió claramente esta disposición que se contemplaba en la ley. Lo que también está muy claro es que a ustedes no les gusta nada de lo que está

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pasando en Cataluña, no lo quieren entender, y yo creo que lo que tendrían que hacer es dejar de utilizar la política del miedo, de perseguir, de amenazar, e intentar entender por qué está pasando esto en Cataluña y por qué hay una mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya, escogida democráticamente, que quiere tirar adelante con la ley del referéndum.

Creo que también hay una cosa que está muy clara, que es que a pesar del Gobierno del Partido Popular, a pesar de las políticas que se han impulsado estos últimos años, a pesar del déficit fiscal de más de 18 000 millones de euros anuales que padecemos los catalanes, a pesar de que los presupuestos del Estado han castigado de una forma sistemática a Cataluña, a pesar de eso de les hemos destrozado el sistema sanitario, a pesar de todo esto, crecemos económicamente, como usted mismo ha reconocido, captamos inversiones como nunca antes y además hay una mayoría social a favor del referéndum, motivo por el cual se va a votar el 1 de octubre. De hecho, la semana que viene se va a aprobar la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. Por lo que aún no se ha gastado ni un solo euro es porque todavía no tenemos el marco legal que, repito, se va a aprobar la semana que viene. Por tanto, yo creo que usted, el ministerio y el Gobierno tendrían que dejar de amenazar con las medidas coercitivas y dejar la política del miedo, porque, en definitiva, lo que estamos haciendo en Cataluña es permitir que la gente se pueda expresar libremente y que pueda ir a votar. Ustedes equiparan votar en un referéndum con una situación de riesgo para el interés general, que es una cosa inaudita desde este punto de vista. Le aseguro que desde el Partit Demòcrata trabajaremos para que la gente pueda votar, pero también vamos a trabajar para que Cataluña se constituya como un Estado propio, un Estado independiente, y para que, dicho con todo el respeto del mundo, a partir del día 2 usted sea el último ministro de Hacienda del Gobierno de España en Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Como sabemos que no es imposible, lo estamos haciendo. Tómeselo como prefiera, como desee o como más le guste. En todo caso, el FLA no es caridad -lo digo para concretar las cosas-, es consecuencia de la falta de ingresos de las comunidades autónomas peor paradas del modelo de financiación, de la transmisión de las políticas de expansión cuantitativas del Banco Central Europeo para dinamizar el mercado de deuda pública tras la crisis de deuda de 2012. En eso seguro que estamos de acuerdo.

Si Cataluña cumple desde 2015 y otros no cumplen -usted me va a tener que reconocer que hay quien no cumple con las obligaciones- no se pueden poner condiciones, porque las que nos han impuesto en este momento son de carácter ideológico. Están imponiendo condiciones de carácter ideológico al FLA y están atacando a los ciudadanos y a sus derechos, a los ciudadanos de Cataluña y a sus derechos, porque ustedes imponen condiciones ideológicas cuando cumplimos. Estamos cumpliendo, ministro, estamos cumpliendo. Hay quien no cumple.

La información que se pide al Govern de Catalunya, usted la tiene mensualmente, la tiene. Lo que ustedes pretenden y están haciendo es incrementar el control para suspender la autonomía por la parte de atrás. Así ustedes conforman y satisfacen a los sectores más duros de la derecha, entre los que se encuentra en estos momentos Ciudadanos, porque le han pedido prácticamente que nos intervengan. Ya le he dicho que la partida de los 6000 euros gastados por el Parlament de Catalunya es para mantenimiento del sistema informático.

Desconfianza de los inversores. Me ha dado la razón, se ha autoenmendado, porque al principio usted decía otra cosa. ¿Pueden continuar manteniendo desconfianza con el Gobierno independentista que ha bajado el déficit del 2,95 % al 0,93 %, mientras que el Gobierno del Estado español lo ha aumentado? Hablan de que las condiciones que se impusieron para estos requisitos suplementarios, las medidas adicionales y la amenaza de suspender el FLA eran por el aumento de la prima de riesgo de la deuda de la Generalitat de Catalunya. Usted sabe que no hay aumento de la prima de riesgo con el bono del Tesoro, sino al contrario. Desde hace un año hasta la fecha, con el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la prima de riesgo -y me dará la razón también en esto, porque esto además es público y notorio- ha bajado en todas las emisiones de bonos. Por ejemplo, la próxima emisión que vence en junio de 2018 se ha reducido en un año 300 puntos. Es así, ministro. Dígalo, dígalo públicamente, dígame que tengo razón.

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Todas esas medidas, esos elementos que ponían para controlar a la Generalitat no se dan. Por tanto, la medida y la decisión son arbitrarias y sectarias políticamente. Castigan a una parte de lo que dicen ustedes que es suya, con ese sentido de la propiedad que tienen de las cosas, porque en definitiva va dirigida única y exclusivamente a Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Simplemente quiero decir que nos alegramos de que Cataluña cumpla con las condiciones y exigencias establecidas en el FLA, con los requisitos que en él se establecen y con la legalidad vigente. Como usted ha dicho, la Generalitat cumple, remite todas las justificaciones, pero no solamente ahora, sino desde 2015, y de ahí venía nuestra incertidumbre en torno a esas nuevas medidas de temporalidad.

Dicho todo eso, también quiero volver al reiterar que creemos que es el momento del diálogo, del consenso y de la voluntad para llegar a una solución política del conflicto catalán sin mayores obstáculos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor De la Torre, del Grupo Ciudadanos.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a hacer dos o tres consideraciones.

En primer término, que se controle el dinero para hacer cumplir las leyes creo que es una cuestión elemental, no una cuestión de derecha más o menos dura. Pura y simplemente, se trata de si el dinero que se destina a pagar una determinada cuestión se dirige a eso y no a otra finalidad, y mucho menos a una declarada inconstitucional.

Una aclaración al señor Doménech. Evidentemente, el señor De Carreras puede tener la opinión que quiera, pero, en el fondo, el Gobierno tiene competencia exclusiva para autorizar un referéndum meramente consultivo. Y lo que reiteradamente ha dicho el Gobierno de la Generalitat que quiere hacer es disponer a su antojo de la soberanía nacional mediante una seudoconsulta, que coincido con el señor Montoro, aunque estoy preocupado, en que no sería seria, no tendría presupuesto público y supondría claramente un riesgo para la estabilidad política del conjunto del Estado. Lo que no puede hacer el Gobierno es disponer en los términos en que está, por ejemplo, la proposición de la ley de transitoriedad jurídica. Eso no lo puede hacer el Gobierno, no lo puede hacer esta Cámara y, simplemente, me parece que es un disparate.

Es cierto que nos deja un poco más tranquilo el señor Montoro cuando nos dice que las certificaciones proceden de los funcionarios de la Generalitat y que no solamente es una cuestión relativa a lo que diga o certifique el señor Junqueras. En cualquier caso, consideramos que hay un principio básico, y es que el dinero de los impuestos de todos los españoles, esa muestra de solidaridad que hemos tenido con las comunidades que están peor gestionadas o peor financiadas y han tenido problemas para pagar los servicios públicos, ese dinero del Fondo de Liquidez Autonómico tiene que ir a financiar servicios públicos, no actividades ilegales. En consecuencia, no abogamos por la intervención ni por medidas coercitivas, sino por un mayor y mejor control, que impida llegar a estas medidas coercitivas, que, en nuestra opinión, serían un fracaso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Señor ministro, puesto que reconoce que hay un problema político en Cataluña, lo que nos preguntamos es dónde están las soluciones políticas, porque lo que es surrealista o ingenuo es pensar que la modificación de las condiciones del FLA va a servir para evitar el problema en Cataluña o para abordar de manera profunda, de manera seria, como requiere, uno de los mayores problemas que tenemos en España, que es precisamente la cuestión catalana.

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En segundo lugar, yo no he hablado del referéndum unilateral e ilegal, en ningún momento, porque ese no era el objeto de la comparecencia. Otros sí que han tenido mucho interés en hablar de ello -casualmente, Partido Popular y grupos independentistas-, porque alimentan esa confrontación y esa dialéctica. Lo que sí denuncio, señora Madrazo, o doña Ana -como prefiera, porque me parece que es más correcto en castellano-, es que la ausencia de diálogo, la ausencia de política y esa confrontación permanente lo que ha hecho y lo que ha provocado ha sido conducirnos y traernos precisamente adonde estamos, al punto en el que nos encontramos. Y esa es la irresponsabilidad del Gobierno de España.

Sobre el referéndum unilateral e ilegal, la posición del Partido Socialista y del Partido de los Socialistas de Cataluña es diáfana, y, por tanto, no tengo que justificar absolutamente nada al respecto. Lo que sí estoy denunciando es que hay una parte de responsabilidad del Gobierno de España y del Partido Popular que no asumen, precisamente no cambian esa dialéctica y siguen en el empeño de estar exactamente en el mismo camino, que no nos ha traído absolutamente nada bueno.

Por eso -termino, señor presidente-, lo que pido al Gobierno de España y al ministro de Hacienda y Función Pública es que aborden un nuevo modelo de financiación autonómica, porque eso es lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y el conjunto de ciudadanos españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias.

Simplemente, me interesa resaltar de las palabras que ha dicho hoy el ministro que el Gobierno de España va a garantizar los servicios básicos y los servicios públicos en Cataluña, como lo hace en el resto del territorio español y como es su obligación, pero, sobre todo y por encima de todo, que va a garantizar que se cumpla la ley y la Constitución. Y agradezco el ofrecimiento del señor ministro para venir aquí a hablar del FLA, porque creo que algunos diputados todavía no saben cómo funciona. Efectivamente, el FLA ha permitido financiarse cuando los mercados estaban cerrados a la financiación para algunas comunidades autónomas, y vuelvo a insistir en el concepto de bono basura. Por tanto, creo que nos va a venir muy bien hablar del FLA, como creo que nos vendría muy bien que viniera alguien a dar unas nociones básicas -yo estudié Económicas, no Derecho-, de Derecho Administrativo y Constitucional. Creo que nos vendría muy bien o les vendría muy bien a algunos diputados, que parecen desconocer lo que significa para un Estado -vuelvo a decir- serio, democrático y avanzado, un Estado de derecho, el cumplimiento de la ley, simplemente el cumplimiento de la ley.

Por último, el FLA, como ha dicho el ministro, no se ha suspendido en ningún momento, porque el Gobierno de España -lo ha manifestado el ministro y lo ha recalcado- no va a poner en riesgo jamás los servicios básicos fundamentales, sino todo lo contrario, los garantiza, en interés general de España y de todos los españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Desde luego, el hecho de que esta mañana estemos celebrando esta comparecencia tiene todo que ver con el referéndum del 1 de octubre -vaya por delante esto-, claro que tiene que ver, tiene que ver todo. Las medidas que en julio adoptó el Gobierno en la Comisión Delegada, que refuerzan las que ya había adoptado en noviembre de 2015, tienen que ver todo con la supuesta convocatoria de referéndum. Si no, ¿por qué hemos tomado esas medidas? ¿Quién está haciendo que Cataluña tenga un hecho excepcional? Unos políticos que están dando pie a la opinión pública catalana, española y mundial para considerar que es factible una vía legal que no es legal. Eso es lo que está ocurriendo. ¿O no es eso lo que está ocurriendo? Es exactamente lo que está ocurriendo. Y, por tanto, ante eso el Gobierno tiene la siguiente posición: la vía ilegal no se va a utilizar, no se van a destinar presupuestos públicos de ninguna administración, lo digo también de una manera cerrada y categórica, porque eso supondría una ilegalidad por parte de quienes los moviera. Y ya se están cuidando los mismos responsables políticos que convocan el referéndum de decir semanalmente que no están cometiendo ninguna ilegalidad, lo que también deberían explicar públicamente.

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¿Por qué no cometen esa ilegalidad? Porque no pueden hacerlo, porque no pueden hacerlo los funcionarios de la Generalitat. Por tanto, lo que se está poniendo de manifiesto en esos certificados semanales, y de ahí la oportunidad de las medidas que ha tomado el Gobierno, aclaro que es, acerca de esa convocatoria de referéndum, por supuesto, de lo que he venido a hablar esta mañana. Y por supuesto que no estamos hablando del tema de Cataluña de fondo, estamos hablando de lo que estamos hablando -por eso, hemos tomado las decisiones del mes de julio-, no vayamos ahora a las otras categorías, que de eso ya hablamos después. En política -vamos a ser pragmáticos-, tenemos un calendario, y un calendario que han establecido los actuales gobernantes de la Generalitat en un claro incumplimiento de la ley: vamos a decirlo con toda propiedad. ¿O no es eso lo que piensan los grupos mayoritarios de esta Cámara? Sí es eso lo que piensan y lo que declaran. ¿Y cuál es la obligación de un Gobierno? Hacer cumplir la ley. ¿Eso tiene que ver con la merma de los servicios públicos de los catalanes? En absoluto. ¿Tiene que ver con la reducción de la financiación de los servicios públicos de los catalanes? Todo lo contrario. Por tanto, lo que vamos a garantizar como Gobierno, porque además todo el marco legal nos lo facilita, son las actuaciones para que, si una administración comete una ilegalidad, sea la Administración General del Estado la que la supla y garantice el funcionamiento de esos servicios públicos.

Por tanto, esto no va de los ciudadanos de Cataluña. Ya le gustaría a alguno que fuera, pero no va de eso. Es todo lo contrario, esto es para facilitar la continuidad de ese acceso a los servicios públicos por parte de los catalanes. Y estas medidas son de control. ¿A alguien le duele el control? Debería ser elemental, todo lo contrario. ¿A alguien le duele el control porque está pensando en hacer algo raro con los recursos públicos? ¿A alguien le duele el control? Pues no. Es lo mismo que si nos quejáramos de que España está sometida al control del procedimiento de déficit excesivo. El Gobierno está muy bien, está de acuerdo con el procedimiento de déficit excesivo; lo que queremos es salir cuanto antes de ese procedimiento. Pero quienes creemos en la integración europea, en que ser miembro del euro es serlo con condiciones entendemos que lo que ello exige son reglas, y las reglas hay que cumplirlas. Por tanto, esa es la condición del Gobierno, la obligación del Gobierno y de lo que hemos venido a hablar esta mañana.

Quedo a disposición de los grupos para hablar de todas esas cuestiones sobre la viabilidad futura de los mecanismos excepcionales de financiación, sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y sobre otras propuestas. Pero déjenme también que acabe positivo: Cataluña está creciendo y creando empleo, el conjunto de España está creciendo y creando empleo y eso tiene que ver con las políticas que se están practicando no solo por parte del Gobierno, sino en esta Cámara, y eso tiene que ver con que tenemos una suficiente base de estabilidad para que ocurra -si no, en ningún lugar del mundo ocurriría, si no hubiera esa estabilidad política-, y la estamos teniendo.

Y esa capacidad de diálogo, de entendimiento es muy positiva, pero ante determinados hechos no caben medias tintas. Lo que está siendo declarado ilegal es ilegal, y en ese terreno no podemos estar jugando con lo que es -insisto- el principio de soberanía nacional de un Estado de derecho, acerca de dónde radica esa soberanía nacional, y, por tanto, las capacidades que tiene un Gobierno a la hora de hacer propuestas y las capacidades que tiene cualquier grupo político a la hora de hacer propuestas y explicar que los límites en un Estado de derecho residen en la soberanía nacional. Hay que preguntar al conjunto de los ciudadanos lo que quiere hacer ese conjunto de ciudadanos con su presente y con su futuro. En definitiva, no se puede hacer por partes lo que no se puede hacer -así lo determina nuestra Constitución y los máximos tribunales-, y, por tanto, el Gobierno lo que trae, en definitiva -y ya lo he explicado-, es que hasta ahora nadie en la Generalitat de Catalunya ha habilitado un euro para cometer ese acto ilegal del 1 de octubre.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de levantar la sesión, voy a cogerle la palabra al ministro, en este caso acerca de su disponibilidad para dar explicaciones. Creo que hay un aspecto clave, que son las conclusiones que ha presentado el grupo de expertos en relación con el proceso, con el sistema de financiación. En la próxima reunión de la Mesa de la Comisión, bien a instancia de los grupos parlamentarios, bien a instancia de la propia Mesa, sería oportuno tener un debate en ese sentido, si sus señorías están de acuerdo.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y quince minutos de la tarde.