DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 322, de 21/09/2017
cve: DSCD-12-CO-322
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 322
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 15
celebrada el jueves,
21 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el Plan de atención integral a las personas sin hogar. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001392)
... (Página2)
- Relativa a equiparar real y efectivamente a los menores en acogimiento
familiar a la condición de "hijo". Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001884) ... (Página7)
- Relativa al desarrollo de medidas destinadas a combatir las situaciones
de violencia filioparental. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/001400) ... (Página10)
- Relativa a la mejora de la protección de los pacientes afectados por la
pseudociencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número
de expediente 161/001403) ... (Página13)
- Relativa a las "pseudoterapias". Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001976) ... (Página13)
- Sobre la modificación de la legislación con la finalidad de que en la
etiqueta de los productos se indique la cantidad de azúcar añadido.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/001797) ... (Página18)
- Sobre el informe del panel de alto nivel de acceso a medicamentos de
Naciones Unidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001810)
... (Página21)
- Relativa al cáncer infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/001982) ... (Página25)
Se abre la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001392).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Señorías, antes de comenzar voy a comentarles algunos cambios en el orden
del día que han solicitado los grupos. Sepan que los puntos 3.º y 7.º se
van a tramitar conjuntamente, y el punto 6.º del orden del día lo vamos a
tramitar en primer lugar. Otra cuestión también de esta índole es que el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
ha retirado su enmienda al punto 3.º y al punto 7.º (La señora Romero
Rodríguez pide la palabra).
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Pedimos que se tramite el punto 6.º en segundo
lugar.
El señor PRESIDENTE: ¿Entonces va en segundo lugar? He leído el orden que
habían acordado los grupos y nos han trasladado a la Mesa e iba en primer
lugar. Ahora veo que lo han cambiado.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Es que no está la persona que lo iba a
defender.
El señor PRESIDENTE: Entonces el 6.º punto lo tramitamos en segundo lugar
y el punto 1.º lo mantenemos en primer lugar.
La señora SORLÍ FRESQUET: Señor presidente, no nos han preguntado a todos
los grupos sobre estos cambios. No tenemos problema para cambiar el
orden, pero lo digo para otras veces.
El señor PRESIDENTE: Vamos a configurar entonces el orden del día. En
primer lugar va el punto 1.º; en segundo lugar va a ir el punto 6.º; en
tercer lugar irá el punto 2.º; en cuarto lugar irán los puntos 3.º y 7.º,
que se tramitan en conjunto; en quinto lugar el 4.º punto; en sexto lugar
el 5.º; y en séptimo lugar el 8.º punto. (El señor Fernández Díaz pide la
palabra).
Adelante, señoría.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Estamos de acuerdo con la propuesta del orden del
día y también con el debate conjunto de los puntos 3.º y 7.º, solo quiero
pedir un poco de flexibilidad por parte de la Mesa en los tiempos en el
debate conjunto de esos dos puntos, porque es un tema importante y son
dos proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que para la tramitación de las
proposiciones no de ley los tiempos son de siete minutos para el grupo
proponente, cinco minutos para el que tiene enmiendas y tres minutos para
el que fija posición. Si les parece daremos para esos dos puntos diez
minutos, siete y cinco. (Asentimiento). Gracias, señorías.
Empezamos entonces por el punto 1.º del orden del día, que es la
proposición no de ley sobre el Plan de Atención Integral a las Personas
sin Hogar, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación tiene
la palabra la señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.
La realidad es que existe una combinación de factores entre los que se
encuentran las alarmantes cifras de desempleo, las políticas de recortes
en los servicios públicos y en la red de protección social y la
precarización en el empleo, que han dado lugar a la aparición de
trabajadores pobres. Todo esto ha provocado el aumento del número de
personas que carecen de una vivienda, y que se ven obligadas a residir en
alojamientos en estado de ruina, en condiciones deficientes o incluso en
la vía pública. La existencia de personas viviendo en la calle es el
reflejo de un fracaso colectivo de nuestra sociedad. A pesar de la
escasez de datos y de información relativa a este fenómeno se ha
comprobado un importante aumento del número de personas sin hogar. Se ha
observado también que ha crecido el número de personas jóvenes y de
mayores de cuarenta y cinco años, así como un alarmante incremento de la
proporción de mujeres y de las personas que tienen pareja e hijos.
Especialmente preocupante es la aparición de una serie de fenómenos
novedosos consecuencia de lo ocurrido en los últimos años en nuestro
país. Ha aumentado el sinhogarismo por impagos, por pérdida de vivienda y
por desempleo. Hay
una mayor cronificación de estas situaciones y de la búsqueda de empleo.
Aumenta el número de personas sin hogar que carecen de cualquier tipo de
ingresos. Las personas sin hogar presentan rasgos demográficos cada vez
más similares al resto de la población. Por ejemplo, aumenta el
porcentaje de mujeres universitarias y también entre las personas sin
hogar que trabajan hay más directivos, técnicos profesionales, más
administrativos y más trabajadores cualificados en los sectores agrario o
industrial. La permanencia media en el trabajo ha aumentado en 2012 y
creció radicalmente el porcentaje de personas sin hogar que llevaban más
de dos años en su trabajo.
Un dato especialmente preocupante es el aumento de las agresiones y
delitos contra las personas sin hogar, especialmente los dirigidos contra
jóvenes o mujeres. Concretamente, según los datos que barajamos, el 51 %
ha sido victima de algún tipo de delito. Es cierto que España, en
cumplimiento del conjunto de resoluciones del Parlamento Europeo, aprobó
en noviembre de 2015 la Estrategia Nacional Integral para las Personas
sin Hogar. Se trata de una enunciación de propuestas y una manera de
apostar por una determinada línea de trabajo que inicialmente fue bien
acogida por los colectivos y por los expertos, pero desde el primer
momento estos colectivos y las personas conocedoras de esta situación
señalaron algunas deficiencias, que se centraban principalmente en la
necesidad de incorporar un presupuesto específico y en la necesidad de
concretar medidas mediante la coordinación de todas las administraciones.
Por tanto la estrategia ya existe, y las organizaciones del tercer sector
están de acuerdo en gran medida con ellas.
No es necesario partir de cero, como se puede desprender de alguna de las
enmiendas -o así me ha parecido entender-, lo que hace falta es corregir
los problemas detectados que explican que no se estén desplegando efectos
en la práctica, y sobre todo la ausencia de dotación económica y la falta
de concreción de medidas. Si de verdad se quiere abordar el problema es
necesario elaborar, con la participación de todas las administraciones y
agentes sociales implicados, un plan que concrete las medidas, incluyendo
dotación presupuestaria y unos objetivos que sean evaluables y cuenten
con un plazo determinado para su cumplimiento. Cuando digo todas las
administraciones soy consciente de que el abordaje directo del problema
debe hacerse desde los servicios sociales, por cierto debilitados por los
recortes en el plan concertado. Esto es competencia de las comunidades
autónomas y las entidades locales, pero eso no significa que la
Administración General del Estado se desentienda, como se desprende de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, puesto que intervienen aquí
actuaciones que afectan a todas las administraciones. Señorías del Grupo
Popular, no se lo digo yo, la propia estrategia cuenta con una serie de
principios en los que debe basarse el abordaje del problema, y otorga
singular importancia a la cooperación. Concretamente dice: la desconexión
entre distintos servicios, departamentos y niveles competenciales y
territoriales impide que haya una coherencia en la intervención con
personas sin hogar, teniendo en cuenta además la alta movilidad
geográfica de esta población -viene contemplado en la página 32 de la
estrategia-.
Si estudiamos las líneas estratégicas que se contemplan observaremos que
en general están bien orientadas, pero si nos preguntamos si se ha
avanzado algo desde que se aprobó la estrategia, en el año 2015, la
respuesta es un no rotundo. Puedo poner algunos ejemplos para que se
pueda apreciar, por un lado, hasta qué punto están implicadas todas las
administraciones, y por otro, la absoluta ausencia de desarrollo. Línea
estratégica 2, establecer protocolos de detección e intervención temprana
del sinhogarismo. Se detecta la necesidad de llevar a cabo este
protocolo, la protección de los menores, de Instituciones Penitenciarias,
de centros de acogida; son ejemplos que muestran cómo la Administración
General del Estado debe ser partícipe y coordinar estas actuaciones,
tanto con comunidades autónomas como con entidades locales. También en el
propio plan se habla de eliminar barreras que obstaculicen el acceso a
los servicios y a las prestaciones sociales. La línea estratégica 3 se
refiere a combatir la violencia ejercida contra las personas sin hogar.
Entre otras cuestiones se recoge la necesaria colaboración entre los
servicios sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las personas sin hogar.
En la línea estratégica 8, de mejora de los recursos dirigidos a las
personas sin hogar, podríamos citar el establecimiento de un protocolo de
actuación con la fiscalía para determinar criterios de intervención con
personas sin hogar en situación de calle con un deterioro extremo. Un
último ejemplo, la línea estratégica diez, mejorar la empleabilidad de
las personas sin hogar, que contempla el reforzar los programas mixtos de
empleo y formación, así como los de formación laboral y educación de
adultos adaptándolos a las personas sin hogar, y favorecer la
contratación de las personas sin hogar en las empresas de inserción en el
mercado normalizado de trabajo.
Todos estos motivos han hecho que el Grupo Socialista traiga esta
iniciativa hoy a la Comisión, porque, insisto en que, si bien la
estrategia fue aprobada en 2015, bien acogida por la mayoría de los
colectivos, se necesitan unos planes específicos, unas medidas concretas
de actuación y, por supuesto, una dotación presupuestaria. Todo ello debe
ser en estrecha coordinación y colaboración con el resto de
administraciones y, como no puede ser de otra manera, con los distintos
colectivos que trabajan en este sentido. Prácticamente hace dos años que
se aprobó esta estrategia y, a día de hoy, los efectos en la población
que vive en estas circunstancias han sido prácticamente nulos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
Damos paso a los grupos enmendantes, empezando por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, muchas gracias.
La encuesta de personas sin hogar en 2012, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística, señalaba que en España había casi 23 000
personas que se encontraban en esta situación de sinhogarismo y hacían
uso de los recursos especializados. El término sinhogarismo hace
referencia a personas sin techo, sin vivienda o habitadores de
infravivienda. Según las organizaciones que se encargan del triste y
vergonzante fenómeno de la gente sin hogar en España, como la Fundación
RAIS, estima que unas ocho mil personas más estarían fuera de la red de
atención y que viven y permanecen de forma estable en las calles. Es por
ello que hemos realizado una enmienda de adición y de mejora técnica que
esperamos humildemente sea aceptada por el grupo proponente, la cual reza
literalmente: Además, el Gobierno trasladará al Instituto Nacional de
Estadística la necesidad de realizar una nueva encuesta sobre personas
sin hogar que contemple también un muestreo de personas sin hogar que
pernoctan en la vía pública.
Las características e historias de vida de estas personas son diversas,
pero todas comparten una triste y lamentable situación: no disponen de
una vivienda, de un hogar. Sin embargo, de forma paradójica, las
políticas de vivienda no han prestado atención al fenómeno del
sinhogarismo. Un reciente ejemplo es el borrador de real decreto del Plan
Estatal de la Vivienda 2018-2021. En todo el texto no se encuentra ni una
sola referencia a la gente sin hogar o, al menos, yo no la he encontrado.
Aquellas personas cuya situación de exclusión viene definida precisamente
por la ausencia de vivienda no son un colectivo prioritario o no suele
serlo para las políticas que precisamente están dirigidas a favorecer el
acceso al derecho a una vivienda. Por todo ello, debemos reflexionar,
pero, sobre todo, mejorar. Por el contrario, tradicionalmente, el
sinhogarismo se ha abordado como un problema de los servicios sociales,
poniendo el foco de la intervención en características individuales de
las personas. Sin embargo, los datos señalan que los factores
estructurales y socioeconómicos tienen un papel fundamental para que una
persona acabe viviendo en la calle. Según el Instituto Nacional de
Estadística, el 45 % de las personas señala la pérdida de empleo como el
motivo por el que se encuentra sin hogar; el 26 %, porque no pudo pagar
el alojamiento; el 12 %, porque le desahuciaron; el 5,8 % porque finalizó
el contrato de alquiler. Las políticas de vivienda se convierten, por
tanto, en un requisito fundamental para dar solución, al menos, a las 31
000 personas que, según estiman las asociaciones, carecen de un hogar en
España. En este sentido, durante los últimos años la comunidad
internacional está promoviendo cambios en el abordaje del problema del
sinhogarismo, dándole relevancia fundamental a un enfoque basado en el
acceso a la vivienda.
Más allá del reconocimiento jurídico del derecho a la vivienda, que es
absolutamente fundamental, es importante poner de manifiesto el impacto
que tiene o puede tener su vulneración. Los derechos humanos son
interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, de forma
que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar al
disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos y viceversa. Así,
por ejemplo, el anterior relator especial de Naciones Unidas sobre una
vivienda adecuada señaló, en el 2008/1, la vinculación del derecho a una
vivienda adecuada con otros derechos, como el derecho a la alimentación,
el agua, la salud, el trabajo, la propiedad, la seguridad de la persona,
la seguridad del hogar y la protección contra los tratos inhumanos y
degradantes. En definitiva, tal y como han manifestado organismos
internacionales -en el texto de la proposición se habla de Europa, yo voy
a hacer referencia a la ONU-, la falta de hogar es quizá el síntoma más
visible y más grave de la inobservancia al derecho a una vivienda
adecuada.
Muchísimas gracias. Esperemos que el grupo proponente cuente con nuestra
enmienda.
Si los grupos trasladasen a la Mesa quién va a ser el portavoz en cada
punto, nos facilitaría mucho la labor.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Marcello Santos.
La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidente.
En primer lugar, queremos agradecer al grupo proponente el que traiga esta
proposición no de ley sobre un tema tan dramático y tan poco visible,
tanto en los medios de comunicación como en la agenda política de nuestro
país, como es el de las personas sin hogar. Cuando trabajábamos esta
proposición no de ley, nos preguntábamos si las personas sin hogar pueden
tener salud, si las personas sin hogar pueden tener trabajo, si una
persona sin hogar puede tener una unidad familiar estable. ¿Las personas
sin hogar pueden tener redes de apoyo, pueden tener voz dentro de la
sociedad, pueden tener, en definitiva, un proyecto de vida? Creo que sin
hogar estas personas no tienen realmente derecho a una vida digna. Por
tanto, quiero remarcar lo positivo que vemos en esta propuesta de crear
un plan de atención integral a las personas sin hogar, pero tenemos una
cierta preocupación porque no queremos que caiga en el olvido del saco de
las proposiciones no de ley que luego el Gobierno toma en consideración
o, normalmente, hace política de oídos sordos. Por eso planteamos que de
verdad se haga de una manera seria y honesta y dando solución a lo que
alguien ha llamado aquí fenómeno -yo creo que esto no es un fenómeno de
la naturaleza, es una realidad y es consecuencia del fracaso que tenemos
como sociedad; en este caso, que se lo haga mirar el Gobierno como un
fracaso de las cifras que tenemos ahora mismo de personas que no tienen
un hogar donde poder vivir-; insisto, planteamos que se haga de una
manera seria y empecemos a reconocer que existe esa realidad, que existe
y que es complicado obtener datos oficiales de cuántas personas están en
situación de calle, pero basta con pasear por las calles y ver realmente
las personas que no tienen ningún tipo de hogar ni de techo. Nosotros
vemos la necesidad de reconvertir sobre todo el sistema de atención.
Planteamos que debemos encaminarnos desde los servicios sociales a un
plan de desinstitucionalización, que no es la única vía para dar solución
a estas personas. Hemos de poner el centro de atención sobre todo en la
persona, además, como posibilitante de que sea ella misma la que decida
cómo tiene que ser su plan de reinserción, si es que en este caso tenemos
que hablar de reinserción o es directamente la sociedad la que les ha
expulsado.
Creo que es necesario hablar de garantizar el derecho a la salud. No me
quiero imaginar lo que es tener que pasar cáncer o cualquier tipo de
enfermedad viviendo y durmiendo en la calle, ni siquiera cómo tiene que
ser la cronificación de esos problemas de salud o de cómo puede ocasionar
problemas de salud mental el hecho de vivir en la calle o de cómo pueden
aumentar las drogodependencias de las personas que viven en la calle. Por
eso, a la hora de abordar este tema, creo que es muy importante hablarlo
desde la perspectiva de garantizar el derecho a la vivienda, y para eso
creemos que es necesario que dentro del Plan Nacional de Vivienda se
recoja un programa específico que ponga atención en esta realidad que
tenemos. Es dramático ver cómo hablamos de la cantidad de personas que no
tienen un hogar y estamos hablando del mismo país -este que llaman marca
España- en el que, según el último censo oficial de población y de
vivienda que tenemos, que es de 2011, se recoge que 3,4 millones, repito,
3,4 millones de viviendas en este país están vacías y que España acumula
el 30 % de las viviendas vacías en toda Europa. No son nuestros datos,
son los datos de Amnistía Internacional. Por tanto, no estamos frente a
un problema de vivienda, estamos ante un problema de personas a las que
se les niega el derecho a una vida y a poder tener una alternativa
habitacional; vemos como las entidades del tercer sector son las que
tienen que intervenir para poner fin a esta dramática situación. Creemos
que hay que poner el foco en que el Gobierno tiene la obligación directa
de acabar con esta situación. Por tanto, felicitamos este plan de
atención integral a las personas sin hogar, sobre todo vía financiación
de los Presupuestos Generales del Estado si de verdad lo queremos hacer.
En definitiva, hemos de ponernos a trabajar para garantizar que estas
personas tengan derecho a una vida, pero a una vida vivida con dignidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcello.
Por último, como grupo enmendante, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Buenos días, señor presidente, señorías.
Coincidimos con ustedes en que la existencia de personas viviendo en la
calle es el reflejo de un fracaso colectivo como sociedad y, al igual que
ustedes, somos conocedores de esta dura realidad. Sin embargo, que seamos
conscientes de esta problemática y que asumamos como miembros de la
sociedad nuestra parte de responsabilidad, no implica que coincidamos con
ustedes en el análisis de la situación porque, señorías, una persona o
una familia no se ve en la calle de un día para otro, ni tampoco hay una
única causa. En la mayoría de los casos, es verdad, se debe a que el
grado de pobreza ha llegado a un punto extremo. No debemos olvidar que la
pobreza y la exclusión social no se generaron -como ustedes dicen- desde
2012, sino que fue entre 2007 y 2011 cuando la pobreza, y la pobreza
infantil, crecían en nuestro país a mayor velocidad que en la Unión
Europea. También fue durante ese periodo -y no lo decimos nosotros, los
integrantes del Grupo Parlamentario Popular, sino que lo señala la OCDE
en su informe de 19 de junio de 2014- cuando España se convirtió en el
país miembro en el que más crecía la desigualdad. Por lo tanto, la crisis
de esos años y la mala gestión de la misma dispararon la desigualdad de
ingresos entre españoles, y la brecha entre pobres y ricos alcanzaba
entonces su nivel más alto desde que disponemos de datos. Entonces, el
Gobierno socialista desoía el mandato parlamentario de aprobar un nuevo
plan de inclusión 2011-2013, pese a que el anterior había concluido en
2010. Es con el Gobierno del Partido Popular cuando se aprueba el nuevo
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, con 240 actuaciones
específicas contra la pobreza y la exclusión social, y con una dotación
económica de más de 136 000 millones de euros. Pero, además de esta
medida específica, el Partido Popular ha defendido y defenderá que la
mayor política social es el empleo. Con la creación de empleo los
ciudadanos pueden realizarse y vivir por sí mismos, al mismo tiempo que
el Estado puede disponer de mayores recursos para atender a los sectores
más desfavorecidos. Es el empleo, las prestaciones sociales y unos
servicios públicos de calidad los que constituyen la política más eficaz
para luchar contra la pobreza y el riesgo de exclusión social. Por eso,
paralelamente a la creación de empleo, este Gobierno no ha dejado de
atender las políticas sociales. Hoy más de 13 millones de españoles
cobran algún tipo de prestación pública como las pensiones, contributivas
y no contributivas, o las prestaciones por desempleo. Se han tomado más
medidas como la de que los parados de larga duración no tengan que pagar
los medicamentos, cuando antes aportaban un 40 %. Del mismo modo, el
gasto social en los Presupuestos Generales del Estado se ha visto
incrementado en estos años; hay más recursos y un mayor número de
beneficiarios.
Por lo tanto, señorías del Grupo Socialista, como les dije al comienzo de
mi intervención, no coincidimos con ustedes en el análisis del problema,
pero en esta ocasión sí compartimos la solución. Sin embargo, hacemos
unas ligeras apreciaciones que esperamos sean tenidas en cuenta. Por un
lado, nuestra enmienda enfatiza el ámbito competencial de las distintas
administraciones implicadas; y, por otro lado, amplía el plazo temporal
para la elaboración de un plan de atención integral de personas sin
hogar; porque no sería realista, presentándose la iniciativa a principios
de año y debatiéndose a estas alturas, dar un plazo inferior a tres meses
al Gobierno, comunidades autónomas, entes locales y entidades sociales
relacionadas con dicho plan. Por tanto, señorías del Grupo Socialista,
apelo a su sentido de la responsabilidad y les recuerdo que no sería la
primera vez que fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo en un asunto tan
trascendental como este. En 2014 se debatió en esta Cámara una
proposición de mi grupo que reflejaba la preocupación por las familias
sin hogar. En aquella ocasión fue mi grupo quien puso el debate sobre la
mesa, pero fuimos la mayoría los que, a través de una enmienda
transaccional, instamos al Gobierno a elaborar una estrategia específica
para estas personas; usted lo ha dicho. Y de este mandato parlamentario
surgió, el 6 de noviembre de 2015, la aprobación por el Consejo de
Ministros de la primera Estrategia nacional integral para personas sin
hogar 2015-2020. En esta Estrategia nacional integral para personas sin
hogar han participado diferentes ministerios, el tercer sector de acción
social, las administraciones territoriales y otros agentes relevantes; y
es el instrumento que propone el Gobierno para dar respuesta a la
situación que viven y por la que atraviesan muchas personas y, de este
modo, crear un marco integral de acción para un colectivo de personas
vulnerables.
Por este motivo, porque ya existe este marco en el que poder desarrollar
políticas a favor de las personas sin hogar, les presentamos esta
enmienda que rogamos acepten. Creemos que lo pertinente es continuar
dando desarrollo a esta estrategia y, por supuesto, implicando a las
comunidades autónomas y entidades locales, que son -como ustedes saben-
los que tienen las competencias en esta materia, y la fecha a 31 de
diciembre para la evaluación por los plazos que ya he explicado antes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcos.
No habiendo otros grupos para fijar posición, señora Ramón, a efectos de
votación, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?
La señora RAMÓN UTRABO: Tengo que ver ahora algunas cuestiones con el
resto de compañeros.
Ya que me pregunta, se me ha olvidado decir en mi intervención que,
evidentemente, el plazo de 2017 que contemplaba nuestra iniciativa lo
aumentábamos a 2018 porque ya no tiene sentido.
El señor PRESIDENTE: Entonces igual esperamos una transacción.
- RELATIVA A EQUIPARAR REAL Y EFECTIVAMENTE A LOS MENORES EN ACOGIMIENTO
FAMILIAR A LA CONDICIÓN DE "HIJO". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001884).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tratamos el que aparecía en el orden
del día original como punto 6.º, es decir, la proposición no de ley
relativa a equiparar real y efectivamente a los menores en acogimiento
familiar a la condición de hijo. Es una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra Cotelo.
La señora COTELO BALMASEDA: Buenos días. Gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi grupo parlamentario,
especialmente a la portavoz de Asuntos Sociales, por dejarme defender la
PNL. En segundo lugar, me gustaría manifestar el apoyo de todo el Grupo
Popular, su reconocimiento y admiración hacia las personas y familias
que, en un enorme acto de generosidad, sensibilidad y responsabilidad
social, deciden acoger a un menor entre ellos. En tercer lugar, me atrevo
a pedir por adelantado a todos los miembros de esta Comisión que voten a
favor de esta iniciativa. No es un voto a favor ni en contra del Partido
Popular; es un voto a favor de los menores que, desafortunadamente, se
ven en una situación de acogida. Es un voto a favor de las familias que,
en un acto de inmenso amor, deciden ayudar socialmente y
desinteresadamente a estos menores.
Una vez realizadas estas tres consideraciones, me gustaría justificar el
porqué de la iniciativa y por qué creemos que es necesario su apoyo.
Señorías, su apoyo es necesario porque sé a ciencia cierta que funciona.
Esta iniciativa ya está vigente en mi ciudad. Antes de seguir me gustaría
dar unos datos, no están muy actualizados pero sirven para que nos
hagamos una idea. Son datos del boletín de estadística de 2015, que es el
último. Menores que están en situación de acogida: 33 768; de estos,
menores que están en residencia: 13 596, y en acogida familiar, 20 172,
de los cuales en acogida simple, 6716; en acogida permanente, 11 888; y
en preadopción, 1568. Creo que con estos datos podemos hacernos una idea
de la situación de la que estamos hablando. Ya les he avanzado el porqué
de esta iniciativa, como decía, porque se está llevando a cabo y sé que
funciona y porque, además, como todos sabemos, la promoción de los
derechos de la infancia y de la adolescencia, así como la protección
social, económica y jurídica de la familia son objetos prioritarios de
los poderes públicos de nuestro país. En los últimos años, todos somos
conscientes de los avances que se han producido en España en cuanto al
bienestar de los menores de edad y de sus familias, y la realidad de los
menores de acogida nos obliga a ir un paso más allá, incrementando el
progreso social, cooperando más que nunca entre las administraciones,
siempre todo ello dentro del marco competencial que nuestra Constitución
nos marca. Y se puede ir más allá, podemos avanzar en bienestar social,
sin perder de vista el entorno, teniendo en cuenta el escenario económico
general que actualmente tenemos y que, afortunadamente, guste o no a
algunos partidos políticos, está evolucionando positivamente. En mi grupo
estamos convencidos de que la mejor política social es una buena política
económica que genere empleo. Por este motivo consideramos que ahora, ante
una situación de crecimiento económico y social y por lo tanto en mejor
situación, es necesario avanzar. Es importante avanzar en la agenda
social que se inició por el Gobierno en la X Legislatura y que nos
permite consolidar la innovación social; innovación social dirigida a no
dejar a nadie atrás, con el objetivo de establecer como prioritaria la
lucha contra la desigualdad, porque en todos los ámbitos administrativos
-estatal, autonómico y local- es preciso trabajar a favor de la
innovación social pues es parte de la necesaria adaptación a los nuevos
tiempos, y de esto está convencido el Grupo Popular. Y también estoy
convencida de que todos los grupos políticos coinciden en que esta debe
ser la legislatura marcada por la transparencia, por la evaluación de las
políticas sociales y de la responsabilidad social. Entendemos que en un
tiempo diferente, con una sociedad distinta, se requieren modos de
gobernar más próximos. Son momentos donde el ciudadano necesita sentir
más cerca a su Administración,
especialmente a su ayuntamiento, a su Administración inmediata, que tiene
que estar para ayudarle. Como les decía, funciona y un buen ejemplo es el
de mi localidad, el Ayuntamiento de Logroño, donde la consideración de
hijos naturales de los menores en acogimiento familiar durante su periodo
de convivencia conlleva el acceso en igualdad de condiciones a las
familias con hijos naturales, a los servicios municipales, como pueden
ser las ludotecas, las chiquibecas, campamentos, actividades deportivas e
incluso la inscripción en la escuela municipal de música. Es decir, en
estos casos los menores de acogida tienen la consideración de hijos y
hermanos, sin necesidad de llegar a ser número para conseguir la familia
numerosa. De este modo, también incluso pueden acceder a las reducciones
que hay de impuestos en el área de familia, de deporte, de Hacienda y de
transporte urbano.
Esta medida ya está en funcionamiento, como les decía, desde el año pasado
y ha sido muy bien acogida, y se debe a que la ley solo equipara a los
menores de acogida permanente o en situación preadoptiva y no a los niños
de acogida, que están de forma temporal o por vía de urgencia. Mi
corporación, como les decía, lo ha hecho y está gobernada por el Partido
Popular, con su alcaldesa a la cabeza y con una enorme sensibilidad y
compromiso social. Por eso, ha dado un paso más allá y ha establecido
este apoyo especial a las familias, no solo para compensar la gran labor
social realizada, que creo que es incompensable, sino también y
fundamentalmente para incrementar la calidad de la atención de los
menores, de acuerdo con el objetivo de avanzar en la protección social,
jurídica y económica de las familias y ofrecer apoyo preferente a las
familias en situación especial que desde el Plan Integral de Apoyo a la
Familia 2015-2017 se marca como objetivo prioritario.
Termino, señorías. Esta iniciativa nace con el único propósito de valorar
la aplicación de un modelo de atención de acogimiento familiar similar al
que se aplica en mi ciudad y que funciona, como he dicho -lo pueden
comprobar-. Este modelo propone ordenar y actualizar los apoyos que estas
familias reciben de las administraciones públicas, equiparando real y
efectivamente, a todos los efectos administrativos, a los menores en
acogimiento en cualquiera de sus modalidades -temporal, permanente o
preadopción o de urgencia- a la condición de hijo durante este periodo de
tiempo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cotelo.
Hay una única enmienda a esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora
Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, donde mejor puede crecer un menor es en familia, creo que todos
y todas estamos de acuerdo. De esta forma, los menores tutelados pueden
tener la oportunidad de desarrollarse en el entorno más adecuado durante
la infancia. El principio fundamental del interés superior del menor debe
inspirar toda la legislación de protección a la infancia y establecer que
la vida y el desarrollo de un menor tengan lugar en un entorno familiar
adecuado y libre de violencia. Existe unanimidad entre los expertos a la
hora de considerar que la familia es el hábitat natural de la persona y
el medio idóneo para su crecimiento y bienestar, especialmente en el caso
de los menores. Por eso, resulta indispensable reconocer de un modo claro
y rotundo en la legislación la prioridad del acogimiento familiar frente
al residencial. El acogimiento familiar es un recurso social que
proporciona una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y
niñas o adolescentes que, por diversas razones, no pueden convivir con la
suya, evitando la institucionalización de niños cuyos padres, por
circunstancias personales o sociales, no pueden hacerse cargo de ellos y
pasan a ser tutelados por la Administración. La retirada de la tutela a
los padres biológicos puede ser por un periodo de tiempo temporal o
permanente. La Ley 26/2015, que regula el sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, ya introduce un nuevo artículo 20 bis a la
Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
manera que en su apartado 1) recoge los derechos de los acogedores
familiares, señalando la obligatoriedad de facilitar al menor acogido las
mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, con el fin de
hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el
menor conviva con ellos. Asimismo dispone que la familia acogedora tendrá
los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades
familiares.
Ahora bien, nada ha hecho el Gobierno de España para implementar políticas
públicas de acogimiento familiar más efectivas y apoyar a las familias
acogedoras, como sí lo ha hecho el Gobierno de Andalucía. Al contrario,
pues a pesar de priorizar las soluciones familiares de acogimiento y de
adopción frente a las residenciales, la realidad es que estamos aún lejos
de ese propósito, ya que el porcentaje de los menores tutelados por la
Administración que se encuentran en residencias es demasiado grande. Por
ello, hay que
corregir el desequilibrio entre la inversión en acogimiento residencial
frente al familiar, además de pedir medidas que impulsen la promoción de
la acogida. Un acogimiento no es una adopción, hay que tener claro que el
niño tendrá contacto con su familia biológica y que no es una medida
definitiva. Las familias de acogida demandan una mayor visibilidad pues,
desgraciadamente, faltan familias y sobran menores en desamparo. La
acogida de menores es un acto completamente altruista en nuestro país y
tiene escasas subvenciones públicas, a pesar de que el tutor legal de los
menores es la Administración. Además, al Grupo Socialista, a las familias
y a las asociaciones nos preocupa conseguir la nacionalidad española de
los menores. Es evidente que no es lo mismo tener la nacionalidad
española que una simple tarjeta de residencia. Una preocupación
demostrada por las 119 000 firmas recogidas en Change.org y entregadas en
el Ministerio de Justicia por un grupo de familias con menores en
situación de acogida para pedir que se les conceda la nacionalidad
española. Estas familias se enfrentan en su día a día a situaciones en
las que tienen que dar demasiadas explicaciones, como entregar un papel
para una guardería o colegio, solicitar la cartilla sanitaria, federarse
para poder hacer un deporte o explicar a los menores que no pueden viajar
con sus compañeros. Además, entendemos que una persona con dieciocho años
no está todavía preparada para desenvolverse. Por eso, es importante un
programa de seguimiento para la preparación de la familia independiente
hasta los veinticinco años de los menores que hayan estado tutelados, con
medidas de apoyo social y prestaciones. En este sentido va nuestra
enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tundidor.
Solo el Grupo Ciudadanos ha pedido la palabra para fijar posición, por
tanto, el señor Clemente la tiene.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La fortaleza de un país, su grado de bienestar, no solo depende de la
fortaleza de una clase media fuerte; depende de que haya pocas
desigualdades y de que haya una garantía de igualdad de derechos, muy
especialmente la de la infancia y la adolescencia. Como en casi todos los
ámbitos de los servicios sociosanitarios prestados por las distintas
comunidades autónomas, esa distribución competencial heterogénea y nada
armonizada en cuanto a calidad y oferta de servicios ha generado un
panorama desigual e injusto, creando españoles de primera y de segunda en
función de dónde hayan nacido. Mi grupo parlamentario no cree en
privilegios ni de personas ni de territorios, España debe ser un país de
ciudadanos libres e iguales. Aun así, todos conocemos que la disposición
quinta de la Ley orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia reconoce que para
obtener la condición de familia numerosa tendrán la misma consideración
que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar
permanente o preadoptivo legalmente constituido; es decir, que un menor
en acogimiento familiar permanente es reconocido como un miembro más de
la unidad familiar a la hora de obtener la condición de familia numerosa
y, por lo tanto, para acceder a las prestaciones que ello conlleva. La
filosofía que pretende esta iniciativa es extender los beneficios de las
familias numerosas a aquellas que, cumpliendo todas las condiciones
requeridas, cuenten entre sus miembros con algún menor en acogimiento
familiar de urgencia o temporal. Aquí da un poco de miedo cuando dice que
cumplan todos los requisitos dados, pero como iniciativa, ya que se trata
de una proposición no de ley, está bien de momento. Realmente espero que
se materialice de verdad y no quede en un simple papel mojado.
Por todo ello, esta iniciativa en su parte propositiva nos parece que no
solo es necesaria, sino que es justa y, en algunos casos, urgente. Muchas
gracias por traer esta iniciativa que, evidentemente, votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.
A efectos de votación, señora Cotelo, ¿acepta la enmienda presentada o hay
alguna transacción en curso?
La señora COTELO BALMASEDA: Le comento, quisiera dar las gracias a todos
los grupos...
La señora COTELO BALMASEDA: En principio no, pero me gustaría decir por
qué no aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: No, no, solo es a efectos de votación. Sí o no.
La señora COTELO BALMASEDA: Pues en principio no.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE MEDIDAS DESTINADAS A COMBATIR LAS SITUACIONES
DE VIOLENCIA FILIOPARENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001400).
El señor PRESIDENTE: En tercer lugar, vamos a debatir el que era
originariamente el segundo punto del orden del día, que es la proposición
no de ley relativa al desarrollo de medidas destinadas a combatir las
situaciones de violencia filioparental del Grupo Parlamentario Popular.
Para defender la iniciativa tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. La defensa de la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Popular trae hoy a la Cámara nos parece de gran interés no
solo por el contenido de la misma, sino también por el momento de su
debate y, más aún, porque sin duda este será un tema de consenso. Al
menos deberíamos esforzarnos para que así fuese, porque sería un gran
ejemplo para los ciudadanos a los que representamos. Que existe violencia
de hijos a padres es una realidad, pero lo alarmante es la subida
exponencial de los casos en los últimos años, según el informe de la
Fiscalía General. En casi una década, se ha pasado de atender dos mil
denuncias a casi un total de diez mil y, aunque los números nos abrumen,
se sabe que solo el 20 % de los casos reales se denuncia, mientras que al
menos el 60 % de los progenitores ha sufrido alguna vez violencia física,
psíquica o verbal. En el conflicto que se da en el seno de la familia en
la que media violencia y en la que el agresor es menor, también por su
responsabilidad civil y penal, la víctima, su progenitor o el adulto que
ocupe su lugar debería ser tratado, y ha de serlo desde un punto de vista
transversal, desde el ámbito que ocupa el Ministerio de Justicia, el
Ministerio de Educación y, claro que sí, el ministerio del ramo propio de
esta Comisión, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
por lo mucho que se ha avanzado en esta materia desde este ámbito. Quiero
recordarles que lo más importante, a pesar de que en este caso el
infractor pudiese ser el menor, es la protección del interés superior del
menor y aquí ya se hizo mucho en la pasada legislatura con la aprobación
de la reforma de la protección de la infancia y la adolescencia a través
de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley 26/2015, convirtiéndonos en el
primer país de Europa que recoge el interés superior del menor como
principio rector del derecho sustantivo de la norma de procedimiento.
Convendrán conmigo que la lucha contra la violencia filioparental trata
de proteger al menor y al adolescente porque en más de un caso son
víctimas de ellos mismos y además estamos ante un tipo de violencia
bidireccional.
También fue un Gobierno del Partido Popular el que reconoció a los menores
como víctimas de violencia de género, después de la modificación de la
Ley de 2004, y el que ha reforzado la protección contra los abusos
sexuales a menores creando el registro central de delincuentes sexuales.
Y también el Gobierno del PP ha logrado en esta legislatura -y desde aquí
quiero agradecérselo-, gracias al acuerdo de todas las fuerzas políticas,
un Pacto de Estado contra la violencia de género, recientemente aprobado.
¿Y saben cuál es otro dato importante a este respecto? Que el 80 % de las
víctimas de violencia filioparental son las madres y no los padres. Como
les decía, pienso que es el momento apropiado para traer a debate esta
iniciativa no legislativa, pues los acuerdos de los últimos meses nos
dejan el retrato de que todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en
luchar contra cualquier tipo de violencia, cualquiera, ahora que el
Gobierno también está inmerso en la elaboración de los proyectos de la
ley integral de apoyo a la familia. Recientemente, la semana pasada, se
traía a la Cámara y se aprobaba por unanimidad poner en marcha la toma en
consideración de una ley de protección integral frente a la violencia
contra la infancia, un hito importante para poder abordar este tipo de
violencia filioparental y para erradicar cualquier tipo de violencia. Por
tanto, es el momento de que instemos todos al Gobierno a adoptar, de
acuerdo con las comunidades autónomas, y por supuesto en colaboración con
las entidades sociales implicadas, una serie de medidas basadas en el
estudio de esta violencia intrafamiliar, con el fin de dar una respuesta
integral y completa a la violencia ascendente y poder en definitiva
erradicar el problema.
Como decía al principio, son muchos los agentes implicados: educadores,
sanitarios, profesionales sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, por lo que son muchas las personas que pueden luchar contra el
problema. Por este motivo es necesario emprender acciones orientadas a
mejorar su formación para poder abordar la violencia ascendente de forma
eficaz, pero para poder hacerlo debemos sentar las bases que permitan
detectar el origen del problema, implicando, por ejemplo, a los padres en
el cumplimiento de las penas de los menores condenados a recibir la
terapia adecuada como garantía de éxito. Además, tenemos los avales
suficientes para poder ponernos en marcha.
Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Unidos Podemos y
por el Grupo Socialista, quiero hacer referencia a la incidencia que
hacen en los presupuestos generales. Son plenamente conscientes de que
los presupuestos generales entrarán de nuevo en la Cámara y de que el
compromiso del Partido Popular será de nuevo un mayor aumento en
políticas sociales, como ya hicimos en los presupuestos del año 2017,
donde 7 de cada 10 euros se invertían en materia social, llegándose a
incrementar la partida en 100 euros en relación con la protección a la
familia. Creo que nos encontramos en un momento adecuado. Siempre piden
presupuestos pero, a la hora de votar los presupuestos generales, votan
en contra. El interés de la misma y de acabar con la violencia, en este
caso la violencia ascendente, que redundará sin duda en beneficio de los
propios menores que se sienten víctimas de la misma, es motivo suficiente
para que voten a favor de esta proposición no legislativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
En defensa ahora de las enmiendas presentadas, tiene la palabra en primer
lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, la señora Terrón.
La señora TERRÓN BERBEL: Gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos la necesidad de seguir investigando las causas de la
violencia filioparental, pero con esta proposición del Grupo Popular nos
pasa, por poner una metáfora, como cuando después de una comida copiosa,
en la sobremesa, te tomas un café descafeinado manchado, es decir, que
tiene muy buenas intenciones pero se queda un poco corta. Por eso, aunque
compartimos una buena parte del análisis y compartimos también la
propuesta que hace, presentamos esta enmienda, porque consideramos que
hay que ir un paso más allá. Creemos que no es un hecho novedoso, aunque
sí compartimos que ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Es cierto que
anteriormente no es que no existiese sino que era mucho más invisible por
algunos factores como, por ejemplo, el derecho de corrección que la ley
amparaba en cierto modo, permitiendo prácticas de violencia intrafamiliar
o también facilitaba que dichas prácticas fueran mucho más invisibles.
Para atajar los problemas, evidentemente, ya sea para la violencia
filioparental como para cualquier otra cosa, hay que ir a las causas y
por eso hay que investigar, sin duda alguna, pero también hay que buscar
soluciones, porque ya hay investigaciones que alumbran causas y plantean
soluciones. Alumbran causas como el modelo social basado en la violencia.
Aquí también tenemos que revisar qué tipo de políticas se han ido
implementando durante estos años, qué recortes ha habido en educación o
en materia de igualdad y qué responsabilidad pueden tener también quienes
han tenido labores de gobierno. La segunda, un modelo violento dentro de
la unidad familiar, y aquí la violencia, señorías, se ejerce porque se
aprende. A este respecto también habrá que analizar qué recortes hemos
tenido o de qué manera hemos implementado las políticas de igualdad. El
tercero es el de los modelos de crianza que pueden ser excesivamente
laxos o excesivamente autoritarios o también la contradicción de esos
modelos entre los progenitores.
Queremos detenernos en el segundo punto. Aquí afinamos también en algunas
de las ideas que plantea la compañera del Partido Popular. Es cierto que
en un 80 % o más la violencia se ejerce contra la progenitora. ¿Y eso por
qué? Porque, por modelos sociales, el cuidado de los hijos suele recaer
sobre las madres y tienen mayor probabilidad de recibir esas situaciones,
sobre todo en periodos de adolescencia, y también porque en la gran
mayoría de las familias monoparentales la cabeza de familia suele ser la
mujer. Aquí tendremos también que valorar la necesaria reflexión sobre la
percepción en torno a que la mujer pueda estar en un rol subalterno
respecto al hombre y que los hijos puedan tender a percibir esa figura
femenina como más débil y con un poder reducido respecto al padre, al
progenitor. Es curioso que en el cien por cien de las familias, cuando
están los dos progenitores, es la progenitora la que suele recibir este
tipo de violencia, de maltrato intrafamiliar. ¿Por qué? No podemos obviar
esos valores de transmisión socioeducativos que están engendrando
percepciones ancladas en ese carácter subalterno que he comentado antes
de la mujer respecto al hombre. Eso nos lleva a una afirmación, que es
posible que esta
violencia filioparental también sea un subtipo de violencia de género y,
si bien es cierto que no está probada la exposición de la violencia
machista como factor transmisor de esa futura violencia filioparental, la
naturaleza de las acciones machistas puede ser un efecto socializador, de
manera que al final nuestros jóvenes acaban naturalizando esa violencia
del hombre sobre la mujer y también lo acaban trasladando de manera
transversal a todos los ámbitos en los que se mueven: ámbitos entre
iguales o ámbito socioeducativo. Mientras tanto, el Gobierno del Partido
Popular, especialmente en legislaturas anteriores, ha estado recortando
en igualdad y en educación.
Pero vamos a hablar de soluciones, que es lo que toca. ¿Qué planteamos?
Planteamos que requiere un trabajo en red para prevenir esta tipología de
maltrato intrafamiliar, que requiere una intervención multidisciplinar,
en el ámbito especialmente de la prevención, y la dotación de
herramientas y de presupuestos para un coherente ejercicio parental y
educativo en el seno intrafamiliar; requiere educación temprana; requiere
revertir los recortes en educación y en igualdad, porque efectivamente ya
hay muchos estudios que plantean soluciones aunque evidentemente habrá
que seguir investigando -todo el conocimiento siempre es bueno-, y
requiere también -reitero- inversión y dejar las tijeras en el cajón.
Si aceptan la enmienda que hemos presentado, no tenemos ningún problema en
votar a favor porque compartimos la preocupación por este fenómeno y,
además, creemos que esta es la mejor manera de defender a la familia:
invertir en la familia, y no tanto recortar o prohibir el derecho de amar
libremente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Terrón.
También como enmendante, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, ¿procede debatir esta proposición no de ley? Por supuesto que
sí. Pero lo primero que hay que hacer es aclarar bien los términos porque
incluso en el texto que propone el Partido Popular hay contradicción en
los propios términos de violencia filioparental como ascendente o
descendente, pero no pasa de la anécdota. Creo que es un problema de
fondo, así lo cree el Partido Socialista.
Sinceramente creíamos que su proposición no de ley iba a proponer al final
la reposición de los recortes efectuados, porque si hay que hacer un
plan, se hace, pero ya saben cómo termina la frase; y si creen que hay
que hacer un estudio, pues digan realmente cómo va a ser el estudio, en
cuánto tiempo y con quién han pensado hacer el estudio. Nosotros creemos
que hay que tomar medidas urgentes porque efectivamente se detectan casos
y los casos son de gravedad, y para tomar medidas urgentes hay que
abordar la detección precoz de los factores de riesgo, hay que hacer un
diagnóstico social preciso y hay que tomar también medidas urgentes para
abordar los tratamientos adecuados en los ámbitos educativo, sanitario y
social. Y para ello haya algo que es fundamental y es confiar en los
profesionales.
Es necesaria la presencia de educadores sociales en el ámbito educativo,
es necesario el refuerzo de los equipos de atención primaria en los
servicios sociales y en la atención sanitaria, porque son ellos los que
van a hacer seguramente el diagnóstico precoz de la gran mayoría de los
casos. Pero mi pregunta es: ¿ustedes creen realmente en la intervención
social como herramienta profesional? ¿Creen que los trabajadores
sociales, educadores sociales, psicólogos, pedagogos, profesionales
sanitarios y educativos no tienen entre sus herramientas protocolos de
identificación de casos de riesgo y de familias vulnerables? Claro que
saben identificar los ambientes familiares violentos. Pero hay que creer
más en los profesionales; lo que hace falta es que crean en ese trabajo.
Señorías, ¿cuántos profesionales han despedido y cuántos hay que reponer
en los servicios sociales? ¿Recuerdan lo que era el plan concertado o ya
se han olvidado? ¿Cuántos profesionales se recortaron del sistema
educativo? ¿Recuerdan ustedes que había dotación en los Presupuestos
Generales del Estado para programas con menores infractores? En 2011
había 2 millones, que todos estamos de acuerdo en que era poco, pero
había 2 millones y ustedes los eliminaron. Y ahora lo que proponen es
hacer un estudio. Lo que hay que hacer es combatir las situaciones de
violencia filioparental.
Señores del Partido Popular, señores diputados, tres puntos claves: uno,
prevención; dos, diagnóstico, y tres, tratamiento. Estos tres
mandamientos se encierran en dos: No estudien lo que está estudiado y
aprendan a prevenir antes que curar.
Les hemos propuesto una enmienda, no les gusta porque les pedimos
compromiso presupuestario, pero es que estamos en puertas de que ustedes
traigan el anteproyecto de ley de presupuestos y yo espero que haya
dotación de partidas para las políticas de infancia y que se repongan las
partidas que dejaron de existir y, sobre todo, que repongan a los
profesionales que las ejecutan. A lo mejor cuando vea
la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado tengo que dar marcha
atrás en mis palabras, pero todavía no los hemos visto. Seguro que su
preocupación por los menores y por la violencia que se puede ejercer en
su entorno se va a ver aliviada si hay presupuesto, sin dudarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.
Para fijar la posición de su grupo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos
tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo en que este es un asunto al que no se le ha dedicado la
atención debida, entre otras cosas, porque no suele ser denunciado. Esta
es una situación que se percibe como vergonzante por los que la padecen,
como otros tipos de violencia. Si los datos que se han manejado, un 20 %
escasamente denuncian que a veces se menciona incluso un 10 %, es decir,
proporciones muy pequeñas, y si en torno a un 40 % a lo mejor está
sufriendo violencia emocional, si estos datos, como digo, son ciertos,
teniendo en cuenta que aun así las cifras van aumentando de manera
preocupante, es un asunto al que debemos dedicar atención.
Lo cierto es que los estudios que existen hasta ahora sí que parecen
insuficientes y eso se refleja en la variedad de los mismos, muchos
todavía ni siquiera incluyen la violencia psicológica. Con frecuencia
varía el segmento de población de riesgo que se estudia, incluso los
segmentos de edad de los menores participantes. Todo esto hace que exista
una cifra negra que no conocemos. Hay una especie de agujero negro de
violencia que no conocemos y quizá todavía es más preocupante cómo
afrontarlo. En torno al 77 % de los profesionales denuncian no solo que
carecen de medios eficaces para tratar estas situaciones, sino que no
existen medidas preventivas eficaces, no son conocidas. Y lo mismo puede
decirse con respecto a los progenitores. Los progenitores realmente se
encuentran en estos casos en situaciones que no tienen ni idea de cómo
manejar dentro de lo que se llama el círculo de la violencia, en el que,
tanto si emprenden acciones de apaciguamiento como de violencia, acaban
reforzando el proceso de una u otra manera una vez que este ha empezado.
Por eso, como decía al principio, sí que creo que existe déficit de
estudios, por lo cual nosotros sí que apoyaremos esta iniciativa. Creemos
además que es un asunto al que hay que acudir desprejuiciados y con los
datos. Parece que cada uno venimos aquí con un bagaje que nos hace ya
afrontar de antemano cuáles son las causas y, por tanto, cuáles son las
soluciones. Se dice, por ejemplo, que esta es una violencia aprendida,
pero realmente no lo sabemos. Los estudios dicen que probablemente el
desencadenante sean más bien comportamientos permisivos por parte de los
padres, pero, insisto, no lo sabemos. Por tanto, apoyaremos esta PNL con
el ánimo de tener efectivamente la información necesaria como paso previo
para emprender las medidas necesarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.
Señora Navarro, a efectos de votación, ¿aceptan alguna de las enmiendas?
La señora NAVARRO LACOBA: La redacción de las enmiendas impide que las
aceptemos en sus términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR LA
PSEUDOCIENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número
de expediente 161/001403).
- RELATIVA A LAS "PSEUDOTERAPIAS". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001976).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, en cuarto lugar, a la tramitación conjunta
de los que eran originariamente los puntos números 3.º y 7.º: proposición
no de ley relativa a la mejora de la protección de los pacientes
afectados por la pseudociencia y proposición no de ley relativa a las
pseudoterapias. La primera ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y, la segunda, por el Grupo
Parlamentario Popular. Por tanto, para la primera exposición, por un
tiempo de diez minutos, tiene la palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, después de muchos meses de haber registrado esta
proposición no de ley, hemos de decir que no pensábamos que esta
proposición iba a resultar tan mediática y tan polémica como ha
resultado, pero el hecho es que esta proposición ha destapado una
realidad en nuestro país que parecía oculta, la realidad de muchas
personas que sufren la estafa, porque no se puede llamar de otra manera y
en algunos casos las lesiones y las consecuencias graves, incluida la
muerte, que producen aquellos que se dirigen a las personas en situación
de máxima debilidad, en situación de máxima necesidad. Son pacientes que
se enfrentan a enfermedades graves, a enfermedades tumorales, que están
dispuestos a agarrarse a cualquier esperanza y que están dispuestos a oír
a cualquier embaucador. Como digo, se trata de personas en situación de
extrema debilidad y por eso este Parlamento tiene que velar especialmente
por la protección de aquellos que se encuentran en situación de máxima
debilidad. El caso de Mario, el chico murió víctima de una leucemia -sí,
víctima de una leucemia y de un embaucador- es un caso bastante
paradigmático de lo que estamos hablando.
Cuando proponemos en nuestra proposición no de ley que los profesionales
se hagan responsables de comunicar a la fiscalía la existencia de estos
delitos, no estamos diciendo nada más que facilitemos a los profesionales
una obligación que ya tienen. Se ha discutido mucho -también en los
medios- por parte de casi todos los partidos sobre si nosotros
obligábamos a los médicos y a los profesionales a hacer este trabajo. No
somos nosotros los que les obligamos, es la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en sus artículos 259 y 275. Es una obligación ya existente. Lo
único que hacemos en este caso es proponer un cambio en la manera de
gestionar una ley ya existente y proponer un protocolo de actuación, como
existe un protocolo de actuación en el caso del maltrato infantil o como
existen protocolos de actuación en otros casos. Los protocolos de
actuación que existen y están publicados por el Ministerio de Sanidad en
los casos de maltrato infantil, estableciendo cómo se actúa en un
servicio de urgencias en estas situaciones, no modifican la ley ni el
Código Penal, sino que facilitan el cumplimiento de esa ley. Eso es lo
que nosotros pretendemos con esta proposición no de ley. No añadimos
ninguna responsabilidad a los profesionales, simplemente les facilitamos
el ejercicio de una responsabilidad que ya tienen.
Con respecto a las enmiendas que se presentan a nuestra proposición y a la
otra proposición no de ley, he de decir que me sorprenden varias cosas.
En primer lugar, me sorprende la retirada de la enmienda del Podemos que
iba prácticamente en nuestra línea. Supongo que ellos anunciarán su
intención de voto y entonces lo sabremos, pero era una enmienda que iba
totalmente en la línea de lo que nosotros proponemos. Ha sido retirada a
última hora y no sabemos cuál es su intención de voto ni lo que van a
hacer.
Con respecto a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
he de decir que nos sorprende desagradablemente. Dice en primer lugar que
debemos reevaluar y actualizar el documento Análisis de la situación de
las terapias naturales de 2011. En este documento se dice claramente que
no existe evidencia científica para avalar estas terapias -lo dice el
propio documento; no es una cosa que nosotros nos inventemos porque está
en el documento-, salvo en el caso de la acupuntura para algunas
dolencias concretas. Esta es la realidad en el caso de muchas terapias
naturales, porque el hecho de llamarlas terapias ya les da un carácter
que no nosotros no queremos darles. Creemos que la gente puede buscar la
felicidad y el bienestar de muchas maneras, pero la medicina y la terapia
tienen que tener probado su beneficio; probado como se prueban las cosas
en medicina, y este no es el caso.
Proponen también que se recomiende a las instituciones del Sistema
Nacional de Salud que se cuente con la suficiente evaluación y evidencia
científica de las prácticas del sistema. Hombre, esto va de suyo, esto ya
lo suponemos. No entendemos muy bien el objeto de incluir este punto.
Proponen que se revisen programas de formación existentes en medicinas y
técnicas que puedan englobarse dentro de las llamadas terapias
tradicionales. ¿De qué están hablando? ¿De qué medicinas? ¿Medicinas? Yo
solo conozco unas facultades de Medicina, no sé si ustedes conocen otras.
¿Medicinas? Yo las que conozco están revisadas. No se puede llamar
medicina a esto. Proponen también hacer campañas divulgativas. ¿Cómo
negarnos a esto? Pero proponen una cosa más chocante que es establecer un
observatorio de las terapias tradicionales o complementarias, es decir,
darles carta de naturaleza. Voy a decirles una cosa. En esta Comisión, no
hace mucho, se propuso que el Ministerio de Sanidad regulase unos
tratamientos con cannabis que, en nuestra opinión, tienen una evidencia
científica sostenida y, en opinión de otros, no
tan sostenida. Se propuso la creación de una subcomisión de expertos y
meses de trabajo para ver si había evidencias. Ahora les damos a estos
señores carta de naturaleza; sin subcomisión, sin expertos y sin nada se
les da carta de naturaleza. Alguien me lo tendrá que explicar, porque yo
no acabo de entender cómo una cosa que tiene estudios doble ciego,
controlados y aleatorizados no le damos carta de naturaleza y, sin
embargo, a esto, por alguna razón, sí le damos carta de naturaleza; no
deja de ser bastante chocante. Por tanto, no aceptaremos esta enmienda.
La enmienda que presenta Compromís es bastante razonable. Incluye algunas
modificaciones concretas en la Ley General de Defensa de Consumidores y
modificaciones en la página web, con las que estamos de acuerdo.
Esperamos llegar a una transaccional con dicho grupo.
El Grupo Parlamentario Popular presenta un texto prácticamente hueco que
no crea ninguna modificación concreta. Habla de impulsar, de seguir, de
continuar. Lo que es evidente es que no podemos seguir ni continuar como
estamos, porque a lo largo de todos estos meses ha sido evidente -lo
hemos visto en medios de comunicación- que existe una situación a la cual
los medios actuales no le están dando respuesta. Cuando digo que existe
una situación a la que los medios actuales no están dando respuesta
quiero decir que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver -no sé
si ustedes lo habrán visto- programas con cámara oculta con actuaciones
puramente delictivas diciendo a pacientes afectados de cáncer que se les
curaba dando una palmada, que se les curaba separándose de su marido o
que simplemente eso era -entre comillas- una paja mental del médico. Es
decir, estas cosas están ocurriendo y no podemos decir que no las hemos
visto ya porque las hemos visto, están grabadas y están a disposición de
cualquiera de ustedes. Pero no solo las hemos visto y están grabadas,
sino que además hemos hecho preguntas al ministerio sobre si la fiscalía
había actuado a este respecto y todavía estamos esperando una respuesta.
No podemos dejar a las personas más débiles en la situación de máxima
fragilidad al albur de estafadores y de embaucadores. Nosotros defendemos
la libertad individual de cada uno para elegir realizar uno u otro
tratamiento. Que no quepa duda a este respecto, para nosotros la libertad
individual es inviolable, pero la libertad individual no justifica ni
ampara a los timadores ni a los estafadores ni a los embaucadores.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Para defender su proposición no de ley y también la enmienda que ha
presentado a la del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Hernández Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros debatimos hoy esta iniciativa porque a mi grupo, señor Igea,
también le preocupa y mucho -además doy por sentado que al resto de los
grupos también le preocupa- la proliferación que en nuestra sociedad
están teniendo las llamadas pseudoterapias o terapias que no se sustentan
en una evidencia científica demostrada. En ocasiones estas pseudoterapias
pueden suponer un fuerte prejuicio económico, moral y sanitario para sus
usuarios. Todos conocemos casos en los que estas pseudoterapias han
supuesto abandono por parte del paciente de su tratamiento, una apuesta
por prácticas alternativas que ni siquiera son impartidas por médicos,
que no tienen valor curativo, que les pueden causar -desgraciadamente
conocemos casos con nombres y apellidos, esto es así- graves
consecuencias para su salud y para su vida. En definitiva -y lo decimos
sin ambages-, suponen un fraude para los ciudadanos. Por eso mi grupo
presenta esta iniciativa, porque creemos que es necesario trabajar para
evitarlo. Sin embargo, es fundamental -en esto no estamos tan de acuerdo
con usted- potenciar la información y la formación de los pacientes para
que ellos libremente puedan tomar decisiones con garantías y evitar ser
manipulados por falsos curanderos; libertad informada. Así que nosotros
sí creemos en la promoción y en la educación para la salud, en potenciar
la cultura de prevención de enfermedades en nuestra sociedad, sí creemos
en la educación para la salud.
Les quiero recordar, además, que una de las primeras iniciativas que
presentó mi grupo en este sentido iba dirigida a mejorar y actualizar la
regulación de la publicidad en los centros y servicios sanitarios. ¿Con
qué fin? Con el fin de acabar con los engaños y los fraudes. La
preocupación, sin embargo, no es nueva. En esta Comisión se lleva años
trabajando en este sentido. Ya se debatió en el año 2007 y se aprobó, con
una PNL, crear un grupo de trabajo con el ministerio y las comunidades
autónomas. ¿Para qué? Para propiciar la legislación conjunta. En
diciembre de 2011 se elaboró un documento en el que se analiza la
situación de las terapias naturales y se recogen aspectos relativos a la
evidencia científica de
que se dispone sobre ellas. Se analizan 139 técnicas, y una dificultad
añadida es que son muy variadas y heterogéneas. Esta es la realidad. Pero
también es verdad que solo una parte de ellas tiene influencia directa
sobre la salud y que el resto están dirigidas al bienestar y confort del
usuario. Evidentemente, las primeras son las que tienen mayores riesgos
para los pacientes. Quizá los ciudadanos consideren algunas de estas
técnicas más inocuas que la medicina convencional, pero esto no siempre
es así pues no están exentas de riesgo, sobre todo cuando son personas no
cualificadas y no se informa al médico. Sabemos también que la
Organización Médica Colegial ha creado el Observatorio contra las
pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias, cuyo
objetivo al final es denunciar este tipo de estafas sanitarias y las
malas praxis en el ámbito médico. Está claro que hay una evidente y
creciente preocupación por este asunto, tanto por parte de las
administraciones sanitarias competentes como de las organizaciones
profesionales implicadas.
Respecto a las denuncias -le tengo que decir que no termino de entenderlo,
porque usted sí que pone que quiere regular y luego aquí nos dice que no
quiere regular-, también reconoce que no solo es un deber cívico -que lo
es- y que no solo está recogido en todos los códigos deontológicos
sanitarios sino que también está recogido por la ley. Por tanto, no sé
qué promoción de regulación necesita. La obligación de denunciar ya está
contemplada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 262,
concretamente, y en lo que respecta al intrusismo, este también está
recogido en el Código Penal, en su artículo 403. Sin embargo, es verdad
que para que estas denuncias sigan adelante se requiere que el intruso se
atribuya la condición de médico o que haga actos propios de esa
profesión, de la profesión médica, en un establecimiento que esté abierto
al público en el que se anuncie la prestación de este servicio.
El Gobierno ha trabajado y la ministra, en respuesta a una pregunta suya,
dejó muy claro que hay que trabajar contra el intrusismo y que desde el
ministerio se está desarrollando un registro estatal de profesionales
sanitarios que ayude al control de los titulados y detecte los posibles
fraudes. Por tanto, a mi grupo le parece improcedente abordar un tema tan
complejo imponiendo únicamente obligaciones particulares a los
profesionales sanitarios, haciendo recaer sobre ellos una responsabilidad
principal, específica a la hora de detectar y denunciar las malas
prácticas eventualmente asociadas a este tipo de terapias.
Por otro lado, y desde el punto de vista competencial, son las comunidades
autónomas las que autorizan la instalación, funcionamiento, modificación,
cierre, en su caso, de centros, servicios y establecimientos sanitarios
ubicados en su territorio. Por tanto, a nosotros nos resulta evidente que
todas las autoridades sanitarias, cada una en el uso de sus competencias,
deben trabajar para evitar estas situaciones fraudulentas, salvaguardando
el derecho de la salud de todos, desde la coordinación con las
comunidades autónomas, los profesionales, los pacientes y toda la
sociedad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández Bento.
Para defender las enmiendas que tienen ambas iniciativas, en primer lugar,
por el Grupo Mixto, la señora Sorlí tiene la palabra.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente. Seré breve.
Nuestras enmiendas a las dos PNL son muy similares y van enfocadas a
informar no solo a pacientes o profesionales sino a toda la ciudadanía.
Evidentemente, las pseudociencias nos preocupan mucho, pero también nos
preocupa que nuestra medicina avance e incluya muchos más aspectos y
muchas más posibilidades de tratamiento que se pueden ir investigando y
comprobando científicamente que tienen un efecto. Aun así, las
pseudociencias como tal nos preocupan muchísimo -como también han dicho
la compañera y el compañero que me han precedido- por la existencia de
curanderos, embaucadores y demás gente que utiliza gracia divina para
curar. Por tanto, pensamos que es importante no solo informar a los
pacientes, a la persona directamente en riesgo, sino también a la
sociedad en general para que esto no pase.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes.
Pienso que dado el horario de la Comisión y el debate de esta proposición
no de ley, nada mejor que quizá empezar con un poquito de literatura,
concretamente de El Quijote. Les voy a leer brevemente un
párrafo de este magnífico libro, que dice: "En esto, descubrieron treinta
o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don
Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas
mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho
Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con
quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos
despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran
servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra".
Saben que después don Quijote luchó con su lanza contra los molinos, y en
la embestida el caballero no salió bien parado pues -continúa Cervantes-:
"... y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta
furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al
caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo".
Este es el problema que tenemos con esta proposición no de ley que nos
plantea el Grupo Ciudadanos, que confunde los enemigos y confunde también
los instrumentos, confunde las terapias naturales con las pseudociencias
y las terapias complementarias sin aval científico, según él, haciendo un
totum revolutum, que es, como todo el mundo sabe, el peor de los
criterios para poder abordar situaciones que son complejas y que tienen
efectos sobre la salud importantes. Confunde los molinos con los gigantes
y confunde las armas también, buscando hacer de los médicos, policías o
inspectores, y de los jueces y fiscales, médicos o evaluadores de
tecnología sanitaria. Hablando de evidencia sanitaria, usted señor Igea,
sin ninguna duda conocerá -porque me consta que es aficionado a la
lectura- la pirámide de la evidencia en medicina. (Muestra una fotocopia
con un gráfico). La pirámide de las seis eses (6S), que habla de que
evidencia no es sí o no. Hay distintos niveles de evidencia, desde
aquella que se basa en la opinión de expertos, la que se basa en estudios
de casos, la que se basa en cohortes y la que se basa en metanálisis. Por
tanto, ni la evidencia es blanco o negro ni las decisiones que se toman
en la práctica médica son tomadas únicamente por un médico. Usted sabe
que están la ciencia, la evidencia y la asistencia y, entre eso, en la
medicina científica también hay una toma de decisiones de distintos
niveles que hace que en la medicina científica también haya errores y
daños médicos, existan, asimismo, pérdidas de oportunidad terapéutica -y
ahí está la cantidad de gente que no es atendida cuando se sabe que se
beneficiaría de determinadas terapias- y existe también sobreuso de
técnicas médicas.
Por tanto, tengamos un poco de rigor, señor Igea, porque si no, ¿a quién
van a denunciar los médicos? ¿Van a denunciar al médico que ante un
insomnio prescribe un ansiolítico o un inductor del sueño o a quien le
prescribe unas hierbas medicinales? ¿A quién, al médico que ante los
mocos de un niño le receta un antibiótico o a quien le receta leche con
jalea y observación? ¿Vamos a denunciar al médico que ante un dolor de
espalda crónico bien explorado médicamente le somete al tercer escáner en
un año porque el dolor no revierte o al que recomienda que pruebe con la
quiropraxia o con la fisioterapia? ¿A quién vamos a denunciar? Dígamelo.
¿Que hay medicina anticientífica, que hay que perseguir al chamán, el
charlatán o al médico que dice que es médico y no lo es? Por supuesto que
sí, o al que vende lejía diluida, ¡claro que hay que perseguirle!, pero
para eso ya está la Ley de Enjuiciamiento. No invente usted gigantes
donde no existen. Usted nos trae aquí una proposición no de ley y una
enmienda que no tienen nada que ver. Usted dice de repente que ya existe
el marco legal necesario para abordar lo que usted llama pseudosterapias,
que confunde con las terapias naturales y complementarias o alternativas,
pero su proposición no de ley, que no modifica, dice: Modificar el marco
legal para hacer obligatorio que los médicos denuncien a los que
practican terapias no basadas en evidencias. Pero ¿cuál de las
evidencias, las de estudios de metaanálisis, las de cohorte o las de
opinión de expertos?
Bien, el tiempo es escaso y es un tema que da mucho de sí. Por eso he
pedido más tiempo, señor presidente. Hay una medicina científica que
comienza con los griegos, que tiene su principal desarrollo a partir del
Renacimiento, que se desarrolla con una visión biologicista; y hay una
medicina alternativa natural, tradicional, que tiene distintas
acepciones, que viene desde mucho más atrás, y que la Organización
Mundial de la Salud define como un conjunto de técnicas y de
conocimientos procedentes de culturas milenarias que pueden ayudar y
ayudan al cuidado de la salud y al tratamiento de las enfermedades. Esta
medicina tradicional -como usted sabe, está en el informe del año 2011 al
que hace referencia la diputada del Partido Popular- utiliza hierbas o
productos naturales, utiliza la manipulación o la estimulación de partes
del cuerpo con masajes o quiropraxia, o técnicas orientadas a reforzar el
equilibrio mental y emocional del individuo con cosas como la meditación,
el zen y el yoga. La Asamblea Mundial de la Salud en 2014 promueve la
utilización segura y eficaz de la medicina tradicional y complementaria a
través de la reglamentación y la investigación, y llama a los Estados
miembros a que desarrollen y complementen la medicina científica con otra
medicina que puede tener un efecto
coadyuvante. Por tanto, no lo vea como una cosa u otra; las cosas son más
complejas, son complementarias y pueden ayudarnos a unos y a otros.
Los principios de la regulación sanitaria en España están perfectamente
establecidos en la Ley General de Sanidad. No tengo tiempo para
insistirle pero no es prohibicionista. Eso sí, lo que dice es que se
vigile para evitar el daño sobre las personas, pero habla de la
proporcionalidad en las acciones preventivas que se adopten en todos los
casos. Hay un concepto bien conocido, que es el balance riesgo-beneficio
y, por lo tanto, hay que exigir más nivel de evidencia científica a
productos que son potencialmente dañinos o con altos efectos adversos
como los medicamentos...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Termino ya, señor presidente.
... pero no se puede exigir el mismo nivel de evidencia científica a
terapias que, como el informe de 2011 del ministerio dice, en su mayor
parte son inocuas.
Nosotros hemos presentado una enmienda que creo que recoge la necesidad de
seguir persiguiendo las conductas delictivas, pero que tiene un abordaje
mucho más amplio y matizado sobre lo que consideramos que es la necesidad
de seguir estudiando y regulando las terapias naturales y
complementarias. Estamos cerca de llegar a un acuerdo con el Grupo
Popular en una transacción, pero hay algunos detalles todavía importantes
que quisiéramos afinar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Bien, a efectos de votación, señor Igea, hemos creído entender en esta
Mesa que usted acepta la enmienda del Grupo Mixto y no así las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor IGEA ARISQUETA: Estamos transaccionando.
El señor PRESIDENTE: Bien. ¿Y la señora Hernández?
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Nosotros estamos en lo mismo con el Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE EN LA
ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SE INDIQUE LA CANTIDAD DE AZÚCAR AÑADIDO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/001797).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
el que aparecía en el cuarto lugar del orden del día original, es decir,
proposición no de ley sobre la modificación de la legislación con la
finalidad de que en la etiqueta de los productos se indique la cantidad
de azúcar añadida. Es una propuesta del Grupo Parlamentario Mixto y por
lo tanto, para su defensa, tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente.
En la actualidad la obesidad se ha doblado en las últimas décadas, lo dice
la Organización Mundial de la Salud. En nuestro Estado, un 15 % de la
población adolescente es obesa o tiene sobrepeso, pero no solo aquí;
también en Italia, Grecia y Portugal se dan situaciones similares. Más
del 5 % de los cánceres se vinculan con la obesidad o con el sobrepeso,
como pueden ser cánceres de esófago, mama o de riñón, entre otros. En el
Reino Unido, por ejemplo, el 70 % de los hombres y el 60 % de las mujeres
tienen sobrepeso, y no solo esto, sino que además tenemos todos los
números relativos a la diabetes, una de las enfermedades que nos
preocupan porque está subiendo de una manera muy considerable en las
últimas décadas. Para 2030, de hecho, se prevé que la diabetes sea la
séptima causa de muerte. En especial, la diabetes tipo 2, que es la que
se presenta en el 90 % de los casos, está asociada con la dieta como una
de sus causas y una de las maneras de combatirla. Por eso pensamos que es
importante empezar a marcar cuál es la cantidad de azúcar añadida que
llevan todos los productos que comemos para poder combatir tanto la
obesidad y el sobrepeso como la diabetes. Esto no es nada nuevo que no se
esté haciendo en otros sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se
indican los azúcares añadidos en las etiquetas y pensamos que es un paso
adelante que se pueda tener este etiquetaje en el Estado español. De
hecho, cuando miramos las etiquetas de prácticamente cualquier producto
que compramos o
consumimos, vemos cómo en muchos casos el índice de azúcar es muy elevado,
pero no se especifica si este azúcar es añadido al producto, sobre todo
en el caso de productos preparados.
A esta proposición no de ley nos han presentado tres enmiendas. Por un
lado, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, cuya enmienda no vamos a aceptar
porque pensamos que desvirtúa la voluntad de la iniciativa, que es que
haya un etiquetaje a nivel estatal de los azúcares añadidos. Por otro
lado, hay una enmienda del Grupo Socialista, que pensamos que puede
complementar la PNL sin ningún tipo de problema y por tanto, la
aceptaremos. Hay otra enmienda de Podemos que también complementa la
iniciativa y que aceptaremos. Dicho esto, esperamos que por prevención,
por salud pública y por mejorar la alimentación de toda la ciudadanía
esta proposición no de ley salga hoy adelante y empecemos a tener ese
etiquetado claro con los azúcares añadidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.
Para defender las enmiendas de sus grupos, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Compartimos totalmente la preocupación que refleja esta PNL. La portavoz
ha aportado unos datos y nosotros hemos recogido otros, pero todos
apuntan hacia lo mismo: la obesidad se ha convertido en una epidemia en
los países desarrollados y el sobrepeso y la obesidad serán las
principales causas de muerte en todos ellos. Hay muchísimos informes al
respecto, pero hay uno bastante reciente de The Lancet del pasado mes de
febrero, un macroestudio que comparó la masa corporal de 20 millones de
hombres y mujeres de 186 países entre 1975 y 2014, que concluye que 641
millones de personas tienen problemas de peso. Si a esto juntamos que
además en lo que se refiere a obesidad infantil este problema no se
limita a países desarrollados sino que también se extiende a países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, es evidente que estamos ante un
problema muy serio. En España -que ya es el segundo país de Europa con
más casos de obesidad y sobrepeso, por detrás del Reino Unido- tenemos
motivos para estar muy preocupados. Los dos motivos son el incremento de
la densidad energética de los alimentos consumidos y el descenso de la
actividad física o el aumento del sedentarismo. En lo que se refiere al
primero, hemos tratado ya varias PNL en esta Comisión. Recuerdo alguna
que obligaba a informar sobre el aceite de palma pero también una del
pasado mes de diciembre que entre sus puntos trataba de esto. Decía:
Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para que apareciera
"alto en grasas", "alto en azúcares", "alto en sal", según los casos.
Nos parece bien que figure la denominación de si tiene o no azúcares
añadidos pero creemos que esta es competencia comunitaria. Por eso hemos
presentado una enmienda en este sentido, instando al Gobierno para que
inste a su vez a la Unión Europea a que modifique la legislación con
respecto al etiquetado de alimentos, básicamente porque, como decía,
estando de acuerdo con el contenido, no consideramos oportuno fragmentar
aún más el mercado europeo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
Para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Muchas gracias, señorías.
Como hemos podido escuchar a nuestros compañeros hablar sobre la obesidad
y la diabetes, coincidimos en que es un gran problema y una preocupación
para el Estado español. Ahí están las cifras, en las que no ahondaremos
mucho, pero que son preocupantes y van en aumento. Por tanto, tenemos que
empezar a desarrollar mecanismos necesarios que tengan como perspectiva
central la justicia alimentaria para todos y para todas, con el objetivo
de implementar políticas públicas que atajen directamente estos problemas
que estamos señalando de la obesidad y la diabetes.
Esta proposición no de ley forma parte de esos pequeños pasos que debemos
ir dando para poner en la agenda política el tema de la alimentación
insana, cuyas causas no son individuales sino estrictamente estructurales
y sistémicas. Por otro lado, seguimos llamando también al diálogo a las
diferentes organizaciones internacionales y de la sociedad civil, quienes
llevan años trabajando en estas problemáticas.
Por todo ello, vamos a votar a favor -como ha comentado antes nuestra
compañera- de esta proposición no de ley, añadiendo una enmienda de
adición cuyos contenidos son los siguientes: Que se especifique -como se
ha ido diciendo también-, además de la cantidad de azúcares, sus
derivados: la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la lactosa, la maltosa,
etcétera, además de que se agregue en el etiquetado la frase que
recomienda la OMS: Una dieta óptima recomendada es el 5 % total de
calorías y un adulto sano no debe consumir más de 25 gramos, que es igual
a seis cucharadas de azúcar. Que se prohíba en el etiquetado la
indicación de producto saludable a aquellos con elevadas tasas de
azúcares en su composición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bosaho.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista la señora
Guinart tiene la palabra.
La señora GUINART MORENO: Gracias, presidente.
El Grupo Socialista ha sido y es partidario de un correcto etiquetaje de
los productos, máxime cuando hablamos de productos alimenticios, a fin y
efecto de que la información que llega al consumidor sea lo más clara y
lo más transparente posible. Saber lo que comemos es esencial para
guardar una correcta alimentación, del mismo modo que es fundamental una
adecuada educación nutricional. Hace ya más de once años, una ministra
socialista, Elena Salgado, promovió la Estrategia NAOS con la finalidad
de invertir la tendencia de la obesidad en España. La Estrategia NAOS
abarcaba aspectos como la nutrición, la actividad física y también la
prevención. Para su elaboración, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria contó con las aportaciones de distintos sectores sociales,
administraciones públicas, expertos independientes, empresas del sector
de la alimentación y diversas asociaciones.
En el caso que nos ocupa, el azúcar, el consumidor debe tener acceso a una
adecuada información sobre su presencia en los alimentos elaborados. Esa
información es básica por diversos motivos, no solo por prevención de la
obesidad -que también-, sino porque también resulta perjudicial en el
caso de enfermedades como la diabetes. No solo el azúcar es culpable de
la obesidad o el sobrepeso que padece un porcentaje demasiado elevado de
nuestros conciudadanos, el sedentarismo, una dieta no equilibrada y la
ingesta que esté por encima del gasto energético son los principales
causantes. El azúcar es, debemos tenerlo presente, un alimento necesario
en nuestra alimentación. Por supuesto que no se trata de demonizarlo o
estigmatizarlo, se trata, como con cualquier otro alimento, de conseguir
que su ingesta esté en equilibrio con el resto de nutrientes de la
pirámide alimenticia.
En todo caso, hoy hablamos del correcto etiquetaje de este producto y sí,
estamos a favor de la transparencia informativa también en este campo.
Como representantes de la ciudadanía estamos obligados a evitar prácticas
que, sin constituir un fraude propiamente dicho, inducen a errores al
consumidor. Por ello, debemos considerar la integración al marco
normativo de regulaciones que favorezcan la introducción en los envases
de productos alimenticios de una adecuada y precisa información sobre su
contenido, tanto en el etiquetaje como en su publicidad. El sistema de
etiquetado tradicional no es suficiente para garantizar al consumidor una
correcta información porque, básicamente, como demuestran algunos
estudios e informes -tales como el del Observatorio de Bioética y Derecho
de la Universidad de Barcelona- suele haber una desconexión entre la
definición legal del producto, por ejemplo sin azúcar, y lo que
interpreta la mayoría de la población. Siguiendo con el ejemplo, la
acepción socialmente reconocida de productos sin azúcar corresponde,
según el Reglamento del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea de
2006, a aquellos productos que no contienen más de 0,5 gramos de azúcar
por 100 gramos. En definitiva, una decisión de compra mal informada puede
comportar un abuso de la buena fe del consumidor y, además, puede
acarrear en ocasiones problemas para su salud, de ahí la importancia de
un buen etiquetado.
Más allá de esto, no podemos dejar de insistir en la necesidad de que
exista una adecuada educación nutricional y de que la información que nos
llega a través de medios de comunicación o redes sociales sobre los
productos que ingerimos esté, en todo caso, alejada de intereses
espurios, modas y estigmas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinart.
Para fijar la posición de su grupo, señor Agirretxea, ¿va a intervenir?
(Denegación). Gracias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley solicita que sea el Gobierno de España el que
modifique la legislación sobre el etiquetado de los productos para
especificar la cantidad de azúcar añadido que contienen.
Como saben, estamos en un mercado global. Hoy algunos quieren levantar
barreras pero la realidad se impone. Con respecto a la circulación de
bienes en la Unión Europea existe libertad y también existen normativas.
De hecho, existe el Reglamento 1169/2011, sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor. Así, desde el 13 de diciembre de
2016 es obligatorio que figure en el etiquetado de los productos la
información nutricional, que deberá incluir el valor energético y la
cantidad de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares,
proteínas y sal que se expresarán por cien gramos o por cien mililitros,
lo que facilita que los consumidores puedan comparar diferentes productos
por su contenido en azúcar. Por consiguiente, consideramos que es una
materia armonizada, al igual que ha dicho el compañero de Ciudadanos, y
no legislar por parte de este Gobierno es obligatorio. No podemos romper
el mercado, no podemos crear barreras de acceso al mercado europeo para
los productos españoles ni tampoco podemos permitir que los consumidores
españoles tengan acceso a menos productos por no tener ese etiquetaje al
provenir de otros países de la Unión Europea.
Consideramos que es una preocupación, por supuesto, para el Gobierno de
España y para todos los Gobiernos territoriales con competencia en
materia de consumo concienciar, educar y sensibilizar a la población de
los riesgos de una ingesta inadecuada de azúcar. Es nuestra obligación
como representantes públicos, como padres, familiares o vecinos
concienciar y educar. El Gobierno de España, en una línea de trabajo
constante desde el año 2012, ha realizado acciones como la extensión del
campo de aplicación del Código Paos a la publicidad de alimentos y
bebidas dirigidas a menores de quince años en Internet. Ha elaborado
también la Estrategia NAOS, así como Educa NAOS para profesores y niños
en el ámbito familiar y en los colegios, y se ha creado y puesto en
marcha el Observatorio de la nutrición y estudio de la obesidad, bajo la
presidencia del doctor Valentín Fuster, para mejorar el conocimiento
existente sobre la situación nutricional, los patrones de actividad
física y la evolución de la obesidad en nuestro país. Son medidas en las
que el Instituto de Salud Carlos III ha invertido 23,2 millones de euros.
En definitiva, se está actuando con las comunidades autónomas y la FEMP
para implantar la Estrategia NAOS a través de la Aecosan. Se han hecho
estudios y análisis sobre esta materia y consideramos que, si bien podría
plantearse ante la Unión Europea la mejora del etiquetaje, lo que nunca
puede hacer un Estado miembro es regular por su cuenta un etiquetaje
distinto que podría perjudicarnos como consumidores y como productores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.
Según tiene entendida la Mesa, añadiría a su iniciativa las enmiendas del
Grupo Confederal de Unidos Podemos y la del Grupo Socialista a la hora de
la votación. (Asentimiento). Muchas gracias.
- SOBRE EL INFORME DEL PANEL DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE
NACIONES UNIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001810).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que es el que figura con
el número 5 en el orden del día original: Proposición no de ley sobre el
informe del panel de alto nivel de acceso a medicamentos de Naciones
Unidas. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra la
señora Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
En nuestro trabajo parlamentario en esta Comisión en general suelen
abundar las propuestas destinadas a tratar de solventar asuntos a corto
plazo, igualmente importantes, pero más coyunturales que estructurales.
Hoy traemos una propuesta que trata de unos temas en los que llevamos
años siendo el elefante rosa de la habitación política sanitaria: el
acceso a los medicamentos y el modelo de innovación biológica. Los nuevos
medicamentos para la hepatitis C hicieron que parte de la población
española comenzara a darse cuenta de un problema que llevaban tiempo
sufriendo en otras regiones del mundo. El actual sistema de
investigación, desarrollo y comercialización de fármacos no sirve para
cubrir las necesidades de la población y cuando parecía que podría
hacerlo se impusieron unos precios a los medicamentos que hicieron que
los sistemas públicos de salud pasaran verdaderas dificultades para
costearlos. Esta historia del medicamento que podríamos pagar no acaba en
los medicamentos de la hepatitis C. Los nuevo medicamentos antitumorales,
así como muchos tratamientos reumatológicos plantean un horizonte de
retos que ponen en el centro de la política farmacéutica tanto las
acciones que han de tomar los gobiernos para afrontar el acceso a los
nuevos medicamentos como el cambio de modelo de innovación biomédica, que
debería impulsar a nivel global para avanzar en un modelo mucho más
efectivo, más eficiente y que logre un mayor retorno de unas inversiones
que en su mayoría siguen partiendo de un sustrato de inversión pública;
un modelo que definitivamente dé la espalda al actual, centrado en
privatización monopolística del conocimiento, para centrarse en el
conocimiento compartido y el derecho a la salud.
La semana pasada la revista JAMA publicó un artículo titulado Gasto de
investigación y desarrollo para llevar un medicamento oncológico al
mercado y beneficios posteriores a su aprobación. En él se concluye -cito
del propio autor- que el coste de desarrollar un medicamento para el
cáncer es de 648 millones de dólares, cifra significativamente inferior a
las estimaciones previas. El beneficio desde su aprobación es
sustancioso, una media de 1658 millones; en rango, entre 204 millones y
22 275 millones de dólares. Lo que se llevaba diciendo desde muchos
colectivos que luchan por el acceso al medicamento parece que se concreta
en números. Los actuales cálculos de coste de investigación y desarrollo
del medicamento están inflados y no pueden servir para estimar los
precios de los propios medicamentos. En 2015, el secretario general de
Naciones Unidas, en ese momento Ban Ki-moon, convocó un panel de alto
nivel sobre innovación y acceso a tecnologías de salud. El objetivo de
este grupo de expertos fue revisar, evaluar y proponer soluciones que
permitan superar la incoherencia política actual entre los derechos
justificables de los inventores, el derecho internacional de los derechos
humanos, las normas comerciales y la salud pública en el contexto de este
acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. En septiembre de 2016, el
grupo publicó su informe con un mensaje sencillo pero poderoso: nadie
debe sufrir por no poder sufragar el coste de medicamentos, diagnósticos,
dispositivos médicos o vacunas. El informe ahonda en los detalles de las
líneas políticas que deberían emprenderse para hacer realidad ese
mensaje, mencionando cosas como las siguientes: los precios de los
medicamentos se incrementan a una velocidad imposible de asimilar por
ningún Estado, anteponiendo el beneficio industrial a la salud pública.
El panel destaca la necesidad de que los gobiernos adopten y apliquen una
legislación nacional que facilite la expedición de licencias obligatorias
cuando se convierta en una necesidad ciudadana y de salud pública, así
como expone la necesidad de ajustar las definiciones en torno al concepto
de innovación y patentabilidad para limitar las estrategias con las que
la industria farmacéutica trata de alargar las patentes de medicamentos a
los que les va a expirar. Se recomienda que los gobiernos pidan a los
fabricantes y distribuidores de tecnologías de salud total transparencia
en todo el proceso de fijación de precios, es decir, que se reconozcan
las cifras de costes de I+D de la producción, de la comercialización y de
la distribución del medicamento, incluyendo marketing y otras
subcategorías y, sobre todo, insisten en la necesidad de negociar
acuerdos sobre el modelo de innovación que buscan un marco de innovación
biomédica impulsando iniciativas como el delinkage.
En la última cumbre mundial de la Organización Mundial de la Salud, la
Unión Europea dijo no tener ningún posicionamiento en torno a este
documento al no existir un posicionamiento consensuado de los Estados
miembros de la propia Unión. Por ello, creemos necesario instar al
Gobierno a posicionarse respeto del informe del panel de alto nivel,
asumiendo las recomendaciones que en él se hacen. Parece claro que la vía
por la que debemos caminar para garantizar el futuro acceso equitativo y
sostenible de los medicamentos innovadores no puede ser el de seguir
sometiendo al sistema el actual modelo de fijación de precios, que parte
del cálculo de coste de investigación totalmente inflado y que no trata
de cambiar las relaciones de poder entre la industria farmacéutica y los
Estados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bosaho.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa
tiene la palabra la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señor presidente.
El tema que debatimos hoy es un asunto que concita un gran consenso. Tanto
la OCDE como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo han puesto de
manifiesto la necesidad de abordar esta problemática creciente de la
inequidad en el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los
sistemas nacionales de salud. Junto a las recomendaciones del panel de
2015, a las que hace referencia la iniciativa
que estamos debatiendo, también contamos con una resolución que en marzo
de este mismo año aprobó el Parlamento Europeo, instando a la Comisión y
a los gobiernos a tomar medidas para garantizar el acceso a los
medicamentos. A través de esta resolución del Parlamento, que ha sido
debatida y aprobada por iniciativa de los socialistas europeos, se manda
un mensaje contundente a la Comisión Europea para que dé una respuesta
inmediata a este problema de acceso a los medicamentos y esperamos que el
Gobierno de España levante la voz en el Consejo de Europa para que así se
haga.
Con esta resolución se pretende equilibrar los intereses de la sanidad
pública y los de la industria farmacéutica y se propone a la Cámara
medidas para mejorar la trazabilidad del gasto en I+D, la financiación
pública y la inversión en mercadotecnia. Como expresó en el debate la
eurodiputada socialista Soledad Cabezón, el medicamento no puede ser un
objeto más del comercio y hay que reequilibrar el poder de negociación en
los países europeos en relación con la industria farmacéutica. Sabemos
que el valor del fármaco ha sido establecido a través de los criterios
marcados por la industria y lo que ha aprobado el Parlamento Europeo es
que sea la Comisión Europea junto con los Estados miembros los que
establezcan el valor del medicamento, teniendo como punto de partida el
valor terapéutico añadido. La resolución también solicita un estudio para
analizar el impacto de la política de propiedad intelectual en el acceso
a los medicamentos, partiendo de que la propiedad intelectual no puede
colisionar nunca con el derecho a la salud. Asimismo, se demanda más
transparencia en el gasto en I+D, sobre todo en la parte de investigación
financiada con fondos públicos y en la comercialización de los
medicamentos. Sin discutir la necesidad de contar con una industria
competitiva para producir innovación de calidad, lo que está claro es que
la industria debe responder con medicamentos seguros, efectivos, y sobre
todo que sean accesibles; para ello, se pide al Consejo y a la Comisión
que se refuerce el poder de negociación de los Estados miembros en
relación con la industria farmacéutica.
La resolución también destaca la necesidad de desarrollar la nueva
directiva sobre transparencia y reembolso, que está bloqueada en el
Consejo desde 2012, para asegurar unos controles más eficaces en el
proceso de fijación de precios y el reembolso de los medicamentos en los
países. La realidad es que ni siquiera conocemos el precio real de los
medicamentos, cuando es algo que todos los poderes públicos tienen la
obligación de garantizar. No puede ser que algunos medicamentos no puedan
ser suministrados por que faltan recursos por parte de las
administraciones, que no pueden enfrentarse ante unos precios
absolutamente inflados para favorecer el beneficio industrial de las
empresas.
El Parlamento también aborda otros aspectos, como el de las evaluaciones
de las tecnologías sanitarias, que deben funcionar como mecanismos que
mejoren el acceso al medicamento y como incentivo a la innovación,
aportando un elevado valor añadido terapéutico a los pacientes. El
Parlamento Europeo también presta atención al problema creciente de la
resistencia a agentes antimicrobianos y al desarrollo de nuevos
medicamentos. Frente a las cifras alarmantes que estamos viendo de
muertes por infecciones causadas por bacterias resistentes, en los
últimos cuarenta años solo se ha desarrollado una nueva generación de
antibióticos. También se insta a que se promuevan planes para erradicar
enfermedades cuando aparecen medicamentos con capacidad curativa, como es
el caso de la hepatitis C, garantizando el acceso a los mismos. En
materia de medicamentos genéricos, el Parlamento destaca las
oportunidades que brindan para reducir los precios y mejorar la
competitividad del mercado y muestra su preocupación por el hecho de que
se está dificultando el acceso a los mismos a través de numerosos
litigios destinados a retrasar la comercialización de este tipo de
fármacos.
En conclusión, el Gobierno debe llevar a cabo todas las medidas necesarias
para acometer estas recomendaciones y pedimos que las lleve a cabo con
transparencia y desde el consenso. Por eso mi grupo ha solicitado la
comparecencia del secretario general de Sanidad ante esta Comisión para
que informe sobre las reformas que tiene pensado acometer en política
farmacéutica. Nuestra enmienda lo que hace es completar la proposición
debatida hoy en el sentido de instar al Gobierno a que actúe y tome las
medidas oportunas, dentro de su ámbito de competencia, para hacer
efectivas todas las recomendaciones para garantizar el acceso a los
medicamentos y la sostenibilidad de nuestro sistema público de salud,
tanto las resoluciones y recomendaciones del alto panel como las del
Parlamento Europeo, aprobadas el pasado mes de marzo. Esperamos que se
acepte nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alconchel.
En turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo
Ciudadanos, el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar mi intervención agradeciendo al portavoz socialista que
me haya comparado con don Quijote. Creo que la sanidad española está más
necesitada de quijotes que de sanchos y venteros.
Dicho esto, agradezco a Podemos su propuesta, una propuesta muy
interesante que recoge un informe que aborda uno de los problemas
esenciales de la sanidad española y de la sanidad del mundo, que es la
sostenibilidad y el acceso al medicamento y a la innovación.
El informe recoge cosas que nosotros hemos manifestado en multitud de
ocasiones en campaña y posteriormente en programa como la prohibición del
evergreening, la transparencia para cualquier financiación pública o la
transparencia en la fijación de precios. Todas estas recomendaciones son
muy necesarias de adoptarse en nuestro país, otra cosa es cómo se lleven
a la práctica, pero de ninguna manera podríamos negarnos a apoyar una
propuesta en este sentido, incluya o no incluya la enmienda del PSOE, que
también nos parece razonable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
El trabajo realizado por el Gobierno del Partido Popular en estos años
precisamente ha ido dirigido a mantener ese carácter universal, público y
gratuito del sistema sanitario y a garantizar su sostenibilidad,
manteniendo los niveles de calidad y de profesionalidad, por lo que se ha
convertido en un referente dentro y fuera de nuestro país. Las reformas
que ha acometido este Gobierno han tenido como objetivo conseguir el
acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias en las mejores
condiciones de equidad posible y también las referidas a los
medicamentos, ello sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema,
cuya quiebra perjudicaría en mayor medida a las personas con menos
recursos. El Gobierno español ha venido actuando desde el año 2012 en el
sentido en que hoy aquí se insta y que sorprendentemente en muchas
ocasiones se critica cuando se habla de estas medidas.
En el ámbito farmacéutico, conscientes del desafío que supone sobre todo
la aparición de nuevos medicamentos innovadores con un alto coste, el
Gobierno desarrolló nuevas fórmulas que permiten una mejor y más
eficiente gestión de los recursos y con ello menores precios, menores
costes administrativos, mayor control y transparencia. Resultado: mayor
disponibilidad económica para la adquisición de nuevos medicamentos y con
ello mejores y mayores prestaciones para los ciudadanos, mejora de
medidas como las compras centralizadas, desarrollo de fórmulas de
financiación ad hoc para medicamentos con alto impacto, sistemas de
precio de referencia e impulso a los genéricos. Medidas que han permitido
obtener ahorros superiores a los 6500 millones de euros y que en estos
cinco años se hayan podido incorporar 235 medicamentos innovadores;
medidas que, si se sumaran todas las comunidades autónomas de este país,
podría tener mayores efectos y mejores beneficios para los ciudadanos,
por lo que sorprende ese doble discurso de algunos grupos que piden que
hagamos lo que se nos pide y cuando se quiere hacer, las comunidades
autónomas donde gobiernan no se suman. Igualmente, la creación de la Red
española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y
prestaciones del Sistema Nacional de Salud contribuye a ese incremento de
la calidad y de la eficiencia, así como el proceso de evaluación en la
financiación de medicamentos seguidos por la Comisión Interministerial de
Precios, en la que por primera vez el Gobierno central, un Gobierno del
Partido Popular, dio entrada a las comunidades autónomas, fortaleciendo
así la transparencia y la participación en la fijación del precio de los
medicamentos. Somos país pionero en el plan de lucha contra las
resistencias antimicrobianas.
Además de esas medidas, España, como miembro de la Unión Europea, forma
parte de grupos de la Comisión y del Consejo que se ocupan directamente
de los temas a los que hace referencia la PNL. En concreto, en las
conclusiones del Consejo reforzando el equilibrio de los sistemas
farmacéuticos se reconoce que los nuevos medicamentos pueden suponer
también nuevos desafíos para los pacientes y para los sistemas de salud
y, entre otras cosas, invita a los Estados miembros a estudiar y seguir
desarrollando la cooperación voluntaria y las posibles sinergias entre
Estados y órganos reguladores a fin de garantizar el acceso operativo y
asequible de los pacientes a los medicamentos. Es decir, España ya
trabaja tanto de manera interna como en el ámbito internacional en
resolver la problemática existente en esa ecuación
acceso-innovación-sostenibilidad, habiendo desarrollado medidas para
ello, medidas que están dando resultado, y ustedes lo saben. Y lo hace en
un entorno similar al nuestro, ya que, como saben, el panel sobre el que
hoy se nos habla aborda los intereses de países con una problemática muy
diferente a la nuestra, en la que el acceso a los medicamentos es muy
inferior a la de un país como España. El Gobierno de España, desde el año
2012, está poniendo en marcha muchas de esas medidas que incluso aparecen
en las recomendaciones del Consejo Europeo, trabaja en el ámbito europeo
para conseguir esa ecuación acceso-innovación-sostenibilidad y lo que nos
gustaría es que cuando en el ámbito interno todo este tipo de medidas se
llevan a cabo, se apoyen por parte de todas las comunidades autónomas y
de todos los grupos parlamentarios.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.
Señora Bosaho, ¿acepta la enmienda?
La señora BOSAHO GORI: Sí, la aceptamos.
- RELATIVA AL CÁNCER INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001982).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, que era el que aparecía en
el número 8 del orden del día original, que es la proposición no de ley
relativa al cáncer infantil. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Flórez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señores y señoras.
Mi mujer, Jessica Velasco, a mi lado, y quien les habla, José Marco, somos
los padres del niño José David Marco Velasco, fallecido el pasado mes de
mayo a la edad de ocho años de un tipo de cáncer llamado glioma difuso
intrínseco en el tronco encefálico. Así comienza la carta con la que unos
padres se dirigieron por primera vez a todos los miembros de esta Cámara
para exponer el trágico final al que se ven irremediablemente abocados
todos los niños y las niñas a los que se les diagnostica un cáncer tan
desconocido como letal, el DIPG, que esta mañana traemos a esta Comisión.
El cáncer es la primera causa de mortalidad infantil por enfermedad en
Occidente. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, cada
año unos 1300 niños son diagnosticados de cáncer en España, una
enfermedad rara y única que, por ello, no recibe más que una mínima
inversión de capital. El cáncer infantojuvenil, según los oncólogos, es
un fenómeno radicalmente distinto al cáncer de adulto. Es aleatorio e
impredecible. No existen programas de detección precoz efectivos y, al
tratarse de una enfermedad distinta a la del cáncer adulto, de poco o
nada sirve la investigación o el desarrollo de nuevos fármacos destinados
a combatir el cáncer de adultos para tratar los cánceres pediátricos.
Dentro de las distintas variedades de cáncer pediátrico, los tumores
cerebrales suponen el 30 % de los diagnosticados; entre ellos, el glioma
difuso intrínseco de tronco o DIPG -por sus siglas en inglés- es el que
más frecuentemente ocurre en el tronco cerebral, una estructura
fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Por su
naturaleza, es un tumor inextirpable quirúrgicamente. La radioterapia
dirigida al tumor es el único tratamiento paliativo, que detiene su
crecimiento por unos meses. Repito que es paliativo, puesto que solo el
30 % de los niños y las niñas con DIPG alcanzan el primer año de
diagnóstico y solo un 10 % llega al segundo año. El porcentaje de
supervivencia a día de hoy es cero. Esta inexistente tasa de
supervivencia, tanto para los niños y las niñas enfermos de DIPG como de
otros cánceres incurables, es el resultado de la falta de investigación
derivada de la falta de inversión en la misma. Si el estudio y el
tratamiento del cáncer en adultos ha ocupado y ocupa importantes
esfuerzos, el cáncer infantil aún sigue siendo un tema olvidado por
fondos públicos y privados. El poco interés comercial que existe en los
fármacos destinados a luchar contra el cáncer infantil, debido a su baja
incidencia en la población, dificulta en grado sumo su investigación por
la falta de inversión tanto del sector público como del privado. De
hecho, tampoco existen convocatorias públicas específicas para la
investigación de este tipo de cáncer, al que se coloca en el mismo saco
que el resto de cánceres adultos, siendo enfermedades -insisto-
completamente distintas. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento,
ocupa la Presidencia).
En España son las propias familias de los enfermos quienes impulsan la
investigación, promoviendo campañas de recaudación de fondos y sin ningún
tipo de ayuda gubernamental. Así, por ejemplo, el Fondo Alicia Pueyo
-otra niña fallecida por DIPG- ha logrado recaudar fondos suficientes
para poner en marcha el primer ensayo clínico en España sobre el DIPG y
pionero en el mundo que se está llevando a cabo en el Hospital Sant Joan
de Déu. Para los afectados, toda la esperanza recae en este tipo de
tratamientos novedosos que intentan cambiar la historia natural de esta
enfermedad letal. Por ello, es necesario impulsar la investigación y la
aplicación en el ámbito clínico de nuevas terapias para el DIPG y, por
extensión, para todos los tipos de cánceres pediátricos. Debemos
garantizar a los pacientes niños alternativas terapéuticas dentro de
ensayos clínicos para aquellos casos en los que, tras la aplicación de
tratamientos estándares, la enfermedad no remita. Debemos y estamos
obligados a mejorar la tasa de supervivencia, a buscar nuevos
tratamientos más específicos no solo para curar a más pacientes, sino
para disminuir sus toxicidades. Como he comentado, se utilizan los mismos
tratamientos para el cáncer pediátrico que para el cáncer de adultos
-quimioterapia, radioterapia, cirugía-, que son extremadamente agresivos
para los niños. En el 80 % de los casos de supervivientes tienen no pocas
secuelas que afectan significativamente a su calidad de vida. Esto
evidentemente cobra mucha más importancia en el caso de los tumores
cerebrales. Del mismo modo también es necesario el seguimiento del niño o
niña superviviente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno, a
través de esta iniciativa, a revisar las convocatorias públicas
destinadas a financiar la investigación y ensayos clínicos de manera que
se financien adecuadamente los proyectos de investigación solventes en el
cáncer pediátrico; que evalúen y promuevan técnicas de diagnóstico y
tratamientos oncológicos infantiles que sean más específicos y menos
tóxicos para los niños; que fomenten la creación de centros
especializados y unidades oncológicas para centralizar, unificar
esfuerzos y garantizar la atención adecuada de los pacientes, así como la
creación de unidades de seguimiento. Por último, queremos hacer una
propuesta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
que mejore el sistema de derivación de enfermos entre comunidades
autónomas.
Estas no son las únicas necesidades que reclaman los padres y las madres
en nombre de sus hijas e hijos enfermos o ya desgraciadamente fallecidos
en las que este grupo parlamentario se compromete a seguir trabajando,
pero sí son las más urgentes porque son las más vitales. Invertir en
investigación sanitaria es invertir en salvar vidas y en mejorar la
calidad de los enfermos.
Hace justamente una semana los padres de Lucía Chamorro Casado, una niña
de Trobajo del Camino cuyo caso movilizó la solidaridad y generosidad de
la sociedad leonesa, registraron en esta Cámara cerca de 260 000 firmas
para que todos los grupos apoyasen esta iniciativa que hoy debatimos. En
nombre del Grupo Parlamentario Socialista yo les pido no solamente que
apoyen esta iniciativa públicamente, ya que se han comprometido con los
padres, sino que también se comprometan puesto que el tiempo apremia.
Ojalá pudiésemos proteger a nuestros niños y niñas de todo y contra todo;
de sus mocos, de sus caídas, de los golpes en la vida, de los disgustos,
de las enfermedades. Como padres hemos de estar a su lado, capacitarles y
darles herramientas para afrontar los obstáculos que se encuentren en el
camino; como responsables políticos hemos de facilitarles las
herramientas para que en este caso luchen por la vida, luchen por vivir y
que no se sientan solos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señora Flórez.
Para defender las enmiendas presentadas, por un tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista, y concretamente a
la ponente, la defensa de esta PNL y haberse hecho eco de un problema de
un dramatismo que ha quedado bien expresado en sus palabras. Como no
puede ser de otra manera, nosotros apoyaremos esta propuesta, pero
creemos que necesita un poco más de proyección. Es verdad que apoyar,
promover, evaluar técnicas de diagnóstico son cosas necesarias, pero
creemos que a veces este Parlamento se queda un poco en esa parte que es
un poquito más hueca y da pocas respuestas concretas. El DPIG es un tumor
efectivamente muy raro, con una tasa de curación que no llega al 1 % y
que en realidad precisa de la designación de un centro y servicio de
referencia, de un CSUR. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En
San Juan de Dios, efectivamente, hay un centro que tiene mucha
experiencia a este respecto; pertenece al registro europeo del SEHOP, el
único registro europeo que hay de enfermos de estos tumores. Creemos que
debemos hacer algo eficaz por estos chicos y, por tanto, instar al
Gobierno y al Consejo Interterritorial para que, de acuerdo con la norma,
designen CSUR a uno de estos centros, preferentemente al que más
experiencia tiene en ello. Esto lo decimos en nuestra enmienda.
Es verdad que se pueden mejorar los sistemas de derivación, pero creemos
que aquí se pueden hacer propuestas concretas, como el establecimiento
del gestor de casos en los CSUR. El gestor de casos es
una enfermera o un médico, alguien que se encarga de acoger a los
pacientes cuando llegan desde otra provincia después de mucho trámite y
de mucho papeleo para que no se encuentren durante una semana o diez días
haciendo pruebas sino que se coordine toda la asistencia y se haga a ser
posible en un solo día, para evitar que los padres pierdan trabajo o
tengan más problemas de los que ya tienen. Hemos introducido estas
propuestas concretas en la enmienda. En cualquier caso, apoyaremos la
proposición, pero nos gustaría que se recogiesen al menos estos dos
aspectos, sobre todo por salir de aquí con una respuesta concreta y real
para unas familias y unos pacientes que no solo esperan de nosotros apoyo
y soporte moral, sino respuestas concretas a sus problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo y nuestra portavoz, Teresa Angulo, han permitido que sea yo quien
defienda la enmienda del Grupo Popular presentada a esta PNL. Teresa lo
ha hecho a sabiendas de que yo no iba a hacer aquí la intervención más
reflexiva posible, sino seguramente una muy emocional, incluso
sentimental. Les reconozco que para mí este momento es enormemente
difícil.
Todos los que estamos aquí hemos pasado muchos avatares vitales, muchas
peripecias de una vida que no nos define por ser parlamentarios sino por
ser personas. A veces creemos estar preparados para todo, y yo perdí esa
soberbia el día que me dijeron que mi hijo, de apenas unos meses, tenía
un tumor. Nadie está preparado para que le digan que su hijo tiene un
tumor. Puedes estar preparado, más o menos, si te dicen que lo tienen tus
padres e incluso si lo tienes tú mismo, pero nadie está preparado para
que le digan que su hijo tiene un tumor. Yo soy uno de esos padres a los
que algunas palabras incomprensibles les cambian definitivamente la vida.
A mí fueron neuroblastoma y hepatomegalia y para otros padres que nos han
visitado fue glioma difuso. Estoy seguro de que aquí todos -porque no es
una cuestión de ideología ni de siglas- estamos plenamente sensibilizados
con este problema, con las peticiones y con las expectativas de los
padres que nos han visitado. Para algunos no es solo una cuestión de
sensibilidad, que estoy seguro que para cada uno de los que estamos en
esta Cámara y en esta Comisión en este momento lo es, sino que ha sido
también, lamentablemente, una cuestión de simple vivencia, de la
experiencia que uno nunca habría querido tener.
Varias cosas han cambiado aquí en los últimos diez años, desde que me
dieron aquella noticia, y otras siguen siendo igual de angustiosas para
las familias. Sé bien lo que es poner tu vida literalmente en suspenso
-en mi caso, un año entero- porque todas las cosas han dejado de tener
sentido, sé lo que es dejar tu trabajo o que lo deje tu mujer -por
cierto, la reducción de jornada, afortunadamente, es hoy diferente a la
que era hace una década, y lo es para mejor-. Sé bien lo que es irte
fuera de tu comunidad, lo que es hacer de la planta de oncología
pediátrica un remedo de tu casa, lo que es tratar de mirar a tu hija con
apariencia de normalidad diciéndole que todo iría bien con su hermano
-eso lo han pasado algunas de esas familias que nos han visitado aquí y
que han tenido no solo un hijo sino más de uno con cáncer-, lo que es
esperar que pase la noche y que cuando llegues por la mañana haya un
atisbo de esperanza. Sé bien lo que es enfrentarse a esas cosas que uno
no sabe o no espera, que la lisis tumoral se pueda llevar a tu hijo
cuando está solo, solo en la UCI pediátrica -esta es una de la cosas que
han cambiado desde que el Partido Popular gobierna, ya que los niños no
se quedan ahora solos todo el día en la UCI pediátrica sino que se puede
acompañar a los menores-, ese temor indefinible a que la quimio no
funcione. Eso es algo que tu cerebro no procesa, porque tu único
horizonte de vida es que el tratamiento avance. Eso también nos lo han
contado los padres que hoy han venido aquí. Y en medio de ese sinsentido
hay que tratar de sonreír, de jugar, de que todo siga en una extraña
sensación de normalidad con los niños. Eso no me lo han contado, porque
lo he vivido yo personalmente. Lo que me han tenido que contar
-afortunadamente, yo no lo he vivido y por eso le doy gracias a Dios cada
mañana- es que su hijo se ha ido, que lo han perdido. Algunos de los
padres que nos han visitado no nos lo han tenido que contar porque lo
veíamos en su cara, porque lo veíamos en sus ojos.
Así que no voy a contar aquí el esfuerzo del presupuesto público, que es
verdad -hay unos cuantos proyectos de investigación especialmente
dedicados al cáncer, veinticinco en la AECC y, en estos tres últimos
años, cuatro dedicados al glioma difuso que afecta a los niños- y tampoco
voy a contar los esfuerzos del Centro de Investigación Biomédica en Red o
los esfuerzos del CNIO. Todo eso es verdad y seguro que es mi obligación
recordarlo aquí hoy, pero eso no llena la desesperanza de una madre que
sujeta el gotero de su hijo cuando le están poniendo la quimio. Espero que
esta iniciativa, muy bienintencionada y que yo, Aurora, agradezco
también, haga que los padres sientan también nuestro cariño y nuestra
cercanía, aunque puede que tampoco consuele mucho a un padre que tiene
que acompañar hoy a su hija a que la radien. ¿Qué es lo que creo que
deberíamos decirnos hoy todos aquí? Lo que seamos capaces de sostener a
solas con un padre o con una madre que se encierra en una habitación
porque no puede soportar que su hijo le acabe de preguntar si va a vivir
o a morir. Eso es lo que nos tiene que preocupar hoy aquí.
Espero no hacer una intervención muy hueca desde el punto de vista
técnico, científico y médico de las propuestas que nuestra enmienda hace.
Reconozco que no soy capaz de sobreponerme al aspecto humano en ese
sentido. El que haga otra intervención se equivoca -espero terminar en
tiempo, señor presidente, porque me he dejado llevar también por la
emotividad-; se equivoca el que habla de tasas de supervivencia, que creo
que a ninguno de los que estamos aquí nos deben conformar -desde luego a
mi grupo no lo hacen-, y también el que hable de culpas. Con esos padres
yo solo me puedo comprometer a luchar por mejorar esa situación y a
sensibilizar a la sociedad que todos representamos y a los poderes
públicos. Creo que de eso va, en definitiva, nuestra enmienda.
Algunos, con estas asociaciones, no han podido resistir la tentación del
discurso de echarle la culpa al Gobierno. Yo hace diez años no eche la
culpa al Gobierno, que desde luego no era el mío. Los que intenten
aprovechar el dolor de unos padres para hacer política ciega diciendo que
los niños españoles se mueren y en otros sitios no se mueren del glioma
difuso estarán haciendo una simplificación sencillamente mentirosa.
Tampoco creo que haya que entrar en las cosas que pasan en unas
comunidades sí y en otras no, porque ahí la diferencia es muy grande.
Quienes aprovechasen el inmenso dolor de unos padres como los que nos han
visitado para hacer esa política a corto plazo, para buscar culpas, se
equivocarían y enseñarían la peor cara de la política y eso simplemente
les haría miserables como políticos e indignos como personas. Estoy
convencido de que aquí eso no va a pasar. Con esto quiero terminar, señor
presidente.
Nuestra obligación en esta Comisión es sobreponernos a esta emotividad y
aprobar un texto en el que yo creo que todos al final estaremos de
acuerdo. Haya alguna modificación o no, todos lo haremos nuestro y eso es
con lo que se tienen que quedar. Nuestras enmiendas son conocidas, ya las
tienen y, por tanto, no voy a hacer mención a ellas. Creo que es
obligación de todos, de la proponente y de los enmendantes -yo, desde
luego me lo aplico- quitar trabas y que lleguemos aquí a un esfuerzo
común. Eso es más importante que dejar la impronta de cada uno de
nosotros en ese texto y creo que por todos ellos, por cada madre, por
cada padre, por cada niño con cáncer, en los que yo veo la cara
esperanzadora de mi hija, tenemos que llegar hoy aquí a un acuerdo con
una transacción unánime por parte de todos.
Muchas gracias por su flexibilidad, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la señora Botejara.
La señora BOTEJARA SANZ: Gracias.
La mayoría de la población de afectados por el glioma difuso intrínseco de
tronco es diagnosticada, como creo que ya se ha comentado aquí, entre los
cinco y los diez años de edad. El único tratamiento que tenemos
actualmente, también se ha dicho, es la radioterapia, con la que el 30 %
alcanza el primer año de vida y solo un 10%, como se ha comentado, llega
al segundo año. Actualmente existen varios ensayos con quimioterapia,
pero están limitados porque el paciente tiene que ajustarse al diseño del
ensayo, es decir, no está abierto a todo el mundo. En nuestro país
tenemos la fortuna de contar en determinadas circunstancias con el uso
compasivo del fármaco que se requiera. Es una puerta abierta que en otros
países europeos no tienen.
Esta patología se puede conceptuar como una enfermedad rara, ya que hay
menos de 5 casos por cada 10 000 habitantes. ¿Qué sucede con las
enfermedades raras? Que la industria farmacéutica no invierte en su
investigación porque no es rentable; eso lo sabemos casi todos los que
estamos en esta Comisión. Esta es la consecuencia de dejar la
investigación en manos del mercado. Es la Administración pública la que
tiene que dirigir e incrementar los recursos en investigación, pero nos
encontramos con que los recursos para investigación científica
disminuyeron un 34 % entre los años 2009 y 2013. La solución tampoco es
la colecta ciudadana y mucho menos que estos fondos vayan a parar a
hospitales privados. Estamos de acuerdo, lógicamente, con las unidades de
referencia para el cáncer infantil, pero, como ya
hemos comentado tantas veces en esta Comisión, las unidades de referencia
tienen que ser muy, muy accesibles. Para eso, tenemos que poner las menos
cortapisas posibles; para eso necesitamos un fondo de cohesión y para eso
no podemos tener un raquítico fondo de 3,7 millones, sino que necesitamos
los 150 millones que se le dieron al fondo de cohesión cuando se
concluyeron las transferencias sanitarias.
Aparte de favorecer -como ya he comentado- la atención sanitaria para
nuestra población, hay algunas prestaciones -como también ha apuntado el
portavoz de Ciudadanos- que ayudan y que se pueden añadir en determinadas
circunstancias. No es la solución, ni mucho menos, pero siempre sirve de
ayuda, por ejemplo, considerar el reconocimiento de la situación de grado
de discapacidad a los menores con cáncer en todo el Estado; no sé si ha
sido en esta Comisión o en la de Discapacidad donde se ha comentado. Todo
esto no va a solucionar situaciones como las que se están comentando,
pero sí las va a aliviar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botejara.
Para fijar posición, tiene la palabra el señor Agirretxea, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente. Evidentemente, todos somos personas, todos
tenemos sentimientos y a veces es imposible diferenciar nuestra actitud
como legisladores de nuestra capacidad de actuar como personas con
sentimientos. Creo que las dos tienen que seguir yendo juntas; que a
nadie se le ocurra separarlas nunca jamás, por favor.
En cualquier caso, independientemente de que lo que se pida en esta
proposición no de ley sea lo más, no sé si correcto es la palabra, pero
sí lo más eficaz o no, el mero hecho de lo que contempla ya es suficiente
para que todos nos solidaricemos y todos la apoyemos. Al final, espero
que tenga una forma lo más consensuada posible, lo más eficaz posible y
que sea la que vaya más directa a la diana para que el sufrimiento, que
es inevitable, sea sustituido por el esfuerzo, la eficacia y la
investigación, que es lo único en lo que podemos confiar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señora Flórez, ¿acepta alguna de las enmiendas o hay alguna transacción en
curso?
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Sí, presidente, gracias por las aportaciones
hechas por todas sus señorías...
El señor PRESIDENTE: No, no. ¿Acepta o no acepta?
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Sí, estamos trabajando para que salga adelante
una transaccional que vamos a incorporar al texto y que lo enriquece.
El señor PRESIDENTE: Bien, hemos agotado el orden del día. Si dan dos
minutos a la Mesa para ordenar las votaciones con sus enmiendas,
pasaremos a votar. Esperamos que en estos dos minutos llegue esta última
transaccional. (Pausa).
Vamos a comenzar las votaciones. Vamos a votar en el orden en el que
aparecían en el orden del día original. Yo iré leyendo cada PNL.
Votamos, en primer lugar, la PNL sobre el Plan de atención integral a las
personas sin hogar. Vamos a votar una transacción firmada por el Grupo
Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Vasco no estaba y no la ha firmado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación el 2.º punto, que es la PNL relativa al desarrollo
de medidas destinadas a combatir las situaciones de violencia
filioparental. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 16.
Votamos a continuación la proposición no de ley relativa a la mejora de la
protección de los pacientes afectados por la pseudociencia. Se vota la
propuesta original del Grupo Parlamentario Ciudadanos -no con la
autoenmienda, sino la original- más la enmienda del Grupo Mixto como
adición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en
contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley sobre la modificación de
la legislación con la finalidad de que en la etiqueta de los productos se
indique la cantidad de azúcar añadido. Se vota con los añadidos de la
enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación el 5.º punto, que es la PNL sobre el informe del
panel de alto nivel de acceso a medicamentos de Naciones Unidas. Se vota
la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos más la
enmienda del Grupo Socialista. Votamos en estos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este punto.
Pasamos al 6.º punto, que es la PNL relativa a equiparar real y
efectivamente a los menores en acogimiento familiar a la condición de
hijo. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación el 7.º punto, la PNL relativa a las pseudoterapias.
Hay una enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Popular
y por el Grupo Parlamentario Socialista y es la que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en
contra, 3; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos la proposición no de ley relativa al cáncer infantil.
Sometemos a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
