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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 363, de 13/11/2017
cve: DSCD-12-CO-363
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 363
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 13
celebrada el lunes,
13 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda (Fernández de Moya Romero):

- Con el fin de explicar las actuaciones realizadas para impulsar el proceso de revisión y reforma del sistema actual de financiación autonómica. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001035) ... (Página2)

- Para que informe sobre cuestiones generales de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000132) ... (Página2)

- Para explicar el programa de actuaciones de su Secretaría de Estado y, en particular, las nuevas medidas adoptadas en materia tributaria y en la lucha contra el fraude. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000135) ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Sobre la cesión de la antigua refinería "La Británica" al Ayuntamiento de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000154) ... (Página36)

- Sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000323) ... (Página39)

- Relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002338) ... (Página43)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO):

- CON EL FIN DE EXPLICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y REFORMA DEL SISTEMA ACTUAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001035).

- PARA QUE INFORME SOBRE CUESTIONES GENERALES DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000132).

- PARA EXPLICAR EL PROGRAMA DE ACTUACIONES DE SU SECRETARÍA DE ESTADO Y, EN PARTICULAR, LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000135).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Función Pública con la comparecencia hoy del secretario de Estado de Hacienda, don José Enrique Fernández de Moya, a quien doy la bienvenida a su casa porque ha formado parte de esta Comisión en otra legislatura y está familiarizado perfectamente con esta Comisión.

Como siempre, vamos a acumular las tres solicitudes de comparecencia que hay en relación con este secretario de Estado. Había, previamente a la solicitud de comparecencia por el propio Gobierno, una solicitud de comparecencia por parte del Grupo Ciudadanos y otra por parte del Grupo Socialista. En el caso de Ciudadanos, para informar del sistema de financiación autonómica y en el caso del Grupo Socialista, para que explicara las medidas adoptadas en materia tributaria y lucha contra el fraude.

El propio secretario de Estado, a petición propia, creo que fue el día 3 de noviembre, pidió comparecer en esta Comisión para plantear la financiación autonómica respecto al estudio y los trabajos que está llevando a cabo la Comisión y lo hemos considerado muy oportuno porque ya en la Mesa habíamos hablado de la posibilidad de invitar al Gobierno, en este caso para explicar los avances en esta materia. Por tanto, vamos a acumular las tres y seguiremos el mismo procedimiento en las intervenciones. Sin ningún límite de tiempo, intervendrá el señor secretario de Estado; después intervendrán los grupos que han solicitado la comparecencia por orden de menor a mayor, en este caso Ciudadanos y Grupo Socialista, por un tiempo de unos doce minutos aproximadamente -saben que suelo ser flexible en este primer turno- y después intervendrán los grupos de menor a mayor, terminando el Grupo Popular. Daré un turno un poco más rígido de unos tres minutos para, después de una segunda intervención del secretario de Estado, hacer las aportaciones que consideren oportunas. Pararemos la sesión un par de minutos para despedir al señor secretario de Estado y continuaremos con los tres puntos de iniciativas parlamentarias de cada uno de los grupos.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, miembros de la Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública y señorías.

Comparezco ante la Comisión de Hacienda y Función Pública a petición propia e igualmente también a petición de los grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos, para informar sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, medidas de lucha contra el fraude y política tributaria, habida cuenta de que las palabras que acabo de mencionar aglutinan y engloban lo que representan las solicitudes de comparecencia de los grupos parlamentarios que les acabo de citar.

Permítanme que empiece esta comparecencia poniendo en valor la petición que realicé la semana pasada respecto a lo que significa por parte del Gobierno de España abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Señorías, el vigente sistema de financiación autonómica, como ustedes saben, se regula en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Este sistema ha sido muy cuestionado desde el primer momento, muy


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probablemente como consecuencia de la coyuntura económica que se ha producido durante sus años de aplicación, que ha llevado a que la caída recaudatoria se tradujera en menores recursos para todas las administraciones públicas y, de manera muy específica y particular a través del sistema de financiación autonómica, para las comunidades autónomas. El impacto de esta evolución negativa fue especialmente relevante en los primeros años de funcionamiento del sistema, dando lugar, como ustedes saben, a que las liquidaciones de los recursos del modelo de los años 2008 y 2009 fueran negativas, resultando en elevados importes que las comunidades autónomas tenían que devolver al Estado, por lo que se hizo necesario prorrogar los plazos de devolución desde los cinco años previstos inicialmente a veinte años para evitar un mayor perjuicio en la sostenibilidad de unas finanzas autonómicas ya de por sí mermadas debido a la caída recaudatoria, como les he dicho con anterioridad. Es cierto que esto ha implicado que, desde el primer momento de su aplicación, haya sido un sistema de financiación autonómica que no ha convencido y, además, se ha dudado de que haya sido capaz de dar cumplimiento a algunos de los principales objetivos para los que se creó. Permítanme señalarles en este momento cuatro de ellos: en primer lugar, garantizar la suficiencia de los recursos de las comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias; en segundo lugar, mejorar la convergencia territorial y reducir las diferencias de financiación entre comunidades autónomas; en tercer lugar, reforzar los recursos asociados al Estado del bienestar mediante la incorporación de recursos adicionales; y, en cuarto lugar, garantizar el acceso de todos y cada uno de los ciudadanos, en términos de igualdad, a los servicios públicos fundamentales, independientemente de la comunidad de residencia.

Este cuestionamiento casi unánime del sistema de financiación autonómico ha venido originado por los principales defectos que se le han achacado. Primero, complejidad derivada del gran número de fondos, así como de los criterios establecidos para su reparto. En segundo lugar, falta de respuesta frente a unos niveles rígidos en el gasto autonómico, a pesar de los ajustes en los últimos años, ya que muchos de los ingresos de los que dependía el sistema de financiación autonómica son procíclicos, por lo que no ha sido capaz de generar recursos adicionales suficientes en las correspondientes fases recesivas. En tercer lugar, algunos de los criterios utilizados para el reparto de recursos entre comunidades autónomas han sido criticados por su falta de claridad, su subjetividad y su inequidad. En cuarto lugar, el espacio fiscal sobre los tributos cedidos que ofrece el sistema de financiación autonómica a las comunidades autónomas no se ha percibido como adecuado en tanto que unas comunidades autónomas consideran que es pequeño y otras, por el contrario, que puede dar lugar a unas diferencias interterritoriales excesivas. Y en quinto lugar, el hecho de que el sistema de financiación autonómica persiguiera la consecución de diferentes objetivos, algunos incluso con efectos contrarios, ha llevado a la conclusión de que los mismos no se han conseguido.

Pero también es innegable que el sistema ha aportado avances como consecuencia de la incorporación de determinados aspectos. En primer lugar, se incrementaron los porcentajes de cesión de los tributos cedidos por el Estado, así como la capacidad normativa de las comunidades autónomas en los mismos con el ánimo de reforzar la capacidad tributaria de los entes territoriales autonómicos, su autonomía financiera y su corresponsabilidad fiscal. En segundo lugar, se incorporaron recursos adicionales por el Estado para reafirmar la suficiencia del modelo y reforzar la financiación asociada a los servicios públicos fundamentales. En tercer lugar, se crearon nuevos mecanismos de nivelación, como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con objeto de servir a la equidad del sistema y garantizar unos niveles de financiación igual en las comunidades autónomas para una prestación igualitaria de los servicios públicos fundamentales. En cuarto lugar, la creación de los fondos de convergencia autonómica con los objetivos de aproximar a las comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustado y de llevar a cabo concretamente un escenario para favorecer el equilibrio económico territorial, contribuyendo a la igualdad y a la equidad. Y en último lugar, permítanme citar el criterio de la utilización de la población ajustada de cada comunidad y su recálculo anual, lo que permite tener en cuenta las singularidades de cada una de las comunidades autónomas, que inciden, como no podía ser de otra manera, en el coste de la prestación de los servicios, así como su evolución en el tiempo.

En este momento de mi intervención debo hacer también una breve mención a la vigencia del actual sistema de la Ley 22/2009 y a la interpretación de los plazos previstos concretamente en su normativa reguladora para su reforma. Señorías, la disposición transitoria tercera de la Ley 22/2009 establece que la primera evaluación de los resultados del mismo -se refiere al sistema de financiación- se realizará con referencia al año 2013. Señala, además, la disposición adicional séptima de dicha ley que la mencionada valoración realizada por el CTPE, el Comité Técnico Permanente de Evaluación, tendrá y


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presentará un carácter quinquenal. Si bien la interpretación que se ha mantenido por el Estado es que dicho análisis debía iniciarse una vez que se conocieran los datos del año 2013, es decir, en julio del año 2015, algunas comunidades autónomas han interpretado que debía haberse realizado en el año 2013. De hecho, hay comunidades autónomas que incluso han afirmado que la Ley del sistema había perdido su vigencia al haber transcurrido cinco años desde su aplicación y no haberse reformado, extremo que siempre ha negado la Administración General del Estado al considerar que la Ley del sistema de financiación tiene vigencia indefinida.

La posición del Estado fue ratificada por la Audiencia Nacional en la sentencia dictada sobre el procedimiento iniciado por Cataluña al entender que la Ley del sistema había expirado. En concreto, afirma la sentencia que la Ley 22/2009 no contiene una exigencia modificativa periódica y añade que es el Estado el que tiene atribuida competencia exclusiva para el establecimiento y/o extensión del modelo de financiación, sin perjuicio de los principios de coordinación y cooperación, siendo claro que es una competencia que no puede estar limitada por ningún estatuto de autonomía; sentencia también del Tribunal Constitucional 13/2007, de 18 de enero. Asimismo, la Comunidad Valenciana, en el recurso que interpuso ante la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016, por lo que se refiere a las transferencias que reflejan los importes necesarios para la instrumentación del mismo y, en concreto, refiriéndose al Fondo de Suficiencia Global, argumentaba que la Ley 22/2009, Reguladora del Sistema de Financiación Autonómica, había perdido su vigencia. Permítanme, señorías, traer en este momento a colación la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de mayo del año 2016, donde el pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso, concluyendo que el sistema tiene plena vigencia y que la pretensión de la Comunidad Valenciana de obtener una mayor financiación a través del presente recurso de inconstitucionalidad, mediante la anulación del Fondo de Suficiencia Global negativo consignado en el concepto 458 del texto articulado del propio estado de ingresos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, carece de sustento constitucional -cierro comillas-. Por lo tanto, hay que partir de este contexto y de los principales problemas que se han achacado al vigente modelo, que se han señalado anteriormente, para fijar el marco en el que se ha de desenvolver el proceso de revisión y reforma que desde hace un tiempo se está desarrollando.

Señorías, las bases de este proceso de reforma quedaron fijadas en la Conferencia de Presidentes autonómicos que, bajo la presidencia del señor Rajoy, del presidente del Gobierno, se celebró el pasado 17 de enero del presente año. En esta conferencia se acordaron cuáles serían las bases fundamentales sobre las que se asentaría el nuevo sistema de financiación autonómica, fijando sus principales aspectos y marcando la senda a seguir para articular dicho proceso, con el fin, eso sí, de adoptar un acuerdo que garantice -y abro comillas, porque reproduzco literalmente el acuerdo de la Conferencia de Presidentes- una financiación suficiente de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos -cierro comillas-. De esta forma, los principios que han de guiar la reforma del modelo no pueden ser otros que los mencionados, que acordaron el Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ciudades con estatuto de autonomía.

En el acuerdo de la Conferencia de Presidentes quedó patente la preocupación compartida por el Estado y las comunidades autónomas por acometer una reforma urgente del modelo que sea justa y consensuada. Por eso, el Gobierno se comprometió con los Gobiernos de las comunidades autónomas a avanzar en el proceso en el momento en el que la coyuntura económica permitiera plantearlo, acomodándolo a lo que significaban los debates y las negociaciones políticas y parlamentarias correspondientes. Por eso, no solo se fijaron los fundamentos de desarrollo que, precisamente, debían tomarse como pauta para el nuevo modelo, sino que la Conferencia de Presidentes acordó también encomendar a una comisión independiente la realización de los análisis necesarios para la formulación posterior del modelo que se fundamente en los principios señalados. De manera que, con la base de estos análisis, el Comité Técnico Permanente de Evaluación, órgano previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009, desarrolle sus trabajos preparatorios al órgano deliberante del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de febrero del año 2017 creó dicha comisión y concedió y previó un plazo de seis meses para que la misma emitiera un informe final con sus reflexiones, conclusiones y propuestas de reforma del modelo. En julio se presentó el informe de la citada Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica y se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el día 27 de ese mismo de julio pasado, que los trabajos de proceso, en este caso de reforma, continuarían conforme a lo previsto con la constitución del Comité Técnico


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Permanente de Evaluación. Es en este órgano, que acaba de celebrar su primera reunión hace once días, el pasado día 2 de noviembre, donde ha de tener lugar el grueso de la negociación técnica del modelo y donde se debe establecer un proceso de valoración de los elementos estructurales para informar sobre las posibles modificaciones de reforma del modelo que deberán ser objeto de debate y deliberación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay que recordar que, para concluir el proceso, alcanzado un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se habrán de elaborar los correspondientes anteproyectos legislativos que resulten necesarios para dotar de instrumento y respaldo normativo el acuerdo que precisamente nazca del Consejo de Política Fiscal y Financiera, procediéndose en consecuencia a su oportuna tramitación parlamentaria.

Señorías, quiero subrayarles que, como ustedes saben, el sistema de financiación autonómica se regula por un instrumento normativo previsto en la Constitución española, que es el artículo 81, que determina que el carácter de ley que se otorga al desarrollo y entrada en vigor de ese sistema de financiación autonómica es ley orgánica y, por lo tanto, requiere la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho que conforman esta Cámara, 176 votos a favor. Por ello, también en este momento de mi intervención hago un llamamiento a lo que significa el debate constructivo entre los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Partido Socialista, el primer partido de la oposición, desde la perspectiva de que la suma aritmética para determinar un nuevo modelo de financiación autonómica se establece, claramente, a través de la suma aritmética de las dos fuerzas políticas que tienen mayor representación de grupos parlamentarios en esta Cámara, porque, como les he dicho, solo puede haber reforma del modelo de financiación autonómica si es respaldada por una mayoría absoluta de los miembros está Cámara.

Habiendo comenzado los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación, se constata que se está siguiendo la senda marcada, la hoja de ruta trazada en el seno de la Conferencia de Presidentes, en la que el Gobierno de España, con el presidente Rajoy a la cabeza, y las comunidades autónomas, se comprometieron a trabajar en la reforma y a intentar el máximo nivel de acuerdo a través del diálogo ofrecido por el presidente Rajoy, para que, a la mayor brevedad, España y sus entes territoriales autonómicos puedan contar con un nuevo modelo de financiación autonómica.

Hay que señalar que existen algunas claves de cara a diseñar el próximo sistema de financiación autonómica, que han sido apuntadas por la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica y sobre las que desde el Gobierno de España creemos que existe un amplio consenso, desde el punto de vista de su concreción, aplicación y desarrollo posterior en el nuevo modelo de financiación autonómica. Permítanme que les enumere con brevedad siete puntos. En primer lugar, la necesidad de diseñar un sistema de financiación autonómica sencillo, transparente y que sea más predecible. En segundo lugar, la necesidad de diseñar un sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia de recursos de las comunidades autónomas para la prestación de todas sus competencias, sin perjuicio de que esta suficiencia deba compatibilizarse con la existencia de recursos limitados para el ejercicio de las competencias de todas las administraciones públicas, y, en consecuencia, deba también compatibilizarse con el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución española de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En tercer lugar, esta necesidad de suficiencia en los recursos cobra especial relevancia en lo que significa la relación con las prestaciones asociadas a los servicios públicos fundamentales; es decir, a los servicios asociados a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Por ello, es necesario realizar un especial análisis de cara a concluir cuál es la mejor manera de poder garantizar la sostenibilidad de estos servicios asociados al Estado del bienestar. En cuarto lugar, va a ser crucial mejorar la determinación de las variables representativas que quedan asociadas a los costes de producción de los servicios entre comunidades autónomas, así como su estimación y actualización. Esto resulta esencial de cara a garantizar que las singularidades territoriales y demográficas de las comunidades autónomas que inciden concretamente en el coste de los servicios que presta sean debidamente consideradas a la hora de calcular la financiación que deben percibir. En quinto lugar, mejorar la configuración de los mecanismos y fondos que se diseñen, así como de sus criterios de distribución para garantizar la consecución de los objetivos para los que se creen. En sexto lugar, resulta esencial, además, que esas mejoras se traduzcan en un sistema de pagos a las propias comunidades autónomas, de modo que los mismos se puedan acomodar mejor en términos temporales. Permítame una última reflexión, y es que a la hora de evaluar las necesidades autonómicas concretas es importante mantener una perspectiva global de lo que representa el conjunto de las administraciones


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públicas, teniendo en cuenta, en consecuencia, la consideración de las necesidades que cada una de ellas tiene, pero también en relación con todas las demás.

Al margen de otro tipo de precisiones que puedan realizarse, lo que debe quedar claro es que el objetivo fundamental perseguido en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica ha de ser la búsqueda del equilibrio y del entendimiento mediante el diálogo y la negociación, para la que el Gobierno de España, el presidente Rajoy y el ministro de Hacienda y Función Pública han manifestado su plena disponibilidad. La búsqueda del equilibrio es necesaria, y lo es porque para diseñar un sistema de financiación autonómica bueno y justo es necesario conjugar principios muy diversos, encontrando, por ejemplo, el equilibrio adecuado entre la equidad entre los territorios y la capacidad fiscal de cada uno de ellos, el equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal y un determinado grado de armonización fiscal, entre la consideración de variables poblacionales que afecten al coste de los servicios y la consideración de aquellas no poblacionales pero que también representan porque tienen un impacto en dicho coste. Para la búsqueda de estos equilibrios necesarios y exigibles es imprescindible que continuemos trabajando como hasta ahora, con la voluntad y el ánimo de encontrar un punto de acuerdo que satisfaga los distintos intereses autonómicos y, en general, el entendimiento entre todos los partícipes en el ámbito de este proceso.

Señorías, el Gobierno de España, que tiene el respaldo del grupo parlamentario con 137 escaños en esta Cámara, ha sido capaz de llegar en el marco de la Constitución, de la foralidad constitucional, a acuerdos, concretamente con el Partido Nacionalista Vasco, a la hora de abordar el cupo vasco; estamos en plena negociación en el ámbito de la aportación Navarra; también hemos llegado a acuerdos con Coalición Canaria en el desarrollo de su régimen económico. Por lo tanto, una vez más, ponemos en valor lo que representa la palabra diálogo y el Gobierno de España tiende la mano a todos y cada uno de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara para forjar la búsqueda del acuerdo.

A continuación, quiero exponerles brevemente lo que significan el calendario, el procedimiento y la hoja de ruta que a lo largo de estos días, una vez que se ha celebrado la primera reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación el pasado día 2 de noviembre, vamos a seguir en el marco del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la base del mandato de la Conferencia de Presidentes. En el acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero del presente año se creó esa comisión, que estableció un plazo de seis meses al objeto de que el comité de expertos, precisamente una vez que terminaron sus trabajos y sus deliberaciones, elevara al Gobierno de España, a la vicepresidenta y al ministro de Hacienda y Función Pública dicho informe que, posteriormente, el ministro elevó él mismo a acuerdo de Consejo de Ministros. A partir de ahí y desde esa perspectiva, como les he mencionado con anterioridad, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio conoció el contenido del informe al objeto precisamente de poner encima de la mesa, una vez más, las conclusiones del comité de expertos. En el ámbito de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representación de todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, se indicó que desde el Gobierno se continuaría avanzando en el proceso de reforma, procediendo al inicio de los trabajos del CTPE. En la medida en que este órgano no estaba constituido -les hablo de finales de julio-, se solicitó en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que, a la mayor brevedad posible, comunicasen a la secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera el nombre de la persona que designaban como representante dentro de dicho órgano técnico.

El Comité Técnico Permanente de Evaluación, en su sesión constitutiva, acordaría su régimen de trabajo y funcionamiento interno, su propia metodología en el desarrollo de las actuaciones a seguir y la previsión de su calendario de actuación, teniendo siempre presente el acuerdo de la Conferencia de Presidentes que señalaba el inicio de los trabajos de la reforma del modelo e intentar un acuerdo con el máximo consenso en el presente año 2017. El acuerdo de Conferencia de Presidentes se refiere, por tanto, a un intento de consenso en el año 2017 que hemos puesto en marcha con el inicio de los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación, que, como les decía con anterioridad, celebró su primera reunión el pasado día 2 de noviembre, y con los trabajos que van a acometer a continuación. Por tanto, el Gobierno está impulsando estos trabajos, impulsa también la búsqueda del consenso, que fue un punto común establecido en el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, y al mismo tiempo quiere llevar a cabo las modificaciones que se tengan que realizar en el vigente modelo del sistema de financiación autonómica en el marco del Comité Técnico Permanente de Evaluación para posteriormente ser debatidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.


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El Comité Técnico Permanente de Evaluación está constituido por el titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, SGFAL, y por un representante de cada comunidad autónoma de régimen común y ciudad con estatuto de autonomía. Todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla han designado su representante, todas a excepción de Cataluña. La secretaría del comité se atribuye a la Subdirección de Estudios Financieros Autonómicos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, e igualmente se convocará en todo caso a estas reuniones de carácter técnico en el ámbito del Comité Técnico Permanente de Evaluación a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales y a la Airef -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-.

En lo que concierne al desarrollo de los trabajos, tal y como les he señalado con anterioridad, se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero que, de conformidad con lo previsto en la propia normativa reguladora del sistema, siguiera adelante en los debates desde el punto de vista técnico en el CTPE la formulación de un nuevo modelo de financiación autonómica. En la reunión del 2 de noviembre, en esa sesión constitutiva, ha quedado fijada la estructura tentativa del borrador de informe que deberá presentar el Comité Técnico Permanente de Evaluación al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya redacción se realizará en su momento por la secretaría del comité. Esta estructura se basa fundamentalmente en las distintas áreas que aborda el informe de la comisión de expertos. Señorías, en el plazo de tres semanas las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, de forma sintética y en base a la estructura que se les ha propuesto, valorarán las propuestas de la comisión de expertos manifestando su opinión y parecer sobre las mismas y, en caso de considerarlo oportuno, las concretarán. Tras la recepción de las valoraciones de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, en el plazo más breve posible se comenzaría con el debate de los distintos epígrafes, agrupados en bloques por su tratamiento. El comité técnico se reunirá cuantas sesiones sean necesarias para discutir sobre los aspectos a tratar, para lo que evidentemente se precisará la valoración inicial del Estado. Terminados los debates anteriores, la secretaría del comité técnico elaborará una propuesta de borrador para su discusión en el seno del propio comité técnico, reuniéndose este cuantas sesiones se considerasen convenientes para la discusión y aprobación del documento definitivo. En ese sentido y como consecuencia del resultado de estos debates, la propia valoración que realice el comité técnico ha de ser un informe sobre las modificaciones que se someten a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin perjuicio de tratar de lograr el máximo consenso en cuestiones principales y en el esquema general en el que se enmarque el próximo sistema de financiación autonómica, el informe puede incluir temas en los que se haya llegado a un menor nivel de concreción, pudiendo presentar incluso alternativas distintas para su valoración en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así pues, en torno al calendario -como les he dicho con anterioridad-, en el plazo de tres semanas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía valorarán las propuestas de la comisión de expertos. Eso nos sitúa en la última semana del presente mes de noviembre. Y como les decía también con anterioridad, finalizados estos debates se presentará por la propia secretaría del comité técnico el borrador para su discusión en dicho órgano colegiado que ha de conducir a la aprobación del documento definitivo. Una vez que el Comité Técnico Permanente de Evaluación culmine sus trabajos se habrán intentado consensuar distintas perspectivas y acercar posturas, pero lo probable es que no se haya logrado ese consenso o ese acuerdo sobre una propuesta única y cerrada para ser sometida al órgano deliberativo y decisorio que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que previsiblemente las negociaciones se extenderán en el marco de dicho órgano colegiado. Les vuelvo aquí a poner una vez más de manifiesto, para cerrar el capítulo de financiación autonómica, que el instrumento normativo que contempla nuestra Constitución es una ley orgánica; por lo tanto, si no hay acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español no habrá reforma del modelo de financiación autonómica.

Quería, a continuación, ponerles en valor -también con brevedad- las medidas de lucha contra el fraude que a lo largo de los últimos años el Gobierno de España ha explicitado y ha desarrollado en diferentes textos normativos. Son varias las medidas adoptadas en los últimos años en este sentido, lo que ha llevado a conseguir unos resultados que en el año 2016 han ascendido a 14 883 millones de euros, lo que supone una consolidación de la tendencia de los últimos años ya que en los últimos tres años las cifras de recaudación obtenidas por la Agencia Tributaria han sido las más elevadas de su historia. Estos resultados suponen mejorar en más de 1900 millones de euros -un 14,9 %- los obtenidos el año anterior y superar en más de 2500 millones -20,8 %- los resultados alcanzados en el año 2014, ambos en


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términos homogéneos. Hasta junio se han recaudado 7459 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,2 % respecto a la misma fecha del año anterior. La Agencia Tributaria desarrollará y potenciará diversas iniciativas en la lucha contra los incumplimientos tributarios y en la lucha contra el fraude fiscal que tendrán su reflejo y su impacto en el venidero ejercicio presupuestario del año 2018.

En primer lugar, se consolidará definitivamente el uso del servicio Renta Web para la confección de todas las declaraciones de IRPF. Esta aúna la simplicidad del borrador de la declaración con la versatilidad del Programa Padre, eliminando precisamente la necesidad de desarrollar dos aplicaciones informáticas diferentes, manteniendo únicamente la confirmación de borrador y funciona como una aplicación de ejecución online. Asimismo, la Agencia Tributaria ejecutará en el año 2018 su Plan anual de control tributario y aduanero, que constituye un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas anteriormente a la vez que incorpora otras nuevas. Esta lucha contra el fraude también se apoya en las iniciativas internacionales en las que participa España. En este sentido, es de destacar el Proyecto BEPS por el que se han revisado las normas en materia de limitación de gastos financieros, se ha modificado el tratamiento de los híbridos y el propio régimen de transparencia fiscal internacional, se han introducido importantes novedades en materia de documentación de operaciones así como entidades vinculadas y también la obligación de información país por país. Y han comenzado ya los intercambios espontáneos de rulings y los primeros intercambios automáticos de información financiera a nivel mundial. En cuanto a las medidas previstas para su próxima implementación, en materia del impuesto sobre sociedades España llevará a cabo la trasposición de la Directiva 2016/1164, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el funcionamiento del mercado interior y cumplirá con la obligación de trasposición de todas aquellas directivas que se puedan adoptar desde el punto de vista de lo que signifique su aprobación en materia antiabuso. Y hemos suscrito en junio un innovador mecanismo precisamente para actualizar la red mundial de convenios bilaterales de manera sincronizada y eficiente.

Por otra parte, en el seno de la Unión Europea se puede destacar la modificación de la directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, los trabajos para la elaboración de una lista de paraísos fiscales o las propuestas -saben ustedes que son especialmente singulares y están llenas de un debate arduo en el ámbito de la Comisión Europea y de la zona euro- de una base imponible común en el impuesto sobre sociedades y de un nuevo impuesto sobre economía digital. Igualmente, el 1 de julio del año 2017 comenzó la aplicación del sistema del suministro inmediato de información -SII- de los registros de facturación. Se trata de un nuevo sistema de gestión del IVA mediante la llevanza de los libros registro de dicho tributo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria para los sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación es mensual: grandes empresas, grupos de IVA y sujetos inscritos en el Registro de devolución mensual, junto con los que voluntariamente hayan decidido acogerse al mismo. Para que tengan el dato, señorías, el colectivo al que resulta de aplicación el nuevo sistema representa el 80 % del total de la facturación nacional. Este sistema va a permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea en lo referente al suministro de información sobre la factura empresarial. Saben sus señorías que supone la obligación de remitir el detalle del registro de facturas que se deben hacer constar en el libro registro de facturas del IVA en un plazo muy breve, cuatro días.

Para ir terminando en el capítulo del fraude, finalmente en el ámbito de aduanas quiero destacar la intensificación en el uso de la ventanilla única aduanera, que tiene por objeto facilitar el despacho de mercancías en la aduana mediante la creación de herramientas informáticas que permitan a los operadores facilitar toda la información y los documentos que resulten necesarios en una sola vez a las aduanas, la cual a su vez, distribuye dicha información al resto de organismos que resulten implicados. Además, permitirá integrar los procesos de control de las entidades del Estado y brindar un canal electrónico integrado para hacer los trámites para la importación, exportación y tránsito de mercancías según las regulaciones existentes.

Con brevedad también, quiero poner una vez más en valor -como les he mencionado- lo que significa concretamente el instrumento BEPS en el ámbito de la OCDE desde el punto de vista de lo que significa la falta de intercambio efectivo de información tributaria que actualmente se produce, para que sea corregida, y en el caso de los paraísos fiscales en la medida en que ello no favorezca el incumplimiento tributario, lo que indudablemente ocasiona un importante perjuicio económico tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. De ahí que España esté adoptando numerosos mecanismos de lucha contra los paraísos fiscales tanto de carácter interno como también mediante una importante cooperación tributaria intergubernamental.


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Asimismo, señor presidente, en la medida en que corresponde a mi Secretaría de Estado, quiero hacer una valoración sobre los tribunales económico-administrativos y el Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre todo a raíz de alguna interpretación que ha producido la entrada en vigor del Decreto de estructura y de modificación del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobado precisamente a finales del mes de julio del presente año. A través del artículo 6 del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se establece la estructura del Tribunal Económico-Administrativo Central. El mismo establece lo siguiente en su apartado tercero, y abro comillas -reproducción literal de dicho precepto-: "El Tribunal Económico-Administrativo Central estará integrado por su Presidente, con rango de Director General, la Subdirección General de Organización, Medios y Procedimientos, a la que corresponde la realización de estudios funcionales y organizativos conducentes al mejor funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos, la programación de las dotaciones de medios personales y materiales y el diseño, explotación y gestión de los sistemas de información y comunicaciones; el Secretario General, con nivel orgánico de Subdirector General y los vocales, con nivel orgánico de Subdirector General, cuyo nombramiento ha de efectuarse mediante real decreto, que serán los titulares de las siguientes vocalías". Y son doce, que afectan a imposición directa, indirecta, ingresos patrimoniales y tasas, así como también pensiones públicas, derechos pasivos, catastro, apoyo general y vocalía coordinadora. La razón de los cambios en esta estructura, en que la principal novedad es que se determina en su denominación el contenido básico de cada vocalía, deriva de la necesidad de dotar de mayor visibilidad la función de cada una de las vocalías del TEA frente a la ciudadanía realizando un ejercicio de transparencia, de mayor información sobre las tareas que realiza cada vocalía frente a los ciudadanos, destinatarios de los servicios de prestan.

Quiero indicarles que, no obstante lo anterior y dada la importancia del trabajo que se realiza por el Tribunal Económico-Administrativo Central, se previó en el propio real decreto la necesidad de que se mantuviesen las funciones de los vocales en tanto se procedía a realizar el nombramiento de los vocales en las nuevas vocalías ad hoc creadas en el decreto de estructura del ministerio. A tal efecto, se previó en la disposición transitoria tercera establecer el régimen que debe mantenerse en tanto no se produzca la cobertura de las nuevas plazas creadas, cito disposición transitoria tercera: "Nombramiento de vocales en el Tribunal Económico-Administrativo Central. Con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del Tribunal Económico-Administrativo Central, entretanto se produzca el nombramiento mediante real decreto de los titulares de las nuevas vocalías que se establecen en el presente real decreto, mantendrán sus funciones los actuales vocales". Lo anterior supone que se mantiene el statu quo del Tribunal Económico-Administrativo Central en tanto no se proceda al nombramiento de los titulares de las vocalías que les acabo de mencionar y que integran el contenido material del real decreto anteriormente citado. Además, a través de la trascrita disposición transitoria tercera lo que se establece no es que los actuales vocales queden en funciones, sino que se mantienen en sus funciones exactamente igual que con anterioridad a que se promulgase el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio. Este caso es absoluta y radicalmente opuesto al establecido en el Título IV de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En él se establece, en su artículo 21, que el Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Pero, señorías, y para finalizar respecto de este asunto, en este caso no nos encontramos con miembros del Gobierno ni concurren los presupuestos habilitantes que se citan en el artículo 21 de la antedicha norma, dado que el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 50/1997 se refiere en exclusividad al Gobierno y su delimitación de composición lo es su presidente, vicepresidente o vicepresidentes y evidentemente los ministros. Por lo tanto, no se aplica la citada norma ni existe ningún tipo de limitación a la actuación de los vocales del Tribunal Económico-Administrativo Central, más allá de las que le resultan aplicables en base a la competencia que legalmente les corresponde y tienen establecido. Con ello quiero poner en valor que, evidentemente, no estamos estableciendo ninguna merma en defensa de los derechos del contribuyente al acudir concretamente a la interposición de las correspondientes reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que viene desarrollando sus funciones con plena y absoluta normalidad.

Señor presidente, para terminar, sin perjuicio de las reflexiones que posteriormente sus señorías quieran realizar puesto que me he referido al sistema de financiación autonómica, a las medidas de lucha


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contra el fraude, a la situación especial -en la medida en que depende de la Secretaría de Estado de Hacienda que me honro en dirigir- del Tribunal Económico-Administrativo Central, daré ahora unas breves pinceladas de política tributaria en el ámbito de lo que significa la negociación política que hemos llevado a cabo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos para el desarrollo y puesta en marcha de la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Las modificaciones fiscales que pretendemos proponer a la Cámara en la medida en que, efectivamente, las hemos negociado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, quedan vinculadas tanto al ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas como a la rebaja del tipo de gravamen vinculado a la imposición indirecta, en este caso al IVA del 21 al 10 %. Las modificaciones fiscales que el Gobierno ha pactado con una fuerza política y con un grupo parlamentario que tiene una representación de treinta y dos escaños en esta Cámara discurren por cuatro vías. La primera, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Ahí lo que hemos pactado los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos determina la modificación del artículo 20 de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, teniendo por objeto incrementar la reducción del propio rendimiento neto del trabajo establecida en dicho artículo, fundamentalmente para los contribuyentes que manifiesten menor capacidad económica y, por lo tanto, menor disponibilidad de renta. En ese sentido, como ustedes saben, proponemos una elevación significativa de la actual reducción aplicable para los trabajadores con los salarios más bajos. En este sentido, los trabajadores que se verían afectados por la puesta en marcha de esta medida pactada entre el Partido Popular y Ciudadanos serían los trabajadores con salarios brutos anuales inferiores a 18 000 euros. Igualmente, hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos respecto a la deducción por gastos de guardería. En ese sentido, continuando con el compromiso del Gobierno de España con las familias y el fomento de la natalidad, se incorporaría una deducción por gastos de guardería. La modificación consistiría en incrementar el importe de la deducción por maternidad en hasta 1000 euros anuales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o en centros de educación infantil autorizados. Con esta medida no solo estimulamos la incorporación de la mujer al mercado laboral, sino que, al tener en cuenta los gastos que tal decisión le implica en guarderías o centros educativos, estaríamos facilitando la propia conciliación de la vida familiar y laboral, y el acceso del hijo menor de 3 años al primer ciclo de educación infantil.

Haré dos últimas reflexiones. Deducciones que operan como impuestos sobre la renta negativos y que, por lo tanto, llevamos al elemento en este caso de la cuota diferencial respecto de la relación jurídica tributaria: hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen, cuota y posteriormente determinación de la deuda tributaria. Proponemos dos modificaciones. En primer lugar, la del artículo 81 bis, que tiene por objeto mejorar la fiscalidad familiar mediante el incremento de la deducción establecida para familias numerosas o personas con discapacidad a cargo. Las modificaciones realizadas implicarían en este caso el aumento de los supuestos a los que se aplica la deducción de 1200 euros, al incluirse a los ascendientes mayores de 75 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, al ser -y esta es, si me permiten la expresión coloquial, la prima fiscal- el envejecimiento de la población un aspecto fundamental que incrementa en este sentido las cargas soportadas en el ámbito de las unidades familiares.

Por último, también con el objetivo de fomentar la natalidad, se amplía la cuantía de los límites establecidos para las deducciones por familia numerosa hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo de este impuesto en que exceda del número de hijos concretamente exigido -mínimo de hijos- para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría ordinaria, general o especial, según corresponda. Y, como ustedes saben, también hemos llegado a un acuerdo en lo que significa una propuesta desde el punto de vista normativo en virtud de la cual habría una rebaja del tipo de gravamen vinculado no ya solo a los espectáculos en directo, acuerdo que ya pudimos establecer con anterioridad, sino en este caso para el cine, con rebaja del tipo del 21 % al 10 %, no sin antes volver a recordarles medidas de carácter tributario que el Gobierno de España ya ha puesto de manifiesto en lo que significa su apuesta por el sector cinematográfico español. Ustedes saben y conocen que la propia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 36 recogió una medida que ponía de manifiesto un incremento sustancial en los incentivos fiscales vinculados al mismo frente a la propia eliminación de incentivos fiscales que se habían producido en otro ámbito.

En suma, estas son algunas de las medidas de carácter tributario con las que culmino esta primera intervención, agradeciendo su atención y agradeciendo también la benevolencia de la Presidencia de esta Comisión. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Moya.

Creo que merecía la pena que fuera una exposición larga porque, la verdad, eran bastantes temas a tratar y de importancia todos ellos.

Según les comenté al principio de la sesión, tiene la palabra en primer lugar el representante de Ciudadanos, señor De la Torre, por tiempo de doce minutos.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Bienvenido de nuevo, señor Fernández de Moya, porque efectivamente usted fue portavoz del Grupo Popular en esta Comisión, de Hacienda y Función Pública en esta legislatura.

Voy a comenzar preguntándole brevemente por una cuestión de actualidad y que no ha tratado en esta comparecencia pero que a nosotros nos preocupa muchísimo, la situación de la Hacienda catalana, de las finanzas catalanas, ahora intervenidas a través del mecanismo aprobado en el Senado del artículo 155 de la Constitución. Como usted recordará, porque además estuvo presente acompañando al ministro Montoro, el 31 de agosto pasado el señor Montoro decía que no había ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat que se estuviese destinando a financiar el ilegal referéndum separatista. En esa Comisión ya les dijimos desde Ciudadanos que esto seguramente no era así y que se estaban fiando de la palabra del señor Junqueras. Luego rectificaron y en esto les apoyamos. Y también les propusimos en su día que aplicasen el artículo 155 para reestablecer la ley y la democracia en Cataluña convocando elecciones, y nos congratulamos de que nos hiciesen caso. Me gustaría preguntarle en concreto sobre un factor fundamental, que es la Hacienda separatista, en la medida en que ha dado lugar a fuga de empresas en Cataluña. ¿Qué medidas se están tomando para que esto no suceda? En un primer momento se produjo un cambio de domicilio social de las entidades financieras ante el riesgo, como ya advertimos, de que los depósitos no quedasen garantizados y posteriormente un cambio de domicilio fiscal de multitud de empresas, que supone el 30 % del producto interior bruto, según datos aproximados, ante el riesgo de que se les exigiesen los impuestos dos veces, por la Hacienda estatal y por...

El señor PRESIDENTE: Señor De la Torre, sé que la intervención del señor secretario de Estado era lo suficientemente amplia y genérica como para que quepa casi todo, pero le pediría que no se centrara exclusivamente en eso, primero, por respeto al compareciente, porque no sé si trae los datos correspondientes a las preguntas que le está formulando. En cualquier caso, creo que tenemos...

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, le hemos preguntado por las materias propias de su departamento, pero concluyo ya en este aspecto. Quería preguntarle qué medidas están tomando respecto a esta intervención para evitar que la ilegal hacienda separatista sea un problema muy grave para la economía catalana y del resto de España.

Por otra parte, ha abordado usted la cuestión de la revisión de la financiación autonómica, que lleva muchísimo retraso, y también la cuestión del calendario. Me gustaría preguntarle por una cuestión concreta, que es la siguiente. Todo esto lleva muchísimo retraso y hay muchas comunidades autónomas que se quejan de insuficiencia de financiación y, sin embargo, lo primero que trae el Gobierno a esta Cámara son las leyes del concierto económico y la revisión del cupo vasco. En concreto, según el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 17 de mayo, ustedes han reconocido una deuda a cargo de la Administración General del Estado de 1400 millones de euros a favor de las administraciones vascas. Por cierto, esto originó que uno de los miembros del comité de expertos, el profesor Carlos Monasterio, dimitiese. ¿Cuáles han sido los cálculos que, según ustedes, llevan a que el cupo haya estado mal calculado durante muchos años y esto dé lugar a una deuda de todos los españoles con las administraciones vascas de nada menos que 1400 millones de euros? Una segunda cuestión es que los promotores han dicho que esto es necesario para la estabilidad presupuestaria del País Vasco, para que haga sus presupuestos -lo que no ponemos en duda-, pero está pendiente la cuestión de la estabilidad presupuestaria en el resto de España. ¿Por qué es tan prioritario y lo más importante resolver la financiación autonómica y el presupuesto de la segunda comunidad autónoma por renta per capita en España y no la de todas las demás que deben esperar? Ya sé que este tema lo trataremos la semana que viene y le avanzo la postura contraria de mi grupo parlamentario, porque entendemos que los ajustes y los cálculos que se establecen no están objetivamente justificados.

Por otro lado, ha hablado usted del Tribunal EconómicoAdministrativo Central. En esto sí que han tenido una velocidad espectacular, porque he registrado hoy unas preguntas y algunas de las cuestiones las ha querido responder ya aquí. Sin embargo, no puedo entender que para cambiar el nombre a las


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vocalías se tenga que destituir a todos los vocales del Tribunal EconómicoAdministrativo Central. Esto parece obedecer a la voluntad de querer apartar a todos los vocales y no es una cuestión menor, porque supone que los miembros del máximo órgano para fijar la doctrina administrativa en materia de tributos -no solo estatales, sino también cedidos a las comunidades autónomas- están todos en funciones. Francamente, esto no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que es un tribunal que tiene garantizada, de acuerdo con el artículo 228 de la Ley General Tributaria, la independencia funcional. No sé hasta qué punto se puede tener independencia funcional cuando todos los vocales llevan meses cesados. Como mínimo, estamos aquí ante un gravísimo problema organizativo que podría tener derivadas jurídicas poco edificantes de acuerdo con alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo. Independientemente de todo esto, me gustaría una explicación de por qué después de cambiar el nombre no se volvió a nombrar a los vocales y, si se quería sustituir a algunos de ellos, no se aprovechó para hacerlo en este momento, porque se ha creado una situación de enorme inquietud pese al encomiable trabajo de los ponentes, vocales y demás miembros del Tribunal EconómicoAdministrativo Central.

También ha incidido usted en la lucha contra el fraude y me gustaría centrarme en este ámbito en la cuestión de los paraísos fiscales, íntimamente relacionada, según ha aparecido en diversas revelaciones periodísticas, con la amnistía fiscal inconstitucional que ustedes dieron en el año 2012. En este sentido, entre los puntos realmente problemáticos y difíciles de cumplir en el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos está precisamente el punto 9 para que se revise la lista de paraísos fiscales para volver a incluir a aquellos Estados que no colaboran con la Administración tributaria española. En este sentido, ya no es que solamente haya un problema de opacidad en estos territorios, sino que cada vez que hay revelaciones periodísticas y este humilde diputado y este grupo preguntamos sobre paraísos fiscales, no se nos contesta. Además, sorprendentemente no se nos contesta desde el Ministerio de Hacienda. El servicio de prevención del blanqueo de capitales adscrito al Banco de España sí nos contesta, por ejemplo, cuando le preguntamos en relación con los papeles de Panamá, y hemos tenido respuestas de algunos informes de inteligencia financiera realizados por el Sepblac pero no se nos ha dicho nada sobre la actuación de la Agencia Tributaria en general, no con contribuyentes concretos, en todo este ámbito. Por ejemplo, no tenemos respuesta a si el Gobierno considera satisfactorio el intercambio de información con Panamá, Jersey y Bahamas ni cuándo piensa cumplir el punto 9 del acuerdo que antes le citaba de revisar la lista de paraísos fiscales; por qué se sigue manteniendo a Bahamas fuera de la lista de paraísos fiscales; por qué se sigue manteniendo a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales. Es cierto que esta fue una cuestión que en su día hizo el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, pero al final incluso el secretario general de la OCDE está diciendo que es una jurisdicción que no coopera en absoluto y que aparece sistemáticamente en todas estas revelaciones. Por poner algún nombre un poco más moderno, incluso cuando hemos preguntado sobre Apple y sobre una carta que dirigieron 155 grandes empresas de los Estado Unidos instando a que no se le aplicase un acuerdo de competencia que exigía que Irlanda recuperase impuestos, tampoco se nos ha contestado; se nos dijo que se nos contestaba a la carta pero no se nos dijo qué medidas estaba adoptando el Gobierno para recuperar en su caso los impuestos que algunas multinacionales pueden no haber pagado en España mediante estrategias de planificación agresiva, acuerdos o ruling con Gobiernos de otros Estados. Y no se nos ha contestado pese al hecho de que la Comisión Europea ofreció estas cuestiones, es decir, ofreció acciones para que recuperásemos el dinero, porque es evidente que en toda Europa las grandes multinacionales no solamente ganan dinero en Irlanda, no solamente lo ganan en Malta o en jurisdicciones poco cooperativas, también lo ganan en España y, por tanto, creo que es una obligación del Gobierno tomar medidas efectivas para acabar con esta lacra de que muchas grandes multinacionales no paguen los impuestos correspondientes en España. Esto además no solamente es una cuestión de fraude fiscal, que también, sino que es una cuestión relacionada con la corrupción. Detrás de los pequeños casos de corrupción siempre nos aparecen billetes de 500 euros y detrás de los grandes casos siempre nos aparecen paraísos fiscales. Al hilo de los paradise papers hemos conocido algunos nombres, como Santiago Alarcó, que es el hermano de la actual presidenta de Paradores, María Ángeles Alarcó, exmujer de Rodrigo Rato; Francisco Correa, empresario implicado en la trama Gürtel; Pablo Crespo, empresario y expolítico, secretario de organización del PP de Galicia implicado en la trama Gürtel; Guillermo Ortega Alonso, exalcalde de Majadahonda, también del Partido Popular; o Juan Villalonga, compañero de pupitre del expresidente Aznar y expresidente de Telefónica; todos ellos aparecen en estos casos. También es cierto que hay algún otro caso, como el del señor Xavier Trias, que es de Convergència -actualmente del PDeCAT-, que tuvo también la suerte de que durante mucho tiempo no se le persiguiera, como le


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pasó al señor Pujol tanto en los Gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista. En este sentido, para recuperar la confianza de la ciudadanía yo les pido que hagan un esfuerzo para cumplir sus compromisos en la lucha contra el fraude fiscal, lo que ustedes firmaron en el acuerdo de investidura con nosotros, lo que esta Cámara ha aprobado a través de proposiciones no de ley y que se haga un esfuerzo muy superior en la lucha contra los paraísos fiscales incluyendo medidas normativas y destinar más recursos a la lucha contra el gran fraude fiscal, el que se desarrolla a través de estos instrumentos, y no otras opciones que quizás a corto plazo les pudieron parecer a su Gobierno más atractivas, como la amnistía fiscal, pero que luego tienen unas consecuencias muchísimo peores.

Por último, le agradezco que ponga en valor y que le parezca positiva la cuestión del acuerdo de rebaja de impuestos a aquellos contribuyentes que menos ganan en el IRPF y a aquellas familias en situaciones especiales. La verdad es que es una satisfacción que un Gobierno que ha subido impuestos de forma inmisericorde durante tantos años acabe cambiando de criterio y le dé un alivio fiscal a la clase media trabajadora. Todo esto, naturalmente, está supeditado a que España en 2018 tenga presupuestos. Por tanto, insto al Gobierno a que negocie y traiga estos presupuestos a esta Cámara y que otras fuerzas políticas no los bloqueen, porque nos jugamos la estabilidad fiscal, y uno de los factores donde esto se refleja es en que aquellos que menos ganan paguen menos impuestos o que, incluso, los contribuyentes que ganan menos de 14 000 euros gracias a nuestro acuerdo dejen de pagar el IRPF.

Le agradezco su comparecencia, señor secretario de Estado de Hacienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Bienvenido a su casa, señor secretario de Estado.

Voy a empezar por un tema al que no se ha hecho mención pero que consideramos muy importante. Manifestamos nuestra rotunda desaprobación a la decisión que ha adoptado este Gobierno de no presentar un proyecto de presupuestos para el año 2018 y de utilizar la prórroga de los presupuestos como una alternativa, no como una excepcionalidad. Mi primera pregunta para el secretario de Estado de Hacienda es la siguiente -sé que no es usted el señor Nadal, que es a quien le correspondería, pero usted ha hecho mención al proyecto de presupuestos y por eso se la voy a elevar-: ¿Considera usted que no está claro, tanto en la Constitución como en la Ley General Presupuestaria, que el Gobierno tiene obligación, no la alternativa, de presentar un proyecto de presupuestos en tiempo y forma para su aprobación antes del año a que se refiere? ¿No está claro en la Constitución? ¿No está claro en la Ley General Presupuestaria? Si está claro, ¿el Gobierno está incumpliendo con lo establecido en la Constitución y con lo establecido en la ley, ahora que tanto acudimos a la Constitución y a su cumplimiento?

En segundo lugar, un tema que no ha tratado usted tampoco. Está en relación con algo que sí le han preguntado los periodistas en la puerta, la regla de gasto. Mi pregunta es muy clara y muy concisa: ¿Cree que el Gobierno tiene autoridad y fuerza moral para intervenir ayuntamientos por no cumplir con la regla de gasto, ayuntamientos que, por cierto, tienen un superávit acumulado de 6000 millones de euros? El Gobierno no puede dar ejemplo de ello en cuanto a su cumplimiento. Estos son los datos (Muestra un gráfico) que ponen de manifiesto que el Gobierno ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016 ha cumplido con la regla de gasto. Solo la ha cumplido el primer año, el 2013; el resto de años no la ha cumplido, y que lo haga en 2017 está por ver. ¿Qué autoridad moral tiene el Gobierno para intervenir ayuntamientos por no haberla cumplido y qué tipo de sanción o de intervención le corresponde entonces a la Administración central?

Mi tercera cuestión es sobre el sistema de financiación. Le he escuchado a usted y me ha dado la impresión de que da por muy bueno ese sistema de financiación. Ustedes en el año 2008 votaron en contra y decían que no votaban a favor porque era un sistema de financiación que beneficiaba justamente a Cataluña, que se aprobó con Convergència. Ahora dicen que es claramente mejorable y hacen mención a Cataluña, a que merece una mejor financiación, algo muy contradictorio. Ustedes no hacen más que marear la perdiz. Lo que le he escuchado a usted hoy es lo que vienen relatando desde que gobiernan, que hay que cambiar el sistema de financiación autonómica, y nos dan una retahíla de trámites, de comisiones de expertos, de comisiones técnicas, de trabajos de elaboración, por concretar todo. Con los objetivos todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con que hay que cumplir con el principio de suficiencia financiera, con que hay que respetar la autonomía de las comunidades autónomas, con que hay que conseguir equilibrio y cohesión territorial. Todos los objetivos que usted señala son asumibles por todos los grupos parlamentarios, pero ustedes tienen una obligación y es la de hacer una propuesta, la de


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plantear una alternativa a algo que decían ustedes que era muy malo y que, por cierto, sus comunidades autónomas acataron, asumieron que se podían haber quedado en el sistema de financiación anterior, entre otras cosas porque significaban 5000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas. Pues bien, ¿cuándo lo van a concretar ustedes? Porque, como muy pronto -que no lo creo-, estamos hablando de 2018, diez años después de haberse aprobado el anterior; y ustedes han tenido mayoría absoluta, o sea que lo han podido aprobar, y no han sido capaces de meterle el diente. Sabemos que no es fácil, pero un Gobierno socialista lo consiguió, a pesar de ustedes, contra ustedes y, ahora, lo están haciendo y dando por bueno.

Tampoco ha hecho mención usted a dos cuestiones que me preocupan mucho en cuanto a la financiación autonómica. Mire, fue un Gobierno de Aznar el que justamente llegó a un acuerdo con Convergència para establecer la capacidad normativa en los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Esa sí fue una importante concesión que se hizo al Grupo de CiU. Pues bien, las consecuencias las estamos viendo: una competencia fiscal a la baja, llámese impuesto sobre sucesiones. Ustedes tienen la obligación de frenar esa competencia fiscal a la baja, porque está significando una merma de recursos para las comunidades autónomas; se trata de armonizar fiscalmente, porque tiene que haber unos mínimos, porque no pueden desaparecer determinados impuestos, porque sería claramente injusto y, por tanto, también lo tienen ustedes que hacer, y no han sido capaces ni de mencionarlo aquí. O también llámese impuesto sobre plusvalía para los ayuntamientos, una reforma a la espera, con sentencia ya del Tribunal Supremo y todavía no conocemos la alternativa que ofrece este Gobierno, el Gobierno más inactivo, probablemente, de todos los Gobiernos en nuestra etapa democrática.

En cuanto al tema del fraude fiscal, ustedes no hacen nada más que dar cifras y nosotros asustarnos cada equis tiempo, llámese papeles de Panamá, papeles de la Castellana o papeles del paraíso. Por cierto, unas investigaciones de los medios de comunicación, no investigaciones de la Agencia Tributaria; investigaciones de los medios de comunicación que están haciendo esa labor de investigación. Señor Fernández de Moya, hable usted con los profesionales de la Agencia Tributaria; ellos lo dicen muy claro: nos dedicamos a comprobar, no nos dedicamos a investigar. La comprobación es muy fácil, son datos que nosotros aportamos; los trabajadores por cuenta ajena, todos comprobados. Es muy fácil hoy en día comprobar cruzando datos mediante la informática. Es muy difícil investigar, y a eso no le dedican ustedes nada, y es lo que más justicia tributaria crea, lo que más mejora la moral tributaria de este país, pero, además, económicamente, por cada euro que se invierte en investigación se recuperan 7,5 euros. ¡Hasta económicamente es rentable!, no ya social y moralmente.

Evidentemente, ustedes -y tampoco ha hecho usted mención- han contribuido a una merma sustancial de la moral tributaria en este país con la famosa amnistía fiscal, que ha beneficiado a 31 000 presuntos defraudadores, que no han tenido ni que justificar el origen de su patrimonio y de sus rentas. Y le hago otra pregunta, ¿cuántas investigaciones se han hecho sobre esos 31 000 presuntos defraudadores? ¿Cuántas investigaciones se han hecho sobre todos los que aparecen en los papeles de Panamá, en los papeles de la Castellana, en los papeles del paraíso? ¿Cuántas investigaciones? No me diga usted cuánto recauda con las comprobaciones, dígame cuánto dinero ha sacado de esas investigaciones. Esto es lo que nos interesa saber porque es un escándalo social; eso es escandaloso y desde luego es inadmisible. Este país tiene que colaborar a nivel internacional, pero se tiene que plantear lo que ya desde Europa se está advirtiendo: prohibir por ley que la ciudadanía pueda tener cuentas en paraísos fiscales, cuentas opacas que no tributen donde residen. ¿O se tiene que plantear este país quitar las licencias a las entidades bancarias que están operando en los paraísos fiscales y que están ocultando la información? Hoy en día por 1000 euros se colocan desde aquí, desde mi casa, millones de euros en paraísos fiscales y no se entera nadie. Evidentemente, hay una permisividad de la que somos cómplices, y esto hay que abordarlo porque es escandaloso y no podemos admitirlo. Le hago una pregunta. Este país desde el año 1991 tiene una lista de paraísos fiscales; empezó con cuarenta y ocho. Esa lista se ha actualizado porque ha habido convenios posteriores y, según la última información que tengo, son treinta y tres. Este país se ha comprometido, y está establecido por ley, a reglamentar esos paraísos fiscales. ¿Cuándo van a reglamentar ustedes la obligación legal que tienen sobre los paraísos fiscales? Otra obligación que tienen ustedes, establecida en la propia ley, es la de la actualización permanentemente de esa lista de paraísos fiscales y la exigencia de pedir información a quienes operen en ellos. ¿Por qué no reglamentan ustedes esa obligación establecida en la ley? ¿Por qué no la actualizan? ¿Por qué no la hacen público? El 27 de octubre pasado se han cumplido tres años desde que se firmó la Declaración de Berlín. Nos incluimos entre los cincuenta y cuatro países que iban a aportar a partir de año 2017, con esfuerzo y


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compromiso, esta información. Me gustaría conocer los efectos que ha tenido esto a nivel de recaudación de la Agencia Tributaria, porque lo que sí me consta es que esa información ha significado en este país un acoso a los emigrantes retornados, con pensiones de 50, de 100 y de 500 euros del extranjero, gracias a esa transmisión de información por parte de la agencia europea. Me gustaría saber qué fruto ha dado esa información de la Declaración de Berlín, cuánto hemos recaudado por esa información añadida que hemos conseguido.

Por último, presidente, ha hablado usted de un acuerdo con Ciudadanos para el proyecto de presupuestos en la misma línea que vienen teniendo ustedes en la política fiscal. Le voy a dar el último informe de la Airef, de julio de este año, en el que pone de manifiesto los efectos recaudatorios de las modificaciones fiscales de este Gobierno en los últimos años. Las conclusiones son increíbles. Las modificaciones del IRPF de 2015-2016 a la baja -porque las de 2012 fueron al alza- han significado recaudar 15 000 millones de euros menos; en el impuesto sobre sociedades, las modificaciones de 2015-2016 han significado recaudar 5000 millones de euros menos; es decir, un total de 20 000 millones de euros menos en impuestos directos, que son los impuestos progresivos.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.

Señor Fernández de Moya, el propio informe dice que en el IVA se van a recaudar 17 000 millones de más, impuesto que no tiene progresividad, impuesto que todos pagamos, bien el reducido, el normal o el que sea, pero todos pagamos, independientemente de nuestras rentas, y que en los impuestos especiales se recaudan hasta 5000 millones de euros más. Lo que ustedes han aprobado con Ciudadanos va en la misma línea, seguir aumentando la imposición claramente indirecta a las familias más humildes y rebajar la directa, que es justamente la progresiva. Por tanto, para esos apaños no estamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Requerimos una auténtica reforma fiscal que, entre otras cosas, prohíba no solamente la actuación en paraísos fiscales, sino también las amnistías fiscales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.

Lógicamente, en la medida en que vaya incrementando el tiempo de algún grupo tengo que ser flexible con el resto. Es decir, que vamos a alargar la sesión, está claro.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente. Intentaré compensar los sobreexcesos de los demás.

En primer lugar, el señor Fernández de Moya ha hecho una oferta de diálogo para la reforma del sistema de financiación a Ciudadanos y al Partido Socialista argumentando su capacidad de diálogo y su voluntad de llegar a un acuerdo con ellos para reformar el sistema de financiación. La pregunta es la siguiente. Si ese acuerdo fuese posible, eso supondría excluir al 47 % de la gente con derecho a voto o un tercio del censo o de la gente que realmente votó. ¿Es esa la capacidad de acuerdo que exhibe el Partido Popular? ¿En algo tan importante que regula la vida de las personas intenta hacer eso? ¿Esa va a ser la cuestión?

En segundo lugar, usted lo único que ha hecho -también se lo agradezco- ha sido desgranar el informe de los expertos sobre la reforma del modelo de financiación sin aportar ninguna idea de cuáles son las líneas que el Gobierno mantiene al respecto. Creo que hay una cuestión fundamental. Obviamente, en los principios estamos todos de acuerdo, eso es lo más fácil. La cuestión es la implementación, y yo creo que aquí hay un problema fundamental que se llama fondo de suficiencia. El propio informe pone en un gráfico muy clarito (Muestra un gráfico) que en capacidad fiscal, cuando se aplica el fondo de garantía, más o menos todos estamos en la media, pero cuando se aplica el fondo de suficiencia es cuando vienen las discrepancias insalvables e insoportables entre comunidades autónomas. En ese fondo de suficiencia hay una cosa fundamental que se llama statu quo, que el informe de los expertos lo explica. Creo que hay que pararse ahí porque en el fondo lo que está en juego es el modelo de Estado. El statu quo no es otra cosa que el resultado del desigual reparto, de la desigual distribución del gasto público que se hacía antes del desarrollo de las comunidades autónomas. El Estado centralista de entonces tenía una distribución del gasto totalmente heterogénea y además ese gasto, que luego se incorporó al sistema de financiación y a las comunidades autónomas, se hacía en función del denominado coste efectivo, cuya actualización


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también deja mucho que desear. En el fondo las divergencias en el sistema de financiación vienen por la incorporación aún de una concepción centralista del Estado y no el desarrollo de un Estado plenamente autonómico. Usted ha dicho una cosa que es una media verdad, y es que en este país hay un grado de descentralización del gasto muy elevado, pero no tanto del ingreso, y esa divergencia es lo que crea que no haya corresponsabilidad fiscal, y se lo dice un valenciano que lo que quiere es ser corresponsable fiscalmente, que es lo que no hicieron los Gobiernos anteriores en la Comunidad Valenciana.

Quería preguntarle también si el Gobierno pretende respetar el acuerdo de las Cortes Valencianas en materia de financiación e inversiones, no solo de los grupos políticos, sino de los sindicatos, de los empresarios, de las universidades valencianas y de la sociedad civil. Eso sí que es capacidad de diálogo y no lo que usted ha puesto. Ese acuerdo habla del déficit histórico de financiación, que de hecho el Congreso lo aprobó el día 28 de septiembre. ¿Van a respetar ustedes la compensación del déficit histórico en materia de financiación? ¿Van a respetar ustedes el acuerdo en lo relativo a inversiones justas y que compensen el déficit de inversiones que hemos padecido a lo largo de este tiempo? ¿Van ustedes a respetar o a reconocer la necesidad, de la que habla el propio experto nombrado por la Comunidad Valenciana, Francisco Pérez García, de reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas? ¿Lo van a respetar? En definitiva, esto se puede resumir en un artículo de la Constitución, el 156, que habla de suficiencia financiera de las comunidades autónomas. ¿Nos van a aplicar el 156? Nosotros queremos que nos apliquen el 156. Esa es la pregunta.

Termino con una cuestión que supongo que saldrá con más o menos virulencia pero que yo le quiero preguntar con toda la cordialidad del mundo. Usted fue alcalde de Jaén ¿cumplió usted la regla de gasto en Jaén? ¿Dejó usted el ayuntamiento saneado financieramente? De no ser así -lo pregunto porque no lo sé- ¿se considera usted con autoridad moral para intervenir el Ayuntamiento de Madrid? ¿Van a intervenir también otros ayuntamientos, como el de Valencia?

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Molt bona tarda, senyores i senyors diputats.

Señor secretario de Estado, como comprenderá, desde Esquerra Republicana vemos con especial preocupación la referencia a su gestión, en este caso por su intervención de las cuentas de la Generalitat de Catalunya y, en consecuencia, también por la aplicación del artículo 155, que consideramos que no deja de ser una cortina de humo para esconder la gestión, en este caso del Gobierno del Partido Popular, y que voy a resumir en ocho puntos. Un billón de euros de deuda pública, de los cuales 360 000 corresponden a gestión de su Gobierno; 30 000 millones de euros al año de intereses; casi 170 000 millones de euros en intereses de la deuda pública en menos de seis años de gestión, que representan 222 millones de déficit público cada día, a pesar de los recortes infringidos y que, obviamente, padecieron y padecemos la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas. España tiene el récord de déficit público más alto de toda la Unión Europea en el año 2016; se han pulido el Fondo de Garantía de la Seguridad Social; han aumentado el presupuesto militar en más de un 30 %, inflando su presupuesto en más de 1000 millones. Defensa ya ha inflado su presupuesto en más de 1000 millones y el gasto total alcanza niveles del año 2012; han ido camuflando 11 000 millones de euros de gasto militar en partidas ocultas y ahora se incrementará. Yo le exigiría al Ministerio de Hacienda transparencia a la hora de explicar dónde se ocultarán las partidas destinadas al pago del despliegue militar a través de la Guardia Civil en Cataluña. En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a saber qué coste tendrá esta operación y de qué partidas será detraído. En cuanto a la corrupción -uno de los puntos que se ha tocado por los anteriores portavoces-, básicamente la que atañe a su partido político, al Partido Popular, tienen el récord europeo de personas imputadas por corrupción y, poco a poco -a veces gracias a la justicia y a veces gracias a la providencia divina- les están poniendo cerco. También por la actuación descarada por parte del Gobierno del Partido Popular a favor de las grandes fortunas, que traduciré en dos cuestiones: la amnistía fiscal, que fue cuestionada por el propio Tribunal Constitucional, y la inexistente voluntad o las ganas nulas de luchar contra el fraude fiscal. El noveno punto sería esa voluntad manifiesta de recentralizar del Partido Popular, en este caso del Gobierno del Partido Popular, que están llevando a cabo, ayudados por su marca blanca, la derecha de la derecha que en este caso es Ciudadanos, que han empezado a tomarle afición o gusto a la aplicación del 155. Lo han hecho en Cataluña, han amenazado a Navarra y han intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Antes se refería el portavoz de Compromís


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-paradojas de la vida- a que usted, que fue alcalde de la ciudad de Jaén, una de las ciudades con una de las deudas más importantes del Estado, tenga que intervenir el Ayuntamiento de Madrid. Paradojas de la vida; son las cosas que tiene el destino, que también resulta sorprendente.

En relación con la gestión de Cataluña y las cuentas del Govern de Cataluña que llevan intervenidas efectivamente desde el 20 de septiembre pero intervenidas ya desde el mes de julio de facto, cuando el ministro Montoro así lo llevó a cabo amparándose en una ley que no decía lo que el ministro hizo recoger en la orden ministerial. Por cierto, gasto controlado de la gestión de la Generalitat de Catalunya semanalmente. A mí me gustaría que usted recordase, y por tanto que se reafirmase en las manifestaciones del propio ministro, que siempre había calificado las cuentas públicas de la Generalitat y la gestión de las mismas -comandadas en este caso por el vicepresident señor Junqueras- de modélicas, entre otras cosas porque ustedes no van a poder negar la importante reducción del déficit público que ha hecho el Govern de Catalunya por debajo del 1 % del PIB, la reducción del plazo medio de pago a proveedores por debajo de los treinta días y además haber saldado el 85 % de la deuda pública española, que representa el 85 % en el año 2016 del conjunto de las administraciones públicas. A mí me gustaría recordarle que estaría bien que ustedes no se desviasen de esta buena senda de gestión aplicando el 155 porque ello conllevaría -será responsabilidad única y exclusiva del señor secretario de Hacienda y de su equipo ministerial- el riesgo y el precio, de no hacerlo como lo hacían los que les han precedido, de cargarse las instituciones catalanas; es decir, corremos el riesgo de que ustedes no lleguen a hacerlo tan bien como los que les han precedido. De momento ya existen quejas por parte de entidades del tercer sector que se quejan de que las subvenciones, y por tanto los ingresos, que debían percibir no los están recibiendo; ello conlleva no que afecte a las propias entidades sino que afecta a los ciudadanos porque muchas de estas entidades están realizando servicios públicos directos a la ciudadanía, por ejemplo, programas de atención a las drogodependencias, programas de salud mental, de voluntariado social, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, etcétera.

En relación con el coste del 1 de octubre, que es la obsesión de la derecha, en este caso de su derecha, Ciudadanos, que tiene una obsesión con el tema del coste del referéndum del 1 de octubre, no se preocupe, está todo publicado y a disposición de la ciudadanía. En todo caso, vuelvo a insistir en la exigencia de transparencia por parte del Gobierno del Estado español en relación con el coste del despliegue militar que tenemos en este momento en Cataluña, porque los ciudadanos tenemos que saber cómo se gasta el dinero público, y si realmente ello corre a cargo de los fondos reservados del Estado, también; también es susceptible de estar al alcance de los diputados.

Usted ha hablado de incremento en los ingresos públicos. Yo discrepo. Ustedes, por su actividad implacable de necesidad de acudir permanentemente -adicción o afición- al Tribunal Constitucional durante estos dos últimos años a cada propuesta impositiva catalana, han perdido la oportunidad de probar y entender las aportaciones de política económica, social y ambiental que se han hecho desde Cataluña como laboratorio para probar la bondad de determinadas políticas fiscales que en este caso proponía el Govern de Cataluña y que el Parlament había aprobado. Por ejemplo, con su tozudez han dejado de recaudar 1880 millones de euros por sus constantes recursos al Tribunal Constitucional, entre ellos figuras tributarias como el impuesto de depósitos sobre entidades de crédito, el impuesto a las nucleares, la tasa sobre contenidos digitales para favorecer la producción cinematográfica... En total hemos dejado de recaudar -en pasado- 1880 millones de euros, o lo que es lo mismo, 616 millones de euros en clave de futuro.

En relación con la reducción del fraude fiscal al que ha aludido, en este caso también la Agencia Tributaria catalana ha hecho un buen trabajo de control y reducción del fraude fiscal a pesar del tono despectivo utilizado por el portavoz de Ciudadanos cuando hablaba de la Agencia Tributaria separatista. No hacemos otra que cosa que lo que hacen las agencias tributarias de otras comunidades autónomas: desplegar lo que el propio Estatut de autonomía permitía. En todo caso, déjenme que les explique cómo la Agencia Tributaria catalana ha hecho aflorar 360 millones de euros de recursos públicos en los dos últimos años; para que entiendan la magnitud del esfuerzo realizado, esto equivale a más del 5 % de los ingresos fiscales de 2017 sobre los que la Generalitat tiene capacidad de inspección de los ingresos propios, ingresos cedidos totalmente.

Si observamos los últimos datos del fraude fiscal en el conjunto del Estado español -que es su responsabilidad, señor secretario de Estado-, vemos que, por ejemplo, según el Consejo General de Economistas, se estima el fraude fiscal en el Estado español en casi 26 000 millones de euros, una cifra que para que la podamos entender equivale -para su información y también para la información en


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general de los diputados y diputadas y de aquellas personas que se toman la molestia de escucharnos a través de los medios que determina la Cámara- al presupuesto de 2017 de toda la Generalitat de Catalunya. Imagínense, con una pequeña parte de los 100 millones de euros adicionales con los que cuenta la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 2017 para combatir el fraude fiscal les garantizaríamos desde Cataluña unos resultados espectaculares.

En relación con la elusión fiscal, ni que decir que España también posee récords extraordinarios, compartidos en este caso con Luxemburgo, en el trato a la evasión y elusión fiscal, a lo que también se han referido otros representantes y portavoces de otros grupos políticos. Ustedes también merecen un doctorado honoris causa como el que tiene el señor Juncker, quien en momentos de serenidad o de sobriedad fue capaz de llevar a su pequeño país, Luxemburgo, a ser un gran refugio fiscal para las fortunas españolas, en especial las relacionadas con el IBEX 35 y aquellas que raudas y veloces han utilizado el real decreto del Gobierno del Reino de España para cambiar de domicilio social, por cierto, en detrimento de los pequeños accionistas; ese real decreto fue en detrimento de los pequeños accionistas y de los derechos de propiedad de esos pequeños accionistas, que también tienen garantizado su derecho a la propiedad constitucionalmente. Además, la amnistía fiscal ha supuesto una gran ayuda para la elusión y la evasión fiscal. A la amnistía fiscal del señor Montoro del año 2012 -que también pasará a la historia como uno de los mayores fraudes a la justicia social- se han acogido más de 30 000 personas, entre las que se encontraban diversas personas reconocidas por su capacidad de engañar a la gente, de estafar, por ejemplo, el señor Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del Partido Popular; el señor Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, y también alguno de los hijos del señor Jordi Pujol. Fíjense el nivel de chapuza, que incluso el propio Tribunal Constitucional lo calificó de insolidaridad y de ir contra el propio principio de justicia social.

También nos ha hablado usted del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Desde Esquerra Republicana somos escépticos totalmente porque, como decía, ustedes le han cogido cariño a eso de recentralizar y más cariño a la vía directa del artículo 155, eso sí, ayudados por el Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, ya han descubierto que tienen vías posibles para intervenir. Lo han vuelto a hacer, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid. En definitiva, nada bueno esperamos de este nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, entendiendo que ustedes pretenden hacerlo únicamente con determinados partidos políticos. Es igual, no se preocupen, las urnas enmendarán los pecados a los partidos que hagan esto.

En cuanto a la norma de gasto -termino con este apunte, si me lo permite, señor presidente-, como hemos repetido hasta la saciedad desde Esquerra Republicana, nosotros defendemos la estabilidad presupuestaria y hemos dado debidas muestras de saberlo hacer. Creemos que los déficits y la deuda pública deben de mantenerse dentro de los márgenes sostenibles que aseguren el financiamiento adecuado de las administraciones públicas. Pero ustedes, de forma unilateral, han puesto una coletilla injustificada, absurda, contra la racionalidad económica y política. Recordemos un poco los orígenes. El acuerdo viene del PSOE y del Partido Popular en el año 2011, con la modificación del artículo 135 de la Constitución española a hurtadillas, a escondidas, lo que permitió aprobar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ahí empezó todo poniendo, como decía, una coletilla injustificada e intransigente que ha permitido que la recesión económica haya sido mayor. Con ello, ustedes empezaron a crear dogmas de fe de esos que tanto les gusta: la sagrada unidad de la patria, la sacrosanta Constitución, y ahora también la sacrosanta regla del gasto. Lo que era una herramienta en el objetivo, ustedes lo han convertido en un típico error de principiante: confundir el instrumento de gestión para avanzar en la convergencia social y económica. Además, ahora, se niegan permanentemente a diferenciar la naturaleza del gasto, sujeto a límites entre gasto corriente y gastos de inversión porque tienen la mira puesta en la reducción de los servicios públicos. Sí, ustedes tienen puesto el objetivo en la reducción de los servicios públicos y no quieren facilitar la economía productiva a partir del desarrollo tecnológico, la I+D+i, la formación de capital humano y el desarrollo de infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Termino. Además, ustedes se pasan la regla de gasto por el arco del triunfo cuando les conviene. Gobierno del Partido Popular en 2014: aumento del presupuesto militar en más del 30 %, fondo de reserva de las pensiones, y así hasta un largo etcétera. Este es el panorama que ustedes nos presentan a futuro, este es el panorama que presenta el Gobierno del Partido Popular.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tengo entendido que va a intervenir el señor González y el señor Vendrell.

Señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Comparece hoy aquí el señor Fernández de Moya para explicar las actuaciones realizadas por su secretaría de Estado para impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, para explicar las medidas adoptadas en materia tributaria y en la lucha contra el fraude y para informar también sobre cuestiones generales de su departamento. Realmente, ha venido a contarnos la historia del sistema de financiación autonómica y de su reforma y a listar una serie de medidas que poco tienen que ver con las necesidades de la Hacienda pública de nuestro país. Vamos a preguntarle cuáles son las medidas que ha desarrollado para resolver los problemas que tiene nuestra Hacienda pública, que no son pocos precisamente. ¿Ha hecho algo para reducir el fraude fiscal en España y corregir el déficit de ingresos de ocho puntos sobre el PIB que tenemos con respecto a la media europea? Sospechamos que no, porque las medidas que ha relatado aquí, las que ha pactado con Ciudadanos, van en la línea contraria, van precisamente orientadas a reducir el nivel de ingresos sobre el PIB para alejarnos más aún de la media de la Unión Europea. ¿Tiene prevista alguna medida para solucionar la merma de ingresos públicos que ha puesto en peligro la sostenibilidad de las administraciones autonómicas y que ha hecho cargar sobre ellas el peso del ajuste en los últimos años? Más bien lo que plantean desde el Ministerio de Hacienda es utilizar esta merma de ingresos para seguir recentralizando y empujar a las comunidades autónomas a que privaticen los servicios públicos fundamentales. ¿Es esta la agenda que tiene el ministerio? ¿Cuándo va a reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para traer definitivamente la reforma de la financiación autonómica? Porque ha hablado de ella, pero no ha dado fechas concretas. Esto lo tenía que haber propuesto en 2014 y aún seguimos esperando, pero, como usted bien sabe, las comunidades autónomas no pueden esperar porque la actual configuración del sistema pone en peligro la suficiencia financiera para financiar los servicios públicos fundamentales, la cohesión territorial o incluso la autonomía financiera mediante el uso perverso del FLA que hacen ustedes. Por otro lado, la semana pasada conocíamos otra filtración de nombres de defraudadores y elusores un año después de los papeles de Panamá. ¿Qué ha hecho el ministerio para combatir los paraísos fiscales desde los últimos papeles que se publicaron? ¿Ha hecho algo para que los defraudadores españoles terminen pagando? ¿Ha aplicado alguna de las iniciativas que se aprobaron en esta Comisión y en la Comisión de Economía relacionadas con el combate de los paraísos fiscales o tendremos que seguir esperando a que el trabajo que debería hacer el ministerio lo hagan los medios de comunicación?

Esperamos sus respuestas pero, sinceramente, tenemos bastantes dudas de que haya hecho nada de todo esto, y es normal porque estuvieron ocupados en su ministerio. No han tenido tiempo porque han estado demasiado ocupados interviniendo comunidades autónomas y los ayuntamientos que no son de su cuerda. La semana pasada intervinieron el Ayuntamiento de Madrid con la excusa del supuesto incumplimiento de la regla de gasto; un ayuntamiento que ha reducido su deuda en un 36 % y que tiene un superávit anual de casi 1000 millones de euros. ¿Cree usted y su ministerio que tienen autoridad, no solo jurídica sino técnica y moral, para intervenir un ayuntamiento que tiene sus cuentas saneadas? Lo digo porque, según el artículo 134 de la Constitución, su ministerio debió presentar a este Parlamento un proyecto de Presupuestos Generales del Estado el pasado 30 de septiembre y aún lo seguimos esperando. Su Gobierno, desde la Administración central, ha incumplido sistemáticamente la regla de gasto por la que ahora interviene a los ayuntamientos, mientras que los ayuntamientos han cumplido a rajatabla y consiguen el superávit que hace que se cumplan los objetivos de déficit del conjunto del Estado. Digo esto fundamentalmente porque usted, antes de ser secretario de Estado, fue diputado y alcalde del Ayuntamiento de Jaén y dejó al ayuntamiento en situación de quiebra técnica, con una deuda de más de 550 millones de euros. Obviamente, la intervención del Ayuntamiento de Madrid no tenía justificación, pero no les importa porque ustedes están dispuestos a saltarse la ley como ya han hecho en varias ocasiones, por ejemplo, en la amnistía fiscal. ¿No cree usted que antes de entrar en casas ajenas deberían de barrer la suya, que además es la de todos? Nosotros les vamos a demostrar que no tienen razón; se lo vamos a demostrar en los tribunales pero también se lo vamos a demostrar en esta Cámara y por eso hemos presentado hoy una proposición de ley para reformar la regla de gasto, para permitir que los ayuntamientos que tienen las cuentas saneadas puedan invertir ese superávit. El señor Montoro nos decía muchas veces


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que si no nos gusta el funcionamiento de la regla de gasto presentáramos una ley. Aquí la tienen y esperemos que el Gobierno no nos la vete, como ha hecho con otras tantas iniciativas legislativas que se han presentado en este Parlamento. Lo hacemos con el objetivo de que saquen sus sucias manos de los ayuntamientos de este país, que han demostrado saber gestionar de forma mucho más justa y eficaz que ustedes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señor secretario de Estado. En primer lugar, quería decirle que estoy bastante sorprendido por su intervención porque habría podido hacerla ahora o en el mes de julio exactamente igual. Usted no ha dedicado ningún segundo de su intervención a la situación que se vive en estos momentos en Cataluña. Lo que nunca se debió haber producido, al final, desgraciadamente se produjo. Hemos tenido una aplicación real y dura del artículo 155 de la Constitución y hemos tenido una irresponsable y real declaración de independencia. El proceso de revisión del modelo de financiación, que lleva años de retraso, si es que se produce, ya que soy escéptico de su capacidad de diálogo, lo hará en un momento absolutamente excepcional, cuando una de las comunidades autónomas que había liderado las sucesivas reformas se encuentra con el autogobierno totalmente intervenido. Me ha sorprendido que ustedes pongan en marcha este proceso y les digan a las comunidades autónomas que en tres semanas, a finales de noviembre, tienen que aportar su valoración del informe de expertos. No se esperan ni a que se constituya el nuevo Gobierno catalán. No se esperan ni a que haya elecciones en Cataluña. Les debe importar poco lo que piense el Parlament de Catalunya o lo que piense el futuro Gobierno catalán y el Parlamento sobre la financiación autonómica. De hecho, su ministerio aplicó ya en el mes de septiembre el 155 sin tener la aprobación del Senado. Lo hicieron ustedes directamente. La actual intervención del mes de septiembre ha provocado graves problemas, por la gestión mucho más lenta y burocratizada que se ha producido, a centenares de entidades públicas, privadas y sociales por las medidas que ustedes han adoptado. Lo han denunciado entidades sociales del tercer sector diciendo que se han bloqueado programas, subvenciones y ayudas. Lo ha denunciado el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña -centros de investigación como Cerca tienen problemas-, los sindicatos agrarios en relación con los programas de ayuda a la agricultura o las entidades educativas sobre los recursos que deberían estar destinados al desarrollo del decreto de educación inclusiva. ¿Son ustedes conscientes de esta situación? ¿Están haciendo algo para remediarla?

En relación con el nuevo modelo de financiación, la situación actual es radicalmente distinta a la de 2009. El debate sobre el modelo de financiación no se puede disociar del debate sobre el modelo territorial. En aquellos momentos, el modelo de financiación fue consecuencia directa de la renovación del pacto constitucional territorial. Fue consecuencia de la segunda generación de estatutos de autonomía: el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 o de los estatutos de autonomía de Andalucía y de CastillaLa Mancha. Fue consecuencia de ese proceso. En estos momentos, la situación es radicalmente distinta, porque se supone que los que tienen que liderar la renovación del sistema de financiación autonómica, el nuevo modelo de financiación autonómica, son precisamente los que en aquellos momentos rompieron el pacto territorial. En relación con Cataluña, el conjunto del Estado tiene un dilema: continuar con la imposición autoritaria del statu quo -lo que ustedes llaman el orden constitucional- o buscar una solución políticamente pactada y jurídicamente ordenada basada en el principio democrático de conocer cuál es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña. Esa es la cuestión fundamental: imposición o negociación y diálogo político con las nuevas mayorías que salgan de las elecciones del 21 de diciembre. Las imposiciones autoritarias, al final, terminan poniendo en crisis a los sistemas democráticos y no se puede abordar la recomposición del pacto territorial sin abordar cómo encajar jurídicamente la realidad plurinacional del Estado. Tampoco tendremos un sistema de financiación estable si no se recompone ese pacto territorial que tenga en cuenta la realidad plurinacional sobre nuevas bases. Hay que tener en cuenta que el Estado de las autonomías nació para resolver las demandas de autogobierno real tanto de Cataluña como de Euskadi. Sin resolver la cuestión catalana de forma plenamente democrática, el Estado de las autonomías está definitivamente agotado.

¿Cuáles son, a nuestro parecer, los problemas a los que se debería hacer frente? Ya le he dicho antes que somos muy escépticos en relación con su capacidad de elaborar una reforma del sistema de financiación que no suponga una involución recentralizadora. Nos tememos que se produzca esa involución recentralizadora. Nos preocupa que se produzca en el sistema de financiación y, como ha


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aparecido ya en algunos medios de comunicación, nos preocupa que se produzca si es que realmente se aborda la reforma constitucional que se supone que ustedes y el PSOE han empezado a hablar y a pactar. No sé qué va primero, si la reforma de la Constitución o la reforma del modelo de financiación; en cualquier caso, existe un gran riesgo de involución recentralizadora. Tendremos que abordar la suficiencia financiera para garantizar la sostenibilidad de los servicios del Estado del bienestar, pero ¿cuál es el problema? El problema es la estrategia de consolidación fiscal, que es la que ha puesto en riesgo los servicios públicos; el injusto reparto de objetivos de déficit entre administraciones públicas, que ha perjudicado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos; la aplicación de la regla de gasto, como ya se ha dicho; y las amnistías fiscales, que han beneficiado a las rentas más altas. Nos podemos encontrar con un nuevo modelo de financiación con más recursos para las comunidades autónomas -ahora me pongo en plan optimista- y que su política fiscal en realidad lo que haga es que tengamos menos recursos para las comunidades autónomas con reducciones fiscales que siempre terminan beneficiando a las rentas más altas.

Efectivamente, hay que abordar la autonomía financiera, porque ustedes dicen que España es el país más descentralizado del mundo, pero resulta que los tributos que son gestionados directamente por los gobiernos autonómicos suponen poco más del 13 %. Es una mala concepción de la descentralización, porque no se produce en el ámbito de los ingresos. Se impide que las comunidades autónomas desarrollen nuevos tributos y políticas propias. Lo hemos visto en el caso catalán pero también en el caso de Valencia. Ustedes llevan sistemáticamente al Tribunal Constitucional todas las nuevas políticas públicas, ya sea en el ámbito de la pobreza energética o, por ejemplo, leyes de cambio climático. Al mismo tiempo, favorecen el dumping fiscal, la competencia entre las comunidades autónomas, fomentando la insolidaridad fiscal. Tenemos que abordar la equidad, porque es evidente que algo que no ha funcionado son los tres fondos que acompañan al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que pervierten totalmente el sistema.

Habrá que abordar también el principio fundamental de ordinalidad o la participación de las comunidades autónomas en la gestión tributaria. Creemos que las comunidades autónomas deben involucrarse en la gestión tributaria; aprendan de los modelos federales en los que hay una agencia tributaria en las comunidades autónomas. Hay que implicarlas en la lucha contra el fraude fiscal. Cumplan lo que decía el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que preveía una agencia tributaria consorciada. Respecto a la lealtad institucional, cumplan con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre inversiones e infraestructuras, disposición que también está en otros estatutos de autonomía. En definitiva -y termino-, no podemos abordar en condiciones el debate sobre el modelo del sistema de financiación si no se aborda el debate del modelo territorial. La plurinacionalidad real de España debe tener un reflejo en la articulación jurídica del Estado y en el modelo de financiación, y debe abordarse efectivamente con diálogo con las comunidades autónomas y nunca de forma autoritaria, como ustedes están haciendo con Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Fernández de Moya, por sus explicaciones, y bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión de Hacienda.

En el Grupo Parlamentario Popular queremos resaltar la enorme importancia de las políticas que desarrolla su departamento y su contribución sobre todo a nuestra recuperación económica, y por ello queremos agradecerle su trabajo. Es verdad que algunos en esta Comisión se empeñan una y otra vez en tirar por tierra todo ese trabajo desarrollado que tan buenos resultados nos está dando a todos los españoles en términos de crecimiento y de empleo y se empeñan en resaltar siempre los aspectos negativos, y es una pena, porque no sé si responde a su ignorancia en esta materia tributaria o al ejercicio de demagogia más rechazable al que normalmente nos tienen acostumbrados. En el Grupo Parlamentario Popular nos quedamos por supuesto con la parte positiva de ese avance económico, de esa evolución que nos permite avanzar juntos en bienestar a todos los ciudadanos.

Los Gobiernos del Partido Popular han hecho desde el principio en una situación muy difícil un diagnóstico adecuado de la situación; cuando España se desangraba hubo que tomar medidas tributarias difíciles, es verdad, pero cuando España comenzó a recuperarse se devolvió ese esfuerzo a empresas y familias en forma de bajada de impuestos, especialmente, señores de la oposición, a las rentas medias y


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bajas. En política, señorías, no son suficientes las buenas intenciones, que también, lo que hay que alcanzar son resultados, y los resultados se alcanzan con medidas y reformas adecuadas. En ese sentido, hoy nadie puede negar, porque lo resaltan todos los indicadores económicos, que hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación de recesión y destrucción de empleo. Por tanto, la política y las reformas han funcionado, han dado resultados y han contribuido a los tres grandes objetivos que se fijó este Gobierno cuando llegó al Gobierno de España: cumplir nuestros objetivos de estabilidad presupuestaria, reduciendo el déficit en estos años a menos de la mitad; conseguir crecimiento económico y creación de empleo -nuestra gran prioridad-, y asegurar con ello el tercer gran objetivo, que es la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y nuestro Estado del bienestar, porque no hay Estado del bienestar si no hay economía del bienestar, y eso solo se consigue con crecimiento y con empleo.

Es verdad que en las últimas semanas se han sucedido rebajas en las previsiones económicas para 2018 como consecuencia de la inestabilidad política generada por los independentistas en Cataluña, señora Capella; el BBVA, la Airef, el Banco de España y el propio Gobierno han rebajado sus previsiones de crecimiento para el año 2018, aunque la Comisión Europea se ha mostrado optimista en sus previsiones, el 2,5 %, pero ha alertado de que futuros acontecimientos políticos pueden tener un impacto negativo. El escenario político en Cataluña ha tenido ya evidencias nefastas para su economía, señora Capella, no por el real decreto del Gobierno, evidentemente, sino porque huyen las empresas espantadas de ustedes y de sus políticas. Y en este contexto que yo quiero resaltar de crecimiento y empleo es en el que tenemos que situar el incremento de la recaudación tributaria que se está produciendo prácticamente en todas las figuras tributarias, consecuencia lógicamente de este aumento de la actividad económica y de la creación de empleo.

Los datos de recaudación del año 2017 nos muestran nuevamente el acierto de esa política fiscal y presupuestaria de los Gobiernos del Partido Popular, porque más recaudación, más ingresos, con menos impuestos, con mayor actividad económica y más empleo es el círculo virtuoso de la economía al que el Partido Popular siempre aspira. Mientras la oposición -según han manifestado aquí- tiene en mente -lo dejan traslucir en cada una de sus intervenciones- subir los impuestos a los ciudadanos, nosotros pensamos que el dinero está mejor en el bolsillo de las empresas y de los ciudadanos. Por eso hoy tenemos más recursos, porque hay actividad económica y hay empleo, y esos recursos efectivamente deben servir para financiar mejor a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Señorías, alguno de ustedes se ha referido aquí, especialmente el portavoz del PSOE, a que se está retrasando el proceso de revisión del sistema de financiación, pero es que en el año 2012, cuando llegó el Partido Popular al Gobierno de España, solo era posible repartir miseria, porque se había desplomado la recaudación en más de 70 000 millones de euros. Ahora es el momento de plantear una reforma de la financiación autonómica y, por ello, esa reforma se quiere impulsar también desde el Gobierno. Señorías, hay que resaltar aquí algo de lo que nadie ha hablado en sus intervenciones, y es que en esa época de crisis el Gobierno ha sido consciente de las enormes dificultades por las que atravesaban las comunidades autónomas, y nunca las ha dejado tiradas ni las ha dejado solas. Ha puesto en marcha mecanismos extraordinarios de financiación en los que se han movilizado nada más y nada menos que más de 240 000 millones de euros y el 70 % de esos recursos han sido para financiar políticas sociales. Estos mecanismos han permitido, efectivamente, sanear también las cuentas públicas de comunidades y ayuntamientos y han garantizado, sobre todo, la prestación de los servicios públicos fundamentales. El Gobierno del Partido Popular, por tanto, ha mostrado una enorme sensibilidad y ha hecho los esfuerzos necesarios en momentos difíciles para las comunidades autónomas para acceder a los mercados financieros. A eso tenemos que sumarle también que, como hay mejor recaudación, porque hay más actividad económica y más empleo, se ha mejorado la financiación autonómica, a medida que se iba consolidando la recuperación, y las comunidades autónomas han obtenido por financiación ordinaria un 19 % más de recursos que en 2011.

Es cierto que existen desequilibrios que hay que corregir en nuestro sistema de financiación, el Gobierno es consciente de ello y lo ha manifestado y, por ello, el propio presidente Rajoy anunció en su discurso de investidura que necesitamos una reforma del sistema de financiación con un acuerdo estable, suficiente y que asegure la igualdad y la solidaridad de todos los españoles. Así lo manifestó el presidente. Inmediatamente se celebró la Conferencia de Presidentes, como bien ha relatado el secretario de Estado de Hacienda, en la que se comprometió a avanzar en ese proceso de reforma con la designación de una comisión de expertos, cuyas conclusiones se trasladaron de forma inmediata al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y donde se solicitó a las comunidades autónomas la designación de sus representantes en


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ese comité técnico permanente de evaluación, que fueron elegidos a mediados de septiembre. Por cierto, el señor Vendrell se quejaba de que no se estaba contando con que había elecciones en Cataluña, pero es que Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que no ha nombrado representante en ese órgano. Por tanto, la primera reunión de ese comité técnico permanente de evaluación ha tenido lugar hace pocos días, como ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, y el propio ministro de Hacienda ha contestado a una interpelación el 7 de noviembre en el Senado, la semana pasada, y ha manifestado que el Gobierno está trabajando para alcanzar un acuerdo, porque eso es lo más importante, el acuerdo, la voluntad de consenso con todos los grupos políticos, que permita reformar la actual financiación y aplicar el nuevo sistema a partir del año 2018.

En consecuencia, existe voluntad política por parte del Gobierno, y es el momento adecuado porque nuestra economía crece y, como consecuencia, tenemos más recursos para nuestras haciendas. No se trata solo de la voluntad política del Partido Popular. En esta reforma necesitamos al Partido Socialista, porque, como ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, se tendrá que aprobar una nueva ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y por mayoría absoluta, y la aritmética parlamentaria es la que es. Ustedes, el Partido Socialista, gobiernan en muchas comunidades autónomas y, por tanto, no sería lógico hacer una reforma de la financiación autonómica de espaldas a la mitad de las comunidades autónomas de España en las que gobierna el Partido Socialista. No podemos hacer esa reforma solos, está claro, necesitamos ese consenso y ese acuerdo con el resto de grupos políticos, y especialmente con el Partido Socialista. Señor Hurtado, ¿están ustedes dispuestos a dar luz verde a ese nuevo sistema de financiación o prefieren instalarse en la crítica destructiva permanente?

Les recuerdo que el Partido Popular hizo una reforma del sistema de financiación en el año 2002 con el consenso de todos los grupos políticos; sin embargo, la reforma que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero, que está vigente en la actualidad, no contó con el apoyo del Partido Popular y es motivo de queja permanente por parte de los gobernantes del Partido Socialista que gobiernan en las comunidades autónomas afectadas. Por lo tanto, señores del PSOE, ayuden a esa voluntad de consenso y acuerdo, porque estamos hablando de financiar nuestras comunidades autónomas; estamos hablando de financiar servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Por eso, también les pedimos que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2018, porque eso significa mayores recursos para las comunidades autónomas. Sinceramente, nos resulta increíble que un Partido Socialista con sentido de Estado y vocación de Gobierno vote en contra de los intereses de las comunidades autónomas. Existe un objetivo común, que es que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, independientemente del territorio en el que vivan. Por tanto, las administraciones autonómicas tienen que ser protagonistas de esa importante reforma, todas, estén gobernadas por el partido que esté en el Gobierno. De todos depende esa voluntad leal, sobre todo leal, porque desde la lealtad de las comunidades autónomas con otras comunidades autónomas, y de las comunidades autónomas con el Estado, y del Estado con las propias comunidades autónomas, seguro que vamos a ser capaces de conseguirlo.

En cuanto a la lucha contra el fraude, señorías, no por mucho que repitan de manera recurrente los temas para aparentar que el Gobierno del PP no hace nada en la lucha contra el fraude van a conseguir que eso sea verdad, porque ahí están los resultados y los resultados nos avalan. El tiempo da y quita razones, y le hacen un flaco favor a la sociedad española en su afán para aparentar que los defraudadores resultan impunes, porque eso mina la conciencia fiscal; y, sencillamente, no es cierto. Se ha trabajado intensamente en el Gobierno del Partido Popular y, en concreto, desde la Secretaria de Estado de Hacienda, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Podemos sacar pecho de la eficacia con la que se ha trabajado en esta legislatura en estas materias. Otros hablan mucho, pero hicieron poco cuando estuvieron en el Gobierno. Por ejemplo, a nivel internacional, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional es y ha sido una prioridad. Año tras año, la Agencia Tributaria incluye en sus planes anuales de control estas operaciones transfronterizas como un área de atención preferente para sus actuaciones. Además, las autoridades españolas han reaccionado con agilidad y con anticipación a estos temas.

España no ha dejado de hacer sus deberes y les voy a poner algunos ejemplos. En relación con la lucha contra los paraísos fiscales, forma parte de la estrategia de la Administración Tributaria defender en los organismos internacionales el total aislamiento y la progresiva desaparición de esos paraísos fiscales. España mantiene en su legislación un tratamiento especialmente riguroso hacia los paraísos fiscales y establece cláusulas antiabuso y antielusión, tanto en la normativa del IRPF como en la del impuesto sobre sociedades. Por tanto, el Gobierno está absolutamente comprometido en la lucha contra esos paraísos


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fiscales. España también ha firmado en los últimos años numerosos convenios para evitar la doble imposición internacional con cláusulas de intercambio de información, siguiendo los estándares que se han marcado en organismos internacionales como la OCDE, como bien ha resaltado el secretario de Estado de Hacienda. Por lo tanto, estamos haciendo muchas de las cosas que han mencionado algunos intervinientes. España está participando activamente en organismos tales como el G-20, la OCDE, y forma parte de sus grupos de trabajo. Además, hay aprobada ya una directiva comunitaria para la eliminación de los paraísos fiscales. El propio comisario europeo de Asuntos Económicos, el señor Moscovici, ha expresado su voluntad de que la primera lista negra de paraísos fiscales que prepara la Unión Europea -porque esto hay que hacerlo, señorías, de manera coordinada- esté lista antes de finalizar el año o a principios del que viene, y ahí está participando muy activamente España. También es destacable el proyecto BEPS, de la OCDE, que mencionó ya el propio secretario de Estado de Hacienda; y España va a cumplir -como no puede ser de otra manera- con la obligación de trasposición de todas aquellas directivas que se puedan aprobar en materia antiabuso. Por tanto, el Gobierno de España ha hecho sus deberes y los ha hecho muy bien. No hay nada que reprochar al Gobierno del Partido Popular porque esta es una materia que nos concierne a todos. Lideramos los foros europeos e internacionales y somos pioneros en la adopción de nuevas medidas contra el fraude fiscal internacional.

A nivel interno también hay que destacar que este Gobierno ha obtenido resultados históricos, y lo ha mencionado también el secretario de Estado de Hacienda.

El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene que ir terminando.

La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy terminando.

Más de 65 000 millones desde el año 2012; la declaración de bienes y derechos en el extranjero, algo absolutamente novedoso que pone numerosa información a disposición de la agencia; o el endurecimiento de la figura del delito fiscal; se ha modificado también la Ley General Tributaria; etcétera.

Somos conscientes de que esta materia da mucha cancha para hacer demagogia, pero evitemos esa tentación partidista; seamos serios y trabajemos juntos porque será la forma de seguir avanzando y estrechando el cerco a los defraudadores. Felicitemos a la Agencia Tributaria y a sus estupendos funcionarios por los resultados alcanzados.

Termino ya, agradeciendo desde el Grupo Parlamentario Popular su comparecencia y explicaciones y felicitándole por el acierto de las políticas aplicadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

En una segunda intervención tiene la palabra el señor Fernández de Moya.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Muchas gracias, señor presidente.

No saben qué alegría y satisfacción me produce poder hablar en esta Cámara de mi tierra, de mi ciudad. Probablemente hay un sector de esta Cámara, de los partidos políticos que la representan, que no me perdonan una cosa: haber sido el alcalde más votado en la historia de la democracia de mi ciudad. (Aplausos). Eso es importante. Entiendo que eso en términos políticos se lleva mal, cuando además yo aspiraba a una alcaldía desde la oposición y no desde el Gobierno y he conseguido hasta la fecha ser el alcalde más votado en la historia de la democracia de la ciudad, pero les pediría un poco de rigor cuando hablaran y que se estudiaran la situación del Ayuntamiento de Jaén.

Me he traído todos los informes. Ustedes son muy previsibles en sus intervenciones y esa previsibilidad me ha permitido prepararme la intervención sobre mi tierra, sobre el Ayuntamiento de Jaén, sobre la capital mundial del aceite de oliva. (El señor Hurtado Zurera: Córdoba también). En Jaén, a 3 de marzo de 2011 -yo no era alcalde de esta ciudad-, se realiza el dictamen del proyecto de presupuestos que lleva la izquierda, una coalición de perdedores porque había perdido en la ciudad de Jaén, pero PSOE e Izquierda Unida hicieron un pacto contra la lista ganadora. Este informe tiene más de ochenta páginas; evidentemente, no las voy a leer todas, pero sí voy a leer la conclusión final para que sus señorías tengan un poco de rigor cuando intervengan y hablen del Ayuntamiento de Jaén.

Última página: "El Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén quiere poner de manifiesto su profundo malestar por el tiempo dispuesto para analizar las cuentas municipales, seis días escasos y tres únicamente hábiles. Entendemos que se trata de una falta de previsión la rapidez mostrada a última hora


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en la confección del presupuesto municipal cuando la aprobación de las cuentas se ha demorado más de quince meses respecto a las previsiones legales". Para que ustedes se sitúen, la composición de la corporación municipal es: trece, PP; doce, PSOE; dos, Izquierda Unida. El pacto de perdedores desbanca la lista ganadora, pero ni siquiera se ponen de acuerdo para llevar a cabo el presupuesto. "A tal efecto -advierte-, para ulteriores dictámenes la no realización del mismo en caso de que la documentación no obre en su poder con el margen de tiempo que establecen nuestros estatutos". Siguiente consideración -espérense a la última, que es la clave-: "En los últimos años este Consejo Económico y Social ha venido denunciando la presentación de unos presupuestos ficticios, con unos gastos ciertos basados en unos ingresos absolutamente inciertos, especialmente en los capítulos 5 y 6, ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales. Los datos de ejecución presupuestaria de estos ingresos en años anteriores ponen de relieve la imposibilidad de alcanzar lo presupuestado en ingresos. Como resultado, este órgano consultivo manifiesta su absoluta disconformidad con la forma de prever los ingresos, aun a sabiendas de que se trata de previsiones muy distantes de la realidad, máxime en una situación económica como la actual". Señorías, aquí viene la conclusión, aquí es donde les pido el rigor. Cuando lea literalmente lo que dictaminó el CES local, lo voy a resumir en una frase que se va a entender perfectamente: "Como consecuencia de lo anterior, este Consejo Económico y Social espera un incremento del remanente negativo de tesorería asociado a pagos pendientes a proveedores y un aumento de la deuda municipal con entidades financieras, todo lo contrario al necesario ajuste presupuestario que debería observarse en unos momentos como los actuales, donde, de no tratarse de un ente público municipal, cualquier entidad privada con estas cifras presupuestarias estaría incursa en una situación concursal necesaria". En palabras coloquiales, cerrar el Ayuntamiento de Jaén previo a su disolución. (Aplausos). Así dejó la izquierda el Ayuntamiento de Jaén. Insisto, dictamen del CES local -conviene, cuando uno se prepara una intervención, venir con todos y cada uno de los datos-, que por supuesto tienen a su disposición, del 3 de marzo del año 2011. Yo tomé posesión el 11 de junio del año 2011.

Pero vamos a seguir, porque es importante hablar de la liquidación del presupuesto, y llegamos a la liquidación del presupuesto: 204 millones de euros de remanente de tesorería negativo, liquidación del presupuesto del año 2011. (Muestra un gráfico). Esta fuente no la pondrán en duda, ¿no? Porque proviene de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Jaén? Menos 204 millones de euros. Para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Jaén eran 180, con presupuesto general, patronatos, organismos autónomos y tres sociedades mercantiles. Menos 204 millones de euros. ¿Y saben ustedes cuál era la deuda a proveedores? 300 millones de euros. ¿Y saben ustedes cuál era la deuda entre proveedores y entidades financieras? 500 millones de euros. ¿Y qué hicimos? Pues aquí tienen el acta del pleno: acogernos a lo que pusieron en marcha el presidente Rajoy y el ministro Montoro, el mayor plan de empleo que ha conocido la democracia española, el Plan de Pago a Proveedores, por cierto, con la abstención del PSOE e Izquierda Unida. Claro, ¡qué le iban a decir a este alcalde, si heredaba un ayuntamiento completamente arruinado! Aquí tienen el acta del pleno del Ayuntamiento de Jaén, donde nos adherimos pidiendo 203 millones de euros con cargo al Plan de Pago a Proveedores. Hablo del real decreto del año 2012. En el año 2013 volvimos a una nueva solicitud de cerca de 45 millones de euros. Y después hablo del Fondo de ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes, que pagué siendo alcalde sentencias de 1994 -le repito la fecha, 1994-, sentencias judiciales que habían adquirido carácter de firmeza en pesetas y que pagué veintidós años después con cargo al Fondo de ordenación que pone en marcha el Gobierno de España. ¿Y saben ustedes a cuánto acudió el Ayuntamiento de Jaén? 62 millones de euros. Sumen las cuantías, sumen todas las cuantías para hacer frente a la ruina que me dejó a mí la izquierda en la ciudad de Jaén: 203, 45 y 62. Fíjense lo que les da todo eso, por encima de 330 millones de euros. Así me dejaron el Ayuntamiento de Jaén. Las actas están ahí, los certificados de la Intervención General y las liquidaciones firmadas por la tesorera y por el interventor general no engañan a nadie.

Para terminar con el capítulo del Ayuntamiento de Jaén, porque ustedes han hablado de una ruina, pero yo tuve que hacer frente a dos, la del Ayuntamiento de Jaén y esta que van a debatir sus señorías dentro de muy poco tiempo, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el tranvía de Jaén. Yo ni quito ni pongo -aquí está el informe del Tribunal de Cuentas-, solo les digo que el Tribunal de Cuentas dice que se hizo sin estudio previo, con un cúmulo de irregularidades, con desvío de fondos públicos y con un ayuntamiento arruinado, que bajo ningún concepto podía poner en marcha lo que yo califiqué como capricho político del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Por tanto, a mí me dejaron dos ruinas. ¿Y sabe usted lo que hice? No falté a pagar ni una nómina mes a mes, 1692 empleados públicos. ¿Sabe


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usted lo que hice? Preservé el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en la ciudad de Jaén. ¿Y sabe usted lo que hice? Conseguí que muchos autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como también empresas concesionarias, pudieron pagar sus salarios a los trabajadores gracias a la ayuda del presidente Rajoy y del ministro Montoro.

Les voy a poner dos ejemplos, para terminar con el Ayuntamiento de Jaén. Ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que significa que a un alcalde le corten el suministro de energía eléctrica en una instalación deportiva. ¿Cómo lo van a saber si no han gobernado? No han sido alcaldes ni alcaldesas. ¿Ustedes saben cuál fue la deuda de la empresa concesionaria de basuras que me encontré cuando llegué al Ayuntamiento de Jaén? Fueron 85 millones de euros, 14 000 millones de pesetas, y en un mes y medio, la amenaza de una huelga de basuras. Así es como me había dejado la izquierda la ciudad. Ya lo decían por las escaleras del ayuntamiento: El que venga detrás que arree. Y claro que arreamos, pero sacamos adelante el Ayuntamiento de Jaén con la ayuda inestimable del Gobierno de España; con la ayuda inestimable del presidente Rajoy y con la ayuda inestimable del ministro Montoro. Siempre lo he dicho, el gran aliado de la ciudad de Jaén ha sido y es el Gobierno de España. Por mucho que les pese, la realidad está ahí. Por cierto, en 2015 volví a ganar las elecciones. Lo digo porque nuevamente las urnas nos dieron esa mayoría para poder articular un nuevo equipo de gobierno, que, ahora ya sí, necesitaba alianzas con otras fuerzas políticas y las tejimos, concretamente con Ciudadanos. Pero les pido un poquito de rigor, porque yo siempre cumplí la ley; determiné planes de ajuste que se aprobaron en el pleno de la corporación, cosa que, como ahora diré, no ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que ha pretendido saltarse la ley después de llevar ocho meses hablando con el ministerio. Esto a mí no me lo cuenta nadie, lo he vivido en primera persona, desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre. Y ahora me referiré a la situación del Ayuntamiento de Madrid, pero estoy encantado de hablar del Ayuntamiento de Jaén. Y miren que me he traído muchos más papeles y no quiero entrar en más detalle (El señor Hurtado Zurera: Menos mal), porque creo que ha quedado suficientemente explicado. Por lo menos el presidente de la Comisión así lo entiende. (Aplausos).

Señorías, sobre todo el señor Hurtado -que además es andaluz como yo- viene a criticarme un pacto de cara a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con Ciudadanos. Pero, ¿y ustedes qué han hecho en Andalucía? Pero si ustedes han pactado la Ley de Presupuestos Generales para 2018, en este caso de la comunidad autónoma, con Ciudadanos (Rumores). ¿Cómo que no? Si ustedes en el Parlamento tienen cuarenta y siete escaños y Ciudadanos tiene nueve. Para que sus señorías me entiendan... (El señor Hurtado Zurera: No, queremos que los presenten, que no los presentan). Yo no le he interrumpido. El Parlamento de Andalucía tiene ciento nueve diputados, la mayoría absoluta se establece en cincuenta y cinco y han conseguido un pacto para sacar adelante la ley de presupuestos de la comunidad autónoma -y el señor Pradas que es andaluz no me desmentirá porque ahí están las hemerotecas- al objeto de sacar adelante lo que significa la ordenación jurídica del gasto público y la ley más importante que tiene una comunidad autónoma. Pero, ¿por qué ustedes pueden pactar con Ciudadanos y nosotros no? Es lo que no entiendo. Por cierto, a su primera pregunta le respondo lo que significó la hoja de ruta que siguió el Gobierno de España, cumpliendo la ley en el año 2017. Ya vio usted cuándo trajimos los presupuestos Generales del Estado, en el entorno de la primera semana de abril, se aprobaron a finales de junio y se publicaron el 30 de junio en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda cumplen la ley. Por mucho que a usted le pese. El Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda cumplen la ley. (El señor Hurtado Zurera: Pues no). Yo entiendo que a usted esto le moleste, pero...

El señor PRESIDENTE: No entren a contestarse durante la intervención, por favor.

El SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Lo único que le estoy poniendo encima de la mesa son verdades como puños y del sistema de financiación autonómica. Señorías, yo estaba allí, en el Parlamento de Andalucía; yo me subí a la tribuna del Parlamento de Andalucía en el año 2009 cuando Griñán dijo, nada más y nada menos -lo digo, señor Hurtado, porque al final yo oigo intervenciones en esta Cámara de las que pienso cómo es posible que se diga eso-, que el modelo de financiación es once mil veces mejor. El presidente socialista. Y ahora la señora Díaz, actual presidenta de la Junta de Andalucía, se revela contra el actual sistema de financiación autonómica. ¿Cuándo engañaron a los andaluces, señor Hurtado? ¿Antes o ahora? Porque alguien miente. (Aplausos). Alguien miente, señor Hurtado. Si el modelo de financiación autonómica era once mil veces mejor, ¿cómo es que la señora Díaz dice que Andalucía ha perdido 5000 millones de euros? Esto no se


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sostiene. Por cierto, el señor Griñán se atrevió a cuantificar el impacto en la Comunidad Autónoma de Andalucía; es que yo me subí a la tribuna del Parlamento andaluz y tengo el Diario de Sesiones del Parlamento andaluz: El presidente de la Junta cuantifica en 3133 millones de euros lo que recibirá su comunidad. La señora Díaz dice que Andalucía ha perdido 5000 millones de euros. ¿Y ahora qué hacemos, señor Hurtado? ¿Cuándo dijeron la verdad, cuando de presidente de la Junta estaba el señor Griñán o cuando está la señora Díaz? Porque esto no se sostiene, es una contradicción in termini: o se ganan 3000 o se pierden 5000. Y fíjese, señor Hurtado, que estamos hablando aquí de miles de millones de euros como si esto fuera una lotería, cuando aquí está en juego el mantenimiento, la consolidación y preservar los servicios públicos fundamentales de una comunidad autónoma.

Yo oigo también al diputado de Compromís y claro... Zapatero: di instrucciones para que la comunidad fuera la que más mejorase con mi reforma de la financiación, en Valencia (Muestra un documento). ¿Y usted qué tiene que decir a esto, porque ahora gobiernan con ellos? ¡Es que ahora gobiernan con ellos en Valencia! Y ahora le voy a sacar los datos de Valencia. Porque ustedes el sábado, día 18, han convocado una manifestación. ¿Van a explicarles lo que ha hecho el Gobierno de España por Valencia a lo largo de estos años? Porque yo se lo voy a explicar ahora, pero sobre todo, ¿ustedes qué me dicen de esto? Sí, sí, después me contesta. Zapatero: di instrucciones para que Valencia fuera la comunidad autónoma más beneficiada en el nuevo modelo de financiación autonómica. Y claro, señorías, evidentemente ustedes pueden poner en duda la legitimidad de lo que signifique el respaldo, el acuerdo o las mayorías cualificadas pero el modelo de financiación autonómica que está vigente se superó por un voto, ni uno más: 176, ley orgánica, mayoría absoluta justa. Señorías, no voy a dar el dato, pero espero que por un ejercicio de honestidad política individual me digan después cuantos votos sacó el ministro Montoro en la reforma del modelo de financiación autonómica en esta Cámara en 2002. No voy a dar yo el dato para que ustedes me comparen la legitimidad y la auctoritas de la que ustedes hablan. Por cierto, respecto a hacer el ejercicio matemático de los españoles que votan a uno o a otro partido, 137 escaños del Partido Popular, 85 escaños del PSOE y 32 de Ciudadanos, ¿cuánto suman? Creo que 254 escaños. ¿Sobre 350 no tendría legitimidad ni autoridad política un acuerdo en esta Cámara, con la inmensa mayoría de esta Cámara, de un nuevo modelo de financiación autonómica? ¿Ustedes respetan los números cuando les salen y cuando no les salen les da exactamente igual? No, señorías.

Vamos a hablar de números. Señora Capela, usted no puede venir aquí... (La señora Capella i Farré: Capella). Capella, sabe usted que eso lo arrastró desde el Senado, le pido disculpas. (La señora Capella i Farré: No aprenden, no aprenden). Usted no puede venir aquí a hablarme de la magnífica gestión de Cataluña cuando ha sido incapaz de dar un solo dato de las medidas de reestructuración que han significado los mecanismos extraordinarios de liquidez que el Gobierno de España ha puesto en marcha; como ustedes no los dan, los doy yo. ¿Qué comunidad autónoma ha sido la más beneficiada de los mecanismos extraordinarios de liquidez? Cataluña. ¿Qué comunidad autónoma le sigue a Cataluña? Valencia. ¿Qué comunidad autónoma sigue a Cataluña y Valencia? Mi tierra, Andalucía. ¿Por qué no ponen encima de la mesa esos datos? ¿Por qué no aparecen en las reflexiones de sus señorías, que yo respeto? Lo único que les pido es un poco de rigor en el ejercicio de lo que significa una intervención. El Gobierno de España ha dotado de liquidez en el último lustro al conjunto de administraciones territoriales, comunidades autónomas y entidades locales con 231 202 millones de euros; 231 202 millones de euros, que si ustedes suman a las entidades locales, estamos hablando de 249 411,7 millones de euros. Fíjese la cifra de la que le estoy hablando. Empezamos con el Fondo de Financiación a Proveedores, años 2012 y 2013, y después el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en su doble compartimento, Fondo de Liquidez Autonómico y Fondo de Facilidad Financiera, y posteriormente, en 2015, la dotación a entidades locales del Fondo de Impulso Económico y del Fondo de Ordenación; cerca de 250 000 millones de euros. ¿Y sabe usted por qué lo hicimos? Porque había comunidades autónomas que no podían ir a los mercados a financiarse, nadie les prestaba. ¿Y sabe usted por qué lo hicimos? Porque nos encontramos con un agujero brutal de stock de deuda comercial, las administraciones públicas debían miles de millones de euros a proveedores. ¿Quién puso en marcha estas medidas? El Gobierno de España, el presidente Rajoy y el ministro Montoro, por mucho que les pese. Señora Capella, le voy a dar la evolución de los años 2012 a 2017 del incremento de recursos del sistema de financiación autonómica que se ha producido en los últimos años, valorando las entregas a cuenta: año 2012, 84 523 millones de euros; año 2013, 84 732; año 2014, 81 953; año 2015, 85 266; año 2016, 93 418 y año 2017, 100 000. ¿Cómo que no nos hemos preocupado de los entes territoriales autonómicos si hemos


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ido incrementando las dotaciones de recurso en el ámbito de lo que representaba, entre otras cuestiones, por el crecimiento de la economía y la generación de empleo?

Ustedes me hablan de ayuntamientos que tienen superávit. ¿Se han planteado que a lo mejor los ingresos que les provienen de manera excepcional vienen determinados por la política del Gobierno de España, el crecimiento económico y la generación de empleo y que quizá no se deba a su buena gestión? Ahora me referiré al Ayuntamiento de Madrid, al de Barcelona, al de Zaragoza, al de Sevilla y al de Murcia. Es fácil hablar cuando se tiene encima de la mesa el argumento de la ley. No venga usted a decir que es evidente que nosotros no hemos apoyado al conjunto de los entes territoriales cuando los ingresos no han dejado de crecer. Fíjese más, la comunidad autónoma de España que ha comunicado al Ministerio de Hacienda mayores necesidades de financiación en los tres compartimentos -vencimientos, liquidaciones negativas de los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009, y consecución del objetivo de cara a una desviación del déficit público- ha sido Cataluña; es la que mayor necesidad de financiación ha comunicado al Gobierno de España. Por cierto, los mecanismos extraordinarios de liquidez han representado reestructuración de deuda, que es lo que ha permito la puesta en marcha de esos mecanismos por parte del Gobierno de España. No venga aquí, señora Capella, a poner de manifiesto lo que significa la puesta en marcha de esos mecanismos sin decir que ha sido también el Gobierno de España el que, evidentemente, lo ha articulado.

Señorías, en algunas de sus intervenciones -yo creo que aprovechando la coyuntura- han dicho que hemos intervenido el Ayuntamiento de Madrid y eso es rigurosamente falso. Y le voy a decir una cosa: le reto a que me lo demuestre. Y algo más sencillo: subráyeme el artículo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera donde se emplee la palabra intervención. Fíjese qué fácil se lo estoy poniendo: subráyeme el artículo y ahora me lo dice. Asimismo, subráyeme la palabra intervención, pero intervención de la entidad local o intervención de las cuentas, porque no aparece. Claro, hacer demagogia, faltar a la verdad para sacar ventajismo político, es lo que toca. No se trata ni de una intervención de la entidad ni de una intervención de las cuentas. Insisto y reitero, eso es lo que se ha emitido por el Gobierno de España a través del órgano de tutela financiera. Léanse también lo que significa tutela financiera, porque hay comunidades autónomas que en su estatuto de autonomía ejercen la tutela financiera. Por ejemplo, en mi tierra la tiene atribuida la Comunidad autónoma andaluza. No así en el ámbito de Madrid. De ahí que sea precisamente SGFAL quien asume la tutela financiera ante el incumplimiento en la formulación del Plan económico y financiero, porque vulnera la ley. ¿O es que ustedes están diciendo que el Ayuntamiento de Madrid no cumpla ley? Díganselo a todos los madrileños, sobre todo para que aclaremos conceptos. Díganles a las miles de administraciones públicas que cumplen la ley en España que no lo hagan; díganselo, con valentía, con coraje político, sobre todo para que sepamos a qué atenernos y qué discurso tienen unos y otros. Tan sencillo como eso. Esta es la resolución (Muestras un documento), una resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local denegatoria de un PEF, de un plan económico y financiero, el tercero, del que lleva hablando el Ayuntamiento de Madrid con su alcaldesa al frente -porque yo he participado en esas reuniones, no me las ha contado nadie- desde finales de marzo, y estamos a mediados de noviembre: ocho meses. Y la alcaldesa de Madrid conocía perfectamente lo que significaba la aplicación de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria. ¿Y sabe usted lo que me dijo cuando me llamó antes de formular el 16 de octubre en el Pleno de la corporación? Es que yo estoy viendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se dice en reuniones en el ministerio; tengan cuidado porque se dice una cosa en reuniones y otra a los medios de comunicación. A mí me llamó la alcaldesa de Madrid y me dijo que no iba a cumplir al 100 % con el plan económico y financiero, sino al 150 %, y tengo testigos.

Yo no sé si ustedes habrán leído los tres puntos de la resolución denegatoria -claro, decir las cosas para obtener ventajismo político es muy fácil-, pero resuelve, primero, denegar la aprobación definitiva del PEF presentando por el Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento del artículo 23.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Segundo, váyanse ustedes a la senda de gasto. ¿Por qué no dicen que el ayuntamiento formula un PEF que incumple la senda de gasto tanto en 2017 como en 2018 por importes, respectivamente, de 238 y 243 millones de euros? Porque eso está contemplado en la propia resolución. Tercero, lo que se le pide en la resolución es que informe semanalmente de cómo el Ayuntamiento de Madrid va a volver a recuperar la senda de gasto para entrar en el cumplimiento de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, esa que dijo la alcaldesa de Madrid que iba a cumplir al 150 % en un compromiso que contrajo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Eso es lo que le hemos pedido.


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Ustedes hablan de que hay ayuntamientos que pueden tener una situación similar, y yo les voy a indicar la situación que tiene el Ayuntamiento de Barcelona. Tiene un PEF aprobado por incumplimiento de la regla de gasto con capacidad de financiación. El órgano de tutela es la Generalitat; le ha aprobado el plan. A cierre del año 2016 presenta más de 120 millones de euros de capacidad de financiación e incumplimiento de regla de gasto por 14 millones de euros. En ejecución trimestral del segundo trimestre del presente año 2017 presenta previsión de cumplimiento de la regla de gasto porque ha reconducido su senda. Me paso a Sevilla. Presenta capacidad de financiación. El PEF por incumplimiento de la regla de gasto en liquidación de 2015 no fue aprobado por la Junta de Andalucía, órgano de tutela. No obstante, recoge medidas de reducción en su presupuesto de 2016 y 2017, que han permitido ya la consecución de los objetivos basándose en la liquidación presupuestaria del año 2016. Zaragoza presenta capacidad de financiación. PEF por incumplimiento de la regla de gasto de 2015, por imputación de la deuda en contabilidad nacional de otro tranvía. Se aprueba por su órgano de tutela el PEF. En liquidación de 2016 ya presenta cumplimiento de ambas reglas fiscales. Málaga, presenta capacidad de financiación y no cumple con la regla de gasto en la liquidación de 2015. La Junta de Andalucía le aprueba el PEF en noviembre del año 2016, y a cierre de 2016 presenta capacidad de financiación y cumplimiento de la regla de gasto, y así podría seguir. He cogido casos de ayuntamientos del PP, del PSOE y de Podemos. He citado ayuntamientos de los tres colores políticos para que ustedes vean en qué situación se encuentran.

Señor De la Torre, voy a poner en valor lo que ha significado su intervención y fundamentalmente no quiero dejar de contestarle, pero antes me voy a referir a otra cuestión porque se me dice desde el PSOE que no se conoce la reforma que planteamos del impuesto de plusvalía. ¡Pero cómo puede decir usted eso! (El señor Hurtado Zurera: ¿Dónde está?). ¡Hable con Abel Caballero, con el presidente de la FEMP, alcalde de Vigo, que se reunió con el ministro en la última semana de julio en la sede del ministerio y le entregó esta propuesta que está aquí! ¡Que me he traído el texto normativo de la proposición de ley! ¡Que aquí tienen regulados ustedes técnicamente (Muestra un documento) lo que va a significar la mejora de la base imponible y los coeficientes aplicables! (El señor Hurtado Zurera: Aquí no). Ahora, si entre ustedes en el PSOE no se hablan, no es culpa mía. Nosotros sí hemos contactado con el PSOE, como grupo parlamentario, y con la FEMP. Pregúntele usted al señor Hernando que ha hablado con la señora Robles, su portavoz. (El señor Hurtado Zurera: ¿Aquí?). Con su portavoz hemos hablado. Pregúntele al señor Saura, que ha asistido, como mínimo, a tres reuniones técnicas en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y se le ha explicado por los técnicos del ministerio en qué consiste la propuesta.

Por cierto, señor Hurtado, el impuesto de plusvalía municipal no es declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. No. Lo que declara son situaciones inexpresivas de capacidad económica. Dicho en palabras coloquiales, si cuando se produce la compraventa se registra un incremento del valor, queda sujeto, pero si en la diferencia que se produce cuando se adquiere y cuando se va a vender hay una minusvaloración, se establece un supuesto de no sujeción porque, indudablemente, no integra el hecho imponible. El Tribunal Constitucional no nos ha pedido que revisemos íntegramente el impuesto sobre plusvalía municipal. No. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que regulemos el supuesto específico del 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para determinar un criterio de seguridad jurídica que genere un supuesto de no sujeción en situaciones inexpresivas de capacidad económica. Porque hasta en el propio título de lo que significa este tributo local, impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es evidente que si hay una minusvalía no se genera una plusvalía y, por tanto, no integra el hecho imponible del tributo y, en consecuencia, no debe quedar sujeto. ¿Y qué hemos planteado desde el ministerio? Una cosa muy sencilla. Hemos querido poner en valor lo que significa, una vez más, el acuerdo con los grupos parlamentarios. Aquí están los representantes de Podemos y su portavoz, la señora Montero, acudió, y también algún diputado que se sienta aquí, a la sala de juntas de esta Secretaría de Estado de Hacienda. Me he reunido con Ciudadanos, que está aquí y lo podrá corroborar. Me he reunido con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Socialista. Pregúntele al señor Saura y pregúntele al señor Caballero. Nosotros queremos que sea una propuesta que salga por consenso, a iniciativa de los grupos parlamentarios. No se puede venir aquí a decir que ustedes no conocen esa propuesta. Hablen más entre ustedes, dialoguen más entre ustedes y entiéndanse entre ustedes, pero no me atribuya a mí ese defecto de comunicación interno porque no me es atribuible.

Como le decía al señor De la Torre, nosotros hemos llegado a un acuerdo legítimo con Ciudadanos y me imagino que se respetará. Respeto el acuerdo al que han llegado ustedes con Ciudadanos en Andalucía y ahora ya que cada Gobierno lo explique. ¿Pero ustedes están en contra de que el acuerdo


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que hemos suscrito con Ciudadanos beneficie a 2,5 millones de contribuyentes con un salario bruto inferior a 18 000 euros? Por cierto, en nuestra tierra más de 350 000 andaluces se verán beneficiados concretamente de esa rebaja tributaria. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando de un coste medio, en este caso, de ahorro de impuestos de 365 euros por andaluz que determina un 11 % de beneficiarios. ¿Está usted o no de acuerdo? Porque eso tendrá que explicarlo después en Andalucía y en el conjunto de España, y el acuerdo es legítimo.

Señor De la Torre, el cupo se fija cada cinco años, lo establece la propia norma y estas discrepancias existen desde el año 2007, y usted lo sabe porque también hemos tenido oportunidad de hablar de ello. Ustedes van a votar en contra y yo le pongo de manifiesto que ese es un régimen objetivamente constitucionalizado, está en el ámbito de las haciendas forales. La foralidad está objetivamente constitucionalizada en la Constitución española de 1978 y el Gobierno de España ha sido capaz de llegar a un acuerdo, que ustedes no van a votar, pero que el Partido Socialista sí votará y, por tanto, tiene la legitimidad también del acuerdo aquí y, por supuesto, lo que se vote en el ámbito también de la propia Cámara vasca desde el punto de vista de los acuerdos políticos.

Le reitero que el Tribunal EconómicoAdministrativo Central -tengo aquí los datos de resoluciones- está en un ambiente de absoluta normalidad, tiene un funcionamiento claramente normal. Además, estamos hablando de compañeros suyos, como usted bien sabe. Por lo tanto, desde esa perspectiva, le puedo decir que cerramos en su momento el plan que usted conoce, porque fue objeto de una comparecencia que tuve con anterioridad aquí, y en ese plan se ponía de manifiesto el cumplimiento de una serie de objetivos en el Tribunal Económico-Administrativo Central y en el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional. Estamos muy satisfechos con los datos que conocemos y con los que vamos a conocer concretamente a finales de este año. Quiero insistirle en el ámbito de la normalidad.

La lista de paraísos fiscales. Aquí oigo hablar al Grupo Parlamentario Socialista de Panamá y ¿qué quieren que les diga? Oigo hablar de determinadas cosas que son referencias del Consejo de Ministros y que provienen precisamente del Partido Socialista. Esta es una nota del Consejo de Ministros presidido por Zapatero. (Muestra un documento). Esta es la nota: El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la elusión fiscal, así como de su protocolo anejo. Es del 3 de septiembre de 2010. Gobernaba Zapatero. También debo decirles que ustedes tuvieron dos amnistías fiscales. Me he traído la de Felipe González. Esta es la del 7 de julio de 1984. (Muestra un documento). La aprobaron ustedes con Felipe González. Y después aprobaron otra, que tengo aquí, que data del año 1991. (Muestra otro documento). En 1984 y 1991 hubo dos amnistías fiscales del Partido Socialista y no voy a hablar de lo que hicieron con la lista Falciani. Dos amnistías fiscales, a Panamá lo sacamos como lo sacamos y la lista Falciani del año 2010. Todo eso lo hizo el PSOE. Veo que usted se ríe. Para mí es un tema suficientemente serio, porque estamos hablando de defraudar a la Hacienda pública y poner en marcha amnistías fiscales. No vengan aquí a dar ni una sola lección al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Por lo tanto, desde esa perspectiva les pido un análisis que sea un poco más riguroso.

Señor De la Torre, usted sabe que la Unión Europea está llevando a cabo la confección de una lista de paraísos fiscales. Usted sabe que este es un tema en el que cada país miembro de la zona euro no puede ir por su cuenta. La planificación y la lucha contra el fraude tienen que ser a nivel internacional. Por lo tanto, no introduzcamos elementos de distorsión hasta que la Unión Europea no cierre esa lista. España está trabajando de manera muy decidida y firme con el resto de los países miembros de la zona euro para llevar a buen puerto la lista de paraísos fiscales. Después, hablando del modelo 232, la declaración informativa y operaciones vinculadas, usted sabe que en el ejercicio 2015 quedaba vinculada al ámbito de sociedades y a partir del año 2017 tendrá un modelo propio. Ahí hay un sinfín de medidas que estamos poniendo en marcha y en las que por cuestiones de tiempo no puedo entrar, pero, por supuesto, quedo a su entera disposición.

Señor diputado de Compromís, habla de Valencia y de medidas de liquidez. Ya veo que Zapatero le dijo lo que le dijo. La manifestación del día 18 no sé contra quién la van a hacer, porque el modelo vigente es del PSOE. Medidas de liquidez: 42 753,7 millones de euros. No digo nada, pero son 7 billones -con be- de pesetas en los últimos cinco años, aparte del incremento de las entregas a cuenta, que son recursos del sistema de financiación, como le he explicado, que han tenido una evolución de 84 000 a 100 000 a lo largo de los últimos cinco años y que el Gobierno ha distribuido también entre las comunidades autónomas. No digo nada, solo pongo en valor lo que ha hecho el Gobierno de España. Ahí


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le he dado el dato global, pero le voy a dar el del año 2017. Señora Capella, en el año 2017 se han asignado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 27 297,26 millones de euros. Cataluña, 7638,51 millones de euros; un 27,98 % del total de los recursos asignados. Valencia, 5228,79 millones de euros. Y la tercera, mi tierra, Andalucía, 4642,22. Este es el Gobierno de España, este es el Gobierno del presidente Rajoy y del ministro Montoro, el que establece estos mecanismos extraordinarios de liquidez para pagar vencimientos de deuda, para compensar las liquidaciones negativas y para, evidentemente, ayudar en lo que significa la desviación del objetivo de déficit, que nos afecta a todos, y por supuesto también a los entes territoriales. Esas cifras están encima de la mesa.

Termino con una última reflexión en cuanto a todos los temas que he podido tocar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Señor De la Torre, nosotros -y suscribo íntegramente las palabras del ministro de Hacienda y Función Pública- no hemos establecido ninguna intervención sobre Cataluña. No, nosotros aprobamos acuerdos de la CDGAE el 21 de julio y el 16 de septiembre, complementarios del 20 de noviembre de 2015, de un control reforzado de las cuentas públicas para que ni un solo euro se destinara a un proceso refrendario ilegal e inconstitucional. Esos son los controles que hemos puesto en marcha. Me dice usted que el señor Montoro se ha fiado del señor Junqueras, y no es verdad. El señor Montoro se ha fiado de los certificados mensuales y semanales que le mandaba la Intervención de la Generalitat, que, por cierto, sabían perfectamente que si estaban faltando a lo que significaba esa fiscalización previa y que no hubiera ni un solo euro que se desviara a ese proceso refrendario, incurrían en responsabilidades penales, civiles o administrativas, pero los certificados que estaban llegando al ministerio acreditaban, semana a semana, que no se estaba destinando ni un solo euro. Y, por favor, no hagan demagogia o, en palabras más coloquiales, no mientan: ¿qué es eso de la denuncia del tercer sector, cuando el Ministerio de Hacienda saca un comunicado aclarando que bastaba que la interventora de la Generalitat comunicara el levantamiento por extraordinaria y urgente necesidad del acuerdo de no disponibilidad y el ministerio lo autoriza inmediatamente cuando se justifica adónde va dirigido el señalamiento del pago y la autorización del gasto? A mí la interventora de la Generalitat me ha mandado requerimientos pidiendo el levantamiento del acuerdo de no disponibilidad y no ha habido ningún problema, siempre y cuando se justifique la extraordinaria y urgente necesidad. Pero hay que seguir metiendo miedo, hay que seguir diciendo cosas que no obedecen a la realidad. El ministerio no tiene ningún problema, como lo ha demostrado; hemos recibido cartas vinculadas a lo que significaban fondos de la Unión Europea, pagos al ámbito del sistema universitario, pagos al ámbito del sistema, fundamentalmente del tercer sector, y no tenemos ningún problema, pero queremos que quien tiene la fiscalización previa y el control certifique que ese dinero queda destinado a ese fin último.

Cuando hemos descubierto, entre otras cuestiones, a los medios de comunicación, hemos pedido -y aquí están- ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que se investigue hasta el último céntimo de euro para ver adónde han ido a parar las subvenciones que se han otorgado a entidades como ANC u Òmniun Cultural, claro que sí, porque es dinero público. El otro día hubo un digital -que ha sido una ampliación de la denuncia que he firmado en mi condición de secretario de Estado-, El Confidencial, que establecía de manera textual que el Govern había destinado fondos de asuntos sociales para montar la Hacienda catalana. Tan pronto como el Ministerio de Hacienda ha tenido conocimiento, ha ampliado la denuncia original pidiendo que se investigue hasta el último céntimo de euro de los gastos que se sufragaron el día 1 de octubre, porque el 1 de octubre, a ojos de millones de españoles, se emplearon fondos públicos en unos actos que eran ilegales e inconstitucionales, y el 20 de octubre formulamos denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. ¿Quién puso a disposición los colegios electorales, muchos de ellos centros educativos, cuya titularidad está residenciada en la Generalitat de Catalunya? ¿Quién pagó con medios el traslado de determinadas urnas al objeto de que se procediese a una votación utilizando medios públicos? ¿Quién pagó los bienes corrientes y servicios, el suministro de agua o de luz de aquellas instalaciones que permanecieron abiertas? Tenemos la obligación de saber adónde se ha destinado hasta el último céntimo de euro. Esto es lo que establece la Constitución española en su artículo 1: España se constituye en un Estado social, democrático y de Derecho. Nadie está por encima de la ley y vamos a investigar hasta el último céntimo de euro en los hechos que acaecieron en Cataluña el pasado día 1 de octubre.

Señor presidente, termino una vez más poniendo en valor el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España en la puesta en marcha del modelo de financiación autonómica. El vigente modelo tiene 176 votos y es legítimo porque tiene la mayoría cualificada que le exige el instrumento normativo de la ley orgánica del artículo 81 de la Constitución española. Nosotros vamos a dialogar hasta la extenuación para que


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salga adelante la reforma del modelo de financiación autonómica. No está en nuestras manos o, mejor dicho, no está solo en nuestras manos, porque tenemos 137 diputados y nos hacen falta 39 votos más. Con Ciudadanos, con quien estamos hablando respecto a la reforma del modelo y lo seguiremos haciendo, estaríamos en 169 votos, nos faltarían 7 escaños. Pero ya les digo que es una prioridad que el Partido Socialista Obrero Español esté en el acuerdo, que el Partido Socialista Obrero Español esté en la negociación y que el Partido Socialista Obrero Español esté en el diálogo con el Gobierno de España. Para nosotros es una prioridad, y ustedes tendrán que explicar si están dispuestos o no a dialogar con el Gobierno de España para que haya nuevo modelo de financiación autonómica.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Moya.

Comenté al principio que iba a dar un turno breve de réplica. Son las siete y media. Esto son cinco minutos como mínimo, pero van a ser tres; es decir, que a los tres voy a cortar la palabra porque tenemos después tres puntos más en el orden del día.

En primer lugar, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Telegráficamente.

Lo de Cataluña, efectivamente, en estos momentos es una intervención por el artículo 155 y anteriormente eran llámele medidas de cumplimiento forzoso o lo que usted quiera, yo lo he llamado coloquialmente intervención. En cualquier caso, les apoyamos las medidas y creo que fue correcto. Ustedes se fiaron de los certificados de altos funcionarios de la Generalitat que les remitía el vicepresidente Junqueras pero se deberían haber tomado medidas anteriormente y se debería haber desplazado, en nuestra opinión, la Intervención General del Estado a Barcelona. Pero dejando eso aparte, estamos muy de acuerdo con ustedes en el recorte de impuestos. Hay otros partidos que no lo están, pero cuando ellos estuvieron en el Gobierno una de sus últimas medidas fiscales fue la libertad de amortización para grandes empresas. Algunos queremos bajar los impuestos a los que menos ganan y otros a las muy grandes empresas.

Respecto a los tribunales económico-administrativos, el plan que ustedes pusieron en marcha con nuestro apoyo es una buena idea y el trabajo que se está desarrollando allí por mis compañeros, como usted bien dice, me parece encomiable. Lo que no es una buena idea es dejar aquello sin un solo vocal nombrado válidamente en estos momentos, dejar a doce personas en funciones, porque esto, por cambiar el nombre a las vocalías, no tiene, en nuestra opinión, ningún sentido.

Para concluir, paraísos fiscales. Hay que ir a una lista europea, efectivamente. Esto hay que llevarlo a nivel europeo, pero el acuerdo que tenemos es que se revise la actual lista española para volver a incluir a aquellos países -legalmente se puede hacer- que no colaboran con las autoridades españolas. Ha puesto usted el ejemplo de Panamá, que sacó de la lista el Partido Socialista y que podría volver a incluirse. Por cierto, el anterior Gobierno socialista francés lo volvió a incluir y no ocurrió nada.

Por último, quisiera decir que la discusión de la semana que viene no va sobre foralidad de las dos leyes que traen ustedes aquí, va sobre la cuantía y la actualización del cupo. Nosotros no nos oponemos a la foralidad, nos oponemos a un cálculo que nos parece que perjudica notablemente a los habitantes del resto de España respecto a las administraciones forales del país vasco.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la concisión.

Señor Hurtado, en nombre del Grupo Socialista.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Señor secretario, su intervención me ha parecido impropia de un secretario de Estado. Usted viene aquí a dar cuentas. Somos nosotros quienes se las pedimos. Usted parece que ha venido aquí a pedir cuentas a otros. Con ese cuento vaya donde tenga que ir. Aquí tiene que dar usted cuenta de su trabajo; insisto, de su inactividad punto a punto. Usted no ha traído aquí un proyecto alternativo de financiación autonómica; después de todos los años que llevan de Gobierno no lo han presentado. Están mareando la perdiz. Usted no ha traído aquí un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal; no lo ha traído, que es su obligación; no lo ha traído. Por tanto, esa es la cuenta que tiene que dar usted. Usted no ha traído aquí una reforma del impuesto de plusvalía, por muchas reuniones que haya mantenido; usted no lo ha traído. Esa es la cuenta que tiene que dar usted aquí. Usted no traído aquí ningún tipo de


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modificación, ni el reglamento de los paraísos fiscales, ni la actualización de los paraísos fiscales; usted no lo ha traído. Esa es la cuenta que le pedimos; no lo ha atraído. Por cierto, no ha traído tampoco la financiación local, que también es de su encomienda. Y usted no es capaz de nombrar lo que ya le he dicho de forma insistente, ¿con qué autoridad moral le exige usted a los ayuntamientos que cumplan la regla de gasto cuando ustedes no han cumplido la regla de gasto? ¡Este Gobierno no ha cumplido la regla de gasto! ¿Por qué no responde usted a esto? ¿Por qué no han cumplido ustedes la regla de gasto? ¡Dígalo! ¿Qué sanciones se les van a poner? ¿Quién les va a intervenir a ustedes por no cumplir con la regla de gasto? Usted ha venido aquí dando más una visión de controlador y usted no está para eso solamente; para eso está la Intervención del Estado, para eso está el Tribunal de Cuentas, para eso están los órganos especializados en el control. Usted está aquí para solucionar los problemas y los problemas son estos que le he mencionado, y usted, cero patatero, no ha traído aquí ni una propuesta de iniciativa legislativa a este Parlamento. Esa es la cuenta que rinde usted aquí hoy, cero patatero, porque lo único que ha traído son fotocopias de declaraciones de unos y de otros, de dimes y diretes, de cuentos, en definitiva. ¡Dedíquese a trabajar! ¡Traiga proyectos legislativos porque esta Cámara es para debatir sobre proyectos legislativos! Tiene usted una responsabilidad muy fuerte y la está desatendiendo...

El señor PRESIDENTE: Han pasado ya los tres minutos, señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: ... y se está dedicando, no a ser secretario de Estado, sino a los dimes y diretes de cualquier politicucho.

Gracias. (Una señora diputada: Lo de politicucho que lo retire).

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: ¡Y a mí qué, Zapatero! Me da exactamente igual lo que dijo Zapatero porque realmente lo que hizo fue mentir, los datos están ahí.

Usted habla de la manifestación del 18 de noviembre; es que no le he entendido nada. Es que esa manifestación no es contra usted; es la expresión de un pueblo que lleva catorce años infrafinanciado. Esa es la cuestión. Y usted habla de los mecanismos de liquidez, pero no cuenta toda la verdad. Diga por qué pasó eso, por qué ocurre eso. Y eso tiene dos explicaciones: una, el déficit crónico que nosotros tenemos, porque las comunidades autónomas asumen gastos pero no tienen la suficiente capacidad tributaria y, dos, es que ustedes dejaron arruinada la Comunidad Valenciana, ustedes dejaron arruinada la Generalitat, y ese es uno de los motivos por los cuales somos los terceros o los segundos -no recuerdo ahora- en medidas de liquidez. Esa es la cuestión de fondo. Y usted me pregunta, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular por los valencianos? Yo me remito a los presupuestos de 2017, con una media en inversiones de 185 euros per cápita, media española; nosotros 119 euros, un 43 % menos de la media. Esos son los datos.

Por último, créame que empatizo con usted cuando llegó al Ayuntamiento de Jaén, porque a nosotros nos pasó lo mismo en Valencia. Pero nosotros, en dos años, hemos bajado la deuda un 17 %, y había picos hasta de 1200 millones. El pago a proveedores es de 5,3 días. En cambio, usted en Jaén pasó en 2011 -deuda viva- de 91 millones a 403 millones en 2015. Le digo que empatizo porque entiendo la problemática, porque nosotros sí que gobernamos y me ofrezco a decirle cómo se gestiona un ayuntamiento porque nosotros sí que estamos bajando la deuda, cosa que usted no pudo hacer en el Ayuntamiento de Jaén.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Les recomiendo que no entren en la política local porque después las explicaciones del señor secretario de Estado son amplísimas y tenemos tres puntos más en el orden del día.

En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Señor secretario de Estado, señor Fernández de Moya, le felicito por haber sido el alcalde más votado de su pueblo, pero ya sabe que donde nos jugamos las misas usted y yo, que es en Cataluña, ustedes solo tienen una alcaldía de 453 habitantes; lo digo por comparación.

Las catalanas y los catalanes contribuimos a las arcas del Estado con un 18 % del total de los ingresos del Estado, y Cataluña ¿qué recibe a cambio? No llega a un escaso 14 % entre el sistema de financiación


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y las inversiones que hace el Estado. ¿Qué es el FLA? ¿De dónde salen las misas del FLA, señor secretario de Estado? Usted ya lo sabe. Nosotros nos estamos autofinanciando y encima nos cobran intereses por el dinero, en este caso las cantidades que van a financiar el FLA.

En relación con el 1 de octubre, usted nos pedía rigor en las manifestaciones y en cómo nos expresamos. Yo le haré una matización a usted. Sí, la Ley del referéndum es inconstitucional; el referéndum no es ilegal, eso no está en ningún artículo del Código Penal, y usted lo sabe; sabe que cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta con el señor Aznar pusieron en el Código Penal un artículo que penalizaba la convocatoria de referéndums, lo que iba destinado claramente al señor Ibarretxe. El señor Rodríguez Zapatero lo primero que hizo cuando llegó al Gobierno fue aprobar una ley que despenalizaba la convocatoria de referéndums. Por tanto, como usted pide rigor, le digo: es inconstitucional, no ilegal, que es distinto.

En relación con cada céntimo de euro que se gastó, sí, busquen en las cuentas y luego háganlas públicas, pero, otra cosa, ustedes sean también rigurosos y transparentes en el gasto y en las cuentas públicas. Por eso exigimos que también sean transparentes y digan el gasto que se está haciendo y de qué partidas -dineros públicos que no se destinan donde toca- con la intervención militar que existe en estos momentos en Cataluña.

Y un último punto, no presuma de aquello que carecen porque el Gobierno del Partido Popular tiene una incapacidad política absoluta. Son incapaces de traer unos presupuestos generales porque no los pueden aprobar y, por tanto, solo se pueden fiar de su derecha, en este caso de Ciudadanos.

Respecto a Cataluña, la única manera que tienen ustedes de convencer y de vencer es a porrazo limpio y encarcelando a sus adversarios políticos; luego, ríanse ustedes y digan que la democracia en Venezuela es pobre.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

No voy a entrar en si es intervención o es tutela financiera; me parece que la cuestión terminológica es la menos interesante y creo que no le importa a mucha gente. La realidad es que el Ayuntamiento de Madrid está cumpliendo con la ley, esa es la diferencia. El Ayuntamiento de Madrid está cumpliendo con la regla de gasto, igual que otros muchos ayuntamientos, que lo que están haciendo mediante la generación de superávit es salvar precisamente las cuentas públicas de la Administración conjunta de todos los subsectores. Eso es lo que está pasando en los ayuntamientos, mientras que ustedes no están cumpliendo la regla de gasto. El Ayuntamiento de Madrid redujo la deuda en 2070 millones de euros y tiene un superávit de 1000 millones de euros. Es el ayuntamiento el que está cumpliendo. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es que se le aplique esta tutela financiera, intervención -llámela como usted quiera-, porque, como también decían otros portavoces, ¿está cumpliendo el Gobierno esta regla de gasto? No, la ha incumplido sistemáticamente en los últimos años y hace pagar los platos rotos de una Administración central chapucera -al cargo de la cual está el señor Montoro y usted también como secretario de Estado- a los ayuntamientos.

Usted ha venido a sacar papeles. Pues a mí me acaba de llegar una documentación del Ayuntamiento de Jaén. Sin querer entrar en mucha profundidad, ¿está cumpliendo Jaén la regla de gasto? No, el Ayuntamiento de Jaén no ha cumplido la regla de gasto nunca, ha aumentado la deuda de un 354 % a un 482 % en los últimos años. ¿Se le rechazan los planes económico-financieros al Ayuntamiento de Jaén? No, no se le rechazan. Aquí tengo el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Jaén, y se le insta por parte de su secretaría de Estado y su ministerio a que haga un acuerdo de no disponibilidad de 81 millones de euros. El Ayuntamiento de Jaén no hace este acuerdo de no disponibilidad y, sin embargo, su secretaría de Estado dice: con carácter excepcional se acepta la alternativa propuesta por el Ayuntamiento de Jaén. ¿Hay un doble rasero -pregunto- en el control de la regla de gasto y el ejercicio de la tutela financiera por parte de la secretaría de Estado? Porque esto sería muy preocupante y quisiera que el secretario de Estado lo explicara.

En todo caso, nosotros seguimos trabajando desde nuestros ayuntamientos para demostrarles que gestionamos mejor, de forma más justa y más eficiente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Concluye la representante del Grupo Popular, señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Primero quisiera pedir al señor Hurtado que retire lo que ha dicho sobre politicuchos, porque creo que esta Cámara se merece un respeto en el fondo y en las formas también. (El señor Hurtado Zurera: Retirado).

El señor PRESIDENTE: Para que conste, el señor Hurtado acaba de comunicar que lo retira.

La señora MADRAZO DÍAZ: Me parece bien.

En definitiva, como las explicaciones en la réplica las ha dado con mucha contundencia el señor secretario de Estado y le ha dado a cada uno lo que se merece (Risas) -quiero decir las explicaciones que se merece-, una vez más lo que me gustaría resaltar son los aspectos positivos. ¿Qué es lo más positivo? ¿Por qué podemos hacer ahora un sistema de financiación nuevo, una reforma del sistema de financiación mejorando los servicios que se prestan a los ciudadanos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Por qué lo podemos hacer? Gracias a que la política económica y fiscal de los Gobiernos del Partido Popular ha conseguido que hoy tengamos dinero en las Haciendas públicas, que tenga dinero el Estado, que tengan dinero ayuntamientos y comunidades autónomas. Ese es el aspecto en el que tenemos que poner el foco y, a partir de ahí, trabajar juntos para que ese sistema de financiación sea una realidad, y el Partido Popular solo, por aritmética parlamentaria, no lo puede hacer. Por eso pedimos la colaboración del Partido Socialista y que trabajemos juntos para mejorar España, que es para lo que estamos aquí.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Concluye el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Muy brevemente y muchas gracias, presidente, agradezco su benevolencia.

Tan solo dos reflexiones. Yo reitero que estoy encantado de hablar del Ayuntamiento de Jaén. Mire el informe que también tiene el Ministerio de Hacienda sobre una deuda estructural de los últimos diez años. Lo digo para que seamos objetivos en lo que representa fundamentalmente una comparativa, que además se produce con una ciudad que tiene 116 000 habitantes. Lo digo para que seamos conscientes. Pero yo, como usted no lo ha leído, se lo leo; se lo leo porque si no, al final, queda en la nebulosa, y a mí no me gusta que quede nada en la nebulosa. Resolución denegatoria de SGFAL al PEF de Madrid. Primero, el techo de gasto tomado como referencia para el año 2017-2018 por el Ayuntamiento de Madrid se aparta de la senda legal que le corresponde al utilizar para su cálculo unos empleos no financieros que exceden de la tasa máxima de variación actualizada para cada ejercicio. Esto lo sabía la señora alcaldesa desde el mes de marzo, dicho en el Ministerio de Hacienda por el equipo técnico de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en presencia de la interventora y del señor Sánchez Mato. A las primeras sí venía el señor Sánchez Mato, a la última ya no se incorporó. Si tienen problema, es el suyo, no es el mío. Segundo, algunas de las medidas propuestas en el PEF son insuficientes para hacer retornar al Ayuntamiento de Madrid a la senda de gasto que legalmente procede, habida cuenta de que con la proyección prevista se excede el límite de gasto nuevamente. Y, tercero, la diferencia entre la senda proyectada en el PEF con respecto a la senda legal al cierre de 2017 manifiesta una diferencia de 238 millones de euros, lo que constata la ineficacia del PEF presentado, dado que no reconduce la senda de gasto, sino que consolida a futuro el exceso de gasto sobre el límite legal. Ello puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad a medio y largo plazo.

Además, si esto es así, ¿por qué la alcaldesa de Madrid ha dicho públicamente que va a cumplir con lo que le dice el Ministerio de Hacienda? Porque además es jueza. Cumplirá con la ley. ¿O qué mensaje pretenden ustedes trasladar a los madrileños? ¿Que no va a cumplir? Porque ella públicamente ha dicho que va a cumplir. Después tiene un pie de recurso, dos meses ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y que los tribunales resuelvan. Pero cuéntenles la verdad a los madrileños y, sobre todo, pongan en valor lo que significa el cumplimiento de la ley. Yo le he puesto aquí ejemplos de Barcelona, de Zaragoza, de Málaga, de Sevilla, ciudades que pueden ser objeto de comparación, entre comillas, respecto a Madrid y le he descrito el escenario de cumplimiento de senda de gasto, cumplimiento de


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reglas fiscales y cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y el Ayuntamiento de Madrid, ocho meses y hasta en tres ocasiones, siendo plenamente conscientes -como se diría en derecho penal-, con conocimiento volitivo, es decir, con voluntad manifiesta de incumplir la ley. Y otro día, porque no me da tiempo, ya que usted ha hecho referencia al acuerdo de no disponibilidad, vemos cómo el Ayuntamiento de Madrid adoptó ese acuerdo de no disponibilidad y después, a través de remanentes de tesorería -coincidían epígrafes literales en el capítulo sexto de inversiones reales con el acuerdo de no disponibilidad- se disponía del dinero. Pero de eso ya hablaremos otro día. Yo no he querido entrar en el detalle desde el punto de vista de la política presupuestaria.

Termino. Agradezco sin lugar a dudas, querido presidente, el debate en esta Comisión. Soy plenamente consciente de lo que significa el desarrollo de una sesión política; por lo tanto, evidentemente, doy por asumida la retirada de una expresión que se produce en el fragor de un debate y además no la tengo en cuenta porque es buen amigo, somos compañeros de Andalucía, él de la provincia de Córdoba, yo de la de Jaén; forma parte del fragor del debate político, sin mayor importancia. Sí quiero terminar con un mensaje, la plena disponibilidad del Gobierno de España a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente Rajoy cogió a España con un déficit público que superaba el 9 % y cinco años y medio después, este año, terminaremos en el 3,1. Por lo tanto, hemos rebajado en 6,2 puntos el déficit público en el conjunto de la nación española y eso tiene dos protagonistas: la sociedad española en su conjunto y el Gobierno de España, con las reformas estructurales que hemos puesto en marcha a lo largo de los últimos años. Tenemos una gran oportunidad y yo llamo al principal partido de la oposición a que seamos responsables el Gobierno de España y el Partido Socialista, y otras fuerzas políticas con las que vamos a dialogar también para sacarlo adelante, como es el caso de Ciudadanos, y podamos traer a esta Cámara el proyecto de ley. Señor Hurtado, yo no puedo traer un proyecto de ley que no tenga el beneplácito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sería una temeridad por mi parte porque tiene que pronunciarse de manera vinculante el órgano colegiado creado en la propia ley vigente de financiación autonómica que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha sido un placer; quedo a su entera disposición. Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Le agradecemos al secretario de Estado su comparecencia.

Suspendemos la sesión por un minuto y reiniciamos inmediatamente. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY.

- SOBRE LA CESIÓN DE LA ANTIGUA REFINERÍA "LA BRITÁNICA" AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000154).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es una proposición no de ley sobre la cesión de la antigua refinería La Británica al Ayuntamiento de Alicante, del Grupo Parlamentario Mixto. En su nombre tiene la palabra el señor Candela por cinco minutos. Voy a ser bastante estricto en este caso.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.

Como ya estamos a horas un poco altas de la noche intentaré ser muy breve. Lo que presentamos aquí simplemente es nuestra voluntad de clarificar muy bien las competencias del gobierno multinivel o el Gobierno de comunidades autónomas, Estado Central y ayuntamientos, y lo que estamos pidiendo es la cesión de la antigua refinería más que nada porque, primero, se encuentra abandonada y, segundo, entendemos que nosotros en Alicante, en el sur, tenemos un gran tesoro que es el turismo, fundamentalmente de sol y playa, pero también hemos apostado económica y políticamente en el Gobierno de la Generalitat junto con el Partido Socialista por diversificar la oferta turística, y pedimos el voto favorable para la cesión de la refinería La Británica. Sabemos que el Partido Popular en Alicante también está a favor de esta cuestión y me consta que alguna gestión ya ha hecho vía Diputación de Alicante. Por tanto, creemos que no debería haber ningún problema para que esta propuesta fuese votada por unanimidad y que se iniciasen ya los trámites para la cesión y para que nosotros podamos apostar por un modelo turístico diversificado y no un monocultivo como hasta ahora.

Creo que he cumplido con el tiempo ¿no, señor presidente? (Risas).


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El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Se lo agradezco.

En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella (Denegación). Esto va muy bien.

En nombre del Grupo de Ciudadanos, señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario comparte el objetivo final de esta iniciativa, que es poner en valor y aprovechar nuestro patrimonio cultural. A Ciudadanos nos gustaría advertir y evitar que este objetivo final pueda quedar sepultado por un conflicto entre partidos o entre administraciones locales que miran por extender su influencia más que por el interés común. Ha comentado el portavoz que la Diputación de Alicante tiene el mismo interés. Este es un ejemplo de la excesiva duplicidad que existe a veces entre las diputaciones y los Gobiernos locales. Nosotros creemos que para sacar adelante este proyecto interesante sobre la antigua refinería La Británica requeriría que fueran explícitos en el tema de la financiación del ayuntamiento, que no ha precisado cuál sería y, desde luego, contar con la colaboración de todas las administraciones. En todo caso, vamos a apoyar la iniciativa de Compromís, como también lo ha hecho nuestro grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, porque creo que es una verdadera oportunidad de que este espacio sea compartido por los alicantinos y por mi querida Comunidad Valenciana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bosaho.

La señora BOSAHO GORI: Buenas tardes, señorías.

Como hemos podido leer en el contenido de la proposición no de ley y como también comenta nuestro compañero Ignasi, esta proposición no de ley parte de unos pequeños pasos que debemos ir dando para incluir en la agenda política cuestiones de vital importancia para nuestros territorios respetando, como no podía ser de otra forma, el marco de las competencias y demandando, asimismo, aquellos espacios de gestión pública que pueden ser aprovechados por la ciudadanía dentro de las políticas municipales, con el fin de dinamizar la gestión cultural y patrimonial, como es el caso que nos trae esta proposición sobre la ciudad de Alicante.

Como se plantea en la PNL, la actividad de esta refinería finalizó en los años sesenta del siglo XX, cuando las actividades de Campsa se trasladaron al puerto de Alicante. Más tarde, entre 1979 y 1981, sus terrenos pasaron a considerarse patrimonio del Estado. Varios son los agentes de la ciudad que han expresado la necesidad, como también ha mencionado nuestro compañero Ignasi, de que el espacio sea aprovechado para el interés común. El ayuntamiento expresa y defiende que sean las fuerzas municipalistas locales quienes asuman su gestión para así adaptarla al conjunto museístico de la ciudad. La idea concreta se resume en la intención de crear un espacio para la memoria histórica por el relevante papel que tuvo esta zona durante la guerra. Por esta razón, el pasado 13 de septiembre nuestro grupo parlamentario en Les Corts, por medio de una propuesta de resolución, instó al Consell a facilitar la mediación entre las instituciones competentes para que los terrenos de La Británica y los terrenos adyacentes a la Serra del Molinet, la Serra Grossa y el Campo de Los Almendros, primer campo de concentración tras la victoria franquista en Alacant, pasaran de manos del Ministerio de Fomento a ser titularidad de las instituciones valencianas a través de un consorcio participado por la propia Generalitat. Como se ha expresado, este espacio del patrimonio industrial es el único de la ciudad que tuvo un protagonismo singular en la Guerra Civil y está materialmente deteriorándose al estar abandonado por el Ministerio de Fomento. Las obras del tranvía han servido para recuperar parcialmente el entorno y por eso sigue siendo todavía desconocido para muchos alicantinos. Hemos de defender recuperar este lugar de los alicantinos y alicantinas con el objetivo de que sea gestionado por la propia ciudad. Queremos recordar, asimismo, que uno de los problemas más importantes de gestión pública y económica de nuestro territorio es la infrafinanciación; atajándose esta anomalía tendríamos resueltos muchos problemas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, votaremos a favor de esa PNL que insta al Gobierno a ceder la titularidad de la antigua refinería La Británica y los terrenos adyacentes del Ayuntamiento de Alicante.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, existen razones históricas, patrimoniales y de promoción de la actividad económica de la zona que avalan la petición formulada por el Ayuntamiento de Alicante y que se recogen en la proposición no de ley que hoy debatimos; razones históricas si tenemos en cuenta que la primera noticia sobre la existencia de esta refinería de petróleos en Alicante data de 1875, cuando se otorgó autorización para instalar dicha actividad en los locales de una antigua fundición conocida como La Británica, lo que la convierte en la primera o al menos una de las primeras refinerías de petróleo que se instaló en España y una de las pocas empresas destacables con que contaba la provincia de Alicante en aquella época. A principios del siglo XX esta refinería era ya un importante complejo industrial, llegando a abastecer a más del 50 % del mercado español en torno a 1914; una época en la que la utilización de los derivados del petróleo resultaba fundamental para avanzar en la industrialización. En 1929, cuando la empresa fue expropiada y Campsa pasó a ser titular del negocio, las instalaciones y terrenos de la refinería comprendían ya una superficie total superior a los 71 000 metros cuadrados. La expropiación obedeció a una nueva política emprendida por el Ministerio de Hacienda de la época, orientada a evitar el fraude fiscal en la comercialización de derivados del petróleo, controlando su distribución y las relaciones con las compañías internacionales de suministro. Diversos acontecimientos históricos posteriores como la guerra civil española o la Segunda Guerra Mundial imposibilitaron que se hicieran realidad los proyectos de Campsa para ampliar la factoría que, además, se vio afectada por los bombardeos que se produjeron sobre la ciudad de Alicante en 1938. De hecho, la otra planta de refino que existía en la ciudad, la de Industrias Babel y Nervión, quedó prácticamente arrasada por ellos. El desarrollo de los nuevos espacios de almacenamiento de combustible, galerías y pozos subterráneos no se produjo hasta bastantes años después de que concluya la guerra civil española, a partir de 1940. En 1966 empezaron a funcionar las nuevas y más modernas instalaciones de producción y distribución de combustibles de Campsa en el muelle de poniente del puerto de Alicante, con mayor capacidad y mejor conectadas. Ello provocó que las instalaciones fueran poco a poco abandonadas hasta que en 1979 y 1981 se firmó el acta de desafectación y entrega de los terrenos pertenecientes a Campsa a Patrimonio del Estado.

Por tanto, en la actualidad quedan pocos vestigios en superficie de la antigua refinería, pero la factoría subterránea se conserva bajo ella. Mantiene su trazado original, con sus galerías revestidas de hormigón y sus espectaculares espacios circulares adyacentes en buen estado de conservación. Se trata de unas instalaciones de gran envergadura que simbolizan el valor que tenía el petróleo durante la segunda mitad del siglo XX y que constituyen uno de los principales elementos del patrimonio industrial de la Comunidad Valenciana. Se trata de la única factoría subterránea que Campsa tuvo en España y que, además, es única en sus características. Otras son simplemente depósitos enterrados con abertura superior a cielo abierto. Esta es una espectacular instalación industrial ubicada bajo la montaña, con grandes galerías y enormes recintos abovedados para los depósitos de gasolina, catalogada en la actualidad como Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento de Alicante ha solicitado hacerse con la titularidad de esas instalaciones para crear un gran complejo cultural, integrando la riqueza arqueológica del entorno, donde se han encontrado restos de la Edad de Bronce y de las épocas ibérica, medieval o de la Guerra Civil.

Por último, para no alargarme, entraré en la tercera cuestión que planteaba. Por razones de promoción económica de la zona, porque, como se indica en la proposición no de ley, una intervención en este espacio de la Serra Grossa de Alacant sería la culminación de la transformación de esta parte de la ciudad que empezó con el Plan Bahía pero que lleva varios años paralizada. Un nuevo espacio como la antigua refinería La Británica transformado para diferentes usos ocuparía un lugar destacado como polo de atracción, permitiría poner en valor el patrimonio industrial que representa y diversificar la oferta turística hacia nuevos segmentos de mercado como producto de turismo industrial y cultural; razones suficientes como para que todos los grupos de esta Cámara votemos a favor de esta proposición no de ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


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La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Voy a ser rápida. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en poner en valor el patrimonio industrial de la ciudad de Alicante, así como diversificar la oferta turística hacia nuevos segmentos de mercado. El problema es que parece ser que se ha solicitado por parte del Ayuntamiento de Alicante y también por parte de la Diputación Provincial de Alicante esa cesión gratuita de la propiedad del inmueble denominado La Británica. Por tanto, como esto pertenece a Patrimonio del Estado, actualmente se está a la espera de que se completen las correspondientes solicitudes y se aclare definitivamente cuál va a ser la entidad a favor de la que se va a ceder el inmueble, pero votaremos favorablemente esta proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

- SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000323).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es una proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ha sido presentada por el Grupo Ciudadanos y en su nombre tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Trataré de ser breve y no repetir todas aquellas referencias que ya han sido tratadas en la comparecencia del secretario de Estado, el señor Fernández de Moya.

Señorías, quizá en este contexto de deslealtad y de inestabilidad institucional, sin entrar en las razones que durante tantos años ha reclamado mi grupo parlamentario en Cataluña, hoy traemos a debate una proposición no de ley presentada ya hace un año sobre un tema que además no es baladí, preocupa realmente a todos los grupos parlamentarios y así lo hemos escuchado, y esperamos tramitar a la mayor urgencia posible ese proyecto de ley orgánica en esta legislatura: la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Estoy seguro de que en el detalle habrá algunas diferencias, pero espero que esta proposición no de ley sirva para subrayar realmente nuestros puntos en común, que son muchos. Sin ir más lejos, en mi apreciada Comunidad Valenciana el próximo sábado 18 de noviembre se ha convocado una manifestación para, por enésima vez, reclamar lo que es de justicia. Este problema no solo se resuelve con mostrar públicamente la posición, sino que además hay que tener una voluntad inequívoca de reformas, de consenso y, por supuesto, democrática. Voy a dar tres razones muy rápidamente. Una, porque la propia ley lo exige, así lo establece la Ley Orgánica 22/2009, que en 2014 debería haberse revisado; dos, porque en esta legislatura además se ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo de investidura que en nuestro punto 123 así lo recoge; y tres, porque además es un clamor popular y su mejora contribuirá a evitar los discursos populistas, nacionalistas e incluso secesionistas, como el que hemos escuchado de que 'España nos roba'. Es cierto que se han dado los primeros pasos, así nos lo ha recordado el propio secretario de Hacienda y no los voy a repetir, pero es llamativa la ausencia voluntaria de un representante por parte de Cataluña y es triste que no estén representados los ciudadanos catalanes en estas negociaciones.

Sabemos y conocemos las debilidades del sistema. Además, conocemos los informes y no voy a entrar en la descripción de los mismos, tanto de Fedea como de los expertos que se han realizado como en las propias manifestaciones del presidente de la Airef. Solo daré una referencia y es que, según datos aportados por Ángel de la Fuente, Fedea y el Instituto de Análisis Económico, existen más de 35 puntos de diferencia en el régimen común entre distintas comunidades. Le pongo el ejemplo de la mía, la Comunidad Valenciana, con un 94,6 % y la de Cantabria, con un 130 %. Todo esto está, como digo, mejor explicado en el informe de expertos. Para nosotros, lo que debemos garantizar realmente es la igualdad de acceso a todos los ciudadanos españoles, a los servicios públicos esenciales y la equidad en el reparto de recursos entre comunidades autónomas y, desde luego, articular más cooperación y más transparencia para alcanzar una mayor corresponsabilidad fiscal dentro de un marco de lealtad institucional.

Termino. En conclusión, hoy les proponemos aunar esfuerzos, hoy les proponemos un llamamiento para impulsar, exigir y consensuar este modelo de financiación que resuelva las insuficiencias del sistema y garantice los siguientes principios: Uno, igualdad, de modo que se garantice el acceso efectivo de los


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servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos. Dos, equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos, como así se establece con los distintos fondos. Tres, transparencia, de modo que ese mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible. Y cuatro, corresponsabilidad fiscal, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema. Creo que es el momento de no entrar en un debate del 'tú más'. Creo que no es el momento de si esa Ley Orgánica 22/2009 fue establecida por el PSOE, creo que tampoco es el momento de que el Partido Popular con mayoría absoluta no la reformó en 2004, creo que es el momento de que resolvamos con consenso este problema que acucia a la financiación de nuestras comunidades autónomas y, en definitiva, a los servicios básicos de sanidad, justicia, educación y servicios sociales.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero preguntar a Ciudadanos si va a aceptar nuestras enmiendas o no. En segundo lugar, es de justicia agradecer a Ciudadanos -fíjense lo que digo- que el día 18 de noviembre esté junto a empresarios, universidades, sociedad civil y partidos políticos defendiendo una cuestión que es justa, que es que queremos una financiación justa porque somos una anomalía democrática con un PIB per capita menor a la media y aportamos como una comunidad autónoma rica. Queremos invitar también al Partido Popular -¿por qué no?- a que se sume a esa manifestación. Esa manifestación parte de la constatación histórica de que, independientemente de quién ha gobernado en Madrid en el Estado y quién ha gobernado en la Comunidad Valenciana, la infrafinanciación siempre ha sido un hecho. El 18 de noviembre se inicia una vía diferente para reclamar lo que es justo y, por eso, creo que es necesaria.

Las enmiendas que hemos aportado son tres. Una es que cuando Ciudadanos dice "con el fin de consensuar entre las diferentes fuerzas políticas, y entre ellas al menos aquellas mayoritarias..." entendemos que también hay que hablar de aquellas fuerzas mayoritarias en las respectivas comunidades autónomas, ya que tienen atribuciones de gobierno. En segundo lugar, tal y como afirma el informe de los expertos, hay que hablar de la cuestión referida al statu quo que antes he mencionado. Y, en tercer lugar, debería incluir el punto 2 del acuerdo al que llegamos todos los partidos de Les Corts Valencianes, que acuerda reconocer los déficits de financiación acumulados y establecer mecanismos de compensación de dichos déficits.

Me gustaría terminar con una cuestión. No hace demasiados días a Ciudadanos les reñían desde el Partido Popular porque argumentaban que no todo en política vale. Yo estoy de acuerdo con que no vale todo en política. No valen la corrupción ni el saqueo que sufrimos en Valencia y no vale esto. (Muestra una gráfica). Esto es lo que no vale en política. Esta es la cuestión fundamental que no vale en política.

Muchas gracias. Quedamos a la espera de que don Vicente Ten tenga a bien decirnos si acepta o no las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candela.

Yo tengo que usted ha presentado una sola enmienda. No sé si es que tiene tres partes.

El señor CANDELA SERNA: Es una enmienda pero dividida.

El señor PRESIDENTE: Se refiere a que contiene tres partes, pero es una sola enmienda. Perfecto. Al final lo aclararemos.

En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella, que renuncia.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Es una PNL que, como decía el señor Ten, tiene un año y, a la luz del debate que hemos tenido hoy, se nos queda corta, porque contiene una serie de principios muy genéricos sin concretar nada más. Criticábamos al Gobierno porque no venía con ninguna propuesta concreta, pero la PNL tampoco aporta muchas propuestas concretas.


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Quería hacer cuatro reflexiones. La primera es sobre el espíritu o el modelo territorial que hay detrás de esta PNL a pesar de que no se explicite de una forma clara. En la exposición de motivos recuerda la Constitución de 1978, el grado de descentralización que tiene España y viene a decir que el sistema autonómico es la expresión de la voluntad de muchos españoles de tener una Administración más cercana. Esto es solo parcialmente cierto, porque hay comunidades -como Cataluña, Euskadi o Galicia- en las que no se trata de una cuestión de descentralización administrativa, sino que el fondo del debate del modelo de financiación es que las comunidades autónomas -hablo por Cataluña- tengan capacidad real de realizar políticas propias en ámbitos competenciales claros, que es lo que no tenemos en estos momentos. Por tanto, no es solo una cuestión de descentralización administrativa, sino de cómo articular en este caso la diversidad plurinacional que tiene España.

En segundo lugar, Ciudadanos siempre plantea el mismo problema. Dice que el problema de las comunidades autónomas son los gastos superfluos -televisiones autonómicas, oficinas en el exterior-, aunque esta vez no ha mencionado la política lingüística; pero el problema real no es este. El problema real es la falta de suficiencia financiera, de ingresos fiscales suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía y para financiar los servicios públicos. El problema han sido las contrarreformas fiscales, el problema ha sido la política de consolidación fiscal regresiva, que ha tenido un efecto muy nefasto en los servicios sociales de las comunidades autónomas.

La tercera reflexión es una cuestión en la que estamos de acuerdo y que se dice en el preámbulo de la PNL, que es que hay una falta de correspondencia entre la capacidad fiscal de las comunidades autónomas y su financiación final. Es el problema que parcialmente se intentó resolver en 2009 con la creación del Fondo de garantía de sostenibilidad de los servicios públicos, pero con la creación de los famosos tres fondos al final el resultado es injusto para muchas comunidades autónomas, donde la posición final en el ranking de financiación de las comunidades no se corresponde o está muy lejos de su capacidad fiscal, lo que genera falta de equidad real y muchos agravios.

La última cuestión es que también sorprende que cuando se insta a la aprobación del nuevo modelo de financiación no se habla del papel que deben jugar las comunidades autónomas. Históricamente se ha producido una negociación o un diálogo bilateral de las comunidades autónomas con el Gobierno, un diálogo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, y luego la aprobación en el Congreso de los Diputados, y nos sorprende que se excluya a determinadas fuerzas políticas. Habla de las grandes fuerzas políticas. Gracias por incluirnos, pero entiendo que quedarían fuera fuerzas políticas tan importantes como Compromís, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana o el PDeCAT, con toda la distancia política que pueda haber, pero creo que es un mal enfoque de cómo se tiene que hacer una negociación sobre la financiación autonómica.

Finalmente, echamos en falta principios más claramente definidos, como el de suficiencia financiera, el de autonomía financiera, la participación de los agencias tributarias autonómicas en la gestión de los tributos. En fin, creemos que lo que hay detrás de ese modelo que se plantea, de estos principios, con los que es difícil estar en desacuerdo, es un modelo de Estado muy diferente al que nosotros defendemos, muy uniformizante y, en definitiva, uninacional.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, con esta PNL que presenta en esta ocasión Ciudadanos podríamos hablar de un auténtico Día de la Marmota, y todos seríamos aquí como una especie de Bill Murray haciendo el papel de Phill Connors en esta historia de la financiación autonómica -permítanme que se lo diga, señorías-, aunque si alguien debería protagonizar lógicamente esta película, sería el señor Montoro, y la marmota sería el objetivo de la reforma, que entiendo, supongo y deseo -al menos por el bien de todos los españoles y las españolas- que todos lo tengamos en nuestra cabeza. La tormenta de nieve sería el problema que atrapa al señor Montoro, que en los actuales momentos es el problema territorial de Cataluña; antes fue el hecho de no formar Gobierno durante el año 2016, las segundas elecciones tras esta legislatura abortada; antes, en el año 2015, fue el tema de no dejar una herencia, y antes quizás las elecciones, que en este caso fueron autonómicas o municipales. En fin, un conjunto de excusas -como se ha dicho aquí anteriormente-, de argumentos más o menos motivados que sirven para no afrontar un problema que, como en tantas otras ocasiones, el señor Rajoy sigue guardando en su particular nevera. Muchas excusas,


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creo yo, sinceramente, señorías, para quien no le tembló el pulso a la hora de regular otras cuestiones de nuestra vida parlamentaria y en algunos casos muy nocivas para los intereses y derechos de los ciudadanos.

Señorías, el Gobierno de Rajoy a día de hoy -no sabemos qué va a pasar con el calendario que ha previsto aquí el secretario de Estado- no ha reformado el sistema de financiación sencillamente porque no ha querido hacerlo, porque prefirió poner en marcha un mecanismo de préstamos condicionados con el que limita la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, con el que les ofrece liquidez a cambio -en este caso- de necesarios recortes. Exigimos en el Grupo Socialista, señorías, que el señor Montoro se manifieste y declare si su visión de Estado es la de un Estado autonómico, cuasifederal pensamos muchos, pero no solamente en el papel sino en la práctica, porque nuestras comunidades autónomas se merecen un mayor respeto a la hora de exigirles lo que no es capaz el señor Montoro de exigirse a sí mismo cuando, por ejemplo, en los objetivos de déficit no se exige a la Administración central los mismos objetivos que se están exigiendo a las comunidades autónomas. Un mayor respeto a la hora de dotarles de una mayor autonomía y una mejor corresponsabilidad fiscal sería la mejor forma, entre otras cosas, de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Señorías, el Gobierno de Rajoy olvida con frecuencia unas palabras de un antiguo secretario de Estado, que hablaba de las comunidades no como esas islas unidas por el istmo de los estatutos, sino que son también Estado, y a veces se nos olvida. Los ingresos que han de recibir no son más que la parte que les corresponde de esa recaudación total y no una concesión graciosa o discrecional que hace el Gobierno de España.

Señorías, vuelvo a la película Atrapado en el tiempo. Dejemos de dar motivos a los ciudadanos y las ciudadanas españolas para cambiar de canal porque están cansados de estar atrapadas en el tiempo y prefieren en ocasiones ver MasterChef, por ejemplo, que seguir viendo cómo el señor Montoro, no tanto como una marmota sino como ese hámster que todos teníamos de pequeños, da vueltas y vueltas en esa ruleta.

Muchas gracias, señor presidente. Votaremos, en todo caso, a favor de la iniciativa presentada por Ciudadanos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Marí.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Con brevedad, para no tenerles atrapados en el tiempo en exceso y porque ha habido previamente la comparecencia del señor secretario de Estado, Fernández de Moya, en la que ha explicado con meticulosidad el proceso en el que estamos inmersos de debate sobre la evaluación y la revisión del sistema de financiación autonómica.

Al Grupo Parlamentario Popular le interesa venir a señalar dos reflexiones. Coincidimos en la pertinencia del debate de evaluación y revisión del sistema de financiación autonómica. Creo que en eso coincidimos ampliamente todos los grupos y coincide también en ello el Gobierno de la nación y todas las comunidades autónomas. Ese debate se está produciendo, y con profundidad, desde el acuerdo de la Conferencia de Presidentes autonómicos de 17 de enero de este año. Estamos en el punto en el que estamos -y lo ha manifestado el secretario de Estado de Hacienda- en el que las comunidades autónomas tienen que formular en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación sus apreciaciones sobre el informe del comité de expertos. Por tanto, señorías, los trabajos se están desarrollando, creemos que de forma concienzuda y al ritmo que nos permita tejer un amplio acuerdo. Esto último, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, es lo fundamental, tejer un amplio acuerdo respecto a la revisión del sistema de financiación. El sistema de financiación autonómica no puede ser el sistema impuesto por el Gobierno de la nación, y el Gobierno de la nación es consciente de ello. El Gobierno de la nación lo que busca es el acuerdo de todos. Tampoco la ley del sistema de financiación autonómica, y lo digo con respeto, señor Ten, puede ser la ley naranja de financiación. Creo que esto lo entiende todo el mundo, y lo digo en sentido afirmativo, aunque a lo mejor lo debería decir en sentido interrogativo: ¿Esto lo entiende todo el mundo, señor Galeano? ¿Se entiende que la revisión del sistema de financiación requiere un amplio acuerdo de todas las comunidades autónomas? ¿Se comprende que para tejer un amplio acuerdo parlamentario primero es preciso que los diferentes partidos conformen su posición escuchando y comprometiendo la posición de aquellas comunidades donde gobiernan? ¿Entendemos esto? Porque, por algunas intervenciones, parece que no se entiende lo más básico, y creo


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que debemos entendernos en lo más básico. Si perseguimos un sistema que, como el de 2009, deje fuera a la mitad de las comunidades autónomas y a casi la mitad del arco parlamentario, el fracaso está asegurado, señorías, como bien puede decirse que fracasó el sistema de financiación de 2009 al ser sus hacedores los primeros críticos del sistema de financiación vigente. El sistema de financiación de 2009 tiene muchas virtudes y tiene algunos defectos, que conocemos. Sabemos las virtudes, sabemos los defectos y creo que el Partido Socialista tiene su propia opinión sobre ello y puede afirmar que es un buen sistema, pero no lo pongan como ejemplo de acuerdo respecto de lo que significa un sistema de financiación de nuestras comunidades autónomas. En opinión de mi grupo, esta es la clave, señorías.

Podemos venir aquí cada día a decirle al Gobierno que haga esto o que haga lo otro respecto del sistema de financiación; podemos proponer aquí cada día en esta Comisión que se contemple este principio, el otro o el de más allá; podemos venir incluso cada día a declamar uno tras otro los muchos defectos que tiene el sistema de financiación de 2009, pero lo trascendente seguirá siendo, señorías, si existe voluntad cierta de negociación, si existe voluntad cierta de negociarlo, porque este proceso de reforma exige transigir a favor del acuerdo, poner el mínimo común denominador que permita un buen sistema de financiación transparente y sencillo en la asignación de recursos, suficiente en la atención de las necesidades de los servicios públicos fundamentales. Esta es la clave en opinión del Grupo Parlamentario Popular, señorías; el Grupo Popular está por la labor y extiende la mano a ello. Y prueba de que estamos por la labor es el voto favorable que daremos a la proposición no de ley que se nos presenta renunciando a su enmienda porque creemos que, más allá de este o del otro matiz, lo esencial, señorías, es ir tejiendo la complicidad necesaria para que cerremos un buen acuerdo a favor de nuestros conciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí.

Señor Ten, hay presentada una enmienda del Grupo Mixto. ¿La acepta?

El señor TEN OLIVER: Buscando precisamente el consenso de todos los grupos parlamentarios, dejamos la proposición no de ley en sus propios términos y no aceptamos la enmienda.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Así se votará entonces.

Muchas gracias.

- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002338).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día. Proposición no de ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Como ustedes saben, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fue un desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo que ha quedado supeditado al conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. Pero ¿qué pasó antes de que se aprobara esta ley en 2012? El incremento del déficit y la deuda durante los años posteriores a la crisis fue consecuencia de la activación de los estabilizadores automáticos en forma de aumento, coherente con el contexto de creciente desempleo y exclusión. A esto se sumó la importante carga que está suponiendo el rescate bancario desde el año 2009, según el Banco de España, que va ya por 60 000 millones. Del mismo modo, el nuevo marco establecido por la reforma del artículo 135 y la posterior aprobación de la Ley de estabilidad se encuentra muy lejos de explicar la reducción de la prima de riesgo que se ha producido durante los últimos años. La prima de los títulos de deuda pública no dejó de subir hasta superar los 600 puntos básicos, a pesar de estas modificaciones regulatorias. Hasta el anuncio, en el mes de julio del año 2012, por parte del presidente del Banco Central Europeo, acerca de la reorientación de la política monetaria de la institución, la prima de riesgo no comenzó a descender. Es


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decir, ni las supuestas insuficiencias del anterior marco regulador fueron responsables del desequilibrio de las cuentas públicas ni la adopción del nuevo marco es lo que ha asegurado la reducción de dicho desequilibrio. En este contexto, la inclusión de la regla de gasto resulta muy difícil de justificar. En primer lugar, resulta por sí cuestionable referenciar la variación del gasto de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas a una previsión del crecimiento. Resultaría más lógico asegurar un nivel de gasto que permitiese una financiación correcta de los servicios públicos fundamentales, tales como educación y sanidad, entre otros.

Por otro lado, tal y como se encuentra formulada la regla de gasto, implica necesariamente una pérdida continuada de peso del gasto público sobre el PIB en un contexto ya significativo de alejamiento de nuestro país respecto a los niveles medios de la Unión Europea. Hay que resaltar, además, que detrás de esta brecha con Europa respecto al relance del gasto público, se esconde una situación de infradesarrollo del Estado del bienestar español. Además, la regla de gasto supone un agravio comparativo para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos respecto al grado de exigencia y consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración central, como ya señalábamos antes. En efecto, el mal diseño de la regla de gasto provoca que se aplique de manera independiente respecto al objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del conjunto del Estado.

Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más exigente en términos de consolidación fiscal que el que se debería de aplicar al objetivo de estabilidad. A diferencia también del caso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, no existe una evaluación real del cumplimiento de la regla por parte de la Administración central. Todo esto provoca que el esfuerzo de consolidación que se exige a los ayuntamientos sea mayor del que sería equitativo exigir en consonancia con la responsabilidad de estas corporaciones que deben tener respecto al cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. No es de extrañar, por tanto, que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de los ayuntamientos el que haya hecho posible conseguir el objetivo de estabilidad financiera en los últimos años.

Por último, tal y como explica la misma Airef, la aplicación de la regla de gasto que se deriva de la Ley de estabilidad es distinta a la interpretación que se hace de ella a nivel europeo y en otros países de la Unión Europea, donde el indicador del objetivo a medio plazo, y por tanto su incumplimiento, no tiene sanciones asociadas. Nuestra regulación, en cambio, impone una regla de gasto injustificadamente rígida en todas y cada una de las administraciones, basada en unas previsiones volátiles y cambiantes que las administraciones autonómicas y locales se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de mayor control y sanciones por parte de la Administración central. En conclusión, la obligación de cumplir con la regla de gasto supone una injerencia en la autonomía local, especialmente difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de ayuntamientos tienen superávit. En este sentido, el caso del Ayuntamiento de Madrid es especialmente significativo, como comentábamos anteriormente. El ministerio ha intervenido las cuentas o ha ejercido la tutela financiera sobre las cuentas del ayuntamiento -no importa el término-, que desde que llegó el nuevo equipo de Gobierno lleva presentando importantes superávits, más de 1000 millones de euros desde el año 2016, y que ha reducido ya un 40% la deuda que dejó el anterior consistorio. Cabe decir que la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 20 % dicha deuda, por tanto, no cumple con los objetivos que se plantean. Para acabar con este tipo de distorsiones, se impone llevar a cabo una profunda modificación de la regla de gasto que, en resumen, permita un reparto equilibrado del esfuerzo de consolidación presupuestaria entre administraciones que asegure que los ayuntamientos puedan utilizar los recursos de los que ya disponen para mejorar la prestación de servicios públicos de su competencia y que evite intervenciones del todo injustificadas, como a las que estamos asistiendo durante estos días en ayuntamientos que, de hecho, cumplen los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el control de la morosidad.

Hemos presentado una enmienda transaccional a la proposición no de ley inicial que lo que plantea básicamente es que aquellos ayuntamientos que cumplen con los objetivos de estabilidad, aquellos ayuntamientos que tienen superávit y que tienen las cuentas saneadas, puedan quedar exentos del cumplimiento de esta regla de gasto. Esta enmienda transaccional ha sido pactada con el Partido Socialista y Compromís, así que la votaremos en esos términos. Esperamos sinceramente recibir el apoyo de todos los grupos parlamentarios para esta propuesta.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela. (Pausa). No interviene.

Señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Desde el Grupo Vasco vamos a apoyar esta PNL que hoy se nos plantea, aunque también hay que decir que en febrero debatimos una moción similar presentada por el Grupo Socialista para intentar reconducir la regla de gasto, que lo que hace es limitar la capacidad de gasto de las entidades locales, incluso cuando estas tienen superávit, limitando por tanto que puedan tener más recursos. Una regla que sí ha servido, entendemos, para cuadrar las cuentas de otras administraciones y por tanto cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa. Es verdad que la regla de gasto no responde a un cálculo contable como el déficit o la deuda, sino que es una estimación del nivel de crecimiento que debería tener el PIB a medio plazo para no generar excesiva inflación. La opción adoptada por Europa, en cambio, sí es consistente con la naturaleza de la regla de gasto que, en primer lugar, incorpora elementos discrecionales; en segundo lugar, se calcula como un promedio plurianual y, en tercer lugar, genera un dato que es muy sensible al periodo concreto que se toma como referencia. En contraposición, el déficit y la deuda pública tienen una naturaleza más objetiva y se calculan para cada año. En este sentido, entendemos que el Gobierno ha ido más allá de lo que se hizo en Europa y se ha excedido en la regulación de la misma.

Es verdad que las consecuencias para los ayuntamientos a la hora de aplicar esta regla de gasto es una disminución de la capacidad de decisión de los mismos, tutela por parte de los niveles superiores y ajustes o recortes. Es imposible utilizar el remanente de tesorería derivado del superávit y, por tanto, no se puede destinar ese dinero para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas a través de inversiones, políticas sociales, etcétera. Además, los ayuntamientos tienen poco margen para aumentar sus ingresos, por lo que tienen poca capacidad normativa para regular impuestos. Por todo ello, entendiendo que hay ayuntamientos que cumplen con los objetivos de déficit y reducción de la deuda, es necesaria una modificación de la aplicación de esta regla de gasto y por eso la vamos a apoyar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella. (Pausa). No interviene.

Por el Grupo de Ciudadanos, señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Con brevedad. Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley porque compartimos la necesidad de modificar la regla de gasto pero creemos que sí tiene que haber una regla de gasto, tenemos que tener estabilidad financiera. Estamos de acuerdo en que la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debería ir a modificar y diseñar la aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales, en particular la interpretación que prevalece en general en el entorno de la Unión Europea. Sin embargo, esto es incompatible con eximir a algunas entidades que presentan cuentas saneadas de esta regla de gasto, que de hecho solamente tiene efectividad en aquellas entidades que presentan cuentas públicas saneadas, porque si estas entidades están bajo supuestos de elevada deuda, déficit recurrente y demás, la propia regla de gasto en sí no aporta nada en cuanto a la disciplina de estas entidades. Nos parece bien que se posibilite a las entidades locales que inviertan su superávit en inversiones que sean financieramente sostenibles, y no para otras cuestiones.

Respecto al último punto, el análisis del coste financiero soportado por las entidades locales para impulsar un abaratamiento de costes y el saneamiento de la deuda municipal, entendemos que en buena medida ya se está haciendo, pero tampoco tendríamos inconveniente en votarlo favorablemente. Creemos, en suma, que en España se necesita una modificación de la regla de gasto; sin embargo, los términos en los que viene esta proposición no de ley nos convencen algunos puntos sí y otros no y por eso nos abstendremos. Creemos que esto no debería justificar la particular situación del Ayuntamiento de Madrid, donde, en nuestra opinión, ha habido una gestión financiera claramente mejorable y en segundo término se ha ido buscando deliberadamente el enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda. Nos puede parecer que la regla de gasto, como efectivamente lo es, es mejorable, pero la regla de gasto actualmente contenida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tiene que


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cumplirse como el resto de las leyes y no podemos dedicarnos a incumplirlas alegre y gratuitamente. En consecuencia, señor presidente, nos abstendremos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista reconoce la labor de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de los más de ocho mil municipios españoles. Hoy en día, el superávit de las cuentas públicas y de las administraciones locales está siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea. De hecho, son estos superávits los que están compensando los incumplimientos de la Administración central y la Seguridad Social, los dos niveles de la Administración que gestiona el Gobierno de España. Este reconocimiento cobra todavía más importancia si recordamos que allá por 2012, cuando el Gobierno de Rajoy puso en marcha su reforma local destinada a recortar competencias y reducir la autonomía de los ayuntamientos, no tuvo ningún reparo en alimentar el desprestigio de los gobiernos municipales, poniendo el foco en los altísimos déficits de algunos ayuntamientos muy concretos -la mayoría de ellos gobernados por el Partido Popular- y en los sueldos de los alcaldes y concejales, cuando es bien conocido que muchos de ellos perciben retribuciones más bien escasas y en bastantes casos ni siquiera cobran un sueldo por su labor. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, aprobada sin escuchar a la mayoría de los alcaldes, limitó la autonomía local y las capacidades de los ayuntamientos para atender las demandas de sus vecinos. A pesar de ello y del creciente rechazo que suscita entre la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas, ahí continúa vigente, casi cuatro años después de su entrada en vigor, porque el Gobierno del Partido Popular ha desoído no solo a esa mayoría de alcaldes, sino a este propio Congreso de los Diputados, que le ha instado en varias ocasiones a derogarla o al menos a reformarla en profundidad, y no lo ha hecho.

Junto a esa ley, ha resultado muy perjudicial para los ayuntamientos la llamada regla de gasto, que impone un corsé uniforme para todos y que limita el aumento de gasto de forma homogénea, sin tener en cuenta la situación financiera de cada ayuntamiento, cuando esta es muy variada, y al hacerlo así se convierte en discriminatoria porque trata igual a un ayuntamiento con las cuentas saneadas que a otro que no las tiene, y además tiene fallos de diseño evidentes. Mi grupo, el Grupo Socialista, ya ha señalado en otras ocasiones que de acuerdo con lo exigido por la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, habría de fijarse el techo de gasto de un año determinado en función de las previsiones de gasto que figuran en el presupuesto del año anterior y no en función del gasto liquidado en el mismo. Precisamente lo que plantea la enmienda del Grupo Socialista es mejorar el diseño de la regla de gasto de acuerdo con las mejores prácticas vigentes en otros países y teniendo en cuenta que las cuentas públicas deben ser sostenibles a lo largo del ciclo, esto es, a lo largo de periodos que combinan fases de contracción y expansión de la actividad económica. Mientras tanto, se debería modular la aplicación actual de la regla de gasto en las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, teniendo en cuenta indicadores diversos de esfuerzo fiscal como nivel de superávit presupuestario, cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o volumen de los remanentes de tesorería. Que un pequeño exceso sobre el techo de gasto derivado de la aplicación de la regla sea penalizado, como está ocurriendo en el caso de Madrid con su ayuntamiento, mientras en este municipio la deuda se rebaja más de lo previsto y el saldo presupuestario mejora también las previsiones nos parece incluso contradictorio con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Dando más capacidad de gasto a los municipios que logran rebajar déficit y deuda por encima de lo previsto se estaría generando un incentivo para alcanzar estas rebajas mediante una mejor gestión. Las entidades locales son las administraciones más cumplidoras. Su superávit aporta al conjunto más de medio punto del producto interior bruto; a nivel global cumplen con el techo de gasto, pagan puntualmente a sus proveedores y, sin embargo, continúan estando sujetos a fuertes limitaciones para la reinversión de su superávit, que se podría estar dedicando a inversiones destinadas a atender las necesidades sociales y a generar empleo. Por eso, en nuestra enmienda también proponemos flexibilizar esas limitaciones para la reinversión del superávit.

Hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que elimina el concepto equívoco de mezclar regla de gasto y artículo 135 de la Constitución, que aparecía en la iniciativa de su PNL, y hemos presentado una transaccional en la que destaca el objetivo de reformar la regla de gasto tomando como referencia la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea. Un segundo punto para eximir de la aplicación de la regla de gasto a las


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entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas en función de la posición cíclica de la economía en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los ayuntamientos. Los puntos tercero y cuarto de la transaccional son una ratificación de una moción aprobada en el Pleno del Congreso el 9 de febrero a iniciativa del Grupo Socialista, que además fue defendida por el presidente de esta Comisión, con lo cual estamos agradecidos al grupo proponente por aceptarlos en la transaccional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lasarte, y gracias por la cita.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruano.

El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, a mí me gustaría hacer alguna matización sobre lo que recoge la exposición de motivos de la proposición no de ley, en el sentido de que el gasto social de las corporaciones locales, según los últimos datos publicados en la clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas, ha crecido un 3 %, lo que indica que la aplicación de la regla de gasto no está necesariamente impidiendo un incremento del nivel de los servicios públicos fundamentales en el ámbito de las corporaciones locales, como se mantiene en la proposición no de ley. Además, una vez analizado como varía el índice de Gini antes y después de transferencias impuestas en los países de la OCDE, en España se observa una notable corrección de las desigualdades, después de transferencias e impuestos, similar o incluso mayor a la de otros países, como pueden ser los países nórdicos. La regla de gasto, que es de aplicación en todos los subsectores por igual sin que en ningún caso el Estado goce de un trato más favorable en su aplicación, resulta de vital importancia para seguir garantizando unas finanzas públicas saneadas y una economía sólida y sostenible.

En contra de lo que se ha mantenido aquí por otros grupos, durante años, pese a haber tenido objetivos de estabilidad presupuestaria que cumplir de forma obligatoria, la ausencia de otras reglas como puede ser la regla de gasto ha generado importantes tensiones y pérdida de credibilidad en la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas. Fue precisamente por este motivo por el que, entre otras cuestiones, la normativa comunitaria introdujo esta regla como herramienta fundamental para impedir que nuevamente los gastos estructurales pudiesen superar a los ingresos estructurales y que todo crecimiento en los gastos tuviese que tener un fundamento sólido para evitar situaciones como las que hemos tenido en el pasado. Como consecuencia de ello, como ya se ha dicho, se produjo el Pacto de estabilidad y crecimiento, la reforma del artículo 135 e incluso se creó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pese a todo ello, las corporaciones locales han gozado de cierta excepcionalidad, lo que tampoco se ha dicho, a la hora de aplicar esta regla de gasto. Esta flexibilidad nació como una medida temporal, pero se ha convertido en permanente. Así, como todos ustedes saben, se permite a las entidades locales que presenten superávit realizar inversiones que deben ser financieramente sostenibles y cuyo gasto no computa a efectos de la regla de gasto que estamos tratando hoy aquí. En consecuencia, como he dicho, las entidades locales que están saneadas financieramente ya tienen una opción de realizar gastos que no computen en esta regla. Por todo ello, no coincidimos de ninguna manera en el abandono de la disciplina fiscal para introducir márgenes de discrecionalidad política que buscan de nuevo una barra libre para finalmente tener un mayor déficit público. Limitar el crecimiento del gasto público en los términos en que lo haga el crecimiento del PIB a medio plazo contribuye sin duda a dar un margen a las administraciones públicas que les permita afrontar épocas de vacas flacas, épocas de crisis, que seguro que no van a llegar. No tropecemos dos veces en la misma piedra; no es posible aplicar una política fiscal de manera permanente. Es mucho el esfuerzo -como se ha dicho aquí, y quiero mencionar la intervención del secretario de Estado- que han realizado muchos ayuntamientos, que han tenido que someterse a esta regla. Por eso, señorías, nos opondremos a esta proposición no de ley porque sabemos que sin duda es pan para hoy y hambre para mañana.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entiendo, señor González, que vamos a someter a votación esta proposición no de ley con la transaccional que usted mismo nos ha hecho llegar.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Sí, así es. Se vota la transaccional.


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El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Pasamos, entonces, a la votación de las proposiciones no de ley que hemos debatido hoy. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre la cesión de la antigua refinería La Británica al Ayuntamiento de Alicante, que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la proposición no de ley sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que votamos también en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 8; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por si no les cuadran los números, he de decirles que se me ha olvidado comentar al principio que el Grupo Socialista solamente tiene hoy ocho votos porque el portavoz señor López Milla ha renunciado esta misma mañana como diputado y no podemos sustituirlo por otro hasta que no sea nombrado ese diputado.

Pasamos a votar la proposición no de ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. Se vota con la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Mixto, en este caso de Compromís.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias, señorías.

Eran las nueve de la noche.

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