DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 367, de 14/11/2017
cve: DSCD-12-CO-367
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 367
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
14 de noviembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la creación de un plan nacional de prevención contra el
suicidio. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001743) ... (Página2)
- Relativa a la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a
Domicilio por parte de la Administración local. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/000360) ... (Página6)
- Sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/001805) ... (Página10)
- Relativa a la promoción de la "vivienda colaborativa" (co-housing) entre
las personas mayores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/002159) ... (Página13)
- Sobre la revisión del protocolo básico de intervención contra el
maltrato infantil en el ámbito familiar. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002384) ... (Página17)
- Sobre la financiación del sistema de autonomía y atención a la
dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/002386) ... (Página22)
- Relativa a homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en
todo el territorio nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002413) ... (Página26)
- Relativa al cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/001768) ... (Página29)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL
SUICIDIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001743).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Hay una serie de cambios en el orden del día. El primer punto, que era una
pregunta con respuesta oral, se ha aplazado, por lo que esta pregunta se
verá como primer punto del orden del día de la Comisión que celebraremos
el día 28. En vista de los cambios que han pedido los grupos, vamos a
comenzar por el punto tercero, proposición no de ley relativa a la
creación de un plan nacional de prevención contra el suicidio, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor
Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer la cordialidad
parlamentaria que existe entre las siete fuerzas que formamos el Grupo
Mixto por haberme cedido el señor Quevedo su tiempo para presentar esta
iniciativa de Unión del Pueblo Navarro. El objetivo es instar al Gobierno
central para que en el plazo de seis meses desarrolle de manera
transversal un plan nacional de prevención contra el suicidio en España.
Antes de hacer un reconocimiento a las instituciones que llevan a cabo el
trabajo de apoyo a las personas con conducta suicida, me gustaría
recalcar que es la segunda vez que viene a la Cámara este tema tabú que
es hoy la palabra suicidio. La primera vez fue en el año 2012 y se votó
por unanimidad, pero cinco años después no existe ningún plan de
prevención nacional coordinado con todas las comunidades autónomas y, por
tanto, lógicamente, con la Comunidad Foral de Navarra. Por eso hemos
puesto un plazo de seis meses para que el Gobierno central haga el
trabajo que tiene que hacer con todas las comunidades y con los
profesionales de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, con
la comunidad educativa, etcétera. Más tarde argumentaré el porqué de esta
exigencia, más que instancia, al Gobierno de España, pero como
representante de los españoles y como diputado de este Congreso, quiero
hacer un reconocimiento -lo digo con toda humildad- a todos los
profesionales que trabajan diariamente atendiendo a las personas con
conductas suicidas y a sus familias.
Esta no es una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro, sino del Teléfono
de la Esperanza, y quiero agradecer que hayan venido hoy al Congreso su
presidente, don Juan Sánchez, don José María Jiménez, vicepresidente
primero de Asites, y mi amigo y buen navarro, don Alfonso Echávarri,
experto psicólogo en materia de suicidio. En este momento en España el
suicidio motiva el doble de fallecimientos que el tráfico, que son 1800
personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015 3602
personas tomaron la decisión de abandonarnos. Cuando hay otros grandes
recursos para la sensibilización y la prevención de accidentes, como en
la Dirección General de Tráfico, no entendemos por qué no existe en
España un plan que cuente al menos con los mismos recursos para prevenir
algo que, según datos oficiales, es muy preocupante, porque, según dicen
los expertos, por cada caso de suicidio hay que multiplicar por veinte
los intentos de suicidio, con lo que eso supone en términos de
discapacidades, dependencias, etcétera. Esta es la mayor causa de muerte
entre los jóvenes. A nivel mundial, en estos siete minutos que durará mi
intervención van a fallecer por suicidio diez personas. Ha tenido que ser
un partido con baja representación, apenas dos escaños en este Cámara,
Unión del Pueblo Navarro, el que traiga algo que es, como dice la
Organización Mundial de la Salud, un asunto severo de salud a nivel
mundial.
Exigimos -y digo exigimos- un plan de prevención coordinado con las
comunidades, que se lleve a un consejo territorial -lógicamente, como
bien sabemos, estamos en un país con competencias delegadas en materia de
salud, en materia social y en educación-, que intervenga en los
diferentes estamentos, familiar, social, educativo y sanitario, que haga
seguimiento caso a caso de las personas que se han identificado con una
posible conducta suicida y que, por supuesto, haya una coordinación de
recursos en el ámbito nacional.
Señorías, me pregunto qué sociedad hemos construido entre todos -dentro de
la responsabilidad que tenemos las personas con cierta influencia social-
para que una persona con un proyecto vital tome la decisión de
autoinfligirse una violencia autolítica y que pase tres fases: la
ideación de esa conducta suicida, la planificación y, por último, la
fatal toma de decisión. No sé cómo hemos llegado a crear una sociedad en
la que cada diez días hay personas que deciden perder el sentido de la
propia existencia, porque eso trasciende tanto el ámbito cognitivo como
el ámbito emocional.
Señorías, animo a todos para que en este asunto no haya ninguna
diferencia, sino que haya unanimidad. Quiero decir a los grupos que han
presentado enmiendas, tanto el Grupo Ciudadanos como el Grupo Socialista,
a los que les agradezco que mejoren el texto que ha propuesto
inicialmente Unión del Pueblo Navarro -también me dirijo a la Mesa-, que
estamos elaborando una transaccional para que exista consenso en torno a
la exigencia del plan nacional en los próximos seis meses.
Para finalizar, diré que este es un sentido homenaje, humildemente, antes
que como diputado como persona, a mi compañero del Gobierno de Navarra,
que trabajaba como magnífico letrado en el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Alfredo, que hace un año tomó la decisión de dejarnos, a mi
compañero de carrera Alfonso y a mi compañero de partido Julián, que
dejaron aquí un dolor en sus familias y en sus amigos. Creo que si
logramos que en los próximos años una sola persona decida no llevar a
cabo la ideación, la planificación y la conducta final suicida, si
evitamos un solo caso merecerá la pena que todos los grupos apoyemos hoy
la iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, el señor Igea, por un tiempo de cinco minutos.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Alli que haya traído esta
iniciativa. Efectivamente es un problema de salud pública de primera
magnitud, es la primera causa de muerte por debajo de los cincuenta y la
primera causa de muerte externa. Es verdad que este país, dentro del
contexto europeo, tiene una incidencia de suicidios más baja que la media
europea. Parece que a este respecto esta sociedad es un poco mejor que la
media de las europeas. De todas formas, eso no es óbice para que siga
siendo un problema de salud pública de primera magnitud.
La salud mental en este país está abandonada hace tiempo. Ya en la X
Legislatura se afirmó que se traería una estrategia nacional de salud
mental que a día de hoy todavía no se ha presentado. Hoy hay otra
proposición no de ley a este respecto que valoramos muy favorablemente.
Creemos que debería estar incluido en una estrategia de salud mental,
pero tampoco vamos a hacer causa de esto porque por la magnitud del
problema se puede dedicar un plan específico a la prevención del riesgo
de suicidio.
En nuestra opinión, este plan debería centrarse en la detección de
situaciones de riesgo que nos hagan actuar proactivamente en aquellos
casos en los que es más común tomar la decisión de hacer un intento
autolítico, tanto en la depresión mayor como en las situaciones de riesgo
social, en las que se dan con más frecuencia estos casos.
Vamos a intentar llegar a una transaccional. En cualquier caso, adelanto
el sentido positivo de nuestro voto, porque creemos que es un problema de
primera magnitud y que debe ser abordado por el Gobierno de la nación a
la mayor brevedad posible.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igea.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene
la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la salud pública, la salud mental y la salud laboral son las
tres cenicientas marginadas del Sistema Nacional de Salud por el Gobierno
del Partido Popular. La salud mental tuvo un desarrollo importante en los
años ochenta y noventa del siglo pasado, potenciando una salud mental
comunitaria y acabando con las estructuras manicomiales. Sin embargo, el
desarrollo fue muy diferente en las comunidades autónomas y ha sufrido
importantes retrocesos en los últimos años que, en general, se han
caracterizado por fuertes recortes, por las privatizaciones y
externalizaciones de los servicios, especialmente por el de
rehabilitación y larga estancia y, en suma, por un duro golpe a un sector
ya de por sí poco desarrollado, a lo que se ha sumado una política de
incremento de medidas de coerción frente al desarrollo de la reinserción
social.
El Partido Socialista y muchos expertos llevan tiempo demandando que en
España se implante un plan nacional para luchar contra las muertes
voluntarias que cumpla con lo que la propia Organización Mundial de la
Salud ha solicitado. Es necesario un plan nacional que permita a cada
región intervenir en función de las necesidades propias, que haya una
estrategia mínima a escala nacional con una dotación económica y humana
para que todas las comunidades estén obligadas a establecer protocolos
que se adapten a sus particularidades, porque las características de un
suicidio en Extremadura no son las mismas que en Madrid. Es urgente que
haya una mayor dotación económica y humana, con mejor formación para los
profesionales sanitarios, sinergia entre comunidades y mayor
concienciación social en los problemas de salud mental. El 90% de los
casos de suicidio se produce en pacientes con una enfermedad mental. En
muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la cantidad irrisoria de
fondos destinados a la psiquiatría en comparación con los que hay para el
cáncer. Para conocer las medidas eficaces preventivas en el suicidio hace
falta investigar, y para eso hacen falta datos, y para eso hace falta
dinero.
La depresión mayor es una de las primeras causas de pérdida de vida en el
mundo, mucho más que el cáncer y que las enfermedades neurológicas; es un
problema de gran impacto que no llama tanto la atención como otros, y el
suicidio es una de sus formas de expresión. Las muertes por suicidio son
tan evitables como las de tráfico. Hacen falta más concienciación y más
campañas públicas, aunque solo con eso no vamos a poder reducirlo. Los
expertos abogan por algo que es mucho más sencillo, hablar de ello. Los
suicidios se cobran cada año en España el doble de muertes que los
accidentes de tráfico, son trece veces más frecuentes que los homicidios
y sesenta y siete veces superiores a los fallecimientos por violencia de
género. En España cada día se quitan la vida diez personas, el 75% son
hombres, y la causa mayor de muerte de personas jóvenes es el suicidio.
Nadie lo sabe porque no se habla de ello. Además, es necesario analizar
que puede ser determinante la pobreza, el desempleo y la precariedad
laboral. El presidente de la Fundación de Salud Mental de España para la
prevención de los trastornos mentales y el suicidio ha anunciado que en
España no se está haciendo frente al suicidio ni existe una estrategia o
un plan estatal y no hay sensibilidad ni políticas sanitarias y sociales.
La mayoría de los suicidios se registran entre los treinta y cinco y los
sesenta años, aunque los ancianos ostentan una tasa cuatro o cinco veces
superior y los jóvenes los mayores índices de tentativa. El 90% de los
suicidas tenían un trastorno mental diagnosticable, lo que no significa
que estuvieran diagnosticados, y un 60% eran casos afectivos o
depresivos.
Es prioritaria la formación de profesionales, la coordinación entre
instituciones, la preocupación de todos los implicados, también las
fuerzas de seguridad y los bomberos, así como adoptar soluciones
arquitectónicas en los espacios públicos. Hay que romper el tabú, poner
esto de manifiesto y recordar lo que nos dice la Organización Mundial de
la Salud, que es que el número de muertes por suicidio en el mundo supera
el millón doscientas mil y las causadas conjuntamente -piensen ustedes en
esto, señorías- por las guerras, el terrorismo y los asesinatos. Hasta
ahora ha habido silencio, pero esperamos que se rompa. Los socialistas
hemos presentado numerosas propuestas para que no se aplicaran recortes
en programas destinados a sectores que eran claramente de alto riesgo,
como los que estamos mencionando.
La acción gubernamental ha debilitado y paralizado la Estrategia de salud
mental en el Sistema Nacional de Salud, que se encontraba en desarrollo
desde 2006, lo que manifiesta una grave irresponsabilidad en este momento
social y sanitario. La carencia de medios está creando efectos
devastadores en la calidad asistencial y dañando la motivación...
El señor PRESIDENTE: Señora Tundidor, debe concluir.
La señora TUNDIDOR MORENO: Estoy terminando, señor presidente.
En suma, el problema es que la salud mental comunitaria tiene poca cabida
en el planteamiento neoliberal de asistencia sanitaria del actual
Gobierno del Partido Popular, que lo que busca es la rentabilidad
económica, la segmentación social en la asistencia sanitaria y el
aparcamiento de los problemas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tundidor. Su tiempo ha
terminado.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Sibina.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, señor presidente.
Señorías, como muy ha dicho el señor Alli, cinco años después estamos
igual. Nos parece bien que se ponga este plazo de seis meses, pero
queremos que se cumpla de verdad. Tengo que volver a cuestionar un poco
todo el extenso trabajo que estamos realizando con las PNL los diputados
y las diputadas en las comisiones, porque queremos que de verdad sirvan
para instar al Gobierno y que este lo recoja y lo cumpla, puesto que
muchas PNL que se aprueban con el acuerdo de todos los grupos instan al
Gobierno a solucionar problemas y luego se quedan en un cajón. Valga esto
para que se lo tomen en serio y hagan caso de las decisiones que se toman
en las distintas comisiones, y no solo en la de Sanidad.
En el ámbito institucional el tema del suicidio nos plantea varios retos.
Por un lado, nos parece fundamental la promoción de información veraz que
se ajuste a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud;
por otro lado, la actuación en políticas de salud pública que consigan
llegar a las personas que no tienen contacto con el sistema sanitario es
básica para el éxito de estas estrategias de prevención. Por último, es
clave la correcta dotación de recursos de los dispositivos de salud
mental y comunitaria. Quiero hacer hincapié en este último punto, porque
cuando se habla de este tema con profesionales de la salud mental siempre
suelen insistir en que sin longitudinalidad y accesibilidad en el ámbito
de los pacientes con padecimientos psicológicos es muy complicado
establecer estrategias de prevención que sean realmente efectivas.
La PNL que presenta hoy el Grupo Mixto nos parece bien como llamada de
atención y, además, se junta con la PNL del Grupo Socialista solicitando
la evaluación y actualización de la Estrategia nacional de salud mental.
En las comunidades autónomas se están presentando algunas propuestas,
pecando, en nuestra opinión, de parcialidad en los análisis y de timidez
en las respuestas. Está claro que la salud mental no es una prioridad en
el reparto de recursos ni en la distribución de fuerzas y atenciones en
nuestro Sistema Nacional de Salud. También está claro que en las
políticas de salud pública el suicidio no es algo que esté en el centro
de la agenda de prioridades, a pesar de la posición que ostenta entre las
causas de muerte, especialmente en personas jóvenes, como ya se ha
comentado.
Esperamos poder contar con un plan para la prevención del suicidio y que
este incluya un análisis fino que integre los condicionantes sociales y
económicos, además de contar con los recursos necesarios para ser
efectivo. Nuestra posición, como no puede ser de otra forma, va a ser
favorable a esta proposición no de ley. Espero, como he dicho al
principio, que el Gobierno la tenga en cuenta.
Para finalizar -esto solo a título personal, porque creo que viene unido
al riesgo de suicidio-, quiero manifestar mi más sincero apoyo a todas
esas personas que están encarceladas, no solo aquí, sino en el resto del
mundo, por sus ideas políticas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sibina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torres.
La señora TORRES TEJADA: Gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Popular en relación con esta proposición va a ser
favorable, sin perjuicio de la transaccional a la que lleguen los grupos
parlamentarios.
Todos somos conscientes de que este es un importante problema social al
que nadie es ajeno. La propia PNL reconoce que en los últimos años se han
multiplicado las iniciativas de los ministerios de Sanidad y de Educación
para prevenir los suicidios, ya que estos son los dos ámbitos en los que
más incidencia está teniendo. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de silencio, por favor.
La señora TORRES TEJADA: Llama la atención esa estadística que nos dice
que cada cuarenta segundos en algún lugar del mundo fallece una persona
por esta causa. La verdad es que es lamentable. Aunque comparativamente
España está muy por debajo de esas cifras, sigue siendo un grave problema
de salud. Por ello, en los comités de Estrategia de salud mental del
Sistema Nacional de Salud se decidió la conveniencia de incluir una línea
estratégica exclusiva sobre la prevención de la conducta suicida en la
que se fijan objetivos y acciones en el ámbito sanitario a llevar a cabo
por las comunidades autónomas. En este sentido ya se pronunció la
ministra de Sanidad en el pasado Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud en junio de este año, señalando la importancia
de abordar estratégicamente la prevención del suicidio. Por tanto, está
pendiente de actualizarse la Estrategia de Salud Mental, tal y como ya se
acordó en el pasado pleno del consejo.
Igualmente, en el ámbito de educación, el compromiso del Gobierno es muy
firme. Ya en 2015 en la Conferencia Sectorial de Educación se acordó
crear un grupo de trabajo sobre convivencia con la participación de todas
las comunidades autónomas. Y el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
incluye un total de setenta medidas para mejorar la convivencia en los
centros y prevenir cualquier tipo de maltratado, acoso o ciberacoso. El
Plan Estratégico Escolar y Estilo de Vida Saludable presentado por el
Ministerio de Educación en marzo de este año se articula en torno a siete
ámbitos fundamentales, siendo uno de ellos el de bienestar, salud
emocional y convivencia, que resulta ser un tema de máxima actualidad.
Así, en esta semana se está llevando a cabo en la Universidad de
Salamanca la Semana de la Ciencia, donde se ofreció una conferencia sobre
el suicidio infantojuvenil, y la experta profesora en Psicología ya
determinaba entre las principales causas del suicidio la gran incidencia
que está teniendo el nivel mediático entre los jóvenes.
Tenemos muy claro que los factores desencadenantes más relevantes son el
trastorno mental, los problemas de pareja y, en menor medida, la crisis
económica y la salud física. Todos conocemos a alguien que ha fallecido
en estas circunstancias, bien sea un vecino, un conocido o incluso un
familiar. Es un trabajo de todos y las administraciones públicas debemos
trabajar unidas a todos los niveles: Estado, comunidades autónomas,
ayuntamientos, los medios de comunicación como gran ámbito de información
y la propia sociedad civil. Es un problema de todos y ante él debemos
estar unidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torres.
Señor Alli, a efectos de votación, he creído entender que está preparando
una transacción.
El señor ALLÍ MARTÍNEZ: Señor presidente, en un momento se la presentaré.
Gracias.
- RELATIVA A LA PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/000360).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley relativa a la priorización de la gestión directa
del servicio de ayuda a domicilio por parte de la Administración local,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. Para su defensa, tiene la palabra la señora Terrón.
La señora TERRÓN BERBEL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sin duda, el servicio de ayuda a domicilio fue un gran paso de
la Ley de dependencia, que posibilita el cuidado por parte de las
administraciones públicas de las personas en situación de dependencia,
que, como saben, necesitan apoyo para las tareas más básicas de la vida
diaria. Esta ley ha permitido que las personas que no tienen una red de
apoyo puedan disponer de esos cuidados y atenciones por parte de la
Administración pública, al tiempo que la emancipación de los familiares,
y, concretamente, me refiero a las mujeres, porque el trabajo de cuidados
suele recaer sobre nosotras.
Además, como también saben, este ámbito es una fuente de empleo, que exige
una profesionalización. Estas trabajadoras -también hablo en femenino en
este caso, porque la mayoría son mujeres- son profesionales, y, sobre
todo, constituyen el pilar del modelo y del sistema de cuidados que
tenemos en este país. Como saben, la Ley de dependencia delega las
competencias en las comunidades autónomas, y, concretamente, el servicio
de ayuda a domicilio es competencia de los ayuntamientos. Pero el caso es
que la ley no especifica cómo debe ser la prestación del servicio, de
modo que estamos asistiendo al
fenómeno cotidiano de la externalización a una empresa concesionaria. ¿Y
hacia dónde nos está llevando esta situación? Esas externalizaciones se
conceden a través de pliegos administrativos que premian los precios más
bajos, lo que tiene una traducción que creo que resulta clara y obvia
para todos y todas, que es la precarización de los trabajos, la bajada de
los salarios y, por supuesto, la mala calidad en el servicio a las
personas dependientes.
Saben también, me imagino que saben que hay muchas trabajadoras de ayuda a
domicilio en este país que están cobrando tres euros a la hora y que
ellas mismas tienen que poner los materiales, como comprar sus propios
guantes, porque las empresas no lo hacen. Incluso, no tienen en cuenta el
tiempo que se requiere para el desplazamiento de una casa a otra, de
manera que han de restar tiempo al usuario, un tiempo que tienen
concedido por esa prestación de dependencia. Entonces, se produce una
traducción obvia en precariedad en el trabajo y, por supuesto, en mala
calidad en el servicio.
Y, señorías, mientras que se está precarizando el empleo y se está
ofreciendo un mal servicio a los usuarios, hay empresas -pongo un
ejemplo, Clece- que se están enriqueciendo con nuestros derechos y el
dinero público. Esto está sucediendo en todos los rincones del país,
aunque, por suerte y afortunadamente, son muchas las heroínas -se lo
agradecemos- que se están organizando para defender no solo sus derechos
laborales, sino una atención digna y profesional a las personas en
situación de dependencia. Y pongo ejemplos como el de las trabajadoras de
ayuda a domicilio de Asturias, León, Murcia y, la última, Cataluña, que
precisamente han acampado esta semana en Barcelona, como también son
ejemplo algunos ayuntamientos que ya han entendido esta situación y han
empezado a municipalizar el servicio. Hay muchos más, pero pongo de
ejemplo los que tengo cercanos, como, en Andalucía, el de Cádiz, o, en mi
tierra -yo soy de Granada-, Atarfe y Peligros, o, incluso -donde gobierna
el Partido Socialista-, Armilla. Ellos ya lo han hecho y están
demostrando que es posible y además supone una mejora económica, es
decir, es más eficiente económicamente. Entonces, es posible y es de
sentido común, por dos razones: la primera, porque los derechos se tienen
que gestionar desde la Administración pública, que ha de ser la garante
del cumplimiento de este derecho, y, la segunda -insisto-, porque
económicamente es más eficiente. ¿Por qué sale más barato? Cuando un
servicio se presta de manera directa sale más barato porque solo tiene un
gasto, que es el del propio servicio. En cambio, cuando se gestiona de
manera externalizada, hay dos gastos: el del servicio y el del beneficio
de la empresa concesionaria.
En definitiva, señorías, esta es nuestra propuesta. Se trata de dignidad
para quienes reciben este servicio de ayuda a domicilio y para quienes lo
ejercen. ¿Cómo lo proponemos? Fácil: que la ley priorice la gestión
pública, y, en el caso de que no pudiese ser así, que se argumente y sea
bajo criterios sociales.
En relación con las enmiendas, anunciamos que vamos a aceptar la del Grupo
Socialista, porque creemos que complementa bastante bien esta proposición
no de ley. La de Ciudadanos, en principio, no la vamos a aceptar; creemos
que no procede en relación con lo que planteamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Terrón.
Para defender precisamente estas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa,
señorías, buenos días.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea trata sobre la priorización de la gestión
directa del servicio de ayuda a domicilio, como bien acaba de señalar la
proponente de la iniciativa. Habla de priorizar la gestión directa del
servicio de ayuda a domicilio por parte de la Administración local. Como
acababa diciendo en su intervención, apuesta por una gestión única y
exclusivamente pública. Esta iniciativa que presenta el Grupo Unidos
Podemos hace referencia a la externalización del servicio de cuidadores
del sistema de atención a la dependencia. Consideran, a priori y sin
aportar datos concretos e indicadores, que la gestión del servicio
público de atención a la dependencia es mejor y más eficaz que la gestión
privada o concertada de este servicio. Sin embargo, a día de hoy no
existen datos concretos que abarquen el total del sistema de atención a
la dependencia para poder sustentar los principales razonamientos de la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Entiendo que se
basan en que la más cercana al ciudadano es la Administración local e
infieren, sin más, que es la que mejor puede realizar la supervisión
inmediata del servicio.
Otro elemento que consideran, sobre el que hay versiones contrapuestas, es
el de estabilidad laboral de los cuidadores. Al existir multitud de
empresas que gestionan estos servicios por requerimiento de las
administraciones, hay prácticas dispares en cuanto a la forma de
organización y políticas laborales. Se dan casos en los que existen altas
tasas de descontento entre los trabajadores de este sector, y sería
adecuado que hubiese una mayor supervisión y evaluación por parte de las
administraciones responsables sobre los niveles de satisfacción y
derechos de los trabajadores en estos servicios. Existen gravísimas
desigualdades entre los territorios tanto en cobertura como en modelos de
gestión, y es previsible que haya comunidades que no puedan continuar
recorriendo el camino sin un cambio drástico de modelo de atenciones y
una inyección financiera específica.
El SAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y
obtención de retornos. En 2016 la ratio de empleos directos por millón de
gasto público es de 35, la tasa de retorno es del 39,5% y la atención de
los dependientes que quedan por valorar crearía en torno a 100 000
puestos de trabajo. Consideramos que actualmente el SAD no se ajusta a la
realidad ni cumple con las necesidades del colectivo de personas
dependientes y sus familias. La infrafinanciación del sistema, la
desigualdad entre las distintas comunidades autónomas en la aplicación
del sistema, la falta de previsión real sobre sus necesidades y la no
adecuación a la realidad social hacen del SAD un sistema low cost y
deficiente, tal como concluye el último informe de Fedea.
Creemos firmemente en la defensa y fomento de un SAD gestionado y regulado
por el Gobierno central y coordinado con los Gobiernos autonómicos que
otorgue igualdad y equidad en todo el territorio nacional, un SAD
integrado en el Sistema Nacional de la Seguridad Social, un sistema de
prestaciones adecuado a la realidad y donde prevalezca la
autodeterminación de la persona, su integridad y valores, con garantías
de gestión y regulación de la calidad de las prestaciones tanto
económicas como de servicios, un sistema de evaluación, emisión de
resoluciones y determinación de prestaciones ágil, cómodo y conectado con
los sistemas sanitarios autonómicos a través de un sistema operativo a
nivel nacional. Resumiendo, desde Ciudadanos creemos firmemente en el
fomento de un pacto de Estado para revisar, actualizar y mejorar la Ley
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia y en el SAD, con el consenso de todas las
fuerzas políticas y su aplicación en todos sus aspectos, dando a dicha
ley el carácter de un asunto de Estado, y por todo ello hemos presentado
una enmienda.
Y como ha hecho antes la compañera a nivel personal, me gustaría añadir
que nosotros también mostramos nuestro apoyo a los verdaderos presos
políticos, reconocidos por Amnistía Internacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para defender su
enmienda la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ser auxiliar de ayuda a domicilio no es ser limpiadora a domicilio. Es una
profesión con formación reglada y que precisa un nivel de destreza,
sensibilidad, conocimiento y vocación que en muchas ocasiones no es
suficientemente reconocida. Hoy prestan el servicio de ayuda a domicilio
miles de auxiliares -en su gran mayoría, mujeres, por no decir todas-,
muchas de las cuales comenzaron su trabajo en nuestros pueblos, prestando
un servicio que se viene desarrollando desde los años ochenta, señora
Terrón. El servicio de ayuda a domicilio fue una de las primeras
prestaciones de los servicios sociales, un servicio de cercanía que ha
servido para fijar mucha población en nuestros municipios más pequeños.
Poco a poco acumularon experiencia y formación y hoy se requiere una
cualificación profesional reglada. Pero muchas trabajadoras aún padecen
unas condiciones laborales que no son las más idóneas. La precariedad, la
discontinuidad, la inestabilidad y el bajo salario se han impuesto en
muchos de esos contratos.
En el sistema de atención a la dependencia figuran, con fecha 30 de
septiembre, 183 418 personas que reciben la prestación del servicio de
ayuda a domicilio, prestación que es mantenida por miles de auxiliares en
todas las comunidades autónomas, y a estas habría que añadir las
auxiliares que prestan su servicio por la gestión directa de comunidades
autónomas y ayuntamientos a ciudadanos no incorporados al sistema de la
dependencia: unas, contratadas por la Administración local; otras, por
consorcios de servicios sociales; otras, por empresas de economía social
y otras, por empresas a las que se ha contratado la prestación directa
del servicio. Pero no es justo que su trato sea diferente. Lo que debe
preocuparnos no es quién contrata, sino cómo se contrata. La
Administración local debe ser autónoma en sus decisiones. El Partido
Socialista siempre ha defendido esa independencia. Y la ley permite que
sea la
Administración local la que decida si presta el servicio de forma directa
o indirecta. Lo dice la propia Ley de Contratos del Sector Público,
recientemente aprobada y publicada el día 9 de este mes.
No compartimos la imposición del modelo de contratación, pero sí queremos
compartir con ustedes la necesidad o la exigencia, si quieren, de que sea
la Administración la que vele por la calidad del servicio que se presta,
así como por la calidad del trabajo que se lleva a cabo y sus
retribuciones. No creo que deban cerrarse las cooperativas de mujeres que
se han creado para poder ofrecer un servicio de calidad con un contrato
digno, como es el caso de un grupo de mujeres de Tarancón que hace más de
diez años que constituyeron su propia cooperativa. No creo que debamos
hacer ningún reproche a ninguna de las empresas de economía social.
Nosotros defendemos un trabajo digno, reconocido y valorado y, por
supuesto, justamente retribuido para todas las auxiliares de ayuda a
domicilio. Si les contrata la Administración, mejor; si es una empresa
pública, vale también; si les contrata una empresa, que sea en igualdad
de condiciones que las anteriores y que la Administración lo garantice.
Pero no podemos perder esta ocasión para proponer que debe garantizarse
la formación y la acreditación profesional, así como una mayor calidad y
garantía de continuidad en los puestos de trabajo, tal y como dice la Ley
39/2006, de promoción, autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, concretamente en sus artículos 35 y 36.
Por todos estos motivos, hemos presentado una enmienda, y agradecemos al
grupo proponente que la haya aceptado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.
Para fijar la posición de su grupo, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Allí, por el Grupo Mixto.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Estoy prácticamente de acuerdo con la totalidad de la intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, y diré por qué. La Ley 39/2006, de
promoción de la autonomía personal y protección a las personas con
dependencia -una propuesta, por cierto, del Grupo Socialista-, lo que
busca básicamente es el desarrollo de tres grandes ámbitos con respecto a
las personas dependientes, ya sea en grado moderado, severo o con gran
dependencia: primero, el desarrollo personal; segundo, su inclusión
social; tercero, la autonomía o lo que ahora se empieza a denominar
independencia personal, que yo prefiero llamar autonomía personal.
Uno de los servicios básicos contemplados en esa ley aprobada en 2006 es,
efectivamente, la ayuda a domicilio, que busca cumplir esos tres
objetivos que les acabo de citar. Por tanto, lo que tiene que requerir
esa prestación de servicio de atención en el domicilio a esas personas y,
por lo tanto, también en apoyo de los propios cuidadores es la
profesionalización y, en segundo lugar, disponer de los recursos públicos
suficientes. Como bien sabemos, es una competencia autonómica, y,
lógicamente, nosotros vamos a seguir pretendiendo que así sea. Pero en el
grupo al que pertenezco o, al menos, en la fuerza política a la que
pertenezco creemos firmemente en la convivencia de lo público y lo
privado bajo dos principios básicos: la dignidad salarial, es decir, la
retribución a las personas que desarrollan su trabajo, como en este caso
son los auxiliares que prestan su servicio en los domicilios a esas
personas dependientes, y, por otro lado, sin duda también, la propia
eficiencia del modelo social, para garantizar su viabilidad y
sostenibilidad en el futuro, porque quiero recordar a sus señorías que
somos uno de los países con mayor longevidad, asociada a algunas
enfermedades degenerativas y a algunas discapacidades aunque solo sea por
el propio paso de los años. Por tanto, hará falta un nuevo planteamiento
acerca de qué modelo social de apoyo a la dependencia queremos en el
futuro.
Como también ha señalado la portavoz del Grupo Socialista, la gestión
pública puede ser directa o indirecta. Nosotros pensamos que está muy
bien la gestión directa pero que también en los concursos públicos existe
la posibilidad de que una empresa privada, una cooperativa social o
entidad social desarrolle determinado trabajo, siempre con una dotación
de recursos suficientes y siendo responsabilidad de las comunidades
autónomas, porque la que dirige es la comunidad, las consejerías de
políticas sociales de cada comunidad, con dotación de recursos,
coordinación, planificación, etcétera.
Por todo ello, analizaremos el texto definitivo, y votaremos a favor o nos
abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.
Por el Grupo Popular, la señora Romero tiene la palabra.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley por varios
motivos. En primer lugar, por razones constitucionales y de ámbito
competencial. La cuestión suscitada no es del ámbito de competencias del
Estado, pues se trata única y exclusivamente de la organización de la
prestación de servicios sociales, ámbito que la Constitución reserva a
las comunidades autónomas en su artículo 148.1.20, y la propuesta exige
al Gobierno regular. El artículo 15 de la Ley 39/2006 señala que son las
comunidades autónomas las que deben establecer el régimen jurídico y las
condiciones de actuación de los servicios del catálogo. Así, el Consejo
territorial de servicios sociales del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia aprobó en su reunión de 16 de enero de 2013
este catálogo de referencia, teniendo en cuenta que la definición y las
garantías de los mismos es competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. Está publicado en el BOE 117, de 16 de mayo de 2013, que les
convendría leer. Es más, como ya se ha dicho, esta competencia autonómica
es delegable a los ayuntamientos, y así lo permite esa ley que atacaba
tanto la autonomía municipal, que es la Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local, del Gobierno del Partido
Popular. Curioso.
Señorías del grupo proponente, ¿cómo pueden estar apoyando el martes
pasado el procés y venir aquí a intentar quitar competencias a las
comunidades autónomas a través de una proposición no de ley? La verdad es
que sus posicionamientos no es que sean incoherentes, es que son hasta
absurdos. El pasado día 29 de septiembre su propio grupo apoyaba una
proposición no de ley en este sentido en el Parlamento andaluz exigiendo
lo mismo al Gobierno autonómico. ¿Cuál es responsable, el Gobierno
autonómico o el Gobierno central? El Grupo Socialista ha presentado una
enmienda para que el Gobierno de España sea el que afronte la materia,
algo que nos extraña, porque la consejera socialista andaluza del ramo ya
manifestaba en sede parlamentaria el día 5 de octubre pasado -y cito
literalmente-: En cuanto a las condiciones del servicio de ayuda a
domicilio, tengo que volver a decir, como ya le dije en el Pleno
anterior, que nuestra comunidad autónoma se configura como de titularidad
pública y su organización es competencia de las corporaciones locales
aunque la prestación económica viene a través de la Junta de Andalucía,
y, en colaboración entre la Junta y diputaciones, firmamos un convenio
que permite mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de
reconocimiento y un convenio que prevé cláusulas mínimas comunes en los
procedimientos que garantice que lleguen al máximo de prestaciones y un
mayor reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras de la ayuda a
domicilio. Si lo están haciendo ya, ¿para qué se lo piden al Gobierno de
España? No tiene ni pies ni cabeza. Pero, claro, si queremos endosar al
Gobierno de España o a los alcaldes nuestras propias responsabilidades,
hacemos esto.
En mi tierra lo que se pretende es que las corporaciones locales financien
a pulmón y por anticipado la ayuda a domicilio y que se sustituya la
asistencia personal de grado 1, esa que prestan las cuidadoras, por
talleres de quince personas, sin hacerse cargo de los espacios ni de los
traslados, cosa que los municipios no pueden hacer.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, debe concluir.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Así, en Sevilla tenemos 18 000 dependientes de
grado 1 y 11 500 hoy en día no tienen vigente la prestación. Quienes
hemos pisado la calle sabemos que no es cuestión de que los alcaldes
quieran asumir la competencia, no es cuestión de quién ejerce la gestión
directa, no es cuestión de que quieran calidad y mejor...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero. Su tiempo ha
concluido.
A efectos de votación, señora Terrón, hemos entendido que acepta la
enmienda del Grupo Socialista. (Asentimiento).
- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD MENTAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001805).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden día, proposición
no de ley sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Gracias.
Hablar de salud mental ya se ha hecho aquí cuando se ha debatido
precisamente la proposición no de ley sobre el suicidio. Es hablar de una
serie de trastornos que afectan a una gran parte de la población, de la
que 400 000 personas padecen esquizofrenia, un 1% de la población
española, uno de los trastornos -no el único, desde luego- mas graves en
el ámbito de la salud mental. Una de cada dos personas padecerá algún
tipo de enfermedad mental y diez millones, es decir, uno de cada cuatro
españoles, tendrán cuadros de depresión o de ansiedad. Por tanto, nos
encontramos ante una enfermedad con una frecuencia altísima, que además
es causa principal del absentismo laboral, según la Organización Mundial
de la Salud, y no solamente afecta a la salud de las personas sino
también a su capacidad para tener una vida en condiciones normales, tanto
por la estigmatización de la enfermedad mental todavía existente en
España y otras sociedades, como por la discapacidad, la falta de
autonomía y dependencia que generan, en parte, como digo, por la
enfermedad y, en parte, también porque tenemos sociedades que no son
inclusivas de estas personas. La esquizofrenia es la tercera causa de
discapacidad entre la población adulta joven, entre quince y cuarenta y
cuatro años. Por eso, cuando hablamos de enfermedad mental hay que hablar
de servicios sanitarios y servicios sociales al mismo tiempo y de cómo
desarrollar toda esa nueva gama de abordaje de los trastornos mentales
que se incluyeron en la Estrategia de Salud Mental desde el año 2006.
Además, es una enfermedad que afecta en todas las edades, afecta a las
personas mayores, pero también de manera muy especial a la población
infantojuvenil, puesto que muchos de los trastornos mentales más graves
precisamente debutan en este tiempo.
España afrontó la reforma de la salud mental prácticamente ya a finales de
los años ochenta y es en el año 2006 cuando por primera vez tenemos una
Estrategia Nacional de Salud Mental, aprobada por unanimidad en el
consejo interterritorial en diciembre de aquel año. Esa estrategia se
planteó que se evaluara cada dos años, y así lo hizo el Gobierno
socialista evaluando esa primera estrategia en el año 2009. De esa
manera, se actualizó una nueva estrategia, que fue aprobada por el
consejo interterritorial en octubre de 2009, en cuya evaluación se
presentaba un avance moderado de muchos de los objetivos incluidos en el
año 2006, y, en concreto, un avance completo de todos aquellos objetivos
que tenían que ver la formación de los profesionales, la participación de
los pacientes y sus familias y con la investigación en salud mental. Esa
estrategia aprobada en 2009 planteaba una serie de objetivos en seis
grandes áreas: la promoción, prevención y erradicación del estigma social
de los trastornos mentales, la mejora en la atención a la salud mental,
la coordinación intra e interinstitucional, la formación del personal
sanitario y la investigación en salud mental, así como un nuevo marco
evaluativo, que requería que esa estrategia se realizara cada cuatro
años. Pues bien, se han cumplido ya ocho años desde que aquella
estrategia se aprobó y seguimos pendientes de que se haga esta
evaluación. Además, todos sabemos -lo hemos visto en la Comisión de
Sanidad en otras sesiones- que la crisis económica ha tenido un especial
impacto precisamente sobre la salud mental de la población española. El
estudio Impact muestra que los trastornos en los estados de ánimo han
aumentado un 19% desde el comienzo de la crisis, los trastornos por
ansiedad un 8% y el abuso de alcohol un 5%, a la vez que se observa el
alza del consumo de fármacos antidepresivos y de suicidios. No abundaré
en los datos, que ya se han dado, sobre el problema de los suicidios, que
han crecido un 20% en España desde el inicio de la crisis.
El Gobierno del Partido Popular trató de llevar una estrategia nueva al
consejo interterritorial en abril de 2016, pero este la rechazó porque no
incluía medidas suficientes ni recursos para abordar la problemática
compleja de salud mental. Casi dos años después seguimos sin saber nada
de esa nueva estrategia, que, evidentemente, el Gobierno del Partido
Popular, una vez que la vio rechazada en el consejo interterritorial,
debería haberla presentado de nuevo, que para eso ha tenido tiempo más
que de sobra. Lo que nosotros pedimos en esta proposición no de ley es
justamente que se cumpla lo que ya se preveía en el año 2009: evaluar la
Estrategia Nacional de Salud Mental y preparar una nueva, elaborada, por
supuesto, en coordinación con las comunidades autónomas, las sociedades
científicas, las personas afectadas y sus asociaciones.
Hay muchos temas pendientes que se tendrían abordar en esta nueva
estrategia. Recordemos que queda pendiente, por ejemplo, el
reconocimiento de la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, la
regulación de la nueva figura que ya se contemplaba en la Ley General de
Salud Pública, que es el psicólogo general sanitario, la incorporación
del psicólogo como profesional de apoyo en atención primaria, así como
una solución adecuada para los denominados Pesto, por los que nuestro
grupo se ha interesado y ha preguntado al Gobierno. Nosotros solicitamos
esa evaluación y esa actualización y esperamos del Partido Popular que
rectifique sobre lo que no hizo en mayo de este año en el Senado, cuando
se debatió
una moción suya con respecto a la salud mental. El Grupo Socialista del
Senado presentó una enmienda con los mismos contenidos que la proposición
no de ley que hemos registrado en esta ocasión y la rechazó, por razones
que no explicó, porque primero pidió que fuera una enmienda de adición y
el Grupo Socialista lo aceptó. Sin embargo, a pesar de que aceptamos lo
que nos pidieron, decidieron rechazarla.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, debe concluir.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Termino.
Es una buena oportunidad para rectificar y luchar todos juntos por la
mejora de la salud mental en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Confederal
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que va a defender la señora
Bosaho.
La señora BOSAHO GORI: Buenos días. Señor presidente, miembros de la Mesa,
señorías, celebramos la presentación de esta proposición no de ley, como
no podía ser menos. Como ha dicho el compañero, en el año 2016 el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no aprobó la propuesta del
Gobierno de actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental. De
modo que, desde entonces, estamos sin una estrategia que aborde de forma
coordinada y proactiva a nivel estatal el ámbito de la salud mental. Es
preciso actualizar dicha estrategia dentro de nuestro Sistema Nacional de
Salud de una forma ambiciosa y con una orientación claramente
sociocomunitaria, que vaya más allá del fortalecimiento de los
dispositivos de asistencia clínica. La estrategia debería marcar algunas
líneas para que otros ministerios recogieran el guante de integrar la
mirada de salud en todas las políticas, especialmente en el ámbito de la
salud mental. Sabemos que las personas con padecimiento psíquico suelen
ser foco de interseccionalidad en diversos ejes de desigualdad, cosa que
se agudiza porque los sistemas de protección social y las instituciones
en su conjunto no son capaces de llevar la universalidad a todo el mundo,
sino que promocionan las políticas que suelen ser universales para
quienes menos lo necesitan. Es imprescindible una visión de universalismo
proporcional que haga que los servicios lleguen a todo el mundo, pero
poniendo mayor esfuerzo en la gente que más lo necesita.
Es el momento de que la Estrategia Nacional de Salud Mental apueste por
una eliminación de las técnicas de coerción en la práctica de los
dispositivos de salud mental, poniendo los recursos necesarios tanto
humanos como de infraestructuras y culturales para que eso pueda llevarse
a cabo. Hemos propuesto una enmienda de adición expresando que la
estrategia debería incluir la dignidad de las personas y el respeto de
los derechos humanos como uno de los aspectos fundamentales, elaborando
actuaciones encaminadas a la eliminación de las prácticas de coerción en
la asistencia en los dispositivos de salud mental. Esperamos que los
puntos que hemos querido resaltar sean tomados en cuenta a la hora de
empezar a debatir profundamente la Estrategia Nacional de Salud Mental. Y
por supuesto, exigimos que los relatos de las diferentes organizaciones
interesadas sean tomados en cuenta. Nosotros velaremos porque se lleve a
cabo este punto y, por supuesto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bosaho.
Es el turno de manifestar la posición de los grupos parlamentarios. ¿Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Ya les adelanto que nosotros naturalmente vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley porque en su texto de resolución, aparte de instar
a culminar la evaluación de la estrategia nacional, que no se hizo porque
fue tumbada por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial,
en el que se les solicitó una documentación que ha llegado recientemente
-algunas de estas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, hay
que decir las cosas en su integridad para que se sepan-, se habla de los
principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e
integración. ¿Cómo podríamos votar en contra de la equidad? ¿Cómo
podríamos votar en contra de la solidaridad? Porque si votáramos una cosa
en un sitio y otra en otro, tendríamos no una esquizofrenia, esto se
llama médicamente trastorno disociativo de la personalidad, que es
distinto; es decir, un señor que en un sitio vota una cosa y en otro vota
otra cosa. Nosotros, afortunadamente, no tenemos estos problemas. Por esa
razón, porque es una buena
propuesta y necesaria, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que en el Sistema Nacional de
Salud son necesarios planes y estrategias nacionales; creemos que es
necesaria la solidaridad, que quiere decir que aquellas comunidades que
tienen una mayor renta, un mayor PIB, deben colaborar porque no se
entiende la solidaridad sin la financiación y, por tanto, debe ser más
igualitaria entre comunidades; creemos en la equidad y, por tanto, en que
las prestaciones deben ser iguales independientemente de donde uno vivan,
y lo creemos en Pleno y en Comisión. Por eso vamos a votar a favor de la
propuesta socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Al hilo de lo manifestado por el señor Igea, es cierto que está pendiente
la realización de una evaluación y actualización de la estrategia, pero
también tengo que decirle al señor Fernández que no es por falta de
voluntad del ministerio para el que les puedo asegurar que es un asunto
prioritario, sino por falta de voluntad de algunas comunidades autónomas
que expresaron su disconformidad en ese consejo de abril del año 2016 al
que usted hacía referencia, y que a día de hoy siguen sin hacer llegar al
ministerio esas propuestas concretas de cambio en las líneas estratégicas
y objetivos. En relación con la evaluación de la estrategia, fue aprobada
por los comités formados por las diferentes comunidades autónomas, por
las sociedades científicas, por las asociaciones de familiares y
pacientes; si bien es cierto que, al igual que el documento de la nueva
estrategia, no pudo aprobarse en el Consejo Interterritorial porque
tampoco quisieron algunas comunidades autónomas. En concreto me refiero a
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Cantabria y
Castilla-La Mancha, que no aceptaron la propuesta presentada por el
ministerio, una propuesta que no era del Partido Popular, sino que
contaba con la colaboración y el visto bueno de las sociedades
científicas y de las asociaciones de familiares y pacientes. Por cierto,
tres de estas comunidades están gobernadas por el Partido Socialista, por
lo que llama la atención que ahora sea el Grupo Parlamentario Socialista
quien inste al Gobierno a aprobar lo que ellos impidieron por razones
meramente políticas. Y digo esto porque, tras la reunión del Consejo
Interterritorial, precisamente se solicitó a las comunidades autónomas
que enviaran sus aportaciones con el objetivo de avanzar y posiblemente
mejorar el texto. Pues bien, sus señorías deben conocer que ha pasado más
de un año y tras sucesivas reiteraciones para el envío de las
aportaciones solicitadas, lo único que llegó al ministerio fueron
propuestas de modificación en la redacción o de la propia estructura de
la estrategia que no afectan para nada al contenido, lo que evidencia la
falta de voluntad de determinadas comunidades autónomas para que la nueva
estrategia sea una realidad. Por tanto, el ministerio ha iniciado una
reorientación del documento para presentar una estrategia que, con el
consenso de todos, sirva de verdad como herramienta para mejorar la salud
mental de nuestra población y profundizar en el modelo comunitario de
salud mental avalado por nuestras leyes. Una reorientación que incluye
muchas medidas que por falta de tiempo no puedo desarrollar, pero que
desde luego son importantes y buscan ese consenso para mejorar la salud
de los pacientes, de modo que dicha estrategia pueda ser aprobada. Como
decía, les puedo asegurar que cada uno de estos puntos va encaminado a
mejorar la propuesta, enriquecer la estrategia y encontrar el consenso
con el claro objetivo de aprobarla lo antes posible. Esta es la voluntad
de mi grupo, esa es la voluntad del ministerio y la del Gobierno del
Partido Popular, porque trabajar por el bienestar de las personas es sin
duda nuestra seña de identidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Blanco.
Señor Fernández, a efectos de votación, ¿acepta la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
(Asentimiento). Se acepta, pues será lo que sometamos a votación.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA "VIVIENDA COLABORATIVA" (CO-HOUSING) ENTRE
LAS PERSONAS MAYORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/002159).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al que aparecía como 6.º punto del orden del
día: proposición no de ley relativa a la promoción de la vivienda
colaborativa entre las personas mayores, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor De
Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Las profundas transformaciones sociales, económicas
y culturales que se han producido durante los últimos cincuenta años han
generado modificaciones significativas en la pirámide poblacional, y han
originado un progresivo aumento de la población de mayor edad. En España
el número de personas mayores de sesenta y cinco años o más asciende a 8
657 000, lo que se traduce en el 18,7% de la población, y se prevé que en
2050 estemos por encima de 16 millones, lo que significa que más de la
tercera parte de los residentes en nuestro país superará los sesenta y
cinco años. Además, según ponen de manifiesto en sus proyecciones de vida
organismos como el INE, la ONU o la OCDE, entre otros, el envejecimiento
de la población en España va acompañado de un aumento progresivo de la
esperanza de vida. Este último indicador demográfico sitúa a los
españoles en los puestos de cabeza a nivel mundial, y se espera que
debido a los avances que se vienen produciendo en materia sociosanitaria
continúe aumentando. Por este motivo es necesario seguir invirtiendo para
que la mejora de la esperanza de vida se traduzca en buena salud,
teniendo para ello que reforzar las estrategias de promoción de la salud
y de abordaje de la cronicidad, fortalecer la prevención de la
dependencia y la promoción de la autonomía personal. De manera que unidos
estos fenómenos demográficos, envejecimiento de la población y aumento de
la esperanza de vida, surge entre nosotros, los poderes públicos, un
verdadero reto socioeconómico al que, por encima de cualquier diferencia,
debemos hacer frente de forma conjunta. Todo ello se puso de manifiesto
en la pasada Conferencia de Presidentes, situando esta preocupación común
en el lugar que le corresponde. Fruto del consenso se alcanzó el
compromiso de trabajar de manera conjunta, Gobierno, comunidades
autónomas, ciudades con estatuto de autonomía y entes locales, desde el
respeto al ámbito competencial de cada uno de ellos, en la gestión de
este cambio con la necesaria colaboración e implicación por parte de
todos. Sin embargo, a pesar del acuerdo adoptado es esencial seguir
emprendiendo actuaciones, que tengan en cuenta las necesidades
específicas de las personas mayores y que apuesten por un envejecimiento
activo y saludable. Hablar hoy de edad madura es hablar de oportunidad,
es hablar de vitalidad, es hablar de recursos, es hablar de felicidad,
siendo fundamental promocionar la autonomía, fomentando para ello
iniciativas que tengan en cuenta a todos los agentes implicados.
En consecuencia, y paralelamente a la actuación política, cabe destacar la
acción social que ha originado la aparición de nuevos modelos de
convivencia basados en la colaboración entre personas mayores, como el
co-housing o vivienda colaborativa; un modelo residencial formado por
viviendas de uso privativo y zonas comunitarias que se diseñan como
extensión de la vivienda y en las que habitan personas mayores. El
co-housing es, por lo tanto, un tipo de comunidad autopromovida y
autogestionada por sus propios residentes, que nació hace más de cuarenta
años en Dinamarca y Holanda, y muy extendida en los países escandinavos.
En España, aunque se trata de un modelo reciente, ya existen varios
colectivos que lo promueven bajo una cultura de convivencia, eficacia y
acceso a la vivienda, y su uso y gestión se hace bajo la forma de
cooperativa de cesión de uso o promotor sin ánimo de lucro. Es por eso y
en consonancia con los resultados de este modelo, por lo que mi grupo
presenta esta iniciativa que apuesta por difundir, en colaboración con
las comunidades autónomas y los entes locales, los beneficios del
co-housing a fin de promocionar y promover la autonomía personal de los
mayores. La diferencia con respecto a otros modelos tradicionales no está
tanto en lo arquitectónico, sino en lo social. La participación, la
autogestión y el diseño intencional previo llevan a un equilibrio que
respeta la privacidad y la autonomía, aun cuando anima a generar
relaciones y a la gobernanza compartida en un entorno interactivo más
social y práctico. El co-housing apuesta por el desarrollo de una amplia
gama de apoyos y servicios que hacen posible que las personas mayores
sigan viviendo en su casa, rodeadas de sus pertenencias, rodeadas de sus
recuerdos, preservando la independencia económica y la privacidad. Y
además, facilitando algo muy importante que no siempre se logra en los
centros residenciales, que la persona siga tomando sus propias decisiones
controlando su día a día. Por lo tanto, el desarrollo de esta idea eje es
la de vivir durante toda la vida integrados en entornos seguros y
normalizados. Tales propuestas se encuentran en los innumerables
documentos de política social avanzada relacionados con el apoyo a
personas en situación de soledad, fragilidad o dependencia, que han
cristalizado en torno a este concepto de co-housing que se ha extendido y
ha sido aceptado internacionalmente.
En nuestro grupo parlamentario consideramos que se deben aportar medidas
en positivo para adaptarnos a la sociedad en la que estamos. Vamos a ser
mayores y vamos a ser más y, lógicamente, hay ámbitos que necesitan ser
afrontados con determinación y decisión. Por este motivo entiendo que
esta iniciativa también se considerará plausible por otros grupos
políticos, tal y como han expresado en
distintas ocasiones compañeros de su señorías de sus partidos políticos. Y
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sin ir más lejos, Óscar
Puente, portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, señalaba hace pocas
semanas el carácter vanguardista de estos proyectos que casa con la idea
de potenciar la autonomía de las personas mayores, respetando su
independencia, intimidad y privacidad, y buscando asimismo que se sientan
parte de una comunidad en la que colaboran con los demás, en la que se
sientan útiles y practiquen el envejecimiento activo. Quienes se deciden
por esta fórmula comparten la idea de desterrar de su vida el
aislamiento. De igual forma, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación
de Valladolid, Pilar Vicente, declaraba hace algunos días que este tipo
de iniciativas, el de las viviendas colaborativas, contribuyen a mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores en el mundo rural y a la creación
de empleo. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento, ocupa la
Presidencia).
Concluyendo, señorías, las administraciones públicas que intervienen en el
ámbito de los servicios sociales y sanitarios deben apoyar que los
mayores vivan en cualquiera de las modalidades convencionales elegidas
libremente por ellos o por su entorno. Además, deben difundir las
informaciones de tales experiencias, especialmente las que se pueden
considerar como buenas prácticas, algo que realiza el Imserso a través de
su página web. Hay que promover la accesibilidad de las viviendas, siendo
especialmente sensibles con las personas con discapacidad y los mayores
de sesenta y cinco años, con ayudas que pueden elevarse del 40 al 75% de
la inversión, tal y como prevé el proyecto del real decreto por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Un plan que también prevé
dos programas específicos de ayudas a mayores, contemplando ayudas de
carácter directo y otras a promociones de edificios o complejos
residenciales. A las administraciones autonómicas les corresponde regular
la autorización, registro e inspección de estas nuevas modalidades
habitacionales, y de manera específica han financiado una red de
viviendas tuteladas y una amplia oferta en muchas comunidades autónomas.
Las administraciones locales vienen propiciando y dando facilidades a
aquellas cooperativas constituidas por personas mayores que quieren
promover modalidades de comunidades de viviendas con servicios de apoyo.
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Vaya terminando, señor De
Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta.
Estas facilidades, junto con una mayor demanda de estas modalidades por
parte de las personas mayores, deberían producir en los próximos años una
mayor iniciativa de las organizaciones de mayores y del tercer sector
para la ampliación de nuevas experiencias en España. Por lo tanto, queda
más que claro que es vital la colaboración interadministrativa en asuntos
como el que estamos debatiendo esta mañana, apelando a ese espíritu de
trabajo conjunto y de cooperación. Termino, señora presidenta. Señorías,
tenemos la obligación de mantener esta agenda revolucionaria que avance
hacia una atención integral y centrada en las personas. Por ello solicitó
el respaldo de los demás grupos parlamentarios de esta Comisión a esta
iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor De
Arriba.
Para defender las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
El anterior portavoz ha recordado los datos, somos el segundo país más
longevo del mundo, el 19% de la población es mayor de sesenta y cinco
años, casi nueve millones de personas. En su PNL usted propone la
promoción del envejecimiento activo y la permanencia en el entorno social
y familiar más cercano, lo cual nos parece una idea estupenda. No solo lo
apoyamos en Valladolid, sino también aquí, pero nos parece que se queda
en una idea, una idea que en ocasiones pudiera parecer algo incoherente,
habríamos agradecido un mayor desarrollo. Para empezar, no nos dicen cómo
financiar estas ayudas, de dónde vamos a sacar el dinero. Recordemos que
en los últimos presupuestos el incremento de partidas sociales se ha
debido básicamente a la presión de Ciudadanos. Nos parece bien, pero
sería bueno que lo fueran detallando. Por otra parte, estas ayudas son
difíciles de entender en un entorno de recursos generalizados en el
sistema de dependencia. No ponemos en duda la crisis y las necesidades,
pero estos recortes han existido y han sido dramáticos. Esto está muy
bien, pero tendremos que tratar los dos problemas simultáneamente. En
cuanto al envejecimiento activo, realmente no existe una política clara.
Prácticamente la única política que tenemos son los viajes del Imserso,
que están muy bien, pero agradeceríamos más cosas. La iniciativa privada
a veces viene a cubrir estos huecos. Recientemente compareció en esta
Comisión una persona que nos hizo una exposición muy interesante sobre
mayores que se dedicaban a enseñar museos. Tendríamos que apoyar más
estas iniciativas. Nosotros hemos enmendado por la vía de aumentar la
dotación y mejora de los servicios de atención a la dependencia, y
elaborar un programa real de envejecimiento activo. Esperamos llegar a
algún tipo de transacción con esta enmienda. En resumen, consideramos
esta proposición un primer paso, aunque modesto, y desde luego lo
apoyaremos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchísimas gracias.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias.
Muy buenos días. El Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa
sobre el programa de co-housing, que en opinión del Grupo Parlamentario
Socialista es correcta, máxime cuando contamos con una población cada vez
más envejecida. Los últimos datos de la OCDE señalan que España es el
segundo país con mayor esperanza de vida, con una media de 83 años,
solamente después de Japón. Es compromiso de este grupo parlamentario con
los ciudadanos apoyar y promover nuevos modelos colectivos e innovadores
de convivencia, que den respuesta a las actuales demandas de las personas
de edad avanzada relacionadas con la soledad y la necesidad de atención y
servicios para el mantenimiento de su calidad de vida. Ya hay casos de
éxito de iniciativas de este tipo en nuestro país, como la que han
comentado de Valladolid, y también algunas comunidades como, por ejemplo,
Asturias, gobernada por el Partido Socialista, tienen ya en vigor ayudas
específicas para mayores en sus planes de vivienda. El co-housing es una
iniciativa interesante, viviendas de convivencia, viviendas colectivas,
una solución habitacional satisfactoria para personas de tercera edad que
no quieren vivir en una residencia y sí lo quieren hacer entre iguales y
con independencia. Pero también es cierto que, tal y como se plantea a
día de hoy, está enfocado para personas con solvencia económica, ya que
las cooperativas no dejan de ser autopromotoras. Por tanto, con esta PNL
nos dan la oportunidad de hablar de nuevo de la falta de atención de este
Gobierno a las personas mayores con menos ingresos, pensionistas, viudas
y dependientes. Las últimas medidas puestas en marcha tras la reforma del
sistema de pensiones están dando como consecuencia el empobrecimiento
paulatino de este colectivo, cuyas pensiones pierden poder adquisitivo
año tras año por primera vez en décadas. La suma de la revalorización
anual de las pensiones por debajo del IPC más los nuevos factores de
cálculo explican que, según los planes presentados por el Gobierno en
Bruselas, el gasto en pensiones se frene en porcentaje de PIB, a pesar
del aumento previsto en el número de pensionistas. Mientras tanto la OCDE
también acaba de señalar a España como uno de los países donde
reaparecerá la pobreza entre los pensionistas, como consecuencia de la
suma de la reforma laboral, su precariedad, y la reforma del sistema de
pensiones. Así que conviene recordar los recortes en todas estas partidas
y el peso económico que han soportado y soportan los pensionistas por la
crisis, sacando adelante a sus hijos en paro o con trabajos precarios y
cuidando a los nietos.
Es cierto que en el texto citan la reforma o la adaptación de la vivienda,
la movilidad, la accesibilidad, que son medidas que nosotros también
defendemos, como no puede ser de otra manera, pero choca con la reducción
del presupuesto para políticas sociales, incluida la política de
vivienda. Además, quisiera añadir que la adaptación no sólo debe quedarse
en la propia vivienda, en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos
que también debe hacerse en el entorno urbano. (El señor presidente ocupa
la Presidencia). En definitiva, esta iniciativa de lucimiento es positiva
y está muy bien, pero no se han dado cuenta que al anunciar esto vuelven
a resaltar que desde su Gobierno están desatendiendo a los que realmente
lo necesitan. Les decía que la iniciativa es correcta, el problema lo
encontramos cuando vemos la escasa financiación con la que cuenta el Plan
Estatal de Vivienda. Por eso y para que no solo sea de lucimiento, sino
una iniciativa real, presentamos una enmienda de adición para que estas
actuaciones cuenten con una dotación presupuestaria suficiente para
atender al colectivo al que van dirigidas a través del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, porque si no, nadie entenderá que se anuncie algo
positivo que no tiene consignación económica porque, evidentemente,
quedaría nada.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
señora De la Concha.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días, señorías. Como decía
la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición no de
ley es hasta bonita, podría ser un artículo de prensa. Yo pertenezco a
una generación que tuvo mucho que ver con el antifranquismo, pero también
con el movimiento jipi, fue una mezcla un poco rara. Nos gustó mucho la
idea de las comunas y conozco a mucha gente que vivió en comunas. Era
bonito y divertido vivir en comunas, pero desde luego fue una iniciativa
que no tenía nada que ver con los poderes públicos. Si yo quisiera
practicar el co-housing tendría muy buenos amigos con los que ya he
convivido y sería muy fácil volver a convivir No me parece casualidad que
en Holanda sea precisamente donde esta idea del co-housing ha empezado a
prosperar. ¿Por qué? Porque en Holanda, donde tengo muchos amigos,
recuerdo que la abuela de uno de ellos me contaba que cuando cumplió
sesenta y cinco años, vino una comisión de motu proprio -del consejo o
del ayuntamiento, no se cómo se llama allí- y le dijeron: ha cumplido
usted sesenta y cinco años y venimos a verla para ver qué tal está. Y
entre otras cosas, le propusieron instalar en la casa de dos plantas
donde había vivido toda su vida y había criado a sus hijos, una especie
de ascensor en las escaleras para subir y bajar y varias mejoras. Aquella
mujer siguió viviendo toda la vida en su casa y murió casi con cien años.
Ella comentaba: en este país da gusto pagar impuestos. Aunque les parezca
que no, todo esto me parece muy relevante.
Entonces, en esta PNL todo el cuerpo del asunto es bonito, interesante, ya
digo que parece un artículo de prensa, pero luego en realidad qué se
pide. Se solicitan dos cosas: una, que se impulsen las ayudas para el
acondicionamiento y adaptación del hogar, que obviamente nos parece muy
bien, pero luego se pide que se difundan los beneficios de las viviendas
para personas mayores con servicios comunes. Me parece que esto es como
lanzar una idea flotante para que vaya cundiendo que cada uno esté a lo
suyo y se vaya buscando la vida porque la cosa viene fea. Vamos a ser
mucha gente muy mayor, el Estado va a dedicar muy pocos recursos, y la
gente que cuando llegue a mayor aún tenga una vivienda porque no se la
hayan quitado o no haya tenido que avalar a sus hijos con ella, etcétera,
y tenga amigos o un grupo de personas de su nivel cultural, social y
económico, debe ir asumiendo lo bonito que es vivir juntos. Hay algunas
películas, por ejemplo, ¿Y si viviéramos juntos?, en las que la gente que
aparece son todos de clase media alta. Me parece muy bien, pero esto de
difundir la idea de que es bonito...
El señor PRESIDENTE: Señora De la Concha, debe concluir.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Termino. Quiero decir que si lo que
nos están proponiendo es un aumento de los servicios públicos para las
personas mayores con el co-housing o con cualquier otra modalidad
reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, nos parece fenomenal
y votaríamos a favor. Si esto es lo mismo pero sin financiación, nos
abstendremos. Y si se trata de hablar de que la gente que tenga casa se
junte y reúna su dinero, no veo que sea relevante en una Comisión del
Congreso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Concha, su tiempo ha
concluido.
Señor De Arriba, a efectos de votación, ¿acepta alguna de las enmiendas,
habrá transacción?
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Estamos transaccionando con el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, creo que llegaremos a un acuerdo, y estamos
valorando la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, esperamos entonces para las votaciones.
- SOBRE LA REVISIÓN DEL PROTOCOLO BÁSICO DE INTERVENCIÓN CONTRA EL
MALTRATO INFANTIL EN EL ÁMBITO FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002384).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que aparece como 7.º en el orden del
día original, que es la proposición no de ley sobre la revisión del
Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito
familiar. Es del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la
palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Les voy a hacer un breve relato. El 11 de julio de este mismo año
ingresaba en urgencias del Hospital Campo Grande de Valladolid una niña
de cuatro años llamada Sara, con hematomas en diversos grados de
evolución, que hacen sospechar al pediatra que la atiende de la
existencia de malos tratos. El pediatra da aviso al 112, a la Policía
Nacional, y se inicia un protocolo. El 12 de julio se reafirma en su
denuncia en la comisaría. La madre de la criatura alega maltrato por
parte del padre de la niña. Entra el equipo de violencia de género y
hasta el 21 de julio, día en que se archiva porque la madre retira la
denuncia, entre otras cosas porque el padre al que acusaba de esos malos
tratos estaba en Londres desde hacía semanas, con lo cual era difícil que
fuera responsable de esos malos tratos. Al archivarse el 21 de julio se
emite un informe a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, el
Juzgado de Guardia todavía sigue sin tener conocimiento porque solo se ha
hecho cargo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El 24 de julio se
reúnen los servicios sociales para analizar el caso, trece días después.
En ese ínterin el 17 de julio la niña acude a otro hospital de Valladolid
con hematomas subungueales y quemaduras en los dedos de la mano. El 26 de
julio se hace la primera visita por parte de los servicios sociales a la
familia, que detectan algo sospechoso en la actitud de la hermana y de la
niña afectada, por lo que deciden repetir una visita el día 28. El día 28
la madre se niega a la visita porque dice que está trabajando, con lo
cual se le cita para el 1 de agosto, día en que tampoco se realiza la
visita. El 2 de agosto la niña ingresa con parada cardiorrespiratoria en
el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y fallece en ese mismo
instante. Han pasado veintitrés días y nadie ha hecho nada. A resultas de
este caso hicimos una pregunta al Gobierno para que nos explicase la
actuación del órgano judicial, que está resumida en esta exposición que
les acabo de hacer. A resultas de este caso solicitamos la comparecencia
de la consejera de Servicios Sociales en la Junta de Castilla y León. He
de decirles una cosa, ninguna de las personas que han intervenido en este
caso, ninguna, ni siquiera ha pedido perdón. Nada ha fallado, todo estaba
bien. El resultado es que parece ser que se aplicó el protocolo
correctamente. No puedo expresar con palabras la indignación que me
produce este caso. Pero nuestra obligación como legisladores y nuestra
obligación en este Parlamento es analizar los hechos y ver si podemos
aportar algo, porque si efectivamente lo que ocurría es que el protocolo
estaba mal pues tendremos que hacer algún cambio en el protocolo
urgentemente. Porque un caso como este no se puede volver a repetir.
Porque lo que nosotros pensamos es que la gente más indefensa, los seres
más indefensos del mundo, no pueden encontrar esta respuesta por parte de
las autoridades públicas. En estas autoridades públicas incluyo a todo el
mundo. Incluyo a la Fiscalía, que no trasladó ni abrió un segundo
expediente para violencia a menores; a la Policía Nacional, que tampoco
trasladó a Servicios Sociales con la urgencia requerida; a los Servicios
Sociales, que tardaron catorce días; a todo el mundo que dejó sola a esta
criatura hasta que falleció. Por eso nosotros creemos que es
efectivamente necesario reformar la Ley de Protección de Menores, pero
creemos que hay una cosa urgente que es reformar el protocolo, una cosa
tan sencilla como que los menores, víctimas de maltrato, no puedan salir
de un hospital si no se ha hecho una evaluación de riesgo adecuada. Para
hacerla los Servicios Sociales tienen que evaluar el riesgo y el entorno
familiar. Para hacer una evaluación de riesgo adecuada los forenses deben
de valorar a los menores, porque si cualquier forense hubiera visto
hematomas en distinto grado de evolución que no se corresponden con el
tiempo que lleva ausente el supuesto agresor habría tomado algunas
medidas. Si esto lo hubiera hecho un forense lo hubiera remitido al
Juzgado de Guardia en un atestado diferente al atestado de violencia de
género, probablemente hoy no estaríamos aquí. No pretendemos legislar por
un caso único o por un caso aislado, lo que pretendemos con esto es
simplemente llamar la atención al Gobierno a reformar de manera urgente
el protocolo de maltrato a menores, que depende del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por eso estamos hoy aquí en esta
Comisión, para evitar que un próximo caso nos lleve a un desenlace fatal
como ha tenido este. Es difícil negarse a una petición tan elemental y
tan sencilla como que no se dejen desprotegidos a los menores que sufren
agresiones una vez que han sido detectadas las mismas. Por todo ello, les
pido el voto favorable. Hemos valorado positivamente la enmienda del
Grupo Popular, vamos a llegar a una transaccional. No podemos hacer lo
mismo con el Grupo Socialista, porque no incluye la necesidad de mantener
a los menores dentro de los centros de hospitalización hasta que se hayan
cumplido unos requisitos mínimos de valoración de riesgo. No puede ser
que dejemos desprotegidos a los más indefensos, a los que menos culpa
tienen y que miremos para otro lado. Nosotros no volveremos a mirar para
otro lado, creemos que un caso es más que suficiente para tomar una
medida. Muchas gracias.
Hay dos grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Sahuquillo tiene la palabra.
El señor SAUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
La preocupación por el grave problema social que representa la violencia
ejercida contra los niños y las niñas es, como no puede ser de otra
forma, compartida por todos los grupos del arco parlamentario. Ello tuvo
su reflejo en los trabajos de la subcomisión que se constituyó en la 10.ª
Legislatura para abordarlo y de la cual tuve el honor de participar
activamente. Como resultado de todas aquellas sesiones en las que contó
con expertos de todos los ámbitos, se elaboró un informe cuyas
conclusiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar una
normativa cuyo objetivo era erradicar la violencia contra la infancia y
proteger el derecho de los niños y niñas a la integridad física y moral.
Hace dos meses el Pleno del Congreso aprobaba una proposición no de ley
firmado por casi todos los grupos políticos que instaba al Gobierno, en
el ámbito de sus competencias, y en colaboración con las comunidades
autónomas, a iniciar en el plazo de tiempo más breve posible, y que en
todo caso no excediese de doce meses, los trabajos para la aprobación en
la presente legislatura de una ley orgánica para erradicar la violencia
contra la infancia que proteja el derecho de los niños y niñas a la
integridad física y moral. La proposición no de ley que ahora debatimos
se circunscribe en esa inquietud, a combatir la violencia contra la
infancia y por ello mi grupo la valora positivamente. Sin embargo,
consideramos que su contenido es mejorable. Según dice en la exposición
de motivos -y leo literalmente-: Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos consideramos que todos los casos en los que exista certeza de
maltrato leve o grave, el menor debe ser ingresado y apartado del
ambiente en el que se produce las agresiones hasta que no exista
-entiendo que es hasta que exista, ese no sobra- una valoración adecuada
por un equipo médico forense del ministerio fiscal y los servicios de
protección autonómicos.
Señorías de Ciudadanos, permítanme decirles que incurren en varios
errores. Primero, se están refiriendo al alta hospitalaria, tal como
consta en el apartado c) de la parte dispositiva, pero un hospital es un
centro sanitario, no es el lugar adecuado para alojar a un menor que por
encontrarse en riesgo de maltrato se estima que no debe permanecer con su
familia. Segundo, ustedes confunden la fase de procedimiento, cuando
dicen que no se producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y
graves de violencia hasta la valoración del riesgo por los Servicios
Sociales. Están ignorando que si existe valoración es porque ya han
intervenido los Servicios Sociales y que si estos han decidido que se
trata de un caso leve, esto implica por la definición que contiene el
propio protocolo que la situación se puede abordar educativamente en el
entorno sociofamiliar del menor. De este modo el menor permanece en la
familia y se realiza una intervención educativa desde los servicios
sociales de atención primaria, sanitarios o educativos de carácter
preventivo, con la finalidad de desarrollar la parentalidad positiva y
fortalecer las habilidades de los progenitores incompatibles con la
violencia. Tercero, no se trata de desplegar toda una red: Servicios
Sociales, forenses, Fiscalía de Menores, Juzgado de Guardia, ante
cualquier circunstancia, sino de emplear adecuada y racionalmente los
recursos y, cuarto, para mejorar sustancialmente el desarrollo del
protocolo y evitar desgracias, lo que hace falta es que los Servicios
Sociales cuenten con personal y medios suficientes para desempeñar su
trabajo con la debida agilidad, eficacia y garantías. Algo que tras los
recortes del Gobierno del Partido Popular resulta difícil de alcanzar.
Permítanme que vuelva al inicio de mi intervención. Cuando en la
subcomisión sobre la violencia contra la infancia de la 10ª Legislatura
elaboramos su informe final. Hubo ciertos aspectos en los que no fue
posible el pacto, por lo que se presentaron diez votos particulares, ocho
de ellos presentados por mi grupo. Uno de ellos rechazado por la mayoría
absoluta que tenía entonces el Partido Popular iba destinado a reforzar y
dotar de recursos a los Servicios Sociales imprescindibles para la
prevención, detección y atención a menores víctimas de violencia.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda que creemos mejora la
iniciativa. Compartimos la necesidad de revisar y actualizar el protocolo
en lo relativo a agilizar los tiempos y limitar la exposición de los
menores al entorno perjudicial, por tanto, compartimos el contenido de
los puntos a) y b). Sin embargo, hemos reconvertido su apartado c) en uno
nuevo que va más allá de la revisión del protocolo, la responsabilidad
que asumen los Servicios Sociales es clave en estos procesos y de sus
actuaciones dependen en gran medida un buen desarrollo de toda la
intervención. Por ello es imprescindible reforzarlos desde el punto de
vista humano y material. Señor portavoz del Grupo de Ciudadanos no
infravalore a los Servicios Sociales que tienen mucho que decir. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Heredia.
La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos valorado positivamente esta
iniciativa, porque viene a mejorar la defensa del bienestar de los niños
y niñas de nuestro país. Queremos también condenar lo sucedido en el día
de ayer en Valencia, en el caso tan terrible que vimos todos en los
medios de comunicación, y trasladamos a su familia las condolencias en
nombre del Grupo Popular. Me hubiera gustado que esta proposición se
hubiera visto en su Comisión propia que es la defensa de los derechos de
la infancia y la adolescencia, pero esperamos que en la próxima ocasión
tengamos más suerte. Sobre el contenido de esta proposición tengo que
añadir que tenemos que saber que el protocolo básico de intervención
contra el maltrato infantil es un instrumento que persigue orientar las
políticas de intervención en caso de maltrato infantil, para que cada
órgano competente -y aquí quiero hacer un inciso- que son las comunidades
autónomas y las ciudades autónomas desarrollen su propio protocolo, o sea
un protocolo específico para cada caso, para que sean más efectivos en
cada territorio y sea aplicable sobre las distintas provincias de nuestro
territorio español. Tenemos que recordar también que este último
protocolo se aprobó el 9 de junio de 2014, solamente hace tres años y que
modificaba a su vez y actualizaba uno que venía de 1997, casi veinte años
sin modificarse. El nuevo protocolo de 2014 incluye medidas tan
importantes y tan significativas para el Gobierno del Partido Popular
como reconocer por primera vez que los menores son víctimas ante la
violencia de género; cosa que olvidaba la Ley, de 2014, de Violencia de
Género.
El grupo proponente pide una revisión -nos parece bien-, todo lo que sea
mejorar siempre es positivo. Tengo que decir aquí que desde el ministerio
se está trabajando en contacto con los agentes especializados y
profesionales de las instituciones y administraciones en someter
continuamente a revisiones todas y cada una de las medidas y protocolos
que existen en nuestro ordenamiento. También tengo que decir, porque
algunas de sus señorías se han reunido con la directora General de los
Servicios de la Infancia y la Familia en varias ocasiones y conocen muy
de cerca cómo se está trabajando desde el ministerio en estos últimos
seis años. Se está trabajando intensamente en actuar codo con codo con
las entidades sociales, que saben sobre el terreno cuáles son las
necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Tengo que decir que se ha
trabajado y que ahora mismo encima de la mesa tenemos asuntos tan
importantes como la atención especial a los menores más vulnerables, como
son los menores con discapacidad, los extranjeros, las víctimas de abusos
sexuales, la pornografía infantil. Se ha mejorado también los protocolos
de acogida y de adopción y sobre la lucha contra la violencia hacia la
infancia hay que decir que queda mucho trabajo por delante, pero que se
han dado pasos muy importantes desde todos los ministerios implicados,
como son, por ejemplo, traer al Pleno del Congreso una importante
aprobación como ha sido la proposición no de ley para que se regule esta
lucha tan importante como es luchar contra la violencia hacia los
menores, que fue aprobada el pasado mes de septiembre, conjuntamente por
todos los grupos políticos, que creo que es un gran avance. Ya se venía
trabajando en un borrador, ya se está avanzando en la regulación de la
misma y yo creo que es una buena noticia. No estoy de acuerdo con las
afirmaciones del señor Sahuquillo, el portavoz del Grupo Socialista,
cuando habla de recortes. Aquí usted tiene que analizar todo lo que se ha
hecho durante estos seis últimos años. Le recuerdo que por primera vez en
la historia de nuestro país se ha tenido en cuenta muy de cerca cuáles
eran las necesidades en infancia. Más de 365 medidas que muchas de ellas
no existían anteriormente en nuestro país se han puesto a disposición de
las comunidades autónomas y por fin están llegando los dineros a los
ayuntamientos, le puedo dar fe, porque yo soy también concejal en mi
pueblo y sé cómo se está trabajando con más de 10 000 millones de euros
encima de la mesa. Eso no lo hizo el Gobierno del Partido Socialista, eso
lo ha hecho el Partido Popular en estos últimos seis años. Sé que es muy
difícil reconocerlo para ustedes, pero está ahí y es algo que tenemos que
poner en valor aunque nos guste más o nos guste menos.
Respecto al sentido de la enmienda, ya avanzo nuestro voto afirmativo,
porque además hemos llegado a una transaccional. Quiero agradecer al
señor Igea su generosidad a la hora de aceptar esta enmienda
transaccional. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Heredia.
Para fijar la posición de los grupos. Señor Agirretxea, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo muy brevemente, señor presidente.
Primero quiero decir que casos tan dramáticos como el que ha explicado el
señor Igea, aparte de generar pavor e indignación, son casos sueltos pero
que exigen evidentemente que el sistema no pueda permitir que esos casos
sueltos ocurran. Por tanto, la primera pregunta que hacemos es: ¿Es que
falló el sistema o es que es un sistema fallido? Es decir, si
verdaderamente se evita muchísimo más de lo que ocurre o es un sistema
que siempre tiene agujeros por el mismo lado. Si fuera así entonces es
cuando verdaderamente tenemos que atajar y atacar la resolución de ese
problema de la coordinación de ese sistema. ¿Igual fueron personas que no
ejercieron bien su trabajo dentro de ese sistema que sí funciona?
Dejaríamos ahí en el aire esa pregunta. En cualquier caso, los protocolos
son para revisarlos, siempre lo son. Porque cada casuística a veces no es
ciencia exacta y exige modificaciones, flexibilidad, improvisaciones, más
de una vez, para que ese protocolo se adecúe en cada caso a las
necesidades concretas. Dicho esto, también, quiero decir que cuando la
representante del Grupo Popular decía ahora que los menores se hayan
incluidos dentro de la violencia de género, me parece muy bien, es así,
pero todo es maltrato infantil. Cuando un niño o un menor es perjudicado
por la violencia. Sea por la violencia de género, pero también hay otras
violencias ejercidas sobre los menores que no son directamente causa de
violencia de género y puede ser incluso causada por aquella persona que a
su vez no ha recibido ninguna violencia de género por parte de su pareja.
En cualquier caso, tanto en un caso como en el otro, es una violencia
ejercida sobre los menores y es algo que hay que atajar. Quizá la
pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿Por qué sigue existiendo
violencia contra los menores?
Por último, quiero decir que independientemente de que fallara ese
sistema, espero -no sé si el portavoz del Grupo de Ciudadanos podrá
constatarlo o no- que a raíz de ese fallecimiento el proceso judicial
empezaría o seguiría o se iniciaría o tendría por lo menos un camino, ya
que por lo que la vida de esa niña nunca va a poder ser recuperada, por
lo menos judicialmente se resarza ese hecho que ocurrió. Nosotros estamos
de acuerdo con la denuncia de lo que ha ocurrido, pero no nos gusta del
todo las medidas que proponen para solucionarlo. Por tanto, mi grupo se
abstendrá. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora De la Concha.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: En la Comisión de Infancia que
existe en el Congreso se está trabajando justamente sobre este tema. Nos
ha sorprendido un poco que se trajera esta PNL a la Comisión de Sanidad.
De hecho en el Pleno ya se aprobó a instancias de Save the Children
elaborar una ley para erradicar cualquier tipo de violencia contra la
infancia. Esto se está trabajando en la Comisión de Infancia, como digo,
coordinándonos con la sociedad civil. Desde luego, todo lo que sea
mejorar los protocolos nos parece un avance, pero teniendo en cuenta que
se está trabajando en un proyecto de ley, creemos que es ahí el lugar.
También habría que preguntarse por qué se producen estos hechos que
además son muy frecuentes. Decía antes el señor Igea que un caso es más
que suficiente, pero es que no es un caso, teniendo en cuenta que el
maltrato infantil y la violencia contra los menores de edad es una cosa
que se denuncia bastante poco, los datos que tenemos de 2015, aprovecho
para repasarlos, porque me parecen escandalosos. Además me parece
escandaloso que también ahí las niñas sean las que se llevan la peor
parte. Los datos de 2015 que tenemos dicen que los malos tratos en el
ámbito familiar afectaron a 3800 menores de edad, de los cuales 2500 eran
niñas. Hubo intento de asesinato a 50 menores, de los cuales 20 murieron.
Ataques sexuales de diversa índole a 3900 menores de edad, de los cuales
3100 eran niñas. En esto me parece muy a resaltar que de todos los
delitos sexuales que se produjeron en 2015, el 48% iban dirigidos a
menores de edad. También me parece muy irónico, en el sentido más trágico
de la palabra irónico, que estos hechos que relata el señor Igea
comenzaron el día 11 de julio y precisamente ese día fue cuando todos los
partidos que estamos aquí presentes presentamos un escrito a la Mesa del
Congreso pidiendo que se empezara a trabajar en esta ley para erradicar
la violencia contra la infancia y dábamos un plazo de doce meses.
Obviamente para esta niña el plazo ha sido demasiado largo y para otros
tantos que están esperando por ello. Tenemos muchas esperanzas puestas en
los trabajos de la Comisión de Infancia que esperemos que se agilicen
todo lo posible y que esto se pueda reducir, si no eliminar todo lo que
se pueda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De la Concha.
Señor Igea, ¿Acepta la enmienda del Grupo Popular o van a hacer una
transaccional?
El señor IGEA ARISQUITA: Vamos a hacer una transaccional con las enmiendas
del Grupo Popular y del Grupo Socialista que vamos a realizar y la
enviaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Esperamos para la hora de la votación.
- SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/002386).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al que era 8.º punto del orden del día
original, que es la proposición no de ley sobre la financiación del
sistema de autonomía y atención a la dependencia, del Grupo Parlamentario
Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.
Quiero decirles que nos ha parecido necesario y de forma imperiosa
presentar esta proposición no de ley para su debate, y si así lo
consideran sus señorías su aprobación en esta Comisión, porque después de
que hemos tenido ya conocimiento y se ha ultimado el informe de la
Comisión para el análisis de la situación actual del sistema de
dependencia sobre su sostenibilidad y los actuales mecanismos de
financiación que, como recordarán sus señorías, ha sido a instancia del
acuerdo adoptado en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de
2017. Nos ha parecido importante, como decía, traer esta iniciativa
puesto que en este informe entre otros muchos aspectos se pone de
manifiesto que las leyes deben de estar y están para ser cumplidas y en
este caso el Gobierno del Partido Popular no está cumpliendo la ley.
Cuando apenas hemos celebrado el 10.º Aniversario de la aprobación de
esta ley el balance que hacemos la mayoría de los grupos políticos, así
como todos los colectivos, asociaciones y plataformas sociales, la verdad
es que no puede ser más desolador. La conclusión es que durante estos
años el Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el sistema
con sus reformas y con los recortes presupuestarios que ha llevado a cabo
durante estos años. El primer acuerdo, como recordarán, fue demorar el
periodo de implantación de esta ley, paralizaron el calendario y
eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a
283 millones. El pernicioso real decreto 2012 introdujo muchas
modificaciones en la regulación que había del sistema de atención a las
personas en situación de dependencia, además de forma totalmente
unilateral y quiero recordar que la aprobación de esta ley desde el
inicio contó con un apoyo muy importante. Destacan entre estas
modificaciones la reducción del 13% de la aportación de la Administración
General del Estado para la financiación del nivel mínimo, el recorte del
15% en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, la
eliminación de las cuotas de Seguridad Social de las cuidadoras -y hablo
en femenino, porque la inmensa mayoría son mujeres no profesionales- que
afecta a unas 180 000 personas. Además de introducir una serie de
incompatibilidades entre las prestaciones que el sistema reconocía, así
como el incremento del copago. En líneas generales este es el balance tan
desolador de estos últimos años. Ha habido un gran retroceso en la
financiación estatal del sistema, mientras que también ha caído la
aportación finalista de la Administración General del Estado y se ha
incrementado la aportación de las comunidades autónomas. Esto no lo digo
yo, lo dice el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales y, lo que es más relevante y más significativo, lo
dice el informe que, insisto, recientemente ha visto la luz pública, y
que han hecho con la colaboración y participación de todas las
comunidades autónomas. Este informe, entre otras cosas, pone de
manifiesto y reconoce que la aportación que corresponde a la
Administración General del Estado no representa más del 20% del coste
total del sistema de dependencia. También reconoce que las comunidades
autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación. La
importancia de este informe es que cuantifica por primera vez el impacto
económico que han producido los recortes de la Administración General del
Estado desde 2012 a diciembre de 2016. A partir de la supresión del nivel
acordado, recuerdo nuevamente 283 millones de euros menos cada año, y la
reducción del 13% menos en el nivel mínimo. La Administración General del
Estado tenía que haber aportado 1 700 000 euros más cada año. Es
necesario modificar el sistema de financiación en el que se mantenga el
carácter finalista y que tenga en cuenta el coste de los servicios y de
las prestaciones.
Quiero también resaltar que según el informe de la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales la diferencia de la
financiación con respecto al año 2011 es de más de 2000 millones de
euros. Sin tener en cuenta, repito, la cotización de las cuidadoras en el
entorno familiar. Son 2000 millones de euros menos cuando en teoría
estamos atendiendo a más personas en situación de dependencia. Estas
cuentas la verdad es que no me cuadran a no ser que lo que estemos
haciendo sea devaluando la calidad de los servicios que se están
prestando.
La Ley de Dependencia ha sido modificada, como he dicho, a través de
reales decretos sin el consenso del Consejo Territorial, por lo que nos
parece imprescindible que las modificaciones en la ley se introduzcan a
través del Congreso de los Diputados y al menos cuente con el mismo
consenso que obtuvo la aprobación de la ley. El Grupo Socialista en esta
proposición no de ley se ha querido centrar fundamentalmente en la
financiación del sistema de la dependencia. Creo que el Gobierno no tiene
ninguna excusa más. Está el informe, que reconoce la falta de
financiación del sistema, y lo que urge de manera imperiosa es a
financiar adecuadamente el sistema para eliminar la lista de espera y
reponer también la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras,
que es un clamor de todos los colectivos.
Por último, en cuanto a las enmiendas que se han presentado a esta
iniciativa nuestra que concretamente ha sido de Podemos. Queremos, como
he dicho, plantear esta iniciativa solo en términos de financiación y de
reestablecer los derechos y los recortes que el Gobierno del Partido
Popular ha hecho durante estos años. Consideramos -y vuelvo a repetir-
que ha habido mucho consenso, que lo importante y lo fundamental es
recuperar de inmediato los derechos que han sido recortados y, a partir
de este momento, si podemos seguir avanzando, avancemos con el consenso
que al menos obtuvo la ley en el momento de su aprobación. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
Precisamente para defender esas enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Muchas gracias, presidente.
Hoy el Grupo Socialista nos propone que debatamos sobre la financiación
del sistema de autonomía y atención a la dependencia y agradecemos mucho
la propuesta que nos traen porque a nuestro grupo nos parece de vital
importancia abordarlo. Ya que desde hace diez años que es desde que se
aprobó esta ley vemos como el Partido Popular lleva haciendo hachazo tras
hachazo en los Presupuestos Generales del Estado dotándolo con una
financiación ínfima a la atención de las personas en situación de
dependencia relegándolo al existencialismo, a la beneficencia, como
también hacen ya con los Servicios Sociales. Fue determinante cuando en
el año 2012 el Partido Popular no solo paralizó ya el calendario de
aplicación de la Ley de Dependencia, sino que daba el hachazo final a la
atención a las personas en situación de dependencia cuando dejó
desamparadas ya a todas las personas, a todas las cuidadoras no
profesionales, planteando que ya no solo no podrían ni tener siquiera la
Seguridad Social y rompió también el acuerdo de financiación
Estado-comunidades autónomas donde había un inicio que el acuerdo sería
50 a 50, Estado y comunidades autónomas, y a la hora de la verdad el
Estado aporta el 18,1% y las comunidades autónomas el 81,9%. Declara
también otra cosa que a las trabajadoras y a todo el personal de Servicio
Social nos parece una verdadera aberración que es declarar la
incompatibilidad de los servicios. Empezaron a decir a los usuarios que
si tenían servicio de ayuda a domicilio no podían acudir tampoco a un
centro de día. Aumentó el copago -el repago, como a nosotros nos gusta
más llamarlo-; eliminó, como decía, las cuotas de la Seguridad Social;
anuló el derecho a poder seguir con una subida de la cuantía y a
reconocer el derecho por la baja de paternidad y maternidad, que es en
esa línea donde iban nuestras enmiendas.
Por estas medidas de austeridad, que el Partido Popular tendrá que
reconocer y pedir perdón en algún momento, más de 171 000 personas
cuidadoras no profesionales se han visto desamparadas con estos recortes
y más de 350 000 personas se encuentran en lo que llamamos el limbo de la
dependencia, que a pesar de que tengan reconocido por ley el poder
beneficiarse de unos recursos o unos servicios, directamente no se les
aplica esos servicios ni esos recursos. Durante estos diez años que lleva
aplicándose esta ley han desoído a todos los profesionales de la Sanidad
y de los Servicios Sociales cuando ya desde sus inicios de esos recortes
de austeridad planteamos que era una verdadera aberración. Creemos que es
urgente empezar a hacer una remodelación y hablar del modelo de cuidado
que nosotros queremos hacer para la atención a las personas en la
situación de dependencia y hacerlo desde una visión de género cuando
planteaba, igual que decía la compañera del Grupo Socialista, que el 85%
de las cuidadoras no profesionales siempre somos mujeres. Creo que es
momento de garantizar servicios y recursos públicos y de calidad, pero
financiación vía Presupuestos Generales del Estado y hacer posible una
atención integral a las personas en situación de dependencia, solicitamos
una vez más al Partido Popular que deje de hacer una política
verdaderamente criminal, que es lo que está haciendo con las
personas en situación de dependencia, porque 90 personas al día fallecen
esperando la Ley de Dependencia. Es el momento de afrontar una reforma de
la Ley de Dependencia de manera urgente, está en juego la vida de cientos
de miles de personas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcello.
Para fijar la posición de los grupos, empezando por el Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, tengo la sensación de estar
continuamente en un debate absolutamente absurdo. No tiene sentido que el
Grupo Socialista critique unos recortes, cuando todos tenemos cierta
memoria para saber con lo que nos encontramos en 2011 en las arcas de
este país, especialmente con relación a la dependencia. ¡Basta ya de
buscar a un culpable! No creo que haga falta recordar la deuda que había
con la Tesorería de la Seguridad Social, en materia de la prestación de
los cuidadores. Del mismo modo, quiero recordarle al Grupo de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea -con todos mis respetos- que sobre todo es
competencia autonómica. Ustedes están gobernando en Castilla-La Mancha y,
por tanto, alguna responsabilidad tendrán en la gestión que se hace en
materia de dependencia. Otra cosa distinta será la cuestión que se ha
hecho en esta proposición no de ley. Yo no quiero hacerme enemigo de
nadie, pero hay que ser justos y en la justa medida hacer el debate que
tenemos que hacer. Yo creo que ya está bien de mirar al pasado, lo que
tenemos que hacer es mirar especialmente al presente y al futuro. El
presente es que si todos están diciendo actualmente que hay... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ya siento lamentar la buena sonoridad de la sala,
pero es que cualquier susurro se convierte en un trueno, atruena. Por
tanto, hablemos un poquito más en susurro, si hace falta. Ya sé que están
negociando y pactando, pero es que se hace difícil seguir al orador.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Uno de los sufridores de ese Real Decreto 20/2012,
de 13 de julio, fuimos los navarros, a quienes tengo el orgullo de
representar como Unión del Pueblo Navarro. Al derogarse los artículos 32
y 33 de la Ley 39/2006, y derogarse definitivamente el nivel acordado,
como bien ha dicho el Grupo Socialista, Navarra ha dejado de percibir en
ese nivel acordado 10,1 millones de euros. Esa crítica se la hicimos en
2012, al igual que la hicimos en la comparecencia de la señora ministra.
Ahora bien, si ahora estamos en una situación de mejoría económica me
gustaría que si hubiera financiación suficiente fuéramos a un nivel
anterior a ese real decreto de 2012 y que se financiaran suficientemente
las prestaciones económicas, en este caso, la Ley de Dependencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Con el tema de la Ley de Dependencia fuimos
críticos desde el minuto uno y seguimos siéndolo en el minuto que estemos
ahora, esté quien esté gobernando. Cuando el Partido Socialista propuso
este tema, independientemente de crear un derecho subjetivo nuevo y poder
estar de acuerdo en algunas cuestiones o no, había un asunto fundamental:
que era una invasión competencial pura y dura de lo que correspondía a la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Ahora el punto 3 de su propuesta dice:
"Las aportados de la Administración General del Estado por los niveles de
financiación mínimo y acordado deberán ser equivalentes a las realizadas
por las comunidades autónomas". No será la primera vez que lo planteamos,
más de una vez hemos hecho aquí incluso una interpelación.
¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que la Administración
General del Estado no estaba dando la parte que le correspondía y las
comunidades autónomas, en el caso de Euskadi las diputaciones forales que
son las competentes, aparte de dar su parte también adelantaba la parte
del Estado español, porque el ciudadano cuando va a la ventanilla exige
el servicio a quien se lo da, pero no pregunta quién lo está pagando o
quién no lo está pagando. Es decir, la diputación no da la mitad del
servicio, porque el Estado no paga la mitad correspondiente. Por tanto,
ante esta situación he de decir que es algo que hemos reclamado y que
seguiremos reclamando. Sé que en algunos lugares es a la inversa: el
Estado es el que está dando el 25%, y la comunidad autónoma no está
poniendo apenas nada. Por tanto, aquí la fiesta es según por dónde se
mire y las carencias son según quien las mire, de donde las mire.
En cualquier caso, podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones, pero
como hemos sido críticos con el desarrollo de esta ley, así como con su
falta de financiación desde el principio, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Los últimos estudios sobre el SAAD, el Sistema de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, coinciden en muchas cosas, como que estamos
por debajo de la media de la OCDE en atención a los mayores de sesenta y
cinco años, pero, sobre todo, coinciden en las grandes diferencias
regionales, tanto en financiación y valoración como en ese limbo de la
dependencia que se crea con aquellos a quienes ya se les ha reconocido el
derecho, pero aún no se les ha dado la prestación. Es tal la diferencia
que un ciudadano tiene más del doble de probabilidades de acceder al
SAAD, en función de la comunidad autónoma en la que resida. Por tanto
-continúan estos mismos estudios-, es imprescindible no solo eliminar la
incertidumbre financiera sino acabar con las diferencias territoriales.
En la exposición de motivos de la Ley de 2006 ya se configuraba como un
derecho subjetivo basado en los principios de universalidad y equidad.
Por eso -continuaba la exposición-, para garantizar la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de sus derechos, que es lo que dice el
artículo 149 de la Constitución, se dictaba la ley. El Grupo Socialista
parece recoger esta preocupación por la falta de equidad en su
proposición no de ley. Por eso proponen una financiación finalista en la
parte que corresponde al Estado, pero también posiblemente en la
financiación que dediquen a la dependencia las comunidades autónomas.
Esto es fácil de entender, así todas las comunidades dedicaran el mismo
porcentaje del gasto sanitario a dependencia, ya que si unas tienen
distinto gasto sanitario por habitante, dedicarán más o menos en función
de lo que es y se romperá la equidad. Nos parece, por tanto, muy bien esa
financiación finalista y votaremos a favor, porque no tiene sentido esas
diferencias regionales.
Esta propuesta vuelve a poner de manifiesto la incoherencia del proponente
y la de la mayoría de los partidos con la votación que se produjo en la
moción del miércoles. En aquella propuesta nos preocupábamos del mismo
modo que en esta proposición no de ley por la igualdad, en ese caso del
sistema sanitario, y proponíamos medidas para atenuar o acabar con esas
diferencias, entre otras, tener una cartera común de servicios o
propiciar tener esa cartera común de servicios y una financiación
equitativa. Sin embargo, nos quedamos solos. Es más, la falta de equidad
e igualdad se llegó a calificar como diversidad. Se encontró algo muy
bonito: la falta de equidad es diversidad. Bueno, pues eso es lo que hubo
tan sorprendente. Nosotros no vamos a hacer política así, nosotros vamos
a votar a favor de esta proposición no de ley, sencillamente porque nos
parece razonable, independientemente de quién la proponga. Nos permitimos
aconsejar, para finalizar, que para que se incluyan partidas finalistas
en los presupuestos generales se participe en la negociación de los
Presupuestos Generales del Estado, que es lo que nosotros hacemos y con
lo que nosotros conseguimos modificarlos e incluir, entre otras cosas,
mayores partidas sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, para poder hablar del tema de la financiación de la
dependencia, les pediría memoria y seriedad. Me voy a referir a los
titulares del año 2011, de cómo estaba el sistema de la dependencia:
colapsado, un sistema injusto, un funcionamiento desordenado, una
aplicación poco transparente, falta de control y falta de dinero -así lo
decía su periódico de cabecera El País en el año 2011-. Si quieren
también se lo digo en euros: 1034 millones de euros de cotizaciones a la
Seguridad Social de cuidadores familiares que no pagaron nunca, amén de
otras deficiencias del sistema de la información y otras duplicidades que
hacían un agujero de más de 50 millones de euros cada ejercicio
presupuestario. Asimismo, las previsiones de financiación del sistema
superaron en sus previsiones iniciales en más de 2700 millones de euros.
Además, había prácticas que hacían en cada comunidad autónoma, como por
ejemplo en la mía en Castilla-La Mancha, donde se decía que los
dependientes costaban 20 millones de
euros, cuando realmente se destinaban a dependencia 140 millones de euros,
facturas que guardaban en los cajones.
¿Quieren que hablemos de recortes? Pues vamos a hablar de recortes. El
primer recorte fue de 234 millones de euros y lo hizo el Partido
Socialista en el Gobierno en el año 2011 a los dependientes. Además, si
quieren hablamos de recortes actuales, como los que hacen ahora también
en mi tierra: 3900 prestaciones menos a los dependientes en dos años de
Gobierno del Partido Socialista. Hoy el Partido Popular ha garantizado la
sostenibilidad del sistema de la dependencia; lamento que a ustedes les
pese, pero es así. Ya no pueden monopolizar la bandera de lo social,
porque señorías de la izquierda -PSOE y Podemos- ya no engañan a ningún
español. Tenemos el mayor sistema de cobertura: el 88% de grandes
dependientes y dependientes severos y el 50,4% de los dependientes de
grado uno. Resolvemos expedientes en una media de cuarenta y nueve días
en todo el territorio español. Tenemos el mayor número de prestaciones en
la calle atendiendo a personas y dando servicio: 1 140 539 prestaciones.
Además, hemos incrementado en doce puntos los servicios profesionales. ¿Y
saben en qué ha repercutido todo ello? Ha repercutido en 500 000 nuevas
altas en el sistema de la Seguridad Social.
¿Quieren que hablemos de la financiación de la dependencia? Pues también
hablamos de financiación. Esto es lo que dice en su informe el Tribunal
de Cuentas, no lo dicen las entidades amigas del partido sino el Tribunal
de Cuentas. El Gobierno de España cumple con la financiación del 50% y
con su cuantía del 50%, tal y como dice la ley de 2006. Además, lo dice
tanto en su nivel mínimo (les recuerdo que aumentamos 100 millones de
euros en los pasados Presupuestos Generales del Estado, que votaron en
contra, pero que nuevamente tendrán la oportunidad en estos presupuestos
de 2018 de demostrar que su compromiso es con los ciudadanos y no siempre
en contra del Partido Popular), como también en el sistema de
financiación de las comunidades autónomas, en donde el esfuerzo del
Gobierno de España ha quedado demostrado porque también lo dice el
Tribunal de Cuentas -sistema de financiación que aprobó el Partido
Socialista en el año 2009-.
Si quieren que hablemos ahora de una financiación finalista en materia de
dependencia, también podremos hacerlo si ustedes votan a favor de esta
financiación de las comunidades autónomas. Es mucho mayor el esfuerzo del
Gobierno central, que el de las comunidades autónomas. ¿Saben por qué?
Porque de los Gobiernos de las comunidades autónomas no tenemos datos.
Aun así, la comisión interterritorial ya elaboró el informe técnico...
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, debe concluir.
La señora NAVARRO LACOBA: ... el pasado día 19. Ese debe de ser el punto
de partida para empezar a hablar de modificaciones de la legislación de
la dependencia, especialmente en materia de financiación.
Señora Ramón, a efecto de votación, ¿acepta o no la enmienda?
La señora RAMÓN UTRABO: No, no aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, se votará en sus términos.
- RELATIVA A HOMOGENEIZAR EL PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002413).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 9.º punto del orden del día: proposición
no de ley relativa a homogeneizar el procedimiento de reconstrucción
mamaria en todo el territorio nacional, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Cabezas.
La señora CABEZAS REGAÑO: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular registró el 19 de
octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, una proposición no de ley para
homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el
territorio nacional para su debate en esta Comisión. Señorías, a todos
nos preocupa esta patología: el cáncer de mama. Bien es cierto que en el
90% de los casos si se detecta a tiempo tiene
alta posibilidad de cura, mejorando así el pronóstico y calidad de vida de
las mujeres que lo sufren. Cada año se diagnostican en España 25 000
mujeres con cáncer de mama, de las cuales alrededor del 65% se les
practica una mastectomía. Solo un 30% de estas mujeres -unas 4800- son
operadas para la reconstrucción mamaria, y de ellas únicamente el 40%
-1920 mujeres- de forma inmediata, es decir, en la misma intervención en
las que se le extirpan las mamas.
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización recoge en sus anexos como parte de la
cartera de servicios comunes la reconstrucción mamaria. La reconstrucción
de la mama tras un cáncer es uno de los procedimientos quirúrgicos
actuales dentro de la cirugía plástica más seguros y gratificantes para
la paciente. El desarrollo de nuevas técnicas posibilita al cirujano
plástico crear una mama muy similar en forma, textura y características a
la no operada. Además, en la mayoría de los casos es posible hacer la
reconstrucción, a la vez que extirpa la mama, evitando a la pacienta la
experiencia de verse mastectomizada. Sin embargo, el procedimiento
empleado para la reconstrucción mamaria es muy dispar, según las
comunidades autónomas e incluso son diferentes en los hospitales de una
misma región. Además, en muchos casos las mujeres mastectomizadas se
enfrentan a largas listas de espera en hospitales para la reconstrucción
de su pecho.
Señorías, tenemos la gran suerte de contar con un sistema nacional
sanitario como el español, contamos con excelentes profesionales cuya
labor ha sido esencial para que España esté a la cabeza de Europa en
esperanza de vida y haya reducido el riesgo de mortalidad por cáncer. En
los últimos años se ha actualizado la cartera de servicios con nuevas
técnicas y procedimientos preventivos de diagnóstico y terapéuticos. Por
primera vez se ha introducido en la cartera el cribado de cáncer de colon
y se han unificado los criterios del cribado de cáncer de mama y cérvix.
Señorías, tenemos que seguir dando batalla frente al cáncer, en concreto
el cáncer de mama, sobre todo, pensando siempre en quienes lo sufren: las
mujeres, sus familias y sus parejas.
El pasado mes de mayo se aprobó por unanimidad en esta Comisión una
iniciativa para incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las
mujeres sometidas a mastectomías. Una iniciativa que está siendo objeto
de estudio por parte del Ministerio de Sanidad y de las comunidades
autónomas, que concluirá con un informe de evaluación sobre su seguridad,
eficacia y eficiencia y que finalmente se elevará al consejo
interterritorial para su ratificación. Asimismo, como exponemos en la
presente iniciativa, también consideramos necesario homogeneizar en todo
el territorio español el procedimiento de reconstrucción mamaria y que se
realice siempre que se pueda de forma inmediata. Con ello queremos evitar
casos como los ocurridos en mi comunidad, Andalucía, ya que una mujer
puede llegar a esperar entre dos o tres años para una reconstrucción
mamaria. Vivamos donde vivamos las mujeres queremos y necesitamos el
mismo trato en nuestro sistema nacional sanitario, sin olvidarnos que las
competencias en sanidad están en las comunidades autónomas.
Voy concluyendo. Desde mi grupo parlamentario deseamos que esta iniciativa
sea un paso más hacia la lucha contra el cáncer de mama, así como
esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en esta
Comisión. También quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han
presentado enmiendas, porque aceptaremos algunas. Estamos preparando una
transaccional, por ese gran trabajo que indudablemente va a enriquecer
esta iniciativa que presentó el Partido Popular el pasado 19 de octubre.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Hay dos grupos que han presentado enmiendas. En
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
La diversidad enriquece, así se nos contestó la semana pasada a nuestra
propuesta de equidad en el Sistema Nacional de Salud. Pues este es uno de
los casos en los cuales la diversidad no enriquece, porque la
reconstrucción mamaria como una diversidad, al igual que otras muchas
prestaciones, enriquece a quien tiene mejores niveles de calidad, mejores
niveles quirúrgicos, pero no enriquece a las pacientes que no tienen
acceso a esas prestaciones. Desgraciadamente no es así, no les enriquece.
Es verdad que esa diversidad está originada por diferentes prácticas y
por distintas maneras de gestionar, pero también es cierto que lo es
porque los sistemas de salud tienen diferente financiación, con
diferencias lo suficientemente elevadas como para que en unos sitios se
pueda contar con cirujanos plásticos
reparadores en todos los centros, y en otros no se pueda contar con
cirujanos plásticos reparadores. Así que, señores del Partido Popular,
bienvenidos al club. Nosotros votaremos a favor naturalmente, nada para
Ciudadanos como homogeneizar y acabar con las inequidades, que son asunto
diferente de las diversidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart.
La señora GUINART MORENO: Gracias, presidente.
Cada año se diagnostican en España unos 25 000 nuevos casos de cáncer de
mama, más del 60% de las mujeres que lo padecen, unas 16 000 en total,
acaban requiriendo una mastectomía y entre las mujeres que han sufrido
una extirpación de la mama, solo el 28%, unas 4500 se la reconstruyen,
siempre que esté clínicamente indicada. Son datos facilitados por la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, Secpre.
Recientemente tuve ocasión de participar en una mesa redonda organizada
por la referida sociedad y en esa mesa se llegó a varias conclusiones. La
necesidad de acceso en plano de igualdad a los recursos sanitarios es
evidente y estamos de acuerdo, aunque el objetivo no es tanto
homogeneizar territorialmente el procedimiento, sino mejorar la calidad y
empoderar a las pacientes, estén donde estén, las atiendan donde las
atiendan.
Una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa de Secpre fue sobre
la necesidad de optar por la cirugía conservadora cuando sea posible, y
cuando no, priorizar la reconstrucción mamaria inmediata, esto es, la que
se realiza en el mismo acto quirúrgico en que se extirpan las mamas. Eso
debería ser siempre así, siempre que una reconstrucción inmediata esté
clínicamente indicada. De ese modo se evitan secuelas psicológicas
importantes a las pacientes, ya que nunca se verían sin las mamas.
Otra conclusión importante fue la necesidad de hacer partícipes a las
mujeres con cáncer de mama en las decisiones sobre su tratamiento y
opción reconstructiva, teniendo en cuenta sus necesidades emocionales,
psicológicas y sociales. Por eso en la enmienda que presentamos recogemos
también este extremo y reclamamos que el acuerdo que se alcance entre
Gobierno y comunidades autónomas incluya recomendaciones para promover
decisiones compartidas entre paciente y equipo terapéutico, unas
decisiones que se basarán en la información sobre las opciones
terapéuticas, pronóstico y riesgo terapéutico.
Hace unos meses aprobamos en esta misma Comisión, ya se ha dicho, una
iniciativa que recogía otra necesidad, la de incluir de manera efectiva y
expresa en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la
micropigmentación de areolas. Entonces Secpre se felicitó ya por la
iniciativa presentada y aprobada a instancias del Grupo Socialista y
reclamó incluso la creación de unidades de micropigmentación de areola y
pezón, integradas en los servicios de cirugía plástica de los hospitales
públicos. Una vez más recogemos esa demanda y consideramos que la
reconstrucción mamaria debe incluir siempre la oferta de
micropigmentación de areolas y es que volviendo a las estadísticas
facilitadas por Secpre únicamente se realiza esta práctica que completa
la reconstrucción mamaria entre el 30 y el 40% de las 4500 mujeres a las
que se reconstruye anualmente la mama en España; muy pocas, en
definitiva. Por tanto, el Consejo Interterritorial de Salud debería
abordar cuanto antes esta cuestión.
Finalmente, quería dar las gracias al Grupo Parlamentario Ciudadanos
porque recoge en sus enmiendas un tema que es objeto de una proposición
no de ley ya registrada hace unos días por el Grupo Parlamentario
Socialista, el de la alopecia secundaria consecuencia de tratamientos
para el cáncer. Aunque nosotros hablemos del acceso a prótesis capilares
para paciente oncológicos en general, no solo para las pacientes de
cáncer de mama, les daba las gracias porque cuando debatamos nuestra
proposición no de ley considero que ya contamos con la aprobación del
Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Guinart.
A continuación turno de fijación de posición de los grupos. Por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Agirretxea. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, estoy un poco sorprendida por el debate que se está dando
ahora mismo con esta proposición no de ley, porque parece que estamos en
un debate sobre una propuesta que no es la que
estamos discutiendo en este momento. El punto que concretamente pide el
Grupo Parlamentario Popular es muchísimo más conciso y menos concreto de
lo que ahora mismo están comentando los portavoces del Grupo Socialista y
del Grupo Ciudadanos. No sé si la razón es que puede haber otros debates
de otras proposiciones no de ley que están por venir, que nos parecen
bien también y que las debatiremos en su momento.
Respecto a esta proposición no de ley me gustaría decir que falta
concreción y que, en ese sentido, lo mismo podríamos votar una cosa, que
la otra. Nos parece bien que se dialogue en el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, pero nos preocupa también cuál es el
objetivo que hay detrás de esta intención. Por una parte, no tendríamos
ningún problema con que se homogeneizasen las técnicas, pero, por otra,
también nos preocupa que este no sea el objetivo final. Estamos seguros
de que si la intención es acabar con esas inequidades que existen en el
Sistema Nacional de Salud en España, tal como comentaba ahora mismo el
portavoz de Ciudadanos, sería mucho más útil probablemente si nos
centrásemos en las listas de espera, que sabemos que existen en las
diferentes comunidades autónomas y que no tienen que ver con algo que no
podamos solucionar. Aunque las competencias en sanidad son a nivel
estatal, estoy convencida de que este tema de terminar con las listas de
espera, también para las reconstrucciones mamarias, lo podríamos debatir
en el consejo interterritorial para que no tuviésemos estas desigualdades
que a día de hoy existen. Más bien pensamos que esto tiene que ver con un
intento que hemos encontrado en otras iniciativas estos días, tanto por
parte del Grupo Popular como por parte del Grupo Ciudadanos, de
recentralizar todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud
y en general con las políticas sociales. Estamos bastante preocupados con
este tipo de iniciativas.
Aunque votaremos a favor no me gustaría terminar mi intervención sin decir
que es bastante sorprendente que aparezcan este tipo de iniciativas,
porque justo cuando era el Día contra el Cáncer de Mama y todas nos
poníamos el lacito rosa en el Pleno para celebrar que estábamos en contra
del cáncer de mama, al mismo tiempo el señor ministro Montoro declaraba a
Bruselas que íbamos a tener un mínimo de gasto social. Por tanto estamos
a favor, pero igual podríamos estar absteniéndonos en esta proposición no
de ley, porque la verdad es que no dice prácticamente nada. Nos
encantaría que se terminasen las desigualdades en el Sistema Nacional de
Salud, pero esto no tiene que ver con la cuestión territorial sino con
cuestiones económicas, que como siempre nos separan enormemente del
Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señora Cabezas, esperamos la transacción que nos ha anunciado para votar.
La señora CABEZAS REGAÑO: Sí, la transaccional la presentaremos en cinco
minutos.
Gracias.
- RELATIVA AL CRIBADO NEONATAL DE INMUNODEFICIENCIAS COMBINADAS GRAVES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001768).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el 4.º punto, y último, del orden
del día: proposición no de ley relativa al cribado neonatal de
inmunodeficiencias combinadas graves, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de
más de trescientas enfermedades causadas por defectos heredados de
componentes del sistema inmunitario. La inmunodeficiencia combinada grave
es una enfermedad congénita que afecta a la salud de los niños. Los bebés
nacidos con esta inmunodeficiencia no tienen inmunidad celular o humoral
y son incapaces de combatir infecciones graves causadas por virus,
bacterias u hongos. Los pacientes son generalmente asintomáticos hasta la
edad de entre dos a seis meses y su tratamiento curativo consiste, en la
mayoría de los casos, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos,
algo que permite el desarrollo de una vida normal a la mayoría de los
afectados y que puede depender también en buena medida de en qué edad se
efectúa el diagnóstico. La supervivencia tras este trasplante en los
últimos años ha sido alta, pero la detección precoz, fundamentalmente en
los primeros tres meses y medio de vida, puede aumentar el éxito de
tratamiento y con ello la esperanza de vida.
En nuestro sistema los cribados constituyen un pilar importante dentro de
las actuaciones de prevención y detección precoz en materia de salud
pública. Todos coincidimos que la inclusión de una
técnica, procedimiento o prestación en la cartera común de servicios,
tiene que ir acompañada de su evaluación sobre seguridad, eficacia y
efectividad, siguiendo para ello el procedimiento establecido. Así, la
cartera de la actualización de la cartera de servicios, conforme a este
procedimiento, ha permitido introducir en estos últimos años, además de
nuevos cribados para la población adulta, como el del cáncer del colon,
unificar criterios de otros como el de mama o el de cérvix, así como los
cribados neonatales incluyendo estos siete enfermedades endocrino
metabólicas que no voy a pararme a desglosar. Es decir, nuestro sistema
sanitario está vivo, en constante evaluación y actualización y las
autoridades sanitarias del sistema, todas -estoy segura-, trabajan para
mejorar e incorporar las técnicas y procedimientos que evidencian una
mejora para la salud de los ciudadanos, siempre -insisto- garantizando su
calidad, evidencia científica, eficiencia y seguridad para los pacientes.
Tanto es así, que en lo que respecta en esta materia el Ministerio de
Sanidad creó la ponencia de cribado poblacional, órgano dependiente de la
Comisión de Salud Pública como herramienta de apoyo a la toma de
decisiones sobre los programas poblacionales de cribado y que permite
además avanzar en la homogeneización de los programas implantados. Es
decir, las decisiones en materia sanitaria se hacen pensando siempre en
lo mejor para los pacientes y para al sistema, que al fin y al cabo
vuelve a ser lo mejor para el paciente.
Estoy segura de que todos aquí, porque esto no es cuestión ni de
ideologías ni de siglas, estamos sensibilizados con las necesidades de
los ciudadanos en cuestiones de salud y con las expectativas de los
pacientes, ya que los profesionales nos las explican y nos las dan a
conocer, como en nuestro caso sucedió con la Asociación Española de
pacientes con IDP, y más aún cuando hablamos de niños porque nadie es
inmune per se, y menos por ideología o siglas, a la enfermedad, al dolor.
Por eso nosotros queremos trabajar y avanzar con seriedad y serenidad.
Podríamos hoy aquí centrarnos unos en hablar de presupuestos públicos o
esfuerzo en la investigación, y otros poner el acento en diferencias o
desigualdades; podríamos hablar de éxitos o de culpas, pero creo que nos
equivocaríamos. El Grupo Popular quiere intentar avanzar, no me cabe duda
de que todos los que estamos aquí también, al igual que el ministerio y
las administraciones sanitarias. Ya lo dijimos en el último Pleno, a raíz
de esa moción que el portavoz el señor Igea ha nombrado en otro punto.
Esa era nuestra intención, quisimos llegar a un acuerdo pero no fue
posible en aquel momento. Insisto en que la actualización de la cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud es un proceso continuo
en el que constantemente se evalúan y valoran técnicas, procesos y nuevos
medicamentos que pueden ser incluidos en ella.
Con esta proposición no de ley el Grupo Popular solicita al Ministerio de
Sanidad que, evidentemente, en coordinación con las comunidades autónomas
inicie el correspondiente procedimiento de actualización para la
inclusión del cribado neonatal poblacional de las inmunodeficiencias
combinadas graves en la cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda,
que habla de experiencias o proyectos en otras comunidades autónomas, que
vamos a admitir que se adicione a esta PNL.
Señorías, solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Angulo.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por Feder, la
Asociación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias y por la
Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias.
Saben de la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista con esta
problemática, se lo hemos trasladado muchísimas veces y recientemente en
las jornadas que se celebraron hace menos de un mes aquí en el Congreso
de los Diputados, en las que fuimos anfitriones, donde se volcó muchísima
información valiosa que tenemos que aprovechar para que se materialice en
medidas concretas que permitan una vida más allá de la burbuja, tal y
como decía el lema de dichas jornadas.
Existen más de trescientos tipos de inmunodeficiencias primarias. Una de
las formas más graves, ya que llega a poner en peligro la vida de quien
la padece, es la inmunodeficiencia combinada grave, porque los bebés que
nacen con esta patología no tienen apenas inmunidad y no son capaces de
combatir infecciones graves causadas por virus, bacterias u hongos por la
ausencia de linfocitos. Es difícil conocer la prevalencia de estas
enfermedades porque muchas de ellas no están diagnosticadas y hay que
tener en cuenta que la detección tardía provoca infecciones atípicas,
invasivas, recurrentes y potencialmente letales que, además, suponen un
enorme gasto para el sistema sanitario. Pero lo más importante, y lo que
no hace falta explicar, es el sufrimiento de los pacientes y de sus
familias. La detección temprana resulta fundamental para su tratamiento y
su buen pronóstico, porque los recién nacidos son asintomáticos durante
las primeras semanas de vida, por lo que la prueba del talón resulta
fundamental para el diagnóstico precoz, ya que permite el inicio del
tratamiento de soporte y curativo mediante un trasplante de médula ósea o
terapia génica que reponga sus linfocitos.
Nos congratulados de que sean precisamente nuestros hospitales públicos,
con financiación del Instituto de Salud Carlos III, los que hayan llevado
a cabo un estudio piloto para detectar inmunodeficiencias primarias
graves en recién nacidos, incluyendo el test en la prueba del talón. Así
se ha hecho en Andalucía, donde especialistas de los hospitales
universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Valme iniciaron en
2014 un estudio piloto prospectivo clínico para valorar la oportunidad de
incluir el cribado o identificación sistemática de estas
inmunodeficiencias en los recién nacidos. Sevilla, Estocolmo y Leizpig,
en Alemania, han sido las tres únicas ciudades europeas que han aplicado
este programa piloto. El doctor Olaf Neth, que es la persona que está
liderando este proyecto, advierte de que establecer el diagnóstico de
forma precoz permite iniciar medidas preventivas, diagnósticas y
establecer el plan de tratamiento. Todo ello repercute positivamente en
el paciente, en su calidad de vida, porque se ha demostrado que el
diagnóstico temprano aumenta la supervivencia del 40 al 90%. En la
actualidad, se está haciendo el cribado de inmunodeficiencia combinada
grave a modo de prueba dentro del cribado neonatal implantado en
Andalucía para determinar otras treinta patologías de nacimiento ya
incluidas en la prueba del talón. Por otro lado, hospitales de toda
España envían a la unidad de enfermedades infecciosas e inmunopatologías
de pediatría del Virgen del Rocío muestras de sangre de niños con
sospechas de padecer esta enfermedad.
El 21 de enero de 2017 se presentó ante la comisión andaluza de cribados
la propuesta de incluir en el programa de cribados neonatal las
inmunodeficiencias primarias combinadas graves. La comisión estimó que
para que sea efectivo el diagnóstico precoz debe adecuarse el circuito
actual de recogida y análisis de muestras del cribado neonatal de
metabolopatías. Es por ello que en Andalucía la comisión de cribados está
estudiando en profundidad la repercusión en el circuito actual de cribado
de estos conocimientos para garantizar la factibilidad de la prueba y la
efectividad del diagnóstico precoz. Además, en el Sistema Catalán de
Salud se comenzó a aplicar el cribado neonatal el 1 de enero de 2017,
culminando los estudios que la Secretaría de Salud Pública de la
comunidad había iniciado hacía dos años. La inclusión de esta prueba va a
ir acompañada de la definición del circuito asistencial de tratamiento
rápido que incluirá la designación de una unidad de experiencia clínica
de atención a enfermedades minoritarias. Por tanto, hay que estar
pendientes de los resultados que se van obteniendo y de la evaluación de
esta prueba diagnóstica recién implementada. Creemos que teniendo una
prueba que está, por un lado, en fase de estudio en cuanto a su
implantación en Andalucía, donde se han llevado a cabo los estudios
piloto de manera coordinada con las dos ciudades de Suecia y de Alemania,
y, por otro, recién implementada en Cataluña, lo lógico es aprovechar
estos conocimientos de nuestros profesionales y especialistas en la
materia para tener en cuenta la repercusión dentro del procedimiento
actual del cribado neonatal de metabolopatías.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda para que se
tenga en cuenta este conocimiento acumulado en nuestro país, estando
absolutamente de acuerdo con el objetivo de la proposición no de ley.
Agradecemos al Grupo Popular que hayan aceptado nuestra enmienda,
enriqueciéndola con el conocimiento de los grandes profesionales que
tenemos en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Agradecemos enormemente al Grupo Popular, especialmente a la señora
Angulo, que hayan traído esta proposición no de ley a esta Comisión que
nos permite demostrar que todos los grupos de la Cámara, sin excepción,
están en contra de agilizar los procedimientos para la entrada en la
cartera básica de servicios cada seis meses de aquellas prestaciones que
hayan sido demostradas efectivas. Esto es así, porque exactamente este
texto con el añadido de: Como es el caso del cribado de la
inmunodeficiencia combinada severa, se votó punto por punto la pasada
semana. Entiendo que si los grupos están a favor de la inclusión del
cribado neonatal, de lo que estaban en contra era de la actualización de
la cartera de servicios de manera semestral de aquellas prácticas que
estén demostradas por la evidencia. Esta proposición no de ley nos
permite, aparte de, naturalmente, votar a favor de la inclusión del
cribado
neonatal de inmunodeficiencia, afirmar sin lugar a dudas que el resto de
los partidos del arco parlamentario están en contra de la agilización, de
la uniformización de la cartera de servicios. O es eso, o estamos ante un
nuevo caso de trastorno disociativo de la personalidad del que hablábamos
antes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Botejara.
La señora BOTEJARA SANZ: Me van a perdonar, pero es que no acabo de
entender esta dinámica de funcionamiento. Vamos a ver. El día 23 de
octubre nos reunimos cuatro partidos en la sala Clara Campoamor
convocados por la Asociación Española de Déficit Inmunitario Primario.
Allí se nos expuso, como ha dicho la compañera del Grupo Socialista, un
programa piloto que se ha iniciado en el Hospital Virgen del Rocío. Allí
estaba el autor y nos lo explicó magníficamente, pero también otros
expertos estuvieron comentando las experiencias que ya existen. La
inmunodeficiencia combinada grave indudablemente reúne todos los
requisitos clásicos para estar dentro del cribado neonatal: es una
enfermedad grave, es una enfermedad conocida, es una enfermedad que no es
igual cuando se hace el diagnóstico de la patología en la fase que sea,
es una patología que tiene medidas preventivas y tratamientos que se
pueden utilizar y el coste que tiene es eficiente. Insisto en que reunía
todas las características para estar dentro del cribado neonatal. Se
decidió que ese era el camino y que en un año nos volveríamos a reunir
para ver si definitivamente entraba en la cartera de servicio o no. Ahora
resulta que nos traen una PNL, y seguro que dentro de dos meses nos traen
otra. Ahora la trae el PP y dentro de dos meses seguro que Ciudadanos
presenta otra. No lo entiendo. Con lo que allí se decidió, el Partido
Popular tendría que tenerlo ya en trámite en el ministerio, porque ellos
son los que lo dirigen y los que asumen la responsabilidad, y haberlo
llevado al consejo interterritorial, que fue hace una semana, para que
estuviera preparado. No entiendo que en vez de hacer esto se traiga aquí
una PNL.
La Asociación Española de Cribado Neonatal se ha pronunciado muchas veces
en el sentido de que no puede haber esa desigualdad entre las distintas
comunidades. Si un niño nace en una comunidad autónoma se le hace un
diagnóstico precoz de una patología, pero si nace en otra, se le hace
otro con técnicas e identificación de patologías desiguales. En lo único
en lo que coinciden todos es en un hipotiroidismo genético y en la
fenilcetonuria primaria. No están unificadas las identificaciones de
forma precoz en los neonatos.
Creo que se podría aprovechar esta solicitud para unificar el cribado
neonatal. Por favor, no traigan más PNL en este sentido, hay que
tramitarlo en el consejo interterritorial.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botejara.
Hemos entendido que se aceptaba la enmienda del Grupo Socialista.
Ordenamos un poco el tráfico de enmiendas y de transacciones y votamos en
dos minutos. (Pausa).
Vamos a proceder a votar las proposiciones tal como están en el orden del
día. En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la
priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por
parte de la Administración local. Se vota según los términos de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 14; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la PNL relativa a la creación de un plan nacional de prevención
contra el suicidio, que se vota según una enmienda transaccional que han
firmado el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Mixto y el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley relativa al cribado neonatal de
inmunodeficiencias combinadas graves en los términos de la iniciativa con
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se vota ahora el punto quinto, proposición no de ley sobre la
actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud, que se va a votar según los términos de la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del sexto punto, proposición n de ley relativa a la
promoción de la vivienda colaborativa entre las personas mayores. Se ha
presentado una enmienda transaccional, que es lo que vamos a votar,
firmada por el Grupo Mixto, Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Parlamentario Socialista y Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el séptimo punto del orden del día, proposición no de ley sobre la
revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil
en el ámbito familiar. Se ha presentado una enmienda transaccional
firmada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por el Grupo Parlamentario
Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el octavo punto del orden del día, proposición no de ley sobre la
financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el punto noveno, proposición no de ley relativa a
homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el
territorio nacional. Se ha presentado una enmienda transaccional, que es
la que se vota, firmada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión les recuerdo que el día
21, después del Pleno, celebraremos una reunión de Mesa y portavoces para
elaborar el orden del día de la Comisión de proposiciones que tenemos el
día 28.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
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