BRS Assigned Accession Number
000003135
Seccion
CONGRESO
Legislatura
XII
ORGANO (solo diarios)1 Comisión de Empleo y Seguridad Social
Numero de Sesion (solo diarios)
19
Numero de diario/boletin
375
Fecha
20171121
Serie
Comisiones
Tipo de publicación (D/B)
D
Numero de Pagina
1
Texto cabecera inicial de la publicación1 CORTES GENERALES
2 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
3 COMISIONES
Texto cabecera secundaria de la publicación1 Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 375
2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
3 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
4 Sesión núm. 19
5 celebrada el martes,
6 21 de noviembre de 2017
Texto de la publicacion1 ORDEN DEL DÍA:
2 Comparecencias en relación con la proposición de ley sobre el
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la
Seguridad Social. Por acuerdo de la Comisión de Empleo y Seguridad
Social. (Número de expediente 120/000002):
3 - Del señor Bayarri Catalán, experto en rentas mínimas. (Número de
expediente 219/000898) ... (Página2)4 - Del señor Fernández Maíllo, representante de Cáritas. (Número de
expediente 219/000899) ... (Página15)5
6 Se abre la sesión a las once de la mañana.
7 COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 120/000002):
8 - DEL SEÑOR BAYARRI CATALÁN, EXPERTO EN RENTAS MÍNIMAS. (Número de
expediente 219/000898).
9 El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión.
10 En el orden del día de hoy están incluidas dos comparecencias en relación
con la proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de
ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social. La primera
comparecencia es de don Victor Bayarri Catalán, experto en rentas
mínimas, y ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto. El
compareciente tendrá en torno a media hora para su presentación inicial.
A continuación, los portavoces de los distintos grupos tendrán cinco
minutos para hacerle preguntas y demás y, finalmente, usted dispondrá de
quince o veinte minutos para darles respuesta. Así que, don Victor, tiene
la palabra.
11 El señor BAYARRI CATALÁN (experto en rentas mínimas): Muchas gracias.
12 Es un placer poder compartir esta breve sesión, y me parece magnífico que
puedan estar interesadas e interesados en una línea de trabajo para esta
asignatura pendiente en España desde hace mucho tiempo. En todo caso les
diré, un poco jocosamente, que yo soy un histórico en el ámbito de los
servicios sociales, más por edad que por otra cosa, y a partir de aquí sí
tengo una cierta memoria de los años ochenta y del primer debate que se
produjo en profundidad sobre rentas mínimas, que derivó hacia su
aprobación por parte de las comunidades autónomas.
13 Comentada esta pequeña cuestión previa, quería empezar ya a añadir algunas
ideas. Desde mi humilde perspectiva, esta es una de las piedras de toque
del modelo social de país que podemos construir. No es un tema baladí o
secundario, aunque desde el punto de vista de la estadística
presupuestaria probablemente lo sea, porque estamos hablando de un gasto
en España del 1 % en materia de exclusión social -globalmente, no
solamente rentas mínimas- en relación al gasto público en prestaciones
sometidas a control de gastos. Es decir, pensiones no contributivas,
complemento de pensiones contributivas y, en general, el conjunto de
prestaciones de que disponemos en España como gasto público consolidado
tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas y
administraciones locales. Estamos hablando de un monto del 1 % dedicado a
la exclusión social, cuando en realidad hay 1 800 000 personas en
situación de pobreza que podrían ser beneficiarias de estas rentas,
algunas de ellas ya lo son, actualmente aproximadamente 800 000 personas
con rentas mínimas vigentes en las comunidades autónomas. En el informe
del Consejo Económico y Social de este año ya aparece el dato del 1 % de
gasto consolidado -avanzo este dato porque me parece importante y siento
no haberlo incluido en la presentación-, básicamente gasto de las
comunidades autónomas y las administraciones locales porque en materia de
exclusión social el Estado no ha asumido hasta ahora un gasto
significativo, y ya no digo en el ámbito de las personas mayores o de
incapacidad que, evidentemente, se llevan la parte principal del león. La
media europea es del 2 % y hay países que llegan al 4 y al 5 % de gasto
consolidado, normalmente asumido por parte del Estado. Por tanto, este es
el primer dato y el primer elemento que yo les quería destacar.
14 Este no deja de ser un enfoque deficitario que tiene repercusiones. A
nivel de modelo yo diría que normalmente el discurso más habitual es el
de la igualdad, reducir desigualdades. Sabemos por todos los estudios
económicos y sociales que se han elaborado que las reducciones de
desigualdad acaban redundando positivamente en el funcionamiento social y
económico de un país. Esto está más que acreditado, pero ya no solamente
se trata de un tema del principio de igualdad, creo que se trata también
de justicia y de libertad. Si me permiten, les pongo el acento en la
relación directa que tiene disponer de unos ingresos básicos con la
propia autonomía y libertad de las personas, lo he puesto en el título de
la presentación. Mi experiencia más directa es principalmente con
personas con enfermedad mental, discapacidad, dependencia, con los que
aparte del trabajo teórico que pueda hacer, hago trabajo de campo. Me
encanta estar ahí, poder entrevistar y hacer talleres. Y en muchas
ocasiones te encuentras personas con una enfermedad mental crónica o
algún tipo de discapacidad que podrían tener una vida
15
16 autónoma en su propio hogar, que podrían tener esta alternativa, pero que
tienen que ir necesariamente a ámbitos residenciales, mucho más costosos,
porque sus ingresos no son suficientes para mantenerse con autonomía. Hoy
en día la paradoja en España en muchas ocasiones es que damos como
alternativa preferente la más costosa y la más lesiva para la autonomía,
libertad y posibilidad de que las personas puedan hacer una vida
autónoma. No dispongo de estudios detallados al respecto, con lo cual
solamente les puedo plantear el tema como elemento de referencia o
hipótesis de trabajo, quizás haría falta un foco específico, pero
sustento la tesis de que estamos hablando de una actuación que seguro que
va a tener un impacto directo en la mejora de la autonomía y la libertad
de las personas que, hoy en día, cuando acumulan a una situación de bajos
ingresos una situación de discapacidad, dependencia o enfermedad mental,
se ven muy reducidas en sus posibilidades de desarrollo personal y
autónomo. Aún más extremo es el impacto -tampoco he encontrado estudios
muy detallados- de no disponer de estos ingresos en entornos familiares
donde hay hijos a cargo, cuando se suman situaciones de alto riesgo
social. En España tenemos unos 100 000 niños y niñas en situación de
tutela, guarda o similares, de los que en torno a 15 000 están ingresados
en centros residenciales. Es decir, no se han encontrado alternativas en
familias de acogidas u otras medidas. Como dato a tener en cuenta,
normalmente los costes por ingreso en un centro residencial de un niño,
una niña o de un menor son alrededor de 50 000 euros al año.
17 En otro posible modelo social que apueste más por la vida autónoma en la
comunidad que por la institucionalización, al analizar las relaciones de
causa y efecto podríamos apreciar que estamos hablando no solamente de
una medida de derecho, de avance y progreso social, sino también de alto
retorno económico para el conjunto de los presupuestos. Por ello sustento
que el hecho de que el Estado legisle, apruebe y regule una prestación de
ingresos mínimos es una actuación viable que cumpliría las condiciones.
Solo una aportación por mi parte, y es que en la iniciativa legislativa
popular no está suficientemente detallado que tendría que estar en el
marco de un sistema de garantía de ingresos mínimos. Entiendo que esta
prestación que debe asumir el Estado para que realmente tenga coherencia,
virtualidad y un alto impacto, tiene que estar correctamente ordenada
dentro de un sistema. Igual que en su día, hace muchos años, en el año
1988 del siglo pasado, se hizo el Plan concertado de prestaciones básicas
en materia de servicios sociales, ya he apuntado que dentro de esa
filosofía de plan concertado se podrían establecer los acuerdos con las
comunidades autónomas, con la participación de los agentes sociales, del
tercer sector social, y la representación del mundo local. Sería una
actuación muy significativa, emblemática y, a mi entender, comparable en
su impacto social a la que tuvo la aprobación de la prestación de
dependencia. Entonces, el conjunto de la exposición que les puedo hacer
vendría a decir que estamos ante una actuación necesaria, puesto que la
respuesta que hoy en día tenemos en España en este campo resulta
deficitaria, con un alto retorno para el desarrollo humano, sobre todo
cuando miramos a la infancia, pero también para el conjunto, y con un
alto impacto social positivo que se aprecia en cualquier estudio o
informe. Los países, incluso las comunidades autónomas en España -aunque
con grandes diferencias-, que disponen de sistemas de rentas mínimas o
rentas garantizadas más avanzadas son países o territorios que están
consiguiendo mejores condiciones de estabilidad económica, de cohesión
social y reducción del paro.
18 Utilizaré la presentación en papel de que disponen todos ustedes y voy a
intentar poner un poco el acelerador porque ya he consumido diez minutos
de los treinta anunciados. Insisto en este concepto de vida digna, de
autonomía, de libertad, incluso más que la propia idea, muy importante,
de una política social por la igualdad para superar las altas
desigualdades que sufren las personas en situación de pobreza, incluso
dentro de su situación de pobreza. Otro dato que no está en este
documento, sino en un informe previo de bases del Gobierno Vasco para la
elaboración de su actualización de renta garantizada de ingresos -sí está
aprobada la de Navarra-, donde se hace un análisis detallado utilizando
datos del INE y otros disponibles del ministerio, es la conclusión de que
en España estamos en una franja de gasto por habitante que va desde los
2,7 euros en renta mínima en Castilla-La Mancha hasta los 200,9 euros del
País Vasco. También con el fin de conseguir un avance en condiciones de
igualdad, sería muy razonable que el Estado tomara medidas para
garantizar un mínimo básico. La renta máxima prevista disponible y
regulada está entre los 300 euros de Murcia y Ceuta hasta los casi 700
euros de Navarra. Realmente las diferencias son muy notorias, lo que no
quiere decir que no debiera haber complementos porque los costes pueden
ser distintos en según qué territorios o comunidades, pero lo cierto es
que actualmente la respuesta es muy dispar o desigual. Esto no deja de
ser un tratamiento desigual dentro del Estado, como este no ha actuado y
lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, tampoco se
19
20 puede decir mucho. Si se trata de solucionar este problema hay materia y
recorrido para poder superar esos desfases o diferencias.
21 Es muy importante la idea de no limitar la legislación a la aprobación de
una prestación. A mi entender esa prestación podría tener perfectamente
la categoría de una nueva prestación no contributiva dentro del sistema
de Seguridad Social, por tener las máximas garantías. Creo que la
propuesta que realiza la ILP es correcta desde cualquier punto de vista,
lo cual no quiere decir que tenga que estar financiada con recursos de la
Seguridad Social, y menos por su histórico y en las condiciones actuales.
Se puede financiar con los Presupuestos Generales del Estado. Estaríamos
hablando relativamente de bajos costes, recordemos que el gasto público
consolidado en España el año pasado fue de aproximadamente 500 000
millones de euros, 470 000 millones de euros. Estamos hablando de que en
el conjunto de las comunidades autónomas se están gastando actualmente
unos 1400 o 1500 millones de euros -tienen el dato exacto en el
documento- en el conjunto de las comunidades autónomas que, como antes he
citado, es un gasto muy inferior al que se está realizando en estos
ámbitos, por lo que requeriría ser complementado. Son 1 800 000
ciudadanos y ciudadanas que en España se encuentran en situaciones de
pobreza. Lógicamente, como se trata de prestaciones subsidiarias, una
persona o una familia puede recibir desde equis euros, pocos, normalmente
hay unos mínimos establecidos, hasta el máximo total. Es decir, puede
estar en una situación de bajos ingresos o de nulos ingresos, no podemos
pensar que todas las familias recibirán las mismas cuantías.
22 Yo había preparado una parte más conceptual que me saltaré porque ustedes
ya habrán tenido suficiente información sobre las diferencias entre renta
mínima, renta básica y las distintas fórmulas. Aquí hay todo un histórico
tremendo con el que se puede hacer casi una tesis doctoral. La renta
básica siendo un fenómeno interesante, yo solo apuntaré que quizás de
aquí a unos años tengamos un debate a fondo porque creo que es algo que
ya está en la calle, pero en todo caso será a la espera de los robots. Lo
dejamos ahí como elemento de un titular. O sea, en el escenario
prospectivo de la reducción radical del trabajo como institución de
integración junto con la familia en nuestro entorno social, que es
previsible que ocurra de aquí al 2050, probablemente tendremos que hablar
de otro tipo de recursos y medidas. Este no sería el caso ahora, en este
momento en Europa la mayoría consideramos que la medida más adecuada es
un tipo de renta de ingreso garantizado, de renta mínima, condicionada a
un conjunto de actuaciones para conseguir empleo, para conseguir un
desarrollo, para conseguir unas posibilidades de participación efectiva
en la comunidad. Posiblemente de aquí a unos años hablaremos más de
productividad humana en un sentido amplio, como el admirado André Gorz
exponía en sus planteamientos ecosociales, pero eso sigue siendo todavía
un poco prematuro. Cualquier economista, incluidos Premios Nobel, van a
poner encima de la mesa la gran virtud de las prestaciones económicas con
márgenes de utilización por parte de la ciudadanía. Normalmente nosotros
hacemos más transferencias por especies, que con todo y ser
imprescindibles, están sometidas a mayores distorsiones. Así se demuestra
en una lectura tranquila de los trabajos de algunos de los expertos
mundiales en gasto y economía pública, como Joseph E. Stiglitz, Premio
Nobel de Economía, que en un análisis en el contexto de Estados Unidos
llega a decir que en sanidad hay cosas que no se entienden. Por ejemplo,
en Utah han sido operados el 3 % de la infancia de amigdalitis y en Ohio
el 30 %. Dígame usted exactamente qué estamos haciendo. Entonces, no voy
a entrar, ni mucho menos, en uno de los pilares de mayor éxito en España
que es el sanitario, pero es cierto que si analizamos la proporcionalidad
en el gasto, el que se realiza en atención sanitaria es exponencialmente
superior al que podemos estar haciendo en una prestación económica, que
está comprobado que reduce indicadores de morbilidad, incluso de
mortalidad. Por tanto, la pobreza es uno de los factores más directos
relacionados con la pérdida de salud. Esto también está relacionado con
la menor posibilidad de acceso a la educación.
23 Respecto al ordenamiento jurídico, creo que ustedes lo tienen muy
analizado y tienen excelentes expertos. Quizás sí debo apuntar que para
mí no se trata solamente de ver el ámbito competencial, ya que la ILP en
la exposición de motivos va directa al ámbito competencial y establece
una valoración general del sustrato de derechos, sino que realmente
estamos ante un reto que supone poner en práctica esa declaración de
conseguir la igualdad y libertad efectiva de los individuos, no solamente
de los grupos. Estamos ante una situación en la que, insisto, no
solamente la igualdad se ve perjudicada seriamente, sino que la propia
libertad de acción -yo lo he comprobado muchas veces- pasa a ser un mito
para esa persona que no tiene ingresos suficientes y no puede decidir
cosas tan elementales como dónde quiere vivir. De alguna manera no
facilitamos las condiciones del artículo 19 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, de modo que la persona pueda
hacer una vida independiente y escoger
24
25 con quién y dónde quiere vivir. Por tanto, es cierto que solamente es uno
de los grupos que aquí nos encontraremos, pero en general extensivamente
esto estaría ocurriendo en muchas ocasiones, por ejemplo, con los jóvenes
que no se pueden emancipar por razones equivalentes.
26 De toda la parte relativa a derecho solo daré una pincelada porque,
evidentemente, en el caso de aprobarse una ley de estas características,
si la decisión que se tomara es que dependa del sistema de Seguridad
Social, igual que con las pensiones no contributivas, dado que las
comunidades autónomas no van a renunciar a lo que están haciendo,
faltaría más, se trata de poder conseguir un compromiso de continuidad
cuando no de ampliación de la actuación de las comunidades autónomas. Por
eso han inventado el plan concertado que iba en esta línea, y el inicio
del sistema de atención a la dependencia también, aunque luego vamos a
decir que ya no ha tenido la consistencia del inicio. En esa línea de
pacto concertado y armonizado entre el Estado y las comunidades autónomas
con la participación que ya he comentado antes, la gestión de la
prestación la podrían realizar los órganos administrativos de las
comunidades autónomas, razón de más porque ya tienen medios junto con los
ayuntamientos para realizar el control administrativo de los ingresos. No
sería muy procedente que quedara al margen de esa actuación. Dado que
estaríamos hablando de una prestación que pasaría a ser garantista, con
un marco de máxima garantía al estar bajo el paraguas de la Seguridad
Social, seguiría necesitando tanto de la asistencia social como del apoyo
y la actuación de los servicios de empleo en todas las políticas activas
y la acción positiva que se puedan realizar al respecto. Por tanto, el
artículo 149.1.17.º atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación básica y de régimen económico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las
comunidades autónomas. Y el ejemplo más básico es que las pensiones no
contributivas son gestionadas por las comunidades autónomas, en general
con satisfacción por parte del sistema y con una larga trayectoria de
cooperación y de armonización.
27 Por otra parte, he comentado algunos datos con anterioridad sobre la
realidad de la pobreza. Las situaciones de pobreza de larga duración,
quizás las más preocupantes en España, siguen siendo de una magnitud muy
significativa, y observamos que siguen afectando de manera muy notoria a
las personas que forman una familia monoparental, normalmente un adulto
con uno o algunos hijos a cargo, y otros grupos serían las personas sin
hogar y las que ya están en alto riesgo de exclusión por múltiples
factores. Yo les daba los datos de 2014, ahora deben ser superiores,
fíjense en que -figura en la página 15- el número de personas
beneficiarias receptoras de rentas mínimas en España en los años de
crisis se ha multiplicado por diez, en cambio el gasto se ha multiplicado
por cinco. ¿Por qué esta situación? Porque existe precariedad y ha
emergido una nueva pobreza -que no es la pobreza de carácter básicamente
extremo que antes nos encontrábamos, esa permanece en algunos casos de
manera muy traumática- que consiste en no poder llegar a los mínimos
básicos para sustentarse una persona o una familia. En este caso los
gastos son menores, pero contribuyen a que esta persona o familia no
tengan que estar continuamente pidiendo transferencias en especies u otro
tipo de servicios mucho más costosos desde el punto de vista
administrativo, porque ya llegan por sí mismos como mínimo a los niveles
de subsistencia. No entraré en detalles más técnicos sobre si la
vinculación de un futuro ingreso mínimo garantizado tiene que ser con el
Iprem o con el salario mínimo interprofesional. Si quieren ustedes luego
lo comentamos, pero en todo caso en Europa hay una evolución constante
acercándose cada vez más a indexarlo en relación al salario mínimo.
Observaremos que en Europa más que utilizar indicadores alternativos que
pueden servir para determinados estudios o evaluaciones, se van acercando
a un porcentaje determinado del salario mínimo. También es cierto que en
España, comparativamente con otros países con niveles económicos
similares, tenemos un salario mínimo bajísimo, aun con las decisiones que
ustedes han tomado de incrementos progresivos durante esta década. Toda
la parte que viene a continuación en el documento son datos de los que
ustedes disponen y pueden utilizar en esta ponencia.
28 Hay todo un argumentario que llevo tiempo intentando expresar -página 22-,
y es si nos estamos planteando una renta mínima solo por un tema de
igualdad, de equilibrio presupuestario o de retorno económico, o si nos
lo planteamos por algo más importante y significativo. Justamente la idea
de fondo es que toda persona que reside en España -incluso alguna
comunidad se ha atrevido a incluir a no residentes, este sería otro
debate en el que, si ustedes no me lo piden, yo no voy a entrar, pero la
situación equiparable y que han adoptado la mayoría de las comunidades es
que los residentes, con un tiempo establecido de residencia, puedan
acceder a esta prestación- tenga garantizado el poder vivir una vida
digna, que a nadie se le humille, que esta sea una sociedad decente que
no humille a nadie por el hecho de no tener unos recursos propios. Esto
hace ya tiempo que la propia OIT lo planteó en estos términos: un trabajo
digno para una vida digna en una sociedad decente. Creo que este sería
uno de los temas
29
30 básicos. Son elementos que siendo intangibles a la larga construyen la
fuerza o el espíritu troncal de un país. Realmente poder decir que este
es un país que no deja en la cuneta a nadie por el hecho de no disponer
en un momento dado de unos ingresos propios, es algo que realmente
permite sentirte mucho más identificado, orgulloso y vinculado con el
país que toma este tipo de decisiones. Y ya lo siento, es todo lo
contrario a lo que sucede con el país que renuncia a ejercer tales
medidas. Es cierto que todo esto podría ser una piedra de toque de una
política social más avanzada, un modelo de política social mirando ya más
al siglo XXI, y no la que actualmente tenemos todavía en España que en
general mira hacia atrás y situada en los esquemas y paradigmas de la
protección y la asistencia social. Por tanto, se trata de dar un paso más
y, a partir de aquí, como mínimo podríamos estar hablando de que este
tipo de sistema tendría que contribuir al empoderamiento y
fortalecimiento de las capacidades de las personas, de los ciudadanos y
ciudadanas que realmente son perceptores, beneficiarios y partícipes del
sistema. A la vez tendría que ayudar a transformar la cultura del entorno
social. Un dato muy interesante de una encuesta realizada en el País
Vasco sobre la percepción que tiene allí la ciudadanía sobre las rentas
mínimas es que, en general, dan una valoración muy alta, excepto en el
tema del fraude. En este punto habría una proporción elevada, ahora no
tengo el dato exacto, pero me parece que en torno a un tercio de la
población, que considera que hay mucho fraude con las prestaciones de
este tipo. En ese mismo informe de bases para la futura renta
garantizada, el análisis, después de 50 000 inspecciones a lo largo de
todos estos años, del nivel de fraude existente arroja actualmente un
dato del 0,26 %. Por tanto, aquí hay un décalage entre la percepción de
la opinión pública y la realidad. Pongamos que haya un cierto desfase y
en realidad, siendo generosos, lleguemos a un fraude del 1 %, que en
absoluto justificaría renunciar a una medida de estas, pero lo que es
obvio y muy destacado, y ya lo siento, es que tampoco se ha trabajado en
esto. En conjunto, y yo me incluyo, no hemos sabido llegar
suficientemente a la opinión pública. Por tanto, sería un segundo
elemento que ya no es puramente de sistema de protección social y de
Administración Pública, sino que, efectivamente, en el ejercicio de la
política, pero también por parte de los actores en la sociedad, se
tendrían que decir las cosas claras. Esto es muy beneficioso, muy
necesario y tendrá una alta repercusión. Todos y todas podemos
encontrarnos con la desgracia de sufrir esta situación, y querríamos
tener la seguridad de que no se nos va a dejar al margen. A la vez
debemos saber el alto nivel de retorno y de impacto que esto tiene.
31 Como en esta intervención inicial ya no tendré tiempo de explicar algunas
ideas más que les podría aportar y que tienen ahí documentadas, voy a
acabar justamente con el tema del retorno económico. De hecho, la última
comparecencia a la que ustedes me invitaron la compartí con Victor
Visuales, director de la Fundación Ecodes, para hablar básicamente de los
análisis del retorno de las políticas sociales. Concretamente en aquel
momento hablamos de los centros especiales de empleo, del sistema de
trabajo protegido en España y de los retornos que ocasionaba. Desde aquel
entonces hemos seguido trabajando con Ecodes, Fundación Ecología y
Desarrollo, en este tipo de análisis muy extendidos en el mundo
anglosajón. Y hemos ido comprobando que los retornos económicos de las
políticas sociales son muy altos. Por ejemplo, realizamos un estudio
sobre el Programa de apoyo a la autonomía en el propio hogar, que en este
caso funciona en Cataluña -alguna otra comunidad también tiene este tipo
de programas principalmente para personas con enfermedad mental- para
evitar el internamiento residencial de estas personas y conseguir que
puedan vivir en su propia casa o entorno. Y observamos que por cada euro
público retornan al funcionamiento económico 3,6 o 3,7 euros. Y ello sin
haber estudiado a fondo el impacto en el coste sanitario porque en aquel
momento no pudimos hacer un análisis detallado, es una asignatura
pendiente. Posteriormente, en otro trabajo para el Programa For&From
vinculado a Inditex como elemento emblemático de su acción de
responsabilidad social, sí que pudimos comprobar con expertos psiquiatras
de las comunidades terapéuticas que en el caso de personas que tenían
trabajo y viviendo por sí mismas, la reducción de los ingresos e
intervenciones psiquiátricas y del consumo de fármacos era muy alta.
Supongo que un día tendremos alguno de estos estudios recientes para
poderlo analizar. Además, en los talleres que yo realizaba, estas
personas me decían: yo tengo trabajo, pero solo con media jornada, y el
complemento de la pensión no contributiva no me llega para poder
mantenerme en mi casa. Tengo problemas. Había alguno que tenía la fortuna
de que en su casa le podían financiar la diferencia y sí podía vivir de
manera emancipada. Nuevamente lo que percibes es que la persona que ya
puede hacer esa decisión autónoma sube en autoestima, sube en
empoderamiento, sube en muchas cuestiones que al final directamente van a
repercutir en poder hacer una contribución útil y valiosa a la sociedad y
a la vez va a poder llevar a cabo un proyecto de vida para él mismo, de
manera libre, sin estar condicionado continuamente a la petición de
recursos de ayudas de distinto tipo, muchas veces de
32
33 carácter caritativo o voluntario dentro del sistema familiar. Los
retornos, aunque falta por analizar mucho, que se están consiguiendo son
muy elevados. No he identificado ningún estudio de retorno específico de
las rentas mínimas con esa metodología, en principio los impactos son
positivos, pero son datos macroeconómicos. Igual sería también un tema
interesante poder ver los retornos que ocasionan, que a mi entender serán
elevadísimos y en aquellas familias donde hay menores seguro que lo son,
porque ahí sí que hay estudios de retorno en Estados Unidos, en
Dinamarca, sobre el impacto que tiene que invertir en la época de la
infancia y normalmente para el ciclo económico global son retornos
elevadísimos. Pueden llegar a que por cada euro público invertido en la
época de la infancia éste siga consiguiendo retornos a lo largo de la
vida de siete a diez euros y si lo has dejado de invertir, evidentemente,
lo acabarás pagando. Acabaremos teniendo que hacer ese gasto
posteriormente de manera muy incrementadamente. Hasta aquí mi
intervención. Espero que les haya sido útil y quedo a su disposición.
34 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bayarri.
35 A continuación intervendrán los distintos grupos. Como esta comparecencia
la ha solicitado el Grupo Mixto, a través del Grupo PDeCAT, el señor
Campuzano tiene la palabra.
36 El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
37 Quiero agradecer al señor Bayarri su comparecencia. Creo que nos va a ser
útil en el trámite que debemos iniciar una vez haya concluido este
periodo de comparecencias de expertos y sobre su intervención voy a
plantearle tres cuestiones concretas que usted ha apuntado, pero quizás
en la segunda ronda merezcan una mayor profundidad por su parte, porque
me parecen relevantes. En primer lugar, el encaje en el modelo de reparto
competencial, algunos grupos que se mostraron críticos con la toma en
consideración de esta proposición de ley, de la iniciativa legislativa
popular, argumentaban que con esta iniciativa se invadían las
competencias de Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Mi grupo
no compartía esa consideración. Usted en su intervención y en su texto
apunta la necesidad de configurar un sistema global de ingresos mínimos
que articule los distintos niveles competenciales y que además reconozca
que como prestación no contributiva de la Seguridad Social podría
perfectamente articularse esta propuesta tal como de hecho figura en las
propuestas de los sindicatos. Ahí su experiencia como gestor durante
muchos años en los Servicios Sociales en Cataluña nos puede aportar
también esa dimensión. El señor Bayarri estuvo también en la génesis de
la puesta en marcha de las rentas mínimas de inserción en Cataluña y en
su actualización posteriormente. Esa necesidad de buscar ese encaje en el
actual marco competencial me parece relevante para disipar dudas sobre si
existe o no una invasión competencial en esta materia.
38 Una segunda cuestión por parte de los críticos a esta iniciativa es el
coste económico de la misma. En las últimas comparecencias hubo algunas
presencias de personas relevantes, el señor Conde Ruiz, el presidente de
la Autoridad Fiscal Independiente, señor Escrivá, que apuntaban sobre los
costes económicos de la iniciativa. El señor Bayarri apuntaba en su
reflexión y en su texto que los costes económicos pueden ir compensados
por otro tipo de consideraciones. Sobre eso me gustaría que profundizase
en esa idea.
39 Finalmente, a este tipo de prestaciones se formula siempre la crítica
sobre la trampa de la pobreza, que son tipos de prestaciones económicas
que impiden que los individuos puedan emanciparse porque los hace
dependientes de esa transferencia de recursos e impiden su incorporación
al mercado de trabajo. Sobre esas críticas que se formulan a este tipo de
prestaciones, también me gustaría conocer sus consideraciones. Si ve que
a las doce menos diez o menos cinco me levanto es que tengo que ir a la
Junta de Portavoces y no podré escucharle, siendo además quién hemos
reclamado su comparecencia, pero nos toca a veces combinar estar en
distintos sitios. En cualquier caso, leeré con mucho interés sus
consideraciones en esta segunda parte. Gracias.
40 El señor BAYARRI CATALÁN (experto en rentas mínimas): Usted siempre está
muy ocupado.
41 El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Vasco, el
señor Barandiaran, no interviene. Por el Grupo de Esquerra no hay nadie
en la sala. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano.
42 El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
43 Quiero agradecer al señor Bayarri su presencia y su exposición, de la que
tomamos nota y leeremos detenidamente los apuntes que nos han pasado.
Quisiera inferir también un poquito respecto de las consideraciones que
el diputado Campuzano ha hecho anteriormente. La primera compareciente,
la
44
45 directora de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, sí que apuntó
sobre la posible inconstitucionalidad de la ley tal cual estaba
presentada, porque invadía el techo competencial respecto de este tipo de
prestaciones que ya las están realizando las comunidades autónomas. Ante
esta situación, ¿qué encaje le podemos dar a este tipo de ley? Porque sin
duda se es muy receloso con el tema de las competencias de las
comunidades autónomas, y también otros comparecientes al respecto han
apuntado que hay una amalgama -y usted también ha hecho referencia a
esto- tan grande de prestaciones distintas y que en muchas ocasiones no
llegan al público objetivo, a los ciudadanos que realmente más lo están
necesitando, ¿cómo hacemos el encaje de esto? Hablaba de un tipo de
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Pregunta: ¿Cree
que sería más factible ya que se pretende a través del sistema de la
Seguridad Social se presten estas prestaciones -valga la redundancia-a
los ciudadanos, se conjuguen todas para que se sea más eficiente a la
hora de poder llegar a todo el público que realmente más lo necesita en
vez de estar tan esparcidas? Hay una diferencia -apuntaba usted- de 2,7
euros en una comunidad autónoma y de unos 200 euros en otra. Si no hay
mucha diferencia en el nivel de vida, como también apuntaba en la
comparecencia anterior. ¿Dónde estaría el problema? ¿Cómo podríamos poner
esto en marcha?
46 Hablaba también de otro tipo de pobreza actual que son aquellos
trabajadores pobres, aquellos trabajadores que no pueden llegar a final
de mes, porque tienen un contrato precario, porque tienen un contrato por
horas, puede ser que sea estable, pero a media jornada. Hablaban otros
comparecientes del complemento salarial, que nosotros apostamos por ello.
¿Cree que sería una buena medida para ayudar a un grupo bastante grande
de ciudadanos a que realmente no sean trabajadores pobres y puedan
realizarse personalmente?
47 Otra pregunta que quería hacerle: Ha habido algunos comparecientes que
apuntaban a que dentro del seno de una familia en la que habría varias
personas que pudiesen recibir las prestaciones, ¿cree que a lo mejor al
percibir estas prestaciones no se implicasen en poder entrar al mercado
laboral? Me refiero, si a lo mejor una familia entre dos hijos, el padre
y la madre, perciben prestaciones, si el trabajo que se les está
ofreciendo llegan más o menos a la par de lo que perciben, ¿creen que
desecharían la posibilidad de trabajar teniendo las mismas rentas, pero
estando dentro del mercado de trabajo? Le dejo aquí unas cuestiones que
espero que me pueda contestar.
48 El señor BAYARRI CATALÁN (experto en rentas mínimas): Parece un tercer
grado.
49 El señor CANO FUSTER: No, son dudas que creo que son sumamente
importantes. Gracias.
50 El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, la señora Franco.
51 La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias. Ha resumido bastante bien y ha
sintetizado bastante bien muchas de las dudas que aquí en esta Cámara
había sobre este tipo de renta y sobre el sistema de rentas mínimas que
hay en nuestro país. Ha dicho usted que es necesario y que el sistema de
prestaciones es insuficiente para cubrir las necesidades de la población
o eso más o menos me ha parecido entender. Creo que tiene razón cuando
hablaba de que no era lo mismo vivir en un lugar o vivir en otro, porque
eso determina qué tipo de renta vas a tener, qué tipo de ingresos y qué
tipo de empleo vas a tener. Eso condiciona no solamente tu vida diaria o
cómo va a progresar tu vida, sino incluso cuándo va a acabar tu vida. Los
estudios dicen -y esto lo sabemos todos- que la mayoría de la población
que vive en barrios más pobres tienen unos índices de mortalidad más
altos y eso es evidente. La cuestión económica determina, no solamente tu
forma de vivir, sino cuándo vas a fallecer y cuándo se va acabar tu vida.
Esto es fundamental. Hablaba también de la competencia, creo que este es
uno de los grandes retos y de los grandes aciertos de esta iniciativa
legislativa popular que se convirtió en proposición de ley. Es verdad que
a nosotros como grupo le vemos bastantes deficiencias, pero sí que nos
parece que tenía una cosa fundamental y es que abría el melón, por
llamarlo de alguna forma, sobre el sistema de rentas mínimas que hay en
nuestro país. Creemos que nosotros como legisladores y como
representantes públicos no podemos hacer otra cosa que intentar legislar
y hacer las modificaciones legislativas necesarias con un único objetivo
que tiene que ser siempre el bienestar de la población, aquellos a
quienes estamos representando. Al fin y al cabo nosotros, como
representantes públicos, no podemos trabajar por nosotros mismos, sino
siempre pensando en aquellos que nos dieron o nos prestaron su voz.
Hablaba de que uno de los grandes retos que tiene actualmente el sistema
de rentas mínimas es que
52
53 deberían de ir al menos hacia la pobreza severa y, sin embargo, no llegan
a ella en demasiadas ocasiones. Habla usted de la rentas mínimas tan
diferentes que hay en unas comunidades autónomas u otras. El caso de
Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía, incluso, comparado con otras
como puede ser Navarra o el País Vasco es atroz. La diferencia es
fundamental y es brutal. En el momento en el que estamos ahora esta
iniciativa es fundamental por la cuestión que decía antes de que abre el
melón sobre la insuficiencia de las rentas mínimas que existen. Abre
también el melón sobre el estado del bienestar que tenemos, que sino
llega a todo el mundo también es insuficiente, eso es claramente así.
Además llega en un momento central que es un momento en el que estamos
hablando de la reordenación del modelo territorial, de qué modelo
territorial deberíamos tener para poder seguir en un proyecto común o no
entre todos, para nosotros deberíamos seguir en un proyecto común, qué
modelo territorial vamos a tener que hacer y, por tanto, qué tipo de
cambio constitucional vamos a necesitar. En ese cambio constitucional uno
de los puntos centrales no solamente tiene que ser el modelo territorial,
sino también la garantía de derechos, pero también pasa una cosa y en las
anteriores comparecencias de ha hablado de esto. Ya don José Luis Rey
desmontó el argumento de la inconstitucionalidad incluso con
pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional. La directora de
Servicios Sociales lejos de decir que es inconstitucional decía que
podría caer si no se hace bien. Don José Luis Rey demostró cómo se podía
hacer bien. La semana pasada el director de la AEPN, don Carlos Susías,
desmontaba otro de los argumentos contra las rentas mínimas que es que
siempre se dice que las personas prefieren no trabajar o que la gente
pobre prefiere no trabajar y quedarse en su casa y cobrar del Estado. Él
ya desmontaba ese argumento diciendo que es mentira. Que no conoce a
nadie que esté en esa situación que no quiera trabajar. Que efectivamente
el empleo construye una sociedad y la vida. Usted hablaba -y esto es
fundamental- de los otros argumentos en contra que para mí -y usted lo ha
demostrado- son falacias que es el fraude. Mientras que hay un halo de
pensamiento en que se puede hacer un gran fraude con este tipo de rentas
mínimas, el estudio que se hizo sobre las rentas mínimas del País Vasco,
la renta de garantía, solamente hay un 0,26 % del fraude.
54 Quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, usted ya ha comentado
cómo podría afectar esto económicamente, que podría ser un progreso. A mí
me gustaría preguntarle, ya que usted ha estado en la gestión de este
tipo de rentas, cómo afecta socialmente, qué tipo de progreso o no se ve
socialmente. Una segunda pregunta con todo el argumento que he hecho
anterior de la competencia y el derecho a la vida digna como punto
central o pilar del Estado del bienestar, ¿Cómo cree que habría que
hacerlo, qué procedimiento habría que seguir para ir desde lo que tenemos
ahora que es claramente insuficiente hacia algo que garantice la vida
digna de todo el mundo? Muchas gracias.
55 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
56 Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Domínguez.
57 La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente, y muchas gracias
también al compareciente, que realmente ha sido un apoyo en el trabajo
que desde este Parlamento venimos realizando los grupos políticos a lo
largo de los últimos años. Es un gran experto, un gran conocedor, un gran
trabajador en el tema de servicios sociales. Agradezco mucho su presencia
hoy aquí y a quien le ha propuesto.
58 Después de su intervención y de las comparecencias que hemos tenido aquí
con anterioridad, a algunas han hecho referencia ya el resto de los
intervinientes, me gustaría hacerle alguna pregunta concreta, porque la
iniciativa legislativa popular está muy centrada en la activación al
empleo. Estamos hablando de la iniciativa legislativa que tenemos entre
manos no de otra supuesta. Está muy centrada en la activación para el
empleo, pero -se lo pregunté también a don Carlos Susías- usted hablaba
en este caso de personas con problemas de enfermedad mental o con una
discapacidad determinada. Desde mi grupo, nosotros insistimos mucho en
que activación laboral sí para esta prestación, pero hay que pensar en
algo más, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en
esa situación de pobreza de la que queremos sacar a la gente para que
tenga una vida digna, una vida autónoma, que son colectivos, que son
gente, que son ciudadanos individuales con difícil empleabilidad, por no
decir imposible empleabilidad. Cuando usted responde si me es tan amable
al resto de mis compañeros sobre cómo articular esto. Estoy de acuerdo
con los planteamientos que ha hecho el señor Campuzano al principio y
demás sobre que esto tiene encaje constitucional que además se puede
gestionar perfectamente a través de las comunidades autónomas, igual que
las pensiones no contributivas y demás, pero después bajar a la gestión
no me quedaría en los sistemas de empleo, no iría solamente al Instituto
de Empleo a nivel
59
60 estatal, sino que metería también la parte de Servicios Sociales, tanto
para los informes, como para la gestión, como para el recorrido. Porque
creo que en esa activación, la activación puede ser solo para entrada en
el mercado de trabajo o una activación sociolaboral para determinados
colectivos que tienen que pasar por esos centros de inserción y que
difícilmente van a llegar al mercado laboral normal. Quería saber su
opinión al respecto. Por aquí han pasado comparecientes que con el temor
este del fraude que usted nos decía, aunque hubiera un 1 % sería
asimilable, han pedido el endurecimiento de los requisitos, de los
criterios, la obligación por parte del solicitante, de la solicitante, de
recabar multitud de información y burocratizar mucho la solicitud y el
mantenimiento de la prestación. Otros nos han dicho que hacer esto
dejaría fuera precisamente a los más necesitados, a los que están más en
la pobreza. Yo le pregunto si no sería mejor unos criterios generales,
básicos y flexibles -que eso sabemos muy bien-, por eso hablaba de las
dos patas, no solo de la del empleo, sino de la social, cuando hablamos
de pobreza, ¿quiénes son?
61 Otra pregunta: En su intervención ha hablado de personal y familiar, o
sea, de una prestación básica y luego de un complemento familiar, así
está planteado en la iniciativa legislativa que nos trajeron los
sindicatos, pero hay diversidad de opiniones, algunos piensan que debe
ser solamente una prestación individual y no familiarizar la prestación.
Querría saber, si puede, porque le estamos haciendo muchísimas preguntas,
si no nos encantará que nos pueda comentar después su opinión, ¿cuál es
la solución o cómo cree usted que habría que hacerlo si considerar ambas
como posibilidades? Nosotros creemos que es una iniciativa oportuna, que
además es necesaria, que es de justicia social, que hay que pensar en una
vida digna para las personas, que está recogida en nuestra Constitución,
en la Carta de los Derechos Sociales de la Unión Europea, en Naciones
Unidas, en los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y me felicito
de que hace solamente dos días -voy acabando, señor presidente, creía que
me miraba con cara de que me quedaba sin tiempo- en la Cumbre de
Gotemburgo el pasado día 17 se diera un paso minúsculo, pero un paso,
reconociendo el pilar de los derechos sociales en Europa. Sin programa
todavía, sin actuación, sin acción, sin saber por dónde van a ir, ahí
están contempladas precisamente actuaciones en esos veinte puntos que
aprueban en Gotemburgo nuestros Gobiernos de la Unión Europea.
Personalmente considero que ya es hora de superar el austericidio que nos
ha llevado estos años de políticas y empezar a que si es cierto que se
está produciendo un crecimiento sostenido, no solamente en España, sino
en la Unión Europea, empecemos. Puede ser una oportunidad estupenda que
en España, abriendo el melón que decía mi compañera o el debate que usted
dice, nos vamos a quedar en este tipo de prestación o vamos a tener que
ir pensando en el futuro en una ley diferente y una prestación diferente
de renta básica distinta, porque nos estamos quedando sin empleo, porque
la Unión Europea está pensando ya en la implementación de un impuesto
para los robots, porque no va a haber tanto empleo y entonces la
situación será diferente, no estaremos hablando de una propuesta para la
gente, trabajadores o no, en situación de pobreza, sino para un grupo
extenso de población que se va a quedar fuera completamente del sistema.
Como inicio me parece fantástica. Además tiene mejor encaje que cuando
hicimos la Ley de Dependencia, porque al colgarlo de la Seguridad Social
nos aseguramos un mejor instrumento y una mejor relación entre las
comunidades autónomas y el Estado.
62 El señor PRESIDENTE: Ahora sí la miro.
63 La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Solamente quiero darle las gracias de nuevo por
su compromiso sobre todo con el bienestar de la gente, de los ciudadanos
de este país. Gracias.
64 El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, señor
Albaladejo. Tómese su tiempo.
65 El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, intenta
usted, pero no consigue mirar mal, mi compañera en ese sentido ha debido
de confundirse. Tenemos aquí espíritu de colaboración y de trabajo
verdaderamente positivo que es lo importante en esta Comisión. Quiero dar
las gracias al señor Bayarri por su presencia aquí en Madrid. Ha sido un
fin de semana muy intenso estudiando sus pronunciamientos y sus
posicionamientos. En cierta medida vinculadas a la renta básica.
Reconozco su conocimiento al respecto de esta materia y son muy
interesantes sus aportaciones. Mis compañeros durante esta mañana han
facilitado las dos claves que están dando la vuelta a esta Comisión
permanentemente. Una de ellas es el ámbito de la constitucionalidad de la
misma, de la renta básica, y la segunda clave es la sostenibilidad
económica de esa renta básica. Desde la misma libertad que el
66
67 Congreso de los Diputados es un Parlamento activo abierto con actividad y
donde usted viene aquí y puede decir todo lo que considere desde el
respeto. Con ese mismo respeto le voy a hacer toda una serie de
consideraciones que en ningún caso espero y deseo que las tenga usted
como un tercer grado, simplemente una certificación de hechos que en
alguna medida nos deje a cada uno un conocimiento real de lo que estamos
hablando. He tenido la oportunidad de estudiar su presentación en el
seminario de la Asociación Catalana de Municipios hace siete meses,
vinculado a La renta básica, un eje clave del futuro sistema catalán de
bienestar. Mi catalán no es el mejor. (El señor Bayarri Catalán, experto
en rentas mínimas: El mío tampoco). Hace ya demasiado tiempo que dejé de
vivir trece años en Barcelona. Pero con independencia de todo eso, sí que
es cierto y es verdad que hay una serie de coincidencias respecto de lo
que el Grupo Parlamentario Popular en su momento analizó y puso en
marcha, antes de la aprobación en sede parlamentaria de lo que hoy
estamos aquí estudiando, una propuesta de mi compañera Susana López Ares,
una enmienda que fue desestimada en tanto en cuanto hubiera un trabajo
conjunto previo entre los diferentes niveles de la Administración y con
los agentes sociales de cara a establecer un sistema realmente efectivo
coherente y transparente. Saber exactamente cuáles son las acciones que
están desarrollando todas las comunidades autónomas, todas las
administraciones, ver efectivamente cuáles son los conceptos sobre los
que trabajan, analizar cuál es el importe económico sobre el que se está
trabajando, ver cuáles son las reales necesidades de las personas más
desfavorecidas que pueden ser el objeto de la prestación y llegar al
punto en el que haya una concordancia de acciones para poder impulsar lo
que en definitiva todos queremos, que tengamos una sociedad digna,
decente y, por descontado, tiene que ser una sociedad que respete la ley.
Si no, no será nunca una sociedad digna ni decente. He analizado en su
presentación ante la Asociación Catalana de Municipios una mínima
ausencia cual es la referencia en ningún momento a la Constitución
española. Me ha llamado la atención que en sus diferentes puntos
vinculados al desarrollo de la misma, página 14, se hable que en
definitiva la tesis que sustenta usted es la de considerar que la futura
renta garantizada de ciudadanía no puede ser un recurso útil y válido
siempre y cuando se diseñe e implante en las mejores condiciones posibles
y, como usted dice ahí, debe de ser necesario, porque en todo caso debe
de ser un instrumento fundamental para la creación del Estado. Entiendo
que aquí no se refiere usted al Estado español en su presentación.
Realmente, eso a continuación me lleva a analizar la última intervención
de mi compañera del Grupo Socialista y efectivamente estamos trabajando
todos fundamentalmente en un objetivo que es ayudar a los más
desfavorecidos, pero la línea general de trabajo es que haya mayor
empleabilidad. Señor Bayarri tenemos que tener bien claro que la
empleabilidad es la creación de empleo y generar las plataformas para que
se cree empleo. El abandono de más de 2600 empresas de Cataluña tras los
últimos acontecimientos que han ocurrido en esa comunidad autónoma no es
un buen síntoma de creación de empleo. Tampoco creo que el abandono de
más de once entidades bancarias o las pérdidas económicas de más de 15
000 millones de euros. Insisto, creo que tenemos que tener la capacidad
de ser coherentes a la hora de defender según qué cosas. Tampoco creo que
la bajada del turismo en un 12 % ayude a la empleabilidad ni a la
recaudación ni a la sostenibilidad del sistema. La bajada del 7 % en la
venta de productos en empresas catalanas que ha impulsado al Grupo
Popular a presentar una PNL de apoyo a la compra de productos catalanes
en estas fechas, realmente creo que tampoco ayuda a la empleabilidad o a
una fractura social sin precedentes. La última, la pérdida de la Agencia
Europea del Medicamento. En Barcelona se van a perder 890 funcionarios
gastando, 300 millones de gasto presupuestario, 36 000 visitantes al año,
119 millones de euros en salarios, en formación y en prestaciones
sociales. A la Comisión de Empleo le han de preocupar las prestaciones
sociales. Y 53 millones de euros de inversión directa en la ciudad
condal. Si analizamos realmente en la página 18 o en la 22, porque en la
página 23 esta exposición que hace usted ante la Asociación Catalana de
Municipios, cuyo presidente ha cargado a las arcas de la asociación
catalana su viaje a Bruselas para visitar a un presidente fugado a la
justicia, realmente son ideas vinculadas a la creación de la Seguridad
Social del Estado catalán que, desde luego, ante la reacción económica
que se produce en todos los niveles no permite que haya una
sostenibilidad económica de una renta básica garantizada.
68 A partir de la página 23 de su presentación ante la Asociación Catalana de
Municipios, me gustaría analizar cuáles fueron, efectivamente, las
conclusiones que usted presentó allí, que son idénticas a las que aporta
en el documento de esta mañana a partir de la página 13. Insiste en el
ámbito de la dificultad del encaje constitucional, pero,
fundamentalmente, en su referencia casi final, en la página 31, con otro
tipo de palabras y expresiones, está usted reproduciendo la enmienda que
presentó el Grupo Popular, que fue desechada por todos los grupos
políticos el día 28 de septiembre de 2017. En el documento que hoy
69
70 nos presenta habla de la Constitución española, de las autonomías
españolas y del encaje de la Seguridad Social y la aportación de todos
los españoles en una caja única, pero debo poner en valor que acontecen
cosas que impiden el ingreso fiscal que haga garantizar una renta básica
-eso es un tiro en el pie para los que en esta Comisión queremos que,
efectivamente, haya ingresos para poder ayudar a quienes más lo
necesitan-, y, además, genera destrucción de empleo. Y desde el punto de
vista del marco de la constitucionalidad, con el debido respeto, si me
tengo que quedar con la presentación que hace usted hoy, puedo tener
alguna duda, pero, si me quedo con su presentación ante la Asociación
Catalana de Municipios de hace siete meses, por desgracia, no puedo
asumir sus palabras en virtud de la constitucionalidad o no de lo que
usted presenta como una opción para valorar por parte del Grupo Popular.
71 Muchísimas gracias.
72 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo.
73 El señor Bayarri tiene ahora quince, veinte minutos para responder.
74 El señor BAYARRI CATALÁN (experto en rentas mínimas): No he ejercido nunca
de parlamentario, pero quiero constatar que el tercer grado sí estaba
ahí. En todo caso, también con toda la amabilidad, he tenido una
excelente relación con miembros de su grupo en tiempos en que yo ejercía
responsabilidades en la Generalitat de Catalunya, y hemos llegado a
acuerdos perfectamente. Mi único matiz a su expresión, claramente
aceptable, es la diferencia entre lege ferenda y lege lata;
sencillamente, es una cuestión jurídica, de principio jurídico. Yo no
estoy de acuerdo con el marco constitucional vigente en España, pero eso
no quiere decir que no lo vaya a cumplir. Creo que es bastante claro.
Pero como no he sido convocado para hablar de esto, voy a volver al tema
sobre el que ustedes me han convocado. Me podría extender; si quiere
usted, después me pongo a su disposición para ello. (El señor Albaladejo
Martínez: Se agradece). Y un matiz más: hasta que no se demuestre lo
contrario, mantengo la foralidad -voto en Navarra-, y, en todo caso, como
usted ha dicho, mi libertad de ubicación en España y también mi libertad
de expresión y de pensamiento entiendo que no están cuestionadas. Pero no
creo que me ponga nunca a hacer de parlamentario. Esto es muy duro,
porque vienes de experto y te sacan lo que piensas en otros aspectos.
75 Creo que sí tiene constitucionalidad la medida que está planteando la ILP.
Al margen de que no soy ningún constitucionalista ni pretende serlo,
entiendo que la tiene, siempre y cuando ustedes regulen esta prestación a
través de la vinculación con la Seguridad Social. En su día -y entonces
no había realizado ninguna conferencia en ACM, quizás estaba en otros
tiempos- ya puse algún reparo -ustedes me invitaron- en cuanto al encaje
jurídico que estaban dando a la Ley de dependencia. Creo que hubiera sido
mejor que la hubieran vinculado a la Seguridad Social. Además, quiero
decir que en su día participé en el comité de expertos de la reforma del
Pacto de Toledo -más por viejo ya que por sabio-. Por tanto, una cierta
vinculación a las labores de este Parlamento ya he tenido, y en aquel
momento fui de los proclives a que se regularan algunos aspectos que hoy
en día ya se han desarrollado, como la prestación de dependencia. Y esta
sería otra gran prestación necesaria en España.
76 Si he de pensar sobre lo que sería más deseable, probablemente sí, sería
un marco constitucional que permitiera, como antes decía la señora
Franco, hacer un gran avance en derechos sociales. He empezado por este
tema porque creo que va a ser el más crucial, pero, en todo caso, tomen
mis aportaciones como una mera reflexión, sin mayor valor jurídico. Lo
cierto es que la Constitución española en este tema concreto tiene algún
defecto, porque atribuye la asistencia social en competencia exclusiva a
las comunidades autónomas -que no a los servicios sociales- y la
Seguridad Social, en competencia exclusiva al Estado -que no a los
servicios sociales-. Dicho de otra manera, los servicios sociales no
tienen asiento constitucional. Los servicios sociales tienen asiento
estatutario. Los estatutos de autonomía recogieron desde el principio los
servicios sociales. Son leyes orgánicas. Podríamos decir que forman parte
del cuerpo constitucional. Podríamos decir que forman parte adscrita al
cuerpo constitucional. En todo caso, son normas de máximo rango.
77 Creo que este podría ser uno de los temas muy sugerentes de debate, muy
interesante, porque probablemente buena parte de los contenciosos y de
los defectos que hay en España en el sistema de servicios sociales viene
dado por no tener una clarificación suficiente. En la experiencia más
reciente está la atribución del 0,7 % del IRPF, con reiteradas sentencias
del Tribunal Constitucional. Pero no lo compararía con ello, porque,
personalmente, me da la sensación de que se ha creado el síndrome de que
todo lo que pueda acercarse a una política social que estén desarrollando
las comunidades autónomas en
78
79 servicios sociales ya puede ser sospechoso de inconstitucionalidad, y creo
que es diametralmente distinto. Es decir, no es lo mismo estar trabajando
en una prestación de garantía de ingresos mínimos para que ningún
ciudadano de este Estado pueda quedar al margen que desarrollar una
acción de fomento con organizaciones sociales. No es lo mismo trabajar
sobre la base de la necesidad y la demanda que sobre la oferta. Si
tuviéramos que simplificar mucho, diríamos que en España hay un sistema
peculiar, pero, al fin y al cabo, en un federalismo más avanzado, con
estados, como el sistema alemán, que yo podría llegar a suscribir, nos
encontraríamos con que entre los distintos Länder no habría estas grandes
diferencias que hay en España. ¿Por qué no las hay? Porque teniendo las
competencias en los servicios sociales, hay un conjunto de prestaciones
mucho mejor organizado por el sistema federal, del conjunto de la
República Federal, que permite evitar estos grandes desfases. Por tanto,
creo que es factible reconocer que tendría constitucionalidad. Mucho más
dudoso sería si esta prestación no se vinculase a la Seguridad Social.
Creo que esta es la primera respuesta que puedo aportar, y es mi opinión.
En todo caso, pensando en lege ferenda y en una futura constitución
española más avanzada, entendería que esa constitución podría reconocer
mejor algunos derechos sociales, porque hoy en día es muy distinto a
1978, y además podría tener un marco constitucional más bien armonizado.
En todo caso, creo que ya hay estudios al respecto. Politikon no hace
mucho decía que España, junto con la República Federal de Alemania, es de
lo más descentralizado que hay en Europa. Cuidado: y de lo peor
armonizado. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que parte de los
conflictos que podemos vivir vienen dados por estos déficits de calidad
en la armonización.
80 En cuanto al tema de la sostenibilidad, estoy convencido; sobre la
constitucionalidad, me declaro no tan competente, evidentemente, aunque
seguro que ahí tendrán otros asesoramientos de mayor calado. En cuanto a
sostenibilidad y retorno, he dado ya unos cuantos datos. Estaría bien que
ante leyes de esta magnitud y con este volumen de gastos se pudieran
hacer los estudios de coste-beneficio. Es una iniciativa legislativa
popular pero en todo caso esto se podría encargar, ustedes podrían hacer
esa valoración a priori.
81 Terminando ya, señor Albaladejo, creo que sí -lo planteo directamente en
la ponencia, lo dije en la ACN y lo he manifestado en diversas
ocasiones-, que se tiene que montar un sistema armonizado, coordinado,
que permita una actuación eficaz del conjunto de las administraciones
públicas, porque este es uno de los casos paradigmáticos en los que la
posibilidad de colaborar entre los niveles del Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos puede dar el máximo. Por mi experiencia
personal, cuando ayudé a crear la renta mínima de inserción en Cataluña,
después de intentar aprender algo dando algunas vueltas por Europa y
viendo lo que se estaba haciendo, al inicio fue muy difícil.
Personalmente, negocié con cada uno de los ayuntamientos con competencia
en Cataluña, y no fue fácil, porque al principio había mucha adjudicación
de este tipo de iniciativa como algo muy asistencial, es decir, estamos
hablando de hace muchos años y entonces esto tenía una visibilidad mucho
más asistencial. ¿Qué es lo que se ha conseguido en todos estos años de
rentas mínimas en España? Salir de esa mirada más asistencial, ver que
esto es un tipo de herramienta promotora de las capacidades de la
libertad y autonomía de las personas, en la línea de empoderamiento de
las personas. Por tanto, también desde este punto de vista creo que sería
un gran avance.
82 Señora Franco, estoy de acuerdo con su mirada global y sus planteamientos.
Si queremos que un sistema de estas características, un sistema integrado
-si ustedes llegan a aprobar esta ley, convendría que lo pudieran hacer
con el máximo acuerdo, por unanimidad si es posible, o sea, sería muy
deseable que una ley así naciera de un gran consenso político, social e
institucional-, no deja de ser importante que hay tres grandes elementos,
y, en parte, intentaré responder a algún otro tema vinculado al referido
al trabajo. Si queremos un sistema de garantía de ingresos mínimos
orientado a la autonomía de las personas, a la mejora del desarrollo
social y económico, necesitamos armonizar la propia prestación, que ha de
estar sometida a control de prueba de recursos, con una eficacia -por lo
que he comentado antes- por parte de los servicios sociales de base mucho
mayor que la de otros sistemas de control y de inspección de que
disponemos. O sea, hacen una labor mucho más eficiente quizás porque
también tienen una dotación, una extensión y una proximidad territorial
mucho mayor que los servicios de inspección de Hacienda o los laborales.
Podríamos decir que hacen una excelente labor y que reducen hasta mínimos
casi no considerables el fraude.
83 Pero no solamente es el tema de la prestación. En este caso la prestación
es vital, pero también lo es la política activa de empleo, con una
generación real de oportunidades, pero, a la vez, con un compromiso de
las personas beneficiarias en condición de empleabilidad. Esta es la
segunda pata fundamental.
84
85 ¿Todas las personas perceptoras de una renta mínima o de un ingreso mínimo
son personas con empleabilidad? No, no todas. De hecho, por estudios,
podríamos considerar que, como mínimo, un tercio de las personas
perceptoras de rentas mínimas en España no llegarán nunca a emplearse o
lo harán en unas condiciones tan episódicas que prácticamente es para no
considerarse. De ahí vendría también una referencia que hago en alguna de
las páginas del texto al que se refiere mi intervención sobre la
necesidad de considerar varios grupos de perceptores y de alguna manera
diseñar fórmulas para que cada uno de esos grupos de perceptores -aunque
luego se tenga un plan de apoyo individualizado- pueda tener respuestas
eficaces y adecuadas, ni subiendo excesivamente las expectativas ni
destrozando la posibilidad de lograr un progreso. He dicho que, de media,
un tercio no tiene condiciones de empleabilidad. Normalmente, se asocia
más a aquellas personas que, sin tener acceso a una pensión no
contributiva por incapacidad -también hay un cierto nivel de comprobación
del nivel de incapacidad-, tienen mayor dificultad para poder acceder a
un empleo, por su edad, por su formación, por las condiciones del empleo
en España, que son realmente difíciles. Entonces, estas políticas son
otra clave fundamental, razón de más para que, si queremos un sistema
perfeccionado, un sistema mejorado, el Estado también pueda crear las
condiciones -y creo que tiene atribuciones mayores que en el ámbito
social- para que pueda haber las bases adecuadas en ese tipo de política.
Pienso que en esta segunda pata tampoco habría problemas.
86 ¿Dónde está la tercera pata de este sistema? Esto que estoy diciendo es,
sencillamente, lo mismo que se está recomendando, como ha dicho la
diputada, en Gutenburg, o sea, estas tres patas vienen del canon
configurado ya en la Unión Europea. Y esa tercera pata serían unos
servicios de calidad. ¿Qué servicios? Unos servicios sociales
evidentemente de calidad. Es donde podemos tener una mayor dificultad de
encaje, pero, al igual que lo hemos solucionado en otras ocasiones -el
plan concertado fue una gran solución y se podría actualizar, y lo hemos
solucionado también con la prestación de dependencia-, creo que no habría
ningún problema al respecto. Pero añadiría que algunas de estas personas
y familias también tienen un déficit serio, importante en el tema de
vivienda y en el tema de salud. Por mucho que España sea de los países
que están en línea alta -en el campo sanitario nos podemos apuntar
medallas, etcétera-, cuando hablamos de lo sociosanitario o de la salud
asociada a otra problemática social, no estamos tan destacados. Entonces,
por ahí habría algunos otros elementos que yo recomendaría.
87 En cuanto al tema de activos, en parte lo he respondido ya. Creo que,
sencillamente, se trata de montar un sistema que permita armonizarlo.
Pero no lo he observado con ese detalle en la propia ILP. El Reglamento
del Congreso les da más margen, porque en las comunidades autónomas es
menor, para poder hacer modificaciones. En todo caso, creo que sería
importante dejar claro que habría distintas fórmulas, distintos tipos de
respuesta y de encaje, y, en mi opinión, resulta imprescindible algún
tipo de pacto de Estado o de acuerdo institucional del máximo nivel para
que esto pueda funcionar, porque si luego vamos por conflictos ante el
Constitucional no haremos nada. Por tanto, se trataría de aquellas
actuaciones que fueran merecedoras de ese máximo nivel de pacto.
88 En cuanto a comunicación, la situación de percepción social es diversa.
Creo que no van a encontrar ustedes a muchas personas que digan que no
merece una respuesta alguien que está en situación de pobreza. Otra cosa
es que cuestionen determinadas medidas, que consideren que un vecino está
recibiendo un dinero que ellos trabajando no consiguen. Desgraciadamente,
en este aspecto también hay mucha información distorsionada. Pero los
datos que nos aportan los trabajos más científicos dicen que, en
realidad, la percepción pública sigue un apriorismo importante. ¿Por qué?
Aquí entraríamos en un tema de estudio sociológico que no estoy en
condiciones de poderles aportar. Pero tampoco estaría nada mal tener un
análisis más profundo al respecto, para saber también -no nos engañemos-
cómo explicar a la ciudadanía la medida que se toma y por qué.
Concretamente, el dato referido al bajo nivel de fraude de momento solo
lo he localizado en el País Vasco. Pero probablemente interesaría ver los
datos y sistematizar, porque seguro que los hay, como cuando nosotros
hicimos esa evaluación en Cataluña.
89 No sé si he dejado de responder a alguna de sus preguntas. Si he dejado de
responder sobre algún matiz es por defecto de mi capacidad de retención.
90 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bayarri.
91 Damos por concluida esta primera parte de la sesión. (Pausa).
92
93 - DEL SEÑOR FERNÁNDEZ MAÍLLO, REPRESENTANTE DE CÁRITAS. (Número de
expediente 219/000899).
94 El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la segunda comparecencia de
don Guillermo Fernández Maíllo, representante de Cáritas. Esta
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Mixto. Como en los casos
anteriores, el compareciente tendrá entre veinticinco y treinta minutos
para intervenir; a partir de ahí intervendrán los diferentes portavoces
de los distintos grupos parlamentarios durante cinco o siete minutos, y
finalmente, responderá el compareciente por un tiempo en torno a quince o
veinte minutos.
95 Don Guillermo, cuando estime oportuno.
96 El señor FERNÁNDEZ MAÍLLO (Representante de Cáritas): Buenos días, a
todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Grupo Mixto,
aunque también doy las gracias al conjunto de los grupos parlamentarios,
dado que hemos sido invitados tanto en esta Comisión como en otras por
parte de los diferentes grupos. Desde Cáritas nos sentimos muy
agradecidos en que se nos viva como una entidad transversal a nuestra
sociedad y se nos dé la oportunidad de representar, desde todos los
puntos de vista, al conjunto de la ciudadanía, sobre todo, a los
ciudadanos más pobres, que es el objeto de nuestra organización.
97 El objetivo de esta comparecencia es aportar cuál es nuestra opinión,
nuestra experiencia y nuestro planteamiento, en torno al sistema de
garantía de rentas mínimas, a raíz de la presentación de una iniciativa
legislativa popular que han presentado los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras. Llevamos casi ya treinta años trabajando en este ámbito,
estuvimos implicados en la resolución del tema de las pensiones no
contributivas a mediados de los ochenta, estuvimos trabajando en el
origen de las rentas mínimas autonómicas, hemos hecho muchísimas
publicaciones en torno a esta cuestión e incluso cuando impactó el
comienzo de la crisis ya publicamos un primer trabajo sobre por dónde
pensábamos que tenían que ir los cambios dentro de un sistema de
garantías de rentas.
98 En el año 2009 planteamos tres vías de desarrollo. En la primera, decíamos
dónde se tendríamos que revisar y articular el conjunto del dispositivo
del sistema de garantía de rentas, algo que conocerán perfectamente ya
que están en esta Comisión. Nuestra segunda vía planteaba la refundación
de las rentas mínimas autonómicas para resolver fundamentalmente los
límites de cobertura que tenían. Y la tercera línea que proponíamos en
aquel año se refería a la reforma activa de inserción, dado que se
preveía que ya en el año 2009 iba a aumentar mucho el número de personas
que iba a tener dificultades. Más recientemente hemos publicado otro
trabajo donde hemos explorado y construido una serie de escenarios, que
son los que quiero compartir con ustedes en relación a cuáles serían las
vías de reforma de este sistema, más allá de lo que la iniciativa
legislativa popular está planteando. Podemos estar de acuerdo en
determinadas cuestiones, pero en otras discrepamos. Desde ese diálogo,
desde ese compartir discrepancias, es desde donde podremos ir generando
debate y opinión en torno a esta cuestión.
99 El diagnóstico desde el que partimos, en el cual probablemente todos
estaríamos de acuerdo, muestra que los tres grupos que más se han visto
afectados a lo largo de los últimos diez años fruto de la crisis son los
siguientes: en primer lugar, el colectivo de las personas en situación de
pobreza severa es el que más ha padecido, por nuestra experiencia desde
Cáritas, aunque a veces se nos ha trasladado la imagen de que eran las
clases medias precarizas las que más habían sufrido; el segundo gran
colectivo que ha crecido enormemente, aunque ya estaba antes de la
crisis, son los trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza que
no llegan a superar ese umbral de renta; y el tercer grupo serían las
familias con menores e hijos, sobre todo, familias jóvenes y
monoparentales. Yo creo que estaríamos de acuerdo en esos tres grandes
grupos, inicialmente toda la evidencia empírica nos lanza en esa
dirección. Puede dar la impresión de que estos grupos han aumentado
enormemente fruto de la crisis, pero dos tercios de esos grupos ya
estaban en esa situación antes del año 2007. Esas son las evidencias que
nosotros tenemos por parte de nuestro trabajo, es decir, la gran bolsa de
personas con esas dificultades ya la teníamos, lo que ha ocurrido es que
se ha incrementado. Estas dificultades para la inserción no eran
solamente fruto de la accesibilidad al mercado de trabajo, sino de otro
complejo conjunto de circunstancias que impiden compartir y ser
responsables en el conjunto de la sociedad. El día a día de estos dos
tercios se ha relacionado siempre más con la supervivencia que con el
acceso al mercado de trabajo.
100 Por último, desde Cáritas tenemos que afirmar con rotundidad, sobre todo
ante esta Comisión de Empleo en el Congreso, que se ha debilitado
enormemente el principal mecanismo de inserción social del que
disponemos: el empleo. El empleo ha sido históricamente el principal
mecanismo de inserción, pero
101
102 hoy ya no es todo empleo, según nuestra experiencia. Actualmente, para
muchos ciudadanos y ciudadanas su horizonte de inclusión social pasa cada
vez más por otro tipo de medidas, además del fomento del empleo. Se ha
producido una gran diversificación de realidades que convierten al empleo
en un mecanismo de inserción cada vez más débil.
103 Cualquier reforma del sistema de garantía de rentas, desde nuestro punto
de vista, tendría que tener al menos cinco grandes principios que
tendrían que ser respetados. En primer lugar, tenemos que pensar cuál es
el umbral a partir del cuál creemos que una persona tiene derecho a tener
una vida digna. Nuestro horizonte es que cualquier prestación esté
ubicada por encima o al menos en el umbral de la pobreza relativa, porque
estamos hablando de unos ingresos de 680 euros para una persona o de 1400
euros para una familia de cuatro miembros. Piensen ustedes qué significa
vivir con esa cantidad. Estamos hablando del umbral de pobreza relativa.
Sin embargo, si se quiere acometer de forma procesual, dada la
envergadura de una medida de estas características y de esta inversión,
podría fijarse como objetivo en cualquier caso una garantía de un ingreso
mínimo que estuviera por encima del umbral de la pobreza severa, al menos
por encima de ese umbral y lo más cerca posible del umbral de la pobreza
relativa. En cualquier caso, estas cantidades serían inasumibles para una
familia si no existieran otros pilares de apoyo, como por ejemplo una
política de vivienda que liberase a las familias de ese gasto, porque si
tienen que invertir esa cantidad en el tema de la vivienda evidentemente
no llegará para sus niveles de supervivencia.
104 Un segundo principio, además del tema del umbral, es lo que nosotros
denominamos la implementación del doble derecho. ¿Qué es esto del doble
derecho? Por un lado, derecho a tener una prestación económica para la
supervivencia, y por otro, derecho a tener los apoyos de calidad para la
integración social y el empleo, pero que no estén condicionados el uno al
otro. ¿Por qué planteamos esta desvinculación? Esto lo planteamos desde
nuestra experiencia de atender a más de dos millones y medio de personas
a lo largo del proceso de la crisis, no es algo que nos estemos
inventando. Además, mucha evidencia empírica que plantean los programas
de activación para el empleo, no solo en el ámbito español sino también
en el europeo, nos dirige en esa dirección. ¿Por qué? Porque que estén
vinculadas estas prestaciones de mínimos con los apoyos para la inserción
origina un debilitamiento del acceso a los apoyos sociales cuando
finalizan estas prestaciones, bien por su límite temporal, o bien por
haber superado esta persona o esa familia el umbral de ingresos y tener
que abandonar estos programas aunque sigan persistiendo las necesidades
de apoyo tanto económicas como sociales. Además, se establece un vínculo
con los profesionales con los que trabajan en este ámbito que les
convierte en una especie de agentes dobles porque, por un lado, deben
apoyar proceso de integración, y por otro, tienden a controlar la
correcta utilización de esta prestación que impide la cronificación y el
fraude. Esto deja un gran margen a la discrecionalidad. Por tanto,
entendemos que este es un motivo también para reforzar esa separación,
esa desvinculación. De esta manera en el funcionamiento cotidiano de este
vínculo entre prestación y apoyos se traduce en una fuerte
condicionalidad, en la que las actividades están destinadas a probar la
buena disposición de los perceptores y a hacer incómoda su percepción.
Este es un terreno donde ni la prestación de apoyos es percibida como un
derecho. ¿Por qué dudamos de la honestidad y cuestionamos la dignidad de
las personas? ¿Por qué dudamos de ellos? ¿Por qué dudamos de la gente en
esta situación? Esto es especialmente grave para colectivos en situación
de fuerte vulnerabilidad, que tienen problemas y barreras especiales para
cumplir con las actividades que establecen este tipo de programas porque
corren el riesgo de perder las prestaciones y genera un mayor nivel de
desprotección frente a la pobreza.
105 Por tanto, la vía para garantizar un doble derecho pasaría por liberar
cualquier prestación de garantía de mínimos de su carácter condicionado a
la realización de contraprestaciones, evitando la coerción y potenciando
una provisión de servicios de atención tanto de empleo como de servicios
sociales de calidad. De esta forma la garantía mínima solo la
condicionaríamos únicamente a la necesidad económica, a partir de un
determinado umbral. Un funcionamiento separado de la prestación y de los
apoyos sociales de la activación serviría además de acicate a una
producción de servicios sociales de calidad y atractivo de las personas
en situación de exclusión social, que encontrarían grandes ventajas en
participar en estos tipos de itinerario tanto sociales como laborales.
106 Un tercer principio, que cualquier propuesta tendría que contemplar, es
que un ciudadano español o un ciudadano con residencia legal en nuestro
país no pueden tener una cobertura de mínimos diferente en función de
donde nazca o donde viva. Tienen que tener el mismo derecho en todos los
territorios. Hoy no es lo mismo nacer en una comunidad autónoma más pobre
en términos de renta, que en una
107
108 comunidad autónoma más rica. Incluso no es lo mismo nacer en una comunidad
autónoma rica que tiene inversión en este tipo de programas, que una
comunidad autónoma rica que no los tiene; no es lo mismo Esto no es un
problema de la crisis, es una realidad que venimos constando desde hace
décadas. No es un tema de ahora, es un tema que ha venido funcionando
siempre así en el tema de garantías de rentas.
109 Existe un cuarto principio para esta reforma. Hay que aprovechar la
experiencia de flexibilidad y de cercanía a la ciudadanía de los ámbitos
más locales que han desarrollado a lo largo de todos estos años. No
pueden amortizarse o sustituirse las prestaciones que se desarrollen en
los ámbitos autonómicos. En todo caso, cualquier propuesta de garantía de
un mínimo de rentas debería de funcionar de una forma articulada y
complementaria.
110 Un quinto principio propondría que es necesario mantener estos programas,
en un contexto de incertidumbre como el que venimos viviendo desde hace
ya muchos años, probablemente durante largos periodos de tiempo, porque
los procesos de inserción social y laboral son de largo recorrido. La
sostenibilidad de la inversión, en ese sentido, va a ser siempre clave.
No podemos hacer inversiones a un año vista nada más, estamos hablando de
procesos de muy larga duración. Aunque les pueda resultar extraño, la
trampa de la pobreza -de la que habrán hablado mucho en esta Comisión y
habrá salido con relación a muchos temas- no tiene tanto que ver con el
tiempo de estancia de las personas cuando cobran las prestaciones, si no
que tiene que ver más con la falta de oportunidades que puedan tener. Las
personas que perciben prestaciones de desempleo más largas, como por
ejemplo los subsidios contributivos, o la gente que está durante mucho
más tiempo cobrando ese tipo de subsidios tardan más reincorporarse a
nuevos empleos. Además, no solo acaban reincorporándose en nuevos empleos
sino que una vez incorporados su permanencia es todavía mayor. ¿Por qué?
Porque su oportunidad de elección ha sido mucho mejor. Es la igualdad en
la elección del acceso a un empleo, lo que va a facilitar salir de la
trampa de la pobreza; no el estar más o menos tiempo percibiendo a una
prestación. Si tienen dudas sobre este asunto pueden acudir a una oficina
de empleo -estoy seguro de que muchos de ustedes habrán estado en ellas
por cualquier motivo- y preguntar a la gente, que está esperando a ser
atendida para que les puedan echar una mano, si prefieren un trabajo o
percibir una prestación. Yo creo que la respuesta está bastante clara.
111 Una iniciativa legislativa popular como la que se ha presentado nos
plantea una serie de preocupaciones, como por ejemplo a qué colectivos
puede dejar fuera dentro del marco de la prestación del sistema de
garantía de mínimos. La iniciativa legislativa popular no plantea tanto
una garantía de mínimos, sino que plantea completar el grupo de pensiones
no contributivas, introduciendo a un nuevo colectivo que efectivamente lo
puede necesitar y puede requerir ese tipo de prestación. No podemos
hablar de ellas como si fuese la respuesta a la garantía de mínimos en
este país. ¿Por qué? Porque no contempla aquellas personas que no pueden
incorporarse al mercado de trabajo. ¿Y por qué hay gente que no puede
incorporarse al mercado de trabajo? Simplemente porque tienen capacidades
que no están reconocidas.
112 Hay muchas personas en esa situación: personas que no tienen posibilidad
de acceder a un empleo porque se encuentran realizando tareas de
cuidadores familiares; o personas que no tienen residencia legal pero que
tienen que comer todos los días; o personas con problemas de exclusión
social grave y donde el empleo no se va a plantear ni el corto ni el
medio plazo; o personas que no cumplen simplemente los requisitos porque
no están apuntadas a las oficinas de empleo; o emigrantes españoles que
se fueron buscando oportunidades pero que han tenido que volver y tienen
que esperar doce meses a percibir una prestación -qué comen al día
siguiente de que lleguen a nuestro país-; o personas que trabajan -que
las hay- y que siguen estando en situación de pobreza. Esa es una
situación que desde Cáritas conocemos muy bien, casi el 43 % de las
personas que atendemos están trabajando pero acuden a nosotros. ¿Y eso
por qué es? Pues porque no les llega la renta que obtienen a través de
sus trabajos. Son personas que trabajan de forma esporádica, con
contratos inestables, que van mucho más allá de los tres meses que se
plantea dentro de la iniciativa legislativa popular, o personas activas y
con bajos salarios que están por debajo de los umbrales de la pobreza
relativa, pero por encima de lo que plantea la iniciativa legislativa
popular a la hora de la percepción, que se quedarían también fuera.
113 Compartimos con la iniciativa legislativa popular algunos asuntos.
Compartimos que efectivamente el sistema de protección social en el
actual contexto no abarca las situaciones que se están presentando.
También compartimos que es necesario crear un modelo que implique esa
garantía de ingresos mínimos a todo individuo que carezca de recursos.
Compartimos que es preciso dar una respuesta urgente a todas las personas
que se encuentran en esta situación. Asimismo, compartimos el carácter
preventivo que
114
115 plantea la iniciativa legislativa popular para que los programas de larga
duración no caigan en situaciones. Reconocemos esa legitimidad de
plantear ese tipo de propuesta, inclusive en el marco de la Seguridad
Social. Sin embargo, no compartimos este enfoque que se realiza solamente
desde el ámbito del empleo y vinculado exclusivamente al empleo y no como
una garantía de supervivencia de mínimos para cualquier ciudadano que la
pueda necesitar. No se trata de no reconocer esta necesidad de atender el
paro de larga duración, sino que se trata de reconocer que una medida de
renta mínima ha de priorizar -si es que hubiera que elegir- aquellos que
ni siquiera puedan plantearse un trabajo como mecanismo de inserción
social y como mecanismo de obtención de la renta.
116 Por ello, planteamos una propuesta con relación a la mejora de nuestro
sistema de garantía de rentas, que básicamente busca dos premisas: por un
lado, aportar información para generar una reflexión y un análisis tanto
de ustedes, las personas que tienen capacidad de tomar decisiones, como
de las personas que tenemos capacidad de atender a gente todos los días,
y por otro lado, optar por alguna medida de sentido gradual y de carácter
reformador, no de algo que sea inasumible por el conjunto de la sociedad
en este momento. Creemos que el realismo es una de las características de
la propuesta que hoy les vamos a presentar, marchando hacia la realidad
en competencia con otras propuestas que pueden ser igualmente
discutibles.
117 Las vías para afrontar una reforma del sistema de garantías de ingresos
que voy a plantear no pretenden ser omnicomprensivas de todo el conjunto
del sistema. El enfoque que hemos planteado parte de una constatación y
es que el sistema actual pone el mayor peso de la inversión social en dos
colectivos: las personas mayores y los desempleados ocasionales, que en
circunstancias normales mantienen una integración normalizada en el
sistema productivo, aunque en mucha menor medida en determinados
colectivos de discapacidad. Sin embargo, el sistema actual deja a otros
grupos en situación de menor protección: la familia y la infancia, la
pobreza severa, el paro de larga duración, los trabajadores precarios con
bajo salarios, etcétera. Pensar en estos grupos de población es
prioritario en un momento, en el que no solo es necesario modernizar
nuestro sistema de protección sino adaptarlo a las circunstancias
actuales del mercado de trabajo; circunstancias que vienen de lejos y que
van a continuar así durante mucho tiempo.
118 Nuestra propuesta se estructura en tres medidas que son complementarias
-tienen que visualizarse de una forma complementaria- e incorpora de una
manera decidida a estos tres colectivos insuficientemente protegidos en
nuestro marco de garantía de rentas. Me refiero a esos hogares que hemos
nombrado en pobreza severa, incluido los parados de larga duración,
trabajadoras y trabajadores pobres y familias con hijos e hijas a cargo.
A continuación mencionaré brevemente las tres medidas y después pasaré a
explicarlas más detalladamente. La primera medida propone la creación de
una renta garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del
territorio del Estado; la segunda, una extensión de esta renta
garantizada a trabajadores y trabajadoras pobres, a través de un programa
de bonificación del empleo; y la tercera, plantea el aumento de la
protección a la familia e infancia, a través de la ampliación de la
actual cobertura de la deducción fiscal reembolsable para familias
numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos
hijos.
119 El objetivo principal de esta propuesta es reducir de forma sostenida la
pobreza severa en el medio y largo plazo e intentar, además, conciliar
diferentes elementos. En primer lugar, intenta conciliar que sabemos que
no es posible una reducción sustancial de la pobreza, si no hay un
incremento importante de las cuantías y del volumen de las prestaciones y
de la cobertura que tiene. Hay comunidades autónomas que tienen amplias
cantidades en el sistema de rentas mínimas, pero coberturas pequeñas, o a
la inversa, tienen amplia extensión en cobertura pero con unas cantidades
muy reducidas. Para ello hemos trabajado diferentes escenarios que nos
permitan obtener unos valores de inversión de referencia suficientes en
cada una de las medidas. Estas tres medidas que vamos a plantear no son
sumativas sino que probablemente tomadas en conjunto, todas juntas,
reducirían inclusive su coste.
120 En segundo lugar, nos preocupa el mantenimiento de lógicas diferentes
cuando se implementan políticas focalizadas. La separación entre
colectivos como personas en pobreza, personas paradas de larga duración,
personas que perciben un salario pero que no pueden superar ese umbral,
tener una visión compartimentalizada y no tener una sinergia entre las
prestaciones que las ayuda, nos preocupan bastante ese tipo de lógicas,
porque son situaciones que se yuxtaponen en las familias y en las
personas. Por tanto, las acciones a llevar a cabo deben considerar esta
característica. Por este motivo, las dos primeras medidas -la renta
garantizada y la bonificación al empleo- deben formar parte de un
continuo prestacional, que incorporen de forma simultánea diferentes
colectivos en la misma prestación.
121
122 En tercer lugar, intentamos romper con la trampa de la pobreza y el
desempleo incentivando el acceso al empleo a los perceptores de una renta
garantiza, pero siendo consciente de que la precariedad en ese acceso no
puede convertirse en un obstáculo más. No puede ser que una persona que
viene del ámbito de la exclusión encuentre un trabajo y tenga que dejar
de percibir una prestación, cuando sabe que ese trabajo le va a durar
tres días o tres horas. Por tanto, no podemos perder de vista esa
circunstancia. Penalizar a las personas en exclusión cuando consiguen
algún tipo de empleo por incompatibilidad de ingresos, dadas las
características del empleo al que suelen acceder, genera una potenciación
de esa trampa de la pobreza. Esta es una posición pragmática y no
renuncio en ningún caso a la crítica de las consecuencias de un mercado
que genera puestos de trabajo, sobre todo, para las personas más pobres
en unas situaciones de mucha indignidad.
123 En cuarto lugar, la propuesta entiende que la universalidad en el acceso a
la garantía de rentas sería una meta a conseguir, pero debemos priorizar
en este momento a los hogares y personas en peor situación, introduciendo
elementos de condicionalidad. ¿Cuáles son estos elementos? Pues
básicamente los umbrales de renta. Se tienen que beneficiar aquellas
personas que son más pobres en esta sociedad. La gradualidad es un
camino, creemos que es una opción realista aunque no es un fin en sí
mismo.
124 En quinto lugar, abrimos la propuesta de la vía fiscal, como una forma de
protección social, fácil de implementar y que minimiza el estigma de ir a
percibir una prestación a una oficina.
125 Por último, una de las mayores dificultades que se presenta, aunque me
imagino que habrán dedicado bastante debate a esta cuestión, tiene que
ver con el asunto competencial y el tema de la financiación. Respecto al
primero ya propusimos en trabajos anteriores tres caminos distintos:
primero, el de asunción por parte de la Seguridad Social de esta nueva
contingencia en la línea de lo que la iniciativa legislativa popular está
planteando; segundo, la aprobación de una ley de mínimos de carácter
estatal; o tercero, el lanzamiento de un nuevo plan concertado con
relación a las rentas mínimas autonómicas, es decir, una línea de trabajo
como ya se acometió en los años ochenta y noventa con los servicios
sociales para implantar su desarrollo en las distintas comunidades
autónomas.
126 Las tres líneas ofrecen ventajas e inconvenientes: la asunción por la
Seguridad Social de esta nueva contingencia es una experiencia ya
conocida, la conocimos por las pensiones no contributivas cuando se
construyeron, es un formato que pone su peso en la cohesión social y en
la igualdad de derechos de los ciudadanos; el camino de aprobar una ley
estatal de rentas mínimas pivotaría más sobre el eje de establecer unos
mínimos comunes denominadores entre sí de todo el sistema autonómico de
rentas mínimas; y por último, el abordaje a través del plan concertado de
rentas mínimas pondría más el peso en las capacidades de colaboración
entre actores. Estos dos últimos enfoques tenderían a reforzar más el
pilar de los servicios sociales y de la acción social autonómica, y el
primero reforzaría más el ámbito de la Seguridad Social. Esas son
opciones que no somos nosotros quiénes para determinar cuál es la mejor o
cuál es la peor, porque ofrecen todas ventajas e inconvenientes. Es
necesario recordar que la distribución competencial actual puede
condicionar claramente la facilidad y la apuesta por uno de estos
caminos, pero creemos que cualquiera de los mismos tiene su razón de ser
y que un bloqueo de estos temas en su discusión por parte de los actores
no sería entendible por parte de la ciudadanía.
127 En cuanto a la financiación nuestra propuesta descansa en tres aspectos:
primero, la necesidad de un incremento decidido de la inversión; segundo,
el compromiso de todos los actores institucionales en la cofinanciación,
y tercero, la potenciación de los mecanismos fiscales como instrumentos
más relevantes para la protección. A continuación me referiré brevemente
el conjunto de las tres propuestas.
128 Con relación a la renta garantizada que cobra ese mínimo equivalente
creemos que debería ir dirigida a hogares sin ingresos y vinculada al
número de personas que forman el núcleo familiar. Es decir, no pensamos
en una prestación individual, pensamos más en una prestación vinculada al
hogar donde podamos aprovechar las economías de escala. La percepción de
dicha renta debe ser incorporada en la legislación correspondiente como
un derecho subjetivo, únicamente condicionado al nivel de renta del
hogar, y no condicionada a la participación en ningún tipo de programa
social. El sistema de garantías de rentas es un camino que nos hace
evolucionar de la lógica de la contraprestación a la lógica del
compromiso de los ciudadanos con su sociedad, pensando positivamente en
la ciudadanía y no pensando negativamente en ella. De alguna manera sería
una evolución del sistema de rentas mínimas, como un sistema de rentas
garantizadas. Evidentemente, este tránsito no puede ser posible sin la
existencia paralela de un sistema de servicios sociales y de empleo que
sea de calidad, que pueda atraer a las personas perceptoras de este tipo
de ayudas algunos programas de calidad que les permitan la incorporación
social. Esta cantidad a percibir podía estar ubicada, como hemos
comentado, ante ese
129
130 umbral de pobreza severa y el umbral de pobreza relativa. Puede haber
muchos criterios para calcular esa cantidad, inclusive podríamos tener en
cuenta el ajustar el sistema en función de la renta bajo umbrales de
carácter autonómico donde contáramos también el nivel de las diferentes
comunidades autónomas. Se puede calcular de muchas distintas maneras,
dado el desequilibrio que hay en este momento a nivel territorial. Los
cálculos de coste de la renta garantizada variarían en función de la
cobertura que consiguiéramos obtener, porque ninguna prestación se
consigue ocupar el cien por cien.
131 Yo no sé qué tipo de cálculos les han ofrecido a ustedes, pero es muy
difícil alcanzar una cifra exacta para incluir en un presupuesto y sobre
todo a un año vista. Hay muchos elementos que varían en una decisión de
este tipo, pero desde luego una prestación, cualquiera que sea, no
funciona al cien por cien ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero,
ni el cuarto. Nuestros cálculos en una renta garantizada -estamos siendo
bastante prudentes- estaría entre 2700 y 3600 millones de euros,
pensando, sobre todo, en los hogares que a día de hoy no perciben ningún
tipo de ingreso y que no trabajan, que es una cantidad rondando entre los
260 000 y los 300 000, dependiendo de las fuentes a las que acudamos.
Estas son cifras asumibles dentro de cualquier presupuesto conservador.
Son cifras realmente pequeñas, si las comparamos con otras que hemos
estado escuchando. La aplicación de la renta garantizada se basaría en la
reconversión actual del sistema de rentas mínimas, asociando una
cofinanciación -un 50 % y un 50 %- entre el Estado y las comunidades
autónomas, y teniendo en cuenta que en estos momentos ya se está gastando
casi 1400 millones de euros en rentas mínimas autonómicas, si bien esta
aportación del 36 % corresponde solo al País Vasco. La existencia de una
renta mínima equivalente en el ámbito nacional no debería ser
incompatible con posibles políticas de mejora de una renta garantizada
que pudieran introducirse en la acción social autonómica.
132 En cuanto a la segunda medida, extensión de esta renta garantizada a
través de un programa de bonificación al empleo, nosotros pretendemos
primar a aquel que trabaje, y no perjudicarlo. Es decir, una persona
puede percibir una renta mínima garantizada pero si accede al mundo del
empleo, aunque ese empleo no le facilita los ingresos necesarios,
primémosle y beneficiémosle porque está accediendo al mercado del
trabajo. Por tanto, planteamos un sistema de bonificación a esa situación
y no un perjuicio quitándole la prestación, porque entonces lo que
hacemos es profundizar en la trampa de la pobreza. Esta medida iría
dirigida a dos colectivos de forma simultánea: personas en situación de
exclusión severa que comienzan a incorporarse o a reincorporarse al
mercado de trabajo y trabajadores y trabajadoras cuyo salario no les
permitiría alcanzar los umbrales de supervivencia. El acceso a este
programa de complemento a una renta garantizada sí estaría condicionado a
tener algún tipo de ingreso vía empleo, lógicamente, porque estamos
primando la gente que está trabajando, ya que su objetivo es incentivar
ese acceso, la permanencia en el mismo y que sea complementario a un
salario.
133 Del mismo modo tampoco creemos necesario introducir otro tipo de
contraprestaciones en el acceso a este tipo de programas. La necesidad de
acceder a programas de apoyo al empleo debe estar basada en la
voluntariedad y en la calidad de los mismos, no en la coerción. Una buena
coordinación entre los sistemas prestacionales y los de intervención
social y laboral debería permitir una fórmula más acorde con la lógica
del compromiso de la ciudadanía, que con la lógica de pedir cuentas a
cambio de. Las cantidades a percibir en un programa de estas
características estarían determinadas por el volumen de ingresos por
trabajo, el tamaño del hogar y el umbral mínimo. Aquí los cálculos pueden
ser muy variados, pero nos estamos dirigiendo justamente a ese grupo que
está por encima del umbral de la pobreza severa pero que tiene un ingreso
de trabajo. Es un grupo enorme el que está en esa situación, son muchos
más que estos 260 000 hogares a los que nos estamos refiriendo. En los
estudios que hemos elaborado estimaríamos un coste para esta prestación
entre 2300 y 5200 millones de euros, dependiendo de la cobertura y de
dónde pusiéramos exactamente el límite.
134 Por último, nuestra tercera propuesta se refiere al aumento de la
protección a la familia y a la infancia, a través de la ampliación de la
actual cobertura de deducción fiscal reembolsable. Nuestra propuesta es
extender esta actual deducción familiar a familias numerosas y con
personas con discapacidad, a todas las familias con menores de
veinticinco años a su cargo y que estén por debajo de un nivel de renta
vinculado a umbrales de pobreza relativa. Una medida de estas
características evidentemente sería la más cara de todas, la inversión
mayor, y de alguna manera en esa filosofía de procesualidad deberíamos
limitarla a aquellos que tienen menores ingresos. Sería una medida de
carácter universal, pero limitada a determinados grupos dentro de este
sector. Quizás, esta sea la recomendación más clara que nos hacen los
investigadores con los que hemos colaborado en el ámbito europeo. Se
extrañan notablemente de que en España no exista una prestación por
familia con hijo a cargo dentro de nuestra política de ingresos
135
136 mínimos. Nosotros la concebimos como una deducción de carácter
reembolsable como la actual, de forma que las familias pudieran disponer
mensualmente de dicha ayuda a cuenta de su declaración sobre la renta.
Además, su naturaleza va más allá de la reducción de la pobreza en el
ámbito familiar y a su tratamiento intergeneracional. Nos hace plantearla
como totalmente compatible con cualquier otro tipo de prestación, porque
aquí se buscan otro tipo de objetivos, no solo la reducción de la
pobreza, sino el fomento de la natalidad.
137 Este tipo de políticas iría dirigido al grupo que Cáritas Europa ha
denunciado recientemente; es decir, jóvenes que están trabajando, que
viven en pareja y que quieren tener hijos, pero que no pueden tenerlos
porque no tienen suficiente renta para poder tenerlos. Sería una política
de miras mucho más amplia. La vocación de esta medida coincide con la
filosofía de otras propuestas similares en nuestro ámbito, dada la
inexistencia de nuestro país de una ayuda universal por hijo a cargo en
combinación con otras. Evidentemente, esta medida es la más cara de
todas. El coste que estimamos a esta medida rondaría entre los 7000
millones y los 14 000 millones de euros, en función de hasta dónde
quisiéramos llegar. La aplicabilidad de la misma, dada la inversión
económica que supone, podría suponer introducir criterios de gradualidad
en su implementación y deberían tener relación con las actuales
deducciones fiscales. Parte de este dinero ya lo estamos poniendo, con
las actuales deducciones que existen en este país; es decir, de todo este
dinero que estamos planteando ya hay parte que lo estamos poniendo en el
sistema.
138 Hasta aquí la propuesta que nosotros teníamos desarrollada, que intenta
responder a una amplitud de realidades de forma sinérgica, dando
respuesta a la gente que peor lo está pasando en esta sociedad.
Entendemos que la discusión sobre la actual la iniciativa legislativa
popular es una discusión lícita, pero nosotros planteamos también
lícitamente otras alternativas.
139 Muchas gracias.
140 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
141 A continuación intervendrán los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Campuzano.
142 El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
143 Quiero disculparme con el señor Fernández Maíllo porque me he incorporado
a la Comisión un poco tarde y no he podido escuchar toda su intervención.
De lo que he podido oír, quiero remarcar esa referencia que ha hecho a
las cuestiones de pobreza infantil y a la ausencia de una prestación
universal para el cuidado de los hijos, que es una de las enormes
debilidades del sistema de protección social en el Estado español que
explica esa tasa de riesgo de pobreza infantil tan elevada que tiene
España, que la tenía antes de la crisis, que esta ha agudizado, y que
contrasta con el hecho de que la tasa de pobreza de los mayores de
sesenta y cinco años durante los años de la crisis haya disminuido, tanto
en positivo por la existencia del sistema público de pensiones que ha
protegido a estas personas mayores de las consecuencias económicas de la
crisis de una manera adecuada, como en negativo ante la ausencia de
mecanismos sólidos, tanto para hacer frente al paro de muy larga duración
como para proteger a las familias con niños pequeños que han perdido su
empleo y que no han podido volver a encontrarlo.
144 Desde este punto de vista, nos parece imprescindible cualquier reflexión o
propuesta que hagamos en esa dirección. He de lamentar que las
iniciativas legislativas que como Partit Demòcrata hemos planteado en el
Congreso para poner en marcha esta prestación para protección de las
familias con hijos pequeños hayan sido vetadas en la Mesa del Congreso
por el Grupo Popular y por Ciudadanos, lo que ha impedido un debate sobre
esta materia. Si PP y Ciudadanos no hubiesen vetado estas iniciativas hoy
podría estar en trámite una proposición de ley que permitiese abordar
esas cuestiones. Vamos a ver si el debate de esta ILP nos permite
recuperar esta iniciativa, pero coincido con usted en que en términos de
la equidad y justicia del sistema de protección social en el Estado
español el enfoque sobre infancia y juventud es fundamental, lo era antes
de la crisis, lo ha sido durante los años de la crisis y lo será de cara
al futuro, sin lugar a dudas.
145 Quiero que Cáritas sepa que va a contar con nuestro apoyo y con nuestro
compromiso para trabajar en esa dirección.
146 Gracias.
147 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
148 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
149
150 El señor CANO FUSTER: Gracias, señor presidente.
151 Quiero agradecer al señor Fernández Maíllo su presencia y, sobre todo, a
Cáritas el trabajo que realiza todos los días ayudando a aquellos que más
lo necesitan, intentando llevarles de la mano para que puedan realizar
sus vidas con independencia y con la máxima dignidad posible.
152 Haré alguna reflexión sobre lo que ha comentado anteriormente. Decía que
presentar una ley de estas características y que no sea sostenible o que
la podamos implementar a un año vista para que tenga una duración en el
tiempo es algo que debemos tener presente. Teniendo en cuenta las
circunstancias económicas actuales, ¿de qué manera podemos hacer que esto
sea sostenible en el futuro? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde quitamos?
Entendemos que los recursos son limitados, pero tenemos que intentar que
su uso y su gestión sean lo más eficientes posible para que puedan llegar
al máximo número de ciudadanos.
153 Hablaba de la implantación de estas medidas a tres colectivos y decía que
la ILP se quedaba corta porque solamente se centraba en dos de ellos. He
entendido que lo que decía era que se fuese implementando gradualmente en
cada uno de ellos. Nos comentaba que el 43 % de las personas a las que
ustedes asisten habitualmente son trabajadores que no pueden llegar a fin
de mes. Este es un colectivo muy importante y debemos intentar conseguir
que mejore su situación, por ejemplo, con el complemento salarial que
nosotros planteábamos o a través de ayudas que luego se compensen en la
fiscalidad. Creemos que es una medida directa que puede llegar a un gran
número de personas. ¿Piensa que esto nos ayudaría a que la economía
empezase a funcionar mejor y llegase a más gente?
154 Creo que a lo largo de su intervención también se ha referido a la
desigualdad en cada uno de los territorios. Si somos ciudadanos libres e
iguales en todo el territorio, ¿por qué en cada sitio tienen una
prestación distinta? ¿Cómo podríamos gestionar de forma más eficiente
este conglomerado de prestaciones? Sin duda, los que mejor conocen a los
ciudadanos son los más cercanos a ellos. Otros comparecientes mencionaban
la corresponsabilidad fiscal de las distintas administraciones y hablaban
del 50 % de las comunidades autónomas y el 50 % del Estado. Si vamos a
una prestación en la que van al 50 % las comunidades autónomas y el
Estado, los ayuntamientos o determinadas comunidades autónomas que sean
más ricas podrán complementarlo con otras, con lo cual volveremos a
incidir en la desigualdad en todo el territorio nacional. Eso es algo que
debemos tener en cuenta.
155 Nivel de cobertura. Nos preocupa -se ha hecho hincapié en ello- que las
prestaciones no llegan a los ciudadanos que realmente lo necesitan y que
muchas veces se diluyen. No sé de qué manera podemos solucionar esto. No
sé si hay algún estudio que nos pueda ayudar. Hemos puesto en marcha el
Plan de garantía juvenil para ayudar a los jóvenes a que se formen
mientras trabajan. En los nuevos presupuestos, que espero que se
aprueben, se habla de las medidas fiscales para intentar ayudar a las
familias con hijos a cargo; es decir, que tengan unas bonificaciones, que
se baje el impuesto sobre la renta a esa clase media cuya gran mayoría si
consigue llegar a fin de mes termina siendo un auténtico milagro.
156 Le agradezco de nuevo su comparecencia y la labor que hace Cáritas para la
sociedad española.
157 Muchas gracias.
158 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
159 Se acaba de incorporar el señor Barandiaran y, si les parece bien, como le
correspondía el turno anteriormente, podemos darle la palabra.
(Asentimiento).
160 Tiene la palabra el señor Barandiaran.
161 El señor BARANDIARAN BENITO: En primer lugar, quiero pedir disculpas por
no estar aquí, pero estaba atendiendo a su intervención a través del
televisor de mi despacho, porque, por diversos motivos, necesitaba estar
allí. No obstante, he seguido toda su intervención con mucho interés.
162 Redundando un poco en algunas cuestiones que se han comentado, me gustaría
pedirle una aclaración sobre tres temas que ha mencionado en su
intervención. En primer lugar, al inicio de su exposición se ha referido
a la existencia de tres grupos de riesgo fundamentales, de los cuales el
segundo estaba vinculado al mundo del trabajo. Quisiera que hiciera
alguna reflexión sobre las consecuencias que podría tener el incremento
del salario mínimo en esas bolsas de pobreza vinculadas a la laboralidad
-por decirlo de alguna manera-. En segundo lugar, también me ha llamado
la atención -dígame si le he entendido bien, porque no estoy muy seguro-
que haya señalado que entendía que la posibilidad de implantar una
prestación de este tipo no se debería asociar a determinadas exigencias,
y hablaba del ámbito formativo, cosa que en otros lugares se hace -en el
País Vasco así se exige- porque está vinculado precisamente a la
reempleabilidad, a la formación activa de empleo. ¿Lo ha dicho con
carácter
163
164 general? Me ha extrañado, sabiendo que esa es una práctica contraria allí
donde de alguna forma ha tenido mayor desarrollo la existencia de una
renta mínima de ingresos. En tercer lugar, ha hecho alusión, en sentido
contrario de quien me ha precedido en el uso de la palabra, a la aparente
desigualdad entre diferentes territorios. ¿Entiende que la igualación
como tal aporta un plus de garantía o que los esfuerzos de cada una de
las administraciones, atendiendo a la prioridad que políticamente puedan
establecer, según determinados tipos de intereses, forman parte también
de la posibilidad de establecer esa prestación de garantía de ingresos?
165 Vuelvo a pedir disculpas por haber llegado tarde, pero es lo que he
tardado en llegar desde mi despacho hasta aquí.
166 Muchas gracias.
167 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran. Por mi parte está
disculpado.
168 Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Salud Areste.
169 La señora SALUD ARESTE: Gracias, señor presidente.
170 Señor Fernández Maíllo, gracias por su exposición y por esa propuesta tan
concreta que nos acerca más a la posibilidad de que esto sea real, porque
muchas veces hablamos de territorios, de coordinaciones, de palabras,
pero usted ha hecho una concreción estimativa que nos indica que es
posible ponerlo en marcha y que es una cuestión de voluntad y de
recursos, aunque yo diría que los recursos también son una cuestión de
voluntad. Repito que le agradezco su exposición.
171 Cáritas viene diciendo en muchos de sus informes que el modelo social se
fundamenta en el crecimiento económico para generar empleo y acabar con
la pobreza. Esta creencia, que se dice que es así y que además está muy
extendida, no es del todo cierta, porque se demuestra en el día a día.
Ustedes dicen que el PIB ya no sirve para dar bienestar porque deja a
mucha gente en la cuneta. Los datos son incuestionables, nos dan una
imagen certera de la realidad y no la que algunos o algunas nos quieren
mostrar en la foto. Estamos ante un sistema económico que no garantiza el
empleo ni el bienestar de la gente -usted ha dado datos muy concretos- y
crecemos en datos macroeconómicos, pero la gente se queda en la cuneta.
Por tanto, es necesario que actuemos. Creo que a largo plazo hay que
cambiar las bases del propio sistema, hay que pasar de una economía de
mercado feroz, muy competitiva que deja a la gente, a los hombres y a las
mujeres, en la pobreza, a dar pasos en economías planificadas que se
pongan al servicio de la gente. Esto lo dice la Constitución española,
esa Constitución que parece que muchos se empeñan en que se cumpla, pero
no tanto en algunos aspectos sociales. La Constitución dice que la
economía se pondrá al servicio de la mayoría, lo que quiere decir reparto
y justicia, dinero y recursos. Los recursos son importantes para hacer
política, porque si no todo se convierte en humo. También dice nuestra
Constitución que las políticas tienen que ser justas y que tiene que
pagar el que más tiene, cosa que tampoco se cumple.
172 ¿Qué tenemos que hacer mientras llegamos a esa situación? Un camino que se
nos ofrece es el de las rentas mínimas. Como usted bien decía, esto no es
una cosa coyuntural que podemos planificar a largo plazo, porque no es de
ahora. Ustedes hacen informes muy interesantes sobre las debilidades de
los apoyos que se han tenido hasta ahora, apoyos de familiares, de
amigos, de la vecindad, de las organizaciones civiles, etcétera, y dicen
que se han debilitado y que no aguantarían una segunda crisis, por lo que
es urgente que nos pongamos en marcha. Por esta razón quería preguntarle
si a pesar de la deficiencias, de las cosas que le faltan a esta ILP -que
seguramente compartimos muchos de los que estamos aquí- presentada por
Comisiones y UGT, no le parece que podría abrir el camino hacia una
cobertura más amplia que la que se propone.
173 Termino diciendo que creo que es una cuestión de voluntades y de
intereses. Por eso también le preguntaría si considera que con el nivel
de gasto que tenemos en estos momentos es posible poner en marcha la
propuesta que ustedes nos hacen. Si no es así, nos gustaría saber de
dónde considera que podemos sacar recursos económicos.
174 Muchas gracias.
175 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salud.
176 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón.
177
178 La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, señor presidente.
179 En primer, quiero agradecer a nuestro compareciente su exposición. Creo
que ha sido muy explícita, en tanto en cuanto no podemos negar que ha
hecho una propuesta muy concreta sobre cuáles deberían ser los niveles de
cobertura. Es verdad que estamos hablando de cosas distintas, en el
sentido de que la iniciativa que han planteado los sindicatos no da
cobertura a todo el mundo -nosotros lo dijimos desde el principio-, ya
que está más enfocada a la vía de la inserción laboral. Esa no era la
propuesta que el Partido Socialista llevaba en su programa electoral
cuando hablaba de ese ingreso mínimo vital, pero tenemos una realidad
concreta que se ha acentuado durante los últimos años. Lo que pretende
esta iniciativa es dar una solución a aquellas personas que carecen de
renta, que estando en edad de trabajar y queriendo hacerlo no están
insertadas en el mercado laboral, que se les da esta cobertura al no
tener ingresos, ya que hay unas necesidades vitales que todos tenemos que
atender, empezando por comer, vestirnos, etcétera.
180 La realidad actual -comparto lo que han dicho algunos de mis compañeros-
es que, a pesar de que en los últimos tiempos se habla de recuperación
económica, tenemos más de dos millones de trabajadores desempleados que
no reciben ningún tipo de prestación y que estamos por encima de los
setecientos mil hogares en los que no entra ningún ingreso. Repito que
aunque estemos hablando de recuperación económica, está claro que estamos
asistiendo -y en muchos de vuestros informes así lo reconocéis- a una
cronificación de la situación de pobreza que, además, se está
intensificando. En estos tiempos hemos visto que la brecha ha aumentado,
que la riqueza se ha acentuado y que las familias que eran pobres lo son
aún más. Si preguntamos a esas familias nos dirán que no están
percibiendo ningún efecto de esta supuesta o real recuperación económica.
181 Partiendo del objeto de esta iniciativa legislativa popular que, como
decía, es bastante diferente de lo que usted nos ha planteado aquí, y
siendo conscientes desde mi grupo de que, como he dicho anteriormente, no
responde a todas las necesidades que hay en la actualidad -aunque algunos
grupos parlamentarios no quieran reconocerlo hay personas a las que no
podemos insertar laboralmente por muchos de los motivos que también ha
mencionado en su exposición- consideramos que es un punto de partida
importante y que en este proceso de preparación de las enmiendas a esta
ILP quizá entre todos podamos mejorar el texto inicial que nos han
presentado los sindicatos. Hay aspectos como el la antigüedad para ser
demandante de empleo, que la ILP la plantea en doce meses, y también
ciertas compatibilidades, a las que abre la puerta la ILP en una
regulación posterior por parte del Gobierno, con el propio desarrollo de
una actividad laboral.
182 Me gustaría plantearle una cuestión que ha sido mencionada por otros
comparecientes, y a la que creo que no se ha referido en su exposición,
que es la posible inconstitucionalidad de esta iniciativa. En su
intervención se ha referido de forma contundente a las posibles
diferencias que existen entre los diversos territorios y ha dicho que
todo el mundo tiene que tener los mismos derechos en todo el territorio
español, al mismo tiempo que ha abierto la posibilidad de cierta mejora
que podrían aportar las comunidades autónomas en esos ingresos mínimos
vitales. Me gustaría que nos explicara cómo se puede casar ese derecho
generalizado para toda la población en todo el territorio con esa mejora
sin invadir el ámbito competencial de cada una de las comunidades
autónomas. Asimismo, me gustaría que nos dijese, sin dar respuesta,
evidentemente, a todos los planteamientos que ha hecho en su exposición,
si considera que es un buen punto de partida compatibilizar la prestación
que contempla la ILP con el desarrollo de una actividad laboral,
vinculándola con la prestación por hijo a cargo.
183 Esas son las cuestiones que quiero plantearle. Muchas gracias.
184 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
185 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España.
186 La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
187 Quiero agradecer a Cáritas, organización que depende de la Iglesia
católica su intervención hoy aquí en el Congreso, su trabajo, su
propuesta y, sobre todo, la tarea que realiza día a día. Es verdad que
todos tenemos que luchar contra la pobreza, pero también hay que recordar
que es la Organización Internacional del Trabajo la que dice que el 80 %
del incremento de la desigualdad se debe a la masiva destrucción de
empleo que hubo en su momento. Hay que recordar también que ya se ha
recuperado el 70 % del empleo, más de 2 millones de puestos de trabajo de
esos 3,3 millones que se destruyeron durante la crisis, y en esa línea
hay que seguir. Desde luego, sabemos que hay que mejorar también la
calidad del empleo, incluidos los salarios.
188
189 Repasando las estadísticas, vemos que el 77 % del aumento de la
desigualdad en España se produjo precisamente entre los años 2007 y 2011,
es decir, en plena crisis económica. La recuperación es la que está
permitiendo que se empiece a corregir la desigualdad, porque ha habido un
punto de inflexión. El índice Gini del año 2015, que hace referencia a
los datos de 2014, es el que apunta que la desigualdad está empezando a
reducirse con la recuperación del empleo en España. Nos habla usted de
los mayores de sesenta y cinco años, lo cual concuerda con lo que voy a
decir ahora, y es que según Eurostat la tasa de riesgo de pobreza para
los mayores de sesenta y cinco años en el año 2010 era del 21,8 % y ha
bajado al 12,3 % en 2015, que representa 9,5 puntos menos, cuando la
bajada en Europa solo fue de 1,9 puntos. Digo esto porque cuando se habla
de pensiones siempre insistimos en los mayores de sesenta y cinco años.
190 También se ha hablado mucho de la pobreza infantil. Creo que uno de los
objetivos de todos los grupos parlamentarios de esta Comisión debería ser
trabajar contra la pobreza infantil. Pero también hay que decir que según
la tasa Arope la pobreza infantil ha caído 2 puntos, cuando la media es
de un 0,6. Otra vez hay un punto de inflexión desde el año 2014, que es
cuando comienza la recuperación económica y la creación de empleo. Antes
subía la pobreza infantil y ahora está bajando, como se ha visto
recientemente en los datos de Eurostat, que demuestran que en España se
está reduciéndose la pobreza infantil desde el año 2014, como he dicho, y
sin embargo está creciendo en otros países. Con respecto a las
comunidades autónomas y a las diferencias a las que se ha referido,
buscando los datos de Eurostat de la pobreza infantil referidos al año
2016, que salieron el lunes, se observa -y lo lamento profundamente- que
en mi comunidad autónoma -soy andaluza-, después de treinta años de
Gobierno del mismo color, está en el 44 %, 11 puntos más que la media
nacional y casi 20 puntos más que la media europea. Habría que hacer algo
porque no es justo.
191 Aquí se ha dicho que el empleo no es la medicina para luchar contra la
pobreza. Puede que no sea la medicina, pero sí es una buena medicina.
Creo que siempre es mejor crear empleo que destruirlo. Pienso que es
bueno que se estén creando 500 000 empleos al año. Como he dicho, hay que
seguir mejorando la calidad del empleo y luchando por un incremento de
los salarios, que no corresponde al Gobierno. Hay que tener en cuenta que
según la EPA del tercer trimestre en el peor momento de la crisis el 11 %
de los hogares españoles tenían a todos sus miembros en paro. Hoy esa
cifra se ha reducido al 6,5 %. Creo que eso es bueno.
192 Con respecto a lo que han dicho algunas personas que me han precedido en
el uso de la palabra sobre el tema de la constitucionalidad, es verdad
que hace poco compareció la directora de los servicios jurídicos de la
Seguridad Social y vino a decir que, tal y como está definida, tanto el
Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
podrían considerar esta prestación como asistencia social en lugar de
cómo una prestación no contributiva y que, por tanto, sería competencia
de las comunidades autónomas y no del Estado. Por tanto, podríamos estar
tramitando una proposición de ley que ante cualquier recurso se podría
declarar inconstitucional, con lo que al final no protegeríamos a quien
de verdad lo necesitara. Ahí está el ejemplo de lo que nos ha ocurrido
con el Prepara. Le pregunto si sabía usted que esta proposición de ley,
tal como está definida ahora mismo, podría ser inconstitucional.
193 También me gustaría que hablara sobre la tarjeta social única. Parece que
a partir del año que viene vamos a tener una información completa sobre
el mapa y el conjunto de prestaciones sociales que otorgan las distintas
administraciones, el Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Es verdad que hay que evitar la desprotección, pero
también la duplicidad. ¿No sería más coherente esperar a tener esta
información del mapa de prestaciones para llegar a quien realmente lo
necesita? También la AIReF estableció la conveniencia de hacer un
análisis integral donde se estudiaran los programas existentes, donde se
hiciera un estudio del tema a nivel internacional y una estimación de
esta proposición de ley en función de las distintas enmiendas. ¿Vería
razonable y coherente que la AIReF hiciera este estudio?
194 Por último, usted habla de cofinanciación, de que las comunidades aporten
el 50 % y el Estado el otro 50 %. Entiendo que esto es además de las
prestaciones ya existentes en la actualidad. Me gustaría hacerle una
pregunta en relación con la parte del Estado. La cifra que se está
barajando aquí es de 12 000 millones de euros y al final habría que subir
el impuesto sobre sociedades, el IRPF o el IVA, y me gustaría saber, en
caso de que hubiera que aplicar una subida de impuestos, cuál haría menos
daño.
195 Nada más. Muchas gracias. Le reitero mi enhorabuena por la labor
desarrollada por su asociación día a día en la lucha contra la pobreza.
196
197 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
198 Tiene la palabra el señor Fernández Maíllo.
199 El señor FERNÁNDEZ MAÍLLO (Representante de Cáritas): Gracias, señor
presidente.
200 Voy a intentar hacer algunos comentarios, aunque no podré responder a todo
porque no nos da tiempo. Daré algunas pinceladas que valgan para varias
personas. Pobreza infantil. No somos partidarios de hablar de la pobreza
infantil. En este país los niños viven con sus padres, por lo que las
prestaciones las tenemos que pensar en clave del hogar, en clave de sus
padres. Hablar de pobreza infantil nos llega al corazón, pero realmente
esos niños viven en sus casas con sus progenitores, con personas mayores.
Cuando hablamos de la pobreza infantil debemos pensar siempre en
familias. Esta es la primera reflexión que ha surgido.
201 Respecto al tema de la financiación, que también se ha mencionado por
varias personas, Cáritas no tiene que decir de dónde se saca y de dónde
se quita. Cáritas es una organización que atiende a personas, que actúa
de forma subsidiaria a la responsabilidad del Estado, que somos todos,
Cáritas también, para poder responder a las necesidades del día a día.
Pero no se nos va a ocurrir decirles a ustedes qué medidas tienen que
tomar en relación con los presupuestos generales, si hay que quitar de
tal partida o de tal otra. Evidentemente, cuando pienso en personas,
pienso antes en personas que en ladrillos, porque esa es la misión de
nuestra organización, pero no podemos decirles de dónde hay que quitar o
dónde hay que poner, porque es una acción política que nosotros les
planteamos en este espacio directamente.
202 Responderé a algunas cuestiones concretas. Gradualidad. No se trata de una
gradualidad de las distintas propuestas, sino de la cobertura. Cualquiera
de estas medidas habría que implantarla de forma sinérgica o simultánea,
en función del presupuesto sostenible que tuviéramos, pero intentando ir
incrementando su cobertura para que fuese llegando a porcentajes de la
población a la que queremos dirigirnos. La gradualidad tiene que ver con
la cobertura no con el tipo de prestación.
203 Quiero decirles que cuando hablamos de este tipo de sistema de garantía de
rentas pensamos en la gente más pobre de nuestro país. Ese es nuestro
objetivo y nuestra misión. ¿Es un buen punto de partida la ILP que están
discutiendo? Es un punto de partida, pero no va dirigida a los más pobres
de este país. Los más pobres de este país ya sabemos quiénes son, desde
cuando vienen y qué les sucede. Yo no sé cómo les sonará esto que les voy
a decir ahora mismo, pero los más pobres, a los que nosotros intentamos
representar a través de las propuestas, no votan, no son votantes, están
excluidos de la acción política. Se desconectaron de la acción política
hace mucho tiempo, no son grupo de presión. Entonces, si no es a través
de organizaciones como la nuestra cuya misión es apoyar a esta gente,
difícilmente van a estar representados en ningún tipo de prestación. Por
tanto, ¿es un buen principio para un sistema de mínimos una ILP que va
dirigida a parados de larga duración? Evidentemente, si su objetivo como
diputados es completar el sistema de pensiones no contributivas de la
Seguridad Social incorporando nuevos grupos que en este momento lo pueden
necesitar, pues adelante con la idea, pero desde luego no va dirigida a
la gente que desde nuestro punto de vista más lo necesita históricamente
y, además, políticamente no tiene voz y no va a responder con su voto
ante ningún tipo de medida porque tradicionalmente se han autoexcluido y
los hemos excluido del voto político.
204 Cuando en las anteriores elecciones generales los diversos partidos
políticos plantearon medidas en torno al sistema de garantía de rentas,
en Cáritas nos llevamos cierta alegría porque tomadas estas medidas una a
una, a lo mejor teníamos nuestras opiniones al respecto, pero tomadas en
conjunto dijimos: pues esto coincide bastante con el planteamiento que
nosotros hacemos. Se propone un mínimo vital, por otro lado una renta
garantizada, se plantea un complemento salarial y diversas medidas. El
Partido Popular hace mucho hincapié en que el empleo es una medida y,
efectivamente, tenemos que seguir generando empleo porque sigue siendo un
mecanismo potente de inserción, pero ya sabemos que no es el único y cada
vez lo es menos. Es decir, todos los partidos políticos planteaban cosas
que nosotros previamente ya habíamos estudiado y formaban parte de esta
propuesta que ya tiene varios años. Entonces nos llevamos una alegría en
el sentido de que todas las propuestas que ustedes plantearon, si las
intentáramos sinergizar de forma complementaria darían una respuesta de
conjunto a la gente en situación de pobreza más severa. Y ello porque a
esa pobreza severa se llega desde diferentes caminos, el paro de larga
duración es uno de ellos, sin duda alguna, pero no es el único.
205 Respecto al papel de las comunidades autónomas, en este punto nosotros
siempre intentamos respetar la experiencia que las comunidades autónomas,
por su cercanía a la situación y a la realidad de la gente, ya tienen y
vienen aplicando desde hace muchísimo tiempo. Desde ahí siempre creemos
que no
206
207 se las puede ignorar a la hora de plantear no solo el debate, sino
cualquier tipo de medida. Creo que las medidas tienen que complementarse
con sus mecanismos. Desde nuestro punto de vista las comunidades
autónomas son las protagonistas de generar ese proceso último de
igualación porque, evidentemente, el nivel de vida en el País Vasco no es
el mismo que en Extremadura, no es lo mismo; sin embargo, un ciudadano en
Extremadura y un ciudadano en el País Vasco necesitan el mismo mínimo.
Otra cosa es que la comunidad autónoma complemente a través de sus
sistemas prestacionales en dos sentidos: uno, en función del nivel de
vida de esa comunidad autónoma y, dos, si tiene una vocación política de
mejorar todavía más la situación, pues respetemos esa vocación. Ojalá el
pacto social que hay en muchas comunidades autónomas se diera en todo el
conjunto, pues solo existe en algunas.
208 El diputado portavoz de Ciudadanos preguntaba cómo podríamos evitar el
efecto de dilución en las prestaciones. Tengo que confesar que es un tema
que vamos a estudiar, hay mucha gente que atendemos que lo llaman el
infierno administrativo. Esto significa la dificultad que tiene la gente
de acceder al sistema prestacional porque está concebido desde la
desconfianza. Por evitar el fraude ponemos tantas trabas que, al final,
perjudicamos mucho más que ayudamos. En ocasiones han salido
declaraciones de algún partido político en relación con la denuncia de un
fraude en determinado ámbito de prestaciones, y cuando se han examinado
los números se ha visto que el fraude era ínfimo. Algunos de los
diputados que están aquí tendrán mucha conciencia de ello porque ha
sucedido en algunas de sus comunidades autónomas.
209 Me han comentado también si trabajar sobre el salario mínimo podría tener
una incidencia o no en todo este asunto. Evidentemente, tiene una
incidencia si los contratos fueran de jornada completa. Desde ese punto
de vista sí podría tener un impacto, pero es que la mayoría de la gente
de la que estamos hablando -no se olviden de que en esta comparecencia
estamos hablando de los que no tienen nada- no tiene hoy y difícilmente
va a tener un contrato de cuarenta horas a la semana y, desde luego, si
lo tuviera, no va a estar sostenido más allá de tres días, una semana o
tres meses. No lo va a tener porque su situación es de entradas y salidas
permanentemente del mercado laboral.
210 El diputado portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor
Barandiaran, ha expresado su extrañeza y me ha preguntado por qué
cuestionaba la vinculación entre prestaciones y programas. He expuesto
una serie de razones que han demostrado tanto la experiencia como la
literatura científica, más allá de que en el País Vasco ese sistema esté
funcionando desde hace muchos años. Su prestación que lleva treinta años
funcionando ha cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, incluso en
los últimos años con una evolución muy fuerte vinculando la prestación a
los servicios para el empleo. Estamos planteando una evolución más allá
porque puede mejorar todavía más, incluso en un sistema de rentas mínimas
como el suyo que en muchos casos es la envidia del conjunto de las
comunidades autónomas. Entonces, creemos que hay razones suficientes para
generar esa desvinculación que, si quiere, después compartimos porque las
he presentado a lo largo de la comparecencia.
211 Por otro lado, creo haber contestado a la diputada del Grupo Parlamentario
Socialista en relación a la cuestión de si es un punto de inflexión,
depende de la lógica en la que nos ubiquemos y desde donde nos ubiquemos.
En ese sentido, nosotros hemos hablado con los sindicatos mucho de este
tema y les hemos expresado nuestra opinión respecto al asunto, pero
probablemente estaríamos más cercanos a la posición de la propuesta que
ustedes presentaron en las últimas elecciones que a la propuesta de la
ILP, desde el punto de vista de generar un sistema de ingresos más
amplio. Y cuando decimos más amplio no es que sea más amplio para más
personas, sino que sea más amplio en la mirada, porque probablemente lo
que nosotros estamos planteando -y por eso presupuestariamente es más
económico- va dirigido a menos personas y a menos hogares, pero lo
hacemos de una forma mucho más quirúrgica, yendo a aquellos que
verdaderamente no tienen absolutamente nada. Este sería un poco el
elemento diferencial.
212 Quisiera comentar a la diputada del Grupo Parlamentario Popular dos
cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con los datos que usted ha
planteado porque, además, nosotros estamos todo el día presentando datos
y creemos en ellos. Pero sí tengo que comentar una cosa que nosotros
tenemos ya estudiada desde hace mucho tiempo y que llamamos el efecto
contracíclico de la pobreza. En grandes crisis como la que ha venido
sucediendo, la pobreza aumenta de una forma desmesurada, y cuando vuelve
el crecimiento, como pasa ahora y se está generando empleo, la velocidad
de la reducción de esa bolsa es infinitamente menor. Y no solamente es
infinitamente menor, sino que como las crisis son permanentes cada equis
tiempo, siempre va quedando un grupo de gente que se va sumando al que ya
quedaba anteriormente. Si usted observa la curva estadística de los datos
de la EPA, desde el principio de la democracia en España hubo tres
grandes crisis en nuestro país: la crisis de los ochenta, la crisis de
mediados de los noventa y esta crisis en la que vivimos. Si observásemos
esa curva, veríamos que cada vez que ha habido un pico
213
214 de desempleo ha sido más alto, y la bajada nunca ha llegado al nivel
anterior, con lo cual se va acumulando un grupo de gente a ese grupo que
en un momento determinado sí fueron parados de larga duración, y que
ahora ya no lo son porque el empleo ya no es su mecanismo de inserción
principal. Y esa es nuestra pelea como organización, luchar por esa gente
para la que ni siquiera el empleo es un mecanismo de inserción. Yo sé que
decir esto en la Comisión de Empleo pudiera salirse del marco de la
propuesta que están discutiendo, pero creemos que precisamente los
procesos de inserción social de cara al futuro van mucho más allá del
tema del empleo. A lo mejor su Comisión tendría que fusionarse en
Comisión de Empleo e Integración Social, como queramos denominarla, si me
permiten la broma.
215 Por último, me parece muy bien la pregunta que me formula sobre qué me
parecería que la AIReF elaborara un estudio sobre este sistema. En este
momento el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, lleva dos años realizando un estudio sobre el
sistema de garantía de rentas mínimas, donde están implicados comités
científicos, expertos del ámbito europeo, todas las comunidades
autónomas, todos los miembros de los servicios de empleo, sindicatos,
etcétera. Se han elaborado un montón de informes sobre la evaluación del
sistema de garantía de rentas en nuestro país, hay un montón de
conclusiones, y estamos esperando, creo que el Gobierno tiene vocación en
ello, a que nos presente los resultados de esos trabajos y las propuestas
concretas. O sea, no hace falta esperar a elaborar más trabajos, en este
momento, antes del mes de junio del año 2018 estamos en fecha para que el
Gobierno, a requerimiento de la Unión Europea que ha financiado todo este
proceso a través del Programa Progress, presente cuáles son sus
propuestas en relación con la reforma de nuestro sistema de garantía de
rentas, donde lógicamente esta proposición queda entroncada junto con
otras muchas. Por tanto, ese estudio ya se está realizando y, además, lo
está pilotando el Gobierno, cosa de la que nos alegramos porque, aunque
el Gobierno del Partido Popular no planteó medidas directas para garantía
de mínimos en las anteriores elecciones generales, como otros partidos
políticos, sí propuso estudiar una reorganización del sistema porque veía
que, efectivamente, no estaba llegando a toda la gente que podía llegar.
En ese sentido, en Cáritas creemos sinceramente que todo el marco
político desde su posición ha intentado poner algo de su parte para poder
llevar adelante esta idea. Lo único que les pedimos es que consigan
ponerse de acuerdo porque la gente que lo necesita ya no puede esperar
más. De verdad se lo decimos, no puede esperar más, porque no son los de
hoy, son los que vienen arrastrándose y que no pueden esperar ya más
medidas.
216 Muchísimas gracias por su atención.
217 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Fernández Maíllo.
218 Se levanta la sesión.
219 Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.
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