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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 391, de 28/11/2017
cve: DSCD-12-CO-391
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 391
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 20
celebrada el martes,
28 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias en relación con la proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social. Por acuerdo de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. (Número de expediente 120/000002):

- Del señor Bravo Fernández, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO. (Número de expediente 219/000918) ... (Página2)

- De la señora Carrió Ibáñez, secretaria confederal de UGT. (Número de expediente 219/000919) ... (Página18)

- Del señor secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (Nadal Belda). (Número de expediente 212/001058) ... (Página27)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 120/000002):

- DEL SEÑOR BRAVO FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE CCOO. (Número de expediente 219/000918).

El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y todas. En esta sesión tenemos previstas tres comparecencias en relación con la proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social. La primera de ellas corresponde a don Carlos Bravo Fernández, que es secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, y ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual tendrá prioridad en el uso de la palabra. El compareciente dispondrá en torno a treinta minutos para hacer su exposición. A continuación, los grupos parlamentarios tendrán de cinco a siete minutos por portavoz para hacer las consideraciones y preguntas que estimen pertinentes al compareciente, quien finalmente cerrará con quince o veinte minutos.

Don Carlos Bravo, tiene usted la palabra.

El señor BRAVO FERNÁNDEZ (Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO): Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas las diputadas y diputados presentes en la Comisión, agradeciéndoles que se nos dé nuevamente la oportunidad de comparecer ante la misma en el trámite de esta importante iniciativa, para nosotros, desde luego, como promotores y creemos que para el conjunto del país también.

Lo primero que tengo que decir es que esta es la segunda vez que comparecemos en esta Comisión en relación con esta iniciativa. La primera se produjo el 19 de enero de este año, a cargo de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, y allí se presentó ante esta Comisión, como promotores, la iniciativa. Por tanto, yo hoy no voy a describir sus contenidos, que ustedes conocen perfectamente pues, además, han presentado ya las enmiendas. Más bien voy a situar la intervención en donde estamos hoy, esa iniciativa en el marco actual, y en alguno de los elementos clave de los debates que hemos tenido oportunidad de seguir a través de las actas y de la retransmisión de las comparecencias anteriores, y donde se plantean elementos que son objeto del centro del debate sobre esta iniciativa. Lo primero que tenemos que hacer es saludar que se haya desbloqueado la iniciativa, porque hace más de un año que entró en sede parlamentaria, y desde febrero está en trámite de presentación de enmiendas. Tienen ustedes lógicamente mucha más experiencia que yo en asuntos parlamentarios, pero no sé si es muy habitual que se produzcan tantos aplazamientos como los que se han producido. Pero en este momento se encuentra aquí, y por tanto tenemos que situarlo.

A mí me gustaría, primero, hacer alguna puntualización de carácter general. La economía española está creciendo desde el año 2014; sin embargo, uno de los elementos que me parecen más destacables es que tras cuatro años ya de recuperación, creciendo a un ritmo de 0,8 % trimestral, por encima del 3 % anual, no hemos conseguido ni tan siquiera valores comparables en cuanto a recuperación del PIB ni a reducción de tasa de paro ni a creación de empleo, similares a los de las crisis anteriores, lo cual me parece que es una característica del proceso en el que estamos inmersos ahora, y de los efectos derivados de las políticas que se han mantenido ante la crisis.

Es verdad que se han creado 2 200 000 puestos de trabajo en los últimos tres años; también es verdad que de ese descenso del paro en 2 200 000, 400 000 son personas que han abandonado el mercado de trabajo; por tanto estamos hablando de una disminución del desempleo de 1 800 000, y por tanto, en puestos equivalentes a tiempo completo tenemos aún mucho camino por recorrer. Tenemos una tasa de paro del 16,4 %, 7,8 puntos superior a la media de la eurozona, y solo superada en el ámbito de la eurozona por Grecia. Y creemos que todo esto es consecuencia de unas políticas económicas, y especialmente presupuestarias, que están más orientadas al desendeudamiento, sacrificando la inversión, la creación de empleo, la recuperación del tejido productivo y las políticas de estímulo al empleo, que creemos que este país necesita de manera clara. De hecho, el nivel de consumo está todavía, en 2017, un 0,3 % en términos reales por debajo del de 2007, y la inversión está un 25 % por debajo de


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aquella; no solo porque no haya inversión inmobiliaria, sino porque la inversión pública y privada no está jugando el papel que deberían jugar.

El desempleo de larga duración, más de un año convencionalmente, podríamos decir más de nueve meses según los últimos movimientos de reconocimiento de lo que es desempleo de larga duración, pero más de un año, por utilizar el que se ha manejado hasta ahora, alcanza a la mitad de las personas en paro, y un 36,4 % son desempleados de muy larga duración, más de dos años. Esto son 24 puntos más que en 2007. Por tanto, estamos en un momento de verdadera necesidad -llevamos toda la crisis, pero seguimos en él- y, de hecho, las políticas activas de empleo presupuestadas en 2017 tienen un gasto 3000 millones inferior al que se ejecutó en el año 2010. Por tanto, todos los datos, todos los indicadores nos dicen que la prioridad no la tenemos puesta en esta materia. Por supuesto, 55 % de tasa de cobertura (casi una de cada dos personas en paro no tiene ninguna prestación), pero además de ese 55 % de tasa de cobertura, hoy dos tercios son prestaciones asistenciales, un tercio son prestaciones contributivas. Por tanto, la calidad de nuestra protección por desempleo ha caído enormemente durante la crisis, como consecuencia del agotamiento de los sistemas que tenemos establecidos, que son importantes, y como consecuencia de los ajustes impuestos en los mismos a partir del año 2012.

Por eso, creemos que hoy es tan necesario como cuando presentamos esta iniciativa ampliar la cobertura e intensidad en materia de protección por desempleo, permitiendo -y esto es muy importante además- liberar a las comunidades autónomas de un gasto que están asumiendo hoy, muy parcialmente, la infraprotección por desempleo que padecemos, para que puedan dedicarlo a personas que son empleables, que están en situación de trabajar y que han agotado todas las redes de protección estatales y solo les ha quedado la posibilidad de refugiarse, por carencia de rentas, en las redes asistenciales de las comunidades autónomas. Una iniciativa como la que estamos planteando, que permite completar el mapa de cobertura de protección por desempleo, permitirá liberar también recursos a las comunidades autónomas que deberán dedicar a reforzar sus políticas sociales.

Es por tanto este el objetivo que hemos planteado desde el principio. Hemos dicho que esta propuesta, esta iniciativa legislativa popular siempre había estado abierta al diálogo y al acuerdo. De hecho, la propia iniciativa tiene muchos espacios abiertos, tiene muchas materias que nosotros no hemos cerrado; sí se han situado en relación con la compatibilidad con las prestaciones de comunidades autónomas en relación con su incremento por cargas familiares, entre otras muchas, que es aquí donde se tienen que establecer. Y por tanto nosotros hemos planteado una fórmula de base que permite, sobre todo, completar la cobertura a las personas en situación de desempleo. El gran objetivo de esta ILP, tal y como está presentada, es cubrir los vacíos de cobertura, completar el mapa de protección por desempleo, y a partir de que consigamos ese primer objetivo, el segundo lógicamente será el de la intensidad, el de la forma de hacerlo, y eso atenderá también a las posibilidades presupuestarias que se tengan. Por tanto, varios objetivos derivados de una situación en España que me parece relevante.

Somos un país tremendamente ineficiente en términos de combate de la desigualdad. (Apoya su intervención con un powerpoint). Ahí tienen ustedes un gráfico con unos cuadros sobre datos de Eurostat que indican la disminución, utilizando el coeficiente de Gini, de los niveles de desigualdad en España después de transferencias, después de la actuación de las políticas públicas, en comparación con el resto de los países de nuestro entorno: España reduce 32 puntos los niveles de desigualdad; la media comunitaria a Veintiocho es de 40,5 puntos; la media de la zona euro es en ese mismo orden de 40 puntos; Portugal o Grecia son países que nos superan en la eficacia de sus políticas de combate a la desigualdad, y nos colocamos en el quinto lugar por la cola del ranking de la Unión Europea. Por tanto, España tiene un amplio margen para realizar y desarrollar políticas contra la pobreza, en particular contra la pobreza infantil, para rebajar la desigualdad en materia de reparto de la renta.

Esta prestación que hoy se propone aquí, como ya hemos dicho, tiene un clarísimo impacto de género: dos tercios de sus potenciales beneficiarios son mujeres; tiene un impacto enorme también en materia de pobreza infantil, y además tiene un impacto, o debería tenerlo, en materia de mejora de la calidad en el empleo. Y quiero explicar esto de las aportaciones que se han hecho aquí. Se ha dicho que esta prestación podía desincentivar la aceptación de ofertas de empleo por un euro más de lo que tuviera la propia prestación -426, ahora 430-, porque ya, como por fin el Iprem, después de siete años congelado, se ha modificado este año, la prestación ya sería de 430 euros. Pues bien, tengo que decir que plantear que se puede cobrar en este país un euro más de 430 euros por una jornada completa es directamente desconocer que tenemos un salario mínimo interprofesional muy bajo, pero que se coloca en doce mensualidades, que sería la variable comparable con esta ILP, en 773 euros; por tanto, dudo que nadie


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pueda rechazar una oferta de empleo porque se le ofrezcan 431 euros. Por tanto, creemos que al contrario: la precarización del mercado laboral con ofertas que en ocasiones encubren fraude en la utilización del contrato a tiempo parcial puede ser combatida también con mecanismos o con medidas de estas características. Pero, en fin, sobre eso podremos volver a continuación.

Quiero hacer una mínima referencia a un hecho que me parece muy relevante coincidiendo con nuestra presencia hoy aquí. El pasado 17 de noviembre en Gotemburgo los países de la Unión Europea han aprobado 20 puntos de lo que se llama Pilar Europeo de Derechos Sociales. No es que nosotros estemos especialmente satisfechos con el desarrollo de esos puntos, creemos que tienen que ir mucho más allá, pero entre esos 20 puntos el número 14 es un llamamiento al desarrollo de sistemas de rentas mínimas en el conjunto de los Estados, donde además los fondos sociales comunitarios pueden jugar un papel relevante también. Estaba el presidente del Gobierno de España en esa cumbre, y se ha proclamado la declaración. Por tanto, creemos que es más oportuno que nunca abordar materias como esa que permiten, no avanzar totalmente en el establecimiento de una renta mínima en España, pero avanzar sustancialmente en una garantía de renta suficiente, en este caso en el marco de la protección por desempleo.

En el documento que les hemos dejado, que le hemos enviado también al letrado y que podrán disponer ustedes, por supuesto, del fichero, hemos incluido una valoración económica actualizada de la ILP. Lo decimos porque también se han planteado aquí las dificultades objetivas para estimar el valor de esta ILP. Nosotros, utilizando la misma fuente que se ha utilizado aquí por parte del presidente de la encuesta de condiciones de vida -la mejor herramienta para abordar esto-, nos hemos atrevido a hacerles a ustedes una estimación, con datos oficiales del INE, y además a simular lo que hubiera ocurrido con esta iniciativa legislativa popular si hubiera estado en vigor en el año 2007, desde 2007 hasta ahora. Y eso, creo que nos da una foto bastante clara del funcionamiento de un mecanismo de redistribución de renta y de corrección anticíclica como este.

Primero, desde 2007 hasta ahora, estas son las cuantías que hubiera tenido la prestación, y la prueba de rentas necesaria para acceder a la prestación. Y hemos incluido una tercera columna, que ahora explicaré por qué, que es el tipo medio de IVA que se aplicaba en ese momento. La razón de incluir esa referencia es porque partimos de una presunción, creo que bastante atinada, en cuanto a que una prestación de estas características va en un cien por cien a consumo; por tanto, a la hora de estimar su coste, como mínimo hay que descontar la recuperación de ese coste vía recaudación de IVA, y por supuesto no vamos a aplicar el 21 %, vamos a aplicar el tipo medio efectivo que la Agencia Tributaria nos dice que ha utilizado cada uno de esos años. Pero eso nos permite hacer una aproximación bastante razonable al impacto de la medida.

Estos son los beneficiarios que se hubieran producido entre los años 2007 y 2017 con la definición precisa que tiene la ILP. Si ustedes aquí deciden que tenga otro perímetro, pues lógicamente estas cifras se moverán; pero con la definición que tiene la ILP que ha entrado en las Cortes, la línea de abajo nos está indicando el número de beneficiarios inmediatos, es decir, aquellas personas que al día siguiente de publicarse esto en el Boletín Oficial del Estado podrían acceder a la prestación porque cumplirían todos los requisitos que hay aquí.

La línea de arriba nos dice las personas que podrían hacerlo doce meses más tarde, porque cumplirían todos los requisitos; saben que uno de ellos es el de ser demandante de empleo con doce meses al menos de antigüedad. Claro, si eso lo observamos, estamos hablando de que en 2007, en un momento en que la tasa de paro era bajísima, solo 116 000 personas hubieran accedido a la prestación de manera inmediata, y hasta 1 358 000 podrían haberlo hecho en doce meses; el pico lo encontramos en 2013, y eran 958 000 personas, de haberse implantado en ese momento, las que tendrían aplicación inmediata, algo más de 2 300 000 las potenciales en un año; y en el momento actual, 2017, estamos hablando de 623 000 personas de aplicación inmediata, 1 923 000 la totalidad, porque las 623 000 están incluidas también en el 1 923 000. De hecho, a día de hoy seguramente serían algunas menos porque estamos utilizando como fuente la encuesta de condiciones de vida y tenemos un decalaje temporal entre la fecha actual y aquel momento. Por tanto, seguramente sería una cuantía inferior a esta.

Si hablamos del coste, con esa cifra que estamos planteando, vemos que el coste inmediato de aplicarse hoy esta medida serían 3215 millones, y el coste en un año serían 9931 millones, cifras de 2017. Si aplicamos a esas cifras de 2017 el tipo medio de IVA que hemos previsto anteriormente, que en este año era un 15,3 %, el coste real de la medida, máximo en el supuesto de que todos los potenciales beneficiarios la solicitaran, se colocaría dentro de doce meses en 8409 millones. Por tanto, estamos


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hablando de unas cifras que creemos que son manejables y que nos permiten completar el mapa de cobertura de los sistemas de protección por desempleo.

Si analizamos la historia hacia atrás, vemos que en el año 2007 la cifra máxima era de 6509, neta 5774; y en el momento máximo de la crisis más importante que hemos padecido en el último siglo estaríamos hablando de un coste neto de 10 198 millones, descontado el efecto del IVA. Esto, visto en términos de PIB, significa que nos moveríamos entre un 0,53 % y un 0,99 % de PIB en los últimos diez años, en los peores momentos y con los peores datos. La ILP, insisto, tal como está formulada -lógicamente puede tener más o menos beneficiarios, más o menos cuantía de prestaciones, y por tanto eso afectaría a la estimación-, en el momento en que salga de aquí no parece que no sea perfectamente posible hacer una estimación comparable a esta.

Me gustaría ahora abordar algunas cuestiones planteadas en las comparecencias celebradas con anterioridad a esta, especialmente una, que me parece la más relevante, y es la tacha de inconstitucionalidad que se le plantea a esta iniciativa legislativa popular, y que tengo que adelantar que nosotros no compartimos. Pero antes de eso me gustaría decir algunas cosas, porque se han utilizado diferentes términos, y en la medida en que nosotros como proponentes algo sabemos de lo que queríamos hacer con esta iniciativa legislativa popular, pues me van a permitir que les diga una cosa que para nosotros es obvia, y creo que para ustedes también, y es que esta iniciativa no es una renta básica; la propuesta que hemos traído aquí no es una renta básica, ese es un debate que en los últimos años se ha mantenido, que se mantendrá en los próximos, un debate de interés para nosotros, como creo que para todo el mundo, pero nosotros lo que hemos planteado aquí es una iniciativa de renta mínima, y por tanto una renta mínima sujeta a condicionalidad, que requiere por tanto una solicitud, una tramitación, un cumplimiento de condiciones, y que tiene mecanismos de control y condiciones, entre otras de disponibilidad para el empleo, para la formación, de aceptación de ofertas de empleo, etcétera. Por tanto, no es en modo alguno una renta básica.

Se ha planteado también que esta iniciativa podría dar lugar a utilización estratégica, a utilización fraudulenta. Claro, como todas las prestaciones, se puede acceder a ellas de manera indebida si los mecanismos de control no funcionan adecuadamente. Bueno, yo tengo que decir ante eso dos cosas: una, que creemos que tiene mecanismos de control suficientes, pero que en todo caso tanto en el marco legislativo como en el reglamentario se pueden establecer cuantos otros se consideren necesarios, porque de lo que se trata es de que nadie con necesidad y que cumpla las condiciones no tenga la cobertura de una prestación de estas características, no que la cobre nadie indebidamente. Claro, llama la atención cuando se denuncia la posible utilización estratégica de esa prestación, utilizando incluso algún ejemplo como que -políticamente correcto, eso sí- una familia en la que la mujer trabaja, el marido es inactivo, podría apuntarse y pasados doce meses cobrar la prestación; bien, pues búsquense las maneras de plantearlo o véase la prueba de rentas que esa familia tiene para saber si eso es razonable o no lo es.

Pero al mismo tiempo se propone que esta prestación pueda ser complementaria de salario, y a nosotros eso nos genera algunos otros debates. Y me llama la atención que se señalen las posibles utilizaciones abusivas de una prestación de este tipo y no se señale la posible utilización abusiva que tiene la de utilizar este tipo de prestaciones como complementos salariales, cuando se puede utilizar, como se hace de manera fraudulenta, el contrato a tiempo parcial para hacer jornadas superiores a las que se están estableciendo contando con que hay ayudas públicas asociadas. Esto, que es un riesgo que cualquier prestación de renta garantizada tiene que abordar, y que luego hablaremos cuando comente las enmiendas, que alguna de ellas va en esa dirección pero no de salarios y por tanto no nos genera ninguna complicación a nosotros, cuando se plantean cuestiones de ese tipo conviene que las veamos también. La ILP establece una posibilidad de compatibilidad con el empleo de tres meses; he visto alguna enmienda de grupos parlamentarios que lo elevan a seis. No me parecen periodos que pongan en riesgo nada. Ahora, una permanente complementariedad de este tipo de prestaciones, creo que debería analizarse en el marco del mercado de trabajo adecuadamente.

Se ha hablado también de que puede haber problemas en la movilidad de las personas entre comunidades autónomas. Sinceramente, no alcanzo a entender cómo. Una prestación, una pensión no contributiva que no tendría una forma de gestión distinta de esta, no veo que provoque ningún problema de movilidad entre comunidades autónomas, y no alcanzo a entender por qué esta prestación podría tenerlo, más allá de que una vez que te empadrones los mecanismos de control pasen de una Administración a otra.


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Y se ha planteado la posible inconstitucionalidad de la medida. Vamos a ver, nosotros no compartimos esta valoración. En el documento que les acabamos de presentar, la mitad del documento contiene un informe de nuestros servicios jurídicos sobre este asunto, porque nos parece relevante, entre otras cosas porque viene del Gobierno, porque es el Gobierno el que nos ha planteado que tiene esa duda, y la persona que ha comparecido aquí y lo ha expresado es la directora de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social; por tanto le damos importancia a ese argumento, y por tanto nos esforzamos en contestarlo, porque sinceramente no creemos que sea así.

El objeto de la prestación de ingresos mínimos es el de una prestación de modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social, destinada a garantizar ingresos adecuados a las personas con disponibilidad para trabajar que carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo -es el artículo 1 de la ILP, de la proposición de ley-. Por tanto, se trata de contribuir a resolver las necesidades provocadas por una situación de una sociedad que no es capaz de generar trabajo suficiente para las personas, pese a que esté reconocido en el artículo 35 de la Constitución, que si bien es un artículo programático y que por su propia naturaleza no resulta exigible como derecho subjetivo, no deja de obligar a los poderes públicos a realizar políticas tendentes al pleno empleo, y entre ellas a la protección social.

Miren, hay cuatro artículos en la Constitución que hablan de Seguridad Social, solo cuatro que la citan expresamente. El que nos importa más es el 41, que como todos ustedes saben habla de que debe haber un sistema público, obligatorio, universal para todos los ciudadanos, no solamente contributivo, por tanto también asistencial, ante situaciones de necesidad y singulariza solo una, que es la de la protección por desempleo. Ahí es donde hay que enmarcar esto, y ese es el ámbito de la Seguridad Social; ámbito de la Seguridad Social que es una función del Estado de estricta configuración legal. Por tanto, la Seguridad Social se puede definir de diferentes modos, siempre cumpliendo con el mandato del artículo 41.

Y por tanto no se consagra un único modelo de protección, pero sí se definen los elementos que tiene la Seguridad Social: garantía institucional, carácter público del sistema, exclusividad del control estatal sobre la caja única, estabilidad en el tiempo, universalidad del carácter público de la cobertura, garantía de protección en situaciones de necesidad, y suficiencia de las prestaciones. Esto incluye al segmento contributivo y al asistencial, y todo es ámbito de Seguridad Social, porque el constituyente español se apartó del modelo estrictamente bismarckiano de Seguridad Social, de seguros sociales vinculados a la contribución, y hace coincidir dos esquemas: el de la proporcionalidad en relación con lo que uno contribuye y recibe -segmento contributivo- y el de la suficiencia en las prestaciones asistenciales cuando no ha habido una contribución previa y lo que estamos haciendo es una prestación de carácter asistencial. Podemos discutir mucho sobre la suficiencia, y no seremos nosotros quienes defendamos que 430 euros lo es; pero 430 euros es lo que se enmarca dentro del rango de suficiencia que el legislador español ha establecido en el conjunto de prestaciones asistenciales, por eso hemos utilizado esa cifra, que claro que nos gustaría que fuera superior, no solo en esta prestación sino en otras muchas. Pero ese es el marco con el que lo hemos referenciado al Iprem en esas condiciones.

Por tanto, la articulación de la prestación de ingresos mínimos es conforme con los rasgos que debe tener una prestación de Seguridad Social. Pero iríamos más allá: es que, detectada la situación de necesidad y en aplicación del artículo 41 de la Constitución, el legislador tiene obligación de dar cobertura a este tipo de situaciones, y eso es lo que viene a hacer esta iniciativa legislativa popular.

Voy a pasar muy rápidamente por la referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los informes del Consejo Económico y Social que se han planteado. Simplemente diré que ni la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de julio de 2017, ni las precedentes avalan la inconstitucionalidad de esta ILP -tienen ustedes el informe por escrito, yo no me voy a extender en él-, ni es de aplicación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha citado aquí, porque lo que viene a plantear esa sentencia es que los Estados tienen capacidad para intervenir y que la libre movilidad de trabajadores no suponga desequilibrios financieros en sus sistemas propios de Seguridad Social, pero eso es algo muy alejado de lo que aquí se está planteando; ni el Consejo Económico y Social ha emitido informe alguno que contradiga la constitucionalidad de esta ILP, más allá de que, si lo hubiera hecho, sería un informe sociológico sin ninguna relevancia jurídica, pero es que los informes del CES no han planteado en esos términos esta cuestión.

Y para terminar, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. Voy a ser muy respetuoso en eso, porque creo que son ustedes quienes tienen que alcanzar el consenso, saben


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que nosotros estamos a su disposición para cualquier conversación, consulta, lo que ustedes consideren oportuno, y tenemos el máximo interés como promotores de la iniciativa en que esto prospere.

Hay algunas enmiendas presentadas a la exposición de motivos, que si alguien tiene alguna duda sobre el carácter de la iniciativa o de la proposición de ley, son perfectos marcos para que ustedes alcancen una definición de exposición de motivos distinta y que se adecue de la manera más intensa o más clara al objeto de la norma. Hay enmiendas planteadas respecto a la compatibilidad con las prestaciones de renta mínima establecidas en las distintas comunidades autónomas.

La ILP ya contiene, en nuestra opinión, esa previsión de una manera ciertamente no expresa. Lo que dice es que será compatible con cualquier otro tipo de rentas que cumplan determinadas condiciones, en las que creemos que pueden entrar las de las comunidades autónomas. Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en decir que nos parece razonable que se produzca esa compatibilidad. Dicho esto, nosotros no hemos cuantificado la compatibilidad por una razón muy sencilla: porque, tal y como estaba formulada la ILP, la relación con las prestaciones de las comunidades autónomas podía ser diversa; dicho de otra manera, no es lo mismo la relación de esta ILP con una prestación de una comunidad autónoma cuya renta mínima garantizada es menor de 300 euros o de 350 euros, y por tanto inferior a esta ILP, que la de una comunidad autónoma que tenga una prestación que supere los 600 euros, de las que hay tres, cuatro con una ley aprobada hace unos pocos meses, y que por tanto tienen una relación distinta con ella. Esto podría dar lugar a diferentes formas de relacionar una prestación con la otra y a diferentes impactos en coste.

Si leemos adecuadamente las enmiendas que se han presentado vemos que se está hablando de una compatibilidad plena. Por tanto, hay que prever que la prestación de último recurso es únicamente la de las comunidades autónomas, que esta prestación no sería prestación de último recurso, que se cobraría en todos los casos y, en todo caso, sería o podría ser objeto de mejora o de prestación adicional en el marco de las comunidades autónomas. Pues bien, si eso es así, esa cuantificación sí la tenemos hecha y son 1500 millones adicionales en el coste de la iniciativa legislativa popular, que descontado el efecto del IVA que les planteábamos antes alcanzaría un coste neto de 1270 millones. Esto significa en cada comunidad autónoma la aportación de unos recursos que hoy están dedicando a proteger a personas en situación de exclusión social -y tendrán que seguir haciéndolo- y a personas con ausencia de protección por desempleo, que podrá ser cubierta desde esta ILP, por lo que esas comunidades autónomas podrán dedicar esos recursos a otras políticas sociales. Se ha planteado también el incremento de prestaciones por cargas familiares. La razón de no haber precisado en la ILP esta cuestión era precisamente dejar abierta a esta Cámara la intensidad de esa necesaria mejora de la prestación y el proceso temporal de su puesta en marcha. Con la estimación que les acabamos de hacer, creemos que es aquí donde se tiene que alcanzar este acuerdo.

Se ha planteado también la posibilidad de convertir la renta mínima que contiene esta ILP, esta prestación de ingresos mínimos, en una renta garantizada; hay alguna enmienda de alguno de los grupos que viene a plantear que esto tenga un tratamiento de renta garantizada. A nosotros no nos parece mal el concepto de la renta garantizada. Sí les tengo que decir que con la renta garantizada se cubre a más gente con menos dinero, pero es una decisión que corresponde adoptar en el marco del debate parlamentario y que no desvirtuaría la medida, aunque habría que ver en qué términos se produce. Y no se ha planteado -que es lo que nos generaría más problemas, como hemos dicho- que sea una renta complementaria del salario más allá del plazo limitado que tiene la ILP.

Insisto en que esta prestación se pretende que tenga naturaleza estructural, no coyuntural; por eso se separa completamente de cualquier programa temporal de protección por desempleo, por eso no es de aplicación ninguna sentencia del Tribunal Constitucional vinculada a programas temporales de protección por desempleo, sino que estamos hablando de un mecanismo de protección estructural equilibrada entre los mecanismos de protección, que se incluye junto a los incentivos de búsqueda y acceso al empleo, con una cuantía de la prestación que, como he dicho, puede ser mejorable pero se inserta en la lógica del sistema de protección social asistencial en España que padece de la falta de actualización, como he dicho, porque el Iprem ha estado congelado entre 2010 y 2016, descongelándose por primera vez este año, y que prioriza extender la cobertura al mayor número de personas posible, resolviendo lagunas de nuestro sistema de protección social. Pero, siendo una medida muy potente, muy importante, y un hito de llevarse a cabo, no implica que no haya que abordar una reforma del sistema de protección por desempleo y una revisión del sistema de rentas mínimas del conjunto de comunidades autónomas.


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Termino agradeciendo a los grupos parlamentarios que han acompañado hasta aquí esta iniciativa su trabajo y su apoyo. Somos conscientes de que la admisión a trámite, que el debate de enmiendas a la totalidad, ha requerido de un esfuerzo por parte de todos ustedes que agradecemos y que les pedimos que mantengan hasta el final de esta iniciativa porque creemos que lo merece. Pero no queremos limitarnos a dirigirnos a los grupos parlamentarios que han apoyado hasta ahora la iniciativa, porque nos parece que esta iniciativa, para que tenga la mayor estabilidad, la mayor garantía de permanencia y el mayor respaldo posible en la Cámara, lo cual significa la mejor garantía de futuro para el conjunto de ciudadanos, debería sumar, si es posible, el apoyo de los grupos que no lo han apoyado hasta ahora. En ese sentido, tanto al Partido Popular como Ciudadanos nos gustaría solicitarles que en el trámite que tienen por delante, sin más dilaciones de las debidas, se lleve a buen término este debate y se consiga la aprobación de una medida de esta magnitud.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.

A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente; buenos días, señor Bravo, me alegra verle también aquí. Gracias por su intervención.

No por conocidas muchas de las cuestiones que ha planteado no resultan debatibles y polémicas, en algún caso, y pacíficas y agradecidas, por otro. Pero yendo al grueso de lo que significa la ILP y al margen de determinados aspectos que ya hemos tenido oportunidad de comentar con usted, me gustaría abordar determinados aspectos que son polémicos respecto del punto de vista que mantenemos en el Grupo Vasco y en el ámbito autonómico vasco. Conoce usted también la realidad social del País Vasco, cuál es la situación en cuanto a la atención de una prestación que tiene similares características y sus diferencias y concomitancias con esta, pero respecto de la que le hemos planteado a otro nivel determinadas cuestiones y creemos que necesita algún tipo de aclaración.

En primer lugar, el encaje constitucional, no tanto por su constitucionalidad, sino por el encaje del título jurídico que lo pueda soportar. Es un tema que usted ha abordado pero que resulta harto polémico para nosotros en tanto que condiciona la posibilidad de que sean luego las comunidades autónomas las que puedan asumir determinadas funciones que se pueden reconocer en el ámbito de la ILP.

La segunda sería la contradicción aparente entre su inserción en el ámbito de la Seguridad Social con el ámbito asistencial como tal, respecto del que me gustaría que se pronunciara sobre su necesidad; es decir, ¿resulta necesario que sea incardinada en el ámbito de la Seguridad Social esta prestación no contributiva, o podría tener suficiente amparo en otro título jurídico como es el de la asistencia social, que permitiría su asunción más pacífica por las comunidades autónomas?

La tercera es que se ha mencionado, precisamente al hilo de la asimilación del título jurídico competente con el de la Seguridad Social, la existencia de otro concepto jurídico indeterminado -y digo indeterminado porque no existe concreción legal en ese aspecto- que es el de la caja única, respecto del que usted ha alimentado la idea de que posiblemente y como consecuencia de la inclusión de esta cuestión en el ámbito de la Seguridad Social la gestión de la misma podría corresponder al Estado y, por lo tanto, al Gobierno central.

Aunque estas son, en principio, las cuestiones que me gustaría plantearle, hay una última que sabe que también nos preocupa en espacial, usted la toca de alguna manera en su intervención -la estaba leyendo ahora a todo correr- pero me gustaría que pudiera abundar en ella, y es la posibilidad de compatibilizar esta prestación con las ayudas propias que pudiera contemplar cada una de las comunidades autónomas, que es otro aspecto en el que sabe que también mantenemos cierta polémica.

En todo caso, agradeciéndole su intervención y coincidiendo en buena parte con las cuestiones que plantea desde la propia ILP, me gustaría que pudiera aclarar estos aspectos que sabe que no es que nos diferencien pero respecto de los que hacemos un análisis político diferenciado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.


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El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente. Agradezco de nuevo a don Carlos su presencia en esta Comisión, que siempre es bienvenida. En las reuniones que también hemos mantenido fuera de ella siempre se agradece la libertad y la transparencia con la que hemos hablado mutuamente. Agradezco también el esfuerzo tanto de Comisiones como de UGT por el trabajo realizado con esta ILP. Hay mucha gente que, sin duda, lo está pasando mal; de hecho, ha dibujado una situación de precariedad y un mercado laboral totalmente colapsado, que aunque está creciendo, no hay manera de poder disminuir el nivel de paro, y esto es dramático, al final termina llegando a las familias que no pueden llegar a fin de mes, a las familias que no pueden independizarse y crear su propia vida o que tienen que abordar la crianza de sus hijos con muchísima dificultad. Por ello, creemos que tenemos que poner en marcha todas las medidas necesarias.

No quiero incidir en el tema de la constitucionalidad y en el encaje que tendrían estas medidas porque ya lo ha hecho desde el Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Usted las encaja unidas a la búsqueda activa de empleo, y tenemos varias medidas como el Plan Prepara, que se ha ido prorrogando de manera temporal. Y también ha hablado de la ineficiencia. ¿Cómo gestionamos una ayuda que no llega a los que realmente tendría que llegar o cómo tener una tasa de cobertura mucho mayor? Porque si esto lo hacemos con cargo a la Seguridad Social, ¿le quitamos a las comunidades autónomas esa parte asistencial que les otorga en exclusiva la Constitución española? Si no he entendido mal, lo que decía es que las comunidades autónomas que están por debajo de esta ayuda de los 431 euros no la tendrían que prestar y la destinarían a otros recursos. No sé si podríamos ahondar un poco más en esto. Ahora mismo también está en la palestra el tema de la financiación autonómica; claro que hay determinadas comunidades autónomas que están por encima de los 431 euros, pero es que tienen una financiación totalmente desigual a las de las comunidades autónomas, y me refiero al cupo vasco. En mi pueblo dicen que con una azada buena también se trabaja mejor. Hay que contribuir, sin duda, y tendríamos que intentar enmarcar esta ayuda en que llegue realmente la financiación a las comunidades autónomas para que puedan prestar estos servicios a más gente.

Ha mencionado la incorporación progresiva de las distintas medidas. No sé si se refiere a determinados colectivos o a la cantidad que habría que dar a todos los colectivos a la vez, incorporándola poco a poco. Ha dicho que hay que tener en cuenta la situación presupuestaria que tenga el país a la hora de ir incorporándola. Ya tenemos ejemplos anteriores, como cuando el Partido Socialista aprobó la ayuda a la dependencia y no se dotó presupuestariamente, se dejó al albur de las comunidades autónomas que, llegada la crisis, no han podido hacer frente a sus compromisos, que tendríamos que haber cumplido entre todos.

En cuanto a compatibilizar esta ayuda con el trabajo, usted apuntaba a que no lo ve oportuno porque se apuntaba que podría haber fraude tanto por parte de los que reciben la prestación como de los empresarios. En Ciudadanos proponemos el complemento salarial, pero un complemento salarial en renta, es decir, que usted recibiría esa prestación al final del año, con lo cual se cobraría después en renta, lo que ayudaría a que ese fraude no existiese y, en todo caso, a que aflorase el que hubiera.

Sobre la ineficiencia, ¿cómo cree que deberíamos afrontarla? Porque si ponemos más recursos y el sistema que tenemos es ineficiente, vamos a continuar siendo ineficientes. ¿Cómo podemos ayudar para que ni un solo euro se despilfarre y vaya directamente a donde tiene que ir?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.

Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra Isabel Franco.

La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente. Agradezco al compareciente su presencia en esta Comisión. Creo que hoy ha podido explicarnos mucho mejor cuáles serían los resultados que se podrían obtener con este tipo de prestación, y además también aclarar muchas de las dudas que a sus señorías de Ciudadanos y del Partido Popular, fundamentalmente, les suscita este tipo de prestación. Así que le doy las gracias.

Hay una situación en nuestro país que es muy grave, y esto lo venimos diciendo prácticamente siempre que hemos tenido ocasión de hablar sobre esta iniciativa: tenemos a un millón de personas en riesgo de pobreza, la mitad de los desempleados están sin ingresos, el 48 % de las personas desempleadas son pobres y el 42,2 % de las familias son familias monoparentales pobres. Esto, como usted decía, tiene mucho que ver con la desigualdad de género, porque de hecho el 80 % de las familias monoparentales están compuestas por mujeres. Creo que con esta iniciativa se podría ayudar mucho a que las mujeres


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pudiésemos salir de esta situación de pobreza. Pero hay una cosa más, y es que gran parte de las familias dicen que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, y mi grupo parlamentario cree que con que solamente una persona diga que tiene dificultades para llegar a fin de mes ya estaría justificado que este tipo de iniciativas se pusiera en marcha, y es el Gobierno el que debería poner de su parte. Es una pena que gran parte de los diputados del Partido Popular estén llegando tarde y que además estén por aquí detrás murmurando, porque creo que hubiese estado muy bien que hubiesen escuchado su intervención.

Entrando ya en el fondo del asunto, usted decía que esto no es una renta básica, y es cierto; yo soy activista por la renta básica desde hace muchos años, pusimos en marcha hace mucho tiempo una iniciativa legislativa popular sobre renta básica, no conseguimos el número de firmas pero, como usted ha dicho, esto es algo que se debate no solamente en España sino a nivel europeo e internacional y es interesante que se siga produciendo este debate porque, como dicen las propias instituciones europeas, cada vez va a ser más necesario que hablemos de una renta básica y que se implante. Pero hablando de la iniciativa legislativa popular que ustedes presentaron y que después de mucho retraso se ha conseguido debatir aquí en este Parlamento, nosotros proponemos enmiendas sobre cuatro o cinco pilares.

Hablaba usted del pilar europeo de derechos sociales, del desarrollo de los derechos sociales, y nosotros hemos presentado enmiendas teniendo en cuenta la Constitución Española en su artículo 39.1, que habla de que los poderes públicos tienen la obligación de promover la protección social, y el 40.1, que dice que los poderes públicos tienen que promover las condiciones favorables para una distribución de la renta personal y regional más equitativas; también la Carta Social Europea, que habla de esta necesidad en el artículo 13; las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el estudio que hizo de rentas mínimas en España, que decían que no se tiene que circunscribir a la residencia o a la edad, que tiene que estar circunscrita a la situación de necesidad y que tiene que ser de cuantía suficiente. Creo que muchas de estas recomendaciones las recogen ustedes en la iniciativa legislativa popular y nosotros lo que hacemos es ayudar un poquito a que se termine de cumplir del todo. Y también el artículo 34.3 de la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que habla del derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda que garanticen la existencia digna a todos aquellos que no dispongan de una renta suficiente, o la disposición adicional primera de la Ley 27/2011.

Como bien han dicho ustedes -y con esto voy terminando-, aquí se ha hablado mucho de la situación o no de inconstitucionalidad. Yo creo que ustedes en su proposición ya hablaban de que esta iniciativa era complementaria y también subsidiaria. De hecho, en la exposición de motivos dicen que era subsidiaria de esta forma: Nos encontramos ante una prestación de carácter económico que se otorga cuando no es posible el acceso a otras prestaciones, bien por haberlas agotado previamente o bien por no reunir los requisitos de su concesión. Y además hablan de la complementariedad en el artículo 7.2 cuando dicen que será complementaria de otras ayudas de emergencia social y cualesquiera, periódicas o no, de naturaleza asistencial, sea cual fuere la Administración pública o la entidad que la proporcione. Creo que con esto queda bastante claro que no cae en inconstitucionalidad en ningún sentido y las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario, al igual que otros grupos parlamentarios, van en esta línea. Quiero señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 239/2002 y la sentencia 65/1987, que establecen precisamente que la Seguridad Social tiene competencias en este ámbito y que por tanto puede ser más que compatible.

Por último, hablaba usted del esfuerzo económico que puede suponer para la Seguridad Social o para el Estado. El representante de la Airef, que también ha comparecido ante esta Comisión, decía que esto podría suponer alrededor de un 1,5 % del producto interior bruto, y en las enmiendas que nosotros hemos presentado, al igual que otros grupos, solicitamos el 1,5 % del producto interior bruto para garantizar que ninguna persona se encuentre en riesgo de pobreza. Cuando hoy en día tenemos a más de 10 millones de personas en situación de riesgo de pobreza aquí en nuestro país, en la cuarta economía del euro, creo que es fundamental, que no va a suponer un esfuerzo económico demasiado grande y que un 1,5 % del PIB no es ninguna locura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar felicitando una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores por esta feliz iniciativa legal, y quiero agradecer muy expresamente al señor Bravo su comparecencia hoy, clara y precisa. Tuve el privilegio de defender


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en nombre de mi grupo el turno a favor en la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular en Pleno hace unos cuantos meses, y si entonces entendíamos que esta iniciativa era positiva, conveniente, hoy la consideramos absolutamente necesaria, porque la necesidad social que viene a cubrir esta iniciativa no solo no se ha corregido en este tiempo, sino que se ha incrementado, como la propia comparecencia del señor Bravos nos ha demostrado. Diré algo más: si logramos en este tiempo que queda de mandato sacar adelante esta iniciativa legislativa popular, si logramos colocarla en el Boletín Oficial del Estado y que entre en vigor, yo personalmente daría por buena esta legislatura, al menos en lo que tiene que ver con la labor legislativa en este Parlamento. Ese es el rango de importancia que mi grupo otorga a esta iniciativa.

Son muchas las razones por las que celebramos la ILP, dos fundamentalmente: no olvidemos -detrás de esta iniciativa hay más de 700 000 firmas- el esfuerzo y las esperanzas de más de 700 000 personas que han interpelado a los poderes públicos de este país para que cumplan con una obligación, antes que política yo diría que moral, y es sacar de la marginalidad, de la exclusión social y de la pobreza a millones de personas en nuestro país, millones de semejantes nuestros, ayudarles a vivir en unas condiciones dignas. Tan importante es esta iniciativa.

Hay muchísimos argumentos a favor, algunas dificultades también, para poner en marcha esta iniciativa, no vamos a desconocerlas, sería irresponsable. Hay dificultades de orden jurídico, de encaje jurídico de la iniciativa. Aquí se ha discutido en torno al marco competencial habilitante. Hay dificultades de orden presupuestario, claro que sí, dificultades en cuanto a la articulación práctica de la medida, lo sabemos. Pero todas estas dificultades, a nuestro juicio, son perfectamente salvables si se hacen las cosas con voluntad y con un mínimo de eficacia, porque las razones para sacarla adelante son infinitamente mayores. Una fundamental: este país está creciendo, al menos en términos macroeconómicos, sí, pero este país está financiando su crecimiento económico con desigualdad, con precariedad laboral y con incremento de la marginalidad social y de la pobreza. Esta es la realidad del crecimiento de este país, y requiere de manera inmediata de medidas que contribuyan a la equidad y a la justicia social, como la que hoy estamos estudiando, sin lugar a dudas.

Tenemos más de un millón y medio de personas en paro de larga duración sin ningún tipo de cobertura, más de un millón de hogares sin ningún tipo de ingresos, millón y medio de niños en pobreza severa, según estadísticas oficiales. Hay que dar respuesta a esta situación de coyuntura, y a algunas que tienen un carácter estructural. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión en el seno de esta Comisión: esta revolución tecnológica se está saldando, a diferencia de algunas anteriores, con un balance en términos de empleo negativo, se destruyen más empleos de los que se crean, tenemos una dificultad en las sociedades que han vinculado tradicionalmente renta con empleo, falta de renta con ayudas públicas para cubrir necesidades sociales. Tenemos que atender esta necesidad también de carácter estructural.

Se ha hablado aquí también de argumentos de pura eficiencia económica. No se puede financiar crecimiento a base de recortar la capacidad de consumo y de ahorro de las familias trabajadoras. Esto, en términos de pura eficiencia económica, también es suicida. Este dinero, estas ayudas -lo ha dicho el compareciente con mucha razón- irían directamente al consumo, por lo tanto, directamente a generar actividad económica y, por lo tanto, directamente a generar puestos de trabajo. Otro argumento interesante a favor. Yo añadiría alguno de pura estabilidad democrática. Cuidado con aquellos que apuestan -insisto- por financiar crecimiento con desigualdad. Cuidado hasta dónde estiramos la cuerda de la desigualdad, porque llegará un momento en que se rompa. Ya hemos visto esa estadística en la que quedamos solo por debajo de Estonia, Lituania y Letonia en cuanto a combatir la desigualdad. Cuidado hasta dónde estiramos la cuerda de la desigualdad, porque después nos quejamos de que los populismos avanzan. Cuidado -insisto- hasta dónde se estira la cuerda de la desigualdad y de la injusticia social.

Conocemos las dificultades y aquí se han dado argumentos para paliarlas de una manera eficaz. ¿No nos lo podemos permitir? ¿Y con qué lo comparamos? No quiero resultar demagogo pero en este país se han dedicado 40 000 millones de euros a rescatar la banca; este país ha aprobado una amnistía fiscal que ha aflorado 40 000 millones de dinero negro; este país gastaba más de 30 000 millones en prestaciones por desempleo en el año 2011 y ahora gasta apenas 16 000 millones. ¿Con qué comparamos ese dinero? Nosotros entendemos que merece la pena invertir el 0,7 % del PIB, como decía el compareciente, en paliar la situación de marginalidad y pobreza que viven millones de personas en nuestro país. Se ha llegado a decir que esto es una especie de estímulo a la vagancia. Nos parece una desconsideración para la sociedad española, que siempre ha valorado el empleo más allá de la renta que


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le genera. Además, esta iniciativa vincula la prestación al empleo, a la situación de desempleo, a la inserción en iniciativas de mejora de la empleabilidad, de búsqueda de empleo. Se ha hablado de fraude. Fraude hay también en el ámbito fiscal, fraude hay en la contratación a tiempo parcial en este país. Ahí es donde hay fraude. ¿Por qué no combatimos ese fraude también? Combatamos todos, empezando por los que tenemos ahora, no por los hipotéticos de futuro. Se ha hablado de efectos llamada. Hay plazos prudentes de residencia previa en la iniciativa que también podrían paliar esas dificultades.

Termino, señor presidente, con algunas preguntas. Nosotros coincidimos con la motivación, coincidimos con los planteamientos, una prestación no contributiva en el marco de la Seguridad Social, coincidimos básicamente en los requisitos, en la cuantía que se plantea, pero quiero formular algunas preguntas al compareciente de manera muy sintética. Las enmiendas que ustedes han estudiado, ¿les hacen ser optimistas o pesimistas? ¿Creen que se podrían incorporar sin perder la esencia, la naturaleza de su iniciativa, al menos en una cantidad importante? ¿Entienden que podemos salvar la acusación de inconstitucionalidad que se ha vertido desde algunas instancias? ¿Quién creen ustedes que podría presentar un recurso? Aquí estamos todos, que se pronuncien los grupos. ¿Quién presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante esta medida? Desde luego, el nuestro no y me extrañaría que aquellos grupos que están defendiendo cada día la igualdad de derechos de todos los españoles lo plantearan. Esto es igualdad de derechos de todos los españoles.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Enseguida termino.

Entidad gestora. ¿Quién podría gestionar esto? ¿Las comunidades autónomas podrían hacerse cargo, como pasa con otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social? ¿Quién sería el sujeto beneficiario? ¿Están dispuestos a estudiar que sean, además de los individuos, las familias? Compatibilidad con las rentas de inserción. ¿Esto sería pacífico? ¿Flexibilidad en la interpretación de los requisitos? Y lo más importante, ¿estarían ustedes dispuestos a estudiar, a apoyar, a legitimar una aplicación progresiva de esta prestación para hacerla compatible con los objetivos de control de déficit que tiene este país?

Termino con una solicitud a la Mesa de esta Comisión. Este periodo de comparecencias extra nos ha parecido un tanto innecesario, aunque celebramos la comparecencia de hoy del señor Bravo. Entendemos que la motivación era claramente dilatoria, a pesar de que, precisamente, los grupos que lo plantearon han sido los que menos esfuerzo de presencia han tenido en la reunión de hoy. En todo caso, pediría que cese esa estrategia dilatoria. Vamos a empezar el trabajo de la ponencia y déjense ya de pedir más informes, de pedir más papeles. Eso está absolutamente estudiado y el papel que nos ha traído hoy el compareciente creo que es absolutamente claro. Por favor, vamos a ser serios con los 700 000 firmantes de esta iniciativa, con las entidades que nos la traen, con los comparecientes y con quienes nos han votado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.

La Mesa atenderá sus peticiones.

Les recuerdo que tenemos dos comparecencias más, así que les rogaría que fueran más escrupulosos en el tiempo que esta Presidencia les concede generosamente.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pilar Marcos, por tiempo de cinco a siete minutos generosos.

La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Doy las gracias al señor compareciente. Para empezar, me gustaría que nos aclarara algunas de las cuestiones que ha mencionado, sobre las que he tomado nota, por lo que puede suponer de interpretación diferente a lo que han comentado otros comparecientes a lo largo de estas sesiones. He tomado nota textual de la afirmación: con esto se trata de liberar a las comunidades autónomas de un gasto que asumen. Esto es textualmente lo que ha dicho. Entonces, si liberamos a las comunidades autónomas de un gasto que asumen, enseguida se liberará también a las comunidades autónomas de un ingreso que reciben, y eso puede ser un problema, ese puede ser, quizá, el coadyuvante, por utilizar un palabra un poco especial, de los potenciales recursos de inconstitucionalidad que preguntaba el señor Simancas que quién puede llegar a plantear. Porque las comunidades autónomas están ofreciendo, cada una según sus


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capacidades y según la interpretación que hacen de las necesidades de su población, una serie de rentas mínimas, y usted dice que hay que liberarlas de esa actuación y dejarlas como prestación -también he tomado nota de lo que usted ha dicho- de último recurso. Estaríamos quitando una parte de sus competencias. Por lo que fuimos capaces de entender a la directora de la Seguridad Social que se ocupa, justamente, de los asuntos jurídicos, el problema constitucional estaba en si estamos hablando de un gasto asistencial o no. El gasto asistencial, por el artículo 148, sí que corresponde a las comunidades autónomas y los gastos de Seguridad Social, por el artículo 149, al Estado. Querría que nos lo aclarara teniendo en cuenta que ustedes, como sindicato, lo tienen muy estudiado. Esta es la primera cuestión sobre la que le pido aclaración.

La segunda es sobre renta básica, renta mínima. Diversos comparecientes, y muy especialmente un representante de Cáritas que vino la semana pasada, explicó que había un riesgo cierto de que esta nueva prestación fuese a ayudar a personas que ya reciben ayuda, pero que las personas con pobreza severa siguieran sin tener el apoyo que necesitan. Que esas personas con pobreza severa en la mayoría de los casos están ya excluidas o autoexcluidas, o como lo queramos denominar, del mercado de trabajo por su perfil y que deberíamos intentar que no quedaran excluidas. Querría que usted nos lo explicara desde el punto de vista de su sindicato. También dice usted que estamos hablando para su ILP de personas que tienen que tener una disponibilidad para el empleo. ¿Y qué ocurre con esas otras personas que estaba planteando alguno de los comparecientes?

Usted ha dicho que la situación económica en España no es óptima -nunca lo es-, pero la ILP se redactó en 2014, pensando en 2015. 2014 fue el primer año, después de cinco de crecimiento negativo, que en España tuvimos una tasa de crecimiento económico positivo; el primer año que se salía de la recesión, se notaba todavía muy poco o casi nada, pero ya llevamos cuatro años de crecimiento económico positivo. De 2014 hasta ahora se han creado 2,5 millones de empleos y hay 2 millones menos de parados. La tasa de paro desde entonces hasta ahora ha caído en 10 puntos, o sea, la situación no es la misma que cuando, con la mejor de las voluntades, se puso en marcha la ILP. Además, y esto me parece que también es relevante, ya somos 19 millones de ocupados, es la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2009 y la tasa de paro es la más baja desde el cuarto trimestre de 2008, estamos en el 16,4 %. Hay más asalariados con contrato indefinido que al inicio de la crisis. Ahora estamos en el 72,5 % y en 2007, antes de que empezara la crisis, estábamos en el 68 %, y en estos últimos años España ha conseguido duplicar la media de la zona euro en creación de empleo. Como usted sabe, el empleo hoy es más estable porque tenemos un 72,5 % de asalariados en contrato indefinido, ha crecido en un 14,5 % la conversión de contratos temporales en indefinidos y desde el año 2013, o sea desde el último año de la recesión, España lidera la creación de empleo a tiempo completo de la Unión Europea. Esos datos deberían, con la mejor de las voluntades para que nadie quede atrás en la salida de la crisis, hacernos replantear la ILP a una situación que no se centre en un momento tan dramático del ciclo como fue el final de la crisis económica en el año 2014.

Ha comentado usted que en la reunión de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales, el punto catorce, de los veinte que había, es sobre rentas mínimas. Quizás por eso, deberíamos entre todos hacerlo bien, ya que vamos a poner en marcha esta iniciativa. Y hacerlo bien implicaría intentar que no sea una norma que lleve a disputas jurídicas en pocos meses, una norma que, efectivamente, sea capaz de no dejar atrás a las personas realmente más necesitadas.

Ha habido un comentario del señor Simancas, al que sabe que le tengo el máximo respeto. Los populismos avanzan, desde luego, pero la forma de que no avancen no es que nos hagamos todos populistas. ¿Verdad que no?

Muchas gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor compareciente.

El señor BRAVO FERNÁNDEZ (Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO): Les doy las gracias a todos ustedes por sus intervenciones. Intentaré aclarar o reforzar las cuestiones que se plantean.

El portavoz del Grupo Vasco preguntaba por el encaje constitucional. Nosotros lo encajamos en el 149.1.17.ª, en el ámbito de Seguridad Social y creemos que no tiene encaje en la 13ª, como ha dicho la sentencia del Constitucional en relación con el Prepara. ¿Por qué? Porque más allá del debate sobre la sentencia -es una sentencia dictada y, por tanto, es lo que hay; hay un voto particular que opina otra


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cosa, pero lo que importa es la sentencia y la sentencia lo enmarca ahí-, un programa temporal, extraordinario, vinculado a una situación de desempleo concreta, con un objetivo y plazo temporal acotado, que además tiene un componente de política de fomento de empleo con una repercusión importante en materia de políticas activas y una prestación de acompañamiento, es una cuestión sobre la que ha dictaminado el Tribunal Constitucional y una prestación de carácter estructural permanente en el tiempo, que pretende ser aplicada en el conjunto del Estado y que tiene los requisitos de empleabilidad, por supuesto, de ser demandante de empleo, entre otras cosas, que tienen todas las prestaciones, encaja en el ámbito de la Seguridad Social.

Se hacía también referencia a la caja única. Ciertamente, no hay ninguna ley que hable de la caja única en este país. El concepto de caja única es un concepto acuñado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente de la sentencia, entre otras, 124/1989. Cuando habla del régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado lo que pretende es preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social de mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Ese es el concepto en el que lo enmarcamos y ese un concepto de construcción constitucional, que no es incompatible con el cumplimiento cabal de la Constitución, legislación básica, régimen económico competencia del Estado, sin perjuicio de que haya formas de ejecución, y tenemos alguna experiencia al respecto que nos es de utilidad aquí y que me permitirá abordar también alguna de las preguntas que se planteaban antes. Nosotros ya tenemos una parte de la Seguridad Social donde la legislación por parte del Estado, la financiación por parte del Estado, la, digamos, uniformidad de la prestación en el conjunto del territorio es compatible con que la detección de necesidades y la tramitación de esas prestaciones se produzca en el ámbito de las comunidades autónomas. Son las pensiones no contributivas. En ellas pensábamos cuando Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores estábamos construyendo, en el año 2015, esta iniciativa legislativa popular. Precisamente, si de algo nos ocupamos y mucho las dos organizaciones sindicales es en que no queríamos tener un debate competencial en torno a este asunto. Lo que pretendíamos era tener un debate en torno a cómo conseguimos completar un vacío de cobertura evidente entre las prestaciones que asume el Estado y las prestaciones de naturaleza distinta que asumen las comunidades autónomas. La realidad es que en medio nos queda un amplio vacío de cobertura, creciente en los momentos de crisis, decreciente pero existente en los momentos de bonanza. Eso es lo que pretendíamos.

Nosotros creemos que es necesario que esté en el ámbito de Seguridad Social, pero que no es incompatible con que en la gestión, en la ejecución, en la detección utilicemos fenómenos que ya conocemos, figuras que ya conocemos y que, insisto, hemos puesto en marcha con las pensiones no contributivas. En ese sentido, hay un par de enmiendas que han planteado varios grupos. Una de ellas, creo recordar, plantea que esto resida en el Imserso y servicios sociales de comunidades autónomas. Por tanto, está en línea con las PNC, con las pensiones no contributivas. Hay otra que plantea que se haga en el marco de los servicios de empleo de las comunidades autónomas y bajo la coordinación y la supervisión del Servicio Público de Empleo. Ambas soluciones son viables y, por tanto, ustedes son los que tienen que decidir cuál es el marco. La ILP habla de entidad gestora, sin más. ¿Qué entidad gestora debe hacerlo? Lo pueden definir ustedes. Ambos marcos, el del Imserso y servicios sociales de comunidades autónomas, o el del Sepes, servicios de empleo de comunidades autónomas, son posibles. En ese sentido, creemos que no hay problema al respecto.

Resulta curioso cuando se nos dice que con esta iniciativa estamos facilitando una forma de financiación adicional de comunidades autónomas, porque no es ese el propósito. Cuando nosotros decimos -lo comentaba ahora la portavoz del Grupo Popular- que se libera a las comunidades autónomas de un gasto, no decimos eso; lo que decimos es que el objetivo de esta prestación es completar los vacíos de cobertura. Esos vacíos de cobertura hacen que hoy las comunidades autónomas estén protegiendo a personas en el ámbito de sus competencias de asistencia social, pero que también estén protegiendo a personas que han agotado todas las prestaciones por desempleo, que están fuera de cualquier marco de protección y que buscan refugio en aquella a la que solo le sujetan prueba de rentas -aparte de registro de residencia, edad, etcétera, que cada comunidad autónoma define en el ámbito de su autonomía- como única posibilidad de acceder a una prestación económica. Lo que decimos es que una parte de esas personas que hoy están siendo protegidas por las comunidades autónomas como red de último recurso, deberían estar siendo protegidas por el sistema de protección por desempleo, porque son desempleados que han agotado su prestación y que el Estado ha dejado de proteger. Por tanto, no es un objetivo liberar de gasto a las comunidades autónomas, es una consecuencia


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de una realidad que se está dando, y es que nuestro sistema de protección por desempleo no es suficiente y está siendo ocupado muy parcialmente por las comunidades autónomas. Por tanto, esa infraprotección muy parcial que dan las comunidades autónomas, si la da el Estado, lógicamente, permitirá que ellas liberen recursos y que los dediquen a otras cosas en el ámbito de sus competencias; en mi opinión, en el ámbito de la asistencia social.

El portavoz de Ciudadanos ha hablado del Prepara y de la ILP. Creo que ya he contestado que son dos instituciones completamente distintas y no se puede comparar la estructura del sistema de protección por desempleo con programas temporales. El desempleo no se combate a golpe de programas temporales. Los programas temporales son recursos limitados dedicados durante un periodo de tiempo, con un objetivo concreto. La protección por desempleo es otra cosa. El sistema de Seguridad Social de protección por desempleo es otra cosa. Ese es el debate que el Tribunal Constitucional ha resuelto con opiniones diversas, diciendo respecto a esos programas temporales con objetivo concreto, que ese al menos no, pero eso no es predicable de una prestación de estas características. El efecto es un efecto de cohesión en el conjunto del territorio. Lo digo porque esto se puede mirar de muchas maneras en cuanto a si liberamos o no recursos de comunidades autónomas, pero también hay que verlo como que construimos una red que cohesiona el conjunto del territorio, y por tanto, que contribuye a generar redes para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Los portavoces del Grupo Socialista y de Ciudadanos han preguntado sobre su implantación progresiva. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. Les voy a decir una cosa: nosotros creemos que esta red debería haber existido en esta crisis, pero no ha sido así. Somos conscientes de las restricciones presupuestarias, que también deberían resolverse de alguna manera, además de con la contención del gasto. Algún día habrá que hacer en este país un debate sobre el sistema fiscal que tenemos y compararlo con el de los países de nuestro entorno, y valorar cómo este país desarrolla políticas públicas con una mano atada a la espalda, porque tiene menos recursos que los países de la eurozona. Si tuviéramos unos recursos comparables a los de los países de la eurozona, tendríamos unas capacidades de actuación, no solo en protección social, también en inversión pública, que nos harían mucha falta para cambiar nuestro modelo productivo y hacer otras muchas cosas. Pero la situación que tenemos es esa. Nosotros querríamos que esto ya estuviera en vigor. Sería bueno que cuando llegue la próxima crisis esta red estuviera implantada. ¿Cuál es el ritmo posible? Pues son ustedes lo que tienen que debatir y establecerlo, pero lo que es evidente es que cuanto antes, mejor.

En cuanto a la compatibilidad con el trabajo, es un debate muy largo. Tampoco quiero ser en esto fundamentalista. A nosotros nos preocupa la idea de los complementos de prestaciones públicas sobre el salario, nos preocupa su utilización fraudulenta porque conocemos un poco el mercado de trabajo y sabemos que hay empresas que no van a utilizar nunca de manera fraudulenta figuras de este tipo y en algunos otros casos sabemos que se hace de manera más habitual de lo necesario. Le voy a poner incluso un ejemplo. Acaba de aprobarse, todavía no ha entrado en vigor -ahora hay una discusión sobre de quién es la culpa, como siempre-, una ley de renta mínima en Cataluña, donde se debatió esta cuestión. En Cataluña se ha resuelto el debate estableciendo la compatibilidad con el salario para familias monoparentales con hijos y con contrato a tiempo parcial, lo que supone una medida clarísima de discriminación positiva. A mí esa figura no me genera ningún problema, porque son situaciones que uno puede ver con mucha claridad. Ahora, establecer con carácter general que estas prestaciones puedan complementar salarios, me parece que es algo que hay que meditar de manera mucho más precisa.

La pregunta relativa a la eficiencia en combatir la desigualdad creo que es difícil de contestar. Si aumentamos 0,5 puntos del PIB en los momentos valle y 1 punto del PIB en los momentos pico, le garantizo que nuestra red de protección social mejora nuestra posición relativa en el índice de Gini, porque los países que nos superan, dedican más recursos en relación con su PIB de los que dedicamos nosotros y, por tanto, tienen una mayor eficiencia. Aquí hemos traído el coeficiente de Gini, pero se ha citado a Cáritas. Cáritas utiliza con bastante frecuencia los indicadores de antes y después de transferencias, que son muy curiosos, y España no da buena nota, se mire por donde se mire, en relación con lo que hacemos, antes y después de transferencia, con nuestras políticas sociales.

Hemos planteado la prestación, como bien decía la portavoz de Unidos Podemos, como complementaria, incluso en algún momento está definida como prestación de último recurso. Y es verdad que eso puede entrar en contradicción con esa compatibilidad con las prestaciones de las comunidades autónomas. La lógica que tiene la ILP en su creación es que la prestación se puede obtener sujeta a prueba de rentas y, por tanto, aquella comunidad autónoma que tuviera una prestación que superara la


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prueba de rentas, no accedería y la que la tuviera por debajo, sí accedería. Por eso no hemos cuantificado el impacto de la compatibilidad, que está en la ILP pero que variaba dependiendo de lo que ocurría en cada comunidad autónoma, porque la prestación de la comunidad autónoma también computaba en prueba de rentas. Es verdad que puede haber una colisión sobre prestación de último recurso y que no tiene sentido que haya dos prestaciones de último recurso; creo que tiene más sentido que esté en el ámbito de las comunidades autónomas. Por eso, les decía que las enmiendas que hablan de la compatibilidad con las prestaciones de las comunidades autónomas nos parece que pueden precisar bien la situación. Eso lleva a que, en ese supuesto, las personas que cumplieran los requisitos de la ILP la tendrían y luego tendrían o no las prestaciones de comunidades autónomas según estén definidas. Eso es lo que aumentaría en esos 1270 millones la valoración global que hemos traído hoy del coste de la iniciativa legislativa popular.

Se hablaba en la estimación de la Airef del 1,5 % y creo que la Airef es bastante fina haciendo cálculos. Nosotros seguimos los estudios de la Airef, que creemos que es una institución, más allá del objeto por el que fue constituida y de las discusiones o discrepancias sobre cómo se debe concretar ese asunto, cuyos análisis son dignos de tener en consideración. Creo que el 1,5 % que plantea el presidente de la Airef, aunque es él quien tiene que decirlo, era estimando la aprobación de algunas de las enmiendas que ustedes han presentado. Ciertamente, si se aprueban algunas de las enmiendas presentadas el coste puede llegar a ese 1,5 %; si se aumentan las prestaciones derivadas de cargas familiares, si se disminuyera la edad de incorporación para menores emancipados, por citar algunas de las enmiendas que ustedes han presentado, el coste sería superior. Nosotros hemos hecho la estimación estrictamente sobre la letra de la ILP. Es verdad que la ILP apunta líneas de incremento de gasto cuando dice que deberían mejorarse por cargas familiares. Por tanto, no veo contradicción en esa comparación.

Sobre el encaje jurídico y el encaje presupuestario que ha mencionado el portavoz socialista, hemos dicho cómo creemos que esto se incardina en el 141.1.17ª, cuelga del artículo 41 en el marco de la Seguridad Social. La Seguridad Social se puede definir de manera diversa y tiene claramente -y está acuñado en el Tribunal Constitucional- un segmento contributivo y otro asistencial. Este va al asistencial, a la prestación que tiene singularidad dentro del artículo 41 de la Constitución, que es el desempleo en el segmento no contributivo. Creemos que su incardinación constitucional tiene poco debate. En todo caso, les invito a que vean el informe que hemos incorporado dentro del documento que hemos traído, porque precisamente, como hemos considerado con preocupación la posición del Gobierno en este sentido, se lo hemos trasladado a ellos y se lo trasladamos a ustedes también de manera clara.

Que tiene un impacto económico positivo, es indudable. Les he dicho antes que el consumo es un 0,3 % inferior al que teníamos en 2007. Pero es que si hablamos de la evolución de las rentas, les tengo que decir que los beneficios empresariales y las rentas de actividades económicas están en este momento un 4,7 % por encima de los niveles precrisis de 2007 y las rentas del trabajo están un 0,3 % por encima. Decía la portavoz del Grupo Popular que este país está creciendo y está generando empleo. ¡Claro que sí! Yo no he puesto en duda esa afirmación. Es más, he empezado mi intervención diciendo: este país crece por encima del 3 % en este momento, ya es el cuarto año de crecimiento y se está generando empleo. Sin embargo, todos los indicadores nos dicen que no reducimos la desigualdad y, por tanto, si no reducimos la desigualdad, nos tenemos que plantear cuáles son las causas. Creo que la afectación que están teniendo los mecanismos de distribución de renta primaria y secundaria es importante y el incentivo o el fomento, como objetivo fundamental, de las políticas de desendeudamiento, frente a las de fomento del empleo o de inversión productiva, nos está llevando a que este país siga teniendo un serio problema de desigualdad, que ayudaría o contribuiría a resolver una medida de estas características.

Se han hecho referencias al fraude. El Gobierno nos explica con bastante frecuencia los avances que hace en la persecución de las empresas ficticias o de la percepción de prestaciones indebidas, y está bien porque todo lo que sea una obtención indebida de prestaciones hay que combatirlo, pero en este momento en el mercado de trabajo hay problemas de fraude porque hay gente trabajando sin estar de alta, porque hay gente con contrato parcial a tiempo parcial que, sin embargo, está realizando jornadas superiores a las mismas que tienen un impacto enorme en términos de recaudación fiscal y de cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, de protección social de esas personas en el futuro, a los que creo que deberíamos dedicarle una atención mayor.

Preguntaba el portavoz socialista sobre las enmiendas. Nosotros, de la lectura integral de las enmiendas, creemos que hay elementos para que haya consenso y que no se desnaturalizaría la ILP. Es verdad que algunas de ellas incrementarán el coste, algo que estaba previsto en la propia ILP que


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ocurriera pero no quisimos cuantificar por las razones que he expresado. Por tanto, creemos que es posible.

He contestado sobre la entidad gestora. Hay dos enmiendas y nos parece que ambas son aptas, y a nosotros el modelo de las PNC para aplicar esto nos parece que es posible. La posibilidad de que esté sujeto a beneficiarios individuales o familiares es algo que habrá que valorar; lo tendrán que valorar ustedes. La ILP está configurada para que una unidad familiar pueda ser beneficiaria de más de una prestación porque lo que se hace es sumar la renta de todos los individuos por el número de personas y, por tanto, podría haber una o dos prestaciones en una misma unidad familiar. Lo que tienen ustedes que valorar es, al convertirla en una prestación de unidad familiar, a cuantas de esas unidades familiares afecta. Por tanto es posible, claro que sí, pero hay diferentes opciones, que incrementarían o disminuirían el gasto y los niveles de cobertura de la prestación. Sobre la flexibilidad en los requisitos, es evidente que se pueden tocar. Y la aplicación progresiva también lo he planteado. Desde luego, me sumo a la petición de que no se dilate más el proceso porque convendría que se resolviera cuanto antes.

Respecto de la última intervención, la de la portavoz del Grupo Popular, ya he contestado a algunas de las cosas, pero hay otras que quiero decirle. Ya he aclarado -creo- que nosotros no pretendemos liberar de gasto a las comunidades autónomas. No pretendemos aumentar la financiación autonómica por aquí, ese no es el objeto del debate, lo que planteamos es que algo que están asumiendo hoy las comunidades autónomas por incomparecencia del Estado hasta ese nivel de cobertura lo tiene que asumir el Estado. Pero le diría más, si yo leo las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, lo que significan -si las entiendo bien- es una aportación adicional a la financiación autonómica sobre la base de un acuerdo anual en la Ley de presupuestos, previo debate en la conferencia sectorial. Seguramente una aportación de menor cuantía que el que se deriva de la ILP, pero me da la impresión de que la lógica no es muy distinta si aplico el paquete de enmiendas que se han presentado por el Grupo Popular. Si no lo he entendido bien, discúlpeme, pero esa es la lectura que yo hago de ese paquete de enmiendas.

Ya he dicho, respecto a la prestación de último recurso, que con las enmiendas quedaría perfectamente claro y, por tanto, la tacha de inconstitucionalidad, si es que tuviera alguna por esa vía, estaría salvada.

En cuanto a la cuestión de la renta básica y la renta mínima y la intervención del portavoz de Cáritas, les diré que nosotros trabajamos mucho con la gente del tercer sector -con Cáritas, con EAPN (ha estado compareciendo aquí Carlos Susías), con Cruz Roja-, que esta ILP la hemos discutido mucho con ellos y que la propuesta que hacen estas organizaciones, absolutamente legítima, lo que dice es que las personas en mayor situación de necesidad son las personas en situación de exclusión social, que no están cubiertas por esta ILP. Y es verdad, no están cubiertas por esta ILP porque esta ILP se enmarca en un refuerzo del sistema de protección por desempleo; pero esa liberación del trabajo indebido que hacen las comunidades autónomas permitiría liberar recursos para atender las situaciones de exclusión social en el ámbito de las competencias de la asistencia social, que son exclusivas de las comunidades autónomas, que las han asumido en sus estatutos de autonomía. Por eso el diseño de la ILP desde el principio intentaba resolver cualquier problema de disputa competencial, intentaba colocar hasta donde puede la acción del Estado en la protección por desempleo, porque la otra -el otro ámbito de cobertura- no corresponde al Estado sino a las comunidades autónomas. Podríamos debatir si el Estado podría también incidir en ello porque la Seguridad Social puede ocupar también otros espacios, pero entonces sí que tendríamos el debate competencial. Nosotros hemos querido eludirlo y por eso la ILP tiene el diseño que tiene, pese a que eso lleva a esa crítica que recibimos de las organizaciones del tercer sector, que es legítima en la prioridad que se produce.

Respecto a que haya personas que lo cobren atendiendo a algún nivel de cobertura, de prestación o de ingresos económicos, pues sí, las que estén por debajo de prueba de rentas, porque el objeto de la ILP es cubrir a muchísima gente, pero desgraciadamente, por las razones que he expresado, no a toda la gente que está en situación de necesidad. La ILP está redactada en 2015 porque en el verano de 2014 acordamos con el Gobierno de la nación que se iba a realizar en los seis meses siguientes un mapa de prestaciones -hasta finales de 2014- y que en el primer semestre de 2015 se iba a estudiar la forma de completar los sistemas de rentas mínimas y de cobertura en este país. El incumplimiento de aquellos acuerdos -de esa parte de aquellos acuerdos porque hubo otros que sí se cumplieron, como el Programa de Activación para el Empleo, que se puso en marcha con muchas discusiones después sobre cómo se ha ejecutado, pero se puso en marcha y ha protegido a unas cuantas decenas de miles de personas- fue lo que originó la reacción de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras para poner en marcha la ILP e intentar traer a esta sede aquella iniciativa.


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Por último, esta propuesta no es una iniciativa adaptada a un momento del ciclo y no a otro. Si algo se puede derivar del cuadro que les he mostrado al principio es que en 2007, con la tasa de paro más baja que ha tenido este país en décadas -por debajo del 8 %-, con más de la mitad de las provincias en pleno empleo técnico -el 5 %-, teníamos 116 000 personas de aplicación inmediata y 1 300 000 de aplicación en doce meses, lo que significa que esta es una medida de protección de carácter estructural, que, claro, tiene un componente anticíclico y, por tanto, una mayor necesidad de recursos cuando la crisis aumenta y una menor necesidad de recursos cuando disminuye. Sinceramente, creo que es una necesidad que el país complete sus redes de protección social con una fórmula como esta, que no agota todas las necesidades en materia de protección social, no agota el debate de renta mínima, renta garantizada, renta básica, no agota el papel de las comunidades autónomas en su competencia de asistencia social, pero nos permite ampliar muchísimo el marco de cobertura. Creo sinceramente que para encontrar medidas comparables a esta en las últimas décadas se tienen que remontar al año 2006 con la Ley de Atención a la Dependencia, al año 1990 con la Ley de Pensiones no Contributivas, entre otras. Por tanto, estamos hablando de aprovechar un momento de recuperación, como en otras crisis, para mejorar la redistribución de la renta y reforzar los sistemas de protección social.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.

Suspendemos el tiempo justo para que salga el señor compareciente y se incorpore el siguiente. (Pausa).

- DE LA SEÑORA CARRIÓ IBÁÑEZ, SECRETARIA CONFEDERAL DE UGT. (Número de expediente 219/000919).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la segunda comparecencia, la de doña Adela Carrió Ibáñez, secretaria confederal de UGT. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. La compareciente tiene en torno a media hora para hacer su exposición y la dinámica ya la conocen: cinco minutos por grupo y réplica final de la compareciente.

Tiene la palabra, doña Adela.

La señora CARRIÓ IBÁÑEZ (Secretaria confederal de UGT): Buenos días a todos.

Quiero que mis primeras palabras en nombre de la Unión General de Trabajadores sean para agradecer la invitación que esta Comisión del Congreso ha realizado a mi organización para comparecer de nuevo durante la tramitación de esta iniciativa legislativa popular que UGT junto con Comisiones Obreras promovieron, consiguiendo 710 000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que la apoyaron, además de la toma en consideración por el Pleno de esta Cámara. Por supuesto, quiero agradecer a los grupos políticos que la hayan respaldado desde el principio y que hayan visto la necesidad política y social de establecer esta prestación y hacer suya esta iniciativa legislativa. Nada puede hacer sentir a UGT más orgullo que el trabajo y el esfuerzo que han estado haciendo los grupos parlamentarios y las personas que están detrás avalando y defendiendo esta ILP. En nombre de toda mi organización y de mi secretario general, Pepe Álvarez, y en el mío propio quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, gracias a Unidos Podemos, gracias a Esquerra, gracias al PDeCAT, gracias al PNV, gracias a Coalición Canaria y gracias a Bildu. Pero si ustedes me lo permiten, como no puede ser de otra manera, tengo que expresar mi gran gratitud a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que han hecho posible que hoy me dirija a ustedes; gracias a todas estas personas que con su firma y su solidaridad y apoyo han hecho viable que Comisiones y UGT hayamos podido presentar esta iniciativa legislativa popular por una prestación de ingresos mínimos. Por tanto, quiero transmitirle que desde los sindicatos somos meros conductores de una reivindicación ciudadana, de una necesidad que tienen más de 2 millones de personas que se encuentran sin recursos mínimos. El Gobierno ha rescatado a los bancos; UGT y Comisiones con esta ILP pretendemos rescatar a las personas, y vengo a pedirles hoy a ustedes y a explicarles la razón y la necesidad de esta prestación.

Hay razones de sobra para esta prestación. En enero de este año compareció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto al secretario general de Comisiones Obreras y ya expusieron los motivos por los que ambos sindicatos considerábamos que debe aprobarse esta proposición de ley. En palabras de Pepe Álvarez ante esta Comisión, que quiero citarles textualmente: Hoy siguen sobrando razones para mantener la iniciativa legislativa popular para una prestación de ingresos mínimos y seguramente hay alguna razón


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más que cuando los sindicatos decidimos presentarla: hay 13,2 millones de personas en riesgo de pobreza, 3,5 millones que sufren de pobreza severa, el desempleo juvenil entre 16 y 24 años pasa del 46 %, la situación de desempleo general casi se sitúa en el 19 % y la tasa de cobertura por desempleo está en torno al 55 %. Esto dijo el secretario general, Pepe Álvarez, en la comparecencia de febrero de este mismo año.

Pese a que algunos datos a día de hoy han mejorado, otros claramente han empeorado. Es decir, diez meses después se han producido algunas leves matizaciones en esta cifra, pero seguimos con un sombrío panorama de empleo. Según los datos del SEPE los contratos indefinidos a tiempo completo representan en torno al 5 % de los contratos registrados. Por el contrario, los temporales alcanzan más del 90 % de los firmados. De entre ellos, el 34 % son a tiempo parcial; cerca del 40 % tienen una duración inferior a un mes; de ellos, los contratos de hasta 7 días de duración son el 29 %, algo más de uno de cada cuatro. Con respecto a los contratos a tiempo parcial hay que destacar que las mujeres han suscrito casi el 60 % de dichos contratos, cifra que se eleva hasta el 82 % cuando se trata de contratos de interinidad a tiempo parcial, una situación de enorme precariedad y en muchos casos de contratación basura. Por tanto, como ven ustedes, podemos afirmar que no se genera empleo y que el que se genera se hace en condiciones precarias, por lo tanto, no es trivial afirmar que estamos generando una nueva clase social y a la vez una nueva clase de pobreza, los llamados trabajadores pobres. Solamente permítanme una reflexión porque esto es objeto de otro debate político y social que ya se está produciendo: los trabajadores y las trabajadoras siempre hemos estado convencidos de que con un empleo podríamos vivir, satisfacer nuestras necesidades vitales, dar un futuro a nuestros hijos e hijas, permitirnos algún ocio o alguna distracción, tener una vivienda digna; tan solo deberíamos encontrar un empleo y mantenerlo. Los sindicatos de clase hemos estado ahí reivindicando los derechos de las personas trabajadoras, intentando hacer un mercado laboral más justo, más igualitario; hemos sido artífices de reivindicaciones de muchos derechos, a la vez que los hemos conseguido. Pero a día de hoy la configuración actual del mercado laboral les está diciendo a los trabajadores y a las trabajadoras que pierdan esa esperanza, que no solo no hay empleo, sino que además el que existe los va a sumergir en una nueva capa social en la que, además de trabajar, con este trabajo precario no van a poder subsistir.

Por otra parte, hace tres días la Comisión Europea volvió a suspender a España por el elevado grado de desigualdad y sitúa a nuestro país a la cabeza de la desigualdad por renta en la Unión Europea. Permítanme que les lea unas frases de las conclusiones del informe de dicha Comisión, tan dramáticas para nosotros: Las recientes ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme entre los distintos grupos de la población. Y sigue: La diferencia en las tasas de empleo de los más y los menos cualificados resulta elevada. Y afirma y añade: La persistencia de relativamente grandes desigualdades de ingresos, a menudo ligadas a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación, la protección social y los pobres resultados del mercado laboral, genera preocupación en términos de equidad, inclusión social y crecimiento sostenible.

Para Bruselas el riesgo de pobreza en España sigue siendo muy alto, una situación que considera "bajo vigilancia", afirmando que las políticas sociales tienen un escaso impacto a la hora de reducir la pobreza. Por ello, entre las soluciones que plantea para nuestro país está la de mejorar el diseño de los impuestos y los sistemas de prestaciones. En definitiva, los efectos de la crisis han diezmado el Estado del bienestar, el nivel de desempleo ha ascendido a unos niveles históricos aunque se haya producido una bajada del mismo; se han realizado una serie de modificaciones legislativas que han repercutido en el gasto social afectando a la cobertura del sistema de garantía de rentas, poniendo en evidencia y de forma dramática la inadecuación de nuestro sistema de protección social frente a los conocidos efectos de aumento de la pobreza (sea la insuficiencia de las prestaciones por desempleo, cuyas últimas reformas han ido dirigidas, todas, a recortarlas). Con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en situación de necesidad. Mientras que las prestaciones por desempleo solo protegen al 55 %, según los últimos datos de septiembre de 2007, y con una cobertura en su mayoría sometida a carácter temporal, paradójicamente se reduce el gasto en los servicios públicos de protección por desempleo. En el ámbito de protección que se ofrece desde otras administraciones públicas que proporcionan las rentas mínimas de inserción se refleja una tasa de cobertura del Estado que, pese a que se ha incrementado notablemente, la cifra únicamente alcanza al 7,75 ?.

Nosotros queremos ir hacia un sistema de garantía de rentas. A lo largo de los últimos años hemos asistido a un proceso de crisis sin precedentes que ha traído graves consecuencias para nuestra sociedad.


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Las últimas reformas han propiciado el resquebrajamiento del mercado laboral. Tenemos unos niveles altísimos de desempleo que nuestra sociedad sencillamente no se puede permitir. Después de una crisis tan prolongada en el tiempo y tan profunda, la sociedad tal y como la conocíamos se está desvaneciendo dando lugar a la aparición de desigualdades cada vez más agudas y a un deterioro progresivo del sistema público debido fundamentalmente a la política de austeridad del Gobierno, que ha comprometido la viabilidad de nuestro Estado del bienestar tal y como está configurado. Actualmente nuestra sociedad se caracteriza por una parte de familias con activos muy aminorada a partir de la crisis; otro segmento de población ya inactivo, como los pensionistas, cuyas prestaciones han mantenido una media de renta familiar y de consumo, y gran parte de la ciudadanía activa fuera del mercado laboral, mayoritariamente jóvenes y personas con edades comprendidas entre los 40 y la edad de jubilación.

Los últimos datos económicos parecen indicarnos el principio de la recuperación económica, pero si los analizamos con detenimiento podemos observar cómo las cifras de los indicadores macroeconómicos, como es el caso del empleo, nos muestran cierta recuperación debido a las actividades estacionales, pero el empleo que se demanda es temporal, de escasa viabilidad y de bajas remuneraciones. Según los datos de la EPA del tercer trimestre de este mismo año, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro ha descendido este trimestre en 83 700 personas, siendo un total de 1 193 900 los hogares donde ninguno de sus miembros activos trabaja y por tanto donde existen las mayores dificultades, atenuadas en el mejor de los casos por el apoyo familiar. El desempleo de larga duración afecta al 54,6 % de personas en desempleo, y de este grupo más del 40,7 % llevan más de dos años buscando empleo, lo que está provocando parados de larga duración que agoten prestaciones y con ello su única fuente de ingresos. Y son 670 700 los hogares españoles donde no entra ningún tipo de ingreso, es decir, tenemos un 3,24 % del total de hogares. Hasta ahora, el principal instrumento para suplir la carencia de ingresos debida a la imposibilidad de trabajar era la Seguridad Social, pero los niveles de cobertura de las prestaciones es cuando más bajos están, siendo parados principalmente de larga duración que ya han agotado todas sus prestaciones. Con estos datos, la renta de muchos hogares se ha reducido, abocándolos a la pobreza y al endeudamiento excesivo e incluso a la pérdida de sus viviendas. Los grupos más vulnerables, que se encontraban entre los primeros afectados, se han extendido a otras categorías que hasta ahora estaban relativamente a salvo. Las tasas de desempleo tan elevadas pueden seguir teniendo esta tendencia durante cierto tiempo, con los consiguientes riesgos de cronificación del desempleo de larga duración y por tanto llegando a la exclusión. Es evidente que la crisis está afectando de forma más significativa a aquellas personas que están más alejadas del mercado laboral, como los inactivos o los desempleados de larga duración, incluso estamos asistiendo a procesos en los que personas que se encontraban en situación de exclusión social y que habían conseguido superar esta situación se ven de nuevo abocadas a la pobreza. Con esta situación consideramos que las políticas formuladas por nuestro país no han supuesto en sí mismas la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Podemos asegurar que, paradójicamente, los años de crecimiento económico y creación de empleo no han conllevado una disminución de la pobreza. Si analizamos las escasas actuaciones que se han realizado a lo largo de estos años vemos que ha existido un cruce de orientaciones que ha diluido la identidad de las políticas en la lucha contra la exclusión social sin que se hayan realizado acciones concretas dirigidas a los grupos diana para prevenir la exclusión social y vinculadas a la integración social y laboral. Lo novedoso de esta situación no solo es el impacto en quienes se encontraban en situación de riesgo o exclusión social, sino que la pérdida de empleo masiva ha aumentado las personas que se encuentran ahora en situación de desamparo que no pueden satisfacer sus necesidades básicas ni hacer frente a las obligaciones familiares. Por lo tanto, me gustaría enfocar mi intervención desde dos perspectivas. Por una parte, analizar, por supuesto muy someramente, el sistema de protección social y la asistencia que se ofrece en los procesos de exclusión social a través de las llamadas rentas mínimas de inserción e incluso, si me permiten, apuntar la necesidad de reflexionar sobre el fortalecimiento de las mismas. Y, por otra parte, señalar que con las tasas de cobertura actuales nos encontramos con personas con más necesidades que han agotado todas sus prestaciones, que se quedan sin ningún tipo de prestación para seguir subsistiendo y que no están teniendo respuesta. La corrección de estas situaciones es una prioridad para el sindicato, por lo que debemos promover la necesidad de una intervención pública a través de la prestación de ingresos mínimos.

A lo largo de este último año se ha hablado mucho de este tema, e incluso se habla de que pretendemos instaurar una renta mínima, una renta básica, etcétera; de que invadimos competencias


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autonómicas al querer configurar una renta existencial, que los servicios sociales son competencia autonómica. Muchas afirmaciones que serían exactas si fuera eso lo que con esta ILP se pretende, pero son de todo punto inexactas si analizamos la ILP presentada. UGT y Comisiones pretendemos incorporar una nueva prestación al sistema no contributivo de la Seguridad Social para una prestación de ingresos mínimos, ya que el actual sistema de protección social no ofrece ningún tipo de cobertura ni protección a las nuevas situaciones que se están produciendo, entre otros motivos, porque el perfil de los perceptores es radicalmente opuesto.

Aquí es donde quiero hacer un punto y aparte, donde marcamos la gran diferencia entre la prestación de ingresos mínimos y las rentas mínimas de inserción. Voy a hacer el repaso somero a las rentas mínimas de inserción, si me permiten. No quiero dejar de hacer ese recorrido, con el propósito de que vean la clara línea divisoria entre las rentas mínimas y la prestación de ingresos mínimos de la que he venido a hablar. Las comunidades autónomas tienen entre sus objetivos fundamentales la mejora del bienestar social de su ciudadanía. Estas, al amparo de su competencia exclusiva atribuida por la Constitución española y por los respectivos estatutos de autonomía en materia asistencial y de bienestar social -artículo 148.1.20.ª-, han procurado atender e integrar a aquellas personas que, por motivos distintos, se encontraban en situación de necesidad social o que no podían acceder en condiciones de suficiencia al pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Las rentas mínimas de inserción se definen como una prestación económica mensual dirigida a las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como un elemento dentro de un proceso de intervención sociolaboral. Primera diferencia que quiero destacar ante ustedes el desarrollo global que tiene: la renta mínima se desarrolla a través de prestaciones económicas y situaciones de servicios sociales -salud, educación, formación- y acciones de apoyo para la integración social y/o laboral. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar unos ingresos mínimos a los núcleos o unidades familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social -segunda gran diferencia con el perfil del beneficiario-, para que puedan cubrir los gastos básicos de supervivencia, estando obligados los destinatarios a participar en programas y actividades para la inserción social y/o laboral de los mismos. Por tanto, es necesario que destaquemos las dos características básicas que tienen las rentas mínimas y que a la vez las van a distinguir de cualquier otro tipo de prestación. En primer lugar, el perfil de sus perceptores, ya que se trata de personas sin recursos económicos que se encuentran en situación de exclusión social. Y por otro lado, la obligación que tienen los beneficiarios cuando la reciben de realizar un circuito de inclusión social y laboral.

Como consecuencia de las diferentes regulaciones autonómicas, nos encontramos con un sistema con diferentes prestaciones y servicios, en función de los distintos grados de desarrollo autonómico y, por ende, distintas coberturas en cada territorio, desde las diferentes denominaciones de la prestación hasta la diferencia en el acceso a la misma, así como los requisitos exigidos para ser perceptor, las medidas sociales y laborales que la complementan, la cuantía y la duración. Esta gran dispersión normativa tiene como consecuencia más inmediata las desigualdades existentes en función del territorio de residencia, lo que conlleva que ciudadanos con las mismas necesidades tengan distintos derechos, ya que en función de dónde vivan podrán percibir o no esta prestación. De las muchas anomalías que presenta nuestro sistema de servicios sociales en general y a las rentas en particular, los problemas más graves sin duda son las desigualdades territoriales y la ineficiencia protectora de estas rentas en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Los programas de ingresos mínimos conforman una red de protección social que resulta incompleta, ya que no ampara a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de exclusión social. Conforme a los datos, conocemos las tasas de cobertura de estas rentas, pero no conocemos la cifra real de beneficiarios que quedan fuera del sistema de protección por falta de requisitos en el acceso pese a encontrarse en situación de carencia de ingresos e incluso por haber agotado el periodo de prestación. Los diferentes requisitos de acceso en los territorios y tener unos recursos presupuestarios muy limitados las convierten en unas prestaciones de cobertura protectora de baja intensidad, sobre todo si las comparamos con otras protecciones, como la protección por desempleo.

Las regulaciones autonómicas de las rentas mínimas difieren en la concepción de la misma como derecho subjetivo o no. Es decir, existen territorios que garantizan su percepción, y en otros se perciben en tanto existan recursos económicos destinados a ellas, concretamente los territorios que las definen como derechos subjetivos, y por tanto están garantizadas. No están garantizadas en algunas comunidades como las que citaré a continuación: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y la Comunidad Valenciana. Por tanto, vemos que hay una gran diferencia entre las rentas mínimas y lo que hoy venimos


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a presentarles aquí. Es difícil poder valorar cuántos posibles beneficiarios de los salarios sociales se quedan fuera del sistema por no reunir requisitos, por agotar la prestación, por no estar garantizado como derecho subjetivo. Respecto al índice de cobertura, consideramos que puede haber muchas personas que necesitan esta prestación y no la están percibiendo. El sistema asistencialista de las rentas mínimas de inserción ha aflorado todavía más las desigualdades entre las comunidades y, sobre todo, la incapacidad o capacidad limitada de estas para hacer frente a las crecientes dificultades de la población. Las rentas mínimas, tal y como están diseñadas, no son válidas para ser destinadas a los desempleados que han agotado las prestaciones por desempleo. Se configuraron como la última red de protección subsidiaria, regulada de una forma diferente por cada Administración autonómica, en coherencia con su competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.

La señora CARRIÓ IBÁÑEZ (Secretaria confederal de UGT): Perdonad, pero me he extendido demasiado. Sí quiero explicar la necesidad de establecer el modelo que proteja a los ciudadanos. Realmente en la mayoría de las cuestiones coincidimos con la organización sindical Comisiones, al haberla presentado juntos, y ya que me quedan cinco minutos voy a hacer...

EL señor PRESIDENTE: Lo que buenamente pueda.

La señora CARRIÓ IBÁÑEZ (Secretaria confederal de UGT): Exacto. (Risas). Me he excedido en el tiempo, pero tienen ustedes distribuida la fotocopia de mi intervención. Al final, en la intervención que les han pasado verán que hablamos de la constitucionalidad, de las competencias y también hacemos una reseña al coste y asimilación presupuestaria, cómo se puede subsanar, ya que nos están diciendo que es un tema presupuestario. Si hay voluntad política se puede conseguir. Es posible la financiación. Nosotros queremos citarles cinco puntos en los cuales se puede mejorar esta financiación: mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude; la modificación del impuesto sobre sociedades para elevar su recaudación; aumento de la imposición sobre la riqueza; aumento de la recaudación de la imposición medioambiental; y eliminación de algunos beneficios fiscales a los planes privados de pensiones. Todo esto es importante, y sobre todo la voluntad política; yo creo que voy a concluir con la voluntad política, puesto que ya me he comido el tiempo y ustedes tienen mi intervención en sus manos. Termino señalando y recordando que ahora la pelota está en el tejado de todos ustedes, en esta Comisión de Empleo y en los grupos parlamentarios. Hemos conocido las enmiendas presentadas por cada uno de ellos, con distinto signo y algunas claramente contradictorias, pero son ustedes los que ahora deben de hacer un esfuerzo -es lo que les solicitamos desde aquí- y ponerse de acuerdo para mejorar ese texto y aprobar una ley que dé salida al problema grave que vienen sufriendo muchos cientos de miles de personas que carecen de empleo y de recursos económicos y que queriendo trabajar no pueden hacerlo, aprobando esta futura ley que incorpore esta nueva prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social.

Me pongo a disposición de todos ustedes. Siento no haber podido exponer todo lo que traía preparado, me he entretenido demasiado, pero aquí estoy para resolver las dudas que ustedes quieran.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carrió. En cualquier caso, recuerde que después de la intervención de los grupos parlamentarios tendrá tiempo para responder a sus preguntas, y si quiere profundizar en algo más en concreto que estime que se ha quedado en el tintero, podrá hacerlo. Todos los grupos tienen a su disposición fotocopia de la intervención y les llegará también luego por correo electrónico a sus correos, si no les ha llegado ya; se envían una vez que se ha producido la sesión.

El representante del Grupo Mixto no está; el señor Barandiarán del Grupo Nacionalista Vasco, tampoco; Esquerra tampoco. Pues por el Grupo Ciudadanos, el señor Cano tiene la palabra, por cinco o siete minutos.

El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la ponente su presencia, su explicación, y felicitarle, igual que he hecho a Comisiones Obreras, por el trabajo que realizan y el trabajo que realizaron con la preparación de esta ILP que estamos debatiendo y que aquí en el Congreso debemos de tramitar.

Ha esbozado, igual que ha hecho el anterior ponente, una situación dramática que están sufriendo muchísimos españoles, muchísimos trabajadores que trabajan pero que son pobres, que no pueden llegar a final de mes; y esta es una parte muy sustancial de los ciudadanos pobres, que se pueden llamar pobres


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también porque no pueden sustentar a sus hijos, no pueden llegar a final de mes. La situación es, en parte, y no menos importante, en primer lugar por el tema competencial. A nosotros nos surge aún alguna duda porque entramos en terreno asistencial, ya que si lo ligamos a políticas activas de empleo, en este caso serían políticas activas de empleo estructurales, que estarían siempre, y actualmente hay unas temporales como el Plan Prepara; y por otra parte, ver de qué manera podemos darle mayor cobertura a la gente que realmente está demandando estas ayudas. Porque según las distintas comparecencias que hemos tenido, no se es eficiente, no se llega a las personas que realmente necesitan estas ayudas, y son ayudas muy dispares dependiendo de las distintas comunidades autónomas, que son las que las prestan. Por otra parte, está también el tema presupuestario. Cuando estuvo aquí el presidente de la Airef nos dijo que lo valoraba entre 8000 y 15 000 millones de euros; teniendo en cuenta la ineficiencia, la ineficacia, la amalgama de prestaciones que tenemos, ¿cómo podemos conjugar todo esto en un periodo en el que sí estamos creciendo pero en el que sin duda se están incrementando estas desigualdades y en el que realmente los ciudadanos continúan pasándolo muy mal? Las desigualdades continúan existiendo y tenemos que trabajar para reducirlas.

Simplemente le agradezco también su comparecencia; estudiaremos detenidamente el texto que nos ha pasado y tomaremos nota.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud.

La señora SALUD ARESTE: Gracias, presidente.

Gracias, señora Carrió. Me ha parecido muy interesante su intervención, leeremos con atención el documento que nos ha pasado.

Está claro que vivimos en un contexto de salida de la crisis que es salida de la crisis si hablamos en términos macroeconómicos, porque la ciudadanía no lo ha visto así y además es una crisis que ha dejado en la cuneta a muchos trabajadores y trabajadoras, quiere decir más personas en paro, y también ha dejado en la cuneta la calidad del empleo. Al mismo tiempo, en esta salida de la crisis, en estos años de crisis lo que ha ocurrido es que las rentas del capital han salido ganando en términos de reparto de la riqueza y, sin embargo, las rentas del trabajo han salido más empobrecidas o en peor situación. El otro día nos decía Cáritas -son informes elaborados por ellos- que hoy en día el crecimiento económico no garantiza un empleo a toda la ciudadanía, esto es lo que está ocurriendo. Esto lo podemos solucionar de dos maneras, a nuestro entender. Una fómula que hubo durante años atrás fue una consigna sindical que era aquello que llamábamos el reparto del empleo, cuando hay menos empleo, repartirlo; repartirlo además sin rebaja salarial, con lo cual lo que haríamos es revertir ese reparto de la riqueza tan injusto que estos años hemos tenido. Hoy no hablamos de ese tema. Igual convendría también recogerlo y volverlo a poner sobre la mesa, es un tema muy interesante. Hablamos de la ILP, de estas medidas que los sindicatos, los agentes sociales, ustedes han puesto sobre la mesa para recuperar la calidad y la cantidad de empleo que ha caído durante estos años. Ante esta situación está claro que en una sociedad democrática, en una sociedad que se precia de igualitaria, que persigue elementos de inclusión, incluso humana diría yo, lo lógico es que el Gobierno se dedicara en cuerpo y alma a ampliar la cobertura de protección, dado que estamos hablando de pobreza, de situaciones muy precarias para muchos hombres y mujeres y para muchas familias. Si además está cuantificado que los presupuestos que supondría implementar esta medida son posibles, a nosotros nos parece que no hay ninguna excusa para no ponerla en marcha. Ustedes además incluyen en la propuesta cómo se puede financiar. A nuestro grupo, y a mi personalmente, nos gusta que en cada propuesta que se haga se diga cómo se financia, porque sin dinero no se hace política; a costa de ser pesada, me parece que tiene que ser así. Ustedes hablan de mejorar el fraude, que en este país hay mucho, y mejorar impuestos, el impuesto sobre sociedades, que revertiría el reparto desigual de la riqueza de estos últimos años; y además el impuesto sobre la riqueza. Esto es tan obvio y es tan justo, yo diría, que no hace falta ni siquiera subrayarlo.

Quiero terminar hablando sobre la constitucionalidad, que es un tema que se viene continuamente recalcando. La ILP en su exposición de motivos habla de subsidiariedad y dice que nos encontramos ante una prestación de carácter económico que se otorga cuando no es posible el acceso a otras prestaciones. También la proposición de ley habla en su artículo 7 de complementariedad, que dice que es compatible con ayudas económicas o de otra naturaleza de emergencia social. Y nuestra Constitución española vincula con claridad en el artículo 148 la asistencia social de una forma clara a las comunidades


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autónomas, y en el artículo 149 vincularía esta iniciativa, esta renta mínima, con claridad también a la Seguridad Social. Quiere decir que desde este punto de vista no habría ningún problema, además de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con dos sentencias que son muy claras al respecto. Por tanto, desde nuestro grupo decimos con claridad que es posible esta compatibilidad y que además tenemos suficiente personal legislativo, que nos encargaremos de ajustar el sistema competencial que tenemos -hay que ajustarlo-, y para ello, como digo, contamos con profesionales, con técnicos de calidad, y nosotras confiamos en la capacidad de este personal para encajar esta prestación en la Constitución sin ningún problema, aunque parece que el Partido Popular no tiene demasiada confianza en este personal para que haga esta labor. Yo quisiera decir que no sé si es que tiene o no tiene confianza en su personal, o estaría mejor dicho que no tienen ni representan los mismos intereses que las clases desfavorecidas. Esta es la auténtica verdad, señorías, para qué vamos a engañarnos a estas alturas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salud. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por comparecer, muchas gracias por presentar esta iniciativa. Simplemente voy a referirme a cuatro cuestiones que creo que en todas estas comparecencias han ido apareciendo y para mí resultan significativas.

En primer lugar, sobre la necesidad, independientemente de que sigamos escuchando que se crea empleo, creo que hay dos situaciones nuevas que hacen necesario este sistema de protección. Primero, que tenemos un desempleo estructural de larga duración, personas que salen del mercado de trabajo y ya jamás logran entrar, y personas -lo comentaba ahora mi compañera- que tienen trabajos de muy corta duración, de días, de semanas, con lo que ni trabajan ni acceden a la prestación por desempleo tal y como la tenemos configurada. En ese sentido ha ido una de nuestras enmiendas.

En segundo lugar, quería hacer referencia a una cuestión que también se ha dicho aquí una y otra vez: el tema de que este tipo de prestación podría afectar a la intención de los trabajadores de buscar empleo. Verdaderamente, si esto es así, es que estamos hablando de un empleo de muy baja calidad, que es contra lo que tenemos que luchar. Con empleos de calidad, lo que usted ha comentado, empleos indefinidos, a jornada completa, no creo que ninguna persona que pudiese ser beneficiaria de esta prestación dejara de trabajar por ir a cobrar una prestación.

En relación con la cuantía, obviamente, con independencia de que, como ha dicho la compañera de Podemos, haya que buscar recursos, yo creo que también podríamos hablar un poco de redistribuir los recursos que ya tenemos. Venía hace unos días en prensa que este Gobierno gasta 4000 millones de euros anuales en bonificaciones que crean un empleo muy precario o sencillamente no crean empleo. Si fuese tan fácil decir: tenemos esto, gastamos esto, tendríamos una gestoría y no tendríamos ni un Gobierno ni un Poder Legislativo. Entonces, esta facilidad para decir que la financiación es inasumible... Si fuese tan fácil como esto o esto, pues un gestor, cualquier gestoría de Madrid podría llevar las cuentas del Estado. Yo creo que la política es algo más.

Por otra parte, el tema de la inconstitucionalidad. Yo estoy segurísima de que si un buen abogado coge el tema, el derecho lo aguanta todo y al final el que quiera defender que es inconstitucional lo va a defender a capa y espada, y a lo mejor al final hasta lo gana. Pero yo creo que verdaderamente tenemos que luchar aquí por creer que esto puede ser una prestación de Seguridad Social, que yo lo creo, que la Constitución dice que la Seguridad Social tiene que cubrir situaciones de necesidad, entre las que se encuentra el desempleo; y que verdaderamente, claro que rizando el rizo -y el derecho lo aguanta todo- podemos llegar a esa conclusión de que es inconstitucional, pero creo que tenemos que tener entre todos un grado de responsabilidad y reconocer que verdaderamente estamos ante una situación que no existía hace unos años y que es necesario afrontar: el desempleo de larga duración y este nuevo empleo de días, de semanas, que impide que los trabajadores tengan salarios dignos, pero también les impide acceder a prestaciones de desempleo tal cual están configuradas.

Por mi parte nada más. Muchas gracias y a ver si entre todos somos capaces de poner en marcha esta prestación.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora De Frutos.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto.


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La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer la comparecencia de la señora Carrió y la exposición que nos ha realizado sobre la iniciativa legislativa popular. Con carácter previo me gustaría hacer una puntualización, porque he creído escuchar en la exposición que nos ha hecho una frase, una afirmación que dice que el Gobierno ha rescatado a los bancos. A mí me gustaría matizar esto. Yo no creo que el Gobierno tenga ningún interés en rescatar a ningún banco; yo creo que el Gobierno ha rescatado a los depositantes y a los ahorradores, que para mí y para todo el Grupo Parlamentario Popular es una cuestión muy distinta.

Existe un principio, señora Carrió, en el que creo que coincidimos y que no es una cuestión menor, y que es que ambas trabajamos para buscar fórmulas para mejorar el bienestar de los ciudadanos, para que sea cada vez mayor. La cuestión es que en el camino hacia ese bienestar hacemos planteamientos distintos. Yo creo que podemos tener dos tipos de sociedad, señora Carrió: una en la que trabajan unos pocos que pagan muchos impuestos y mantienen el Estado de bienestar, y otra en la que trabajan muchos y la presión fiscal es más baja al haber más contribuyentes que sostienen ese Estado de bienestar. Mi grupo parlamentario cree que el camino adecuado para mejorar el nivel de bienestar es a través de la creación de la mayor cantidad de empleo posible para los 3 700 000 parados que actualmente están buscando un empleo en nuestro país, según los datos de la EPA. A medida que se va creando más empleo los niveles de pobreza relativa -y digo relativa- y desigualdad han ido disminuyendo en nuestro país. No sé si usted conoce a un economista francés, economista de referencia sobre temas de desigualdad, el señor Piketty, que el 11 de enero de 2015 hacía una declaración que decía que la desigualdad en España es un problema basado en el desempleo. Yo estoy de acuerdo con el señor Piketty, que ciertamente es poco sospechoso de pertenecer al ámbito ideológico en el que yo profeso. Con un 16 % de paro y 3 700 000 personas aún buscando empleo, hay todavía un camino que terminar de recorrer para crear ese empleo. Yo creo que estamos ante dos modelos, como bien le decía: el primero de resignación, el de creencia que España no es capaz de mejorar su PIB por habitante y, por lo tanto, no aspira a llegar a los niveles más avanzados del mundo; y el segundo, los que consideramos que a medida que vamos creando inversión, oportunidades y empleo, ahora mismo más de 600 000 puestos de trabajo al año -que no es poco, esfuerzo de la sociedad española-, mejoramos el nivel de vida y por tanto reducimos la desigualdad en nuestro país, que creemos que es de lo que se trata, de reducir la desigualdad. Me va a permitir ser ambiciosa para cambiar las cosas y aspirar a ser uno de los mejores países de Europa y del mundo y a aumentar la renta per cápita de los ciudadanos, crear oportunidades para todos y acercarnos al pleno empleo. Nosotros sabemos que es posible. Hemos dado los pasos adecuados con la política económica en los últimos seis años; aún quedan cosas por hacer, pero estamos trabajando con un objetivo fundamental, que es acercarnos al pleno empleo.

Para finalizar, me gustaría trasladarle algunas cuestiones. Usted participó en el Seminario Europeo de Ingresos de Garantías de Mínimos de Subsistencia y Renta Básica en la Universidad Carlos III, en el que, el primer día, se expusieron los experimentos realizados en Finlandia y Alaska. El caso de Alaska, tal como se trasladó, obedece más bien al hecho de evitar la despoblación que al verdadero establecimiento de una renta mínima, ya que se hace un pago único de 1000 dólares al año con unos requisitos muy concretos de residencia. Pero en el caso de Finlandia sí que es una renta mínima y se ha establecido de forma muy experimental, en apenas 2000 personas durante dos años, de 2017 a 2019, que perciben un ingreso o renta básica de 560 euros al mes. Finlandia cuenta con un PIB por habitante bastante superior al de España. En este contexto me gustaría saber si usted cree que es responsable plantear esta medida de forma inmediata y para toda la población. Por parte de algún compareciente, antiguo alto cargo del Gobierno socialista que le ha precedido a usted en sesiones anteriores, se ha puesto de manifiesto que, de llevarse a cabo esta medida, habría que rediseñar el Estado de bienestar. Me gustaría saber si coincide usted con esta apreciación y, en tal caso, qué partidas sociales habría que suprimir para establecer esta renta o este ingreso mínimo. En el caso de que no proponga esta medida, ya nos ha dicho cinco propuestas que hace sin concretar si es suficiente la previsión de ingresos de la modificación del impuesto sobre sociedades, lo cual también podría influir evidentemente en que las empresas, para paliar esta diferencia y el aumento impositivo, si es muy superior al que es actualmente, ajusten, por temas de la creación de empleo o demás; o la imposición de impuestos medioambientales nuevos, la eliminación de ciertos beneficios fiscales de planes de ahorro privados, según su exposición, y la lucha contra el fraude, que es verdad que hemos batido récords de recaudación en la lucha contra el fraude en estos últimos años, gracias al esfuerzo de las administraciones y del Gobierno, pero siempre es incierto lo que se vaya a recaudar por la lucha contra el fraude, y tampoco podemos supeditar este tipo de ingresos mínimos a


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eso, o al menos eso es lo que entendemos. En este caso me gustaría saber si usted propone alguna otra subida de impuestos para asegurar esto, porque no sabemos muy bien cómo se pretende financiar.

Por último, me gustaría preguntarle si cree usted que la situación laboral y económica es la misma hoy que cuando ustedes redactaron esta ILP, porque los datos económicos y laborales que manejamos hoy, creemos que distan bastante del peor momento de la crisis, momento en el cual se fraguó esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberto.

Señora Carrió, tiene entre quince o veinte minutos para responder.

La señora CARRIÓ IBÁÑEZ (Secretaria confederal de UGT): Muchas gracias por las preguntas de los diputados y diputadas.

En el caso del tema competencial, no me ha dado tiempo a exponerlo, pero como podrán comprobar, en la página 15 les explicaba que estaba muy claro el hecho de que no vulneraría el sistema de distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, apoyando también la parte que el compañero de Comisiones ha estado diciendo. Para nosotros no es anticonstitucional porque sería un tipo como las pensiones no contributivas; quien lo tiene es el Estado y lo gestionan las comunidades. Nosotros habíamos propuesto en su momento en la ILP una entidad gestora, y como verán en mi intervención, hemos puesto que podría ser el Imserso; el Imserso o quien se determine cuando se llegue a un acuerdo, porque hay dos enmiendas, una que habla del Imserso y otra que habla del SEPE, pero en principio no tendría ningún problema de competencias. En cuanto a mayor cobertura. Cuando planteamos esta ILP -esto contesta también a la pregunta de la diputada del Partido Popular- fue porque carecíamos de un diálogo social que se venía solicitando desde 2014 para poder solucionar todas estas rentas mínimas y todas las políticas activas de empleo en una mesa de diálogo. Eso no se hizo. Empieza la crisis con un momento muy fuerte y se prepara esta ILP. Sí que es diferente el momento en el que se presentó al día de hoy, pero también he de decirles que el empleo que se está generando es un empleo estacional, precario, no a tiempo completo -mayoritariamente es a tiempo parcial- y en muchos casos solamente por días, que -si no recuerdo mal- está sobre el 29%. Hay que tener en cuenta que quienes están sufriendo más en toda esta desigualdad son las mujeres. Es el segmento mayoritario de población excluido de empleo. No es el mismo momento. Tampoco he podido comentar que no tenemos ningún inconveniente en que, una vez se debatan en ponencia las enmiendas, se haga de forma progresiva y se vea cual es la mejor viabilidad de esta ILP. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y a ayudar en lo que sea necesario, pero la tarea depende de que lleguen a un acuerdo entre todos ustedes para sacar esta ILP. A nosotros nos gustaría que fuera con el mayor consenso. Nos gustaría que los grupos parlamentarios que nos han apoyado nos siguieran apoyando hasta el final y con los grupos parlamentarios, como Ciudadanos y Popular, que en estos momentos no están a favor se puede llegar a un acuerdo en la ponencia para conseguirlo.

En cuanto a hacer un estudio y un debate de rentas, lo hemos planteado siempre, pero en estos momentos no toca hacer ese debate. Ahora el debate es por qué presentamos la ILP y la oportunidad que nos han dado ustedes de defenderla aquí. Nosotros tenemos que defenderla y el debate sobre cómo redistribuir las políticas activas, las rentas mínimas y todo aquello que conlleva se ha de hacer fuera, en unas mesas de diálogo social que no tocan a esta Comisión. Esta es una Comisión de Empleo y Seguridad Social para la tramitación de esta ILP a la que ustedes nos han pedido que vengamos a reforzar nuestra ILP.

Respecto a lo que comentaba la diputada del Grupo Socialista, es cierto, hay trabajo, pero es un trabajo precario. Por tanto, no estamos dando una salida a las personas. Las empresas crean empleo, pero el empleo que están creando es muy bajo y, por tanto, las contribuciones a la Seguridad Social por parte de las personas que cotizan es muy poquito. Es cierto que a una persona que trabaja un mes se la quita del sistema de desempleo, entendiendo que estuviera dentro de las protecciones por desempleo. Sale fuera del sistema de desempleo, porque está trabajando. Es un juego muy complicado. Por tanto, no es real que el empleo que se cree sea un empleo con cara y ojos, un empleo con unos salarios dignos, con unas cotizaciones dignas y con el que las personas puedan vivir. Sí que hay mayor empleo, no lo podemos negar, porque las cifras lo avalan, pero no es el empleo que se conocía ni el que queremos en la organización que yo represento. Nosotros queremos un empleo con calidad, con unas condiciones salariales y laborales beneficiosas. Esto no es, como se ha comentado, para que la gente no trabaje, no; nosotros queremos que las personas trabajen. Las personas necesitan desarrollarse profesionalmente y


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en todos los aspectos, pero si no hay trabajo, tenemos que dar cobertura a un segmento de población que no puede percibir otro tipo de prestación.

No sé si he contestado a sus dudas. Es de agradecer la oportunidad que, como organización, nos han brindado hoy. Les volvemos a pedir que se pongan de acuerdo y que aquellos grupos que creen que esta ILP puede ser viable y que hasta ahora nos han dado su apoyo, nos lo sigan dando. Y vuelvo a repetir que no estaría de más que los dos grupos que no están tan a favor o que están en contra se pongan a trabajar en la ponencia para llegar a una ley con el mayor consenso posible. Nosotros no decimos que se tenga que implantar para todos, se puede hacer progresivamente y ver cuál es la mejor manera para llegar a todo ese segmento de población que, con el empleo que se está creando, no puede trabajar hoy en día y no tiene ningún tipo de percepción.

Les agradezco otra vez a todos y a todas que estén aquí. Me ha sabido muy mal no poder acabar mi intervención. Lo siento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carrió.

Retomamos a la una, con la comparecencia del señor Nadal. (Pausa).

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (NADAL BELDA). (Número de expediente 212/001058).

El señor PRESIDENTE: Finalizamos la sesión y el periodo de comparecencias con la correspondiente al secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, don Alberto Nadal Belda. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. El compareciente dispondrá de treinta minutos, como hasta ahora, luego los grupos parlamentarios dispondrán de entre cinco y siete minutos; seré un poco más estricto esta vez en el tiempo, teniendo en cuenta la hora que es y que tenemos el comienzo del Pleno a las tres, y finalmente el compareciente tendrá entre quince y veinte minutos para responder a las preguntas que se le hayan podido hacer desde los grupos parlamentarios.

Don Alberto Nadal, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Nadal Belda): Muchísimas gracias, señor presidente; muchísimas gracias, señorías. Quiero en primer lugar agradecerles el estar aquí en esta Comisión para tratar de una cuestión tan importante, que afecta a la parte más desprotegida de la población española, como es la discusión que está teniendo lugar sobre la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social.

La proposición de ley señala en su exposición de motivos que el objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que pudiendo trabajar no tengan oportunidad de hacerlo. Y continúa indicando que el legislador estatal debe intervenir con nuevas prestaciones desde la Administración General del Estado, a través de la creación de una nueva prestación económica que garantice unas condiciones mínimas a aquellos ciudadanos que carecen de rentas, y que el esfuerzo también debe provenir de las comunidades autónomas, a fin de que mantengan en algunos supuestos y refuercen en otros sus prestaciones de asistencia social.

Ya en la propia exposición de motivos se establece el objetivo último de la proposición de ley, que podríamos compartir todos, y es que tengan un sostenimiento de rentas mínimo, en un país desarrollado con la renta como la que tiene España, aquellas partes de la población que por los motivos que sean están excluidas de la actividad normal, laboral, y de la percepción de rentas que esto conlleva, o que están en riesgo de incurrir en esta situación. Así se establece en la proposición de ley una nueva prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, con financiación garantizada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía de la prestación se establece en el 80 % del Iprem mensual vigente en cada momento, estableciéndose unos requisitos que básicamente se reducen a ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco, carencia de rentas -el umbral se sitúa en el 75 % del SMI vigente en cada momento, con exclusión de las pagas extraordinarias en cómputo anual-, y figurar inscrito como demandante de empleo durante los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación. La prestación deberá incrementarse por cada menor o familiar a cargo de la persona beneficiaria en la cuantía que se disponga anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Por lo tanto la proposición de ley crea ex novo una prestación de derechos subjetivos con financiación a través de los impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado; se establecen requisitos


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mínimos fácilmente alcanzables, prácticamente por cualquier persona mayor de dieciocho años; no se considera o no se exige ningún tipo de requisito de participación en la vida laboral, haber realizado algún tipo de cotización previa o realizar alguna actividad concreta a la inserción social y a la búsqueda de empleo, salvo haber estado inscrito como demandante de empleo, y no establece claramente cuál es la división entre la competencia del Estado y las competencias de las comunidades autónomas -luego entraré en ello-, su financiación se establece a través de los Presupuestos Generales del Estado, y tampoco aclara cuáles son las prestaciones adicionales que se deben otorgar en función de las circunstancias personales, remitiéndolo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Durante mi intervención me gustaría hacer en primer lugar una mención de cuál es el marco en otros países europeos, de los sistemas de políticas contra la exclusión social. En segundo lugar, analizar cuál es la situación en España, tanto desde el punto de vista legal, el conjunto de instrumentos que existen como de su coste presupuestario, para finalmente hacer una valoración de la proposición de ley, tanto desde el punto de vista legal y competencial, desde la opinión del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Estado de Presupuestos, como de su impacto desde el punto de vista de las cuentas públicas, el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de los españoles.

En todos los países europeos, como no puede ser de otra manera, existe algún tipo de figura semejante a la que se está proponiendo en la proposición de ley y semejante a las que ya existen en el marco de protección social existente en España. No puede ser de otra manera; como decía anteriormente los países europeos estamos fuertemente comprometidos con el Estado del bienestar, con que existe un mínimo que tienen que alcanzar todos los ciudadanos, en garantizar la igualdad de oportunidades y en garantizar que en las épocas de recesión existan rentas que sostengan a aquellos ciudadanos que han perdido su empleo, y que se combata de forma clara la exclusión social. Hay un objetivo que todos compartiríamos, que es excluir la exclusión, eliminar la exclusión social como parte de nuestro panorama social. Como consecuencia de ello existe un gran número de instrumentos en los países europeos difícilmente homologables; cada estado ha ido construyendo su propio sistema de protección social. Las condiciones de elegibilidad son muy distintas, la duración, cobertura de las mismas, requisitos para acceso. Pero sí podemos establecer algunos denominadores comunes que existen en la mayoría de los países europeos.

La primera de ellas es que el volumen presupuestario que alcanzan las políticas de protección social para luchar contra la exclusión o para luchar contra los riesgos de exclusión se sitúa en torno al 0,8 % del producto interior bruto. Existen algunos países, fundamentalmente los de renta más alta, en los que este volumen es un poco superior, y hay países, los de renta más baja dentro de la Unión Europea, en los que el volumen de gasto es inferior. En España nos situamos en un porcentaje próximo a la media de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, dado que el nivel de renta español está ligeramente por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Así el conjunto de gasto que realizamos ya en nuestro país para combatir la exclusión o evitar que se llegue a una situación de riesgo de exclusión alcanza el 0,75 % del producto interior bruto, o lo que es lo mismo 8400 millones de euros, a los que habría que añadir otras cuantías que detallaré posteriormente.

Como consecuencia de la crisis económica en la mayoría de los países europeos ha habido un proceso de evolución y de adaptación de los distintos sistemas de protección para las personas con mayor riesgo de exclusión, y en líneas generales lo que se observa es una cada vez mayor vinculación entre este tipo de rentas y las políticas activas de empleo, de tal manera que sean auténticas rentas de inserción social. El objetivo último no es sostener la renta, el objetivo último es la integración de todos los ciudadanos en el mercado laboral y que sean capaces de generar su propia actividad, a través del desarrollo de su actividad profesional; y en segundo lugar, una tendencia a que sean las administraciones más próximas al ciudadano, las administraciones regionales y especialmente las administraciones locales, las que lleven a cabo este tipo de políticas. Esto tiene su sentido en la medida en que son las administraciones más próximas a los ciudadanos las que conocen de primera mano cuáles son las circunstancias personales y económicas de los grupos sociales sobre los que es preciso actuar de manera decidida.

En España como decía anteriormente el nivel de recursos que se destina a políticas contra la exclusión social es coincidente con nuestro nivel de renta en relación con otros países de nuestro entorno, y el objetivo de todas las políticas en todos los países europeos es combatir la exclusión integrando a las personas, no con un mero sostenimiento de la renta, sino teniendo en cuenta los incentivos que debe generar para la búsqueda de empleo y la formación adecuada en esa búsqueda de empleo, y en segundo


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lugar, teniendo en cuenta también las circunstancias personales y familiares, en las que la edad suele jugar un papel muy importante.

Si vamos a los indicadores de desigualdad que se observan en España en los últimos años, el denominador fundamental o la explicación fundamental de la evolución de la desigualdad es que es la recesión económica y la creación de desempleo la primera causa por la que aumenta la desigualdad. Hay que recordar que entre el segundo trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2013 el desempleo aumentó en España en 4,5 millones de personas, y que desde el primer trimestre de 2013 hasta el tercer trimestre de 2017 se han creado 2 millones de empleos en España, disminuyéndose el desempleo en más de 2,5 millones de personas. La tasa de paro pasa del 8 % del segundo trimestre del año 2007 a casi el 27 % en el primer trimestre de 2013. Solo cuando se realizan las políticas económicas adecuadas para que la economía española logre recuperar el crecimiento y la creación de empleo deja de observarse un crecimiento en la desigualdad en nuestro país, y empieza a observarse en los dos últimos años un ligero descenso de la misma. Esto quiere decir que la crisis fue la que fundamentalmente creó la desigualdad en España. Como me referiré posteriormente es entre los años 2007 y 2011 cuando fundamentalmente aumenta la desigualdad en nuestro país, lo cual es lógico, porque la principal causa de desigualdad es la pérdida del puesto de trabajo, la principal causa de desigualdad se produce entre aquellos que mantienen su puesto de trabajo y siguen trabajando y aquellos que lo han perdido y no logran recuperarlo, especialmente parados de larga duración y con edad avanzada.

Así, si analizamos los indicadores más usuales a la hora de medir la desigualdad en España, nos podemos encontrar con que el índice Gini, que es el más utilizado -cuanto más alto, mayor es el nivel de desigualdad-, pasa del 31 % en el año 2007 a un 34 % en el año 2011; y se mantiene en esos niveles, con ligeras subidas, en los años posteriores hasta el año 2014, en que con la recuperación del empleo económico el Gini, por primera vez en una década, empieza a descender, décimas, es cierto, todavía muy poco, pero empieza a descender con la creación de empleo y el crecimiento económico.

Si vamos al indicador S80/S20, es decir, la relación entre lo que gana el 20 % más rico contra lo que gana el 20 % más pobre, si en el año 2007 esa relación era del 5,5 % esta crece hasta el 6,5 % en el año 2012, se mantienen valores que siguen subiendo ligeramente durante los años de crisis, y empiezan a descender en el año 2016, y seguramente también en el año 2017.

Si vamos al indicador Arope, otro de los más utilizados en términos de desigualdad, tenemos el mismo patrón: la desigualdad avanza de manera importante entre el año 2007 y el año 2014, y empieza a descender en los años 2015 y 2016 -todavía no tenemos datos para 2017, que seguramente seguirían reduciéndose-. Dicho en otros términos es el desempleo, es la crisis económica, es la destrucción de empleo el elemento fundamental que explica los perfiles de desigualdad en España; es la crisis económica y la masiva destrucción de empleo lo que ha provocado el crecimiento de la desigualdad en nuestro país en la última década, y es el crecimiento económico, la recuperación de empleo y la creación de 2 millones de puestos de trabajo lo que empieza en estos dos últimos años a producir una reducción en la desigualdad. Como les decía todavía muy lenta, como es lenta la recuperación económica, todavía queda mucho desempleo por recuperar, todavía queda mucho crecimiento económico por recuperar, pero la única senda consistente para reducir la desigualdad en nuestro país es la creación de empleo y el crecimiento económico.

Así el número de hogares con todos sus miembros en paro ha descendido en 169 000 en el año 2016 frente al año 2015; el número de parados de larga duración se ha reducido de forma acusada en 2016, con una caída de más de 450 000 personas, y la creación de empleo indefinido ha aumentado en 170 000 personas en el año 2016. Los datos nos indican que vamos en la buena dirección, pero todavía las cifras de desempleados de larga duración, la cifra total de desempleo y la cifra de hogares en los que no llega un sueldo a casa siguen siendo excesivamente elevadas. Como les decía anteriormente es el crecimiento económico y la reducción de desempleo la única garantía que tenemos para que esto vaya reduciéndose y para que la desigualdad pase a ser algo del pasado.

En este panorama en el que nos encontramos, en el que la crisis económica ha sido muy dura, ha afectado a muchas familias y solo en los dos/tres últimos años empezamos a ver recuperación de rentas, de empleo y de reducción de niveles de desigualdad, ¿cuál es el marco jurídico y económico que tenemos para atender a aquellas familias que no consiguen encontrar un puesto de trabajo, son parados de larga duración, no entra ningún sueldo en casa, están en riesgo de exclusión o directamente ya están excluidas de lo que es el mercado laboral y la recepción de rentas? Como ya se ha expuesto en esta Comisión, el artículo 149.1.17.º establece las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación básica y


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Régimen Económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Por su parte el artículo 148.1.20.º atribuye a las comunidades autónomas la posibilidad de asumir las competencias en materia de asistencia social. En consecuencia las comunidades autónomas han desarrollado para todos sus ciudadanos un importante sistema de asistencia social, lo que supone una dificultad para poder distinguir entre unas y otras prestaciones.

Nuestro complejo sistema de prestaciones podríamos explicarlo desde el punto de vista de Hacienda pública en tres grandes bloques. Un primer bloque que serían las prestaciones contributivas. Estas son consecuencia del funcionamiento normal del Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores aportan sus cotizaciones y los empresarios aportan sus cotizaciones al sistema, con las que se crean los fondos, los distintos fondos de la Seguridad Social que cubren las rentas laborales cuando estas no pueden tener lugar, bien porque exista un acontecimiento extraordinario durante la vida laboral -una incapacidad laboral permanente o transitoria, una pérdida del puesto de trabajo, como sería la prestación por desempleo, o un nacimiento de un hijo, que da lugar a una serie de semanas de maternidad o paternidad-; ese sería un funcionamiento normal; o cuando no se puede trabajar porque se ha alcanzado la edad de jubilación, en cuyo caso se recibe la jubilación con prestaciones ordinarias normales. Este sería el Sistema de Seguridad Social. El Sistema de Seguridad Social va asociado al empleo, va asociado a las cotizaciones sociales, y debe estar aislado de lo demás, porque es un sistema cerrado en el que las cotizaciones deben pagar lo que son las prestaciones, y ya llevamos una larga historia de separación de fuentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, y que este esté asociado al empleo y al trabajo. Por eso no está en el Ministerio de Hacienda; la Secretaría de Estado de Seguridad Social está en el Ministerio de Empleo, porque va asociado al empleo.

Luego tenemos un segundo bloque de prestaciones que tienen que ver con la vida laboral, pero cuando la prestación que está recibiendo el sistema contributivo no es suficiente. Y ahí entramos en la parte asistencial del Estado, pero lo hace asociado al proceso laboral o porque se ha alcanzado la vida en que ya no se puede seguir trabajando. En el ámbito anterior la figura más importante para el sostenimiento de renta como todos saben es la prestación contributiva por desempleo, que ha llegado a suponer volúmenes muy importantes, y que ahora se encuentra en 11 700 millones anuales, un 1 % del PIB, y 765 000 beneficiarios.

Cuando las prestaciones se han agotado, cuando el sistema contributivo ha fallado, bien porque no se tienen prestaciones suficientes, bien porque el tiempo ha pasado, y atendiendo a determinadas circunstancias, bien sea por la edad o bien sea por la duración de la situación de desempleo, existe una serie de prestaciones adicionales pagadas por los Presupuestos Generales del Estado que no son contributivas, pero que siempre vienen asociadas a haber tenido una vida laboral previa, que ese es el enganche con la competencia que tiene el Estado, la Administración General del Estado. Así tenemos subsidios diversos que complementan la protección de la prestación de carácter contributivo, suponen unos 5500 millones de euros anuales, con una media de 858 000 beneficiarios; puede ser para personas con cargas familiares, con una duración de seis a dieciocho meses, para personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo, para mayores de cincuenta y cinco años hasta la jubilación, para mayores de cuarenta y cinco años sin cargas familiares, con seis meses improrrogables, aquellos que han agotado la prestación contributiva y figuran inscritos como demandantes de empleo y son mayores de cuarenta y cinco años, por haber cotizado menos de lo necesario para la prestación contributiva, con una duración entre seis y doce meses, renta agraria dirigida a trabajadores eventuales incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social en Andalucía y Extremadura, renta activa de inserción, una vez agotada la prestación contributiva y los subsidios, la renta activa de inserción va destinada a colectivos específicos, personas con discapacidad, parados de larga duración, emigrantes retornados, víctimas de violencia de género, tiene una duración de once meses y supone 1200 millones de coste anual, y se otorga a unos 226 000 beneficiarios; el Plan Prepara, ayudas para el Programa de Recualificación Profesional, se enmarcan en un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección al desempleo, basada en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de ayuda económica, supone 120 millones con 22 500 beneficiarios, y se destina a parados de larga duración de más de doce meses. El reciente Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, mantiene este programa pese al crecimiento económico y a que la tasa de desempleo ha sido inferior al 18 %, porque como todos ustedes saben se fijó inicialmente cuando las tasas de desempleo eran superiores al 20 %; y se ha incrementado la ayuda del 75 al 85 % del Iprem. Además tenemos el Programa de Activación para el Empleo, un programa extraordinario de carácter temporal dirigido a personas desempleadas de


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larga duración, que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral gestionadas por los servicios públicos de empleo: supone 130 millones al año, con 23 900 beneficiarios.

En definitiva tenemos asignadas al Estado una serie de prestaciones, fundamentalmente para aquellos parados de larga duración a los que se les ha agotado la prestación, y tienen determinados requisitos de edad o de esfuerzos de integración en el mercado de trabajo, y el objetivo fundamental es crear distintos instrumentos para acudir en ayuda de segmentos de población especialmente vulnerables y reintegrarlos en el mercado de trabajo. En total se estima que el importe de las prestaciones no contributivas con cargo al Estado alcanzan 6950 millones de euros, cifra que también dio el presidente de la Airef y que coincide exactamente con la de la Secretaría de Estado de Presupuestos, cerca del 0,6 % del producto interior bruto, y con una media de 1 130 000 beneficiarios anualmente.

Conviene recordar la existencia de prestaciones que inciden en el ámbito no contributivo de la Administración General del Estado fuera del ámbito laboral, como son los complementos de mínimos de pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, las pensiones derivadas del seguro obligatorio de vejez e invalidez y otras pensiones asistenciales y subsidios. Todos ellos están fuera de lo que sería el marco del que estamos discutiendo, que son personas que queremos reintegrar en el mercado laboral, sino que por haber alcanzado una determinada edad, por estar ya en una situación de vejez necesitan un sostenimiento de su renta que el sistema contributivo no le da, bien porque no cotizó suficientemente, bien porque no le cotizaron suficientemente, que en ocasiones fue así, o bien porque no tuvo la oportunidad de trabajar regularmente en el mercado de trabajo.

A todo ello, para facilitar además la consecución de objetivos comunes como es la lucha contra la exclusión social, el Estado destina sus recursos a otras administraciones públicas, fundamentalmente a comunidades autónomas, repartidas en el seno de colaboración en conferencias sectoriales; y así, en el marco de lucha contra la pobreza infantil, se transfirieron 48 millones de euros a las comunidades autónomas, tenemos el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas, el Fondo Español de Garantía Agraria, que cuenta con 102 millones de euros para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil, y también mejoras en el tratamiento fiscal a los colectivos que requieren una mayor protección.

Junto a los programas del Estado está el tercer bloque de programas, que serían los que otorgan las comunidades autónomas, que estarían más cerca de lo que sería la proposición de ley que ustedes están debatiendo. Iría dirigido a aquellos colectivos que no alcanzan el conjunto de medidas que ya hemos definido, y las comunidades autónomas tienen distintos programas de rentas mínimas de inserción. Todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con una regulación normativa que desde sus orígenes a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa ha sufrido multitud de modificaciones. El gasto en renta mínima de las comunidades autónomas fue en 2016 de 1400 millones de euros, con 320 000 beneficiarios. Aquí es importante pensar que el grado de heterogeneidad es muy alto. Los requisitos de acceso, su duración, el grupo social al que van dirigidos han sido definidos de manera muy distinta por las distintas comunidades autónomas. Como media podríamos decir que las rentas mínimas de inserción que se percibían en 2015 en las comunidades autónomas se situaban en torno a los 650 euros, si bien hay comunidades autónomas que alcanzan cuantías muy superiores, incluso 940 euros. En algunas comunidades autónomas la duración de la prestación se extiende como máximo seis meses, en otras hasta doce, y en otras hasta veinticuatro; en otras, como Castilla y León, mientras persista la concurrencia de requisitos. Todo ello supone que en conjunto las prestaciones para atender a la población en riesgo de exclusión alcanzaría en España los 8400 millones de euros, unos 7000 que ya pone el Estado en sus distintos programas, como les decía asociados a la pérdida de subsidios o a una situación de vejez, y 1400 millones adicionales por parte de las comunidades autónomas; en total en torno al 0,75 % del producto interior bruto, como les decía muy en la media de la Unión Europea.

Sí es cierto que quizá lo que tenemos es un sistema muy complejo en el que los ciudadanos quizá se puedan perder en el número de instrumentos que existen, y el Ministerio de Empleo -nos consta en el Ministerio de Hacienda- está haciendo un esfuerzo para rediseñar el conjunto de instrumentos, de manera que a través de la tarjeta social que se pondrá en funcionamiento en un breve espacio de tiempo se pueda tener claro cuáles son las personas que necesitan ayuda, en qué cuantía y cuáles son las prestaciones que se les tienen que dar. Pero no se puede afirmar que en España no exista ya un sistema de protección importante para las familias en riesgo de exclusión, un sistema que está en torno a los 8400 millones de euros, más las prestaciones que se realizan a las personas cuya jubilación no llega, o que no tienen una jubilación del sistema contributivo de pensiones, de tal manera que estamos en la media


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europea, quizá con un conjunto de instrumentos dispersos, pero estamos en la media europea y con volúmenes que, si incluimos las prestaciones de pensiones no contributivas y de complementos a mínimos, estaríamos cerca de 20 000 millones de euros o cerca del 2 % del producto interior bruto. A esto habría que añadir políticas como el Fondo Social de Vivienda, que ha puesto 10 000 viviendas a disposición de las familias con alquileres asequibles; en esta legislatura se ha reformado y mejorado el sistema de bono social para los consumidores eléctricos vulnerables, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza, el programa operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas, etcétera.

Sobre este conjunto de instrumentos, sobre este conjunto de prestaciones que tiene como objeto fundamental acudir en apoyo de aquellos sectores más vulnerables, teniendo en cuenta las condiciones sociales, las condiciones de edad, las prestaciones que recibieron anteriormente, y cuyo objetivo último es la integración en el mercado de trabajo, lo que se plantea en esta proposición de ley es una prestación adicional, compatible con todas las anteriores, sin ningún requisito de edad, sin apenas ningún requisito de participación en programas de inserción en el mercado de trabajo, y cuyo coste es enormemente elevado, como me referiré a continuación, en todas las estimaciones que han hecho los comparecientes en esta Comisión y las que tenemos desde el propio Gobierno, bien sea en el Ministerio de Empleo o bien en el Ministerio de Hacienda.

A la hora de valorar la proposición de ley en primer lugar creo que tenemos que tener mucho cuidado en cuál es la Administración que tiene la competencia para ejercer este tipo de actividad; como les decía anteriormente hay que distinguirla muy claramente de lo que son las prestaciones contributivas y del Sistema de Seguridad Social que va a asociado al empleo y a las cotizaciones sociales; hay que distinguirla también de las prestaciones que otorga el Estado cuando este sistema contributivo falla, pero va asociado al sistema de empleo; del sistema puramente asistencial que corresponde a las comunidades autónomas y lo están ejerciendo a través de las rentas mínimas de inserción para aquellos colectivos que no entran dentro del sistema regular contributivo o del sistema complementario que establece el Estado, pero que tiene una base en general contributiva, en algún momento hubo cotización y va asociado al mercado de trabajo. Así es importante tener clara la distinción competencial, qué corresponde a Seguridad Social, qué corresponde a los Presupuestos Generales del Estado y qué corresponde a las comunidades autónomas, y leyendo la exposición de motivos y el contenido de la proposición de ley parece que se inclina mucho más en lo que es competencia autonómica que en lo que es competencia estatal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos disponibles y cuál es la comparación que podemos hacer con otros países de nuestro entorno, países avanzados con sistemas de bienestar social implantados desde hace mucho tiempo, y cuyos recursos no son muy distintos en la media europea de los que nuestro país ya está otorgando a este grupo. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que todos los programas deben diseñarse con el objetivo último de la integración social, de la integración laboral, de incentivar la participación en el mercado de trabajo, de crear la cualificación necesaria y las condiciones necesarias para que se reintegren todas las personas en nuestro marco social. Es decir, no hay que renunciar a eliminar la exclusión, no hay que renunciar a que la exclusión sea algo que no exista, sino crear los medios y los puentes necesarios para que las personas que están en riesgo de exclusión tengan los medios para integrarse socialmente.

A nadie se le oculta que una renta que no exige ningún requisito de edad, no exige ningún requisito de participación en el mercado laboral ni actividad concreta para activarse en el mercado de trabajo puede generar un efecto desincentivador importante en nuestro mercado laboral, más aún cuando esa renta no se restringe por ningún motivo, ni por edad ni por origen, de tal manera que no solamente puede generar un efecto desincentivador en nuestro país, sino un efecto llamada muy importante de todos los ciudadanos que estén en riesgo de exclusión de la Unión Europea, cuyos sistemas de protección social serían muchísimo más restrictivos que el que plantearía esta proposición de ley.

El impacto en las cuentas públicas es muy considerable. Yo me atrevería a decir que de llegar al Boletín Oficial del Estado la proposición de ley tal como se plantea en sus fases iniciales, y más aún con algunas enmiendas planteadas por grupos parlamentarios que todavía reducen más los requisitos o aumentan más las prestaciones, produciría sin ninguna duda la quiebra de la Hacienda pública española puesto que esto implicaría un coste entre 1,5 y 2 puntos adicionales del producto interior bruto. El presidente de la Airef ha estimado que el coste podría alcanzar los 15 300 millones de euros; el profesor Conde Ruiz hablaba de 17 000 millones de euros; Comisiones Obreras hablaba esta mañana de casi 9000 millones de euros descontando el IVA. Todos estos cálculos están hechos a población constante,


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suponiendo que no hay un incremento del número de perceptores por el efecto desincentivador o el efecto llamada, imposible de calcular, pero podría multiplicarse por dos o por tres la cuantía, aparte del efecto de contracción de la actividad económica que esto podría generar. Para que nos hagamos una idea, quedándonos con el valor de unos 15 000 millones de euros, para poder alcanzar estas cifras necesitaríamos subir el tipo general del IVA 6 puntos, o los tres tipos de IVA 3 puntos, incluidos los bienes de primera necesidad, lo que implicaría una subida de la tarifa media del IRPF del 20 %, es decir, subir los impuestos a todos los trabajadores, a toda la clase media española en su nómina, supondría alrededor de un 20 % para cubrir estas cuantías. No hay que olvidar que ya estamos dedicando 8400 millones en programas semejantes a los que se nos están planteando, más los programas que estamos ya poniendo en marcha para aquellas personas que están más allá de la edad de jubilación. España, las administraciones públicas, ya destinan a personas en riesgo de exclusión cerca de 2 puntos del producto interior bruto, y sobre esos 2 puntos del producto interior bruto se plantea prácticamente doblar la cuantía. No existe ningún país de nuestro entorno en el que estemos hablando de volúmenes semejantes. La subida impositiva que sería necesaria para financiar esto y al mismo tiempo cumplir con los objetivos presupuestarios que forman parte de nuestras obligaciones como miembros de la zona euro supone una subida impositiva de un nivel tal que volveríamos, desde el punto de vista del crecimiento económico y de la creación de empleo, a los peores años de la crisis económica y de la recesión económica.

Lejos de buscar lo que sería el objetivo fundamental de las políticas de inserción social, que es el crecimiento y la creación de empleo y ayudar a las personas a crear el puente entre la situación de necesidad en que se encuentran en el momento y la búsqueda de ese puesto de trabajo, lo que haríamos es crear las condiciones para que millones de españoles se vieran de nuevo en riesgo de exclusión, porque la subida de impuestos necesaria para poder financiar esto contraería el producto interior bruto, la creación de empleo y revertiría todo lo ganado en los últimos años. Ni que decir tiene que este análisis lo hemos hecho desde la Secretaría de Estado de Presupuestos suponiendo población constante y suponiendo que no se admiten por parte de esta Comisión y por parte de las Cortes Generales las enmiendas planteadas por algunos grupos, que rebajan de 18 a 16 años la prestación, que no exigen ningún requisito, en algunos casos ni siquiera de permanencia mínima en el territorio nacional. Sencillamente, esto acabaría con la Hacienda pública española y con nuestra economía. Y lo que es peor, todo nuestro sistema contributivo de pensiones se vería en peligro, todo nuestro sistema de bienestar se vería en peligro, porque al final quienes pagan las prestaciones sociales son los cotizantes y los contribuyentes, aquellos que pagan impuestos y aquellos que trabajan. Hacemos un ejercicio de solidaridad y es necesario para aquellos que son más desfavorecidos, aquellos que se han quedado atrás en la crisis, aquellos que todavía no pueden participar de la recuperación, pero no lo podemos hacer a través de instrumentos que no existen en ningún otro país de nuestro entorno y cuya puesta en marcha y financiación supondría la destrucción masiva de empleo, la contracción del producto interior bruto y la quiebra financiera de las haciendas públicas españolas. Por el contrario, lo que sí podemos hacer es administrar mejor los recursos que tenemos. Sí podemos simplificar el sistema, que es quizá demasiado complejo; sí podemos establecer más claramente las fronteras, dónde llegan las competencias de la Administración General del Estado y dónde llegan las de las comunidades autónomas; podemos integrarlo en sistemas más sencillos y más accesibles a todos los ciudadanos; podemos conocer mejor cuáles son sus necesidades y aplicar más correctamente los recursos, y podemos también integrarlos en la discusión del sistema de financiación autonómica que debe tener lugar en esta Cámara y que debe dar lugar a un mejor reparto de los recursos públicos entre todas las regiones de España, teniendo en cuenta las condiciones personales.

Desde nuestro punto de vista, un sistema justo es un sistema que debe luchar contra la exclusión de verdad, que debe incentivar la creación de empleo, que debe incentivar la búsqueda de empleo, que debe atender a aquellos que más lo necesitan. Para ello se tienen que tener en cuenta situaciones de edad, del tiempo que llevan desempleados, de las cargas familiares que tienen, de la situación de cualificación previa y crear un verdadero programa de reinserción social que se apoye en políticas activas de empleo que permitan distribuir lo mejor posible estos recursos. Los recursos ya son importantes y siempre se pueden mejorar, pero la forma de mejorar los recursos destinados a la exclusión social es el crecimiento y la creación de empleo. Los países europeos que tienen más renta que nosotros son los que pueden ser más generosos. Nosotros queremos ser más generosos, pero para ello primero tendremos que crecer y crear empleo.

Muchísimas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal. Hemos ampliado un poco el margen de la intervención dada la relevancia de la misma. Ahora sí que seré un poco más estricto en el uso del tiempo por parte de los portavoces porque vamos justitos de tiempo. Les rogaría, por favor, que se ciñieran a un tiempo máximo de entre cinco y siete minutos.

Grupo Mixto. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Voy a intentar ser lo más breve posible. Puedo estar de acuerdo con el secretario de Estado en alguna de las críticas que hace al sistema que configura la proposición, la iniciativa legislativa popular, pero no con el tono tan catastrofista que ha diseñado porque, a diferencia del resto de ponentes, de verdad que sobre todo la parte final de su exposición ha sido absolutamente demoledora, intentando acreditar que no existe la posibilidad de poder acoger una prestación de este tipo. Coincido con usted en la disección que ha hecho de los tipos de prestaciones que existen, los tres bloques que ha diseñado; coincido con usted en que el primero tiene naturaleza contributiva, el segundo asistencial y el tercero también asistencial pero vinculado al ámbito de las comunidades autónomas, aunque en el segundo, como usted conoce bien, en el ámbito del País Vasco y de otras comunidades autónomas que también tienen transferidas las competencias de políticas activas de empleo, existe mucha intervención por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, hay un pequeño detalle que quizá se le ha olvidado, y es que, a pesar de que sí es cierto que la creación de empleo es un elemento determinante de la viabilidad de cualquier proyecto, incluso presupuestario, el crecimiento del empleo tiene un defecto en el caso español, y es que se está dando una situación de creación de empleo que no garantiza la salida del ámbito de la pobreza. Es decir, son situaciones en las que incluso no ya la prestación, no ya el subsidio, sino ni siquiera las ayudas que se conceden a través de los diferentes planes -Prepara, RAI o algunos otros especiales que se están dando- generan una confianza o una situación material de suficiencia de los destinatarios. De no existir este tipo de prestación, ¿cuál sería, a su juicio, el ámbito a través del cual se podría intervenir desde los poderes públicos para garantizar ese principio de dignidad mínima de las personas? En segundo lugar, estoy de acuerdo con la disección que ha hecho en el sentido de que los ámbitos o las escalas diferentes favorecen la interpretación que venimos haciendo de que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el 149.1.17.º y también la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco permitirían una asunción mayor por parte de las comunidades autónomas de buena parte de esos bloques de gestión que hoy en día se reconocen al ámbito de la Seguridad Social. A mi modo de ver, pero ya es una discrepancia ontológica, como diría mi antecesor Emilio Olabarría, incluso de aquellas que forman parte del sistema de Seguridad Social, respecto de lo que no procede discutir en estos momentos. En todo caso, ¿cuál sería el ámbito de participación de las comunidades autónomas en ese bloque, incluida la actuación que algunos pretenden incardinar en ese segundo bloque de competencias?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.

Grupo de Esquerra Republicana. (Pausa). Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.

El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente. Agradezco al secretario de Estado su comparecencia y la explicación que nos ha dado. Me uno a la sensibilidad que expresaba cuando hablaba de quiebra de la Hacienda pública; me parece que lo ha expresado con una rotundidad que, la verdad, le deja a uno preocupado. Totalmente de acuerdo en que la crisis y el desempleo ha sido lo que más desigualdad, más precariedad laboral y más pobreza ha generado. Estoy totalmente de acuerdo en que cuanto más empleo creemos, cuanto más empleo de calidad, podremos mejorar esta situación. El tema está en que nos encontramos con una tasa de paro de larga duración muy grande, hay una gran bolsa de trabajadores que creemos que no van a encontrar ya empleo y habrá que darles una solución. Si prevemos el gasto de 15 000 millones que apuntaba el presidente de la Airef, ¿qué hacemos? ¿Subimos los impuestos? ¿De dónde quitamos y dónde ponemos? Estoy totalmente de acuerdo en que hay que ser más eficientes con lo que tenemos. Otros comparecientes han dicho que hay una amalgama muy grande de prestaciones que no quedan claras y que hay ciudadanos que no tienen capacidad de acceso ni de tramitación de las mismas. ¿Qué podemos hacer para que esa tasa de cobertura del 55 %, por ejemplo en los parados de larga duración, no sea esta? Tenemos que darles una solución a los ciudadanos, sí, pero


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una solución que sea sostenible en el tiempo y que nos permita poder continuar creciendo económicamente para poder continuar creando empleo.

Algo que nos preocupa, sin duda, es el tema competencial, porque si sacamos una ley ahora mismo que puede ser impugnada no va a tener ningún sentido, hay que estudiar muy bien cómo poder implementar ayudas que sobre todo vayan encaminadas a la contratación y a la entrada de nuevo en el mercado laboral de los ciudadanos. No sé si nos puede aportar alguna idea o tiene algún dato; estamos esperando algún informe al respecto y no sé si nos puede adelantar algo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.

Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco.

La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.

Gracias, secretario de Estado por su comparecencia. Me ha asustado un poco cómo ha terminado usted su intervención. Ha venido a decir que mejorar los derechos sociales y el Estado del bienestar es una catástrofe. Le quiero dar las gracias porque acaba de dejar muy claro qué piensan el Partido Popular y el Gobierno sobre los derechos sociales, y es que son una catástrofe y que pueden destrozar el país. Así que, gracias por esa aclaración.

Entrando en el fondo del asunto, hablaba usted de desigualdad y hace muy poquito salió un informe de la Comisión Europea sobre la situación del empleo en la Unión Europea que confirma que se ha cronificado la situación grave de desigualdad y pobreza en nuestro país. Dice que España es uno de los países más desiguales de Europa, confirma o considera que la situación es crítica y dice que la desigualdad ha variado entre 2013 y 2016 respecto al índice de Gini, aumentando de 49,3 puntos a 50,7. Todo esto viene a decir que España es el segundo país más desigual de la eurozona, solo por debajo de Lituania. Es especialmente grave el caso de las mujeres y los jóvenes. Este informe dice que se ha agravado la brecha salarial y que también se ha agravado la situación en las cohortes de menor edad y en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de más de 40 años. También dice el informe que se ha incrementado tanto la desigualdad primaria como la secundaria. Esto parece ser que es debido a las políticas erróneas de austeridad que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular.

Las causas de todo esto parecen ser la precariedad laboral, no solamente el desempleo, sino la precariedad laboral creciente, que es una fuente principal de la desigualdad primaria de la que he hablado antes, y la insuficiencia de las políticas de protección como fuente de la desigualdad secundaria, de la que también he hablado antes. Nosotros proponemos un aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 1000 euros, que creemos que puede desincentivar el abuso de la temporalidad, y además proponemos derogar la reforma laboral de 2012. Quería preguntarle qué piensa usted sobre el impacto que las bajas rentas y la temporalidad tienen sobre las arcas públicas del Estado y sobre todo de la Seguridad Social.

El último informe sobre el índice de justicia social de la Unión Europea para 2017 deja muy mal a España. Dice que en colectivos como los niños y los jóvenes el riesgo de pobreza es bastante acuciante, y también dice que en países como Grecia y España esta tasa sigue siendo demasiado alta respecto a otros países; se demuestran proporciones respectivas del 37,5 % y del 32,9 %, muy por encima de la media europea, que es del 26,5 %. Me gustaría preguntarle si tienen alguna estimación sobre el impacto en términos de desigualdad y pobreza que puede suponer esta medida que estamos discutiendo ahora, la proposición de ley.

Sobre los presupuestos de 2017, Cristóbal Montoro dijo que contenían el mayor gasto social de la historia. Esto es sencillamente mentira ya que si bien se ha incrementado el gasto en pensiones, resulta que el resto del gasto social entre 2012 y 2016 se ha reducido un 9 %. Me gustaría preguntarle si no cree usted que es necesario incidir sobre el aumento de los ingresos y no tanto sobre la reducción del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que el último año del gobierno efectivo del Partido Popular -en la pasada legislatura no, que fue la corta, sino en la anterior- se aumentó el gasto social y vimos cómo eso contribuyó a la mejora económica. ¿Cree usted que se debería incidir sobre este aumento de los ingresos?

En cuanto al coste, hemos visto que para otras cosas sí que se aumenta el coste, como por ejemplo el rescate financiero, que asciende ya a un montante de 54 000 millones de euros, del que solamente se ha recuperado un 9 % y se dan por perdidos 40 000 millones de euros. ¿No cree usted que este ingreso podría haber sido interesante para poner en marcha proposiciones como la que estamos debatiendo ahora que contribuyan a mejorar la vida de la ciudadanía?


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Sobre el impuesto de sociedades, la Airef pone de manifiesto que hay un problema de recaudación, y además se habla de una posible reforma fiscal progresiva, se dice que hay margen de maniobra suficiente para hacer una reforma hacia la progresividad de la fiscalidad. Todo ello para acercarnos a porcentajes parecidos a los de la eurozona, de la que nos separan alrededor de 8 puntos. ¿No cree usted que ayudaría a implementar este tipo de medidas?

Para terminar, le quería hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre las propuestas que nos ha presentado hoy la Unión General de Trabajadores para mejorar los ingresos, como por ejemplo mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude, modificar el impuesto de sociedades para elevar su recaudación, aumentar la imposición sobre la riqueza, aumentar la recaudación a la imposición medioambiental y eliminar los beneficios fiscales a los planes privados de pensiones? ¿Cree usted que esto puede mejorar los ingresos en la Seguridad Social?

Respecto a la precariedad, el 90 % de los contratos firmados son temporales, de hecho, el 34 % son empleos a tiempo parcial, el 40 % son de duración inferior a un mes, y el 29 % de estos son de hasta 7 días. ¿Cree usted que esto puede ser responsable de que hayan bajado los ingresos de la Seguridad Social? ¿Cree usted que habría que revertirlo?

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya terminando.

La señora FRANCO CARMONA: Sí, voy terminando.

Entre 2011 y 2017 ha bajado el presupuesto destinado a la prestación por desempleo un 45 %. ¿Cree usted que este presupuesto no es necesario para cubrir a las personas desempleadas, que la mitad de ellas se encuentran sin ningún tipo de prestación?

Una serie de preguntas sobre...

El señor PRESIDENTE: Señora Franco, su tiempo ya ha concluido.

La señora FRANCO CARMONA: Una sola pregunta más sobre la ejecución del presupuesto. El presupuesto destinado a empleo en 2016 en los Presupuestos Generales del Estado era de 16 591 millones de euros; solo se ejecutaron 13 233,21 millones de euros, que son el 81 % de las obligaciones y el 79 % de lo presupuestado. ¿Cree usted que este presupuesto no ejecutado no era necesario y no se podría haber sumado a prestaciones como, por ejemplo, esta prestación de ingresos mínimos? ¿Cuánto han estimado sobre el global de los Presupuestos Generales del Estado que no se ha ejecutado? ¿No cree usted que esto sería interesante para una prestación de ingresos mínimos?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco. Ha consumido usted ocho minutos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palaba la señora Pérez Domínguez.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor secretario de Estado. Cierra usted hoy una serie de diez comparecencias en las que, más allá de la complejidad de nuestro sistema de prestaciones y de Seguridad Social y de cómo organizar la gestión de la prestación y de algunas cuestiones que ha planteado algún interviniente y algún compareciente sobre constitucionalidad, sobre la complementariedad con otras prestaciones, lo que sí le puedo decir es que todos los comparecientes han señalado que se trata de algo necesario, de una propuesta oportuna y necesaria, empezando por el presidente de la Airef o por la responsable de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, que encontraba que era una propuesta dentro de la normalidad de la situación en que nos encontramos, pese a la dificultad que para ella tenía el punto de constitucionalidad; necesaria, dada la situación de paro estructural que tenemos en nuestra economía, decía otro de los comparecientes; por no mencionarle las posiciones de organizaciones no gubernamentales como la red contra la pobreza EAPN o Cáritas, que la consideran claramente insuficiente y que considerarían ir mucho más allá; o la de los sindicatos que promovieron esta ILP y que acaban de comparecer antes que usted. Todos justifican la misma; desde el conocimiento teórico, desde el práctico, desde la calle, desde la situación en la que vive cada uno de ellos la ven como una propuesta esencial para acabar con una injusticia y con la desigualdad, para el progreso económico y social en un presente -señor Nadal, no se le olvide- de desigualdad creciente y ante un futuro que nos empieza a mostrar cambios radicales y nuevos retos colectivos a superar. Como decía antes mi compañera, ustedes no son gestores, son el Gobierno y deben dar soluciones a estos problemas.


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No voy a perder un segundo en decirle que esta prestación sí está condicionada, aunque usted ha dicho que no lo está; no existe efecto llamada porque está regulada y vinculada a la activación para el empleo, que usted ha dicho que no lo estaba. Yo no sé qué iniciativa se ha leído usted. No estamos hablando de una renta universal ni de un efecto llamada, no confunda usted, desde luego a nosotros no nos va a confundir. Yo no sé si es que usted describe una realidad paralela, pero le doy algunos datos: 4 millones de personas en paro, la mitad no perciben prestación, en cerca de 700 000 hogares no entra ningún ingreso, 1 200 000 hogares con todos sus miembros en paro. La prestación por desempleo de la que usted presume, de 180 días la han rebajado al 50 %; la tasa de cobertura del sistema de protección ha pasado del 70 %, en esos tiempos de crisis que usted ha puesto tan negro hasta 2011, a una cobertura del 54 % con ustedes; si además es parado y de larga duración -como decía alguna compañera mía- y mujer, lo normal es que del 85 % de la prestación. O sea, un auténtico dislate: 3000 millones menos presupuestados en políticas activas, solamente comparando 2010 con el presupuesto vigente.

Señor Nadal, ya nos vamos conociendo, yo no sé de qué se sorprende algún grupo. Quiebra de la Hacienda pública es lo que dijeron ustedes o sus representantes en el Parlamento cuando se aprobó la Ley General de Sanidad; íbamos a destrozar el país, es lo que dijeron ustedes en los años noventa cuando aquí se proponían las pensiones no contributivas; es lo que dijeron más recientemente, en 2006, cuando aprobamos la denominada Ley de dependencia aunque tenga otro nombre. Yo lo que quiero saber, señor Nadal, porque usted es el Gobierno, es cuál es su propuesta. ¿La tienen? La respuesta de su Gobierno y la suya.

El empleo, señor Nadal, ya no es la solución a la pobreza, se lo decía mi compañera hace un momento. Nos encontramos ante una gran fosa de desigualdad estructural y otra tendencial que está por llegar y que es realmente alarmante, y ustedes están gobernando. Un proyecto de país tiene que tener en cuenta esta situación: alto desempleo y empleo precario. Supongo que conocerá usted el último informe al que hacía referencia mi compañera de Podemos hace un momento, que concluye, como titulaba muy bien un periódico este fin de semana: "Cuando trabajar ya no salva de la pobreza". Aunque debo reconocerle, lo hemos reconocido todos a lo largo de las distintas comparecencias, que hemos reducido el nivel de pobreza, pero gracias a ese empleo precario. Las estadísticas europeas que hemos conocido este fin de semana muestran su preocupación por el alza que se está produciendo en España ante esta situación, cosa que no sucede en el resto de Europa. Un 13 % de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país viven en hogares con una renta inferior al umbral de la pobreza. Solo estamos peor que Rumanía y Grecia, señor Nadal. Debe mirar también esos datos. Y no le digo nada si son trabajadores a tiempo parcial.

Las actuales políticas que se implementan, además, no son eficientes, solo reducen la pobreza un 25 %, cuando en los países nórdicos lo hacen en un 50 %. Ya conocemos los datos con un déficit disparado y su problema de un 4,3 %, y un crecimiento que en el mejor de los casos llegará al 3 %. Pero usted nos tiene que decir cuándo tendremos superávit, cómo vamos a conseguir ese superávit. ¿O abandonamos toda esperanza como Dante a la entrada del infierno? Claro, usted se ha puesto tan caótico al final... Yo le pregunto, de verdad, señor Nadal ¿qué solución tiene usted para todas estas personas, familias, niños? No puedo soportar que diga usted que ha repartido 48 millones para la pobreza infantil cuando tenían un acuerdo de gobierno con los señores de Ciudadanos de que en 2017 tenía que haber un plan contra la pobreza infantil de 1000 millones, y que presuma usted de eso aquí. Yo le pregunto cuál es su plan, cómo encajan las distintas soluciones, cómo encaja esta propuesta. Y las respuestas en un futuro plan presupuestario, que es su competencia, y en el programa de estabilidad.

Sé que no me queda tiempo, señor presidente, pero me gustaría terminar mi intervención con una frase que cierra un magnífico artículo de Joaquín Estefanía de solamente hace dos días: Cuando estás en el bando del vencedor apenas te das cuenta de que hay una guerra, no se ven las grietas en las aceras ni las hierbas creciendo en las juntas ni los comercios cerrados ni los niños que no comen ni las urgencias de los hospitales públicos ni las personas sin techo. Pero, señor Nadal, están ahí, al lado de los miles de consumidores, que también los hay, del black friday. Solo espero que usted, como Gobierno, nos dé respuestas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, sobre todo por ceñirse al tiempo.

Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Albaladejo.

El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.


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Siguiendo la buena relación que tenemos los grupos en esta Comisión, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado, que ha tenido una intervención, en mi opinión, ciertamente realista ante la materia que estamos tratando en la mañana de hoy.

Miedo, en mi opinión, daba España en el año 2011. En el año 2011 España sí que se encontraba en una situación terrorífica, al borde del rescate, con una hemorragia absolutamente total de destrucción de empleo, y donde muy probablemente Joaquín Estefanía estaría absolutamente bien ambientado para poder hacer un artículo como el que se ha referido aquí en la mañana de hoy. Tengamos en cuenta que algunos grupos políticos han dicho que una legislatura vale si se aprueba esta ley y otros han intentado dar la visión de que al Partido Popular no le interesan en absoluto ni las personas desfavorecidas ni aquellos que están en una situación de margen de exclusión social. ¡Qué gran falsedad!

Quiero dejar bien claro que las cifras que se han manejado aquí son absolutamente contrastables y tienen una alusión directa a la realidad, a lo que está ocurriendo hoy en España. Hoy en España se está creando empleo, mejorable; hoy en España tenemos una situación de crecimiento económico. Trabajemos todos para mejorarlo. Me hubiera gustado alguna manifestación de algún compañero o compañera de esta Comisión cuando aquí algún ponente se ha atrevido a hablar de la renta básica universal y ha hecho referencia a algunas consideraciones relativas a la constitucionalidad o no de esta renta, pero no ha respondido en ningún momento a la pregunta de cómo se pagaría esta renta básica universal. Alguno de ellos incluso ha sido famoso por intentar impulsar la renta básica universal como elemento fundamental de la creación del estado independiente catalán. No he visto aquí a ningún compañero mío referirle a alguno de esos ponentes las circunstancias que han generado -y hago referencia a ello- una situación económica difícil en este país, con huida de empresas, con destrucción de empleo y ahuyentando inversiones que generan actividad económica en España.

Ciertamente, aquí se ha hablado de temas muy importantes y espero que sean también tenidos en cuenta por todos los que nos encontramos aquí. En referencia a la constitucionalidad, se ha dicho también en la mañana de hoy que a ver quién era el valiente que se atrevía a presentar un recurso de constitucionalidad a una ley aprobada en el Congreso; eso se ha dicho aquí por algún portavoz en la mañana de hoy. A mí me gustaría hacer también una pregunta en voz alta: a ver quién es el valiente que aprueba una subida de impuestos del 6 % del IVA general, a ver quién es el valiente que aprueba una subida del impuesto del 3 % en la parte especial, a ver quién es el valiente que aprueba una subida media de un 20 % del IRPF. Porque luego todo eso hay que explicarlo, todo eso hay que explicarlo.

En fin, yo creo a pies juntillas que la creación de empleo es el elemento cohesionador más importante para que la desigualdad desaparezca en este país. Ese es un elemento en el que creo que todos debemos contribuir para que, efectivamente, tengamos un país que vaya en esa senda y en esa dirección. Por ello, agradezco que hablemos esta mañana aquí con datos objetivos en la mano, que no nos engañemos en el solitario. Todos tenemos una ilusión, y es que efectivamente la desigualdad cada día sea menor en nuestra sociedad. Estoy absolutamente de acuerdo, y mi grupo, al cual yo tengo hoy el honor de representar, está de acuerdo en esa línea de actuación.

Pero, al final, en el fondo del debate vemos, en lo que se refiere a la justicia distributiva, dos cuestiones, dos posiciones ideológicas absolutamente distintas, contrapuestas: la de quienes quieren reducir la riqueza y la de quienes quieren reducir la pobreza. Esas son, fundamentalmente, las dos posiciones ideológicas que tenemos hoy aquí, la de quienes creen que la riqueza de unos pocos es la causa de la pobreza de muchos y la de quienes piensan que estos muchos serían aún más pobres sin la riqueza de esos pocos. Yo, la verdad, tengo la certeza de que la política económica fundamentalmente debe dirigirse a permitir la mejora de los más necesitados. Yo creo que la política económica debe dirigirse fundamentalmente a que cada día haya una mayor creación de empleo, de mayor calidad, que genere la posibilidad de desarrollar una expectativa vital. Y todo aquello que vaya en la línea o que motive -estoy absolutamente seguro de ello- la desincentivación de la creación o de la búsqueda de empleo es algo que va en contra incluso de nuestro propio sentimiento económico como país en estos instantes.

Hay países -por ejemplo, Venezuela, en Ecuador o Bolivia- en los que, efectivamente, cada vez hay menos ricos, pero nosotros estamos ahora mismo en una dinámica en la que queremos que haya cada vez más gente trabajando para garantizar nuestro Estado del bienestar. Esta es la realidad sobre la cual nosotros queremos trabajar. Y, en fin, a aquellos que hoy manifiestan públicamente el temor, el miedo y la atribución de lo terrorífico que el Partido Popular quiere para la defensa del Estado de bienestar o para la igualdad social en nuestro país, yo solamente quiero decirles que en algún momento hubo algún político de España que dijo aquello de "espera, Alexis, que ya llegamos y vamos a ser más fuertes". Y, sin


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embargo, lo que ocurrió fue que, inmediatamente después de que llegaron al poder, redujeron las pensiones un 35 %, y las mínimas un 30 %, hubo despido de funcionarios, hubo una situación de insostenibilidad de un Estado, y no dijo nadie ni media. Esa es la realidad, y sobre esa realidad yo creo, secretario de Estado, que es verdaderamente interesante que en la mañana de hoy no solamente quede bien claro cuál puede ser la sostenibilidad de lo que hoy es conocido como una renta que puede ser básica, pero que no puede ser universal, sino que tiene que quedar bien delimitado el objetivo del mismo, si efectivamente vamos a generar un efecto llamada. ¿Por qué hoy estamos todos de acuerdo en aquello que se desestimó en el hemiciclo, a propuesta de mi compañera Susana López Ares? Se desestimó que hubiera un análisis real de todas las ayudas que estaban implantadas en todas las comunidades autónomas. No quisieron ustedes que hubiera un análisis de todos los recursos, de todas las ayudas. Fue el motivo por el cual ustedes desecharon ese análisis y hoy nos encontramos con que todos los comparecientes que han pasado por esta Comisión, incluido el secretario de Estado, han dicho que sería muy interesante analizar y vertebrar cuáles son las ayudas que están ya creadas en toda España en el ámbito competencial autonómico.

Por ello, quiero felicitar y dar las gracias al secretario de Estado por su intervención. Efectivamente, no hay que tener miedo; miedo daba España en el año 2011. Hoy lo que tenemos es ilusión por mejorar el futuro, pero dentro de unas ideas que no nos devuelvan a esa situación terrorífica que se encontró el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular en noviembre del año 2011.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo.

Señor Nadal, tiene entre quince y veinte minutos para responder.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Nadal Belda): Muchísimas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones, que vienen a plantear las cuestiones esenciales de la Hacienda pública, sus relaciones con el crecimiento económico y el empleo y la distribución de la renta y la lucha contra la pobreza. Todas estas cuestiones están relacionadas entre sí, como ustedes saben. No se puede afirmar que se puede realizar una subida impositiva masiva y simultáneamente creer que vamos a mantener los mismos ritmos de crecimiento y creación de empleo, porque eso es materialmente imposible. No se puede pensar que se puede incrementar el gasto sin tener la financiación adecuada, porque las políticas de mantener el gasto a través de endeudamiento tienen muy corto recorrido. De lo que estamos hablando es de cómo utilizar de la manera más eficiente posible los recursos públicos sin incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos y, que al mismo tiempo, entre los capítulos de gasto haya un capítulo específico destinado a aquella parte de población que está en riesgo de exclusión; una parte de la población que está en riesgo de exclusión que es mayor de lo que es habitualmente porque todavía estamos cicatrizando las consecuencias de la crisis. Y como le he dicho anteriormente, sí es cierto que en España hay un alto grado de desigualdad, mucho mayor del que teníamos anteriormente. Lo que no es cierto es que siga aumentando; va disminuyendo lentamente, a medida que vamos incrementando la creación de empleo. Y es la creación de empleo y el crecimiento económico la base con la que se pueden sostener todas las políticas sociales.

Miren ustedes, en el año 2017 vamos a tener, aproximadamente, la misma recaudación tributaria y el mismo gasto público que teníamos en el año 2007, pero 50 000 millones más de gasto social. Esa es la gran diferencia. Una parte muy importante en pensiones y otra parte en otro tipo de prestaciones. Para poder seguir aumentando esta cifra necesitamos crecer y necesitamos crear empleo. ¡Ojalá pudiéramos dar más prestaciones! ¡Ojalá pudiéramos incrementar todavía más la transferencia de renta a las personas que más lo necesitan! Pero hace falta primero crear la base. Y para eso necesitamos tiempo, porque llevamos muchos años de recesión y de contracción, y solo tres años de crecimiento. Pero las políticas económicas que se han aplicado han sido las necesarias para poner en marcha ese crecimiento. Me hacen la comparación con los países nórdicos. ¡Qué más quisiera yo que poder hacer un presupuesto como el que se puede hacer en Suecia o en Noruega! Pero ni tengo la renta de Suecia o de Noruega, ni tengo el nivel tecnológico ni de desarrollo. Y es algo que hemos ido construyendo porque hemos ido mejorando, hemos ido reduciendo la diferencia, y lo hemos construido durante generaciones y lo seguimos haciendo.

La cuestión que se nos plantea ahora es otra. Es cierto que hay partes de la población que no están percibiendo nada de la recuperación económica, tenemos grupos sociales excluidos a los que tenemos


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que atender y tenemos un conjunto de instrumentos y de gastos destinados a esta cuestión. Tenemos que hacernos una serie de preguntas, y esto es el objeto de esta proposición de ley y de este debate dentro de esta Comisión: quién es la Administración que lo debe hacer, cómo debe financiarlo y cuál es la cuantía que nos podemos permitir. Esta cuantía que en estos momentos estamos desarrollando, ¿es comparable o no con la que realizan otros países de nuestro entorno? ¿Estamos utilizándola todo lo eficientemente que podemos o podemos simplificar el sistema y podemos hacerlo mejor? Y a continuación: cuál es la Administración que lo debe hacer, distinguiendo claramente cuáles son las distintas partes y la forma en que podemos ayudar a estas personas. Tal como está construida la proposición de ley, me reafirmo en que produciría un enorme efecto llamada, un enorme efecto desincentivador y las cuantías que estamos manejando solo son una mínima parte del impacto total sobre las cuentas públicas. Podemos construir una alternativa, podemos ver los programas que tenemos y enfocarlos mejor, podemos dividir claramente las competencias entre comunidades autónomas y el Estado, podemos incluirlo dentro del debate de financiación económica y las competencias que tiene que ejecutar cada Administración y crear un marco comprensible por el ciudadano, que sepa que existe un refugio último de renta asociado a la búsqueda de empleo y a la integración social y con condiciones adecuadas, el único requisito que se exige en la proposición de ley es inscribirse durante doce meses como demandante de empleo, es el único requisito real que se pide y en alguna de las propuestas de enmienda incluso se elimina. Se hace compatible con el resto de ayudas, se hace compatible con todo lo demás en vez de reorganizar lo que tenemos y ver si necesitamos algo más, y ese algo más ver cómo lo podemos financiar dentro del marco de la financiación local y dentro del marco de la financiación autonómica, en el que entre todos tenemos que llegar a un gran pacto. Pero esta proposición de ley, en solitario, tal como está construida, sin encajarla en la financiación autonómica, sin encajarla en el resto de políticas, sin encajarla en el conjunto de la Hacienda pública, tal como está construida, si se aprueba tal como se ha planteado por parte de la Cámara, tendrá un impacto muy alto sobre las cuentas públicas y tendrá un impacto muy negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo. Esto es así. Porque no hace ningún esfuerzo de recoger lo que hay, mejorarlo e integrarlo, sino que es a más a más. Esta es la propuesta fundamental y entiendo que en esa línea van las enmiendas planteadas por el Grupo Popular. Tenemos que darle una respuesta -la portavoz socialista lo planteaba con acierto- a aquellos españoles que no han sido recogidos por la creación de empleo y el crecimiento económico; tenemos que darles un sistema de garantía que ellos comprendan y que sea fácilmente accesible, pero convendrán conmigo que es racional que este sistema tenga en cuenta las circunstancias personales, tenga en cuenta la edad, tenga en cuenta el esfuerzo realizado, tenga en cuenta los incentivos necesarios para participar en el mercado de trabajo, y que se haga simultáneamente, simplificando el sistema existente y utilizando parte de los recursos que ya se están utilizando en programas que tienen esta misma finalidad. Y al mismo tiempo hay que tener muy claro cuál es la competencia autonómica -esto está claramente definido dentro de la política asistencial de las comunidades autónomas- y cuáles son las obligaciones del sistema de Seguridad Social.

El empleo y la creación de empleo son con diferencia la mejor política social. El empleo que se crea en España es importante: entre 500 000 y 600 000 personas encuentran todos los años un empleo; no es el empleo que todos ellos querrían ni el que a nosotros nos gustaría que hubiera, pero hemos pasado de una situación en que se destruía masivamente empleo a una situación en que se crea, y esto irá mejorando a medida que vaya mejorando el crecimiento económico del país. Hay situaciones perentorias que hay que atender, pero por eso destinamos partidas crecientes de los Presupuestos Generales del Estado a estas cuestiones.

Se ha planteado que la solución es una subida masiva de impuestos. La representante de UGT ha dado algunos ejemplos sin cuantificar qué figuras tributarias son. Esto ya lo hemos visto muchas veces: ponemos un impuesto a los ricos y acabamos con la desigualdad. Pues empiece usted a definir la figura tributaria y qué considera rico y se dará cuenta de que lo que tendría es un masivo crecimiento de los costes laborales, pérdidas de incentivos a la inversión, pérdida de competitividad, y que esto terminaría acabando con el crecimiento económico. La idea de que el gasto genera crecimiento también la hemos experimentado, desgraciadamente la hemos experimentado: hago más gasto, hago más crecimiento y con eso recibo más impuestos incluso de lo que me costó el gasto inicialmente. Esto nunca ha funcionado, también lo hemos oído muchas veces pero nunca ha funcionado. Lo que tenemos que hacer es ir elevando el grado de desarrollo de este país. Lo estamos haciendo. Estos cuarenta años de Constitución -este año estamos celebrando su redacción y votación- han sido cuarenta años de convergencia con las


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naciones más ricas de Europa, con Gobiernos de distintos signos, con esfuerzos de distintos signos, pero ha sido un caso de éxito. Estamos experimentando la peor crisis de la historia de España, por lo menos desde que se tiene base estadística, y la estamos superando con el esfuerzo de todos. Cuando hablas con el resto de administraciones -y desde el Ministerio de Hacienda hablamos con todas las administraciones regionales y locales- y hablamos de números, fíjese, nos ponemos bastante más de acuerdo porque todos tenemos responsabilidades que ejercer y todos tenemos los mismos objetivos. Nos ponemos relativamente de acuerdo. Y tiene que haber un capítulo importante destinado a la protección social y debe haber un capítulo importante destinado a la inserción, a las rentas de inserción, pero hay que hacerlo bien, hay que estudiarlo bien. Había una propuesta en esta Comisión: encargarle a la Airef, como órgano neutral, que hiciera un análisis en profundidad y comparativo -a mí me parece una buena idea-, y con todo ello construir un edificio sólido y duradero en el tiempo, y fácilmente comprensible por los ciudadanos. Tal como viene la proposición de ley es un añadido, es un gasto adicional, no tiene en cuenta nada, ni el impacto sobre la economía, ni los efectos desincentivadores, ni las prestaciones que ya se están realizando, ni las condiciones personales, ni el incentivo a buscar empleo, ni está asociado a las actividades de formación. Creo que entre todos podemos hacer algo muchísimo mejor. Ese es mi mensaje final.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Nadal, y con esto levantamos la sesión. Muchas gracias.

Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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