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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 468, de 20/03/2018
cve: DSCD-12-CO-468
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 468
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI XUCLÀ I COSTA
Sesión núm. 20
celebrada el martes,
20 de marzo de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:

Del señor González Zapico (presidente de la Confederación Salud Mental España):

- Para exponer propuestas y sugerencias de la Confederación Salud Mental España. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000166) ... (Página2)

- Para que explique las conclusiones del IV congreso Feafes Empleo "Empleando Salud Mental: reto 50 % empleo", celebrado en Madrid los días 14 y 15 de febrero de 2018. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/001006) ... (Página2)

Del señor Ramos Vázquez (representante de la ONCE), para informar en relación con el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su implementación en España. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000823) ... (Página15)

Del señor presidente de la Associació Catalana per a la Integració del Cec, ACIC (Carrey Torralba), para informar sobre sus propuestas para la integración de las personas con discapacidad visual en el conjunto de la sociedad. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 219/001051) ... (Página21)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIAS:

DEL SEÑOR GONZÁLEZ ZAPICO (PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA):

- PARA EXPONER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000166).

- PARA QUE EXPLIQUE LAS CONCLUSIONES DEL IV CONGRESO FEAFES EMPLEO "EMPLEANDO SALUD MENTAL: RETO 50 % EMPLEO", CELEBRADO EN MADRID LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2018. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/001006).

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Empezamos esta nueva sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad que, de acuerdo con el orden del día, consta de cuatro comparecencias. Recuerden que fijamos aproximadamente una hora por comparecencia, con la intervención inicial de unos 15 minutos del compareciente, tres minutos de los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, más la respuesta por parte del compareciente. También acordamos en la última reunión de Mesa y portavoces hacer una acumulación de comparecencias porque la presencia de algunos comparecientes la había pedido más de un grupo. Este es el caso de nuestro primer compareciente y creo que es bueno recordar, para que conste en acta, que la petición de comparecencia es del presidente de la Confederación de Salud Mental de España, para exponer propuestas y sugerencias de la Confederación de Salud Mental de España, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y asimismo del señor González Zapico, a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, para que explique las conclusiones del IV Congreso Feafes Empleo "Empleando Salud Mental: Reto 50 % de Empleo", celebrado en Madrid los días 14 y 15 del 2 del 2018.

Disculpen si me he extendido ligeramente, pero creo que es bueno que se conozca exactamente quién comparece, a petición de quién y cuál es el objeto de la comparecencia. Quiero saludar también a don Alejandro Guillén, miembro de la asociación.

Tiene la palabra el señor Nel González.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA (González Zapico): Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Quiero dar las gracias en especial a todos los grupos políticos que solicitaron mi presencia aquí y que han hecho posible mi intervención como presidente de la Confederación Salud Mental España ante esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Me gustaría arrancar esta intervención explicando y colocando en el lugar que se merece al movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental y familiares agrupados en Salud Mental. No se trata de hacer una proclama de legitimidad; se trata simplemente de poner en conocimiento de los responsables legisladores de este país que no todo vale, no todo vale en salud mental, y luego explicaré un poco más por qué.

El movimiento asociativo de familiares y personas con trastorno mental comenzó a surgir en 1968 en diferentes lugares del Estado. En 1983 había constituidas asociaciones en Madrid, Álava, Barcelona, La Coruña, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja. Por iniciativa de estas entidades, en 1983 se creó Feafes como organización estatal para agrupar y representar al conjunto del movimiento asociativo de familiares y personas con problemas de salud mental. Hoy el movimiento cuenta con 19 federaciones, más de 300 entidades y más de 47 000 socios y socias. Esto es demostrativo de que se trata de sociedad civil organizada.

Tres años más tarde, en 1986, se aprobaría la Ley General de Sanidad, que vino a cambiar la forma de entender y de acceder al sistema sanitario. Para las personas con trastorno mental y sus familias aquella ley supuso una auténtica revolución, permitía el cierre de las instituciones psiquiátricas, de los indignos manicomios. Para este movimiento asociativo la Ley General de Sanidad fue un hito histórico, ya que permitió establecer las bases para el desarrollo de un conjunto de servicios de atención a la salud mental enmarcados en el modelo comunitario, es decir, en el entorno, en sociedad, abierto, en comunidad.


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Y, en segundo lugar, porque por fin se equiparaba totalmente a las personas con trastorno mental con las demás personas que requieren servicios sanitarios y sociales, y es que la atención psiquiátrica se incluyó en las coberturas de la Seguridad Social; hasta entonces era de beneficencia y dependía de las diputaciones. Eso fue una gran novedad, fue la primera vez que en una normativa se consideró a las personas con trastorno mental como sujetos de derechos. Esto fue a continuación de Italia. En estos momentos se está celebrando en Italia el 40 aniversario de la Ley 180, que surtió el mismo efecto que aquí en España la Ley General de Sanidad. Además de esto, la Ley General de Sanidad potenció la figura de atención primaria como elemento integrador y puerta de entrada a los servicios de salud mental y estableció que las hospitalizaciones solo se realizarían cuando fuera estrictamente necesario, que tendrían que tener el preciso respaldo legal y que sería en unas unidades psiquiátricas de los hospitales generales, donde la práctica habitual en nuestros días es que el ingreso dure el menor tiempo posible. Por último, cabe destacar que la Ley General de Sanidad potenció sobremanera el crecimiento del movimiento asociativo de familiares de personas con trastorno mental. Los familiares tuvieron que buscar recursos y crear asociaciones para procurar a las personas con trastorno mental una atención que en realidad en aquel entonces no sabían bien cómo dar. De esta manera, con muchísima predisposición y voluntad, de repente los familiares se vieron convertidos en expertos en salud mental. Hay que tener en cuenta que el movimiento asociativo surge para dar respuesta a una necesidad real que tenían la sociedad y las familias en particular.

En el 2015, la Confederación Feafes cambió su denominación y pasó a llamarse Confederación Salud Mental España, ofreciendo así a la sociedad una visión positiva que se acerca más al concepto de salud mental y alejándose del de enfermedad mental, ampliándolo incluso al del bienestar. Hoy en día la Confederación Salud Mental España es una entidad declarada de utilidad pública y fundamentalmente la representación de un movimiento asociativo que ha crecido en el marco de la sociedad civil y se ha conformado como entidad experta en el ámbito de la salud mental. Actualmente es el único movimiento asociativo que agrupa en España a personas con trastorno mental y familiares y personas allegadas. Es un movimiento legitimado por su trabajo, por su historia y por su capacidad de obrar.

¿Hacia dónde va Salud Mental España en estos momentos? Pues bien, responder a esta pregunta es dar a conocer nuestra hoja de ruta, nuestro compromiso con la salud mental y con las personas que formamos parte de este movimiento. Por un lado, continuamos con nuestro trabajo diario, que cuenta con el respaldo de treinta y cinco años de labor incansable y de ilusión. Este trabajo está basado en representar a un movimiento asociativo consolidado, que se ha convertido en un agente clave para la transición del modelo institucional y biomédico al modelo social y de atención comunitaria; ser un movimiento de acogida y apoyo con amplia presencia en todo el Estado; gestionar servicios y recursos por parte de las asociaciones locales; aumentar nuestra presencial social, la lucha contra el estigma, la reivindicación de derechos o la visibilización del colectivo; ser los interlocutores con todos los actores intervinientes en el ámbito de la salud mental y de la discapacidad y, por supuesto, reivindicar y aportar a políticas y normativas de gran calado, como la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, en cuya actualización deberíamos tener un papel importante y que, por desgracia, hasta este momento no lo tenemos por primera vez en las tres estrategias que se vienen haciendo, y parece que no hay intención de que así sea. Por ello, hoy en esta Comisión reclamamos nuestro espacio legitimado para participar en esta actualización de la estrategia.

Además de todo ello, desde el movimiento asociativo agrupado en Salud Mental España vamos a seguir trabajando por promocionar la salud mental con un carácter positivo y promover así que la cuestión de la salud mental no se relegue estrictamente al ámbito sanitario, sino que la atención se aborde de manera transversal desde los ámbitos sociales del empleo, la cultura o la educación. Seguiremos trabajando para garantizar y velar por que la atención a la salud mental se realice desde un enfoque de derechos humanos, según establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ello conseguiremos evitar la institucionalización de las personas con trastorno mental y profundizar verdaderamente en un modelo de atención comunitaria, según se establece en la Ley General de Sanidad de 1986, haciendo mención especial a la nueva forma de los manicomios; resulta que ahora las prisiones se están convirtiendo en los lugares de depósito de las personas con trastorno mental, por desgracia. Seguiremos trabajando por garantizar y velar por que la atención, como digo, se realice desde un enfoque de derechos humanos. Para ello, desde la confederación se han desarrollado cuatro medidas terapéuticas incorporadas a la cartera básica de servicios, que se concretan en los siguientes puntos: que existan planes individualizados de atención para cada persona con trastorno mental, que


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estará reflejado por escrito en el historial clínico informatizado del paciente y tendrá un seguimiento y una posterior evaluación; que existan equipos de intervención familiar, todas las familias de personas diagnosticadas con trastorno mental grave deben tener la oportunidad de acceder a programas de intervención familiar psicoeducativos; que exista apoyo domiciliario a través de los equipos de salud mental en el ámbito comunitario, que permita un sistema organizativo para evitar los abandonos en el proceso de recuperación, y la cuarta es el desarrollo de equipos multidisciplinares que atiendan a las personas con trastorno mental y a sus familiares y que debe estar compuesto por un número suficiente de profesionales del mundo de la psiquiatría, la psicología, la enfermería, el trabajo social, la terapia ocupacional o la integración social. Estas cuatro medidas terapéuticas históricamente venimos pidiendo que sean incluidas en la cartera básica de servicios.

Otra de las líneas estratégicas de Salud Mental España y en la que más estamos trabajando es la integración laboral de las personas con problemas de salud mental. En este punto quiero detenerme para profundizar y poder dejar patente la discriminación flagrante que en este aspecto sufre nuestro colectivo. Tan solo les voy a dar un dato que creo que lo dice todo: ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no tiene empleo. Tener un empleo nos permite contar con una fuente de ingresos económicos, facilita el desarrollo de nuestra propia identidad, nos mantiene activos a nivel físico y mental y contribuye a que construyamos parte de nuestra red social. Las personas en general persiguen sueños, desean alcanzar sus metas y vivir con dignidad y de forma autónoma, además, deseamos sentirnos bien y disfrutar de una calidad de vida ajustadas a nuestras aspiraciones; una de las principales herramientas con que contamos para lograrlo es tener un trabajo remunerado adecuadamente, para una persona con trastorno mental y para cualquier ciudadano o ciudadana. Encontrarnos en una situación de desempleo forzoso va a contribuir muy probablemente a que nuestra salud mental se deteriore y potencie el riesgo de aislamiento o exclusión social, pérdida de autonomía y de calidad de vida. Si para cualquier persona un empleo digno, saludable y motivador es beneficioso a todos los niveles, en el caso de las personas con problemas de salud mental, además, es una de las claves para dejar de depender exclusivamente del apoyo de su familia o de las bajas prestaciones sociales y para lograr su recuperación, es decir, para llevar una vida satisfactoria y dotada de sentido. Para las personas con problemas de salud mental el empleo es terapéutico y permite que su evolución mejore, que la persona se sienta útil y parte activa de la sociedad, con capacidad para aportar y participar y se la vea además como ciudadana sujeta de derechos y obligaciones, con sus propias circunstancias, como cualquier otra, en lugar de como una persona enferma.

Es característico que las personas con problemas de salud mental solo puedan acceder a empleos de baja cualificación, generalmente en entornos protegidos, y que tengan dificultades para mantener un puesto de trabajo, debido, por ejemplo, a que el entorno laboral no sea plenamente saludable o a la carencia de la adaptación del puesto de trabajo, lo cual se puede deber al desconocimiento sobre cómo hacerlo. Este tipo de situaciones pueden revertirse con voluntad de hacerlo y con un buen asesoramiento, el cual puede ofrecer este movimiento asociativo. Nosotros tenemos experiencias; puedo explicar en concreto la experiencia que tenemos en Galicia o en Castilla y León, donde nuestro movimiento asociativo tiene iniciativas y trabajos que avalan que se pueden hacer las cosas.

En el camino hacia su recuperación, las personas con problemas de salud mental encuentran numerosos obstáculos y barreras, muchas de ellas basadas en prejuicios y falsos mitos. Estas barreras suelen ser invisibles, una de ellas es la creencia de que son personas que no pueden trabajar. No tomemos la parte por el todo. Un problema de salud mental no nos define como persona, es solo una circunstancia más en nuestra vida y las personas con problemas de salud mental, igual que cualquier otro ciudadano, tienen habilidades, capacidades y destrezas, muchas veces lo único que les falta es la oportunidad para poder demostrarlas. Existe abundante normativa, políticas públicas y recomendaciones dirigidas a procurar que las personas con problemas de salud mental tengan garantizado como ciudadanas, en primer lugar, y como personas con discapacidad su derecho a acceder y a mantener un empleo.

Desde el ámbito internacional encontramos que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar mediante un empleo en entornos laborables abiertos, inclusivos y accesibles. Además, establece que España, al ser un país firmante, empleará a personas con discapacidad en el sector público, velará por que se realicen ajustes razonables en el puesto de trabajo y promoverá el empleo en el sector privado mediante diferentes políticas como, por ejemplo, los incentivos a su contratación. La Comisión Europea y países como España se han propuesto posibilitar que muchas personas con discapacidad tengan ingresos a través del mercado de trabajo ordinario. En el ámbito estatal, la propia Constitución española garantizó el derecho al trabajo de


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todas las personas y estableció que los poderes públicos promoverían la igualdad de personas y facilitarían su participación en todos los ámbitos. La Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, de 2013, se fijó como objetivo hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo en sus diferentes modalidades. Por su parte, el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha reconocido que es necesario redoblar los esfuerzos para que las políticas activas de empleo fueran más eficaces y se adaptaran a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas con problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental tienen ampliamente reconocido su derecho a acceder y a mantener un empleo, aunque este derecho debe seguir haciéndose valer desde el empleo ordinario, el autoempleo y el empleo protegido. Consideramos que las dos primeras modalidades son las que tienen mayor capacidad para contribuir a una verdadera inclusión social de las personas con problemas de salud mental.

Por todo ello, reivindicamos a la Administración pública que impulse con mayor fuerza políticas que favorezcan la transición desde el empleo protegido al empleo ordinario. Proponemos que se refuercen algunas medidas ya existentes y que los diferentes actores implicados muestren voluntad y compromiso por su cumplimiento y buen desarrollo. Además, reclamamos que se aumente la inversión en planes de formación y capacitación para el empleo, que el sistema de compatibilidad entre el trabajo y las pensiones se adecue a las necesidades y particularidades del colectivo de personas con problemas de salud mental y que la Administración pública ponga en marcha un plan de sensibilización del tejido empresarial ambicioso y efectivo en materia de integración laboral de personas con problemas de salud mental y de creación de entornos de trabajo saludables y positivos.

Por nuestra parte, como sociedad civil organizada y entidades sociales que somos nos hemos comprometido con informar, formar, sensibilizar y acompañar en cuestiones como la integración laboral de las personas con problemas de salud mental. Muchas asociaciones disponen de servicios de inserción laboral con los que, por ejemplo, informan y sensibilizan a las empresas, asesoran en materia de legislación laboral y contrataciones bonificadas, realizan orientación laboral y diseñan itinerarios personalizados de inserción, apoyan a las personas que se incorporan a las organizaciones, acompañan en la adaptación de los puestos de trabajo y apoyan en los procesos de selección, y todo ello es urgente ponerlo en marcha inmediatamente ya que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo de las personas con problemas de salud mental es del 85,7 %. A todas luces, un escándalo.

Sobre las conclusiones del Congreso Feafes Empleo, a la vista de lo dicho anteriormente, los pasados 14 y 15 de febrero se celebró el IV Congreso de Feafes Empleo, en el que pude participar para aportar nuestra visión y trabajo a este respecto. Este congreso reunía a profesionales de la salud mental, expertos en apoyos y empleo a personas con problemas de salud mental, representantes del sector de la discapacidad, patronales, sindicatos, administraciones públicas y empresas, y todo ello con un objetivo: lograr el 50 % de empleo entre las personas con trastorno mental. En este espacio también intervino el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Borja Fanjul, quien manifestó su preocupación por la situación del empleo de las personas con trastorno mental ya que es la más crítica de todas las discapacidades, y dejó patente su compromiso y el de su ministerio para conseguir este objetivo. El congreso lo inauguró el presidente de la Federación Mundial para la Salud Mental, Alberto Trímboli, quien puso de manifiesto que el empleo es de capital importancia para la participación inclusión social de las personas con trastorno mental, según la experiencia de toda la federación mundial. Además, a lo largo de los dos días que duró este encuentro se presentaron algunos ejemplos de acciones empresariales que apuestan por fomentar el empleo de las personas con problemas de salud mental, y una de las conclusiones que se extraen de este apartado es la necesidad de que las empresas favorezcan entornos laborales saludables y accesibles. También hubo ocasión de poner en valor las acciones específicas de promoción del empleo de las personas con trastorno mental desde las administraciones públicas, concluyendo que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, así como la reserva del 1 % del empleo público y los programas de garantía juvenil del Fondo Social Europeo, son una oportunidad real y muy valiosa para el empleo del colectivo, pero que es necesario seguir trabajando en esta línea para conseguir ampliar este cupo. Finalmente, se concluyó que las alianzas empresariales entre sector público, sector privado y tercer sector son claves para alcanzar el reto del 50 % de empleo, que es el objetivo que Feafes Empleo reivindicó en su congreso.


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No quiero alargarme más para poder dejar así espacio a las preguntas que ustedes quieran hacerme, pero antes quiero aprovechar la oportunidad de estar hoy aquí sentado ante ustedes, cosa que agradezco en nombre de todos el movimiento asociativo Salud Mental España, para citar al filosofo Jaime Balmes, quien dijo que el trabajo es un título natural para la propiedad del fruto del mismo y la legislación que no respeta ese principio es intrínsecamente injusta.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nel González.

Pasamos, pues, al turno de portavoces, de menor a mayor. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Íñigo Alli por un tiempo de tres minutos.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Confederación de Salud Mental de España. Usted ha dado algunas cifras y quiero darle la enhorabuena por esa vertebración y esa verdadera representación del movimiento civil y social que representa hoy su confederación, con esas 300 entidades que usted ha citado y más de 47 000 socios o socias en toda España. Quiero darle la enhorabuena.

Me gustaría hacerle partícipe de la visión que tiene mi partido en relación con el trastorno mental en España y especialmente del apoyo a esas personas y, cómo no, también a las unidades familiares de esas personas con trastorno mental.

Todas las políticas encaminadas al apoyo a las personas con trastorno mental debieran conseguir tres grandes objetivos: en primer lugar, lograr su autonomía personal; en segundo lugar, como usted ha dicho muy bien, su propio desarrollo personal, desde sus limitaciones pero también con sus potencialidades, y en tercer lugar, la verdadera inclusión, palabra que usted ha repetido a lo largo de su intervención. Mire, inclusión, efectivamente, es vida en comunidad, no es la institucionalización ni la separación en centros especializados para apartarlos de la sociedad, sino que es, con las nuevas políticas que ya se vienen aplicando en España, lograr la vida inclusiva y, por tanto, la vida en comunidad, como usted ha dicho.

Para conseguir esos tres objetivos debiera haber dos principios previos, uno, el del pronto diagnóstico, porque es absolutamente esencial determinar cuanto antes y lo mejor posible cuál es el diagnóstico de una persona, qué tipo de trastorno mental puede tener y el apoyo a su familia, y en segundo lugar -ya sé que esto queda muy bonito, pero debiera ser así-, después de ese diagnóstico, preguntar abiertamente a esa persona y a su entorno familiar qué proyecto de vida quiere, y en función del proyecto de vida que quiere, con sus limitaciones y con sus potencialidades, como decía, requerir uno u otros apoyos. Y eso me lleva a otro de los vectores que debieran tener todas las políticas públicas del Gobierno central y de las comunidades autónomas, que son los apoyos individualizados para la vida cotidiana de esas personas con trastorno mental. Eso requiere -y usted ha puesto el foco ahí, lo entiendo y lo comparto con usted- apoyo en el acceso laboral para dar sentido a la vida -cito sus palabras- de esas personas con trastorno. Pero también hace falta el apoyo individualizado, insisto, en la vida cotidiana, en el ocio, en la vivienda, en todo lo que es el día a día de una persona y su familia con trastorno mental.

Usted ha dicho que cuatro son las vías terapéuticas que deben incluirse en la cartera básica sanitaria, que son los planes individualizados, los equipos de intervención familiar psicoeducativa, la atención a domicilio y los equipos multidisciplinares de atención a estas personas. Creo que es importante que usted hoy esté aquí y una pregunta que quiero lanzarle es cuántas veces ha estado aquí en la Comisión para las Políticas de Discapacidad o en cualquier comisión en el Congreso de los Diputados. Y la siguiente pregunta es si ha sentido usted que ha habido verdaderos avances después de sus comparecencias. Porque al final lo que le quería decir es que debemos lograr entre todos los diputados que estamos aquí sensibilizar a la sociedad y evitar la estigmatización que siempre hay detrás del trastorno mental en España.

Por mi parte, nada más. Quiero reiterar el agradecimiento a su intervención, por su presencia aquí y el apoyo de Unión del Pueblo Navarro a las exigencias que usted ha puesto sobre la mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.

En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el diputado Francisco Igea.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias por su presentación y, sobre todo, por sus más de treinta años de trabajo en apoyo, documentación, información a personas que han vivido durante muchos años estigmatizadas y, efectivamente, separadas de la vida laboral.


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Ha contado algunas cosas que nos preocupan ya hace tiempo, como la ausencia todavía de la nueva estrategia de salud mental, sobre la que nosotros ya preguntamos en el año 2016, pero me preocupa tanto la ausencia como me preocupa que no hayan contado con la opinión -que debería de haberse hecho- de los representantes de los pacientes y los familiares, porque difícilmente podremos hacer una estrategia adecuada si no contamos con las personas que están más implicadas en el desarrollo del problema. Me gustaría saber si hay una vía de contacto con el ministerio o algo que nosotros podamos hacer para que se tenga en cuenta su opinión.

Estamos seguros de que tienen ustedes la mejor información con respecto a la inclusión laboral. Sabemos que nuestra tasa de desempleo no es muy diferente de la de algunos países, por ejemplo, Reino Unido, que también ronda por encima del 85 % de desempleo, como ha dicho usted, pero me gustaría saber si hay mejores ejemplos de políticas en Europa, cuáles son los mejores ejemplos de políticas públicas en Europa o en el entorno OCDE y qué tasas de empleo alcanzan en esos casos o si hay alguna experiencia particular que ustedes pudieran trasladarnos tanto desde el punto de vista de ejemplos concretos de prácticas empresariales, como lo que para nosotros sería más interesante: ejemplos concretos de políticas públicas que hayan sido eficaces o que hayan sido evaluadas como eficaces.

Ha tratado un tema que para nosotros también es muy sensible y en el que también nos gustaría incidir y solicitarle su opinión, me refiero al asunto de las prisiones como nuevos centros de internamiento y nuevos centros de tratamiento de salud mental. Para nosotros es una absoluta desgracia que no hayamos conseguido, después de dos años de insistir, la transferencia de la sanidad penitenciaria a la sanidad autonómica. Creemos que uno de los puntos más negros de la sanidad española está precisamente en la asistencia psiquiátrica a los internos. Según las estadísticas, por encima del 25 % de los internos tienen enfermedades mentales. Y nos gustaría saber su opinión sobre la urgente necesidad de conseguir esa transferencia para mejorar la asistencia a estos internos.

Nos ha hablado también de los resultados del congreso y de la nueva Ley de contratos como una oportunidad de resolver esto. Ha hablado de las alianzas empresariales, y a este respecto yo sí quiero hacerle una pregunta concreta, si estas alianzas empresariales, si esta manera que a veces tiene la Administración pública de resolver la contratación de personas con discapacidad, en este caso de enfermos de salud mental, no puede acabar siendo una forma de eludir la responsabilidad de la Administración pública de participar en la inclusión, limitándose a externalizar el problema. Yo creo que esa no es una buena práctica, que la Administración pública también tiene que verse como ejemplo de inclusión y no simplemente limitarse a externalizar estos ejemplos de inclusión. Me gustaría saber su opinión al respecto.

Con respecto a la cartera básica de servicios en salud mental, no podemos estar más de acuerdo. Nosotros llevamos dos años peleando por que haya la mayor equidad posible en la cartera básica y en las prestaciones. Nos gustaría saber, si nos puede informar a este respecto, cuáles son las diferencias más significativas entre comunidades autónomas, qué comunidades autónomas alcanzan un mejor nivel de prestaciones para que podamos incidir en la necesidad de que el consejo interterritorial y el ministerio avancen hacia la equidad. Nosotros hemos presentado ya en este Congreso, sin éxito -he de decirlo-, propuestas para armonizar la cartera básica de prestaciones y nos gustaría saber cuál es, en su opinión, la forma de alcanzar la mejor equidad en el tratamiento de estos pacientes.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igea.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la diputada Amparo Botejara.

El señor BOTEJARA SANZ: En primer lugar, quiero dar las gracias al ponente y disculpar a mi compañera, que era la que iba a comentar esta situación, que no ha podido llegar por un problema en el aeropuerto.

Primero, quiero comentar que nuestras diferencias, nuestra situación, para referenciarla bien, tenemos que valorarla con respecto a la Unión Europea. En la Unión Europea hay 72 camas por 100 000 habitantes y esta cifra se reduce en nuestro país a 36 camas. Y a nivel de profesionales -solamente voy a dar unas pinceladas para saber en la situación en la que estamos-, en la Unión Europea tienen una media de 30 profesionales por 100 000 habitantes y en nuestro país tenemos 10, la tercera parte de recursos. Esto nos coloca en la situación en la que estamos actualmente.


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Con la Ley General de Sanidad se crearon unas grandes expectativas respecto a lo que iba a suponer el abordaje de la salud mental. Se cerraron los psiquiátricos -quedan algunos bajo la denominación de centro sociosanitario, pero en general se cerraron- y se proyectó que se iban a crear unas estructuras alternativas que, junto con el reforzamiento de la atención primaria, iban a solucionar y a abordar este problema de una forma correcta. Ha pasado el tiempo y seguimos con un déficit importante de recursos y sin crear la estructura que a la atención primaria o a la sociedad nos sirviera para el abordaje biopsicosocial, que es tan importante en todos los problemas de salud y en este problema más todavía. Prueba de ello es una de las situaciones que ha comentado el ponente, la situación en la prisión. Estamos de acuerdo, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, en la transferencia de la sanidad penitenciaria, en la que nuestro grupo político está trabajando, aunque tampoco hemos conseguido logros. Lo que más nos importan son las personas que llegan a la prisión previamente diagnosticadas -no la transferencia-, que en algunas circunstancias llegan a alcanzar el 30 %. Está claro que hay un problema importante y que el que esos pacientes, esas personas lleguen allí es una muestra clara de que hay un fallo en la inserción social. Y también, como se ha comentado aquí, quiero lamentar las cifras que se han dado de que dos de cada diez personas carezcan de empleo. Para una persona con estos problemas la inserción social forma parte de su terapéutica y para eso es fundamental el empleo. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho el ponente, pero también he de decir que diferimos -ya se lo hemos comentado alguna vez- en la confianza que tenemos en los planes de salud, que es poca o ninguna, porque hasta el día de hoy no han resuelto ninguno de los problemas que hemos tenido. Nuestro grupo político sí que tiene claro, y se ha puesto a trabajar en ello, lo que nuestra sociedad necesita, que es una ley de salud mental que aborde esta situación de una vez por todas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botejara.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada María Aurora Flórez.

La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Gracias, señor González, por su comparecencia en esta Comisión, por traernos hoy aquí las reivindicaciones en torno a la salud mental y nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que han hecho en todos estos años de integración social, de integración laboral y de concienciación y sensibilización.

Como usted decía, en salud mental no todo vale. Ha habido importantes avances desde la Ley General de Sanidad, pero todavía hay un importante camino por hacer. En lo que se refiere a la atención sanitaria, se aprecia que la mitad de las visitas a los centros de atención primaria, alrededor de un 49 %, se producen por trastornos como la ansiedad y el estrés, y el personal sanitario, que se encuentra atado de pies y manos, suele resolver estas consultas con fármacos.

Hay interesantes propuestas, como por ejemplo un reciente ensayo clínico, el Psicap, cuyo objetivo es comparar el tratamiento psicológico frente al habitual de atención primaria para abordar los trastornos mentales comunes. Vemos resultados importantes, como una gran reducción de síntomas, una reducción en el consumo de psicofármacos, asistencia menos frecuente a las consultas de atención primaria y además una mejor recuperación de los pacientes. Sin embargo, vemos que el modelo biomédico sigue predominando, vemos que se destinan 5,5 euros por cada 100 del gasto total sanitario en salud mental frente a 7 euros en la Unión Europea, vemos que las listas de espera son extraordinariamente largas y que es limitado el tiempo que se puede dedicar a cada paciente, y que en casos que a priori parecen más leves, la situación se puede escapar de la mano, siendo la recuperación más lenta y mayor la reincidencia.

En el último informe de Eurostat España está a la cola de la Unión Europea en número de psiquiatras por habitante, se calcula que serían necesarios unos 18 000 profesionales más en psiquiatría, y los pacientes y las pacientes de salud mental, como no podía ser de otro modo, se sienten desprotegidos y consideran que faltan recursos para abordar este tipo de problemas. Hay una importante carencia de recursos, también de conocimiento de incidencia de la enfermedad en la sociedad. ¿No cree usted que por estos prejuicios, por el estigma que pueden generar las enfermedades mentales y sobre todo por la carencia de recursos, no se da una solución adecuada a las demandas de los y las pacientes?

En este sentido, permítame usted que barra un poco a otra Comisión de la que formo parte, la relativa a patología dual. Como saben ustedes, patología dual es como se denomina la existencia de un trastorno adictivo y también de un trastorno mental. Más del 50 % de la demanda en cualquier consulta de un servicio de salud mental es por una conducta adictiva o relacionada con consumo de sustancias y al


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menos el 70 % de las personas que van a las consultas de adicciones además sufren un trastorno mental. Por lo tanto, es necesaria una integración adecuada de la red de salud mental con la red de atención a las drogodependencias. ¿Cómo valora usted, cómo valoran desde la Confederación Salud Mental España el grado de integración actual? ¿Cuál es el estatus de la patología dual?

Me gustaría hacer una referencia a los jóvenes y a las jóvenes, porque las enfermedades mentales no son territorio exclusivo de los y las adultas, hay un elevado porcentaje de casos en los que este tipo de dolencias empiezan a manifestarse a temprana edad, en la adolescencia y en la juventud. Hay señales de alarma, pero son difíciles de diagnosticar, de detectar. Se atribuyen frecuentemente a rasgos de la personalidad, del comportamiento de los niños y de las niñas, además de existir una importante relación con otros consumos, como el consumo de alcohol y otras sustancias. Considerando que el TOC, la ansiedad, la esquizofrenia o el trastorno bipolar son dolencias que afectan a uno de cada cinco jóvenes o adolescentes españoles, que no es lo mismo detectar una dolencia en un joven de veinte años o en sus orígenes que en un adulto, que probablemente ha podido estar recluido o aislado de la sociedad, ¿cuál es su valoración del estatus de la atención de los jóvenes y las jóvenes en los programas de salud mental y cómo podemos garantizar que los jóvenes de hoy mantengan una mente sana en el futuro?

Usted ha hablado bastante sobre la integración laboral. Los datos que nos ha dado de desempleo son escalofriantes: un 80 % de desempleados, a pesar de ser este el segundo grupo más numeroso de personas con discapacidad en edad laboral. Las dificultades de integración laboral qué duda cabe que no solamente pueden ir asociadas a la propia enfermedad, sino que mayoritariamente las barreras son de discriminación y de estigma social. A ello se unen las dificultades del mercado laboral, que no solo no crea un contexto adecuado para la integración de las personas que padecen una enfermedad mental, sino que además son auténtica causa del agravamiento y origen de enfermedades mentales. Se estima que un 17 % de los problemas de salud mental los provoca el entorno laboral y en Europa los trastornos mentales representan el segundo problema de salud más común en el trabajo y la OMS estima que dentro de dos años la depresión será la segunda causa de incapacidad en el mundo. ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos del entorno laboral sobre la salud mental?

En cuanto a la integración laboral, lo normal, lo habitual es que las personas con problemas de salud mental acudan a centros especiales de empleo. Nosotros consideramos que, en la mayoría de los casos, la mejor opción para la integración laboral es el empleo ordinario con apoyo. Evidentemente, hay casos que necesitarán una inserción, en casos más concretos ir a un centro especial de empleo y con una serie de pautas concretas. ¿Está usted de acuerdo en este punto? ¿Cómo lo valora?

Creemos que es fundamental garantizar el derecho al trabajo de las personas con enfermedad mental, sobre todo en el ámbito de la empresa ordinaria, y, por lo tanto, también su inclusión y su desarrollo social y personal con medidas específicas que impliquen al empresario con una mayor concienciación, una mayor implicación. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ya hizo sus deberes, ya que nuestra portavoz de empleo, Rocío de Frutos, registró una iniciativa al respecto, para la promoción y para la integración laboral de las personas con salud mental.

Simplemente quiero agradecerle su comparecencia y asegurarle que desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos trabajando y seguiremos trabajando para garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar del mayor nivel posible de salud física y mental en la protección y promoción de los derechos de las personas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Flórez.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el diputado Ignacio Tremiño.

El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, queridos compañeros.

En primer lugar, antes de agradecer la presencia del presidente de Salud Mental España, quiero agradecer, para que quede constancia, al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea que haya solicitado, junto con el Grupo Popular, la comparecencia de Salud Mental España. Aunque ha sido una solicitud de este grupo, quiero agradecer también el compromiso con la discapacidad, y en concreto con la salud mental, que demuestra también el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea.

Y ahora sí, querido presidente, querido Nel, quiero agradecer, como presidente de Salud Mental España, tu presencia aquí, que nos hayas contado cuál es la realidad de la salud mental en España, y agradecerte a ti personalmente, puesto que conozco toda tu trayectoria, tu trabajo desde los inicios, el


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esfuerzo que haces personalmente día a día, trabajando por las personas con enfermedad mental. Quiero también que quede constancia de esto.

Me gustaría, querido presidente, que hicieras hincapié nuevamente en las respuestas a los grupos en lo que es Salud Mental España, la antigua -permíteme que lo diga para que quede claro- Feafes, la Federación de Entidades de Enfermedad Mental. Has dicho que representa a más de 300 entidades y que tenéis más de 470 000 asociados, personas con enfermedad mental, pero bien es cierto que, aunque tenéis más de 470 000 asociados, trabajáis por muchas más personas que, aunque no estén asociadas, tienen problemas de salud. Me gustaría que repitieras las cifras de salud mental.

He tomado nota de esas carencias o de esas solicitudes que has hecho. Entre ellas, por ejemplo, que Salud Mental España tenga un papel más protagonista en las sucesivas estrategias de salud mental del Ministerio de Sanidad. Ahí no te hago una pregunta, sino que, al contrario, te he dicho que he tomado nota para trabajar en esa línea.

En relación al empleo de personas con problemas de salud mental, desgraciadamente, conozco perfectamente cuáles son las cifras y cuál es el problema de las personas con salud mental a la hora de trabajar. Como sabes, he trabajado muchos años con personas con discapacidad y, entre ellas, con personas con salud mental y ratifico lo que dices, que los empresarios dan una oportunidad laboral mínima, pero siempre en trabajos de poca cualificación, cuando son personas que muchas veces tienen una cualificación importante. Me gustaría que hicieras una reflexión, como ha pedido también el compañero del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre qué implica la Ley de Contratos del Sector Público a la hora de conseguir en el futuro oportunidades laborales para las personas con discapacidad y también para las personas con problemas de salud mental. El Cermi ya ha valorado formalmente como un antes y un después y como un gran avance lo que implica esta nueva Ley de Contratos del Sector Público y me gustaría que ratificaras si coincide tu opinión con la del Cermi, aunque todos sabemos que Salud Mental España es miembro del Cermi.

En cuanto a los planes desde el punto de vista de los servicios sociales, has hecho hincapié en cuatro solicitudes, que son los planes individualizados, los equipos de intervención familiar, los equipos multidisciplinares y la atención a domicilio. Como bien sabes, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, pero debemos trabajar para que se cumplan estos cuatro requisitos que has solicitado y desde este grupo lo vamos a impulsar. Tenía conocimiento de ello, porque hemos trabajado muchos años conjuntamente y conocía estas líneas, pero creo que era conveniente comentarlo aquí.

En relación a las subvenciones que Salud Mental España recibe del Ministerio de Sanidad, me gustaría que hicieras una reflexión sobre cómo se han resuelto para Salud Mental España las subvenciones del 0,7 % del IRPF, tras la sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia de que la Generalitat de Cataluña solicitó que el 0,7 % se repartiera entre las comunidades autónomas, puesto que entendía que era competencia de las mismas. Me gustaría que nos hicieras una reflexión de cómo se ha solucionado no solo para la Confederación Salud Mental España, sino para el ámbito autonómico. Bien es cierto que en cuanto a subvenciones del 0,7 %, Salud Mental España, desde la crisis del año 2007, ha tenido un incremento importante. Me gustaría que lo ratificaras -creo que es así- y que me dijeras si en el 2007 recibisteis 1 050 000 euros, concretamente 1 050 333 euros, con cargo al 0,7 % del IRPF; en el 2012, 1 438 000, es decir, en plena crisis, y en el 2016, 2 567 000; es decir, más de 1 100 000 euros más en el periodo más duro y más profundo de la crisis. Siendo consciente de que hubo recortes en otras administraciones, en autonómicas y en municipales, que confirmaras -si es así- que desde la Administración General del Estado, desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad tuvisteis este incremento de más de 1 100 000 en plena crisis. Quisiera que hicieras hincapié también en cómo, a pesar de ese incremento, han quedado ahora para Salud Mental España -repito- las subvenciones del 0,7 % del IRPF.

Y nada más. Como sabes, nos tienes a tu disposición, no solo como grupo parlamentario, sino a título personal, a todos los miembros que componemos esta Comisión y concretamente a este portavoz.

Muchas gracias, querido presidente, querido Nel.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tremiño.

Y ahora, para dar contestación a las intervenciones y las preguntas de los distintos grupos, en breve le voy a dar la palabra al señor Nel González. Usted tiene la capacidad de tomar nota absolutamente de todos los detalles que le plantean todos los portavoces, tenemos el reto de dar respuesta en siete minutos a todas ellas y mi función hoy es la de presidir, que en parte quiere decir dar la palabra, pero me gustaría


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preguntarle también sobre la situación actual de la salud mental y las prisiones. Usted ha dicho en su intervención inicial que, en su momento, afortunadamente, se cerraron los centros de tratamiento y de reclusión de enfermos mentales, pero encubiertamente las prisiones se están convirtiendo otra vez en esos centros de internamiento. Creo que algún día esta Comisión deberá afrontar y estudiar este asunto con más profundidad.

Señor González, tiene la palabra para dar satisfacción y contestación a las intervenciones.

El señor TREMIÑO GÓMEZ: Perdón, es que se me ha olvidado decirlo. Quería pedir disculpas porque a las once me tengo que ausentar -se quedan mis compañeros- porque tengo una videoconferencia que no he podido retrasar. Me tendré que marchar al despacho dentro de cinco minutos y quería pedir disculpas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tremiño.

Señor González, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA (González Zapico): Gracias, señor presidente, y sobre todo, gracias, diputados y diputadas, por escucharme.

Voy a dar contestación a una de las primeras preguntas que hizo el diputado de UPN. Efectivamente, sí, hay avances. Era indispensable que se nos escuchara y nos escuchan mucho los grupos parlamentarios, en privado y todos en conjunto aquí, gracias a la iniciativa de personas que siempre supusieron un gran apoyo, como Nacho Tremiño, y como muchos más, aunque con Nacho Tremiño tenemos además confianza. Hay muchos avances.

Primero, voy a contestar, por deferencia, a la pregunta del señor presidente. Desde Salud Mental España tenemos que decir que uno de los problemas más graves que hay en la atención en salud mental es la situación de las personas en prisiones, como también preguntó la diputada de Podemos. Hay una realidad clarísima. Que yo conozca, más o menos el 30 % de la población reclusa tiene un problema de salud mental. Yo soy asturiano y conozco en concreto la realidad de la prisión de Villabona. La médica jefa de la enfermería, una vez que la fui a visitar, me dijo: consumo el sueldo diario de una enfermera y de una auxiliar para preparar la medicación psiquiátrica de 547 personas; una prisión que tenía en aquella época 1450. Hablo de esa realidad que vi yo.

Ciertamente, lo grave no es que la gente delinca, que la gente vaya a prisión; habría que saber por qué delinque, habría que saber qué forma hay de evitar que todo el mundo vaya a prisión. Eso es un debate -agradezco que se haga la propuesta- de más largo alcance y de más trascendencia. Desde Salud Mental España pensamos que, bajo ningún concepto, debería entrar ninguna persona con un trastorno mental en una prisión. Debe haber medidas alternativas. La prisión, que yo sepa, tiene la misión de rehabilitar al delincuente. Una persona con trastorno mental necesita rehabilitarse como delincuente y necesita rehabilitarse como persona enferma, y resulta que las prisiones son totalmente inútiles para ese menester. Por lo tanto, estamos condenando a la gente a repetir más de lo mismo, estamos gastando el dinero inútilmente, cuando lo que habría que hacer es evitar que esas personas entraran en prisión. Hay gente, como dijo la diputada de Podemos, que entra en prisión después de tener el diagnóstico, y eso es un grave fracaso también de la sanidad pública al no saber atender adecuada y oportunamente a las personas para evitar que delincan. Deben estar ya enganchados en el Sistema Nacional de Salud, de forma que ante una dificultad que pueda surgir, sean atendidos y se pueda evitar a tiempo. Por ejemplo, con la reforma del Código Penal, si una persona al ser retenida por un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado le da un empujón, esto automáticamente ya pasa a ser un delito de prisión y eso debería ser abordado de otra forma. Hace falta mucho conocimiento, mucha formación y también predisposición.

Nosotros también reivindicamos -otra pregunta que se ha realizado-que los hospitales psiquiátricos penitenciarios son tan inútiles como las prisiones. No se trata adecuadamente a las personas, porque las personas deben ser atendidas y ser rehabilitadas y no hay medios, están hacinadas; deben ser transferidas, deben buscarse los mecanismos en las distintas autonomías para que sean atendidas cerca de su entorno natural y familiar. El tema de las prisiones y de la salud mental es una cuestión pendiente de gran trascendencia que debemos abordar y meditar sobre ella.

Sigo respondiendo a las preguntadas de los señores diputados. ¿Hay avances? ¿Cuántas veces he comparecido? Pues esta es la segunda vez que comparezco en el Congreso y eso lo considero un grandísimo avance. Igual que la presidenta de esta casa, doña Ana Pastor, muestra ante mí y en público


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su sensibilidad al decir que es la hora de la salud mental, debemos hacer un esfuerzo para ir solventando estos temas que nos preocupan a todos, porque, entre otras cosas, no es cuestión solamente de derechos humanos, sino que es cuestión también de ahorro de fondos públicos de todos, aparte del sufrimiento de las personas que tienen que padecer los problemas de salud mental.

El diputado Igea, de Ciudadanos, me ha hecho una pregunta sobre la participación en la estrategia, y agradezco la posición de Nacho Tremiño. En este país se han hecho ya dos estrategias: una, en 2006, en la que participamos desde el origen familiares y usuarios; otra que se renovó, que para mí era francamente mejorable, en la que también se hizo un esfuerzo, se dividieron en grupos de expertos -yo estaba en concreto en el relativo al suicidio-, y ahora hay una tercera que está en manos de un panel de expertos. Nosotros pedimos oficialmente al ministerio nuestra participación, pero se nos denegó. Se nos dijo que había una fórmula diferente, que un panel de expertos haría una propuesta que después nosotros podríamos corregir o completar. Yo le dije al director general de Sanidad, a Javier Castrodeza, que iba a pedir participar desde el principio, pero me dijo que desde el principio no iba a ser posible. Insisto, cualquiera de nosotros sabemos que hoy día cualquier directiva para la buena gobernanza, y más en temas como estos, debe implicar la participación de todos los actores interesados en que esa buena gobernanza llegue a un buen cometido. Por tanto, es imprescindible que los usuarios y los familiares participemos en la estrategia. Me hizo también otra pregunta: ¿Existe contacto? Nosotros lo pedimos oficialmente. Es más, no solamente lo pedimos, sino que además tenemos el apoyo de las sociedades científicas; los psiquiatras, las facciones de psiquiatras, unos más conservadores, otros menos conservadores, todos apoyan que nosotros estemos participando en la estrategia. Seguiremos insistiendo hasta que lo consigamos.

Otra pregunta era sobre si hay mejores políticas públicas en Europa, políticas empresariales en el entorno, y cuáles podía citar. A nivel general, del entorno cultural europeo solamente destacan los países del norte de Europa, como Suecia, Noruega y Finlandia, que lo tienen bien solventado, pero nuestra realidad no es la de Suecia o Finlandia, que son países muy ricos, con muy poca población y que tradicionalmente atienden muy bien la salud mental. Yo pondría una experiencia comprobada y conocida por nosotros, que se aplica en Italia, no en toda Italia, sino en una parte de Italia, en Trieste en concreto, donde estuve en el mes de noviembre. Allí el empleo se solventa con un sistema de cooperativas. En aquellas instalaciones hay un restaurante en el que todos los cocineros, los camareros, las camareras, los gestores, etcétera, son personas con trastorno mental. Se hace una cooperativa y montan un restaurante, pero no solamente eso, sino que hacen una cooperativa también para atender a personas que tienen otras necesidades de salud mental. Dentro de la propia estrategia hay una visión de atención en la salud mental y en la empleabilidad. Trieste es un ejemplo que podíamos estudiar y basarnos en él para copiar experiencias importantes. Toda Italia, por desgracia, no es como Trieste. Se parece más a España que a Trieste. Portugal por ejemplo, está bastante peor que nosotros.

También se me ha preguntado sobre la diferente atención en los distintos territorios. Efectivamente, según la poca información que yo pueda tener, porque no conozco el trasfondo de las administraciones autonómicas al cien por cien, el País Vasco es la comunidad autónoma que tiene mejor y mayor dotación para atender la salud mental, y también Navarra. Hay que tener en cuenta que son dos comunidades autónomas bastante ricas. También Cataluña, pero en cuestiones puntuales, porque yo creo -y no quiero ofender a nadie- que en Cataluña hay excesivos proveedores en salud mental, y me parece un poco mercantilista. Hay que incidir más en la atención a la persona, hay que atender bien y buscar los métodos adecuados, sin dejar jamás de lado la responsabilidad pública de la sanidad.

Efectivamente, la nueva Ley de Contratos es una gran oportunidad y, como lo preguntó Nacho Tremiño y también Igea, yo tengo la misma posición que tiene el Cermi, soy vicepresidente del Cermi y pienso exactamente como el Cermi, creemos que puede ser una importantísima oportunidad, pero no debemos dormirnos en los laureles, no es fácil que eso se aplique porque después resulta que cada gestor también tiene que dar resultados de su gestión y a veces los resultados están en contra de la mano tendida y hacer las cosas de una forma adecuada. Y desde luego, está clarísimo en lo que respecta a la Administración pública, esto no puede ser ninguna disculpa para evitar su responsabilidad a la hora de la contratación, la contratación pública tiene los cupos y debe llevarse a la práctica y debe buscarse que eso sea efectivo. En alguna Administración autonómica, como en Andalucía, ya se consiguió una reserva específica de empleo para las personas con problemas de salud mental, ahora a mí me gustaría saber cuál es el resultado final a la hora de que eso se aplica o se consigue.


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La cartera básica de servicios creemos que es una fórmula que ya está en la estrategia y que debe ser la medida a nivel del Estado para conseguir que las distintas comunidades autónomas no se pierdan en la inequidad, que se pueda atender a todo el mundo más o menos igual. En cuanto al ratio de profesionales por población en Europa y en España, eso es de sobra conocido, pero también es cierto que nosotros somos una sociedad muy peculiar y tenemos unos grandísimos recursos, por ejemplo, si tenemos en cuenta que la carga de la enfermedad mental en nuestro país está en más del 80 % dentro del entorno familiar, resulta que la familia se convierte en un poderosísimo recurso para poder paliar las carencias en la atención, sabemos que esa es la realidad de hoy, debe existir otra forma para que nadie se llame a andana y todo el mundo asuma su responsabilidad.

También se dijo que era inadecuada la reforma en la atención de la salud primaria para que existiera un abordaje biopsicosocial adecuado. Esto también está en la estrategia y debe ser puesto encima de la mesa como una importante porque si una persona es adecuadamente atendida en atención primaria, ahí existen recursos, hay cantidad de trastornos más comunes, que algunos llaman menores, que no son nada menores cuando originan sufrimiento, cuando se pueden cronificar y cuando arruinan la economía del Estado, no son tan menores, hay que dotar a atención primaria de los recursos suficientes para que se pueda atender adecuadamente y asignar atención especializada a aquello que sea lo más urgente y lo otro puede ser tratado en el ámbito de atención primaria.

Amparo Botejara dijo que poca o ninguna confianza tenía en los planes de seguridad mental que se hicieron hasta ahora y sus razones tendrá, habla de una ley de salud mental. Hablando de esto de Trieste, que también lo cité, que se cumple el 40.º aniversario de la Ley 180 en Italia, resulta que ahora el Parlamento Europeo está pensando en debatir una ley para que se cumpla la Ley 180, sería algo de lo mismo que se quiere hacer aquí, una ley para que se cumpla la Ley General de Sanidad. Cúmplase la Ley General de Sanidad. ¿Por qué hay que hacer una ley para que se cumpla la ley? Esa es una propuesta de Italia, pero es que no entiendo hasta dónde el alcance de una ley de salud mental. Si fuera la solución, yo la apoyaría, pero...?

Efectivamente, María Aurora Flórez se refería al estigma y al desconocimiento que están en la cabeza y en el inicio de la cantidad de equívocos y de la cantidad de abordajes inadecuados que se hacen en salud mental. El estigma no solamente afecta a las personas que lo padecen, afecta en primer lugar, aunque parezca una perogrullada, a los profesionales de la salud mental, son los primeros, las personas que más expanden el estigma.

Sobre la patología dual, ¿cómo se valora en este momento? La patología dual hace unos años ni se hablaba de ella, ahora está en la cresta de la ola porque, efectivamente, está casi demostrado que o es inicio o es continuación o van a la par la patología dual, el consumo de tóxicos produce ya enfermedad mental, es ya una enfermedad, no es que produzca, es una enfermedad mental. La patología dual, como bien preguntaba la diputada, no debe ser algo considerado en el aire, la persona debe tener un abordaje integral y simultáneo, la misma unidad debe tratar la adicción y el trastorno mental, porque hasta ahora se está haciendo primero vete a que te sanen de tu trastorno y luego te sano de la enfermedad mental, o al revés, y eso no es posible porque está demostrado, yo no soy médico, pero está demostrado por neurólogos que es lo mismo, porque hay unos centros receptores en el cerebro, te dicen los neurólogos, que son los mismos para la nicotina que para la cocaína, salvo para algunas drogas que no generan dependencia, como el ácido lisérgico, porque no existe ese centro en el cerebro. Todos los seres humanos tenemos en nuestra cabeza esos sistemas que producen los opiáceos, el cannabis, el alcohol, todos los tenemos, y por eso una persona puede generar dependencia, pero la patología dual debe ser entendida como una visión holística global de la persona, debe ser atendida simultáneamente, no se conseguirán, como no se consiguieron hasta ahora, resultados si se intenta tratar primero la adicción y luego el trastorno mental o al revés.

Y la pregunta de oro que hizo María Aurora Flórez es la juventud, consumo y mecanismos de detección. Efectivamente, sabemos que hay una gran carencia en nuestro país, hay que tener en cuenta que todavía está recién aprobada, porque se había caído en su día, la especialidad en psiquiatría infantojuvenil, más que la especialidad en psiquiatría, debe existir una visión global, una responsabilidad social y pública global sobre cómo educamos a nuestra gente joven, debemos tener en las escuelas también recursos que permitan que se puedan evaluar aquellos comportamientos -y no hablo de TDAH- que puedan llegar a ser patológicos en el futuro, la prevención y la promoción de la salud mental es la gran tarea, por eso nosotros cambiamos el nombre, cambiamos de enfermedad mental a salud mental, porque la promoción es fundamental, el bienestar de la población es también un derecho, y de eso debemos


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empezar a hablar también, pero cómo vamos a hablar del bienestar de la población si todavía no somos capaces de hablar de salud mental, tenemos que prevenir, tenemos que buscar mecanismos, en el entorno educativo sobre todo, para que los niños y las niñas que puedan tener riesgos puedan ser debida y rápidamente atendidos de forma que esas personas no estropeen su vida, no se cronifiquen, se evite el sufrimiento e, insisto, que no se gaste dinero a lo tonto.

Respecto a las dificultades para el empleo, insisto en que existe el estigma para empezar. Yo trabajé cuarenta y dos años en una multinacional y en mi taller había 900 personas, y entre 900 personas estamos lo mejor de cada casa y a veces el mejor de cada casa en el mejor día de cada uno, y es así la sociedad, no tenemos que tener ningún complejo. Allí es fácil llevar un problema de depresión o un problema de un TOC. Yo tenía en concreto dos compañeras -conocidas por todo el mundo, que yo siempre pongo el ejemplo- con depresión, yo tenía un compañero que tenía TOC y también tuve otro que su mujer tenía corea y cuando lo llegas a conocer se aborda fácil porque ya sabemos que fulano de tal -hoy está de mal humor, no te metas con él- y es fácil de llevar sabiendo. Debemos crear una cultura de apoyo, que el trabajo sea un entorno saludable donde tengamos capacidad para tener redes sociales de apoyo y eso no va nunca en detrimento del trabajo de la gente, pero jamás. ¿Quién dice que la persona que tiene un trastorno mental tiene más bajas que otros? No tiene más bajas que otros, es más, hay gente con problemas de salud mental que hace su trabajo a la perfección. Yo conozco una persona con una esquizofrenia que está en una acería con grúas de carga líquida y él es un jefe de mantenimiento, y tiene esquizofrenia y hace su trabajo a la perfección. Hay que dejar de confundir la enfermedad mental con la inutilidad, hay gente mucho más inútil y mucho más mala que la que tiene trastorno mental.

En cuanto al desempleo, yo pienso, como la diputada, que hay que tender a que el empleo sea el ordinario, por lo que estoy diciendo, porque es posible, porque, si somos capaces de hacer red social, el trabajo se hace a la perfección, nos conocemos unos a otros, nos apoyamos y aquí no pasa nada, cada uno hace su trabajo y cobra a final de mes su nómina, sin ningún tipo de complejo.

Nacho me pidió que hiciera hincapié en lo que es Salud Mental España y lo voy a hacer sin citar a nadie, porque en el Senado de este país, hubo una iniciativa hace tiempo, en la cual todo el Senado proclamó su preocupación por la salud mental, pero eso, cosa que es muy loable y que yo agradezco de todo corazón, no está hecho como debe ser porque cómo es posible que el Senado entero de la nación haga caso de una iniciativa privada de una persona que no representa a nadie, y voy a decir una cosa más aquí, en este momento se puede estar cometiendo una grave dejación, insisto. Hay una iniciativa privada que tiene un teléfono del suicidio. La misma persona que promovió que el Senado firmara aquella iniciativa, este señor no representa a nadie, quien representa a Salud Mental y a la población somos nosotros, somos el movimiento asociativo desde hace treinta y cinco años, somos los que tenemos programas y los que asignamos el dinero de todos los ciudadanos a sus programas, los que damos cuenta, los que somos de utilidad pública. Este señor tiene ahora mismo una iniciativa de teléfono contra el suicidio, que está en una clínica privada, que no tiene ningún seguimiento y a mí me consta que quien llevan ese teléfono son personas licenciadas en Psicología, recién salidas de la facultad, que tuvieron seis horas de formación específicamente sobre el suicidio, y puedo decir también quién los formó. Eso creo que es una grave dejación de funciones. Salud Mental España opina que el suicidio es el principal problema de la salud pública de occidente, y en España también, y eso debe ser algo que debe ser abordado asumiendo toda la responsabilidad por la sanidad pública y por el ministerio, no hacer el paripé de apoyar una iniciativa privada que no sabemos a dónde puede llegar y que no olvidemos que puede estar en peligro la vida de una persona, lo del suicidio es un fenómeno muy especial, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta.

Como se acaba el tiempo, lo siento mucho.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se excede en quince minutos respecto al tiempo asignado, pero ruego vaya concluyendo, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA (González Zapico): Gracias.

Otra pregunta que me plantearon, y así concluyo, es que, efectivamente, nosotros del dinero público que recibimos de todos los ciudadanos a través del IRPF y del programa de mantenimiento del Ministerio de Sanidad, son 187 000 euros, sí fuimos capaces de mantener nuestra atención a la gente, en ningún momento, salvo en este año por cuestiones puntuales en los distintos territorios hubo mengua, pero


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nosotros tenemos el apoyo económico suficiente para mantener nuestro trabajo; el gran esfuerzo que hicimos de reformar toda nuestra cultura de organización, al ser ahora mismo una organización de gestión del conocimiento.

Muchísimas gracias, y disculpen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González. Disculpe que le haya tenido que invitar a terminar, pero hace quince minutos que teníamos que haber empezado la otra comparecencia, y a la vez me es muy difícil e incómodo invitar a que terminen las comparecencias cuando lo que se expone es algo tan interesante, tan importante. Y le agradezco mucho algo que usted ha dicho, se ha dicho de pasada, que sí que ha sido útil su anterior comparecencia y que los portavoces, los miembros de esta Comisión, le hacen caso y le escuchan, creo que es bueno que en estos tiempos se demuestre que la política la avalan sus palabras, e intentamos trabajar en este sentido.

Muchas gracias por su comparecencia, quedamos a su disposición y, sin suspender la Comisión, pasamos directamente al siguiente punto del orden del día, una vez hayamos despedido al señor Nel González.

DEL SEÑOR RAMOS VÁZQUEZ (REPRESENTANTE DE LA ONCE), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000823).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: comparecencia de un representante de la ONCE para informar en relación con el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su implementación en España. El grupo autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista. Concretamente, el compareciente es el señor Andrés Ramos Vázquez, director general adjunto de servicios sociales para afiliados de la ONCE. También le acompaña la señora Bárbara Martín, vicepresidenta de la Asociación Europea de Ciegos. Y también le acompañan, y les quiero saludar, la señora Nuria Carlos Muñoz y el señor Francisco Martínez Calvo.

Señor Andrés Ramos, sin más particular, tiene la palabra por un tiempo de unos quince minutos y después vamos a proceder al turno de intervención de los portavoces y a una consideración suya.

Muchas gracias.

El señor REPRESENTANTE DE LA ONCE (Ramos Vázquez): Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad por la oportunidad que nos brinda, en este caso a la sociedad civil, de poder transmitir nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, siempre en favor de las personas con discapacidad y en este caso en favor de las personas ciegas.

Hoy se nos pide comparecer para hablar de cultura, para hablar de acceso a la educación, a los textos de la educación, del acceso al empleo, y realmente es algo que es importante, que va a ocurrir si todo va bien en los próximos meses en Europa y que nos va a afectar también muy positivamente a España.

La ONCE desde hace ya más de ochenta años lleva trabajando en la adaptación, en la accesibilidad de los textos que hacen posible el acceso a la educación, es decir, la lectura, el poder acceder a los libros, como sus señorías pueden entender, es clave para que una persona ciega pueda estudiar, pueda acceder a la cultura, incluso pueda trabajar, y por eso en estos ochenta años hemos trabajado intensamente en esa adaptación, bien en braille, bien en textos sonoros, o en otros formatos accesibles para que nuestros afiliados, nuestras más de 72 000 personas ciegas y deficientes visuales graves en España puedan tener ese acceso a esa documentación. La ONCE en estos momentos cuenta con una biblioteca digital de más de 56 000 títulos, y detrás de esa adaptación del braille, de los libros en sonoro, hay un esfuerzo económico importante, puesto que realmente es costoso realizar esa accesibilidad.

En ese sentido en España hemos contado, afortunadamente, con un marco legal, que han sido las distintas leyes de propiedad intelectual, que nos cubre que podamos estar exentos del pago, bien a los autores, bien a los editores, de una compensación económica para que las personas ciegas podamos acceder a esos textos educativos, culturales, etcétera. Esto es importante porque estamos hablando de


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una accesibilidad que es costosa, no es barata, y sobre todo detrás de ella hay, lógicamente, un planteamiento de no ánimo de lucro, sino todo lo contrario, realmente estamos hablando de derechos de poder acceder a la información e igualdad con otros ciudadanos que tienen visión y que pueden acceder sin ningún tipo de adaptación. Era importante el matiz o la introducción de este tema porque hoy por hoy para nosotros, para las personas ciegas en España, es un tesoro poder contar con este recurso.

En este mundo global que tenemos, donde realmente cada día son menores las fronteras, aunque haya personas que quieran o países que quieran trazarla, y donde, en este caso las obras, cruzan precisamente las fronteras sin ningún tipo de limitación, aquí hay ya portales a nivel internacional que permiten el acceso a muchísima documentación, a muchísimo material, realmente el intercambio de estos textos por parte de las personas ciegas a nivel internacional ha sido una preocupación que la Unión Mundial de Ciegos, lógicamente, ha liderado, para poder de alguna manera que pueda haber un intercambio de las distintas entidades que producen este tipo de textos adaptados, bien en braille, en sonoro o en otros formatos accesibles, y esto es importante, el poder haber trabajado todos estos años -y ahora comentaré- para poder llegar a la situación actual que tenemos.

¿Por qué es importante que haya una posibilidad de que las distintas entidades que producen podamos intercambiarnos estos libros ya adaptados? Pues, lógicamente, por tres razones importantes. Una, lo primero es el optimizar realmente los recursos, al final no tiene sentido que una misma obra la puedan adaptar al braille o al sonido en castellano en distintos países, porque al final se solapan los esfuerzos. Por otra parte, una gran ventaja que pueda tener también esta libertad mayor a la hora de poder compartir, de poder intercambiar estos textos, es que se puedan poner a disposición de las personas ciegas en el mundo más títulos. Yo pongo un dato sobre la mesa que es importante, en España la ONCE, y es una entidad potente y que tiene una red importante de recursos humanos y recursos económicos dedicada a la producción de este tipo de libros adaptados, solo es capaz de adaptar el 5 % de los títulos que se publican en España cada año. Por tanto, esta posibilidad de poder intercambiar libros por parte de distintas entidades de distintos países nos va a permitir en este caso a los ciegos españoles el poder contar con más títulos. Y hay una tercera razón importante, que es que al final también los ciegos españoles podamos contar con obras en otros idiomas; afortunadamente, cada día tenemos más chicos y chicas que estudian en inglés, en francés, en otros idiomas, y es importante el poder contar con más títulos en estas lenguas extranjeras, que, lógicamente, nos permite tener más oportunidades. Compartir lo nuestro con otros países es muy importante, pero también el que podamos aprovechar también lo que otros países puedan adaptar y puedan transcribir en formatos que puedan ser accesibles.

Quiero contar un poco la situación que tenemos. Nosotros, desde el año 2009, a través de la OMPI, que es un organismo adscrito a Naciones Unidas, dedicado a la propiedad intelectual, y la ONCE a través de lo que es la Unión Mundial de Ciegos, llevamos trabajando estrechamente con el Estado español, España, para poder tener un marco legal internacional que permita este intercambio de libros adaptado. En el año 2013, después de estos más de cuatro años trabajando intensamente, se aprobó en Marrakech, de ahí el nombre del tratado, en una conferencia de la OMPI, este tratado, que permite para aquellos Estados que lo suscriban, el poder hacer un intercambio entre las entidades productoras de estos libros, y esto es un poco lo que nos está pasando en estos momentos. Es decir, a partir del 2013 Europa hizo suyo este planteamiento aprobado en el Tratado de Marrakech, hoy me acompañan precisamente dos personas, Bárbara Martín, que tengo aquí a mi derecha, vicepresidenta de la Unión Europea de Ciegos, y Francisco Martínez Calvo, Paco Martínez, es técnico de nuestra Área de Cultura, dos personas que fueron testigos de esa aprobación histórica, que fue la del Tratado de Marrakech.

En Europa, en septiembre del año pasado, después de una negociación importante con la Unión Europea, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva y el Reglamento de lo que estamos hablando hoy, del Tratado de Marrakech. Una vez que el Consejo Europeo ha dado su visto bueno a este tratado, está previsto que el próximo 12 de julio formalmente ya la Unión Europea apruebe lo que es la adscripción, la adhesión a este tratado, y el 12 de octubre, una fecha bastante simbólica en muchos temas culturales, también puede incrementarse también con la aplicación ya efectiva del Tratado de Marrakech en Europa. Quiero decir que el Tratado de Marrakech, que es importante, afecta a 285 millones de personas ciegas o deficiencia visual grave que se estima que existen en el mundo y 30 millones de europeos somos las personas que tenemos una discapacidad visual grave. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia).

¿Qué ocurre una vez que Europa apoya, se adscribe a este tratado? Lógicamente, España tiene -y en ello se está- que adaptar esa trasposición de la directiva y del reglamento a la legislación española


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que regula la propiedad intelectual, que es un poco la situación que tenemos en estos momentos. La diferencia que hay entre la directiva y el reglamento es que la directiva regula la producción y la distribución dentro de Europa, es decir en el marco intracomunitario, y el reglamento regula la relación con terceros países, esto es importante. El texto español -el refundido de la Ley de Propiedad Intelectual- fue presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en noviembre pasado. Nosotros, la ONCE, la verdad es que celebramos que el borrador realmente recoja el espíritu de Marrakech, el espíritu de lo que significa esta nueva situación, el espíritu positivo del intercambio de estos textos entre las distintas entidades que producen textos accesibles, y en este momento tenemos que decir -creo que el 15 de marzo fue analizado por el Consejo de Estado ese borrador- que queremos y esperamos que en toda esa tramitación, que llevará a Consejo de Ministros y a este Parlamento para ulteriormente poder aprobar la ley, se mantenga claramente ese espíritu del Tratado de la OMPI de lo que es realmente la adhesión de la Unión Europea y no haya ningún tipo de restricciones, ninguno tipo de mermas o de cargas de lo que significa hoy por hoy un poco lo que tenemos: poder adaptar sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de compensación económica a autores o a editores, porque realmente la adaptación de todo eso ya supone un esfuerzo económico muy grande y, en definitiva, es la situación que tenemos actualmente y la que afortunadamente hemos tenido en estos ochenta años.

Termino reconociendo realmente lo que significan este tipo de acuerdos internacionales; estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de algo que claramente recoge el espíritu de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la Unión Europea; realmente es de estos acuerdos entre países, acuerdos internacionales, que mejoran la situación del día a día, en este caso de las personas con discapacidad visual.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchísimas gracias, don Andrés, además se ha ajustado usted perfectamente al tiempo de que disponía.

Ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios para hacer sus reflexiones en torno a su intervención y las posibles preguntas. El orden es de menor a mayor, como saben sus señorías. No está el representante del Grupo Mixto, que ha salido. Por parte del Grupo Ciudadanos, don Marcial Gómez Balsera tiene la palabra.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señor presidenta, y muchas gracias, señor Ramos, por su comparecencia y por la información ofrecida.

En primer lugar, quiero felicitarle, trasladarle la felicitación de mi grupo por ese esfuerzo que ustedes están realizando, materializado en esa biblioteca, que, como bien ha explicado, cuenta ya con más de 56 000 títulos disponibles.

Quiero destacar la clara dimensión de desarrollo humanitario y social de este tratado y referirme también a algo que usted ha dicho, ese intercambio transfronterizo de obras. Quiero preguntarle si el resto de países están haciendo un esfuerzo similar al que ustedes realizan y si de alguna manera el uso de la lengua castellana nos beneficia a los castellanoparlantes con respecto a otros idiomas.

En segundo lugar, el tratado establece una asamblea de partes contratantes cuya función principal es tratar las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del tratado. Quiero preguntarle si esta asamblea está en funcionamiento y particularmente si ha realizado alguna recomendación al respecto al Estado español.

Y, para terminar, le preguntaría qué tipo de colaboración reciben ustedes, no solo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino qué tipo de colaboración reciben por ejemplo de la Sociedad General de Autores y Editores para la incorporación de este tratado, para llevarlo a efecto y para esa labor de adaptación de títulos que ustedes realizan.

Una pregunta más. ¿Hay más entidades autorizadas, aparte de la suya, que estén realizando esta labor?

Nada más. Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, don Marcial.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra doña Rosana Alonso.

La señora ALONSO CLUSA: Muchas gracias por su comparecencia, señor Ramos, ha sido muy interesante cada uno de los datos que nos ha aportado. Es indudable que facilitar a las personas con


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cualquier tipo de diversidad funcional el acceso a la cultura, la educación y los textos es un derecho fundamental que es innegable que hay que llevar hacia delante en cualquier caso.

Yo voy a ser muy breve. En general, me ha parecido muy adecuado cada uno de los puntos que nos ha trasladado. Nos ha comentado que llevan ya muchos años trabajando ese tema de la adaptación de textos y quería saber qué otras organizaciones, tanto en nuestro país como fuera de él, han estado involucradas en estos procesos y especialmente en el Tratado de Marrakech.

Nos habla de mantener el espíritu del Tratado de Marrakech. Me gustaría, por favor, que especificara qué tipo de cuestiones creen que pueden ser un impedimento. ¿Qué aspectos son los que podrían limitar ese proceso y ese espíritu?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchísimas gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien ha solicitado esta comparecencia, tiene la palabra su portavoz, don José Andrés Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señor Ramos, por su comparecencia, y muchas gracias a la ONCE por el trabajo que hace.

Este diputado que tiene el honor de poder hablar es también el portavoz de la Comisión de Cultura, con lo cual, como miembro de la Comisión de Discapacidad y de la Comisión de Cultura, me siento doblemente interesado por este tema y doblemente motivado; además, mi partido llevaba en su programa la voluntad de que el Tratado de Marrakech se firmara y se llevara a cabo y hay una fuerte conciencia entre mis compañeros de la necesidad de apoyar el acceso a la cultura de las personas ciegas o con dificultades para la lectura.

He escuchado con mucha atención y tenía pensado más o menos qué preguntas quería hacerle, pero hay una cosa que me ha venido directamente a la mente y me parece que a veces uno debe permitirse estas licencias. Hablaba usted de que solo el 5 % de la producción editorial se puede adaptar y me vino instantáneamente una anécdota que me parece muy hermosa y que tiene que ver con esto. Yo tenía un amigo que murió, desgraciadamente, hace un par de años, que se quedó ciego con 30 años, Carlos Martínez Orgado, que era, además de amigo, compañero de partido, y hubo un momento en que los socialistas pusimos de moda entre nosotros un libro que acababa de publicarse en castellano. Mi amigo era ciego y de pronto descubrí que la solución que había encontrado, que era la que había encontrado siempre para esto -él era una persona muy cultura, un ingeniero muy culto- era que su madre le grabara el libro de Philip Pettit, Republicanismo, y la señora aprendió un montón de teoría política haciéndole el favor a su hijo. Me gustaría honrar a esa mujer y a las personas que hacen ese tipo de trabajo; no sé cómo se llamaba la madre de mi amigo Carlos, o cómo se llama, pero se apellida Orgado. Claro, esto era el año 2000, 2001, me imagino que la cosa habrá cambiado mucho. Me refiero a acceder de manera inmediata a esto.

Centrándome, quiero hacerle varias preguntas. Una, ¿consideran adecuada la trasposición de la directiva que ha hecho el Gobierno? ¿Le ven algún problema? ¿Creen que podemos ayudar a mejorarla aquí, en la fase de debate dentro del Parlamento?

Segunda, ¿esto va a suponer una inversión? Porque es una gran oportunidad. ¿Va a suponer una mayor inversión de la ONCE en este tipo de adaptaciones? ¿Tienen algún plan para cuando se apruebe la posibilidad del intercambio transfronterizo? La ONCE es un referente, ¿qué puede significar esto en Latinoamérica o en todos los países de habla española, digamos, como influencia de nuestra cultura, la cultura de España en todo el mundo?

Una preocupación, en este caso como portavoz de Cultura, que se tiene que ocupar mucho de los temas de propiedad intelectual. ¿Qué mecanismos van a establecer para evitar la diseminación -no en el caso del braille, pero sí por ejemplo en los audiolibros- de este tipo de materiales? Me refiero a que lleguen a personas que realmente no los necesitan, que simplemente se ahorran pagar a los autores, que los pobres también tienen que ganar algo de vez en cuando. En ese sentido, ¿están ustedes estableciendo algún tipo de colaboración con el sector editorial para que haya una cooperación que sea fructífera tanto para los derechos de los autores como para el beneficio obvio y necesario de las personas que necesitan esto y que, como bien ha explicado, bastante esfuerzo hay que hacer ya para hacerles accesible la literatura, la cultura, en general, escrita?

Muchas gracias, presidenta, esto era todo. Muchas gracias, señor Ramos.


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La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Torres Mora.

A continuación, para fijar la posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Miguel Ángel Paniagua.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señor Ramos; bienvenido todo el equipo de la ONCE a esta Comisión. Ha dejado usted muy clara la importancia del Tratado de Marrakech, que afecta a tres valores básicos de nuestra sociedad: la cultura, la educación y el empleo; por tanto, agradecemos al Grupo Socialista la solicitud de su comparecencia hoy aquí, en esta Comisión.

El 19 de marzo de 2014 el Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea aprobó la propuesta de compromiso de la Presidencia griega del Consejo, que proponía que la Unión Europea firmara el llamado Tratado de Marrakech, un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como bien nos ha comentado usted, que facilita a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultades para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas y da carta de naturaleza legal a la síntesis de voz, que realiza una transformación de contenido textual a un formato audio y evitará que se generen nuevos conflictos legales por considerarse la salida audio una transformación de la obra digital. Fueron España y Portugal quienes más firmemente han apoyado la propuesta, que fue adoptada formalmente en la reunión del Consejo.

El tratado se abrió a la firma desde el 27 de junio de 2013 y entró en vigor, una vez lo hubieron firmado 20 países, el 30 de septiembre de 2016. El tratado aspira a solucionar lo que se ha llamado "el hambre mundial de libros", es decir, a subsanar la escasez de obras que pueden leer las personas ciegas, con discapacidad visual severa o con otros problemas para acceder al texto impreso y al mismo tiempo busca asegurar a los autores y editores que el sistema no expondrá sus obras publicadas al uso indebido de las mismas o a su distribución a terceros distintos de los beneficiarios previstos. La ONCE planteaba a partir de su entrada en vigor dos grandes desafíos por los que quería preguntarle: por un lado, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios que garanticen la materialización del tratado, tarea que dependerá de las propias organizaciones de personas con discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y Gobiernos, y, por otro lado, seguir trabajando para que aquellos Estados que han ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorporen a este tratado. Quería preguntarle cómo van estos dos desafíos.

El Gobierno de España, en su Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, autorizó la adhesión al tratado, que posteriormente fue ratificado por las Cortes Generales. España, como siempre, a la cabeza de los derechos de las personas con discapacidad, ha sido pionera en el campo de la protección a las personas ciegas o con discapacidad visual y un referente para otros países, por lo que la adhesión a este instrumento revistió especial importancia para consolidar y dar visibilidad a este compromiso. La adhesión reforzó la trayectoria de España en defensa de los derechos de este colectivo y de su plena integración en la vida social y cultural, complementando la normativa nacional ya existente en materia de derechos relacionados con la propiedad intelectual en aspectos que esta no contempla, como el uso transfronterizo sin ánimo de lucro de obras protegidas. Como bien ha dicho usted, hay que recordar que el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 1/1996, de 12 de abril, recoge en el apartado 2 de su artículo 31 bis el límite que permite la explotación de obras ya divulgadas sin autorización del titular de los derechos sobre las mismas cuando dicha explotación se realice en beneficio de personas con discapacidad y con las condiciones expresadas en dicha disposición.

Además del apoyo a la ratificación por parte de la Unión Europea, España ha participado e impulsado los debates en el grupo de trabajo competente del Consejo de cara a la aprobación de la directiva y del reglamento para implementar el Tratado de Marrakech en la Unión Europea y parece que están ustedes bastante de acuerdo con el contenido del texto que ha redactado el Ministerio, por lo que espero que podamos sacarlo adelante en los términos que ustedes desean.

Quería hacerle dos preguntas. Una, ¿cuánto cuesta transcribir a braille y a sonido un libro de unas 600 páginas? ¿Cuánto puede costar? Por último, me gustaría saber cómo está el tema de la lectura digital. ¿Qué avances y qué perspectivas hay actualmente sobre este tema?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Paniagua.

Ahora tiene la palabra don Andrés Ramos para responder a aquellas preguntas que pueda y añadir las reflexiones que considere de interés.


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El señor REPRESENTANTE DE LA ONCE (Ramos Vázquez): Muchísimas gracias por las cuestiones que plantean, la verdad que muy certeras, nos van a ayudar a aclarar un poco más lo que significa este paso tan importante que vamos a dar a nivel mundial.

Voy a intentar ordenar todas las preguntas y le pediré también ayuda a Bárbara en cuestiones concretas puesto que ella ha estado en todo lo que ha sido el nacimiento del Tratado de Marrakech, desde el 2009 hasta 2013; junto a Paco, fue testigo, como decía anteriormente, de esa reunión en la ciudad marroquí, en esa conferencia de la OMPI, y seguro que nos puede concretar algunos aspectos que sus señorías nos han demandado.

Hoy por hoy son 34 los Estados que ya han suscrito el tratado; Estados importantes -todos lo son, pero importantes para nuestros intereses- son, por ejemplo, Canadá y Australia, que tienen textos en inglés y en francés, que a nosotros especialmente nos vienen muy bien porque es un poquito más costoso realmente poder encontrar a lectores en estos idiomas y es una gran oportunidad también poder aumentar nuestro catálogo de textos en estos idiomas, especialmente a nivel educativo nos viene francamente bien porque ya tenemos, afortunadamente, muchos chicos universitarios que se lanzan a hacer su Erasmus a Europa, muchos chicos ciegos y deficientes visuales que estudian en otros idiomas y esos recursos nos van a ayudar. Y es verdad que al final este tipo de cosas suponen también un esfuerzo para nosotros como entidad exportadora de títulos; hoy por hoy la ONCE probablemente tenga una de las bibliotecas más nutridas a nivel mundial por el esfuerzo de estos ochenta años y por los recursos y el desarrollo, por el respaldo que tiene, en este caso en España, el poder contar con la ONCE. Y es verdad que especialmente los lectores en castellano -aunque también contamos con textos en otros idiomas de nuestro Estado, pero es verdad que mayoritariamente son en castellano-, todo el arco hispanoamericano van a poder contar -las personas ciegas- con un material que hasta ahora no tenían. Por tanto, al final este tipo de acuerdos nos benefician a todos, recibimos y damos. ¿Es un esfuerzo el que tenemos que hacer? Sí, y nos estamos preparando para ello, teniendo en cuenta, lógicamente, que tenemos que mantener los equilibrios; es decir, el tratado lo que no puede hacer es alterar la calidad de los servicios que damos a las personas afiliadas de nuestro país; por tanto, tenemos que mantener realmente esa situación de que la aplicación del tratado en cuanto a la exportación de esos títulos o la colaboración externa internacional con esos títulos y con esas entidades que ratifican el tratado no nos puede sacar de lo que es nuestra línea de atención a las personas ciegas. Insisto en que estamos en ello, estamos preparándonos en nuestro servicio bibliográfico de la ONCE; tenemos una sede en Madrid y otra en Barcelona, son los dos puntos principales, junto a toda la red estatal, porque tenemos transcriptores de la ONCE en toda España. Pero vamos a canalizar un poco toda la red productora de estos libros en braille y sonoro, vamos a canalizar las demandas y también, insisto, poder aprovechar todo lo que podamos recibir de esos países que tienen fondos interesantes en otros idiomas y que nos pueden beneficiar.

El coste es grande. Preguntaba el representante del Partido Popular cuánto cuesta un libro de 600 páginas. Pues un libro en braille, por ejemplo el libro de Dolores Redondo que todos habremos leído Todo esto te daré, cuesta 2500 euros aproximadamente y en sonido 1500 euros; es un coste realmente importante. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Contaba el representante del Partido Socialista el caso de Carlos, de su amigo. Afortunadamente, hoy no necesitaría de su madre para que se lo leyera, tenemos un sistema por el cual cualquier afiliado puede pedir que se le transcriba a braille y a sonido el título que realmente le interese; hay una comisión, que se reúne todos los meses, que atiende esas peticiones, o también a iniciativa de nuestros equipos educativos y culturales producimos, adaptamos ese tipo de obras. Es genial que a uno le puedan leer, pero desde la voluntariedad, no desde la necesidad; realmente hoy por hoy ese caso no se daría porque el sistema es fácil, funciona y prácticamente es automático, de forma que cualquier persona puede solicitarlo.

Se ha planteado un tema que me parece interesante, los límites del buen uso. Hay que decir que, lógicamente, esta exención del pago de los derechos de autor y de edición en España se ha hecho por el buen uso que la ONCE ha realizado de estos textos y estos textos están encriptados; en braille no es necesario porque ya de por sí es algo de acceso reducido solamente a los que saben ese sistema, el que a mí me ha permitido hoy dirigirme a ustedes, y en cuanto al sonido, está encriptado a través de un sistema que se llama Daisy, que es de uso exclusivo de las personas ciegas, en este caso de las personas ciegas que cuentan con un reproductor Daisy, que hace posible la reproducción de ese formato, es decir ese formato no es posible reproducirlo libremente a través de MP3 o de un CD puesto que tiene una protección. Creo que es importante lo que dice su señoría, nosotros tenemos que velar porque al final no haya ningún tipo de daño a la propiedad intelectual, esto es importante, y el Tratado de Marrakech recoge


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perfectamente esa condición, la de no dañar al que tiene los derechos, bien de la autoría del texto, bien de la distribución del texto. Por tanto, nosotros, en esa relación con otros países, vamos a velar porque lo que hacemos en España se mantenga allende de nuestras fronteras. Realmente nos haríamos un flaco favor a todos, al tratado, al espíritu del tratado, si al final ponemos en manos de personas de cualquier país, no solo de América Latina sino de cualquier país, textos, sonido que pueda llegar a terceras personas no ciegas o no con discapacidad visual grave; estaríamos traicionando y alterando lo que tiene que ser.

Nosotros estamos contentos con el borrador de texto refundido que ha planteado el Ministerio de Educación, así se lo hemos dicho y además agradecemos que a través del Cermi se nos pasara a consulta ese texto. Hemos hecho alguna aportación, más formal que de fondo, porque de fondo viene realmente perfecto en cuanto a lo que es el cumplimiento del Tratado de Marrakech.

¿Qué miedos o qué riesgos, mejor dicho, podemos correr hasta que este Parlamento lo apruebe? Pues que algo que hemos tenido siempre sería paradójico que al final no lo tuviéramos, que tuviéramos que pagar por la adaptación de esos textos; sabemos que no va a ocurrir, pero es importante que todos los partidos nos puedan de alguna manera ayudar a que al final el Parlamento lo apruebe por unanimidad, que sería lo lógico: un texto consensuado por parte de todos para el 12 de octubre. Es curioso que sea el 12 de octubre, porque es verdad que especialmente a los lectores parlamentes de español, a los hispanoparlantes, les va a beneficiar muchísimo este acuerdo.

Y paso la palabra a mi compañera Bárbara.

El señor PRESIDENTE: Don Andrés, la comparecencia era de un representante de la ONCE, que es usted. En todo caso, ruego a doña Bárbara que, si puede y quiere, nos traslade por escrito su contribución, que evidentemente será distribuida entre los miembros de esta Comisión.

El señor REPRESENTANTE DE LA ONCE (Ramos Vázquez): Perfecto.

En cuanto a la relación con las editoriales, es muy buena y tengo que agradecer de verdad la estrecha relación de apoyo y de mutua ayuda, sobre todo en temas educativos, que es muy importante; es muy importante para que los 7500 niños ciegos o con discapacidad visual grave puedan estudiar, es clave. Es verdad que, como todo, la vida va dando vueltas y vamos evolucionando, y llega lo digital, ya ha llegado lo digital, y lógicamente estamos trabajando para que todos esos formatos nuevos también puedan permitir el acceso de las personas ciegas y de alguna manera poder impedir que esa evolución tecnológica pueda alterar el que esas obras sean de uso exclusivo de las personas ciegas. Pero yo creo que lo digital siempre es una oportunidad. Hoy por hoy la ONCE es una maravilla, y yo lo vivo cada día cuando hablo con las personas que pierden la vista y que entran en nuestra entidad; las atendemos, las rehabilitamos y les damos la capacidad de poder superar el hándicap de la discapacidad visual, y uno de los servicios más valorados, eso es algo que medimos, es precisamente esto, que cualquier persona, da igual la edad que tenga, pueda acceder a esa biblioteca digital, que es una intranet, y pueda bajarse el libro, o pedir un libro en braille o en sonoro y reproducirlo con cualquier aparato que le permita esa reproducción Daisy. Al final es algo mágico el poder acceder a los libros y esa magia que hemos tenido siempre yo creo que el Tratado de Marrakech nos la tiene que mejorar y potenciar si cabe.

No sé si he contestado a todo. He intentado resumir, porque el tiempo es limitado, pero he intentado dar respuesta a todas las cuestiones que se nos han planteado.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Andrés Ramos Vázquez, director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, y también muchas gracias a doña Bárbara Martín. Insisto, sus contribuciones como vicepresidenta de la Asociación Europea de Ciegos y como persona que fue testimonio indirecto del Acuerdo de Marrakech, serán muy bienvenidas en esta Comisión. Les agradecemos su comparecencia, su excelente trabajo, y los miembros de esta Comisión están a su disposición.

Vamos a despedir a los comparecientes y a pasar al siguiente punto del orden del día. (Pausa).

DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA INTEGRACIÓ DEL CEC, ACIC (CARREY TORRALBA), PARA INFORMAR SOBRE SUS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 219/001051).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º: Comparecencia de don José ángel Carrey, presidente de la Associació Catalana per la Integración del CEC, ACIC, para informar sobre sus propuestas para la


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integración de las personas con discapacidad visual en el conjunto de la sociedad. El proponente es el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata (PDeCAT). ACIC acaba de cumplir veinticinco años y ha sido también muy activo en la actividad legislativa de esta casa. Conocemos al señor Carrey desde el año 2004, porque fue uno de los impulsores de que las personas ciegas pudieran votar realmente en secreto y sin ir acompañada por ninguna otra persona, por ejemplo con las papeletas en braille. Les podría poner otros ejemplos pero solo me corresponde darle la bienvenida en nombre de la Comisión y darle la palabra por tiempo de unos quince minutos para que exponga su contribución. Gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA INTEGRACIÓ DEL CEC, ACIC (Carrey Torralba): Buenos días a todos. Muchísimas gracias al señor presidente y a la Comisión por habernos invitado hoy y por darnos la oportunidad de exponer aquí nuestra lucha cotidiana y nuestras reivindicaciones. Les hemos aportado una documentación un poco más técnica y yo lo que voy a hacer hoy es intentar trasladarles un poco nuestra visión del día a día, de la vida cotidiana de las personas ciegas, las problemáticas que nos encontramos y que desde la ACIC trabajamos en los diferentes ámbitos. Voy a intentar no dar una explicación técnica, porque para eso les hemos pasado la documentación, nosotros, evidentemente, en todas las materias tenemos un discurso y tenemos un trabajo denso, pero mi objetivo hoy es intentar hacer una somera explicación de los temas que nos preocupan, para dejarlos planteados y para suscitar en ustedes la actividad legislativa que como Congreso de los Diputados es necesaria para que las reivindicaciones que nosotros planteamos avancen.

En primer lugar, hay un primer apartado, que hemos titulado Derechos políticos y de la ciudadanía. Aquí resaltaríamos dos cuestiones importantes, el voto accesible, como mencionaba el señor Xuclà, en 2008 fue la primera vez que se celebró la votación mediante un sistema que garantizaba el secreto del voto para las personas ciegas. La regulación que se hizo en aquel momento, después de cuarenta años de democracia, era esperanzadora, porque modificaba la Ley electoral y abría el desarrollo de este derecho en todos los procesos electorales; quedó pendiente la regulación del voto por correo, del voto de los ciudadanos ciegos residentes en el extranjero y de las elecciones municipales y, lamentablemente, diez años después hemos de constatar que sigue pendiente de completar esa regulación. Simplemente manifestaré que, a pesar de que ha habido diferentes intentos en esta Cámara de abordar el problema, creo que el último le corresponde a la formación política a la que pertenece el señor Xuclà, que fue en 2015. Si no me equivoco, esa fue la última vez en que una proposición de ley que pretendía incluir el tema de las municipales fue rechazada. Nosotros querríamos que reflexionaran ustedes sobre que después de diez años de funcionamiento de este derecho en el resto de comicios sigue siendo una vulneración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, y sigue siendo una vulneración de nuestro derecho fundamental. Es decir, en todas las elecciones podemos votar de forma secreta y autónoma, excepto en las elecciones municipales, en las que tenemos que seguir votando -por obligación y no por opción- acompañados de una persona de confianza. Esto es un auténtico retroceso que tenemos que superar, un anacronismo que tenemos que yo pido a esta Comisión, que ya es legislativa, que aborde y que nos ayude a todos a conseguirlo. Les hemos entregado un documento con nuestra propuesta concreta sobre cómo abordar este problema, puede haber diferentes vías, pero evidentemente hay que abordarlo.

El segundo aspecto dentro de los derechos ciudadanos que queríamos traer aquí es la reforma de la legislación civil y notarial en lo que afecta al otorgamiento de escrituras y documentos notariales y de testamentos. La última oportunidad en la que hubo una reforma de calado sobre estas cuestiones referidas a las personas con discapacidad, si no recuerdo mal, fue en mayo de 2017 cuando se abordó la reforma del artículo 56 del Código Civil respecto al matrimonio de las personas ciegas y con discapacidad sensorial, y entonces hubo algunas fuerzas políticas, a las que queremos agradecérselo en esta oportunidad, que presentaron enmiendas en orden a reformar el derecho notarial y el Código Civil para que las personas ciegas pudiéramos otorgar cualquier documento notarial sin el obligado concurso de dos testigos idóneos, que es como está regulado ahora mismo, y también para que pudiéramos otorgar testamento abierto y cerrado sin la concurrencia de estos mismos testigos. La situación es que, así como ustedes, que son personas que tienen el sentido de la vista, pueden ir y otorgar una hipoteca o un poder general para pleitos o un testamento tranquilamente ante el notario, las personas ciegas nos vemos obligadas a comparecer ante notario con dos testigos que lean y firmen el testamento o el documento notarial con nosotros y que conozcan su contenido, lo cual vulnera nuestra intimidad y también supone una discriminación con respecto a ustedes, que no tienen que pasar por esa situación ya que nadie tiene


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por qué conocer los actos de disposición que ustedes otorgan sobre su patrimonio. Esta medida, que era correcta probablemente en el siglo XIX, ahora mismo, con la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías, evidentemente, debería ser superada. Nosotros también les hemos traído de nuevo nuestras propuestas para que las estudien, creemos que es una asignatura pendiente que también se ha de superar.

En segundo lugar, respecto a lo que podríamos llamar Derechos económicosociales, yo quería traer a esta mesa el tema de la integración laboral de las personas ciegas. La integración laboral es la clave para asegurar, señorías, una integración plena, la capacidad de acceder al empleo garantiza la autonomía de las personas en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de una vida normalizada, que es lo que todos pretendemos. En ese sentido creo que a ninguno de ustedes se les escapa las enormes dificultades que tienen las personas, sobre todo ciegas totales, para acceder al mercado laboral, pero es difícil hacer una política clara de empleo sin un previo informe de situación. Nosotros planteamos como propuesta, en primer lugar la necesidad de que haya un informe de la situación a nivel de todo el Estado sobre el número total de personas con discapacidad visual, y particularmente ciegos totales, que están en edad laboral y que tienen trabajo, cuántos trabajan y cuántos están desempleados, qué tipos de trabajos realizan, qué relación hay entre la formación que poseen y el tipo de trabajos que desempeñan y qué porcentaje de personas en edad laboral están en situación de jubilación anticipada o de incapacidad. Creemos que con un informe, cuando tengamos todos estos datos claros, podremos pretender realmente diseñar una política clara y necesaria de impulso de la integración laboral de nuestros colectivos.

Hay segundo aspecto dentro del empleo público porque existe, evidentemente, una reserva legal para personas con discapacidad. Nosotros teníamos una propuesta que era, cuando se abordó el aumento de la reserva legal o el establecimiento de una reserva cualificada para personas con discapacidad intelectual, incluir también a las personas con discapacidad sensorial. ¿Por qué? Porque una persona ciega total o una persona sorda probablemente tiene mayor dificultad de acceder al empleo público que una persona que solamente tiene el 33 % de discapacidad, que es lo que se aplica hoy en día. Seguimos pensando que una reserva cualificada dirigida más a estos colectivos sería una buena opción.

Otro aspecto dentro del acceso al empleo público es lo que para nosotros sería clave, la supresión de la obligatoriedad del certificado de aptitud que se exige para el acceso al empleo público cuando se pretende acceder por las plazas reservadas para personas con discapacidad. Este certificado de aptitud en algunas comunidades autónomas se exige a posteriori, al final del proceso electivo, en Cataluña por ejemplo se exige al principio, antes de acceder a las pruebas selectivas y, sin embargo, tanto si se exige antes como si se exige después, es un elemento claramente discriminatorio respecto al resto de opositores. Nuestro punto de vista es que son el proceso selectivo, la propia oposición, el periodo de prueba con las debidas adaptaciones a los puestos de trabajo, los que deben decidir si la persona con discapacidad es apta o no para acceder al empleo público y que un certificado previo de aptitud es un elemento discriminatorio que deberíamos superar.

Finalmente, dentro el empleo público, hay un apartado muy importante también que es la accesibilidad de las aplicaciones internas que se utilizan dentro de las administraciones públicas para trabajar, porque eso es un elemento fundamental a la hora de que una vez que accedes al empleo público puedas desempeñar como trabajador con discapacidad plenamente las funciones para las que se te ha designado en el puesto de trabajo. Esto en muchas ocasiones no ocurre, la accesibilidad de los programas internos de la Administración a veces es compleja o no existe, y eso supone que la integración laboral, una vez que se ha conseguido dentro de la Administración, que es la que tendría que dar ejemplo, no funciona al cien por cien y no es todo lo correcta y todo lo buena que debería ser.

En cuanto a la empresa privada, nosotros creemos que sería muy importante impulsar políticas que reduzcan las medidas alternativas y obliguen a un verdadero cumplimiento de la reserva legal de puestos de trabajo para personas con discapacidad y también las medidas de concienciación, como el documental que les vamos a distribuir para que el empresario confíe, confíe en las capacidades que tenemos las personas ciegas a la hora de trabajar. Yo estoy convencido de que mucha gente nos contrataría si creyera que realmente somos rentables y que tenemos no solo la formación sino la capacidad de ser competitivos, y eso es deber de las administraciones públicas impulsar esa concienciación.

Y, finalmente, hay un aspecto que nos preocupa mucho, que es la situación en la que cuando una persona que está trabajando en activo, adulta, pierde la visión, inmediatamente lo que se le ofrece es en muchas ocasiones pasar a una invalidez y nosotros creemos que esto es un planteamiento erróneo. Nuestra propuesta es que, por ejemplo, que se estableciera regular una baja prolongada, supeditada a la


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inmersión de la persona en un proceso de rehabilitación, que evidentemente las instituciones que se dedican a ello prestan en este país, y muy bien, pero que no acabara en una invalidez, sino que el proceso de rehabilitación se llevara a cabo por el tiempo que fuera necesario, de manera que esa persona recuperara sus habilidades sociales, sus habilidades laborales y personales y pudiera después, en el caso de que fuera posible, reincorporarse otra vez a la vida laboral activa, con lo que ello supone de beneficio para su autoestima, para su desarrollo personal y también, ¡cómo no!, para las cuentas públicas, porque, en lugar de ser una persona que cobraría de por vida una pensión, sería una persona que cotizaría y que podría llevar una vida plenamente integrada, como el resto de ciudadanos. (El señor vicepresidente, Aguiar Rodríguez, ocupa la Presidencia).

En un segundo aspecto hablaríamos del apartado Bienes y servicios. Quedan pendientes de desarrollar las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia. En Cataluña, en la Ley de accesibilidad que se aprobó recientemente y en el Código de Accesibilidad que está ahora en funcionamiento, hemos hecho varias propuestas en materia de consumo, por ejemplo el concepto de información accesible, el derecho de acompañamiento regulado obligatorio, el derecho de acompañamiento de las personas con discapacidad en grandes superficies, en hospitales, en edificios públicos, en lugares donde es difícil orientarse y donde a veces, por ejemplo en los supermercados este acompañamiento no se presta. No querría citar nombres, pero Mercadona sería un buen ejemplo de ello, su política comercial es que como ya tiene la página web accesible, ya no hace acompañamientos a las personas con discapacidad en sus establecimientos. Eso no puede ser, nosotros tenemos derecho a poder ir a comprar solos y a que los dependientes nos acompañen y quizás recoger eso legalmente sería una buena medida.

Quería referirme al etiquetado accesible de productos, sobre todo alimenticios y peligrosos. Hubo también sendas proposiciones no de ley y de ley en este Parlamento en legislaturas anteriores respecto a este tema, hubo también un compromiso de un decreto que nunca llegó sobre esta cuestión, y yo les haría reflexionar sobre la necesidad de este tema, porque a las personas que vivimos solas nos cuesta identificar si lo que te vas a comer es un yogur de un sabor o de otro, si vas a abrir una lata de tomate o de garbanzos en conserva o si el producto que vas a consumir está o no caducado, que es mucho más grave. Por eso nosotros, tomando como referencia la ley portuguesa, que también les hemos acompañado, elaboramos una propuesta que se sometió en su momento a debate en esta Cámara y que creemos que todavía sigue siendo válida, mientras se consigue que la legislación europea ampare esta medida para que lo incluyan los fabricantes. Como ello no es posible todavía, la opción es el etiquetado en el momento de la compra y ahí tienen ustedes la propuesta para que la analicen y la discutan, pero desde luego piensen que para las personas que vivimos solas es fundamental y que es un tema de salud y de seguridad de nuestra integridad física y no es solamente por el placer de poder coger una lata y leer lo que pone sobre cuál es su contenido en braille, que es absolutamente normalizador, como hacen ustedes, que lo leen directamente y ya está, sino que además es una cuestión de seguridad.

Me referiré también al incumplimiento en cuanto a legislación de accesibilidad, particularmente me interesa abordar en este tema lo que nosotros llamamos ciudades peligrosas. Señorías, nuestras ciudades se están convirtiendo cada vez más en lugares peligrosos para deambular por ellas, no solamente debido a diseños urbanísticos que incumplen la legislación estatal, como por ejemplo la orden VIV 561/220110, me estoy refiriendo a las calles de plataforma única de uso mixto, que son aquellas calles en las que desaparecen las aceras y hay un espacio compartido por vehículos, peatones, bicicletas, todo a la vez, sin ningún tipo de señalización. Este concepto, muy moderno y que el papel aguanta perfectamente porque dicen que pacífica el tráfico y que contribuye a hacer nuestras ciudades menos contaminantes y más amables, en realidad nos pone en peligro a las personas que necesitamos un espacio definido por el que movernos sin ser atropellados. Imagínense si a esta situación de eliminación de las aceras, en las que por ejemplo las personas que van con perro guía no se pueden orientar porque el perro guía no está preparado para ir por un espacio en el que no haya acera y calzada, además le añadimos el problema de los coches eléctricos; los coches híbridos y eléctricos, señorías, no suenan y no son detectables y cuando tú vas con un bastón por una zona en la que no hay acera y pasa a tu lado un coche, por ejemplo del ayuntamiento, del servicio de limpieza, que es eléctrico y que no se oye, es mucho más fácil que te atropelle si eres una persona con discapacidad visual que si eres una persona que ve y que puede esquivarlo, aunque también afecta a personas mayores y también afecta a personas que tienen movilidad reducida. Nosotros este tema en Cataluña lo estamos abordando desde al ACIC con otras entidades de la discapacidad en una plataforma que se llama Carrers per a Tothom, Calles para todos, y que intentamos en el documento que les hemos aportado plantear soluciones de diseño universal que vayan bien para todos los colectivos y


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que de alguna manera regulen, siguiendo la definición que da la normativa estatal, que es para calles estrechas y cuando no pueda haber el itinerario peatonal accesible segregado de aceras y calzadas; hacemos un estudio y un análisis de cómo pueden estas calles cuando son necesarias implantarse, pero no es legal y deberían incluso promoverse políticas sancionadoras por el establecimiento de este diseño urbanístico a tutiplén en calles amplias, donde es absolutamente innecesario y con lo que se genera un gravísimo riesgo para nuestra integridad y para nuestra movilidad.

Me referiré brevemente a los problemas de accesibilidad tecnológica. Hay muchísimas páginas web de la Administración y también de las empresas que prestan servicios esenciales, que no son accesibles, que incumplen los criterios de accesibilidad que son obligatorios desde enero de 2009 y que en la actualidad todavía ello no sucede. Ejemplos de ello, las compañías aéreas, en las que las personas ciegas no podemos comprar billetes de avión de manera autónoma y singular caso el aspecto en el caso de Renfe, cuya web ha tenido gravísimos problemas de accesibilidad, el asunto ha llegado a los tribunales y de momento no está siendo sancionada, a pesar de que hay informes públicos que avalan estos incumplimientos de accesibilidad, ahora, en este último año han mejorado, pero las sanciones por este tipo de incumplimientos siguen sin producirse, tenemos una buena legislación, pero no se hace cumplir y ello supone problemas gravísimos de autonomía personal para nuestro colectivo.

Quería referirme un poco a la accesibilidad cultural y más concretamente al tema del apagón analógico televisivo. Desde que este apagón se produjo, las personas con discapacidad visual tenemos graves problemas para manejar los aparatos de televisión, para sintonizar los canales y para poder acceder a la información a la que ustedes acceden de programación, de contenidos a través de la TDT o de los sistemas de televisión digital. Todos los intentos que ha habido desde la Administración para solucionar estos problemas, incluso con gasto de dinero público, han sido infructuosos, el tema sigue sin abordarse y seguimos teniendo esta carencia discriminatoria.

En fin, señorías, he intentado hacer un repaso de los principales problemas que trabajamos dentro de la ACIC. Solo quería transmitirles que, a pesar de todos los puntos que he expuesto, no es una visión negativa, es una visión que debe ser enriquecedora e ilusionante. La integración es una batalla emancipadora y a las personas que creemos en ella y que la vivimos cada día nos aporta a nivel individual más autonomía y más libertad y a nivel colectivo mayor justicia social. Y yo apelo a todos ustedes para que nos acompañen en esta lucha y nos ayuden a, como dice la Constitución, eliminar las barreras, remover las barreras que evitan el pleno disfrute de nuestros derechos y libertades constitucionales.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, don Ángel Carrey, es esta su primera intervención.

Ahora vamos a dar paso a los grupos parlamentarios para que formulen sus planteamientos y las preguntas que consideren.

En primer lugar, y por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor José Ángel Carrey, por su comparecencia y por la muchísima información que nos ha trasladado, bien en su intervención inicial, de unos quince minutos, pero también en la mucha información que nos ha hecho llegar por correo electrónico y que desde la secretaría de la Comisión se nos entregó en el día de ayer, que sin duda es una fuente de inspiración para futuras iniciativas de control al Gobierno, de impulso al Gobierno y de integración de las personas invidentes.

No voy a hacer referencia a todas las propuestas que usted nos ha hecho, creo que es importante simplemente que usted haya tenido la oportunidad de compartir con mis colegas de Comisión algunos de los temas que hemos hablado durante tantos años, creo que también es positivo que distintas asociaciones de representación de las personas ciegas, de las personas invidentes, tengan cabida en esta Comisión y que cooperen entre ellas. Ahora estaba mirando esta iniciativa de Carrers per a Tothom y veo cómo ustedes son muy capaces de sumar muchas entidades y asociaciones para presentar y para encauzar propuestas. Voy simplemente a detenerme en dos de los aspectos que usted ha señalado.

El voto secreto, que en el año 200, con la reforma del año 2008 conseguimos para todas las elecciones excepto para las municipales, para el voto por correo y para el voto de los residentes en el extranjero, quiero simplemente compartir con el resto de grupos que actualmente está constituida una Subcomisión de Estudio de Reforma de la Ley Electoral, donde hay puntos de encuentro y puntos de discrepancia, pero parece bastante claro que uno de los pocos puntos de encuentro sea precisamente la reforma del


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actualmente impracticable voto de los residentes españoles en el extranjero, sean invidentes o no sean invidentes. Mañana tendré la posibilidad de interpelar al ministro de Asuntos Exteriores al respecto, al funcionamiento del voto CERA en estos momentos.

Apunto simplemente esto porque creo que sería una gran oportunidad la reforma electoral del voto CERA también para incorporar el voto secreto, porque es ligeramente denigrante que el voto de una persona, que es un acto personalísimo, hasta la reforma del año 2008 tenían que ir acompañada por otra persona, que le indicaba aparentemente su opción de la papeleta.

Se hablaba de problemas de confidencialidad, pero hablamos de unas plantillas, se hablaba de problemas de confidencialidad, porque si había una sola persona invidente en un colegio electoral, al final se sabía a qué partido había votado. Pero usted seguro que nos puede aportar soluciones a los problemas y a las dudas que en aquel momento se plantearon.

En todo caso, nuestro apoyo a esta iniciativa para el voto secreto para elecciones municipales, para el voto por correo y para el voto CERA y apuntar esta oportunidad, que pasa muy cerca de reforma legislativa.

Y, finalmente, creo que hay otro aspecto que usted ha apuntado, que nos tendría que llamar poderosamente la atención, hago referencia a una cuestión de salud y de seguridad, como es el etiquetado accesible. Usted lo ha descrito de forma muy gráfica para una persona que vive sola y que quiere saber cuándo caduca un producto, también quiere saber lo que come, pero especialmente es un tema de salud, cuándo caduca un producto.

Y nos ha hablado de pasada, su intervención inicial no le ha permitido alargarse más, de modelos comparados útiles, y nos ha hablado por ejemplo del modelo portugués. Me gustaría que nos ilustrara ligeramente un poco más en cómo podríamos avanzar. También nos ha hablado de la posibilidad de la entrega en el momento de la compra de un etiquetado para la persona que lo pida.

Y, finalmente, tomo en nombre del Partit Demòcrata y de grupo proponente, buena nota de sus quejas respecto al incumplimiento por Renfe, que es una empresa pública, de la facilitación del acceso a su página web y a la compra de los títulos de transporte para personas invidentes.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Carrey, un lujo tenerlo entre nosotros en el día de hoy.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor Carrey, por su comparecencia y por la información facilitada.

Decirle en primer lugar que en relación a los derechos políticos estudiaremos con detenimiento esa propuesta concreta que nos ha hecho llegar relacionada con el voto secreto, que nos ha hecho llegar tanto por email como hoy en formato CD.

Sí quisiera detenerme algo más en esa tarea pendiente, que usted ha hecho muy bien en reprocharnos, relativa a la modificación pendiente de la regulación de la capacidad de detectar y de otorgar documentos notariales sin necesidad de comparecer con testigos. Ofrecerle una disculpa, es cierto que pudimos hacerlo en su día, pero tengo que transmitirle que si no lo hicimos fue porque el Gobierno nos pidió prudencia y paciencia, toda vez que la Comisión General de Codificación se encontraba trabajando en la compilación de todos aquellos artículos de nuestro ordenamiento jurídico que debían ser adaptados a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero es cierto que los meses pasan y que el trabajo no parece concluir y que tal vez la prudencia no se nos agote, pero sí es posible que en algún punto se nos agote la paciencia y acabemos por presentar cualquiera de los grupos aquí presentes esa iniciativa.

Tengo que reconocerle, igualmente, que nos llevan ustedes la delantera. Me consta que COCARMI, la federación que engloba a todas las entidades de discapacidad física y sensorial de Cataluña, sí hizo ya un informe con todas las leyes y artículos de la legislación de Cataluña afectados por esta normativa, es decir, que ustedes ya han realizado este trabajo, no así el Govern, que parece que todavía no se ha puesto manos a la obra.

Y se ha referido usted también a la accesibilidad. En Cataluña tienen su propia Ley de Accesibilidad, la Ley 13/2014, lo que ocurre es que esta ley tampoco ha desplegado totalmente sus efectos y desde luego parece que no se ha dotado de los suficientes recursos económicos y humanos, en definitiva,


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parece que el Govern de Cataluña tiene sus prioridades en otra cosa, tiene sus prioridades en el procés, los años pasan y no se hace nada al respecto.

Con lo cual, yo quisiera poner en valor una iniciativa que presentó Ciudadanos en mayo de 2016 en el Pleno del Parlament, una moción sobre discapacidad y accesibilidad, que se aprobó en su totalidad, una moción en la que se instaba al Gobierno de Cataluña, entre otras cuestiones, a presentar un proyecto de Ley de derechos, no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad, a constituir el Consejo de Discapacidad de Cataluña, a establecer un calendario de plazos de la actualización de la cartera de servicios sociales, a presentar un reglamento de desarrollo de la Ley de Accesibilidad en el plazo que la propia ley establecía, a presentar un proyecto de ley de autorización personal y dependencia durante aquel año, el año en curso, y, entre otras cuestiones, por ejemplo a vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad.

La única pregunta que le haría sería qué medidas concretas de estas se han aprobado en este tiempo, en estos dos años y también qué exigencias concretas ha tenido usted en representación de su entidad, la ocasión de trasladarle al ejecutivo autonómico del señor Puigdemont en estos años y si ha tenido éxito, cuáles de ellas se han llevado a efecto.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Gómez.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea. Tiene la palabra la señora Arévalo.

La señora ARÉVALO CARAVALLO: Gracias.

En primer lugar, agradecer la labor de lucha y reivindicación que ha llevado a cabo desde hace muchos años, y además de manera voluntaria, a favor de la inclusión y la igualdad de las personas ciegas. También quiero agradecerle que su comparecencia se haya centrado en detallarnos las problemáticas de los derechos de las personas con discapacidad visual, y en relación al derecho a la participación política de las personas con diversidad funcional, que, efectivamente, se recogen en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, como bien ha dicho el señor Xuclà, ACIC fue en su momento parte fundamental de la sociedad civil organizada para conseguir que este derecho se hiciera efectivo y real en nuestro país. Pero, como usted señalaba, este derecho no está reconocido de manera plena, ya que las personas con discapacidad visual aún no tienen garantizado el voto accesible en los comicios municipales.

Informarle que nosotras hemos registrado varias preguntas para que el Gobierno nos diga por qué aún no han abordado esta cuestión y cuándo piensan hacerlo y estamos a la espera de que tengan a bien responder y en función de la información que se nos dé, seguir con el trabajo legislativo.

Además, quiero trasladarle que Unidas PodemosEn Comú PodemEn Marea ha tomado nota de sus propuestas para mejorar el sistema de voto accesible vigente en relación a cuestiones como la opción de voto por correo y de los residentes en el extranjero y también en lo que tiene que ver con el sellado de los kits para que lleguen cerrados al colegio electoral. Nuestra intención es traducir estas propuestas de ACIC a iniciativas legislativas.

Por último, en relación al voto accesible quería preguntarle cómo valora su asociación las campañas informativas que se han realizado sobre el procedimiento de voto accesible, que si considera que han sido efectivas y si conocen si el colectivo de personas ciegas conoce el teléfono al que deben llamar para solicitar la utilización del procedimiento de voto accesible.

Por otro lado, quería trasladarle que estamos totalmente de acuerdo en que, efectivamente, España está incumpliendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, puesto que el Código Civil sigue manteniendo en su articulado una discriminación por razón de discapacidad, que ataca claramente la dignidad de las personas con diversidad funcional. Digo que esto es intolerable, que es inaceptable, pero es que además es, como usted bien ha explicado, es insostenible desde el sentido común, porque da por hecho que las personas ciegas no tienen capacidad de comprensión, lo cual es, bueno, no voy a ponerle el adjetivo. Por eso nosotras hace ya tiempo registramos una iniciativa para pedir al Gobierno del Partido Popular que cumpla la convención y lleve a cabo las modificaciones normativas necesarias para eliminar de la legislación estas discriminaciones por razón de discapacidad y además solicitamos que se legislara para que las notarias cuenten con los medios pertinentes para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad visual.


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Por otro lado, en relación al etiquetado accesible, trasladarle que las razones que usted ha dado, y que nosotras por supuesto compartimos, efectivamente, justifican la urgencia y la necesidad de que esta cuestión sea regulada, para que las personas ciegas en nuestro país no tengan que depender de terceros para una actividad tan cotidiana como es hacer la compra. Y por eso nos vamos a poner a trabajar en esta cuestión, porque la situación actual supone un riesgo para la integridad física y la salud de las personas ciegas y porque además crea una dependencia injustificable.

Creo que no tengo mucho tiempo más, así que le transmito nuestro agradecimiento por su lucha a favor de los derechos de las personas ciegas y les haremos partícipes a partir de ahora de todo el trabajo que llevemos a cabo en relación con el colectivo al que usted representa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muy bien. Muchas gracias, señora Arévalo.

Por el Grupo Socialista la señora Pérez tiene la palabra.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente, gracias también al compareciente, ha sido realmente ilustrativa la intervención que nos ha hecho sobre los distintos problemas y las distintas respuestas además, que creo que ha sido lo más interesante, que propone, porque no solo nos ha planteado, primero, gracias por la documentación que nos ha enviado y que hoy ha expuesto aquí, pero no solo nos ha planteado la distinta problemática por la que se ven afectados por la discapacidad visual, sino también alternativas, y eso es muy de agradecer. Yo les agradezco ese trabajo que han hecho en los distintos ámbitos que usted ha mencionado, donde miraremos con atención todas y cada una de las propuestas, incluso ya vienen normativizadas, y estudiaremos con atención las mismas.

En relación con la cuestión que usted planteaba respecto a la inclusión cuando se trató en esta cámara la modificación del Código Civil, sabe usted que era una modificación puntual, que además había que hacer con una urgencia tremenda, porque, si no, entraba en vigor una disposición del Código Civil realmente terrible para las personas con discapacidad en lo referido al matrimonio. Ese fue el motivo por el que, y el que comentaba también el compañero de Ciudadanos, por el que hicimos una tramitación rápida del asunto y también, cómo no, y se ha mencionado hoy aquí, porque la Comisión General de Compilación y, en palabras de la propia ministra, deberíamos tener ya aquí este año, el cumplir con un mandato, que es que la Convención de Personas con Discapacidad tenga ya un traslado al ordenamiento jurídico. Aquí se nos ha prometido ya varias veces el proyecto de ley para adaptar a la Convención la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y lo que le puedo decir es que mi grupo, como el resto de grupo, creo que no vamos a poder esperar mucho más si el Gobierno no nos trae ya ese trabajo en el que han estado ocupados últimamente.

Por supuesto, compartir todo lo que usted dice con respecto al derecho notarial, a la testamentaría, pero también la tutela, la curatela, que han tenido oportunidad, o los registros notariales, otros comparecientes en otro momento, de exponernos.

Con respecto a la accesibilidad, qué quiere que le diga, no solamente que estamos de acuerdo con usted sino que otro incumplimiento más, porque ya tendría que estar en marcha y tendría que estar recogido lo que se aprobó en 2011 en el texto normativa en otra ley, antes decía un compareciente que no hacía falta hacer una ley para cumplir una ley que ya existía, pues esto viene a ser algo parecido, lo que había que haber hecho era cumplir la ley y que ya tuviéramos accesibilidad universal. Eso no ha sido posible, pero no solamente no ha sido posible eso, sino que se nos ha vetado al Grupo Parlamentario Socialista por parte del Gobierno una proposición de ley para crear un fondo de accesibilidad similar al fondo del 1 % que hay cultural para accesibilidad universal y, lamentablemente, no solo nos lo ha botado el Gobierno, sino que ha sido rechazada por la mesa de la Cámara con la mayoría del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos.

Por otra parte, yo quiero reconocer que se avanza y que se va avanzando y que no estamos como estábamos hace unos años, como usted dice, hemos avanzado y tenemos que seguir haciéndolo. Y me llama la atención, y lo vamos a estudiar con detenimiento, y nos pondremos en contacto con usted, si le parece oportuno, porque a lo mejor hoy profundizar en ello, si lo puede hacer, mejor, pero no sé si va a disponer de tiempo, los problemas que nos plantea con respecto a la reserva de puestos de trabajo, sobre todo en función pública, pero también en la empresa privada, y a que una vez producido ese gran paso de la reserva, de la incorporación a la función pública de las personas con determinadas discapacidades, se encuentran con que hay una falta de adaptación del puesto de trabajo, de los materiales que utilizan, de los instrumentos que se utilizan para realizar esa labor. Me parece importante destacar eso, que cada vez


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que damos un paso tenemos que a continuación dar uno más y esperamos contar con su ayuda en este tema. Como me parece también muy importante, y lo estudiaremos con detenimiento, la cuestión que usted nos plantea de no pasar directamente a la invalidez cuando una persona a lo largo de la vida queda ciega o con discapacidad visual y está trabajando. Haremos en este sentido alguna propuesta en la Comisión de Empleo.

Por supuesto que hay que seguir avanzando en el etiquetado, ya lo hicimos con el etiquetado y nos costó mucho, que lo teníamos que haber hecho antes, pero ya lo hicimos con el etiquetado de los productos farmacéuticos, de los medicamentos y realmente, como ya se lo ha preguntado otro de mis compañeros que ha intervenido con anterioridad, nos gustaría saber en qué consiste esa fórmula del etiquetado en caja, de esa etiqueta en el momento de la adquisición.

Como ha sido tan completa su intervención, sería mucho más larga la mía, pero ya me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias por su comparecencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Pérez.

Ahora, para finalizar los grupos parlamentarios, por el Grupo Popular la señora Alba.

La señora ALBA MULLOR: Muchas gracias, señor presidente. Señor Carrey, muchas gracias por su comparecencia y por la información que nos ha transmitido.

Y decirle que su intervención en este foro nos ha permitido descubrir un enfoque de la discapacidad visual diferente al que normalmente afrontamos en esta Comisión. Usted nos ha acercado a la realidad de muchas personas, a un nivel más centrado en el territorio, más que a la problemática en sí, que es lo que en modo general solemos tratar. Además todo ello sin perder de vista que una de sus iniciativas ha redundado en beneficio de todas las personas con discapacidad visual en todo el territorio nacional, como el que nos ha expuesto para el voto de las personas ciegas o con discapacidad visual, que pudiese ser ejercido con todas las garantías y con privacidad en prácticamente todos los comicios, salvo las elecciones municipales y el voto de los residentes en el extranjero, efectivamente, una tarea en la que debemos seguir avanzando juntos poderes públicos, administraciones y entidades del tercer sector, porque estamos seguros de que hacen suyo el reto de estas personas puedan votar en igualdad de condiciones que el resto de votantes, como no podría ser de otro modo, en las elecciones municipales.

En este sentido, como ya sabrá, recogió en su programa electoral su reivindicación para la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho fundamental de sufragio con garantías y privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en braille en las distintas citas electorales. En este sentido es algo en lo que estamos trabajando y del mismo modo que se está trabajando en la incorporación a nuestro sistema normativo de todo lo recogido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, como así han indiciado ya previamente quienes me han precedido en el uso de la palabra, se está trabajando en ello y esperamos que en el plazo más breve se traiga el resultado de estos trabajos a esta Comisión.

Sin embargo, y en este punto respecto al voto de personas con discapacidad visual, echamos en falta alguna referencia a otras entidades cuyo objetivo es exactamente el mismo que el suyo y que también han llevado a cabo iniciativas al respecto. Nos gustaría que nos indicara cuál es su relación y grado de colaboración con la ONCE y su opinión respecto a otras iniciativas en este aspecto, como podría ser por ejemplo, algo que tampoco se ha indicado, la posibilidad de incorporar un código QR a todas las papeletas, de modo que con cualquier dispositivo móvil se pudiese tener acceso al contenido de la papeleta, tanto una transcripción fonética, tanto por ejemplo como a distintos idiomas o a pictogramas incluso para las personas con problemas de alfabetización, estaríamos de este modo con un sistema bastante más sencillo y barato incluso, haciendo el voto accesible a un colectivo muy amplio, que, obviamente, comprende también al de las personas ciegas.

Respecto a la completa información que nos ha hecho llegar, relativa al etiquetado accesible en braille y documentos anexos, nos aporta mucha información y perspectivas a una cuestión que es precisamente la celebración de estas comparecencias, lo que nuevamente le agradezco.

Por otra parte, el etiquetado en braille es uno de sis punts braille objetivos de ACIC en esta materia, junto con la tarjeta sanitaria, las guías y planos del transporte público en Cataluña, Barcelona especialmente, programas en teatros y museos, cartas en restaurantes y conseguir que se ponga el nombre de Louis Braille a las calles y plazas en toda España. En este sentido le tengo que decir hace décadas que tenemos una calle Louis Braille. Y respecto a estos sis punts, a estos seis objetivos, me gustaría que nos indicara en qué estado se encuentran el resto de objetivos, aparte del etiquetado.


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Por otra parte, su entidad es profundamente reivindicativa y, aunque no sea una entidad prestadora de servicios directamente, hemos comprobado que sus objetivos son muy amplios, centrados todos ellos en mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad visual, pero además conocemos que es una entidad comprometida, y prueba de ello es que el segundo objetivo es dar a conocer a la sociedad la realidad de las personas ciegas y sensibilizar de sus problemas a instituciones prestadoras de servicios, partidos políticos y, por supuesto, al conjunto de la sociedad. Para ello, participan en organismos públicos, foros de debate relacionados con la discapacidad y establecen contactos con otros colectivos de personas con discapacidad para discutir y elaborar propuestas conjuntas, todo ello con una base territorial, como hemos indicado, como ya aparece en su página web. Vemos que se ocupan de los temas relacionados con la accesibilidad, domo demuestran sus participaciones junto con otras entidades de personas con discapacidad en diferentes municipios como Barcelona, Sant Cugat, Sant Feliu. También hemos podido comprobar que sus retos de futuro en materia de accesibilidad se centran en la situación actual y futura en Cataluña, señalización de paradas de autobús urbano en Barcelona, desarrollo y cumplimiento de la Ley de Consumo catalana, vigilar el cumplimiento de código de accesibilidad catalán. Resulta evidente que su ámbito de actuación es el catalán y nos gustaría saber si colaboran de algún modo con entidades de otro ámbito territorial o nacional.

Y respecto a la accesibilidad universal también, como se ha indicado por otros grupos, entendemos que quizá no resultaría deseable que desde esta entidad se instase a otras administraciones que no están cumpliendo con la accesibilidad tampoco, como son las comunidades autónomas, como son los municipios, como son las universidades, es algo que rebasa el ámbito de esta Comisión, pero, en cualquier caso, todas ellas no están alcanzando los objetivos de accesibilidad universal.

Y tras su participación en diversos foros y grupos de trabajo municipales, sí que nos gustaría que nos dijera si considera que las experiencias que están llevando a cabo en Cataluña se podrían extrapolar a otros municipios o a distintas comunidades autónomas.

Y ya, para ir concluyendo, sabemos por sus noticias en prensa que su actividad se centra, aparte de las cuestiones que nos han traído aquí, en el urbanismo y problemas que presenta para las personas invidentes la ciudad de Barcelona, Passeig de Gràcia, Pere Quart, ordenança de terrasses de Barcelona.

En el Partido Popular estamos finalmente convencidos de que el movimiento asociativo se ha de forma desde la base, desde el territorio, para poder seguir así avanzando hacia logros de mayor alcance, todo ello sin perder de vista el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

Y ya, por último, respecto al empleo, son muy ajustadas las indicaciones que nos ha hecho respecto al empleo público, y sí que nos gustaría que nos valorara, como así han hecho otras entidades que le han precedido, cómo consideran desde su asociación, desde su entidad, que la nueva Ley de Contratos del Sector Público va a incidir en el empleo de personas con discapacidad.

Y, por concluir, agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su intervención en este foro. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Y ahora, para dar respuesta a las intervenciones y preguntas de los distintos portavoces, de los distintos grupos, en breve le voy a dar la palabra al señor Carrey con una breve consideración. Usted y yo hace 14 años que nos conocemos y nunca nos hemos preguntado qué votamos en las elecciones, nunca, hemos colaborado productivamente. En mi caso es ligeramente previsible, solo ligeramente. Se lo digo porque se le han formulado varias preguntas, pero siéntase muy libre de no ejercer de portavoz del Gobierno de la Generalitat porque no está en su función.

Tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA INTEGRACIÓ DEL CEC, (ACIC) (Carrey Torralba): Muchas gracias.

Evidentemente, nosotros como entidad somos políticamente completamente independientes, nosotros lo que hacemos es reivindicar los derechos de las personas con discapacidad visual desde nuestro punto de vista e intentar trasladar a todas las fuerzas políticos e instituciones que pueden ayudarnos a avanzar en nuestro camino de integración, con independencia de su signo político, de su ámbito territorial, etcétera. Por tanto, desde ese punto de vista lo tenemos totalmente claro, nuestra postura no es política, es social, y así será y debe ser.

Intentaré responderles a todos ustedes. Espero no dejarme nada, porque han sido varias las cuestiones.


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Empezaré por la intervención del Partido Popular. Primero, agradecerle que, por lo que veo, se han tomado el interés de conocer nuestra entidad más de cerca y de saber qué es lo que hacemos. Efectivamente, nosotros mantenemos nuestro ámbito territorial en Cataluña, aunque las reivindicaciones que les hemos traído aquí hoy exceden otro ámbito porque, evidentemente, hemos venido a esta cámara y, aunque nuestra actividad es Cataluña, hay muchos problemas que son totalmente trasvasables y por eso les he hablado aquí de etiquetado, de plataformas únicas, etcétera, que no deben entender ustedes que se circunscribe a una reivindicación solo en Barcelona, evidentemente, es en Barcelona porque es allí donde estamos, o en Cataluña, pero las plataformas únicas por ejemplo están en todo el territorio nacional, los incumplimientos en materia de accesibilidad web en todo el territorio nacional, las propuestas en integración laboral o referente al etiquetado o al voto accesible, en fin, hemos intentado sí centrarnos o enfatizar el aspecto referido a toda España para que fueran propuestas asumibles desde esta cámara, por las competencias de esta cámara.

En lo que se refiere al voto accesible, me gustaría responder a la pregunta que nos han hecho sobre la valoración de otras propuestas y la relación con otras entidades, nosotros tenemos buena relación con la ONCE y con otras entidades de la discapacidad tanto en Cataluña como en el resto del Estado, estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones, por supuesto, naturalmente, no hay bandos distintos en esto, que no haya ninguna duda, como no podría ser de otra manera por otra parte.

Y respecto al tema del voto mediante sistema QR, esta propuesta, si no recuerdo mal, ya fue rechazada por la Junta Electoral Central, me permito recordarles, pero además para mí es una propuesta que sería bastante aceptable siempre que se mantenga una premisa clara, en primer lugar, la solución tecnológica nunca puede ser a coste del usuario, es decir, si ustedes van a votar a su colegio electoral, ustedes llegan allí, cogen el sobre, cogen la papeleta, la ponen, la introducen en la urna y se van a su casa, coste cero para ustedes. Si ustedes implementan un sistema QR en las papeletas, que sería perfectamente viable y, como dicen ustedes, probablemente más barato que el actual kit de voto accesible, tendrían también que implementar en cada colegio electoral un equipo que permitiera la lectura de ese QR y que permitiera dar a la persona ciega la información. El error está en pretender que el usuario se lo resuelva con su móvil, si lo tiene, si lo sabe utilizar y, evidentemente, con el coste que, como ustedes saben, tienen los móviles accesibles o que tienen tecnología para que tengan una buena accesibilidad que tienen para los usuarios, es decir, es verdad que se va avanzando cada vez más, que las diferentes tecnologías cada vez desarrollan programas parlantes que son más accesibles, pero, para que se hagan una idea, una gran parte de los usuarios utilizamos Apple y los iPhone son muy caros, muy caros, y los Android, para que tengan un nivel bueno de accesibilidad, también suponen un coste económico. Claro, si la solución ha de ser tecnológica, pero la tecnología la ha de pagar el usuario, estarían ustedes incurriendo en una discriminación para con el resto de ciudadanos que no les cuesta un duro votar. Yo tendría que llevar una tecnología propia en el bolsillo costeada por mí y tendría que tener unas habilidades para manejar un programa. Evidentemente, no serían las mismas condiciones. Nosotros no estamos en contra de esta propuesta siempre que sea el Estado el que asuma el coste tecnológico de ponerlo en funcionamiento y además siempre que el resto de ciudadanos -en este caso no, pero si habláramos de otras cosas como el voto electrónico, que también a veces se ha planteado, sí- también puedan votar de forma electrónica, y el voto electrónico a veces tiene también serias dificultades en cuanto a seguridad, hay países que lo han adoptado, hay países que no; en fin, ese es un tema que corresponde a los expertos abordar y si se establecen sistemas electrónicos de votación evidentemente nosotros pelearemos por que sean accesibles y los asumiremos perfectamente, pero lo que no nos parecería bien es un sistema ad hoc para nosotros distinto del que utilizan el resto de ciudadanos porque eso volvería a ser discriminatorio.

Me han pedido que expliquemos un poco cómo funciona el sistema de etiquetado accesible. Les hemos trasladado una propuesta y además hemos incluido en la documentación la ley portuguesa traducida. El problema venía planteado porque, según la legislación europea, no se pueden establecer condiciones de etiquetado a los fabricantes porque ello incumple el derecho de libre circulación de productos y de mercancías en la Unión Europea, con lo cual obligaría a que fuese una norma europea la que estableciera el etiquetado accesible y eso haría que no pudiéramos adoptar soluciones desde los Estados. ¿Qué ocurre? Que Portugal inventa una fórmula que a nosotros nos parece fantástica y que tratamos de que se trasladara a España ya en 2010 -y volvemos a insistir en ello, en su necesidad-: que en lugar de establecer el etiquetado de fábrica, el etiquetado se haga en el momento en que el consumidor adquiere el producto. ¿Qué supone eso? Que las tiendas, las superficies, tengan en caja una pequeña impresora en braille. Les estoy contando el


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modelo portugués, a lo mejor aquí podría haber otras propuestas u otras matizaciones. El modelo portugués es este: hay una impresora en caja y en el momento en que yo, como usuario ciego, voy con mi producto a pagar, digo: oiga, póngame la etiqueta en braille. Y entonces me imprimen una etiqueta en la que pone el nombre del producto y la fecha de caducidad, es tan sencillo como eso. Yo me lo llevo etiquetado a mi casa y ya está. No es una cuestión, parece ser, excesivamente cara; la ley regula una serie de establecimientos que están obligados, regula que se lleve un registro público de los establecimientos, regula también la posibilidad de que el etiquetado se solicite por Internet y se proporcione en la compra efectuada por Internet. En fin, es una ley bastante completa que nosotros traspusimos a un proyecto que les hemos adjuntado para aplicar en España, con algunas modificaciones, y que no fue aprobado por esta Cámara pero esperamos que algún día lo sea. Sí quiero decirles que desde nuestro punto de vista la solución braille es una buena solución porque evita la dependencia tecnológica. Insisto una vez más, ustedes cuando abren la nevera cogen el producto, leen y se acabó; no es muy lógico que yo abra la nevera y tenga que ir con un móvil haciéndole una foto a un código para ver si me lo lee o si no. Nos haríamos móvildependientes, tendríamos que tener baterías continuamente en el bolsillo para poder utilizar el móvil para todo. Cuidado. Yo creo que las soluciones tecnológicas son buenas, que la investigación que se haga en ese campo es buena y todos la utilizamos, pero hay mínimos que han de garantizarse igual para todos con el código de lectoescritura, que en nuestro caso es el braille. Igual que resulta muy fácil coger un medicamento, leer directamente y decir: ah, Termalgin. O: ah, Simvastatina. Pues que sea igual de fácil coger y decir: atún con aceite de oliva y caduca el 31 de abril o el 31 de marzo. Eso es calidad de vida y es integración e igualdad, por eso lo proponemos.

En cuanto al desarrollo legislativo en Cataluña y nuestra participación, nosotros también estamos a la espera de que se desarrolle el Código de Accesibilidad de Cataluña; la Ley 13/2014 está ahí, daba un plazo y seguimos en espera, pero también quiero decirles que hemos participado y participamos muy activamente haciendo propuestas y enmiendas al texto normativo que supondrá ese código y que incorpora muchas de las medidas que les hemos planteado aquí para que se lleven a cabo a nivel estatal. No sabemos cuándo se aprobará esta norma, pero, evidentemente, si se aprobara con las aportaciones que hemos hecho, en Cataluña al menos significaría un gran avance y esperamos que también sea un acicate para que se avance en el resto del Estado.

Respecto al tema de testamentos y notarias, evidentemente yo también pude seguir en directo el debate de aquel día, vimos el compromiso del Gobierno de aportar ese gran proyecto de adaptación de la legislación civil y notarial a la Convención de la ONU y deseamos que ese proyecto llegue pronto. Nosotros insistíamos en que se aprobara en aquel momento porque era una oportunidad, ya que se estaba tocando el tema del matrimonio, para introducirlo, pero no pasa nada, lo importante es que se haga y que no quede en el olvido esta cuestión, que afecta a nuestra intimidad y a nuestros derechos como ciudadanos. Yo pido el apoyo del Gobierno y del grupo del Gobierno expresamente y también el de los grupos de la oposición para que esto, sea iniciativa de unos o de otros, me da igual, se solucione y se lleve delante.

No sé si me he dejado algo que sea relevante. ¡Ah, sí, Renfe! Renfe tiene muchos problemas de accesibilidad; Renfe incumple la normativa de accesibilidad en muchas estaciones y andenes, incumple la normativa de accesibilidad en máquinas expendedoras -que tienen braille, pero que no tienen un sistema parlante para poder comprar los billetes de cercanías ni los billetes de larga distancia a máquinas- e incumple la normativa de accesibilidad web. Yo no quería extenderme en mi intervención sobre este tema porque no había tiempo, pero evidentemente es un caso grave. Nosotros iniciamos un procedimiento administrativo sancionador ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad en 2013, en ese procedimiento administrativo se obtuvieron informes periciales concluyentes de empresas públicas, de Red.es, de Inteco, de Centac, en que se evidenciaban los fallos en la accesibilidad web. Pero no hacen falta los informes técnicos, ya se lo digo yo: no podía comprarse un billete de forma autónoma porque había trámites, como la elección de asiento, que no se podían realizar. Por tanto, siempre necesitábamos ayuda; cada vez que queríamos viajar necesitábamos que alguien nos comprara el billetito. Inexplicablemente, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad exculpó a Renfe en el procedimiento administrativo, a pesar de tener los informes periciales, diciendo que Renfe tenía buena voluntad y que estaba haciendo esfuerzos. Eso fue a los tribunales, fue a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional también le ha dado la razón a Renfe diciendo que está haciendo todo lo posible y que las infracciones que efectivamente había cometido no eran de la intensidad suficiente para ser consideradas infracciones, un término jurídico que no está incluido en la normativa de accesibilidad, la intensidad de las infracciones no es algo que esté incluido para calificarlas, otra cosa es para graduar


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la sanción. Y en este momento esto está recurrido ante el Tribunal Supremo, que esperemos que corrija este desafuero. Lo que sí quería significar es que si se consigue será la primera sentencia judicial en España en materia de incumplimiento de normas de accesibilidad, eso debería encender todas las alarmas: aquí no se está sancionando a nadie. Las sanciones que han recaído a Vueling por ejemplo y a Iberia en vía administrativa por incumplimiento de sus páginas web fueron la mínima, 30 001 euros, y a fecha de hoy no ha habido ninguna modificación en su página web, con lo cual la sanción no ha tenido ningún efecto positivo para mejorar su accesibilidad.

Les doy todos estos datos para que vean ustedes lo que quiero decir cuando digo que tenemos una buena legislación pero no se sanciona; no sé si hay que emprender medidas legislativas, no sé si hay que emprender medidas de concienciación, si hay que agravar las sanciones, algo hay que hacer. Desde luego, lo que sí hay que hacer es cambiar el chip político y entender que saltarse los plazos de las normas de accesibilidad y saltarse las indicaciones, los criterios que sirven para que todos podamos usar y disfrutar de los mismos derechos tiene que ser sancionable, tiene que tener un coste económico y de imagen, y sobre todo tiene que solucionarse. El tema de las máquinas expendedoras es curioso porque hubo preguntas parlamentarias aquí y el Ministerio de Fomento en varias ocasiones dijo que cumplía, y las máquinas expendedoras no funcionan. Hay un proyecto de hace años de Renfe para crear un software, pero hemos estado varias veces incluso aquí, en Madrid, probando, haciendo pruebas, pero no lleva a ningún sitio porque de momento no se ha hecho absolutamente nada, y esto lo denunciamos ya en Barcelona en 2009 y hubo preguntas parlamentarias. O sea, que hay cosas que se cronifican y pasan años y años, y estamos hablando de una empresa pública. De todos modos, yo quería insistir en que desde nuestra entidad, a pesar de que nuestro ámbito es Cataluña, estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes para promover medidas a nivel estatal. Tenemos una actitud positiva; nosotros colaboramos en muchos foros de representación de las entidades de discapacidad y estamos trabajando para intentar hacer un discurso unitario entre todas ellas. Tenemos una visión positiva, aunque aquí he venido, evidentemente, a mostrarles la cara fea, la cara de las cosas que faltan por cumplir, pero nuestra disposición es positiva, nuestra visión es que las cosas avanzan, aunque sea lentamente, y que las luchas son largas y hay que ser tenaces y persistentes y tratar de ir empujando para que la realidad vaya cambiando; no es de hoy para mañana, pero sí nos tenemos que poner a trabajar.

Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y al Grupo Mixto por invitarme. Para mí y para mi entidad ha sido una gran emoción y una gran oportunidad poder trasladar nuestra visión a esta Cámara porque supone una oportunidad que no todos los días se da.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Carrey. Usted mismo se ha definido como una persona persistente y así lo es. Me acuerdo perfectamente de cuando conseguimos que el etiquetado de los medicamentos también fuera en braille y ahora nos ha abierto un montón de opciones de trabajo a esta Comisión. Creo que hablo en nombre de todos si le agradezco su comparecencia y le digo que nos ponemos a su disposición para trabajar conjuntamente en el futuro.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.

Eran las trece horas y quince minutos de la tarde.

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