ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):

- Del señor secretario de Estado de Hacienda (Fernández de Moya Romero). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/001293 y 212/001434); Ciudadanos (números de expediente 212/001496 y 212/001514); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001393); Socialista (número de expediente 212/001218) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001566) ... (Página2)

- Del señor director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Menéndez Menéndez). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001498); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001431); Socialista (número de expediente 212/001221) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001570) ... (Página24)

- De la señora secretaria general de Financiación Autonómica y Local (Navarro Heras). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001294) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001568) ... (Página39)

- Del señor presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB (Ponce Huerta). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001512); Socialista (número de expediente 212/001276) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001543) ... (Página52)

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- De la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Platero Sanz). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001509); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/001395 y 212/001381); Socialista (números de expediente 212/001222 y 212/001257) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001571) ... (Página62)

- Del señor subsecretario de Hacienda y Función Pública (Martínez Rico). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (números de expediente 212/001518 y 212/001519) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001569) ... (Página76)

- Del señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (Torres Albero). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001265) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001585) ... (Página88)

- Del señor presidente de la Corporación RTVE (Sánchez Domínguez). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001515); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001311); Socialista (número de expediente 212/001224) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001572) ... (Página97)

- Del señor presidente de la Agencia EFE (Vera Gil). A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001310); Socialista (número de expediente 212/001225) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001573) ... (Página109)

- Del señor subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Jover Gómez-Ferrer). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001522); Socialista (número de expediente 212/001264) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001584) ... (Página120)

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 121/000020).

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/001293 Y 212/001434); CIUDADANOS (números de expediente 212/001496 Y 212/001514); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001393); SOCIALISTA (número de expediente 212/001218) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001566).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Se abre la sesión con la comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda, que tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Muchas gracias. Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías, medios de comunicación, buenos días.

Con la presente intervención tengo el propósito de informarles de las líneas estructurales básicas del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de ingresos presupuestarios. Me van a permitir que como introducción haga una breve reflexión en torno a cuál es la actual situación macroeconómica del conjunto de la nación española. Quiero señalarles, señorías, que los Presupuestos Generales del Estado para el presente año parten de un escenario de crecimiento de la economía española, estando previsto el crecimiento del PIB real en un 2,7 % en el año 2018. Eso significa

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que nos situamos por encima de las principales economías de la zona euro, al tiempo que en el ámbito de la situación macroeconómica el estado en este caso de la tasa de desempleo para el presente ejercicio en previsión por parte del Gobierno en este proyecto de ley se situará en el 15,5 % y con una creación de alrededor de 450 000 empleos a tiempo completo. Esta buena evolución de la economía junto con la aprobación de los propios Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 contribuirá a consolidar los esfuerzos realizados estos años en la reducción del déficit público, que se situará en el 2,2 %, lo que permitirá que España salga del procedimiento de déficit excesivo en el que todavía nos encontramos. Mucho más interesante, desde el punto de vista de los ingresos, es el crecimiento esperado del PIB para este año 2018 en términos corrientes o nominales, que se sitúa en el 4,3 %; por lo tanto, por encima del registrado en el año 2017 -el 4 %-, lo que tiene su reflejo en este presupuesto como a sus señorías les expondré más adelante.

Paso a continuación a establecer fundamentalmente también una opinión en torno a los ingresos no financieros del año 2017 y la previsión de ingresos que efectuamos de cara a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

La recaudación en el año 2017: Los ingresos no financieros totales ascendieron en 2017 a 219 408 millones de euros, con un incremento de 2,8 % respecto del año 2016. No obstante, en este punto es importante destacar el efecto producido en el año 2017 como consecuencia de la entrada en vigor -vinculado a la imposición indirecta- del nuevo sistema de suministro inmediato de información en la figura tributaria del IVA. Conviene señalar que, indudablemente, implicó un desplazamiento de los ingresos del año 2017 al año 2018 y esto es así porque los ingresos del mes de noviembre del año 2017, que antes se hubiesen computado en diciembre del mismo año, pasaron a contabilizarse en el primer mes del año 2018. A esto, además, hay que añadir que esta nueva forma de gestión permite un adelanto en el pago de las propias devoluciones solicitadas, lo que también evidentemente representó una merma de ingresos respecto al año 2017. También hay que aclarar al respecto que, como he dicho, el impacto del suministro inmediato de información consiste en ese desplazamiento de ingresos de un ejercicio a otro y no en una pérdida de recaudación, así como que este desplazamiento afecta exclusivamente a las cifras de caja y no a otras medidas como los ingresos en términos de contabilidad nacional, en las que la recaudación se contabiliza en el momento del devengo y no en el momento del ingreso.

Pues bien, si ustedes toman como referencia la salvedad que les acabo de hacer de manera singular por su entrada en vigor el 1 de julio de 2017, podemos decir que los ingresos no financieros habrían ascendido en el año 2017 a 223 558 millones, un 4,7 % más que en el año 2016. Como apuntes explicativos de este crecimiento en los ingresos, me voy a referir al crecimiento del PIB real del 3,1 %, que junto con una ligera tendencia al alza de los precios de bienes y servicios de consumo implicó un crecimiento del PIB nominal del 4,3 %, así como también a los buenos datos que indudablemente obtuvimos en términos de registro referidos a la situación de empleo. En esta coyuntura, como pueden apreciar en el cuadro que obra en su poder, el crecimiento de las bases imponibles de los principales impuestos se situó en el año 2017 en un 5,6 %, casi 2 puntos por encima respecto al ejercicio anterior. Conviene señalar que dentro de estos ingresos no financieros totales la parte más significativa es la relativa a los ingresos tributarios, los cuales crecieron hasta alcanzar -y ahora ya sí tienen en cuenta el efecto SII- un importe global de 198 100 millones de euros, es decir un 6,4 % más que lo recaudado en el año 2016. Este incremento en las figuras impositivas fue debido, entre otros factores, al crecimiento sostenido de la renta bruta de los hogares que se inició en el año 2015 y fue impulsada en 2017, a las mejores rentas empresariales, a unas mayores ganancias patrimoniales, al mayor consumo privado, al incremento de los precios o los nuevos criterios de concesión de aplazamientos. Quiero también destacar el papel fundamental desarrollado por la Agencia Tributaria en el proceso de recuperación de los niveles precisamente de recaudación, en particular por sus importantes avances en la lucha contra el fraude que se han visto reflejados en unos excelentes resultados durante el año pasado, ejercicio en el que se alcanzó una recaudación de 14 792 millones de euros.

Señorías, paso con brevedad a exponerles en esta comparecencia informativa en el siguiente bloque el presupuesto de ingresos para el año 2018. El escenario macroeconómico que acompaña al presupuesto, al que me he referido de forma somera al inicio de esta intervención, contempla para el año 2018 una breve desaceleración del crecimiento en términos reales. Sin embargo, como también señalé antes, las variables nominales, que son las más relacionadas con la propia evolución de los ingresos, está previsto que crezcan por encima de las que se produjeron en el año 2017. Así, el PIB nominal crecerá un 4,3 % -fue un 4 % en el año 2017- y los salarios un 3,8 % -un 3,3 % en el año 2017-.

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Los ingresos de 2018 también se verán afectados positivamente por el impacto de las medidas normativas introducidas en años anteriores, en particular por el ya explicado efecto provocado por el suministro inmediato de información, que se verá compensado parcialmente por la ampliación en la reducción por rendimientos del trabajo en el ámbito de la modificación normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas que introducimos en el ámbito de estos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello, hará que continúe la tendencia de crecimiento estable en la evolución de las bases imponibles, puesto que se espera que crezcan en torno a un 5 %, un poco por debajo del crecimiento del año 2017 -que en concreto fue del 5,6 %- y que los ingresos no financieros previstos sean de 233 508 millones, con un crecimiento del 6,4 % respecto al año 2017, crecimiento que se sitúa en un 4,5 % si descontamos el efecto SII del suministro inmediato de información.

Dentro de los ingresos no financieros totales, los ingresos tributarios se prevé que crezcan y superan los 210 000 millones de euros. Dentro de ellos, la subida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en unos 5000 millones se ha visto impulsada entre otros factores por el crecimiento de las rentas de los hogares, la subida de los salarios y las pensiones o la creación de empleo. En el impuesto sobre sociedades se debe a un aumento de los beneficios y, por tanto, a un incremento de las bases imponibles así como también de los pagos fraccionados. En el IVA se espera un mayor gasto sujeto al impuesto y, por tanto, también una mayor recaudación. Y en los impuestos especiales se prevé un mayor consumo y una elevación en los precios de determinados productos. Por último, también hay que tener en cuenta que del total de los recursos tributarios presupuestados una parte se encuentra cedida a las administraciones territoriales, ascendiendo este importe en el año 2018 a 92 201 millones de euros. Tras este descuento se puede decir que los ingresos totales no financieros correspondientes al Estado en el año 2018 alcanzarán la cifra de 141 307 millones de euros.

Señorías, paso a continuación a explicarles las medidas tributarias incluidas en Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y que son fruto del esfuerzo, del consenso y del diálogo llevado a cabo esencialmente en este momento, cuando se tramita el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Las medidas introducidas en las modificaciones normativas que articulamos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas tienen como objetivo prioritario, ahora que la situación económica nos lo permite, reducir la carga tributaria de los contribuyentes, priorizando dentro de los mismos a los que tienen unas rentas más bajas y también a las familias, estableciendo para ello la ampliación de deducciones en el ámbito de la maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Estas medidas se adoptan, como les digo, en el ámbito de la imposición directa del impuesto sobre la renta de las personas físicas y paso a referirme a ellas con mayor detalle. Con la primera sobre los rendimientos del trabajo se persigue incrementar la reducción del rendimiento neto del trabajo para los contribuyentes con menores rentas, pretendiendo con ello destinar la rebaja impositiva a reducir la brecha fiscal de los trabajadores menos favorecidos. Así, se eleva el umbral de tributación -esto es, la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas- desde los 12 000 euros anuales actuales hasta 14 000 euros. Además, se incrementa significativamente el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo regulado en el artículo 20 de la ley del impuesto, que pasa a aplicarse a salarios brutos anuales que se encuentren entre los 14 000 euros -nuevo umbral mínimo de tributación- y los 18 000 euros. Por tanto, esta medida afectará a todos aquellos contribuyentes que tengan unas rentas del trabajo inferiores a 18 000 euros, habiéndose estimado que beneficiará a casi 3,5 millones de contribuyentes de los cuales un millón son pensionistas con un ahorro medio de 440 euros.

En segundo lugar, nos encontramos la mejora de la deducción por maternidad hasta en 1000 euros anuales cuando se soporten gastos por la custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o en centros educativos autorizados. Con ella se persigue no solo estimular la incorporación de la mujer al mercado laboral, sino que, al tener en cuenta los gastos que tal decisión implica por la matriculación de un hijo de cero a tres años en guarderías o en centros educativos, se está también facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2018. La medida anterior que establecía la elevación del umbral mínimo de tributación, así como su aplicación respecto a la reducción, operan sobre la base imponible; la que les acabo de definir opera sobre la cuota.

Por otra parte, nos encontramos con lo que se podría denominar cheque familiar, mejorando en este sentido las deducciones por familia numerosa o personas a cargo. Esta mejora conlleva introducir un nuevo colectivo de forma que se puede aplicar la deducción de hasta 1200 euros anuales por el cónyuge

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no separado legalmente con discapacidad siempre que este sea económicamente dependiente del contribuyente. Con esta medida se continúa la senda iniciada con la reciente reforma del impuesto, ya que la discapacidad ocupó un lugar central en dicha reforma normativa. También se ve afectada la deducción para familias numerosas, ampliándose la cuantía recibida hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que exceda del número mínimo exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de numerosa, tanto para la categoría general como para la categoría especial. Así, por ejemplo, una familia numerosa con cuatro hijos podrá deducirse con carácter general hasta 1800 euros; otra con cinco hijos, hasta 2400 euros; y otra con seis hijos, hasta 3000 euros. Además, hay que destacar que se sigue manteniendo la condición de impuesto negativo para esta mejora concreta de las deducciones a las que me acabo de referir que también operan sobre la cuota: familias numerosas y cónyuges con discapacidad. Estas medidas entrarán en vigor precisamente a partir de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado. También en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas me gustaría referirme a la mejora de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, que pasa del 50 al 60 %, al objeto de que los residentes en dichas ciudades autónomas tengan una menor tributación, lo que sin lugar a dudas les permitirá tener una mayor renta disponible que contribuirá a impulsar la actividad económica en esas ciudades autónomas.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, quiero resaltar que se modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles -el conocido como patent box- para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE; en particular, de manera singular para observar y dar cumplimiento a lo establecido en el informe relativo a la Acción 5 del Plan BEPS de la OCDE que recoge el denominado criterio del nexo como criterio para configurar un régimen preferencial de intangibles que no resulte perjudicial conforme a este estándar internacional.

Por otra parte, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas en lo que se refiere a rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades que también presentan baja tributación. Quiero también resaltar que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se puede ver cómo a través de la política tributaria se puede hacer política social con letras mayúsculas: la determinación del 0,7 % con cargo a la propia cuota íntegra del impuesto sobre sociedades. El dato del año 2015, el último publicado por la Agencia Tributaria, determinaba aproximadamente en torno a 300 000 millones de euros respecto al 0,7 % para destinar el 0,7 % de esa cuota íntegra a entidades sociales de ámbito estatal. Con el último dato disponible por parte de la agencia en términos de cuota íntegra vinculado al impuesto sobre sociedades estaríamos hablando de una partida inicial superior a los 200 millones de euros detraída, como les acabo de mencionar, del propio impuesto sobre sociedades.

Por lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio, se prorroga durante el año 2018 su exigencia con el objeto de que los recursos de las comunidades autónomas y de los entes territoriales no se vean minorados y la figura contribuya igualmente a la consecución del objetivo de reducción del déficit público.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, quiero destacar la tan solicitada medida de bajada del tipo impositivo aplicable al cine, que pasará del tipo general al tipo reducido -del 21 al 10 %-, medida igualmente pactada entre el Partido Popular y Ciudadanos. Quiero poner también en valor que se incorporan medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas que afectarán concretamente a la prestación de servicios en el ámbito de la vía telemática o electrónica.

En el ámbito de los impuestos especiales se efectúa la integración del tipo impositivo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos en el tipo estatal especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas, y todo ello dentro del marco normativo comunitario. También se introducen algunas mejoras de carácter medioambiental, como la exención en la fabricación e importación de biogás para la producción de electricidad o la propia modificación del impuesto sobre la electricidad, que minorará las propias emisiones de CO2 a la atmósfera en puertos. También es de destacar, por terminar con la parte tributaria y las principales figuras tributarias, en aras de eliminar discriminaciones fiscales y beneficiar a un sector, la armonización de tipos y bases en el impuesto sobre actividades de juego.

Quiero, señorías, pasar a continuación, muy brevemente y para terminar, a exponerles lo que representa el presupuesto de beneficios fiscales para el año 2018. En segundo lugar, también quisiera poner en valor la aprobación del reciente Real Decreto-ley, vinculado al ámbito de las entidades locales, sobre reinversión del superávit y ampliación de los grupos de programas de inversión de las IFS, de las inversiones financieramente sostenibles. En el presupuesto de beneficios fiscales quiero hacerles,

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fundamentalmente, la siguiente referencia. El valor total estimado del PBF para este año asciende a 34 825 millones de euros, habiéndose producido, por tanto, un incremento en términos absolutos de 2957 millones de euros y una variación relativa del 9,3 % respecto al presupuesto precedente. En este incremento se ve reflejado el impacto de algunas de las modificaciones de carácter normativo a las que me he referido con anterioridad, como son las mejoras introducidas en el ámbito de las reducciones de los rendimientos del trabajo, de la reducción por familia numerosa y discapacidad, a cargo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o la bajada del tipo impositivo del IVA para el cine.

Para terminar, quiero poner en valor, como les decía, agradeciendo la benevolencia del presidente y de la Mesa de la Comisión, la reciente aprobación, por parte de las Cortes Generales, en concreto de esta Cámara, de la convalidación del denominado Real Decreto ley del superávit, desde el punto de vista municipal, y ampliación de los grupos de programas de inversión IFS. Quiero poner en valor la continua y permanente apuesta del Gobierno de España por el municipalismo; tan es así que este decreto-ley nace y es fruto del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, donde queda integrada y representada la totalidad del conjunto de fuerzas políticas que llevan a cabo el desempeño de alcaldías en el conjunto de los 8125 municipios de España. Pero no solo quiero poner en valor lo que va a significar una medida de carácter municipalista que beneficia al conjunto de las entidades locales, sino que también quiero agradecer a los ayuntamientos y a las propias diputaciones provinciales que durante los años de crisis económica hayan sido capaces de seguir prestando con calidad, eficacia y eficiencia los servicios públicos que les competen, al tiempo que han ido reduciendo sus niveles de deuda, han consolidado, finalmente, la recuperación y han alcanzado una posición de superávit cumpliendo las reglas fiscales, cumpliendo, en suma, con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por eso, quiero poner en valor el talante negociador del ministro de Hacienda y Función Pública, don Cristóbal Montoro, al frente de esa negociación conjuntamente con el presidente de la FEMP, lo que ha sido una extraordinaria noticia que pone en valor, permítanme que lo resalte para finalizar mi intervención, el carácter extraordinariamente comprometido y municipalista del Gobierno de España con la adopción de medidas como la que les acabo de describir. En el cuadro que en este momento tienen ustedes proyectado en la pantalla se puede ver la situación de la que venían las entidades locales desde el año 2007, con una balanza deficitaria hasta el año 2011, y el dato del cierre de 2017 en términos de PIB, en términos de riqueza nacional, de producto interior bruto, el 0,59 en positivo. Se ha pasado de déficit a superávit, con más de 6000 millones de euros vinculados a esa balanza superavitaria por parte de las entidades locales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor secretario de Estado de Hacienda.

A continuación, tienen la palabra los portavoces. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente. Buenos días, señor Fernández de Moya, y bienvenido a la Comisión de Presupuestos. Paso a formularle algunas consideraciones, así como a preguntarle algunas cuestiones que espero pueda responderme en su segunda intervención.

En primer lugar, quiero llamar la atención de ustedes sobre que este presupuesto se presenta tarde, de la misma forma que en 2017. Se ha evidenciado que, aprobando a mitad de año los Presupuestos Generales del Estado, los ministerios empiezan el ejercicio con una disposición mermada de recursos. Esta práctica presupuestaria parece haberles ayudado en 2017 a reducir el déficit vía no ejecución del presupuesto. Como bien saben, los elevados niveles de déficit que ha soportado España a lo largo de los últimos años por una fuerte caída de los ingresos han sido como consecuencia de una de las mayores crisis económicas sufridas a nivel internacional, que impactó de manera agresiva en España, como podemos ver, efectivamente, en el cuadro que aparece en la diapositiva del secretario de Estado. Estos altos niveles del déficit no solo se han generado en nuestro país, sino que también los hemos visto en otros países de Europa, y lo que es una evidencia también es que, después de siete presupuestos elaborados y ejecutados por ustedes, no han conseguido acabar con ellos. Solo nos indican el sector de las administraciones locales, pero no nos dicen nada de la Administración central ni de la Seguridad social. De hecho, España cerró 2017 con un déficit público equivalente al 3,11 % del PIB y, por tanto, el sector público todavía registra el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de todos los países de la zona euro, y continuamos bajo el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. Llevan varios meses anunciando la salida de España de este procedimiento, pero lo cierto es que vamos a ser el último

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país europeo en conseguirlo. Una vez que salgamos del procedimiento corrector, pasaremos a un procedimiento preventivo sujeto a la norma europea de reducción de la deuda pública, como alertaba ayer el presidente de la Airef.

Por tanto, habrá que tomar medidas al respecto, pero el Gobierno solo plantea medidas desde el punto de vista del gasto, como reconoce en su informe económico y financiero y, en esto, no podemos estar de acuerdo. Solo reduciendo el gasto no se puede conseguir prestar servicios públicos de calidad y acabar con él déficit estructural del sistema público de pensiones. Sin duda, una de las debilidades de las cuentas públicas es una capacidad recaudatoria insuficiente. Es necesario establecer una estrategia integral para conseguir recursos suficientes que permitan poder prestar los servicios públicos de manera eficiente y atender los derechos de los ciudadanos. Se trata de compaginar una eficaz reducción de gastos con una política tributaria justa capaz de incrementar los ingresos. No siempre es equivalente incrementar los ingresos a subir impuestos, pero cuando la recaudación no es suficiente debe hacerse una revisión completa del sistema; sin embargo, ni se lo plantean, porque su objetivo es reducir y converger el gasto hacia la cifra de un 38 % del PIB acorde con un porcentaje de ingreso similar, sin importarles las consecuencias sobre el Estado del bienestar; y no es que lo diga yo, lo dicen ustedes, como bien recoge en el libro amarillo un gráfico -también nos lo enseñó el secretario de Estado de Presupuestos-, en el que vemos cómo la intención y la tendencia es ir reduciendo hacia el 38 % el porcentaje de gastos con respecto del PIB, sin importar las consecuencias sobre el Estado del bienestar.

El incremento actual de recaudación tributaria, señorías, es propio del ciclo económico en el que nos encontramos, pero los socialistas consideramos que deberíamos aprovechar la coyuntura para reforzar nuestro sistema tributario y fortalecer el Estado del bienestar ante futuras tensiones cíclicas. Es por ello que no compartimos bajadas de impuestos desde una mirada electoralista y cortoplacista, tal y como ido demostrando a lo largo de los últimos años su Gobierno. Nos parecen una irresponsabilidad las bajadas de impuestos en periodos electorales, que han mermado los recursos públicos en más de 18 000 millones. Con la reforma de 2014 del IRPF redujeron los impuestos a los que más tienen, una reforma que hoy está en vigor y que, por tanto, influye de manera negativa en la previsión de ingresos para este presupuesto, algo que, como usted sabe, no compartimos.

Con respecto a los ingresos tributarios, nos gustaría señalar algunas cuestiones. En relación con el IRPF, en 2017 se han recaudado 2236 millones de euros -usted lo indicado- menos de lo presupuestado para 2017, un 6 % menos. Usted explica la desviación en su informe económico y financiero, aunque en su intervención no lo he escuchado. Fundamentalmente en su informe lo que dice es que esto ha sido debido a unas subidas salariales menores que las esperadas en el escenario macroeconómico previsto en 2017, y no me extraña. Es evidente que con su reforma laboral se ha precarizado el mercado laboral y esta es una de las razones de que los salarios no suban. Ahora bien, ¿considera, dadas estas circunstancias, que las previsiones de 2018 se ajustan al escenario macroeconómico al plantear un incremento de un 10 % más de lo recaudado en 2017 por parte del Estado? ¿Tienen alguna estimación del crecimiento salarial para este año?

Como novedad nos han planteado una serie de reducciones, una serie de ventajas, que en su intervención nos ha explicado profundamente. Saludamos las medidas, pero lo que no nos ha explicado es por qué no van a aplicarlas para todo el ejercicio presupuestario. Si son medidas tan sociales, entendemos que deberían entrar en vigor al inicio del ejercicio y no a la aprobación del presupuesto, como es su intención. Parece que están buscando la propaganda más que favorecer a estos colectivos.

Con respecto al impuesto de sociedades, los ingresos en 2017 fueron inferiores a los previstos en el presupuesto en 1256 millones, una sobreestimación que se repite durante los últimos años. Para 2018 corrigen la tendencia y parece que infravaloran su estimación. De hecho, como podemos ver, a lo largo de los distintos años se ha recaudado mucho menos de lo que se ha estimado. En 2017 se recaudó un 6,76 % más que en 2016; su previsión es que crecerá solo un 4,8 %, cuando usted ha dicho que las expectativas de beneficios son al alza. ¿Cuál es el motivo por el que esperan tener un incremento de recaudación inferior al del año pasado? Tal y como alertaba el presidente de la Airef ayer, se demuestra que existe una brecha entre el resultado contable positivo y la base imponible consolidada del impuesto de sociedades. El impuesto devengado en 2017 está a los niveles de 1999 y, sin embargo, los resultados contables positivos de las sociedades se han incrementado en un 228 % a precios constantes, aspectos que confirman la necesidad de una revisión en profundidad del impuesto. ¿Va a tomar alguna medida para reducir esta brecha? Por cierto, ¿cuál es la razón por la que no se publican las bases imponibles consolidadas negativas del impuesto sobre sociedades? ¿Puede decirnos cuántas se han acumulado en

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los años de crisis? ¿Cuál ha sido el tipo medio efectivo del impuesto sobre sociedades para las grandes corporaciones en el año 2017? ¿Por qué están introduciendo o ampliando numerosas deducciones fiscales, con el apoyo de Ciudadanos, cuando la mayoría de las recomendaciones de la OCDE y del grupo de expertos abogan por la simplificación y neutralidad del sistema fiscal? Fíjense que los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para 2018 se incrementan en un 62,3 %. Esto tiene un coste de 1326 millones de euros. En la Comisión de Hacienda aprobamos por unanimidad instar a que el Gobierno encargara una evaluación coste-beneficio de los beneficios fiscales. ¿Tiene previsto el Gobierno llevarla a cabo? ¿Le va a encargar esta evaluación a la Airef? ¿Cuándo lo va a hacer?

El sistema tributario no ha evolucionado al mismo ritmo que el sistema productivo. Han aparecido nuevas formas de negocio que hacen necesaria la creación de nuevas figuras impositivas que regulen y que eviten la especulación, que contribuyan a la redistribución de la riqueza. Es injusto que una empresa que cotiza en Bolsa llegue a pagar menos impuesto sobre sociedades que una pyme, es injusto que empresas que operan en España puedan pagar sus impuestos en otros países en lugar de hacerlo aquí. En Europa está abierto el debate con respecto a la armonización de las bases imponibles consolidadas, la implantación de un tipo mínimo de impuesto de sociedades, de un impuesto a las transacciones financieras o de un impuesto a las tecnológicas. Los socialistas consideramos necesario impulsar estas figuras. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Temporalmente está dispuesto a incorporar alguna de estas nuevas figuras impositivas? Cuáles y cuándo, porque desde luego en su presupuesto no lo recoge.

Con respecto al IVA, ha explicado suficientemente el incremento o no incremento como consecuencia del sistema inmediato de información del IVA, que entró en vigor en junio de 2017, pero me extraña que esto no fuera incorporado en la estimación de los presupuestos, porque ya sabían cuando se aprobaron que efectivamente este sistema se iba a llevar a cabo. Aquí no distingue entre los ingresos del Estado y las Administraciones territoriales y me llama la atención que la parte del Estado con respecto al IVA decrece en un 7,27 % mientras que en la parte de las Administraciones territoriales crece un 9,88 %. Si pudiera explicarme esta diferencia, se lo agradecería.

Proponen también la prórroga del impuesto de patrimonio, como ha dicho en su intervención. Según los expertos, debería proponerse un mínimo para todas las comunidades. ¿Está de acuerdo con esta medida?

Con respecto a los impuestos especiales, la previsión para el próximo año era calificada por la Airef de muy improbable. Me gustaría que incidiera más en las explicaciones, porque solo se ha basado en la reducción de los tipos de gravámenes que plantean, pero en principio eso supondría una bajada de la previsión de ingresos. Sin embargo, ustedes plantean un incremento de un 15,2 % con respecto a lo recaudado. Si pudiera explicarme a qué se debe ese incremento, se lo agradecería.

Nos ha llamado la atención también la justificación empleada en el informe económico-financiero para las modificaciones contempladas relativas al juego. Le felicito por no haber utilizado las mismas expresiones que utiliza en su informe, porque allí dice que nos proponen la aplicación de un único tipo de gravamen que conllevará la reducción de gravamen para algunas modalidades de juego, y la justificación es lograr una mayor atracción de los operadores de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector. Si tenemos en cuenta además que, según la memoria del programa de regulación del juego, también se reducen las actuaciones previstas de control y supervisión para 2018, ¿quiere decir esto que el Gobierno nos propone reducir el fraude bajando impuestos? ¿Pretende con la bajada de impuestos incentivar el juego? Nos gustaría que lo aclarara.

Para la lucha contra el fraude fiscal es necesario incrementar los efectivos, los recursos, y no reducirlos. La subida de efectivos de la Agencia Tributaria este último año no compensa la pérdida de efectivos desde 2012 y por tanto consideramos que debe hacerse un esfuerzo mayor para incrementarlos.

Con respecto a los ingresos no tributarios, llamamos la atención sobre la reducción de los ingresos vía transferencias de capital en 2017. No ha dicho nada al respecto. Se produjo una desviación con respecto a lo presupuestado de más de 1200 millones de euros. Llevan dos años ocurriendo similares desviaciones. ¿Puede explicarnos por qué?

Nos llama la atención que cuando ha hablado de la reducción del déficit solo haya tenido en cuenta a las entidades locales y no al resto de sectores, porque la verdad es que su Gobierno continúa incumpliendo el objetivo de déficit de la Administración central. Son realmente las comunidades autónomas y especialmente las entidades locales, con un superávit estructural, las que están consiguiendo hacer cumplir el objetivo de déficit en España, lo que evidencia otra de las debilidades de nuestras cuentas: hay

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un esfuerzo desigual entre los diferentes niveles de administración en cuanto a la reducción del déficit. ¿Considera entonces, con las previsiones que se tienen, que esta vez sí, por fin, la Administración central va a poder cumplir el objetivo del 0,7 % para 2018? ¿Si no fue capaz de conseguir el objetivo del 1,1 en 2017, cómo pretende conseguirlo este año si tuvo una desviación acabando con un 1,8 % de déficit? Desde luego existen dudas razonables de que los ingresos totales previstos vayan a ser suficientes para financiar los servicios a los ciudadanos y cumplir con los objetivos de déficit.

Compartimos con usted las palabras de alabanza a las entidades locales -desde luego están haciendo un esfuerzo-, pero no podemos compartir que su Gobierno haya apostado por las comunidades autónomas a lo largo de estos años. Lo único que han recibido de ustedes ha sido un castigo continuado. Ni siquiera han planteado la reforma de financiación local que tenían comprometida. De hecho, señor presidente, el Gobierno muestra estar paralizado, sin abordar una reforma fiscal integral ni la reforma de financiación autonómica ni tampoco la reforma de financiación local. Los informes de expertos están, pero su ministerio continúa sin abordar temas trascendentales para las administraciones territoriales, que son las administraciones más próximas a los ciudadanos y que son las que soportan la mayor parte del Estado del bienestar.

Para cerrar ya mi intervención, se comprometieron a presentar una propuesta antes de que acabara 2017 y no lo han hecho, han incumplido un compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes. ¿Puede indicarnos cuándo piensan presentar una propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Incorporan además una disposición adicional, la 136, que abre la puerta a la reestructuración de la deuda de las administraciones, que es muy genérica y muy sujeta a la interpretación. ¿Pueden concretar más su propuesta? ¿Por qué no incluyen en la misma como criterio la infrafinanciación de las administraciones?

Y ahora sí, para concluir, la desigualdad es un mal de nuestra sociedad que tenemos la responsabilidad de combatir y la política fiscal es un buen instrumento para combatirla. Se requieren unos ingresos tributarios justos que permitan con suficiencia el nivel de gasto eficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos con independencia de donde se viva y que graven en mayor medida la riqueza; un sistema justo y adaptado a los nuevos retos que nuestra sociedad nos exige y que, desde luego, este presupuesto no recoge, lo que explica que no lo compartamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señora Blanquer.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Unidos Podemos, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros creemos que unos presupuestos son siempre el elemento definitorio del modelo de sociedad que quiere construir un determinado partido político o, en este caso, un Gobierno. Por lo tanto, es muy importante, además de tener en cuenta las cifras singulares que pueden exponerse siempre en cualquier presentación, tener presente los grandes elementos macroeconómicos. Y por ahí quería comenzar.

Tenemos la sensación, o más bien la certeza, de que estos presupuestos lo que hacen es consolidar y perpetuar los recortes que se iniciaron en nuestro país en el año 2010 con otro Gobierno de otro color político, un Gobierno del Partido Socialista. Creemos que esto es así y que, además, el programa de estabilidad aprobado por el Gobierno lo que plantea es que va a seguir siendo así para los próximos años, y esto es enormemente preocupante, porque refleja el modelo de sociedad que tiene en la cabeza el Partido Popular, en este caso el Gobierno de Mariano Rajoy al que usted representa, que es un modelo de sociedad en el que el peso de lo público, especialmente de aquellas partidas que sufragan y permiten realizar determinadas actividades y tener acceso a determinados servicios fundamentales para la vida son las que salen perdiendo.

El gasto público con este presupuesto se queda, en porcentaje del PIB, en el 40,5 %. Estamos en el nivel más bajo de los últimos diez años, nada más y nada menos, a pesar de todo lo que ustedes dicen de que crece la economía. Pero lo peor de todo es que no solo tenemos una diferencia con la media europea de hasta 6 puntos, que es aún mayor si tenemos solo en cuenta a los países de la zona euro, sino que además -como decía anteriormente- en su programa de estabilidad tienen previsto que para el año 2020 ese porcentaje de inversión o gasto público sea del 39 %; es decir, ustedes han definido una senda, y esa senda es la de la reducción del Estado social. Este es el elemento definitorio clarísimo de cuál es la realidad de estos presupuestos y el modelo de sociedad que transmiten. Y cuando vamos entrando poco a poco, vamos viendo cómo esta tendencia se confirma, y además en algunos casos de forma dramática.

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El PIB nominal crece a un 4,3 %, el gasto no financiero al 1,6 %, y el gasto social al 2,3 %. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se incrementa la desigualdad. Hay una asimetría muy clara: crece la tarta, pero la parte que corresponde a lo que se beneficia el Estados social es cada vez más pequeño. Por lo tanto, hay un incremento de las desigualdades. Esto se visualiza también muy bien cuando vemos, por ejemplo, que crece el PIB pero los salarios no, porque los salarios se estancan. En 2017 -usted lo sabe bien- los salarios crecieron apenas un 0,17 %, por supuesto, de media. Tenemos unas realidades de precariedad realmente dramáticas en nuestro país, por no hablar del desempleo, pero, de media, los salarios crecieron un 0,17 %, con un PIB creciendo por encima del 3 %. ¿Qué significa esto? Significa que se incrementan las desigualdades porque lo que sí crecen son los beneficios empresariales y la parte que les corresponde a los beneficios empresariales. Y esto es algo que a ustedes nunca les preocupa. Parece que siempre que hablan de competitividad, siempre que hablan de la necesidad de bajar precios para ser competitivos piensan que los precios solo están determinados por los salarios y se olvidan de que los beneficios empresariales son también un componente del precio. Pero este tipo de inflación de los beneficios empresariales a ustedes nunca les preocupa, y tiene que ver con este modelo que plantean en estos presupuestos.

Cuando vemos las partidas concretas y las comparamos con el año 2010, momento del inicio de los recortes en nuestro país, vemos que las partidas de educación, cultura y deportes reducen un 21,6 %; la de sanidad es un 31,2 % inferior e incluso la de fomento reduce un 54,7 %. Es la cristalización concreta de esos recortes planteados, porque, claro, si se dedica menos al gasto público y a la inversión pública, lógicamente, eso después está distribuido de forma desigual también dentro de las propias partidas, y eso es muy grave en un momento en el que ustedes dicen que está creciendo la economía. Insisto, en términos contables, eso es cierto, en términos del producto interior bruto crece la economía, el problema es en beneficio de quién y a favor de qué modelo de sociedad. Ustedes, con estos presupuestos, lo están poniendo blanco sobre negro o negro sobre blanco, como uno prefiera decirlo, porque estas partidas, que son nada más y nada menos que las que tienen que ver con la educación o con la sanidad, siguen viéndose en unas condiciones muy, muy por detrás de las de 2010, que es un año de referencia relevante porque es el inicio de los recortes, como decíamos.

Todo esto es si atendemos simplemente a lo que aparece escrito en los presupuestos, que es más o menos un deseo, porque luego, cuando vamos a ver las partidas ejecutadas, la realidad suele estar muy por debajo; en algunas partidas, como las de ciencia, muy, muy, muy por debajo, y en otras partidas, como la de sanidad, simplemente por debajo. Esto quiere decir que los recortes están agravados, el papel lo soporta, pero al paso de los años lo que vemos es que esas mismas partidas reducen la cantidad efectiva que se dedicó en las mismas. Nosotros, lo que podemos comprobar, por ejemplo, es que se han gastado en educación 7400 millones menos que en el año 2010 -el año 2015 con respecto a 2010; el 2015 porque es el último que tenemos los datos de ejecución presupuestaria claros-, en sanidad 9600 menos que en el año 2009 y en cultura 5600. Esto, simplemente -lo conoce usted perfectamente- es para abundar en la idea de que estos presupuestos consolidan esa tendencia de los recortes e ir más allá de lo que aparece en los propios datos que usted nos ha proporcionado hoy. Y si de alguna manera hay una ayuda al Gobierno en ahorro adicional es, probablemente, en los tipos de interés o en los intereses que se pagan por la deuda; una ayuda que, lógicamente, no es que sea meritoria del Gobierno del Partido Popular, sino de las condiciones financieras internacionales, en particular de la situación de asistencia clarísima del Banco Central Europeo, que con su política heterodoxa, bienvenida en parte, por supuesto, está beneficiando en este sentido por 600 millones de euros que proporcionan un ahorro adicional al Gobierno de España, pero que, en todo caso, no cambian en nada la situación.

Luego, vemos algunas cosas muy llamativas y dramáticas, como es, por ejemplo, la congelación, otro año más, de todas las ayudas, subvenciones y subsidios que dependen del Iprem, un indicador al que se vinculan muchas de estas partidas. Si se congelan ese tipo de ayudas es muy fácil entender, es aritmética básica, que si el precio de la vida sube, como se estima, al 1,5 % y esas ayudas están congeladas, los que reciben ese tipo de ayudas o subvenciones, sean personas físicas o jurídicas, están empobreciéndose en la misma cantidad que sube el IPC, es evidente. Por lo tanto, lo que están ustedes haciendo con este proceso es promover un empobrecimiento de los sectores o personas o familias que reciben algún tipo de ayuda o transferencia vinculada al Iprem, que ya sabemos que está congelado desde el año 2010, con una excepción hubo en medio. Pero eso no cambia en absoluto la cosa, al contrario, la agrava, porque significa un empobrecimiento sistemático, continuado y recurrente desde el año 2010.

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Hay partidas verdaderamente sorprendentes, como la que tiene que ver con el cambio climático, en términos de recortes. Verdaderamente, es impresionante, teniendo en cuenta que ya es una preocupación generalizada, incluso entre los partidos de derechas, que en algún momento incluso cayeron en las tesis del negacionismo. Simplemente es un elemento adicional sobre los recortes en partidas que nosotros, desde nuestro Grupo Confederal, consideramos que deberían ser prioritarias y que el Gobierno, sin embargo, las va reduciendo, a veces en términos nominales y otras veces en términos reales o relativos comparadas con otros ejercicios.

Cuando hablamos de ingresos es cuando ya llegamos a una realidad un poco más sorprendente, porque ustedes cumplen el programa de estabilidad que ustedes mismos se han marcado en materia de reducción del gasto público, pero no terminan de cumplir de ninguna manera con la parte que ustedes mismos se han marcado a instancias europeas de subir los ingresos públicos. Y encima, esa misma parte fiscal la gestionan de tal manera que generan unas asimetrías tan brutales en el sistema fiscal que se podría decir que esa lógica es anticonstitucional, porque el propio sistema constitucional, en su artículo 31, establece que el sistema fiscal debe ser progresivo, y ustedes lo que están haciendo con cada reforma es precisamente caminar en la dirección contraria, dando más peso a los impuestos indirectos sobre los impuestos directos.

En cuanto a las rebajas fiscales que aparecen en estos presupuestos y de las que usted ha hecho gala en esta presentación, no afectan a las personas más empobrecidas, con las rentas más bajas, que a todas luces son las personas y las familias más necesitadas, porque son las que están en el escalón más bajo en términos de jerarquía de ingresos. Esas, como digo, no se ven afectadas por su política fiscal en concreto.

Por otra parte, hay algo que usted nos va a tener que explicar de una forma bastante clara, y es cómo es posible que estimen un crecimiento del IRPF del 6 % cuando se prevé que los salarios crezcan un 1,1 %. Esto, siempre y cuando los salarios crezcan realmente en esa proporción, porque, como le he dicho antes, en el año 2017 crecieron un 0,17 % a pesar de que habían dicho que iban a aumentar bastante más, es decir, hicieron unas previsiones bastante incorrectas. Lo digo porque durante los dos primeros meses de este año 2018 la recaudación del IRPF ha aumentado un 2 %. No sé qué tipo de evento esperan ustedes a lo largo del año que explique cómo se puede pasar en dos meses de una recaudación del 2 % a una recaudación anual del 6 %. ¿Se trata de algún tipo de milagro, de algún tipo de operación o evento económico que ustedes creen que vaya a redundar enormemente sobre las rentas familiares -entre ellas, los salarios- y va a permitir que en la próxima campaña de la renta se recaude todo eso? No lo sabemos bien, nos lo tendrán que decir ustedes, porque, de lo contrario, vamos a empezar a pensar que se trata de ingresos inflados en clarísima calidad de propaganda política sin ningún tipo de rigor, pero aquí está usted para comparecer y para explicarnos que nosotros estamos en un error.

Incluso si le diéramos la razón y nos creyéramos lo que nos está contando, la recaudación del IRPF crecería el doble que la del impuesto sobre sociedades; de hecho, usted nos ha presentado un gráfico muy significativo. Usted ha hablado de los beneficios fiscales y resulta que a las empresas, que son las que pagan el impuesto sobre sociedades, se les proporciona un incremento de beneficios fiscales del 62 %. Es decir, hay una asimetría clarísima entre el tratamiento a las personas y el tratamiento a las empresas, y vuelvo no solo a la parte macroeconómica que le he comentado antes respecto a la competitividad, sino sobre todo al cumplimiento de un sistema fiscal que debe ser, primero, progresivo, y segundo, debe ser el sostén de un Estado social que está desapareciendo porque su programa de estabilidad así lo plantea.

Termino ya, señor presidente. En conjunto, la recaudación del impuesto sobre sociedades en nuestro país suele ser del 2,4 % del PIB. En otros países, como Portugal, Suecia o Bélgica dicha recaudación es superior al 3 % e incluso en países como Reino Unido, Francia o Países Bajos está por encima del 2,5 %. Yo creo que esta política es muy clara. Ustedes han planteado que la salida de la crisis pasa por bajar los impuestos a las grandes empresas, pero nosotros creemos que eso perjudica clarísimamente.

Y termino con un mero apunte de treinta segundos. Usted nos tiene que explicar por qué se les dan beneficios sociales a las Socimi por primera vez en unos Presupuestos Generales del Estado. Usted sabe que estas entidades están dedicándose a especular con la vivienda. No entiendo qué carácter social o beneficioso para la sociedad tienen las Socimi para que el Gobierno las trate con tanto cariño.

Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Garzón.

A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, muchas gracias.

Señor secretario de Estado, buenos días y bienvenido. Nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, estos presupuestos debían haber venido antes, pero creemos que, entre otras cuestiones, por nuestro acuerdo -que usted ha reconocido, cosa que le agradezco-, son unos buenos presupuestos.

En primer lugar, me sorprende todo lo que he oído hasta el momento, porque estos presupuestos -al igual que los de 2017- persiguen en primer término la estabilidad fiscal. Hay que recordar que 2017 fue el primer año en el que se cumplió el objetivo de déficit a nivel consolidado. Por cierto, el único que importa, porque cuando en 2016 no se cumplió y hubo que renegociar, a punto estuvieron de ponernos una multa y subió nuestra prima de riesgo, que ahora está bajando. Este ahorro en intereses, como explicó ayer el secretario general del Tesoro -nuestro principal gestor de deuda-, es lo que permite, en primer término, tener más margen presupuestario y, en segundo término, abaratar el coste de financiación para todos los agentes de la economía.

En segundo lugar, además de la estabilidad fiscal, nosotros queremos devolver los sacrificios a la clase media, y por eso hemos llegado a un acuerdo de reducción de impuestos y de impuestos moderados que apoyen el crecimiento, al igual que unas políticas fiscales y sociales que lo hagan. Evidentemente, nosotros creemos que estos presupuestos lo hacen y que benefician a muchísimos ciudadanos. Estoy bastante de acuerdo en general con la exposición que usted ha hecho, algo francamente distinto de lo que nos encontrábamos cuando ustedes tenían mayoría absoluta; todo hay que reconocerlo, hay una situación muchísimo más complicada.

En este sentido, y haciendo un repaso, en primer término, me gustaría decir que es cierto que la previsión de ingresos a nosotros nos parece razonable. Compartimos que la previsión respecto a los impuestos especiales es algo elevada, porque los impuestos especiales -como usted sabe- son los únicos de base no monetaria, y un crecimiento del 6 %, por ejemplo, en los hidrocarburos resulta difícil, salvo que ustedes pretendan -en lo que ya le digo que tendrían nuestro voto en contra- subir los impuestos a la gasolina. Si esto no fuera así, sería difícil que el consumo de hidrocarburos en España creciera al 6 %, porque estos impuestos, como usted sabe, se cobran a tanto por hectolitro de producto sujeto a impuestos especiales y no se ven afectados por el crecimiento de la inflación.

En cuanto al impuesto sobre la renta, nosotros creemos -nos parece una evidencia- que el impuesto, después del acuerdo al que hemos llegado, después de esta rebaja de impuestos, es mucho más progresivo. Es decir, rebajarles los impuestos a los que menos ganan, a los que no llegan a fin de mes, nos parece más progresivo. Eso hace que en el impuesto, en primer término, pagues más cuanto más ganes, lo cual nos parece claramente social y que incentiva el crecimiento. Además de todo esto, el coste en este punto no será tan elevado en términos globales, porque aunque estamos de acuerdo en el cálculo del crecimiento de los impuestos, es verdad que estas rentas bajas prácticamente todo lo que se ahorran en impuestos se lo van a gastar y, por tanto, se incrementará el consumo y la recaudación por los impuestos indirectos. En este sentido, nos parecen bastante sorprendentes las críticas de los partidos de izquierdas respecto a que los que no llegan a fin de mes paguen menos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Por otra parte, se han producido críticas al impuesto sobre sociedades. A mí me parece bastante evidente que no se recauda lo mismo que en 2007, porque las grandes empresas españolas obtienen mayor parte de su beneficio en el exterior que antes. Es decir, señorías, el año pasado -en 2017- dos tercios de los beneficios del IBEX 35 se obtuvieron fuera de España, y esto está exento. Además, ha habido rebajas del tipo del impuesto sobre sociedades y ahora mismo en España se paga el 25 %, frente al 32,5 % que se pagaba en 2007. Por otra parte, el impuesto sobre sociedades está bajando en todo el mundo, sobre todo después de la reforma fiscal de Trump.

Yo les pediría a los partidos de izquierda un poquito de realismo (Rumores), por ejemplo, cuando aspiran a recaudar más con el impuesto sobre sociedades diciendo que hay que establecer un tipo mínimo del 15 %, cosa que le he oído a Unidos Podemos y he visto en su famoso presupuesto alternativo. En este sentido, el Partido Socialista, entre otras cuestiones, tampoco se ha enterado de que los presupuestos necesariamente son una potestad del Gobierno y los tiene que elaborar el Gobierno. (Risas.-La señora Perea Conesa: O sea, que no podemos hacer oposición).

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Aparte de esto, en estos presupuestos alternativos dicen que van a establecer un tipo mínimo. El problema de establecer un tipo mínimo es que, como digo, las grandes empresas obtienen sus beneficios fuera, y si tú estableces un tipo más alto como mínimo, literalmente no se van a traer los dividendos desde el exterior, señor Bel. Eso es evidente. Por tanto, tampoco recaudas más y así no se recaudan 4000 millones de euros. Esta es una falta de realismo considerable.

Por otra parte, me gustaría incidir en una cuestión. Efectivamente, la previsión de crecimiento es baja, entre otras cosas, porque hay pendiente una cuestión, que son los activos diferidos. Ya sé que esto no afecta directamente a su departamento, pero tengo que decir que el Banco Popular tuvo unas pérdidas completas, lo cual ha supuesto que se pueda activar la parte restante de los activos fiscales diferidos que el Banco Popular tiene pendientes. El año pasado ya se devolvieron 400 millones de euros, este año hay 1600 millones de euros, y nosotros -y para esto pedimos apoyo a toda la Cámara- vamos a enmendar estos presupuestos para que la inspección pueda comprobar estas pérdidas, de forma que se pueda comprobar o no la procedencia de esta devolución en concreto, porque estamos hablando de que pueden ser 1600 millones de euros. Creemos que hay que dar competencias a la Inspección porque no es justo que devoluciones gigantescas no se puedan mirar mientras que a los demás españoles nos comprueban si nos sale a devolver en el impuesto sobre la renta.

En general, estos presupuestos son buenos para España y hay muchas personas que se benefician, directamente, los 3,5 millones de contribuyentes que van a tener reducciones de impuestos, que, por cierto, son los que menos ganan. Eso en primer término. Además, si hay presupuestos, habrá 6 700 000 pensionistas que tengan más de un 0.25 %. Adicionalmente, va a haber 3 millones de funcionarios que se verían beneficiados por empezar a devolver los sacrificios de la crisis, pero todo esto no ocurrirá si no hay presupuestos. Por tanto, lo más antisocial en estos momentos creemos que es devolver los presupuestos al Gobierno y habría que tenerlo en cuenta. Podemos decir que podrían ser más sociales, pero es sorprendente que se considere que son brutalmente antisociales unos presupuestos que benefician directamente a 13 millones de españoles que incrementan sus rentas, que reducen los impuestos, que permiten por segunda vez cumplir el objetivo de déficit y que nos sacan del procedimiento de déficit excesivo. Sencillamente, es un problema muy grave de discrepancia con la realidad lo que tienen algunos partidos de izquierda.

Para concluir, me gustaría hacerle dos o tres preguntas básicamente menores relativas a esta cuestión. En primer lugar, en relación con la financiación territorial. Si hay presupuestos, las comunidades autónomas tendrán 4000 millones de euros más y las entidades locales 236 millones más; si no, tendrán que esperar a los periodos de liquidación dentro de dos años. Estas son las normas que tenemos. Le quiero preguntar en concreto por la disposición adicional centésimo trigésimo sexta, la número 136, que establece capacidad para el Gobierno para otorgar beneficios a las comunidades autónomas que cumplan con el déficit, etcétera. La pregunta es si no cree que esta potestad, que puede llegar incluso a la condonación de deuda a las comunidades autónomas, es excesiva y en qué términos pretenden utilizarla ustedes. En segundo lugar, quiero preguntarle por la disposición adicional decimoctava, relativa a la creación de un precio de referencia para los bienes inmuebles dentro del catastro. ¿Puede llevar esto a una subida de los impuestos locales? Nosotros no lo apoyaríamos, para empezar, porque creemos que estos impuestos hay que bajarlos y porque no tiene sentido que unas administraciones que están saneadas, que tienen superávit e incluso muchas de ellas ni siquiera tienen deuda, por este sistema incrementen los impuestos a los ciudadanos, en línea contraria al acuerdo que hemos llegado con ustedes de reducir impuestos y de mantener el gasto dentro una senda razonable, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora.

Por todas estas razones, como le indico, la semana que viene votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad del presupuesto porque creemos que estos son unos buenos presupuestos, especialmente en el ámbito fiscal. Le agradezco su comparecencia, señor secretario de Estado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor De la Torre.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario.

Solo voy a hablar de tres cositas; me va a sobrar tiempo y se lo regalo a los compañeros que lo necesiten en próximas intervenciones. (Risas). Ayer le citaba al presidente de la Airef un estudio muy exhaustivo y muy bien pergeñado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. No sé si usted

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lo conoce, pero le recomiendo que le eche un vistazo. Este estudio conviene que una correcta aplicación del modelo de financiación vigente hubiera reducido la deuda de las comunidades autónomas en 84 500 millones de euros. Dice que la interpretación del modelo actual ha supuesto una pérdida para las autonomías de un 11,8 % de ingresos entre 2009 y 2015. Y yo digo que la incorrecta aplicación del sistema de financiación vigente que demuestra este estudio por parte del Estado ha centrifugado 84 500 millones de deuda hacia las comunidades autónomas entre los años 2009 y 2015. ¿Es este el sistema más descentralizado de la historia? Yo creo que, a la luz de este estudio y de estos datos, se referirán al sistema más descentralizado de gestión de la deuda pública. En la Comunidad Autónoma de Cataluña en concreto supondría en seis años 11 607 millones de euros. Ayer no me respondió el presidente de la Airef y tampoco lo espero de usted, pero le pido que tenga en consideración este estudio para próximas comparecencias.

En cuanto a la disminución de la cotización en el tramo autonómico del IRPF sobre el impuesto al juego y a los hidrocarburos, un cálculo estimativo, sin haber afilado el lápiz, nos lleva a una cifra de entre 100 y 155 millones de euros menos para la Hacienda catalana. ¿Existe alguna previsión de compensación en honor a la lealtad institucional que tanto se invoca últimamente? Si resulta que lo que ustedes han pactado con Ciudadanos lo van a pagar los contribuyentes catalanes en forma -digamos- de 100 millones de euros menos de gasto público o mayor presión fiscal, ¡vaya negocio! Les voy a dar una idea: pacten rebajas fiscales contra el dinero que gestiona el Estado, como los aviones militares que últimamente están comprando.

En último lugar, si puede hacer un esfuerzo y explicarlo con palabras llanas que un no economista pueda entender, ¿me puede explicar, señor secretario, qué motivación hay en rebajar la tributación al juego online del 25 al 20 %? Es una pregunta que lanzo al aire, porque no se la puedo dirigir en esta comparecencia a los señores de Ciudadanos. ¿Por qué PP y Ciudadanos acuerdan disminuir la fiscalidad del juego online? Quid prodest. ¿A quién aprovecha? El modelo de país que Ciudadanos y el PP proponen se va perfilando. Prefieren un país donde tribute más cuidar de un animal de compañía que contemplar la tortura de un toro o engancharse a las apuestas online. Esto se acerca mucho al clásico panem et circenses.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Capdevila.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Partido Nacionalista Vasco.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente. Buenos días, gracias por su comparecencia y por sus explicaciones, señor Fernández de Moya.

Por aquí ya han pasado tanto el gobernador del Banco de España como el presidente de la Airef. En cuanto al primero, reclamó emprender nuevas reformas para corregir los desequilibrios de la economía revisando la cesta de impuestos para contar, según él, con unos ingresos estables con los que hacer frente al nivel deseado de gasto público. Me gustaría conocer su valoración acerca de esta afirmación.

En cuanto al cuadro macroeconómico, a pesar de que está avalado por la Airef, esta ya nos ha dicho que, en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, ni la Administración del Estado ni la Seguridad Social lo van a cumplir. Por tanto, serán nuevamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sobre todo estos con su superávit, los que les van a ayudar a conseguirlo, gracias -como dicen en la página 20 de su libro amarillo- al control férreo del gasto público a través de la aplicación de la regla de gasto. Me gustaría saber cómo valora esto, el hecho de que haya administraciones que cumplan mientras otras no lo hacen, por qué ese control férreo para unos y no para todos y si tienen alguna previsión o medida prevista para adoptar en caso de ese riesgo de incumplimiento de déficit.

Por otro lado, me gustaría conocer su valoración acerca del impuesto sobre sociedades, porque, lejos de aumentar la recaudación, se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la crisis económica. Además, la Airef ya nos ha dicho que no lo puede valorar del todo porque no les han suministrado las bases imponibles negativas. Me gustaría saber si ustedes prevén enviárselas, si lo van a hacer o no y, si piensan que no, las razones para esta negativa. La Airef también tenía dudas en cuanto a los ingresos de los impuestos especiales. Usted nos ha dicho otra vez que va a ser por un aumento del consumo y de los precios; me gustaría más concreción al respecto.

La Airef hizo dos recomendaciones acompañando al cuadro macroeconómico de un escenario inercial a políticas constantes. Esta recomendación la realizó también con los presupuestos generales de 2017 y me gustaría conocer su respuesta a la misma. La otra recomendación fue adoptar y hacer públicas las

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medidas necesarias para corregir los sesgos observados en las previsiones de otoño del consumo público, y me gustaría saber si lo van a remitir o no.

Nos da la sensación de que las medidas tributarias propuestas obedecen más un tema electoral que a una reforma fiscal integral, reforma que debería realizarse a través de un diagnóstico para ver cuál ha sido esa distribución entre los impuestos directos e indirectos y así adoptar medidas para afianzar los ingresos a largo plazo. Ponemos en duda también la recaudación por el IRPF porque nos dicen que van a repuntar los salarios, cosa que no se ha visto en 2017, y parece que todas estas medidas fiscales no solucionan ni el problema de las pensiones ni el de los salarios precarios.

Me gustaría que hiciera una valoración acerca de que llevamos tres años consecutivos de crecimiento en torno al 3 % pero seguimos teniendo una deuda excesiva porque en los últimos años ha disminuido en tan solo 2 puntos. Quisiera saber si se ha previsto el aumento de los tipos de interés que se espera que llegue en otoño. Como bien ha dicho la señora Blanquer, es un endeudamiento que hay que ir disminuyendo, según lo que dice la Unión Europea. Por otro lado, tenemos que valorar positivamente que haya una revisión del gasto público a través del spending review.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.

A continuación, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Fernández de Moya su comparecencia hoy aquí. También quiero agradecerle al señor Capdevila el tiempo que gratamente me ha cedido.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): El tiempo, si se lo regala alguien, se lo regalo yo, no el señor Capdevila. (Risas).

El señor BEL ACCENSI: Pues se lo agradezco a usted todavía con más entusiasmo que al señor Capdevila.

En todo caso, señor Fernández de Moya, le agradezco su comparecencia y que haya tenido la gentileza -ha sido el primer compareciente que lo hace- de habernos facilitado las transparencias que apoyan su intervención con carácter previo, aunque haya sido solo unos minutos. Se agradece porque las podemos utilizar, como después haré. Intentaré ser breve, aunque se suscitan muchas cuestiones derivadas del ámbito de responsabilidad que usted tiene en estos momentos. Con carácter previo, señor De la Torre, no me importa que me citen. No soy el compareciente y si me citan antes de intervenir seguramente les voy a contestar. Digo esto porque no es la primera vez a lo largo de las sesiones de esta Comisión que esto ocurre. También cumplimentaré su cita posteriormente. Usted nos ha presentado las medidas tributarias y ha hecho una referencia respecto al superávit de las corporaciones locales que yo también encajaré.

En cuanto a las medidas tributarias, la gran mayoría -no me escondo- las compartimos; por tanto, no voy a decir que no, aunque es cierto que también tienen sus consecuencias. En estos momentos, con respecto a la rebaja de IRPF que graciosamente hacen ustedes a los ciudadanos, que hemos leído en la prensa estos últimos días y que también está en estas transparencias, hay que decir que una parte de esta rebaja la va a soportar el presupuesto de la Administración Central pero otra parte la van a soportar los presupuestos de las comunidades autónomas. Esto es así y lo tenemos que explicar. Si no se enfada el señor Capdevila, le voy a corregir al alza utilizando las transparencias que nos ha facilitado el compareciente. En Cataluña la rebaja del IRPF va a suponer un descenso en los ingresos para la Generalitat de Catalunya de 188 832 266 euros, de acuerdo con la tabla facilitada en esta comparecencia. La Generalitat de Catalunya prácticamente va a tener 190 millones de euros menos por la rebaja del IRPF.

En cuanto a la recaudación, usted lo justifica y nosotros nos lo tenemos que creer pero dudamos de ella. Ayer ya se lo transmitimos al presidente de la Airef, que decía que era posible, que no era seguro pero sí posible. Digo esto porque, simplemente, los datos no les avalan. El año pasado de IRPF de sociedades recaudaron 1000 millones menos de los que tenían previstos, que suponía una desviación aproximadamente del 5 %, de impuestos especiales recaudaron 460 millones menos de los que tenían previstos y de otros ingresos tributarios recaudaron 500 millones de euros menos de los que tenían previstos. Por tanto, en cuanto a ingresos estrictamente tributarios de la Administración Central recaudaron 4000 millones menos

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de los que tenían previstos. Vamos a ver cómo se desarrolla, nosotros tenemos dudas y así se las manifestamos.

Respecto a las medidas, hay algunas que sí merecen comentarios. Por ejemplo, la rebaja del IVA del cine, esa que no se podía soportar y que solo hemos tenido que esperar a momentos de bonanza y a que llegase Ciudadanos al Parlamento español, aunque el año pasado se les olvidó. Me gustaría que nos cuantificaran, así como han cuantificado el importe por la rebaja en el IRPF, la rebaja del IVA en el cine. Ayer la Airef nos lo cuantificó en 50 millones de euros; 50 millones de euros tampoco parece una cantidad tan exagerada como para tener que esperar tanto tiempo. Digo esto porque 50 millones de euros son asumibles, de acuerdo con este presupuesto que ustedes presentan, igual de asumible que podría ser la rebaja del IVA de los servicios funerarios, que fue aprobada a propuesta del Partit Demòcrata en la Comisión de Hacienda con el voto favorable de Ciudadanos e incluso con el voto favorable también de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, haciendo alarde de este posicionamiento. Pero, claro, Barcelona es Barcelona y Madrid es Madrid. En todo caso, esto está aprobado y no ejecutado. (El señor Capdevila i Esteve pronuncia palabras que no se perciben). No he entendido lo que me dice el señor Capdevila, pero seguro que me pide que le recuerde que, a propuesta de él mismo, fue aprobada la rebaja de los servicios veterinarios del 21 al 10 %, propuesta que Ciudadanos votó favorablemente. En la Comisión de Hacienda Ciudadanos vota muchas cosas; en la de Presupuestos ya no vota tantas. De todas maneras, hay pendiente un tema de justicia -entiendo que se han reunido con todos los portavoces de esta casa-, que es el IVA de la dependencia. Nosotros ya les avanzamos que vamos a presentar enmienda en los presupuestos respecto a esta situación, donde a todos los portavoces les decimos que tienen razón pero después no se concreta. Por tanto, también la vamos a presentar.

En relación con el impuesto sobre sociedades, dos preguntas. En relación con la primera, cuantificaban los beneficios fiscales -lo decía el señor Garzón- con un incremento de 1200 millones de euros, lo que representaba un 62 % más. Nos gustaría que detallara concretamente a qué corresponden estos 1200 millones de euros. A su vez, establecen el 0,7 % en el impuesto sobre sociedades, una buena noticia que cuantifican en 200 millones de euros. Como sabe, en la gestión del 0,7 % del IRPF hubo una polémica que llegó en diferentes ocasiones a los tribunales, siempre con sentencia favorable a la Generalitat de Catalunya; hubo una sentencia en enero de 2017 del Tribunal Constitucional que hizo que se replanteara cómo se iba a gestionar este 0,7 %. ¿Me puede confirmar, aunque no sea estrictamente de su responsabilidad -va a ser la ministra Montserrat quien lo tenga que decir-, si este 0,7 % va a ser gestionado por las comunidades autónomas, o no va a ser gestionado por las comunidades autónomas, o se va a reproducir el acuerdo 80/20, que se está implementando en estos momentos, o se tendrá que acudir al Tribunal Constitucional a tales efectos?

En relación con el tema de los objetivos de déficit, ustedes insisten en que se cumplen y yo les digo que se cumplen de forma global y les insisto en el mismo argumento. Ahora no estamos aprobando el presupuesto de las corporaciones locales o el presupuesto de las comunidades autónomas, aquí estamos aprobando el presupuesto del Estado y de la Seguridad Social, y si un nivel de la Administración en el Estado español no ha cumplido ha sido la Administración central o la Seguridad Social. El voto de Ciudadanos el año pasado y este año sirve para aprobar un presupuesto que incumple los objetivos de déficit que ustedes, nosotros, esta Cámara, les asignamos; les asignan ustedes el objetivo de déficit y después lo incumplen. Alardean de que el Estado español lo ha cumplido porque las corporaciones locales -de las que voy a hablar después- y las comunidades autónomas cumplen; es más, las corporaciones locales generan un superávit. Algo se habrá hecho mal aquí, porque si ustedes hacen un presupuesto para incumplir los objetivos de déficit que ustedes mismos se asignan, aquí tenemos un problema.

Nos parece bien el acuerdo con la FEMP, pero, señor Fernández de Moya, usted ha sido alcalde y es una persona vinculada al municipalismo, algo que me consta y estoy seguro de que es así y, por tanto, le pido en nombre del municipalismo que esté atento a estos aires que soplan de intentar calificar el superávit de las corporaciones locales como un superávit estructural, porque si ya admitimos que es un superávit estructural, el próximo paso, que alguien ya está preparando, es reducir la capacidad fiscal de las corporaciones locales. Eso, como usted sabe, es un superávit no estructural provocado por unas reglas, como la regla de gasto, mucho más estrictas en el ámbito local que en el ámbito de las comunidades autónomas o de la propia Administración central.

Finalmente, me ha parecido oír al portavoz de Ciudadanos que me apelaba, y también a algún otro grupo, diciendo si no sabíamos que en el impuesto sobre sociedades los beneficios obtenidos fuera del territorio de aplicación están exentos. Yo no tenía conocimiento de esto, no sabía que estaban exentos; yo

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entendía que estaban sometidos a tributación, que se les aplicaba una deducción por doble imposición, pero si están exentos también nos gustaría que nos lo clarificara.

Señor Fernández de Moya, le doy las gracias por su comparecencia y les pedimos que estas enmiendas que vamos a presentar sobre cuestiones ya aprobadas en la Comisión de Hacienda de esta Cámara sean miradas con cariño.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.

A continuación, la señora Madrazo, por el Grupo Popular.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor secretario de Estado, señor Fernández de Moya, bienvenido a esta Comisión un año más. El año pasado desde el Grupo Parlamentario Popular le deseábamos toda clase de éxitos cuando empezó a hacerse cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda, pero hoy realmente queremos felicitarle a usted -y a su equipo, por supuesto- por un trabajo serio y riguroso que viene avalado por las cifras de recaudación tributaria alcanzadas en 2017, por los resultados históricos también alcanzados en la lucha contra el fraude y, como broche de oro, a nuestro juicio, por estas nuevas medidas fiscales que contienen estos Presupuestos Generales del Estado para seguir bajando impuestos a las rentas medias y bajas y para facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias españolas con el cheque guardería, por ejemplo, o con los nuevos cheques familiares a familias numerosas y con discapacitados entre sus miembros.

Por tanto, señorías, no doy crédito, de verdad, a lo que estoy escuchando hoy en esta Comisión de Presupuestos por parte de los portavoces de la oposición. He escuchado al PSOE, que sigue ERE que ERE, y también erre que erre, con la misma cantinela año tras año, tras siete presupuestos, porque la señora Blanquer tiene la poca vergüenza de echarnos en cara... (Rumores.-La señora Perea i Conillas: Un poco de respeto, por favor). Sí, la poca vergüenza. (La señora Perea i Conillas: ¡Hombre, por favor!).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Perdón, señora Madrazo, le pido corrección para no tener que dar la palabra a otras personas. Se lo pido por favor.

La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, creo que no estoy diciendo nada que no corresponda con la realidad, porque nos echa en cara al Partido Popular que no cumplimos... (Continúan los rumores). Yo les he escuchado a todos de manera muy respetuosa, así que les pediría que me escucharan también de forma respetuosa. (La señora Perea i Conillas: Pues no provoques). Nos echan en cara al Partido Popular que no cumplimos los objetivos de déficit los campeones del incumplimiento en los objetivos de déficit, porque llegaron a un déficit del 11 %. Nos echan en cara una recaudación insuficiente los campeones en el desplome de la recaudación tributaria. (La señora Blanquer Alcaraz: Por la crisis). Estoy hablando yo. Por favor, señor presidente, yo he respetado los turnos de palabra y les pediría que respetaran el mío.

No les gustan estos presupuestos generales tampoco, unos presupuestos que benefician a tantos colectivos de españoles, a funcionarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las familias, a los pensionistas, a los trabajadores. Me gustaría que explicaran por qué van a votar en contra. Mi opinión es que están ustedes instalados en el populismo apocalíptico, se empeñan en que todo va mal, que puede ir a peor en el futuro, pero saben perfectamente que es falso, y la mejor prueba es que la pasada semana la economía española recuperaba el notable de las grandes agencias calificadoras. Una noticia excelente, que es el resultado de las reformas y de la política económica eficaz aplicada por los Gobiernos del Partido Popular y que ha conseguido que nuestra economía sea creíble y genere confianza.

Con respecto al señor Garzón, tengo que decirle lo siguiente: ahora que está tan de moda, ¿de verdad es usted economista? Porque yo lo soy también y la primera obligación de un economista es estudiar y analizar los datos, y ha dicho usted que hay una reducción del Estado social. Directamente le tengo que decir que es falso y que, por favor, se estudie los cuadros que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Señora Madrazo, un momento, por favor. Le recuerdo, por respeto al compareciente, que se trata de que el compareciente nos aclare una serie de cuestiones.

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Si no voy a tener que dar la palabra a personas aludidas. Se lo pido por favor, por corrección y por que vaya de la forma adecuada esta comparecencia.

La señora MADRAZO DÍAZ: No estoy de acuerdo con la llamada de atención del presidente. Si quiere no les nombro, pero ellos nombran al Gobierno del Partido Popular. Yo tendré que hacer alusiones también a los portavoces de la oposición.

Señorías, en definitiva el Gobierno confía de verdad en poder sacar adelante estos presupuestos generales, porque son muy positivos para todos los españoles. Les tengo que decir que España está viviendo uno de los mejores momentos económicos. Con tres años más en esta senda de la consolidación fiscal, del crecimiento económico y de la creación de empleo nuestro país se puede consolidar en el grupo de cabeza del mundo occidental. Pero para que eso ocurra es necesario seguir, perseverar en las políticas económicas que funcionan, les guste o no les guste a los portavoces de la oposición, porque el Partido Popular es sinónimo de empleo, de crecimiento económico, y la buena política se mide por los resultados logrados, no por las palabras bonitas, por la demagogia imposible de cumplir, porque los españoles saben que cuando gobierna el Partido Popular mejora la vida de las personas y crecen las oportunidades para toda la sociedad, y la primera oportunidad de toda persona, de todo ciudadano es la oportunidad de poder trabajar y con ello poder tener un proyecto de vida. Por eso estos presupuestos generales suben la previsión de crecimiento en cuatro décimas, al 2,7 %, y la previsión de crecimiento del empleo es de 475 000 personas, y podemos decir que es realista, dado que en los últimos cuatro años se han creado más de medio millón de empleos al año. Aquí está la clave, y aquí el departamento que dirige el señor Fernández de Moya merece nuestro reconocimiento, como decía al principio, porque gracias a la política económica y fiscal del Gobierno España crece y crea empleo, y por ello la recaudación mejora. Alguien hablaba aquí de que era una recaudación insuficiente. Es que con los Gobiernos del Partido Popular bajando impuestos se incrementa año tras año la recaudación. Les pido que analicen los cuadros de recaudación tributaria que acompañan a los presupuestos. Y se consigue más recaudación porque las políticas fiscales han sido hechas de manera inteligente, bajando impuestos a las rentas medias y bajas y haciendo reformas para dejar más dinero en el bolsillo de familias y empresas, generando mayor consumo, mayor ahorro y mayor inversión y alcanzando nuestro objetivo prioritario, que es ensanchar las bases imponibles mediante la creación de empleo.

Tenemos que recordar aquí la reforma fiscal que ya hizo el Gobierno del Partido Popular en el año 2015, que supuso inyectar en las familias españolas y en las empresas más de 12 300 millones de euros. Por tanto nuestro sistema tributario está avanzando en eficiencia, está avanzando en suficiencia y está avanzando en equidad y en justicia, por mucho que se empeñan en negarlo. Con estos presupuestos generales avanzamos en esa misma dirección, porque ahora podemos hacer cosas que no se pudieron hacer cuando llegamos al Gobierno, con una España que estaba en quiebra después de ocho años del gobierno del PSOE. Se han alcanzado en estos presupuestos acuerdos sociales históricos que mejorarán la vida de muchísimos españoles: subida del salario mínimo interprofesional, subida del sueldo de los funcionarios de una manera importante, subida de las pensiones mínimas de un 3 %, subida de las pensiones de viudedad y rebaja del IRPF para rentas inferiores a 18 000 euros, lo que nos ayuda a ganar en progresividad, en equidad y en justicia fiscal.

Por tanto, en cuanto a los ingresos que contemplan las previsiones en estos presupuestos las críticas de la oposición son un año tras otro las mismas. El año pasado se centraron en que inflábamos los ingresos, nos tacharon de faltar a la verdad por presentar unos ingresos que decían que no íbamos a poder cumplir, que íbamos a tener que compensar esa falta de ingresos con recortes de gasto, y que íbamos a incumplir el objetivo de déficit. Pues bien el tiempo nos ha dado la razón, cumplimos perfectamente el objetivo de déficit sin tener que reducir el gasto, gracias a una mayor recaudación tributaria que alcanzó los 198 100 millones de euros, y el déficit como saben se cumplió holgadamente, por debajo del 3,1 % comprometido. Por tanto estos argumentos deberían servir para poner en duda sus críticas, que nos vuelven a hacer hoy respecto a la sobreestimación de los ingresos. Hemos presupuestado un aumento del 6 % respecto a lo recaudado en 2017, y en este punto quisiera que el señor secretario de Estado nos pudiese adelantar algunas cifras de recaudación obtenidas en estos primeros meses del año para ver un poco por dónde van los indicadores de recaudación y si se van a cumplir esas previsiones.

Con esas previsiones de ingresos el Partido Popular va a cumplir con todos los compromisos que ha adquirido el Gobierno: va a cumplir con el objetivo de bajar impuestos, porque es nuestra filosofía fiscal; va a cumplir con los acuerdos que firmamos con los agentes sociales y con los funcionarios públicos; va

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a cumplir por supuesto con nuestros jóvenes; va a cumplir la palabra dada por el presidente a nuestros mayores subiendo las pensiones mínimas y no contributivas un 3 %; va a cumplir con los colectivos más vulnerables, porque hay 346 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil, y va a cumplir con los pactos de Estado firmados con el resto de grupos, dotando partidas relativas al Pacto contra la Violencia de Género, y cumple también -que se ha hablado aquí a lo largo de la comparecencia- con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque gracias a que se aumenta la recaudación tributaria, gracias a que hay más actividad económica y más empleo mejora también la financiación que reciben las comunidades autónomas y los ayuntamientos, se incrementa en más de 4200 millones de euros este año la financiación destinada a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y todo eso lo puede cumplir el Gobierno del Partido Popular porque la recaudación tributaria aumenta año tras año, porque hay más actividad económica, más empleo y menos impuestos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se ha citado aquí, avalaba ayer las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno. Por tanto la senda de crecimiento prevista en estos presupuestos se considera prudente. En el plano doméstico, señor Bel, señalaba que los peores escenarios que podían vislumbrarse en el mes de octubre por la crisis institucional en Cataluña parecen haberse desvanecido, gracias también una vez más a la eficaz actuación del Gobierno y al acierto de la aplicación del artículo 155 para que la Comunidad Autónoma de Cataluña cumpla con las funciones que tiene encomendadas. Por tanto todo son buenas noticias para España, pero ustedes siguen instalados, como decía al principio, en ese populismo apocalíptico de que todo va mal en lugar de querer arrimar un poco el hombro para que todo pueda ir mejor.

Señorías, encadenamos cuatro años de crecimiento económico y de creación de empleo. Los Presupuestos Generales del Estado son la herramienta más potente a disposición de un Gobierno para llevar su política económica y social a los ciudadanos. Los que comienzan su tramitación hoy son los séptimos presupuestos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular. Ninguno de ellos ha sido fruto del azar, de la improvisación, de los vientos de cola ni de la demagogia, que está tan de moda en estos días. Nosotros sabemos perfectamente de dónde venimos y tenemos muy claro dónde queremos ir. Por eso cada uno de estos presupuestos aprobados hasta ahora por el Gobierno del Partido Popular ha sido objetivo, adaptado a la realidad económica y social que nos ha tocado vivir en cada momento, mesurado cuando se requería austeridad y expansivo cuando las condiciones nos lo permiten, como sucede con estos presupuestos, y todos ellos basados en dos grandes principios: queremos incentivar y seguir incentivando el crecimiento económico y la creación de empleo, que es nuestro principal objetivo, y además queremos que nadie se quede fuera de esa recuperación económica, que esa recuperación económica llegue a las familias y a las empresas españolas. Por eso los presupuestos incluyen medidas que mejoran las rentas de más de trece millones de pensionistas, empleados públicos y asalariados, y la rebaja en el IRPF permitirá ahorros de más de 400 euros al año de media para tres millones y medio de trabajadores y pensionistas con rentas más bajas, por debajo de los 18 000 euros.

En definitiva nosotros creemos en un sistema tributario más sencillo, más equitativo, que contribuya a dinamizar el crecimiento económico y la creación de empleo, y que a través del efecto multiplicador de la inversión y del consumo potencie el círculo virtuoso del crecimiento. Por eso tenemos con estos presupuestos la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien, de seguir creciendo, de seguir creando empleo, de reducir nuestro déficit público, de sanear las cuentas de las administraciones públicas, y en definitiva de seguir mejorando nuestra economía para mejorar la vida de las personas, que debe ser el objetivo común -pienso- de todos los políticos que hoy estamos aquí representados. Por eso les pido una vez más el apoyo a estos presupuestos generales que son muy buenos para España, y que son los presupuestos que nos hubiera gustado hacer en 2012 cuando llegamos al Gobierno.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señora Madrazo.

Solamente una cuestión: le pediría que no constase en el Diario de Sesiones esa expresión de "poca vergüenza". Se lo pediría por favor, porque no dice nada bueno de nosotros.

La señora MADRAZO DÍAZ: Bueno, es que no me parece una expresión inadecuada, sinceramente. Creo que me he expresado con corrección.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera) ¿Sí o no? (Pausa). ¿La mantiene usted en el Diario de Sesiones?

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La señora MADRAZO DÍAZ: Bien, la retiro si tanto le preocupa.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Fernández de Moya Romero): Muchas gracias, señor presidente.

Fundamentalmente quiero poner en valor que han sido muchas las cuestiones que se han planteado a lo largo de la mañana, y que hoy se trata de una comparecencia informativa al objeto de poner encima de la mesa las líneas fundamentales del desarrollo de lo que representa el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de España y el partido que lo sustenta, el Partido Popular -y me siento, señor Garzón, profundamente orgulloso de ser militante del Partido Popular y de las políticas que desarrolla-, ha presentado ante las Cortes Generales, y de manera muy singular en el análisis que se debate concretamente ahora en el Congreso de los Diputados. Con ello lo que quiero decir es que estoy a su entera disposición para que soliciten cuantas comparecencias estimen oportuno para tratamientos singulares de determinadas figuras tributarias o de cuestiones que atañen a mi departamento en las que en el día de hoy no puedo entrar, entre otras cuestiones por razones de tiempo, como ustedes bien saben y conocen. Pero sí quiero ponerles en valor que, al igual que ocurre muchas veces cuando uno va al inventario de las iniciativas que constan en la Comisión, vayamos a un debate y en consecuencia también a una respuesta que sea agrupada.

En primer lugar, quiero hacer hincapié en lo que ha significado el tono de todos y cada uno de los intervinientes, de cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios que legítimamente han hecho un planteamiento en torno a la formación política o al proyecto que defienden. Pero quiero partir de dos ideas previas. Quiero partir de la Constitución española. Aquí se ha mencionado la Constitución española pero me da la impresión de que no se ha estudiado suficientemente bien la misma. El Título I de la Constitución, que se desarrolla desde el artículo 10 al 55, concretamente en el artículo 31 define claramente cuáles son los principios de justicia material del tributo. Y ahí se nos dice que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El principio de justicia material del tributo relevante, junto a otros -el de generalidad, el de justicia tributaria, el de igualdad-, es el de capacidad económica, sobre todo en el ámbito de la imposición directa, porque es el que tiene en cuenta cuál es la renta disponible por parte de la persona física o contribuyente a la hora de tributar. Evidentemente la imposición indirecta no me la compare usted porque grava el consumo, no grava lo que significa la capacidad económica que manifiesta el contribuyente a través de una renta disponible. Esa es la diferencia básica entre imposición directa e imposición indirecta.

Hay un segundo elemento, señora Blanquer, que quiero ponerle encima de la mesa: el artículo 135 de la Constitución. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es el desarrollo normativo de lo que pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista acerca del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el marco de la Unión Europea, y eso es lo que estamos llevando a cabo. No me refiero al señor Bel porque el señor Bel no ha puesto en cuestión el artículo 135 de la Constitución; no lo ha puesto, o yo no lo he oído. (Rumores). Después contestaré al señor Bel acerca de lo que significa el cumplimiento de la regla de gasto como una regla de gobernanza europea, y que indudablemente el conjunto de las administraciones tienen que llevar a cabo y que dote también de estabilidad presupuestaria en la propia definición del presupuesto. Pero lo que quiero poner fundamentalmente en valor es que el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron una modificación normativa nada más y nada menos que de la Constitución española para el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en gobernanza europea, en estabilidad presupuestaria y en desarrollo normativo, que después aprobaron esta Cámara y el Senado, en suma las Cortes Generales, como era la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Señorías, por hacer un debate y una contestación si me permiten agrupada hablaré de la estimación de ingresos del año 2018. Yo les voy a explicar, figura tributaria por figura tributaria, por qué estos ingresos; o mejor dicho como establece siempre el presupuesto, que prevé un ingreso y lo que hace es autorizar un gasto. Pero en la mera previsión del ingreso quiero explicarles, figura tributaria por figura tributaria, en qué sustentamos lo que significa la formulación de la previsión de ingresos, que a nuestro juicio es realista. Señorías, los ingresos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas van a aumentar hasta los 82 056 millones de euros, lo que va a representar un incremento del 6,5 % respecto al año 2017, y ello

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fundamentalmente lo sustentamos en tres ideas básicas: la buena marcha esperada de las rentas de los hogares, que en las estimaciones que tiene el Gobierno van a crecer concretamente un 4,5 %, ligeramente por encima de las contempladas en el año 2017; los salarios, que esperamos que haya un incremento igualmente también en torno al 4,8 %; y en tercer lugar, la masa de pensiones, en las que estimamos un incremento en torno al 3,5 %.

En el impuesto sobre sociedades, por cierto, señor Bel, el 0,7 es ámbito exclusivamente estatal. Usted sabe que el impuesto sobre sociedades es una figura tributaria no objeto de cesión, que la diferencia respecto a IRPF e IVA, que está cedido al 50 % a las comunidades autónomas, y lo que quiero ponerle en valor es que será gestionado el 0,7 del impuesto de sociedades -le he dado el dato disponible de 2015, 30 000 millones de euros en cuota íntegra, 0,7 en torno a 210 millones de euros- exclusivamente por el Estado, por el Gobierno de España en el ámbito de lo que representa un tributo que, como usted bien sabe, no tiene naturaleza cesionaria, sino que su titularidad es estatal y por tanto corresponde al Estado íntegramente, a las entidades que también llevan a cabo proyectos estatales de carácter social la asignación del 0,7. Los ingresos esperados en el impuesto sobre sociedades para el año 2018 ascienden a 24 258 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,8 % respecto al cierre concretamente del año 2017. La previsión se basa, por un lado, en un aumento de los beneficios y también de la base imponible cercana al 8 %. Este crecimiento se traducirá en un incremento de los pagos fraccionados, que es el principal componente del impuesto, alrededor del 6 %, y los ingresos de la declaración anual, ligada precisamente a los beneficios de 2017, crecerán por debajo del 4 %. En consecuencia estos mayores ingresos se verán compensados con el aumento de las propias devoluciones que sean objeto de realización.

IVA. En el año 2018, el impuesto sobre el valor añadido tendrá una previsión de ingresos de 71 575 millones. Si se elimina de 2017 el efecto SII, el suministro inmediato de información, el aumento de los ingresos es del 5,6 %. Si no se tiene en cuenta el efecto del SII, los ingresos crecerán fundamentalmente por lo que representa el incremento del gasto sujeto al impuesto sobre el valor añadido. En este sentido se espera que el gasto aumente en torno a un 5 % concretamente en el año 2018.

Impuestos especiales. Los ingresos previstos por impuestos especiales concretamente para el presente año, tomando como referencia lo que significó la previsión del año 2017, tendrán un incremento del 6,4 %, que nosotros fundamentalmente sustentamos en una evolución ligada concretamente a crecimientos de consumos físicos. Y quiero darle en este momento un dato de cómo están creciendo los ingresos tributarios en términos homogéneos a lo largo concretamente del presente trimestre. Los ingresos homogéneos crecen en los tres primeros meses del año un 5 %, y las principales conclusiones que probablemente podamos extraer de las autoliquidaciones que han sido objeto concretamente de presentación son las siguientes: las retenciones del trabajo crecen un 6,7 % en lo que va de año y los ingresos por IVA han crecido hasta el mes de marzo un 4,4 %. Lo digo, señorías, porque con ello quiero dar cumplida respuesta de cuáles son los elementos que el Gobierno maneja desde el punto de vista de la previsión de ingresos, de cara al proyecto de ley de presupuestos del año 2018 que estamos debatiendo en esta Cámara.

En segundo lugar, señorías, todo el mundo se refiere, y lo ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo, a quien agradezco su intervención y apoyo al Gobierno, al igual que también el del señor De la Torre, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al déficit público. Como ustedes comprenderán no se trata de una reflexión que yo pueda realizar de manera subjetiva; los datos están ahí, avalados por la propia Comisión en este caso Europea y que ponen de manifiesto que en los últimos seis años el déficit público en España se ha reducido en más de la mitad, un 64 %. Desde el 9,3 % en términos de riqueza nacional en el año 2011 hasta el 3,07 %, y si incorporamos la ayuda financiera hasta el 3,11 %, concretamente en los datos de cierre que el señor ministro de Hacienda y Función Pública daba en la última semana del mes de marzo, relativos al cierre del ejercicio del año 2017.

Ustedes coincidirán conmigo en que un pilar fundamental para la obtención de la reducción del objetivo de déficit público sin lugar a dudas ha sido la reducción del gasto público y la consolidación fiscal que ha realizado el Gobierno de España, el Partido Popular, el partido que sustenta al Gobierno de España, y el grupo parlamentario, a lo largo de los últimos seis años. De hecho hay un gráfico que define perfectamente cuál ha sido la evolución del déficit público a lo largo de los últimos seis años. (Muestra un gráfico). Este gráfico es conocido por todos ustedes y pone de manifiesto la corrección del déficit público por parte del Reino de España desde el año 2011 hasta el año 2017, tomando como referencia la senda de estabilidad

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de contención del gasto, y por supuesto también lo que significaba el esfuerzo de los subsectores de cada una de las administraciones.

Ustedes tuvieron, creo que en el día de ayer, la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, y no voy a abundar yo, porque le corresponde a mi compañero dar las explicaciones oportunas en torno a la evolución que ha habido de 2011 a 2017, en el 2011 del menos 0,10 y posteriormente en el 2017 del menos 1,48, pero háganme también el desglose por subsectores en el ámbito de cada una de las administraciones públicas. Quiero ponerles en valor que la Administración central tenía un déficit en el año 2011 del menos 5,46 y ahora está en el menos 1,86. Ha habido un esfuerzo de la Administración central en llevar a cabo una reducción del déficit público. Las comunidades autónomas del menos 3,35 en 2011 al menos 0,32 en 2017. Sobre las comunidades autónomas después les haré una reflexión en la que mi compañera, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, cuya comparecencia también está solicitada, profundizará.

Las corporaciones locales en el año 2011 estaban en el menos 0,40 y ahora están en el 0,59. Estamos hablando de casi un punto en lo que significa en términos de riqueza, más de 10 000 millones de euros, de una balanza deficitaria del menos 0,4 a un superávit del más 0,59 por parte de las entidades locales en el recorrido de los seis años.

En suma, en el año 2011 menos 9,31 y en el año 2017 menos 3,07, que si ustedes le incorporan la ayuda financiera queda en el menos 3,11. Pero yo creo que nadie, ni siquiera el señor Garzón, que emplea la palabra milagro probablemente porque él no crea en ninguno (risas), pueda discutir la cifra que ponemos encima de la mesa respecto a lo que significa la senda de reducción del déficit público. Eso nadie, y con datos que están avalados concretamente por Eurostat, por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional y en suma por los organismos internacionales de referencia de análisis, de estabilidad económica y cumplimiento de objetivo de déficit.

En tercer lugar, me gustaría tocar un elemento que se ha tocado de manera tangencial y que va unido a la consecución del objetivo de déficit, va unido a la rebaja de impuestos y va unido a lo que significan los programas de estabilidad económica de España a lo largo de los últimos seis años, que es el mercado de trabajo. Porque, claro, aquí hay una connotación muy directa en torno a las reformas estructurales puestas en marcha, y al mismo tiempo lo que han significado los claros signos de recuperación económica, esfuerzo de la sociedad española y esfuerzo del Gobierno en las reformas estructurales que se han puesto en marcha. En ese sentido es evidente que se está creciendo en términos de empleo a tasas próximas a las de nuestra riqueza nacional, a las del producto interior bruto, y yo quiero fundamentalmente poner en valor que los datos de la encuesta de población activa muestran que en este período se ha recuperado el 51 % del empleo temporal destruido durante la crisis, mientras que la creación de empleo indefinido ha permitido superar los niveles previos precisamente a dicha crisis, lo que sin lugar a dudas muestra que el empleo que se está generando en este momento en España es más estable y está dotado de una mayor estabilidad.

España se sitúa junto a Alemania a la cabeza de la creación de empleo en la zona euro. En los últimos cuatro años en torno al 20 % de todo el empleo creado en la eurozona se ha creado en España y, señorías, yo quiero también enseñarles este gráfico (muestra un gráfico), porque hay una frase que se dice mucho en el argot político y que yo comparto, y mucho más en este escenario que es político-parlamentario: la mejor política social es la creación de empleo. Eso tiene un ADN: el del Gobierno del Partido Popular. Tiene un ADN: el del Gobierno del Partido Popular (aplausos), porque en el año 2011 el número de ocupados era del 18,4 y ahora estamos en el 18,8 en el año 2017, pero es que el número de parados que el Partido Socialista nos dejó cuando salió del Gobierno en diciembre de 2011 superaba los 5 millones de parados, y ahora estamos en 3,9 millones. Por tanto esfuerzos se han hecho, reformas que sin lugar a dudas han dado resultado.

Voy terminado con mucha brevedad, señor presidente. Medidas tributarias. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es salir a la calle, mirar a los españoles a la cara y decirles que van a votar en contra de la rebaja de impuestos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer: salir y explicarles a los españoles que van a votar que 3 490 804 españoles no tengan una rebaja de impuestos o que cerca de un millón de pensionistas no tengan una rebaja de impuestos. Por cierto, no quiero polemizar con nadie, pero soy andaluz y pregunto: ¿es electoralista la adopción de medidas normativas en materia tributaria puestas en marcha en el último presupuesto por la Junta de Andalucía, cuando se oyen voces de un adelanto electoral en mi tierra? (El señor Garzón Espinosa: Sí). Porque ustedes vienen a decir aquí que hemos puesto en marcha en un presupuesto general del Estado medidas que pueden tildarse de electoralistas, y no, de

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Gobierno responsable que quiere devolver el esfuerzo a la sociedad española que ha hecho durante años de crisis que no hemos podido bajar los impuestos y que ahora sí lo vamos a hacer. Pero yo respeto que cada Gobierno autonómico, y le podría citar dos del PSOE, en sus presupuestos, en el ejercicio de su competencia normativa sobre tributos cedidos, haya operado modificaciones que benefician a contribuyentes de ese ámbito territorial, y yo no lo tildo de electoralista, sino de ejercicio de una competencia normativa para mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos mediante una rebaja tributaria, teniendo en cuenta sus competencias. Pero ustedes comprenderán que nosotros desde luego queremos poner en marcha esta reforma normativa porque beneficia a 3,5 millones de españoles, y si tenemos en cuenta el cómputo global de subida, de la naturaleza de cada una de las pensiones, como bien se ha dicho, estaremos en 6,7 millones de españoles que se verán afectados por estas medidas.

Termino, señor presidente, agradeciendo su benevolencia, con dos últimos minutos, porque no quiero dejar de hacer referencia a comunidades autónomas y entidades locales. Se me queda mucho en el tintero, pero entiendo que tengo limitación de tiempo. Si hay un Gobierno que apuesta por el municipalismo en España en el ejercicio de sus competencias es el Gobierno del presidente Rajoy, del ministro Montoro y del Partido Popular. ¿Ustedes han tenido oportunidad de estudiar el Fondo de Financiación de Entidades Locales? ¿Ustedes saben lo que está representando en la doble variable de fondo de ordenación para ayuntamientos en situación de riesgo financiero y de impulso económico, fundamentalmente para el pago de sentencias judiciales firmes que las entidades locales no pueden pagar? ¿Ustedes han valorado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para apoyar a las entidades locales que recurren a su auxilio? Tampoco quiero entrar en polémica, pero hay comunidades autónomas que tienen residenciada en su estatuto de autonomía la tutela financiera y no ponen en marcha ninguna medida, mientras que el Gobierno de España las pone todas sin distinción del color político. El último es el acuerdo de la CDGAE de 25 de enero con 577,2 millones de euros en fondo de ordenación y fondo de impulso para hacer frente al pago a proveedores, para hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes y para llevar a cabo una refinanciación de préstamos con cargo a los reales decretosleyes 12 y 13 del Plan de Pago a Proveedores que entidades locales no pueden asumir ni el principal ni el pago de los correspondientes intereses, una vez terminada la carencia que se les había concedido. Quiero romper aquí una lanza a favor de mi partido, el Partido Popular, y del carácter extraordinariamente municipalista que tiene el Gobierno de España en defensa de las entidades locales.

Termino ya de verdad. Quería dar un dato que me parece revelador. Financiación autonómica. Ustedes habrán leído la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no determina que cada cinco años haya un nuevo modelo de financiación autonómica. (El señor Bel Accensi hace signos negativos). No, no. El Tribunal Constitucional ha fallado que no tiene por qué haber un nuevo modelo cada cinco años. El presidente Rajoy el 17 de enero de 2017 convocó una Conferencia de Presidentes y ahí se trazó una hoja de ruta en la que el ministro Montoro ha venido trabajando con todas y cada una de las comunidades autónomas a través del Comité técnico permanente de evaluación. Todas, señor Bel, menos una, Cataluña, que no designó representante y que decidió autoexcluirse del debate sobre el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común. Estamos trabajando en un documento que nos permita poner encima de la mesa cuáles son las conclusiones definitivas. Lo primero que le pediría al PSOE es que ponga de acuerdo a sus barones para ver cuál es la propuesta de financiación autonómica que hacen llegar al Gobierno de España; he visto elementos, sin ir más lejos, de la cesta de impuestos cedidos que no comparten en un territorio y sí en otro. Por lo tanto, primero pónganse de acuerdo. (Rumores). Eso nos puede pasar también a otras fuerzas políticas. Yo lo que quiero poner en valor es que es posible. La Constitución exige que el instrumento normativo que determine un modelo de financiación autonómica sea una ley orgánica. El artículo 81 determina que se requiere mayoría absoluta y esa mayoría absoluta son 176 votos en esta Cámara. Eso es posible con un acuerdo razonable y sensato de distintas fuerzas políticas de está Cámara. Apelo al sentido común, a la responsabilidad y al sentido de Estado de las fuerzas políticas para que tengamos ese modelo de financiación autonómica.

Quiero terminar con un dato. Le prometo, señor presidente, que esta es la última prórroga que le pido deportivamente hablando. El total de recursos percibidos por las comunidades autónomas en el año 2011 fue de 84 094,69 millones de euros. En el año 2018, con el Gobierno del presidente Rajoy y del ministro Montoro -le doy el dato de 2018 porque ya hemos hecho figurar las entregas a cuenta con un incremento de 4000 millones de euros respecto a 2017-, tiene usted nada más y nada menos que 104 003,84 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento de cerca de 20 000 millones de euros en la

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financiación territorial para comunidades autónomas que el presidente Rajoy ha puesto encima de la mesa durante los últimos seis años.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señor Fernández de Moya.

Pasamos a la siguiente comparecencia. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).

- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (MENÉNDEZ MENÉNDEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001498); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001431); SOCIALISTA (número de expediente 212/001221) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001570).

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia del señor don Santiago Menéndez, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. De acuerdo con lo decidido por la propia Comisión, empezamos directamente con el turno de intervenciones de los portavoces parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de diez minutos, tiene la palabra señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.

Bienvenido de nuevo, señor director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a una comparecencia en la Comisión de Presupuestos. Le voy a trasladar varias reflexiones y espero que me responda a las preguntas concretas que le voy a lanzar. Su competencia no es hacer las previsiones, aunque usted, como director general, colaborará con la realización de las previsiones que hace la Secretaría de Estado de Hacienda y el Ministerio de Hacienda en su conjunto. Usted debe de colaborar en la definición de esas previsiones, puesto que tiene una competencia liquidatoria y recaudatoria que es clave a la hora de poder hacer proyecciones o previsiones para incluirlas en el proyecto de presupuestos. Después de todas las comparecencias y de los análisis que hemos escuchado, creo que hay una coincidencia bastante generalizada; una coincidencia en poner en valor que se ha avanzado en cuanto a todos los presupuestos inflados en materia tributaria que han venido presentándose en los últimos años. No obstante, en el proyecto de presupuestos nosotros cuestionamos la factibilidad de la recaudación en el IRPF; se prevé recaudar más de 82 000 millones de euros, incluyendo evidentemente la parte de las administraciones territoriales, lo que significa un incremento de un 6,5 %. Vemos de difícil cumplimiento recaudar un 6,5 % más que en 2017 cuando el efecto de las medidas fiscales introducidas supone una merma de unos 2200 millones de euros. Cuestionamos de forma bastante generalizada esa recaudación y me gustaría conocer su opinión.

También quisiera saber su opinión con respecto a los impuestos especiales. Son 21 000 millones de euros, incluyendo también administraciones territoriales, y la propia Airef cuantifica ese exceso probable en 500 millones de euros, que son de difícil recaudación. Por tanto, esa previsión quizá no esté ajustada a la realidad y en bruto puede suponer más de 1300 millones de euros con respecto a las previsiones del año anterior.

En relación con el impuesto sobre sociedades, llama la atención que se prevea una recaudación superior a los 24 000 millones, que es aproximadamente la misma que la del año 2017 pero, curiosamente, con un aumento sustancial de las bases imponibles. El incremento de la base imponible supera la ratio del 11 % y, además, los pagos parciales de las grandes empresas suponen un aumento de un 14 %. Es difícil concebir que, con un aumento tan sustancial de las bases imponibles, la recaudación de este impuesto permanezca prácticamente en la misma cuantía. Me gustaría conocer su opinión al respecto.

En relación con la gestión, está la cuestión del céntimo sanitario. Incluso el propio Ministerio de Hacienda se va a endeudar en 500 millones de euros para practicar las devoluciones del céntimo sanitario. Me gustaría saber las previsiones iniciales. Ya hace cuatro años de la sentencia del Tribunal Europeo. Nos gustaría saber cuánto se ha devuelto ya del céntimo sanitario, si con estos 500 millones se concluye su devolución y qué valoración hace al respecto el director general de la Agencia Tributaria.

Con respecto a su gestión recaudatoria, en estos momentos -según el último dato- hay, aproximadamente, 50 000 millones de euros pendientes de cobro. Nos gustaría saber la evolución, la gestión de esta cantidad pendiente de cobro -estamos hablando de 5 puntos del PIB pendientes de cobro- y en qué medida se puede considerar de difícil recaudación. Estamos hablando de mucho dinero,

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de un montante económico muy elevado. Es usted quien gestiona esta recaudación, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, y de usted depende por tanto que esos 50 000 millones de euros puedan significar una recaudación eficaz.

La lucha contra el fraude fiscal es otro tema de especial importancia para nosotros. Llama la atención que en 2017 se hayan recaudado 90 000 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. Nos gustaría saber a qué obedece esa evolución. Por otra parte, llama mucho la atención -ya se lo dije en su última comparecencia- la comparativa con los datos que aporta la OCDE. Según los datos de la OCDE, hay países, como Alemania, en los que la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal con respecto al total de recaudación está en torno al 3,5 %. El país que más datos aporta es Francia, un 4,9 %. En EEUU es un 2 %. Sin embargo, con los datos que se aportan de recaudación, 14 700 millones de euros, en España es más del 8 %. Se lo dije en la anterior comparecencia: o somos unos fenómenos -que lo dudo, pero ojalá- o es que recaudamos muy poco en vía voluntaria y, por tanto, habría que recaudar más porcentualmente en vía ejecutiva, o puede ser también que no sean datos comparativos, no voy a hablar de que no sean rigurosos sino de que sean comparables. Esos son los datos que aporta la OCDE, no son datos que nos hayamos inventado.

Por otra parte, me gustaría conocer si en la ONIF ha habido o no aumento de efectivos. Para nosotros es un departamento fundamental porque significa abordar con seriedad la contribución de la agencia a la lucha contra el fraude y la corrupción, y queríamos saber exactamente el número de efectivos que tiene en estos momentos. Según el último dato, no llegaban a 200 los inspectores de Hacienda a disposición de las actuaciones de la Fiscalía del Estado y de los jueces. Es muy importante que se vaya fortaleciendo este departamento para luchar contra el fraude.

Por último, nos gustaría conocer los datos que se puedan aportar respecto a los 31 500 beneficiarios de la amnistía fiscal después del compromiso parlamentario y de la encomienda al Gobierno y a la agencia de hacer un seguimiento a través de actuaciones inspectoras de estos contribuyentes de alto riesgo. Consideramos que son contribuyentes de muy alto riesgo que tienen que ser inspeccionados de forma exhaustiva. Debe hacerse justicia porque la amnistía significó una enorme injusticia y un perjuicio a la moral tributaria de este país.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

A continuación, por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a formular algunas preguntas por si usted nos puede esclarecer algunas cuestiones que creemos que pueden ser relevantes para ver cuál es el impacto real que tienen estos presupuestos en el ámbito que aquí acontece. La primera cuestión -que también la ha formulado el portavoz del Grupo Socialista- tiene que ver con los ingresos. Teniendo muy presente cuáles son las competencias y cuál es su papel, nos gustaría conocer -porque en parte le compete- cuál es su opinión sobre la previsión de ingresos, sobre todo porque si tenemos en cuenta los años anteriores, vemos que se han dado desviaciones en los ingresos tributarios presupuestados. En el año 2013 hubo una diferencia de 9000 millones de euros; en 2014, 4700; en 2015, 4000; en 2016, 7000; en 2017, 7000 millones de euros. Es decir, sistemáticamente en los últimos cinco años ha habido una diferencia de ingresos reales con respecto a lo presupuestado. ¿Por qué este año iba a ser diferente? Es una pregunta que nos hacemos y queremos saber si la agencia y usted personalmente tienen una opinión favorable de esa previsión de ingresos, habida cuenta no solo de la experiencia anterior sino incluso, como le decía al anterior compareciente, el secretario de Estado de Hacienda, teniendo presente que, si no me equivoco, la recaudación del IRPF en los dos primeros meses es del 2 % y la previsión estimada para todo el año va a ser del 6 %. Me parece dificultoso que eso se pueda conseguir, pero queríamos conocer su opinión.

En segundo lugar, el año anterior, 2017, fue el tercer año consecutivo en el que se produjo una caída en la recaudación respecto a la lucha contra el fraude fiscal. El máximo se alcanzó en 2015, en 2016 ya hubo un descenso y en 2017 se produjo otro descenso. En relación con 2015, la variación es del 5,56 %. Nosotros nos preguntamos por qué, cómo es posible que en un año en el que además hay un crecimiento económico nominal y real superior al de 2015, la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal sea menor y cómo es posible que por tercer año consecutivo sigamos cayendo. Queríamos conocer su opinión también en ese sentido.

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Asimismo, nos gustaría conocer cuál es la cifra relativa a los delitos contra la Hacienda pública denunciados en 2017, cifra que no conocemos porque, al menos según la información que yo tengo en este momento, no es pública. Sería relevante conocer esta cifra para el análisis político y técnico, dado que además en el año 2016 la Agencia Tributaria encadenaba cinco años consecutivos de caída abrupta en la denuncia de delitos. Por tanto, conocer la cifra relativa a 2017 nos parece relevante, al ser esta una variable que tiene incidencia política y técnica.

Queremos preguntarle también si es correcta la información que tenemos de que el 80 % de la plantilla de la Agencia Tributaria está dedicada a la investigación de fraudes que podríamos llamar menores, que están relacionados con sujetos económicos que manejan menores cifras de negocio, como pueden ser pymes, autónomos, etcétera, mientras que solo el 20 % de la plantilla estaría dedicada a las grandes investigaciones que tienen que ver con multinacionales, con grandes fortunas, etcétera. Si esto es cierto -y a nuestro parecer sí lo es-, nosotros creemos que es contradictorio, porque entendemos que la mayor magnitud del posible fraude fiscal se sitúa, a efectos de recaudación, en las grandes fortunas y en las grandes empresas, simplemente por una cuestión de manejo de volumen económico, especialmente en un contexto político en el que hemos conocido diversos escándalos -normalmente filtrados por terceras personas-, como podrían ser los papeles de Panamá y otra serie de filtraciones que han puesto de relieve que son las grandes fortunas las que, fundamentalmente, mueven cifras de negocio muy superiores a las que pueda manejar una persona común.

Esto es relevante también a efectos de la información que tenemos de que en el año 2017 se investigó a más contribuyentes que en el año 2010 y, sin embargo, se obtuvo una recaudación media menor. Esto abundaría en la idea de que se habría puesto un foco excesivo -dentro de los recursos escasos que existen- en personas que no manejan grandes cantidades de dinero, o cuyo fraude -siendo, por supuesto, un fraude- proporciona una menor rentabilidad al Estado que la que podría obtenerse si se dedicaran todos esos recursos -o por lo menos una parte mayor- a la persecución de los fraudes de las grandes empresas, las multinacionales y las grandes fortunas, que son las que fundamentalmente se benefician de estos mecanismos; también porque cuentan con los conocimientos adecuados y los asesores suficientes como para operar de una manera más sofisticada, lo cual requiere también que la agencia actúe con mucha mayor atención.

También nos gustaría conocer su opinión sobre los efectivos que actualmente hay en plantilla en comparación, por ejemplo, con el año 2010, año en el que se inician los recortes en nuestro país. Esta variación, según tenemos entendido, en el ámbito de los funcionarios supone más de 2500 personas menos actualmente con respecto a las que había en 2010 y casi 3000 en el ámbito del personal laboral. Si esto es correcto, creemos que la Agencia Tributaria está en este momento en peores condiciones para luchar contra el fraude fiscal que en el año 2010, cuando se inician los recortes. Esto es preocupante, porque justo antes hablábamos de los recursos escasos y qué duda cabe de que el personal cualificado forma parte de dichos recursos, si no es la parte más importante.

Finalmente, nos gustaría conocer también su opinión sobre unos datos que ya conocíamos -en la anterior comparecencia nos ha presentado una transparencia-, que son los relativos a los beneficios fiscales. Una cosa es la lucha contra el fraude -no cabe ninguna duda-, porque supone la lucha contra un delito, y otra cosa son los beneficios fiscales, que son la legalización de unos determinados procesos que, a pesar de ser legales, inciden negativamente en la recaudación de las arcas públicas y del Estado. Hemos conocido que el impuesto sobre sociedades ha experimentado un incremento del 62 % en beneficios fiscales con respecto al ejercicio anterior. Esta, que es con mucho la mayor variación que se conoce -una variación de más de 1200 millones de euros-, supone dinero que deja de ingresar el Estado y que no se puede dedicar a la financiación de los servicios públicos, por lo que queríamos conocer su opinión al respecto. Entiendo que la suya será una opinión compleja, dado que usted pertenece a una agencia que se dedica a recuperar el dinero que ha sido evadido o eludido de alguna manera y que tiene que revertirse de nuevo al Estado, pero, ¿qué ocurre cuando el Estado deja de ingresar por otros mecanismos ese dinero? Este es un elemento que debería estar sujeto a la reflexión, porque, a nuestro juicio, se trata de cantidades claramente injustificadas. En particular, nos gustaría conocer también su opinión -en parte porque el secretario de Estado no nos ha contestado- con respecto a que una parte no menor de esos beneficios fiscales se dedique a las Socimi, entidades que especulan con la vivienda y que, como digo, son en parte beneficiarias de esa bajada de impuestos y, por tanto, de la reducción de las arcas públicas. Con estos dos ejemplos concretos, le quería preguntar cuál es su opinión política sobre estos beneficios fiscales, que no dejan de ser una merma en los ingresos públicos que usted trata de

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incrementar por otras vías y en otro campo, porque su agencia se dedica a eso. No vaya a ser que al final nos encontremos con que usted hace un esfuerzo ingente, en representación de la agencia, para incrementar los ingresos y el Gobierno los reduzca a través de otra partida. Aunque sean dos campos diferentes, si tenemos en cuenta la panorámica conjunta, resulta, como mínimo, paradójico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Garzón.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.

Bienvenido, señor Menéndez. Mi exposición, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, quería centrarse fundamentalmente en tres cuestiones: la evolución de la Agencia Tributaria, la evolución de la lucha contra el fraude y la evolución de la deuda tributaria. Estará de acuerdo conmigo en muchísimas cosas que le voy a comentar, y es que el esfuerzo y los recursos destinados en España a la recaudación e ingresos públicos está muy por debajo al de los países de nuestro entorno. Por eso, la lucha contra el fraude y la economía sumergida en nuestro país es un elemento central de nuestra política presupuestaria, motivo por el que nos preguntamos si tenemos que apretar a los que defraudan o a los que cumplen. Esa es la cuestión.

El Partido Popular en 2012 se retrató con su amnistía fiscal -como le comenté el año pasado-, muy criticada por nuestro grupo parlamentario y censurada además por el propio Tribunal Constitucional. Este fue realmente un mecanismo perverso de premio a los defraudadores y castigo a los cumplidores y estoy convencido de que usted está de acuerdo.

Ciudadanos propuso medidas muy concretas para tratar de reparar ese daño, esa falta de recaudación. Sabemos que el tipo efectivo rondó, aproximadamente, el 3 %, cuestión respecto de la que el Gobierno arrastró los pies para no hacer nada al respecto. En los Presupuestos Generales del Estado de 2017, del año pasado, Ciudadanos exigió el aumento de la plantilla a través de un incremento de la partida presupuestaria de 100 millones de euros, y en conjunto el presupuesto llegó, aproximadamente, a los 1000 millones de euros. También flexibilizamos la normativa aplicable a la Agencia Tributaria para asegurarnos de que esos fondos adicionales fueran destinados al refuerzo de los medios personales. Y en cuanto a ese Real Decreto 13/2017, por el que se aprueba esa oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude, me gustaría que concretara cómo se ha materializado ese refuerzo de personal en la Agencia Tributaria durante estos meses.

Tengo una gráfica en la cual se ve una forma de U (muestra un gráfico), lo cual significa que han ido disminuyendo las aportaciones al presupuesto de la Agencia Tributaria desde 2008. Hay una inflexión cuando negociamos los presupuestos en 2017 y la verdad es que esto es importante porque España es el país con menos número de empleados en labores de gestión tributaria, como le comentaba, en relación con el número de habitantes en Europa; aproximadamente estamos en la mitad. Además, la plantilla de la agencia se ha venido reduciendo año tras año desde 2010 y también envejeciendo porque usted sabe perfectamente que hay muchos mayores de cincuenta años.

Esto afecta sobre todo a cuatro valores fundamentales que me gustaría que ampliara en dos puntos que le voy a comentar. Afecta sobre todo a los beneficios fiscales. El propio Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con el año 2015, hacía unas recomendaciones a la propia Agencia Tributaria y me gustaría que me dijera usted si han hecho algo al respecto desde que se aprobó este informe. Le decía que recomendaba a la propia agencia que instara a los órganos oportunos para que se elaborara un concepto legal de beneficio fiscal, cosa que no existe; a las autoridades competentes, que el establecimiento de beneficios fiscales se acompañara de una delimitación de esos objetivos de política social y económica que pretenden seguir; le instaba, además, el propio tribunal con ocho recomendaciones para que se establecieran los criterios uniformes para la selección de declaraciones a comprobar por las oficinas gestoras que mejoren esa cifra de filtros resueltos por el control de los beneficios fiscales. El propio secretario de Estado esta misma mañana nos hacía referencia, con un cuadro, al total de beneficios fiscales en 2017 -prácticamente 32 000 millones de euros- y en 2018 -34 825, casi 35 000 millones de beneficios fiscales-, pero usted sabe que no tenemos personal en la Agencia Tributaria para controlar todos y cada uno de los filtros que se establecen porque se requiere de inspección, de control, de personal para comprobar que ese dinero que al fin y al cabo no se recauda son beneficios fiscales.

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En segundo lugar, evidentemente por esa falta de personal disminuyen las denuncias por delito de fraude fiscal que se trasladan al ministerio fiscal. En tercer lugar, el fraude sofisticado se nos escapa, y respecto a este tema tendríamos que hablar de paraísos fiscales y especialmente de las criptomonedas, algo sobre lo que me gustaría que profundizara porque hay mucha gente que desconoce el mundo digital, el mundo de la inversión en criptomonedas. Realmente hay una falta de legislación, de normativa, y estamos esperando la directiva de la Unión Europea, pero nosotros como Estado, como servidores públicos deberíamos hacer algo por regular y fomentar esa formación para que no vuelva a ocurrir un caso parecido al de las preferentes o la crisis financiera que hemos vivido en estos últimos años.

Esperamos que los presupuestos de 2017 hayan supuesto un punto de inflexión en el refuerzo, y nos gustaría oír cuál es la situación de los medios técnicos y humanos y cómo podemos ayudar más desde el Congreso. Para Ciudadanos parece obvio que la inversión más rentable del Estado es la lucha contra el fraude porque, como ya le comentaba, eso significaría una tasa de reintegro de uno a diez, es decir, con cada euro que invertimos recuperamos diez. La cifra de la lucha contra el fraude ha subido notablemente durante la crisis. En 2016 se recaudaron, sin tener en cuenta los expedientes singulares de minoración, 14 883 millones, cerca de los 2000 más que el Estado se comprometió a seguir a instancias de Bruselas. La pregunta que le quiero hacer a este respecto es: ¿se han cumplido los objetivos de lucha contra el fraude en 2017? ¿Acepta usted el cálculo de que el fraude fiscal en España podría estar entre los 40 000 y los 60 000 millones de euros?

Quería hacer un inciso en este punto. Aprovechando que a finales de 2018 el Banco Central Europeo dejará de producir el billete de 500 euros, nos gustaría recordar que desde Ciudadanos creíamos en la necesidad de tener un informe oficial sobre la economía sumergida para abordar este tema. No tenemos ningún instituto, ningún organismo que haga un estudio eficaz y real sobre la economía sumergida. Se ha propuesto que lo haga el Banco de España, pero la Agencia Tributaria es uno de los organismos que más conocen los importes, la evolución y el funcionamiento de toda esta economía sumergida, de todos esos recursos que no van ni para sanidad, ni para educación ni para justicia ni para los servicios sociales. No solo con la lucha contra el fraude se gana o se pierde en recursos públicos preciosos, así que le ruego que nos explique qué se está haciendo para no perder, por ejemplo, los miles de millones en concepto de deuda que prescriben año tras año.

La crisis y una dudosa gestión de los recursos humanos en los tribunales económico-administrativos han supuesto una avalancha de expedientes sin resolver y una acumulación de deuda tributaria pendiente de cobro que pasó de 26 000 millones en 2007 a casi los 50 000 millones en 2014; ahora se ha reducido, pero estamos hablando de muchísimo dinero y el contribuyente espera que instituciones como la Agencia Tributaria intenten poner medios para poder recaudar esos recursos públicos.

Termino con dos preguntas. ¿Cuánta de esa deuda se reduce porque se cobra o cuánta simplemente desaparece porque prescribe el derecho al cobro? ¿Qué medidas se pueden adoptar para minimizar las pérdidas de recursos públicos?

Muchísimas gracias, señor Menéndez.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por Esquerra Republicana, el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.

Como cuestión previa -ya sé que solo es a beneficio de inventario-, quiero que conste en el Diario de Sesiones la protesta de este portavoz por no haber recibido ninguna respuesta del anterior compareciente, el secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández de Moya; le he hecho cuatro preguntas bastante directas y no me las ha contestado. Simplemente quiero que esto conste en el Diario de Sesiones.

Señor director, también a usted le voy a hacer un par de preguntas y espero tener mayor fortuna esta vez y obtener respuesta. Quisiera que se explayara un poco sobre la adaptación de las comunidades autónomas al sistema SII porque estamos recibiendo información de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cuantifica el coste de adaptarse al SII en 300 millones de euros. La pregunta que le haría sería: ¿Me podría usted asegurar que las haciendas autonómicas no van a perder recursos para cumplir con el IVA a través del SII? En segundo lugar, me sumo a las preguntas del señor Garzón sobre la desigual dedicación de personal a la delincuencia de las grandes fortunas y empresas. Creo que existe un gap injusto de presión investigadora entre los pequeños y los grandes. Entiendo que perseguir a los grandes también es más dificultoso porque los grandes son más listos; quizás por eso son más grandes,

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o no solo por eso. También quisiera saber si dispone usted de datos. No sé si este es el ámbito parlamentario para hacer la siguiente pregunta -si conviene, la haríamos por escrito o por el canal que usted nos indique-: ¿Cuáles son los criterios de asignación de personal y medios para perseguir el fraude por autonomías? ¿Cuánto personal, cuántos medios se dedican por autonomías?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Buenos días. Bienvenido y gracias por haber venido hoy a aclararnos algunas dudas. Para nosotros, que disponemos de haciendas propias, es fundamental la capacidad de gestión tributaria, sobre todo para reducir el fraude fiscal, lo que significa finalmente recaudar mejor. La evasión fiscal y la economía sumergida son una amenaza para el bienestar social. Por eso, es necesario luchar contra estas amenazas con un sistema impositivo eficaz que garantice unos ingresos suficientes que redunden en mejoras de los servicios públicos y también acorde con la riqueza. La recaudación de la lucha contra el fraude ha caído nuevamente, a pesar de que mejora con respecto a los años 2014 y 2016. La agencia ha recaudado por este concepto un 0,6 % menos que en 2016. Por eso me gustaría conocer qué porcentaje de esta recaudación corresponde a las funciones de lucha contra el fraude y cuáles cree que son las razones por las que, en lugar de aumentar esta cifra, disminuye, si es porque hay menos fraude o porque hay una falta de recursos.

Este año en los presupuestos se prevé recaudar algo más que en 2017. La agencia cuenta también con un presupuesto algo mayor respecto a 2017, estando el mayor porcentaje de aumento en los gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios. Me gustaría saber si esto significa tener mayores recursos humanos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Como han comentado otros portavoces, quisiera saber qué porcentaje de la plantilla se dedica a grandes investigaciones y qué porcentaje a investigaciones menores. Asimismo, quisiera conocer cómo está el trámite que se prevé implantar en junio de 2018 acerca del informe país por país sobre la información de los grupos multinacionales objeto de intercambio, para permitir detecciones de prácticas de evasión fiscal y, como ha dicho mi compañero Vicente Ten de Ciudadanos, si en el presupuesto de la Agencia Tributaria están previstas las medidas para luchar contra el fraude de criptomonedas y de su sistema tecnológico de blockchain.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

A continuación, por el Grupo Mixto, el Partit Demòcrata, el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias.

Agradezco al presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria su presencia dentro de esta serie de comparecencias en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Entendiendo que usted no elabora el presupuesto de ingresos pero sí tiene una información relevante a tal efecto, nos gustaría que nos confirmase -entiendo que sí- que el presupuesto de ingresos que se nos presenta es razonable y factible, de acuerdo con su conocimiento. Si nos fijamos en los antecedentes, veremos que el presupuesto del año pasado en el IRPF no se cumplió por 1000 millones, en sociedades también se recaudaron 1000 millones menos de lo que estaba presupuestado y en impuestos especiales se recaudaron 460 millones menos de los que estaban presupuestados. Por ello, queremos saber si lo que está presupuestado -que en algunos casos significa un incremento importante de la recaudación- es factible y, en el caso de que no lo sea, en qué figura tributaria pondría usted su mayor duda.

Dicho esto, haré una pregunta más concreta sobre el programa 932.A, el programa de aplicación del sistema tributario estatal, que le corresponde esencialmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Obviamente, la agencia tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario español y los dos grandes objetivos que se enmarcan en este programa, como no podría ser de otra forma, son, en primer lugar, mejorar la asistencia al contribuyente para facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en periodo voluntario y, en segundo lugar, la lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal. Tenemos una duda y quisiera que nos la clarificase porque seguramente no hemos acabado de interpretarlo bien. En los objetivos en los indicadores de seguimiento de este programa, en cuanto al segundo objetivo, la lucha contra los incumplimientos tributarios y el fraude fiscal, en los indicadores de

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resultados se establece un presupuestado para 2018 para la gestión de la recaudación de la deuda de 14 460 millones; cifra bastante inferior a la presupuestada en 2017, que era de 16 945 y bastante inferior a la de 2016, que eran 17 380 millones. Quisiéramos saber si hay alguna explicación, si la sabe, y a qué responde esta disminución del indicador de gestión de recaudación de la deuda.

Finalmente, ya sé que, obviamente, me dirá que cuantos más empleados y más recursos tenga, mejor, pero ¿entiende razonable la asignación de recursos humanos de los que dispone en estos momentos la agencia?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para concluir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido nuevamente, señor director de la Agencia Tributaria, señor Menéndez, a esta Comisión de Presupuestos.

Empezaré como han empezado el resto de portavoces, hablando de la previsión de ingresos que contienen estos presupuestos. Lo hemos dicho ya en la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, una vez más vamos a cumplir con estas previsiones de ingresos porque, si analizamos los datos de los años que lleva el Gobierno del Partido Popular -los últimos seis años-, la recaudación se ha ido incrementando año tras año por una sencilla razón, porque generamos crecimiento económico y empleo. En los últimos cuatro años se han creado más de 500 000 empleos al año, eso hace que se ensanchen las bases imponibles, que haya más gente tributando y cotizando y, por tanto, que se recaude más. Esa es nuestra filosofía fiscal, que a pesar de bajar impuestos, al generar actividad económica y crear empleo -que es nuestro principal objetivo-, conseguimos recaudar más impuestos, que son para toda la sociedad española. Por tanto, en primer lugar, me gustaría resaltar que, como se ha puesto en duda si la recaudación por IRPF se incrementará un 6,5 % como prevén estos presupuestos, el secretario de Estado de Hacienda ya ha manifestado que las retenciones por IRPF se han incrementado un 6,7 %. Luego son unas previsiones que, una vez más, se van a cumplir, cumpliendo también nuestros objetivos de déficit público sin tener que reducir el gasto, todo gracias a esa mayor recaudación tributaria.

Por otro lado, quiero empezar como siempre hago, felicitando al director de la Agencia Tributaria y a todo su equipo y haciendo extensiva, por supuesto, esa felicitación a todos los funcionarios y personal de la Agencia Tributaria, que trabajan con extraordinaria dedicación y profesionalidad. Es un personal muy cualificado, que está al servicio de la sociedad española, y que, año tras año, hace un estupendo trabajo que debería tener nuestro reconocimiento, no solamente del Grupo Popular, sino de todos los grupos aquí representados. La Agencia Tributaria tiene encomendada la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, por lo que tiene encomendado el cumplimiento de un principio constitucional importantísimo, que es la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica. Quien lleva a cabo ese principio constitucional, lo ejecuta y hace posible que esa recaudación sirva para pagar los servicios sociales, la sanidad y la educación es, precisamente, este organismo, la Agencia Tributaria.

Quisiera resaltar que esta agencia tiene encomendadas dos vertientes para hacer cumplir ese principio constitucional. Por un lado, el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, porque es importantísima la conciencia fiscal y que todos los ciudadanos comprendamos que los impuestos contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro país. Por tanto, facilitar a los ciudadanos el cumplimiento voluntario es desde nuestro punto de vista muy importante y es una parte de la misión que tiene encomendada la Agencia Tributaria siendo algo que casi siempre, en las comparecencias del director general de la Agencia Tributaria, se suele dejar en un segundo plano, y a mí me parece muy importante porque ese es nuestro gran objetivo: que todos los ciudadanos contribuyan de manera equitativa y de acuerdo con su capacidad económica al sostenimiento del gasto público. La otra vertiente es la persecución y la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal nacional e internacional. El propio director de la agencia ha manifestado ya en alguna de sus comparecencias que se destina casi el 70 % de los recursos de la Agencia Tributaria a esta segunda vertiente, que es la más compleja y hace que se destine casi ese 70 % de recursos de la Agencia Tributaria a esa finalidad.

Este año, como novedad, me gustaría hablar de algo que ya nos expuso el año pasado en la presentación de los presupuestos generales para el año 2017 el director de la Agencia Tributaria, del

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programa Renta WEB, que está presente en la vida de casi todos los ciudadanos españoles y ha sido un avance tan importante. Primero había aquellos borradores de declaración que solamente había que confirmar; luego, ese programa Renta WEB con el que desde cualquier dispositivo puedes presentar tu declaración de la renta en un segundo y gracias a que la agencia ha sido siempre pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías, en facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones de la manera más cómoda posible, gracias a ese programa WEB se han presentado por Internet casi 16 millones de declaraciones de un total de 19,5 millones de declaraciones. Yo creo que esto es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, es facilitar la vida a los ciudadanos y hay que valorarlo y hay que felicitar a la Agencia Tributaria por esa facilidad que da a los contribuyentes para poder cumplir sus obligaciones.

La otra vertiente, que es la que se suele poner siempre en cuestión, es si se le destinan suficientes recursos o no. Primero, en cuanto a recursos humanos, es verdad -y el propio director de la agencia lo ha dicho ya en otras comparecencias- que se han perdido recursos humanos en la Agencia Tributaria. Pero también es verdad que si analizamos los resultados de la lucha contra el fraude, desde que el Gobierno del Partido Popular está en el gobierno -valga la redundancia- han mejorado, pero de una manera muy importante. En este cuadro se puede ver como va en ascenso año tras año y se baten récords históricos en la lucha contra el fraude.

Se han referido a que hay menos personal. No lo vamos a negar, pero también es verdad que la Agencia Tributaria ha hecho ofertas de empleo público ordinarias y extraordinarias muy importantes y el director de la Agencia Tributaria nos dirá cuánto personal se ha incrementado a lo largo del ejercicio 2017 y cuánto prevén que se vaya a incorporar a lo largo del 2018 como resultado de esas ofertas de empleo público, que además no son sencillas, requieren un proceso de oposición, de cursos de aprendizaje, de incorporación a los puestos de trabajo. Es decir, es un personal cualificado que hay que formar y eso lleva un proceso que retrasa su incorporación inmediata a la agencia.

Por lo que respecta a la lucha contra el fraude fiscal, efectivamente se han obtenido unos ingresos de 14 792 millones; pero es que en los últimos seis años de Gobierno del presidente Rajoy la recaudación media anual ha sido de 13 354 millones de euros. ¿Y saben cuál fue la media de los últimos seis años del Gobierno del señor Zapatero? Pues fue de 8420 millones, es decir 5000 millones de euros menos al año en la lucha contra el fraude. Hemos mejorado muchísimo los resultados de esa lucha y tenemos que felicitar al presidente de la Agencia Tributaria por eso. Además, lo hemos hecho también por las actuaciones de la delegación central de grandes contribuyentes. Tanto que se critica que no se persigue a los grandes contribuyentes, les diré que el 42 % de la deuda liquidada de estas actuaciones de control, casi la mitad de la deuda liquidada, ha sido en la delegación central de grandes contribuyentes, que, como comprenderán ustedes, no son ni las pymes ni los pequeños contribuyentes, sino los grandes. Por lo tanto, hay que felicitar nuevamente a la Agencia Tributaria por esos resultados.

En cuanto a los medios humanos, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión y es que siempre computan ustedes en la persecución y en la lucha contra el fraude solo los medios humanos de que dispone la Agencia Tributaria, pero tenemos unas agencias autonómicas muy importantes porque las haciendas autonómicas y las haciendas locales recaudan también una parte importante de nuestro sistema tributario. Continuamente se habla solo del personal que está adscrito a la Agencia Tributaria, pero me gustaría que hiciéramos una reflexión.

Respecto al presupuesto de la Agencia Tributaria ya sabemos que ustedes dicen una y otra vez que es insuficiente, pero el director resaltó el año pasado que desde el año 2014 se había hecho un esfuerzo importante por incrementar el presupuesto de la Agencia Tributaria de manera que en los últimos cuatro años se había incrementado más de un 11 %. Este año se vuelve a incrementar. Puede parecer poco, pero la agencia consigue multiplicar estos resultados porque año tras año bate récords en la lucha contra el fraude, luego la Agencia Tributaria es cada año más eficaz y más eficiente porque no solamente incrementa los resultados de la lucha contra el fraude, sino que pone mejores herramientas a disposición de los contribuyentes y además lo hace con herramientas más eficaces que también hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los recursos de la Agencia Tributaria, que son las herramientas informáticas de las que seguramente nos hablará el presidente de la Agencia Tributaria. Es decir, hace mucho más con mucho menos, que es la definición máxima de eficiencia y de eficacia. ¿Por qué? Primero, porque tiene normas para luchar contra el fraude fiscal; normas legales mucho más eficaces y muy importantes, hemos hablado muchas veces de ellas...

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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy concluyendo.

... la declaración de bienes en el exterior, la limitación del pago en efectivo por encima de 2500 euros, etcétera. Y, por otro lado, tiene cada vez mejor información, más información en sus bases de datos y mejores herramientas informáticas para perseguir ese fraude.

Quiero terminar como empecé, felicitando al director de la Agencia Tributaria por esos magníficos resultados, animándole desde el Grupo Parlamentario Popular a que sigan en esa línea de trabajo, de dedicación a la sociedad española; y hacer extensiva, por supuesto, esa felicitación a todo su equipo y a todo el personal de la Agencia Tributaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Menéndez, director general de la Agencia Tributaria.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Buenos días a todos y muchísimas gracias por su interés.

Voy a tratar de contestar, en la medida de lo posible, a todo lo que me plantean. Me han pedido mi opinión sobre muchas cosas. Mi opinión me la voy a reservar -especialmente porque en algún momento me han pedido incluso mi opinión política-; lo que sí voy a dar son datos respecto a las cuestiones que me han planteado, que son cosas distintas.

Me gustaría destacar el importante incremento de 28,75 millones de euros que se prevén en la dotación presupuestaria para la Agencia Tributaria y que figuran en los estados de previsión del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. El presupuesto para la Agencia Tributaria alcanza así los 1088,74 millones de euros. La importante subida en el presupuesto inicial de 2018 continúa la tendencia alcista de los presupuestos de los cuatro años anteriores y una vez más pone de manifiesto la importancia de la labor que lleva a cabo la Agencia Tributaria y la confianza puesta en su buen desempeño. En ese sentido el apoyo permanente del Ministerio de Hacienda y Función Pública se materializa en las transferencias corrientes y de capital que se prevén y que constituyen el 91,03 % del presupuesto inicial.

El presupuesto inicial de 2018, comparado con el de 2013, que fue de 948,19 millones de euros, supone un incremento acumulado del 14,82 %. Si bien el presupuesto inicial de la Agencia Tributaria está constituido en su práctica totalidad por la transferencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como es conocido, conforme a su ley de creación, la Agencia Tributaria dispone adicionalmente de un mecanismo de generación de crédito consistente en un porcentaje fijado por la correspondiente ley de presupuestos aplicado sobre la recaudación derivada de los actos de liquidación y de gestión dictados. El artículo 17 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 fija dicho porcentaje en un 5 %, sin establecer un límite a la cuantía resultante en términos absolutos. El importe de la generación de crédito que se estima necesaria para el año 2018 es de 303,06 millones de euros. Sumando al presupuesto inicial, la generación de crédito prevista y el importe de otras modificaciones presupuestarias como las aportaciones del Plan Nacional sobre las Drogas y del Instituto Nacional de la Administración Pública al Plan de Formación Continua, en concreto 1,18 millones en total, resulta un presupuesto final de la Agencia Tributaria para 2018 de 1392,98 millones de euros. Esa cifra supone un incremento del 8,03 % respecto de la ejecución presupuestaria de 2017. Ese presupuesto se distribuye entre los dos grandes objetivos de la Agencia Tributaria: la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, y la información y asistencia a los obligados tributarios. Esta distribución mantiene la tendencia de los últimos años, priorizando los recursos destinados a la lucha contra el fraude, que representan los porcentajes que, por otra parte, ya han dicho ustedes.

Respecto al desglose por capítulos del presupuesto final, en cuanto a los gastos de personal, la dotación del presupuesto asciende a 1065,04 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,4 % respecto de la ejecución presupuestaria de 2017. Se estima que a 31 de diciembre de 2018 la plantilla de la Agencia Tributaria estará integrada por 25.555 efectivos, que serán 24 087 funcionarios y 1468 laborales. En esta previsión que en términos netos supone un incremento en 2018 de 396 efectivos, como consecuencia de que habrá 455 funcionarios más y 59 laborales menos, se tiene en cuenta las incorporaciones de personal derivadas de las ofertas de empleo público de los últimos ejercicios, así como las posibles jubilaciones y otras variaciones que se estiman para 2018, pero -insisto- se prevé un

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incremento neto de 396 efectivos. Además, está prevista la contratación del equivalente a 277 efectivos al año de personal fijo discontinuo para prestar los servicios durante el desarrollo de la campaña de renta que, como sabe, está en vigor en la actualidad.

En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, la dotación se sitúa en 265,06 millones de euros. En 2018 en este capítulo destacan los incrementos que se producen en las partidas de campañas institucionales, gastos jurídicos, gastos de la flota de vigilancia aduanera y contratación del pago mediante tarjetas de crédito o débito en condiciones de comercio electrónico seguro, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. En cuanto al capítulo 6, inversiones reales, en 2018 las inversiones previstas ascienden a 61,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 38,15 % respecto de las obligaciones reconocidas en 2017. Destacan como en años anteriores las inversiones en obras en informática, las inversiones para mejorar y remodelar los edificios y otras construcciones de las que dispone la Agencia Tributaria en todo el territorio nacional, que ascenderán a 35,21 millones de euros. Por su parte, las inversiones en equipos informáticos desde hace años se consideran un elemento estratégico fundamental tanto para promover el cumplimiento voluntario, facilitando la asistencia e información a los contribuyentes, como para mantener los altos niveles de eficiencia en la lucha contra el fraude de los últimos ejercicios. El importe presupuestado para estas inversiones es de 10,8 millones de euros. La suma de estos tres capítulos: 1, 2 y 6, es prácticamente el 100 % del presupuesto final de la agencia.

Respecto del presupuesto de ingresos, me han preguntado por las previsiones. Lo primero que les diré es que son previsiones. En cualquier caso se ajustan a la realidad, son perfectamente conseguibles. Entiendo que las desviaciones respecto de las previsiones y lo realizado en los últimos ejercicios están dentro de lo que a mí me parece razonable. En cualquier caso, sin el efecto del suministro inmediato de información, los ingresos tributarios crecieron el año pasado el 6 %, con el efecto de suministro inmediato de información, el 8,3 %, y en los presupuestos está fijado un crecimiento del 6,4 %. Por lo tanto, no sé por qué dicen ustedes que las previsiones no se van a cumplir, pero -insisto- son previsiones. En cualquier caso, me parece mucho más importante que el hecho de que se cumplan o no las previsiones de ingresos que se siga cumpliendo con la senda de estabilidad y con las recomendaciones de déficit presupuestario, que nos han permitido la recuperación económica y que se puedan presentar estos presupuestos globales en las condiciones en que se presentan y con la cantidad de ventajas que tienen para muchos ciudadanos. Eso me parece mucho más importante.

En cuanto a los presupuestos de ingresos, los 1392,98 millones de euros de ingresos del presupuesto de la Agencia Tributaria -ahora me ciño a los presupuestos de ingresos de la Agencia Tributaria lógicamente, no a los de las figuras tributarias- para 2018 proceden mayoritariamente de las transferencias que reciben del Ministerio de Hacienda y Función Pública para financiar su actividad. En concreto, las trasferencias corrientes y de capital procedentes de dicho ministerio, incluyendo los 303,06 millones de euros de generación de crédito prevista, suman 1327,85 millones de euros, lo que representa 95 % del presupuesto total de la agencia. A esta cantidad hay que añadir los ingresos propios de la Agencia Tributaria por importe de 50 millones de euros y el remanente de tesorería de 14 millones de euros para obtener el presupuesto final de 1392,98 millones de euros. En el grupo de ingresos propios de la Agencia Tributaria para 2018 destacan los de administración y cobranza, que ascienden a 34 millones de euros, y los procedentes de la repercusión de los costes de fabricación de efectos timbrados, que suman 4,97 millones.

Si pasamos a analizar la actividad de la agencia y los resultados en 2017, las actuaciones de la Agencia Tributaria supusieron unos resultados a la prevención y lucha contra el fraude de 14 792 millones de euros. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en 2016, exactamente el 0,61 % inferior. No estoy dispuesto a admitir que porque sean 0,61 % inferiores sea un fracaso, y que si fueran el 0,61 % superiores fueron un éxito. Los resultados de la lucha contra el fraude de los últimos ejercicios y especialmente desde 2015 a 2017, como muy bien saben, son históricos. Hablamos de 15 492, 14 983 y 14 792 millones de euros, que se producen cuando todavía se están comprobando las bases imposibles negativas -porque lógicamente vamos a los ejercicios no prescritos, que son los que estamos comprobando- de los peores años de la crisis, por tanto, con menores bases imposibles en su caso y menor actividad, cuando además están computados desde hace mucho tiempo con la misma metodología, es decir, en términos de ingresos de las liquidaciones practicadas por la Administración o minoración de devoluciones, por tanto, de ingresos sobre los contribuyentes defraudadores. En este sentido, han sido de años de dificultades financieras y con menos efectivos en la Agencia Tributaria como consecuencia de la situación que se vivía y de la tasa de reposición de la Administración General del Estado, que era del 0 %. Aun así, la Agencia Tributaria estaba excepcionada con un 10 %, pero efectivamente, perdíamos el 90 %.

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Que los funcionarios de la Agencia Tributaria en esas condiciones hayan sido capaces de presentar estos resultados es sencillamente para reconocérselo a los funcionarios de la Agencia Tributaria, no a mí. Por tanto, agradezco mucho, señora Madrazo, ese reconocimiento a todos los funcionarios de la Agencia Tributaria menos a mí. (Risas). Comparen estas cifras con las de los ejercicios anteriores, cuando no había esas limitaciones de personal, cuando las bases imponibles eran mayores. Tengo la serie histórica, no quiero aburrirles. Compárenlo y reconozcan el esfuerzo de los funcionarios de la Agencia Tributaria. ¿Que no será perfecto? Seguro, perfecto no hay nada, pero el esfuerzo está ahí. ¿Que se camina en la buena dirección? Yo creo que también. Ahora vamos a aumentar los efectivos, pero lo importante a qué dedicamos esos efectivos y cómo lo hacemos.

Aprovecho para decirles, respecto a los recursos, que yo no he tenido ninguna limitación, ninguna, de recursos en la lucha contra el fraude; ninguna, salvo la que acabo de decir de la tasa de reposición de funcionarios, y ya he hecho la referencia a cuál es el resultado. Pero es que hemos tomado decisiones que, aprovecho para decir ahora que ya son a toro pasado, para mí y para mi equipo son arriesgadas, pues hemos cambiado la arquitectura informática de la agencia. Cambiando la arquitectura informática de la agencia damos soporte a la renta web, al suministro inmediato de información con lo que supone de trámite de datos, almacenamiento de datos, gestión de datos, comunicaciones; damos soporte informático al FLA, al plan de proveedores y a otras cuestiones, y hacemos ese cambio de la estructura informática de la agencia, y en términos netos de inversiones en utilización de software y de menos inversiones estamos ahorrando 10 millones de euros al año. El dinero hay que gastarlo, pero en lo que hay que gastarlo, y los recursos hay que emplearlos pero no dilapidarlos. Yo no he tenido ninguna restricción de recursos en la lucha contra el fraude, lo que he tenido es mucho apoyo, y por cierto, ahora también para los funcionarios de la agencia mucho reconocimiento; limitaciones, ninguna, salvo la tasa de reposición -insisto- que lógicamente, por las circunstancias en las que estábamos tuvo que ser la que fue; pero aun así, con esa tasa de reposición, ahí están esos resultados de la lucha contra el fraude de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

Decía que estos resultados de 14 792 millones de euros son muy similares a los obtenidos en 2016, consolidan la tendencia de los últimos años y, junto con los obtenidos en 2015 y 2016, son los más altos de la historia de la Agencia Tributaria. Si se realiza una comparación de los resultados de 2017 con la media de los tres años anteriores, los obtenidos en 2017 son el 3,53 % superiores. En el periodo 2013-2017, las actuaciones de la Agencia Tributaria han supuesto unos resultados recaudatorios en la prevención y lucha contra el fraude de más de 68 600 millones de euros. Dicha circunstancia constituye, sin duda, un logro de enorme trascendencia, ya que evidencia la eficiencia de la organización y su potencial, así como el importante esfuerzo realizado durante estos años por todos sus efectivos. La aportación media de cada empleado de la Agencia Tributaria a los resultados de la lucha contra el fraude se situó en el año 2017 en 591 852 euros. Uno de ustedes ha hecho referencia al dato de lo poco que cuesta cada euro que se recauda en términos de lucha contra el fraude y en general en la recaudación líquida. Es que la Administración tributaria española es una de las más eficientes a nivel mundial, y está muy reconocida a nivel mundial. Yo aspiraría a que también estuviera reconocida entre los españoles, porque es de ellos, de nadie más, más que de los españoles. (Aplausos). Gracias. -Iba a decir algo pero me he despistado. En cualquier caso me saldrá después. Sigo con lo que estaba contando-.

Desde la perspectiva de la información y asistencia a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones, por su importancia y actualidad hay que hacer referencia a la campaña de renta 2017, que se está desarrollando con absoluta normalidad. Está prevista la presentación de 19,95 millones de declaraciones, de las cuales, 13,77 millones serán a devolver por importe de 9468 millones de euros.

Antes iba a decir que es una de las más eficientes y, lógicamente, eso es algo bueno. Insisto otra vez en lo de los medios, por supuesto medios, todos los que sean necesarios. La lucha contra el fraude es una actividad incansable de la Agencia Tributaria, pero los medios tienen que ser proporcionales, eficaces, eficientes y que ofrezcan resultados. El hecho de que seamos una Administración tan eficiente es, entre otras cosas, porque desde hace muchísimos años, yo diría que desde la creación de la propia Agencia Tributaria, y desde antes incluso de la creación de la Agencia Tributaria en el ministerio, se apostó en un sentido amplio por las nuevas tecnologías; entonces había que hablar de las computadoras, luego de los ordenadores, luego de Internet, etcétera. Me imagino que ustedes sabrán que España es el primer país del mundo, el primero del mundo que admitió una declaración de la renta por Internet con un sistema que permitía la identificación del presentador y que era seguro, porque la información iba suficientemente encriptada; la primera del mundo. Esto fue en el año 1998. Me imagino que esto lo sabrán. Esa trayectoria,

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ese ser tan intensivos en la utilización de nuevas tecnologías permite además, por ejemplo, que a la hora no solo de dar asistencia y ayuda, sino de planificar las actuaciones de análisis de riesgo de los contribuyentes, también sea muy intensiva en la utilización de nuevas tecnologías con instrumentos de big data, lo que efectivamente hace que sea muy eficaz. No es lo mismo hacer un análisis masivo de la información que hacer un análisis manual con mil, dos mil o tres mil funcionarios haciendo el mismo análisis.

Hablaba de la campaña de renta y he dicho que se han puesto a disposición de los contribuyentes dos nuevos canales: la nueva aplicación móvil y el Plan 'Le llamamos', que, junto con la utilización tradicional de la página web de la agencia, permiten agilizar la presentación de la declaración. La nueva aplicación móvil permite a los contribuyentes acceder a los servicios de la Agencia Tributaria desde cualquier ubicación y en cualquier momento, simplificando la gestión de los trámites más frecuentes. Es además una potente herramienta de asistencia al facilitar la obtención del número de referencia, la visualización de los datos fiscales y la recepción de mensajes USSD con información de interés, como el momento de la emisión de la devolución; se puede utilizar en hasta cuatro dispositivos diferentes, móviles y tabletas, y admite hasta veinte perfiles de usuarios; es decir, un mismo usuario puede realizar gestiones para veinte contribuyentes diferentes, por supuesto con la debida autorización. El Plan 'Le llamamos', que ya tuvo el pasado año un antecedente en forma de proyecto piloto, consiste en que sea la propia Agencia Tributaria la que llame al contribuyente para asistirle en la confección y presentación de la declaración: "No venga a mis oficinas, no me llame, ya le llamo yo". Les digo que en estos primeros días de campaña de renta este proyecto ha sido un tremendo éxito. El contribuyente debe pedir cita por Internet o teléfono y tener a disposición la información necesaria para realizar la declaración en el momento en que se haya acordado la llamada. Este año, además, los contribuyentes cuentan con carácter anticipado, desde el pasado 15 de marzo, con una serie de servicios de asistencia, como son las descargas y visualización de datos fiscales o la obtención del número de referencia. Como en la campaña anterior, la presentación de las declaraciones se lleva a cabo a través de la Renta Web, la herramienta universal que ofrece la Agencia Tributaria para la gestión de todas las declaraciones de renta, con independencia del canal de confección y presentación, sea la nueva APP, sea teléfono, sea página web de la agencia o nuestras oficinas. Esta plataforma única permite acceder a los datos fiscales más actualizados, retomar una propuesta de declaración previa y abrir nuevas sesiones de trabajo en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Tras las mejoras del pasado año, Renta Web mantiene sus características para la presente campaña, si bien aportan nuevas facilidades para seguir mejorando su usabilidad y flexibilidad tanto en materia de la descarga o de datos fiscales como durante la propia navegación.

En el ámbito de la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria continúa las líneas de acción, los procedimientos y los sistemas de investigación y control que se han ido perfeccionando en los últimos años. Aprovecho para decir que en mi modesta opinión, que puede estar equivocada, uno de los motivos del éxito de estos resultados de la lucha contra el fraude es la cantidad de instrumentos en la lucha contra el fraude que se nos han dado a la Agencia Tributaria. Ahí tenemos la Ley 7/2012 y también la Ley Orgánica 7/2012, cuando cambia el delito fiscal. Hasta ahora el presunto delincuente fiscal tenía unas posibilidades más favorables dentro de la ley y del procedimiento, puesto que hasta que había una sentencia definitiva no se le cobraba la deuda, y la sentencia se tenía que dilatar en el procedimiento penal. Yo no había escuchado a nadie decir nada sobre esto. Ahora es distinto porque se hace una liquidación vinculada al delito en el momento en que se presente la denuncia, y ya se persigue la deuda. Esto es un instrumento, y por eso me refiero a la Ley Orgánica 7/2012 en el caso del delito penal. Luego voy a hablar, porque me lo han preguntado, de las sentencias y de los delitos. En la Ley 7/2012 hay muchísimas medidas potentes de lucha contra el fraude, en el Grupo Popular la señora Madrazo hacía referencia a algunas, como el modelo 720 de información de bienes y derechos en el exterior, que ha sido un instrumento muy potente de análisis de información y de planificación de actuaciones; o la prohibición de pago en efectivo por encima de 2500 euros, pero hay otras medidas como la indisposición de bienes inmuebles. Hasta ahora embargabas unas acciones a un deudor, esas acciones representaban bienes inmuebles, esos bienes inmuebles desaparecían del patrimonio de la empresa mediante la venta, se hacía vaciamiento patrimonial y no podrías cobrar. Ahora te embargo las acciones, pero además te indispongo solo los bienes, no puedes disponer de esos bienes hasta que se aclare tu situación. Por ejemplo, eso está en la Ley 7/2012 y la hemos utilizado. Además, están los nuevos supuestos de derivación de responsabilidad, los nuevos supuestos de posibilidades de adopción de medidas cautelares que se generalicen. Incluso se podría adoptar una medida cautelar cuando ni siquiera se estén haciendo

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actuaciones sobre el contribuyente cuando se apreciasen determinados riesgos. Bien es verdad, que estas medias son muy potentes y que en caso de las medidas cautelares necesitarían el refrendo de la autoridad judicial correspondiente. Por lo tanto, con las garantías pertinentes y con la presunción de inocencia siempre para todos los contribuyentes pero instrumentos eficaces en la lucha contra el fraude. Por eso, se producen -a mi modo de ver- estos resultados, por eso -como muy bien han dicho ustedes-, y por la capacitación de los funcionarios de la Agencia Tributaria, excepto la mía (risas), porque el esfuerzo es de ellos.

Decía que en el ámbito de la lucha contra el fraude es especialmente relevante -o lo ha sido- el aprovechamiento de las medidas recogidas en la Ley 7/2012 de intensificación en la lucha contra el fraude. Relacionadas con estas medidas en 2017 se han tramitado 16 097 expedientes de derivación de responsabilidad. Empezamos en 2012 con 7378, se han adoptado 4146 medidas cautelares. De estas medidas cautelares que antes de la Ley 7/2012 no se podían adoptar, 2225 se adoptaron en 2011, pasaron a 2927 en 2012 y así sucesivamente. Se han realizado 259 acuerdos de prohibición de disponer de bienes inmuebles de aquellas sociedades cuyas participaciones o acciones hayan sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a morosos. Además, de acuerdo con la información que obra en las bases de datos de la Agencia Tributaria -muy especialmente del modelo 720- en 2017 se llevaron a cabo 777 requerimientos a terceros países para afianzar el cobro de deudas tributarias. Es decir, había deudores con deudas tributarias con la Agencia Tributaria que tenían bienes y derechos en el exterior que lógicamente no sabíamos. Con la declaración 720 lo hemos sabido y, por supuesto, hemos procedido a hacer las actuaciones pertinentes.

En el periodo 2013-2017 se han realizado casi 3600 requerimientos, lo que muestra una fuerte y creciente utilización de esta fórmula para asegurar deudas a partir de bienes de deudores localizados en el extranjero. Estas medidas legislativas han incidido en otros campos, como la limitación del uso de dinero en efectivo en operaciones en las que alguna de las partes actúa como empresario o profesional. En 2017 se iniciaron 7497 expedientes de análisis de denuncias presentados por los ciudadanos en relación con el incumplimiento de esta obligación. En el período 2013 a 2017 se han analizado más de 28 700 denuncias. La Agencia Tributaria ha establecido, como labor prioritaria en los últimos años, el avance en el diseño de nuevos instrumentos y sistematización de los ya existentes para mejorar el control tributario de los contribuyentes de grandes patrimonios. Alguien ha dicho aquí, creo que fue el señor Capdevilla... -(El señor Capdevila i Esteve: Capdevila, con una sola ele). Perdón, Capdevila, con una sola ele, perdón-, que los más ricos o los contribuyentes más potentes lo son porque son más listos. Sinceramente, a lo mejor lo son porque son más trabajadores también. Se puede ser listo y no trabajador, se puede ser muy trabajador y no tan listo e irle bien las cosas a uno en la vida. Pero los contribuyentes que más posibilidades tienen de defraudar son los que -sean listos o trabajadores o por la mera casualidad- más potencial económico tienen, y sobre ellos actuamos. Lo hemos dicho bastantes veces ya, incluso en esta sede, y lo hemos dicho fuera de esta sede en encuentros con la prensa, en briefings y en otros foros profesionales.

El control de patrimonios relevantes no es una actuación novedosa para la organización, pero debe adaptarse a los importantes avances que se han producido respecto de la obtención y análisis de información sobre estos contribuyentes, fundamentalmente las mejoras tecnológicas y las nuevas fuentes de información como el modelo 720 o intercambio automático de información internacional a través del modelo CRS o Fatca.

Aprovecho para decirles que lo importante en el intercambio de información es que tengamos unos estándares comunes porque si no puede venir mucha información, que es de muy difícil utilización, pero si la información viene estandarizada y con técnicas de Big Data, lógicamente, la explotación de la información tiene un resultado mucho más eficiente y más eficaz. De acuerdo con lo anterior, la Agencia Tributaria está intensificando paulatinamente las actuaciones de análisis de información e investigación mediante diferentes líneas de acción encaminadas en última instancia al objeto común de la detención de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas con el objeto de regularizar la situación tributaria de los contribuyentes incursos en actuaciones calificadas como defraudatorias. En particular, el empleo de nuevas herramientas informáticas basadas en el uso intensivo de información a partir del big data está incrementando la eficiencia del análisis de planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas, manifestaciones de poder adquisitivo no acordes con lo declarado y activos en el exterior. Se ha perfeccionado un sistema único de selección de contribuyentes con patrimonios relevantes en el que a partir del censo elaborado se combinan todas las fuentes de información disponibles, utilizando la

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tecnología desarrollada y adaptada al control de este tipo de contribuyentes bajo los principios de tratamiento especializado, gestión del conocimiento y evolución constante en función de la experiencia adquirida. Se parte del censo elaborado y se incluye tanto el patrimonio directo como el patrimonio indirecto derivado de la tenencia de participaciones societarias; a este colectivo principal se añade un segundo colectivo que resulta de un enfoque más amplio en el que se contempla el patrimonio total del núcleo familiar más cercano del contribuyente.

En 2017 comenzaron los trabajos de sistematización de las actuaciones de lucha contra el fraude presente en grandes patrimonios, y se han iniciado también las comprobaciones inspectoras vinculadas con la nueva herramienta de selección. A lo largo de 2018 se ampliará el número de contribuyentes propuestos para inspección a partir de un mayor número de riesgos fiscales predefinidos, mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presentan importantes rasgos de opacidad o deslocalización. De esta forma, se afianza el control reforzado sobre grandes patrimonios mediante la utilización de cauces de investigación específicos para perfiles que así lo demanden.

Además de las comprobaciones concretas que se realicen, el colectivo definido será objeto de un seguimiento continuado y especializado, en el que se medirá el efecto inducido que las comprobaciones de contribuyentes concretos tengan en el resto de integrantes del colectivo de grandes patrimonios. En definitiva, el objetivo que se persigue es doble: aumentar el número de contribuyentes analizados e incrementar el ensanchamiento de las bases tributarias, bien mediante actuaciones de control, bien mediante la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes afectados.

Como consecuencia de las actuaciones de comprobación finalizadas sobre contribuyentes calificados como grandes patrimonios en 2017, se han liquidado casi 333 millones de euros. Por lo que respecta a las actuaciones de entrada y registro en 2017 vamos ahora con la economía sumergida, utilización de software de doble uso-, los órganos de inspección tributaria y aduanera realizaron 2235 entradas y registros, un número muy similar al del año anterior y que consolida la evolución creciente en los últimos años. De las 2235 entradas y registros, 1944 fueron realizadas por las unidades de auditoría informática, cuya participación resulta fundamental para el análisis del denominado software de doble uso que se instala en cajas registradoras o en los ordenadores desde donde se lleva la gestión y la contabilidad, con el fin de ocultar ingresos y gastos que se desarrollan en una actividad económica.

En cuanto a los resultados de estas intervenciones, hay que resaltar, en primer lugar, la calidad de resultados porque en la mayoría de los casos suponen un descubrimiento de rentas ocultas, pero además las intervenciones son sumamente eficientes, desde el punto de vista de la obtención de pruebas y tiempo de duración de las comprobaciones que se reducen sensiblemente, porque se obtienen pruebas mucho más consistentes que permiten llegar a una conclusión mucho más rápida de las actuaciones que sean -bien sean en vía administrativa o, en su caso, de denuncias por delito fiscal-. El volumen de cuotas descubiertas es sumamente significativo; en particular destaca el importe liquidado en 2017 a obligados tributarios afectados por este tipo de intervenciones que asciende a 373 millones de euros, y es el más elevado de la serie histórica.

El señor PRESIDENTE: Señor Menéndez, si pudiese ir concluyendo se lo agradeceríamos, porque vamos muy mal de tiempo, ya que llevamos una hora de retraso.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Pues entonces me va a ser difícil contestar a todas las cuestiones que me han preguntado.

El señor PRESIDENTE: Lo siento, pero el tiempo es limitado.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Voy a tratar de resumir.

Me han preguntado por la deuda pendiente. En 2017 -ya termino- la deuda pendiente en periodo voluntario se ha reducido en 1358 millones con respecto a 2016, un 6,9 %. Ahora bien, no toda la deuda pendiente es exigible, puesto que el 65 % de la deuda pendiente está en voluntaria, está suspendida por recursos y el 25 % está paralizada por procesos concursales o aplazada. Este pendiente gestionable se ha reducido en 2241 millones de euros en 2016 a 1824 millones en 2017. El incremento en los ingresos en periodo voluntario, en retenciones y tributos repercutidos derivados de la restricción de la concesión de aplazamientos como consecuencia de las modificaciones normativas y su gestión, por aplicación, como

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digo, de la normativa reguladora, y la revisión de la deuda concursal, con el objeto de incrementar la eficacia recaudatoria de las gestiones realizadas frente a los deudores en concurso, estableciendo parámetros para reducir la deuda afectada por concurso. Me preguntaban dónde se estaba reduciendo la deuda pendiente. Pues aquí, en la voluntaria, pero también en la ejecutiva, por supuesto, que es lo difícil. Y, por supuesto, es lo que se ha hecho, cobrar la deuda.

La deuda pendiente en período ejecutivo se ha reducido en 2017 en 2127 millones de euros, con respecto a 2016 es un 8,15 % más, cifra histórica. Esta disminución ha sido consecuencia de medidas como el impulso sobre actuaciones de derivación de responsabilidad y exigencia de deudas a terceros, así como la investigación patrimonial necesaria para realizar dichas actuaciones; la agilización de la gestión recaudatoria; el fomento de la anticipación en actuaciones preventivas para garantizar el cobro de las deudas; la publicidad del estado de deudores, que también tuvo su efecto, del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria.

Termino. Me han preguntado por muchas cosas, pero hay algo que me gustaría no pasar por alto, porque ha sido una tremenda constante en la gestión de la Agencia Tributaria en estos últimos ejercicios. Han preguntado por los contribuyentes de la DTE y por el seguimiento. Por supuesto que hacemos un seguimiento, como dije antes, no solo de grandes patrimonios, en concreto y específicamente de los contribuyentes que presentaron DTE. Lo hemos dicho 1425 veces, pues dígase la 1426: por supuesto, del primero al último y, por supuesto también, con la presunción de inocencia y con las garantías debidas para todos los ciudadanos.

No me da tiempo ya a hablar de los delitos, pero me hubiera gustado. Lo importante son dos cosas. En primer lugar, el índice de calidad en cuanto a las denuncias por delito. Denunciar a un contribuyente por delitos es una cosa muy grave y las sentencias favorables no han hecho más que aumentar en estos últimos ejercicios. Por tanto, denunciaremos por delito cuando haya que denunciar, pero nos gusta acertar y no denunciar por delito cuando no debemos. En segundo lugar, hay datos de que la recaudación de los contribuyentes denunciados por delitos también se ha incrementado, aumentando la recaudación por esa vía.

Finalmente, me gustaría agradecerles su paciencia, su interés por los temas de la lucha contra el fraude y, en general, de la

Agencia Tributaria. No vean en mi tono ningún interés de ser descortés, bajo ningún concepto, ni poco amable, ni poco receptivo a todo lo que plantean, al revés. El tono es simplemente consecuencia de intentar ser lo más serio posible en mi exposición, pero en ningún caso vean ningún intento de ser descortés con todos ustedes.

Muchas gracias.

El señor HURTADO ZURERA: Presidente, por favor, para una cuestión de orden. Yo le he escuchado al director general -me gustaría que lo aclarase porque si no pediría el Diario de Sesiones- una afirmación que me parece inaceptable. Me gustaría que me corrigiese si no la he entendido bien. La afirmación ha sido que los grandes defraudadores son los que más trabajan y, por tanto, los más listos y a los que más hay que dedicarse en la lucha contra el fraude.

El señor PRESIDENTE: Ha dicho los grandes contribuyentes.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): No he dicho eso. Lo que he hecho ha sido aclarar. Alguien había dicho aquí, el señor Capdevila, que, lógicamente, todos pensamos que los grandes contribuyentes son los que, potencialmente, pueden defraudar más. Eso es lógico. Un pequeño contribuyente podrá defraudar, pero menos, aunque el comportamiento, a mi modo de ver, es el mismo. Otra cosa es que socialmente sea un contribuyente que, potencialmente, tiene más capacidad económica y se le debe exigir también una mayor responsabilidad con la Hacienda pública, pero el comportamiento defraudatorio será el mismo. Lo que pasa es que se asemejaba a grandes contribuyentes con gente inteligente y yo simplemente he puntualizado: "o más trabajadores". Uno puede ser menos inteligente y más trabajador o puede ser muy inteligente y no ser trabajador y no tener éxito en la vida y no conseguir generar riqueza ni actividad económica, que es a lo que me refería. Pero en ningún momento he hecho una aseveración de ese tipo. Si lo ha interpretado así, retírelo. Simplemente, he dicho que se puede ser más trabajador, más inteligente, trabajador e inteligente, en fin, tampoco es una cuestión que vaya unida... (El señor González García: Cuanto más listos, más defraudadores; lo ha dicho). No, no; esa no es una cuestión que vaya unida

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al fraude. Vamos a ver si puntualizamos de una vez. Entre los grandes contribuyentes hay muchos que son muy cumplidores y muy buenos, muchos, muchos. (La señora Madrazo Díaz: ¡La gran mayoría!).

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Le agradezco su comparecencia, señor director general de la Agencia Tributaria.

A continuación, sin solución de continuidad, comparecerá la señora secretaria general de Financiación Autonómica y Local.

- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (NAVARRO HERAS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001294) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001568).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos las comparecencias. Para variar, vamos mal de tiempo.

A continuación, comparece doña Belén Navarro Heras, secretaria General de Financiación Autonómica y Local. De acuerdo con lo acordado por la propia Comisión, comenzamos directamente por las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. En este caso, tiene la palabra doña Patricia Blanquer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.

Señora Navarro, le damos la bienvenida a esta Comisión de Presupuestos y esperamos que pueda darnos satisfactorias respuestas sobre las dos áreas en las que es competente, que son fundamentales para las comunidades autónomas y las entidades locales.

En primer lugar, señor presidente, me gustaría advertir a la Mesa que este tipo de comparecencias son para que nos permitan preguntar sobre aspectos concretos de los Presupuestos Generales del Estado. En la anterior comparecencia del secretario de Estado de Comercio, mi grupo ha hecho una serie de preguntas estrictamente presupuestarias que no han sido respondidas. Algunas de ellas voy a formulárselas a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, pero aquellas que no haga le ruego que nos permita plantearlas por escrito, al igual que se hace en otras Comisiones, para que desde el ministerio nos las puedan contestar. Muchas gracias.

Vamos al asunto. Tanto la financiación autonómica como la financiación local están en estos momentos en fase de revisión. Se han presentado sendos informes con una evaluación de los sistemas y con determinadas propuestas. Se está avanzando en el campo técnico, pero la realidad es que en el campo político no. Su Gobierno se muestra paralizado y esa es su responsabilidad de la que hoy le pedimos cuenta en su intervención. El secretario de Estado de Hacienda nos ha dicho que todavía no se ha llevado a cabo la reforma de la financiación autonómica y de alguna forma nos pedía que pusiéramos de acuerdo a los presidentes de las distintas comunidades autónomas. Yo le pregunto, ¿en qué se tienen que poner de acuerdo?, porque la realidad es que ustedes todavía no han hecho una propuesta. Están incumpliendo el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes en enero de 2017. Tenían que haber presentado una propuesta a finales de año y todavía no lo han hecho. Y lo más grave -como decía al principio- es que nos parece que no hay indicios de que pronto se vaya a presentar esa propuesta por parte del Gobierno. Por tanto, nos gustaría que en su intervención, además de dar las explicaciones sobre qué está haciendo y en qué situación se encuentra, fuera capaz de indicarnos una fecha estimativa de cuándo piensan presentar su propuesta del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuándo piensan presentar su propuesta de financiación local.

En cuanto a las comunidades autónomas, como bien sabemos, sostienen el mayor peso del gasto del Estado del bienestar, y el sistema debería garantizar la suficiencia financiera para prestar los servicios públicos de los que son competentes. El modelo de financiación de 2009 debería haberse revisado en 2014. El secretario de Estado de Hacienda hacía alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo soy muy clara en la especificación y digo que debería haberse revisado -no digo modificado, pero sí revisado- a los cinco años. La realidad es que ustedes renunciaron a ello y esto ha provocado una infrafinanciación generalizada de las comunidades autónomas. De hecho, el informe de expertos hace una primera estimación de la infrafinanciación de 16 000 millones de euros. Por tanto, es urgente revisar y actualizar el modelo de financiación.

Esta infrafinanciación ha influido también en el incremento de deuda de las comunidades autónomas. De hecho, hace unas semanas asistí a una jornada muy interesante, en la que se presentaba un estudio hecho

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por el IVIE, asegurando que la adopción de distintas decisiones políticas y tributarias por parte del Estado ha afectado a la aplicación del modelo de financiación, incrementando la deuda de las comunidades autónomas en 8,2 puntos porcentuales del PIB. Ya no se cuestionaba tanto el modelo en sí, sino la aplicación de dicho modelo. ¿Conoce el estudio? ¿Nos puede decir algo al respecto de estas conclusiones? ¿En las comisiones técnicas que hay abiertas al respecto se está tratando este tema? ¿Nos puede decir algo?

Con respecto a la deuda, han presentando una disposición adicional, en concreto la centésima trigésima sexta, en la que de alguna manera se abre la puerta a la reestructuración de la deuda. Es muy genérica, no tiene en cuenta la infrafinanciación de las comunidades autónomas y nos gustaría que nos explicara con detalle esta disposición y nos dijera si estarían dispuestos a modificar la disposición adicional añadiendo algunas cuestiones como, por ejemplo, tener en cuenta la infrafinanciación a la hora de reestructurar la deuda de las entidades, especialmente, de las comunidades autónomas.

En mi primera intervención de esta mañana he demostrado que ha habido un esfuerzo desigual entre los diferentes niveles de administración en cuanto a la reducción del déficit. De hecho, a pesar de que las comunidades autónomas soportan un mayor porcentaje de gasto que el de la Administración central, su objetivo de déficit a lo largo de los últimos años ha sido inferior al estipulado para aquella. Yo creo que hay consenso en admitir que no ha habido transparencia en los criterios a la hora de fijar los objetivos por subsectores y, de hecho, mientras la Administración central ha reducido su déficit en un 26,6 % con respecto a 2016, las comunidades autónomas lo han reducido en un 60,4 %. Mientras las comunidades autónomas están cumpliendo sus objetivos, la Administración central está incumpliendo. Me gustaría saber cuál es su valoración al respecto, y si ha hecho alguna recomendación a su ministerio sobre una posible revisión de la fijación de los objetivos de déficit por sectores.

Con respecto a las entregas a cuenta, el pasado mes de junio de 2017, su ministerio comunicó a las comunidades autónomas los importes que les correspondían en materia de financiación de dichas comunidades autónomas, y sobre la base de estas previsiones las comunidades autónomas hicieron sus presupuestos generales. En el mes de enero deberían haber hecho la transferencia de lo que les correspondía, pero no lo hicieron ni lo vincularon a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros consideramos que lo podrían haber solucionado en el decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, pero lo que está claro es que no tuvieron voluntad para realizarlo. Lo que les corresponde a las comunidades autónomas es fruto de un incremento de los ingresos tributarios y de la liquidación de 2016; son recursos que les corresponden y que no pueden estar sujetos a la voluntad política del Gobierno. La mayor parte se determina de manera extrapresupuestaria y deberían haberlo transferido. Por lo tanto, mi pregunta es si van a transferir lo que les corresponde a las comunidades autónomas si no se aprueban los presupuestos que ahora se están tramitando o, por el contrario, van a continuar retrasándolo de manera injustificada llevando a una situación insostenible a las comunidades autónomas.

No podemos compartir algunas de las afirmaciones que su secretario de Estado con respecto al buen trato que se les da a las comunidades autónomas, en el sentido de que los datos que dan parece que contradicen lo que dice la Intervención General del Estado, que es que las comunidades autónomas están, en 2017, con respecto a los ingresos, 10 000 millones por debajo de lo que tenían en 2009, y se sitúan en el mismo porcentaje de ingresos con respecto del PIB en el que estaban en 2003.

Para terminar con la financiación autonómica, quiero advertir al Grupo Parlamentario Ciudadanos que la disposición adicional centésimo séptima convalida y habilita aquello que el Grupo Ciudadanos califica de cuponazo. Como es habitual en estas comparecencias que luego el resto de grupos planteen algunas cuestiones sobre nuestro grupo y nosotros no tengamos derecho a intervenir por alusiones, quiero preguntarle simplemente si es consciente de que con su voto favorable en los presupuestos generales lo que está votando a favor, precisamente, es lo que usted llama cuponazo. Este va a ser otro de los temas en los que su grupo y su líder muestren su incoherencia.

Para terminar, con respecto a la financiación local, a lo largo de estos días hemos visto que las entidades locales mantienen un superávit a lo largo de los últimos años; de hecho, presentaron un superávit del 0,59 % del PIB en 2017 y se espera que se incremente en mayor proporción para 2018. El año 2017 supuso el sexto año consecutivo con superávit. Desde finales de 2012 los depósitos bancarios de las entidades locales se han incrementado, acercándose a la cifra de 24 000 millones de euros. Han reducido su deuda y, sin embargo, no tienen autonomía para utilizar sus ahorros para mejorar los servicios que prestan y dar cobertura a las necesidades de sus ciudadanos. Según un informe del ministerio, solo 700 millones de euros del superávit de 5000 millones de los ayuntamientos en 2016 pudieron ser

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invertidos. El real decreto-ley que se aprobó la semana pasada permitía la utilización inmediata del superávit para inversiones financieramente sostenibles, pero...

El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, vaya concluyendo, por favor.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.

... no responde a las reivindicaciones de los alcaldes y las alcaldesas. El Gobierno de Rajoy ha sido el que más ha castigado a las entidades locales y ha coartado su autonomía financiera. No es que lo digamos nosotros ni que lo digan los alcaldes socialistas, sino que lo dicen la mayoría de alcaldes y alcaldesas de este país.

Efectivamente, no tengo más tiempo, pero agradecería que el señor presidente me permitiese hacer tres preguntas más a la secretaria general. Quiero poner el foco en el principio de lealtad institucional. Es necesario y trascendental que se evalúe el impacto sobre las administraciones de las decisiones políticas que se adopten, que se midan y que se compensen adecuadamente. Es un principio que su Gobierno está incumpliendo constantemente. Anuncian deducciones y reducciones en este presupuesto que afectan directamente a los recursos de las comunidades autónomas sin tenerlas en cuenta y no es posible que continúen haciendo aquello de yo invito y ustedes pagan. Su Gobierno ha firmado un pacto con los sindicatos, en el que plantean una serie de mejoras para los funcionarios sin tener en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a pesar de que estas administraciones territoriales son las que más funcionarios tienen. Es importante que me explique esto. Los compromisos adquiridos están sujetos al cumplimiento de déficit, deuda y regla de gasto, un requisito que es injusto, porque supondrá un trato discriminatorio para los funcionarios que tengan unas condiciones laborales distintas en función del territorio donde vivan, por lo que esta es una razón más de peso que le comunico para reivindicar cuanto antes y que se pongan en marcha las reformas de la financiación tanto autonómica como local, la revisión de los objetivos de déficit por subsectores y la reestructuración de la deuda.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Navarro, y gracias por las explicaciones que esperamos que nos dé.

Estos presupuestos que ustedes nos presentan insisten en la idea de país compartida por el Grupo Popular y Ciudadanos: los beneficios para unos pocos y el resto nos tenemos que seguir ajustando el cinturón, porque el crecimiento económico por el que tanto pecho saca el Partido Popular no está llegando a los bolsillos de las autonomías y de la ciudadanía. En el ámbito de su responsabilidad, cabe destacar que las corporaciones locales son las administraciones públicas que más han aportado a la reciente reducción del déficit público, con un superávit del 0,6 % del PIB de estas frente a un déficit del 0,3 %, el 1,5 % y el 1,9 % de las comunidades autónomas, la Seguridad Social y la Administración central respectivamente en 2017, ello a pesar de que los ayuntamientos presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las comunidades autónomas y el Estado. Además, el superávit de las corporaciones locales españolas es 5 décimas superior al promedio de la Unión Europea -0,6 en España frente al 0,1 en la Unión Europea-, impidiendo que los ayuntamientos se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia que hay en el resto de Europa. De hecho, tal y como explica la misma Airef, la aplicación de la regla de gasto es muy diferente a la del resto de la Unión Europea, donde la regla se aplica al conjunto de las administraciones públicas y no a cada una de ellas por separado, como pasa en nuestro país. Es un indicador más del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo y no un objetivo anual de obligado cumplimiento, como pasa en España, y su incumplimiento no conlleva sanciones como las que Montoro se empeña en aplicar a nuestros ayuntamientos, es decir, ustedes penalizan -estos presupuestos van en esa misma línea- por la vía de la estabilidad presupuestaria a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que es lo mismo que penalizar a los servicios de proximidad y a las políticas sociales como educación o sanidad, cuando el mayor porcentaje de gasto social en este sentido lo tienen las comunidades autónomas. ¿Hasta cuándo, señora Navarro, van a seguir con este tipo de políticas que ya hemos visto que nos llevan a poco destino?

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Como consecuencia, la regla de gasto está restringiendo de manera injustificada la actuación de las corporaciones locales en un contexto con más necesidades sociales que nunca debido a unas políticas públicas debilitadas después de años de fuertes restricciones presupuestarias. Además, el Gobierno se ha comprometido en diversas ocasiones con la Federación Española de Municipios y Provincias a revisar esta regla; sin embargo, hasta la fecha ese compromiso no se ha concretado. ¿Por qué no han aprovechado el contexto de la discusión presupuestaria para poder concretar ese compromiso que hubiera sido un gran avance para el Estado social en el conjunto del Estado español? Gracias a la presión ejercida durante meses por parte de los ayuntamientos, se ha aprobado -eso sí- el real decreto-ley por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieras sostenibles, no computando este gasto a efecto de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, esta medida es completamente insuficiente para solucionar tanto los obstáculos derivados de la aplicación de la regla de gasto como el problema estructural de la infrafinanciación de las corporaciones locales, un problema que además cuestiona la autonomía local que está consagrada en el artículo 140 de la Constitución española. Además, los saldos primarios están siendo utilizados para incrementar los depósitos bancarios. Desde finales de 2012 los depósitos de las corporaciones locales se han casi duplicado en términos del PIB, acercándose a 24 000 millones de euros, y esta deuda neta de activos financieros líquidos desciende hasta el 0,5 % del producto interior bruto. Me gustaría escuchar las justificaciones por parte de la secretaria general.

Hablando de inversiones, el aumento del 15 % en general y del 17 % en las inversiones territorializadas no compensa las bajadas considerables de los años anteriores. En 2018 bajan un 8,4 % respecto a 2016, pero es que si nos remontamos al año 2012, primer año en que llegó el señor Rajoy a La Moncloa, estamos hablando de un 20,2 % menos, una bajada completamente espantosa para mi grupo parlamentario. Si nos situamos en el año 2009, hemos perdido un 59,2 % de las inversiones. No solo estamos muy lejos de revertir la bajada en inversiones que se dio en 2017, donde alcanzamos una de las cifras más bajas de los últimos cincuenta años, sino que seguimos muy alejados de los niveles de 2012. Y cabe recordar además -voy acabando- que España es uno de los países europeos con menor inversión sobre el producto interior bruto. Por eso nos gustaría saber, señora Navarro, si cree que este tipo de política, esta desinversión territorializada está afectando directamente a la ciudadanía y, lo que también es preocupante, si está impactando en aquellas personas más vulnerables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención, señor Mena.

A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenida, señora Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica y Local. Quería hablarle sobre todo de tres puntos fundamentales: uno, Ciudadanos cumple con Europa; dos, la reforma de la financiación autonómica; y tres, la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género.

En primer lugar, 2017 ha sido un año en el que España ha cumplido con el objetivo de déficit. Se invierte la tendencia de que durante los últimos años no cumplíamos con él y así vamos a abandonar ese programa correctivo de déficit excesivo de la Unión Europea. Sin embargo, aunque cumplimos globalmente con Europa, está claro que la Administración local es el nivel del Estado que cumple de largo sus objetivos, incluso acumulando abultados superávits en los últimos años. Además, acabamos de aprobar el Decreto 1/2018, que trata de flexibilizar la disposición de estos superávits, pero desde Ciudadanos entendemos que este es un parche más del partido del Gobierno. En el punto 1 del acuerdo de investidura teníamos recogido la necesidad de concretar la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Me gustaría saber qué planes tiene el Gobierno para mejorar esa regla de gasto que le comentaba y en qué plazos.

Otra reforma a la que han hecho referencia otros portavoces -además, ustedes se comprometieron a ello en el acuerdo de investidura que firmaron con nosotros- es la reforma del sistema de financiación autonómica y local a la que se comprometió el señor Rajoy. Entiendo, además, que este no es un compromiso exclusivo del Partido Popular, es un compromiso que debe ser de todas las fuerzas parlamentarias y especialmente del Partido Socialista. Hay veces que se están tirando la piedra uno al tejado del otro, pero son los dos grupos parlamentarios los que ahora tienen que poner de su parte. Creo que la predisposición del Partido Socialista tiene que venir y, evidentemente, el Partido Popular, el partido del Gobierno, tiene que hacer una propuesta de consenso y reflejarlo en el seno del Consejo de Política

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Fiscal y Financiera, porque no podemos continuar con esta situación. Estamos hablando de una reforma aplazada, contrarreloj, estipulada en la propia Ley 22/2009, del sistema de financiación, que además ya contenía su propia revisión. El reparto de sacrificios durante la crisis no ha sido equitativo, y se lo dice un valenciano que lo siente de corazón. Por otra parte, algunos dirigentes autonómicos evitan reducir los gastos superfluos pero hay otros que simplemente se dedican a culpabilizar al Gobierno central. Entendemos que la excesiva complejidad del sistema y, sobre todo, su enorme opacidad impiden que los ciudadanos puedan saber cuál es el responsable político correspondiente, si es estatal, autonómico o local.

Señora Navarro, me gustaría detenerme especialmente en este punto porque el propio ministro de Educación, Cultura y Deporte, el portavoz del Gobierno, el señor Íñigo Méndez de Vigo, decía en julio del año pasado que "si los miembros de la Generalitat de Cataluña cometen actos "ilegales" dirigidos a la organización de un referéndum de autodeterminación lo tendrán que pagar ellos, porque ni un solo euro de los catalanes estará destinado a sufragar las veleidades secesionistas de unos pocos". Son palabras textuales. También recientemente hubo una entrevista con el señor Montoro y el señor Rajoy en sede parlamentaria dijo que ni un solo euro iría a pagar esto. Me gustaría que se pronunciara, después de los informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las actuaciones de la Fiscalía, sobre si realmente ha ido a parar algún euro a alguna actividad ilícita.

Hay otra cuestión que aparece en la disposición adicional 136 sobre la que debo preguntarle -y usted sabe a qué me estoy refiriendo-, que habilita cierta posibilidad de que el Gobierno, discrecionalmente, pueda hacer quitas de deuda. Yo le pregunto si no le parece que esa disposición adicional 136 otorga un margen discrecional excesivamente amplio al Gobierno sobre un asunto que es tremendamente delicado y que debería tratarse técnicamente. Las medidas que adoptemos deben procurar reducir las tensiones territoriales, que es nuestro objetivo, y una forma de hacerlo es con un debate transparente y basado en datos, todo lo opuesto a cuando se hizo aquí la actualización del cupo vasco.

En esta legislatura hemos vivido un duro golpe a la democracia por parte de las fuerzas independentistas que llevan alimentando un discurso victimista durante años y la respuesta de los separatistas pasa ineludiblemente por trabajar en un proyecto común, renovado e ilusionante, que es lo que nosotros ponemos siempre encima de la mesa. Los principios de igualdad y autonomía responsable tienen que regir la política de nuestro país.

Los Presupuestos Generales del Estado contienen más de 8000 millones de euros en políticas naranjas, firmadas en el acuerdo de investidura, que persiguen la modernización de España y devolver parte de los esfuerzos que han realizado los contribuyentes. Pero, además, estos Presupuestos Generales del Estado contienen un aumento de financiación para las comunidades autónomas -hay que decir lo bueno- que pasarán a recibir más de 4000 millones de euros adicionales para educación, sanidad, servicios sociales, es decir, todos aquellos servicios fundamentales. Las entidades locales también recibirán 250 millones adicionales de financiación, un 1,4 % más que en 2017. Si no se aprueban estos presupuestos, las comunidades autónomas y las entidades locales no podrían disponer de estos recursos adicionales, señora Navarro. Insisto, el Partido Socialista y Podemos tendrán que asumir la responsabilidad ante los ciudadanos de castigarles con menos recursos por el puro interés partidista. En una situación en la que España se sitúa en altas tasas de paro, de desempleo -los últimos datos hablan de un 16,55, el doble de la tasa europea-, o del doble de temporalidad, en una situación realmente tan lamentable, no podemos permitirnos el no tener Presupuestos Generales del Estado.

La última cuestión que quería comentarle es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto afecta a las entidades locales y a las comunidades autónomas, porque en un pacto que fue promovido por Ciudadanos y apoyado en el Congreso con la abstención del Grupo de Podemos, nos comprometimos a aportar a las comunidades autónomas 100 millones y otros 20 millones para las entidades locales para este pacto de violencia de género. Me gustaría que me aclarara -porque no se ve, no sé si por técnica presupuestaria- dónde están ubicadas esas partidas que estoy convencido que estarán en el presupuesto.

También aumenta en 1467 la inversión territorializada del Estado en las comunidades autónomas, pero tenemos un gran problema, señora Navarro. Echamos de menos que haya un resumen global de imputación territorializada en los Presupuestos Generales del Estado. Hay multitud de transferencias, de partidas dispersas por todo el presupuesto, de subvenciones nominativas y nos gustaría saber si es posible tener esta información.

Voy terminando, señor presidente. Por último, me gustaría preguntarle por el gasto de las diputaciones provinciales. Como ya sabemos, Ciudadanos es un partido que está obsesionado con esto, pero también

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con la eficiencia del gasto público. No se trata de que el personal de las diputaciones esté haciendo un mal trabajo, todo lo contrario; no se trata de que las entidades locales no necesiten de un apoyo, sino todo lo contrario, de la eficiencia del gasto, como le repito. El 65 % del dinero de las diputaciones se queda en la propia diputación y no llega a las entidades locales, que necesitan un apoyo. Ustedes se comprometieron en el punto 125 a realizar ahorros administrativos en este sentido y a eliminar duplicidades administrativas. Le comentaba al secretario de Estado de Administraciones Territoriales ayer el caso de un funcionario de la Diputación de Valencia que estuvo diez años sin trabajar. Además, ahora la Fiscalía dice que no cometió ningún delito y archiva la investigación, con el argumento de que el señor Carlos Recio avisó a sus superiores de que carecía de puesto físico. Con estas cosas los ciudadanos ven que no estamos asignando bien los recursos y hace muchísimo daño a las instituciones, porque da motivaciones, da argumentos a los posicionamientos populistas, nacionalistas y secesionistas. Creo que las instituciones están cumpliendo una labor de servicio público y me gustaría que me comentara -para terminar, señora Navarro-, qué estamos haciendo realmente para que el ciudadano vea esos ahorros de unos 1000 millones aproximadamente de los que hablábamos. Por cierto, el PSOE ha presentado un presupuesto alternativo, que sabemos que no puede llevarse a cabo, y hablaba también de 2500 millones de ahorro. Le pregunto qué está haciendo el Gobierno -y termino- para cumplir ese punto 125 del pacto de investidura, porque necesitamos que esos recursos públicos lleguen a los servicios esenciales para los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia a la señora Navarro en esta Comisión de Presupuestos, en la que obviamente hablamos de presupuestos pero en la que también hacemos un recorrido histórico de los anteriores. Lo digo porque tantas veces se ha repetido en esta Comisión que se han cumplido los objetivos de déficit en 2017 como tantas veces voy a repetir yo que quien ha cumplido estos objetivos de déficit han sido las comunidades autónomas y las corporaciones locales y los que no han cumplido son los que elaboraron el presupuesto naranja-azul 2017, la Administración central y la Seguridad Social. Yo no tengo ganas de repetirlo, presidente, pero si hay portavoces que insisten en que se han cumplido los objetivos de déficit, se puede generar confusión. Los han cumplido los que no están aquí; los que están aquí no lo han hecho y no lo van a hacer en el año próximo.

Señora Navarro, quiero hacer una anotación previa. He escuchado a algún portavoz diciendo que si no se aprueban los presupuestos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no van a recibir los ingresos que están contemplados en los mismos. Si no estoy confundido, los ingresos que están contemplados en estos presupuestos son fruto del sistema de financiación local y autonómico que hay vigente en estos momentos. Nos gustaría que nos aclarara si, en caso de que no haya presupuestos, no van a cumplir con el sistema de financiación de las corporaciones locales y las comunidades autónomas que hay vigente porque yo entiendo que este sistema se tiene que aplicar de forma automática, independientemente de que no haya presupuestos.

Entrando en los sistemas de financiación, no le voy a reprochar una vez más que nos presentamos con unos nuevos presupuestos sin sistema de financiación local ni sistema de financiación autonómico nuevo. En cuanto al sistema de financiación autonómico, el secretario de Estado de Hacienda me ha recordado en su anterior intervención: Señor Bel, que el Tribunal Constitucional ha dicho que no es obligatoria la revisión cada cinco años del sistema de financiación local. Estamos de acuerdo, el problema no es jurídico, el problema es político porque, más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, el ministro Montoro y el presidente Rajoy, tanto en esta Cámara como en el Senado, llevan tres o cuatro años consecutivos diciendo que este va a ser el año del nuevo sistema de financiación local y del nuevo sistema de financiación autonómico. Por lo tanto, no le reprocho una cuestión jurídica porque nosotros, cuando no estamos de acuerdo, acudimos a los tribunales. En todo caso, este no es un problema, como tantos de los que hay en estos momentos en el Estado español, de carácter jurídico, es un problema político y políticamente el presidente del Gobierno y el ministro se comprometieron a que existiría este nuevo sistema de financiación autonómico. Y no me diga -ya se lo avanzo yo y se lo he dicho al secretario de Estado y ayer también en diferentes comparecientes-, porque lo sé, que el Gobierno catalán no envió ningún experto a la comisión de expertos, pero eso no inhabilita a este grupo parlamentario a poder aportar o no, de poder debatir el nuevo sistema de financiación autonómica. Sucede lo mismo con los presupuestos, si no nos los presentan, difícilmente podemos aportar o enmendar y, por tanto, alguien

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tendrá que poner encima de la mesa un proyecto de financiación autonómica, y no se parapeten en los presidentes autonómicos, no se parapeten en el Partido Socialista, no se parapeten en los catalanes; no, presente un proyecto y lo vamos a discutir.

En cuanto al tema de la financiación local, le pido la misma clemencia que estoy pidiendo a otros comparecientes. Vigilen el nuevo sistema de financiación local, vigílenlo porque intuyo que con este mantra que se va repitiendo de que la Administración local tiene un superávit estructural, el sistema de financiación local va a ir a peor en general para los ayuntamientos y para las corporaciones locales en lugar de mejorar. Por tanto, vamos a estar muy atentos a este respecto; lo reclamamos porque entendemos que es necesario, pero también entendemos que es necesario el cumplimiento de otros compromisos no jurídicos, sino políticos; hablo del compromiso político adquirido por el ministro Montoro en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local de hace tres años respecto de la revisión de la aplicación de la regla del gasto para las corporaciones locales. No estoy pidiendo suprimir la regla de gasto, porque nosotros apoyamos en su momento la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero entendemos que la interpretación que está efectuando la IGAE sobre la regla de gasto en la Administración local debe ser revisada. Este era el compromiso y se constituyó un grupo de trabajo con la FEMP, pero no se está avanzando y van pasando ejercicios presupuestarios tras ejercicios presupuestarios.

También nos gustaría que nos aclarase algo respecto a la disposición adicional, creo que la 136, sobre la posibilidad de la reestructuración de la deuda. ¿Qué objetivos tiene esta disposición adicional? ¿Es complementario a la reforma del sistema de financiación autonómica? ¿Es un intento de adelantar por la izquierda o por la derecha a alguna otra formación política? ¿Es un incentivo a la negociación o al acuerdo? ¿ Qué objetivos tiene? Es verdad -creo que lo ha dicho algún otro portavoz- que a los del tinte naranja no les va a gustar, pero estos presupuestos van a habilitar cumplir con las obligaciones que adquirió el Gobierno en relación al cupo vasco. Ustedes se rompen las vestiduras y lo llaman cuponazo en un momento procesal, pero en otro momento procesal hablan de cuponazo, miran hacia otro lado y van votando con la otra mano. Hay que ser claros.

No sé si hay que discutir aquí, en todo caso, en 2017 y respecto de un presupuesto que no controla esta Cámara, que es el presupuesto de la Generalitat de Catalunya sobre si se pagó o no se pagó un euro público para elaborar el referéndum. En todo caso eso se tendrá que dirimir y pedirse explicaciones en otra Cámara, en el Parlament de Catalunya, una cámara que a algunos no les gusta utilizar aunque teóricamente tienen mayoría suficiente para poder utilizarla. En todo caso, como he dicho en reiteradas ocasiones al portavoz del partido Ciudadanos -aunque van cambiando, es verdad, pero con el mismo argumento-: si ustedes tienen una prueba y no se fían de la persona que invistieron, que es el presidente Rajoy, y no se fían del ministro que aprueba los presupuestos, que es el ministro Montoro, cuando dicen que no se gastó un euro público, como ellos manifiestan, si tienen una prueba, se la dan a ellos, la aportan a esta Cámara, se la llevan a la fiscalía y hagan lo que tengan que hacer, pero no vayan sembrando dudas sobre la palabra del presidente Rajoy, investido por Ciudadanos, y del ministro Montoro, al que se le van aprobando los presupuestos de forma reiterada. Seguro que el ministro Montoro les genera confianza en la gestión de los recursos públicos, porque si no, no se entendería que se aprobaran los presupuestos.

Voy a aludir una cuestión adicional, aunque no es un tema estrictamente de financiación, señora Navarro, pero en su comparecencia el señor Fernández de Moya nos avanzó que en el impuesto de sociedades se recogía la incorporación o la posibilidad de que los contribuyentes, las entidades pudieran marcar una casilla para asignar el 0,7 % de la cuota del impuesto sobre sociedades a fines sociales y cuando yo le pregunté si este 0,7% iba a ser gestionado por las comunidades autónomas, me dijo que no porque este era un impuesto de titularidad estatal en el que las comunidades autónomas no participaban. No es un tema de financiación, pero, como ustedes saben, hubo diferentes sentencias, la última la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero, que establecen claramente que no le corresponde al Ministerio de Sanidad la convocatoria -voy terminando, señor presidente- de estas subvenciones porque esto es una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Esto se corrigió pero, por lo que me ha explicado el secretario de Estado, parece que en este caso el impuesto sobre sociedades no se pretende corregir. Yo pido que lo valoren, que lo reflexionen, que lo estudien previamente, porque si esto termina otra vez en el Tribunal Constitucional y vuelve a haber una sentencia favorable a la Generalitat de Catalunya, habrá que cumplirlas, no con tanto retraso como la referente al 0,7 % del IRPF, pero se habría de cumplir.

En todo caso, muchas gracias y le deseo mucha suerte, a ver si este es el año definitivo en la gestión de la reforma del sistema de financiación autonómico y el sistema de financiación de las corporaciones locales.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Ya por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenida, señora Navarro, a esta Comisión de Presupuestos, donde se están produciendo estos días las comparecencias de los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para dar cuenta de las previsiones que contiene el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en lo que a sus departamentos se refiere, una ley que yo llamaría la ley azul de los Presupuestos Generales del Estado de 2018; como azules fueron los Presupuestos Generales del Estado precedentes que acompañaron el intenso esfuerzo que han hecho los españoles durante estos años de durísima crisis para salir con rapidez de esa durísima crisis agravada por políticas equivocadas; como azules fueron también los Presupuestos Generales del Estado de los años precedentes que han devuelto a nuestro país al crecimiento y a la generación de empleo, 500 000 empleos cada año, con el objetivo de alcanzar veinte millones de ocupados en nuestro país en 2020; como azules y reformistas están siendo los presupuestos de 2018 y como azul y reformista está siendo esta legislatura en la que estamos. Es una reforma la Ley de Autónomos aprobada en esta legislatura, con medidas reformistas que afectan a multitud de autónomos en nuestro país, que se ha aprobado en esta legislatura con el acuerdo de todos ustedes; la Ley de Contratos del Sector Público es una reforma que afecta de manera transversal y trascendente a nuestra actividad económica, ley que hemos aprobado en esta legislatura con el apoyo de todos ustedes; es reforma también el pacto del Gobierno con los agentes sociales para bajar la tasa de interinaje en nuestras administraciones públicas; es una reforma también el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos permite flexibilizar la regla de gasto para las entidades locales. Las entidades locales, en el uso de su autonomía, se reúnen en la Federación Española de Municipios y Provincias, y cuando esta acuerda con el ministerio y con el Gobierno de Rajoy esta trascendental flexibilización de la regla de gasto para este ejercicio, yo entiendo que la inmensa mayoría de las entidades locales están de acuerdo con la flexibilización de la regla de gasto en este ejercicio.

En definitiva, señorías, una legislatura azul de reformas y de acuerdos en que, si me permiten -por que soy el portavoz en esta comparecencia del grupo mayoritario-, me dejarán decir -porque ustedes normalmente afirman lo contrario- que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, es el ministro que más veces ha puesto de acuerdo a más gente en esta legislatura, y eso hay que destacarlo, señorías, de vez en cuando. (Aplausos). Es una especial legislatura azul de reformas y acuerdos, y en esta teoría de los colores que inauguró el señor Bel el otro día (Risas) yo he de trasladarles -ustedes lo saben- que el azul es un color primario. Esto tiene suma importancia porque esto nos da mucha autonomía e independencia de criterio al Partido Popular en la defensa de los intereses de los españoles. Es importante que el azul sea un color primario porque ya saben ustedes que el naranja viene de la mezcla del amarillo y el rojo. En ese caso, oyendo sus intervenciones de estos días, me lo haría mirar.

Tendrán que votar a favor de estos Presupuestos Generales del Estado para 2018 por dos motivos. En primer lugar, porque ya van a votar indirectamente a favor a través de la mezcla de colores y, en segundo lugar, porque yo me he cansado de oír en todas sus intervenciones durante estos días que han pedido a los responsables ministeriales: esto que usted está diciendo es muy bueno, hágalo igualmente aunque no se aprueben los presupuestos. Tengan el coraje de dar un paso adelante y si todo lo que están exponiendo los responsables ministeriales es tan bueno y ustedes quieren que se adopte igualmente, aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Me dejarán entrar en materia de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales para trasladar unas breves consideraciones al hilo de la presencia aquí de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local. En primer lugar, yo ya entiendo que cada uno tiene que decir: yo riego mi planta; los ayuntamientos, nosotros, tal; las comunidades autónomas, nosotros, tal; el Estado, nosotros, tal. Pero alguien tiene que ocuparse del conjunto del jardín, y es obligación del Gobierno de España y del Gobierno del Partido Popular en este caso que nos ocupemos del conjunto del jardín. Yo diría más. Cualquier partido que quiera ser partido de Gobierno debería ocuparse del conjunto del jardín y señalar que en estos años ha tenido también un papel crucial en el superávit de las entidades locales, claro que sí -nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, nuestros miles de concejales-, pero también ha tenido algo que ver que el Gobierno de España asumiera su decisión y adoptara decisiones dándole la vuelta al calcetín contable de las entidades locales en un ejercicio, porque se adoptaron las decisiones de financiación a través de los mecanismos de financiación a proveedores, porque se adoptaron normas tributarias en materia de

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entidades locales trascendentes para dar la vuelta como un calcetín y pasar de déficit a superávit. Algo habrá contribuido en eso. Yo no lo voy a destacar porque es obligación del Gobierno de España que se ocupe de eso, del conjunto del jardín, pero déjenme, si no destacar, apuntarlo.

Hace unos días incluso Fedea hacía un análisis de la financiación y del saldo presupuestario, por ejemplo, en materia de comunidades autónomas 2013-2017. Es algo que conviene que no olvidemos porque es verdad que el sistema de financiación de comunidades autónomas va con dos años de retraso, pero se ajusta al ciclo o lo intenta, porque aquello fue lo que intentaron, no usted, señor Bel, porque era de Convergència, pero el resto, los catalanes que gobernaban en aquel momento y el Gobierno socialista. Ponía de manifiesto Fedea en ese análisis 2013-2017 -digo- que se habían producidos medidas atípicas que hay que tener en cuenta para evaluar el saldo presupuestario de nuestras comunidades autónomas, de tal manera que las medidas de financiación adicional adoptadas por el Gobierno de España tienen un impacto de medio punto en el déficit de comunidades autónomas, de tal forma que -explica el informe- en vez de estar en el 0,3 estarían en el 0,85. Por tanto, en algo contribuye que haya un Gobierno, el Gobierno de la nación, el Gobierno del país, que se ocupe del conjunto del jardín.

Por lo que respecta a la flexibilización de la regla de gasto, descartado el hecho de que haya que derogar la regla de gasto, con algunos grupos políticos coincidimos en que lo que hemos de hacer es flexibilizarla; la hemos flexibilizado durante estos años, hace nada la volvimos a flexibilizar, y el Gobierno sigue negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias la concreción exacta para perfilar los términos concretos de la regla de gasto. Igualmente, señorías, ayer el responsable de Airef señalaba que la regla de gasto no había operado una restricción tan, tan catastrófica, como señalan algunos portavoces parlamentarios, en las finanzas municipales, lo que les permitía gastar la regla de gasto era entre un punto y un punto y medio superior a lo que se había gastado. Es verdad que dirán que esto es un promedio y que habrá que atender a los casos puntuales donde sí que se ha producido restricción, pero analicemos la cuestión de la regla de gasto en toda su extensión. El señor Mena decía que se le aplicara la europea, pero ayer el señor de la Airef dijo que es más flexible la regla de gasto que aplicamos en nuestro país que la europea. Igualmente, se nos dice: ¡Oiga!, a mí déjenme autonomía total, no me impongan requisitos para acceder a determinadas cosas...

El señor PRESIDENTE: Señor Marí Bosó, vaya concluyendo, por favor.

El señor MARÍ BOSÓ: Voy concluyendo, señor presidente.

No me impongan requisitos, como por ejemplo las tasas de reposición. Nuevamente, permítanme hacer la reflexión: si volvemos a la fiesta tendremos un problema, señorías. Hemos de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, no por cumplir con nadie sino por cumplir con nosotros mismos. Nos ha ido bien cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria en el conjunto, cada uno aportando lo mejor de sí mismo.

Quisiera que la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, como se lo han pedido también otros portavoces, profundizara un poco en la disposición relativa a la reestructuración, que no quita, de deuda de comunidades autónomas y en esos mecanismos diversos de tasas de reposición para las entidades locales, donde creo que se flexibiliza un poco.

Todo ello configura, señorías, un presupuesto azul que sigue pendiente no solo ya de sostener nuestras administraciones territoriales, que es importante, sino de sostener los servicios públicos que el conjunto de las administraciones prestan a nuestros ciudadanos en nuestro país, y no solo de sostenerlos sino de ampliarlos y mejorarlos como hacemos en los presupuestos generales de 2018.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí Bosó. (La señora Blanquer Alcaraz pide la palabra).

Sí.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Una cuestión. No voy a abrir debate, simplemente quiero dirigirme a la secretaria general para ver si es posible que nos explique también qué impacto económico va a tener para los contribuyentes la disposición final decimoctava referente a la modificación de la Ley del catastro y plazos. No lo ha preguntado ninguno de los grupos y me parece que es importante que nos lo pudiera explicar.

Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro Heras, secretaria general de Financiación Autonómica y Local.

La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Muchas gracias.

No sé de qué tiempo dispongo. Intentaré ser breve.

El señor PRESIDENTE: Unos veinticinco minutos.

La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Bien.

Muchas gracias por sus intervenciones. Trataré de dar respuesta de manera resumida a todas ellas, centrándome en lo que son las competencias del departamento. No obstante, si alguna, por motivos de tiempo, no pudiera responderla, me la hacen llegar por escrito y daré respuesta.

Los Presupuestos Generales del Estado para este año 2018 se presentan, como ya han dicho los anteriores comparecientes, en un contexto económico muy positivo y con una favorable evolución del mercado de trabajo. Pretenden que se consolide este crecimiento y garantizar que los beneficios lleguen a todos los niveles de la Administración y también a todos los ciudadanos. Este es un contexto en el que nos encontramos con una tasa de crecimiento en 2017 del 3,1 %. Por tercer año consecutivo incrementos superiores al 3 %, muy por encima de la media de la zona euro y de las principales economías europeas. Pues bien, lo que no tenemos que olvidar es la necesidad de continuar en la senda de contención fiscal que tan buenos resultados nos ha dado. Como saben, para 2018 los presupuestos contemplan que el déficit conjunto de las administraciones públicas se sitúe en el 2,2 %, cumpliendo con el objetivo de estabilidad. La Ley de presupuestos, además, refleja el compromiso del Gobierno desde el año 2012 de garantizar la sostenibilidad de nuestras administraciones, las cuales continúan, como ya ha quedado aquí puesto de manifiesto, realizando un esfuerzo destacable por continuar con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sin menoscabar los servicios públicos fundamentales. Debemos recordar que las administraciones territoriales, por su cercanía y proximidad a los ciudadanos, son las que se encargan de sostener básicamente el Estado social y esos servicios. Pues bien, fruto de la política económica del Gobierno, de los buenos resultados, podemos decir que las cifras, ya por todos conocidas, que se recogen en la ley de presupuestos para 2018 -como secretaria general me toca recordarlas- prevén un incremento de financiación de las administraciones territoriales de 4248 millones de euros. Hay que decir que nos encontramos en cifras de máximos de la serie histórica, con un total para el año 2018 para comunidades autónomas de 105 020 millones de euros, casi 4000 millones de euros más que en 2017, que significa un 4 % más; y para entidades locales, 18 230, un 1,4 % más que en el 2017. Esta cifra, además, se encuentra por encima de la cifra del año 2009. Señora Blanquer, si acaso nos pasa esa información, le daremos respuesta para cotejar el dato al que usted se refería anteriormente.

En cuánto a cuál ha sido la evolución de la cifra de financiación de las comunidades autónomas, si nos remontamos al año 2011 podemos decir que el incremento de financiación de este año, tanto para comunidades autónomas como para entidades locales, ha superado el 20 % de incremento de recursos de financiación. En el caso de las comunidades autónomas son más de 20 000 millones. Todos estos recursos adicionales que llegarán a manos de las administraciones territoriales irán destinados a reforzar el Estado del bienestar y la prestación de los servicios públicos fundamentales, en concreto educación, sanidad, servicios sociales o como puede ser la dependencia. Como saben, la dotación en presupuestos de la financiación de la Administración de las comunidades autónomas representa, en el total de sus ingresos, en torno a un 80 %, mientras que en el caso de las entidades locales esta dotación es de en torno al 20 %, porque gran parte de sus recursos proceden de los tributos locales, que son tributos de regulación estatal pero de recaudación local.

Uno de ellos es una pieza clave, el impuesto sobre bienes inmuebles, al que la señora Blanquer ha referido una pregunta en cuanto a lo que se contempla dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y también le hacía la pregunta el señor De la Torre al secretario de Estado. La Ley de presupuestos no supone un cambio en la determinación del valor catastral. Los valores catastrales en el impuesto sobre bienes inmuebles se van a seguir determinando, como se hacía hasta ahora, mediante ponencias. Esas ponencias determinan el valor de los inmuebles en el momento de la valoración, que es el valor de mercado y a ese valor de mercado, con la normativa que tenemos actualmente -no se modifica, repito- se le aplica un 50 %. Por decirlo de alguna manera, si todas las casas de España valieran 100, su valor catastral

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sería 50, pero el valor de mercado sería 100. No obstante, el catastro, como recibe información de notarios y registradores con carácter anual de todas las transmisiones que se realizan en España, tiene una fuente de información y puede determinar cuál es el valor de mercado de los inmuebles con carácter anual. Este es un valor de referencia que puede ser muy útil a otros efectos, como por ejemplo para otros impuestos, como puede ser el impuesto de transmisiones o para determinación de renta en sucesiones. Como saben, nuestra Ley General Tributaria prevé la posibilidad de que los ciudadanos soliciten información previa a la transmisión de inmuebles -creo que está en el artículo noventa y algo de la Ley General Tributaria- y para ello, para poder tener un valor administrativo que suministrar, se recoge dentro de la Ley del catastro la previsión de que, dentro de las características del inmueble, se recoja también el valor de referencia como valor administrativo; es decir, el valor que conoce el catastro como valor de mercado anual. El valor catastral es algo distinto y su determinación no varía. El impuesto sobre bienes inmuebles, por tanto, se determinará con el valor catastral, siendo la autonomía municipal la que determina el tipo impositivo, entre el 0,4 y el 1,1. En ese sentido, no hay variación alguna, es por razones de seguridad jurídica.

Hecha esta aclaración, podemos continuar diciendo que, una vez analizadas estas cifras de financiación, gracias a la financiación que hemos visto, la evolución y la financiación que se ha recogido en el caso de los entidades locales, como ya se ha repetido en esta sala, han alcanzado en este año 2017 un superávit del 0,59 % del PIB total de 6812 millones de euros. La situación era bastante distinta en el año 2011 en el que el déficit fue del 0,79 %, con un total de déficit de menos 8506 millones de euros. Este cambio no ha sido fruto de la casualidad. Desde luego, aquí ha habido un gran esfuerzo por parte de las corporaciones locales que ha coadyuvado, cuando no ha venido determinado e impulsado por esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y por estas reglas fiscales de obligado cumplimiento. Además de ello, han sido varias las medidas que ha adoptado el Gobierno para procurar una mayor fuente de ingresos a las arcas municipales. Comentaré, entre otras, hablando del impuesto sobre bienes inmuebles, el procedimiento de regularización catastral, un procedimiento de lucha contra el fraude, que tan buenos resultados ha tenido y que ha supuesto una revisión de todos los valores, de todas las situaciones de los inmuebles en España sin subidas de valores catastrales.

Pues bien, como viene siendo habitual en años anteriores y como saben, desde el año 2014 se prevé la posibilidad de que las entidades locales puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles sin que estas cantidades que se destinan a estas inversiones computen en la regla de gasto. Su aplicación anual requiere una habilitación legal, habilitación que como saben ya ha sido comentada, que se ha realizado por el Real Decreto-ley 1/2018, en la que no solamente se prorroga esta posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles, sino que, además, se ha posibilitado una ampliación del ámbito objetivo, el catálogo de inversiones a las que se podrá destinar este superávit. En cuanto al superávit, efectivamente, como dice la señora Blanquer, en el año último cerrado, la cifra de inversiones realizadas podría decir que de cada 4 euros 1 de los posibles se ha destinado a inversiones financieramente sostenibles no porque haya una restricción, sino porque igual no se ha podido utilizar todo el potencial. Esperamos y confiamos que ello sea posible con el catálogo de inversiones que ya existían y el nuevo de las que se añade.

Al mismo tiempo podemos decir que también este año y por vez primera se recoge una previsión en los presupuestos del Estado para que aquellas comunidades autónomas que hayan cerrado el ejercicio 2017 con superávit puedan destinar ese importe a la recepción de inversiones que no generen un gasto corriente futuro que pueda comprometer sus cuentas, que les permitan terminar el año sin incrementar su déficit y que supongan una mejora del crecimiento económico.

Las cifras, como ya se ha comentado también, del total del subsector de la Administración autonómica es un cumplimiento del objetivo del déficit cerrado a 2017 en menos 0,32. Son ya once las comunidades autónomas que han cumplido el objetivo de déficit y, de esas, cuatro comunidades autónomas tienen superávit. Pues bien, esta disposición que se incluye en la Ley de Presupuestos permitirá que se destine este superávit a la realización de esas inversiones financieramente sostenibles. Pero he de decir que la Ley de Presupuestos no solamente contempla la dotación para los recursos del sistema de financiación autonómica y local que, como ya se ha comentado aquí, son cifras que resultan del sistema de financiación autonómica y local vigente conforme a la normativa actual. Tengo que decir que todas esas cifras se derivan de una aplicación estricta de la ley en la que no hay ningún grado de discrecionalidad. Es una norma que está vigente, sin tacha de ilegalidad y revalidada por los tribunales de justicia. El sistema de financiación que fue acordado en Consejo de Política Fiscal y Financiera de Comunidades Autónomas y del Consejo Nacional de Administración Local en el caso de la Administración local y en tanto en cuanto esté en vigor se recogen. Y, como ya he dicho, en las cifras del incremento de la recaudación nos encontramos unas cifras de máximos históricos.

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Otra de las piezas que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado, además de los recursos del sistema, son las dotaciones para los mecanismos de liquidez. Como saben, el paquete de mecanismos de liquidez el Gobierno lo introdujo en el año 2012 por un criterio de necesidad porque nos encontrábamos en unos momentos de grave crisis económica en la que se produjo una brusca caída de ingresos, una imposibilidad de constreñir el gasto y una situación en la que las administraciones no podían acudir al mercado, lo tenían vetado o el acceso era en unas condiciones financieras prácticamente inasumibles. Esto provocó que comunidades autónomas y entidades locales tuvieran un gran volumen de acumulación de deudas a proveedores, un efecto muy negativo para la economía real con su incidencia en el empleo y en el tejido empresarial, afectando a unos servicios públicos que son los más apreciados por la sociedad.

Inicialmente fue el Plan de pago a proveedores, a continuación para las comunidades autónomas el Fondo de Liquidez Autonómica que se completa con el Fondo de Impulso Económico y en el ámbito local Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso. Ambos están pensados para dotar de liquidez a las administraciones que no pueden hacerlo en esas condiciones a mercado. Como saben, el total de financiación que se ha puesto a disposición de ambos, de comunidades autónomas y entidades locales, desde 2012 asciende a casi 222 000 millones de euros, de los cuales 207 000 aproximadamente son para comunidades autónomas y 14 000 para entidades locales. Por lo que respecta al año 2018, la asignación que se prevé, esto es a solicitud de comunidades autónomas y entidades locales, asciende a 18 300 millones para comunidades autónomas y a 1000 millones para las entidades locales.

Por lo que respecta a estas entidades locales, si bien es cierto que hemos hablado de que es un subsector que está en superávit, el Gobierno es sensible, como ha dicho el secretario de Estado, y ha apostado por el municipalismo, por las situaciones de aquellos municipios que se encuentran en una situación financiera delicada y cuyo número es relevante, aunque su porcentaje sea menor, y a los que ha procurado y procura dar una mayor dotación a estos préstamos, de manera que tengan un mayor acceso. Así, a título de ejemplo, el año pasado se amplió el plazo de estos préstamos del Estado con entidades locales, las que estuvieran en riesgo financiero en tres años, y se permitió excepcionalmente que las deudas a corto se financiaran a largo o se permitió financiar con el Fondo de Ordenación, las deudas con acreedores públicos, Agencia Tributaria y Seguridad Social, permitiendo de esa manera que pudieran acceder a las subvenciones. De toda esa cifra que hemos dado, podemos decir que casi el 50 % de la dotación de los mecanismos de liquidez ha ido destinada al pago a proveedores, a financiar deudas con proveedores y, de ellas, tres cuartas partes destinadas a sanidad, educación y servicios sociales.

La otra cara de la moneda de estos mecanismos son los ahorros que llevan aparejados, puesto que, como hemos dicho, se financia en unas condiciones mucho más favorables frente a las que podrían haberlo hecho estas administraciones en mercado que incluso a veces las tenían vetadas. En los años que llevamos, desde el año del 2012 al año 2017, podemos cifrar estos ahorros en casi 28 482 millones de euros y, si contamos los préstamos que ya se han concedido en este primer y segundo trimestre del año 2018, ascienden a casi 6000 millones más.

Como los préstamos actualmente tienen una vida de diez años, si consideramos el total de la vida de todos los préstamos, esta cifra pasaría de esos 28 482 a casi 52 000 millones. Sumados a los ahorros de entidades locales, serían otros 1000 millones más aproximadamente, un total de 53 000 millones de euros. Desde luego, que son unas cifras que merece la pena resaltar. El acceso a estos mecanismos de financiación voluntarios, de adhesión voluntaria por parte de las comunidades autónomas y entidades locales, llevan aparejado el cumplimiento de unas condiciones fiscales y unas condiciones financieras. Estas condiciones fiscales y financieras han tenido fruto en los buenos resultados que se van viendo y uno de ellos, a título de ejemplo, y hablando de los proveedores, es cómo ha bajado el periodo medio de pago. Tomando como referencia la última cifra de finales del año pasado o enero de este año, tanto comunidades autónomas como entidades locales tienen un periodo de pago por debajo de los treinta días. Respecto a las comunidades autónomas, el dato de enero es que están por debajo de los diecisiete días y en cuanto a las entidades locales, y aquí voy a hacer una matización, son cuarenta y cuatro días, pero si descontamos el 10 % de entidades que tienen un periodo de pago muy dilato, también están en torno a los quince o diecisiete días. No sé cómo voy de tiempo, pero podríamos decir que esta es una gran apuesta.

En materia de deuda, han hecho mención a la explicación de la disposición centésima trigésima sexta, que tiene este nombre tan largo. Hablando de mecanismos de financiación y de mecanismos de liquidez, quiero decir que los elementos que hicieron necesaria la creación de los mecanismos de liquidez, que fueron la dificultad financiera y esta carencia de liquidez, han mejorado hoy en día muy sustancialmente, como ya hemos visto, por la mejora del crecimiento económico y la mejora de la calificación crediticia no

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solamente del Reino de España, sino de algunas comunidades autónomas, como recientemente hemos tenido conocimiento. Prueba de ello es el interés que han manifestado algunas comunidades autónomas para volverse a financiar en los mercados financieros, sin perjuicio de que haya todavía comunidades que necesiten financiarse, aunque sea de manera transitoria, a través de los mecanismos. Pues bien, este interés manifestado por las comunidades autónomas y su capacidad de volver a los mercados es una buena noticia. Esta buena noticia, junto al momento actual en el que nos encontramos de debate y propuesta de iniciativas que propicia esta presentación de los presupuestos, hace que sea una buena oportunidad para tratar cuál es el futuro de estos mecanismos y cuál es la sostenibilidad del endeudamiento en general. Las mejores perspectivas de crecimiento que se mantienen en el tiempo y la mejora de los saldos fiscales favorecen una senda de sostenibilidad financiera de la deuda que debe completarse con una política eficaz en este sentido. Es por ello que en el proyecto de ley de presupuestos se abre la puerta a aprobar incentivos a las administraciones territoriales; ahora bien, previo informe, como dice la propia disposición, del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el caso de las comunidades autónomas o de la Comisión Nacional de la Administración Local en el caso de las entidades locales. Para ello, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los objetivos específicos asignados. ¿Con qué fin? Con el fin de que los menores recursos como consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso con carácter general al Estado puedan tener un menor impacto sobre su ratio de deuda. Es por ello que se autoriza al Gobierno a aprobar medidas que puedan favorecer la sostenibilidad de las comunidades autónomas y de las entidades locales, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos fiscales y que permitan que la ratio de deuda siga una senda de reducción compatible con las exigencias en esta materia de la Unión Europea.

Por lo que respecta a la reforma del sistema de financiación autonómica y local -al que también se ha hecho mención-, efectivamente fue la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado la que estableció que se iba a proceder a la reforma de ambos sistemas. En ambos casos se previó la existencia de una comisión de expertos que tendría que preparar un informe en un plazo de seis meses. Ambas comisiones se crearon, se constituyeron, se reunieron y realizaron sus trabajos, que culminaron en los informes que se presentaron el 26 de julio de 2017.

Por lo que respecta a las comunidades autónomas, como también se ha comentado aquí, desde noviembre del año pasado se ha reunido el Comité Técnico Permanente de Evaluación, que es el órgano al que según la ley le corresponde hacer la evaluación del actual sistema y, en su caso, proponer modificaciones y elaborar propuestas. Ha tenido reuniones quincenales en las que, basándose en el informe de la comisión de expertos, ha analizado todos los puntos por bloques, ha hecho una valoración y ha realizado propuestas. Una vez que se ha terminado de hacer una revisión completa de todo el informe, nos encontramos ahora en una fase en la que corresponde elaborar el informe conjunto del Comité Técnico Permanente de Evaluación, que esperamos que pueda estar terminado a lo largo de este mes o a principios del que viene, para su discusión dentro del mismo comité. Este será el que se eleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su discusión y propuesta del modelo que tendrá que ser tramitado en las Cortes.

Por lo que respecta al sistema de financiación local, dentro de las cuestiones que planteaba la comisión de expertos que contemplaban el análisis de aspectos financieros, presupuestarios y tributarios, han sido dos cuestiones las que se han abordado previamente: por un lado, la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional y, por otro, la ampliación del ámbito de las inversiones financieramente sostenibles como vía para flexibilizar la regla de gasto. Ambas cuestiones se han hecho de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias con cuya opinión se ha contado tanto para realizar una valoración de la ampliación de las inversiones financieramente sostenibles como en relación con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

No sé si tengo tiempo para hacer una mención a alguna cuestión adicional que me han preguntado.

El señor PRESIDENTE: Una cuestión adicional. Le rogaría que fuese breve, señora secretaria.

La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Sí, seré muy breve.

Antes de concluir, quiero hacer una mención en relación con la consideración de los pagos que se han hecho a Cataluña. Por recapitular sobre cómo funciona el Fondo de Liquidez Autonómica y cómo se realizan los pagos, el Fondo de Liquidez Autonómica tiene básicamente dos tramos, que son el pago de

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vencimientos de deudas y el pago a proveedores en función del déficit previsto asignado como objetivo a la comunidad. Así, el dinero que se da a las comunidades autónomas adheridas al FLA -entre ellas, Cataluña- va directamente al pago de estos vencimientos de deuda -con certificado de que se ha producido ese pago de vencimiento de deuda- y, en el caso del pago a proveedores, se abre una plataforma en la que la comunidad autónoma carga las facturas y el pago se hace directamente a los proveedores. Este sistema de carga de facturas y pago directo de las mismas es el que también se ha habilitado para el pago por cuenta de la comunidad con el dinero de las entregas a cuenta de Cataluña desde el 15 de septiembre. Desde ese punto de vista se puede decir que no ha habido dinero que no haya sido destinado tanto por los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica como del control de pagos de las entregas a cuenta al pago de una factura de proveedores. Tengo que decir que este tema está siendo objeto de estudio por parte de los tribunales y de los órganos jurisdiccionales por si considerasen que se ha desviado algún dinero que no corresponda a lo que he comentado, o bien que el pago de facturas que está certificado por interventores realmente no correspondiera a tal fin.

Para concluir mi intervención solamente quiero hacer un resumen final recordando la conveniencia de continuar con el cumplimiento de las reglas fiscales. Como vemos, la situación macroeconómica de nuestro país y de nuestras administraciones es mucho más favorable que hace años y, como ya hemos recordado, esto no es fruto de la casualidad, sino que es fruto del esfuerzo que se ha hecho entre todos, y debemos seguir profundizando en esta consolidación fiscal y financiera. La firmeza en la consolidación fiscal y este compromiso, unido a las medidas de rigor presupuestario, han dado credibilidad a nuestra economía y sientan las bases para un crecimiento robusto y sostenido a medio y largo plazo que, en última instancia, es la verdadera garantía de la sostenibilidad de nuestras finanzas y del mantenimiento y la mejora de los servicios públicos fundamentales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Le agradezco su comparecencia, señora Navarro.

En unos minutos, para concluir la mañana, tendremos la comparecencia del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, don Jaime Ponce. (Pausa.-El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la Presidencia).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (PONCE HUERTA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001512); SOCIALISTA (número de expediente 212/001276) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001543).

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Señorías, continuamos con la comparecencia del señor presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el señor Ponce Huerta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Ponce, bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Para nosotros siempre es un placer que usted esté entre nosotros. Voy a ir al grano porque su comparecencia es importante para esta Comisión ya que queremos conocer cuál es el efecto para 2018 del rescate financiero y cuál es la repercusión sobre las finanzas públicas de la estabilidad o inestabilidad del sistema financiero. Es muy relevante su presencia aquí.

La primera pregunta se la puede imaginar, ¿cuánto le ha costado al contribuyente en el año 2017 el rescate financiero? Iré un poco más allá, ¿cuánto le ha costado al contribuyente la desaparición del Banco Popular y los DTA que el Banco Santander ha activado? ¿En cuánto ha minorado el impuesto de sociedades por los DTA en el año 2017 el Banco Santander? Nosotros tenemos alguna información, la que nos dice la contabilidad nacional: son 470 millones de euros el déficit como consecuencia de las ayudas financieras. Eso lo dice la contabilidad nacional a través de la IGAE. Nos gustaría una valoración cuantitativa y cualitativa sobre estas cuestiones en el año 2017 e, insisto, también sobre los DTA activados por el Banco Santander y su minoración en el impuesto de sociedades. ¿Qué va a suceder en el año 2018 que tenga un impacto en las finanzas públicas? La cuestión que me preocupa y que le traslado es la siguiente. La activación por parte del Banco Santander de los DTA tanto en el año 2017 como lo que pueda producirse en el año 2018 -creo que esos DTA pueden llegar hasta 2000 millones de euros-, ¿no tiene un efecto llamada sobre los DTA pendientes y un impacto a corto plazo en las finanzas públicas

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españolas? No estamos hablando de cantidades pequeñas, 500 millones de euros minorando el impuesto de sociedades del año 2017 son 500 millones de euros. Tengo que recordar que las ayudas a las familias, de acuerdo con el Gobierno, para el presupuesto de 2018 son 1000 millones de euros. En fin, estamos hablando de cantidades muy respetables.

Sigo con las preguntas que quería hacerle. ¿Qué le parece el plan de negocio de la Sareb? ¿Cómo valora usted el plan de negocio de la Sareb? ¿Por qué es importante el plan de negocio de la Sareb? Porque en el fondo aquí es donde nos la estamos jugando en cuanto a que nos cueste el rescate financiero una cantidad u otra. Nos gustaría que nos valorara cómo siguen ese plan de negocio, la gobernanza por parte del FROB de ese plan de negocio. Y en esa dirección -ya se lo pregunté al presidente de la Sareb-, ¿el FROB está evaluando desde el punto de vista de su repercusión en las finanzas públicas ese plan de negocio, es decir, el FROB ha pensado en que alguna institución pública evalúe los pasivos contingentes de la Sareb? Creo que el FROB debería hacer esto, señor Ponce, y se lo digo con todo el respeto que le tenemos a usted y a su gestión. Además de la solvencia y de la gobernanza de la Sareb, creo que el FROB debería también evaluar cuánto de contingente negativo puede caernos a los contribuyentes españoles. La pregunta reiterada, que creo que ya le hicimos el año pasado, es si ha actualizado el coste del derivado que contrató la Sareb para cubrir un riesgo "al contrario", entre comillas.

La última pregunta que queríamos hacerle es sobre los EPA pendientes. ¿Cuál es la gobernanza por parte del FROB de esos EPA pendientes, es decir, la auditoría, el control, el riesgo que tenemos los españoles en esos EPA pendientes? Porque algunos EPA pendientes -corríjame usted- están fuera de España, con fondos no precisamente españoles. Nos gustaría que nos hablara de la gobernanza de esos EPA y los riesgos para el contribuyente, según usted, de esos EPA.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Montero.

El señor MONTERO SOLER: Presidente, muchas gracias.

Bienvenido, señor Ponce, una vez más. Seré también muy breve, dadas las horas que son, el retraso acumulado y la valía de su tiempo.

En primer lugar, el proceso de desinversión de Bankia. Ya sabe usted que no estamos de acuerdo, sabe que preferiríamos que fuera una banca pública, sabe que se están produciendo pérdidas en el proceso de desinversión y que es el gran activo que queda por liquidar y, en función de eso, se estimará finalmente el coste total del rescate bancario en este país. ¿Puede informarnos acerca del proceso de desinversión? ¿Cuál es la senda que se sigue teniendo en cuenta que entramos casi en el segundo año de la prórroga del real decreto para la desinversión? Por cierto, que no es obligatoria desde Europa sino que fue una imposición del propio Gobierno español.

En segundo lugar -porque usted de alguna manera es parte implicada en el proceso-, el proceso de reestructuración bancaria ha dado lugar a un proceso de desmantelamiento de la estructura de entidades y de sucursales con graves expresiones de exclusión financiera, no solo territorial sino también en términos de muchas personas que se ven excluidas del sistema bancario y financiero por sus niveles de renta. Le pedimos una valoración del mismo, sobre todo después del proceso de mayor concentración que se ha producido como consecuencia de la resolución del Popular.

Yendo ya directamente al presupuesto, en su partida aparece un resultado financiero neto negativo de casi 120 millones de euros, un 50 % más que en los presupuestos generales de 2017. Me gustaría que nos dijera a qué se debe este incremento de las pérdidas financieras y si hay un plan para revertir esto también sería interesante conocerlo.

En segundo lugar, el balance de situación señala modificaciones significativas. En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 aparecía una partida de capital del fondo que ascendía a 1309 millones y una previsión de cierre para 2017 de 1385 millones. En los presupuestos de 2018 aparece un importe negativo de menos 500 millones de euros. ¿A qué se debe este incremento del capital del FROB no contemplado en los presupuestos de 2017 y que sí aparece en los de 2018? ¿Cómo se traduce esto en términos de aportación del Estado al FROB?

En tercer lugar, en ese balance de situación también aparece una reducción del activo no corriente, de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo que pasa de los 11 648 millones de euros de los presupuestos de 2017 a los 1379 de los de 2018, así como un incremento del activo corriente casi

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del mismo monto. ¿A qué se debe esa modificación contable que se ha producido, qué activos se han cambiado de sitio y por qué motivo?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Montero.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Ponce, muchas gracias por su comparecencia. Dadas las horas, intentaré también ser lo más breve posible. Respecto al posible impacto presupuestario de la gestión del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a mi grupo parlamentario le interesan fundamentalmente tres cuestiones. En primer término, el Banco Popular. El Banco Popular se asignó por un euro, o en realidad por menos 2000 millones de euros, pero luego hemos conocido por el informe de Deloitte que las pérdidas eran superiores a las que decía, lo cual supuso la activación, en nuestra opinión, de lo que podría llegar a ser el total de los activos fiscales diferidos.

Anteriormente, en 2017, el Banco Popular solicitó la devolución de cerca de 400 millones de euros, devolución que, por las noticias que tenemos, se le concedió. En consecuencia, le preguntaría si está de acuerdo con las afirmaciones en esta misma casa del gobernador del Banco de España de que en realidad el Banco Popular no les ha costado ni un solo euro a los contribuyentes y que solamente ha acelerado esta devolución. En principio parece que se podrían solicitar 1600 millones de euros adicionales. A este respecto, informo a los demás portavoces de la Comisión, como ya hice esta mañana pero algunos no estaban, de que nosotros vamos a enmendar los Presupuestos Generales del Estado de tal forma que la Inspección de Hacienda pueda comprobar esta devolución. Esta devolución se produce en función de las pérdidas contables y las pérdidas contables no se pueden revisar por parte de la Inspección de Hacienda. A nosotros nos parece que devoluciones de 400 o de 1600 millones de euros se tendrían que poder comprobar porque puede haber discrepancias respecto a estas pérdidas; de hecho, es que nos encontramos ante pérdidas contables secretas. Aquí compareció la semana pasada el gobernador del Banco de España y dijo que no podía dar ni una sola cifra respecto a la operación del Popular que ustedes ejecutaron. Me gustaría que nos dijera si usted también está sometido a este secreto que impide a los representantes de la soberanía española y a los contribuyentes que representamos saber qué ha pasado ahí, por qué el Banco Popular se quedó sin liquidez y finalmente acabaron ejecutando ustedes esta operación por orden de las autoridades europeas. Creemos que, conforme a un principio de rendición de cuentas democrático, y dado que esto ha tenido costes y los va a tener para el contribuyente español, deberían explicarnos qué ha pasado, aunque no fuese más que por mejorar el procedimiento en el futuro y minorar costes. Esto en cuanto al Banco Popular.

En segundo término, y dada la situación de cotización de Bankia, el Congreso de los Diputados, mediante la convalidación del decreto-ley, les dio un plazo mayor y les autorizó a posponer -vía real decreto- la privatización del resto de Bankia. Nosotros, como grupo parlamentario, consideramos que se tiene que maximizar el retorno a los contribuyentes o, dicho de otra manera, que habría que minimizar el coste del rescate bancario intentando recuperar la mayor parte del dinero de Bankia. En estas condiciones y, como digo, dada la situación de cotización, ¿se han planteado aplazar la venta de los demás paquetes en la privatización de Bankia? Por otra parte -y le pregunto como accionista dominical-, ¿hay algo de cierto en las noticias que han aparecido de una eventual fusión entre el BBVA y Bankia? En nuestra opinión, se debería activar este retraso en la privatización porque la obligación fundamental de los gestores públicos y del Gobierno debería ser minimizar el coste del rescate bancario y, por tanto, vender las acciones todo lo caras que sea posible.

En tercer lugar, le quiero preguntar por la Sareb, por su plan de negocio y por el famoso derivado. La Sareb he mejorado su beneficio operativo, lo cual es una buena noticia, pero sigue habiendo un problema grave con las pérdidas financieras que está teniendo, derivadas en buena medida de este -válgame la redundancia- derivado o swap que se constituyó en su momento. En nuestra opinión, más que como una operación de cobertura habría que calificarla como una operación especulativa que ha tenido un grave coste para la propia Sareb, lo cual puede acabar generando pérdidas para el contribuyente. En este sentido, le hago solamente dos preguntas. Pese a esto que ha ocurrido y pese al hecho de sentido común de que en el caso de la Sareb primero se ejecutan los créditos más fáciles, se venden las viviendas, los activos inmobiliarios más sencillos de vender y por último se acabarán vendiendo los más complicados, y teniendo en cuenta el grave sobrecoste financiero que ha asumido la Sareb, ¿siguen considerando viable el plan y

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que no vamos a tener que perder más recursos públicos? ¿No ven riesgo de que en algún momento la Sareb pase al perímetro del Estado, es decir, que el Estado tenga que suscribir una ampliación de capital a través de ustedes, que son el FROB? Por otra parte, me gustaría preguntarles si siguen confiando en la gestión de los actuales gestores de la Sareb. Agradeciendo la comparecencia, termino aquí.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señor De la Torre.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Voy a ser muy breve. Quiero agradecer al presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -FROB- su presencia hoy aquí.

Solo le haré una pregunta. En el presupuesto del fondo -creo que lo ha dicho algún otro portavoz- hay una previsión de pérdidas superior de forma significativa a la de ejercicios anteriores, aunque obviamente los gastos financieros van a ser inferiores. Nos gustaría que nos pudiese aclarar a qué responde esta previsión.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.

El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor Ponce, a esta Comisión de Presupuestos.

Como han dicho mis compañeros, y dado el retraso que llevamos, yo voy a hacerle preguntas de manera muy concreta y, si no puede respondérmelas en este momento, acepto claramente que lo haga por escrito.

Me sumo a la pregunta sobre las pérdidas que registra el presupuesto del FROB, por eso también quisiera saber qué explica esa elevación de las pérdidas. En los gastos de personal destaca que no hay ninguna variación. ¿No tiene el FROB ninguna necesidad de incrementar plantillas? Los ingresos financieros descienden de 64 millones a 655 000 euros. ¿Qué justifica este descenso? En los gastos financieros se estima una variación negativa del 20 %. ¿Cuál es el origen de esta reducción? Queremos destacar un dato que hay en el capítulo de endeudamiento, un incremento del 48 % de su deuda a largo plazo, y nos gustaría saber las razones que justifican este incremento. Todas estas preguntas se refieren al presupuesto que ha presentado para el año 2018.

Ahora paso a hacer preguntas sobre la actividad del FROB en el ejercicio de 2018 y las primeras van dirigidas directamente al capítulo de Bankia. ¿Tiene previsto modificar el horizonte de finalización de la desinversión de Bankia, que está situado en diciembre de 2019? Hasta la fecha se han llevado a cabo desinversiones en febrero de 2014 y en febrero de 2017 y todo observador ve que estamos ante unas desinversiones excesivamente lentas; por lo tanto, ¿cree que vamos a cumplir dentro del periodo estimado del año 2020 la desinversión total de los activos en Bankia por parte del FROB? Le voy a hacer una pregunta por pura curiosidad. ¿Están actualizados los títulos de Bankia al valor actual después de que hayamos podido medir o examinar que se ha producido una caída en la cotización de las acciones aproximadamente del 10 %?

No tengo que señalarle que podría incorporarme a las preguntas sobre el Banco Popular que se han formulado, pero me interesa una: ¿Se ha recibido ya el segundo informe de la JUR? ¿Es cierto que ese informe es también de Deloitte?

Hay un tema muy interesante en toda la actividad del FROB y a mi grupo le gustaría saber cuál es el control que lleva a cabo el FROB sobre los esquemas de protección de activos. ¿Tenemos algunas conclusiones o incluso predicciones de por dónde van a poder terminar los esquemas de protección de activos? Porque es una medida de cobertura que puede ser muy dañina en caso de que tengamos algún descarrilamiento.

¿Qué nos puede decir en esta comparecencia de los 57 informes forenses relativos a las operaciones irregulares que detectaron ustedes en el proceso de reestructuración bancaria? ¿Qué previsión tiene el FROB para la puesta en marcha del esquema europeo de garantías de depósito?

Debo reconocer que ha habido un denominador común en todos los comparecientes, que es la alta preocupación que tenemos con el funcionamiento de la Sareb. Mi grupo quiere hacer suyas las preguntas que se han formulado no solo sobre el plan de negocios sino también respecto a si, dado el ritmo y la marcha que tiene la Sareb, no habría que tomar algunas decisiones de carácter orgánico.

Muchas gracias, señor presidente.

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El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Aguirre.

Para contestar a las diferentes cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos, tiene la palabra el señor Ponce.

El señor PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Ponce Huerta): Muchas gracias, señor presidente.

Buenos tardes, señorías. Trataré de abreviar en la respuesta dada la acumulación que llevan ustedes de comparecencias y de horas. Recontaba el número de preguntas y, aunque sus intervenciones no son muy largas, sí acumulan muchas cuestiones. Sumo 35 preguntas, entre las cuales habrá algún solapamiento, pero probablemente tome la cortesía de trasladarle por escrito las más técnicas, si me dejara alguna, como señalaba el señor Aguirre.

Comienzo según el orden de sus intervenciones y respondo por tanto a las preguntas planteadas por el señor Saura. Empiezo por la que me hacía sobre los efectos de la actividad del FROB y el seguimiento del plan de reestructuración sobre las cuentas públicas en 2017 y las previsiones de lo que puede suceder en 2018. En relación con 2017, algunos de ustedes han hecho mención a un dato que ya era público -la Intervención General del Estado lo hacía público-: 475 millones de impacto en déficit por la actividad del FROB en el año 2017. Por desgranar un poco esta información, esto es actividad del FROB, pero también de nuestra participada BFA -matriz de Bankia-, que es el cien por cien del FROB. Por aportar algo de conocimiento a esa cifra, el impacto directo del FROB serían unos 200 millones: 100 millones de margen financiero negativo acumulado en 2017 más 100 millones de euros derivados de las liquidaciones de garantías que hemos venido concediendo durante estos años. Esto sumaría 200 millones y los 274 millones adicionales proceden de BFA, que tiene dos impactos significativos. Uno, muy importante, negativo, es el de los pagos derivados de las contingencias legales a las que el Grupo BFA-Bankia ha tenido que hacer frente durante los últimos años. Recuerden las indemnizaciones y sentencias desfavorables por mala comercialización de híbridos, participaciones preferentes y la salida a Bolsa. Eso ha supuesto un impacto negativo en BFA de 500 millones que fue compensado por el dividendo percibido el año pasado por BFA que, si recuerdan, fue de 211 millones. Ese es el conjunto de las cifras que hay detrás de la actividad del FROB y su impacto en 2017 en el déficit público que, como ustedes decían, era de 475 millones de euros.

¿Cuáles son nuestras mejores estimaciones? Ahora pasamos a otra variable, que es nuestra mejor estimación de cuál podría ser el impacto de estas mismas hipótesis y variables en este ejercicio corriente 2018. Nuestra mejor estimación es que esa cifra sería para este año ligeramente inferior. Nuestro cálculo gira alrededor de unos 300 o 325 millones de euros de potencial impacto en déficit este año de la actividad del FROB y BFA. ¿De dónde procederían? En la misma línea, FROB, en los presupuestos que ustedes acaban de comentar incluye ya un margen financiero negativo de 120 millones de euros y nuestras previsiones de utilización de garantías, de desembolsos por garantías concedidas son 225 millones. Eso suma 360 millones cuyo impacto en el déficit se verían minorado por un efecto, en este caso positivo, de BFA. Nuestra estimación es que a lo largo de este ejercicio BFA tenga un impacto positivo en cuentas públicas de 35 millones de euros. Se mantienen los gastos de pago de sentencias desfavorables por híbridos en 185 millones, pero el dividendo a percibir es de 200 millones de euros en 2018. Esta es la mejor estimación de las variables que redundarían o derivarían en un potencial impacto de nuestra actividad este año en las cuentas públicas de unos 325 millones de euros.

Una pregunta recurrente que planteaba inicialmente el señor Saura y a la que se sumaban otros portavoces era sobre los DTA. Sobre DTA he de decir algo que ya he compartido en alguna otra Comisión con sus señorías. Es cierto que tienen un impacto en el perímetro de la contabilidad nacional, lógicamente, pero es una regulación que no es novedosa ni deriva de la intervención del Banco Popular. Por tanto, en el espectro de competencias del FROB, en el ámbito de la intervención que se hace de una entidad inviable y que finalmente se vende a otro adquirente, que en este caso es el Santander, nada altera ese régimen. Es cierto -lo planteaba el señor De la Torre- que han aparecido pérdidas contables de una manera más acelerada de la que a lo mejor inicialmente alguien podría presuponer, no tengo capacidad para valorar eso, pero el marco legal, el entorno jurídico sobre el que se sostiene la regulación de los DTA y su impacto en la contabilidad nacional -como ustedes saben, los DTA son monetizables y por tanto suponen un impacto para las cuentas públicas- no ha sido en absoluto alterado. Me gustaría, como siempre, darles la máxima información, pero nosotros desde FROB no tenemos información directa hoy sobre el Banco Popular y el uso de sus DTA. Entendemos que había DTA en su balance, que la cifra

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de 2000 millones de potenciales DTA monetizables que ha surgido por ahí es una cifra que nos suena razonable, pero el uso anual, la activación de esos DTA por pérdidas contables es algo sobre lo que no tenemos competencia alguna y sería osado que les hiciera algún cómputo del impacto que eso ha tenido ni vaya a tener porque serán las autoridades fiscales y probablemente los supervisores los que puedan tener información hoy del balance del Banco Popular. Francamente, no les puedo aportar más información al respecto.

En relación con Sareb y su plan de negocio, cómo lo valoramos, que ha sido una pregunta muy recurrente por parte de todos los portavoces, además del señor Saura, probablemente voy a acumular aquí todas mis valoraciones al respecto. Como saben, hay un conjunto de autoridades públicas con competencias en relación con Sareb. El foco central del FROB es el ejercicio de sus derechos como accionista. FROB inyectó en torno a 2100 millones de euros en capital y deuda subordinada y, por tanto, ejercemos los derechos derivados de esa inversión y también tratamos de maximizar la capacidad de recuperación de esa inversión. Adicionalmente, hay otros órganos con competencias a los que me referiré más adelante. Desde nuestra perspectiva, el consejo de administración valora ese plan de negocio y nos parece que es la previsión más adecuada, más ajustada, con muchas limitaciones e incertidumbres, pero es la mejor estimación de la potencial evolución futura de Sareb. Quiero destacar -y permítanme que comience por esto- la enorme dificultad de un plan de negocio como el de Sareb a diez años, porque ese plan de negocio pivota fundamentalmente sobre dos variables económicas o macroeconómicas sometidas a muchísima incertidumbre, como son la evolución de los costes financieros y la evolución del mercado inmobiliario. Alguna vez les he comentado que si miramos diez años atrás dónde estaban los costes financieros de nuestro país, de las empresas, y dónde estaba el mercado inmobiliario y dónde esta hoy, nos da la visión de la prudencia que tenemos que tener para estimar dónde va a estar en 2027 o en los próximos años. Por tanto, debemos ser prudentes en las estimaciones de ese plan de negocio. En todo caso, ese plan de negocio alcanza un grado de cierta fiabilidad basada en los estudios, análisis e hipótesis de la compañía, en su propia acumulación de experiencia y en los análisis de expertos independientes que estiman las curvas de evolución de los tipos de interés en los distintos escenarios de evolución del mercado inmobiliario y, por tanto, debemos considerarlo como nuestra mejor aproximación. El último plan de negocio lo que señala es que la compañía será capaz de generar ingresos suficientes para acometer el pago completo de toda la deuda avalada por el Estado. Obviamente, el FROB, ya lo he dicho, representa el capital, pero para nosotros es meridianamente mollar y singular en el ejercicio de nuestras funciones analizar la capacidad de repago de la deuda sénior avalada por el Estado. El plan de negocio también estima una cierta recuperabilidad sobre las inversiones originales, de las cuales el FROB representa el 45 %; una recuperabilidad que ha disminuido en relación con los ejercicios anteriores, porque Sareb emplea cada vez hipótesis más ajustadas y más conservadoras. A día de hoy, ese es el plan de negocio de Sareb. Nos parece que se ha hecho un esfuerzo razonable de prudencia y de ajuste a las estimaciones más sensatas y más serias y, por tanto, lo utilizamos como parámetro contable para el FROB y como parámetro de seguimiento. Después, el FROB lo que trata de hacer es pedir un reporte continuado a todos los órganos de gestión de Sareb de cómo se va ejecutando a lo largo del ejercicio 2018 -que es el primer año de ese plan de negocio-, cómo va ajustándose a las previsiones. Eso es lo relevante, cómo los gestores extraen el máximo valor de la compañía.

Ha preguntado el señor Saura si evaluamos la posibilidad de que una institución pública valore los pasivos contingentes, esa parte de deuda avalada por el Tesoro español. Debo decirle que para que una institución pública pueda hacer una revisión de esos pasivos, debería partir en su base legal de la consideración de Sareb como institución integrada en el sector público, de lo contrario es difícil. Como saben, hoy es una sociedad anónima sometida a la Ley de Sociedades de Capital y tiene el régimen de supervisión, control o seguimiento propio de las sociedades privadas, en el sentido de auditoría externa, seguimiento de la CNMV en la medida en que emite valores cotizados en el mercado y, además, tiene un nivel de vigilancia reforzado por la norma. Ese es el que hoy opera y parece suficiente. ¿Cómo opera ese nivel de vigilancia adicional de Sareb, en la medida en que es un instrumento de resolución sobre el que existe un interés público indubitado? Opera en tres niveles. Primero, la supervisión del Banco de España, responsable de la supervisión e inspección de Sareb. Segundo, tiene un nivel de reporting público de rendición de cuentas públicas reforzado, con un informe semestral que hace público y un informe anual de un experto independiente que valora ese mismo plan de negocio del que acabamos de hablar. Tercero, que me parece relevante, hay una comisión pública de seguimiento, comisión presidida por el Tesoro en la que participan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, lógicamente, Banco de

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España, CNMV y un observador del Banco Central Europeo. Esa comisión de seguimiento tiene como mandato analizar las potenciales desviaciones sobre el plan de negocio, el cumplimiento del objeto social, así como la evolución de la amortización de la deuda avalada por la compañía. Ese es el esquema previsto hoy en el marco legal que opera en Sareb y que, salvo un cambio sustantivo en el mismo, es el régimen de seguimiento, de vigilancia pública que debe aplicarse.

Sobre el swap me ha preguntado el señor Saura y el señor De la Torre se ha unido a las reflexiones sobre este instrumento de cobertura y el impacto que ha podido tener. Decía el señor De la Torre acertadamente que Sareb ha presentado un resultado operativo positivo, tiene un Ebitda positivo de 85 millones en el ejercicio 2017, que después se ha visto afectado enormemente por unos gastos financieros muy elevados. Eso trae causa, en una parte sustantiva, de la imposibilidad de aprovechar una curva de tipos de interés menor. Esos son hechos objetivos y fácticos, no hay mucho más que decir. Si el swap no estuviera, habría una mayor capacidad de aprovechamiento de un entorno de tipos de interés más favorables. Dicho esto, la racionalidad de aquella decisión puedo entenderla, se basaba en que un plan de negocio de una compañía sometida, como he dicho, a dos incertidumbres enormes, como son la evolución del mercado inmobiliario y la evolución del coste financiero, trata de reducir el riesgo de una parte, que era la derivada de una estructura extraordinariamente apalancada en deuda, avalada por el Tesoro, pero a tipo de interés variable. La decisión de la compañía en ese momento es reducir ese riesgo de tipo variable, olvidarse en una parte de la evolución financiera de la compañía y centrar la gestión en el mandato fundamental de una sociedad de gestión de activos, que es la desinversión periodificada y progresiva en el tiempo de los activos inmobiliarios, aislando a la compañía de la evolución de los tipos de interés. Esa es la racionalidad que yo defiendo, es una lógica que me parece sensata y que, después, ha tenido una evolución financiera no favorable, pero ha cumplido su objetivo exactamente en los términos en los que se planteó, aislarse de la evolución de los tipos de interés. En todo caso, en esto hay que ser prudente -hago muchas llamadas a la prudencia-. El impacto final del swap, incluso en términos económicos, hay que valorarlo cuando venza, en 2023, aún quedan cinco años. Es evidente el efecto que ha tenido hasta el momento y la valoración actual -por la que creo que me preguntaba el señor Saura- es de unos 2000 millones negativos en liquidación de esa posición. La evolución a largo plazo habrá que verla dentro de cinco años, pero el objetivo de aislar a la compañía de la evolución de los tipos de interés variable se logró. Probablemente vuelva a hablar sobre Sareb, pero voy a seguir el orden de las preguntas del señor Saura.

Tanto el señor Saura como el señor Aguirre, y no sé si algún otro portavoz, me han preguntado sobre los EPA pendientes. Quiero aclarar que FROB solo tiene un EPA vivo, los demás los tiene el Fondo de Garantía de Depósitos, el órgano responsable, el órgano que los concedió y, por tanto, también el órgano que hace frente a la pérdida esperada derivada. Solo tenemos el EPA concedido a CaixaBank por la venta del Banco de Valencia. Ese EPA, ese esquema de protección de activos, tiene hoy en día una estimación de pérdida esperada de unos 500 millones de euros. Tenemos una pérdida máxima, por decirlo todo, de 1100 millones de euros. Cubrimos una cartera de 1600. La pérdida esperada por los servicios técnicos del FROB después de las consideraciones que hace la propia entidad y los auditores externos se acercaría a los 500 millones. Ese EPA estará vigente hasta 2022 e irá suponiendo devengos e impactos en déficit público, como he señalado inicialmente, en función de que se vaya al reconocimiento de la activación fáctica de las liquidaciones derivadas de ese esquema de protección de activo que este mismo año se activan. Nuestra mejor consideración de esos 500 millones de euros es que están siendo relativamente estables durante los últimos años. Recuerden que es un EPA un poco singular, fundamentalmente de crédito pyme porque Banco de Valencia cede sus activos a Sareb -la otra parte del problema está en Sareb, de la que acabo de hablar, que son los activos inmobiliarios- y es crédito fundamentalmente pyme. La estabilización de esa pérdida esperada en los últimos años es bastante elevada y a día de hoy -de nuevo, con una llamada a la prudencia, porque puede haber desviaciones que ahora mismo no seamos capaces de prever- no deberíamos desviarnos mucho. Por lo que se refiere a la gobernanza de SEPA, es a través de unos comités internos en FROB que autorizan las operaciones más relevantes, fundados en análisis técnicos del riesgo derivado. Hay además una auditoría externa del funcionamiento del protocolo de la EPA y consideramos que la gobernanza es la apropiada para la responsabilidad que exige el control adecuado de estos fondos públicos.

Paso a las preguntas del señor Montero. En relación con la desinversión de Bankia, pedía información sobre la senda. Como conocen sus señorías -lo hilaré con alguna de las preguntas relacionadas con la posible ampliación o no del plazo y nuestra valoración sobre si es conveniente dicha ampliación-, en FROB, en relación con la estrategia de desinversión -como nosotros la llamamos- lo que decidimos

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después de la culminación de la integración de Bankia y BMN, nuestras dos entidades de crédito participadas, fue la activación de un sistema de seguimiento continuado del mercado para hacer bloques de desinversión en paralelo a lo que han hecho casi todos nuestros colegas internacionales. Derivado de ese análisis de la situación del mercado, del interés, de la demanda, de la valoración de nuestras expectativas de maximización de la recuperación de ayudas, realizamos una desinversión el pasado 11 de diciembre por un 7 % de la compañía, en torno a 800 millones de euros. Desde entonces, aquí mantenemos la misma senda, es decir, seguimiento continuado del mercado, análisis de la correcta valoración de la compañía y de nuestras expectativas de maximización. Es importante señalar que a estos efectos no hay ninguna decisión tomada, aunque a veces los medios de comunicación señalan con una concreción sorprendente cualquier decisión. Lo que hay es un razonable seguimiento habitual del mercado con una maquinaria engrasada para aprovechar oportunidades si se dan. Pero al mismo tiempo, nuestra valoración es que en el plazo legal, que es hasta finales de 2019, nuestro propósito no puede ser otro que el cumplimiento de un mandato legal; nuestra aspiración es cumplir ese mandato legal; ahora bien, la norma también prevé -como señalaban algunos portavoces- la posibilidad de que el Gobierno lo extienda. Por tanto, ese es un elemento que también consideramos y lo que facilita es que la aproximación del FROB en esta estrategia no tenga ninguna necesidad de precipitación, por decirlo de algún modo, no existe ninguna ansiedad por realizar las desinversiones si las condiciones del mercado no son las adecuadas. Si las condiciones del mercado son las adecuadas, estamos preparados para aprovechar las oportunidades. Ese es el equilibrio completamente sincero de la situación en la que el FROB hace el análisis de la mejor estrategia de desinversión: cumplimiento del plazo, pero voluntad evidente, como cualquier otro inversor, de maximizar la recuperación de su inversión.

Preguntaba el señor Montero también sobre un problema de exclusión financiera derivado de los procesos de concentración que traen causa a su vez de la actividad de reestructuración. Creo que este es un asunto que tiene dos variables, una económica y otra regulatoria. En cuanto a la regulatoria, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia valora si una concentración supera los límites de cuotas de mercado y de presencia en determinadas regiones, y no tengo mucho más que añadir. Pero tomando el fondo de su cuestión, entiendo que hablamos de los potenciales problemas de reducción de capilaridad del sector financiero español en zonas rurales, en zonas más deshabitadas. La información que yo tengo al respecto es que partíamos de una posición tan favorable en relación con el resto de Europa que seguimos estando por encima de la media en la presencia de sucursales en municipios. Creo que el porcentaje de población española que no tiene sucursal de ninguna compañía bancaria en su municipio es muy bajo. No recuerdo los datos ahora mismo, los podríamos buscar y compartir con su señoría, pero creo que seguimos en una posición favorable porque el punto de partida era positivo. Es verdad que aquí hay elementos relacionados con la concentración que juegan en contra, pero hay elementos favorables como las aplicaciones tecnológicas y el uso de las tecnologías. Creo que es una cuestión que merece la reflexión y el seguimiento por las autoridades, aunque de momento no estamos, por la información que yo tengo, en una situación de alarma o verdaderamente peor que la media de nuestros colegas europeos.

En cuanto a las pérdidas financieras en el presupuesto, por las que preguntaba el señor Montero, nuestra parte financiera es también bastante estable. Como saben, nosotros tenemos un préstamo con el Tesoro que a su vez deriva del préstamo con el ESM que se incluyó dentro del programa de asistencia financiera. Ese coste financiero es en torno al 1,1 % por una parte viva de nuestro préstamo con el Tesoro de unos 10 500 millones de euros. Esos gastos financieros son más o menos estables salvo cuando se produce en algún momento, como el año pasado, una capitalización del préstamo. Es decir, el préstamo se convierte en patrimonio del FROB y, por tanto, se reduce nuestro coste financiero. Por lo demás, esos 10 500 millones de préstamo se mantendrán estables a ese coste aproximado del 1,1 %. Lo que ha ocurrido este año es que hemos reducido la partida de ingresos financieros. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, en el año 2017 algunos de los tenedores de nuestras obligaciones convertibles, fundamentalmente IberCaja y Caja España, devolvieron los famosos "cocos", que tenían una retribución bastante favorable, bastante positiva para los presupuestos y para los ingresos financieros del FROB. En todo caso, su amortización anticipada de lo que eran en definitiva ayudas públicas fue positiva, pero en el efecto presupuestario lo que al final se produce es una reducción en la partida de ingresos financieros. Además, lógicamente, FROB no es ajeno a las dificultades de gestión de la tesorería del FROB, en torno a 1200 millones, en un entorno de bajos tipos de interés que también dificulta los retornos y los rendimientos de esa gestión de tesorería.

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Hay algunas preguntas más específicas del señor Montero sobre modificaciones en partidas de activos, que no sería ahora mismo capaz de concretar exactamente. Ha planteado una duda sobre si se había alterado de algún modo la aportación de los Presupuestos Generales del Estado al FROB o si detrás de esto había algo de modificación de la aportación de los Presupuestos Generales del Estado al FROB. Es importante clarificar que FROB no tiene dotación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado. FROB se financia en su actividad ordinaria por una tasa a la industria, que son 17 millones anuales; con ellos financiamos nuestros costes ordinarios de explotación; está calculada como un 2,5 % de las contribuciones que hacen a los fondos de resolución. Digamos que es una estructura de financiación por la propia industria de sus costes administrativos muy similar a la de nuestros colegas europeos del Single Resolution Board, de la Junta Única de Resolución. Por lo que se refiere a algunos movimientos más concretos de activos, estaré encantando de trasladarle información más específica por escrito.

El señor De la Torre preguntaba por el Banco Popular, los DTA. Me preguntaba de una manera muy directa -y no quiero dejar de contestarle- si estoy de acuerdo con que el Popular no ha costado ni un euro. Creo que el Popular no ha costado ni un euro en los términos propios de la resolución. No se ha activado. Eso es objetivo. No se ha activado ni siquiera el Fondo Único de Resolución ni, desde luego, dinero de los contribuyentes, que es una obviedad que usted conoce muy bien. Pocas semanas después sí vimos una intervención de un Estado movilizando dinero de los contribuyentes. Es a eso a lo que nos referimos y esa es la experiencia que en la piel del FROB sigue muy presente: 2012, la movilización de 5000 millones dos semanas después por nuestros colegas italianos en capital más 12 000 millones de garantía. Nosotros también lo tenemos en nuestro balance, esos son los números de los que he hablado antes. Pero la realidad es que no. Ha habido una resolución muy diferente, por fortuna, para los ciudadanos españoles y para los Presupuestos Generales del Estado. Sí existe un impacto en cuentas públicas derivado por los DTA. Creo que sí. Es obvio. ¿Ese impacto deriva necesariamente de la resolución del Banco Popular? Creo que no, porque el marco legal estaba ahí. Donde entiendo que puede haber algo de fundamento de su planteamiento es si la aparición de pérdidas contables se ha acelerado en ese momento, pero tengo poca información al respecto como le he señalado antes.

Me decía también que estoy sometido al deber del secreto, pero también le manifiesto -usted lo planteaba- el máximo respeto por la soberanía popular a la que hacía usted mención en relación con los problemas de liquidez que llevaron al Banco Popular a su inviabilidad y, por tanto, a su resolución. Francamente, lo que ocurre desde la inviabilidad hasta su venta al Banco Santander es algo que está dentro del perímetro de competencias del FROB y de la Junta Única de Resolución, bajo cuyo mandato actuamos. Las causas por las que se llega a ese momento de inviabilidad están dentro del perímetro de los supervisores: Banco Central Europeo y el propio Banco de España dentro del Mecanismo Único de Supervisión. Es decir, la inviabilidad fue declarada en términos estrictos por razones de liquidez. Las pérdidas contables de las que usted hablaba antes derivan de que había otras dificultades probablemente en el Banco Popular, que pueden ser causa de esa evolución de las pérdidas contables. No tengo información al respecto; lo que es obvio es que la activación del Mecanismo Único de Resolución es detonado por el Banco Central Europeo, fundamentado en una razón de liquidez, que, además, fue respaldada por los propios gestores de la compañía, que manifestaron su incapacidad para abrir el banco dándole continuidad a sus funciones operativas críticas, dando continuidad a su clientela al día siguiente. En ese momento tan crítico y además tan precipitado y expeditivo, fue cuando actuó la Junta Única de Resolución y creo que, francamente -teniendo en cuenta la enorme dificultad que ocasionó la asunción de pérdidas por muchos minoristas-, en el cumplimiento del interés público por el que trabajan las autoridades de resolución.

En cuanto a Bankia y a si la ley autorizaba a posponer, si valoramos el retraso, ya le he dicho cuál es nuestro plan. Creo que quedan dos años, probablemente es prematuro valorar si es necesaria una ampliación. No obstante, tenemos en cuenta la existencia de esa cláusula que permitiría al Gobierno la ampliación. Evidentemente, como he señalado antes, la metemos en nuestros elementos de juicio para adoptar decisiones, teniendo en cuenta esa facultad que tiene el Gobierno, pero por el momento no valoramos una explicitación de la solicitud al Gobierno de un retraso o de una ampliación. En cuanto a la fusión de Bankia y BBVA, a mí no me consta, sería hablar de especulaciones. Quien creo que está más facultado para hablar a ese respecto son los propios gestores de la compañía de Bankia, en los que, evidentemente, tenemos una confianza completa y que han hablado muy claro al respecto. Desde luego, para FROB sería entrar en especulaciones y no nos consta absolutamente nada.

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En relación con la Sareb, ha habido algunas cuestiones adicionales a las que se ha sumado también el señor Aguirre. En relación con los riesgos de recapitalización y consolidación del sector público, nos basamos de nuevo en la mejor información que tenemos, que es el plan de negocio, que aceptamos que está sometido a muchas incertidumbres. Probablemente, el riesgo cero de activación de un aval no exista, pero la aproximación es correcta, es la adecuada y es la mejor aproximación que hace la compañía en su plan de negocio, sometido, ya digo, a incertidumbres y teniendo en cuenta que hay diferentes escenarios y con mucha sensibilidad para el movimiento de cualquiera de las variables o de las hipótesis relevantes. Hablaba sobre la confianza de los actuales gestores, y ahí sí quiero ser claro. Creo que Sareb es un instrumento de resolución tremendamente útil, lo ha sido desde el momento uno. Lo reconocen todas las autoridades internacionales, la propia Comisión Europea reconoce que las sociedades de gestión de activos al estilo de Sareb son útiles. Tiene una dificultad enorme, que es el precio de transferencia de unos activos inmobiliarios en un contexto de deterioro del mercado inmobiliario, pero desde ese momento mi apreciación es que Sareb se constituye como una sociedad operativa que empieza a tratar de extraer el máximo valor de esos activos de una manera muy rápida, lo que requiere un enorme reconocimiento a todos los gestores que han participado ahí. Mi convicción personal es que los gestores actuales hacen el mejor trabajo para buscar profesionalmente y con la máxima rectitud la extracción de valor de los activos, que a mi modo de ver es lo capital y, desde una perspectiva técnica de FROB, es lo que más nos preocupa: ¿Está haciendo la compañía lo máximo posible por buscar todas las vías de extracción de valor de los activos inmobiliarios deteriorados y de la deuda inmobiliaria que recibió? ¿Cómo de la manera más creativa o con mayor profesionalidad se puede extraer valor a esos activos? Es lo definitivo, para proteger el capital, para proteger el aval público y para el bueno funcionamiento y cumplimiento del objeto social. Eso es determinante; mi percepción es que los gestores están completamente alineados con esa voluntad y que hacen los mayores esfuerzos por alcanzar el objeto social. Algunas de esas cuestiones son conocidas; buscan todo tipo de canales, por ejemplo, las ventas minoristas. El año pasado Sareb vendió 19 000 inmuebles y ha reducido un 25 % de deuda, en torno a 22 500 millones de euros en estos años. Los canales de actuación son a través de ventas minoristas y también a través de canales mayoristas institucionales. Asimismo, se pusieron en marcha los planes de dinamización de la vivienda; a través de cooperación con los propios promotores tratar de extraer valor comercial en los activos y repagar deuda. Se están poniendo en marcha potenciales mecanismos de desarrollo inmobiliario de activos, suelo, inmuebles buenos de Sareb, que puedan generar retornos más elevados. Se ha buscado potenciar también sus activos en régimen de alquiler a través de una Socimi. Francamente, creo que están buscando las mejores fórmulas para extraer valor de unos activos que recibieron a un precio legalmente tasado por el Banco de España en unas condiciones específicas que fueron las de 2012, y el problema no desaparece en 2012, sino que está en el balance. Esos activos hay que gestionarlos y hay que extraerles el máximo valor. Mi confianza es completa en que los gestores lo están intentando por todos los medios.

Señor Bel, planteaba por qué hay un incremento de las pérdidas en el presupuesto. Creo que la principal causa es el asunto financiero que he planteado, es decir, hay una reducción de los ingresos financieros derivados de la amortización de "cocos" el año pasado y de algunas otras reducciones de ingresos por gestión de tesorería. Creo que ese es el elemento fundamental.

Termino contestando al señor Aguirre, aunque me daba la opción de responderle por escrito a algunas de sus preguntas; para no demorarles más, me centraré en algunas que considero más relevantes. La cuestión de Bankia y la previsión de cumplir el plazo creo que ya han quedado tratadas. Sobre si se ha recibido el informe de la Junta Única de Resolución de Deloitte, efectivamente, sí. Es Deloitte el que hará la valoración definitiva; la valoración 3 todavía no se ha recibido, pero la última información que hizo pública la señora Elke König, la presidenta, es que debe ser inminente, y en las próximas semanas el experto independiente debiera hacerla pública y entregar esa valoración definitiva.

En cuanto a la predicción de los EPA, ya le señalé que solo tenemos un EPA con una pérdida bastante estable esperada de 500 millones de euros. Por lo que se refiere a forensics y nuestras previsiones, hemos trasladado a la fiscalía 57 forensics en los últimos años, con un entorno de impacto económico de 3500 millones de euros. A partir de ahí son la fiscalía y las actuaciones judiciales las que tienen que llevar adelante, cuando esto sea lo que corresponda, esas causas. En cuanto a la preocupación por Sareb, que también me planteaba el señor Aguirre, creo que ya la he tratado.

Las demás cuestiones que, como las del señor Montero, son más específicas de algunas líneas presupuestarias, estaré encantado de trasladarles la información por escrito. Esto es todo.

Muchísimas gracias por su paciencia y por su interés.

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El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señor Ponce. Señorías, suspendemos la sesión hasta las cuatro, cuando reanudaremos las comparecencias.

Se suspende la sesión.

Eran las tres de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (PLATERO SANZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001509); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/001395 Y 212/001381); SOCIALISTA (números de expediente 212/001222 Y 212/001257) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001571).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Pilar Platero, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene la palabra para su exposición inicial.

La señora PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Platero Sanz): Muchas gracias, presidente.

Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Comparezco por segunda vez en esta Comisión, en esta ocasión para comentarles las principales cifras, los principales importes de los presupuestos para 2018, y también aprovecharé para hablar sobre los principales objetivos, qué es lo que pretendemos a través de estos presupuestos.

Creo que estos presupuestos dan una respuesta eficaz a los desafíos de nuestra industria, especialmente la del sector público. El actual perímetro de SEPI lo componen quince sociedades en las que tenemos una participación mayoritaria, dos sociedades que se encuentran ahora mismo en liquidación y nueve en las que nuestra participación es minoritaria. Asimismo, quería mencionar la Fundación SEPI, ya que constituye un referente de formación avanzada y ofrece oportunidades de empleo a nuestros jóvenes. El grupo empleará durante este año 2018 a 76 600 personas, dato que marca un poco la orientación de este presupuesto. El año pasado les decía que la plantilla de SEPI, de los trabajadores del grupo, estaba cercana a los 73 000 empleados, con lo cual se ve claramente que se produce un incremento de casi 4000 personas, lo que origina algo que hay que recalcar -en mi exposición voy a hablar mucho de empleo-, y es que estos 76 600 trabajadores realizan una actividad que a su vez genera empleo en la industria auxiliar y en el empleo indirecto, lo cual nos lleva a la muy relevante cifra de unos 250 000 empleos.

El Grupo SEPI supone el 2,8 % del empleo industrial. Tenemos que pensar que SEPI está en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, lo cual le facilita ser un factor de cohesión territorial y también de cohesión social. Genera actividad económica y, por tanto, crea empleo, pero lo que les quería subrayar sobre todo es que muchas de nuestras empresas crean empleo en aquellas áreas geográficas menos favorecidas desde el punto de vista económico.

En mi exposición del año pasado les trasladaba mi preocupación al haber asumido la responsabilidad de ponerme al frente del grupo, y era que yo encontraba que muchas veces de cara a los ciudadanos no se sabe qué es SEPI, por lo que detallé a grandes rasgos qué era lo que estábamos haciendo. Yo les quiero preguntar indirectamente si ustedes pasan algún día sin tener contacto con una empresa SEPI. Desde esta perspectiva es desde la que tenemos que hablar y pensar cuando nombramos a SEPI. Cuando recibimos una carta o un paquete, ahí está SEPI a través de Correos. Cuando leemos la prensa, accedemos a la actualidad, la Agencia EFE trabaja en proporcionarnos en el día a día qué es lo que está ocurriendo y pone en valor el español más allá de nuestras fronteras. En la preocupación que tenemos por el desarrollo sostenible del medio ambiente, o bien cuando se necesita apagar un incendio o afrontar una catástrofe, ahí tenemos a Tragsa, otra empresa del Grupo SEPI. O la seguridad que dan al entorno marítimo de nuestras costas los buques que, en muchas ocasiones, son construidos por Navantia. Cuando se facilita financiación a nuestros agricultores para cultivar sus diversos productos, esa labor la está haciendo la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, conocida como Saeca, y luego esos mismos productos -a la vez que otros productos frescos- son distribuidos en los grandes mercados, y ahí están las instalaciones de Mercasa. La financiación de proyectos empresariales que vienen a reactivar la

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economía de nuestro país, en especial en determinadas áreas, lo hace SEPI a través de una de nuestras empresas, como también se encarga -creo que esto es menos conocido- de gestionar el fondo para la autonomía y la ayuda a los dependientes, fondo que este año se dota con 5 millones. En cuanto a la Fundación SEPI, una de sus características es proporcionar empleo a los más jóvenes -en este caso a los recién titulados- a través del programa de becas de iniciación a la empresa. Y luego hay una labor compartida por muchas empresas del grupo, como es el mantenimiento y la difusión de nuestro patrimonio histórico-industrial, que creo que es lo más importante, porque se trata de la historia de nuestra industria y, por tanto, de la historia de España. Es una labor muy ejemplar que vienen realizando empresas como Unosa, Minas de Almadén, la Agencia EFE, Navantia, Correos y en la propia SEPI también hacemos esta labor. Podría seguir poniendo muchísimos ejemplos, aunque creo que ya son suficientes. Y yo ahora les diría: ¿no es verdad que todos los días tenemos contacto con SEPI a través de sus empresas? Creo que con estos ejemplos ha quedado clara la implicación de SEPI en la sociedad.

Les hablaba antes de historia, pero también en estos presupuestos que voy a pasar a continuación a describir estamos haciendo un gran esfuerzo en la modernización de SEPI y de las sociedades. Tenemos que estar respondiendo al reto que ahora mismo se está planteando en nuestra sociedad, siempre teniendo en cuenta esos objetivos que tenemos, que es procurar la rentabilidad económica, es decir, que se incrementen los beneficios de aquellas empresas que van bien y que aquellas empresas del grupo que están en pérdidas salgan de los números rojos o que por lo menos paulatinamente vayan reduciendo esas pérdidas. Esta es la rentabilidad económica. Yo siempre afirmo -el año pasado también lo decía en esta Comisión- que no tenemos que olvidar que estamos en un holding de empresas públicas y, junto a esa rentabilidad económica, no tenemos que perder de vista la rentabilidad social, que tiene que ser una de nuestras preocupaciones.

Voy a pasar a describirles las principales partidas de nuestro presupuesto y voy a hablar de ingresos, de gastos, de resultados y luego de dos políticas de gasto que quiero resaltar ante ustedes, que son las inversiones y la innovación. En primer lugar, desde el punto de vista de los ingresos, los ingresos globales de nuestro grupo son 5950 millones, una cifra muy respetable, muy cerca ya de los 6000 millones. La partida más importante de estos ingresos es la cifra de negocios, que alcanza los 4971 millones, casi un 12 % más que el año pasado, un incremento de 525 millones. Lo quiero subrayar porque esto supone más cartera de pedidos, más contratación y, por tanto, más empleo, como vamos a ir viendo a continuación. Esta cifra de negocios se concentra en tres empresas que suponen el 86 % del total de esos 4971 millones; en primer lugar, Correos, con 1880 millones, que se incrementan en 112 millones más que el año anterior; en segundo lugar, Navantia, con 1590 millones, de la que quiero destacar que es precisamente la sociedad de nuestro grupo en la que es superior el incremento en la cifra de negocios, que es de 383 millones; y por último, Tragsa, que se sitúa en 805 millones, 55 millones más que en 2017. Por el lado de los gastos, el total global son unos 5800 millones. La partida más significativa son los gastos de personal, con 2551 millones, 108 millones más que el año pasado, lo cual es lógico porque, si antes les decía que habíamos aumentado la plantilla en casi 4000 efectivos, hemos incrementado también los gastos de personal. La empresa que más absorbe de estos gastos de personal, el 60 %, es Correos, con 1526 millones, lo cual es lógico dado el volumen de su plantilla; en segundo lugar, Tragsa, con 424 millones; y en tercer lugar, Navantia, con 338 millones.

No simplemente nos preocupa hablar de mantenimiento del empleo, de generación de empleo, sino que también tenemos que procurar que sea un empleo estable, de calidad. Señalábamos que la compañía que presenta una partida de gastos de personal superior es Correos, y aquí querría destacar que se han iniciado diversos procesos de consolidación de trabajo temporal en Correos, buscando esa calidad y esa estabilidad en el empleo que señalaba anteriormente. En 2015 hubo una convocatoria, se abrió un proceso dirigido a unos 1606 trabajadores fijos que se incorporaron en 2017, a finales de 2016 hubo un proceso similar destinado a 2345 nuevos trabajadores fijos, y a finales de 2017 esta cifra era de 1869; es decir, una vez que concluyan estos dos últimos procesos que les acabo de comentar se habrá incrementado el personal fijo en 5820 personas. Creo que es un dato muy significativo.

Tenemos que tener en cuenta que Correos se enfrenta a un gran desafío, a un gran cambio que se está produciendo en toda nuestra sociedad. Es un cambio que va dirigido a la innovación, a las nuevas tecnologías y que afecta mucho a Correos en cuanto que todos sabemos, por la experiencia que tenemos, que el negocio postal ha ido descendiendo, con lo cual tengo que subrayar y poner en valor la capacidad que ha tenido Correos de afrontar estos cambios. Ahora mismo, Correos es un operador logístico de referencia tanto en el área del e-commerce como en paquetería, pero esta diversificación en la que se

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está esforzando Correos viene siempre apoyada, como les decía, en la innovación. Aquí Correos ha dado pruebas de que está preparado para afrontar este reto y que su plantilla es eficiente; una plantilla que se va adaptando a las nuevas circunstancias del mercado. La segunda partida más significativa desde el punto de vista de los gastos son los aprovisionamientos, por un importe de 1900 millones; 994 millones corresponden a Navantia, que sufre un incremento de 262 millones en relación con 2017. Antes les decía que se incrementaba su cifra de negocio en 283 millones y es lógico que, si tiene más trabajo, más pedidos, tenga que aumentar sus aprovisionamientos, como es el caso. Después de Navantia, tenemos que hablar de Correos, donde los aprovisionamientos son de 280 millones, 18 millones más que en 2017; y en Tragsa, de 269 millones, siendo aquí el aumento de 38 millones respecto a 2017. Yo les hablaba de unos ingresos de 5950 millones y unos gastos de 5800, por tanto, la diferencia que nos arroja es de 140 millones de beneficios que hay que poner en relación con los 149 millones de pérdidas que les comentaba el año anterior. ¿A qué se debe? Vuelvo otra vez al principio de mi exposición, a ese aumento de la cifra de negocios en 525 millones.

Muy brevemente me quiero referir a las inversiones. Las inversiones de las empresas del grupo en su conjunto suponen 298 millones, lo que significa casi un incremento del 24 % respecto del último ejercicio. Como antes les comentaba que era un factor de cohesión territorial porque estábamos en todas las comunidades autónomas, tengo que decir que invertimos en todas esas comunidades haciendo un gran esfuerzo y, en primer lugar, tengo que mencionar las inversiones en Correos, con un importe de 167 millones, destinados fundamentalmente, en el área de la paquetería, a las inversiones en HomePaq, que, como saben, sirve para facilitar tanto la entrega como la recogida de paquetes, aplicaciones informáticas y reforma de sus edificios e instalaciones técnicas. No olvidemos que Correos tiene 2400 oficinas, con lo cual siempre es necesario ir invirtiendo para actualizar las instalaciones e ir incorporando lo que les decía anteriormente, esas nuevas tecnologías a las diferentes oficinas de Correos. En segundo lugar, Navantia, con 60 millones; Mercasa, con 18; Ensa, con 17 millones, y Tragsa, con 11.

La otra política que quería comentar en relación con el Grupo SEPI es la innovación. Está claro, como les señalaba antes, que estamos en un cambio de época en el que es esencial que todos nos adaptemos, y por supuesto nuestra industria, la industria del sector público, que nos vayamos adaptando a la digitalización, incorporando las nuevas tecnologías. Aquí SEPI no puede ser un mero espectador, sino que tiene que ser protagonista de todo este proceso porque no podemos olvidar que tenemos varias empresas que compiten en los mercados internacionales con productos de alta tecnología; no solo compiten, sino que muchas veces logran su objetivo, que es vender, exportar. Tenemos que seguir manteniéndonos en la vanguardia e ir incorporando otras empresas a estos procesos.

El conjunto de las empresas SEPI va a gastar en I+D, en innovación, 145 millones frente a los 129 que les comentaba el año pasado. De esos 145 milllones, Navantia asume 122 millones. Los proyectos de Navantia son de alta tecnología. Les podría enumerar varios, pero solamente les voy a comentar el caso de los submarinos S-80, una vez que ya se han ido solucionando los diferentes problemas que hubo -siempre en un producto innovador aparecen problemas, pero ya estamos en la buena línea, está enfocado el proyecto-, submarinos que son construidos en el astillero de Cartagena.

Quiero mencionarles también la plataforma digital eCorreos para ofrecer servicios digitales a los que se pueda acceder a través de diversos dispositivos; los proyectos de mejora tanto de los productos como de los procesos de Ensa o de Enusa y el caso de Tragsa dirigido a la lucha contra incendios y en materia medioambiental. Aquí también les quería señalar que SEPI matriz quiere acompañar a sus empresas en este esfuerzo de innovación. Disponemos de un fondo de fomento de la investigación, cuya dotación hemos incrementado en un 20 %, llegando a los 30 millones. Nosotros, a la hora de presupuestar, manejamos escenarios plurianuales. Si mantenemos esta dotación de los 30 millones de este año 2018 hasta el año 2021 inclusive y tenemos en cuenta el año pasado, que era de 25 millones, llegamos a la misma cifra: 145 millones. Quería comentárselo para que vean qué importe es la ayuda financiera que prestamos a través de este fondo a nuestras empresas. Queremos incentivar la innovación y, por lo tanto, ayudar. También quería señalar que mi interés es seguir incrementando estos 30 millones de este año poco a poco, siempre que lo permita nuestro presupuesto. Como tenemos un presupuesto que no es limitativo, no tenemos que respetar el máximo que aparece en cada partida, estamos sobreejecutando. El año pasado hemos superado con creces esos 25 millones destinados a la innovación, que es una de mis mayores preocupaciones desde que he accedido a la presidencia de SEPI. De hecho, en este último año hemos creado una dirección de innovación y de transformación digital que va a ser la encargada de gestionar este fondo, de coordinarlo, de detectar aquellos proyectos innovadores que están dando

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resultados en una empresa y cuándo los podemos exportar al resto de las empresas. Tenemos que producir, provocar sinergias de grupo.

Tengo un especial interés en poner en valor la labor de los trabajadores porque ellos son los que más conocen sus empresas, saben en qué pueden fallar, en qué pueden mejorar y muchas veces tienen iniciativas enfocadas a la innovación; por ello, la Fundación SEPI ha convocado unos premios a finales del mes pasado dirigidos a los empleados del grupo. Uno de ellos dirigido a los que propongan cambios siempre de mejora en lo que son los procesos productivos y otros que vayan encaminados a mejorar los procedimientos de gestión en sus respectivas compañías para que así sean mucho más eficientes. Yo creo que es una forma de incentivar a la innovación dentro de nuestras empresas.

Para terminar, me van a permitir -creo que lo debo hacer- hablarles un poco de Navantia. El 20 de marzo comparecí en el Senado para hablar del plan estratégico de Navantia. Es un plan que nos afecta un poco a todos y ojalá el resultado sea un plan de todos y para todos. El año pasado ya les comenté que creía que antes de empezar la negociación era conveniente ir pulsando la situación de Navantia. He hecho seis viajes a astilleros; me he entrevistado con los comités de empresa; con los comités directivos; en Madrid, por supuesto, con representantes sindicales; con la dirección de Navantia -con la que hay una relación muy fluida-; con los ministerios implicados, que en un momento van a estar interesados en este plan estratégico; y con las correspondientes administraciones. Creo que les debo dar cuenta de ello porque, como saben, tanto en el Senado como en el Congreso hubo iniciativas presentadas por diferentes grupos políticos en las que se instaba al Gobierno a impulsar un plan estratégico. Me voy a referir muy rápidamente, en solo cinco minutos, a la situación en la que se encuentra ese plan estratégico.

En el plan estratégico de Navantia se distinguen esencialmente tres pilares. En primer lugar, la modernización de los astilleros. Yo les he hablado mucho de digitalización, de nuevas tecnologías. Tenemos que incorporar todos aquellos nuevos procedimientos que vienen determinados por lo que hemos llamado el Programa Astillero 4.0. Si queremos ser más eficientes tenemos que contar con las nuevas herramientas que se nos están ofreciendo ahora mismo. Yo creo que es una importante inversión que se va a realizar en todos los astilleros. En segundo lugar, el tema de personal, que es importantísimo. El año pasado les decía que era necesario rejuvenecer la plantilla y les ponía como ejemplo que la media de edad era de cincuenta y tres años; este año les tengo que decir que es de cincuenta y cuatro. Me acuerdo también que hacía una referencia a FENE, donde se presenta una edad media más alta; el año pasado era de cincuenta y ocho años y este año es de cincuenta y nueve. Es simplemente para que se den cuenta de que casi el 29 % de la plantilla es mayor de sesenta años. Está claro que hay que rejuvenecer, pero este rejuvenecimiento no va a consistir solo en la salida de aquellos que tengan más años, lo que es más importante es que va a haber nuevas incorporaciones, nuevas contrataciones en Navantia. El primer compromiso que yo asumí en la visita a los astilleros es que no se cerraba ninguno de los seis, y el compromiso que ahora tengo es que estas incorporaciones se van a realizar en los seis astilleros. Creo que es algo muy importante. Si estamos hablando de personal, de incorporaciones y hemos hablado de modernización de los astilleros hay algo en lo que nos tenemos que esforzar muchísimo, que es en la formación, dirigida tanto a los que ya son plantilla de Navantia como a esos nuevos trabajadores. A los antiguos, lo que estamos hablando, hay que familiarizarles con las herramientas que supone toda la digitalización de procesos; a los nuevos tendremos también que enseñarles las nuevas tecnologías, cómo se deben utilizar, hablarles de en qué consiste Navantia, qué procedimientos, qué procesos se dan, y formación específica para los trabajos a los que se vayan a incorporar. Para que se den cuenta de lo que estoy hablando, les diré que Navantia imparte anualmente 125 000 horas de formación. Nosotros tenemos pensado, en el periodo de vigencia del plan, que esperamos ya poner en marcha este año, que hasta el año 2022 esa formación se eleve a 900 000 horas. Creo que es algo muy positivo.

Sé lo que están pensando: Está muy bien todo lo que nos está contando, por un lado moderniza los astilleros, nuevas contrataciones, invertir mucho en formación... Muy bien, ¿y cómo lo van a pagar? Pues lo vamos a pagar con la cartera de contratos, con la cartera de pedidos. Aspiramos -luego les voy a dar unos datos para que vean que es muy ambicioso pero realista- a una cartera a lo largo de 2018-2022 de 11 000 millones. Hace unos días conocían los compromisos que tenemos con el proyecto de las cinco corbetas con Arabia Saudí y cómo este contrato ronda los 2000 millones. A mi me gusta hacer la traducción de este contrato en trabajo, son 7 millones de producción, de ingeniería. Creo que es algo que va a dar muchísima estabilidad a la bahía de Cádiz, que es una de las zonas que presenta una ratio superior de desempleo. Otro de los contratos que va a dar muchísima estabilidad a Navantia es el de las fragatas F-110

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con el Ministerio de Defensa. Para este contrato ya saben que hay 250 millones como anticipo financiero en el capítulo 8 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este contrato va a suponer 4000 millones. Es una cifra muy ambiciosa, pero con ella estamos garantizando el trabajo en Ferrol para la próxima década y eso es algo muy importante. Sé que hay una satisfacción cuando hemos empezado a hablar de partidas en el presupuesto.

En cuanto a los submarinos S-80, tengo que decir que se han solventado los problemas. Ya saben que el primer presupuesto que había para los submarinos era de 2136 millones y vamos a actualizar la orden de ejecución. El Ministerio de Defensa está hablando con Navantia y cerrando la cifra. Lo que les puedo anticipar es que va a consolidar este programa de los cuatro submarinos en Cartagena. Como ven, manejamos cifras que nos acercan a un 80 o 90 % de los 11 000 millones y les puedo garantizar que eso es una realidad. Lo de los 11 000 millones es exigente, pero estoy segura de que a lo largo de la vida del plan lo vamos a conseguir.

Les he comentado lo más importante. Como ven, apostamos por una Navantia viable, con presente y con futuro. Démonos cuenta de que la plantilla de Navantia está compuesta por 5200 trabajadores. Si también tenemos en cuenta todo el grupo Navantia, estamos hablando de 5500 y si lo extrapolamos a todos los empleos que suponen su actividad, estamos hablando de 38 000 empleos. Navantia absorbe el 80 % del empleo industrial de nuestro país y es muy importante.

Con esto termino y me pongo a su disposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Platero.

En el turno de intervención de los portavoces parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Ahora sí, señor presidente.

Muchas gracias, señora Platero, por su comparecencia por segunda vez en esta casa. Decíamos antes entre bambalinas que cuando hablamos de SEPI se me representa como un gran coco. El coco del cuento de los niños ahora es un poco más afable y amable, no es como el coco antiguo, y este conglomerado de empresas, como la SEPI, puede ser un coco, pero también, como decía usted, señora Platero, su gestión tiene un gran atractivo. Sin lugar a dudas, engloba un enorme conjunto de empresas con una potencialidad económica, social y territorial que los socialistas también consideramos y esperemos que sea un coco que ayude al niño y que no tengamos un final infeliz, porque aquí nos ha dibujado un final bastante feliz en ese sentido.

Señora Platero, hablamos de un presupuesto consolidado de SEPI. Usted ha dado las cifras y la cifra de negocios aumenta hasta casi los 5000 millones. Hay una previsión muy positiva de 136 millones de euros aproximadamente y no sé si en esa previsión se ha tenido en cuenta un aspecto fundamental que estos días hemos podido conocer por prensa, que es cómo se aplica la subida salarial de los funcionarios en ese coste de personal, que, como usted bien ha indicado, es el grueso de los gastos de la sociedad. Nos preocupa que las mismas previsiones de beneficio que se dieron aquí en la comparecencia del año pasado este año sufran una desviación a peor y vuelva a suceder lo mismo. Se han cumplido previsiones de ingresos financieros, participación en beneficios de las empresas que no consolidan, pero, como digo, son resultados que al menos los socialistas vamos a exigir un poco más para este año.

Como usted bien ha dicho, hablar de ingresos y de previsiones engloba, por así decirlo, tres grandes pilares de este coco: Navantia, Correos y Tragsa. Navantia, como todos conocemos, tiene una situación financiera delicada que afecta tanto a las plantillas como a las familias y a los territorios que usted ha comentado. Hace poco, creo que el lunes de esta misma semana, el propio secretario de Estado de Defensa en su comparecencia en el Congreso se refirió a Navantia. Manifestó que se la podía considerar como una capacidad militar más y lo dijo en el sentido de que la implicación del Ministerio de Defensa en las cuentas y en el posible y futuro beneficio de Navantia es vital. Decía que en ese plan de industrialización la necesidad de inversión desde el punto de vista del Ministerio de Defensa es un factor clave para el buen desarrollo de ese plan industrial. Me gustaría conocer la valoración que hace de estas palabras del secretario de Defensa, de ese carácter de inversión del ministerio en Navantia y de la situación, por ejemplo, del programa que nos ha explicado brevemente de las fragatas F-110, que afectan al astillero de Ferrol.

Otra pregunta que quería hacerle prácticamente la ha contestado. En anteriores días, casi horas, hemos tenido conocimiento del compromiso firme con Arabia Saudí respecto de lo que el año pasado le preguntaba yo mismo sobre esa previsión que había de construcción de corbetas. Ha dado las cifras y es un contrato del cual, lógicamente, nos alegramos.

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En cuanto a la Bahía de Cádiz, ha habido una serie de malentendidos con las cifras y las dotaciones presupuestarias que aparecen en este presupuesto entre algún portavoz y algún responsable del Gobierno. No sé si nos puede aclarar el carácter de esas cuentas, de esas previsiones de ingresos. Y también me gustaría que nos adelantase otro tipo de oportunidades que se pueden presentar en mercados como el de Canadá, el de Australia, etcétera. En definitiva, señora Platero, estamos hablando de programas, como usted bien decía, con una previsión de ingresos bastante alta en cuanto a pedidos, pero son contratos, como el de Arabia Saudí, difíciles, a los que les rodea una incertidumbre e incluso luego se generan algunos retrasos, etcétera. En ese sentido, ¿consideramos alguna otra alternativa, medidas o nuevas estrategias de mayor valor añadido en Navantia? Por si falla esa previsión de pedidos, ¿tenemos otra serie de opciones?

En el plan de modernización ha hablado del Astillero 4.0. En mi caso, como portavoz de la Agenda Digital, veo la necesidad, como usted dice, no solamente en Navantia sino también en Correos de digitalizar este tipo de empresas. No sé si nos puede concretar más en qué aspectos se traduce ese Astillero 4.0 y la implantación de esas nuevas tecnologías.

Por lo que se refiere al diálogo social del que hablaba, al compromiso que hay, ese cauce abierto, por supuesto el Grupo Socialista se mantiene vigilante y respetuoso con los procesos de diálogo con los interlocutores sociales que se están llevando a cabo. Esperemos, como usted decía, considerando esta empresa prácticamente como una cuestión de Estado, que todos vayamos en la misma dirección, que todos rememos en la misma dirección y que el resultado sea el mantenimiento de los puestos de trabajo y un rejuvenecimiento de las plantillas que tantas veces hemos solicitado y que la propia plantilla también ha pedido.

Por lo que respecta a otra gran empresa, Correos, la situación no es ni mucho menos más tranquilizadora, señora Platero. Ya sabemos que hay una previsión de pérdidas no sé si récord, pero cuantiosas para este año. Además, todos somos conscientes del episodio que se vivió el año pasado con esa reducción de la asignación estatal y todo lo que implicó. Estamos hablando de una empresa, como usted ha dicho, que tiene más de 50 000 trabajadores y que ha ido perdiendo efectivos de manera continuada e ininterrumpida en los últimos años. Ni tan siquiera las últimas ofertas de empleo suponen un alivio demasiado grande. Los sindicatos han anunciado ya movilizaciones si no se lleva a cabo un plan estratégico que apueste clara y urgentemente por un Correos con una configuración más moderna, como usted decía, como operador postal, logístico, financiero. Hay otros países en Europa en los que este tipo de compañías postales han dado un paso adelante. ¿Qué problema encontramos aquí para generar esta diversificación y esa apuesta por nuevas soluciones en el caso de Correos, para que no se llegue a una solución como en otros países? Hablamos de falta de medios personales, entre otras cosas, señora Platero, a pesar, como digo, de la voluntad que hay de nuevas ofertas de empleo y la incorporación de Unipost, que ha sido también muy reciente y que va a suponer, imagino, unos picos de trabajo. Usted hablaba del empleo de calidad, y no he entendido muy bien esa frase. El empleo en Correos es sinónimo actualmente de precariedad y de temporalidad. Estas son malas compañías para configurar una plantilla de Correos comprometida y eficaz y para llevar a cabo un servicio universal postal adecuado, un servicio universal que llegue a todos, que llegue a ese mundo de la España vacía que tantas veces decimos ahora, ese mundo de la España rural, donde ya vemos las quejas que hay por la escasez de recursos y, como digo, de esa plantilla que asiste a unos niveles de precariedad manifiestos.

Por otra parte, ha habido recientemente un compromiso muy potente del Gobierno francés en el caso de la sociedad postal francesa con una cantidad de dinero cuantiosa que la propia Comisión Europea ha concluido que era aceptada y que no se catalogaba como ayuda fiscal dentro de esa política de considerar ese servicio postal universal y para dotar al país galo de los suficientes recursos para llevar a cabo este servicio en tierras francesas. No sé si podemos tener algún tipo de valoración y de traslación a nuestro mercado en ese sentido.

Por último, hemos hablado de empresas que suponen unos pilares fundamentales, como Navantia y Correos, pero hay otra serie de empresas, y me quiero detener en una de ellas, el Hipódromo de la Zarzuela, que es noticia en algunos casos al margen de lo que son las cuestiones de presupuestos. Yo me voy a centrar en el nivel de previsión de beneficios, en este caso de pérdidas que hay de nuevo en esta empresa, que yo creo que tiene un difícil encaje dentro de la sociedad, aunque esto ya es una opinión personal. Hay una previsión de ingresos superior a la del año pasado en una cuantía importante, aunque volvemos a tener pérdidas y habrá que ver otra vez un resultado negativo. ¿Nos puede concretar en qué se basa esa mayor positividad en cuanto a los ingresos que están previstos? ¿Hay algún nuevo plan

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comercial, en este caso en el hipódromo? ¿Nos puede concretar, como digo, algunas actuaciones que vengan a mejorar esas cuentas? Con eso ya acabo.

Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Bienvenida, señora Platero. Sabe -usted misma lo ha dicho- que su comparecencia es especialmente ansiada, por lo menos en una parte sustancial de nuestro país, por la afectación social que tiene y porque atiende la SEPI y las empresas que ocupan esos territorios, lo que sin lugar a dudas nos hace colocarnos en la vida real de miles de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, bienvenida. En nombre de nuestro Grupo Confederal no podremos hablarle de todas y cada una de las empresas, tampoco de las participadas -nos gustaría, lo sabe, pero no va a poder ser-, pero sí de las que concentran la parte sustancial de los miles de trabajadores y trabajadoras que la SEPI concita.

En primer lugar, señora Platero, hablaremos de Navantia. Nos es que queramos poner el acento en lo negativo, y además estoy segura -lo conoce usted perfectamente- de que los seis centros productivos afectados -por poner también Madrid, aunque no sea lo mismo- desean que todo termine muy bien -desde luego esta portavoz lo desea, mi hija vive en esa comarca y deseo que todo acabe muy bien-, pero hemos de poner el foco en algunas cuestiones que nos preocupan. Por empezar por las cuestiones que nos preocupan, tenemos dos centros de trabajo, uno es Puertorreal y otro el astillero de Fene, que usted misma ha citado, que, como sabe, no tienen carga de trabajo. Nos gustaría conocer cuál es el futuro para estos dos magníficos astilleros, sobre los que parece que no hay hoja de ruta preestablecida y en los que nos resistimos a que no exista la construcción civil sobre los mismos. No nos va a dar tiempo a hablar de la construcción civil y los datos que en la economía mundial hay sobre la misma, pero sin lugar a dudas nos resistimos a esta negativa. Nos gustaría que usted hoy, que tiene la oportunidad, nos dijera cuál va ser el futuro de esos dos centros de trabajo. Usted ha hablado -es verdad- de que la media del centro de la antigua Astano son cincuenta y nueve años. Es imposible trabajar en esas condiciones, y además, como usted mismo decía el año pasado, trabajar en un astillero es muy duro, salvo las personas que están en las oficinas técnicas. ¿Cuál es el futuro de estos dos astilleros? Supongo que nos dirá que en el caso de Fene el astillero está embarcado en proyectos vinculados a Iberdrola. Yo le quiero hacer una pregunta directa, ya que usted comparece, señora presidenta de la SEPI. Casi llevo dos años intentando -nosotras y los sindicatos y creo que todo el mundo en este país- que nos faciliten el contrato que une la relación mercantil entre Navantia, S.A. e Iberdrola. Nos parece gravísimo después de llevar casi dos años. La última de las ocasiones lo hemos pedido con amparo en la Ley de transparencia y nos han contestado esto que le voy a leer literalmente. Después de esto nos queda ir a los tribunales. No se preocupe, que pesada soy y si hay que ir a los tribunales conseguiremos el contrato. Nos preocupa que durante dos años se nos esté contestando permanentemente por escrito lo que voy a leer de manera seguida. Se nos dice que se nos niega -esto es en el Portal de Transparencia, ya no le digo por el Gobierno- esta información porque podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de Navantia, y además nos dicen que son contratos sujetos a derecho privado, celebrados tras un proceso de selección competitivo -desde luego en la página de Navantia no está y debería estar-, abierto al mercado y en los que por exigencia del cliente se aplica un régimen de confidencialidad comercial.

Esto es bastante grave, señora Platero. Es grave que varios diputados de este grupo lo estemos intentando sin éxito, además por una razón de transparencia y de tranquilidad, porque si no hay nada que ocultar, si no le estamos haciendo un pequeño favor a Iberdrola, lo normal es que se nos faciliten estos contratos o se nos diga qué demonios pasa para que no podamos saber los representantes del pueblo qué razones hay para esto. Nos parece grave, insisto. Yo sé que usted me va a decir en el caso de Fene que esta es la carga de trabajo que hay. Yo he nacido bajo esa grúa pórtico, que sigue siendo la más grande del mundo, y le puedo garantizar que ahí no hay carga de trabajo. Quiero preguntarle por los astilleros, en los que, más allá del futuro, que ojalá sea positivo, no hay carga de trabajo en la actualidad, y nos gustaría que nos definiera también grosso modo qué es lo que tienen planteado sobre estas cuestiones.

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En lo que tiene que ver con el plan industrial -en el que de verdad, lo sabe sinceramente, le deseo la mejor de las suertes porque será colectiva- usted sabe que hay un escollo fundamental que tiene que ver con la tasa de reposición. El año pasado nos daba unos datos que hoy ha reproducido, y es que tenemos en edad de jubilación 1200 trabajadores y trabajadoras en el grueso de Navantia, pero tenemos también el plan industrial que suponemos va a llevar consigo prejubilaciones. Nos gustaría saber qué parámetro o qué horquilla de reposición están barajando. Obviamente las comarcas de las que le hablo, fundamentalmente Cádiz y Ferrolterra en su conjunto, son comarcas que están en la miseria, en las que el monocultivo industrial es fundamental. Entendemos que por trabajador que salga trabajador o trabajadora que entra, y le hacemos esta pregunta, porque el escollo del plan industrial -usted lo conoce igual que yo- va a estar justamente en esta cuestión.

Finalmente, ¿hay alguna expectativa de que el Gobierno de España y la SEPI en particular puedan tener algún contrato en el área de la construcción civil? Nos gustaría saberlo. ¿O ya pasamos página y renunciamos a un nicho de negocio que es relevante?

Por ir muy rápidamente, la empresa EFE que usted ha citado, señora Platero. Hay muchas preocupaciones con respecto a la empresa EFE. Lo primero que nos gustaría plantearle es qué van a hacer con la deficiente consignación presupuestaria que tienen; siguen consignando 39 millones de euros en el presupuesto y sabe que faltan 12 para realizar su cometido como debería ser. La primera pregunta es qué van a hacer con la deficiente consignación presupuestaria o qué va a pasar con este servicio público fundamental para un país democrático.

En segundo lugar, supongo que usted conoce, como lo conozco yo, que los trabajadores y trabajadoras de la empresa EFE están sin cobrar a día de hoy, después del acuerdo, el incremento salarial del 1 % del año pasado, ¿cuándo lo van a cobrar? Entendemos que el acuerdo al que han llegado los sindicatos con el Gobierno, con el señor Montoro, para el incremento actual se les va a aplicar también -sumémoslo- a los trabajadores y trabajadoras de EFE, queremos pensar que esto va a ser así. Lo digo porque se van acumulando los atrasos para el personal de EFE. No es pequeña cosa, las vemos aquí -lo digo en femenino porque casi todas son chicas- y desde luego son fundamentales -como los alimentos que tomamos- para la democracia en nuestro país. Igualmente le pregunto por lo que tiene que ver con el servicio de interés económico general, ¿cómo va a cuajar este procedimiento? ¿Qué dotaciones económicas va a tener el mismo?

En tercer lugar, ¿por qué se les niega a los sindicatos de clase la participación en el reglamento de este servicio? Cuando menos, sería bastante importante que se hiciera así. También queremos comentar -supongo que lo conoce- que han sufrido un ERE fuerte y las contrataciones están absolutamente paralizadas; trabajan en muy malas condiciones. Es una pena que no tenga tiempo, pero si visitase a las trabajadoras que están aquí vería cómo prestan el servicio con muy buena calidad, y además según modelos de una precariedad absoluta. Nadie puede tener modelos precarios, pero la Administración y las empresas públicas deben ser ejemplares, y desde luego parece que no es lo que está pasando en la empresa EFE. Yo sé perfectamente que usted me dirá que va a comparecer, lo sé perfectamente, pero a usted le atañe porque quien tiene el presupuesto tiene el manejo de las cosas, es así, y usted tiene una enorme ventaja: es la presidenta de la SEPI, por tanto, puede dirigir algunas cuestiones.

Se trata de una empresa pública que tiene sin renovar el Plan de Igualdad desde el año 2011, da un poco de vergüenza. Una empresa pública que tiene también el protocolo de acoso laboral sin redactar -voy a ir muy rápido porque no tengo tiempo-, donde además sabemos que hay brecha salarial, y brecha salarial vertical, porque a la dirección no acceden las mujeres. Tengo datos también si quiere para después. Y finalmente, para cuándo el estatuto de EFE en pura aplicación de la Constitución española; empresa pública, estatuto tal.

Rápidamente, Correos. Señora Platero, está fatal Correos. Yo supongo que es consciente de la situación en la que nos encontramos: dos años de recortes, 180 millones. Cuando ustedes ponen en el presupuesto "otros 60 millones", ¿nos puede explicitar esos "otros" de dónde van a venir y qué son? Porque está muy mal Correos. Los sindicatos mayoritarios van a convocar movilizaciones pero los sindicatos minoritarios mantienen -como sabe- una acción permanente de lucha ante la denuncia de una enorme ya no precariedad, es decir, si es vergonzante lo que pasa en la empresa EFE, lo que pasa en la empresa Correos es... Todas y todos conocemos a carteros y a carteras que hacen un trabajo excepcional, es vergonzante... Termino: ¿para cuándo el cumplimiento de la Ley Postal, la Ley 43/2010? ¿Para cuándo el plan de prestación? Porque no lo tenemos. ¿Para cuándo la dotación presupuestaria suficiente?

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El señor PRESIDENTE: Señora Díaz, vaya concluyendo, por favor.

La señora DÍAZ PÉREZ: ¿Para cuándo van a dejar las relaciones de nepotismo en las contrataciones de Correos? Señora Platero, se lo dijimos el año pasado, sigue exactamente igual, ¿Para cuándo se van a respetar los derechos de conciliación de los trabajadores y trabajadoras? ¿Para cuándo van a tomarse en serio las bajas por sobrecargas por indebidas condiciones de trabajo? No sé si conoce pero, por ejemplo, las condiciones de los carteros y las carteras que reparten en motocicletas son muy malas. Por tanto, la situación de Correos es muy mala, no le hablo ya de precariedad porque las cifras son tremendas y a medida que avanzan los años vamos a peor. Desde luego igualmente lo que tiene que ver con la pérdida del empleo público en Correos, que está siendo sustituido por trabajadores a tiempo parcial y en muy malas condiciones. Lamento no poder hablar de ninguna de las otras empresas. Gracias por la benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz. Le informo, al igual que al resto de componentes de la Comisión, que esta tarde comparece el presidente de la Agencia EFE.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Platero y bienvenida a esta Comisión. Nos ha hecho usted una exposición de lo que es el grupo SEPI en general, que es un gigante -ya lo ha dicho usted- de cerca de 73 000 trabajadores, que abarca unas quince empresas, pero prácticamente el grueso de la plantilla está en tres empresas que son Correos, con 57 000, Tragsa con 11 500 y Navantia con 5500.

Usted nos ha expuesto en su exposición que el reto principal que tenía el grupo era el de la digitalización. Yo quería saber si aparte de ese reto tienen más retos como grupo y también específicamente estas tres empresas del grupo, que son las más importantes por el número de trabajadores.

Le quería preguntar también si tienen algún plan para rejuvenecer la plantilla del grupo más allá de las becas que nos ha explicado. También algún plan para la retención y el desarrollo del talento; nos ha dicho que tenía un plan de formación, pero más allá de eso también. Quería, asimismo, que nos dijese en cuanto a las limitaciones en las subidas salariales si tienen problemas a la hora de retener ese talento por que parte de ese talento fiche por otras empresas, si me podría contestar a eso.

Quería preguntarle también cuál es el incremento retributivo previsto para las entidades del grupo y también por cuál es su incremento retributivo personal previsto.

Este 2017 la economía española en general ha ido bien-ahí están los datos-, ya lo ha dicho el FMI también, ¿cómo definiría 2017 para la SEPI? Porque el resultado fue de 394 millones de pérdidas y el año anterior fue de 352 de pérdidas. En el año 2018 ustedes prevén que mejore la cifra de negocios y que las pérdidas sean de 103 millones de euros, y en eso querría que me explicase si se prevén pérdidas en 2018, que en cierta medida es normal siendo una empresa pública que no tiene como objetivo que haya ganancias, pero dice que el balance aumenta de 5299 a 5572 millones. ¿Qué inversiones a largo plazo van a hacer y a qué tipo de interés van a hacer esas inversiones?

Llama la atención en el proyecto de presupuestos, en el anexo III, de operaciones autorizadas de crédito, que se les habilita a endeudarse hasta 550 millones de euros adicionales en 2018, ¿qué margen utilizaron en 2017? ¿Y cuánto piensan utilizar en 2018? También resulta curioso que se diga en el articulado de los Presupuestos Generales del Estado, en la disposición adicional sexagésima: Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del sistema de autonomía de atención a la dependencia, con una dotación para el ejercicio 2018 de 5 millones de euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dicha dotación es transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Me gustaría que nos contase algo más sobre este fondo.

Yendo a empresas concretas del grupo, y como no podía ser de otra manera, quería preguntarle sobre Navantia por la importancia que tiene. Sabemos, y usted lo ha explicado, las reuniones que ha mantenido SEPI con la dirección de Navantia y con los representantes sindicales de la empresa para realizar ese plan estratégico; un plan que tiene tres pilares fundamentales: el plan comercial, el plan de eficiencia operativa y el plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Ha explicado ya en qué consisten más o menos estos planes; no sé si podría profundizar un poco más sobre cada uno de estos planes parciales. También queríamos saber en qué medida va a afectar a cada uno de estos centros de Navantia en concreto, porque entendemos que todos los centros van a seguir abiertos. Ha dicho que el plan se hace

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sobre una base futura de pedidos próxima a los 11 000 millones de euros. ¿Puede usted decir rotundamente que se va a incrementar la plantilla de Navantia? ¿Que no van a ser sustituciones o reposiciones por jubilaciones? ¿Se va a incrementar la plantilla de Navantia? Teniendo en cuenta que la viabilidad del plan depende en gran medida del ciclo inversor del Ministerio de Defensa, ¿cómo se van a coordinar la SEPI y el plan estratégico del Ministerio de Defensa para que no haya desfases y que eso no produzca un perjuicio a la empresa y, al final, a los trabajadores de Navantia? El plan incluye la aprobación de un convenio colectivo único para todos los trabajadores de Navantia. ¿Cómo se van a articular los trabajos de este convenio único de Navantia? Y teniendo en cuenta que hay una nueva política de defensa -o así se espera- en la Unión Europea, ¿contempla este plan estratégico la nueva política europea y los nuevos escenarios y retos industriales? Lo último que queríamos preguntarle en cuanto a Navantia es si el plan estratégico también contempla la construcción civil o solamente contempla la construcción militar.

Pasando a Correos, nos han llamado la atención en las últimas fechas las noticias sobre que las tarifas se iban a incrementar un 30 % en las zonas rurales respecto a los grandes núcleos urbanos o las zonas urbanas; es decir, que iba ser un 30 % más caro enviar una carta a una zona rural. Quería que nos dijera si esto va a ser así o no; y si va a ser así, cómo lo justifica teniendo en cuenta que el servicio de Correos es universal y, por lo tanto, tiene obligación de prestarlo en igualdad de condiciones a todos los españoles, vivan donde vivan; y más cuando al Partido Popular se le llena la boca hablando de defensa de los pueblos. Si defendemos los pueblos, no tiene sentido que a los pueblos se les cobre un 30 % más.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señora Platero, por su comparecencia aquí y por su extensa exposición en torno a lo que representan la SEPI y las quince sociedades, esencialmente las tres más importantes en cuanto a volumen de empleo, en cuanto a cifras de negocios. Nosotros valoramos el trabajo que están haciendo estas empresas y también lo que usted definía como la contribución al equilibrio territorial por parte de las empresas del grupo. Pero en estos momentos estamos aquí para valorar los Presupuestos Generales del Estado que por el momento, en lo que llevamos de tarde, no tienen color todavía, no son ni azules ni naranjas. (Risas). Pero, bueno, a medida que va avanzando la tarde va tomando color; no se preocupe.

La verdad es que si uno mira los presupuestos y los resultados previstos de la SEPI, y esencialmente del grupo consolidado, en principio sorprenden. Nosotros también quisiéramos un poco de concreción y aclaración sobre esta cuestión. Y digo que sorprenden porque la SEPI tiene unas pérdidas previstas de unos 100 millones de euros y el grupo consolidado de 136 millones de euros. Uno tiende a comparar -lo estamos haciendo a lo largo de estos días- los presupuestos que se habían presentado en ejercicios anteriores y cuál fue la realidad, y si las cifras que tenemos no son erróneas, ustedes presentaron un presupuesto hace ahora aproximadamente un año donde SEPI tenía unas pérdidas previstas de 259 millones de euros y la realidad es que se han acabado convirtiendo en 394 millones de euros; es decir, prácticamente un incremento de un 51 % y de un 46 % en relación a los del ejercicio anterior. (El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la Presidencia). En la consolidación del grupo presentaron aquí unos presupuestos de 161 millones de euros de pérdidas y han acabado presentando -aunque es una previsión, pero ya está muy próxima al cierre- unas pérdidas de 251 millones de euros; es decir, aproximadamente, 90 millones de euros más, que representa una desviación en relación a las previsiones de un 56 %. Dado que ahora presentan un presupuesto de 136 millones de euros, que implica no solo generar estos beneficios sino recuperar los 250 millones de pérdidas de ejercicios anteriores, nos gustaría una explicación más allá del incremento en la cifra de negocio prevista, que es algo superior al 10 %. En todo caso, eso no quita que no valoremos, como he dicho al principio de mi intervención, la actividad de la SEPI y de cada una de las empresas, de cada uno de sus centros de trabajo y de sus puestos de trabajo. Nos gustaría conocer cuáles son los motivos de este desfase entre lo presupuestado y lo realizado.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.

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La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Gracias, señora Platero, por su presencia hoy en esta Comisión para explicar, por segunda vez desde su nombramiento, los presupuestos. En primer lugar, quería poner de manifiesto, después de su explicación, que estos presupuestos recogen la importancia que tiene la SEPI para el crecimiento económico y la creación de empleo. En segundo lugar, quisiera darle la enhorabuena a usted y, por tanto, a todos nosotros, por los acuerdos formalizados la semana pasada con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. Es verdad que todavía falta la formalización de un contrato, pero este acuerdo ya refleja el apoyo del Gobierno de España a la industria naval española y a su competitividad, a Navantia, al fin y al cabo, como la principal empresa de construcción naval española y que se encuentra entre las seis mayores de Europa, y una gran generadora de empleo, como usted ha dicho anteriormente. Este acuerdo, además, nos abre la posibilidad de abrir de nuevo -valga la redundancia- el importante mercado de la zona y supone un gran impulso para la continuación de la internacionalización de Navantia y su cartera de pedidos.

A veces no somos conscientes de la importancia que tienen la SEPI. Hoy usted, al inicio de su intervención, nos decía que no pasa un día sin que estemos en contacto con alguna empresa de la SEPI. No somos conscientes de la dificultad de gestionar un entramado de este tamaño y de la diversidad que tiene, con los problemas objetivos y retos tan diversos, pero hemos visto claramente que es importante para el empleo y la economía de nuestro país. Actualmente -y usted lo ha comentado-, SEPI está en el entorno de quince empresas participadas mayormente y casi diez con participaciones minoritarias; algunas, Navantia, con una importante dimensión, otras no las conocemos tanto, pero siempre por encima de 30 000 empleos directos y casi 250 000 inducidos, garantizando sectores y labores estratégicas, procesos de innovación e investigación, atención a sectores complejos y presencia y garantía en servicios públicos esenciales. En este sentido, y de una manera genérica, quería preguntarle por el empleo que usted ha citado y la sostenibilidad de las empresas del grupo, que, en mi opinión, no solo debe venir de la aportación pública, sino también de la innovación, de la competitividad, del impulso comercial y eficiente, y de la gestión de cada una de ellas. Respecto a una de las empresas que usted ha nombrado como la primera del grupo, que aumenta su cifra de negocios de manera considerable, Correos, no falta incidir en el peso que tiene -usted lo ha dicho- dentro de la SEPI en todos los indicadores, cifra de negocios, gastos, plantilla, resultados y también en diversificación e innovación, en la que está últimamente centrada. La pregunta que le pongo sobre la mesa es si dispone de algún avance relativo a los primeros meses del año que nos permita conocer cuál puede ser su evolución en lo que resta del ejercicio, teniendo, además, en cuenta que esta empresa es importante como garantía del servicio postal universal que hemos citado.

Respecto a otra empresa en la que usted ha centrado parte de su intervención y en la que yo quiero destacar que ha dejado claro que no se va a cerrar ningún centro y que va a haber nuevas incorporaciones de personal en todos y cada uno de los astilleros, todo el Gobierno ha demostrado un gran compromiso, como he dicho al inicio, no solo la SEPI sino el Gobierno en su conjunto y cada uno de los ministerios. Usted ha citado en alguna intervención que el consejo de administración de la SEPI es como un pequeño consejo de ministros porque están presentes representantes de todos ministerios; es la manera de coordinarse y de apoyar a cada una de las empresas que forman parte del grupo, entre ellas Navantia. El Ministerio de Defensa tiene una gran implicación con Navantia, como ha quedado claro, con la construcción de cinco fragatas F-110, cuya necesidad se encuentra recogida en el objetivo de capacidad militar 2013-2016 del Ministerio de Defensa. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía. Usted se ha referido a la dotación que encontramos en el presupuesto que estamos examinando. También hay que tener en cuenta el compromiso que tiene el Ministerio de Defensa con los submarinos S-80 o con la continuidad de la serie de buques en acción marítima. Estos encargos suponen una importante generación de empleo y sitúan a Navantia en la vanguardia tecnológica.

Dentro de este plan de trabajo y como diputada de la Región de Murcia, me gustaría plantearle, como no podía ser de otra manera, una pregunta sobre los astilleros de Cartagena, que generan en la zona 7614 empleos directos, indirectos y externalizados. Hablaba usted en su intervención de una cartera de pedidos para Navantia de, aproximadamente, 11 000 millones de euros. Me gustaría que nos detallara cómo se van a beneficiar de ella los astilleros de Cartagena y cómo se va a garantizar en ellos la carga de trabajo. Además, me gustaría que en esa explicación -creo que se ha planteado también por algún portavoz- nos hablase de la construcción civil en el astillero de Cartagena. También en relación al astillero de Cartagena y a un proyecto que está en marcha, como es la innovación para implementar el proyecto Astillero 4.0, ¿cuál es la planificación y la inversión prevista? Por último, presidenta -porque le han

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planteado muchísimas preguntas y, además de su intervención inicial, va a tener que explicar muchas cosas todavía-, de acuerdo con la función social que tiene el grupo SEPI -usted ha citado aquí la Fundación SEPI y, en concreto, su programa de becas-, me gustaría que especificase un poquito más los objetivos que tiene la fundación para este presupuesto 2018.

Finalizo agradeciendo a la presidenta de la SEPI, a todo su equipo y a todos los empleados del grupo su trabajo realizado en la gestión del mismo y, sobre todo, llevar a cabo el plan estratégico de Navantia, en el que me consta que está usted personalmente muy implicada.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para contestar las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la presidenta de la SEPI, la señora Platero.

La señora PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI (Platero Sanz): Voy a intentar ir por empresas e ir contestando a las diferentes preguntas.

Aprovecho, precisamente, lo que ha comentado ahora la representante del Grupo Popular para referirme a un detalle que, a lo mejor, nunca he comentado en esta Comisión. Efectivamente, en el consejo de administración de SEPI están sentados secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios que están relacionados con la actividad económica de nuestro país. Por supuesto, uno de los que están sentados es el secretario de Estado de Defensa, al que han aludido algunos de ustedes. Por tanto, la coordinación que tenemos con el Ministerio de Defensa es muy efectiva: es miembro de nuestro consejo y estamos al tanto, por supuesto, de ese ciclo inversor del Ministerio de Defensa. Les he hablado aquí de las fragatas F-110 y de los submarinos de la serie S-80, que están incluidos en ese plan inversor del Ministerio de Defensa. Por tanto, estamos hablando de cosas reales. Lo que le señalaba anteriormente es que esa cifra de 11 000 millones en contratos es ambiciosa, pero, como les he traducido, son ya realidades. Se ha dicho aquí que ahora mismo no hay carga de trabajo en los astilleros. Cuando hablamos de los 11 000 millones y lo ambicioso que es, hay que decir que ahora mismo la carga de trabajo en los astilleros está cuantificada en 1680 millones en este ejercicio 2018. Es la carga de trabajo que hay ahora mismo, a lo que tenemos que incrementar lo que está ahora mismo el presupuesto y, luego, los proyectos internacionales, que no tienen por qué tener cobertura presupuestaria, como es el caso de las corbetas. Yo les he hablado de realidades, pero tenemos muchos más proyectos. Ahora mismo Navantia está compitiendo en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y en India, que son los cuatro países en los que ya hemos pasado la primera criba. En algunos, como Australia e India, estamos en disputa, en competencia con las empresas de construcción naval de dos países. Vamos a ver cómo se desarrollan estos contratos. Hay contratos que son muy ambiciosos y ojalá que nosotros seamos adjudicatarios de los que ahora mismo se están licitando en los países que les acabo de nombrar.

Del Astillero 4.0 podría estar hablando muchísimo. Únicamente les diré, por una parte, que es la incorporación de las nuevas tecnologías, como puede suceder en cualquier otra empresa -no tiene por qué ser empresa de construcción naval-, como la implantación de big data, el almacenamiento de datos en la nube y todo lo que le concierne, porque fíjense qué importante puede ser todo lo relacionado con la ciberseguridad en Navantia; es esencial. Y, por otra parte, cuestiones particulares del Astillero 4.0. He tenido la oportunidad de ver en mis visitas a los astilleros las maquetas que tenemos que ir extendiendo a los diversos astilleros, maquetas de buques de carácter virtual. Es un gran avance, porque vas viendo cómo se van generando todos los procesos de construcción; puedes detectar con antelación posibles fallos que se vayan a recurrir y, desde luego, también sirven para amortiguar esos fallos que se puedan producir. Además, los trabajadores de los astilleros van a disponer de dispositivos, tipo tabletas, en los que van a tener todo el proceso de producción. Vamos a saber en todo momento dónde se encuentra una pieza, en qué departamento se está elaborando y creo que esto es muy importante. También van a disponer, por ejemplo, de gafas de realidad virtual, que también he tenido la ocasión de probar, que producen un aumento que facilita muchísimo la labor de los operarios, ya que a veces es una labor complicada, difícil. Creemos que va a aligerar la penosidad que en un momento dado pueden tener este tipo de trabajos.

Les estoy señalando algunos de los ejemplos que he visto ya directamente, como es también el caso de las impresoras 3D. La última vez que estuve en Puerto Real, y creo que es el último astillero en el que he estado en el mes de marzo, tuve la oportunidad de ver lo que sería una rejilla de ventilación hecha con impresoras 3D y, desde luego, es algo sorprendente cuando lo vives en directo. Podría seguir hablando, pero debido a la multitud de preguntas, voy a ir resolviendo otras.

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Se me ha olvidado algo muy importante. El plan estratégico de Navantia ya lo estamos negociando. Hemos tenido ya tres convocatorias de la mesa de negociación, en la que se les está comentando a los representantes de los sindicatos de los diferentes centros de Navantia la situación actual del sector naval. Se les ha dicho lo que se quiere hacer en cuanto a la modernización de astilleros; también sobre los contratos que estamos manejando, y en la última ya hemos empezado a hablar del aspecto laboral. Se hablado -que tampoco lo he dicho antes, pero es cuestión de tiempo- de la negociación de un convenio. Creemos que lo mejor es un convenio único para Navantia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tres convenios. Tenemos el convenio militar, el convenio civil, el convenio militar aplicado a las oficinas, y hay remisiones que se hacen a convenios de los años setenta. Tenemos que terminar con esto para que todos tengan un convenio único. Otra de las novedades es que el personal técnico de Navantia se incorpora a ese convenio único, que es algo que se venía solicitando y que ahora se va a ver reflejado.

Me han preguntado también por algo que a lo mejor he dedicado menos tiempo en mi exposición, y es el astillero de Cartagena. En estos presupuestos, en relación con el astillero de Cartagena aparecen una serie de anticipos financieros que se han visto incrementados respecto a lo que teníamos previsto para este año 2018, que eran 73 millones y se han incrementado 62 millones más. Estamos hablando de 135 millones en 2018. Pero esto no es lo más importante; lo más importante es lo que señalaba anteriormente, que se ha hecho una revisión crítica del diseño de los submarinos que ahora mismo ya es un proyecto consolidado; se han solucionado los problemas que había. Como señalaba, es un proyecto de submarino muy innovador que incluye nuevos sistemas de propulsión.

Cartagena tiene una larga tradición en la construcción de submarinos. Yo creo que es un referente en los mercados internacionales; es el único en nuestros astilleros que construye submarinos. Tenemos diversos proyectos que han sido un éxito, como la serie Scorpène de submarinos, que han sido vendidos -que es lo que también tenemos que intentar- a Malasia, a Chile; se ha realizado transferencia tecnológica a la India. La ocupación en 2017 del astillero de Cartagena era de un 90 %, la tasa de ocupación más alta de todos los astilleros. Este año vamos a llegar a un 95 % de ocupación en Cartagena. Pero, como señalaba anteriormente, ya están negociando entre el Ministerio de Defensa y la propia Navantia esa nueva orden de ejecución, una actualización de lo que ya teníamos, y que se va a ver claramente que apuestan por los cuatro submarinos, lo que genera una carga de trabajo para los próximos años que va más allá de nuestro plan estratégico.

Además, en el caso de Cartagena nos está proporcionando ingresos otra actividad, que es la de las reparaciones, en este caso, de grandes yates, que es otra de las posibilidades que tenemos, así como los motores. En Cartagena se fabrican los motores que necesitan nuestros buques; es otra de las actividades que se está realizando en este astillero. Y ahora que he nombrado las reparaciones, tenemos también reparaciones en Cádiz, en el astillero de la ciudad de Cádiz propiamente. Cuando vamos a Cádiz y vemos grandes cruceros, que sepamos todos que esos cruceros son reparados también por Navantia. Yo creo que de la parte de Navantia es lo más importante.

La representante de Podemos me hablaba de la tasa de reposición. Tengo que decir que en los presupuestos de 2017 y para los presupuestos de 2018, aquellos planes estratégicos de empresas que sean informados favorablemente por la Comisión delegada para Asuntos Económicos van a poder contratar sin límites de tasa de reposición. Esto es algo muy importante que ya conseguimos en 2017 y se vuelve a repetir en este 2018 en la ley de presupuestos.

Como les señalaba anteriormente, el consejo de administración de SEPI es un pequeño consejo de ministros, incluso una pequeña comisión delegada para asuntos económicos, porque hay representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Ministerio de Economía, con la secretaria General de Industria a la cabeza; de hecho, está la secretaria de Estado de Economía, el subsecretario, el secretario de Estado de Defensa, etcétera. Es decir, si en el Consejo de Administración de SEPI, que sería el paso previo, se aprueba el plan estratégico, será informada la Comisión delegada para Asuntos Económicos, y entiendo que no tendríamos que tener graves problemas. Por eso, también les comentaba al principio que parte de mi trabajo durante este año ha sido ir visitando todos los ministerios: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, para comentarles lo que queríamos hacer. El viernes celebramos un consejo extraordinario solo para Navantia. Necesitamos ser todos cómplices de ese plan; como les decía, que fuese el plan de todos; y una vez que ese plan de nuevas incorporaciones haya pasado por la Comisión delegada para Asuntos Económicos no tiene por qué tener ningún problema; no va a estar sujeto a esa tasa de reposición.

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En cuanto a Puerto Real, como me señalaba también la representante de Podemos, en el mes de marzo estuve en la botadura o bautismo, como también lo llaman allí, del primero de los cuatro petroleros en los que se está trabajando, y para este año se quiere terminar con este proyecto. En el plan estratégico de Navantia están contemplado -el otro día lo señalaba en el Senado- para Puerto Real la construcción de un buque de apoyo marítimo, conocido por BAM, y también un buque de transporte de material. Eso es lo que nosotros, en el plan estratégico, tenemos contemplado para Puerto Real.

En el caso de Fene e Iberdrola, les puedo decir que no hay ninguna relación única con Iberdrola. Ahora mismo somos un referente en soportes no solamente de los jackets, sino en cualquier otra clase de soporte en la energía eólica marina. Esto era algo novedoso, era la primera vez que se construía e incluso algunos dudaban de si iba a estar Fene en concreto, si iba a estar Navantia, a la altura. Pues bien, ahí vemos el éxito que hemos tenido con los jackets, tanto en los Wikinger para la costa del mar Báltico, como en los East Anglia One en la costa de Escocia. Si se nos ofrece un nuevo negocio que sea rentable, no tiene por qué ser de Iberdrola, sino que puede ser de cualquier otra empresa, por supuesto que ahí vamos a estar, igual que con cualquier otra oferta que veamos de cualquier clase de barcos y de todos los astilleros. En el caso de Puerto Real están contempladas las capacidades que tienen nuestros astilleros para construir cualquier tipo de barco. Cualquier oferta que se nos presente y que nos cubra los costes, nosotros la aceptaremos. Ahora mismo tenemos carga de trabajo para todos, pero en lo que no vamos a poder incurrir es en estar trabajando a pérdidas, que es lo que ha conducido a Navantia a la situación actual, y esto lo he comentado con los representantes sindicales y estamos todos de acuerdo. Tenemos que poner en valor a Navantia, y si queremos que sea viable esto es lo que tenemos que exigir, porque el prestigio de la empresa se lo puede permitir. Esto es algo que también quería señalar.

Me han hablado de Correos. Efectivamente, Correos ahora mismo tiene pérdidas previstas por unos 122 millones. También se me preguntaba si había un dato que fuese más alentador. Vemos que tiene una cifra de negocios de 1880 millones, una cifra muy significativa, con un incremento de 112 millones en ingresos, que suponía ya en esta presupuestación un aumento cercano al 6 %. Pues bien, con los datos que tenemos ya del primer trimestre de este año 2018, no solamente estamos cumpliendo esa previsión, sino que incluso la estamos superando, estamos ya en el 9 % de mejora de los ingresos respecto al año anterior. Yo creo que este dato es muy bueno para Correos.

Cuando yo pregunto a Correos cómo vais, me dicen que este primer trimestre lo podemos extrapolar, siempre en términos homogéneos, a final de año. Yo creo que esta es una muy buena noticia, sobre todo porque tengo que señalar que Correos ahora mismo es una empresa dinámica, sostenible, que está consolidando nuevas líneas estratégicas de actuación, lo que supone que profundiza -ayudada por esa innovación, por esa digitalización que les señalaba que Correos también tiene ya acreditada en los mercados- en nuevas áreas de negocios como el e-commerce y la paquetería.

En cuanto a la precariedad laboral de Correos, quiero insistir -por algún comentario de que no se me ha entendido bien- en que se han lanzado procesos de consolidación del trabajo temporal. Es decir, procesos sobre todo orientados a que el personal temporal tenga la oportunidad de ser personal fijo en Correos. En este sentido, les hablaba de los tres últimos procesos. Son 5820 personas las que van a pasar a ser personal fijo en Correos. También quiero poner en valor -porque se producen casos de necesidad de sustituciones por bajas, vacaciones, etcétera- que después de dos años de discusiones, de negociaciones, en las próximas semanas se va a publicar la bolsa de trabajo. La anterior era de 2011. Pues bien, en esa bolsa de trabajo se han recibido solicitudes de 480 000 personas. Se ha hecho una selección, porque la bolsa de entrada es de 50 000, pero en la medida en que se vayan produciendo bajas en dicha bolsa irán entrando otras personas que hayan sido seleccionadas. En cualquier caso, ha despertado un gran interés y los resultados los vamos a conocer la próxima semana. Hay un baremo de méritos que ha sido respetado y vamos a mostrar la selección que se ha realizado. Se trata de trabajos puntuales, pero creo que estas también son oportunidades que se ofrecen, porque esas personas adquieren un conocimiento de la empresa y luego podrán optar a otra clase de procesos.

Por otra parte, el año pasado teníamos una dotación de unos 120 millones para cubrir el servicio postal universal en el presupuesto de Fomento. Este año volvemos con esos 120 millones. Tengo que decir que todos los años tenemos polémica sobre si se produce una subcompensación. Lo importante es que nos pongamos ya todos de acuerdo en cómo tenemos que hacer los cálculos. Como me decían, en la ley de 2010, que liberalizó el servicio postal y que atribuye a Correos que asuma ese servicio postal universal, es decir, que se llegue al último pueblo de España para repartir una carta, se daba la indicación de que se aprobase un plan de prestación.

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El plan de prestación ¿qué significa? Que se aprueba una metodología para el cálculo del coste neto de ese servicio postal universal, que es lo que cubren los presupuestos. Ese plan se puso en marcha en 2017, momento en el que se formó un grupo de trabajo en el que había representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, y por supuesto también estaban la SEPI y el Ministerio de Fomento. Las labores del grupo de trabajo han concluido, y este ha pasado sus resultados al Ministerio de Fomento, que -según me dijeron la semana pasada- remitiría el plan informalmente -esto es muy importante, porque yo creo que también es una forma de avanzar- a la Comisión. ¿Para qué? Para preguntar si el enfoque que le han dado es bueno y si antes de que lo hagan oficial se puede decir que van por la buena senda, qué tienen que corregir o qué tienen que ampliar. Yo creo que así es como tenemos que trabajar y como yo estoy intentando trabajar también con el plan estratégico de Navantia. Yo creo que esto es esencial y que va a terminar ya con esta polémica. Una vez que sepamos todos cuál es la metodología y que nos la apruebe la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará un informe y después lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, y se acaba con la polémica. Yo creo que este es un gran avance, porque desde el año 2010 no se había hecho el esfuerzo de elaborar dicho plan de prestación.

Termino, señor presidente. Me han preguntado también por el Hipódromo, y yo les voy a explicar por qué está SEPI en el Hipódromo. Señorías, en el año 1999 esta Cámara, el Congreso, en una proposición no de ley señaló al Gobierno que pusiese en marcha la actividad del Hipódromo. Se realizaron diversas licitaciones para ver quién estaba interesado en encargarse de gestionar el Hipódromo. Se declararon todas desiertas, y en 2003 se decidió que fuesen Loterías y Apuestas del Estado, SEPI y Patrimonio Nacional quienes se encargasen de poner en marcha el Hipódromo, que aumenta sus ingresos. En el año 2015 tuvimos un bajón debido a un problema con el regulador. Hoy les puedo decir que en el Hipódromo, que también está elaborando su plan estratégico, ahora mismo cada caballo en entrenamiento -la presencia de SEPI en el Hipódromo también tiene mucho que ver con el empleo- genera de cinco a siete puestos de trabajo. Hoy podemos hablar de que en la actividad del Hipódromo están trabajando 3150 personas. Es cierto que ahora mismo el Hipódromo está en pérdidas y que hay que realizarle soporte financiero, pero si lo neteamos vemos que la actividad del Hipódromo genera ingresos al Estado por 25 millones de euros, con lo cual neto sí es rentable para el sector público.

Cualquier cosa que me haya quedado por contestar, por supuesto se lo responderé por escrito.

El señor PRESIDENTE: Vamos muy mal de tiempo.

Agradezco su comparecencia a la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, sin solución de continuidad, comparece el señor subsecretario de Hacienda y Función Pública. (Pausa).

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (MARTÍNEZ RICO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (números de expediente 212/001518 y 212/001519) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001569).

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con la comparecencia del señor subsecretario de Hacienda y Función Pública, don Felipe Martínez Rico. De acuerdo con lo establecido por la propia Comisión, se comienza directamente por las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Merchán.

La señora MERCHÁN MESÓN: En primer lugar, le doy la bienvenida y le agradezco de antemano las explicaciones que nos va a dar. Comparece en una Comisión de Presupuestos en la que debatimos con una diferencia nada menor respecto a ejercicios pasados, y me refiero a la supresión de la famosa sección 31, gastos de diversos ministerios, que ha realizado el Gobierno. La supresión de esta sección supone una seria afectación de la facultad del Congreso para incidir en los Presupuestos Generales del Estado que presenta el Gobierno. Ya el año pasado asistimos a un hecho inaudito cuando en las tramitaciones presupuestarias en esta Cámara fueron vetadas las enmiendas de los grupos de la oposición. Se esgrimió un argumento inaudito, y se dijo que aquellas enmiendas excedían en mucho el presupuesto de la sección. Con ese argumento se cercenó el debate político porque en esta Cámara lo que hacemos, en definitiva, es un debate político sobre los Presupuestos Generales del Estado.

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La supresión de esta sección ha conllevado la creación de una nueva sección bajo su responsabilidad, la sección 10, contratación centralizada, cuya ubicación lógica sería dentro de la extinta sección 31, como un programa. Sin embargo, se ha dado algo inusual, elevándose a sección un programa que ejecuta en su integridad una dirección general. Algo similar ha sucedido con Muface, aunque en este caso no es responsabilidad suya. Le pediría que nos explicara los motivos que han sostenido esta decisión, que entendemos que ha sido reflexionada profundamente. Mi grupo no la comparte; además, lo hace desde el conocimiento y la experiencia de haber negociado las enmiendas en esa sección cuando hemos tenido la responsabilidad de recabar apoyos para los Presupuestos Generales del Estado, poniendo en valor el trabajo de la oposición. Le agradecería que nos explicara por qué se ha suprimido esa sección y las ventajas que ofrece a la ciudadanía la elevación a sección del programa contratación centralizada que se ha realizado.

El segundo tema que quería comentarle -ya lo hicimos el año pasado- es el relativo al programa incentivos regionales a la localización industrial, un programa que cualquiera diría que es fundamental en un país como el nuestro, que ha iniciado la recuperación macroeconómica y que tiene como reto a nuestro entender su modernización productiva, de manera que creemos una economía más resiliente a las crisis, para lo cual el desarrollo industrial es fundamental. Como se ha demostrado, las sociedades industrializadas, con una industria modernizada, son las que mejor han resistido las crisis y lo hemos visto dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, existe una diferencia territorial en el grado de afectación de la destrucción de empleo, siendo menor en comunidades autónomas en las que la industria tenía un mayor peso. Además, el peso de la industria de nuestra economía ha bajado, siendo en 1995 de casi el 20 % a ser en la actualidad un 16 %. Lo que nos parece sumamente grave y preocupante es que en una economía ávida de desarrollo industrial el programa que tiene -y cito textualmente- como objetivo el desarrollo económico regional para reducir las diferencias derivadas de la situación económica interterritorial y que contribuyan al desarrollo de la zona y palíen el paro con garantías de éxito -esto es, el programa de incentivos regionales a la localización industrial-, ¿cómo es posible que este programa registre cada año una merma presupuestaria llamativa no solo por el monto, que lo es, sino también porque el descenso es reiterado anualmente? El año pasado le preguntamos a este respecto y su respuesta fue que esta partida solía quedar con un alto grado de inejecución. Queremos pensar que reducir la partida no es la única medida que se pone en marcha al ver la inejecución, sino que se hace un análisis de los motivos y se justifica que la reducción responde a argumentos sólidos. Me gustaría que nos explicara, por tanto, a qué se debe de nuevo ese descenso del presupuesto en un programa que, además, tiene una partida de subvenciones a fondo perdido a empresas para proyectos de desarrollo industrial y que quede con unos niveles bajos de ejecución. ¿Qué sucede para que esto se repita anualmente, según nos dijo el año pasado y a tenor del presupuesto reducido ese año?

Por último, quería preguntarle por una cuestión que para nosotros no es mayor ni casus belli, y me refiero al parque móvil, porque es una cosa sobre la que creemos que se puede hacer demagogia de una manera muy gratuita, pero como el Gobierno anunció poco menos que una cruzada contra los coches oficiales, anunciando un descenso de los vehículos del parque móvil en un 53 % para 2014, resulta que lo que vemos es que el presupuesto del parque móvil en 2018 es 2 millones menor que en 2011. Sabemos que hay que renovar vehículos, mantenerlos, etcétera, pero ¿nos podría informar sobre cómo quedó esta cruzada o reducción de los coches oficiales?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Merchán.

A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señor subsecretario. Como ya hemos dicho en otras comparecencias, estos presupuestos lo que hacen es perpetuar los recortes iniciados ya en el año 2010. El gasto público en porcentaje del PIB es del 40,5 %, el nivel más bajo en los últimos diez años, a mucha diferencia de la media europea, que está en torno al 46 %. Se trata, pues, de una clara tendencia hacia el desmantelamiento del Estado social. Esto queda claro cuando se observa, por ejemplo, el Programa de Estabilidad 2017-2020 aprobado por el Gobierno, que quiere reducir el gasto público al 39 % para el año 2020. La primera pregunta que le queríamos hacer es por qué quieren ustedes desmantelar el Estado social y lo público, cuál es el afán que tiene el Partido Popular por desmantelar lo público, si tenemos en cuenta, además, que el

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producto interior bruto crece por encima del 3 %, pero los salarios en el año 2017 crecieron una media de 0,17 %. En última instancia, es un empobrecimiento de las familias trabajadoras. Queríamos saber si esta desigualdad le preocupa al Gobierno y por qué no ha sido capaz de corregir esta desigualdad a través de la vía presupuestaria. Y es que desde 2010, como les decía, las partidas de educación, cultura y deporte, por ejemplo, se han reducido un 21,6 %, y la de sanidad, servicios sociales e igualdad, lo ha hecho en un 31,2 %. ¿Cómo pueden ustedes entonces afirmar que se ha salido de la crisis con estos datos económicos que tenemos si es que no hay un maquillaje propagandístico por parte del Gobierno?

Si nos fijamos en las rebajas fiscales, vemos como las que afectan a pensiones y, por ejemplo, al cheque de escuelas infantiles no afectan a las rentas más bajas, que en muchos casos no llegan ni siquiera a presentar la declaración de la renta. Si hablamos de ingresos, nos preocupa la realidad de estos presupuestos, ¿cómo se entiende que se prevea que el IRPF crezca un 6 % si en los dos primeros meses de 2018 solo ha aumentado un 2 % y los salarios están estancados? ¿Son fiables, por tanto, las estimaciones que hace el Gobierno en cuanto a los ingresos? Porque ya venimos con una mochila cargada; en el año 2017 el error de previsión del Gobierno fue de 7012 millones de euros y en 2016 de 7271, con lo cual no son estos unos buenos precedentes para creernos estos presupuestos.

En cuanto al fraude y a la Agencia Tributaria, en 2017 los resultados de lucha contra el fraude fiscal han vuelto a caer por tercer año consecutivo, coincidiendo paradójicamente con años de crecimiento económico. En concreto, han caído un 5,56 % respecto a 2015. ¿Cómo explica usted esto, que mientras estamos en un crecimiento económico, según ustedes nos dicen, los resultados de lucha contra el fraude fiscal, por el contrario, están decreciendo? ¿Por qué -ya lo hemos preguntado, pero no se nos ha contestado- en la lucha contra el fraude fiscal la Agencia Tributaria ha decidido que el 80 % de la plantilla se dedique a investigar el fraude de particulares, autónomos, microempresas y pymes y sólo el 20 % a la investigación del fraude de multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas? Porque es de sobra conocido que las mayores cantidades de fraude fiscal se encuentran, precisamente, entre los más ricos en este ámbito. También nos sorprende que la plantilla de la Agencia Tributaria haya caído respecto a 2010 en más de 2500 efectivos en funcionarios y en casi 3000 en laborales. ¿Le parece a usted esto coherente respecto a la lucha contra el fraude fiscal?

Voy a ir acabando, y quiero que me conteste. Según usted, ¿quién es quien está saliendo de la crisis, con los propios datos que aporta el Gobierno del Partido Popular? ¿Por qué han aumentado, por ejemplo, los beneficios fiscales un 62 % en el último año? ¿No era suficiente con que el impuesto sobre sociedades esté ahora a niveles históricamente bajos del 25 %? ¿No será que son estas empresas las que sí han salido de la crisis, pero no lo han hecho las familias trabajadoras, las clases populares? Por otro lado, en relación con la situación de los ayuntamientos pequeños, de menos de 20 000 habitantes, creemos que deberían estar exceptuados de la aplicación de las reglas sobre la tasa de reposición, atendiendo a su especial atención de dificultad. ¿Qué van a hacer al respecto?

Junto con esto, nos sigue pareciendo imprescindible una oferta de empleo público extraordinaria que reponga el empleo destruido desde el año 2009. Esta oferta, para los ámbitos administrativos más urgentes, debe ser inmediata; esta necesidad incluso la reconoció el propio Gobierno en julio al sacar la oferta extraordinaria, pero, como ya dijimos entonces, nos parecía insuficiente. La pérdida de empleo solo en la Administración General del Estado, de media en cada uno de los ejercicios, alcanza una cifra de 6857 efectivos, lo que supone una pérdida acumulada en el periodo 2008-2016, descontando el aporte de la oferta que ha sido irrisoria, de 41 426 efectivos. Tan solo, por ejemplo, en el ámbito de la Seguridad Social se han destruido desde 2009 un total de 4249 puestos y, por supuesto, señor subsecretario, entendemos que esto tiene un impacto brutal en la calidad de nuestros servicios públicos. Nos gustaría saber -y con esto acabo- cómo pretenden ustedes corregir esta situación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor subsecretario de Hacienda y Función Pública, señor Martínez Rico. Bienaventurados estos presupuestos porque, aunque llegan tarde, conocemos bien el artículo 134.3 de nuestra Constitución y entendemos que vienen bien. En nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, aunque durante estas comparecencias algunos portavoces de los grupos parlamentarios expresan que no deberíamos estar tan contentos, estamos muy contentos con estos presupuestos. Son unos presupuestos que, además, vienen

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de 2017, que también han cumplido el objetivo de déficit, y esperamos que estos también lo hagan. Nos van a hacer salir del procedimiento de déficit excesivo, con lo cual nos van a hacer ahorrar muchísimo dinero, como pasa ahora en 2018 con los intereses de la deuda. Tenemos una mejor prima de riesgo y creo que esa es una de las cuestiones que hay que reconocer. Ciudadanos, desde luego, ha hecho un gran esfuerzo para que en estos presupuestos se ajusten los ingresos y se ajusten los gastos; así lo ha hecho, lo ha convenido y lo ha concordado con el Partido Popular.

Quisiera hablarle de cuatro puntos fundamentales: el detalle de los cambios en el presupuesto, que hemos visto en la subdirección; la modernización de la Administración, especialmente en temas digitales; la cuestión de los OPI y los interinos. Agradecemos la comparecencia en esta Comisión y esperamos que podamos aprovechar y repasar las cifras que ahora le indico. En la subsecretaría de Hacienda y Función Pública quedan adscritos la Secretaría General Técnica, la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, el Comisionado del Mercado de Tabacos. Son muchas áreas- hay muchas más, por supuesto-, pero no sé si nos podría dar algún dato básico de cuál es el presupuesto que gestiona cada uno. Los incrementos del área son muy distintos, muy variados y nos hemos quedado con el interrogante de la partida 923.M, dirección y servicios generales de Hacienda y Función Pública, que aumenta un 93 %. Este programa sufre un aumento de 500 millones de euros, pasa de 533 a 1033, para, entendemos, el pago de ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013. Me gustaría, señor subsecretario, que nos aclarara realmente a que corresponde esta sentencia, entiendo, de responsabilidad patrimonial del Estado.

Por otro lado, hay incrementos más normales. En la partida 923.A, gestión del patrimonio del Estado, todos aumentan un 3 %. Sobre este asunto me gustaría conocer la opinión sobre la representatividad de los inventarios del patrimonio del Estado. Es una cuestión que hemos visto en diferentes comisiones, en diferentes instancias en la Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas. El Congreso, además, ha instado al Gobierno repetidamente a elaborar inventarios completos de los bienes y derechos del inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado, ese inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social y de los inventarios de organismos autónomos del Estado. Evidentemente, son reiteradas en la Cuenta General del Estado, año tras año, nuestras propuestas de resolución para habilitar esas diferencias que hay en los inventarios. Tenga en cuenta que a la hora de hacer cualquier transferencia, cualquier operación con estos inmuebles no tenemos unos inventarios correctos y no sabemos realmente si las operaciones son eficaces, son eficientes ni la gestión de las mismas.

Por último, tenemos el programa 467, investigación y desarrollo de la sociedad de la información. Aumenta un 8,4 % y nos interesa principalmente esa modernización de la Administración. En esta modernización hay una parte que es de medios, que consiste en la digitalización de la Administración -la ley de la Administración-, pero, señor Martínez Rico, me gustaría que nos concretara cuáles son los principales objetivos en este área para 2018. Porque hablar de objetivos en su programa me lleva a una reflexión, y es que hay una modernización pendiente en la función pública que no es de medios sino de modos. Tenemos cientos de informes del Tribunal de Cuentas repitiendo las mismas quejas: que los centros fiscalizados no planifican el gasto; que no fijan los objetivos cuantificables en su actuación; que no justifican debidamente la necesidad en las contrataciones; que no detallan los pliegos siguiendo la regla del mínimo esfuerzo y que no se establecen procedimientos internos ni una asignación clara de responsabilidades en casi ninguna área. No es que lo diga yo, señor Martínez, lo está diciendo el propio Tribunal de Cuentas. Yo le pregunto, ¿qué se le ocurre a usted para que puedan generalizarse unas mejores prácticas dentro de la Administración para poder acabar con todas estas malas prácticas y tener en cuenta las recomendaciones que nos hace el propio tribunal?

Por último, me gustaría saber si tienen algún plan para atender las dificultades que están pasando los OPI, los organismos públicos de investigación a los que me refería al principio de mi intervención, para realizar su trabajo con las limitaciones y controles impuestos por el Ministerio de Hacienda en los momentos más severos de la crisis. En particular, me refiero a esas obligaciones de intervención previa a las que están sujetas estos centros de investigación, que realmente ralentizan y obstaculizan la gestión, hasta el punto de que, mientras que un centro de investigación en Reino Unido, por ejemplo, tarda unas semanas en aprobarlas, en España se tarda mucho más. Ciudadanos estuvo hace unas semanas en la PSA, en la Plataforma Solar de Almería, y el director, los investigadores y los técnicos nos comentaban que transcurría una media de trece meses en relación con este procedimiento administrativo. No tiene ningún sentido. Es más, incluso tenían que trasladar esas inversiones, ese capital que podían traer de otros países de Europa, esos fondos, a otros centros de investigación europeos en manos de ellos porque no conseguían cumplir

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con los plazos. Le ruego que comparta con Ciudadanos esta forma de revisar esta intervención previa y ya le adelanto que mi grupo parlamentario presentará iniciativas, y enmiendas en su caso, para abordar este tema. Hay que dar una solución a estos investigadores, porque la investigación y el desarrollo es el futuro de toda mejora en la actividad económica y en la competitividad de nuestra economía.

Por último, quiero comentarle el problema de los interinos. Sabe perfectamente que el año pasado apostamos por la consolidación de los 250 000 interinos que tenemos. Por el abuso de esa figura que han hecho durante muchísimos años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ya nos llamó la atención el Tribunal de Justicia Europeo. Hay que buscar una solución porque hemos tenido un problema con esas personas durante estos tres años de consolidación. Hay gente que lleva más de veinte años trabajando en la Administración y nosotros no estamos de acuerdo con que se otorguen plazas a dedo, sin atender a los principios constitucionales recogidos en nuestra Carta Magna de mérito y capacidad, pero tenemos que buscar una solución. Estas personas aprobaron una oposición en su día y no obtuvieron una plaza fija porque dichas plazas no se convocaron, por lo que deberíamos intentar buscar una solución. Se lo planteé al secretario de Estado, y se lo vuelvo a plantear a usted por si tienen en mente alguna solución para el problema que se avecina con esa pérdida de profesionalidad al no tener ese personal en la Función pública.

Agradezco su presencia aquí y las explicaciones que nos dé. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

A continuación, por el Grupo Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente. Agradezco al señor Martínez Rico su comparecencia. Estamos finalizando las comparecencias de esta Comisión de Presupuestos, y como cierre de los responsables del Ministerio de Hacienda le ha tocado venir a usted. Ahora tendríamos la tentación de reproducirle de todo aquello a lo que no han respondido sus compañeros, que ha sido prácticamente todo. (Risas). Ha sido prácticamente todo -alguien se habrá despistado y habrá respondido a algo, pero en todo caso esta es mi opinión-, pero seríamos injustos con usted y la comparecencia se alargaría mucho, por lo que no voy a hacerlo.

Quiero comentarle dos cosas que han surgido. Una de ellas ya la planteamos. A mí me gustaría que antes de terminar estas comparecencias de la Comisión de Presupuestos, alguien me explicase por qué se ha suprimido la sección 31. Es legítimo, no lo cuestiono, pero que nos den una explicación, que lo han redistribuido o lo que sea, pero que alguien nos explique algo porque vamos a debatir el presupuesto y nadie ha justificado la desaparición de la sección 31. Es verdad que presupuestariamente se crea un subproducto con la sección 10, pero es muy parcial. En todo caso, si alguien nos da una explicación, por leve que sea, la administraremos y la agradeceremos.

El portavoz de Ciudadanos le ha hecho una pregunta y nosotros también pensábamos hacérsela. En el programa 923.M, capítulo 4, hay una partida con 500 millones de euros -una cifra muy exacta- para el pago de una ejecución de sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013 y otras. Entendemos que esta sentencia, dado que aparece como tal en el epígrafe de la partida, debe ser muy significativa. En todo caso, dado que es una diferencia en relación con ejercicios anteriores, nos gustaría que nos diese alguna información al respecto.

Repasando este programa, hemos visto que, entre las actuaciones que contempla, hay una que reza como actuaciones relacionadas con la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Esta Comisión -por si a alguien no le suena, se lo recuerdo, porque parece que ha pasado al sueño de los justos- es la CORA. ¿Saben aquella CORA que iba a arreglar al Administración General del Estado, que iba a contribuir, entre otras cosas, a que la Administración central cumpliese los objetivos de déficit? Por cierto, por si alguien no lo sabe, no los ha cumplido; ni los cumplió en los presupuestos anteriores ni los va a cumplir en estos. La Administración local, por si alguien tampoco lo recuerda, sí que los ha cumplido y la Administración autonómica también. Pues bien, en estas actuaciones hubo una medida que consistió en la implantación en el año 2014 de un sistema de medición de productividad y eficiencia para realizar una aplicación informática para hacer el seguimiento a los planes objetivos aprobados por la Subsecretaría de Hacienda en relación con sus organismos dependientes y la aplicación de la CORA. Si tiene información de cómo ha evolucionado esto a lo largo de 2014, se lo agradeceríamos, aunque entendemos que no es estrictamente materia de la comparecencia de hoy y quizá debería comparecer alguien, no sé si del Ministerio de la Presidencia o de Hacienda, pero alguien algún día tendrá que explicar aquello de la CORA.

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Señor Martínez Rico, si me responde a alguna de las cuestiones, perfecto y, si no, en la línea, no se preocupe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano.

El señor OLANO VELA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor Martínez Rico. En primer lugar, quiero agradecer su presencia en esta Comisión y, por supuesto, le doy la bienvenida.

Todos conocemos la posición del Ministerio de Hacienda dentro de la Administración General del Estado, ese eje fundamental que representa este ministerio, y también la posición transversal que su subsecretaría de Estado posee dentro del organigrama del ministerio. Algunos portavoces, al hilo del comentario que ha hecho el señor Bel, han aprovechado para preguntarle un poco de todo. El portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos se ha pasado toda su intervención preguntándole por la Agencia Tributaria cuando esta misma mañana ha estado aquí su director. Es verdad que él no ha llevado la comparecencia, sino el señor Garzón, pero da la sensación de que esto de la confederalidad todavía es un lío y no se coordinan demasiado bien. Otros se han dedicado a hacerle preguntas relativas a la Función pública, como el portavoz de Ciudadanos, cuando ayer mismo por la tarde estuvo aquí la secretaria de Estado. El señor Bel nuevamente cumple con lo que es tradición ya en esta Comisión, que es hablar del cumplimiento del déficit público de las entidades territoriales, lo cual desde mi grupo entendemos como una loa a esa regla de gasto que ha permitido que España como país pueda presentar a la Unión Europea unas cuentas públicas en las que el saneamiento (aplausos), el control del déficit público, destaca, y eso es lo que nos ha hecho cumplir holgadamente con el objetivo el año anterior.

Como decía, la posición de su departamento en el Ministerio de Hacienda es absolutamente transversal. Por tanto, cuando decimos que estos son unos buenos presupuestos usted tiene gran parte de mérito en ello; cuando decimos que son unos presupuestos en los que destaca el gasto social, porque el conjunto de las administraciones públicas dedicará 7 de cada 10 euros al gasto social, lógicamente usted también tiene su parte de mérito; cuando ponemos en valor determinadas medidas como la subida de las pensiones, la bajada de los impuestos o el apoyo a los jóvenes y a las familias, su departamento tiene también su mérito y desde el Grupo Parlamentario Popular nos gusta reconocérselo.

En todo caso, después de haber criticado el resto de portavoces no voy a caer yo en la tentación de no hablarle de su departamento y hacerle alguna pregunta. Después de haber analizado la sección 15, que es la del Ministerio de Hacienda y los programas de su subsecretaría, observamos que, a diferencia de los presupuestos del año 2017, en los que era una constante la reducción de las partidas dedicadas a arrendamientos, en este presupuesto de 2018 hay un incremento del 107 % respecto a los presupuestos del año anterior. Esto nos ha llamado poderosamente la atención y queríamos preguntarle si nos puede indicar a qué se debe este aumento tan significativo en esta partida.

Por otro lado, en la disposición adicional octogésimo séptima de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando hablamos del recurso financiero en los consorcios de zona franca de Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla y Santander, observamos que no figura ninguna transferencia a favor de estos consorcios, cuando en presupuestos anteriores sí existían estas transferencias. Querríamos que nos pudiera explicar a qué se debe esta diferencia con el presupuesto anterior.

Es verdad que hay portavoces que pretenden arrogarse en este Parlamento, no solo en esta Comisión, sino en el Congreso de los Diputados, ser los grandes reformistas. No es menos cierto que las grandes reformas en este país se han hecho durante la X Legislatura, cuando el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría absoluta y usted también estaba en este ministerio. Pero si ha habido alguna reforma sustancial que se haya podido aprobar en este ejercicio, en esta legislatura, ha sido la transformación de la Administración pública, intentar hacer de la Administración pública una administración moderna, cercana, eficaz y eficiente y con un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. No sé si usted nos puede trasladar algo de información al respecto que se contenga en estos presupuestos digitales, así como también de la implantación de la Administración digital y las inversiones que contienen estos presupuestos en el programa 476. Hablaba de reformas y seguramente la gran reforma del año anterior, el año 2017, ha sido la Ley de Contratos del Sector Público que fuimos capaces de pactar -hay aquí dos ponentes del Grupo Parlamentario Popular en esa ley-, una norma absolutamente fundamental

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que mejorará la actividad económica y que construye una arquitectura institucional para profundizar en la regulación y la supervisión de la contratación pública, garantizando una mayor transparencia en todos los procesos de contratación y mejores instrumentos en la lucha contra las irregularidades administrativas y la corrupción. Sin duda, es una ley transversal que afecta a amplios sectores de nuestra actividad productiva y prevé un nuevo esquema de gobernanza en la contratación pública, en la que su ministerio sin duda tiene un papel fundamental. No sé si en estos presupuestos se contiene alguna medida al respecto de esta Ley de Contratación del Sector Público.

Por último, simplemente felicitar al señor Martínez Rico, como decía al comienzo, por la labor que ha realizado en el ministerio. Estos van a ser sus últimos Presupuestos Generales del Estado, por lo menos en esta etapa, porque se incorpora a un cargo de mucha importancia en la Unión Europea, y desde el Grupo Parlamentario Popular le echaremos de menos porque ha realizado un trabajo francamente bueno. Trabajar con usted ha dado sus frutos, no hay más que ver los resultados del presupuesto de 2017, y estoy seguro de que si finalmente se aprueban estos de 2018 también será así. Simplemente queremos trasladarle nuestro agradecimiento.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olano.

Para contestar a las cuestiones que han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor subsecretario, señor Martínez Rico.

El señor SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Martínez Rico): Gracias, presidente.

Buenas tardes también a ustedes, señorías, y muchas gracias por el interés que han demostrado a través de sus preguntas en diversas cuestiones de la sección 15. Han hecho preguntas de planteamiento general, algunas de las cuales corresponden a otros altos cargos de mi departamento, y les pediré que a lo largo de sus comparecencias o de sus intervenciones aquí en el Parlamento se las formulen a ellos. En el ámbito de lo que son estrictamente mis competencias voy a intentar dar respuesta a todo lo que han planteado, y estoy a su disposición si queda algo sin responder.

Empiezo por el mismo orden, presidente, si le parece, por el que ha intervenido cada uno de los diputados. Comienzo por el Grupo Parlamentario Socialista. La primera pregunta de la diputada ha sido sobre la sección 31. La desaparición de la sección 31 ha tenido para la subsecretaría, para mí como subsecretario, como gestor del departamento, una serie de efectos que paso a describirle de cómo se han ido incorporando las partidas. Tradicionalmente en la sección 31, que se denominaba gastos para diversos ministerios, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha incorporado aquella actividad propia del ministerio de la que se beneficiaban diferentes secciones. Esto afecta a diferentes servicios que se estaban prestando; uno de ellos, por ejemplo, la contratación centralizada, que usted ha descrito. La contratación centralizada, por operativa, porque al final cada una de las secciones de los ministerios se ven reflejadas en ella porque pasan parte de su capítulo 2 a engrosar la contratación centralizada en esta nueva sección, conviene para nosotros como gestores que tenga visibilidad propia. De ahí nuestro interés en que tuviese una sección específica que, en este caso, ha sido la sección 10. Por eso se intenta singularizar la contratación centralizada frente al resto de servicios que estaban incluidos en la sección 31.

Paso a describir el resto de servicios, todos los cuales se han transformado con mayor dotación en la sección 15 del ministerio, que es donde correspondían, porque la sección que daba los servicios era la sección 15, la del Ministerio de Hacienda y Función pública. Esto que he descrito se aplica para las trasferencias internas del Parque Móvil del Estado, que antiguamente estaba la sección 31, y como el parque móvil al final depende orgánicamente de la Subsecretaría de Hacienda y presta servicio a todos los ministerios, ha pasado a engrosarse la transferencia en capítulo 4 y en capítulo 7, en la sección 15 del ministerio. Hay varios programas de la Dirección de Patrimonio, que tiene programas en la sección 15 porque son específicos del Ministerio de Hacienda y Función pública, pero tiene otros que son para varios ministerios en la sección 31. Esto afecta generalmente a temas de contratación que son horizontales, por ejemplo, la plataforma de contratación del sector público -esta plataforma, que tenía tradicionalmente cargada la inversión informática a la sección 31, ha pasado a estar englobada en la sección 15-, y también la gestión propia del Patrimonio del Estado, que es mantenimiento de edificios, gasto en tributos vinculados al Patrimonio del Estado, etcétera. Hay un gasto menor de la Secretaría de Estado de Función Pública que es la participación del personal en programas de calidad, que son premios de calidad en el servicio público, que antiguamente estaban en la sección 31 porque afectan también a todos los ministerios y, como los

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premios se gestionan y se otorgan por la Secretaria de Estado de Función Pública, pasan a estar englobados a partir de este presupuesto de 2018 en la sección 15. Esos son los principales cambios de cómo se han ido englobando los servicios que estaban en la sección 31 a la sección 15 o a la sección 10 en su caso.

Ha preguntado también por la evolución de los incentivos regionales a la modernización, que en definitiva es una pregunta por el grado de ejecución de una determinada categoría de fondos comunitarios. Es cierto, como bien me indicaba, que durante mi comparecencia del año pasado ya me preguntó las razones por las que había tenido la partida esta evolución. Generalmente, se producen unas pequeñas disminuciones. Para el año que viene está previsto que en el servicio 771, la subvención a empresas en zonas de promoción económica, disminuyan en un 7,4 %. Esta es una evolución que, como bien citaba usted, yo dije que era natural, que se debe a una determinada inejecución. La inejecución que arrastramos es de los años peores de la crisis económica y financiera, a partir del año 2008, con motivo de la caída de inversiones; esto se ve reflejado también en una falta de ejecución de todos estos programas comunitarios.

Tiene usted razón en que precisamente en una situación de crisis económica uno esperaría que todo este tipo de programas tuviese una mayor ejecución; así se ha intentado y, a partir del año 2014, las intensidades máximas de ayuda autorizada en el mapa español de ayudas de finalidad regional se ha modificado en negociación con las autoridades comunitarias, y esto ha permitido que poco a poco la ejecución vaya presentando mejores cifras. No obstante, como el mapa territorial de aquellas comunidades autónomas, aquellas provincias y aquellas entidades locales que son susceptibles de recibir ayuda -también por el proceso de convergencia de España con la media de renta de la Unión Europea ha disminuido, es decir, hay menos territorios que son susceptibles de recibir ayudas de fondos comunitarios-, esto lleva a que esta partida progresivamente también se reduzca.

Me ha preguntado finalmente por el parque móvil. En el Parque Móvil del Estado se produce, primero, un importante cambio contable, que es el que le he descrito de adscribir al parque móvil contablemente de la sección 31 a la sección 15. Por otra parte, me ha preguntado cuál era el resultado de todo el programa de reformas que se anunció en el año 2012. Le puedo informar que la reforma del parque móvil formó parte de lo que han denominado, tanto usted como el resto de los diputados en sus intervenciones, como el Plan de Reforma de las Administraciones Públicas o parte de lo que se conoció como el Plan CORA. Como resultado, desde diciembre de 2011 a septiembre de 2017 se ha pasado de un stock de vehículos de 921 a 643 y se ha disminuido el número de conductores de 1002 a 729. Esto ha supuesto una mayor eficiencia en la prestación de servicios de movilidad por el parque, sin disminuir la calidad del servicio que ya se está prestando. A partir de este año, se incrementa la oferta de empleo público, que también afecta al Parque Móvil del Estado y, en particular, las deficiencias que puede haber en material de personal y de conductores se están satisfaciendo de forma temporal a través de interinos. A lo largo de este mes hacemos pública, por ejemplo, la incorporación de 72 nuevos interinos al parque móvil, mientras entren las nuevas promociones de funcionarios de manera temporal. El parque móvil tiene un crédito adicional para este año que, desde el punto de vista del presupuesto, tiene capacidad de financiarse con remanente. La política de austeridad de los últimos años ha permitido que el remanente de Tesorería del parque móvil, por ejemplo al cierre del año 2017, esté en 21 800 000 euros, es decir, una posición muy saneada. Esta posición la estamos aprovechando para hacer inversiones que mejoren la calidad del servicio y la prestación por parte de los funcionarios que forman parte del parque móvil.

Hay dos acciones que le puedo comentar que son destacables de este año: por una parte, el perfeccionamiento del IVO, que es lo que conocemos como el inventario de los vehículos oficiales o el inventario de la movilidad oficial. Esto fue un proyecto de la Comisión de Reforma de la Administraciones Públicas y se trató de crear un inventario de la suerte del inventario que me preguntaba el diputado de Ciudadanos para Patrimonio del Estado, pero para el Parque Móvil del Estado, que nunca había existido. Este inventario tiene como ámbito subjetivo no solo la Administración General del Estado, sino también la parte de empresas, es decir, el sector público empresarial estatal, y permite hacer una política de homogeneización y de control de cuáles son las nuevas adquisiciones de la flota.

Por otra parte, está el proyecto GAMO, dentro de lo que le quería destacar de nuevos proyectos este año, que es el acrónimo de la gestión automatizada de la movilidad oficial. Se trata de un proyecto de modernización e introducción de nuevas tecnologías en el parque móvil, de tal suerte que, a través de medios telemáticos, se gestiona toda la flota del Parque Móvil del Estado. Esto conlleva inversiones informáticas y también se va a intentar, durante este año, poner en marcha la adquisición de nuevos vehículos para el parque móvil, si damos a luz el procedimiento de contratación que ya está iniciado. Como ve, se lo he intentado resumir de la forma más rápida posible; tampoco quiero hacer una comparecencia del Parque Móvil del Estado pero, ya que me preguntaba, he aprovechado para contarle

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nuevos proyectos y que vean que dentro del proyecto CORA -por el que alguno de ustedes me preguntaba- hay elementos -he hablado de los que tengo en el ámbito de mi subsecretaría- que sí que pueden dar resultados, que además de objetivos han tenido resultados tangibles.

Paso a responder al diputado del Grupo Podemos, que me ha hecho un planteamiento general del presupuesto. Yo entiendo que el planteamiento general del presupuesto no corresponde tanto a mi comparecencia de la sección 15, pero no quiero tampoco dejar sin responder algunas de las cuestiones que ha planteado, simplemente dando algún tipo de dato que me permita introducir elementos cuantitativos en los temas valorativos que usted ha hecho de la propuesta de presupuestos de 2018. Se refería, por ejemplo, a la recaudación, tanto a la figura tributaria como el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedades. Decía acerca del impuesto sobre la renta de las personas físicas que le sorprendía la tasa de crecimiento, que al final es una estimación que llevamos en el presupuesto de 2018. Pues bien, el ministro de Hacienda y Función Pública ya ha comunicado que, de acuerdo con los datos provisionales que tenemos del mes de marzo, la recaudación del impuesto sobre la renta de personas físicas en términos de rendimientos del trabajo -que es el primer dato, que siempre llega a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que se ingresa por todo el sector público empresarial en los bancos, a través de las entidades de crédito-, conocemos estos primeros ingresos de retenciones del trabajo, pero las retenciones de trabajo en términos interanuales están creciendo a una tasa de alrededor del 5 %, una tasa muy próxima a la que llevamos en los Presupuestos Generales del Estado como estimación. Bien es cierto, y usted tiene razón, que los datos de los dos primeros meses dan unos cifras de crecimiento de la retenciones del trabajo bastante modestas, pero son meses que no son significativos. Respecto a enero y febrero, hay que esperar a tener finalizado el primer trimestre. Los primeros datos estimativos, sin ser todavía definitivos -son provisionales-, nos llevan a confiar en que las retenciones del trabajo van a buen ritmo. Esto no puede ser solo por la evolución del mercado de trabajo, que ya es buena y muestra unas tasas de crecimiento de la ocupación de alrededor del 3 %; unas tasas de crecimiento como las que le he citado tienen que darse porque hay una evolución alcista también en el crecimiento de los salarios nominales. Es decir, pueden tener su crítica, que es razonable, a la situación macroeconómica que tiene el país, pero los últimos datos de coyuntura que tenemos nos dan un perfil de recuperación económica que va en la buena dirección.

Se ha referido al volumen de recaudación del impuesto sobre sociedades, que estaba en mínimos. El mínimo histórico de recaudación del impuesto sobre sociedades se produce en el año 2011. En el año 2011 la recaudación del impuesto sobre sociedades baja, según datos de la Agencia Tributaria, a 16 000 millones de euros; mínimo histórico. Me puede decir que ahora la recaudación del impuesto de sociedades es reducida cuando la compara con el año 2007 y tendrá razón, pero no es un mínimo histórico, y el perfil de los últimos años ha sido que la recaudación del impuesto sobre sociedades ha crecido, de forma moderada, pero ha ido creciendo moderadamente con la evolución del ciclo económico. Lo mismo me podría decir respecto a los datos del fraude, de desigualdad, etcétera, pero no quiero detenerme en cuestiones que son más generales de política económica y que creo que deben responder otros altos cargos de mi ministerio.

Ha citado también la evolución del empleo público, y aquí sí que aprovecho para hablarle, ya que ha personificado en la Agencia Tributaria -aunque me imagino que el director de la Agencia Tributaria les habrá dado el dato-, sobre la evolución del último año del personal de la Agencia Tributaria. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según los datos del ministerio, en el presupuesto de 2017 tenía un personal de 25 261 efectivos entre altos cargos, eventuales, funcionarios y laborales, y en el proyecto de 2018 la cifra que llevamos es de 25 733 efectivos, es decir, 472 efectivos adicionales. Le vuelvo a repetir lo mismo, es cierto que ha habido años en los que se ha ajustado el empleo público, especialmente en los primeros años de la anterior legislatura; pero en los últimos años, con las ofertas extraordinarias de empleo público, la evidencia nos dice que la oferta de empleo público -que muchas han sido ordinarias y otras extraordinarias- ha permitido ir reponiendo las carencias de todas las secciones del presupuesto, y en particular la sección 15 del Ministerio de Hacienda y de Función Pública.

Paso a responder las preguntas que me ha planteado el diputado de Ciudadanos. La primera pregunta que me ha formulado es sobre el programa 923.M y el importe que les parecía elevado, que era de 500 millones de euros. Pues bien, aquí se ha creado un nuevo programa que es un crédito destinado específicamente a satisfacer la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por diversas sentencias, fundamentalmente del céntimo sanitario, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la que se hace referencia, pero también a otro tipo de sentencias. En este momento la dotación de esta

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partida nos permite satisfacer sentencias contrarias al interés del Estado en responsabilidad patrimonial del Estado legislador y también otras sentencias que están empezando a aparecer por impuesto de sucesiones y donaciones.

La actual evolución del Fondo de Contingencia, el elevado volumen de responsabilidad que está asumiendo el Estado por este tipo de sentencias ha hecho que en la gestión del presupuesto de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se pensara que era oportuno dotar un programa específico en la subsecretaría que, a través de la Oficialía mayor, es quien al final hace de caja pagadora de los interesados finales de todos estos supuestos. La mejor estimación de la evolución que se prevé de pagos por responsabilidad patrimonial del céntimo sanitario, de acuerdo con la información que tenemos, para todo este año 2018 es de 500 millones de euros. Puedo informar también que el grado de ejecución en años anteriores fue reducido, pero porque la remisión de sentencias desde el Supremo es relativamente reciente, es del año pasado. Así, por ejemplo, en el ejercicio 2016 se abonó por responsabilidad patrimonial vinculada al céntimo sanitario un total de 1 032 000 euros y, en el año 2017, un total de 38 266 000 euros.

Me ha citado también un centro específico de mi subsecretaría, que es la Dirección de Patrimonio, y una política específica que lleva a cabo, que es el inventario de bienes del patrimonio estatal. Esta es otra de las medidas de la CORA, que entra dentro del ámbito de mis competencias y de la subsecretaría. Le puedo citar que en la reunión de mayo de 2012, el pleno de la Comisión de coordinación financiera de actuaciones inmobiliarias y patrimoniales aprobó una serie de directrices de actuación en relación con el patrimonio inmobiliario que son las siguientes. Por una parte, un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria; por otra, la enajenación de inmuebles innecesarios y otra serie de actuaciones, todas ellas vinculadas a la informatización y a la mejor gestión de espacios comunes dentro de los ministerios. Así, se puso en marcha dentro del inventario, por una parte, un programa informático que permitía saber la disponibilidad o no disponibilidad de los diferentes bienes del patrimonio del Estado y, por otra parte, un programa informático que nos permitía conocer espacios comunes que pudiesen ser utilizados por los diferentes altos cargos de los ministerios. Este programa sigue adelante, y recientemente hemos dado algunos pasos respecto a la optimización del patrimonio inmobiliario, con el programa de desalojo de las actuales dependencias de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Intervención General de la Administración del Estado. Ambos servicios comparten un edificio en María de Molina que a finales de este año se pondrá a la venta. Por ello, en los próximos meses se pondrá en marcha un sistema para el realojo de los funcionarios tanto de la Secretaría de Estado de Función Pública como de la Intervención General de la Administración del Estado. Actualmente ambos servicios ocupan un espacio de 42 000 metros cuadrados en el emplazamiento que he citado, en la calle María de Molina, 50, y se está buscando un emplazamiento alternativo en diferentes edificios de oficinas en la calle Agustín de Foxá, en Mateo Inurria, etcétera. Todo esto nos permite seguir adelante con el programa de optimización del patrimonio inmobiliario. Hemos avanzado en reducir las ratios de ocupación de los edificios y también hemos avanzado en la reducción del gasto en arrendamientos. Les puedo dar el dato, por ejemplo, de un resultado objetivo de la CORA: de 31 de diciembre a 31 de diciembre de 2017 se encuentran en vigor 156 arrendamientos menos en la Administración General del Estado que al inicio del Plan CORA, con una estimación de ahorros de alrededor de 40 millones de euros. En el ámbito de mi sección, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el ahorro que ha supuesto solo para la subsecretaría del ministerio es del 33,7 %.

También ha citado una serie de programas específicos, como el relativo al desarrollo informático, el programa 467. Este programa incluye otros proyectos CORA y el portal de contratación, que es la plataforma de contratos del sector público a la que me he referido anteriormente, que tiene un crédito que ya arrastramos del año pasado de 2,5 millones de euros. Este es uno de los proyectos estrella de la trasposición de las directivas comunitarias en materia de contratos del sector público cuya regulación también se ha mejorado en la tramitación parlamentaria de la ley, ya que en esta plataforma es donde se incluye la información del perfil del contratante y ha sido en la negociación parlamentaria donde se ha enriquecido toda la información que se va a ofrecer de dicho perfil. Tiene una dotación que continúa la del año anterior y está en una cuantía de 2,5 millones de euros. En otros proyectos CORA hay una dotación en el presupuesto de 2018 de 2 398 000 euros, con un incremento de 150 000, un 6,7 %. Aquí lo que se hereda dentro del ámbito de la contratación pública es toda la parte de contratación centralizada. La Dirección general de racionalización y compras centralizadas se crea también englobada en todos los proyectos CORA. Se crea en el año 2013 e incorpora unas nuevas plataformas informáticas para hacer seguimiento de la gestión de los diferentes contratos, de tal suerte que a la vez que se unifican los créditos de las diferentes secciones del presupuesto, a través de estos programas informáticos se permite también conocer mucho mejor el perfil de demanda de todos los

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ministerios. Pues bien, este crédito de 2 398 000 euros va a financiar una serie de programas, como por ejemplo el programa Conecta, en el ámbito de esta dirección general, que tiene como objetivo mejorar el seguimiento de la gestión de las compras centralizadas.

El señor diputado de Ciudadanos me ha citado una serie de elementos de valoración sobre qué instrumentos de control tenemos en los ministerios para ordenar nuestra actuación, bien sea -entiendo- en el ámbito de la contratación, bien sea en la pura gestión de todos los expedientes o en el ámbito de la producción normativa. En esto sí le puedo informar de que existen diferentes elementos que establecen una programación estratégica en los ministerios. Por una parte, desde el punto de vista de producción normativa, como Ministerio de Hacienda y Función Pública estamos sometidos al programa normativo que establece el Ministerio de la Presidencia. Tendrán también aquí sentado al subsecretario del Ministerio de la Presidencia al que le pueden preguntar, pero existe un plan anual, del que se hace seguimiento semestral, de producción normativa en el que cada una de las secciones volcamos nuestros proyectos a futuro sea el rango que sea. Esto nos permite hacer un hilo conductor y una elaboración programática y estratégica de toda nuestra producción normativa.

Desde el punto de vista de la contratación, en lo que hacía referencia al Tribunal de Cuentas, sí es cierto que en la nueva Ley de contratos publicada el pasado noviembre se han introducido numerosos elementos de control adicional que permitirán hacer, desde el punto de vista de la sociedad civil, un mejor seguimiento de la gestión de los contratos en el ámbito de la Función pública, no solo en el ámbito de la Administración General del Estado, sino en el sector público en general. Habrá mayor publicación de contratos menores, hay mayor remisión de información al Tribunal de Cuentas, hay mayor capacidad de recursos en el ámbito administrativo a los tribunales de recursos contractuales y habrá más información de seguimiento en la plataforma de contratos del sector público. Es decir, hay una serie de elementos que coadyuvarán a que la sociedad civil tenga más información. Además, se crea un nuevo organismo, la organización independiente de regulación de contratos del sector público, que tiene como objetivo eso, crearse como un organismo nuevo, independiente, que dé una visión de cuál es la ejecución de toda la práctica contractual en la Administración General del Estado. Es decir, a este organismo independiente se le dan competencias tanto de supervisión como de regulación en el ámbito de los contratos del sector público y eso debería mejorar a futuro las prácticas de contratación en todo el sector público. De forma más concreta, en la gestión del día a día, en la gestión de los expedientes, le informo que, en el ámbito del plan CORA, se puso en marcha, en la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, a través de una de sus unidades, la Inspección General de Servicios, un plan de objetivos. Este plan de objetivos, que está presente y es público para todos los organismos de la subsecretaría, ya se ha empezado a extender desde el año pasado a las empresas del ámbito de subsecretaría, a las empresas del Grupo Patrimonio. El mecanismo es la fijación de un plan de objetivos a principios de año, de acuerdo con los responsables de cada uno de los centros directivos de mi departamento, que se hacen públicos y una evaluación periódica obligatoria a final de año, donde cada uno de los directores de departamento rinde cuentas de los objetivos planteados. Este plan de objetivos es público y lo pongo también en conocimiento del resto de altos cargos de mi ministerio y de mis compañeros de otras secciones, para que, si tienen interés, dispongan de él como elemento de control de eficacia. Es control de eficacia en el sentido de la Ley 40/2015, es decir, es un elemento innovador de gestión por objetivos en el sector público y que tiene mucho recorrido en el futuro.

Los organismos públicos de investigación, desde el punto de vista presupuestario, no entran en la sección 15 y, por tanto, no entran en las competencias del Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Las medidas de control de estos OPI, que es en lo que yo entiendo que tenía interés su intervención, tampoco entran dentro de mi ámbito de competencias, sino que son competencia de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos a través de la Intervención general.

Me hacía referencia también a los interinos, a la política de interinos, a la política de consolidación. Entiendo que se refiere a los laborales interinos y no a los funcionarios interinos. Los laborales interinos son los que están afectados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cuanto se hizo pública la sentencia, desde el ámbito del Gobierno se puso en funcionamiento un grupo de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se trataron todos estos temas con los interlocutores sociales, también con los responsables de Función pública, porque entra en el ámbito de competencias de mi ministerio, y se está a la espera de más doctrina, de más sentencias. Mientras tanto, hasta que tengamos una directriz clara en el ámbito jurídico, lo que hay es una intención clara, desde el punto de vista de la política de Función pública -esto es algo que les puede exponer la secretaria de Estado de

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Función Pública-, de avanzar en los procesos de consolidación, de tal suerte que se eliminen las prácticas de interinaje o todas estas contrataciones interinas y se sustituyan por fórmulas de contratación estable.

Paso a responder al diputado del Partido Demócrata Catalán. Me ha hecho la pregunta de la sección 31, que entiendo que con la respuesta que he dado a la diputada socialista ya está contestada. Me ha hecho la pregunta también relativa a los 500 millones de euros que tenemos en la dotación de la sección 15 del ministerio para transferencias corrientes, que entiendo que ya he contestado con todo lo expuesto sobre el céntimo sanitario.

Me ha planteado también una pregunta específica sobre el programa 467.G, que es relativo a capítulo 6, de inversión en materia informática tanto de equipos como de programas. Entiendo que ya está contestado con todo en planteamiento CORA. Pero también me ha hecho referencia a algo novedoso, que el resto de diputados no me ha preguntado, y es si en este ámbito de la Administración electrónica o en el ámbito de la compra de equipos informáticos o de programas hay algún tipo de programa más allá del equipamiento. Pues bien, una vez finalizado el programa CORA -por cierto, no es que haya desaparecido CORA sino que sus competencias se han integrado en la Secretaria de Estado de Función Pública, de acuerdo con el nuevo real decreto de estructura del ministerio-, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda y Función Pública se asumen nuevos programas de objetivos en materia de Administración electrónica, y tiene razón en plantearlo, puesto que queda tarea por recorrer. Ahí le puedo comentar que hay dos tipos de iniciativas. Una es propia del ministerio, y es la aplicación de la estrategia TIC, de la estrategia en materia de tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno. Esta estrategia TIC de 2015 se particulariza en los ministerios en lo que denominamos planes de acción de transformación digital. El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene el suyo ya desde el año pasado y es un plan que también se ha instrumentado, al igual que los objetivos para control de eficacia de la gestión, a través de la Inspección General de Servicios. Es transversal para todo el ministerio, se aprueba en la subsecretaría, afecta a todas las secretarías de Estado y a todo el sector público empresarial del ministerio y tiene objetivos concretos de evolución en materia de Administración electrónica. También está colgado en la página web y se puede hacer el seguimiento. El nacimiento de este plan de transformación de la Administración digital hace que los créditos en materia de equipamiento informático crezcan en el ministerio. Así, por ejemplo, en inversión, en inmovilizado material, el crecimiento del presupuesto de 2018, a efectos de cifras de proyecto, en comparación con el presupuesto de 2017, es de un 7,6 %. Esto denota incorporación de nuevas unidades, porque ha habido reestructuración ministerial, pero también incorporación de nuevos proyectos en las unidades de ministerio, todos ellos volcados en el Plan de transformación digital. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa GAMO, que les he citado, el de Gestión Automatizada de la Movilidad Oficial, que tiene el parque móvil del Estado.

Paso a responder, por último, al diputado del Grupo Parlamentario Popular. Me ha hecho una pregunta sobre consorcios de zona franca. La novedad en este proyecto de presupuestos es que se concede el recurso financiero en los presupuestos a varias zonas francas que todavía no lo tenían. Históricamente, el recurso financiero está regulado en un real decreto legislativo del año 1999 y de lo que se trata es de asignar la recaudación por impuesto sobre sociedades en territorio de zona franca a la gestión de la propia zona franca. Es decir, el recurso de las zonas francas no es ningún tipo de fiscalidad adicional para las empresas en zona franca ni para las empresas en general; lo que hay es una suerte de afectación de la recaudación de sociedades en ese territorio para la mejora de las instalaciones de zona franca. Esto estaba ya presente en Vigo, estaba ya presente en Cádiz, pero no estaba presente en el resto de zonas francas, ni en Barcelona, ni en Santander, ni en Sevilla, ni en Tenerife, ni en Las Palmas. Si tenemos en cuenta la existencia de este instrumento como política industrial del Estado y las necesidades de articular proyectos, como Industria 4.0, o temas innovadores que se puedan plantear desde la innovación industrial, y de dar una cierta autonomía de gestión a los propios delegados especiales de zonas francas, se concede el recurso financiero a todas estas zonas, muchas de ellas ya consolidadas y otras, como pueden ser Tenerife o Sevilla, incipientes. Además de crear este recurso financiero, lo que se hace es crear un nuevo instrumento que no existía antes, que es un fondo financiero para zonas francas, como, por ejemplo, el Fondo de Compensación Interportuario que ya existe. Este nuevo fondo va a garantizar que parte de los recursos que se generan en las zonas francas vayan a la dotación de este fondo y reviertan en el futuro en proyectos que sean de interés común para las zonas francas.

Me ha preguntado también el señor diputado del Grupo Parlamentario Popular por la transformación de las administraciones públicas y por los diferentes créditos al respecto. Entiendo que esta pregunta está

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respondida ya con el incremento de dotación del inmovilizado material en el ámbito informático y con los programas que he citado, que son, por una parte, el Plan de acción de transformación digital del ministerio y, por otra parte -no lo he citado antes-, el Plan Transforma. El Plan Transforma al final lo que hace es volcar todo lo que existe en el mundo de la planificación estratégica en el ámbito de la Administración digital, que es lo que eran la estrategia TIC y el proyecto CORA, en un nuevo proyecto estratégico para el futuro que será puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Función Pública.

También me cita la Ley de contratos y me pregunta si tiene algún tipo de reflejo en los créditos de la sección 15. Pues bien, sí que hay reflejo en los créditos, en particular en las unidades que gestionan la política de contratos, la Dirección de Patrimonio, que tiene un crédito de los 2,5 millones de euros que he citado para la plataforma de contratos del sector público, y en el ámbito gestor, la Dirección General de Racionalización y Compras Centralizadas, que tiene un incremento de crédito para temas informáticos, especialmente para la plataforma que denominamos Conecta. Sí que es cierto que la Ley de contratos tiene un elemento de gobernanza nuevo. En febrero pusimos en marcha ya el comité de cooperación, como parte de la Junta de contratos del sector público, y tenemos todavía por configurar el organismo independiente de regulación y de supervisión de contratos del sector público. Sin embargo, al crearse este organismo en la forma de un órgano colegiado del propio ministerio, existe dotación suficiente en la sección 15, tanto en capítulo 1 como en capítulo 2, que serán sus principales gastos, para atender todas las necesidades del organismo, que debe estar constituido ya en este año, básicamente porque el organismo independiente de regulación de contratos es el responsable de aprobar la estrategia nacional de contratos del sector público, que es un elemento clave dentro de la ley en la planificación estratégica de lo que debe ser la práctica contractual en el futuro en las administraciones públicas, y esa estrategia debe remitirse a las autoridades europeas todavía dentro de este año.

Esto es todo lo que tengo para informarles respecto a sus preguntas y estaré encantado de responder cualquier cuestión adicional que tengan. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Martínez Rico.

Sin solución de continuidad, la siguiente comparecencia es la del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don Cristóbal Torres Albero. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (TORRES ALBERO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/001265) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001585).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con las comparecencias del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso con la comparecencia de don Cristóbal Torres, presidente del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. De acuerdo con lo determinado por la propia Comisión, comenzamos directamente por las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Socialista.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del CIS, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, le agradezco su comparecencia para explicar los presupuestos de 2018 para el CIS. Hace un rato comparecía la presidenta de la SEPI, que tiene decenas de miles de trabajadores y un volumen de negocios de más de 5000 millones. El presupuesto que usted gestiona ronda los 8 millones de euros, que no tiene comparación. Sin embargo, el presupuesto del CIS es tanto o más importante para nuestra democracia que el de la SEPI lo es para nuestra economía. Siempre insistiremos en eso, porque el CIS es uno de los espejos que la sociedad española tiene para conocerse a sí misma, orientarse a sí misma y gobernarse a sí misma.

En una encuesta que hacía el año pasado el CIS sobre la importancia social de las encuestas, el 65 % de los entrevistados decía que las encuestas sirven para que los gobiernos conozcan los problemas de la gente. En los tiempos de las noticias falsas, de la posverdad, de la mentira como industria; en unos tiempos en los que tanta gente en la política y en los medios anda empeñada en hablar en nombre del pueblo, de lo que le pasa al pueblo, de lo que siente el pueblo, de lo que quiere el pueblo, de lo que dice el pueblo, asomarse a las páginas de Internet y del CIS y estudiar sus encuestas es una de las maneras más sensatas de acercarse a cierta verdad, aunque solo sea una verdad estadística, y de escuchar la voz del pueblo, que rara vez es una voz y que, por lo general, son muchas, variadas y contradictorias voces. Preservar el CIS es algo que nos corresponde a todos; al Gobierno, que lo tiene bajo su responsabilidad,

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y a usted, que le toca dirigirlo día a día, pero también a nosotros, garantizando que disponga de los recursos necesarios para realizar adecuadamente su tarea. Por eso los socialistas pedimos cada año que comparezca el presidente del CIS en esta Comisión, para asegurarnos de que dispone de los recursos financieros necesarios, y en la Comisión Constitucional, para asegurarnos de que dispone de la autonomía necesaria para hacer su trabajo.

En cuanto a lo que hoy nos trae aquí, que son los presupuestos, la verdad es que la variación es bien pequeña. El ministro de Hacienda les ha dado casi 8000 euros más que el año pasado (risas), así que el presupuesto sigue siendo el mismo, lo que en cierto modo es lógico, teniendo en cuenta que van a hacer casi el mismo número de encuestas -una más- que el año pasado. Los cambios más notables, cuando uno se asoma a los presupuestos del CIS para este año, se han producido en inversiones reales, con 200 000 euros más. Hay 55 000 euros más en una partida que siempre me resulta confusa, que es familias e instituciones sin fines de lucro -de hecho, las familias en general son sin fines de lucro-, y hay 393 000 euros menos en trabajos realizados por otras empresas y profesionales, me parece. Me gustaría que nos hablara básicamente de esos números, de los grandes, que no son tan grandes, pero, bueno, en un presupuesto de 8 millones son muy notables.

Aparte de eso, hay un par de cosas que sí me apetece decir. En el informe sobre la actividad hay algo que me parece muy llamativo y muy importante, que son las visitas a la página del CIS, porque, claro, siendo un espejo también conviene saber cuánta gente se mira en el espejo, y hay 51 millones de visitantes a la página del CIS. Me gustaría saber qué han aprendido de esas visitas y cómo se puede mejorar, porque yo creo que las visitas están estancadas más o menos en ese número, igual que las descargas de las encuestas, que me parecen muy importantes y que creo que andan sobre 24 000. ¿Tienen suficientes recursos para que la página web del CIS sea lo que debe ser? Porque es una página central para nuestra democracia.

Básicamente, estas son las cosas notables. Insisto en que es importante que venga usted y nos cuente, aunque sea brevemente, lo que ocurre en el CIS, porque es importante que el CIS sea una institución visible en nuestra democracia, que da cuentas en el Congreso y que también está protegida por el Congreso.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Guijarro.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Torres.

Querría empezar haciendo una alabanza de lo que ha sido la institución del Centro de Investigaciones Sociológicas en España. Ya decíamos el año pasado, cuando usted tuvo también la ocasión de comparecer con motivo de los Presupuestos Generales del Estado, que efectivamente se había convertido -lo decía concretamente mi compañera Carolina Bescansa- en un faro. Quiero resaltar esa metáfora porque creo que es muy acertada y, efectivamente, ha sido en muchos sentidos la envidia de otros países y otras democracias de nuestro entorno. Sin embargo, viendo los datos de los presupuestos de los últimos años, nos sorprende, señor Torres, que acumulemos un recorte en la institución desde el año 2009 del 8 %. En concreto, como ha destacado también el anterior compareciente, el incremento que se produce respecto al año pasado es de un ínfimo 0,1 %, lo cual coloca a la institución en una situación algo delicada -hablando nuevamente de los recortes acumulados durante todos estos años-, cuando precisamente esta última década puede ser definida como una de las que ha experimentado mayores cambios -por lo menos en lo que respecta a nuestro país- sociológicos, socio-demográficos, ideológicos y políticos; por ejemplo, el sistema tradicional de partidos digamos que ha reventado... Hay una serie de características que bien merecerían ser estudiadas a fondo, dado que se están produciendo cambios de calado, cambios de fondo; sin embargo, el CIS, por la dificultades o por las cuestiones que ahora usted nos detallará, tiene que acometer sus tareas con un presupuesto bastante más recortado en una década en la que han ocurrido muchísimas cosas en España.

Hablábamos también el año pasado de lo importante que es que el CIS pueda devolver -por decirlo de alguna forma- a la ciudadanía española una serie de informes relevantes, y hacíamos mucho hincapié en el término relevantes. Decíamos que el CIS se había dedicado, aparte de a los productos habituales, periódicos que suele difundir, a algunos otros temas monográficos, y hacíamos notar que echábamos en

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falta precisamente esa relevancia. No digo que los temas que se hayan tratado en los últimos meses y años no sean interesantes ya que hablábamos del carné de conducir por puntos, del conocimiento de idiomas de los ciudadanos, veo en la página web una opinión pública y de política fiscal; temas que sin duda no son baladíes, pero echábamos en falta los temas gruesos, los temas nodales que han influido o determinado la política y la sociedad española en estos últimos años. Por ejemplo, echábamos en falta estudios sobre cómo la corrupción que ha protagonizado tantos titulares en nuestro país en los últimos años hubiera podido impactar en la sensación que tienen los ciudadanos respecto a la confianza en sus instituciones democráticas. Hablábamos también de otro tema no menor, como es el de la precariedad y la pobreza energética. Quizá habría sido interesante que una institución como el CIS hubiera puesto el foco en estos temas. Otro tema sería, por ejemplo, expectativas de la juventud española, algo que, como sabe usted, también está ahora en un brete -en un veremos- y con ciertos nubarrones todavía en lontananza. Nos gustaría saber si el Centro de Investigaciones Sociológicas, en las investigaciones proyectadas de aquí a un tiempo, tiene previsto acometer o afrontar alguna de estas temáticas, que, insisto, nos parecen nodales, fundamentales, para entender lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos años. Si no fueran estos, díganos cuáles otros. Seguramente nos pueda sacar de dudas en ese sentido.

Querría detenerme en la partida destinada a otras empresas y profesionales, que también ha mencionado el anterior interviniente. Efectivamente, se produce una caída muy grande de dicha partida, y como yo soy un optimista antropológico, quiero pensar -sáqueme usted de esta duda, señor Torres- que esto se debe a que la externalización que se había llevado a cabo por parte del CIS, particularmente en lo relativo a los trabajadores de campo, estaba fuera de lo que es el instituto en sí. A lo mejor esto nos indica que han sido absorbidos y que el proceso de externalización se ha revertido. Ojalá pueda usted confirmarme estos datos.

También querría hablar sobre los técnicos del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, técnicos que por lo demás han sido caracterizados como muy competentes, lo cual responde a la clave del éxito del CIS en estos últimos años debido a la calidad que presentan. Señor Torres, ¿hay algunas medidas específicas que se hayan llevado a cabo en el centro para aliviar lo que nosotros entendemos como una situación de precariedad laboral en algunas de estas capas? Le quería preguntar también si a la hora de planificar sus estudios, sus planes de trabajo, cuentan ustedes con estos técnicos, que, como digo, son de un altísimo nivel en el campo de la sociología empírica. Solo me queda agradecerle su comparecencia hoy aquí, así como sus ulteriores respuestas.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor Torres. Continuando con las introducciones de alabanza que han hecho los portavoces que me han precedido, quiero decirle que para nosotros también es un placer contar con usted aquí con motivo del debate de los Presupuestos Generales del Estado y que esta comparecencia nos da la oportunidad de tener una visión global de la actuación del Estado y revisar con los máximos gestores -como es su caso- los objetivos de los distintos organismos públicos.

Para nosotros, el CIS tiene encomendada una labor fundamental, que es el estudio y análisis de la sociedad española, algo que realiza con total profesionalidad e independencia, lo que ha hecho que se haya ganado la confianza y la credibilidad de los españoles. En ese sentido, me parece oportuno darle la enhorabuena por la parte que sin duda le toca.

El presupuesto del CIS, como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es prácticamente de 8 millones. Hay una pírrica subida de unos 8000 euros, más o menos como la de 2017. Como usted sabe, en años electorales el presupuesto sube unos 300 000 euros, pero este año no es el caso -eso parece, o al menos así esperamos-, de modo que estamos ante un presupuesto modesto que puede subir puntualmente para alguna inversión, pero que está básicamente pensado para sostener lo que hay. Me gustaría plantearle dos o tres cuestiones. La primera es cómo avanzan los proyectos de modernización iniciados o por iniciar en el CIS. Estoy pensando en particular en la implantación del sistema CAPI, así como en el tratamiento y en todas las cuestiones relativas al Big Data que, como bien sabe, es la vanguardia actualmente. Por último, en su comparecencia del año pasado comentó algo sobre un pago al exterior de 174 000 euros, correspondiente a la cuota del consorcio de infraestructuras científicas, ERIC, que, como bien sabe, es el consorcio internacional que se encarga de

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realizar la encuesta social europea. El año pasado dijo que le preocupaba que 2017 fuese el último año en el que España formase parte de esa encuesta social europea porque teníamos cuota de país invitado y no de socio de la infraestructura, algo que nos parece preocupante. Veo que este año en los presupuestos hay un pago al exterior, pero de menor importe, de 139 000 euros. En este sentido, le quería preguntar si nos han hecho un descuento, una tarjeta de socios, una de país pobre... No sé por qué se rebaja, ya que precisamente le preocupaba que la cantidad que pagábamos era de país invitado. Asimismo, me gustaría preguntarle si el Ministerio de Economía y Competitividad ha materializado el convenio necesario para que España pueda ser incluida como socio de pleno derecho en esa infraestructura económica.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fole.

El señor FOLE DÍAZ: Muchas gracias, presidente.

Señor Torres, gracias por acudir a esta Comisión para explicar la evolución de los trabajos del organismo que dirige y la importancia de su conocimiento en los proyectos de futuro que se contemplan en estos presupuestos generales de 2018. Veo que todos los grupos coincidimos en la importancia que tiene su organismo, no solo en su trabajo sino también en alguna gestión que realiza y en la imagen y credibilidad que transmiten sus trabajos. En este punto, si me permiten, me detendré un poco más tarde.

Los presupuestos generales de 2018 contemplan un incremento considerable de las transferencias del Estado como compensación del esfuerzo realizado durante los duros años de crisis por este organismo y así poder seguir haciendo frente a los importantes compromisos vinculados al programa nacional de encuestas y su necesaria difusión sociológica. El año pasado, como han dicho mis compañeros, nos informó de algunos nuevos proyectos que iban a poner en marcha de cara a los presupuestos generales de 2017. Resaltaba el estudio sobre percepción de encuestas, la encuesta sobre estructura social española y también hacía referencia a la necesidad de aumentar la posible aplicación de nuevas tecnologías y la formación e investigación dentro de su organismo. En este sentido, querría preguntarle cómo han evolucionado estos proyectos, dentro de los modestos presupuestos que contemplaba; qué previsiones hay para estos proyectos o para proyectos nuevos dentro de los presupuestos generales de 2018; y si contempla -lo hemos visto en otras comparecencias- que algunas de las medidas que se han llevado a cabo por el actual Gobierno del Partido Popular podrían ser beneficiosas para el trabajo del día a día del CIS, como puede ser la Ley de Contratos, dado que el organismo que usted dirige tiene muchas encomiendas y muchas contrataciones.

Ahora me gustaría volver al punto donde decía que todos los partidos coincidíamos, en el buen trabajo de este organismo, en su credibilidad, para hacer una serie de reflexiones, si me permiten, sobre el estudio científico de la sociedad española, que es el objetivo de este centro, y nos miremos, como decía el señor Torres Mora, en ese espejo, porque creemos que los datos del CIS son un reflejo social, un reflejo de las opiniones del pueblo a las que tanto aludía el señor Torres Mora de las políticas del Gobierno que están en ese momento en ejercicio. Quería hacer una serie de reflexiones sobre el barómetro, sobre una serie de trabajos que contempla el CIS, como es poner y divulgar su trabajo en esta Comisión. Pongo tres ejemplos. En cuanto al paro, su percepción como principal problema en el barómetro de marzo de 2018 era del 41,1 %; en diciembre de 2010 era del 78,5 % en cuanto a políticas de Gobierno, percepción del pueblo trasladada a encuestas y a datos del CIS. Quizá cuando se destruyen 3,5 millones de empleos, uno se preocupa más por el empleo, por el paro, y cuando se crean 3,5 millones de empleos se preocupa un poco menos. Quizá eso es mirarnos en el espejo de la sociedad, mirarnos en el espejo del pueblo; una reducción de preocupación de un 52 %. Hablemos de pensiones. Su percepción como problema en el barómetro de noviembre de 2017, hace apenas cuatro meses, era del 0,4 %; en 2010, tras la congelación de las pensiones por el Partido Socialista, la preocupación era del 3,6; una reducción de estos años de un Gobierno diferente de un 900 % en la preocupación de las pensiones. Actualmente, una vez que determinados partidos abandonan el Pacto de Toledo y otros se suman y empiezan a alborotar el Estado y a malinformar sobre el estado de las pensiones, vuelve a producirse otro pico. Creo que no son casualidades, sino espejos: nos miramos en el espejo y vemos un resultado.

Dicen algunos partidos que a la sociedad no le preocupa mucho el ámbito social, que el Gobierno realiza una gestión nefasta en este ámbito y que lo económico no importa; sin embargo, según los datos del barómetro de marzo de 2018, el último, los problemas de índole económica preocupan un 7,4, y los de índole social un 1,9. Se ve que el pueblo ve bien cubiertos los problemas de ámbito social, y le pongo un

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ejemplo. En vivienda, el 0,2; en sanidad, el 1,6; en educación, el 1,2; sin embargo, la independencia de Cataluña preocupa un 2,8 %. De ese ámbito social en su conjunto respecto del cual ustedes tanto critican que el Gobierno Popular lo hace de una forma nefasta, importa mucho más dónde está Puigdemont que el resto de estos problemas, y creo que eso habría que mirárselo. Hay otra serie de datos: recortes, 0,1; desahucios, ni se mencionan; reforma laboral, ni se menciona; estatutos de autonomía, tampoco. Esto nos abre una reflexión. Parece que los partidos políticos están más alejados de la sociedad o más alejados del CIS, que es el reflejo de la sociedad, y tendríamos que hacérnoslo mirar.

Haré otra reflexión que no es sugerencia, presidente. Quizá habría que plantear -lo decía el señor Guijarro-, ya que ha habido un cambio de calado en la sociedad, en la conformación de la política en la sociedad; otros partidos, otros representantes, otro tipo de preguntas que reflejasen otro porcentaje, otras respuestas u otra imagen en ese espejo en el que todos queremos mirarnos. Quizá habría que preguntar claramente si un político fugado de la justicia española y que ha violado la Constitución podría ser presidente de una comunidad autónoma; a lo mejor estábamos más cerca del espejo de la sociedad de lo que pensábamos. O si tendría que haber una reforma electoral que contemplase esos casos; a lo mejor estaríamos más cerca de ese espejo en el que queremos vernos. Son preguntas que habría que plantearse como mejor modelo y respuesta científica de la sociedad española, porque igual ahí nos muestran el camino por donde tenemos que ir todos. Puesto que estamos todos tan de acuerdo en la importancia del CIS, démosle a ese CIS otro espejo donde poder mirarnos.

Ya que hablamos de Cataluña, que tan importante es para algunos -y acabo ya, presidente-, ¿cree usted que un posible adelanto de las elecciones catalanas, que están en el aire, o de las andaluzas, podría repercutir o perjudicar el trabajo que viene por delante de cara a estos presupuestos generales de 2018? Perdone que haga estas reflexiones pero creo que son un reflejo del trabajo de este centro, recogido en este último barómetro, y dado que uno de los principios que tiene su centro es divulgar sociológicamente su trabajo, qué mejor que hacerlo en esta Comisión.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fole.

A continuación, para responder a las cuestiones planteadas en el ámbito de su competencia por los grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del CIS, señor Torres.

El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (Torres Albero): Con la venia del presidente, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las señorías que han intervenido, tanto a mi buen amigo y compañero de colegio mayor, José Andrés Torres Mora, como al señor Guijarro de Podemos; al señor Ramírez de Ciudadanos y a don Tomás Fole del Partido Popular, sus amables palabras, porque la verdad es que, como decía también mi compañero de colegio mayor, Francisco de la Torre, presidente de la Comisión, he sido tratado con magnanimidad, con mucho cariño y afecto, de lo cual me congratulo en lo personal, pero sobre todo en lo institucional, porque lo que se pone de manifiesto es el aprecio y el consenso reinante entre los distintos grupos parlamentarios respecto de la importancia y relevancia que el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene para la vida política y social española en el conocimiento científico de la realidad social.

Lo que voy a hacer es ir desgranando, contestando a cada una de las intervenciones que se han producido, comenzando por la de don José Andrés Torres Mora, que ha entrado en algunas cuestiones concretas de los presupuestos. Para ser exactos, si mis cálculos no fallan, son 7500 euros, no 8000 -no hay que pasarse-; es un 0,09 %, no llegamos al 0,1 %. Estos son unos presupuestos de continuidad para una actividad de continuidad. Esto engarza con lo que señalaba el señor Guijarro respecto del recorte. Tengo aquí la evolución del presupuesto desde el año 2007, que eran unos años claramente optimistas y de crecimiento; estábamos en 8 343 000 y en 2010 en 8 389 000. Es verdad que hay una caída con la crisis económica y con la necesidad de ajuste del gasto público en el año 2013 a 6 800 000 euros, pero a partir de ahí se va recuperando y ya desde el año 2016 se está en esa cifra: 8 300 000. Mi experiencia desde el año 2017 -apenas llevo quince o dieciséis meses al frente de la institución- es que un dinero suficiente para el volumen de actividad que con nuestros recursos humanos -somos aproximadamente ochenta y seis personas- podemos desarrollar. Adicionalmente, tenemos un remanente de tesorería que va oscilando pero que está ahí y que siempre puede cubrir toda esa serie de imprevistos que ha señalado don Tomás Fole respecto a las eventuales convocatorias electorales, como nos ocurrió a finales de octubre de 2017, y luego entraré un poco en esa cuestión.

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En el tema específico que don José Andrés Torres Mora señalaba, tenemos un incremento del capítulo de inversiones reales de 200 000 euros. Una de las tareas que me propuse al llegar a la institución era modernizar la sede. Estamos hablando de un caserón de principios del siglo XX que tenía mi predecesor, el profesor Félix Requena, que había hecho un gran trabajo en la remodelación de toda la planta baja, de lo que es el banco de datos, pero el resto de pisos -hay tres pisos, más un sótano- tenían, si me permiten la expresión, una especie de aire de Cuéntame, prácticamente de estudio de grabación de las series de los años ochenta, casi más de finales de los setenta que de finales de los ochenta. Con las posibilidades que teníamos el año pasado en ese capítulo acometí la remodelación de las plantas tercera y segunda y dejé la planta en la que tengo mi despacho, que es la primera, para el final, remodelación que espero que podamos realizar este año en el caso de tener presupuestos. Yo creo que esos 200 000 euros en estos momentos es una aminoración; voy a ser ahí un poquito malvado. En la casa lo llamamos biblioteca, pero realmente es más un depósito de libros; no hay un lugar para acoger lectores -una biblioteca necesita lectores para tener tal denominación-, es un espacio de trabajo donde hay cinco personas -bibliotecarios, ayudantes y algunas personas empleadas del departamento de publicaciones que están ahí- y yo consideraba que esa planta necesitaba una reforma en profundidad. A lo largo de 2017 hemos ido pidiendo los permisos de obras al ayuntamiento, teniendo también que acometer la remodelación de los baños, que también tienen ese aire de los años setenta u ochenta, creando baños para personas con discapacidad, con minusvalías... Realmente la explicación de esa partida tiene que ver con esa cuestión de modernizar lo que es el propio edificio.

En lo que se refiere a la partida concreta del capítulo 4, transferencias corrientes, es a familias e instituciones sin fines de lucro -es el rubro general-, pero realmente es el epígrafe 481, que es becas a posgraduados. La cuestión está en que aquí en buena parte se computan varias cosas que otros años estaban en el capítulo 2 de los estudios técnicos que señalaba, que eran las becas para los estudiantes que asisten al seminario de verano en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard y las becas que concedíamos a los estudiantes del curso de posgrado. Junto a la convocatoria de este año, que tocaba, del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política se hace esa diferencia de aproximadamente 55 000 o 60 000 euros, que es lo que explica eso. Simplemente es un ajuste que desde la intervención se nos solicitó, porque no era el lugar correcto para establecer la anotación contable correspondiente y, por tanto, la hemos tenido que mover, detrayéndola del capítulo 2.

Algo parecido nos ocurría con los famosos pagos al exterior, a lo que también se ha referido el señor Guijarro. El señor Ramírez lo ha indicado muy bien, se nota que ha seguido la intervención del año pasado, lo ha estudiado perfectamente y lo conoce muy bien. Efectivamente, ese era un pago que en su origen, en los presupuestos de 2016, estaba situado en el capítulo 2 de gastos corrientes generales y también desde la intervención se nos señaló que, dado que era un pago que se efectuaba a una infraestructura radicada en el Reino Unido, en un país extranjero, tenía que introducirse en ese epígrafe 490, de pagos al exterior. El descenso, afortunadamente, es una buena noticia; es simplemente que las cuotas van oscilando en función de los ajustes que la infraestructura científica va realizando y, efectivamente, ha descendido.

Tenemos muy buena sintonía con el ministerio, en concreto con la Secretaría General de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad y, efectivamente, en estos momentos se está tramitando el convenio entre ambas instituciones para que España se incorpore como socio con plenos derechos a la infraestructura, resolviendo un tema anómalo que teníamos ahí y que veníamos arrastrando. ¿Cuándo se puede materializar eso? Como las cosas de trámites administrativo-burocráticos van despacio, tienen que pasar por distintas instancias, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, espero que a final de año pueda estar ya consumado. También existía la posibilidad y lo estuvimos hablando con los representantes del ERIC en Londres, de que ellos hicieran una excepción en la normativa y por tanto asumir que España mantuviera ese estatus de país invitado en 2018, pero creo que podremos conseguirlo antes del 31 diciembre.

Vuelvo a las indicaciones de don José Andrés Torres Mora con respecto a las visitas del CIS. Efectivamente, tenemos aproximadamente unos 50 millones de visitas, en términos redondos. Una de las cosas que establecí en 2017 -recuerdo que fue un verano, posterior a mi comparecencia aquí- fue la idea de reformar la página web. Ahora mismo nos pilla en pleno proceso de reforma. La página web del CIS a mí me gustaba -como buen académico- porque tenía un aire de estética impactante, de fotos, etcétera, muy sobria y, sobre todo, porque el planteamiento lógico de la misma era muy correcto. Yo, como usuario académico que buscaba datos, intentaba descargar algún artículo o esas cosas que te permite la

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página web, me era muy útil y muy sencilla la interfaz de comunicación con ella. Era una página de 2007 o 2008, y lo que hicimos fue eliminar un poco el colesterol propio de todas las páginas web, y es que, al final, después de un diseño lógico, en el día a día van surgiendo cosas y creo que afinamos un poquito esa consistencia lógica.

Siguiendo las recomendaciones de mi director del banco de datos, que es un ingeniero de telecomunicaciones, don José Luis San Martín, fue, por una parte, adaptarlo a toda la dinámica de móviles, smartphones y tablets y, por otra, darle una estética propia de estos años. Ahí yo me pierdo un poco, es chapa y pintura de la página web, sin que fuera entrando especialmente en todos los temas de grandes fotos, etcétera, porque los servidores que soportan esa página web contienen una enorme cantidad de datos; son ciento y pico mil preguntas, más de dos mil y pico series... Teníamos que hacer frente a eso, siempre con un planteamiento estéticamente poco pretencioso desde ese punto de vista. Estamos ahora mismo en una versión Beta, que está teniendo algún problemilla porque en la programación técnica de la página web hay cosas que no acaban de salir bien. Está en las cuatro lenguas oficiales del Estado, además de en inglés y en francés, y a veces se van mezclando y saltan algunos epígrafes raros, cosas un poco extrañas que deben ser restos de una programación concreta. Estamos en ese proceso de pulir y me han asegurado que en los dos próximos meses, de cara a la entrada del verano, estará totalmente cerrado. De todas formas, la página está operativa, se puede consultar y sigue teniendo los mismos controles de seguridad, que es uno de los temas que nos preocupan mucho. Aprovecho para señalar que el CIS, dentro de la Administración General del Estado, es el principal proveedor de información para todo lo que es la dinámica y la lógica de los datos abiertos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos y satisfechos en la casa en ese aspecto. Creo que con esto he contestado a las cuestiones planteadas por don José Andrés Torres Mora.

Con respecto al señor Guijarro, del Grupo Parlamentario Podemos, le agradezco mucho esa metáfora que doña Carolina Bescansa también trajo aquí el año pasado, la idea del CIS un poco como ese faro. La filosofía que yo tengo es más que ese faro no sea tanto un think tank -perdón por el término anglosajón, pero sigo con esta terminología porque creo que lo expresa muy bien- sino más bien la idea de un fact tank, es decir, la idea de que nosotros producimos datos. El análisis, la interpretación, ser juez y parte... Realmente producimos los datos, y eso me parece que es más que suficiente, y que sean los interesados, los académicos, los estudiosos, la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación quienes se ocupen al respecto.

Me preocupa mucho que el CIS refuerce los aspectos que están más en la línea académico-científica de estudiar la sociedad que los que están en la arena político-mediática. Usted ha señalado algunas cosas, por ejemplo, el tema de los estudios de corrupción. Ya lo indiqué también aquí el año pasado. Es un tema que está siempre presente. Afortunadamente, tenemos una pregunta que desde el punto de vista metodológico es muy robusta, fiable y válida. Es la preguntas 7, en la que preguntamos por los principales problemas del país. Ahí tenemos materia más que suficiente, viendo las series históricas, viendo el orden de las respuestas y las frecuencias, para seguir todas y cada una de las cuestiones de relevancia en la vida político-mediática del país. Además, esos datos pueden contrastarse con la pregunta 8: de esos problemas, ¿cuáles son los que personalmente más le afectan? En todo caso, quiero señalarle que alguna iniciativa estamos planificando respecto de las estrategias familiares y ciudadanas de salida frente a la crisis económica, pues también nos parece un tema relevante dentro de los estudios propios.

En cuanto a la cuestión relativa a las expectativas de los jóvenes, habitualmente realizábamos un estudio por encomienda con el Injuve, pero dicho estudio, por razones previas a mi llegada que se me escapan y que desconozco, en la actualidad no se hace y el Injuve recurre a académicos, con los que realiza una encuesta propia.

Ha elogiado a los técnicos de la casa, lo cual me alegra infinitamente porque son las personas con las que comparto el trabajo después de treinta años de docencia. Llevo ya compartiendo quince meses de trabajo con ellos y tanto el grupo 1, los llamados técnicos, como el resto de grupos profesionales y funcionarios de distintos niveles, así como el Departamento de Investigación, el de Publicaciones y Fomento o el Departamento de Banco de Datos, realmente tienen un nivel y una calidad de primera división, si se me permite la expresión. No existe precariedad laboral entre el personal. Nosotros tenemos unas ochenta y seis personas y no existe precariedad laboral en ese aspecto; es decir, están todos en plantilla y están laboralizados o son funcionarios, esto es o tienen un contrato público laboral o son funcionarios, por lo que este aspecto no existen problema. Seguramente, su señoría quería referirse al aspecto concreto de la red de campo. Ahí sí tenemos una problemática nueva, derivada de los criterios

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que la Intervención Delegada Económica está estableciendo, que en parte tiene mucho que ver con algo que también se ha referenciado, que es la nueva Ley de Contratos. La red de campo aproximadamente la conforman entre 250 y 300 personas, evidentemente, en función de las necesidades de campo; algunas de ellas, a las que conozco, trabajan desde los años sesenta, desde el precedente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el IOP, el Instituto de Opinión Pública, que, como usted sabe bien, se crea en el año 1963. Nosotros no tenemos ni músculo financiero ni un músculo de recursos humanos para hacer una gestión de esas personas en un estatus distinto del de los contratos administrativos que están en esa situación. Lo que vamos a hacer, aprovechando todo lo que supone la introducción de la nueva Ley de Contratos y porque así nos lo ha marcado ya tanto la Abogacía del Estado como la Intervención Económica, es buscar una nueva lógica que permita reforzar el estatus de legalidad de esa red, creando una fórmula jurídica -todavía está en mantillas porque esto se está produciendo en estos momentos- que es lo que se llama un acuerdo marco, que permita dotar de criterios de transparencia, de competitividad, de cumplimiento legal de las prescripciones fiscales, legales, etcétera, a esa red. Ese va a ser uno de los grandes retos a los que me voy a tener que enfrentar en 2018 y seguramente a principios de 2019. En definitiva, va a ser para mejor, tanto para la institución como para las personas que integran la red de campo, que por otra parte hacen siempre un trabajo extraordinario, trabajando los fines de semana, etcétera, debido a los plazos ineludibles de entrega.

Con respecto a la cuestión de los barómetros, supongo que usted los conoce bien. Abundando en el aspecto de conocer detalles concretos de la sociedad española, yo empecé a tomar decisiones relativas a qué temas introducir en marzo de 2017. El primero fue sobre hábitos saludables; el segundo, sobre parejas y conciliación de la vida laboral; en verano, ocio y tiempo libre; en septiembre, relaciones interpersonales y transparencia; en noviembre, voluntariado y participación ciudadana; en diciembre, expectativas vitales; ahora en febrero, salud y terapias diversas; en marzo, relaciones y solidaridad intergeneracional; en mayo, a petición de la Agencia de Protección de Datos, que estrena nueva normativa, tenemos un barómetro específico sobre protección de datos; en septiembre, sobre espacios de sociabilidad; en noviembre, sobre comportamientos sostenibles. Es decir, sin entrar en esa dimensión, cubrimos temas muy relevantes tanto de la estructura como del cambio social en la sociedad española. Señor Guijarro, creo que no se me ha olvidado ninguna cuestión de las que me ha planteado.

Entro a contestar al señor Ramírez. Discúlpeme, no me gusta referirme a usted con el nombre de pila, no me gusta como profesor, aunque lleve tantos meses sin dar clase. Quiero decirle que está muy bien visto y le devuelvo el halago, ya que ha sido tan generoso con sus palabras. Tengo una anécdota que siempre cuento y no sé si la conté aquí ya el año pasado. En el año 1990 trabajé en Emopublica, una de las empresas principales de estudios de mercado y de opinión pública. Pues bien, uno de los lugares más amables de la empresa era la sala de codificación, donde se reunían. Era una sala que siempre estaba llena de papel porque allí se gestionaban los cuestionarios. Yo llegué al CIS el 27 de diciembre de 2016 -ese año el 26 había sido fiesta- y mucha gente estaba con sus vacaciones merecidas de Navidad, con sus moscosos, etcétera. Iba paseando, intentando conocer a las personas que trabajaban allí, y de repente oí un ruido, abrí una puerta y me encontré con la sala de codificación, y las codificadoras -porque eran todas chicas- estaban trabajando porque había que entregar un estudio y necesitaban cerrar la codificación. La sensación que tuve fue como si hubiera recuperado el flequillo, por decirlo así; había recuperado treinta años de mi vida, fue la misma sensación que en 1990 y entonces entendí que era necesario. Los temas en la Administración pública no son solamente son una cuestión de modernización tecnológica, sino que también tienen que ver mucho con los flujos de trabajo rutinizados, porque las estructuras de la Administración pública, las estructuras burocráticas, se prestan a eso. En ese momento entendí que uno de los grandes retos que tenía era hacer lo mismo que todas las empresas habían hecho a lo largo de la primera década del siglo XXI, la transición a mantener -además, está muy bien porque es la seña de la casa- las entrevistas domiciliarias, que creo que cometen menos sesgos que las entrevistas telefónicas, son mucho más sosegadas y requieren más tiempo. Por supuesto, son más caras y más dificultosas, pero para eso tenemos la ayuda inestimable de los Presupuestos Generales del Estado que ahora sometemos a refrendo. La primera instrucción que di, incluso a la anterior directora de Investigación y al nuevo director de Investigación, al que incorporé a mi equipo en marzo de ese mismo año 2017, fue que asumiéramos la transición directa al CAPI, el sistema de Computer-assisted personal interviewing, las entrevistas personales asistidas mediante tableta, para entendernos, aunque podrían existir otras opciones. Me alegro mucho de que lo señale porque ya en 2017, con un director de investigación recién incorporado, tanto como yo -que hasta que

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nos entra la institución en la cabeza y conseguimos tener una imagen completa tienen que pasar algunos meses de rodaje-, hemos hecho casi tantas entrevistas en el sistema CAPI, domiciliario, como desde 2011, que fue cuando empezó. Tengo por ahí los datos. Entre 2011 y 2016 se hicieron 9558 entrevistas; en 2017 se han hecho 7925, y en 2018, salvo los barómetros -porque yo, antes de introducir en la parte más sensible, periódica, con impacto mediático, etcétera, quiero rodar; el experimento tengo que hacerlo con red-, estamos introduciendo ya todos los estudios propios, tanto los que son a iniciativa nuestra como los que son por encomienda o gestión, y de un total de 93 500 entrevistas previstas para este 2018 vamos a realizar 47 850, es decir, el 51 %, en el sistema CAPI. De momento ya llevamos estudios emblemáticos como el barómetro sanitario, que nosotros hacemos como una encomienda del Ministerio de Sanidad, y ya la primera oleada, que ha salido este mes de marzo, está hecho en CAPI, o la encuesta gran señera de este año que es la encuesta social general sobre el ciclo de vida, que también es un tema muy interesante para ver los cambios a través de las edades, ya está también en sistema CAPI.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.

El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, CIS (Torres Albero): Termino.

En cuanto al Big Data, hemos firmado un convenio con un equipo investigador de la Universidad Complutense, de la Facultad de Matemáticas, de Físicas y de Ciencias Políticas, un equipo interdisciplinar, y esperamos que para el verano podamos tener ya una sección dentro del banco de datos donde algunos análisis de Big Data sobre el impacto de los barómetros, etcétera, puedan estar disponibles. Ya me he referido también a lo que me indicaba respecto de la cuota del ERIC, de la Encuesta Social Europea y creo, señor Ramírez, atendiendo al apremio de su compañero de grupo parlamentario, que con esto ya es suficiente.

Con respecto a don Tomás Fole, me extendería, si pudiera, con los proyectos de 2018. En primer lugar, la gestión del día a día, las innovaciones en ese día a día. Por ejemplo, vamos a introducir, que nos parece un tema muy relevante, las cuestiones de innovación social, no solamente innovación tecnológica, sino de innovación social, y vamos a introducir lo que hemos llamado un innobarómetro que estamos discutiendo con otras entidades como la Secretaria General de I+D+i, con Cotec o con la Fedit, para aunar distintas sensibilidades y no solamente nuestra propia experiencia. Tenemos todo un decálogo de modernización de la institución que pasa no solamente por los sistemas CAPI, sino también por desarrollar la estrategia de las encuestas online. Queremos llevar a cabo en la segunda mitad del año, en octubre, una encuesta sobre parejas. La idea es entrevistar en el domicilio a uno de los miembros de la pareja y por Internet -ya les dejaríamos el link- a la pareja. (Risas). De esa manera, introduciríamos esa doble dinámica multicanal. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística ya nos lleva mucha ventaja en eso. Eso nos permitiría cotejar a través de dos metodologías distintas la validez de las respuestas. Estoy detrás de la idea de impulsar un plan de digitalización del banco de datos, que ahora mismo está digitalizado hasta el año 1993 o 1994, pero tenemos datos desde 1963 en papel que se están llenando de humedad. Todo eso nos interesa desarrollarlo mucho. No me extiendo en todos los temas que hemos hablado: la modernización, protocolizar todos los temas de gestión, convocatorias que están sin protocolizar -me parece importante-, introducir nuevas herramientas de análisis online en el banco de datos, hemos creado una nueva colección de trayectorias que va a consolidarse en este 2018 para la feria del libro, que vamos a llamar Trayectoria, voy a intentar incrementar la producción editorial en aproximadamente un 50 % de títulos, etcétera.

La Ley de Contratos nos complica mucho la vida porque hace todo mucho más extenso en el tiempo, pero con ese proceso negociado de segunda ronda (así lo hemos visto en el preelectoral catalán, que tuvimos que contratar telefónicamente dado que no teníamos plazo para desarrollar encuestas personales, y que nos salió bastante bien, tengo que decirlo, por lo que respecta al previsible en ese momento triunfo de Ciudadanos, pues apenas erramos dentro de lo que era el margen de error muestral de 1,5 puntos) tuvimos un ahorro de unos 12 000 euros. En el estudio del debate sobre el estado de la Nación, que está ahí por si se produjera esa eventualidad -yo tenía que pensarlo en términos de tiempo suficiente para que no me pille descolocado-, también hemos ahorrado una cantidad significativa dentro de nuestros 8 millones de presupuesto general. Creo que han sido 10 000 o 12 000 euros, pero granito a granito vamos contribuyendo un poco a esa eficiencia en el gasto.

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La última cuestión -estoy nervioso porque conozco su apretada agenda y ya me han dicho a qué hora salieron anoche- es el tema de las elecciones catalanas, la posible convocatoria, el runrún periodístico que está ahí, etcétera. Nosotros estamos entrenados. Una de las ventajas que tiene el CIS -eso tiene que ver mucho con la calidad del capital humano que tiene- es que, aunque forma parte de la Administración General del Estado, de la Administración pública, muchas de sus dinámicas son más propias de lo que la literatura organizativa llama estructuras orgánicas que no tanto estructuras burocráticas. Lo único que nos puede ralentizar al respecto son las leyes. La fiesta de la Almudena de Madrid, ¿computa o no computa como día hábil o inhábil en el cómputo? Pues resulta que las fiestas locales en el lugar donde solicita, sí. Ese tipo de cosas nimias siempre nos hacen la vida un poco más complicada desde el punto de vista de la gestión, pero a cambio tiene esa ventaja de eficiencia en el gasto. Por ese lado estén ustedes tranquilos, que pase lo que pase en las contiendas electorales nosotros estaremos ahí preparados y listos para tomar la carrera.

Muchas gracias por la paciencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres.

Agradeciéndole además su brevedad, pasamos ya, sin solución de continuidad, a la comparecencia del presidente de Radiotelevisión Española, don José Antonio Sánchez. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001515); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001311); SOCIALISTA (número de expediente 212/001224) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001572).

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia del señor presidente de la Corporación de la Radio y Televisión Española, RTVE, don José Antonio Sánchez Domínguez. Como se ha acordado por la propia Comisión, en este caso comenzamos por las preguntas directamente de los portavoces parlamentarios. En primer término, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho por un tiempo de diez minutos.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente de la Corporación Radiotelevisión Española, bienvenido a esta Comisión de Presupuestos. Es difícil que analicemos los presupuestos partida a partida porque evidentemente no los conocemos al no formar parte de lo que son los Presupuestos Generales del Estado en cuanto que ahí lo que aparecen son las cuantías que percibe vía presupuestos y, por lo tanto, en cuanto al contenido y desglose de esos presupuestos de la Corporación de la Radio y Televisión Española espero a su intervención para poderlos conocer. Pero sí conocemos la filosofía que subyace por la cuantía que ahí aparece, y me va a permitir que lea unas líneas sobre lo que más o menos entendemos en mi grupo parlamentario que suponen estos presupuestos para la Corporación Radiotelevisión Española.

Lo primero que tengo que decirle es que ponen de manifiesto una vez más la política de parcheo y desamparo que el Gobierno mantiene hacia la radio y la televisión pública del Estado. En estos años, el Ejecutivo del Partido Popular no ha tomado ninguna de las decisiones pendientes para garantizar la estabilidad financiera de la corporación, todo lo contrario, han querido mantenerla en la inestabilidad y dependencia con un objetivo puramente político, que no es otro que el control a través de la propia financiación de la corporación. La Ley de Presupuestos ha sido el arma ejecutoria de esta política. Efectivamente, lo primero que hizo el señor Rajoy al llegar al Gobierno fue recortar 204 millones de euros a Radiotelevisión Española, vía Ley de Presupuestos del año 2012, de la aportación directa del Estado por compensación por la prestación del servicio público encomendado. En la de 2013 se recortaron 50 millones de euros más. Desde entonces, y en esas sucesivas leyes de presupuestos, la mayoría del Partido Popular ha ido rechazando sistemáticamente las enmiendas y reclamaciones presentadas por el Grupo Socialista tendentes a dar estabilidad en los ingresos de la corporación en varias direcciones, en concreto, pidiendo una modificación de la ley para aumentar la participación de Radiotelevisión Española en lo recaudado en concepto de tasa de reserva del espacio radioeléctrico, la devolución del IVA o el cumplimiento del artículo 2.2 de la Ley de Financiación de Radiotelevisión. Nuestro planteamiento buscaba la consolidación y no el parcheo.

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Efectivamente, los socialistas defendimos y defendemos que se modifique la ley que regula la financiación de Radiotelevisión o simplemente el cumplimiento de la ley y no los parcheos anuales presupuestarios, pero el Partido Popular ha preferido manejar políticamente -partidariamente, diría yo- este tema y jugar a su conveniencia con la Ley de Presupuestos, rechazando enmiendas y asfixiando a su antojo a la corporación. Si la ley se hubiera modificado, Radiotelevisión Española no tendría que estar pendiente cada año de la clemencia del Gobierno en la Ley de Presupuestos para ajustar sus cuentas. Lo peor de todo esto es que cuando al Partido Popular le ha interesado ha ido tomando decisiones que había rechazado de las propuestas que había realizado el Grupo Socialista, pero siempre de manera insuficiente, malas y a destiempo. De esos 254 millones recortados de la aportación directa del Estado, apenas se han recuperado 47; en los presupuestos de este año, nada de nada, la aportación se congela, y ahí, señor Sánchez, sistemáticamente usted jamás ha levantado la voz, o por lo menos no le hemos oído decir que estos presupuestos no eran los más convenientes para la corporación.

El Gobierno ha ido subiendo cuando lo ha creído conveniente, como en los presupuestos que nos ocupan, la participación de Radiotelevisión Española en los ingresos de las tasas radioeléctrica en lugar de cambiar la ley y fijar, como pedimos los socialistas, que la Corporación Radiotelevisión Española pueda llegar al cien por cien, aumentando el tope máximo de recaudación destinada a la corporación. El Gobierno ha preferido subirlo cada año en la Ley de presupuestos, posiblemente para poder pedir algo a cambio, y eso -sospecho- no es otra cosa que el vergonzoso control político partidista de los informativos y programas en Radiotelevisión Española, en definitiva, de los contenidos de lo que se hace y se dice en Radiotelevisión Española. Este año volvemos a ver una tímida subida de los ingresos procedentes de la tasa radioeléctrica, pero nuevamente solo válida para este año. Y los siguientes, ¿qué ocurre con ellos?

Tampoco se ha solucionado el problema del IVA. A pesar de nuestras reiteradas peticiones, el Gobierno del Partido Popular, primero, rechazó la propuesta socialista y, después, Hacienda permitió la deducción del IVA en las cuentas de la corporación; eso sí, la Agencia Tributaria abrió expediente a Radiotelevisión Española y ahora le reclama, por varios conceptos, cerca de 300 millones de euros desde el año 2014. El Gobierno ha modificado recientemente la Ley del IVA en una disposición adicional de la Ley de Contratos del Sector Público, y no han resuelto el tema. Y es que no lo quieren resolver, y ante eso nunca le he visto a usted, señor Sánchez, pedir al ministerio ni denunciar las discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, ni las reformas legales que no solucionan el problema; unas decisiones que ponen en peligro el equilibrio económico futuro y las cuentas ya cerradas de ejercicios anteriores. Usted lo basa todo en una resolución judicial favorable. Y si no la hay, ¿qué va a ocurrir?

Por no hacer, ni siquiera han actuado en interés de la corporación para hacer cumplir la ley en lo referido a la aplicación del artículo 2.2 de la Ley de Financiación de Radiotelevisión, ante el incumplimiento reiterado del Gobierno, incluso ante el silencio del Gobierno a las reclamaciones de Radiotelevisión Española para que se pague lo debido. Usted se ha negado personalmente a entablar acciones judiciales para que la ley se cumpla como se le pidió recientemente en el consejo de administración. Estamos hablando de cuantías nada desdeñables, aproximadamente unos 100 millones de euros.

En definitiva, se han aceptado sistemáticamente unos presupuestos que, como los de este año, perjudican a la corporación, y usted, señor Sánchez, lo sabe. Desde que el Partido Popular llegó al poder, Radiotelevisión Española ha perdido una aportación directa del Estado de más de 200 millones de euros, tiene pendiente un acta de reclamación de la Agencia Tributaria de cerca de 300, el Gobierno ha dejado de ingresar en Radiotelevisión cerca de 100 millones del cumplimiento del 2.2 de la Ley de Financiación. Y con todo este panorama, usted, señor Sánchez, presume de tener 25 millones de superávit del ejercicio 2017. ¿A costa de qué, de la programación, del mantenimiento, de las estructuras, del patrimonio, de la capacidad de producción, de la calidad? ¿A costa del servicio público? La empresa está mucho peor desde que el Partido Popular la tomó a saco y desde que le puso usted al frente. No quiero pensar qué ocurriría con la corporación si los jueces dan finalmente la razón a la Agencia Tributaria. Y ya no cuela que culpen ustedes de la situación económica de la corporación al modelo de financiación, los recortes en la aportación del Estado los ha hecho el Gobierno del Partido Popular, y usted y los suyos lo han avalado con su voto, como ha avalado este año su congelación. Y si los ingresos por las aportaciones de las operadoras han sido insuficientes o no han sido los previstos no es porque el modelo de financiación no funcione, es porque el Gobierno ha incumplido la ley que garantiza esos ingresos. Estos presupuestos no resuelven los recortes, los consolidan. No resuelven la sostenibilidad financiera, crean más inestabilidad. No cumplen la ley, certifican su incumplimiento. No apuestan por el servicio público, sino por la propaganda gubernamental. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la Presidencia).

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Termino. Estos no son los presupuestos evidentemente del Grupo Socialista, nosotros planteamos otros muy distintos, y sobre todo, en relación a Radiotelevisión Española, planteamos una reforma legal para solucionar de una vez por todas los problemas de la corporación y no soluciones anuales como instrumento político de chantaje y de control.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo de Unidos Podemos.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Sánchez.

Estamos aquí para hablar una vez más de la situación económica de Radiotelevisión Española y de los Presupuestos Generales del Estado asignados a la corporación. Coincido con lo que decía el representante del Grupo Socialista, es difícil hacer en esta comparecencia una intervención y preguntas directas cuando no tenemos claro a qué van a ir destinadas las partidas exactamente y cómo las va a gestionar usted, pero lo que tenemos claro, evidentemente, es que es el tercer año consecutivo en el que el Partido Popular congela la partida presupuestaria para Radiotelevisión Española, en este caso en 343, exactamente lo mismo. Hasta aquí ninguna sorpresa e incluso se podría leer desde un punto de vista positivo, lo decíamos en los presupuestos del año pasado, se podría interpretar como algo positivo teniendo en cuenta las operaciones temerarias que ha ido haciendo Mariano Rajoy desde que llegó al Gobierno. Lo decía también Camacho, ese tijeretazo de más de 200 millones de euros y además recortándolo prácticamente a la mitad, mucho más que en otras empresas públicas.

El problema de esta congelación es que confirma la tendencia del Partido Popular respecto a los servicios sociales básicos como son, y así los consideramos, la radio y la televisión públicas que pagamos todas y todas los españoles, y el derecho fundamental que es el derecho a la información que evidentemente le importa más bien poco salvo que sirva para usarse como una herramienta de propaganda política. Ya hemos tenido ocasión de discutir esto muchas veces en la Comisión de Control de RTVE, ¿no? Así se ha demostrado por parte de la gestión política del Partido Popular. Así se demostró también cuando puso a dedo -y siempre se lo recordamos también- al anterior presidente y a dedo también a usted. Y lo poco que podemos hacer aquí, por los márgenes y las limitaciones que tiene esta comparecencia, es preguntarle sobre su gestión, sobre la gestión del año pasado y cómo va a revertir los que son para nosotros algunos de los problemas fundamentales que se están dando dentro de la casa y de la gestión económica.

Como siempre, cuando hablo por parte de mi grupo parlamentario no le hablo yo sino en nombre y siguiendo los trabajos, las denuncias y los informes de los trabajadores y las trabajadoras de la casa, en este caso también de los sindicatos que vienen durante mucho tiempo señalando los graves problemas de gestión económica que hay, no solamente por situaciones de contabilidad opacas, tenemos una falta de transparencia que por suerte esperamos que se revierta pronto con la nueva ley; tenemos casos de venta de patrimonio en unas condiciones que ya sabemos que son desfavorables; tenemos ausencia de concursos públicos y de subastas; tenemos externalización a terceros -más adelante hablaré de eso con un poco más detenimiento-; tenemos casos relacionados con presuntos casos de corrupción más bien sospechosos, que también estamos investigando como usted sabe; tenemos una desproporción absoluta en el número de directivos internos y externos así como unos sueldos astronómicos.

Hoy leíamos -y le hago aquí la primera pregunta- que usted se ha subido el sueldo un 28 %. Me gustaría saber si esto es verdad o si la prensa ha mentido; y en caso de que sea cierto y se lo haya subido un 28 %, ¿a costa de qué lo ha hecho? Y se está dando también una situación de contratación sesgada y de creación de una redacción paralela entre otros agravios de los que ya hemos hablado en la Comisión. Una gran parte de los recursos contra el consejo de transferencias lo ha hecho RTVE para negarse a dar cuenta públicamente de su contabilidad a los contribuyentes que lo han demandado. De prolongarse esta situación, y aunque sabemos que la dotación de los Presupuestos Generales del Estado no es la única con la que cuenta la corporación, estaríamos hablando de un peligro muy grave, ¿no? También coincido con Camacho en que, beneficios, ¿a costa de qué?

Tengo poco tiempo, por lo tanto le voy a resaltar lo que para mi grupo parlamentario y para los trabajadores y trabajadoras de la casa son los grandes problemas que tiene la gestión económica. El primero tiene que ver con la participación: con las herramientas de participación y transformación digital. El año pasado también le hice una crítica bastante clara al respecto. Sabiendo que tenemos un problema de accesibilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas a los contenidos de RTVE; teniendo en cuenta que hay una falta de transformación digital que están señalando todo el tiempo los sindicatos,

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quiero preguntarle si este año va a hacer algún tipo de inversión en herramientas de transformación digital y de participación ciudadana diferentes a las del año pasado. Creo que es la única forma, y usted lo sabe, de ganar un poquito de calidad y de prestigio respecto a las privadas.

En cuanto a la gestión de la plantilla, los recursos humanos, sabe que es también una cosa que a nosotros nos inquieta bastante. En primer lugar, los centros territoriales y las unidades informativas están en una situación de abandono absoluto. La escasez de personal es amplia y yo creo que el primer motivo de que se dé esta situación tiene que ver con que la información local, que es lo que garantizaría que RTVE fuera un servicio público porque la información local, de cercanía con el ciudadano, es lo que garantiza el derecho a la información de forma directa, les importa más bien poco. El segundo, porque evidentemente están haciendo un proceso de privatización a través de la externalización de los servicios.

Por otro lado tampoco están cubriendo las bajas ni las excedencias laborales de forma correcta, sino con contratos temporales, algo que ya sabe usted que viola de forma directa el convenio laboral con los trabajadores; y a veces ni siquiera las cubren y se quedan esos puestos vacíos pero con sobrecarga de trabajo para los que se quedan. Eso ha pasado en los centros de Toledo, de Ciudad-Real o de Albacete. Me gustaría saber por lo tanto si respecto al año pasado va a hacer algo, cuánto dinero se va a destinar a la mejora de las condiciones técnicas y humanas de los centros territoriales y del personal que forma parte de esas plantillas. Y hablando de la plantilla, supongo que usted sabe mejor que yo que solamente hay tres trabajadores con menos de 30 años en toda la plantilla -hablamos de miles de trabajadores y trabajadoras-, y me gustaría saber si también va a invertir algo de estos Presupuestos Generales del Estado, de esta partida, en planes para rejuvenecer la plantilla.

En cuanto a la privatización, que es el tercer punto que nos preocupa bastante más que otros que dejaremos para siguientes encuentros en la Comisión, ya sabemos lo que está pasando con los procesos de privatización, ya sabemos que tienen ustedes al director de patrimonio investigado por un presunto delito contra la salud de los trabajadores por el proceso de desamiantado que ha habido que hacer y volver a hacer y volver a pagar con dinero público. También me gustaría alguna explicación sobre inversión respecto a este tema. Ya sabemos que ustedes están construyendo varios estudios en Prado del Rey, pero que no los están haciendo ni con las condiciones técnicas ni con las que debería tener para hacer la mayor parte de la producción que se hacía antes dentro de la casa y que ya no es así porque se está haciendo externa; sabemos que ustedes lo que hacen es poner excusas, contratar alquileres en estudios privados que ustedes mejoran, ustedes invierten, ustedes los dejan muy bonitos y luego se quedan para las productoras privadas. Y aunque, como señala la auditoría, no se justifique -la auditoría señala claramente que no justifican ustedes si no se dan las condiciones para producir internamente-, ya sabemos que evidentemente es un proceso claro de privatización.

Sabemos también que la producción de ficción es cada vez menor y cuando lo hacen dejan fuera a directores y directoras galardonados y bien reconocidos en este país por cuestiones ideológicas y que son ellos mismos quienes lo denuncian. Pero, como estamos aquí para hablar de números, aunque ya se lo preguntamos en la Comisión y no contestó pero quizá en esta Comisión tenga algunos datos más a su disposición, le pregunto qué diferencia presupuestaria o de inversión hay entre la producción propia y toda la producción que se está haciendo fuera de la casa. Nos parece un dato fundamental al que ni siquiera nos contestó en la Comisión de Control de RTVE; y no la ha contestado a ninguno de los sindicatos que le señalan este tema todo el tiempo.

Por último, porque no disponemos de más tiempo, espero que me responda a todas esas preguntas pero, dirigiéndome en particular al partido del Gobierno, al que entiendo que también hay que dirigirse porque son los autores de estos presupuestos, no hay argumentos que justifiquen la irresponsabilidad de los Gobiernos de los últimos nueve años al no desarrollar una obligación legal que es el contrato-programa y cumplir todo lo que se tiene que desarrollar ahí para así paliar los enormes desequilibrios presupuestarios que tiene RTVE. Siendo muy breve: de nada va a servir todo esto si no rompemos ya con esa tendencia que tienen ustedes a consagrar y a implementar y eternizar todos los recortes en servicios sociales, derechos fundamentales y también en todas las materias que tienen que ver con el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la información. De nada va a valer todo esto si tampoco tienen ustedes el decoro de intentar que el acuerdo de renovación para RTVE al que hemos llegado ¡todos los grupos parlamentarios! de esta casa, excepto ustedes, se ponga ya en marcha. Así que le animo a ello para que el año que viene podamos estar hablando de unas cuentas un poquito más dignas para los trabajadores y para la audiencia que nos paga el sueldo a todos.

Muchas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señoría.

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.

Gracias, señor Sánchez, por venir esta ya casi noche aquí.

Me gustaría que hiciera una valoración sobre la partida presupuestaria que se destina a la corporación de RTVE, si la considera suficiente o no. Hay muchas partidas que se han incrementado, pero no es así en la corporación que usted preside. La especial idiosincrasia de esta partida y de cómo se define para la televisión no nos permite operar aquí como en otros organismos puesto que reciben una transferencia de hacienda que no sabemos luego realmente cómo se distribuye internamente, por lo cual voy a hacer algunos comentarios vinculados más a la acción pasada que al presente; sobre todo sobre lo que nos gustaría que no se hiciera.

En opinión de mi grupo parlamentario, Ciudadanos, la gestión de su equipo tiene aspectos mejorables. Pasamos el año preguntándole por muchas de estas materias y usted muchas veces nos da respuestas oraculares. Hoy no espero nada muy distinto, pero es mi obligación señalar los aspectos más sombríos que hemos detectado en la praxis bajo su Presidencia. En primer lugar, hay una mala política de personal. Se contrata mucha redacción y poco personal técnico. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, los redactores, digamos originarios, para que se me entienda bien, están desmotivados y apartados por la ya archiconocida redacción paralela y, por otro, hay que externalizar la parte técnica que queda vacante, eso cuando no se suspende una desconexión por falta de cámaras o técnicos de sonido. Otra de las materias a la que se ha destinado una cantidad importante es la llamada complemento de programas, que en 2016, último dato al que hemos tenido acceso, supuso una cantidad de 9 238 097 euros. Es mucho dinero para que se reparta a discreción en una plantilla, y hablamos de engrosar: esto, en un salario, va de un incremento de 300 euros al mes a 1800; en una nómina se nota mucho. Este es un ejemplo del uso oscuro de un presupuesto, puesto que nadie sabe bien ni por qué cobra un plus ni si lo va a seguir cobrando. Hay trabajadores que abren su nómina sin saber si el complemento vive o no; lo podemos llamar el complemento de Schrödinger. Otro gran complemento que se paga en la Corporación de Radiotelevisión Española, y tampoco está exento de polémica, es el de disponibilidad. Si lo anterior se basa, sobre todo, en denuncias de los sindicatos, en este caso es la Intervención General del Estado la que indica que no se utiliza bien este complemento, y les dicen que el 13 % de quienes cobran el complemento de disponibilidad no tienen un horario especial y que en el 50 % de quienes lo perciben no se hace una aplicación correcta de los bloques. Esto lo dice el informe de la auditoría de la Intervención General del Estado.

Otro asunto, a nuestro juicio de mucha importancia, es el de los sueldos de los directivos de Radiotelevisión española que, junto a la tumba de Cleopatra y los códices mayas, es uno de los grandes misterios de la humanidad. Sé lo que me va a decir sobre este tema porque lo hemos tratado en más ocasiones y sé que usted ha cavado una trinchera en torno a este asunto. Sepa que mi grupo parlamentario propuso una enmienda al artículo 43 de la ley para terminar con esta neblina que ha ordenado. Sabremos, más pronto que tarde, qué parte de estos presupuestos iban a cada uno de los directivos de Radiotelevisión Española. Esta es la política de personal de la corporación, que es, con mucha diferencia, la más importante en la Corporación de Radiotelevisión Española. Por otra parte, le pido que extremen las precauciones para evitar las sanciones por publicidad encubierta. Hace poco, y otra vez, la CNMC vuelve a dar un tirón de orejas a la corporación. Sé que en esta ocasión, para ser justo, no es como en los casos anteriores, sino que hay un problema con la definición: Parece que es un tema de definición entre patrocinio y publicidad. Me consta, además, que ha ordenado usted aumentar los controles en esta materia, lo que es una buena noticia para todos. Sigan por esta vía para que no se repita lo acontecido anteriormente, porque ha costado muchas multas y mucho dinero en recursos.

Ya lo he dicho en más ocasiones, pero ahora que mi grupo parlamentario va a aprobar estos presupuestos me veo en la obligación de repetírselo. Dé instrucciones, por favor, para que se hagan bien los concursos públicos -el Tribunal de Cuentas también le llama la atención ahí-. Cumplan la ley que busca proteger el interés general. Dé instrucciones para que los sobres, la oferta económica de los sobres, no se abran antes de hacer una evaluación técnica de la parte anterior. Y recojan en los pliegos de los concursos los criterios para considerar una oferta como anormal o desproporcionada, que es lo que se hace en la mayoría de administraciones públicas y que, según señalan organismos, como el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado, no se hace en muchos casos en la corporación que usted preside. Usted defiende en muchas ocasiones la opacidad en determinadas cuestiones por la competencia

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con el sector privado, pero luego en los concursos abusan del criterio del precio, algo nefasto en un sector donde la excelencia tecnológica es fundamental, y esta sabemos todos que cuesta mucho dinero.

Otra sangría de recursos públicos se produce con la contratación de medios de producción sin que quede justificada la falta de disponibilidad de medios propios, así se lo indica también la Intervención General del Estado. No hagan de menos a los trabajadores de la casa, ni hagan pagar a los españoles dos veces por la misma cosa. Por otra parte, ¿por qué no se incluye en los contratos una cláusula de suspensión de producción por baja audiencia? Esto hace que los españoles tengan que pagar, a veces, temporadas completas de productos que, a lo mejor, no ve nadie. Es más, tenemos noticias de que se suspenden producciones pero las productoras cobran todo lo acordado. ¿Alguien se imagina hipotecarse para una casa entera y que solo le den una habitación? Algo parecido ocurre con los programas de producción propia en los que intervienen productoras cuando no se alcanza la audiencia establecida en los contratos. Los derechos en cine español son peculiares y es destacable el papel que Radiotelevisión Española realiza en esta materia. Es, con mucha diferencia, la institución que más apoya al cine español, y desde aquí se lo quiero reconocer, pero, y es un gran pero, en tres años, 2014, 2015 y 2016, según la auditoría de Hacienda, se han perdido 44 831 831 euros, de los que 19 097 402 son gastados en derechos de producciones que no se han emitido. Algo falla en los criterios de adjudicación, pasando a otro asunto, cuando demasiado dinero público se destina a productos que no interesan a nadie y mientras tanto, por ejemplo, hemos rechazado proyectos de realizadores que luego han ganado en Cannes.

Por otro lado, ayer se inadmitió un recurso de la Corporación de Radiotelevisión Española ante el Supremo en el que muestra resistencias a publicar las auditorías de la Intervención General del Estado, un recurso que pone usted pero que pagan todos los españoles, el enésimo. ¿Cuánto dinero público se va a utilizar en bombas de humo que oculten esta gestión? Rectifique, por favor, esta resistencia a ser transparente. De todos modos, como estimamos que el gran problema de Radiotelevisión Española, al margen de la manipulación y la falta de objetividad, es la ausencia de una gestión eficaz, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, defendió el concurso público como método de selección para su sustituto. Por cierto, a los otros grupos con los que hemos trabajado aquí en equipo para traer este cambio les informo de que el paradigma del totalitarismo en los medios públicos es TV3. No comprendo cómo exigen tanto aquí y cómo consienten tanto, y alguno aplaude, a un medio público que se ha convertido en una parodia cara y dolorosa, en una televisión que es un adelanto del totalitarismo que esconden los nacionalistas, donde se ha insultado a andaluces como yo y se ha ensalzado el supremacismo de esa raza de la que habla Junqueras, cuyo hecho diferencial era el 3 %.

Sobre Radiotelevisión Española y el concurso público, algunos de los que están en esta misma sala nos miraban con ternura cuando nos quedamos prácticamente solos, con Podemos casi todo el tiempo, en su defensa. Sé que acertamos. Sé que el sustituto del actual presidente tendrá más experiencia y un currículum más acorde para el tipo de gestión que queremos en Televisión Española.

Antes de despedirme, quiero aprovechar esta comparecencia para decir unas palabras a los señores del Partido Popular. Cedan. Ya se han quedado solos en esta resistencia. El nuevo tiempo trae nuevas formas. Radiotelevisión Española es de todos los españoles, y no trabaja para ustedes. No es la radiotelevisión del Gobierno. Ha llegado a mis oídos que el Partido Popular quiere obstruir este cambio usando el Senado y evitar que primen el mérito y la capacidad en la dirección de Radiotelevisión Española. Poco quieren al Senado. ¡Ojo con usar esta institución, en entredicho, para extorsionar la pluralidad política que existe hoy en España! La carcoma bipartidista ha corroído la universidad, las cajas, el sistema electoral, la elección de los jueces, la fiscalía y Radiotelevisión Española. Pero esto se ha terminado, la carcoma tiene un tratamiento y los españoles ya conocen la fórmula. Dejen que entre aire fresco y limpio en la dirección de Radiotelevisión Española.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.

A continuación, tiene la palabra el representante que Esquerra Republicana.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.

Iba a empezar pidiendo disculpas por hacer un pequeño excurso, pero no las pienso pedir cuando veo que se le ha tolerado al representante de la nueva derecha, que nos dice que el nuevo tiempo trae nuevas formas, pero dispara a ráfagas. Me centraré en el compareciente para aprovechar que, por primera vez, le podré hablar durante algo más de dos minutos, que es el tiempo que tasa el Reglamento.

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Como a menudo nos ha comentado que no suele tomar demasiada atención a los consejos de informativos, voy a leerle, para su conocimiento y a los efectos que usted considere oportunos, una nota de este Consejo de informativos. Los consejos de informativos de Radiotelevisión Española volvemos a pedir un esfuerzo de voluntad política para renovar de inmediato la cúpula de Radiotelevisión Española. Tras muchos meses de negociaciones difíciles, en los que han parecido importar más los cálculos políticos que la salud de la radiotelevisión pública, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, se han puesto de acuerdo en una fórmula para elegir una Presidencia plural e independiente. Con este consenso mayoritario de la mano, 213 diputados de 350, sería injustificable democráticamente que el proceso se viera de nuevo dilatado o bloqueado. Se refiere al proceso de elecciones.

Confiamos en que el partido del Gobierno se sume a dicho acuerdo, porque eso daría aún más garantía de pluralidad, y esperamos que la reunión convocada con la presidenta del Congreso para el próximo día 26 de abril suponga, ya sí, el pistoletazo de salida a un proceso que no puede esperar más. Pedimos a los implicados en esta negociación que se hagan cargo de los tiempos profesionales, no de los políticos, y que piensen que la nueva dirección necesitará margen para preparar las programaciones. Cada día extra que se añada al proceso complica más esa labor y contribuye a que siga al frente de radiotelevisión un equipo agotado y desautorizado y un consejo de administración que en breve estará caducado en su totalidad. Ningún Gobierno, tenga la mayoría que tenga y sea del signo que sea, puede entender como suya la radiotelevisión pública, que debe ser de todos, y ese es el único objetivo que debe perseguir el proceso actual: Devolver Radiotelevisión Española a los ciudadanos para que reciban de ella rigor, veracidad, conocimiento y entretenimiento dignos; una Radiotelevisión Española que cumpla sus expectativas y de la que puedan sentirse orgullosos.

Quisiera pedirle, aunque ya la supongo, su opinión al respecto. Creo que la última frase sí que la podemos compartir, quizá las otras no. Nuestro grupo político -pequeño en sus capacidades, solo somos 9 de los 350 votos de esta Cámara- siempre ha dado su apoyo al criterio profesional y creemos que este debe imperar en esta y en cualquiera de las televisiones públicas que no vamos a denostar.

La segunda cuestión que quería plantearle está relacionada con las actuaciones que van a realizarse para solucionar la incertidumbre de la dotación presupuestaria con la situación del IVA, pero como ya le ha preguntado el señor Camacho, no la voy a repetir.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Muchas gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.

La verdad es que querría empezar por decir que quien quiera mítines se busque otros espacios y otro público, porque hay quien casi dos años después a estas alturas vuelve a confundir el lugar, el momento y el motivo, pero la verdad es que ya estamos acostumbrados a quien vive de los titulares, del marketing y de los cambios de opinión un día sí y otro no. Así que, señor presidente, creo que hay que ir a lo que nos trae esta tarde aquí.

Me gustaría empezar por unas palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Camacho, que decía en esta Comisión de Presupuestos, el 26 de abril del año 2017, leo textualmente: Señorías, el presupuesto de la Corporación de Radiotelevisión Española para este año confirma una vez más la política del Gobierno del Partido Popular en relación con los servicios públicos esenciales. Esta política ha consistido y consiste en recortar brutalmente su financiación amparados en la crisis económica hasta asfixiarlos, deteriorarlos o suprimirlos. Y este año vuelve con la misma cantinela. Si refrescamos hoy estas duras palabras está claro que hay quien, hablando de Radiotelevisión Española, ha acreditado una capacidad adivinatoria realmente muy pobre y que, sencillamente, no acierta ni en el enunciado. Y es que hay piscinas secas a las que algunos se lanzan reiteradamente con una osadía fanática y sin tomar la menor precaución o cautela. Tanto coscorrón recibido por la cruda realidad no surte, al parecer, ningún efecto disuasorio porque una y otra vez se repite el anuncio de las siete plagas sobre Radiotelevisión Española sin el menor fundamento ni prueba que lo avalen, ni falta que hace seguramente, deben pensar. Todo un año escuchando al nuevo tripartito con una cantinela sobre Radiotelevisión Española, cuyo pronóstico es de cierre inmediato, externalización deliberada, voladura controlada, derribo intencionado, ruina inminente y catástrofe predeterminada. Todo un año de avisos sobre los más malévolos y sañudos planes para desmantelar sin miramientos Radiotelevisión Española; los mismos mensajes que en los años anteriores, por otra parte. Todo un alarde del tripartito de predicción calamitosa y presuntamente inapelable

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que las cuentas de la corporación, fiel reflejo de su situación real y de las auténticas intenciones de sus gestores, vienen a desmentir, cuando llega este momento de los presupuestos, sin reparo ni compasión para estos dolientes y esforzados agoreros.

Lo cierto es que la corporación cerró sus cuentas en el año 2017 con un resultado positivo de 23,32 millones de euros, de 0,8 millones de euros en 2016, y la deuda se redujo en más de un 84 %, señorías. En el último ejercicio se han cumplido los objetivos de gasto y se han incrementado los ingresos. Creo que deberíamos aplaudir este desenlace; y si no se aplaude, al menos, habría que ser un poco más comedidos en su análisis. Desde luego, los tiempos en los que las cuentas de Radiotelevisión Española se aprobaban con salvedades y acumulando una deuda infinita han quedado muy atrás.

Hay un informe reciente de casi trescientas páginas, elaborado por la CNMC, sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte de la corporación en los años 2015 y 2016, que viene muy a cuenta de este asunto. La parte más débil que señala la CNMC es bien conocida por todos, la de la financiación de la corporación, concluyéndose en el informe citado que el sistema vigente no proporciona a la corporación una estabilidad financiera adecuada para la prestación del servicio público. Al igual que sucedía en 2014, la corporación se ha visto sometida a una inseguridad económica que no le ha permitido disponer de una previsión certera y, a largo plazo, de sus ingresos. Dicha inestabilidad tiene su origen, principalmente, en la aportación -entre comillas- que deben sufragar los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, dado que en cada ejercicio se recauda una cantidad distinta y no segura. Lo hemos denunciado infinidad de veces pero corre siempre más prisa alarmar, con planes imaginarios o mover las sillas de Radiotelevisión Española, que intentar resolver un grave y estructural problema como es este. Sucedió lo mismo con la crisis económica. Se niega la existencia del problema y así difícilmente se puede encontrar una solución.

Confiemos en que informes como el citado y otros anteriores igualmente concluyentes ayuden a corregir al Grupo Socialista su habitual complacencia con el endiablado mecanismo de financiación de Radiotelevisión Española que ellos mismos -ellos mismos- diseñaron. Para 2018 se han previsto unas aportaciones de los operadores privados de 201,4 millones de euros; 194 en 2017. En los últimos años 2011-2016 la evolución de estos sectores y debido a la crisis, además del laberinto de anulaciones, devoluciones y liquidaciones complementarias, redujo considerablemente su aportación a Radiotelevisión Española, 90 millones de euros menos en cinco años. La coyuntura económica ha cambiado, y ha cambiado mucho, señorías, afortunadamente, para nuestro país. Y ahora leemos todos los días cuentas de resultados de los operadores privados y de telecomunicaciones mucho más positivas y abultadas. Yo me pregunto, ¿prever un incremento en estas aportaciones del 3 % en 2018 es un objetivo realista para Radiotelevisión Española o se tienta la ropa la corporación ante la incertidumbre acostumbrada en estos ingresos?

Señor presidente, el presupuesto de 2018 se presenta equilibrado, como el año anterior, para garantizar la estabilidad financiera. La corporación alcanza los 1001 millones de euros de presupuesto siguiendo una tendencia al alza desde el año 2015. En 2015 fueron 874 millones; en 2016, 974; y en 2017, 978. Hay algunas magnitudes, algunas partidas, que hemos cotejado con ejercicios anteriores y sobre las que quiero solicitar al presidente de la corporación, que para eso hemos venido y no para otras cosas, alguna información adicional. El gasto de programas ha sido de 284 millones, aproximadamente, en 2015; de 359 en 2016; de 330 en 2017; y para 2018 se prevén 366,9 millones de euros. Este incremento debe redundar en una mejor programación, más competitiva y de calidad, tanto en televisión como en radio, por eso le quiero preguntar qué objetivos concretos va a perseguir este aumento del presupuesto en programas.

Los gastos de personal alcanzan los 397,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,7 % sobre al año anterior. Yo le quería preguntar cuál es la causa del aumento. En todo caso este dato desmiente de forma tajante -y un año más- la intención de realizar algún tipo de expediente de regulación de empleo o de reducir la plantilla, con lo que tanto les gusta asustar a algunos dentro de Radiotelevisión Española. Esta es otra cantinela que se repite sin el menor respaldo en la realidad.

Por otra parte, los ingresos comerciales presupuestados por ventas se rebajan hasta los 45,36 millones. Otro tanto sucede con los patrocinios culturales y deportivos, que se rebajan de los 11,42 millones en 2016 a los 6,5 en 2018. ¿A qué es debido esto, señor presidente? ¿Tiene esto que ver con las limitaciones de la Ley de Financiación o con el agotamiento de fórmulas o iniciativas de captación de ingresos en este terreno?

Tenemos también interés en reparar en el plan de inversiones para 2018, valorado en 69,7 millones de euros, y que se incrementa en un 15 % respecto al año anterior y al que siempre hemos concedido una

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importancia estratégica de primer orden, en la medida en la que sirve para aumentar la capacidad productiva de Radiotelevisión Española y su adaptación a las nuevas tecnologías. Señor presidente, ¿qué actuaciones y proyectos justifican esta previsión presupuestaria para este año?

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 a verano de 2024 han sido adjudicados por el COI a la compañía Discovery. Según creemos esta empresa puede revender los derechos adquiridos, y en ese caso la corporación podría considerar la posibilidad de adquirirlos con alguna oferta. Esto podría suceder con otros eventos deportivos de interés general que al parecer no están inicialmente presupuestados. ¿Sería posible, señor presidente, acometer con este presupuesto una iniciativa de este tipo?

Otra cuestión es el llamado plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia, que ha supuesto para la corporación entre 2015 y 2017 más de 30 millones en ahorros, y que ha operado fundamentalmente sobre los gastos generales de la corporación. ¿Se va a seguir manteniendo en 2018? ¿Con qué objetivos, señor presidente?

Finalmente, señor presidente, señorías, creo que estos presupuestos de Radiotelevisión Española para 2018 merecen ser apoyados para continuar en la senda que garantice el futuro y la viabilidad de la corporación. Ya sé que otros están a otras cosas, pero yo creo realmente que deben ser apoyados para seguir prestando un servicio público útil y rentable para la sociedad española. Deben ser apoyados porque su gestión es transparente e intensamente controlada. Tienen que ser apoyados para que la corporación disponga de los recursos necesarios que le hagan ser todavía más fuerte y más eficaz.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el presidente de la corporación.

El señor PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (Sánchez Domínguez): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.

En primer lugar quiero expresar mi sorpresa, porque he estado aquí desde primera hora de la tarde y pensaba que había una línea de continuidad, tanto en las formas como en el tono y en el contenido de las preguntas, pero me han desequilibrado un poco. Yo venía aquí a hablar del inmovilizado, de las amortizaciones, del balance, del activo, del pasivo, de la deuda, etcétera (La señora López Ares: Del presupuesto), como correspondía a una sesión de la Comisión de Presupuestos, pero ahora tengo que hablar de una ley en la que no tengo nada que ver, de un concurso público y de una serie de cosas de las que me siento totalmente ajeno. (El señor Moreno Bustos: Pues no hable.-Rumores). En cualquier caso, no tengo ningún inconveniente y dentro de mis modestas posibilidades intentaré dar respuesta y satisfacción a sus señorías.

Señor Camacho, efectivamente hubo un recorte de 200 millones de euros; es verdad. Yo no formaba parte de ese consejo, por lo que ahora le hablo como contribuyente, como elector, como ciudadano, y dada la gravedad de la crisis que, según los más acreditados economistas, desde la Guerra Civil no se conocía en España, y nuestra generación no ha conocido una crisis igual, desde fuera vi bien dicho recorte. Fíjese que se lo digo desde la autoridad que me da el hecho de que yo no aprobé ese recorte, sino que lo aprobó el representante de su partido en ese consejo. Por tanto, yo creo que estuvo bien aprobado, pero sepa que yo no lo aprobé, no tuve esa ocasión, lo que no quiere decir que me esté quitando nada de encima, porque si hubiera formado parte de ese consejo... (El señor Camacho Sánchez: Eso no es verdad). ¿No es verdad que en el consejo de administración se aprobó ese recorte? (El señor Camacho Sánchez: Pero no se aprobaron los recortes, sino los presupuestos, que es diferente). Le hablo de los 200 millones a los que su señoría ha hecho referencia. (El señor Camacho Sánchez: El que hace los recortes es Montoro).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Pido a sus señorías que no entren en debate.

El señor PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (Sánchez Domínguez): Si no es así y no se refiere a los 200 millones, retiro lo dicho. (El señor Camacho Sánchez: Sí me refiero a eso. No le demos la vuelta a la tortilla). Ha hecho usted aquí unas calificaciones de parcheo. Me pregunta por el desglose, y con mucho gusto le contesto, y ahí tiene razón, porque efectivamente usted conoce los presupuestos ya que entre otras cosas el presupuesto no lo hace televisión, sino que, como bien sabe su señoría, nos lo dan hecho, pero con mucho gusto le voy a dar el desglose. Compensación por servicio público 342,87. Como esto también me lo han preguntado los demás grupos les contesto ya a todos. Tasa

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del espacio radioeléctrico 380 millones. Aportaciones de las televisiones en abierto 58,88. Aportaciones de la televisión de pago 22,76. Telecos 139,73 millones. Hay otras subvenciones por valor de 2 millones: Ministerio de Educación, Forcem, etcétera. Los ingresos son menores. Ingresos comerciales 45,36 millones. Patrocinios, venta de canal a plataformas internacionales, etcétera, y otros ingresos procedentes de la venta de derechos, etcétera, 8,56. El total de los ingresos del presupuesto de Televisión Española es de 1001 millones de euros.

Su señoría ha hecho unas críticas al Grupo Popular que no me corresponde a mí contestar, puesto que no formo parte del Grupo Popular y no están referidas a la Presidencia de Radiotelevisión Española. Por otra parte, dice que no me ha oído nunca criticar la financiación de Radiotelevisión Española. Si su señoría coge los Diarios de Sesiones de las comparecencias que hemos tenido durante estos años se puede hacer un libro. Siempre he criticado aquí, en público, la deficiencia. Yo nunca he hecho declaraciones, jamás las he hecho, pero aquí en las actas taquigráficas está registrada mi crítica al modelo de financiación de Radiotelevisión Española; ya lo creo que sí.

Otra cosa es que las reivindicaciones al Gobierno yo no las aireo. En este sentido soy un poco más del Nuevo Testamento, por aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero le garantizo que he hecho un esfuerzo y el resultado está a la vista de todos. Como se ha dicho, y quiero recordar, llevamos dos ejercicios consecutivos cerrando no ya con equilibrio presupuestario, sino con superávit, algo que no tenía precedentes en la historia de la corporación, como bien sabe su señoría. Pero le repito que la afirmación de que el sistema de financiación no es bueno debe haber muy poquitos Diarios de Sesiones de mis comparecencias que no lo recojan.

Le comento lo del 2.2. Ya sabe usted -lo hemos hablado algunas veces- que cuando se cumple el presupuesto de gasto y hay una diferencia efectivamente está la compensación que recoge la ley. En Radiotelevisión Española, al contrario de lo que dice su señoría y a diferencia de lo que ocurrió en etapas anteriores, en las que esto no se hizo -yo sí lo he hecho-, hemos solicitado la compensación prevista en la ley. Lo que hay que hacer ahora es esperar lo que la Dirección General de Presupuestos nos diga. No obstante, después de muchos estudios sobre esto y de haber estado muy encima, entiendo que las cantidades incluidas por compensación de servicio público en estos presupuestos ya incluyen estos conceptos. Además le recuerdo que en el año 2016 se ha producido, en primer lugar, un incremento de esta compensación en 50 millones de euros, como ha recordado su señoría en su intervención, y adicionalmente otros 50 millones más en concepto de tasa del espacio radioeléctrico, con lo cual ahí está compensado. Respondiendo a su pregunta, sí lo hemos solicitado y pedido. Después le aclaro que la tasa del espacio radioeléctrico se presupuestó en el ejercicio de 2017, del año pasado, y ya se ha quedado consolidada para siempre ahí.

Hablaba usted de control -y ha empleado la palabra chantaje- de los servicios informativos y de los telediarios. En cuanto al control político del Gobierno ya la CNMC, que es un organismo independiente del Gobierno que responde a las Cortes Generales, les ha mandado a todas sus señorías un informe. En ese informe se lee: Durante el periodo analizado -bajo mi gestión- Radiotelevisión Española respetó el equilibrio de las principales fuerzas parlamentarias y no se observó un trato privilegiado hacia el Ejecutivo. Como verá, no coincide la CNMC con su señoría. Yo creo que su señoría será la que tenga razón (risas), porque con este comentario de la CNMC, los sindicatos, los grupos, los consejos informativos, etcétera, quedarían todos desmentidos, pero eso es lo que se dice en un informe que les han mandado a ustedes, no a mí, porque como digo es una institución que responde ante las Cortes españolas.

Después intervino la representante de Podemos, doña Noelia Vera. El desglose del presupuesto ya se lo he dado. Me parece muy grave lo que ha dicho, y le doy un consejo no pedido: aparte de que está muy bien que investigue, yo iría a los tribunales si conoce casos de corrupción, porque eso es delito, y en una institución pública le recuerdo que está usted obligada a denunciar eso ante los tribunales de justicia, porque si no... (La señora Vera Ruiz-Herrera: Es obligación decir presunto). ¡Ah, si es presunto! (Varios señores diputados: ¡Ah!).

El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Les pido que no entren en un debate, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (Sánchez Domínguez): Habla de redacción paralela. Yo no conozco ninguna redacción paralela. Si usted está diciendo que los miles de periodistas no hacen absolutamente nada es tener un concepto sobre los profesionales de Radiotelevisión Española, como mínimo, un poco pobre. Eso no lo comparto y además no conozco ninguna redacción paralela;

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conozco la redacción de los servicios informativos de Radio Nacional de España y de Televisión Española, que son modélicos y estupendos.

Dice usted que me he subido el sueldo un 28 %. Yo no me puedo subir el sueldo, me lo ponen ustedes. Yo no me he subido nunca nada. Si le sirve de información, por lo que me consta, cobro lo mismo que el año pasado y lo mismo que el anterior. En cualquier caso, le repito que yo no tengo capacidad para subirme el sueldo ni para ponérmelo siquiera, porque me lo pone el Ministerio de Hacienda a través de los presupuestos, ustedes cuando los aprueban, con lo cual es imposible que yo me pueda subir ni el 1 ni el 28 ni nada.

Ahora una cuestión de apreciación. Dice usted que los centros territoriales están en una situación de abandono. La verdad es que los he visitado todos. No sé si su señoría los conoce, pero yo he estado en todos. He sido además el único presidente o director general que ha visitado todos los centros territoriales de Radiotelevisión Española; he hablado con todos los trabajadores. Se está haciendo un esfuerzo inversor muy respetable. He estado inaugurando con el presidente Lambán el centro nuevo y moderno de Aragón; hace poco hemos inaugurado uno en Mallorca; quedan pendientes de inaugurar algunos más. Por lo tanto el esfuerzo que se está haciendo en dotar a los centros territoriales lo reconoce la CNMC y dice que es encomiable en el informe que les han mandado a ustedes.

Dice usted que hay procesos de privatización. Dice la CNMC literalmente -le repito que es un organismo que depende de las Cortes españolas-, sobre el cumplimiento de las obligaciones sobre el servicio público de la corporación y su financiación de los años 2015 y 2016, lo siguiente: Radiotelevisión Española ha cumplido en opinión de la CNMC muy satisfactoriamente el conjunto de las obligaciones de servicio público que tiene encomendadas por ley. La CNMC considera necesario un servicio público de televisión fuerte y con una financiación recurrente y estable. Le puedo leer más cosas que dice; por ejemplo, valora positivamente el cambio de la tendencia comercial, que el actual sistema de financiación es muy positivo, entiende que es necesario que los poderes públicos -es decir, ustedes- afronten de manera inminente la revisión del sistema de financiación de Radiotelevisión Española -porque esa es su obligación y su capacidad, yo no las tengo-. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Muchas de estas cuestiones las tiene en el informe que su señoría habrá leído y estudiado.

Dice que se está privatizando no sé qué, porque no me lo ha dicho. Si su señoría me pudiera ilustrar diciéndome qué es lo que se está privatizando en Radiotelevisión Española se lo agradecería, porque no lo sé.

Ya le he comentado lo de los centros territoriales. Se están construyendo nuevos estudios. Dice usted que se están construyendo nuevos estudios. Claro, si no se construyeran, supongo que sería peor: me reprocharían que no hago nada. Son unas instalaciones muy obsoletas, de los años sesenta, y todo eso se está modernizando y vamos a tener los mejores estudios de España. Entiendo que usted no se lo crea, pero ahí no puedo hacer nada. (La señora Vera Ruiz-Herrera: No se lo creen los trabajadores). Le digo lo que yo veo, lo que sigo, lo que me dicen los técnicos. Los mejores estudios de cualquier televisión que haya en España es lo que va a tener Radiotelevisión Española. Creo que menos uno -no recuerdo ahora- todos se inauguran este año.

No sé a qué recortes sociales se refiere. Yo no he hecho ningún recorte dentro del capítulo de gasto, que es el que yo manejo. Del capítulo de ingresos, si ha habido recortes, son sus señorías las que aprueban el presupuesto y las que me lo hacen. El presupuesto en 2016, yo, el de los recortes sociales -como dice su señoría-, lo incrementé en 100 millones de euros, y eso sigue ahí, con lo cual se contradice con los recortes que a su juicio yo he venido realizando.

Señor Capdevila, le agradezco mucho que me lea esos comunicados. Yo no tengo tiempo, dado el exceso de trabajo, de leer muchas veces estas cuestiones, y le agradezco mucho que haya ilustrado a la Comisión y que me haya leído los comunicados de los consejos de informativos. Me parece muy bien y se lo agradezco mucho.

Pregunta usted qué se va a hacer sobre la incertidumbre del IVA. No hay ninguna incertidumbre. La Ley del IVA se reformó. Nosotros antes deducíamos el IVA y ahora, siguiendo indicación de las autoridades tributarias, se deduce el treinta y tantos por ciento. Como el presupuesto se hizo antes de aprobarse esa reforma, que fue en noviembre, en el caso del presupuesto del año pasado solamente afectó a noviembre y diciembre, y fueron unos 8 millones de euros. Si este año, que no lo sabemos, la cosa sigue así, afectará a lo mejor en una disminución de unos 20 millones de euros aproximadamente, que ya los sacaremos deduciendo de otros gastos que tengamos dentro de nuestro presupuesto para que el funcionamiento normal de Radiotelevisión Española como servicio público no pueda verse afectado.

Con este presupuesto, señor Moreno -ya teníamos el mismo presupuesto prácticamente o quizá algo menos-, tuvimos los Juegos Olímpicos de Río, con lo cual en estos momentos como bien sabe su señoría

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eso lo tiene ahora una empresa que se quedó con todos los derechos, Discovery Channel, que es la propietaria de Eurosport, pero ya sabe su señoría que la ley establece una serie de requisitos, como son 200 horas en abierto. Todavía no se ha abierto el plazo para negociar estas cuestiones, y por lo tanto no le puedo anticipar nada, pero lógicamente haremos el esfuerzo que haya que hacer para que estemos ahí.

En resumidas cuentas, señoría, en cuanto a la reforma de la ley, no tengo nada que decirle. Le recuerdo a su señoría que hace ya un año, para evitar todas estas maldades que vienen de Televisión Española sobre purga, censuras, etcétera, el Parlamento con buen criterio aprobó por el trámite de urgencia y por el procedimiento de lectura única una ley que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado, con la firma de su majestad el rey y del presidente de Gobierno, a finales de verano del año pasado. Leí en la prensa que daban tres meses para preparar el concurso. Imagino que estuvieron echando todas las horas del mundo todos los grupos preparando eso, pero supongo que no daría tiempo, que estarían estudiando el derecho comparado, en fin, no lo sé; no daría tiempo a todas esas cosas y no pudo ser. Y ahora parece que sí va a ser, por lo que he leído. En eso estamos, pero yo ahí poco puedo hacer.

Creo que no he contestado a don Guillermo. Me preguntaba si considero suficientes las partidas de Radiotelevisión Española. Pues depende de con quién se compare. Si miramos los presupuestos de las televisiones públicas europeas, que son con las que nos comparamos -estamos en la UER, cuya próxima reunión la tendremos dentro de un par de meses-, la BBC tiene 6650 millones, nosotros 1001, como he dicho; la RAI cerca de 3000, 2800; la ZDF y la ARD unos 9000 millones de euros entre las dos; en Francia, junto con la radio, porque nuestro presupuesto va unido, es Radiotelevisión Española, Francia Televisión y Francia Radio tienen 4000 millones de euros. Si yo lo comparo con esto no es suficiente, pero si lo comparo con nuestra situación económica, con nuestras necesidades, con el presupuesto que tenemos hemos conseguido los resultados que hemos hecho, que ahí están.

También ha dicho usted que los veteranos están apartados por la redacción paralela. No sé a qué redacción paralela se refiere su señoría; si me lo dice yo podría contestarle algo.

Habla usted del lado oscuro del presupuesto. Tenemos control de la Intervención Delegada, de la CNMC, del Tribunal de Cuentas, tenemos la auditoría externa, la auditoría interna. No hay en España una empresa pública con más controles y más transparencia que Radiotelevisión Española. Eso se lo puedo garantizar.

Dice usted, y esto es un error mayúsculo, que a los directivos les corresponde la partida más importante del capítulo de personal.

El señor DÍAZ GÓMEZ: No, digo que el capítulo de personal es de las partidas más importantes. Y luego ya pasé al sueldo de los directivos.

El señor PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE (Sánchez Domínguez): Bien, ya decía yo. Le aclaro. La plantilla de directivos es de 169 personas y tiene la siguiente composición: un presidente, ocho directivos de alta dirección, sesenta y nueve direcciones y noventa y una subdirecciones, y el presupuesto total -desde el presidente a los subdirectores- es de 13,5 millones de euros. Ese es el presupuesto de la plantilla de los directivos de Radiotelevisión Española.

Yo no sé de dónde saca usted esta información, lo voy a preguntar, porque a mí no me consta que hayamos quitado una serie. Viene a decir su señoría que damos cinco capítulos, pero pagamos los trescientos de la serie entera. Yo no sé si está usted hablando de Radiotelevisión Española o de otra cosa. Y dice que no hay cláusula de quitar los programas. Yo creo que no hay ni un solo contrato donde no se pongan las cláusulas.

En cuanto al cine no viene explicado, pero a los que no están en esto les puede dar lugar a confusión, porque oyéndole a usted alguien que no sepa de qué va esto puede pensar: Antonio Sánchez ha comprado una película por un millón, se la ha guardado y después no la ha dado. Eso no ha ocurrido nunca, ni conmigo ni con mis antecesores; todo el cine que se compra se da. Otra cosa es la ayuda que por ley estamos obligados a dar a la producción de películas españolas, y que después muchas, porque tienen que pasar un tiempo antes en las salas o porque desde el punto de vista de la programación no nos interesa, no se han puesto todavía. Pero eso sigue ahí y ese valor es lo que está contable, pero no es que se haya perdido nada. Esa película que nosotros en su día estuvimos financiando la tenemos ahí y se están poniendo muchas de ellas ahora, y poco a poco vamos sacando eso. Quiero aclarar esto porque si no va a parecer que nos dedicamos a comprar películas al que sea y las guardamos y no las damos. No, eso no existe ni ha existido nunca, ni conmigo ni con mis antecesores, y desde que existe televisión no sé

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si habrá habido alguna anécdota sobre ese extremo. Eso se refiere a lo del 6 % que por ley estamos obligados, y que después no todas las películas se ponen.

Señor presidente, lo único que puedo hacer es un balance de lo que he hecho en estos cuarenta meses, no puedo hacer más de lo que he hecho. Yo he conseguido convertir nuestros telediarios y nuestros informativos en líderes de audiencia. La CNMC, como he dicho, organismo que respeta la independencia y que depende solamente de las Cortes, dice que Radiotelevisión Española -que presido- ha respetado el equilibrio de las principales fuerzas parlamentarias y no ha dado un trato privilegiado al Ejecutivo. He puesto a La 1, nuestro canal señero, a jugar en la misma división -que antes no jugaba- que Antena 3 y que Telecinco. He colocado a Radio Nacional de España en la cota más alta de audiencia de los últimos seis años -llevamos ya cuatro olas consecutivas de EGM subiendo-. Por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia hemos cerrado, no con equilibrio presupuestario como he dicho, sino con superávit; el pasado año 23 millones de euros. No se ha despedido a un solo trabajador. He reducido el número de directivos y el gasto en directivos. He reducido la deuda en un 84 %; cuando llegué debíamos 86 millones de euros y ahora se deben 7 millones. Y he conseguido lo que ni Dios, con su infinito poder, señor presidente, ni la Santísima Trinidad, ni los tres juntos habían logrado, que es poner de acuerdo a toda la oposición para que me echen. (Risas). Todos están en desacuerdo en todo, están totalmente de acuerdo en que me tienen que quitar. Más de mi parte, lo siento, no puedo poner.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez, por su comparecencia.

Suspendemos unos minutos para recibir el próximo compareciente. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (VERA GIL). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001310); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001225) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001573).

El señor PRESIDENTE: Ya sin solución de continuidad, porque vamos completamente fuera de horario, comparece el señor presidente de la Agencia EFE.

Comenzamos con el turno de intervenciones de los portavoces, y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente de la Agencia EFE, bienvenido como siempre a esta Comisión. Repasando las intervenciones de los presupuestos del 2017, comenzaba mi intervención diciéndole que me costaba mucho esfuerzo haber preparado la comparecencia, porque no conocíamos realmente cuál era el presupuesto de la Agencia EFE. Además, por el formato de esta Comisión, en donde intervenimos primero los portavoces y luego usted, prácticamente no tenemos mucho conocimiento de por dónde van a ir esos presupuestos. Por lo tanto mi intervención va a ser muy rápida, aunque sí me gustaría hacerle alguna pregunta, alguna consideración sobre algunas situaciones que se han producido desde esa comparecencia hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo, como usted puede entender, al servicio de interés económico general, que precisamente ya fue motivo de debate en la Comisión con motivo de los presupuestos de 2017. Desde entonces hasta ahora ha habido una modificación a través de la Ley de Contratos del Estado, cuya disposición adicional quincuagésimo tercera establece ese reconocimiento como servicio de interés económico general de la Agencia EFE. Me gustaría hacerle alguna pregunta sobre este tema, fundamentalmente para tener información de lo que ha ocurrido desde entonces. La primera es si la comisión de control para el seguimiento de este servicio de interés general, que se establece en el apartado tercero de esta disposición adicional, se ha constituido como tal y, si se ha constituido, quiénes forman parte de la misma. Relacionado con este tema, el punto 4 de esta disposición adicional dice textualmente: El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales informará a las Cortes Generales y dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y en particular para establecer las obligaciones asociadas a la función de servicio público y las modalidades para el cálculo de la correspondiente compensación. ¿Tiene usted noticias de que se haya hecho algo sobre esto? Evidentemente, la parte que corresponde a este Parlamento, que es la información que tenía que dar el ministro de la Presidencia y para las

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Administraciones Territoriales a estas Cortes Generales, que yo sepa, no se ha producido. Me gustaría saber si algunas de las consideraciones que aparecen aquí se están llevando a cabo.

Una cuestión relativa a la situación de los trabajadores de la Agencia EFE. Quisiera saber cuál es la situación laboral que tienen en estos momentos. Cuando digo laboral me refiero a si se les adeuda algún tipo de retribución con respecto a años anteriores y cuál es el incremento, si es que se ha producido o se va a producir vía estos presupuestos, para el ejercicio 2018.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vila.

El señor VILA GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Bienvenido, señor Vera, otro año más a la Comisión de Presupuestos. Le agradezco su presencia y también la información que me remitió después de la comparecencia del año pasado. Se lo agradezco porque no es un hecho muy habitual.

Dicho esto, es difícil hacer un balance de los presupuestos de 2017, dado que todavía no han publicado ustedes los resultados definitivos. Por tanto, voy a intentar hacer una foto un poco más amplia de su gestión durante los últimos seis años. Cuando usted entró en 2012 de la mano del Partido Popular, procedente del periódico La Razón, ese año la Agencia EFE había perdido 10,8 millones de euros. Desde entonces no ha habido ni un solo año en el cual la agencia no haya tenido un resultado negativo, siendo el mejor año 2014, con 4,3 millones de euros de pérdidas. A día de hoy, sin contar con los 12 millones no presupuestados por el Gobierno del servicio de interés económico general durante su mandato, tenemos que EFE ha perdido en estos años 40,65 millones de euros y la deuda se ha elevado hasta los 44 millones de euros, una situación grave que no habla muy bien de su gestión. Se lo digo con toda humildad y respeto, pero es así. Y esto es así pese a que ustedes han hecho un ERE que empezó en 2012 y que ha acabado en 2016 -usted mismo dijo que ese ERE venía a paliar los efectos de la evolución negativa de los ingresos, cosa que es evidente que no ha pasado-, y también a pesar del rescate que se ha producido en junio del año pasado por parte de la SEPI, que ha inyectado 5,4 millones de euros a la Agencia EFE, porque al cierre de 2016 -y esto es muy grave- la agencia se encontraba en situación de disolución, según el artículo 3.6.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se recoge en el informe de PriceWaterhouseCoopers que ustedes mismos encargaron en el año 2016. Si me lo permite, esto puede ser un éxito de gestión y de previsión, porque en el año 2016 usted también dijo que era el año en que la Agencia EFE iba a remontar el vuelo y a tener resultados positivos, y resulta que la realidad es que en el año 2016, ERE y rescate mediante, la empresa estaba en situación de disolución. Quiero saber qué opina usted de su propia gestión, si está de acuerdo conmigo a tenor de los resultados económicos de los últimos años, en que las políticas de recortes, austeridad y externalizaciones paralelas son totalmente ineficaces para sanear las cuentas de una empresa pública o del Estado, de la empresa pública EFE en este caso. ¿Cree que con estos malos resultados durante siete años consecutivos, si fuera una empresa privada seguiría usted siendo el máximo responsable de la misma? ¿Y qué va a hacer la dirección o usted mismo para intentar reducir la deuda?

Es cierto que contaba con el aumento del presupuesto comprometido por el Partido Popular y cuantificado en 12 millones de euros por el reconocimiento como servicio de interés económico general y resulta que el PP le ha dejado en la estacada, si me permite la expresión. Se lo digo porque el año pasado en su comparecencia usted hizo mucho hincapié en lo necesario que era para el sostenimiento de la Agencia EFE el reconocimiento como SIEG y la dotación presupuestaria que conlleva. Nosotros estuvimos de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que había tenido EFE en los últimos años. Bien, pues el reconocimiento como SIEG llegó en diciembre de 2016 por parte de la Comisión Europea, el Gobierno del Partido Popular se comprometió con Europa, y entiendo que con usted mismo, a cumplir con las exigencias de esta calificación antes de julio de 2017, y ahora resulta que no, que más que un compromiso era un brindis al sol porque nos encontramos en estos presupuestos con que el presupuesto para EFE vuelve a ser de 39 millones de euros en vez de 51, como el Gobierno se había comprometido a que fuera tras la declaración de servicio de interés económico general. Por tanto, le pregunto: ¿le ha dado a usted el Gobierno alguna explicación de por qué no han cumplido el compromiso adquirido con la Comisión Europea? Y en caso de que no, ¿piensa usted pedírsela? ¿A qué achaca usted el incumplimiento por parte del Gobierno? ¿Qué piensa hacer la dirección para compensar este desfase

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presupuestario? ¿Va a pedir o ha pedido formalmente a la SEPI más inyecciones de capital? ¿Se las han concedido? En caso de que sí, ¿a cuánto ascienden? Por otro lado, siguiendo con el SIEG, el año pasado le pedí que intentara evitar las tentaciones que podrían tener desde el Gobierno de hacer el reglamento del SIEG a puerta cerrada y de espaldas a los grupos de la oposición, y ni yo ni estas Cortes, como he oído decir antes al compañero del Grupo Socialista, tenemos noticias de que ese reglamento se esté haciendo y tampoco de la comisión de control que se exige con el SIEG ni de quién la compone, en caso de que se haya constituido. Por tanto, ¿existe ese reglamento? ¿Se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién compone esa comisión de control, si es que está organizada ya?

Para finalizar -porque veo ya la luz roja, señor presidente-, tres cosas atrasadas de otros años. En primer lugar, el estatuto, atrasado desde la Constitución. En anteriores comparecencias se comprometió a promover un estatuto para EFE similar al que ya tiene la Corporación Radiotelevisión Española y hasta la fecha no hemos visto movimiento alguno en este sentido. Por tanto, le pregunto si se ha reunido con el Gobierno o con algún grupo parlamentario para desarrollar esta iniciativa. Por otra parte, ¿cree que es buen momento, ahora que EFE cuenta con la consideración de SIEG, para dotar a EFE de un estatuto, de acuerdo con el artículo 20.3 de la Constitución española? Por otro lado, la renovación del Consejo de Redacción de EFE lleva paralizada tres años y medio y ya son cuatro años y medio sin que funcione este órgano, similar al Consejo de Informativos de Radiotelevisión Española. ¿Qué va a hacer el presidente para que vuelva a constituirse el Consejo de Redacción y para facilitar las elecciones al mismo? ¿Se compromete a presentar un plan para que EFE pueda contar con un órgano que supervise el proceder deontológico de los profesionales del periodismo? ¿Cree que sin ese órgano ha mejorado la calidad de la información de EFE? Y por último, el plan de igualdad de género está caducado y obsoleto desde 2013, y mientras se está produciendo paulatinamente una discriminación hacia las mujeres, que se manifiesta a medida que los tramos salariales suben. Es decir, el peso de las mujeres es cada vez más alto a medida que los tramos salariales bajan y el peso de los hombres es cada vez más alto a media que los tramos salariales suben. ¿Tiene usted disposición para renovar ese plan de igualdad?

Acabo ya con esto, señor presidente, de verdad. Su sueldo es el único que ustedes publican de toda la junta directiva, aunque se lo ha pedido en repetidas ocasiones la representación social de la empresa y nosotros también le haremos peticiones al respecto. Están litigando ustedes en el Contencioso-Administrativo contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no dar esta información. El único sueldo que conocemos es el suyo: 157 256 euros al año, de los cuales 45 200 son bonus en base a objetivos. ¿Considera usted apropiados estos bonus teniendo en cuenta los resultados de toda su gestión?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vila.

A continuación, en nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.

Gracias, señor Vera, presidente de la Agencia EFE, por estar hoy aquí en esta comparecencia. Voy a ser breve, dada la hora, y conciso para que me pueda dar respuesta a las pocas preguntas que le voy a hacer, puesto que muchas ya las han realizado anteriores compañeros. Además, voy a hacer unas consideraciones. Como no tenemos oportunidad generalmente de hablar de la Agencia EFE en estas Cámaras, quiero hacer algunas consideraciones, en nombre de mi grupo parlamentario, sobre la importancia de esta agencia. La Agencia EFE es el único organismo que sigue recibiendo un presupuesto de crisis a día de hoy, habiendo sido declarada, como ya han dicho anteriores intervinientes, servicio de interés económico general y habiendo pedido desde la Comisión Europea al Gobierno de España que -cito textualmente a la comisaria- adoptaran las medidas legislativas y administrativas necesarias y que se dotase a la agencia de una financiación estable y suficiente. Esto, salvo que estemos en un error, no se ha producido, y no sé si me corregirá el presidente de la agencia.

Usted nos pidió anteriormente una reforma, que se aprobó en 2017 -a la que se han referido también los anteriores intervinientes-, de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, que debería haber supuesto algún cambio crucial para la agencia a tenor de todos los datos que nosotros tenemos y que usted nos ha facilitado. ¿Ha supuesto esta modificación algún cambio práctico para la agencia? ¿Lo han notado en el aumento de algún presupuesto? ¿Ha desarrollado el Gobierno esta norma, como así lo indica el punto 4 de la disposición quincuagésima tercera? ¿Tiene alguna noticia al respecto? Pocas veces ha sido más importante dotar de fuerza y recursos a nuestra agencia pública de noticias por excelencia, cercados por las noticias falsas, con agencias y sucedáneos

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extranjeros bombardeando Europa y España con las conocidas fake news y otras campañas de otro tipo intoxicando en los momentos cruciales para nuestro país, y quiero aprovechar para decirle esto hoy aquí porque normalmente no podemos hacerlo. Una agencia como EFE tiene que estar fuerte y ha de prestar un servicio a su máxima razón de ser, que es la verdad. ¿Le han dado al presidente de la agencia, en base a la importancia que nosotros consideramos que debe tener y los recursos de que debe disponer ante la situación y episodios que hemos vivido recientemente, algún calendario de hitos financieros en los que vayan ustedes a contar con recursos suficientes y nuevos para cumplir con sus funciones?

Muchas de las cuestiones ya se las han preguntado mis compañeros, con lo cual voy a pasar muy rápido sobre algunos asuntos, pero no me gustaría que los dejara sin respuesta. ¿Cuál es la situación de la plantilla de la Agencia EFE? ¿Cómo valora la situación de los trabajadores? Ya han hecho referencia al ERE y a algunas de las cuestiones que ha comentado el señor Vila, con lo cual paso al siguiente punto por las horas en que nos encontramos y por no ser repetitivo.

Son muchas las agencias extranjeras que comienzan a emitir noticias en español. Creo que es evidente que la agencia de noticias en español por excelencia ha de ser EFE. ¿Cómo considera usted, presidente de la agencia, que estamos en este punto? ¿Hemos ganado o perdido influencia como agencia en español en el exterior? Hay engendros enormes con grandes presupuestos y hay emporios de la mentira que pagan campañas en redes con spin doctors intoxicando con montajes y ficciones la realidad de lo que es España y muchas veces de lo que es Europa y lo que es nuestro Estado de derecho. Por cierto, ¡quién sabe si alguno de estos montajes de calumnias contra España han sido financiados con dinero público! Las pruebas, según el Supremo, así lo indican, pero el ministro y primer testigo de la defensa del señor Puigdemont, don Cristóbal Montoro, lo niega, negando así la malversación, pero ya veremos y lo explicará en el Supremo. (Rumores). Señor presidente de la agencia, ¿no cree que una agencia pública fuerte como EFE podría hacer frente de forma importante a este tipo de campañas de desprestigio con la verdad? En estos tiempos los medios de comunicación públicos pueden ser fundamentales y herramientas magníficas. No los dejemos, cuidemos a nuestra Agencia EFE, que será sinónimo de cuidar a nuestra ciudadanía y nuestro prestigio como Estado.

Por último, por razón de mi trabajo tengo generalmente trato con parte de la plantilla de la Agencia EFE, como todos los que estamos aquí, y quiero que les transmita en la parte que a mí me toca una felicitación por el trato profesional y exquisito que nos dan de manera permanente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Tiene la palabra el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Solo venía a hacer unas preguntas a este señor de EFE. Permítame el animus iocandi y la buena fe que sabe usted que presiden todas mis intervenciones, pero el final del discurso de su compañero de partido, que centra al del Partido Popular, me ha dejado anonadado y me ha recordado aquel dicho de aquel conocido director de un diario español, y muy español, que solía repetir que la unidad de España está por encima de la verdad. Usted ha hecho honor a todo eso.

Señor Vera, muchas gracias. Seré muy breve porque traía una serie de preguntas, pero muchas de ellas ya han sido formuladas y me adhiero a esa formulación. Solo le haré cuatro. Hoy hemos conocido, a través de una información de El Confidencial, que la dirección de EFE se niega a ofrecer información a Comisiones Obreras sobre datos de la conclusión del expediente de regulación de empleo que hizo EFE entre 2012 y 2016 y sobre retribuciones variables de los directivos y otras cuestiones contables. ¿Facilitaría a esta Cámara la información que niega a este sindicato? ¿Pondría fin al recurso contencioso? En caso de que nos negara esta información, ¿nos puede justificar al amparo de qué legislación o por qué motivo?

Dos, respecto a la consultora de comunicación Llorente & Cuenca, ¿tiene EFE algún convenio con esta compañía? De existir, ¿nos puede facilitar algún contrato y el balance económico de esta relación desde el momento en que fuera suscrito? Si no puede, por favor, díganos el motivo. Tres -y esta es graciosa-, ¿nos puede decir quién gestiona la tienda virtual que existe al final de la página web de EFE? ¿Es una empresa? ¿Es un particular? ¿Qué balance económico arroja para EFE? ¿Es cierto que en la página web de una empresa pública se venden productos eróticos? (Risas). ¿No estaría un poco alejado de su razón social y de su actividad como empresa pública? Y cuatro, ¿cuándo cree que se terminará de desarrollar la plataforma multimedia unificada o PMU, el editor que EFE lleva confeccionando unos diez años? ¿Han sacado recientemente una licitación por medio millón de euros para continuar el desarrollo de este programa de edición? ¿Cuánto lleva gastado la agencia en este programa en todo este tiempo, o

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-entiendo que empezó antes de que llegase usted a EFE- en el que usted conozca? ¿Qué sucedió con el litigio que se mantuvo con Telvent cuando el citado PMU todavía se llamaba sistema integrado de edición multimedia o SIEM? ¿Qué coste ha tenido o tiene este pleito para EFE?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila. Siguiéndole la broma, me alegro que estas preguntas sobre productos eróticos las haga en horario que ya no es para todos los públicos. (Risas).

Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Moreno, por parte del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.

Siguiendo con la broma, espero que esto no haya sido que alguien se ha delatado, pero, en fin, ¡qué le vamos a hacer! No quiero decir más.

Señor presidente, bienvenido a esta Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados; siempre es un motivo de satisfacción para nuestro grupo parlamentario poder escucharle hablando de la Agencia EFE y haciéndolo además con el conocimiento, la pasión y el interés que ha mostrado siempre en sus palabras. Quiero también aprovechar empezando por hacer mías las últimas palabras del señor Díaz relativas a los trabajadores de la Agencia EFE por su trabajo y dedicación en su actividad profesional, que espero y deseo que se lo transmita.

Dicho esto, creo que convendremos en que la calificación de la Agencia EFE por parte de la Comisión Europea como un servicio económico de interés general, lo que hemos venido en conocer como SIEG, en vigor desde el pasado mes de marzo, constituye un antes y un después para esta veterana y prestigiosa empresa de noticias, para este importante servicio público de comunicación que usted preside, señor Vera. Efectivamente, le hemos escuchado en anteriores ocasiones en esta Comisión de Presupuestos acentuar la trascendencia de este reconocimiento asociado también a la adecuada compensación que la Agencia EFE debe recibir del Estado. Queremos hacerle algunas preguntas aclaratorias a este respecto, y entrando ya de lleno, la primera sería qué trámite o reglamento de desarrollo falta para que la Agencia EFE opere como un SIEG en su totalidad, es decir, plenamente. Si el presupuesto de la Agencia EFE es de 39 millones de euros y el que debería ser a partir de la consideración de un SIEG es considerablemente superior, de 54 millones, como usted mismo reconocía el pasado año, ¿cómo se va a compensar o resarcir la diferencia, señor Vera? ¿Va la Agencia EFE a suponer a partir de ahora un mayor coste para el Estado? Por cierto, señor Vera, ¿nos podría aclarar cuál es la situación de la deuda de la propia Agencia EFE? En otro orden de cosas pero también en relación con el SIEG, ¿puede decirnos qué otras agencias europeas tienen esa misma consideración y qué diferencias existen entre ellas y la propia Agencia EFE? Tenemos entendido que el caso es muy semejante, al menos literalmente, al de la agencia francesa AFP. ¿Cómo va a repercutir el SIEG desde el punto de vista informativo, principal ocupación y razón de ser de la Agencia EFE?

Otro aspecto de la actividad de la Agencia EFE que siempre nos ha interesado traer a colación en esta comparecencia de presupuestos es la de su presencia internacional. Señor presidente, señor Vera, ¿garantiza el SIEG ese nivel de actividad que tiene actualmente la Agencia EFE? Y hablando de la proyección internacional de EFE, ¿cuál es la situación actual en América Latina y en el contexto de la crisis mediática que no parece concluir, o al menos no al ritmo de la recuperación que se aprecia en otros sectores tras la crisis económica? ¿Está teniendo la Agencia EFE dificultades en su territorio de acción natural, como es América Latina, con relación a otras agencias? ¿Cuál es la posición de la Agencia EFE en otros mercados internacionales, al margen de América Latina, al que me refería?

Por otra parte, tengo la mala costumbre, señor Vera, de seguir algunas de sus intervenciones públicas, en las que se ha mostrado muy sensibilizado con el cambio climático, y al hilo de sus reflexiones, que forman parte de la agenda internacional más importante y exigente y de los retos principales de la humanidad, quisiéramos preguntarle por EFEverde.

En otro orden de cosas, ¿nos podría detallar también cuál es la evolución de los acuerdos de EFE con la agencia europea de noticias EPA? Por otra parte, está de actualidad hablar de las noticias falsas -y aquí hemos oído ya algunas preguntas sobre esta cuestión-, hasta el punto de que se están creando comisiones parlamentarias y grupos gubernamentales de trabajo y de debate para abordar, por no decir combatir, este asunto. ¿Cómo observa este debate el presidente de la Agencia EFE -me gustaría saber- y cómo está afectando el actual ambiente de lo que se llama posverdad mediática a una agencia como EFE?

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Aprovechando esta pregunta, me atrevo a hacerle una más: ¿nos podría especificar cuál es la situación y el resultado de las empresas participadas por EFE, además de EPA, Fundéu, Efeagro y demás? ¿Y a su vez trasladar qué directivos de EFE cobran de estas empresas participadas o de sus sociedades filiales como EFE News?

Una última cuestión, señor presidente. Nos hemos enterado de que van a abandonar -al parecer- las instalaciones que compartían con Radiotelevisión Española en Barcelona, ¿nos podría aclarar el motivo?

Acabo. Señor Vera, nuestro grupo parlamentario quiere aprovechar esta oportunidad para reiterarle el apoyo más firme a su tarea al frente de la Agencia EFE y también para brindarle nuestra colaboración para que la Agencia EFE logre muy pronto la estabilidad económica y financiera que tanto ha anhelado y tanto necesita para seguir siendo la mejor ventana informativa de España en el mundo, y esperamos que lo logre muy pronto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.

A continuación, el presidente de la Agencia EFE, señor Vera, tiene la palabra para contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Vera Gil): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias a todos los portavoces por sus palabras, por el tono empleado en todos los casos, y muy agradecido, particularmente en mi nombre pero también en el de todos mis compañeros, por las referencias del señor Moreno, del señor Díaz, representante de Ciudadanos -de una forma muy contundente y clara-, y también del señor Camacho, que han hecho al trabajo de mis compañeros. Se lo agradezco de verdad, porque creo que nadie puede tener queja en este sentido. La Agencia EFE está en todo el mundo, tiene una presencia muy, muy relevante y estamos al servicio de los españoles y al servicio de todos los partidos políticos, y creemos que no puede haber ni un solo partido político que tenga una queja del trabajo que han hecho mis compañeros de la Agencia EFE en España, fuera de España, en América y en cualquier parte del mundo. Esto me parece muy relevante. Y es muy relevante, además, que se diga porque los trabajadores de la Agencia EFE han hecho un esfuerzo muy importante en una situación muy complicada de España, con una crisis económica y sobre todo con una crisis de los medios que aún no ha terminado, por desgracia. Estamos viendo todavía cómo en otros medios de comunicación aún hay en este momento situaciones de ERTEs, de EREs. En una situación como esta mis compañeros hicieron un esfuerzo con una reducción importante de sus ingresos, cosa que no se hizo en otros medios públicos, justamente para conseguir que entre la representación social -a la que también elogio por su tarea, por su papel, por su responsabilidad, lo he dicho aquí en todas las comparecencias- y también la dirección de EFE llegáramos a un acuerdo para evitar una cosa importante, y es que no hubiera despidos en la Agencia EFE, que al final se logró. Por tanto, muchas gracias.

Se han referido todos ustedes al tema del SIEG, ¡cómo no!, es lo más importante que ha ocurrido este año, es el hecho más relevante de este ejercicio 2018 y, por tanto, del presupuesto, y posiblemente uno de los más importantes de nuestra historia. El año que viene la Agencia EFE cumple ochenta años de historia. En definitiva, la Comisión Europea y esta ley vienen a reconocer a la Agencia EFE algo muy importante, y es su caracterización como un servicio público, algo que ya se decía en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2003 pero que hasta ahora no se reconocía específicamente. Gracias a la Ley de contratos, que todos ustedes han apoyado, por lo cual les traslado mi agradecimiento y el de los trabajadores de EFE y de mi empresa, gracias a esa ley, por vez primera se produce el reconocimiento como servicio de interés económico general, que es importante a efectos del reconocimiento, pero también a efectos de su financiación. Se habla mucho de la financiación de EFE y yo agradezco todos los comentarios y las iniciativas que toman ustedes a efectos de que esa financiación pueda ser mayor, pero también hay que decir que EFE percibe una cantidad del Estado, a través del contrato de servicios que todavía está vigente, cuando en realidad con el reconocimiento del SIEG que aprobó la Comisión Europea hace un año, tendríamos que recibir ya una cantidad completamente diferente.

Preguntaba el señor Moreno: ¿cuánto más va a costar EFE al Estado? Es que no va a costar más, no va a costar más. ¿Cuál es la situación ahora? Ahora la situación es que el Estado nos da 39 millones de euros, por un lado, y, por otro lado, la SEPI, que es Estado -porque es Estado- tiene que compensar las pérdidas que tenemos. ¿Por qué tenemos pérdidas, señor Vila? Hay muchas explicaciones -y no se preocupe que ahora se las daré-, pero básicamente porque si en el año 2009 teníamos de los

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presupuestos del Estado 51 millones de euros -50,9-, ahora resulta que tenemos 39. ¿La diferencia cuánto es? Son 12 millones. Tenemos 12 millones de diferencia; año tras año estamos con 12 millones menos y eso es muy complicado porque cuando tuvimos el ERTE -no ERE, ERTE- ocurría una cosa, que efectivamente teníamos menos pérdidas. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores de EFE estaban soportando parte de esa subcompensación o pobre financiación. Cuando ya pasa el ERTE, pensando en que ya habría pasado la situación de crisis económica, que en parte ha pasado pero no la crisis de los medios, nos encontramos con que ahora tenemos que compensar a los trabajadores con el dinero que habían dejado de recibir, que es lógico, pero eso son 6 millones más, y como son 6 millones más, nuestras pérdidas en vez de ser de 4 -como usted ha dicho-, de 5 o de 6, depende de los años, pasan a ser de 12 millones, que es lo que dejamos de percibir del Estado.

Entenderán sus señorías por tanto que la fórmula nueva, la del SIEG cuando definitivamente se apruebe -ahora me referiré al asunto del reglamento de desarrollo en lo que yo puedo conocer-, lógicamente es mucho más pura, mucho más ortodoxa y la que la Agencia EFE necesita para financiarse. Quería recalcar esto porque estoy ante los representantes de esta Comisión, la de Presupuestos, una Comisión muy importante, y hasta fecha de hoy estamos con los 39 millones. Esperábamos que no fuera así, pero por las circunstancias que sean -no será por falta de gestión, tampoco se trata de hacer aquí una enumeración de todas las gestiones que tenemos que hacer ante las diferentes instancias-, no será por falta de gestión, lo cierto y verdad es que estamos con los 39 millones de siempre y no estamos actualizando el SIEG a lo que dice la ley. Porque ahora hay una ley que obliga a que el SIEG esté actualizado. Supongo que esto se va a compensar con el reglamento de desarrollo.

También se referían -creo que el señor Camacho y creo que el señor Vila- al asunto de las cuentas de EFE. Efectivamente no se han comunicado antes porque han sido formuladas el 8 de marzo. Finalmente no se ha contabilizado el SIEG aunque desde un primer momento se estaban haciendo los números con el SIEG porque lo normal era que ya tuviéramos SIEG. Como al final esto no ha sucedido, estamos otra vez en la pérdida de los 12 millones recurrentes, que es lo que vamos a tener este año, cuando con el SIEG podríamos tener unas cuentas limpias y equilibradas. ¿Qué ocurre? Que al final tiene que ser la SEPI quien efectivamente ponga esas cantidades de dinero. Pero al final es lo mismo porque quien lo pone es el Estado, lo que pasa es que de la otra manera quedaría razonablemente bien porque entra por la vía de presupuestos, por la vía de ingresos, y no por la vía de pérdidas, la vía de que tenga que ser la SEPI quien ponga esa cantidad. Estamos en esa cuestión: 12 millones menos que percibimos, 12 millones de pérdidas que tenemos, con una infracompensación contrastada de 15 millones que tendríamos de haberse contabilizado el SIEG y por lo tanto haber tenido un resultado equilibrado. Es verdad que hay que tener en cuenta que, con relación a otros años, este año se produce esto que he mencionado antes. Antes no teníamos que volver a las tablas salariales; hora tenemos que hacerlo, son 6 millones más de golpe y es lógico, el esfuerzo se ha hecho antes y hay que volver a las tablas salariales anteriores. Y tenemos otra serie de elementos que también son importantes y al final todo va sumando en la cantidad de pérdidas que uno tiene, en la sentencia del SIEG, en la sentencia de las pagas extraordinarias. Todo esto está muy bien y yo estoy encantado de que mis compañeros puedan cobrar más dinero, evidentemente, pero al final todo va a las cuentas, y sobre todo porque no tenemos la compensación; si tuviéramos la compensación estaríamos hablando de otra cosa.

Se ha referido el señor Moreno -y se lo agradezco mucho- y creo que también el señor Díaz al asunto internacional, al asunto de América. Me parece muy importante y les agradezco que hagan esta mención al asunto de otras agencias internacionales que son competencia nuestra porque es importante saber qué es lo que está pasando. Hay una cosa que ocurre, que cuando cualquier autoridad de España, cualquiera de los parlamentarios que están hoy aquí o que forman parte de este Parlamento van a cualquier parte del mundo allí siempre hay un periodista de EFE para cubrir su actividad institucional y transmitirla al mundo en lengua española. Esto se hace habitualmente, no lo hacen otras agencias. Ahora sucede una cosa y no salimos de nuestro asombro, el Ayuntamiento de Madrid, en vez de contratar a la Agencia EFE para las coberturas internacionales, ha contratado a la agencia alemana DPA. (El señor González García: Es un concurso.-Rumores). Bueno, un concurso. Pero hay cuestiones que a lo mejor habría que plantear en un concurso. Es decir, ¿la agencia alemana es española, la agencia DPA es española? ¿Está en todo el mundo y habla en español en todo el mundo? ¿Puede hacer unas coberturas... A mí, francamente, me resulta raro. Y supongo que a la mayoría de ustedes. (El señor Vila Gómez: ¿Si no cumple los pliegos le damos el contrato?). No, no. Con los pliegos, oiga, estábamos en la misma situación. Curiosamente, de todos los contratos que tiene el Ayuntamiento de Madrid ninguno es con la

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Agencia EFE. Me parece un poco extraño. Sin embargo, nosotros hacemos cobertura de todos los diputados e instituciones de España porque es nuestra obligación y lo único que pedimos es que a la hora de la verdad tengamos un poco de consideración con la Agencia EFE, con sus trabajadores. Porque si nosotros somos los que nos estamos tirando piedras a nosotros mismos, al final estaremos efectivamente dando esas opciones a otros. A lo mejor a France-Presse. ¿Por qué no a France-Presse ? ¿Saben cuánto recibe France-Presse del Estado francés por el SIEG de France-Presse, que es muy parecido al nuestro? Nosotros, 39 millones. Ellos, en el año 2017, 127,9. Hay cosas que es importante saber. Es que la cantidad de francófonos en el mundo no es superior a la de españoles. Las personas que hablan francés en el mundo vienen a ser unos 250 millones aproximadamente. El español lo hablan 550 millones. Uno no acaba de entender cómo es posible que France-Presse triplique el presupuesto de su Estado con relación al que tiene Efe. Y eso no es solamente una cuestión del Gobierno, eso es una cuestión de todos los grupos parlamentarios. Por eso, cuando ustedes lo han dicho, yo tengo que aplaudirlo, porque efectivamente creo que estamos de acuerdo en una cuestión básica: que no solamente el Gobierno, sino todos los grupos parlamentarios deben apoyar -como lo hacen en Francia, por cierto-, todos conjuntamente, para que la Agencia EFE tenga el presupuesto que tiene que tener, porque nosotros estamos compitiendo con France-Presse en todos los mercados. ¿Sabe qué pasa con France-Presse en América Latina? Que con ese dinero que le da el Estado francés -que han sido 127 millones pero que para 2018 resulta que van a ser 134,9- lo que hacen es que tiran los precios en América porque tienen muchísimo más dinero que EFE, y tiran los precios. Y nosotros, para mantener nuestra posición, que la mantenemos porque seguimos manteniendo nuestra posición frente a todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Bajar también los precios porque estamos en un escenario de crisis económica; antes los periódicos contrataban a lo mejor a cuatro o cinco agencias (Reuters, AP, France-Presse, EFE, DPA) y ahora contratan a una solamente. ¿Por qué contratan a una? Porque no tienen dinero para más. O contratan a dos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poner nuestros precios a la altura de los que tiene France-Presse, que recibe una ventajosa financiación del Estado francés que ya nos gustaría a nosotros tener. Y en ese sentido no hay ni una sola fisura en el Parlamento francés porque todos los grupos apoyan de una forma contundente que eso sea así, por supuesto el Gobierno, pero también los que están en la oposición. ¿Saben ustedes cuáles son los presupuestos de nuestras televisiones autonómicas? Yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, pero resulta que EFE tiene un presupuesto de 39 millones. Cataluña, 231 de asignación directa -no lo que ingresan por publicidad, asignación directa-; Andalucía, 140. Nosotros, 39. País Vasco, 127. Galicia, 97. Madrid, 70. Valencia, 55. Aragón, 47. Por fin llegamos a uno que es como EFE, 39 millones: Castilla-La Mancha. Y un poquito menos la televisión de Asturias. Está muy bien; no tenemos nada en contra de la televisión de Castilla-La Mancha -¡faltaría más!- ni de la de Asturias, todo lo contrario, pero son televisiones regionales y nosotros somos una multinacional de la información y estamos en todo el mundo, en 200 ciudades de 120 países corriendo la actividad que está vinculada a España, pero también la actividad de todas nuestras autoridades, de todos nuestros parlamentarios, estén donde estén, en cualquier parte del mundo.

Dejó en sus manos, señorías, estos datos y esta reflexión porque si queremos que España tenga el lugar que le corresponde en el mundo y que EFE contribuya a ello tenemos que hacer esfuerzos para dotarla de medios. Solo nos queda dotarla con el reglamento. Buena parte de ustedes se han referido al reglamento y les agradezco que lo hagan, y también a la comisión de control y a todo esto que figura en la correspondiente disposición de la Ley de Contratos. Nosotros no sabemos cómo está el reglamento porque nosotros no estamos en esa comisión. Me dicen que no están los sindicatos; tampoco estamos nosotros. Sí es verdad que a nosotros nos han pedido información a través de SEPI. Por cierto, que si los sindicatos quieren que traslademos información, estamos encantados; siempre hemos tenido una relación muy cordial con ellos y, si ellos quieren trasladar cosas, nosotros las trasladamos. Pero nosotros no estamos en esa comisión; por tanto, no sabemos cómo está el reglamento, aunque sí sabemos que se está elaborando; no de una forma directa, pero sabemos que se está elaborando y pensamos que estará concluido antes de que termine este año y que de todas maneras se pueda producir esa compensación para que cumplamos la ley, para que no estemos al margen de la ley. Ahora la ley dice que hay que aplicar la fórmula del coste neto evitado para el cálculo de los ingresos de EFE, y si no lo hacemos no estaremos cumpliendo la ley. De manera que si ahora sale el reglamento, se tendrán que especificar ahí todas estas cosas que ustedes me han preguntado a mí y que siento mucho no poderles aclarar pero es que no lo sé. ¿Comisión de control? Pues lo que dice la ley. Habrá una comisión de control que no sé cómo va a estar constituida. A nosotros nos han preguntado los datos básicos, los costes de EFE, los datos de sus

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ingresos, los datos de sus gastos y todo lo que conllevan aparejados, porque son muy importantes a efectos del cálculo del SIEG los datos de su estructura internacional. Pero no sabemos cómo es la comisión de control, si lo supiéramos se lo diríamos, y no sabemos tampoco cuándo va a estar el reglamento aunque pensamos que, lógicamente, el reglamento debería estar este año.

Señorías, como he tenido ocasión de mencionar en otras comparecencias y he dicho también hoy aquí, los 39 millones que EFE recibe son 12 menos de los que recibíamos en el año 2009, y esto no se ha compensado. El señor Vila y el señor Moreno -creo que los dos- hacen mención al tema de la deuda. Me parece absolutamente procedente, pero si hacemos el cálculo de lo que hemos dejado de recibir, nuestra deuda tendría que estar en 71,3 millones de euros, porque hemos dejado de recibir esa asignación -por lo que nos ha dejado de ingresar el Estado- pero también por lo que ha supuesto la caída del mercado. Desde 2008 se han cerrado cerca de cuatrocientos medios de comunicación, la mayor parte, por ciento, clientes de la Agencia EFE. Por tanto, ese dinero lo hemos dejado de ingresar. Eso hay que tenerlo en cuenta: el dinero que nos ha dejado de ingresar el Estado por la reducción de contratos de servicios y el dinero que hemos dejado de ingresar por el peor funcionamiento del mercado. Todo eso va directamente a pérdidas. No es que eso lo pague alguien que pasa por ahí, eso va algún sitio, va a pérdidas y, al ir a pérdidas, va a deuda, que luego nos tiene que ir compensando poco a poco la SEPI, de una manera que entendemos nosotros, entiende la SEPI y entiende todo el mundo que no es la adecuada; lo adecuado es que entre por la vía de ingresos y no por la vía de compensación de pérdidas. Por desgracia, tuvimos que hacer, y lo he mencionado ante, un ERTE. No un ERE extintivo -vamos a recordar, a hacer un poco de memoria- como el que hubo en Telemadrid o como el que hubo en Canal Nou o como el que ha habido en tantos y tantos medios, en Vocento, en El Mundo, en ABC, en El País, y ahora en Zeta, en El Periódico. Esto no es una cosa que se haya hecho solo en EFE. Y se pregunta: ¿Esto para qué sirvió? Porque tienen ustedes tanta deuda... Primero, y ya lo he dicho antes, sirvió para que no tuviéramos ningún despido, que era un esfuerzo importante. Eso no se ha hecho en todas partes. En la mayor parte de los medios de comunicación ha habido despidos y en la Agencia EFE no ha habido ni uno solo, gracias a la responsabilidad de la parte social y gracias, por supuesto, a que nosotros tuvimos claro que no queríamos hacer ningún despido. En segundo lugar, sirvió para no tener una deuda de 71 millones sumados al dinero que hemos perdido por el ingreso de los medios, que estaríamos en 80 millones o más de deuda. La cifra que usted ha dado, señor Vila, no es la correcta. Nosotros ahora tenemos una deuda de 39,7 y la que vamos a tener a final de año será de 33,7. La que hemos tenido el año pasado -tampoco es correcta la que usted tiene o la que le han facilitado- era de 41,1 millones. Por tanto, vamos reduciendo la deuda. Es verdad que la reducimos porque nuestro accionista hace el esfuerzo de compensar las pérdidas -las cosas son como son, no vamos a inventar aquí la pólvora-, pero no estamos incrementando la deuda. Por cierto, para deudas astronómicas, inmensas o graves echemos un vistazo y nos encontraremos con algún grupo de comunicación, potente por cierto, que tiene 50 000 millones de euros de deuda, o 1500 algún otro grupo de comunicación privado que todos conocemos, en donde a mí no me hubieran renovado, como usted dice. Pero es que yo estoy en una empresa pública y en las empresas públicas lo más importante, como decía la sentencia del Supremo, no es justamente tener beneficios, lo más importante es el servicio público que se presta, para eso estamos aquí.

Además de todo eso, resulta que la deuda que tenemos nosotros no es con los bancos -es mínima la que tenemos con los bancos-, es con la SEPI, es a través del interbancario de SEPI, del Inter-SEPI, que es superior al 70 %. Además de por la reducción del contrato de servicios y por la crisis, ¿por qué subió también nuestra deuda? Porque, como ya hemos dicho, tuvimos un ERTE y tuvimos que pagar 13,8 millones de euros. Las inversiones del nuevo edificio supusieron 12,1 millones de euros. La paga extra, con sentencia que nos obligó a un pago que, ya acumulado, son 6 pero que en 2018 serán 9 -hace dos años eran 6, ahora serán 9-. El no pago de una factura del Ministerio de Defensa, que decidió que no tenía dinero y que por tanto no la pagaba, 1,1 millones de euros. La sentencia del sénior, que, aún siendo menos, también es, porque es 0,8 acumulado, más un 0,4 de 2018. Y otras cuestiones importantes, porque EFE es una empresa, como le pasa a otras compañías multinacionales -aunque seamos pequeñita somos, como dijo el presidente del Gobierno no hace demasiado, una empresa multinacional, estamos en todo el mundo- muy sensible a lo que puede pasar, por ejemplo, en Venezuela, con una inflación absolutamente astronómica -esa sí que es astronómica, disparada- y, como consecuencia, nos hemos comido todo el dinero que ganábamos, que, por cierto, era bastante -era un mercado muy bueno para EFE-; no lo podíamos sacar, pero estaba allí y, al final, lo hemos perdido porque, con esa inflación, ese dinero se termina perdiendo. Pero insisto en que si tuviéramos lo principal, que es la dotación adecuada, nada de

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esto se habría producido. Por tanto, señorías, el Estado debe asegurar que la Agencia EFE reciba los fondos adecuados para cumplir con el objeto de su servicio público en lo que se refiere a las implicaciones informativas, a las que hacía mención el señor Moreno: asegurar la cobertura informativa de las instituciones en todo el mundo contribuir a una correcta vertebración informativa del Estado, garantizar la presencia informativa de España en el exterior y facilitar en condiciones de mercado a sus abonados y al propio Estado la difusión de la información de interés general. Y todo eso con una sólida y proporcionada presencia internacional. Si no tenemos esa presencia internacional, no tendríamos el SIEG. Saben que el cien por cien del SIEG de France-Presse es por su estructura internacional, que, efectivamente, duplica la nuestra, es el doble de la nuestra. Pues también en nuestro caso tenemos que tener consolidada esa estructura internacional, y lo hacemos. Se han referido al tema de EPA, European Pressphoto Agency. Gracias a EPA -que no es una filial, es una empresa participada donde EFE tiene en ese momento el 49,9 % de las acciones- hemos podido hacer este trabajo de una manera rápida y con costes bajos; hemos podido hacer el servicio internacional de video, el servicio multimedia en inglés y, además de eso, estamos utilizando los fotógrafos de EPA como fuentes de información en todo el mundo, en aquellos lugares donde nosotros no estábamos. El más reciente paso, por ejemplo, ¿saben cuál ha sido? Pues un acuerdo al que hemos llegado con ellos para ganar visibilidad en el mundo. La agencia EFE ya tenía, y tiene, una gran visibilidad en Latinoamérica, en España, pero no teníamos en el resto del mundo. Nosotros éramos una empresa prácticamente invisible, sin presencia, y no por generación de información, porque para eso estamos allí, pero sin presencia comercial; es decir, no vendíamos noticias en Asia ni en África ni en otras zonas del mundo, en la mayor parte de Europa. Ahora, gracias al acuerdo de compartición de marca que hemos hecho con EPA, tenemos visibilidad; nuestras fotografías y vídeos tienen visibilidad en todo el mundo. Antes teníamos, por supuesto, muchas portadas en España, y eso se ve todos los días y lo saben ustedes, y también teníamos, y tenemos, portadas en diarios de tanta difusión como La Folha de Sao Paulo, Clarín, El Comercio, El Mercurio, etcétera. Pues en este mes, por ejemplo, hemos conseguido ocho portadas en el Washington Post, con fotos más grandes y más pequeñas, pero ocho portadas, cosa que era impensable hace un año cuando estuve aquí la última vez. Y esto no lo conoce todo el mundo, pero si usted va al Washington Post ahí figura EFE EPA. Y también hemos conseguido cuatro en el USA Today; y una en el New York Times; y tres en el Bild-Zeitung, el periódico de mayor circulación de Alemania; y una en el Financial Times; y seis en diferentes medios de Asia; y también la página tres, que es una página muy potente, en la revista Time; y una doble página en la revista Stern, que es la más importante de Alemania. Ni que decir tiene el valor y la visibilidad que este reconocimiento nos da.

Y dado que hablamos de EPA y que me preguntaban también por el tema de las participadas, les diré que nuestras participadas son pequeñitas, salvo en el caso de EPA, que, aunque no es muy grande, son doscientos empleados, el resto de las participadas son bastante pequeñitas y con unos costes muy controlados. Fundéu, que es una fundación, el año pasado terminó con un resultado positivo de 15 000 euros; Procobade, que es la que se dedica conjuntamente con Secuoya a la información de vídeo en Colombia, después de un año en el que efectivamente tenía que entrenarse, ha acabado con 4500 euros en positivo -modesto pero en positivo-; EFEAgro, que siempre estaba con resultados negativos y llegó a perder hasta 300 000 euros en un año, este año ha ganado 89 000 y ya van cuatro ganando siempre; y sus filiales EPV, 10 000; y Nogestur, 18 000.

Preguntaban también -me parece que ha sido el señor Camacho- por cuestiones como, por ejemplo, la subida salarial. La subida salarial que va a tener nuestra plantilla es el 1 %, la que se ha aprobado para el resto de funcionarios -me estoy refiriendo a la del año pasado-, que no se ha pagado aún porque en las negociaciones que hay con los sindicatos, con la representación social, planteaban una cuestión que a nosotros nos pareció bien, que era un reparto lineal. Pero nosotros no somos una empresa independiente, dependemos de la estructura del Estado, dependemos de la SEPI y dependemos del Ministerio de Hacienda y, por tanto, esto tenía que ser ratificado. La SEPI ha dicho que sí y ahora mismo esperamos que la Dirección de Costes y de Personal del Ministerio de Hacienda nos dé el visto bueno para que efectivamente se pague a la plantilla esa cantidad del 1 %. Esperemos, además, que todo lo que se ha anunciado en relación con los funcionarios se traslade igualmente a los trabajadores de la Agencia EFE en este ejercicio y en los próximos años.

Hablaban ustedes de Barcelona. Efectivamente, teníamos un acuerdo, que no sé como ha trascendido, pero es verdad y tampoco tiene mayor historia. Estábamos con Radiotelevisión Española compartiendo espacios. Radiotelevisión Española tiene sus planes y sus necesidades, y nos dijeron que necesitarían que nosotros estuviéramos en otro lugar. Estamos en muchos lugares de España con Radiotelevisión

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Española, y además, por ejemplo, compartimos corresponsalías en Argentina y en Cuba, pero en este caso ellos tenían sus necesidades y, efectivamente, nos vamos a trasladar a otras instalaciones que entendemos que son muy modernas, son de la CNMC, la CNMT, en este caso, que están muy cerca de las que tenemos allí y que nos parece que están a la altura de lo que tienen que ser.

Señor presidente, intento ya resumir mucho. En cuanto a las externalizaciones, es muy fácil decirlo, pero ¿qué externalizaciones hacemos nosotros? Las que se venían haciendo desde siempre, ninguna más. ¿La limpieza? ¿Vamos a poner a la gente de EFE a hacerlo? Pues no; esto siempre se ha externalizado; se licita y gana quien tiene que ganar, es una licitación pública. (El señor Vila Gómez: ¡Como en los ayuntamientos!). Sí, sí, efectivamente, pero a lo mejor si se pone como condición que hay que tener delegaciones en español en todo el mundo resulta que es diferente, porque para hacer coberturas del Ayuntamiento de Madrid en todo el mundo se supone que en Pekín hay que hablar español, porque cuando vaya la alcaldesa de Madrid a Pekín, si le va a recibir el de la agencia DPA, le va a hablar en alemán o en chino o en inglés, pero en español no le va a hablar, y eso también hay que saberlo. (Aplausos). Es que es muy fácil decir las cosas. Externalizaciones, las normales. No vamos a montar una telefónica nosotros. Se hace una licitación y entra Telefónica, en este caso, como podría haber entrado otra compañía, pero nos hemos alegrado mucho de que sea una compañía española, que les voy a decir; nos hemos alegrado muchísimo. Y lo mismo vale para la cafetería o para tantas otras cosas, que son las que se han venido haciendo desde siempre, pero no estamos externalizando más. Eso es falso y quien esté dando esa información está mintiendo, porque no es verdad. Por ejemplo, no es una externalización el tema de EPA o el tema de las participadas, porque nosotros los que hacemos ahí es participar en una sociedad que funciona por sí misma.

Consejo de redacción, estatuto, etcétera. El estatuto no nos compete; ya lo dije, yo no me he comprometido a hacer un estatuto para EFE porque a mí no me corresponde; les corresponde a ustedes. Ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo en hacer un estatuto. Por tanto, les animo a que se pongan en marcha y lo hagan. En cuanto al consejo de redacción, ya lo he dicho, es que nosotros no participamos. El consejo de redacción, a través del estatuto de la redacción, es un ente autónomo; convocan sus elecciones y nosotros no participamos. Lo único es que, efectivamente, al final había alguien que lo que quería es que empresas que no son filiales sino que son participadas y que por tanto no son empresas públicas tuvieran una participación en ese consejo como si fueran una filial de EFE; una filial es EFE News, es ACAN-EFE o las sucursales que tenemos en todo el mundo, pero no las participadas. Por tanto, encantados y que se haga cuanto antes, pero no somos nosotros. Nosotros animamos a que haya un consejo de redacción. No tenemos ninguna culpa de que no exista ese consejo.

En cuanto al tema de la igualdad y la brecha salarial, no hay brecha salarial en EFE. No hay ninguna. A iguales cargos, las mismas retribuciones. Puede ocurrir que, efectivamente y por desgracia, compañeras que tienen problemas derivados de la natalidad, etcétera, se acojan a una reducción de jornada. Pues puede ocurrir. ¿Lo podían hacer también los hombres? Sí, pero las peticiones son las que son, pero les aseguro que estamos en el mismo plano de igualdad en lo que se refiere a los salarios. Y, efectivamente, hay un plan de igualdad en el que están trabajando internamente los profesionales de la Agencia EFE para que, si tenemos alguna diferencia, nos pongamos en primer nivel en relación con esto.

El señor Capdevila nos ha comentado algunas cosas, como lo de la tienda virtual. Yo no tengo ni idea. Igual la ha visto usted; si la ha visto, nos lo explica. (Risas). Yo no sé, no tengo ni idea de qué me está hablando.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Le he dicho a usted que me lo han contado. (Risas).

El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Vera Gil): Ya he visto que todo se lo han contado. A todos nos cuentan cosas.

En cuanto a Llorente & Cuenca, es patrocinador nuestro, de los Premios Rey de España; por cierto, se celebra la próxima semana y les invitamos a todos ustedes a asistir. Patrocina uno de los Premios Rey de España; por lo tanto, es una empresa que genera ingresos para la Agencia EFE, y no un ingreso menor, el patrocinio me parece que es el Premio Iberoamericano de Periodismo. Esto es lo que hace Llorente & Cuenca.

El PMU. Nos preguntan algo de hace diez años. Pues mire usted, yo no tengo ni idea de lo que pasaba con el PMU, que antes se llamaba de otra manera. Eso se lo van a tener que preguntar al anterior presidente, no a mí. Yo sé que el PMU ahora está funcionando. El PMU está instalado en la redacción, en las delegaciones nacionales y lo vamos a instalar en todas las demás. Y eso de que está suponiendo unos

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costes altísimos es mentira, no es verdad. No nos vamos a inventar cosas que no existen. El PMU tuvo su presupuesto, antes fue otra cosa; no me vengan con la historia de que si Telvent o cómo se llamaba antes, que no lo sé, porque no era yo el que estaba en la Agencia EFE. Eso lo tendrán que preguntar en otro sitio. El PMU está funcionando.

Señor presidente, me está mirando usted mal, y seguro que me he dejado muchas más cosas, porque todas eran muy interesantes. Les agradezco de verdad el tono a todos ustedes y sobre todo les animo a que, además de que el Gobierno dote a la Agencia EFE como tiene que hacerlo, todos ustedes ayuden también, por ejemplo, contribuyendo a ponerse de acuerdo para que ya en este ejercicio tengamos la financiación por la vía de los ingresos y no por la vía de la compensación de pérdidas. No olviden una cosa muy importante, y es que con el SIEG no le vamos a costar ni un euro más al Estado. Exactamente vamos a costar lo mismo, lo que pasa es que ahora se paga de una manera, que no es la correcta, y lógicamente después se tendrá que pagar de la forma adecuada, que es por la vía de los ingresos.

Muchas gracias y perdón por haberme extendido, porque ya sé que están ustedes muy cansados porque llevan muchas horas y creo que todavía les queda algo más. (El señor Hurtado Zurera: Creía que nos iba a pedir un donativo.-Risas).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Vera.

- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (JOVER GÓMEZ-FERRER). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001522); SOCIALISTA (número de expediente 212/001264) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001584).

El señor PRESIDENTE: Para concluir las comparecencias sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, a continuación comparece don José María Jover Gómez-Ferrer, subsecretario de Presidencia y Administraciones Territoriales. De acuerdo con lo establecido por la propia Comisión, tienen la palabra directamente los portavoces de los grupos parlamentarios para formular cuestiones al señor subsecretario de Presidencia, señor Gómez-Ferrer.

En primer término, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora González.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Gómez-Ferrer por comparecer a estas altas horas de la noche en esta Comisión de Presupuestos.

Señor subsecretario, muy a mi pesar tengo que comenzar mi intervención diciéndole que sus presupuestos no cambian mucho respecto a los de 2017. Son unos presupuestos continuistas, sobre todo respecto a la política que viene poniendo en marcha el Partido Popular.

Lamentablemente, cuestiones tan importantes para la Administración territorial siguen sin abordarse a pesar de haber transcurrido un año ya, señorías, de la Conferencia de Presidentes, donde su Gobierno -y su ministra, la señora vicepresidenta- se comprometió a abordar, junto con los presidentes de las comunidades autónomas, un nuevo modelo de financiación y a estudiar la financiación local. Le recuerdo que su ministerio no solo es el Ministerio de Presidencia, sino también el de la Administración territorial, por tanto, resulta necesario que el Gobierno articule de una vez políticas para hacer efectiva la necesidad de una financiación adecuada para las comunidades autónomas.

En este sentido, nos gustaría preguntarle qué previsión tiene el Gobierno para abordar la financiación autonómica y si tiene previsto impulsar la puesta en marcha de los acuerdos sobre la financiación autonómica alcanzados en la Conferencia de Presidentes, así como si piensa negociar con todas las comunidades autónomas de régimen común un nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad, la suficiencia financiera, un sistema que corrija los déficits de financiación y que corrija y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos por nuestra Constitución española.

Respecto a los programas de los presupuestos del presidente del Gobierno, quiero destacar, en primer lugar, con relación al funcionamiento, el acuerdo alcanzado con los empleados públicos. En el Partido Socialista pensamos que esta es una gran medida que llega tarde, una medida que se tomó en su momento debido a la crisis. En cualquier caso, al Grupo Socialista le alegra que se haya llegado a este compromiso.

En segundo lugar, y siguiendo con las partidas presupuestarias de la Secretaría de Estado de Comunicación, nos llama muchísimo la atención el incremento del 2,34 % que ha experimentado para este ejercicio 2018, dado que ya tuvo una subida fortísima en el año 2016, casi del 200 %, en la partida de

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cobertura informativa. Nos gustaría que nos explicara por qué esta partida aumenta año tras año considerablemente, porque vemos que hay otras partidas que comentaré más adelante que están a cero. Si como dice el presidente del Gobierno, ya hemos recuperado la economía, no sabemos cómo todavía hay consignaciones presupuestarias que están a cero, lo cual nos lleva a plantearnos por qué algunas cosas están a cero y otras no, como la cobertura informativa, que aumenta cada año.

Señor subsecretario, nos gustaría que nos explicase por qué las inversiones reales del capítulo 6 se ven incrementadas de forma notable con una subida de más del 258 %. Llama también mucho la atención la falta de financiación en las políticas de memoria histórica, a las que este Gobierno no ha dotado ni con un solo euro para cumplir con la ley. Le pregunto: ¿Por qué?

Como bien es sabido, la partida relativa a la implementación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron la persecución o la violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, fue drásticamente reducida a la mitad con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, pero en los años sucesivos estas partidas se han quedado a cero. Nos gustaría saber por qué no se recoge nada en esta partida. La razón que nos dieron el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy fue la crisis económica, pero esta razón ya ha caducado, por eso, desde el Partido Socialista pensamos que se trata de razones ideológicas y no económicas. En el presupuesto actual, saliendo ya de la crisis económica, esto no tiene razón de ser.

En todo caso, el Gobierno y el Grupo Popular -y también quien va a apoyar estos presupuestos, Ciudadanos- dirán en su contraargumentación que hay una partida en este sentido en el Ministerio de Justicia, pero para los socialistas es importante que estas políticas se doten de presupuesto, cuestión que estamos obligados a preguntar en esta Comisión y también en la de Justicia.

En lo relativo al reto demográfico, este no aparece individualizado orgánicamente en este presupuesto, por lo que resulta necesario preguntar a los responsables en el ministerio sobre su presupuesto, y sobre todo con relación a los compromisos de realizar la estrategia nacional frente al reto demográfico para el que fue creado y el apoyo presupuestario con el que cuenta para ello.

También lamentamos profundamente que en la partida de cooperación económica local con el Estado se vuelva a poner de manifiesto que el Gobierno de Rajoy no cree en la Administración local, que la sigue asfixiando y maltratando, porque estas son las únicas partidas que bajan en su presupuesto. Me gustaría que el subsecretario de Estado nos respondiera por qué razón el Gobierno ha disminuido la participación en los impuestos del Estado de los entes locales en los presupuestos de 2018, por qué razón el Gobierno ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado el programa de cooperación local consistente...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora González, vaya concluyendo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Voy terminando.

... en apoyar las inversiones previstas para las diputaciones, para los cabildos y para los consejos insulares. También ha desaparecido el Fondo de Cooperación Local y me gustaría que el señor subsecretario nos diera una explicación. También nos dijo el año pasado que el presupuesto de la FEMP sigue en 2 millones de euros. En el año 2011 estaba en más de 3 millones de euros; estamos en 2018 y siguen los mismos millones, así que también nos gustaría saber por qué no aumenta ese presupuesto cuando va destinada a la representación de todos los ayuntamientos de nuestro país.

Concluyo. El problema que plantean estos presupuestos lo tiene realmente el Gobierno que sustenta el Partido Popular porque son unos presupuestos con falta de voluntad política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.

A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Ramos.

La señora RAMOS JORDÁN: Buenas noches, señor Gómez-Ferrer.

Coincido con la compañera del Partido Socialista en que hay un tema de fondo fundamental a la hora de abordar estos presupuestos, y es el modelo de país que el Partido Popular tiene en mente. El año pasado ustedes nos recordaban que tenían un modelo de financiación cuando les decíamos que su modelo de financiación estaba agotado y que la cuestión era que no coincidía con el nuestro. Evidentemente, sí lo tienen, y el suyo es un modelo de financiación centralizado que les permite recortar el Estado del bienestar, donde los frutos del crecimiento económico no llegan a la mayoría. No se trata de

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una guerra entre administraciones, sino que parece ser que es una guerra del Partido Popular contra el Estado del bienestar social. En esta batalla su estrategia ha sido vulnerar la autonomía de los entes locales con el objetivo de convertirlos en una especie de Gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real para poder imponer sus políticas de austeridad que afectan, miren por dónde, a las políticas sociales. Esto se traduce también en lo que precisamente su ministerio debería liderar, que son políticas que incidan en la calidad democrática, en la cooperación con los entes locales y en contribuir en el desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas, pero ha hecho justo lo contrario. Durante su Gobierno hemos perdido la calidad democrática y sufrido una recentralización en todos los ámbitos. Este retroceso forma parte de su estrategia para recortar el Estado social que gestionan en buena parte las comunidades autónomas y los ayuntamientos y esconder la gestión responsable y de buen gobierno que se está haciendo desde estos entes.

En la lucha contra el Estado del bienestar, los principales objetivos parecen ser las comunidades autónomas y las administraciones locales. Para ellos ustedes presentan unos presupuestos que no son ni equitativos ni transparentes y que recortan la financiación e imponen políticas de austeridad. Un ejemplo de esto lo vemos -y espero que nos lo explique- en las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El señor Montoro, una vez más, vende como un favor del Gobierno central algo que en realidad es una obligación legal. Las entregas a cuenta que derivan por los tributos cedidos suben un 3,8 % menos que el aumento de la recaudación prevista en las principales figuras tributarias -IRPF, IVA, IAE-. El reparto entre el Estado y las comunidades autónomas sigue siendo favorable a la Administración central. La aportación por parte del Estado aumenta solo 395 millones de los 3600 millones de aumento que se derivan de la recaudación. Especialmente llamativo es el recorte en la coordinación y relaciones financieras con los entes territoriales respecto de 2016, donde ha disminuido en dos años en más de 9000 millones, y esto es bastante significativo porque esta partida representa el 75 % del presupuesto de todo el Ministerio de Hacienda. Seguimos siendo testigos de una recentralización impuesta para impedir que se puedan desarrollar políticas propias en ámbitos económicos y sociales de vital importancia, reduciendo así el ámbito de actuación de las administraciones locales.

Mientras que el Estado central es el nivel más deficitario, las comunidades autónomas están ayudando a reducir la deuda y contribuyen a garantizar servicios fundamentales fuera de sus competencias. En la memoria del Ministerio de la Presidencia el año pasado se indicaba que se estaba trabajando para canalizar los acuerdos con las administraciones territoriales. Si están trabajando, debemos decirles que están trabajando mal, porque su misión debería ser la de contribuir a las inversiones locales en la constitución de una mejor calidad de vida y de un mayor grado de cohesión económica y social de los municipios, en especial de los menos favorecidos, y esto se ve en las inversiones territorializadas. El 15 % general y el 17 % de inversiones territorializadas no compensan las bajadas considerables de los años anteriores. Podemos ver cómo las inversiones territorializadas en 2018 bajan un 8,4 respecto a 2016 y, si nos vamos a 2012, primer año de Rajoy en La Moncloa, el dato de inversiones territorializadas es de 20,2 % menos. Es significativo porque destaca la capacidad del Gobierno de reducir la brecha territorial y favorecer el desarrollo de cada una de las comunidades y muestra cómo en realidad el Gobierno busca precisamente lo contrario: favorecer esa brecha para imponer las políticas que benefician a unos pocos frente a una mayoría social que está sufriendo las consecuencias de su nefasta gestión. Para ello el Estado se ha desvinculado totalmente de la inversión en transporte público local; en concreto, en Barcelona y Madrid ese presupuesto ha recortado hasta niveles puramente simbólicos y no aporta nada en otras ciudades. En esta línea, el Gobierno no prevé ninguna compensación por el recorte de plusvalía y disminuye la financiación local. Cada vez el Gobierno pone menos esfuerzo en este campo y su secretaría no está facilitando la vida a las administraciones de las comunidades autónomas y entes locales; por ejemplo, no ha dotado a la FEMP con los 3 millones que había tenido sino solo con 2. La dotación para una mejor coordinación y eficacia entre administraciones es mínima y se intenta arreglar por un lado y se desmonta por el otro con la austeridad del Ministerio de Hacienda en relación con la regla de gasto, con el reparto injusto del déficit y con reglas y leyes como la racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Los programas de empleo juvenil o memoria histórica, como decía nuestra compañera del PSOE, son claramente insuficientes; en memoria histórica, cero. Necesitamos mecanismos que permitan un incremento de la financiación de los entes locales en la misma línea que el crecimiento de la economía y de la recaudación impositiva y así evitar que los municipios dispongan de menos recursos que el Estado en comparación con el año anterior. ¿Cómo van a hacer muchos ayuntamientos para gestionar las

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necesidades de la ciudadanía cuando no solo no llega la inversión, sino que se imponen cada vez más obstáculos para poder gestionar de forma eficiente?

Hace muy poco José Mujica comentaba con la alcaldesa Ada Colau que la buena política no solo debe gestionar bien, sino que debe ser valiente para perseguir la felicidad, y pedagógica para formar a una ciudadanía responsable, y ese es el gran secreto del buen gobierno que permite que los ayuntamientos tengan superávit, que se da a favor de la gente y con la gente. Esta parece ser que es la guerra del Partido Popular contra los ayuntamientos, que no tienen un objetivo económico solo sino también político: intentar esconder con la asfixia que hay fuerzas políticas que saben cómo hacer una tarea de buen gobierno, y a eso responden estos presupuestos, a reforzar un modelo centralizado que permite imponer recortes sociales y esconder su mala gestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramos.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor Jover, subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. En primer lugar, me gustaría destacar en estos Presupuestos Generales del Estado los 8000 millones de euros en políticas naranja, y no hace falta que le recuerde todas y cada una de las medidas de reducción de impuestos, ausencia de recortes, ayudas a la conciliación y, sobre todo, el cumplimiento del déficit, que empezó con el presupuesto de 2017 y ahora en 2018 vamos a poder abandonar la senda de déficit excesivo.

Le preguntaría si cree que estos Presupuestos Generales del Estado son buenos para España y si sirven para reforzar sobre todo la solidaridad y la igualdad entre los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en que vivan. Esto debe ser la clave porque durante muchos años el Partido Popular e incluso el Partido Socialista han pactado con nacionalistas y desde luego ha habido contrapartidas más bien por decisiones políticas que por decisiones pensando en los ciudadanos. Es cierto que los Presupuestos Generales del Estado solo territorializan una parte del gasto -por ejemplo, las inversiones del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado- y todos los diputados echamos de menos -nuestro grupo parlamentario lo ha repetido en varias ocasiones en distintas intervenciones- que haya un resumen global de imputación territorializada en todo el presupuesto general. Hay multitud de transferencias, partidas diversas por todo el presupuesto, subvenciones nominativas que van de una a otra provincia y esto no aparece sumado en ninguna parte. Creemos que sería un gran ejercicio de transparencia y permitiría a los diputados rendir cuentas de manera mucho más completa. Yo le pregunto si sería posible tener esta información.

Nuestra organización territorial, nuestro sistema de financiación precisa colaboración, lealtad, pero, sobre todo, una reforma. En esa reforma de la financiación autonómica también tiene que estar el Partido Socialista, debe tender la mano y debe dejar de bloquear este pacto porque debemos quitar razones a los populistas y a los nacionalistas cuando estamos detrayendo recursos para los servicios esenciales de las comunidades autónomas. Su área es la responsable del seguimiento CORA; adicionalmente al CORA el Partido Popular suscribió con nosotros el punto 125 del acuerdo de investidura, un compromiso para las reformas de las administraciones públicas, para eliminar duplicidades administrativas, gastos y organismos innecesarios. Este punto lo firmaron con nosotros; hablábamos de mil millones aproximadamente, un importe además que se contiene en el presupuesto alternativo que hacía el PSOE. Yo le pregunto, ¿cómo va el cumplimiento del punto 125 del acuerdo? ¿Qué ahorros administrativos se han logrado en este ejercicio 2017?

Me gustaría compartir con usted la preocupación de mi grupo por el problema generado por la cobertura de puestos estructurales con personal de las distintas bolsas de interinos hasta que sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 estimaron discriminatorio y contrario a las normas de la Unión Europea cientos de miles de contratos de interinos en la Administración pública. ¿Cuánto se ha avanzado en el objetivo de reducir esa tasa de interinidad al 8 %?

Hay otro asunto que en Ciudadanos nos interesa especialmente, que es la modernización de la Administración; en esta modernización hay una parte que es de medios y otra que es de modos. Hay que asegurarse de que los sistemas y las bases de datos de las distintas comunidades autónomas hablen entre sí y con las del Estado y promover las mejores prácticas y manuales de procedimientos de muchos organismos. Le pregunto ¿cuáles son los principales objetivos en materia de Administración digital para 2018?

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Por otra parte, el Tribunal de Cuentas repite una y otra vez sus recomendaciones instando a la Administración a que planifique correctamente el gasto, señale objetivos cuantificables de actuación y justifique debidamente la necesidad de las contrataciones, y desarrolle los pliegos y procedimientos internos. ¿Cómo se le ocurre a usted que podrían generalizarse estas mejores prácticas dentro de la Administración?

Por último -y voy terminando-, quería insistir en ese principio de igualdad, de equidad y de solidaridad que le decía al principio, recogido en nuestra Constitución, fundamentalmente porque Ciudadanos está en contra de los privilegios territoriales. Yo creo que es fruto del pacto con los nacionalistas que yo le comentaba y ahora, además, el presupuesto está en manos de la decisión del PNV, dado que ya sabemos que el Partido Socialista no sale del "no es no".

Termino, señor presidente. Estamos sorprendidos por las noticias de última hora que están llegando. Me gustaría que me aclarara -si puede, por supuesto- las declaraciones del señor Montoro, porque en un escueto comunicado del Ministerio de Hacienda ha contestado al requerimiento del juez Llarena para que informe si, como ha afirmado en varias ocasiones, no se ha gastado ni un solo euro público en el proceso separatista en Cataluña. La noticia ya indica que tras la petición del juez, y después de que el separatismo haya usado sus palabras para defenderse del delito de malversación, Hacienda -su ministerio- asegura que aportará al juzgado todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña que hasta ahora no se habían solicitado. Me gustaría, si es posible, que arrojara luz sobre esta cuestión porque nos preocupa muchísimo.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo me hago a la idea de lo cansados que estamos todos y, por tanto, de las ganas que todas sus señorías tienen de que yo sea breve, pero quiero empezar por agradecer la presencia del subsecretario del Ministerio de la Presidencia en esta Comisión y por el esfuerzo que supone estar compareciendo a estas horas. Y lo hago también con cierta perplejidad porque me da la impresión de que quienes me han precedido en el uso de la palabra no saben quién ha comparecido. Es decir, ustedes no son conscientes de que quien ha comparecido es el subsecretario del Ministerio de la Presidencia y, desde luego, no tienen mucho conocimiento de cuáles son sus áreas de competencia. No sé si por respeto al compareciente o tal vez por respeto a la propia Comisión, a la Cámara, a todos nosotros, convendría preparar un poco mejor las comparecencias y saber a quién tienen ustedes delante.

Ustedes le han preguntado cosas al señor Jover que tienen que ver con muchas materias, todas ellas interesantes y que estamos, por supuesto, ustedes y nosotros, en el perfecto derecho a preguntar pero que no son de su ámbito de responsabilidad. Le han preguntado por cosas que ha respondido ya la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, porque el subsecretario de la Presidencia no tiene sobre ello ninguna competencia. Le han preguntado por cuestiones que ha respondido la secretaria de Estado de Función Pública y le han preguntado también por cuestiones que, aunque sí son de su departamento, ya ha abordado en su comparecencia de ayer el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Por tanto, ustedes vienen aquí con un discurso prefabricado, con una especie de panfleto y les da lo mismo lo que diga el presupuesto de esta sección y les da lo mismo lo que este señor puede o no puede contestar. Ya la última pregunta del diputado portavoz de Ciudadanos a propósito de las declaraciones del señor Montoro... ¡Pero si es que este señor no trabaja en el Ministerio de Hacienda! ¡Es en el Ministerio de Presidencia! Por tanto, qué le va a contestar a usted sobre lo que haya dicho o haya dejado de decir el señor Montoro. Es perfectamente atribuible todo ello al cansancio, y yo lo entiendo, pero no sé si el señor Jover va a poder contestar a nada.

Dicho eso, efectivamente, hay una cuestión recurrente que permanentemente sale en estas comparecencias a propósito de esta sección del presupuesto, que es el de la memoria histórica, y le vuelvo a decir lo mismo, señora portavoz del Grupo Socialista, prepárenselo ustedes, porque eso ya no está en esta sección. Está en la sección del Ministerio de Justicia desde hace tiempo, por tanto, estamos hablando de una cuestión de ubicación dentro de los presupuestos, no de una cuestión de eliminación de las partidas. También ha dado usted otros datos a los que no estoy seguro de que el señor Jover pueda responder porque son verdaderamente insólitos y no tienen nada que ver con el presupuesto: incremento

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del no sé cuántos por ciento, que, en fin, no se corresponden con la realidad. Espero que el señor Jover tenga la posibilidad de aclarar un poco lo que entre, desde luego, dentro de su ámbito de competencias.

Lo que este presupuesto pone de manifiesto es que España ha dejado atrás su etapa, la del Grupo Socialista. Eso sí que lo ha dicho usted y ahí sí que coincido. Ha dejado atrás la crisis provocada por la gestión del Partido Socialista y es un presupuesto de recuperación, es un presupuesto en el cual hay una muy bienvenida inversión en gasto social: 7 de cada 10 euros destinados a gasto social; 625 000 familias van a recibir ayudas gracias a este presupuesto; mejorarán las becas, las ayudas al estudio; mejorarán las retribuciones de los funcionarios públicos; la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, muchísimas cosas que son absolutamente necesarias y muy bienvenidas y, por tanto, entiendo que usted tenga que construir un discurso imposible para hacer una crítica a este presupuesto.

Yo sí querría pedirle al señor Jover alguna aclaración de las cuestiones que, efectivamente, entran dentro de su ámbito de competencias. Algunas de ellas, como se trata de un ministerio coordinador de la acción de gobierno, a lo mejor no tienen el impacto de otras cuestiones, pero sí creo que son relevantes. Por ejemplo, desde la perspectiva de la actividad de esta Cámara, de la actividad legislativa, todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad normativa, todo lo que tiene que ver con esa incidencia de la sociedad digital, de la transformación digital de las administraciones públicas en lo que hacemos en esta Cámara, que es, precisamente, legislar. Por eso creo que, dentro de las prioridades del ministerio que anunció la vicepresidenta del Gobierno en su primera comparecencia, estaba justamente poner el foco también en la mejora de la calidad de las leyes, de la técnica legislativa, de la calidad normativa. ¿En qué sentido tiene eso reflejo en el presupuesto?

También, aunque pueda parecer una cuestión menor, pero creo que tiene su importancia, ¿de qué manera el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, y concretamente en cuanto al organismo público dependiente Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, va a recoger la singularidad del 40.º aniversario de la Constitución española que se celebra en el año 2018? También si desde la experiencia de la gestión en el ministerio se puede reflejar de alguna manera cómo la contratación centralizada ha supuesto una reducción de los gastos y, en consecuencia, ha tenido su incidencia en el presupuesto, avalando muchas de las reformas llevadas a cabo desde la X Legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.

Todas estas son cuestiones que creo que sí se refieren específicamente a su ámbito de competencia y en las cuales estaremos encantados de que ilustre a esta Comisión, no en otras cuestiones, que ciertamente son políticas públicas importantes. Por cierto, no sé si hay una clasificación cromática de las políticas públicas; yo creo que las políticas públicas no son de colores, son importantes, son relevantes para los ciudadanos y muchas de ellas están perfectamente recogidas en estos presupuestos, aunque en todo caso no sean objeto de la competencia del señor subsecretario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Para concluir, el señor Jover tiene la palabra para contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.

El señor SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Jover Gómez-Ferrer): Muchas gracias por las preguntas, sé que tienen importancia.

Voy a ser breve, no por las horas en las que estamos sino porque yo recordaba mientras hablaba aquello de "he venido a hablar de mi libro". Yo soy el subsecretario de Presidencia y, como han puesto de manifiesto, no tengo competencia; además, hay una parte del presupuesto del Ministerio de la Presidencia que está dentro de la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, cuyo secretario de Estado ha comparecido aquí y, por eso, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la financiación autonómica, con la financiación local, con la financiación de los servicios públicos, con la situación de los interinos, con Hacienda, con el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, con el secretario de Estado de Función Pública o con lo que ha dicho hoy el ministro de Hacienda, me van a disculpar, pero quedan fuera de mi ámbito. Yo voy a tratar de ceñirme a las cuestiones pertenecientes a los presupuestos del Ministerio de la Presidencia, en el que, además, tenemos varios programas, tres de los cuales tienen que ver con la Administración territorial. Ha comparecido ya el secretario de Estado de Administraciones Territoriales y ha hablado de ellos y de los problemas que plantean, por lo que me voy a ceñir a los temas que a mi me competen.

La memoria histórica es un tema recurrente. Para nosotros, como funcionarios, como Administración, como Gobierno, el principio de legalidad, de competencia, es fundamental. El Ministerio de la Presidencia

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no tiene competencia en materia de memoria histórica, sino otro departamento. La responsabilidad acompaña a la competencia y nosotros no tenemos esa competencia y no lo incluimos en el presupuesto.

Se ha planteado un tema que sí está dentro del ámbito de nuestros presupuestos (La señora González Bayo: ¡Menos mal!), que es el aumento del presupuesto de la SEC, de la Secretaría de Estado de Comunicación, en materia de comunicación. Para nosotros es una apuesta importante. Es una apuesta importante mejorar la comunicación del Gobierno, del Estado, mejorar la página web para que refleje la acción gubernamental e iba a decir no implementar nuevas tecnologías, porque las tecnologías no son nuevas, sino ir adaptándonos a los cambios que se producen, a esta importancia que tiene ahora la comunicación digital. No sé si aquí se ha hablado -no sé cuándo se ha dicho- de un 400 % de incremento o de un 200 %, pero no hay tal cosa. Hay previsto un millón de euros porque nuestros presupuestos son muy modestos en comparación con otros ministerios. Lo que sí hay es una apuesta clara por una estrategia para mejorar la comunicación digital a través de las páginas web de los sistemas de la Administración electrónica. En este sentido, se ha dicho que son unos presupuestos continuistas. Bueno, hay pocos cambios, pero es que nuestro ministerio no es un ministerio gestor y la parte que no tiene que ver con la Administración territorial, sino con la comunicación, con Presidencia del Gobierno, tiene las funciones y las competencias que tiene. No estamos haciendo otro tipo de política, sino coordinando. En este sentido, se han hecho apuestas allí donde se considera que es importante. En tema de calidad normativa -se ha dicho- se han previsto partidas precisamente para introducir y mejorar la gestión digital de la nueva Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que se ha creado. En materia de comunicación, es muy importante la comunicación del Gobierno como parte del Estado, pero lo es para todos. En este sentido, la apuesta por ir renovando e introduciendo cada vez más el aspecto digital de la comunicación es fundamental.

Me va a disculpar también la señora Ramos. Los aspectos son muy importantes, pero es que quedan dentro de otro ámbito competencial, del cual no debo dar cuenta aquí.

El señor Ten, del Grupo Ciudadanos, ha puesto de manifiesto cosas interesantes, muchas de las cuales tienen que ver con Hacienda. No sé si ha habido aquí alguna confusión. En cuanto a la modernización, tengo que decirle que es un tema importante. Precisamente, las líneas directoras que nos han guiado en los cambios de nuestro presupuesto, que, repito, son modestos, han sido, en primer lugar, dar importancia a los aspectos de la modernización en cuanto a la gestión de la calidad normativa en la elaboración de las normas, una de las grandes apuestas, y, en segundo lugar, la comunicación, lo que decía anteriormente. Por lo que respecta al resto de temas, me va a disculpar, pero pertenecen a otros ministerios.

Finalmente, se han puesto de manifiesto por el representante del Grupo Popular otros temas que son muy importantes, a los que ya he hecho referencia, como la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. En cuando a lo referente al 40.º aniversario de la Constitución. En efecto, en el presupuesto del CEPC hemos previsto pequeños incrementos, precisamente para hacer frente a la conmemoración del aniversario de la Constitución española; también en lo que se refiere al Boletín Oficial del Estado hay actuaciones en este sentido.

Es importante señalar los ahorros que todavía se producen en las disminuciones de los presupuestos como consecuencia de la contratación centralizada. Hemos aumentado algunos capítulos: el 1, por las razones que conocemos, que son bien recibidas por todos, y el 6, pero en el capítulo 2, gastos corrientes, hay disminuciones y esto es importante. ¿Por qué? Por la contratación centralizada. Aquí hemos hecho una importante reducción de 3 700 000 euros, consecuencia de esta contratación centralizada.

Con esto he contestado a todos los aspectos que son competencia del ministerio y que les podía explicar. (La señora González Bayo: ¿Ya está?).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jover.

Concluyen aquí las comparecencias relativas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, pero, como ustedes saben, mañana se vuelve a reunir la Comisión para celebrar la comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, ya fuera de lo que es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Muchísimas gracias a sus señorías y a todas las personas que han estado aquí siguiendo esta Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las diez y cuarenta minutos de la noche.