DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 89, de 20/12/2016
cve: DSCD-12-CO-89
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 89
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
20 de diciembre de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de la solicitud de creación de la subcomisión para el
estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
158/000022) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con garantía
hipotecaria celebrados con consumidores. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000393) ... (Página7)
- Relativa a la regulación de los equipos psicosociales adscritos a los
juzgados de Familia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000563) ... (Página13)
- Relativa a la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000831) ... (Página17)
- Para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de
expediente 161/000860) ... (Página21)
- Sobre refuerzo de personal, dotación de infraestructuras y medios
materiales necesarios, todo ello con el fin de garantizar la correcta
implantación, operatividad y eficacia de la segunda instancia penal.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000749) ... (Página27)
- Sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo del
Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (Greco). Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001010) ...
(Página30)
- Relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones,
desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente 161/000966) ... (Página37)
- Sobre la elaboración de una ley integral de prevención de los delitos de
odio y protección de las víctimas. Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/000292) ... (Página42)
- Sobre la modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001023) ... (Página47)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL
ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
158/000022).
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Justicia del día de hoy con el primer punto del orden del
día, que es el relativo al debate y votación de la solicitud de creación
de la subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional
de justicia, cuyo proponente es el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Con carácter previo, puesto que dos grupos parlamentarios, el Grupo
Confederal y Ciudadanos, han presentado enmiendas a esta propuesta de
creación de subcomisión, se planteó cuál debía ser el trámite que hay que
dar a estas enmiendas, si procedía o no procedía. La Mesa por unanimidad
ha acordado que tratándose de subcomisiones como esta, cuando se trata de
enmiendas propuestas por el grupo proponente de la subcomisión, entonces
se aceptarán. Si se trata de enmiendas que son propuestas por un grupo no
proponente, no se aceptarán las enmiendas. Todo ello, lógicamente, sin
perjuicio de que cada uno de los grupos fije su posición en el trámite de
fijación de posición y, a continuación, se pasará a la votación. Por
tanto, como en este caso las enmiendas no habían sido propuestas por el
grupo proponente de la creación de la subcomisión, la Mesa por unanimidad
ha acordado no aceptar las enmiendas.
En definitiva, vamos a empezar con la intervención del grupo proponente y
sin perjuicio, como digo, de que cada uno de los distintos grupos
parlamentarios fijen cuál es su posición en relación con la creación de
la subcomisión. Quiero hacer una matización. Una vez terminado el debate
sobre la creación de esta subcomisión, se procederá inmediatamente a su
votación, ya que hay miembros de las distintas comisiones que tienen
otras comisiones, y la votación de las proposiciones no de ley se harán
todas al final. Por tanto, terminamos el debate sobre la subcomisión, se
vota y luego pasamos a las proposiciones no de ley.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, tenemos un problema con la
ponente que va a defender el punto 8.º, relativo a los delitos de fraude
fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las
administraciones públicas. Solicito a la Mesa que valore discutirlo como
segundo punto, una vez debatida la solicitud de la creación de la
subcomisión, a los efectos de que pueda abandonar la sala. ¿Hay algún
inconveniente?
La señora PRESIDENTA: No hay inconveniente. De la misma manera que la
proposición no ley que presentó el Grupo Mixto va a ir la última también.
Empezamos con el debate relativo a la propuesta de la creación de la
subcomisión. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la
señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Buenos días. Señora presidenta, muchas gracias.
Es bueno empezar con buen humor un día intenso, un día que yo había
querido definir por lo que se refiere a este punto, y lo mantengo, como
importante. Se trata de un día importante porque lo que traemos a esta
Comisión, más allá de planteamientos técnicos o de discrepancias técnicas
que no deben empañar lo que es lo fundamental, es la aprobación de un
instrumento para que precisamente sea esta Cámara, para que sea esta
Comisión el entorno, el seno adecuado para debatir con todos desde todos
los puntos de vista, con un objetivo común, el objetivo de trabajar por
un instrumento que denominamos estrategia, pero que en definitiva es un
instrumento para abordar esa reforma tan esperada por todos, por todos
los operadores jurídicos, por todos los grupos y, sobre todo, por los
ciudadanos para que la justicia en España sea mejor, sea más ágil, sea la
mejor dotada, la mejor organizada, porque todo ello contribuye a la
defensa, a la mejor defensa, a la más alta defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
En definitiva, hoy no deja de ser ese punto de arranque o ese punto
intermedio -si se me permite la expresión- en el que, después de valorado
que muchos estamos de acuerdo en un diagnóstico, que estamos de acuerdo
en un número importante de puntos, sea precisamente la Cámara, algo que
no ha ocurrido en otras ocasiones, la que debata y la que proponga cuáles
son las prioridades y por dónde tienen que ir esas prioridades en la
elaboración de una estrategia de justicia por el Gobierno. Esa es la
parte que a mí me gustaría dejar clara aquí, esa es la posición de
nuestro grupo, y a partir de ahí, más allá de esa cuestión que es la
fundamental y que entiendo que es la que se vota hoy, lo demás son
cuestiones a hablar, a consensuar, a negociar y a trabajar en los
próximos meses si sus señorías tienen a bien que elevemos al Pleno la
propuesta de creación de esta subcomisión.
Por esa razón, el texto que nosotros hemos presentado como propuesta deja
en muchos sitios abierto, con paréntesis, con puntos suspensivos, con
etcéteras. Ese dejar abierto, puntos suspensivos y etcéteras es la
simbología gráfica de lo que pretendemos que sea el trabajo aquí, que
nuestros límites estén en la cortesía de trabajo, que nuestros límites
estén en nuestras fuerzas, que nuestros límites estén también en ser
imaginativos, muy flexibles y escuchar a todos, y ese es el mandato que
también nuestro grupo tiene por parte del Ministerio de Justicia. Por
tanto, se concita aquí la voluntad de los distintos partidos políticos,
que en sus programas durante las campañas electorales pusieron el énfasis
en lo necesario que es para seguir progresando en la mejora de la
justicia y de la Administración de Justicia, así como que el Gobierno lo
ha puesto por delante en sus prioridades. El ministro en esta Comisión
recientemente estableció entre sus prioridades la de llevar a cabo una
reforma integral de la justicia, pero con todos, escuchando a todos y
participando, y consideramos que el primer instrumento y más importante
es el que esta Cámara lo haga a través de la subcomisión de la estrategia
nacional de justicia. En este sentido es en el que mi grupo defiende que
esta subcomisión sea aprobada.
Aquí les pido y les demando esa generosidad, que va a ser devuelta -se lo
aseguro, pongo mi palabra y la palabra de mi grupo en este momento- a
partir de ahora en los trabajos, para hablar de todo aquello que
contribuya a un objetivo mejor y, por tanto, estoy convencida, porque
conozco a muchas de sus señorías, de que van a poner lo importante por
delante de lo político, del debate corto, de la frase acertada y del
ganar o no ganar una votación, seguro que eso es lo que va a presidir el
trabajo de esta subcomisión, y espero que el inicio sea, por tanto, en el
mismo tenor que los portavoces de nuestros grupos acordaron en su momento
que esta era una de las subcomisiones prioritarias y que debía empezar a
trabajar lo antes posible por el bien de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Ciuró ha justificado su
ausencia. Señor Bataller. (Pausa). No ha venido. Por el Grupo
Parlamentario Vasco, el señor Legarda también ha justificado su ausencia.
Por tanto, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.
Intervengo brevemente para manifestar que es evidente que Esquerra
Republicana no comparte una estrategia nacional pensando en el Reino de
España, pero eso no quiere decir que nosotros no pensemos o que no vamos
a defender que, mientras estemos, mientras formemos parte del Estado
español, nosotros decidiremos sobre cuestiones que afectan a la
ciudadanía y, en consecuencia, nosotros entendemos que los ciudadanos
españoles no se merecen tener la Administración de Justicia que en estos
momentos tenemos. Efectivamente, no quiere decir que estemos peor que
hace cuarenta años, pero es evidente que
hay muchas cuestiones pendientes de resolver y que, en definitiva, la
justicia no es una justicia resolutiva al cien por cien, organizada y
eficaz, y esto es lo que se pretende, supongo, que con esta estrategia
nacional.
En este sentido, evidentemente nosotros participaremos en la Comisión y
participaremos, como decía, porque creemos que la ciudadanía del Estado
español se merece otra Administración de Justicia, y sería bueno que se
analizasen ratios de jueces, el gasto público que se dedica a la
Administración de Justicia, los porcentajes de litigiosidad y la manera
en que son resueltos, una separación real de poderes, el incremento de
plantilla judicial del ministerio fiscal y, por tanto, también de la
propia oficina judicial, el traspaso definitivo de competencias a
aquellas comunidades autónomas que lo tienen perfectamente definido en su
estatuto de autonomía y, en consecuencia, pendiente de traspasar una
oficina judicial moderna, mayor coordinación entre las distintas
administraciones del Estado y, evidentemente, aquellas reformas
procesales necesarias que ya deberían haberse producido, en este caso de
los distintos procedimientos judiciales, para ser adaptados al siglo XXI.
En definitiva, en este sentido Esquerra Republicana no se va a oponer a la
creación de una subcomisión en la que se planteen todas estas cuestiones
y, por tanto, en la que se busquen soluciones a la Administración de
Justicia española.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: También intervendré brevemente, en primer lugar
para hacer constar que aceptamos el criterio que ha establecido la Mesa
respecto a las enmiendas, pero también queremos dejar muy claro que
nosotros creemos que tiene que haber un momento, bien cuando ya se haya
acordado por el Pleno la creación de la subcomisión o bien antes de
iniciar los trabajos, en el que tengamos que acotar cuáles son los
contenidos concretos de esta estrategia nacional de justicia. Todos
compartimos la necesidad de que se constituya esta subcomisión y de que
avancemos en esa línea de alcanzar un pacto que de alguna manera prepare
a la justicia española para el siglo XXI. Pero, insisto, dado que en la
parte de la propuesta de la subcomisión donde se hace referencia al
objeto de la misma figura un contenido amplísimo, que de alguna manera
nosotros creemos que podría perder eficacia la búsqueda de ese acuerdo y
del consenso, es por lo que entendemos que tendrá que haber un momento en
el que nos tengamos que poner de acuerdo y, tomando las palabras y la
disposición de la portavoz del Grupo Popular, encontraremos seguramente
ese lugar y esa ocasión para debatir sobre los contenidos concretos que
tiene que abordar esta subcomisión.
En todo caso, la creación de esta subcomisión que busca pactar esta
estrategia nacional formaba parte del acuerdo político entre Ciudadanos y
el Partido Popular para apoyar el Gobierno de Mariano Rajoy. En el punto
131 estaba el acuerdo de poner en marcha esta estrategia nacional y, por
lo tanto, vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera, dado
que, vuelvo a decir, se trata de cumplir el pacto entre Ciudadanos y el
Partido Popular.
Lo que sí queremos decir, y es algo a lo que ya se ha hecho mención, es
que nos parece que el hecho de que sea a través de una subcomisión que
surja en el seno del Parlamento, en el seno de la Comisión de Justicia,
es probablemente lo innovador. Es cierto que ha habido otras búsquedas de
grandes pactos, de pactos por la justicia, ya desde el año 1981, desde un
primer libro blanco del Consejo General del Poder Judicial que hablaba
precisamente del libro blanco de la justicia, ha habido otros pactos,
pactos por la justicia, pero quizá la novedad sea precisamente que surge
de la Cámara, que surge del acuerdo de los grupos políticos esa búsqueda
del acuerdo y esa necesidad de promover las reformas necesarias para,
como les decía, adaptar la justicia a nuestro siglo XXI. Espero que en
esa novedad no fracasemos, la disposición de nuestro grupo desde luego es
a acordar y a consensuar, es muy importante para nosotros el servicio
público de la justicia también como poder, como poder del Estado, pero
desde luego también como servicio público que presta un servicio
absolutamente imprescindible a los ciudadanos, es fundamental
modernizarlo y actualizarlo a los tiempos que corren y, por lo tanto,
dada la importancia que tiene esta subcomisión vamos a emplearnos a fondo
en esa búsqueda de acuerdo y de consenso. Y, vuelvo a decir,
encontraremos seguramente un momento, el momento adecuado para debatir
sobre los contenidos concretos de esta subcomisión. En cualquier caso,
votaremos a favor.
Precisamente, la Mesa a la hora de tomar la decisión en el tema de las
enmiendas ha tenido en cuenta la voluntad y la oferta hecha por el grupo
proponente, el Partido Popular.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros sí considerábamos que cabía la opción de presentar enmiendas,
pero evidentemente respetamos el criterio de la Mesa, como no podría ser
de otra manera. Sin embargo, queríamos hacer constar algunas de nuestras
reservas, adelantando que vamos a votar a favor de la creación de esta
subcomisión, que entendemos que es absolutamente necesaria y urgente,
pero sí que teníamos algunas observaciones que voy a pasar a enunciar. En
primer lugar, haremos una reserva incluso nominativa. Para nosotros esto
de hablar de estrategia nacional, cuando nuestro grupo confederal tiene
la clara convicción de que el Estado español tiene una naturaleza
plurinacional, nos chirría un poco. Por tanto, nosotros seríamos mucho
más partidarios de hablar de estrategia estatal, que entendemos que
abrazaría mucho más todas las realidades.
Por otro lado, y en cuanto a los contenidos concretos, teniendo en cuenta
lo que ha manifestado el grupo proponente de que los contenidos
evidentemente son una lista abierta, en esta lista abierta que se propone
echamos en falta la mención explícita de algunos puntos que entendemos
serían fundamentales para ser base de este trabajo en la subcomisión. En
primer lugar, en cuanto a la dimensión institucional entendemos
absolutamente conveniente establecer ya como punto de partida la
necesidad de trabajar para conseguir una auténtica paridad de género en
los órganos de gobierno de la Justicia y en la composición de los altos
tribunales, puesto que la paridad, como podemos ver, destaca por su
absoluta ausencia a día de hoy. Asimismo, respecto a la fiscalía,
entendemos que se debería debatir y trabajar a favor de conseguir una
auténtica independencia respecto de la política del Ejecutivo y también
trabajar a favor de una autonomía financiera.
En cuanto a la dimensión de servicio público, también echamos en falta la
necesaria expresión del trabajo a favor de un servicio de asistencia
jurídica gratuita y turnos de oficio dignos y que garanticen el principio
de igualdad de toda la ciudadanía ante los tribunales y, además, también
velar por la justa retribución de todos los profesionales intervinientes
en este turno de oficio, en este servicio de asistencia jurídica
gratuita.
En cuanto a la dimensión social, también siempre pensando en el
justiciable, en el ciudadano, entendemos que sería importante partir de
la absoluta necesidad de conseguir que esta justicia sea próxima, amable,
inteligible, integradora, plurilingüe, respetuosa con el derecho de
opción lingüística del ciudadano, respetuosa con la cultura y todas las
circunstancias personales del justiciable. Asimismo, en la dimensión de
la seguridad jurídica, también hay que dejar sentado expresamente negro
sobre blanco el compromiso ineludible con la defensa de los derechos
humanos.
Por otro lado, entendemos que, cuando hablamos de que es necesaria la
participación en esta subcomisión de justicia, más allá de las
administraciones, de los colectivos de profesionales, también es
importante establecer la necesaria participación de la ciudadanía,
directamente de los colectivos representantes de la ciudadanía, puesto
que al fin y al cabo son los auténticos protagonistas de este servicio
público que es la justicia.
Y, por último, también de vital importancia, cuando se propone cómo estará
integrada esta subcomisión, más allá de la propuesta que se hace desde el
Partido Popular, nosotros entendemos que la subcomisión debería estar
integrada por tres representantes de los grupos que tengan más de
cincuenta diputados y dos representantes por cada uno de los grupos
parlamentarios restantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta. Buenos días.
El Grupo Parlamentario Socialista ya anuncia que votará a favor de la
creación de la subcomisión de justicia, en el bien entendido que es la
manifestación de un acuerdo político y que entendemos que no es mal
mecanismo para solventar los enormes problemas que padece nuestra
Administración de Justicia. Pero también quiere decir, como ya tuve
ocasión de exponer en el Pleno cuando la Cámara
tuvo a bien rechazar la propuesta que se planteó desde el Grupo Ciudadanos
en orden a un determinado y concreto plan de actuación para la mejora de
la justicia, porque entendemos que el consenso es un magnífico método de
trabajo pero desde luego no es el fin a obtener, y utilizo las palabras
del propio escrito donde se solicita la creación de la propuesta, que es
lo que hoy vemos, que efectivamente la justicia es un término ambiguo y
tiene un esquema trifonte. La justicia está claro que es un valor
superior del ordenamiento jurídico, pero también tiene una dimensión de
derecho subjetivo como derecho fundamental y tiene una dimensión
institucional. Son sin duda el segundo y el tercer elemento los que vamos
a intentar abordar desde esta estrategia común, que es como se le
denomina por el grupo proponente.
Yo lo que pediría es que no perdamos mucho el tiempo en buscar el
diagnóstico, creo que utilizando conceptos procesalistas estamos ante un
hecho notorio, es decir, la justicia funciona muy mal y no necesitas
pruebas sobre ello, basta acudir a cualquiera de los parámetros con los
que nos podemos encontrar los juristas. Por tanto, creo que es hora de
soluciones y no tanto de diagnósticos, por lo que espero que en esos
hipotéticos seis meses que vamos a tener para proponer una estrategia al
Gobierno se hagan concreciones, y efectivamente ahí sí tenemos mucho
camino recorrido. En este sentido, algo ya dijimos en la comparecencia
del ministro en la que le expresamos que el Grupo Socialista iba a estar
en todo lo que supusiera una mejora de la justicia, pero para el
ciudadano. Por tanto, era necesario articular una serie de puntos muy
claros como la potenciación de la nueva oficina judicial, la potenciación
de las nuevas tecnologías, la reforma de la planta y demarcación judicial
con algo que creo que es unánime, la superación del partido judicial,
extensión de una organización colegiada, tribunales de base como el
primer contacto de la justicia con los ciudadanos, tribunales de
instancia y el nuevo proceso penal.
Son situaciones, por lo menos en lo que se refiere a abordar, en las que
existe una gran unanimidad en todo el sector, y digo esto porque es muy
importante. Da igual que la iniciativa sea del Gobierno o sea del ámbito
parlamentario, cosa que me congratula, pero lo que sí tengo claro es que
no servirá ni la una ni la otra si no cuenta con el respaldo de todo el
sector justicia. Aquí estamos hablando, como ha dicho algún portavoz, de
una administración con una arquitectura muy compleja y en este sentido el
modelo que nos dimos tiene muchas aristas, muchas patas, como quieran
llamarle. Estamos hablando de los ejecutivos, ya sea del Gobierno central
o de las doce comunidades que han asumido las transferencias en virtud de
su cláusula subrogatoria de los estatutos, estamos hablando por supuesto
del Gobierno de la nación, estamos hablando del Consejo General del Poder
Judicial, estamos hablando tanto del Parlamento de la nación como de los
parlamentos autonómicos, estamos hablando de las asociaciones judiciales,
de los fiscales, de los colegios profesionales, de los abogados, de los
procuradores, de los graduados sociales, de los funcionarios, de un mundo
complejo que tiene mucho que aportar en orden a destilar las respuestas
que tienen que darse para una cuestión obsesiva, y es que el ciudadano
tenga una mejor tutela judicial de la que tiene hasta ahora.
En este sentido tendremos que abordar cuestiones que podríamos definir
gráficamente en positivo, es decir, construyendo todos esos elementos a
los que he hecho referencia anteriormente, y también en negativo, es
decir, removiendo obstáculos que impiden, utilizando esa frase célebre de
Duport de 1791, que lleven la felicidad a los pueblos y, por lo tanto,
habrá que hacer también cosas para destruir aquello que ha impedido el
acceso a la justicia, por ejemplo, superar de verdad esa maldición que se
generó en la X Legislatura de las tasas judiciales, es necesario que
articulemos cauces para que el ciudadano pueda impetrar de los tribunales
de justicia de una manera directa o a través de mecanismos alternativos
de resolución, estoy hablando de la mediación y similares, en orden a
satisfacer la lucha legítima de sus contiendas. Y en ese sentido podemos
trabajar cuando obtengamos la visión de las víctimas, tanto con el
desarrollo del estatuto de la víctima en España como a nivel de nuestro
entorno global más cercano, la Unión Europea, donde potenciemos el ámbito
de la fiscalía europea y donde luchemos contra la corrupción de todas las
maneras posibles. Si esta subcomisión que hoy va a proponerse, y espero
al Pleno para su creación, va en esta línea, desde luego siempre
encontrará al Grupo Socialista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campo.
Vamos a pasar a la votación de la propuesta de elevación al Pleno de la
creación de la subcomisión para el estudio y definición de una estrategia
nacional de justicia.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a los siguientes puntos del orden del día. Empezamos el debate y
votación de las proposiciones no de ley. Vamos a seguir el sistema que
hemos seguido siempre, el proponente tendrá un máximo de siete minutos,
el enmendante un máximo de siete minutos y para fijación de posiciones un
máximo de cinco minutos.
A la vista de lo que hemos acordado antes, vamos a alterar el orden de
debate de las proposiciones no de ley, y empezaríamos por la relativa a
los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones
o ayudas de las administraciones públicas.
El señor MOYA MATAS: Señora presidenta, esta es una proposición no de ley
de nuestro grupo, quisiéramos respetar el orden o avanzar otro, porque
tampoco la tenemos preparada.
La señora PRESIDENTA: Ya estaba decidido que la última sería la
proposición no de ley sobre la elaboración de una ley integral de
prevención de los delitos de odio y protección de las víctimas. ¿Quiénes
son en este momento los que tienen prisa?
La señora ESCUDERO BERZAL: Yo estoy en otra Comisión y como me pusieron la
primera, pedí que la otra se pasará al final. (El señor Sixto Iglesias:
Será con el permiso del grupo proponente). Tú la ves en el orden del día
y te organizas. (El señor Sixto Iglesias: Lo ordinario es hablar con el
grupo proponente).
La señora REYES RIVERA: Señora presidenta, yo también tengo prisa. Iba a
defender yo nuestra posición y también tengo prisa porque tengo que ir a
la Mesa.
La señora PRESIDENTA: El otro día en la reunión de la Mesa y portavoces
acordamos que iba a haber flexibilidad, pero una cosa es que haya
flexibilidad y otra cosa es que esto empiece a ser un caos.
Había una presentación de un escrito por parte del Grupo Mixto en el que
se pedía que la primera proposición no de ley fuera la última, la Mesa
dijo que sí. No sé si se ha informado o no. (La señora Escudero Berzal:
No). Existe un acuerdo de la Mesa de que esa va a ser la última.
Sintiéndolo mucho, esa va a ser la última. (La señora Escudero Berzal: Yo
lo que pido a la Mesa es que si hay un orden del día que nos comuniquen
los cambios, porque uno se organiza en función del orden del día). Quiero
recordar que el otro día en la reunión de la Mesa y portavoces se dijo
que, aunque había un orden del día que había que respetar, la Mesa tenía
un margen para que, a la vista de que había muchos miembros de la
Comisión que estaban en otras comisiones, se pudiera alterar. El Grupo
Mixto presentó un escrito en esos términos y se acordó que ese punto iba
a ser el último. Yo lo siento mucho, pero hay un acuerdo en ese sentido.
(La señora Escudero Berzal: No sé para qué hay un orden del día, señora
presidenta). Lo vuelvo a repetir. Yo creo que lo he aclarado bien. La
Mesa tiene la posibilidad de cambiar el orden del día en virtud de las
circunstancias que haya. En este caso concreto, atendiendo a un acuerdo
de Mesa y portavoces, la Mesa dijo que este orden del día se puede
cambiar. Yo lo siento mucho, pero esa proposición no de ley se va a
debatir la última.
Respecto a la proposición relativa a los delitos de fraude fiscal,
pregunto al Grupo Confederal de Unidos Podemos si no pueden defenderla en
este momento. (La señora Carreño Valero: ¿No puede ser a posteriori? Es
que figuraba como octava). Sé en qué orden estaba. Hay una petición de si
se puede cambiar el orden. Si el grupo proponente dice que se puede
cambiar... (Rumores).
¿Podemos debatir la tercera? Vamos a hacer un esfuerzo de buena voluntad
por parte de todos. No es agradable para nadie la situación, pero vamos a
hacer un esfuerzo entre todos, por favor, y pido disculpas para el que se
pueda sentir molestado por el orden, pero llegamos a lo que llegamos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA
HIPOTECARIA CELEBRADOS CON CONSUMIDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000393).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar por la proposición no de ley
relativa a las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con
garantía hipotecaria celebrados con consumidores. Es una propuesta del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.
Quisiera comenzar la defensa de esta proposición no de ley deteniéndome en
hacer una breve composición de lugar o de situación. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha anunciado que mañana hará pública su
sentencia sobre la retroactividad total de la declaración de nulidad de
estas cláusulas abusivas. Podrá pronunciarse entonces avalando la tesis
de nuestro Tribunal Supremo que ha sostenido la irretroactividad de la
declaración de nulidad de estas cláusulas o, por el contrario, como
pretenden los consumidores, podrá avalar la tesis de la retroactividad
hasta la fecha en que se firmó la hipoteca. En la práctica esto se
traduce en si las entidades bancarias tienen que devolver o no los
excesos de los intereses cobrados a los consumidores y usuarios desde el
momento de la firma de la hipoteca o bien desde mayo del 2013, como fijó
nuestro Tribunal Supremo. Y no es cuestión baladí, hay estimaciones que
hablan de un importe cercano a los 7.000 millones de euros, algunas voces
alarmistas hablan incluso de una posible quiebra del sistema financiero
español, pero no hay nada más lejos de la realidad en la situación en la
que nos encontramos.
Señorías, como casi todo lo que tiene que ver con la economía, a mí me
gustaría que no nos quedáramos solo en la macroeconomía y fuéramos
capaces también de pensar en la microeconomía, en la economía de millones
de familias que en los momentos más duros de esta crisis han visto como
su carga más pesada, como su hipoteca, no disminuía pareja a la
disminución que sufrían sus ingresos, sino que su hipoteca cada vez le
asfixiaba más y más en comparación con su situación económica. Y la carga
de estos intereses no disminuía porque el mecanismo corrector había sido
eliminado de manera claramente abusiva por los bancos y entidades de
crédito, al no informar de manera transparente a los consumidores. Este
es un ejemplo que ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestra
legislación para salvaguardar los derechos de los consumidores y
usuarios.
Volviendo a nuestro Tribunal Supremo, este ha reconocido el carácter
abusivo de estas cláusulas por falta de transparencia, a partir de la
Sentencia 241/2013. Sin embargo, ha aludido razones excepcionales de
seguridad y de orden público para sostener la irretroactividad de esta
declaración de nulidad.
Algún grupo seguramente que en su intervención me contestará que
precisamente siendo esto una cuestión sub iudice que se va a resolver muy
probablemente mañana mismo no debíamos debatirla aquí hoy en el seno de
la Comisión de Justicia del Congreso, pero déjenme decirles que
precisamente por eso hoy es el último día para que el Congreso haga una
declaración política como la que contiene esta iniciativa. Mañana
tendremos que leer y acatar la sentencia, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sienta jurisprudencia que será acatada por nuestros jueces
y tribunales sin necesidad de modificación legal alguna, pero hoy,
señorías, ustedes pueden ponerse del lado de las miles de familias
afectadas en España y reconocer el quebranto que este tipo de cláusulas
le ha supuesto para que puedan recuperar con efecto retroactivo las
cantidades que le han sido cobradas indebidamente.
Hoy podemos instar al Gobierno a que se ponga del lado de los afectados,
de los consumidores y usuarios, la parte más débil que ha sufrido las
consecuencias de esta falta de transparencia e información. Y hoy podemos
instar al Gobierno a las modificaciones legales necesarias para
garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, porque, como ya
he dicho, mañana será tarde, podremos al menos decir que el Congreso de
los Diputados reconoció in extremis esta injusticia si la sentencia da la
razón a los reclamantes y acuerda la retroactividad o simplemente
podremos dejar esta PNL en el cajón del olvido, como tantas otras, si la
sentencia les es desfavorable. Queda claro que el Gobierno no habría de
aceptar esta orientación política y legislativa si va contra la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lo que
no debemos permitir en modo alguno es que se produzca la paradoja de que
la sentencia reconozca la retroactividad de la declaración de nulidad a
favor de los miles de afectados y nosotros hayamos dejado pasar hoy la
ocasión de haberlo reconocido, le ruego que lo consideren.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, quisiera
agradecer el esfuerzo en su redacción, el esfuerzo por alcanzar un
consenso, si bien las modificaciones introducidas entendemos que la
desnaturalizan completamente. Les ruego que consideren la abstención en
orden a las razones que he expuesto, ya que mañana, como he dicho,
habremos de atenernos a la sentencia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez Balsera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda, tiene
la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
Vamos a ver cómo contesto a la intervención del proponente, porque lo
cierto es que el Grupo Parlamentario Popular comparte y apoya
absolutamente todas las propuestas contenidas en la proposición no de ley
que nos presentan sobre determinadas cláusulas abusivas en los contratos
de préstamo hipotecario y en especial centrados en lo que son las
denominadas cláusulas suelo. Como lo compartimos, la enmienda que hemos
presentado es simplemente de mejora técnica sin introducir ningún cambio
sustancial en el texto. No entendemos el rechazo que ha tenido el
proponente hacia esta enmienda, porque lo único que hemos propuesto ha
sido lo siguiente. En el primer párrafo, cuando se habla de la
posibilidad de recuperar lo indebidamente cobrado por los bancos, es
decir, los efectos retroactivos, es añadir "cuando proceda" porque
depende de los tribunales. En su propia intervención el proponente ha
dicho que si los tribunales de Justicia mañana o pasado dicen lo
contrario no se va a poder hacer. Entonces lo que nos propone el
proponente al negar la posibilidad de incluir "cuando proceda" es
simplemente hacer algo que se sabe que si los tribunales fallan en contra
no se puede hacer, y a mí me parece completamente absurdo.
En el segundo párrafo proponíamos que, en vez de instar al Gobierno a que
haga, dijera instar al Gobierno a que siga haciendo, porque es verdad que
el Gobierno desde 2012 está tomando iniciativas para reformar todo
nuestro sistema hipotecario, y esas son las dos cuestiones que plantea el
Grupo Parlamentario Popular. Y ahí el Gobierno lo ha hecho por
coherencia, porque lo hemos hecho cuando estamos en la oposición y cuando
estamos en el Gobierno.
En el año 2010, con el Gobierno de Zapatero, se presentó una proposición
no de ley para reformar el sistema hipotecario porque lo considerábamos
injusto y desproporcionado, fue aprobada por Esquerra Republicana,
Izquierda Unida, Convergència i Unió y el Partido Popular votando en
contra el Partido Socialista. Es verdad que en aquella época llegábamos a
pactos con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida sin tener los
problemas que tenemos hoy en día. Y también a instancias del Grupo
Parlamentario Popular, que fue apoyada por todos los grupos, se presentó
el 3 de mayo de 2011 una iniciativa para crear una subcomisión para
reformar el sistema hipotecario español. ¿Y qué es lo que queríamos
reformar? Pues, después de la durísima crisis que habíamos padecido, se
había evidenciado que era un sistema hipotecario sólido pero
tremendamente injusto y desproporcionado en muchísimas cuestiones, como
la posibilidad de que venciera la totalidad del crédito con el
incumplimiento o el impago de una sola de sus cuotas, con que el banco se
pudiera quedar la vivienda por el 50 % y luego alquilarla o tener
plusvalías y eso no bajaba el crédito, con la posibilidad de cobrar
intereses de demora que aplicando unas determinadas fórmulas podía llegar
al 29 %, con lo cual se consideraba usura, que fue lo primero que hubo
que modificar en el año 2012 cuando llegamos al Gobierno.
De los objetivos de esa subcomisión, compartíamos todos los grupos
parlamentarios el deber de modificar nuestro sistema hipotecario y es lo
que ha estado haciendo el Gobierno desde el año 2012 cada vez que ha
tenido oportunidad, desde la Ley de protección a los deudores
hipotecarios a las leyes de segunda oportunidad, a la bajada de los tipos
de interés de demora, a la posibilidad de reestructurar la deuda, a la
posibilidad de hacer quitas, a la posibilidad de la dación en pago. Por
lo tanto, decimos tranquilamente y con coherencia continuar haciendo,
instar al Gobierno a continuar haciendo lo que está haciendo.
Lo que se nos plantea es que no admiten el "cuando proceda" a pesar de que
si no procede no lo vamos a poder hacer. Sinceramente, ahora nos va a
tener a nosotros aquí, de aquí hasta que votemos, pensando qué hacemos
ante el hecho de haber rechazado esta propuesta que era simplemente una
mejora técnica. Yo creo que debe reconsiderar el Grupo Ciudadanos el no
tener que engañar a los ciudadanos, es decir, se reconoce la
retroactividad, si procede, por parte de los tribunales de justicia
europeos porque es lo que vamos a tener que hacer.
Yo sinceramente comprendo que hay nuevas políticas pero plantear una cosa
así no es una política de pubertad; es política de edad del pavo decir en
una proposición no de ley, que no tiene fuerza ejecutiva, que aunque no
proceda, se devuelva. Por lo tanto, le pido a Ciudadanos que reflexione
en la adición de esta enmienda porque compartimos desde la A a la Z y lo
único que hemos hecho es mejorar la técnica para hacerla posible. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos sigue sin aceptar
la enmienda? (Denegación). Para fijación de posición, por el Grupo
Parlamentario Mixto no ha llegado nadie. Por el Grupo Parlamentario Vasco
el señor Legarda se había disculpado. Por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, señora Capella, muchas gracias.
Estamos delante de uno de los problemas más importantes, que afecta a más
personas en todo el Estado español y que supone una de las múltiples
fórmulas en las que la banca de este país ha abusado de sus clientes, de
los ciudadanos durante muchísimos años; de hecho, se calcula que aun
existen más de 3 millones de hipotecas afectadas por la cláusula suelo y
que había más de 4 millones en su momento de hipotecas con este tipo de
cláusula.
Es cierto, como apuntaba el portavoz de Ciudadanos, que fueron declaradas
ilegales por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, y en
julio de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló al
Tribunal Supremo español imitando, como se decía también, la
retroactividad de la nulidad a la efectiva sentencia del Tribunal
Supremo. De hecho, la Unión Europea, como decía también el portavoz de
Ciudadanos, para no reconocer el pleno derecho de los ciudadanos a ser
resarcidos, alude a la repercusión macroeconómica que supondría tener que
devolver aquello cobrado ilegalmente a los clientes de las entidades
bancarias y, en definitiva, la cuestión clave es dictaminar si los bancos
deben o no deben pagar lo que cobraron a sus clientes por las cláusulas
suelo.
Las cláusulas suelo, a criterio de Esquerra Republicana, continúan siendo
este último rescate a la banca, es decir, este nuevo tablón de salvación
que se le da en estos momentos. El hecho de las cláusulas suelo y otras
cuestiones que también apuntaré han sido objeto de movilización ciudadana
importante. En este sentido, asociaciones como FACUA lamentan que la
Unión Europea tenga esta extraordinaria sensibilidad con las entidades
financieras, con las entidades bancarias, con los intereses bancarios y
no con las familias que han sido víctimas de esta situación. La OCU exige
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deje de lado los
argumentos estrictamente económicos y piense en la ciudadanía, piense en
los perjudicados. En este sentido, también la OCU plantea una iniciativa
con recogida de firmas, etcétera.
Quiero de nuevo apuntar y poner sobre la mesa el incumplimiento por parte
del Estado español de las directivas europeas en materia hipotecaria. En
este sentido, en Esquerra Republicana vamos a dar apoyo a la PNL
presentada por el Grupo Ciudadanos, no sin antes recalcar también que no
es la única cuestión, como apuntaba al inicio de mi intervención, que ha
sido lesiva para los intereses de los consumidores, que ha sido, si se me
permite la expresión y la entrecomillo, la gran estafa a los
particulares, porque en definitiva existen otros paquetes bancarios
financieros que también a través de las hipotecas han servido para
laminar los intereses y los derechos de los ciudadanos, me estoy
refiriendo a las titularizaciones, otro elemento de abuso en la práctica
bancaria que ha terminado provocando de nuevo la infracción de los
derechos de los ciudadanos, de los consumidores y, en definitiva, al
final la pérdida de un derecho esencial como es el derecho a la vivienda.
En consecuencia, por estas cuestiones que planteo y por las que apuntaba
el señor Gómez, Esquerra Republicana dará su apoyo a esta iniciativa
parlamentaria. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Capella. Por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora
Carreño. Muchas gracias por su comprensión. Cuando quiera.
La señora CARREÑO VALERO: Buenos días, gracias presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
queremos manifestar nuestro apoyo a la presente iniciativa. Queremos
animar también al Gobierno a impulsar una regulación completa para
otorgar a los consumidores y usuarios la debida protección que se
merecen.
Consideramos que la situación que padecen en España las familias que han
suscrito un préstamo hipotecario, y se han visto por causa de la crisis
después imposibilitadas para hacer frente a las cuotas, es una situación
intolerable desde el punto de vista ético y además una situación ilegal,
como así ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
respecto en concreto al proceso de ejecución hipotecario español. Y
consideramos terrible que nuestro Gobierno se muestre impasible ante el
sufrimiento de miles de familias que han sufrido estas situaciones, sin
poner medidas para solucionar estos problemas, cuando al mismo tiempo se
ha rescatado a la banca, esa banca de malas prácticas, de tarjetas black
o de venta de preferentes.
Respecto al tema que nos ocupa, las cláusulas suelo, evidencia el total
desinterés del Gobierno por proteger a los ciudadanos puesto que a pesar
de que diversos pronunciamientos las han declarado abusivas y como tal
deberían ser devueltos los cobros ilegales, no se ha hecho nada en España
por proteger los derechos de los consumidores y usuarios, por proteger el
derecho a la vivienda, que recordamos hoy son dos derechos
constitucionales, por lo visto olvidados por el Gobierno del Partido
Popular. Reclamamos que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley,
y respecto a que sea cumpla la ley quiero decir que la devolución de las
cláusulas suelo ha de ser totalmente retroactiva de acuerdo a nuestro
Código Civil, por tanto esta ha de ser desde el inicio del contrato y no
desde ninguna otra fecha.
Mañana, 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
deberá pronunciarse al respecto sobre si debe ser desde el inicio o
solamente desde una fecha concreta y nos preocupa muchísimo que se siga
el mismo criterio que el del Tribunal Supremo y que ha sido reflejado por
el dictamen del abogado general del tribunal que es contrario a devolver
la totalidad del dinero cobrado de manera ilegal, pues dice que supondría
un trastorno económico para la banca. Esto nos parece un despropósito y
si pensamos en un juicio por hurto, por robo, sería imposible pensar que
un juez dijera que supondría un grave trastorno económico para el
delincuente devolver todo lo robado; por tanto, entendemos que si esta
sentencia llegara a ser pronunciada de esta forma se estaría amparando la
conducta delictiva de la banca y no se puede juzgar atendiendo a la
economía en lugar de atendiendo a la ley, porque de esa manera estaríamos
vaciando de contenido nuestro Estado de derecho.
Por eso, esperamos que el tribunal no ampare la ilegalidad y los abusos de
la banca; apoyamos esta iniciativa y esperamos que el Parlamento se
manifieste hoy a favor de la misma. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora ALONSO CLUSA: Muchas gracias, señora presidenta, buenos días.
Quiero recordar, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Socialista ya
presentó en octubre de 2013 una proposición de ley relativa precisamente
a este asunto en el que se establecía las bases para evitar que en el
futuro se produjeran estas prácticas abusivas de los préstamos
hipotecarios, para que se estableciera un plazo de seis meses para
revisar la totalidad de los préstamos hipotecarios que tenían cláusulas
suelo y para que se declarara la nulidad radical de estos excesos
financieros y además se produjera la devolución de lo cobrado
indebidamente. Desde entonces ha pasado un tiempo precioso y estamos
todavía aquí en el Congreso de los Diputados debatiendo este tema y
mientras además la Comisión Europea está advirtiendo a España de que
tiene que adaptar su legislación a la comunitaria para proteger a los
consumidores.
Es verdad que con el estallido de la crisis cuando las autoridades
monetarias bajan los tipos de interés es cuando descubrimos esa
ingeniería bancaria que hizo que los bancos se garantizaran que nunca
iban a perder y que siempre iban a tener unos ingresos mínimos con estas
cláusulas y es verdad que también las familias han visto cómo bajando los
tipos de interés variable no se beneficiaban de esa bajada porque habían
firmado unas cláusulas que estaban camufladas, que eran ininteligibles en
los contratos con la banca. Y es verdad que estas cláusulas se impusieron
con mala fe, con falta de transparencia, falta de información, que
crearon desequilibrios importantes entre las partes contratantes, que no
había negociación, que blindaban los privilegios procesales de la banca,
que establecían intereses leoninos contra la familia, y estas cláusulas
afloran, y tenemos que recordar, en el momento de crisis más dura cuando
la familias se han visto perjudicadas por el paro, por los recortes, por
la pérdida de poder adquisitivo, por los pagos, repagos, copagos, por la
subida de las tasas judiciales y por toda la situación tan grave y tan
dramática que hemos visto.
Y el Gobierno lo que ha hecho, se lo digo al señor representante del
Partido Popular, es parchear la legislación española a medida que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido recordando la necesidad
de adaptar la legislación nacional a la comunitaria para proteger a los
consumidores y para evitar que las consecuencias de la firma de estas
cláusulas nos llevaran a las situaciones que hemos vivido, la
insolvencia, la ruina, pérdida de vivienda. Debo recordar que el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en marzo de 2013 declaró que la
legislación española en materia de desahucio vulnera la legislación
europea, instaba a adaptar la normativa española a la Directiva 93/13, y
que en 2014 vuelve a decir que el procedimiento español en materia de
ejecución hipotecaria disminuía la efectividad de la protección que
otorga al consumidor la normativa europea. El Tribunal Supremo a nivel
nacional el 9 de mayo de 2013 declara nula esas cláusulas, pero vemos
cómo la regla general de la nulidad, que es la destrucción de todos los
efectos de la norma declarada nula o de la cláusula declarada nula, tiene
una excepción por parte de esta sentencia del Tribunal Supremo que dice
que tiene que primar el principio de seguridad jurídica y que se tienen
que evitar los trastornos graves con trascendencia en el orden público
económico.
¿A qué nos lleva esto? Pues a una excepcionalidad que rompe con las
consecuencias naturales de la declaración de nulidad por criterios
estrictamente macroeconómicos, olvidando que cuando un consumidor
recibe por parte de los tribunales que se le da la razón y que se le
reconoce que ha sido víctima de un abuso en el marco de una contratación
y que ha contratado en una flagrante inferioridad, al menos tiene que ser
restituido no en parte sino todo el dinero que ha pagado para
salvaguardar sus intereses económicos, los familiares, los personales y
más cuando hemos visto que aquí ha habido muchas personas que lo que
ponían encima de la mesa en la contratación era su propia vivienda, que
la han perdido, y estamos hablando de la vivienda que no hace falta
recordar que es un derecho básico reconocido por la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y por la propia Constitución.
A pesar de que han sido declaradas abusivas y que estábamos hablando de
sentencias de 2013, en 2015 la Comisión Europea seguía advirtiendo al
Estado español de que no podía limitar los efectos de la nulidad, no
aplicarlo de manera retroactiva y negarse a esa retroactividad, porque
tenía que proteger los derechos de los consumidores y más cuando se le
negaba ese derecho a los consumidores en base a una cláusula que había
sido declarada nula desde el origen por falta de información y falta de
transparencia. Y así hemos tenido diferentes resoluciones del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en la que se recuerda esa obligación de
adaptar nuestra normativa y devolver en su totalidad la cantidad
indebidamente pagada.
Es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha dejado clara nuestra
postura constantemente, no sólo a través de la proposición de ley sino
que siempre nos hemos pronunciado a favor de la devolución total y
estamos preocupados, es verdad, por ese informe del abogado general del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el Tribunal Supremo
sí puede limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de
las cláusulas suelo, que eso es compatible con la Directiva 93/13, que
entiende que no se rompe el equilibrio entre los consumidores y los
profesionales, que entiende que la irretroactividad no impide que la
resolución del Tribunal Supremo pueda tener un carácter disuasorio para
la banca y que además se contribuye a la realización del objeto de la
directiva europea.
Nosotros entendemos justamente lo contrario. ¿Qué es lo que entiende el
Partido Socialista? Pues entendemos y tenemos claro que el Gobierno de
España tiene que llevar a cabo todas las modificaciones legislativas que
le exige la Comisión Europea para garantizar los derechos de los
consumidores, que tiene que garantizar que se vean realizados esos
derechos sin que tengan obstáculos ni dificultades añadidas, tenemos
claro que el Gobierno de España tiene que ser parte activa en la revisión
de los préstamos hipotecarios con cláusula suelo, que tiene que legislar
para la anulación de las mismas, tiene que evitar que se produzca en el
futuro este tipo de cláusulas abusivas y que la banca tiene que devolver
todo el dinero que ha sido cobrado a los ciudadanos de manera ilícita
fuera de la ley.
Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. En esta alteración del orden que nos
comprometimos, ¿podemos pasar a la proposición no de ley número 7
relativa a los delitos de fraude fiscal? ¿El Grupo Confederal puede en
este momento? (Denegación). ¿Entonces hacemos la ley integral de delitos
de odio? (Rumores). Vamos a intentar estar todos relajados, que estamos
aquí para estar relajados, no en tensión.
Me parece que ya he dicho que esta es la última; por favor, no lo voy a
repetir más veces. Se acordó que era la última porque el otro día, lo
vuelvo a repetir, en al reunión de Mesa y portavoces precisamente los
miembros del Grupo Mixto plantearon que como ellos están solos, tenían
que estar en otras comisiones. Se les dijo que la Mesa podía cambiar el
orden, y en esa confianza, porque se les dijo que cambiaba el orden, se
acordó que sería la última; por tanto no podemos hacer esa. Hay un
compromiso ya en ese sentido. El proponente no está y como el proponente
no esta, pues entonces no podemos decir que están de acuerdo todos porque
el proponente no está y con el proponente nos comprometimos nosotros el
otro día. (Rumores.-La señora Escudero Berzal: esto es una juerga).
Señora Escudero, un poquito de respeto, esto no es ninguna juega, esto es
muy serio. El otro día hubo una reunión de la Mesa y una reunión de
portavoces. Se dijo que el orden iba a ser el del orden del día. Ello, no
obstante, hubo un acuerdo de una cierta flexibilidad porque había otras
comisiones que estaban trabajando al mismo tiempo que esta. El Grupo
Mixto planteó esa situación porque ellos son uno solo, no como otros
grupos que tienen más miembros. Y entonces se les dijo que el orden era
el orden, pero que habría una flexibilidad por parte de la Mesa y se
acordó en esa reunión esa flexibilidad por parte de la Mesa. Yo siento
que no la hayan informado en ese sentido, lo siento mucho pero eso es lo
que hay. Es decir, si ahora estuvieran aquí los del Grupo Mixto podríamos
cambiar el orden, pero como son los
proponentes y han actuado en la confianza de lo que se les dijo en la
reunión de la Mesa y portavoces no lo vamos a cambiar, lo siento mucho.
De la misma manera que a su grupo se le ha hecho un favor votando lo
primero la creación de la subcomisión cuando se quedó que se iba a votar
al final, y como su grupo pidió como favor que se votara antes porque
tenían problemas, se ha votado precisamente porque lo pidió su grupo la
creación de la subcomisión. Por tanto, estamos haciendo todos un esfuerzo
para que las cosas fluyan de la manera más ágil posible. Tiene la
palabra.
La señora ESCUDERO BERZAL: En primer lugar, quiero decir que no hay falta
de respeto, pido disculpas a la presidencia porque en ningún momento he
querido pretender eso.
Sencillamente, señora presidenta, y usted ya conoce de esto,
desgraciadamente los parlamentarios, los diputados tenemos otras
comisiones que coinciden. Cuando uno se organiza, se organiza en base a
un orden del día, si este orden del día ha surgido después de la
celebración de esa Mesa y ya iba cambiado, lo normal es que nos hubieran
comunicado el orden del día exactamente cómo se iba a producir.
Yo entiendo que alguien no pueda llegar, que alguien pierda el tren o que
a alguien le pase algo y aquí se hable y se cambie, única y
exclusivamente, pero si ya estaba decidido que no iba a ser así en la
anterior Mesa de la que sale el orden del día, pues que nos manden el
orden del día con arreglo a esto. Porque si no, permítame una salvedad,
si cuando recibamos un orden del día no va a ser exacto, que siempre hay
excepciones por cosas que acontecen, sino que va a depender de la
flexibilidad o de lo que ocurra y que cuando lleguemos aquí se va a
cambiar pues va a ser muy difícil organizarnos todos para prestar y
cumplir cada uno con nuestra obligación, cada uno la suya.
La señora PRESIDENTA: Señora Escudero, usted sabe perfectamente que el
orden del día hay que respetarlo, pero que hay una facultad de la Mesa de
cambiar el orden del día, de la misma manera que la Mesa ha cambiado el
orden del día a petición de su grupo y ha hecho que la votación de la
subcomisión se hiciera en primer lugar cuando se tenía que haber hecho al
final. Voy a zanjar el tema ya en cuanto a esta matera.
¿El Grupo Confederal puede debatir la proposición no de ley séptima
relativa a los delitos de fraude fiscal? (Denegación). Ahora no puede.
- RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES ADSCRITOS A LOS
JUZGADOS DE FAMILIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000563.).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la
regulación de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de
familia. El autor de la propuesta es el Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme hacerles algunas consideraciones sobre la necesidad
de regular por ley los equipos psicosociales de los juzgados de familia.
Más de 600.000 personas pasan anualmente por los juzgados y tribunales
con motivo de un proceso de familia, las relaciones jurídicas que
subyacen bajo este tipo de procesos tienen carácter personalísimo y se
caracteriza por tener componentes emocionales y psicológicos que no se
dan en otro tipo de procesos judiciales.
Además en muchos de estos procesos se ven afectados los hijos menores de
edad que verán condicionado su futuro por las resoluciones judiciales que
se dicten en los procedimientos de ruptura de sus progenitores. Por
tanto, estos procesos tienen unas perspectivas jurídicas que son muy
relevantes y que deben ser atendidas en cuanto por el legislador y todos
los operadores jurídicos. Es precisamente por las características de
estos procesos de familia que en la Ley de Divorcio de 1981 se acordó
dotar a algunos juzgados de familia de equipos psicosociales que ayudasen
a los jueces en la toma de decisiones respecto a las medidas de carácter
personal sobre los menores en los procedimientos de familia, titularidad,
ejercicio de la patria potestad, régimen de guardia y custodia, etcétera.
De hecho, en noviembre de 1983 el Ministerio de Justicia, a instancia del
Consejo General del Poder Judicial, creó 19 equipos formados por un
psicólogo y un trabajador social para los juzgados especializados en
familia, si bien no se reglamentó su funcionamiento. La importancia del
papel de los profesionales que integran los equipos psicosociales en las
decisiones que adoptan los jueces es reconocida por todos los operadores
jurídicos, especialmente jueces y abogados, pues en la mayoría de las
ocasiones el juez asume las sentencias que las recomendaciones de estos
profesionales hacen en sus dictámenes.
Señorías, en las conclusiones de las jornadas organizadas por el Consejo
General del Poder Judicial y los abogados de familia dentro del Seminario
de Encuentro de Jueces y Abogados de Familia: Incidencia en la Ley de
Enjuiciamiento Civil en los procesos de familia, que fueron coordinados
por el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Málaga y buen conocedor del tema, don José Luis Utrera, se planteó ya la
necesidad de estudiar la posibilidad de dotar a los equipos técnicos,
conocidos como equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia,
de un marco jurídico que regulen en cuanto a su composición funciones y
responsabilidad. Esa demanda se ha reforzado aun más desde la
generalización de las peticiones de custodia compartida que en los
últimos años se están produciendo en los procesos de ruptura familiar.
Miren ustedes, la regulación actualmente es insuficiente, tan sólo podemos
hacer referencia a los artículos 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
a los artículos 775.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al artículo
92.5 del Código Civil. En la referencia, y no me quiero extender, al
punto 4 del artículo 770, se dice que "en las exploraciones de los
menores en los procedimientos civiles se garantizará por el juez que el
menor pueda ser oído en condiciones idóneas para salvaguarda de sus
intereses sin interferencias de otras personas y recabando
excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando así sea necesario".
En el mencionado artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su
punto 5 se dice que "si hubiera hijos menores incapacitados, el tribunal
recabará informe del ministerio fiscal sobre los términos del convenio en
relación a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio
cuando se estime necesario de oficio, a petición del fiscal o por
miembros de un equipo técnico judicial". Pero nada se dice, por ejemplo,
de qué tipo de cualificación tienen que tener psicólogos en general, si
estos deben tener la especialidad de psicología clínica o si bien pueden
ser dentro de esos equipos psicosociales los futuros especialistas en
psiquiatría en niños y adolescentes. La escasa regulación a la que hemos
hecho mención no se corresponde con la importancia de estos equipos y
teniendo en cuenta que su toma de decisión vincula para la cuestión de
las custodias que afectan directamente a derechos fundamentales.
Pues bien, señorías, nosotros lo que planteamos aquí es que se regule un
marco jurídico, que se regule la composición, el funcionamiento y la
responsabilidad tal como recoge en nuestra PNL la exposición de motivos.
Aun queda mucho por andar en esta materia, haría falta establecer la
cualificación profesional de sus integrantes, garantizar una
especialización funcional propia de los equipos psicosociales de los
juzgados de familia, pues cada una de estas parcelas requiere un grado de
especialización para ser más eficientes en el desarrollo de su trabajo y
extendiendo dentro de las posibilidades de todos los juzgados de familia
la posibilidad de tener acceso a estos equipos psicosociales.
Vamos a intentar que este camino lo hagamos juntos, para lo cual pido el
apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrionuevo. Por los grupos
enmendantes, en primer lugar tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidenta.
Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta PNL, una enmienda de adición
añadiendo un segundo párrafo, para que en el marco del estudio que debe
abordarse se acuerde aumentar o reforzar la dotación de personal,
infraestructuras y medios materiales y necesarios para que estos equipos
técnicos puedan llevar a cabo sus funciones.
De nada sirve que hablemos hoy aquí de dotar de un marco regulatorio
definitivo a los equipos psicosociales sacándolos de ese limbo jurídico o
sin regulación en el que se encuentran, si esto no viene acompañado de la
correspondiente dotación económica o presupuestaria que lo respalde, que
haga posible que desarrollen de manera efectiva las competencias que
vayan a atribuírseles, así como que los profesionales que los integren
sean debidamente retribuidos conforme a la cualificación que vaya a
exigírseles y a la responsabilidad que vayan a ejercer. Porque la
realidad es que con o sin marco legal definido, o si lo prefieren desde
ese limbo jurídico, la realidad es que los equipos psicosociales vienen
funcionando y vienen funcionando bien, desempeñando bien su actividad,
están bien considerados por los profesionales, siendo su verdadero
problema la sobrecarga de trabajo por la carencia de medios humanos y
materiales que arrastran. Tanto es así que los propios profesionales que
ejercemos el derecho en no pocas ocasiones llegamos a recomendar a los
justiciables "un mal acuerdo", como suele decirse, antes que también "un
buen pleito" que dependa de la llegada del informe del equipo psicosocial
para su resolución porque esto podría demorarse durante muchos meses.
Esperamos con esta enmienda haber contribuido a mejorar esta iniciativa y
nos gustaría en ese sentido que fuera aceptada, a pesar de que
consideramos buena la iniciativa, en tanto en cuanto significará un
reconocimiento de la Administración a los profesionales que integran
estos equipos psicosociales que realizan una labor ardua, una labor de
gran responsabilidad y no olvidemos también con una importante carga
emocional, ya que estos equipos psicosociales trabajan en muchas
ocasiones con menores en situaciones complicadas. Deseamos también que la
regulación que haya de desarrollarse, equipare laboralmente a estos
profesionales que presentan en la actualidad importantes diferencias no
sólo retributivas o de salario, sino incluso también del propio régimen
laboral, unos son funcionarios y otros no en función del territorio en el
que prestan sus servicios. Ya sabemos, señorías, lo que opina el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de esta costumbre tan española de que
trabajadores que diferente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
La señora PITA CÁRDENES: Buenos días, presidenta.
Efectivamente desde el año 1983, que a instancias del Consejo General del
Poder Judicial el ministerio crea 19 equipos psicosociales, hasta ahora,
diciembre de 2016, que estos cuerpos estén sin marco jurídico que los
regule dice muy poco en favor de los distintos responsables que hemos
tenido en los ministerios de Justicia en estos treinta y tantos años. Yo
no sé por qué el PP circunscribe su PNL sólo al ámbito del juzgado de
familia, estos profesionales trabajan en distintos ámbitos, juzgados de
familia, juzgados de menores, clínicas médico-forenses, juzgados de
violencia de la mujer.
Estos equipos, como sabemos todos, están formados por psicólogos,
trabajadores sociales y, en el caso de los juzgados de menores, de
educadores que hacen una tarea fundamental. La realidad es que a día de
hoy, efectivamente, siguen sin regularse sus competencias y sus
funciones, sin tener un reconocimiento claro y un modelo estándar de
funcionamiento, dependiendo si trabajan para el ministerio o trabajan
para comunidades con competencias. A nosotros nos parece, primero, que la
proposición no de ley del Partido Popular compara estos grupos con los
peritos judiciales y creemos que poco tiene que ver, estos son
trabajadores estables que han ido desarrollando un trabajo en estos
treinta y tantos años de mucha importancia y, por tanto, poco comparable
con las funciones de un perito puntual que se pueda instar en tribunales.
Insisten ellos, los profesionales, que se les trata igual cuando son
profesionales diferentes, es decir, unos son psicólogos forenses, otros
son educadores, y siempre se les integra en la misma categoría como si
fuera un totum revolutum cuando ellos llevan reclamando ser tratados como
cuerpo diferente desde hace muchísimos años. Aunque trabajen de forma
conjunta, quieren un desarrollo independiente de su regulación laboral
para desarrollar mejor sus funciones.
Llevan años pidiendo más recursos porque efectivamente han ido asumiendo
todos los campos, trabajan muchas veces para el juzgado de guardia, en el
tema de violencia de género, en agresiones sexuales, incumplimiento de
visitas, internamientos urgentes... Para nosotros, además, una labor
importante es la que hace referencia el artículo 25 de la Constitución,
las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad que dice que
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y el informe
de los trabajadores sociales es clave, porque es un informe que analiza
la familia, los recursos de la comunidad, el entorno social y ahí por
falta de medios se está fallando bastante dejando en evidencia que muchas
veces al ministerio poco le importa el tema del cumplimiento de ese
artículo constitucional.
El incremento del trabajo, ya lo ha dicho el compañero de Ciudadanos, es
evidente, pero lejos de llevar aparejado un incremento de oferta de
empleo público, lo que han optado los distintos ministerios es por firmar
convenios externalizadores, por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos, y
eso es a todas luces una privatización encubierta del trabajo a realizar
por empleados públicos, entre otras cosas porque los colegios mandan sus
informes, que no llevan aparejado el complemento del informe del
trabajador social, por tanto se devalúan ese tipo de informes.
Pero en fin, nuestra enmienda va en el sentido de no sólo estudiar la
posibilidad, como dice la propuesta de la PNL del Partido Popular, sino
instar a que se regule, es decir, que se dote de un marco jurídico a
estos cuerpos y también que se creen cuerpos diferenciados por psicólogos
forenses, trabajadores sociales y educadores y que desde luego sea de una
manera participada con las asociaciones, los trabajadores y los entes
afectados.
La señora PRESIDENTA: Por el grupo proponente, ¿se aceptan las enmiendas
de Ciudadanos y del Grupo Confederal?
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias señoría, con respecto a la
enmienda planteada por el Grupo Ciudadanos vamos a intentar elaborar a lo
largo de esta jornada una enmienda transaccional que someteremos a la
Mesa.
La señora PRESIDENTA: Por escrito, por favor.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Sí, por escrito. Y con respecto a la
enmienda del Grupo Podemos no la aceptamos. Entendemos que a lo que se
tiene que ir es no a los macroequipos sino a un grado de especialización
de los equipos psicosociales que integran los juzgados de familia, y eso
lo iremos andando yo estoy convencido que a lo largo de esta legislatura,
cuando no sólo estos equipos psicosociales estén integrados en
determinados juzgados de familia, cabeceras de provincia, sino que esté
lógicamente extendido en todas las primeras instancias de los partidos
judiciales.
Por tanto, intentaremos presentar alguna enmienda transacional por escrito
ante la Mesa y rechazamos la enmienda del Grupo Podemos.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición por el Grupo Mixto no hay
ningún diputado en este momento ni diputada. Grupo Parlamentario Vasco
también se ha disculpado. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana no interviene. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora
Hernánz.
La señora HERNANZ COSTA: Gracias, presidenta.
Como han dicho anteriores intervinientes, estos equipos psicosociales se
crearon ya en el año 1983, pero paradójicamente no se reglamentó su
funcionamiento. En el año 1987 se convocan las primeras oposiciones y los
primeros equipos psicosociales conformados por psicólogos y trabajadores
sociales se adscriben como un grupo único a lo largo del territorio
nacional en diferentes juzgados.
Esta ausencia de regulación específica ya ha sido puesta de manifiesto en
diferentes ocasiones y también con motivo de las comparecencias relativas
a la modificación de la Ley Orgánica 6/1085 del Poder Judicial. Si bien
es cierto que aquí en sede parlamentario en diciembre del 2013 se aprobó
una proposición a la que hacía mención el portavoz del Partido Popular
relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos de conocimientos y
profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses y otros peritos
judiciales, más cierto es que esa iniciativa resultaba evidentemente
insuficiente y sobre todo de escaso o nulo resultado caso práctico.
Lo cierto, la realidad es que treinta años después no ha habido ningún
avance sobre la organización de estos equipos psicosociales al servicio
de la Administración de Justicia que, por cierto, desde el mes de
noviembre del año 2014 están adscritos a los institutos de medicina legal
y forense y no ya a los juzgados de familia. Y de forma paralela esta
falta de regulación, como se ha puesto aquí de manifiesto, ha ido
aumentando el número tanto de profesionales incorporados por oposición,
pero también y sobre todo su ámbito de actuación y su relevancia en gran
número de procedimientos, tanto del ámbito civil como del ámbito penal.
Y no hablamos ya únicamente de relevancia cuantitativa, que es muchísima,
sino cualitativa, ya que sus informes periciales son fundamentales en la
resolución de procedimientos relativos a numerosas cuestiones muy
importantes y delicadas pero, por ejemplo, el derecho de guarda y
custodia de menores, procedimientos en capacitaciones relativos a menores
víctimas de abusos, violencia de género, malos tratos, en definitiva son
profesionales que asumen una altísima responsabilidad y que entendemos
que son apreciados, valorados y utilizados por los distintos operadores
jurídicos.
Lo cierto es que ante esta situación nos parece tardía, insuficiente esta
propuesta de acuerdo de la proposición que se debate hoy pero el Grupo
Parlamentario Socialista votará a favor en el deseo de que se inicie
cuanto antes esa labor de regulación y de que todos podamos participar en
esa elaboración que yo creo que es importante no sólo para el grupo de
profesionales que se ven directamente afectados, sino para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bataller, ustedes habían pedido que su proposición no de ley se
debatiera la última. El tema está en que otros ponentes de otros grupos
parlamentarios ahora se han tenido que ir y no están, por lo tanto cuando
vengan los ponentes que están debatiremos la suya que era la primera.
El señor BATALLER I RUIZ: Mi compañera está en otra Comisión.
La señora PRESIDENTA: Entonces, ¿sigue sin venir su compañera?
(Asentimiento). De acuerdo, muchas gracias.
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000831).
La señora PRESIDENTA: Siguiendo con el orden, hay otro problema. La número
cuatro, sobre refuerzo de personal, dotación e infraestructuras y medios
materiales necesarios, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la ponente, la señora Rodríguez Ramos, en este momento está
presidiendo la Comisión sobre el Brexit. Me ha dicho que va a tardar
veinte minutos. ¿Hay inconveniente en que pasemos a la número cinco sobre
la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa? ¿No hay inconveniente por
nadie? (Pausa). Entonces, pasamos a la quinta proposición no de ley sobre
la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Agradezco a todos la colaboración
que están presentando.
Tiene la palabra el señor Fernández García.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo propone esta PNL con el espíritu de llegar a acuerdos con los
demás, pero especialmente de mejorar la posición de los derechos de
quienes se ven sometidos a una expropiación. Si hace unos años la
preocupación fundamental era el ajuste medular de las prerrogativas
expropiatorias a los perfiles conferidos por nuestra Constitución al
derecho de propiedad privada, en este momento juzgamos imperioso adecuar
varios aspectos prácticos que se mueven en el delicadísimo equilibrio
demandado por el impulso del interés público y también por la
preservación del derecho individual de propiedad. Demos espacio a una
visión pegada a las necesidades prácticas y a la resolución de desajustes
realmente observados en la actualización cotidiana. Aquí nunca ha habido
un simple y arbitrario "exprópiese" como expresión irrestricta de la
voluntad del gobernante que sí sucede en otras latitudes y en otros
proyectos políticos, pero es la sensación de la necesidad de ampliar las
modificaciones más recientes y muy parciales de las que además mi grupo
fue impulsor principal; recuerdo la modificación de los criterios de
valoración, la retención del crédito en 1996 en las declaraciones de
urgencia, el régimen de la revisión en 1999 o la supresión de los plazos
de la fijación de los justiprecios en el año 2000.
Con frecuencia, es verdad, se simplifica esta demanda bajo la pretensión
absoluta de derogación de la Ley de 1954, tocada por ese defecto de
preconstitucionalidad, para dar paso a una normativa construida
completamente ex novo en su integridad. Sin embargo, esa aspiración, que
es legítima y seguro que bienintencionada, es tan compleja técnicamente
que podría dilatarse excesivamente, y por eso creemos que es mejor
acometer la tarea parcialmente. Además se desconocerían dos notas que nos
parece importante recordar en este momento en el que mi grupo defiende la
necesidad de una reforma intensa. La primera de ellas es la adecuación
técnica de la ley al objeto de posibilitar la subordinación del derecho
de propiedad privada a la satisfacción de intereses comunes de carácter
prevalerte; es esa adecuación técnica normativa la que explica la
utilidad práctica de la vieja ley todavía hoy. La segunda es la
imbricación profunda, y yo creo que satisfactoria, del procedimiento en
el conjunto de los procesos administrativos españoles vigentes. Por ello,
nos parece más adecuada una puesta al día de algunos de los extremos más
ineficaces, disfuncionales incluso si se quiere. No somos los únicos en
defender esta posición, claro está, basta recordar las opiniones del
Defensor del Pueblo, de la Inspección de Servicios o del borrador del
anteproyecto que el grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda presentó
en el año 2002. (El señor vicepresidente, Matos Mascareño, ocupa la
Presidencia). Pero creemos que confluyen ahora la conveniencia temporal y
sustancial para ajustar sin dilación, a juicio de mi grupo, un cúmulo de
aspectos conexos entre sí y vinculados por el nexo común de la mayor
eficacia de los trámites de una simplificación administrativa que nos
parece imprescindible y vinculada además a la intensificación de nuevas
tecnologías y a un desarrollo económico que es cada vez más exigente en
garantías sociales.
Después de la transferencia a las comunidades autónomas de parte de las
competencias relativas a los jurados provinciales de expropiación, yo
mismo he presidido durante unos años una comisión de valoración
provincial, y de un día para otro recibimos, sin ningún aporte
presupuestario y sin mayor soporte, miles de expedientes atrasados. Es
verdad que esta situación se ha ido corrigiendo en los últimos años, pero
no por una racionalización de las estructuras administrativas, no por el
incremento de los
medios materiales, ni siquiera por la reforma normativa aplicable, sino
por una sensible disminución de los expedientes instados al calor de la
obra pública de las grandes infraestructuras. Así, en mi grupo pensamos
que es posible aprovechar este momento de relativo respiro antes de un
incremento de obras que vuelvan a manifestar las carencias de siempre, en
primer lugar, en lo relativo a la adaptación a la estructura territorial
del Estado, que siempre en esta Comisión es objeto de tanto mimo.
Residenciar esas capacidades administrativas en órganos autonómicos a los
efectos, por ejemplo, de fijación de los justiprecios o de resolución de
los expedientes, trajo diferencias sustanciales, más aún cuando lo que se
hacía eran simplemente las declaraciones de urgente ocupación. Habría que
tener en cuenta la necesidad de esa visión desde el territorio, pero
simultáneamente y por igual razón la necesidad de ofrecer al expropiado
idénticas garantías en todo el territorio nacional. En segundo término,
es necesario reforzar líneas de coordinación entre administraciones
públicas de diferente nivel territorial, puesto que los expedientes
emanan en un buen porcentaje de administraciones diferentes a las que los
tramitan y los resuelven. En tercer lugar, en el Grupo Popular pensamos
que no debemos abdicar del intento de corregir uno de los males endémicos
de los procesos administrativos en España, no debemos dar por hecha
siempre la inadecuación entre los plazos previstos normativamente y la
dilación sine die de los lapsos temporales reales entre incoación y
resolución. Que la norma se parezca a la realidad y la realidad se
aproxime a las condiciones globales son deseos que aquí compartimos
todos. Me parece sumamente ilustrativa al respecto una frase de la
catedrática administrativa de la Universidad de León, la profesora
Fuertes, que espero que tenga un papel clarificador en su condición de
vocal permanente de la Comisión General de Codificación y que siempre ha
denunciado las opulentas declaraciones implícitas y sobre todo las
fingidas prisas de buena parte de los expedientes expropiatorios. Suele
además ocurrir que el incumplimiento de los plazos despliega
implicaciones que van mucho más allá de un mero inconveniente temporal
para incidir, por ejemplo, cuando se trata de la fijación y el pago de
los justiprecios establecidos, en reajustes de intereses de demora que
ocasionan disfunciones en cadena.
En paralelo, nosotros consideramos necesario fijar en el presupuesto de
cada obra pública una previsión de costes asociados a la expropiación
que, habida cuenta de la experiencia reciente en España, no sea una
simple referencia asistemática y voluntarista, como lo es casi siempre y
eso cuando existe, sino una estimación realista que permita asegurar las
retenciones crediticias para que quien asume los costes financieros no
tenga que ser además el expropiado. Y en cuestión de los criterios
valorativos en la fijación de justiprecios, evitemos que la desigualdad
práctica arrumbe la seguridad jurídica.
Por último, ¿cuántas interpretaciones diversas se han hecho de los
presupuestos habilitantes para la aplicación del procedimiento de
urgencia? La casuística se ha elevado al infinito y no siempre en función
del estricto cumplimiento de requisitos sustanciales, muchas veces por la
mera cercanía subjetiva de la Administración expropiante a la que tiene
que resolver el expediente, que no es necesariamente de identificación de
partido político sino de una laxa comprensión de la premura de ocupación
de terrenos cuando hay en juego obras sujetas a plazos o sobre todo a
ayudas públicas. Y hemos pasado de la justificación ope legis, del
interés social genérico fundante de la expropiación, a que por lo mismo y
sin ulterior esfuerzo se solvente además su urgencia. Mi grupo piensa que
no hay que dejarlo todo a una recta interpretación singular luego en los
procedimientos contencioso-administrativos, sino que debemos hacer aquí
nuestra parte.
Termino pidiendo el apoyo para esta PNL, para que no nos conformemos con
meros retos técnicos, que es verdad que son largamente anhelados, sino
que hablemos también de mejorar la regulación de las vías de
participación del expropiado en el expediente -creo que las cosas en el
futuro van a ir por ahí- y la transparencia en las distintas fases de ese
procedimiento. Esa es una previsión adecuada a las necesidades de futuro
y es una de las encomiendas que el Ministerio de Justicia ha hecho en el
plan de trabajo a la sección de derecho público de la Comisión General de
Codificación. Tiempo habrá de concretar aquí adecuadamente el contenido
articulado de las reformas necesarias, pero pedimos hoy que fijemos la
necesidad de puesta al día de la norma y los límites sustanciales en los
que habrá de moverse, y por eso pedimos el voto favorable para nuestra
PNL.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Gracias, señor Fernández.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, no está
la señora Ciuró, por lo que tiene la palabra el señor Bataller.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Vasco, no está. Por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: No intervendré.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidente.
Intervengo para fijar la posición favorable de Ciudadanos a la reforma de
la Ley de Expropiación Forzosa. Si bien hay que comenzar por reconocer el
mérito de una ley que lleva en vigor desde 1954 con alguna reforma,
también es cierto que no se ha producido el desarrollo legislativo
posconstitucional correspondiente que hubiera sido deseable y que la
práctica revela deficiencias y problemas en el procedimiento expropiador,
como pone de manifiesto esta iniciativa, en los que no nos vamos a
detener. Por ello, consideramos conveniente impulsar la reforma de la Ley
de Expropiación Forzosa, especialmente en los aspectos que se proponen.
La proposición dice: armonizando en todo el territorio nacional las
garantías y derechos del afectado. No podemos estar más de acuerdo. En
Ciudadanos consideramos que el Estado de las autonomías, a pesar de todas
las bondades que conlleva en cuanto a la descentralización y el
acercamiento de la Administración a los administrados, no debe producir
diferencias en derechos o en el acceso a servicios públicos entre los
españoles por razón de su territorio, y la limitación del derecho a la
propiedad en favor de un fin público y social no puede ser menos y debe
ser objeto de esta armonización.
En segundo lugar, la proposición dice: eliminando las trabas burocráticas,
incrementando la transparencia y participación de los afectados en el
procedimiento de expropiación. Entendemos que ustedes nos proponen aquí
una regulación más ágil, eficaz y garantista con los ciudadanos,
objetivos que compartimos y que son extrapolables a cualquier
procedimiento administrativo e incluso a cualquier procedimiento
judicial. Especialmente sangrantes han sido los retrasos a la hora de
fijar el justiprecio, que han sido de media dos años en lugar de los dos
meses que contemplaba esta ley. Por otra parte, la limitación del uso del
procedimiento de urgencia nos parece esencial, dado que la generalización
habitual de este procedimiento, que debiera tener un carácter
excepcional, ha dado lugar a numerosas situaciones de abuso. Si la
reforma propuesta consiguiera el objetivo de ese procedimiento más ágil y
más eficaz, el procedimiento de urgencia podría ser limitado para su uso
solo en circunstancias verdaderamente urgentes y en caso de verdadera
excepcionalidad.
Finalmente, entendemos que la obligación de estimar en los presupuestos de
obra pública la previsión aproximada del gasto de la expropiación sería
buena para acabar con los problemas de los sobrecostes no previstos por
las administraciones, que en algún caso han supuesto un grave
endeudamiento de las mismas. A este respecto, hay una regla lógica y
básica, señorías, que debería cumplirse siempre, y es que los beneficios
de la obra o instalación deben ser siempre superiores al coste de los
derechos privados que hayan de sacrificarse.
Por todo ello, votaremos favorablemente esta iniciativa, en el bien
entendido de que la expropiación forzosa debe ser una medida excepcional
que, en consecuencia, debe utilizarse en sus justos términos, y que estos
merecen ser revisados y actualizados.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Buenos días. Gracias, presidente.
Señorías, en principio nos parece que la PNL que nos trae el Grupo
Popular, en términos generales, tal y como está redactada y por la
intervención que ha hecho el portavoz del grupo, no va por el mal camino.
Es sorprendente escuchar al Partido Popular hablar de expropiaciones. Si
uno atendiera a las soflamas de las campañas electorales o a las
declaraciones públicas, pareciera que es un ámbito solamente reservado a
podemitas peligrosos y rojos, pero todos sabemos que no, que el Partido
Popular también expropia. Tendríamos más diferencias sobre la
interpretación que hace el Partido Popular sobre lo que es interés social
y bien público, pero creo que eso excede a la PNL que nos presenta el
Grupo Popular. Ahora bien, creemos que es necesario desarrollar una
normativa, que se adecue a las
circunstancias actuales de nuestro país e incluso que no deje tanta
arbitrariedad al Gobierno a la hora de definir el interés social y el
bien público, porque nos podemos encontrar con cosas como, por ejemplo,
las radiales, que hemos visto hace poco, en las que tenemos que rescatar
a empresas privadas, cuando para construir esas radiales se tuvo que
expropiar a propietarios de terrenos, a quienes por cierto todavía no se
les ha pagado el justiprecio por parte del Gobierno, un año después de
que se haya aprobado por el Consejo de Ministros una partida para
pagarlo. Por tanto, vemos cierta hipocresía, por qué no decirlo, en la
PNL que nos presenta el Grupo Popular. No obstante, creemos que hay que
avanzar en la adecuación de la legislación y no nos vamos a oponer. Nos
vamos a abstener de una manera observante, para ver el desarrollo
legislativo que hace el Ejecutivo sobre la materia, poniendo especial
énfasis en que tengamos cuidado con el término armonización, no vaya a
ser que quiera esconder de alguna manera una recentralización de las
competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Gracias, señor Vila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Robles.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para adelantar la posición del Grupo Parlamentario Socialista,
que votará a favor de la proposición no de ley, porque entiende que la
Ley de 1954, que cumplió un papel histórico, ya no responde a la realidad
social de nuestro país. Es verdad que la constitucionalidad de dicha ley
está más que puesta de relieve y ha sido declarada por los tribunales,
pero también es verdad que dicha ley contiene unas figuras que son más
propias de residuos históricos y que incluso serían dignas de estudio por
los historiadores. Por eso entendemos que es necesario adaptar y poner al
día esa Ley de 1954.
Pero tampoco nos podemos engañar, la Ley de 1954 fija y establece un
procedimiento, pero las normas de valoración, que son las que realmente
importan a la persona expropiada, no están previstas en ella, y hay que
acudir al Decreto legislativo 7/2015, que es el que aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo, que viene a contemplar las distintas
categorías de suelo -hoy en día circunscritas a dos exclusivamente, a la
de suelo urbanizado y a la de suelo rural- y establece las normas de
valoración en los artículos 34 y siguientes, normas que han sido
interpretadas por los distintos tribunales y por el Tribunal Supremo y
que son de aplicación a todo el territorio nacional.
En definitiva, no podemos olvidar que la valoración y la determinación del
justiprecio procedente está previsto en otras leyes y no en la Ley de
1954, pero aun así el Grupo Socialista está de acuerdo en que esa Ley de
1954, en cuanto que contiene el procedimiento y que este tiene que
atender a unas razones especiales, tiene que ponerse al día. La Ley de
1954 debe recoger aspectos muy puntuales y muy concretos que no estaban
recogidos entonces y que ahora la nueva ley ha de tener en cuenta. Ha de
tener en cuenta cuestiones que se decían anteriormente, como que no vale
simplemente hacer declaraciones genéricas sobre la utilidad pública o
interés social, sino que es necesario que la nueva ley regule muy
precisamente cuándo se entiende que concurren esos supuestos de utilidad
pública o interés social. De la misma manera, respecto al acuerdo de
necesidad de ocupación, al que la Ley de 1954 se refiere de manera muy
somera, debería tenerse en cuenta su precisión para evitar que sean luego
los tribunales los que tengan que hacer una interpretación de los
distintos acuerdos que contienen la necesidad de ocupación.
Nos preocupa especialmente, y ello debe ser especial objeto de atención en
la nueva ley, todo lo relativo a la fijación del justiprecio y al valor
de las hojas de aprecio, que los tribunales han tenido que interpretar si
tienen valor vinculante, si no tienen valor vinculante, en qué términos
es la vinculación, si es en los conceptos o en las partidas, las
tasaciones que acompañan a las hojas de aprecio o en su caso la figura
que las sustituya... Por mi experiencia profesional, entiendo que es
imprescindible en ese trámite acudir a medios alternativos de fijación de
acuerdos para que no se dilate el procedimiento en el tiempo y el
esfuerzo por parte de las administraciones públicas para que esas hojas
de aprecio sean lo más consensuadas posible.
En cuanto a la regulación de los jurados de expropiación o de los
organismos equivalentes en las distintas autonomías, nos parece de
esencial importancia que la nueva ley haga una regulación muy concreta de
cuál tiene que ser su composición. Entendemos que su composición ha de
ser eminentemente técnica y no como ocurre ahora, puesto que hay una
serie de vocales técnicos y otros que no lo son, y todos sabemos que en
la práctica son los vocales técnicos los que se llevan el gato al agua.
Por tanto, es imprescindible que estos organismos de valoración tengan
una composición eminentemente técnica,
que sus resoluciones sean objeto de verdadera motivación -no como ocurre
ahora, que en muchos casos son fórmulas esteriotipadas- y que la propia
ley haga una regulación muy precisa del pago, de la forma en la que debe
realizarse el pago y de lo relativo a los intereses. Los intereses son
una materia muy ambigua, una materia que es objeto de interpretaciones
muy distintas en los tribunales y que ha tenido que ser unificada por el
Tribunal Supremo y que exige que la ley contemple específicamente la
demora en la fijación del justiprecio -no puede ser que pasen dos años
sin que este se fije- y la propia demora en el pago.
También nos parece muy importante que se regulen con mucha previsión las
declaraciones de urgente necesidad de la expropiación. Entendemos -y en
eso estamos de acuerdo- que las expropiaciones urgentes tienen que ser la
excepción, no como ocurre en este momento, en el que se están
convirtiendo en la regla general bajo el pretexto de unas circunstancias
de urgencia muchas veces no suficientemente motivada. Por tanto, hay que
partir de un procedimiento ordinario y solo en casos excepcionales y
debidamente motivados se debe acudir a la urgencia en la expropiación.
También estamos de cuerdo en que haya la adecuada previsión
presupuestaria. Aunque es verdad que eso está contemplado normativamente,
en el momento actual todos sabemos que se están realizando expropiaciones
sin que haya esa previsión normativa, sin que haya esa previsión
presupuestaria, y por eso pasa lo que pasa, como ha ocurrido en las
radiales.
Por todo ello, entendemos que, sin equivocarnos en que la justificación
del justiprecio está pendiente y está comprendida en otras leyes no
siempre de fácil interpretación y de fácil aplicación, la Ley de 1954
exige no solamente un aggiornamiento sino una transformación completa por
una nueva ley, y en ese sentido el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar favorablemente la proposición no de ley. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señora Robles.
- PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de
expediente 161/000860).
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Pasamos al punto séptimo del
orden del día: Proposición no de ley para despenalizar las injurias a la
Corona y los ultrajes a España. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa, tiene la palabra
la señora Capella. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor vicepresidente.
La libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a
expresarse o a expresar sus ideas de forma libre; así lo contempla el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En este sentido, Esquerra Republicana a lo largo de estos años ha venido
defendiendo la necesidad de despenalizar las injurias a la Corona,
porque, a criterio nuestro, afecta a los fundamentos básicos de un
sistema democrático. Así, hemos presentado proposiciones de reforma a la
ley orgánica y enmiendas a las distintas reformas del Código Penal para
que fuera despenalizado el delito de injurias.
El respeto a la libertad de expresión en toda su amplitud es lo que define
la calidad democrática de un país. Si yo quemo una foto del presidente
del Gobierno, judicialmente no me pasaría nada, en todo caso se me podría
juzgar, y sería más que discutible, por vulnerar el derecho al honor. En
cambio, si yo quemo una foto de Felipe de Borbón, me detendrían, me
llevarían esposada a la Audiencia Nacional para juzgarme por un delito de
injurias a la Corona, que en consecuencia podría llevarme a prisión.
¿Cuál es la diferencia entre quemar una foto o quemar otra? La diferencia
está en esta concepción medieval que tiene el Estado español en relación
con la monarquía, la concepción sacralizada que tienen de la familia
real, que entienden que están por encima del derecho a la libertad de
expresión y que está por encima del resto de los ciudadanos. Quemar la
foto del rey, objetivamente, no hace daño a nadie, no lesiona ningún bien
jurídico de interés general. La finalidad con la que las personas que la
semana pasada pasaron por la Audiencia Nacional quemaron la foto del rey
era simplemente la expresión de su opinión contraria a la monarquía y a
lo que esta representa y, por extensión, a la sacralización legalista de
la Corona concretada en el delito de injurias a la Corona.
No obstante lo anterior, hoy no debatimos sobre la bondad o maldad del
concepto de monarquía o sobre la necesidad en el siglo XXI de mantener
una monarquía, sino sobre el concepto mismo de democracia. A mí me parece
que aquellos que se consideran demócratas lo que deberían sacralizar
antes
que la monarquía es la propia democracia y, como demócratas, me hubiese
gustado que prácticamente todo el hemiciclo y, por tanto, todos los
grupos parlamentarios hubieran dado apoyo a aquellos que van a ser
juzgados por ejercer la libertad de expresión, nos guste o no nos guste,
compartamos o no compartamos su ideario político, porque en definitiva lo
que estamos protegiendo o lo que deberíamos proteger es esa libertad de
expresión. Ningún demócrata puede permitir que un simple gesto, como es
el de quemar o romper una foto o encaramarse en una silla e insultar el
retrato del rey en unas dependencias policiales, termine considerándose
un delito y comporte la posibilidad de que te vengan a buscar a casa, te
detengan, te esposen y se te lleven esposado en furgonetas ante la
Audiencia Nacional para juzgarte con la pretensión de imponerte una
sanción penal, de imponerte una pena privativa de libertad. Para Esquerra
Republicana, meter en la cárcel a alguien por quemar una foto o quemar
una bandera es una auténtica locura, es decir, es desproporcionado y, en
definitiva, es una utilización ideológica perversa del propio Código
Penal. ¿Qué diríamos cualquiera de nosotros ante la noticia de que en un
país árabe o un país asiático han condenado a la cárcel a un miembro de
la oposición por quemar la foto del monarca? Seguramente algunos de
nosotros o algunos de ustedes hablarían de un régimen opresor y poco
democrático. No sé qué les parecería a ustedes, pero a mí, en España o en
Afganistán, me parece que encarcelar a alguien por quemar una foto indica
un bajo nivel de madurez democrática, a criterio de Esquerra Republicana
y a mi criterio muy bajo. Y de hecho, si el rey fuera verdaderamente
demócrata -y perdonen el oxímoron- sería el primer interesado y el
primero en reclamar que se suprimiera el delito de injurias contra la
Corona, porque, como decía con anterioridad, el mantenimiento de los
privilegios de origen feudal frente al resto de ciudadanos hace que no
todos seamos iguales ante la ley.
No voy a descubrir aquí el gran secreto del Santo Grial, pero nuestro
partido está absolutamente en contra de una institución medieval como es
la monarquía, además, en el caso de la española, heredera de la
restitución monárquica franquista. Lo hemos dicho por activa y por
pasiva, lo hemos defendido a diestro y siniestro, en estos momentos
todavía con más razón, y lo hemos hecho por motivos múltiples. Ya lo
dijimos en el debate en el que se modificó la ley para que pudiera
suceder en este caso el actual rey: no nos sentimos representados por
muchas cuestiones y porque tampoco en ningún momento hemos oído en boca
del actual rey la renuncia al pasado del que vienen. A pesar de ello,
Esquerra Republicana no se dedica a quemar fotos del rey, porque expresa
su rechazo a la monarquía, a lo que representa y de dónde viene de otras
maneras. Lo expresamos a través del debate político, lo expresamos a
través de las protestas en la calle, pero no compartimos la opción de
quemar ni el retrato del rey ni las banderas. Ahora bien, creo que es
necesario hacer una reflexión al respecto. Si ustedes van a meter en la
cárcel a jóvenes por quemar fotos, lejos de evitar que se haga, quizás
van a provocar que se quemen miles de fotos más del rey en solidaridad
con los procesados por ello.
Para finalizar, quiero hacer una reflexión. El respeto y el reconocimiento
de la autoridad de una institución no se gana por que lo diga una ley, se
gana por cómo se ejerce por quien le toca representar en cada momento a
la institución. Esta reflexión viene a cuento de la posibilidad de que
hoy demos un paso adelante y pongamos en valor la igualdad y el respeto a
las instituciones por cómo se ejerce la autoridad y cómo se ocupa la
silla de la institución en concreto y no porque una ley lo exprese en un
determinado sentido.
En consecuencia, solicitamos el voto favorable a la propuesta de
despenalización del delito de injurias a la Corona y los ultrajes a
España. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.
Compromis es una formación amable, que no propugna el tensionamiento ni el
menoscabo de ningún tipo de símbolos ni ningún acto de ultraje, pero esto
no nos impide constatar unas realidades sociológicas que entendemos que
hay detrás de la proposición no de ley que aquí se presenta.
Una de las características de los Estados democráticos avanzados es la
existencia en su ciudadanía de un muy alto grado de consenso en torno a
los símbolos propios que son aceptados por esa inmensa mayoría, y desde
esta evidencia, en países como Estados Unidos, por ejemplo, se entiende
que actos como la quema de una bandera nacional no son ultrajes a esa
enseña, sino que son realmente manifestaciones de la libertad de
expresión, actos que deben entenderse como realizados por personas que en
un determinado momento no comparten la política, las actuaciones que sus
dirigentes están
realizando y, como manera de expresar ese descontento, ese no compartir,
realizan la quema de un determinado símbolo.
A nosotros nos gustaría que en España se llegara a esta situación, lo que
pasa es que desgraciadamente esto aun no es así, y hemos de constatar una
cosa. Por un lado, en España, en el pack de la Transición se incorporaron
una serie de símbolos que siguen sin despertar grandes simpatías entre un
porcentaje relevante de la población y, ante esta constatación, se ha
recurrido a la técnica penal para imponer el silencio a todas aquellas
personas que no se sienten identificadas con ellos. Nosotros entendemos
que el derecho penal no debería servir para esto; debería servir para
atender a un orden comúnmente aceptado, pero no para reprimir a quienes
no lo aceptan, para acabar persiguiendo a la postre al disidente por el
solo hecho de su disidencia expresa.
Además, respecto a los artículos relativos a la monarquía cuya derogación
se propone, hemos de decir que la simple lectura de los mismos demuestra
que únicamente buscan imponer la aceptación de una determinada forma de
gobierno por encima de otras opciones idealmente legítimas. Así, vemos
que los artículos 490, apartado 3.º, y 491 no aluden al jefe del Estado
sino que aluden al rey, a la reina y a los miembros de su familia, con lo
que queda claro que el bien jurídico que se está protegiendo es la
monarquía como tal institución, no la jefatura del Estado, y
evidentemente frente a la monarquía se puede disentir, que es algo que no
permiten estos preceptos, el disentimiento público, que debería ser
admisible incluso de una manera airada, como sí se puede hacer frente a
otras instituciones. Por tanto, entendemos que la proposición no de ley
que presenta Esquerra Republicana, que nosotros por supuesto vamos a
apoyar, supone un paso adelante en la salubridad de nuestro sistema
democrático.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda no está. Tiene la
palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidenta.
Se fundamenta esta iniciativa en la libertad de expresión. Ciudadanos
estará siempre a favor de la libertad de expresión y la defenderá con
ahínco y con convicción. Otros grupos en cambio hablan de establecer el
control público de los medios de comunicación. No es nuestro caso,
insisto. Ciudadanos cree firmemente en la libertad de expresión y la
considera uno de los pilares de nuestra democracia. Tal es nuestra
convicción que incluso defenderemos siempre que el señor Rufián pueda
subir a la tribuna del Congreso y llamarnos cuñados o marca blanca. De
verdad, creemos que la libertad de expresión es maravillosa, pero no
pretendan confundirnos, porque la proposición no de ley que nos traen hoy
aquí no trata de la libertad de expresión. Ustedes saben bien que la
libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás, porque si
se abusa de la libertad por encima del respeto la convivencia se
resiente, y eso es algo de lo que usted, desgraciadamente, señora
Capella, sabe más que yo.
Los tipos penales que nos proponen reformar merecen alguna aclaración. En
el de injurias a la Corona, el bien jurídico protegido no es el ciudadano
Felipe, como usted pretende hacernos ver, sino la institución
constitucional de la Corona. No es que no se ofenda a nadie, como usted
ha dicho, es un delito pluriofensivo, porque la Corona representa a todos
los españoles. Tan es así que ni la restitución del honor del ciudadano
Felipe ni siquiera su perdón tendrían efectos jurídicos, no extinguirían
ni la acción ni la pena. Otro tanto puede decirse del artículo 543. Lo
que se está ultrajando son los símbolos que nos unen y representan a
todos los españoles, así como el sistema de derechos y libertades del que
nos hemos dotado constitucionalmente. No es un objeto material concreto,
no es un escudo ni un trapo o bandera.
Yo de verdad entiendo que ustedes no se consideren sujetos pasivos o
víctimas de estos tipos penales, porque tienen un sentimiento
nacionalista que, como ya le digo, respeto, pero precisamente por ese
sentimiento nacionalista tan arraigado esperaba algo más de comprensión
por su parte hacia ese carácter pluriofensivo al que me refería; esperaba
que entendieran que hay muchas personas que se pueden sentir ofendidas y
ultrajadas ante la vejación de sus símbolos nacionales.
¿Quiere usted trabajar por la libertad de expresión? Pues haría mejor en
protegerla de otro tipo de conductas que la cercenan de verdad y que
tienen más cercanas. Por ejemplo, podría usted condenar públicamente que
se dé una paliza a unas chicas que visten la camiseta de la Selección
Española o que se amenace o se coaccione a los manifestantes de Sociedad
Civil Catalana o a las familias de la Guardia Civil en su propio
domicilio. Sin ir más lejos, condenen los incontables ataques que sufren
las sedes de
Ciudadanos en Cataluña y muestren así su compromiso con la libertad de
expresión allí. Este sería un buen comienzo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor
Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a votar a
favor a la PNL presentada. Entendemos que no se trata de una cuestión de
nacionalismos, sino que estamos hablando de un bien superior que es la
libertad de expresión.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas, que -recordemos- fue ratificado por el Estado español, establece
que para que sea admisible cualquier restricción al derecho a la libertad
de expresión no es suficiente con que esta venga prevista en una ley de
forma clara y que persiga un fin legítimo, sino que debe ser necesaria.
La jurisprudencia de los tribunales internacionales establece que esta
necesidad debe venir vinculada a una exigencia social acuciante y que del
impacto de esta medida restrictiva del derecho a la libertad de expresión
deben resultar beneficios mayores a los perjuicios causados a la libertad
de expresión y además que ello sea valorado en función del contexto en el
que se imponga esta libertad, de manera que no es lo mismo la limitación
en unos tiempos de paz que en tiempos de conflicto e inestabilidad, que
no son los que nos hayamos. Además, la jurisprudencia internacional
establece expresamente que deviene irrelevante a la hora de valorar esta
necesidad el grado de impacto de la acción que viene amparada por este
ejercicio legítimo del derecho de la libertad de expresión. Y más allá,
la Convención Europea de Derechos Humanos todavía restringe más la
interpretación de este requisito de necesidad, exigiendo que estas
limitaciones se consideren necesarias en una sociedad democrática y que
esta restricción en ningún caso proteja al Gobierno de críticas ni de
oposición siempre y cuando esta oposición se formule de forma pacífica.
De hecho, en el texto presentado por Esquerra Republicana se hace
referencia precisamente a una censura que se hizo, por ejemplo, a la
revista El Jueves. Voy a citar una frase de uno de los grandes
colaboradores y padres de la revista El Jueves, Peris, que entiendo que
es muy adecuada, Peris dice que gracias a la libertad de expresión hoy ya
es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada, y
tampoco al gobernante. En este sentido, el Tribunal Europeo de los
Derecho Humanos sentó que la libertad de expresión constituye uno de los
fundamentos esenciales de una sociedad democrática y le concede validez
no solo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o
consideradas como inofensivas por la sociedad, sino también y muy
especialmente aquella expresión de ideas que chocan, inquietan u ofenden
al Estado o a cualquier fracción de la población. Incluso dentro de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el año 2007 encontramos la
afirmación de que la libertad de expresión es uno de los fundamentos
indiscutibles del orden constitucional, colocada en una posición
preferente, objeto de especial protección y necesitada de un amplio
espacio exento de coacción, espacio que debe ser lo suficientemente
generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, es decir, sin
timidez y sin temor.
Se hace referencia también al referente de los Estados Unidos. Es
especialmente relevante la sentencia histórica del año 1989, en la el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos acabó decretando por una estrecha
mayoría que la quema de la bandera nacional en manifestaciones pacíficas
no constituye un delito sino que es un acto protegido por la primera
enmienda de la Constitución. Dicha sentencia dice literalmente que el
castigo de los que profanan la bandera no constituye una santificación de
la misma, ya que al castigarlos diluimos la libertad de lo que este
emblema representa. Y continúa: El Gobierno no puede prohibir la
expresión de una idea simplemente porque la sociedad piense que esa idea
sea ofensiva o desagradable. En unas recientes declaraciones públicas, el
pronto añorado presidente Obama dijo: Yo acepto que la gente va a decir
de mí cosas horribles todos los días y siempre defenderé su derecho a
hacerlo. Y digo que pronto será añorado, al menos en este punto, el
presidente Obama, porque hemos visto las declaraciones del presidente
electo, Trump, en su campaña electoral, sugiriendo que las personas que
quemasen la bandera de los Estados Unidos quedasen despojadas de la
nacionalidad y fuesen condenadas a penas de cárcel; algo que entendemos
absolutamente inadmisible.
Concluimos. Perseguir acciones simbólicas de libre expresión es algo más
propio de regímenes autoritarios y de tiempos pretéritos. Además, ello
también nos lleva a concluir que muy débiles deben ser las instituciones
y símbolos que se pretenden proteger si no son capaces de soportar una
crítica semejante.
Para terminar, me gustaría citar la consabida frase de Voltaire, cuando
dice: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu
derecho a expresarlo. Aunque tal vez genere mucha más empatía en esta
sala una frase del magistrado Antonin Scalia, que fue juez del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos que dictó la sentencia 89 y que con su voto
decidió la absolución de los incriminados por el acto de quema de
bandera. Antonin Scalia era un clarísimo icono conservador de los Estados
Unidos, un magistrado que no escondía en sus declaraciones públicas una
virulenta animadversión frente a todos aquellos que osaban quemar
banderas, pero que también manifestaba siempre que su odio hacia todos
aquellos que violentaban la Constitución americana era muy superior. Poco
antes de fallecer, recientemente, el magistrado Scalia, cuando fue
preguntado acerca de su voto en defensa de aquellos que quemaban la
bandera de las barras y estrellas, dijo literalmente: Si fuese por mí,
pondría en la cárcel a todos estos tipos raros con sandalias y con barba
desaliñada que queman la bandera, pero claro, yo no soy un rey.
Por todo ello, vamos a votar a favor de la PNL presentada por Esquerra
Republicana.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
La iniciativa de Esquerra Republicana trae un debate interesante a esta
Comisión de Justicia que, como todo aquello que aquí tratamos, ha de
tener dos perspectivas o dos ángulos; por un lado, tenemos que entenderlo
desde esa perspectiva judicial y, por otro, no olvidar que nos
encontramos ante una Comisión de un órgano como es las Cortes, que debe
tener un componente político. Desde esa doble perspectiva debemos, a
nuestro entender, introducir la intervención de nuestro grupo. Primero
hay que decir que estamos hablando de situaciones de conflictos entre
derechos que han de gozar de protección, pero también hay que explicar
que estamos hablando de comportamientos que se pueden o no penalizar como
una opción de en cada caso los legislativos de cada país, pero que no
deben de entenderse nunca como una criminalización del pensamiento
crítico, incluso ácido que por parte de algunos se puede entender que se
debe tener sobre la monarquía o sobre la figura del rey. No estamos
hablando de esto porque ese tipo de comportamientos han de gozar de la
protección jurídica que retiene nuestra Constitución en el artículo 20;
estamos hablando de si esos hechos constituyen o no una calumnia, una
injuria, una injuria agravada cual sería el ultraje, y para ello debemos
de acudir a los perfiles que fija el Tribunal Supremo en la
jurisprudencia que sobre ello hace. Déjennos que les digamos también que
algunas de las sentencias, por ejemplo la 177/2015 del Tribunal
Constitucional, cuando desliza en relación con la solicitud de amparo de
alguno de los condenados alguna expresión que tiene que ver con el odio,
no es algo que sea compartido por parte de nuestro grupo; creo que
simplemente debemos de constatar si existe la calumnia o la injuria o es
injuria agravada.
He de decir también, al igual que ha hecho el representante del Grupo de
Ciudadanos, que estamos ante unos tipos penales que están ni más ni menos
que en el título 21 de nuestro Código Penal, que son los delitos contra
la Constitución. Nosotros entendemos que no solamente van referidos a la
injurias al rey, estamos hablando también de ultrajes de palabra o por
escrito de hecho a España, a sus comunidades autónomas, sus símbolos o
emblemas efectuados con publicidad. Puestos a pedir la derogación, no al
Gobierno, sino que debería ser una iniciativa parlamentaria legislativa
que plantease el grupo proponente, podríamos también pedir la derogación
del artículo 496 que contempla las injurias graves a las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas, a estas Cortes Generales, o el
503 que castiga las injurias o quien amenace gravemente al Gobierno, al
Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al
Tribunal Supremo y a los consejos de gobierno de las comunidades
autónomas.
Centrándonos en el debate de los ultrajes, de lo que se trata es de la
protección de la Constitución, del interés general del Estado y de su
organización territorial; organización territorial que prevé y que deriva
en nuestro artículo 2 de la Constitución. Esa jurisprudencia entendemos
que fija razonablemente el entorno, que en algunos casos estaremos más de
acuerdo o no con el mismo, pero nos parece que ese delito tiene un
sentido en el perfil que luego diré al final de mi intervención. Se ha
hecho referencia por parte de algunos grupos a la sentencia de 1989 del
Tribunal Supremo, y a nosotros nos parece bien que esos grupos vengan a
traer aquí el ejemplo de Estados Unidos, nos parece perfecto, pero
también hay que indicar que no es el caso en todos los países y no por
ello dejan de ser democráticos. En Italia o Alemania, que junto con
España han sufrido una feroz dictadura, cuando se restituye la democracia
se fija esta situación de opción legislativa. En Francia, por ejemplo, y
no por ello deja de ser un país democrático,
aquellos actos que tengan que ver con ofender públicamente a las
autoridades públicas, el himno nacional o la bandera tricolor tienen una
penalización, y si se cometen en grupo llegan a tener hasta seis meses de
prisión. En Italia, el vilipendio a la nación italiana tiene también ese
castigo, con una pena de uno a tres años de reclusión. En Alemania, el
delito de ultrajes está recogido con profusión y extensión en el Código
Penal alemán e incluso ese delito está contemplado no ya para las
estructuras federales o para los propios Länder, sino también para
aquellos que ultrajan o que producen ese ultraje en relación con símbolos
de otros países. Es verdad que hay otra cultura, cultura más anglosajona
-se ha citado aquello que tiene que ver con la defensa de la primera
enmienda en esa primera resolución del Tribunal Supremo de Estados
Unidos-, también es verdad que no existe esa protección en el Reino Unido
y no por ello dejan de ser países democráticos.
Déjenme que ya vaya avanzando en esta intervención con dos cuestiones. En
primer lugar, yo creo que los hechos no deben de ser nunca objeto de
mentira y no se ha detenido en España a nadie por cometer estos delitos
de ultraje, se ha detenido por no atender a la petición que se hace de
que comparezcan ante los órganos judiciales, que son cuestiones
distintas. En segundo lugar, se puede ser un grupo proponente y ser un
grupo independentista o formar parte de gobiernos independentistas o con
claro contenido independentista, pero ante los hechos condenables
protagonizados por los ultras en la Librería Blanquerna en Madrid -el 19
de febrero de 2016 el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid
emitió sentencia sobre estos hechos- les recuerdo que Convergència i
Unió, presidiendo ese Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Gobierno
del cual ustedes forman parte, interesó la condena por el delito de
ultraje contra la senyera catalana, y además creo que bien interesada. Es
verdad que la Audiencia Provincial no estuvo de acuerdo en aplicar ese
tipo penal, porque dijo que el vilipendio no llegó hasta las
características de la intensidad del tipo, pero sí es cierto que fue
pedida e interesada la condena por partidos independentistas, entre otras
cosas porque, como antes he dicho, cuando hablamos de ultraje lo es
también a los símbolos de las comunidades autónomas.
Nuestro grupo va a votar negativamente, aunque creemos que es un debate
bien traído porque la regulación tiene sentido, pero también decimos que
es mejorable y en este campo nos encontrarán en esa razonabilidad en
cuanto a la mejora. Pero este no es un debate sobre libertad de
expresión, sino sobre una opción que ha tomado un país democrático, como
otros países toman otras opciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero.
El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, inicio el turno de mi intervención para anunciar que el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de la proposición no de ley de
Esquerra Republicana, porque entendemos que los artículos que se
pretenden derogar no son artículos propiamente de opinión sino que están
incluidos en el título 21, libro II del Código Penal dentro de los
delitos contra la Constitución y que protegen en definitiva el
mantenimiento del propio orden político que sanciona la Constitución.
Señorías, coincido plenamente con los portavoces de Ciudadanos y del
Partido Socialista en que la cuestión nuclear que nos trae a debate esta
proposición no de ley no es la colisión entre el derecho a la libertad de
expresión y el derecho al honor del rey o de la familia real, como nos da
a entender la exposición de motivos de la proposición no de ley. La
cuestión es si estamos o no estamos dispuestos a derogar aquellas normas
que protegen el mantenimiento del orden político que sanciona la
Constitución española. Todos los Estados promulgan leyes punitivas a fin
de proteger a sus máximas instituciones orgánicas, es decir, a las
jefaturas del Estado, bien sea un rey o bien sea un presidente de una
república, pero esa protección va dirigida no sólo al titular de la
institución sino a esa misma institución. Se trata de proteger a la
institución en sí y no solo a su titular, que en España se representa a
través de la corona.
Coincido plenamente con los portavoces del Partido Socialista y de
Ciudadanos en que el bien jurídico protegido en los artículos 490.3 y 491
del Código Penal no es solamente el honor del rey sino que es la misma
corona en sí, en cuanto que son valores institucionales que representan y
que vienen definidos en el artículo 54 de la Constitución española. No
obstante, el honor y la dignidad de su majestad el rey también queda
protegido en esos artículos como no podía ser de otra manera, siempre y
cuando sus expresiones o declaraciones se formulen en el ejercicio de las
funciones o se produzcan con ocasión de dicho ejercicio o se utilicen
imágenes para dañar el prestigio de la corona. Fuera de estos casos no
opera la protección de estos preceptos.
Al igual que como muy acertadamente ha dicho el portavoz del Partido
Socialista, el artículo 543 del Código Penal, cuya rúbrica son los
ultrajes a España, no supone en modo alguno un delito de opinión sino que
el bien jurídico protegido -erróneamente a cómo se han formulado por
otros ponentes que me han precedido- son los valores constitucionales que
representan, como son la unidad, la pertenencia, la identificación como
nación española o sus comunidades que se reflejan en determinados
símbolos. El conflicto que plantea la PNL sobre el derecho fundamental a
la libertad de expresión colisionado con el derecho al honor es un tema
suficientemente debatido y resuelto por el Tribunal Constitucional y por
el Tribunal Supremo. Todos conocemos que prevalece el derecho fundamental
a la libertad de expresión frente al derecho al honor, incluido el
derecho al honor de su majestad el rey. Pero la libertad de expresión,
también nos ha dicho esos altos tribunales, no es un derecho fundamental
absoluto e ilimitado, pues lógicamente se encuentra sometido a los
límites que establece el artículo 20, apartado 1, de la Constitución
española, y al mismo tiempo su ejercicio debe enmarcarse en unas
determinadas pautas de comportamiento que define el artículo 7 del Código
Civil, al precisar que los derechos deberán ejercitarse conforme a las
exigencias de buena fe.
En definitiva y para terminar, estos preceptos no castigan la libertad de
expresión, no castigan el ultraje por el simple hecho del ultraje a una
bandera; solo castigan el pretendido derecho al insulto o los
comportamientos en los que se considera que se ha sobrepasado la barrera
que salvaguarda el núcleo intangible de la dignidad de las personas.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Molinero.
- SOBRE REFUERZO DE PERSONAL, DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS
MATERIALES NECESARIOS, TODO ELLO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA
IMPLANTACIÓN, OPERATIVIDAD Y EFICACIA DE LA SEGUNDA INSTANCIA PENAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000749).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley sobre refuerzo de
personal, dotación de infraestructuras y medios materiales necesarios,
todo ello con el fin de garantizar la correcta implantación, la
operatividad y eficacia en la segunda instancia penal. El autor de la
propuesta es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la
palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidenta.
El debate que hoy afrontamos y que queremos traer a esta Comisión es un
debate que, desgraciadamente, hemos tenido de forma reiterada en
muchísimas ocasiones: la necesidad de modernizar nuestra Administración
de Justicia con una clara inversión y dotación presupuestaria. En la
pasada legislatura, en la que el partido mayoritario, el Partido Popular,
aprobó prácticamente con su sola mayoría absoluta distintas leyes tanto
de ámbito procesal como de política criminal, todas ellas vinieron
acompañadas de algo que es realmente inadmisible, no ya carentes de una
memoria económica, sino que venían acompañadas de una disposición
transitoria en la que se nos decía que todos aquellos cambios que se nos
proponían tenían que ser realizados de forma necesaria sin que se
produjera un solo incremento en el presupuesto destinado a la
Administración de Justicia. Nosotros ya anunciamos que estas leyes serían
un fracaso, porque además iban acompañadas, como siempre, por un
principio con el que el Gobierno del Partido Popular intentaba agilizar e
intentó agilizar la Administración de Justicia con dos elementos; por un
lado, sacar asuntos de la Administración de Justicia, sacarlos fuera del
sistema, de la Administración, o bien impedir que entraran a través de
colocar trabas al ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a
la justicia por parte de los ciudadanos. Clara, lamentable y triste
muestra de esto último que indico es la Ley de tasas judiciales.
La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 41/2015,
también ha sido lamentablemente una prueba y una muestra de esto que
acabo de indicar porque muchos casos no se computan, no están en la
Administración de Justicia al impedir la remisión de los atestados
policiales en los casos en que no hay autor conocido del delito
denunciado ya que en este caso no se remiten a los juzgados. Se impide
también que determinados procesos puedan instruirse a través de la
reducción de los plazos de instrucción marcados -6 meses o 18 meses-,
donde grandes causas y grandes macrocausas quedan fuera de esta
instrucción, mermando de nuevo derechos de los ciudadanos, derechos de
los justiciables y permitiendo
algo que es inasumible, y es que determinados delitos queden impunes. En
esta línea, una de las grandes reformas que aportaba esta última reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era hacer que, por fin, nuestro
ordenamiento jurídico respondiera al principio de doble instancia en el
ámbito penal. Un principio en el que distintos acuerdos internacionales,
concretamente el artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos, nos obligaba a la generalización de esta segunda
instancia en el ámbito penal para respetar de forma escrupulosa los
derechos fundamentales del justiciable y acabar con esta situación tan
anacrónica en la que aquellos que eran juzgados por un delito menor
tenían acceso a una segunda instancia y aquellos cuyo delito tenía mayor
gravedad y mayor pena quedaban fuera de la segunda instancia penal,
habiendo convertido nuestro recurso de casación en una segunda instancia
encubierta, y por lo tanto habiendo hecho desaparecer también el interés
casacional tan importante en uniformidad de la aplicación de la norma.
Este era un objetivo loable pero que, desgraciadamente, está siendo
imposible llevar a cabo por lo que ya denunciamos tantas veces y que
acabo de denunciar al principio de mi intervención. Esta ley era
inaplicable en el momento en el que llevaba una disposición adicional que
nos decía que no tenía que suponer el incremento de un solo euro en la
Administración de Justicia. Lo que motiva esta proposición no de ley no
lo dice solo el Grupo Socialista o es una apreciación de este grupo
parlamentario sino que, desgraciadamente, es una realidad denunciada muy
recientemente por los presidentes de los tribunales superiores de
justicia en el transcurso de la reunión celebrada en Logroño los días 17
y 19 del 2016. Esta denuncia es clara; si no hay una adecuación necesaria
y una debida implantación de la reforma que suponga de forma clara el
incremento de medios materiales, la redefinición de las salas, de la
planta y el incremento también de recursos humanos, no va a ser posible
poner en marcha el principio de la doble instancia penal.
Por ello, señorías, y concluyo, el objetivo de esta proposición no de ley
es que se promueva de manera urgente el aumento de planta en las salas de
lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de justicia con el fin
de garantizar la correcta implantación y operatividad de la segunda
instancia penal y, por supuesto, de forma necesaria aumentar o reforzar
en el ámbito de su competencia la dotación de personal e infraestructura
y medios materiales que va a conllevar de forma necesaria el aumento de
planta de las salas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Bernabé.
El señor BERNABÉ PÉREZ: Gracias señora presidenta.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular compartimos el espíritu de la
parte dispositiva de la proposición no de ley del Grupo Socialista e
incluso estamos dispuestos a votarla a favor, siempre y cuando se
incorpore la enmienda que hemos presentado, sobre la base de las razones
que ahora voy a exponer. La enmienda está basada en criterios
exclusivamente de tipo técnico de mejora de lo que es el texto, que
además entendemos que hace viable la proposición no de ley presentada por
el Partido Socialista. Pero sí quisiéramos indicar, ante estas alusiones
a la falta de previsión del Gobierno, que no las compartimos. Podemos
hablar de una limitación por la existencia de un Gobierno en funciones,
pero no de una imprevisión. Digo esto por lo siguiente. El Gobierno, tras
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015, sí que
realizó la previsión de posibles nuevas plazas de magistrados a crear en
las salas que por su carga de trabajo así lo justificaban. Estas
previsiones de nuevas plazas de implantación de segunda instancia penal,
tanto para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional como en las
salas de lo Civil o Penal de los tribunales superiores de justicia, se
recoge expresamente en las previsiones ministeriales de programación del
año 2016, muy avanzadas por cierto en su tramitación pero sin haber
podido materializarlo, dado, como he indicado previamente, la existencia
de un Gobierno en funciones.
Estas previsiones de programación se realizaron como siempre -y recalco
como siempre- de acuerdo con las memorias tanto del Consejo General del
Poder Judicial como de las salas de gobierno de todos los tribunales
superiores de justicia de nuestro país y estaban perfectamente
coordinadas con aquellas comunidades autónomas con las competencias
transferidas, siempre sobre la base de parámetros objetivos de
litigiosidad y de la población existente. En este sentido, hay que
recalcar que consta expresamente en las actas de las reuniones mantenidas
con las comunidades autónomas con las competencias transferidas el
traslado puntual de esta información, y así se recoge en las comisiones
técnicas de 16 de septiembre de 2015 y 9 de febrero de este mismo año de
2016, como en los plenos de la Conferencia Sectorial de 7 de octubre de
2015 y 25 de febrero de 2016. Pero como lo que no se trata es de ver
quién es aquí culpable de la situación y de por qué hemos estado un año
con un Gobierno en funciones y demás condicionantes, vamos a lo que son
los hechos y a lo que es el texto en definitiva en nuestra sentencia, que
consiste simple y llanamente, en el primer punto de la PNL del PSOE,
cambiar la primera frase, donde dice "promover de manera urgente el
aumento de planta en las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales
superiores de justicia" por esta otra que diga "analizar la necesidad de
incrementar el número de unidades judiciales en aquellos ámbitos donde
resulte más necesario -manteniéndose íntegro el resto del primer
párrafo-, con el fin de garantizar la correcta implantación y
operatividad de la segunda instancia penal, singularmente en los
territorios con extensa jurisdicción y número de órganos judiciales
colegiados del ámbito penal". Y en el segundo párrafo, una pequeña
adenda. Después de decir "...aumentar o reforzar en el ámbito de sus
competencias..." añadir "de conformidad con las disponibilidades
presupuestarias existentes", continuando con el texto de la PNL, "la
dotación de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios en
estos órganos jurisdiccionales".
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez ¿acepta la enmienda propuesta por
el Partido Popular?
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: No tendríamos problema si en el párrafo primero
que nos propone el Partido Popular pudiera aparecer que después de
analizar la necesidad de incrementar el número de unidades judiciales en
aquellos ámbitos donde resulte más necesario, se promueva de manera
urgente paliar esta situación. Compartimos que hay que analizar la
necesidad pero ya hay análisis y nuestro objetivo es que de forma urgente
procedamos a ello. Lo podemos hablar.
La señora PRESIDENTA: Sí, pueden intentar la transacción y la presentan
por escrito.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, sí no habría problema.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la propuesta. Compartimos el
diagnóstico de que durante la anterior legislatura se promovieron
reformas que no atacaron los problemas de fondo de la justicia que yo
creo que compartimos todos los grupos que estamos en esta Comisión; esos
problemas de fondo que tienen que ver entre otras cosas con los medios
tanto humanos como materiales y también con problemas organizativos que
hay que afrontar. Se adoptaron iniciativas de reforma, insisto, sin
afrontar estos problemas de fondo y creemos que en esta legislatura lo
que nos toca a todos es intentar afrontar estos problemas de fondo de la
justicia, intentar paliar estas carencias.
En cuanto a la propuesta en concreto que se nos presenta, estamos de
acuerdo con los dos puntos fundamentales que se expresan en la misma,
tanto el aumento de la planta en la sala de lo Civil y lo Penal de los
tribunales superiores de justicia como en la necesidad de incrementar
esos recursos personales y materiales. Creemos que la Ley 41/2015 intentó
esa reforma, pero se ha demostrado incapaz para instaurar esta segunda
instancia penal de una forma eficaz por la falta de estos medios y
también por los problemas organizativos que no se han resuelto.
De acuerdo con el pacto de investidura firmado con el Partido Popular, en
el que hacíamos referencia a la necesidad de incrementar medios humanos y
materiales y también a la modernización y digitalización de la justicia,
vamos a votar a favor de la propuesta del Partido Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Villegas.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem-En Marea, tiene
la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias señora presidenta.
Vamos a votar a favor de la propuesta presentada, como no podía ser de
otra manera. Realmente celebramos que finalmente la Ley 42/2015 viniera a
cumplir la exigencia de esta doble instancia penal; el hecho de que el
fallo condenatorio y la pena sean sometidas a un tribunal superior es una
exigencia
internacional desde el año 1950 cuando el Convenio europeo para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ya
establecía, ya consagraba el derecho a un recurso efectivo, y el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos del año 1966 también venía
a establecer la necesidad de esta segunda instancia penal.
Más de cincuenta años después, la Ley 42/2015 viene a atender
legislativamente lo que venía siendo incumplido sistemáticamente por el
Estado español, de manera que vamos a dar nuestro apoyo. Sin embargo,
como ha dicho la proponente, la Ley 42/2015 sí que establece otras
medidas pretendidamente de agilización de la justicia penal y del
fortalecimiento de las garantías procesales que no nos parecen en
absoluto pertinentes, como hemos defendido en otras ocasiones. No cabe
duda que en un mundo ideal en el que la justicia tuviera las necesidades
cubiertas de recursos materiales, humanos y logísticos, establecer unos
plazos sería lo más recomendable, sin embargo, tal y como tenemos la
justicia a día de hoy, carente de todos estos mecanismos, reformas como
la del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal devienen en la
práctica inaplicables o generan efectos perversos, como cerrar en falso
las instrucciones de causas complejas. Sí vamos a votar a favor, pero no
vamos a dejar de pasar la ocasión de recordar que todas las reformas
procesales que nos propone el ministro de Justicia en su ambiciosa
reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esas pretendidas
medidas de modernización de la justicia, no van a ser posibles sin una
necesaria dotación de personal, infraestructura y medios materiales
suficientes, sino que en todo caso van a quedar únicamente como buenas
intenciones y como dice la sabiduría popular, de buenas intenciones el
camino del infierno está empedrado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moya.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL GRUPO DEL
CONSEJO DE EUROPA DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GRECO). PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001010).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley sobre el
cumplimiento de las recomendaciones del informe del grupo del Consejo de
Europa de Estados contra la corrupción (GRECO). Es proponente el Grupo
Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor
Rallo.
El señor RALLO LOMBARTI: Muchas gracias, presidenta.
Como conocen todos los grupos parlamentarios, en octubre de este año se
hizo público el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, el
Informe Greco del Consejo de Europa. Los resultados de ese informe han
supuesto un severo correctivo para el Gobierno del Partido Popular ante
su inacción en la lucha contra la corrupción, al concluir que todas las
recomendaciones del informe han sido desatendidas en mayor o menor
medida, o parcial o totalmente. De forma meridianamente clara, el informe
proclama que el cumplimiento es, sin más, globalmente insatisfactorio. El
informe deja a las claras que la apariencia creada por el Gobierno del
Partido Popular de que durante la X Legislatura se había impulsado un
ambicioso paquete de reformas de lucha contra la corrupción ha quedado en
muy poco. El famoso Plan de regeneración democrática y la inacción
también en sede parlamentaria de la mayoría política del Partido Popular
han abortado buena parte de las iniciativas dirigidas a dar satisfacción
a este informe. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado
esta proposición no de ley, que aboga por el cumplimiento íntegramente de
todas las recomendaciones del Informe Greco, aportando propuestas
específicas que esperamos cuenten con el apoyo de esta Cámara, en las
tres vertientes en las que se proyecta el Informe Greco: Parlamento,
Poder Judicial y Fiscalía.
En concreto, hay unas medidas que van dirigidas a reforzar la probidad y
las buenas prácticas en el entorno parlamentario, y a tal efecto se
propone reforzar las obligaciones de información referidas a las
declaraciones de actividades y bienes patrimoniales de los diputados,
establecer la obligación de los diputados de presentar una certificación
de Hacienda sobre su situación patrimonial y el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, otorgar más facultades a la Comisión del Estatuto
del Diputado para comprobar la veracidad de las declaraciones de
actividades, aprobar un código de conducta de los parlamentarios y crear
un registro público de grupos de interés o de lobbies.
En relación con la institución de la Fiscalía, también hay propuestas
dirigidas a reforzar la autonomía del ministerio fiscal no limitándola a
través de determinados específicos mecanismos, sumando a la comparecencia
previa del fiscal general en el proceso de nombramiento ante el
Parlamento la posibilidad
de que la Comisión de Justicia pueda rechazar de forma razonada la
propuesta por un mayoría cualificada e instando también que se refuercen
y se garanticen unas relaciones más transparentes entre el Fiscal General
del Estado y el Gobierno, potenciando las funciones del Consejo Fiscal,
de la Junta de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala, incrementando
su autonomía a través de una mayor dotación de medios, aprobando un
código deontológico del ministerio fiscal.
El ámbito nuclear sin duda de este informe y de las propuestas que realiza
el Grupo Socialista tienen que ver con el Poder Judicial. Todas ellas
dirigidas a reforzar esa probidad y buenas prácticas y alejamiento de
contaminación política, que es lo que pretende en última instancia el
Informe Greco. Planteamos, entre otras cosas, la aprobación de un código
ético para los jueces -la casualidad ha querido que hoy el Consejo
General esté aprobando en pleno precisamente ese código ético-, que se
revise el régimen de incompatibilidades de los vocales del consejo que no
tienen dedicación exclusiva para evitar conflictos de intereses públicos
y privados en el ejercicio de sus funciones, una cuestión de poco impacto
hasta el momento pero que puede plantearse. Ese código ético es
fundamental, lo vimos en la comparecencia del candidato a Fiscal General
del Estado, donde buena parte de los grupos pusieron en cuestión
determinadas prácticas de los jueces y en este caso del candidato, que no
se hubiesen cuestionado ni producido de haber existido este código ético.
Y por último, la proposición no de ley busca reforzar la independencia
del Poder Judicial en los términos que exige el Informe Greco, que es
evitar la apariencia de influencia política en el procedimiento de
selección, en concreto de jueces y magistrados. Por ello, instamos al
Gobierno a que adopte las medidas normativas necesarias para establecer
legalmente los criterios objetivos y las reglas de evaluación adicionales
necesarias para evitar que exista duda en la preeminencia de los
principios de mérito y capacidad en el nombramiento de altas
magistraturas judiciales, reduciendo o impidiendo por lo tanto la
discrecionalidad. Reforzar la independencia de la justicia, no le cabe
duda alguna al Grupo Parlamentario Socialista, que exige mantener el
modelo actual de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, todos ellos, los de elección parlamentaria por supuesto está en
la Constitución expresamente y también los vocales no judiciales, pero
perfeccionándolo a través de determinados mecanismos en el proceso de su
elección: convocatoria pública de las vacantes, evaluación de su
competencia e idoneidad, existencia de un comité asesor de composición
profesional que lo fiscalice, sesiones de audiencia y la prohibición de
que puedan aspirar aquellos que hayan ostentado en los últimos dos años
determinados cargos a esa condición.
Avanzo la explicación que requeriría rechazar la enmienda que va a
plantear el Grupo Ciudadanos, una enmienda que lo que pretende es
revertir el modelo actual de elección parlamentaria de los vocales no
judiciales sobre la base de una serie de argumentos. No vamos a aceptar
esa enmienda, pero sí que queremos apuntar y contestar al argumento que
está implícito en la presentación de la misma, entendiendo que la
independencia de la justicia se puede ver mejor garantizada a través de
un sistema de elección de los vocales no judiciales por sus pares, es
decir, por los jueces.
Me gustaría terminar trayendo a la Comisión algunos datos del
Eurobarómetro de abril de 2016 sobre percepción de la independencia de la
justicia por parte de los ciudadanos europeos, porque ofrece algunos
datos muy interesantes y muy reveladores respecto de qué países son
aquellos en los que la percepción de la justicia es muy buena o bastante
buena en función de cómo está articulado el Gobierno del Poder Judicial.
Curiosamente países como Finlandia, Suecia, Austria o Alemania, sin
Consejo General del Poder Judicial, ofrecen correlativamente porcentajes
de satisfacción muy buena o bastante buena del 77 %, 77 %, 72 % y 69 %.
Otros países en los que la composición de sus respectivos consejos
generales o consejos de la magistratura es una composición en la que no
existe una mayoría de miembros jueces elegidos por jueces, como en
Dinamarca, Holanda, Francia y Dinamarca, la satisfacción por la
independencia de la justicia es ni más ni menos que del 88 %. En Holanda
es del 72 % y en Francia es del 54 %. Es verdad que en nuestro país los
resultados son muy negativos, apenas el 30 % consideran muy buena o
bastante buena la percepción de la independencia del Poder Judicial, pero
no es menos cierto que en otro país en el que los miembros integrantes
del Consiglio Superiore de la Magistratura, es decir, Italia, todos ellos
elegidos por los jueces, la percepción de la independencia de la justicia
es ni más ni menos que del 25 %; solo el 25 % califica como muy buena o
bastante buena la percepción por parte de los ciudadanos de la
independencia de los jueces, frente a ese muy modesto 30 % que ofrece
España y que obviamente a través de buena parte de las propuestas que
hemos formulado creemos que puede mejorarse.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos apoya la implementación en nuestras
instituciones de las recomendaciones recogidas en el Informe Greco 2016,
pues supondría una mejora sustancial en la regeneración y calidad
democrática e institucional de nuestro país, elementos ambos que, como
saben, son centrales en nuestro programa político.
El informe que emite el Grupo de Estados contra la Corrupción deja en
evidencia a nuestro país al calificar de globalmente insatisfactorio el
cumplimiento de sus anteriores recomendaciones. Sin embargo, a pesar de
nuestra voluntad de apoyar cualquier iniciativa dirigida a regenerar
nuestras instituciones, nos encontramos con que la propia PNL presentada
por el Grupo Socialista es contraria precisamente a las recomendaciones
del informe. En concreto, el Informe Greco señala, al referirse al
Consejo General del Poder Judicial, el deber de evitar que las
autoridades políticas intervengan en los procesos de designación de la
magistratura y en consecuencia preservándolo de toda influencia política
efectiva o apariencia de la misma. Por ello, habíamos presentado una
enmienda, que ya se nos ha anunciado que va a ser rechazada, con el único
objetivo de adecuar el contenido de la PNL al informe, pues mantener como
pretende el Grupo Socialista la designación parlamentaria de los vocales
de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial es contraria a
la separación de poderes y a todas las recomendaciones que nos llegan
desde las instituciones y tribunales europeos.
Señorías, no existe una irrenunciable legitimidad parlamentaria, como
indican en su exposición de motivos, lo que existe es una irrenunciable
necesidad de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. Se nos ha
dicho por el portavoz socialista que la elección parlamentaria de los
vocales está en la Constitución; esto es absolutamente incierto; en la
Constitución se remite a su desarrollo posterior en una ley orgánica. En
este sentido, el Consejo de Europa señala en su informe titulado:
"Desafío a la independencia judicial y a la imparcialidad de los Estados
miembros del Consejo de Europa", que de acuerdo a los estándares europeos
al menos una mayoría sustancial de los miembros de los órganos de
gobierno de los jueces deberían ser elegidos por los miembros de la
judicatura con pleno respeto a su pluralismo. Y subraya, con especial
preocupación, que el sistema de elección español no permite al Consejo
General del Poder Judicial garantizar la separación de poderes, pues la
elección depende de cuotas pactadas entre los partidos políticos, siendo,
en consecuencia, eminentemente una elección política.
Se nos han ofrecido muchos datos por el portavoz socialista, datos
correspondientes a otros países; curiosamente los que expresan un mayor
grado de satisfacción son aquellos países en los que no existe un órgano
de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, pero yo le voy a dar
otros datos: también la Comisión Europea en su comunicación en relación
con los indicadores de la justicia, del 2016, señala que nuestro país
ocupa el puesto vigésimo tercero en cuanto a la percepción del público
sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces.
Alrededor de un 57 % tiene una percepción muy mala o bastante mala y, más
del 40 % de los españoles encuestados, considera que la razón de esta
falta de independencia se debe a la injerencia o presión del Gobierno y
los políticos. Urge, por tanto, una reforma en este sentido, y por ello
desde Ciudadanos insistimos y le invitamos nuevamente a sumarse a nuestra
enmienda, dado que es una propuesta que cuenta con un amplísimo apoyo
social con el consenso de las cuatro asociaciones judiciales y que da
efectivo cumplimiento a las recomendaciones europeas que dicen querer
implementar en su iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gómez Balsera. Señor Rallo ¿mantiene
el rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos?
El señor RALLO LOMBARTE: Sí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para fijación de posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra, en primer lugar, la señora Ciuró (Pausa); no va a intervenir.
Entonces, tiene la palabra el señor Bataller.
El 11 de octubre Compromís presentó una proposición no de ley que es
sustancialmente coincidente con la que ahora estamos debatiendo y, por
este motivo, nosotros vamos a apoyarla. Y quiero referirme especialmente
al mantenimiento que se hace en esta proposición del sistema de elección
parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que
nosotros apoyamos, y alabamos que se nos proponga un sistema mejorado de
elección para no confundir parlamentario con partidista. Sin embargo,
hemos de insistir en que el Consejo General del Poder Judicial es un
órgano de gobierno, no es una instancia jurisdiccional más y, por ello,
no cabe una elección judicial que a la postre sería corporativa.
Entendemos que no cabe volver al sistema anterior, a la Ley Orgánica de
1985, y conferir al colectivo formado por 5.171 jueces la facultad de
elegir estos miembros del Consejo General del Poder Judicial frente a los
representantes de la soberanía nacional, que si no me equivoco
representamos a 45 millones de españoles.
La tripartición de poderes ha tenido diversas lecturas. Nuestra
Constitución no sigue el modelo puro de Montesquieu, sino que como todos
saben sigue el denominado modelo jacobino en el cual el Poder Legislativo
tiene una primacía, el Poder Legislativo es el que determina el Poder
Ejecutivo y determina también su cese, y también el Poder Legislativo
como depositario de la soberanía debe ser quien fije el modo y manera en
que va a ser elegido el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Por tanto, nosotros sí que alabamos -insisto- esta propuesta, que se
presenta por el Partido Socialista, para mejorar el sistema de elección
parlamentaria, eliminar el sesgo partidista, pero mantener residenciada
aquí en sede parlamentaria esta elección. También nos parece positivo que
se quiera reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal; es bueno que esto
se haga, es un buen paso, aunque nosotros en Compromís hemos sostenido la
necesidad de una elección directa por la ciudadanía del Fiscal General
del Estado, así como del Defensor del Pueblo, porque ambos son órganos
unipersonales, resaltados constitucionalmente con funciones de primer
orden y deberían ser elegidos mediante un mecanismo directo, pero
entiendo que como un primer paso nos parece aceptable.
Por estos motivos, nosotros votaremos favorablemente esta proposición no
de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Bataller.
El Grupo Parlamentario Vasco no está. Por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, señora Capella, tiene la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias presidenta.
Quiero anunciar el voto favorable de Esquerra Republicana, en atención a
que los informes del Grupo de Estados contra la corrupción Consejo de
Europa de Estados han dejado durante estos años, van dejando en cada uno
de los informes, muy mal parado al Estado español. Durante la X
Legislatura, tratando de hacer ver que se intentaba cumplir el mandato de
este grupo y, por tanto, el mandato contenido en el informe a través de
la Ley de Transparencia, se intentó mejorar y adaptar alguna de las
consideraciones del informe. Así lo defendimos en aquel momento, porque
no votamos a favor de la Ley de Transparencia, ya que resultó ser
insuficiente y no fuimos los únicos que no votaron a favor de esa ley,
porque es manifiestamente insuficiente y es manifiestamente mejorable. En
este sentido, algunos de los aspectos que debían ser desarrollados no se
han desarrollado aún, en relación, por ejemplo, al registro de lobbies y
grupos de interés.
Quiero contraponer la Ley de Transparencia aprobada por el Parlament de
Catalunya, como ley moderna, mucho más eficaz que abunda y realmente
introduce elementos interesantes en relación a la transparencia y,
ponerla de ejemplo, en el sentido de que a lo mejor en este caso el
Estado español debería aprender, porque iba en la línea de lo que decía
el informe Greco, no porque lo hiciésemos nosotros, sino porque recogía
prácticamente todas las recomendaciones.
En relación a los aspectos de la proposición no de ley, los compartimos en
absoluto todos, compartimos también esta defensa que se hace del órgano
de gobierno de los jueces como no jurisdiccional, sino de gobierno de los
jueces y, por tanto, que su elección no puede estar en exclusiva en manos
de los jueces por cuestiones obvias y que, en definitiva, seguramente el
sistema de elección es mejorable. En este caso, la proposición no de ley
va en este sentido, mejorar el actual sistema de elección. Quiero
insistir en un tema que a veces parece que se nos olvida, que el problema
no es del órgano del Consejo General del Poder Judicial, sino también de
las sucesivas reformas que ha tenido este órgano, esta institución en el
sentido de menoscabar las funciones propias del pleno, de los distintos
miembros que la componen, su
exclusividad o no exclusividad. En este aspecto, consideramos en Esquerra
Republicana que ha ido en perjuicio de la independencia y también de las
funciones propias del Consejo. En cuanto a si el instructor debe ser un
miembro vocal o un instructor funcionario, tampoco compartimos esta
reforma; en definitiva, creemos que debemos volver a rehacer lo que fue
esta última reforma operada en el seno de la X Legislatura. En cuanto al
resto de consideraciones que se tienen en la proposición no de ley,
compartimos la necesidad de reformar la autonomía del ministerio fiscal y
en todos los aspectos que se plantean. No sin decir que sería necesario
abordar una reforma en profundidad de lo que es el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, las funciones, etcétera, máxime si estamos de acuerdo
-ya veremos si estamos o no-, pero en todo caso si las reformas que se
apuntan son reformas del procedimiento penal que van a la diferenciación
clara de la función de instructor y la función del juez de garantías, es
evidente que no podemos continuar con este modelo de ministerio fiscal,
ni tampoco con el estatuto ni tampoco con estas reglas poco claras de
hasta dónde llega la sombra del Gobierno de turno para condicionar la
acción del ministerio público.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Sí, gracias señora presidenta.
Mi Grupo Parlamentario va a apoyar también la proposición no de ley que
plantea el Grupo Socialista. Nos parece adecuada y pertinente, además, en
el tiempo, puesto que fue en el pasado mes de octubre cuando se conoció
el informe final del Grupo de Estados contra la corrupción, que ya venía
de largo -ya viene del año 2014-, y se emitió tras las alegaciones que
dictó el propio Gobierno en su momento, lo que supuso un auténtico
varapalo a la actuación del Gobierno del Partido Popular a lo largo de
los últimos años; actuación que el Gobierno trató de endulzar o plantear
en plan propositivo bajo el Plan de regeneración democrática, que como ha
quedado absolutamente claro en el texto del propio informe, y en las
intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, supuso un auténtico varapalo.
Nos parecen adecuadas las medidas que plantea la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, dado que recogen en lo fundamental las
propuestas que hace el informe Greco y que el Gobierno no implementó en
su momento, tal y como hizo el propio informe. Son propuestas que en
parte dependen de las Cortes Generales, dependen de esta casa; tendrían
que ver con una modificación reglamentaria y las cuestiones ligadas al
Gobierno propio de esta Cámara y quizá deberían abordarse con prontitud,
incluso con prontitud, antes que otras reformas constitucionales -de las
que también se están hablando-, y engarzo aquí con la intervención del
señor Rallo cuando hablaba de la percepción que hay en determinados
países en los cuales no existe el órgano de gobierno de la judicatura
-pues también sería una cuestión a debatir-, y una posible reforma
constitucional; si es mejor mantenerlo como en la Constitución vigente o
suprimirlo. En todo caso, antes de llegar a esa fase se plantean las
cuestiones derivadas del gobierno de la casa, del reglamento del Congreso
que debería sufrir modificaciones. No se incluye todo lo que plantea el
informe Greco respecto a detalles en concreto que deberían incluirse en
nuestras declaraciones como diputados y demás, pero se podría llegar a
ello en un trabajo parlamentario posterior.
Otra serie de cuestiones también dependen de esta casa, dependen de
modificaciones legislativas que se deberían emprender, pero dado el
proceso legislativo propio de las Cortes Generales tan vinculado a las
capacidades propositivas del Gobierno, nos vemos muchas veces impedidos
de trabajar con toda la celeridad que nos gustaría a la hora de
implementar las determinadas modificaciones legales que se plantean en
esta proposición no de ley. Y otras cuestiones son directamente
dependientes del Gobierno y no directamente de esta casa; me refiero a
cuestiones ligadas a la Fiscalía, a la independencia de la Fiscalía, a
las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno o al desarrollo
reglamentario del estatuto del ministerio fiscal, todavía pendiente
después de tantísimos años.
En definitiva, se plantean una serie de propuestas que son perfectamente
aceptables.
No quisiera acabar sin hacer una última reflexión respecto al
procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, que era objeto de una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos. Mi grupo parlamentario tiene diferentes
visiones respecto de esto, pero en lo fundamental, en lo que no estamos
de acuerdo es en que el procedimiento se convierta en un procedimiento
final corporativo en el que sean los jueces los que vayan a elegir al
órgano de Gobierno.
El órgano de Gobierno debe emanar del poder popular. La diferencia que
tendríamos en mi grupo parlamentario sería si continuamos con un
procedimiento como el actual, o las Cortes Generales, con una mayoría
reforzada, son quienes eligen a los miembros del Consejo General del
Poder Judicial -que es un procedimiento manifiestamente mejorable- o si
incrementamos el corpus a elegir, el corpus que tiene que elegirlo, y que
sea el pueblo español en su conjunto.
En cualquier caso, nuestra justicia tiene muchas cuestiones todavía que
mejorar y el trabajo que nos queda por delante es amplio y abundante.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
La verdad es que la iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Socialista es
una auténtica proposición no de ley ómnibus en el sentido de que hace
referencia a muchísimas medidas o implica no solamente a esta Cámara,
sino al Gobierno, ministerios, Congreso, Senado, incluso a un parlamento
autonómico, puesto que en algunos puntos hace referencia a parlamentarios
sin especificar, al Consejo General del Poder Judicial y al propio Poder
Judicial en su conjunto. Aun así, en el Grupo Parlamentario Popular
estamos -creo que no hay ninguna duda- absolutamente comprometidos con
las medidas del informe Greco, con las recomendaciones que desde el
informe Greco se nos plantean; de hecho, en muchas de ellas ya se ha
trabajado, en muchas de ellas se está trabajando. Lo que ocurre es que
quizá nos parezca un poco complicado intentar hacer frente a todas esas
recomendaciones en una sola proposición no de ley.
En cuanto a la elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos ya se refiere
precisamente a la elección de esos doce miembros del consejo de
procedencia judicial y, desde el ministerio, ya se están estudiando
medidas para mejorar la percepción social de la independencia judicial,
entre las cuales destaca la revisión del sistema de elección de los
vocales mediante un modelo que goce de consenso entre jueces, sus
asociaciones, los grupos políticos. Relacionado con esa elección estaría
también el sistema de incompatibilidades de esos miembros, y es más desde
el Gobierno ya se está trabajando porque el ministro en su comparecencia
ya anunció incluso la necesidad de regular las llamadas puertas
giratorias entre la política y la judicatura.
Otro paquete de medidas se refiere a diputados o parlamentarios en
general, y eso correspondería adoptarlas en el seno de la Comisión de
Reglamento, con lo cual, aunque esta Comisión sólo hiciese un
reconocimiento a esas medidas que el informe Greco recomienda sí que
podría condicionar o circunscribir un poco el diálogo al que luego esa
Comisión debería hacer frente. El ministerio de Justicia también anunció
en su comparecencia su intención de proceder a revisar el sistema de
nombramientos de altos cargos judiciales. Se hace referencia a otras
medidas que tienen que ver con competencias disciplinarias sobre jueces y
magistrados, que recaen en el Consejo General del Poder Judicial, por lo
tanto, toda propuesta que se formule en ese sentido debería contar con
dicho órgano constitucional. En cuanto al código deontológico, al que ha
hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista, precisamente estamos
en un momento en el que el consejo ya va a aprobarlo.
En definitiva, señorías, en el Grupo Parlamentario Popular no queremos que
quede ninguna duda sobre nuestra disposición, como siempre hemos tenido,
a hablar y debatir sobre temas relacionados con la regeneración
democrática y con la lucha contra la corrupción. Ya en la X Legislatura
del presidente del Gobierno propuso un pacto para la lucha contra la
corrupción que no fue aceptado por el partido mayoritario de la oposición
y, por eso, emprendimos en solitario un paquete de medidas para la
regeneración, el mayor paquete de medidas que se han aprobado en nuestra
historia. De manera que damos la bienvenida al Grupo Socialista por su
interés en estas medidas; nuestra mano sigue tendida como siempre; de
hecho intentaremos llegar a algún acuerdo y, desde luego, en el Grupo
Parlamentario Popular no queremos que quede ninguna duda sobre nuestro
compromiso de hacer frente a todas esas recomendaciones. Es verdad que no
todas se pueden implementar en un primer impulso, pero nosotros pensamos
que con pequeños pasos se hacen grandes y largos caminos, con lo cual ahí
siempre nos van a encontrar.
Muchísimas gracias. (El señor Rallo Lombarte pide la palabra).
El señor RALLO LOMBARTE: Sí, teníamos entendido que el Grupo Popular iba a
presentar una transaccional que habíamos hablado con la portavoz.
La señora CORTÉS BURETA: Sí, por eso digo que, en cualquier caso,
trataremos de llegar a un acuerdo en la transaccional que estamos
preparando.
El señor RALLO LOMBARTE: Pero tendrá que anunciarla ahora en sus términos.
(El señor Campo Moreno pronuncia palabras que no se perciben).
La señora CORTÉS BURIETA: Estamos terminando la redacción, por eso no
la...
El señor RALLO LOMBARTE: Pero no puede pasar el turno, entiendo, sin
anunciarla para que la podamos admitir, ¿no?
La señora PRESIDENTA: ¿Se va a presentar una transaccional o no? (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben). La enmienda de
Ciudadanos no ha sido aceptada.
El señor RALLO LOMBARTE: La de Ciudadanos, pero el Grupo Popular proponía
una transaccional.
La señora PRESIDENTA: Va a presentar una transaccional, ¿sí o no? Es que
no lo ha avanzado tampoco, por lo tanto,...
La señora CORTÉS BURIETA: Por eso he dicho que estamos intentando llegar a
un acuerdo, quizá se me ha olvidado decir que en una transaccional; lo
reitero ahora, pero que estamos todavía acabando la redacción y
pendientes de hablar una cosa con el Grupo Socialista. (El señor Sixto
Iglesias y otros diputados pronuncian palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Por favor, un poco de orden. ¿Pero van a presentar
una transaccional sobre qué aspecto concreto de la proposición no de ley?
La señora CORTÉS BURIETA: Sobre el conjunto.
La señora PRESIDENTA: Una transaccional sobre el conjunto. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben). Queremos saber
exactamente, cuál es la posición del Grupo Popular; una transaccional ¿a
qué?
La señora CORTÉS BURIETA: A varios de los puntos que hace referencia su
iniciativa.
La señora PRESIDENTA: ¿Podría adelantar a qué puntos?
La señora CORTÉS BURIETA: Concretamente no, porque creo que todavía
estamos pendientes de uno de ellos.
La señora PRESIDENTA: ¿Lo van a negociar?
La señora CORTÉS BURIETA: Sí, lo anunciaremos con anterioridad a la
votación y daremos traslado al resto.
La señora PRESIDENTA: Anuncian ya que con anterioridad a la votación van a
intentar...
La señora CORTÉS BURIETA: Si llegamos a un acuerdo, lo presentaremos a la
Mesa y lo haremos llegar a los grupos parlamentarios
La señora PRESIDENTA: Es verdad que aunque no sea una enmienda la
posibilidad de presentar, de llegar a un acuerdo transaccional es
posible; por lo tanto, intentan llegar a un acuerdo en el tema de una
posible transacción.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley. Vamos a hacer la relativa a
la modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. El
proponente es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Santos.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Señora presidenta, con permiso, y antes de
darle la palabra al compañero de Podemos, no sé si se ha saltado la
proposición no de ley del punto 8.º, relativa al fraude fiscal que
sería...
La señora PRESIDENTA: La ponente estaba -nos ha dicho- en el Pacto de
Toledo y, por eso, estamos intentando alterar el orden. Vamos un poco
desordenados, hacemos esta (Un señor diputado pronuncia palabras que no
se perciben), pero el problema es que no está la ponente del Grupo
Parlamentario Socialista. (La señora Carreño Valero: Yo también tengo que
ir a otra Comisión.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben).
Señor Santos, ¿va muy mal de tiempo para que hagamos la Ley de Amnistía
primero?
El señor SANTOS ITOÍZ: No.
La señora PRESIDENTA: La situación es muy complicada para todos y les
agradezco especialmente el esfuerzo que están haciendo. Entonces, si no
le importa, hacemos ahora la de amnistía y luego ya esté o no esté
hacemos la del... (La señora Perea i Conillas entra en la sala).
Pues mire, ha sido oírlo y entrar.
- RELATIVA A LOS DELITOS DEL FRAUDE FISCAL Y EL FRAUDE DE SUBVENCIONES,
DESGRAVACIONES O AYUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA. (Número de expediente 161/000966).
La señora PRESIDENTA: Señorías, cambiamos el orden -perdonen- y hacemos la
relativa al fraude fiscal -señora Perea, estábamos esperando por usted- y
el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las
administraciones públicas. El proponente es el Grupo Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Tiene la palabra, señora Carreño.
La señora CARREÑO VALERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hoy presentamos una iniciativa para dar una nueva redacción a
los artículos 305 y 308 del Código Penal, relativos al fraude fiscal y al
fraude en subvenciones públicas, con el objeto de rebajar la cuantía
constitutiva del delito a 50.000 euros. Se trata de una iniciativa que ya
presentamos en la legislatura anterior y esperamos que esta vez se lleve
a término. Seguiremos insistiendo en este tema porque consideramos que es
absolutamente necesario que el Gobierno emprenda medidas para combatir el
fraude fiscal. Es necesario porque precisamente ahora, una época del año
en la cual hablamos de presupuestos y suenan las palabras como techo de
gasto o recortes, parece que el Gobierno del Partido Popular querrá
continuar por la senda de la austeridad, por esa senda que tiene como
objetivo disminuir el gasto público y que ha causado tanto daño a la
ciudadanía de nuestro país, llevándonos a estar en la cabeza de la
desigualdad de la Unión Europea.
Nosotros no queremos seguir por este camino, no queremos seguir por este
camino porque es el camino que ha expulsado a más de 120.000 estudiantes
de la universidad, que está desmantelando la sanidad pública, que ha
impuesto, por ejemplo, barreras económicas a la justicia como fue el caso
de las tasas y que, en definitiva, está recortando los derechos sociales
de nuestro país. Ahora, además, peligran también las pensiones de
nuestros mayores y nosotros queremos garantizar los derechos sociales,
los servicios públicos y las pensiones. Por eso consideramos esencial
cambiar la vía que se ha seguido a una que opte por aumentar los ingresos
públicos; no podemos seguir reduciendo el gasto, sino que tenemos que
aumentar los ingresos. Por eso es necesario emprender dos medidas: una de
ellas sería la reforma fiscal expansiva, para que pague más quien más
tiene y, otra, la que nos ocupa ahora, es la lucha contra el fraude,
puesto que sin aumentar impuestos podríamos recaudar muchísimo más, y es
que más de 70.000 millones de euros al año escapan al control de la
Hacienda pública. (El señor Matos Mascareño ocupa la Presidencia).
Imagínense lo que podríamos hacer con esa cantidad para luchar contra la
desigualdad en nuestro país.
Recientemente, además, hemos tenido constancia del escándalo conocido como
Football Leaks. Hemos sabido que muchos futbolistas que son además
considerados ídolos por los niños y por los mayores en nuestro país
continuamente cometen fraude fiscal. Según la revista alemana, Der
Spiegel, el fútbol profesional está más cerca del crimen organizado que
de cualquier ideal deportivo y, los clubes
españoles, están promoviendo el fraude; se trata de clubes que además
deben enormes cantidades a Hacienda y que reciben dinero público para
construir estadios. En lo que se demuestra que no tienen ninguna
vergüenza en promover el fraude fiscal, está el caso del Barça que, en
concreto, lanzó una campaña por redes sociales cuando Messi fue condenado
por fraude fiscal. La campaña que decía: Yo soy Messi, fue un
enaltecimiento del fraude para solidarizarse con una persona condenada
por fraude fiscal. Hacen todo esto porque se sienten impunes, se sienten
impunes porque, al fin y al cabo, es una conducta poco perseguida porque
no existe una regulación correcta.
Hace unos días la infanta, implicada en el caso Noos, decía que no hizo
algo distinto de lo que hacen todos; y visto lo que se supo con el
escándalo de los Papeles de Panamá seguramente todos sus conocidos hacen
esto, pues incluso la persona que protagonizaba el anuncio de Hacienda,
la que nos decía a todos que teníamos que hacer la declaración de la
renta porque Hacienda somos todos, eludía impuestos a través del despacho
Fonseca. Pero no es cierto que todos hagan esto en este país, puesto que
para empezar no todos tienen la capacidad de desviar cientos de miles de
euros a paraísos fiscales a través de sociedades opacas. Es una conducta
que realizan aquellos que más tienen y, por eso, merece una mayor
reprobación.
El fraude constituye además una de las grandes preocupaciones de la
sociedad y aproximadamente un 65 % de los españoles consultados por el
CIS consideran que el Estado no hace lo suficiente en la lucha contra el
fraude. Efectivamente estamos a la cola de los recursos destinados a
combatir el fraude fiscal y están siendo mal destinados, puesto que
persiguen al fontanero que, por ejemplo, no paga 50 euros de IVA pero no
a las rentas altas que acumulan el 72 % del fraude fiscal.
Lejos de tomar medidas contra ello, el ministro Montoro aprobó hace dos
legislaturas una amnistía para amparar la conducta delictiva de aquellos
que se definen como patriotas pero que tienen su dinero en Suiza. Por eso
consideramos que en este país necesitamos un plan integral contra el
fraude, un plan que excedería el contenido de esta Comisión, puesto que
más allá de cambiar el Código Penal habría que aumentar los recursos o
crear una agencia internacional. Este es un primer paso y, por ello,
instamos hoy al Gobierno a modificar el Código Penal.
Recordamos que actualmente el tipo de fraude fiscal y fraude a las
subvenciones establece que para cometer un delito se tiene que defraudar
más de 120.000 euros en el mismo tipo impositivo y en el mismo ejercicio.
Esto parece una cantidad desproporcionada, sobre todo, si tenemos en
cuenta que la última reforma, del Código Penal por Partido Popular
convirtió en delito el hurto de una gallina; son delitos, tipificaciones
que la ciudadanía no entiende o que no comparte y, al final, hay una gran
diferencia de cómo se regulan los delitos que cometen quienes menos
tienen a cómo se regulan los delitos que comenten aquellos que tienen
mucho.
Por coherencia interna, consideramos que debemos rebajar este umbral,
puesto que cuando hablamos de delitos de fraude a la Seguridad Social o a
la Hacienda de la Unión Europea el umbral es de 50.000 euros, y lo que
proponemos es que el umbral sea el mismo. Hay que recordar que el deber
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es un deber
constitucional y, por tanto, vulnerar un deber establecido en la
Constitución debería ser sancionable. Por último, el Código Penal en su
exposición de motivos establece que este código sirve para tutelar los
valores y principios básicos de la convivencia social y que su contenido
ha de ser ajustado a los cambios, nuevas situaciones y necesidades.
Por todo lo expuesto anteriormente, creo que el fraude constituye una
conducta reprobable por la sociedad, que es un gran problema para este
país, que tenemos que tomar medidas contra él y que la cuantía
establecida a día de hoy es excesivamente alta. Por todo ello, instamos
al Gobierno a presentar un proyecto de ley que de nueva redacción a los
artículos 305 y 308 del Código Penal y que rebaje la cuantía defraudada
constitutiva de delito de los mismos a 50.000 euros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señora Carreño.
Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias señor presidente.
El Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta hoy la iniciativa de
instar al Gobierno a un proyecto de ley de reforma de los artículos 305 y
308 del Código Penal a fin de reducir el límite de 120.000 a 50.000
euros. Votaremos a favor de la iniciativa propuesta por el grupo
proponente como lo hicimos en la anterior legislatura -en la XI- y, por
tanto, lo haremos de nuevo ahora. Diremos, por eso, que el Grupo
Socialista considera que se tiene que ir más allá de esta PNL -aquí
requiero a la proponente para ello- instando al Gobierno a la
modificación de los dos artículos mencionados.
Les diremos que nosotros, el Grupo Socialista, ya en fecha 18 de agosto
del 2016 presentamos una proposición de ley instando a la modificación no
sólo de estos dos artículos, sino también a la derogación del 305 bis,
del 307 bis, del 307 ter -que ahora proponemos que se nos admita en la
enmienda- el 309, el 310 y el 310 bis. Con esta proposición de ley que
presentamos se pretendía y se pretende dar un tratamiento integral a los
delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social que con
oportunismo y con precipitación y poca rigurosidad modificó la mayoría
parlamentaria del Partido Popular en la X Legislatura. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Por tanto estamos de acuerdo en que la
iniciativa que ahora debatimos se justifica plenamente y de ahí que demos
nuestro apoyo.
La corrupción evidentemente supone una lacra que hace desmerecer las
instituciones poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y así
lo perciben también los ciudadanos, el barómetro del CIS del mes de
febrero ya lo indicaba, la corrupción era el segundo problema para los
ciudadanos y del 2011 al 2016 esta desafección, esta preocupación se
incrementó en 47,5 puntos sobre 100. En el barómetro del mes de octubre
vuelve a reiterarse como segundo problema para los ciudadanos. Y de hecho
esta percepción ciudadana se ha agravado no solo para multitud de casos
que diariamente desfilan por los distintos medios de comunicación y los
juzgados, sino por la amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular en
aquella reforma del 2012, que ha supuesto que a gran cantidad de
defraudadores con la sola regularización tributaria se les exima de
responsabilidad penal. Este hecho es inasumible, no podemos aceptar que
los defraudadores se escabullan y de ahí que la proposición de ley que
presentó en su momento el Partido Socialista y defenderá cuando sea el
momento oportuno lleve hacia allí.
La lucha contra la evasión y el fraude fiscal, los paraísos fiscales es un
tema crucial para las sociedades del siglo XXI por razones éticas,
sociales, pero evidentemente también por razones económicas. La
ingeniería fiscal y financiera de ocultación de patrimonio está
corroyendo la capacidad fiscal de los Estados y amenaza la sostenibilidad
de nuestro Estado del bienestar, dificultando la salida de la crisis e
incrementando hasta niveles insoportables la desigualdad social. Ante la
inacción del Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura, el Grupo
Socialista planteó multitud de iniciativas para luchar contra esta lacra
social y económica. La penúltima fue precisamente el 8 de febrero del
2014, por la que se solicitó la creación de una subcomisión de estudio
sobre la evolución y el fraude fiscal de la economía sumergida. Esta
iniciativa acabó decayendo como consecuencia de la disolución de las
Cortes pero previamente había pasado un año, ocho meses y trece días
desde que se presentó. Pocas ganas, poca voluntad política por parte del
Partido Popular de trabajar contra este alien del Estado que es el fraude
fiscal.
Y si no fíjense, la reforma del Código Penal que llevó a cabo con la Ley
7/2012 en esta materia estableció la impunidad, ya decíamos, de grandes
defraudadores bajo la cobertura de la amnistía fiscal, eximiéndoles del
reproche penal al desaparecer el hecho delictivo. En cambio para otros
sujetos como son los trabajadores, parados y pensionistas lo que en aquel
momento era una sanción administrativa por la percepción indebida de un
solo euro de una prestación, ahora, a raíz de esa reforma, se convirtió
en hechos tipificados penalmente, se criminalizó a trabajadores, parados
y pensionistas. Consideramos que fue una reforma desproporcionada, poco o
nada rigurosa e injusta. Insistimos, vulneró los principios esenciales de
nuestro derecho penal como es la igualdad, la seguridad jurídica y la
proporcionalidad. Este grupo parlamentario ha presentado la enmienda a
que hacía referencia el entonces presidente de la derogación del artículo
307 ter y solicitamos que sea admitida por parte de la proponente.
Por último, cuando hablamos de falta de rigurosidad mencionaré la
modalidad atenuada del delito que deja al albur en base a un concepto
jurídico indeterminado, deja a la misericordia del juzgador, la especial
gravedad de ese hecho para eximirle de según qué pena a imponer.
Por todo ello, señorías, votaremos a favor de la PNL presentada por el
Grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea y esperamos que nos
acepten la enmienda presentada.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Carreño, ¿aceptan la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista?
Para fijación de posición por el Grupo Parlamentario Mixto estaba hace un
momento la señora Ciuró pero no está ya.
Señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias.
Coincidimos en que la lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad
total. El Gobierno del Partido Popular no ha querido atajarlo, a pesar de
que sabe o debería saber que cada nueva unidad de inspección fiscal tiene
un coste anual únicamente de 200.000 euros, pero según cálculos de la
Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda consigue destapar un
fraude de entre 4 y 4,5 millones de euros al año, es decir, las unidades
de inspección fiscal suelen rentabilizar su coste aproximadamente, suele
multiplicar su coste en cuanto al beneficio en 22 veces más; por tanto,
la creación de unidades de inspección son evidentemente una prioridad en
la que deberíamos fijarnos.
En el ámbito penal muchas veces se ha criticado la afición del legislador
para reformar el Código a parches, a golpes de titular, que es una
tentación de la que evidentemente nosotros debemos huir, pero en este
caso está justificada la reforma que se propone y también la planteada en
la enmienda del Partido Socialista porque de lo que se trata es de
arreglar una disfunción presente en el texto del Código Penal y no
entendemos por qué el Gobierno aún no ha enviado un proyecto de ley de
reforma cuando no existe un motivo para dar un trato diferente a la
defraudación fiscal frente a los fraudes a la Seguridad Social o a la
Hacienda de la Unión Europea.
Esta propuesta estaba en nuestro programa electoral y, por tanto, la
suscribimos ahora plenamente y esperamos que se deba transaccionar con
esta enmienda el Partido Socialista también.
Es todo, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Bataller.
Al señor Legarda le he visto hace un momento pero no está ahora.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, la señora Capella no
interviene.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias señora presidenta.
Nosotros también coincidimos en que la lucha contra el fraude debe ser una
prioridad de este y de cualquier Gobierno siempre pero máxime en una
situación como la que se encuentra nuestro país, después de tantos años
de crisis que han supuesto recortes en los servicios públicos e
incremento de los impuestos para los españoles, y en un país como España
en el que seguramente los tipos impositivos no están demasiado alejados
en la mayoría de los impuestos de la media europea pero la recaudación
fiscal sí que lo está y ahí nos encontramos con esta situación en la que
los que pagan, la inmensa mayoría de España que paga sus impuestos
seguramente pagan demasiado y hay por otro lado un número importante de
españoles que defraudan y que no son suficientemente perseguidos.
Creemos que debemos ser más valientes y más ambiciosos en la lucha contra
el fraude por una cuestión, como se dice en la exposición de motivos de
la propuesta, por la necesidad de ingresos públicos para evitar los
recortes, pero también por equidad, para que a los que pagan no se les
persiga y se les presione cada vez más con subidas de impuestos, porque
subimos los impuestos a los que pagan y dejamos sin perseguir a los que
defraudan. Esa percepción debe de cambiar y desde luego algunas de las
actitudes de este Gobierno recientemente, como su inacción en el caso de
la amnistía fiscal para hacer que los que tenían dinero irregularmente en
el extranjero y se acogieron a esa amnistía fiscal pues realmente pagaran
por el 10 % que se ponía en esa ley, qué menos, cuando resulta que han
acabado pagando menos y aún no sabemos cómo va el Gobierno a intentar
recuperar ese dinero.
Insistimos, hay que ser valientes y ambiciosos en la lucha contra el
fraude, no se puede mirar para otro lado, no podemos dejar que los que no
pagan impuestos se vayan de rositas. En ese sentido vamos a aprobar la
propuesta de reducción del límite para delito fiscal a 50.000 euros pero
siendo conscientes de que esto tampoco va a solucionar la situación. Hay
incluso problemas actualmente de atascos judiciales para perseguir los
delitos fiscales; estando el umbral en 120.000 euros, si lo reducimos a
50.000 nos vamos a encontrar con más problemas aún para perseguir a estos
defraudadores por esa vía. Por lo tanto lo que es importante también es
poner los medios suficientes para que no queden impunes los
defraudadores.
En cualquier caso vamos a apoyar la propuesta, no se puede seguir subiendo
impuestos mientras no se persigue el fraude fiscal y el fraude fiscal
tiene que ser una prioridad en este país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Villegas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor De Olano.
El señor DE OLANO VELA: Gracias señora presidenta, buenos días señorías.
No les quepa la menor duda de que la lucha contra el fraude fiscal es una
prioridad para el Grupo Parlamentario Popular y, como no podía ser de
otra manera, para este Gobierno. Prueba de ello es que los mejores
resultados que se han obtenido en nuestra historia han sido en los
últimos tres años, alcanzando la cifra de prácticamente 16.000 millones
de euros en la lucha contra el fraude fiscal en el año 2015. Por lo
tanto, señoras y señores Carreño, Bataller, Perea, Villegas, no sólo este
Gobierno ha hecho algo contra el fraude fiscal sino que ha hecho más que
nadie a lo largo de nuestra historia y utilizando las palabras del señor
Villegas, que son las que recuerdo, que tengo más frescas porque habló en
último lugar, este Gobierno sí ha sido un Gobierno valiente en la lucha
contra el fraude fiscal. Esto es conveniente recordarlo porque en la
exposición de motivos y también en las intervenciones del resto de
portavoces se da a entender que este Gobierno no ha hecho lo suficiente,
incluso se cita al CIS diciendo que el 65 % de los españoles, cito
textualmente la exposición de motivos, considera que no se hace lo
suficiente para evitar el fraude fiscal.
Este portavoz desconoce de dónde obtiene los datos la portavoz de Podemos,
porque yo sí me he leído la encuesta del CIS y no es verdad que el 65 %
de los españoles considere que no se hace lo suficiente. Es exactamente
según el CIS el 21 % los que culpan a la poca acción de la
Administración. Se habló también por todos los portavoces de la
regularización fiscal del año 2012 que aprobó el Gobierno del Partido
Popular. Yo me pregunto qué pensará la portavoz socialista, la señora
Perea,de las tres amnistías fiscales, y estas sí fueron amnistías
fiscales, porque no solo no pagaron por volver a traer ese dinero a
España sino que incluso los españoles tuvimos que pagarles intereses, me
pregunto qué pensará la portavoz del Partido Socialista de esa sí
realmente amnistía fiscal y no la regularización que promovió el gobierno
del Partido Popular en la que los que se acogieron a ella pagaron
efectivamente, señor Villegas, el 10 % de lo que se les podía reclamar.
Señorías, a lo largo de la X Legislatura se han aprobado muchas medidas en
esta Cámara para mejorar la efectividad de la lucha contra el fraude
fiscal y también desde el punto de vista penal. Les recordaré que la Ley
Orgánica 7/2012, en materia tributaria creó un tipo gravado que ofrece
respuesta a los fraudes de especial gravedad, elevando la pena de prisión
hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina
obviamente que el plazo de prescripción de estas infracciones más graves
sea asimismo de diez años. Se posibilitó en esa misma reforma la
persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal facilitando la
denuncia inmediata. Se incrementaron las posibilidades de cobro de la
deuda tributaria impagada, evitando la paralización del procedimiento
administrativo por el proceso penal. Se introdujeron asimismo mejoras
técnicas en la regulación de las defraudaciones a la Hacienda y a los
presupuestos de la Unión Europea.
En esta línea de mayor rigor penal frente a las conductas defraudatorias
de esta naturaleza, cabría recordar la reciente reforma operada por la
Ley Orgánica 1/2015, que introdujo el artículo 308 bis del Código Penal
para complementar las normas generales relativas al régimen de suspensión
de las penas de prisión, estableciendo condiciones más rigurosas para el
acceso a este beneficio por parte de los condenados por la Comisión de
Delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y también
contra el fraude de subvenciones. Por otra parte quizá sería necesario
considerar hasta qué punto se quiere recurrir al Derecho Penal para penar
las formas de agresión al ordenamiento jurídico, si relegarlo a la
aplicación de las más graves o extender su aplicación. El recurso del
recurso penal en la mayoría de los países democráticos suele regirse por
el principio de intervención mínima. Este principio de intervención
mínima se vincula con el principio de proporcionalidad o de prohibición
del exceso y tiene que ver con el doble carácter que ofrece el Derecho
Penal, por un lado, como derecho fragmentario y, por otro, como derecho
subsidiario, es decir, como última ratio que ha de operar únicamente
cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente
mediante otras soluciones menos drásticas que la penal. Debe tenerse en
cuenta también al albur de esta proposición no de ley que un límite
reducido afectaría de forma entiendo que negativa al normal
funcionamiento de los órganos judiciales penales, tal como
apuntaba el señor Villegas, de modo que podría llegarse a una situación en
la que la represión de los fraudes de mayor envergadura se pudiera ver
afectada y no creo que sea ese el espíritu de esta PNL.
Por estos motivos mi grupo considera que para hacer más efectiva la lucha
contra el fraude fiscal sería deseable un debate más sereno, un debate en
el que pudiéramos contar con datos reales y no meras ocurrencias sobre el
volumen real de los ilícitos a los que se refiere esta PNL, así como
también conocer la opinión de la Fiscalía General del Estado y del
Consejo General del Poder Judicial para que opinaran sobre la
conveniencia o no de esta modificación que se solicita hoy, porque como
he dicho podríamos estar saturando los juzgados de lo penal. Por todo
ello mi grupo no apoyará la aprobación de esta proposición no de ley.
Por último, no me resisto a hacer una serie de precisiones a la exposición
de motivos que acompaña esta proposición no de ley, pues está cargada de
medias verdades o si quieren ser más modernos cargadas de postverdades,
aunque yo prefiero el término acuñado por la gran periodista Pilar Marcos
que las tildó de mentiras molonas.
Señorías, se repite machaconamente en la exposición de motivos la
existencia de un supuesto recorte brutal del gasto público. Pues bien,
las cifras, no las que da este portavoz sino las que facilita la
Intervención General del Estado les desmienten constantemente. El gasto
público en el año 2015 fue 50.000 millones de euros, superior al gasto
público en el año 2007, el año inmediatamente anterior al inicio de la
crisis.
Por último, se insiste también en la exposición de motivos en el reproche
social hacia el fraude tributario, idea que espero que compartamos todos
en esta sala. Pero me pregunto si esto es realmente así en el caso del
grupo proponente, ya que precisamente es Podemos quien ha defendido a
capa y espada a un supuesto defraudador fiscal como el señor Monedero y
fraude de 200.000 euros, señorías. Comprenderán que esta situación me
hace albergar serias dudas al respecto.
Hablaba la señora Carreño de una campaña de Messi, le aseguro que la
campaña que llevó a cabo Podemos para defender a uno de sus líderes, a un
defraudador como el señor Monedero no fue menos agresiva que la del
Fútbol Club Barcelona.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De Olano.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UNA LEY INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE
ODIO Y PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/000292).
La señora PRESIDENTA: Si les parece, vamos a debatir la proposición no de
ley, sobre la elaboración de una ley integral de prevención de delitos de
odio y protección de las víctimas. ¿Le parece bien, señora Escudero
ahora?
La señora ESCUDERO BERZAL: Encantada, señora presidenta. Muchísimas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra en primer lugar la proponente por
el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, y gracias por entender la especialidad
del Grupo Mixto que nos obliga a ser un poco hombre-orquesta y a estar en
todos lados al mismo tiempo.
Hoy traemos aquí una proposición no de ley para empezar a trabajar de una
manera mucho más clara en la prevención de los delitos de odio y atención
a las víctimas. Los delitos de odio se caracterizan por ser delitos que
se hacen contra colectivos vulnerables. El artículo 510 del Código Penal
reconoce hasta trece supuestos que implican que en la condena se
considere que haya habido delitos de odio; supuestos como la etnia, el
género o la orientación y la identidad sexual, pero aún quedan otros
fuera de estos agravantes para las penas.
Al final los delitos de odio suponen la negación delictiva de la igualdad
y de los derechos humanos de todas las personas. Por eso estamos
convencidos de que existen grandes déficits aún en nuestra legislación,
que estos supuestos que recoge el Código Penal y este artículo 510 es
insuficiente para tratar de manera clara y concisa los delitos de odio y
visibilizarlos. Pensamos y traemos aquí una propuesta no de ley con una
autoenmienda para agregar además un punto que ayude a analizar y
contabilizar todos los delitos de odio.
El informe sobre incidentes de delitos de odio de 2015 señala que estos
han aumentado un 3,3 % pero tenemos que tener en cuenta que es muy
difícil contabilizarlos, que es muy difícil seguir estadísticamente estos
delitos ya que no existe ningún tipo de casilla, ningún tipo de registro
que especifique cuáles son los delitos de odio. Por eso hemos agregado
una autoenmienda a nuestra PNL para conseguir crear un grupo específico
que trate los delitos de odio y un campo en el programa Fortuny que
favorezca precisamente el análisis y contabilizar estadísticamente estos
delitos para poder saber cuál es la situación. En toda esta situación
pensamos que es importante el análisis estadístico para saber cuál es la
realidad social en la que nos encontramos y cuáles son realmente los
delitos de odio que nos afectan, y también pensamos que es importantísimo
elaborar una ley integral de prevención de delitos de odio y de
protección de las víctimas para poder reconocer y regular todos estos
delitos, para poder atender específicamente a las personas que los sufren
y para poder garantizar así la igualdad y los derechos humanos en todo el
territorio del Estado español. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Sorlí.
Para la fijación de posición teniendo en cuenta la autoenmienda presentada
por el propio Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, Esquerra
Republicana. (Denegación).
¿Por Ciudadanos? Señora Reyes.
La señora REYES RIVERA: Gracias presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyará esta iniciativa porque
consideramos que los delitos de odio deben ser erradicados de nuestra
sociedad y esta proposición no de ley apunta en esa dirección. Ciudadanos
estará siempre del lado de los que luchan contra todas las formas de
violencia y nos gustaría que existiera un mínimo consenso entre todos los
grupos para que esa lucha sea verdaderamente efectiva.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa define los
delitos de odio como toda infracción penal, incluidas las cometidas
contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido se
elige por su real o percibida conexión, simpatía, afiliación, apoyo o
pertenencia a un grupo, el cual se basa en una característica común de
sus miembros. Por ello estos delitos son especialmente graves para el
conjunto de la sociedad, pues hunden sus raíces en prejuicios y fobias
que desembocan en agresiones a minorías completamente inaceptables y cuyo
móvil no es otro que la mera pertenencia de una persona a un determinado
grupo social. Atendiendo a los datos del último informe del Ministerio de
Interior sobre los delitos de odio los ámbitos que mayor número de
incidentes registran son los de racismo, xenofobia, ideología,
discapacidad e identidad sexual. Tenemos 1.328 casos que nos obligan a
dar una respuesta contundente, comenzando por su prevención, mediante la
educación en la tolerancia, el respeto al diferente y la riqueza cultural
que supone precisamente esa diferencia. Por eso debe haber tolerancia
cero a la utilización tanto desde los medios de comunicación como desde
las instituciones públicas y privadas de un lenguaje proclive a la
creación de estereotipos que implanten en el imaginario colectivo
prejuicios sobre la condición de las personas. La sensibilización y
detección precoz de elementos que inciten a cometer este tipo de delitos
son esenciales para afrontar este desafío frente a la cohesión social y
la convivencia pacífica.
Por último queremos aplaudir que en este informe, a diferencia del
referido en el año 2014, se hayan introducido datos relativos al discurso
de odio que hasta la actualidad no se registraban y codificaban de forma
separada en el sistema estadístico de criminalidad y que desde luego nos
ayuden a conocer mejor este preocupante fenómeno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Reyes.
Señor Legarda, no le había visto. Perdóneme, como no había estado en las
anteriores... Tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias presidenta, pero no haré uso de
la palabra. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y
En Marea, señor Santos.
Estudiando un poquito la cantidad y calidad de iniciativas que está
habiendo en comisiones acerca de los delitos de odio en sus diferentes
formas me salen no menos de seis hechas por diferentes grupos y además en
comisiones diferentes, tanto en Justicia como en Interior, que la vimos
el otro día, en Igualdad, incluso en Deporte, que es uno de los sitios
donde más se está manifestando externamente ese discurso del odio al que
se alude. Efectivamente, parece que hay una preocupación de los grupos en
este sentido que se manifiesta en diferentes iniciativas más o menos
intencionadas, más o menos deslavazadas y más o menos en diferentes
espacios pero con una preocupación común, que parece ser el crecimiento
de los delitos de odio, del discurso del odio, vamos a llamarlo así, en
nuestra sociedad. Y nosotros somos sensibles a eso, somos sensibles
porque sabemos en qué Europa estamos viviendo y porque estamos viendo con
honda preocupación ese crecimiento sobre todo en partidos xenófobos,
sobre todo en partidos de extrema derecha.
Dicho esto, recientemente en la Comisión de Interior, ante una proposición
no de ley del Partido Popular, nosotros manifestamos una abstención
crítica en este sentido, sencillamente porque entendíamos en ese caso que
había algunos problemas para que nosotros pudiéramos manifestar un sí
rotundo a este tema habiendo dicho lo que acabo de decir. El primero es
que efectivamente se alude tanto en la proposición no de ley actual como
en otras que hemos podido examinar a una serie de datos que están ahí,
que suponen una tendencia preocupante pero que son limitados en cuanto a
la validez científica y en cuanto a las conclusiones que podemos extraer
de ellas. Y por tanto hay una primera posición en el sentido de que
cambiar las leyes sin hacer un estudio real, científico de a qué nos
estamos enfrentando no es una postura que nos guste especialmente y mucho
menos hacerlo a golpe de medios de información, etcétera.
La segunda cuestión es que la estructura de casi todas las peticiones que
se están haciendo se basa muchísimo en un cambio en el Código Penal. El
Código Penal que ha sido recientemente modificado, que en el artículo 510
tiene una estructura de delitos de peligro abstracta, que adelanta la
barrera de protección, que tiene conceptos jurídicos indeterminados,
etcétera. No sabemos qué más vamos a meter ya en el Código Penal,
teniendo en cuenta además que es complicado y no hay más que hacer un
examen de la jurisprudencia de los últimos quince-veinte años a la hora
de castigar este tipo de delitos porque interviene junto con otros
factores, como son la libertad de expresión, que hacen muy difícil el
deslinde en muchas ocasiones. No podemos más que poner un ejemplo del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando en el verano 2009, en el
caso Féret contra Bélgica, acabó absolviendo a un alcalde xenófobo que
hizo manifestaciones absolutamente xenófobas en un cargo público y lo
hizo con base en la libertad de expresión. Por lo tanto compartir este
discurso del odio es bastante más que empezar a enfocarlo únicamente
desde un discurso penalista que, si fuera por la justificación que hemos
oído a la proponente, nos haría votar en contra porque estamos hablando
de conceptos como tolerancia cero, etcétera, que a nosotros no nos
gustan, y de conceptos absolutamente indeterminados que pueden llevar a
un voluntarismo en el ejercicio de la acción penal que es muy peligroso.
Y dicho todo esto, dicho que no compartimos los enfoques, pues vamos a
votar que sí. Vamos a votar que sí porque lo que se propone es una ley
integral y en esa ley integral nosotros entendemos que hay espacio para
muchas más cosas. Hay espacio para proponer actuaciones tanto desde el
punto de vista educativo como de regulación de los propios partidos
políticos, como de regulación de medios de comunicación, que expresen
una, voy a llamarlo así, intolerancia social hacia este tipo de discursos
que es hacia donde tenemos que ir y que no se tenga que manifestar
necesariamente con un recurso que es última ratio como es el Código Penal
y que tiene esos problemas de aplicación, pero que manifieste una
voluntad unánime y decidida de la sociedad de ir en contra de este tipo
de discursos. Por eso precisamente, porque creemos que tenemos que mandar
un mensaje claro a la sociedad es por lo que vamos a votar a favor con
las consideraciones que acabo de hacer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Santos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Anuncia el Grupo Parlamentario Socialista también
su voto afirmativo a la presentación de la ley integral contra los
delitos de odio. Hemos tenido ocasión hace poco en la Comisión de
Interior de hablar sobre este mismo tema y en buena medida mis palabras
van a referirse también a esa invocación, como no podía ser de otra
manera, aunque hago mías muchas de las palabras que acaba
de ofrecer el diputado señor Santos, en el sentido de que efectivamente
esto es mucho más y por eso participamos del carácter integral de la ley
que de la reforma del Código Penal. Los códigos penales están bien, son
necesarios, quizá esa última ratio que él decía o la única manera de
poner en valor la reacción social frente a los ataques más intolerables
que podemos recibir los ciudadanos en el ejercicio de nuestra vida
cotidiana. Por eso queremos una ley que se pueda denominar integral, que
consolide y ofrezca un instrumento jurídico mucho más allá del Código
Penal, que permita aspectos como la sensibilización, la estimulación de
la acción ciudadana, la solidaridad y el compromiso institucional, porque
no es solo la represión que es sin duda el papel hegemónico del Código
Penal sino una predicción eficaz, una protección y atención a la víctima
y, sin duda, la persecución del agresor.
Efectivamente, creo que bastaría tirar del tercer informe sobre los
delitos de odio para justificar la obviedad de la necesidad de pedir esta
ley, mucho más allá de establecer descripciones fácticas normativas a las
que anudamos una sanción penal. Bastaría el tercer informe para ver que
en España, en Europa, siguiendo esa corriente lógica de países de nuestro
entorno, no solo es que persistan situaciones delictivas que tienen por
objeto dañar a las personas y a los colectivos sociales que reflejan la
propia diversidad, sino que por distintos factores entramos en esa
calificación de delitos de odio y vemos que poco a poco no solo persisten
sino que adoptan unos tintes que son intolerables, y las sociedades
-nosotros, en este caso- tenemos la obligación de reaccionar. Bastaría
decir que, por ejemplo, de los 1.324 casos que son calificados de delitos
de odio 500 lo son por motivos racistas o xenófobos, 300 por pura
ideología, otros desde el repugnante ataque a personas con discapacidad,
orientación sexual, etcétera. Y no hago uso solo de los datos que da este
tercer informe, que se puede ver y consultar en la propia página web del
Ministerio del Interior, sino que realmente lo que más preocupa a mi
grupo es justamente lo que no aparece en esas cifras, es decir, las
cifras oscuras de la criminalidad, las que no se denuncian. Y en este
sentido creo que podríamos alcanzar un común acuerdo con las
organizaciones no gubernamentales que más se preocupan de bucear
precisamente en estas cifras oscuras de la criminalidad para darnos
cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Por eso tenemos la obligación
de reaccionar, y no solo con medidas acertadas como puede ser la reforma
del 510 del Código Penal, realizada hace relativamente poco, o la
potenciación del Estatuto de la víctima. Es necesario establecer una
auténtica visión integral, que suponga creación de mecanismos de
sensibilización, mecanismos de educación en nuestros centros educativos,
en nuestras escuelas, para que los menores se vayan educando en la
solidaridad y en el respeto al diferente, porque es precisamente lo que
nos puede hacer una sociedad más fuerte y más competitiva. Y no hablo en
términos económicos, sino humanamente.
Es importante que empecemos a catalogar como se hace desde los organismos
y fundamentalmente desde la OSCE, establecer mecanismos que nos lleven a
identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de delitos de odio.
Por eso es necesario partir de ese ámbito normativo, la ley integral, que
en sus primeros artículos establezca qué se entiende por delito de odio
-y creo que no hace falta repetir, porque todos los conocemos, qué
significan los delitos de odio, qué significan los discursos del odio-,
porque solo así podremos entender la necesidad de regular esta materia,
si es partiendo de unos asideros pacíficos que nos puedan desplegar ese
haz para tener la visión integral que necesita esta situación. Y estoy
hablando de mecanismos de prevención, de mecanismos de sensibilización,
de detección en todos los ámbitos, Internet, redes sociales; todos estos
mecanismos tienen que incorporarse en este plan integral, porque esa
garantía se tiene que traducir también en una asistencia jurídica
integral llegado el momento. Por eso no solo hay que esperar a la
consumación de un delito, sino necesariamente desplegar con carácter
preventivo toda esa coordinación y colaboración social en la erradicación
de este problema que, desde luego, como sociedad, nos tiene que producir
sonrojo. Por eso, al igual que haremos en la Comisión de Interior,
apoyaremos favorablemente la ley integral contra los delitos de odio.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.
Señora Escudero, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora ESCUDERO BERZAL: Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada
exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social según su
edad, sexo, identidad de género, religión, raza, etnia, nivel
socioeconómico, nacionalidad, ideología o afiliación política,
discapacidad u orientación sexual. Es decir, se trata, como muy bien
define la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, que es la organización que más atención ha prestado a este
delito, de un acto criminal motivado
por el sesgo o el prejuicio hacia un grupo particular de personas. El acto
tiene que estar recogido en el derecho penal y además debe venir motivado
por el sesgo del prejuicio. Señorías, con estos datos se está atacando
directamente y negando todos los derechos fundamentales y todas las
libertades públicas, se ataca la dignidad de la persona a la libertad, a
la igualdad y se intenta destruir el fundamento del orden político
democrático y de la paz social. Por ello hay que evitar la impunidad de
conductas tanto o más reprobables como el mismo discurso de odio que
contienen. En ello nos va el orden democrático y la protección de los
derechos y libertades públicos de todos los ciudadanos.
Y ante esto, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? ¿El
Gobierno de España está cumpliendo con su obligación de velar por el
orden democrático y la protección de los derechos y libertades públicas
de los ciudadanos o, como consecuencia de que no existe una ley integral
de prevención de los delitos de odio y protección de las víctimas, hay
impunidad en estas conductas?
Señora diputada de Compromís, en el código español es cierto que no hay un
delito tipificado como tal, pero hay una serie de tipos delictivos que
pueden calificarse sin lugar a dudas de delitos de odio y que han sido
enormemente mejorados en la reforma del Código Penal de 2015. En primer
lugar, existe el agravante genérico de discriminación contemplado en el
artículo 22.4 y ampliado con la reforma, que no voy a entrar a explicar
por falta de tiempo. En segundo lugar, la reforma operada en el Código
Penal ha dado una nueva definición al delito de incitación al odio y a la
violencia, estableciendo hasta cuatro años de prisión para quienes
fomenten, promuevan e inciten directa o indirectamente el odio, como
define el artículo 510 en su párrafo primero. Además, los actos de
humillación o menosprecio contra los anteriores grupos o personas por
motivos antisemitas, entre otros, y el enaltecimiento, justificación de
delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes están castigados
con penas de hasta dos años de prisión, sin perjuicio de un castigo más
grave, cuatro años, cuando se trate de acciones de incitación al odio o
la hostilidad para favorecer un clima de violencia, artículo 510, párrafo
segundo. En tercer lugar, para castigar más estos actos el Código Penal
prevé una agravación de la pena en el párrafo tercero para los supuestos
de comisión de estos delitos a través de Internet u otros medios de
comunicación social y, en el párrafo cuarto, para los supuestos de
conductas que por sus circunstancias resulten idóneas para alterar la paz
pública o menoscabar gravemente el sentimiento de seguridad de los
integrantes de los grupos afectados. Y en cuarto lugar, también en el
artículo 510 bis se prevé en estos delitos la eventual responsabilidad
penal de las personas jurídicas, cuando antes solo lo era de las personas
físicas.
Pero, señora diputada de Compromís, hay más, hay algo más allá del
artículo 510 en nuestro ordenamiento jurídico, y se considera delito de
odio, también según el artículo 515, párrafo cuarto, el delito de
asociación ilícita cuando se asocien para fomentar, promover o incitar
directa o indirectamente el odio. También en el artículo 170 se tipifica
una modalidad agravada de amenazas cuando van dirigidas a atemorizar a
los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso -no
leo el texto íntegro-. Es más, pueden considerarse delitos de odio los
tipificados en los artículos 522 a 526 del Código Penal referidos a los
delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y
el respeto a los difuntos. Y hay más, el Código Penal tipifica delitos de
discriminación, ya sea en el trabajo, en la denegación de prestación de
servicios públicos o privados por razón de su ideología, en los artículos
511 y 512.
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que a
nivel de regulación legislativa en el ámbito jurídico-penal, como ustedes
pueden observar, no se considera necesario introducir modificación
alguna, ya que está regulado que se castigue el fomento, la incitación al
odio y a la hostilidad contra grupos o personas por su pertenencia a una
determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación
sexual. También está regulado que se castigue la difusión material que
fomente o promueva dicho odio o violencia y además también se castiga la
negación pública o el enaltecimiento de los delitos cometidos contra
grupos o personas por razón de su pertenencia a una determinada religión,
o lo indicado anteriormente.
Por lo que respecta a las víctimas, recientemente se ha aprobado la Ley
4/2015, del Estatuto de víctima del delito, así como el Real Decreto
1109, de 2015, por el que se desarrolla dicha ley. Su objeto es ofrecer
desde los poderes públicos una respuesta integral jurídica y social a las
necesidades de las víctimas.
Termino. Es verdad, señora diputada de Compromís, que el número de estos
delitos en 2015, 1.328, supuso un aumento de 3,3 % con respecto a 2014,
pero no ha dicho usted toda la verdad, señoría. En el mismo informe del
Ministerio del Interior del que ha obtenido el dato se explica que este
aumento no indica que se haya producido realmente un incremento de estos
delitos, sino que se debe a otras razones, como la introducción de unos
nuevos ámbitos delictivos en el sistema estadístico de criminalidad que
permiten
contabilizar casos que anteriormente nunca se habían registrado por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de la categoría del
delito de odio. Todo lo anterior, señorías, define nuestro voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Escudero.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Me dicen que a la una se ha acordado que cada
Comisión haga un minuto de silencio por los atentados terroristas de ayer
en Ankara y en Berlín. Puesto que es la una ahora, si les parece, hacemos
el minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados guardan un
minuto de silencio, puestos en pie).
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN
COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001023).
La señora PRESIDENTA: Vamos a entrar en el estudio de la última de las
proposiciones no de ley, sobre la modificación de la Ley 46/1977, de
Amnistía. El proponente es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora Presidenta. Cuando preparaba esta
intervención me acordaba de la Facultad y cuando me enseñaban en clase de
Derecho Romano lo que hacían los romanos, los romanos jamás derogaban una
ley, los romanos entendían que una ley era el resultado de la pervivencia
del grupo al que pertenecían y que, por lo tanto, tenían que respetarla
porque era voluntad de sus mayores. Con el trascurso del tiempo, al
final, las leyes romanas no se parecían para nada a lo que en principio
hicieron, pero eran listos y nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron,
entre otras cosas, que no se puede luchar contra un elemento mítico y que
las leyes tienen que adecuarse a la realidad social en la que viven las
personas, sin cuestionar lo que los mayores y los antepasados que les
transmitieron ese saber hicieron en su momento.
Algo parecido pasa con la Ley de Amnistía. Nosotros no hemos venido a
cuestionar desde el punto de vista mítico una cuestión como la Transición
española. Entendemos y es sobradamente conocido el contexto en el cual
esta ley se aprobó y se aplicó y efectivamente no cuestionamos para nada
ese planteamiento. Lo que pasa es que la Ley de Amnistía tenía como
concepto de origen el hecho de ser una ley transicional, y esto lo
reconoce prácticamente todo el mundo; es decir, se servía de una ley que
facilitaba la transición de un Estado digamos autocrático, de una
dictadura en definitiva, hacia una democracia y, por lo tanto, cumplía
una función en un momento concreto dentro de lo que se ha venido a llamar
un derecho transicional. En ese sentido es una ley absolutamente
respetable, salvo por una pequeña cuestión y es que esa ley sigue vigente
y despliega sus efectos. Por lo tanto, igual que los romanos, no se puede
cuestionar el momento en que la ley se planteó pero sí que podemos
reivindicar el derecho que nos asiste a nosotros ahora como legisladores
y sobre la base de las voces de las nuevas generaciones para adaptar el
contenido de esa ley y la funcionalidad de esa ley a la realidad que
nosotros vivimos cuarenta años después. ¿Y por qué? Porque en cuarenta
años nadie negará que las cosas han cambiado muchísimo, es decir, no
estamos en el mismo contexto de aplicación de esa ley y sobre todo en una
cuestión muy fundamental, el acervo de los derechos humanos que ha
asumido el Estado español durante este tiempo ha sido muy grande y, por
lo tanto, tenemos que plantear desde el presente la proyección de los
derechos humanos en cualquiera de los aspectos de la vida cotidiana.
Lo digo porque esa ley efectivamente está desplegando sus efectos y para
ello no hay más que leer la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012,
relativamente reciente, y cuando el Tribunal Supremo se plantea la
vigencia o no de la Ley de Amnistía en relación con las exigencias de
justicia derivadas de la aplicación del Derecho Internacional sobre
derechos humanos dice que, efectivamente, el Estado español aprobó el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con anterioridad a la
promulgación de la Ley de Amnistía, pero dicen una cosa muy clara y es
que no corresponde a los jueces derogar una ley, corresponde al Poder
Legislativo. Por lo tanto, cualquiera que lea atenta y sensatamente esa
sentencia entenderá que lo que nos están diciendo los jueces es: tienen
ustedes la capacidad de remover los obstáculos que pudiera haber para que
la aplicación de los derechos humanos en España sea plena en el momento
presente y, por lo tanto, para que cualquier interpretación judicial que
se pueda hacer en
contra de la aplicación del Derecho Internacional y, por lo tanto, del
ejercicio de una memoria inclusiva y no sectaria que respete el derecho
de todas aquellas víctimas que no han encontrado a sus familiares
desaparecidos o que no saben lo que ocurrió en un contexto de
desapariciones forzadas y de discurso de odio, del que acabamos de
hablar, puedan obtener por parte del Estado la intervención de la
justicia como un elemento no histórico, no de memoria en el sentido de la
que hacen los historiadores, sino de concreción de esos derechos que
aplican y que obligan al Estado español a intervenir en esta materia.
Por lo tanto, este es el sentido de nuestra proposición de ley, que en el
presente el Estado español tiene que asumir plenamente ya esta cultura de
derechos humanos. No voy a repetir la cantidad y ocasión en la que desde
diferentes organismos internacionales se ha recomendado activamente la
derogación en este caso de la Ley de Amnistía en tanto en cuanto pueda
suponer un obstáculo a la acción de la justicia, y no voy a repetir,
porque es sobradamente conocido, que esta situación incluso ha provocado
que tribunales internacionales, en aplicación de la justicia universal,
hayan tenido que abrir causas debido a que no se investiga en el Estado
español.
Entendemos, por tanto, que esta proposición que insta al Gobierno a
modificar esta Ley de Amnistía es perfectamente aplicable, contribuiría a
remover esos obstáculos, contribuiría a lanzar un mensaje interno de que
la justicia española es capaz de tutelar las graves vulneraciones de
derechos humanos cara al futuro y tranquilizaría a estos organismos
internacionales que más de una vez nos han recomendado esta derogación de
la Ley de Amnistía en el sentido de que existe una voluntad de las
instituciones españolas de contribuir a la justicia, a la memoria, a la
reparación y, en definitiva, a la garantía de no repetición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.
Señorías, como ustedes saben, en los últimos años estamos asistiendo a una
deconstrucción del discurso que se había hecho sobre la gestación de la
Constitución española y esta deconstrucción tiene algunos aspectos
claramente positivos, pero es lógico que nos planteemos muchas
reticencias cuando tal deconstrucción llega desde sectores que en su
momento fueron contrarios a la aprobación de la Constitución o al menos
se mostraron más que tibios. Y digo esto a propósito de la materia que
ahora nos ocupa, la cuestión de la Ley de Amnistía, porque
desgraciadamente en los últimos tiempos estamos oyendo muchas
explicaciones que nos quieran hacer ver que esa ley fue una especie de
pacto espúrio entre las víctimas de la dictadura y sus verdugos según el
cual las víctimas, para poder hacer una vida normal, tenían que obtener
un permiso que compraban de sus verdugos, a los que les daban una
impunidad. Esta interpretación además está intentando elevar a un rango
cuasi constitucional la Ley 46/1977, intentando presentarla como una
piedra fundamental de nuestro proceso democrático, de tal manera que
tocar una coma de ella supondría atacar nuestra democracia, que así de
esta manera parece ser que estaría sometida a un repugnante chantaje por
parte de los verdugos.
Esto no es así, creo que las cosas son mucho más simples: la Ley 49/1977
fue una ley lógica que se hizo en su momento para desmontar las nefastas
consecuencias de la arquitectura represiva del franquismo pero no para
dar impunidad a los verdugos, porque ¿cómo se podía encarar un cambio a
un sistema democrático si los demócratas que tenían que encauzar ese
proceso estaban por miles procesados o en las cárceles? Era imposible.
Entonces, evidentemente, se tuvo que dar un paso para que se pudiera
establecer una normalidad democrática, pero, insisto, esta ley lo que no
iba a hacer era establecer una impunidad ad eternum para los verdugos,
máxime cuando además la constitucionalidad de esta norma se puede
predicar en tanto en cuanto se adecue a lo que dice el artículo 10 de
nuestra Constitución, que obliga a interpretar todas nuestras normas
sobre derechos y libertades conforme a los tratados firmados por España,
entre ellos la Convención contra la Tortura.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. Entendemos
además que hace ya mucho tiempo que debía haberse realizado una reforma
en el sentido que plantea el grupo proponente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller.
El señor Legarda no está en este momento. Por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.
Desde Esquerra sí que nos cuestionamos la Transición, cómo fue gestada la
misma y en qué pactos concluyó, porque no cuestionarse las cosas a veces
no permite avanzar. En todo caso, cada uno es libre de cuestionar o no
cuestionar lo que ha pasado.
En relación con la Ley de Amnistía, es evidente que nació con unos
objetivos y una función muy determinada; el problema es que la misma se
ha visto pervertida en su aplicación; se está aplicando y desplegando
efectos a hechos no queridos ni pensados por la misma Ley de Amnistía. En
este sentido, consideramos, como apuntaba bien Bataller, que se está
vulnerando la propia Constitución que se invoca a menudo por quienes en
su momento no la defendieron, por cuanto aplicar la amnistía a los
crímenes contemplados por el Derecho Internacional vulnera derechos
fundamentales y vulnera los derechos contenidos en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que obviamente forma parte del
ordenamiento jurídico español y, por tanto, es directamente aplicable.
Resulta también cuestionable -y, por tanto, contrario al propio
ordenamiento jurídico- que el Estado, en este caso el Estado español,
invoque las disposiciones de su derecho interno para justificar el
incumplimiento de tratados internacionales que obligan a perseguir y
además determinan que determinados delitos son imprescriptibles. Por
tanto, existe una obligación de los Estados que han firmado y suscrito
estos pactos, que los han incorporado a su ordenamiento jurídico, de
poner fin a la impunidad ejerciendo la jurisdicción penal y, por tanto,
investigando y juzgando aquellos delitos de lesa humanidad, delitos de
tortura, las desapariciones forzadas, etcétera. Ha sido el propio Comité
de Derechos Humanos el que ha recomendado a España derogar la Ley de
Amnistía en atención a que los tribunales no aplican lo que deberían
aplicar, en este caso el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en
definitiva porque están aplicando la prescripción o el principio de
legalidad a los crímenes de lesa humanidad. Son muchos los organismos
internacionales que están señalando a España como incumplidora y por esta
razón Esquerra Republicana va a votar favorablemente la solicitud de
derogación de la Ley de Amnistía, en el bien entendido que en múltiples
ocasiones hemos sido los únicos que desde hace muchísimos años hemos
defendido esta postura y la continuaremos defendiendo. Por esta razón no
apoyamos en su momento la Ley de Memoria Histórica, porque en definitiva
no permitía la derogación de la Ley de Amnistía.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Gracias señora presidenta.
"Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera,
pues, estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta
propuesta nuestra será sin duda para mí el mejor recuerdo que guardaré
toda mi vida de este Parlamento".
Estas palabras fueron pronunciadas aquí el 14 de octubre de 1977, el mismo
día que se aprobaba esta Ley de Amnistía que algunos quieren modificar
ahora, alterar, destruir prácticamente. Estas fueron unas palabras
pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Partido Comunista y
del PSUC también, don Marcelino Camacho, y desde luego yo me siento mucho
más cercano de esta versión y de lo que él manifestaba en esa
intervención que de la versión que han dado los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. Se podría hablar respecto a esta
proposición no de ley de argumentos jurídicos que justificarían la
oposición a la misma, pero yo creo que hay que hablar de política de
altura, de política profunda, porque es verdad que esta ley que se
pretende demoler fue una de las bases sobre la que se construyó la
Transición española. Pero no puedo aceptar en ningún caso que este fuese
-algún portavoz lo ha dicho- una especie de salvoconducto que los
verdugos exigieron a las víctimas, ni mucho menos, no fue nada de todo
eso; no fue en ningún caso una ley de punto final que olvidase a las
víctimas en perjuicio de los verdugos, sino que -y vuelvo otra vez a las
palabras del portavoz del Partido Comunista en aquella histórica sesión-
el objetivo fue muy distinto.
Abro comillas: Quiero señalar que la primera propuesta presentada en esta
Cámara ha sido precisamente hecha por la minoría parlamentaria del
Partido Comunista y del PSUC el 14 de julio, y orientada precisamente a
esta amnistía, y no fue un fenómeno de la casualidad, señoras y señores
diputados, es el resultado de una política coherente y consecuente que
comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro partido ya
en 1956. Nosotros considerábamos que la pieza capital de esa política de
reconciliación nacional tenía que ser la amnistía, cómo podríamos
reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros
si no borrábamos este pasado de una vez para siempre. Repito: cómo
podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a
los
otros si no borrábamos este pasado de una vez para siempre. Para nosotros,
tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos
cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y
democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras
civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad,
queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros precisamente,
los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido,
hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores, nosotros estamos
resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa vía
de la paz y del progreso.
Nosotros no les vamos a enmendar la plana a aquellos que tuvieron el
coraje y la convicción para iniciar ese camino de la paz y del progreso.
Hay algunos grupos que sí lo quieren hacer, hay algunos grupos que
quieren reescribir el pasado. Nosotros no queremos revivir ese pasado,
entre otras cosas, porque nos sentimos orgullosos de él y orgullosos de
todas esas personas de un lado y del otro que habían pasado por la cárcel
o que habían pasado sufrimientos muy importantes y que fueron capaces de
superar aquella división. Y la Ley de Amnistía del año 1977 fue además
una proposición de ley que propuso la minoría vasca, fue el PNV el que
propuso esa proposición de ley, que finalmente concitó el apoyo
prácticamente unánime de este Congreso de los Diputados. Y se decía en
aquel debate, lo decía el portavoz de la minoría vasca: Se trajo el
pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y
cerrar una larga etapa de nuestra historia.
Nosotros creemos que es necesario continuar en ese camino de construcción
de la paz y desde luego no estamos dispuestos a reescribir la historia, a
abrir viejas heridas y no contribuiremos con el apoyo a esta iniciativa a
demoler la tarea, vuelvo a decirlo, de todas aquellas personas que con
coraje y convicción, algunos habiéndose dejado muchísimos años en la
cárcel, fueron capaces de empezar esta nueva etapa histórica en nuestro
país que se abrió con la Constitución de 1978. Por cierto, Constitución
de 1978 que no derogó la Ley de Amnistía de 1977, como hizo con otras
leyes previas a su aprobación.
En todo caso vuelvo a decir, hay argumentos sobrados de índole jurídica
para rechazar esta iniciativa, el principio de no aplicación retroactiva
de las leyes penales, por ejemplo, sería un principio clásico que habría
que aplicar, pero esta proposición de ley que se nos trae para nosotros
no tiene ninguna duda, tiene un profundo contenido político que es
demoler las bases sobre la que se construyó la Transición política.
Nosotros nos consideramos herederos de esa Transición política, no vamos
a contribuir a su demolición y, por lo tanto, vamos a votar en contra de
esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Prendes.
Señor Legarda, ¿va a intervenir?
El señor LEGARDA URIARTE: No, señora presidenta. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Rallo.
El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidenta.
Esta PNL nos devuelva a una página negra de nuestra historia, sin duda una
de las páginas más negras de nuestra historia, la que arrancó el 18 de
julio de 1936 con el golpe de Estado contra el poder constitucional
legítimo de la II República. Con ese golpe de Estado empezaron tres años
de guerra, una guerra que no acabó como hubiera querido el entonces
presidente de la II República, Manuel Azaña, con paz, piedad y perdón. A
partir del 1 de abril de 1939 hubo paz, pero no hubo ni piedad ni perdón.
Fue la paz del vencedor y el vencido partió al exilio; muchos no
volvieron, muchos fueron ejecutados extrajudicialmente, muchos fueron
asesinados y otro encarcelados, curiosamente y por capricho del vencedor,
condenados con sentencias ignominiosas con el tipo penal de auxilio a la
rebelión. Fue el caso de Pedro Rallo Jovaní, mi abuelo paterno, y el de
muchos miles de españoles. El vencido, durante cuarenta años sufrió
persecución, marginación, oscuridad, pero llegó el 20 de noviembre de
1975, murió el dictador, llegaron la Transición y la democracia, y el 15
de junio de 1975 unas elecciones democráticas iniciaron un camino de
reparación a los represaliados, perseguidos y víctimas del franquismo.
Sin duda alguna, la Ley de Amnistía de 1977 es el primer aldabonazo pero
no solo, le sucedieron una infinidad de leyes, de reales decretos, de
órdenes ministeriales, todos ellos impulsados durante veintidós años por
Gobiernos del Partido Socialista, dirigidos a restituir derechos,
honores, a reparar económicamente, a restituir bienes, y sin duda alguna
el jalón principal, el hito especial en este proceso de reparación fue la
Ley de Memoria
Histórica aprobada en 2007, que de nuevo estaba inspirada por esas magnas
palabras de Manuel Azaña, piedad y perdón. Su exposición de motivos
resulta harto ilustrativa. Dice: Es la hora de que la democracia española
y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen
para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y
agravios producidos por unos u otros motivos. Desde luego, a quienes
perdieron la vida, a sus familias; a quienes pedieron su libertad al
padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos
forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de
nuestras fronteras; a quienes perdieron la patria al ser empujados a un
largo, desgarrador y en tantos casos irreversible exilio; a quienes en
distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos.
Desgraciadamente, hoy constatamos, ante la inacción del Gobierno del
Partido Popular para implementar y desarrollar la Ley de Memoria
Histórica, que no conocen exactamente el alcance del significado de la
palabra "piedad". Este contexto explica hoy una PNL como la presente,
pero el Grupo Parlamentario Socialista tampoco puede desconocer en esta
discusión para fijar su posición la que es una clara doctrina del
Tribunal Supremo, en virtud de la cual el Código Penal español introdujo
en 2003 el tipo penal de crímenes contra la humanidad y el Tribunal
Supremo en diversas ocasiones entre 2007 y 2012 ha dejado claro y
declarado que, por aplicación del principio de legalidad penal dichos
crímenes no se consideran tipificados en España sino a partir de dicho
año 2004, que los tratados no se aplican retroactivamente, que la
derogación de una ley como la de Amnistía de 1977 como consecuencia de
obligaciones internacionales asumidas por España no sería aplicable al
momento en que se dicta la ley sino con posterioridad. El Tribunal
Supremo ha concluido que la investigación, por ejemplo, de la
desaparición forzada a la que se referirían los tratados internacionales
como constitutivos de delitos contra la humanidad entra en colisión con
la concepción estricta del principio de legalidad y la interdicción de la
aplicación retroactiva de la norma desfavorable que rige nuestro derecho
y supone que los tratados internacionales rigen desde su entrada en
vigor, de acuerdo a las previsiones constitucionales, y conforme a esa
doctrina, obviamente, nosotros ajustaremos nuestra posición y nuestro
voto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rallo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lorenzo
Torres.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta.
El hecho de intervenir de último en una PNL de este tipo tiene cosas
positivas y cosas negativas; cosas positivas, como que has escuchado las
razones que han dado los demás grupos parlamentarios para apoyar o no
esta PNL, y cosas negativas, como que a veces el discurso que tienes
preparado te lo pisan otros compañeros. Yo, a la vista de lo manifestado,
voy a olvidar un poco de mi discurso preparado y a improvisar respecto a
lo dicho.
Hablaba el señor Santos cuando empezó su intervención del Derecho Romano y
de la Historia. Yo creo que es muy importante conocer la historia pasada
para entender la realidad actual y, como yo ya peino algunas canas y fui
testigo presencial de los hechos, de cuando se elaboró la Ley de Amnistía
-de hecho, yo participé en aquellas manifestaciones que pedían la Ley de
Amnistía-, quiero recordar dos cosas: que hubo una primera Ley de
Amnistía que no fue del gusto de todos los españoles y que, a raíz de esa
primera Ley de Amnistía, en el año 1976, muchos españoles salimos a la
calle reclamando otra ley de amnistía más amplia, que fue la aprobada en
1977. Por tanto, esta Ley de Amnistía que hoy queremos derogar es
producto de una reclamación del pueblo español, esto no debemos
olvidarlo. Si quieren, vayan ustedes a la hemeroteca y encontrarán
multitud de imágenes de manifestaciones multitudinarias en las que el
pueblo español reclamaba expresamente esta ley, como digo, en sustitución
de otra que resultaba incompleta. Les remito a la hemeroteca y a lo que
ha manifestado el compañero de Ciudadanos de que grandes personalidades
de la época hicieron informes en defensa de esta ley, entre ellos
Marcelino Camacho, como conocen, líder sindical que perteneció al Partido
Comunista y fiel a sus ideas durante toda su vida. Por tanto, como digo,
revisen la historia, las actas de este Parlamento y conozcan el porqué y
la altura y grandeza de aquellos padres de la patria que en aquel momento
votaron casi por unanimidad esta ley, porque creo recordar -si la memoria
no me falla- que la Ley de Amnistía fue votada a favor por casi todos los
parlamentarios; únicamente hubo dos que votaron en contra. Por tanto, los
parlamentarios, como representantes del pueblo, aceptaron plenamente esta
ley. Posteriormente, en 2011, mi compañero el señor Jorquera presentó
también una moción de este estilo, una moción que pedía la modificación
de esta ley. Digo compañero porque es paisano -es gallego como yo- y
amigo. Eso se discutió por todos
los partidos políticos en el Parlamento y 320 diputados -tengo apuntado el
dato- votaron en contra de esta reforma.
Antes una diputada -creo que de Esquerra Republicana-, cuando estábamos
hablando de los delitos contra la Corona, hablaba de baja calidad
democrática. Yo creo que es de baja calidad democrática volver a traer
aquí una PNL que ya ha venido dos veces: una vez fue aprobada casi por
unanimidad y otra vez fue rechazada casi por unanimidad. Es decir, ahora
la traemos por tercera vez. Creo que estos antecedentes también tenemos
que tenerlos en cuenta porque calidad democrática es respetar las
decisiones que este Parlamento tomó con anterioridad.
Y ya si entramos en razones jurídicas, como el ponente, señor Santos -que
recordaba el tiempo que estudió en la Facultad de Derecho, como yo; por
tanto, los dos tenemos cierta formación jurídica-, le diré que yo también
le puedo dar razonamientos jurídicos de por qué esta ley no se debe
derogar. Primero, porque no estamos hablando de si unos delitos son o no
prescriptibles, sino de la retroactividad o irretroactividad de las leyes
penales y ahí nos encontramos con la Constitución española, que en el
artículo 9.3 establece que las leyes penales desfavorables son
irretroactivas. Por lo tanto, por la propia Constitución, esta PNL no se
puede aprobar; sería ir en contra de lo establecido en la Constitución.
Con esta PNL, por lo que yo veo, se iniciarían instrucciones, se
exigirían responsabilidades criminales a personas que en este momento, si
estuvieron en la Guerra Civil -y tenían que tener la edad penal mínima,
dieciocho años-, tienen hoy entre noventa y cuatro y noventa y ocho años.
Esto es, si se aprobara esta PNL, iniciaríamos instrucciones penales y
perseguiríamos a personas ancianas. Y también quiero hacer hincapié en
una cosa que usted ha dicho. Aquí nadie está hablando de que todo el
mundo sepa la verdad de lo que pasó; claro que todo el mundo tiene
derecho a saber la verdad de lo que pasó, sobre todo aquellas personas
que perdieron a sus seres queridos y no saben dónde están, pero una cosa
es el conocimiento de la verdad y otra iniciar responsabilidades penales,
y sobre todo contraviniendo lo establecido en la propia Constitución.
También se ha hablado de derecho internacional, pero cuando se habla
sesgadamente se llega a conclusiones distintas y un poco partidarias. Las
leyes penales, los tratados internacionales. El artículo 28 del Convenio
de Viena, respecto a la interpretación de los convenios, dice: No
obligarán a ninguna parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido
lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para
esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de
existir. Asimismo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuando habla
del genocidio y del delito de lesa humanidad, habla de delitos que se
cometieron con posterioridad a que existieran en el derecho positivo este
tipo de conductas recogidas como delito. Y creo recordar que fue después
de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Convención de la ONU, cuando
por primera vez se recogieron como derecho positivo en un tratado
internacional estos tipos de delitos: el delito de lesa humanidad y el de
genocidio. Por lo tanto, las conductas anteriores a 1948 no pueden ser
perseguidas. Para mí, muchas de ellas son rechazables pero hay que
respetar la normativa legal, los principios legales, y sobre todo los
principios legales de la irretroactividad de la ley.
Hablaba el compañero del Grupo Socialista del propio Código Penal, que se
ha reformado en el año 2044 y que establece que estos delitos no
prescriben. Yo me alegro de que el Código Penal haya recogido estos
delitos para que puedan ser perseguibles en el futuro, pero debemos
distinguir la prescripción de la retroactividad o irretroactividad de la
ley penal.
Usted hablaba el principio de la Facultad de Derecho, de la que yo tengo
muy buenos recuerdo, y a mí este tipo de situaciones que a veces se dan
de querer remover estas historias, y sobre todo estas peticiones que se
están haciendo en el Parlamento cuando ya fueron discutidas dos veces, me
recuerdan mucho a las asambleas de facultad. Yo pertenecí a aquellas
asambleas permanentes de la facultad, donde todo se discutía, pero esto
es un Parlamento; esto es un Parlamento serio que debe respetar las
decisiones tomadas anteriormente, pero sobre todo tiene que respetar la
ley, y la ley es la que es y la Constitución dice lo que dice, y contra
eso no podemos ir. Por lo tanto, entiendo que por las razones políticas
expuestas, por las razones históricas y por las razones jurídicas que
usted sobradamente conoce nosotros no podemos apoyar la reforma que
solicita.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lorenzo.
Pasamos a las votaciones. Votamos en primer lugar la proposición no de ley
sobre la elaboración de una ley integral de prevención de los delitos de
odio y protección de las víctimas, con la autoenmienda presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre las cláusulas abusivas en los contratos de
préstamo con garantía hipotecaria celebrados con consumidores. Se vota en
sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la regulación de los equipos
psicosociales adscritos a los juzgados de familia. Se ha presentado una
enmienda transaccional, que paso a leer: El Congreso de los Diputados
manifiesta al Gobierno la necesidad de estudiar la posibilidad de dotar a
los equipos técnicos, conocidos como equipos psicosociales, adscritos a
los juzgados de familia de un marco jurídico que los regule en cuanto a
su composición, funciones y responsabilidad. Asimismo, y en el marco de
dicho estudio, que se acuerda analizar y en su caso mejorar, las
dotaciones de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios
para que estos equipos técnicos puedan llevar a efecto sus funciones.
Falta alguna palabra, pero es así. Lo votamos en esos términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre refuerzo de personal, dotación de
infraestructuras y medios materiales necesarios, todo ello con el fin de
garantizar la correcta implantación, operatividad y eficacia de la
segunda instancia penal. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a: primero, analizar la necesidad de incrementar el número de
unidades judiciales en aquellos ámbitos donde resulte más necesario y
promover de manera urgente el aumento de planta en las salas de lo Civil
y Penal de los tribunales superiores de Justicia con el fin de garantizar
la correcta implantación y operatividad de la segunda instancia penal,
singularmente en los territorios con extensa jurisdicción y número de
órganos jurisdiccionales colegiados del ámbito penal; segundo, aumentar
y/o reforzar en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con las
disponibilidades presupuestarias existentes, la dotación de personal,
infraestructuras y medios materiales necesarios en estos órganos
jurisdiccionales. Se vota en estos términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la reforma de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 4; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude
de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones
públicas. Se vota con la enmienda que fue aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del
informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción
(Greco). Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre la modificación de la Ley 46/1977, de
Amnistía.
