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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 06/02/2018
cve: DSCD-12-PL-100
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 100
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 95
celebrada el martes,
6 de febrero de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Modificación en el orden del día ... (Página6)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. ("BOE" núm. 317, de 30 de diciembre de 2017). (Número de expediente 130/000026) ... (Página7)

- Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. ("BOE" núm. 317, de 30 de diciembre de 2017). (Número de expediente 130/000027) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 268, de 15 de diciembre de 2017. (Número de expediente 162/000541) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000058) ... (Página36)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la situación política en Cataluña. (Número de expediente 173/000071) ... (Página45)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales. (Número de expediente 173/000072) ... (Página55)

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:

- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair. (Número de expediente 156/000024) ... (Página63)

Declaración institucional:

- Declaración institucional de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina. (Numero de expediente 140/000021) ... (Página68)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página69)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página70)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página70)

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página71)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados... (Página6)

Las señoras doña María Ángeles Esteller Ruedas y doña Alicia Ramos Jordán adquieren la condición plena de diputadas al prestar acatamiento a la Constitución.

Modificación del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de permutar entre sí el debate de las interpelaciones incluidas como puntos números 29 y 31, que corresponden respectivamente a la interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema, y a la interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre los planes de su ministerio en materia de agua.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página7)

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social ... (Página7)

El señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores ... (Página18)

El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página28)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo ... (Página28)

Defiende la proposición no de ley el señor Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mateu Istúriz.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Candela Serna y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto. y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Raya Rodríguez.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la situación política en Cataluña ... (Página45)

Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Tardà i Coma.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales ... (Página55)

Defiende la moción la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alli Martínez, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Peña Camarero.

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación ... (Página63)

Solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair ... (Página63)

En turno a favor de la solicitud intervienen la señora Valido Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Declaración institucional ... (Página68)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página69)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, se aprueba por 231 votos a favor y 108 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 166 votos a favor, 133 en contra y 40 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores, se aprueba por 185 votos a favor y 154 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 339 votos a favor.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo, se aprueba por 336 votos a favor y 3 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la proposición


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no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un Plan contra la Explotación Laboral, se aprueba por 168 votos a favor, 131 en contra y 39 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la situación política en Cataluña, se rechaza por 90 votos a favor, 248 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales, se aprueba por 171 votos a favor, 130 en contra y 38 abstenciones.

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página71)

Sometida a votación la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, se aprueba por 207 votos a favor y 131 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Señorías, con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Jorge Moragas Sánchez, pregunto a doña María Ángeles Esteller Ruedas si jura o promete acatar la Constitución.

La señora ESTELLER RUEDAS: Sí, juro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas Gracias.

En sustitución de don Francesc Xavier Doménech Sampere, pregunto a doña Alicia Ramos Jordán si jura o promete acatar la Constitución.

La señora RAMOS JORDÁN: Sí, prometo. Y trabajar para cambiarla. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Doña María Ángeles Esteller Ruedas y doña Alicia Ramos Jordán han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de permutar entre sí el debate de las interpelaciones incluidas como puntos 29 y 31. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 20/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGAN Y APRUEBAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL. (Número de expediente 130/000026).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. Para presentar el real decreto-ley en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Función Pública.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, intervengo esta tarde en el Pleno del Congreso para solicitar a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. En todos los casos se trata de cuestiones cuya entrada en vigor debía producirse el 1 de enero de este año, de ahí que el Gobierno haya tenido que recurrir a la figura del real decreto-ley para su aprobación con carácter de urgencia. Por las materias a las que afecta, este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución española, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas y sobre Hacienda general.

Este real decreto-ley afecta a tres ámbitos concretos de actuación: los valores catastrales, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor añadido y el salario mínimo interprofesional, tres ámbitos cuya singular importancia para los sectores afectados justifica el uso del real decreto-ley, así como también justifica, sin duda, la petición del Gobierno a la Cámara de que convalide el contenido del mismo. En el primer caso, debo recordar que la Ley del Catastro Inmobiliario contempla, en su artículo 32.2, que la actualización anual de los valores catastrales podrá realizarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, al no ser posible hacerlo por la ausencia de estos, el real decreto-ley que hoy debatimos incluye en su artículo 1 la aprobación de los coeficientes de actualización para 2018. Como saben sus señorías, esta medida contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales. Su aprobación tiene una repercusión inmediata en el impuesto sobre bienes inmuebles, ya que el valor catastral es la base imponible del IBI, que se devenga el 1 de enero de cada año natural, de manera que tenía que entrar en vigor antes de esa fecha. De no haber sido así, los ayuntamientos concernidos no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización. La medida -tengo que recordar esta tarde- había sido solicitada por 1830 entidades locales que cumplen los requisitos establecidos en la Ley del catastro para solicitar dicha actualización y el Gobierno ha actuado para dar respuesta a esa necesidad.

Con esta propuesta no se pretende incrementar globalmente los valores catastrales en todos los municipios, sino conseguir, tal y como señala la ley en vigor, una valoración catastral más homogénea con respecto al mercado inmobiliario, al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria en los citados 1830 municipios, que son los incluidos en la Orden del ministerio de 19 de septiembre. En algunos municipios la revisión supondrá un incremento, pero en otros supondrá una disminución. De esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que permite actualizar los valores catastrales en aquellos municipios en los que se hayan detectado diferencias sustanciales entre sus valores catastrales y los del mercado y en los que además exista -insisto- solicitud del municipio, del órgano de gobierno, al respecto. Solo se aplicarán los nuevos coeficientes de actualización en el caso de que lo hayan solicitado expresamente los ayuntamientos. En cambio, se deja inalterado el valor catastral de los inmuebles urbanos de los restantes municipios. Tampoco afecta a los bienes inmuebles rústicos ni a los bienes inmuebles de características especiales.

No puedo dejar de manifestar a la Cámara que el Gobierno hubiera preferido, como en otras cuestiones que tenemos pendientes, que las cosas hubieran transcurrido por su cauce ordinario, es decir, que esta actualización de los valores catastrales se hubiera producido mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero nos hemos encontrado con una situación de efectivo bloqueo dirigido a impedir el normal desarrollo de la gestión política, que hace unos meses creíamos con sinceridad que había entrado en una


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fase de superación. Pero ha regresado este rechazo por parte de la mayoría de la Cámara a aprobar las cuentas públicas para 2018 en el momento oportuno. Por tanto, argumentos políticos completamente ajenos a la cuestión presupuestaria han impedido hasta el momento conformar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos. No obstante, el deseo del Gobierno sigue siendo que en las próximas semanas esa mayoría sea posible y confiamos en que haya un número suficiente de diputados que antepongan el interés general a las estrategias de partido.

En cualquier caso, si esto no fuera posible, la aprobación de este real decretoley muestra la vía por la que el Gobierno tiene la intención de actuar para poder sacar adelante iniciativas que, como las que esta tarde debatimos aquí, sean de urgente aprobación con el objetivo de beneficiar la buena marcha de nuestra economía y, por tanto, al conjunto de la sociedad española. Creo sinceramente que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación y actuaremos en consecuencia, tal y como señaló recientemente el presidente del Gobierno.

El segundo ámbito en el que interviene este real decretoley afecta a diversas disposiciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido. Así, el artículo 2 del real decretoley prorroga para el período impositivo de 2018 los límites cuantitativos que se establecieron para delimitar el ámbito de aplicación del conocido como régimen de módulos, es decir, el método de estimación objetiva de los trabajadores autónomos para las actividades económicas incluidas en dicho régimen, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que tienen su propio límite por volumen de ingresos. En este mismo sentido, se prorrogan también para el periodo impositivo de 2018 en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, desde los 150 000 euros previstos inicialmente hasta los 250 000 euros, en consonancia precisamente con los nuevos límites previstos en el método de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas prórrogas, cuya extraordinaria y urgente necesidad justifica la utilización de la figura del real decretoley, están motivadas porque el periodo transitorio inicialmente concedido para los periodos impositivos de 2016 y 2017 ha resultado ser insuficiente, por lo que se aconseja su ampliación a partir del 1 de enero de este año. En caso contrario, los contribuyentes afectados habrían pasado a tributar a partir de dicha fecha, 1 de enero, en el método de estimación directa del impuesto sobre la renta y en el régimen general del IVA, lo que incidiría en sus obligaciones formales de facturación y en los pagos a cuenta que soportan, con un incremento de las cargas administrativas, algo que en este momento no resulta aconsejable.

A partir de estas dos modificaciones se ha hecho necesario establecer un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones del método de estimación objetiva del IRPF y de los citados regímenes especiales del IVA, ya que los contribuyentes afectados tuvieron que tomar las decisiones correspondientes desconociendo que los importes de los límites excluyentes iban a prorrogarse para 2018. El plazo para esta presentación ha sido de un mes a partir de la publicación de este real decretoley en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, para simplificar la labor de los contribuyentes y no crear nuevas obligaciones formales que sean innecesarias, también se considerarán válidas tanto las renuncias y revocaciones presentadas durante el mes de diciembre -en el caso de que ese sea el deseo de los afectados- como las modificaciones que hayan realizado a las citadas renuncias y revocaciones en el nuevo plazo establecido en el real decretoley.

Finalmente, el texto de este real decretoley que hoy debate el Congreso recoge en su disposición adicional el acuerdo social firmado entre el Gobierno y los interlocutores sociales para el incremento del salario mínimo interprofesional en el periodo 20182020. Se trata, como todas sus señorías conocen, de un acuerdo muy relevante para un colectivo de trabajadores con el que todos debemos ser especialmente sensibles, que son aquellas personas que perciben los salarios más bajos por la labor que realizan. Se trata de un colectivo de alrededor de 530.000 personas al que principalmente pertenecen mujeres, jóvenes y ciudadanos extranjeros. Esta subida del salario mínimo avanza en sintonía con la que se produjo el año pasado y es consecuencia de la mejora de la situación económica que vive nuestro país en los últimos años. Todos somos conscientes de que el salario mínimo no podría incrementarse según lo acordado recientemente si la recuperación económica no fuera sólida y si las empresas no hubieran ganado en fortaleza financiera y en competitividad, y así lo reconocen todos los firmantes del acuerdo.

Hace poco más de un año el Gobierno ya pactó con el Partido Socialista un incremento del salario mínimo interprofesional del 8 % hasta situarlo en los 707 euros al mes frente a los 655 del año 2016. El nuevo incremento que hemos acordado mantiene esa línea de mejora de las condiciones salariales de los colectivos con menores ingresos y se basa en el impulso al diálogo y la concertación social al que


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se comprometió el presidente del Gobierno en el debate de investidura. En aquel debate el presidente Rajoy estableció entre sus prioridades dar una respuesta adecuada a la situación de las personas con mayores dificultades de inserción laboral: parados de larga duración, jóvenes y trabajadores que perciben los salarios más bajos, en línea con el salario mínimo interprofesional. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha protagonizado estos meses este diálogo con los agentes sociales, que ha dado frutos relevantes como la mejora del Programa de Activación para el Empleo y la prórroga extraordinaria hasta el mes de abril del Plan Prepara. Este clima de concertación también ha permitido que hace un año se aprobara el Real decreto-ley de Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que a finales de 2017 se habían inscrito más de un millón de jóvenes. Se trata de un programa que funciona ya que el 40 % ha encontrado un empleo desde su puesta en marcha. En ese escenario de diálogo social se plasmó el pasado 26 de diciembre el acuerdo para incrementar el salario mínimo interprofesional, que fue firmado en el palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, los secretarios generales de CCOO y la Unión General de Trabajadores, don Unai Sordo y don José María Álvarez, y los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, don Juan Rosell y don Antonio Garamendi, respectivamente.

Este incremento salarial será de un 4 % para este año, hasta situar el salario mínimo interprofesional en 736 euros al mes en 14 pagas, lo que significa 10 304 euros al año; del 5 % más en 2019, para llegar a 773 euros al mes en 14 pagas, es decir 10 819 euros al año; y de un 10 % adicional para el año 2020, hasta alcanzar los 850 euros al mes en 14 pagas, que son 11 901 euros al año. Es decir que estamos hablando de que en la actual legislatura el salario mínimo pasará de los 655 euros mensuales a los 850 euros, una subida de prácticamente el 30 % en cuatro años, que será automática en cada ejercicio siempre que se mantenga el crecimiento económico y la creación de empleo en unos niveles que hagan sostenibles estos incrementos.

Según los propios términos del acuerdo firmado con los agentes sociales, este se materializará automáticamente cada año cuando la economía registre, como lo está haciendo, un crecimiento del PIB real del 2,5 % o superior y se registre a su vez un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas en términos interanuales, algo que no será difícil de conseguir según las cifras de los últimos ejercicios y muy concretamente en el año 2017. En el caso de que alguna de estas condiciones fallara, el acuerdo contempla que el Gobierno abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales y empresariales para determinar la cuantía del salario mínimo del año siguiente, en los términos que establece el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Así, pues, con este acuerdo tenemos un motivo más para que todos contribuyamos, desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, a que la recuperación económica se mantenga en los próximos años, favoreciendo que cada vez más españoles encuentren un empleo y que los salarios sean cada vez mayores, especialmente entre los colectivos menos favorecidos. No debemos olvidar que, como se recoge en el propio acuerdo, la existencia de un salario mínimo más elevado conlleva beneficios económicos y sociales, como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y en colectivos en riesgo de exclusión, entre los que se encuentran trabajadores extranjeros y jóvenes; la cohesión del mercado de trabajo y un reparto más equitativo de la renta; la mejora de la calidad en el trabajo; el impulso del consumo, y el aumento de los ingresos de la Seguridad Social a través de unas mayores cotizaciones.

Como afirmó el presidente del Gobierno en la firma del acuerdo hace unas pocas semanas, queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios, especialmente a los más bajos, y con condiciones laborales justas. Me gustaría señalar a este respecto que este mismo espíritu de distribuir los beneficios de la recuperación económica es el que nos anima en la negociación que estamos manteniendo también con los sindicatos de la Función pública para tratar de mejorar los salarios de los empleados públicos y sus condiciones laborales en un acuerdo de carácter plurianual como ha sido el firmado en el ámbito del salario mínimo interprofesional.

Como saben sus señorías, en meses anteriores ya hemos sido capaces de acordar con los sindicatos la mejora de la oferta pública de empleo, así como dar estabilidad laboral hasta a un 90 % de las plazas de interinos que existen en áreas prioritarias como la sanidad, la educación y la Administración de Justicia. En todas estas negociaciones, lo que busca el Gobierno -y estoy seguro de que también los interlocutores sociales- es, como dice el texto que hoy debatimos, incluido en este real decreto-ley, contribuir a trasladar plenamente a los ciudadanos los efectos positivos de la recuperación de la actividad económica y favorecer


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de forma equilibrada la mejora de la competitividad de la economía española y el proceso de creación de empleo.

Concluyo, señorías, agradeciendo, porque es obligado que termine mi intervención de hoy así, agradeciendo a los interlocutores sociales su contribución para conseguir avanzar en el objetivo común de recuperar todo el empleo perdido en esta crisis y que ese empleo sea cada vez de mayor calidad, tanto en términos de remuneración como de condiciones laborales. Al mismo tiempo, deseo agradecer en nombre del Gobierno el apoyo de los grupos parlamentarios que van a permitir la convalidación de este real decreto-ley, importante para muchas personas e importante para todos porque permitirá seguir consolidando la recuperación inclusiva de la economía que ya está viviendo España. El Gobierno mantiene su deseo de seguir transitando por este camino de entendimiento con los representantes de trabajadores y empresas, y con los representantes políticos de los ciudadanos que quieran implicarse en la estabilidad política y económica de España, a través de acuerdos que nos permitan trasladar a las personas la mejora de las cifras económicas.

Nuestra voluntad de diálogo y negociación sigue en pie y confiamos en que también esté presente hoy en la mayoría de los grupos de esta Cámara, ya sea para que podamos tramitar con garantías unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año, ya sea, al menos, para poder sacar adelante cuestiones que afectan a importantes colectivos de la sociedad española, como es el caso de las medidas que incluye este real decreto-ley u otras con las que pretendemos mejorar el empleo de todos, el empleo público y la prestación de los servicios públicos fundamentales del Estado de bienestar.

Gracias señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Con este real decreto-ley, que tiene poco más de un mes de vigencia y cuya convalidación tendrá mi voto favorable, se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. Entre ellas, tal y como acaba de explicar el ministro de Hacienda y Función Pública, se contemplan los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, una medida solicitada por más de 1800 municipios que se acogen a las previsiones contempladas en la Ley del Catastro Inmobiliario, de ellos, nueve asturianos. Todos estos municipios son los que cumplen los diferentes requisitos establecidos, entre ellos, además de haber transcurrido más de cinco años desde el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general, que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercados y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. Esta imprescindible actualización proporciona estabilidad presupuestaria y, aunque con efectos sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, no tiene por qué suponer necesariamente una subida, cuestión que, en todo caso, depende de cada ayuntamiento, que es la Administración que fija la cuota del impuesto. Este real decreto-ley también amplía el límite para tributar en módulos para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. Igualmente, se prorrogan los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA. Asimismo, se modifican los límites actuales para la aplicación del método de estimación objetiva.

La necesidad del conjunto de medidas contempladas y su aplicación urgente viene derivada de la carencia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio 2018, si bien desde Foro confiamos y deseamos, al igual que acaba de señalar el ministro Montoro, que pueda ser tramitada en las Cortes Generales para dar continuidad a las políticas de crecimiento económico, de creación de empleo, nuestra gran prioridad, y en el caso concreto de Asturias, del imprescindible impulso inversor a las obras públicas e infraestructuras para ponerlas en servicio cuanto antes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


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El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Una semana más les tengo que recordar que subo a esta tribuna y hay miembros del Govern de la Generalitat, el vicepresidente y un conseller, que están presos por motivos políticos, junto con Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y a su vez hay cinco miembros del Gobierno que se mantienen en el exilio.

Dicho esto, señor ministro, vamos a votar a favor de la convalidación, esencialmente por los siguientes motivos. De las medidas que se plantean en este real decreto-ley compartimos obviamente la última que ha presentado, el incremento del salario mínimo. Esto es fruto de un acuerdo de la ministra con dos sindicatos representativos y las patronales representativas. Lo ponemos en valor, entendemos que es un primer paso, un paso en la buena dirección. Por tanto, aunque seguro que nos hubiese gustado que fuese un poco más ambicioso, vamos a darle nuestro apoyo.

Las medidas tributarias también lo tienen, y lo sabe. Nuestro grupo había planteado la necesidad de prorrogar esta reducción de los límites de la estimación objetiva del IFPF y de la estimación simplificada y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA porque entendíamos que esos dos años de plazo no eran suficientes para que muchos autónomos, muchas pequeñas empresas, se pudiesen adaptar. Desde diferentes sectores y entidades que agrupan a autónomos se nos había hecho llegar esta demanda; así se lo transmitimos al ministerio. Solo le podríamos reprochar que no hubiese tomado la medida durante el mes de noviembre, con lo que no hubiésemos causado este pequeño revuelo entre los autónomos, algunos de los cuales han tenido que rectificar durante el mes de enero sus declaraciones implicando la renuncia o no. Pero de cualquier modo agradecemos que en este caso se haya tomado nota de nuestras sugerencias y se hayan incorporado.

Respecto a la actualización de valores catastrales se puede entender que haya una demanda de muchos ayuntamientos, pero eso enlaza exactamente con un tema que usted planteaba: esto se hace por real decreto porque no hay ley de presupuestos. Nosotros desde esta Cámara le tenemos que decir, señor ministro, que no hay ley de presupuestos porque usted no ha presentado un proyecto. Usted dice: no me lo van a apoyar. Yo no sé las conversaciones que tiene con otros grupos pero nosotros para saber si tenemos que apoyarlos o no primero tenemos que verlos, y para verlos se tienen que presentar. Y cuando usted los presente en esta Cámara, si se los rechaza, entonces podrá afear a la Cámara que no le quieren aprobar los presupuestos. Mientras no veamos su proyecto de presupuestos y lo presente aquí, lo podamos someter a enmiendas y después aprobarlo o rechazarlo, el único responsable de que no haya presupuesto es el Gobierno del Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on, buenas tardes, señorías.

En relación con el Real Decreto-ley 20/2017 sobre medidas tributarias y sobre materia social solamente he de decir que nuestro grupo, en principio, va a votar a favor del mismo a pesar de que normalmente en este tipo de medidas fiscales nos solemos abstener, ya que en Euskadi y Navarra tenemos unas haciendas propias y por tanto competencia en materia tributaria. El decreto, por un lado, establece las medidas para actualizar los valores catastrales y que afectan al impuesto de bienes inmuebles, y por otro, establece medidas relativas a la estimación objetiva de IRPF, en las que nuestro grupo tiene poco que decir ya que para nosotros son tributos concertados de normativa autónoma, y por tanto competencia exclusiva.

En relación con la medida relativa al IVA, por la que se fijan los límites para la aplicación del régimen simplificado y régimen especial de agricultura, pesca y ganadería, en nuestro caso es un tributo concertado de normativa común, y por tanto esa misma medida y en esos mismos términos ya la tenemos recogida en las correspondientes normas forales de cada territorio histórico. Pero es verdad también que en este paquete de medidas hay una de carácter social relativa a la fijación y aumento del salario mínimo interprofesional para los próximos tres años, fruto además del acuerdo entre sindicatos y patronal, y con el que estamos de acuerdo, aunque en este punto también quisiéramos hacer una pequeña reflexión, y es que la educación y el trabajo son dos elementos presentes en nuestra sociedad y que además están estrechamente vinculados. Así la igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo al derecho al trabajo; en este ejercicio del trabajo hemos de traer también a colación la Carta Social Europea, que establece en su artículo 4 que todos los trabajadores tienen derecho a una


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remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. Además establece que este salario mínimo debe alcanzar al menos el 60 % del salario medio de cada Estado, por lo que habrá que seguir intentando aproximar esta cifra del salario mínimo interprofesional a este porcentaje. Esto no es tarea fácil, porque al ser una cifra fijada por el Gobierno para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, la realidad de las comunidades autónomas no es igual, porque tanto el coste de vida como los costes laborales pueden diferir mucho de unas a otras y por tanto, aunque esta cifra del salario mínimo interprofesional pudiera aproximarse a ese 60 % en algunas comunidades autónomas, en otras podría estar lejos. Por otro lado, y además observando los datos positivos de crecimiento económico, sería importante que ese crecimiento llegase a las personas a través de una recuperación de los salarios, porque el ajuste de los mismos durante la crisis ha sido principalmente en los salarios más bajos.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, gràcies senyora presidenta.

Senyores y senyors diputats, de nuevo quiero denunciar que en España hay presos políticos (Rumores), que parte del Govern de Catalunya está en prisión, el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, senyor Forn, el senyor Jordi Sánchez y el senyor Jordi Cuixart. (Protestas). Ya sé que no les gusta oírlo, pero lo van a oír mientras estén en prisión. (Rumores).

Hoy, señor ministro, nos presenta aquí una serie de medidas urgentes de carácter tributario y social porque no tiene ley general presupuestaria, es decir, no tiene los Presupuestos Generales del Estado, no los ha presentado y no los puede aprobar. Eso es indicativo de una cosa muy sencilla que todos entendemos: que ustedes no tienen capacidad de negociarlos, que ustedes no dialogan, que ustedes no son capaces de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Antes mencionaba la cuestión de los presos políticos, que es un indicativo más de la falta de diálogo del Gobierno del Partido Popular. Les puede gustar más o les puede gustar menos. Ustedes tienen la llave para abrir las puertas del diálogo, pero no lo hacen porque no les interesa o porque no quieren.

En todo caso, en relación con alguna de las medidas que ustedes nos plantean hoy aquí, como por ejemplo los coeficientes de actualización de valores catastrales, artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario -coeficientes que ya se actualizaron en el año 2014 con el objetivo de contribuir a incrementar los ingresos tributarios municipales-, usted, señor ministro, ha dicho que lo tienen que hacer de esta manera porque no hay un sistema de financiación mejor para las administraciones locales. En aquel momento también tuvo como objetivo último contribuir a la consolidación de las cuentas públicas, es decir, en lugar de afrontar como le decía la necesaria reforma de la financiación local para paliar el déficit histórico con los municipios, se optó por una medida que, en la práctica, obligaba a los ayuntamientos a incrementar el recibo del IBI, y de esta manera conseguía también incrementar los ingresos del conjunto del sector público. Entre estas medidas y otras aplicadas en el ámbito catastral y en el del IBI la mayoría de los contribuyentes han visto incrementado su recibo en más de un 20 % durante el periodo de recesión, y además en un impuesto carente de total progresividad fiscal. El gran problema que presenta este procedimiento es la actualización lineal. Esto ya lo apuntó Esquerra Republicana desde el inicio de su aplicación. Asume un mismo incremento para todas las viviendas de todos los municipios, a excepción de aquellas que tienen carta municipal, porque tienen capacidad de modificarlo considerando solo la antigüedad de la ponencia de valores. Con esto, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? Opta por cargar sobre los contribuyentes este incremento lineal, que en muchas ocasiones resulta injusto desde un punto de vista tributario. Como le decía esto tiene que pasar por un real decreto porque ustedes, primero, no han presentado los Presupuestos Generales del Estado, y segundo, no tienen apoyos suficientes para aprobarlos.

Otra medida es la fijación del salario mínimo interprofesional para el año 2018 y las reglas de afectación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional para los años 2018, 2019 y 2020. Esto viene del acuerdo al que llegaron el Gobierno y los interlocutores sociales el año pasado, que significó el incremento del salario mínimo interprofesional para los años 2018-2020, acuerdo que encomienda al Gobierno fijar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: el salario mínimo interprofesional para 2018. Bien, pero no del todo bien, señor ministro. Sí que es cierto que esto significa un incremento, sí que es cierto que rompe con la congelación, pero lo que también es cierto es que el Estado español


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continúa incumpliendo las disposiciones de la Carta Social Europea y no solo respecto al salario mínimo interprofesional, sino también porque no garantiza -y esto se lo dice a menudo el Comité Europeo de Derechos Sociales- el derecho a la seguridad en el trabajo, con una ratio de accidentes de trabajo que casi dobla la de la media europea. También les censura las prestaciones por desempleado que reciben los parados sin hijos a cargo, también les enmienda la plana porque ustedes no garantizan el cumplimiento del artículo 12.4 de la Carta, que propugna la igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las partes y los de las demás partes en lo relativo a los derechos de Seguridad Social, y además la renta mínima de inserción no se paga durante todo el tiempo que sería necesario.

Señor ministro, como ve, el trabajo que les queda por hacer no es que sea poco, es que es muchísimo, y ustedes no lo hacen o lo hacen siempre a medias. Se lo decía también el Comité Europeo de Derechos Sociales en sus conclusiones anuales sobre los derechos relativos a salud, Seguridad Social y protección social de la Carta Social Europea. Al final, ministro, todo es una cuestión de prioridades, que ustedes tienen las suyas y, como es evidente para Esquerra Republicana, deberían ser otras. Entre estas debería estar conseguir un salario mínimo interprofesional de 1000 euros, cumpliendo así con la Carta Social Europea; para ustedes -incapaces de acordar como decía unos Presupuestos Generales del Estado- seguir gastando en pagar los desmanes de sus empresas amigas, sean bancarias, eléctricas, constructoras de autopistas o plataformas gasísticas fallidas, o militares que no saben construir submarinos. Pagan y condecoran a policías que pegan als nostres avis e impiden que los jubilados tengan garantizadas sus pensiones y los trabajadores un salario mínimo interprofesional digno. Por tanto, ministro, es esto lo que nos presentan hoy aquí. Debo felicitarle porque además las encuestas siempre les van bien a ustedes.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Montoro, buenas tardes.

En este primer Pleno del año 2018 hay que recordar de dónde viene este decreto-ley, que viene establecido en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre, donde no solamente se recoge este decreto-ley, sino que se recoge normativa tributaria a tutiplén; es decir, hay ocho reales decretos, órdenes ministeriales que afectan a prácticamente todos los impuestos, y se cambia toda la normativa tributaria sin ton ni son y pretendiendo que tenga efecto en cuarenta y ocho horas, lo cual crea caos normativo e inseguridad jurídica.

La razón por la que viene aquí este real decreto-ley es, por una parte, porque efectivamente no hay presupuestos, y la razón más simple por la cual no hay presupuestos es porque ustedes no los han presentado, y hasta enero tampoco los habían negociado desde septiembre; y en segundo término, porque determinados temas, que no se entiende muy bien cuáles son, vienen al Congreso y otros temas fiscales de todo tipo no vienen al Congreso. En primer lugar, evidentemente; viene la actualización de los valores catastrales al Congreso, porque es una subida de impuestos, y nosotros no estamos de acuerdo. Usted mismo, el miércoles de la semana pasada, señor Montoro, en la Comisión de Hacienda decía que los municipios españoles tienen superávit, que tres mil de ellos, nada menos, no solamente tienen superávit, sino que ya no tienen deuda. Y en estas condiciones, ¿usted para qué quiere subir los impuestos? Y dice: bueno, es que hay algunos ayuntamientos que lo piden. Sí, hay algunos ayuntamientos que lo piden y lo que tiene prioridad absoluta para ustedes es subir los impuestos, aunque sea la Administración a quien menos falta le haga, pero todas las demás materias que están en los presupuestos no tienen prioridad y no vienen en este decreto-ley. En fin, esto es una cosa curiosa.

De hecho incluso hay temas relevantes que se olvidan. A ustedes se les ha olvidado prorrogar la vigencia del impuesto de patrimonio. Y nosotros no estamos a favor del impuesto de patrimonio, pero en cualquier caso de lo que estamos seguros es de que este impuesto de patrimonio vendrá con carácter retroactivo. Con lo cual, para que haya un mínimo de seguridad para los contribuyentes, uno esperaría que estuviese en este decreto-ley; esperaría que usted explicase qué es lo que guía su política tributaria, y que no intentase que los contribuyentes se leyesen más de mil páginas de normativa tributaria en cuarenta y ocho horas, que es cuando entraban en vigor. Le confieso que yo no me las he podido leer. No sé si usted lo habrá hecho, pero me temo que ningún diputado de la Cámara sabe todo lo que entró en vigor el famoso 1 de enero. Como le digo, no se entiende muy bien cuál es el motivo de esta subida de impuestos, que enmascara con otras dos medidas. Vuelven a dejar los límites de módulos donde estaban cuando ustedes los modificaron en la última Ley de Presupuestos que aprobaron cuando tenían mayoría


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absoluta. Yo espero que el año que viene tengan una solución a todo esto y no lo aprueben todo cuarenta y ocho horas antes.

Por último está la subida del salario mínimo interprofesional, cuestión a la que le pasa lo contrario que a otros temas que no forman parte de este decreto-ley, y es que la subida del salario mínimo interprofesional es una competencia del Gobierno, de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. No se entiende muy bien para qué viene el decreto-ley a esta Cámara; quizá para que el Partido Socialista se pueda -entre comillas- apuntar el mérito de dicho decreto-ley, y en consecuencia les apruebe la subida de impuestos y la modificación del régimen de módulos. (Aplausos). Eso sí, se les concede competencia para compensar y modificar el salario mínimo interprofesional, cosa que nos hubiese gustado a nosotros que usted o la señora Báñez -que se ha marchado- explicasen, dado que se trata de la convalidación de un decreto-ley que afecta a su departamento. Nos gustaría que nos explicasen qué quieren hacer con respecto a estas variables sociales del decreto-ley que afectan a los trabajadores que ganan más del salario mínimo interprofesional.

En general no deja de ser una situación donde ustedes, señor Montoro, esperan hasta el último día, como los malos estudiantes, crean inseguridad jurídica y toman algunas medidas que a veces son imprescindibles, pero el orden en el que las toman no es casual. Por otra parte, no someten a la Cámara todo aquello que deberían, pero sí algunas cosas que no necesariamente tendrían que pasar por aquí. En consecuencia, como nosotros estamos de acuerdo con algunas cosas pero con otras no, nos vamos a abstener. (Rumores). Con lo que estamos frontalmente en contra es con las subidas de impuestos, a las que ustedes y el Partido Socialista son tan aficionados. Creemos que el salario mínimo debe ir subiendo, y nos preocupamos por los más desfavorecidos, por lo que en este sentido no estaría de más que a través de este decreto-ley se utilizase la Garantía Juvenil Europea, porque esto les supondría mucho más dinero a muchísimos jóvenes; dinero que no pagamos nosotros ni los empresarios, sino que se financia a través de fondos de Bruselas.

En cualquier caso sí coincido con usted en que España necesita unos presupuestos, con lo cual, como ya le he dicho las dos últimas veces que ha comparecido usted en Comisión, le rogaría que informase al señor Rajoy sobre cuáles son nuestras condiciones, porque, por lo que leo en las entrevistas, no las ha entendido. Nosotros queremos que se cumpla el acuerdo de investidura -es una cosa que le digo siempre-, que en consecuencia los imputados no estén en las instituciones, sino defendiéndose en los tribunales ordinarios, y que por tanto se les exija el acta. Por otra parte, y por tocar un tema de actualidad, nosotros queremos que haya presupuestos para que no haya subida de impuestos, como ocurre con este decreto-ley, sino una rebaja de impuestos, como está prevista, de 2000 millones de euros, así como que se cumpla en su integridad la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil en tres años, que son cuestiones fundamentales que deberían estar aquí, porque la prioridad no debería ser subir los impuestos de los españoles, especialmente cuando hay superávit y apenas existe deuda de los municipios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, lo de siempre: ¿cuál es la principal preocupación de la gente de nuestro país? El empleo, el paro y la precariedad en sus múltiples variantes. Así nos lo recuerdan mes a mes en el CIS y en cualquier calle. ¿Cuál es la verdadera desgracia que se oculta detrás de los contratos temporales, de los contratos a tiempo parcial, de la sobrecualificación, es decir, del hecho de no trabajar de lo que estudiaste, de las horas de más que no se pagan y de la insoportable brecha entre hombres y mujeres? ¿Cuál es? Los salarios. Los salarios son la clave de todo. La gente trabajadora cada vez cobramos menos, cada vez podemos hacer menos cosas con el sueldo que cobramos, y por lo tanto cada vez vivimos peor. El problema no está en que no haya, el problema está en el reparto. Nunca hemos tenido un PIB tan grande: 1,1 billones -con be de Bárcenas- de euros. Estos 1,1 billones de euros es el PIB de nuestro país, es decir, nunca habíamos generado tanta riqueza como país y nunca nos había tocado tan poco a los trabajadores de ese reparto desde que hay registro. En 2009 los salarios llegaron a ser el 50,9 % del PIB, es decir, más de la mitad de la riqueza del país. Ahora vamos por el 47,2 y bajando. En definitiva la tarta, la riqueza cada vez es más grande y a los que la cocinamos con nuestras propias manos cada vez nos toca un cachito más pequeño.


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Nosotras y nosotros lo tuvimos claro desde el minuto uno: la primera proposición de ley que presentamos, la primera de todas, allá por el año 2016, fue la subida del salario mínimo interprofesional, y el tiempo y el propio Gobierno nos dieron la razón, aunque desgraciadamente en estos dos años también hemos aprendido que de nada vale tener la razón si no tienes el poder, porque con razones ni se llenan neveras ni se pagan facturas. En la memoria publicada por este Gobierno el pasado diciembre figuran los siguientes impactos por subir el salario mínimo interprofesional -a quién afectaría-, que voy a leer literalmente: el impacto de la subida es mayor para mujeres, extranjeros y jóvenes; los no cualificados tienen cuatro veces más probabilidades de cobrar el salario mínimo interprofesional; los empleados temporales se ven tres veces más afectados y los de tiempo parcial tienen una cobertura del salario mínimo interprofesional ocho veces superior a los de tiempo completo. Repito, estoy leyendo literalmente. Hay grandes diferencias regionales, destacando para mal Canarias -siempre, por desgracia, somos los primeros en todo; por desgracia, no, por culpa de Coalición Canaria- (Aplausos), y por actividades destacando las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, así como otros servicios y actividad administrativa. El mayor número de perceptores se concentra no obstante en el comercio y la hostelería, así como entre conductores y operarios de máquinas. Los trabajadores no cubiertos por convenio triplican su exposición al salario mínimo interprofesional. La mayoría de los afectados trabajan en empresas de menos de cincuenta trabajadores no exportadoras.

¿Cómo afectaría? Ya dije a quién afectaría -vemos a qué sectores de la sociedad afectaría-, ahora vemos cómo lo haría. La subida del salario mínimo interprofesional no provoca distorsiones en el mercado y en la competencia a las empresas -repito que estoy leyendo literalmente lo que escribió el Gobierno- ni genera aumento de costes administrativos de ningún tipo; cada punto porcentual -cada 1 %- de subida del salario mínimo interprofesional genera unos ingresos al sistema de la Seguridad Social de 33,22 millones de euros. En cuanto a prestaciones la repercusión más directa se produce en el cobro por incapacidad temporal -en las bajas laborales-: maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y lactancia. Por supuesto a largo plazo también repercute en las pensiones. Al aumentar el salario mínimo interprofesional aumentan los topes máximos del cobro de las prestaciones y beneficia a las personas que cobran subsidio por desempleo, mayores de cincuenta y cinco años, renta agraria, RAI, PAE, es decir, las famosas ayudas de 400 euros. Tiene impacto positivo en el género, disminuyendo significativamente la brecha salarial; tiene impacto positivo en familias, niños y adolescentes al aumentar la renta disponible en los hogares de los trabajadores. Esto que acabo de leer no lo digo yo, no lo dice Unidos Podemos; lo dice el propio Gobierno.

Tras leer y conocer todo esto de boca del propio Gobierno la pregunta es: ¿y qué pasó con la ley de Unidos Podemos que fue votada por la mayoría de este Congreso y que fijaba el salario mínimo interprofesional en 800 euros para 2018 y en 950 para 2020? ¿Dónde está? Pues está bloqueada en el trámite de enmiendas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Todas las semanas se reúnen y deciden ampliar una semana más el plazo de enmiendas desde el 23 de septiembre de 2016 para leerse cuatro paginas y elaborar las enmiendas, cuatro páginas, esto (Muestra unas páginas.-Aplausos). Repito, septiembre de 2016, para leer esto se ve que han necesitado más de un año y medio. Esto solo puede tener dos explicaciones, a cada cual más grave: o resulta que entre estos dos grupos parlamentarios, entre Partido Popular y Ciudadanos, los diputados y diputadas de estos dos grupos no han tenido ni tiempo ni ganas de hacer su trabajo, por el que les estamos pagando todos, o peor aún, mucho más grave aún, están bloqueando el Parlamento para evitar que lo expresado por millones de personas en las urnas se convierta en ley, impidiendo así que mejoren sus vidas. Desde aquí nuestro grupo solo tiene que decirles algo bien claro: quítenle los grilletes a la democracia, dejen trabajar al Parlamento y desbloqueen las medidas que pueden mejorar la vida de la gente, que para eso les pagan. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el Gobierno nos propone la convalidación de un real decreto-ley importante, porque pone en marcha los mecanismos de que dispone el Estado para cumplir sus obligaciones financieras en un escenario de posible, por ahora posible ausencia de ley presupuestaria, un primer decreto de prórroga presupuestaria, podríamos decir; importante en suma. Sin embargo, señor ministro, este texto que usted nos trae es más significativo por lo que ignora que por lo que dispone, es mucho más elocuente por lo que oculta que por lo que enseña. Esta habilidad suya, señor Montoro, como prestidigitador de las finanzas le ha valido el calificativo por


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parte de algunos de mago financiero, de aprendiz de brujo; a mí sin embargo me recuerda más al célebre Tony Leblanc en aquella película de los años cincuenta Los tramposos, cuando paseaba por la calle de Atocha intentando embaucar a algún incauto con aquello de la estampita, el tocomocho, el trile; me recuerda usted a Tony Leblanc con los cubiletes y eso de nada por aquí, nada por allá, dónde está la bolita. Porque no tenemos ningún problema, señor Montoro, con la actualización de los valores catastrales, con la prórroga necesaria para la aplicación de algunas figuras tributarias, y desde luego no tenemos problema alguno con apoyarles en la ratificación de ese acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional de una manera limitada, ningún problema, pero, ¿dónde está lo demás, señor Montoro? ¿Dónde está la bolita? ¿Por qué no aparece en este decreto ninguna referencia al salario de los funcionarios, por ejemplo? Sí aparecía en otros decretos de prórroga. ¿Acaso no merecen los funcionarios, todos los funcionarios públicos de este país que se les asegure que no van a perder poder adquisitivo durante 2018? (Aplausos). ¿Acaso no merecían esa seguridad desde el 1 de enero pasado? Señor Montoro, ¿por qué no figuran en este decreto los 200 millones de euros destinados a cumplir los compromisos del Plan contra la Violencia de Género? Tenía usted un mandato directo, expreso, literal, unánime de esta Cámara que representa la soberanía nacional para que en el decreto de prórroga presupuestaria aparecieran esos 200 millones que van a proteger a las víctimas de la violencia de género. (Aplausos). ¿Dónde esconde usted la bolita, señor Montoro?

Pero este no es el único compromiso incumplido. En este decreto falta también, señor Montoro, referencia a las entregas a cuenta que usted comprometió con las comunidades autónomas para su financiación. Las comprometió en el mes de julio de 2017, las comprometió por escrito para este 2018 en Conferencia de Política Fiscal y Financiera. Es financiación autonómica que no es financiación para los Gobiernos autonómicos, sino financiación para los servicios que atienden las necesidades de los españoles en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales. ¿Dónde está esta bolita, señor Montoro? Es financiación autonómica que no es financiación graciable del Gobierno, sino financiación obligada por la ley, financiación comprometida, financiación con la que las comunidades autónomas ya han hecho, ya han elaborado, ya han aprobado sus propios presupuestos, financiación que en su mayor parte, lo sabe usted mejor que yo, no tiene nada que ver con los presupuestos, que es en más de un 75 %, financiación extrapresupuestaria.

Señor ministro, se lo vamos a decir alto y claro: No tiene usted derecho a practicar trilería alguna con los recursos comprometidos para la educación y la sanidad de los españoles. (Aplausos). No tiene usted derecho a mantener en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica a las comunidades autónomas que ya cuentan con esos recursos porque usted se los comprometió en el mes de julio del año pasado. Y en este decreto, desde luego, se echa de menos una actualización de las pensiones conforme al coste de la vida. Nosotros echamos de menos esta cuestión, como hubiera ocurrido antes de que llegaran ustedes al Gobierno, como hubiera ocurrido si no hubieran reventado ustedes el Pacto de Toledo y si no hubieran impuesto ustedes por ley la subida limitada del 0,25 que está empobreciendo a los pensionistas. Con este decreto es con el que deberían ustedes haberse dirigido a los pensionistas por carta en estos días, anunciándoles pensiones dignas y no con esa carta vergonzante en la que ustedes les anuncian subidas ridículas e irrespetuosas de dos o tres euros al mes. Esta es la carta que debían haber recibido los pensionistas.

Señor Montoro, ¿sabe lo que falta también en este decreto, al menos en su presentación pública? Falta aquel acuerdo -recordará usted- por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. ¿Recuerda usted aquel acuerdo? Un acuerdo con información clave firmado por el ministro de Hacienda y por la vicepresidenta del Gobierno, pero un acuerdo que fue clandestino, porque lo conocimos por una filtración a los medios de comunicación. Un acuerdo sin precedentes en su naturaleza y en su alcance, pese a lo que nos digan ustedes. ¡No tenía precedente en su naturaleza y en su alcance! Un acuerdo que en su punto noveno establece una limitación estricta de los expedientes de gasto de cada organismo del Estado al 50 % no ya de lo que se presupuestó en 2017, sino de lo que efectivamente se ejecutó en el año 2017, que es mucho menos. Una limitación del 50 %, de la mitad, para todos los departamentos, incluido educación y sanidad, por ejemplo; una limitación que solo podrá superarse -textual del acuerdo- en casos excepcionales debidamente justificados ante el señor Montoro, por supuesto. Un acuerdo clandestino que establece y confirma dos cosas: una, la voluntad del Gobierno de seguir a rajatabla la estrategia de financiar crecimiento económico con recortes sociales y, dos, la voluntad del Gobierno -no sé cómo decirlo, señor Montoro, ayúdeme usted- de presionar, extorsionar y chantajear a sus eventuales socios presupuestarios: ¡Ojo!, como no


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me aprobéis mis presupuestos, aquí tengo una herramienta para recortaros a la mitad las inversiones y las transferencias que estéis aguardando para vuestros territorios. Esto es como el chiste del dentista, señor Montoro, está usted diciendo a sus socios presupuestarios: ¿A que no nos vamos a hacer daño? Solo que usted no es dentista, señor Montoro, ni es Tony Leblanc; usted es el ministro de Hacienda obligado por el interés general y ni los grupos parlamentarios estamos dispuestos a someternos a sus trilerías y a sus chantajes, ni tiene usted derecho a utilizar el salario de los funcionarios ni la financiación de la sanidad autonómica ni los recursos necesarios en la protección de las víctimas de la violencia de género para sus jueguecitos de trilero en la Plaza de Atocha, señor Montoro. Desde luego, estamos a favor de aumentar el salario mínimo, pero esta subida, señor Montoro, no es suficiente. Ustedes parten de un doble error. Ustedes entienden que los salarios dignos son una especie de amenaza para el crecimiento y sostienen también equivocadamente que el Gobierno no tiene derecho ni capacidad para incidir en la fijación de los salarios. Doble error, señor Montoro. El crecimiento económico más sólido no es aquel que se sustenta en la devaluación salarial, sino el que busca valor añadido y competitividad en la investigación, innovación, calidad y formación de los trabajadores y en trabajadores bien pagados. El Gobierno claro que puede y debe favorecer el incremento salarial; por ejemplo, derogando la reforma laboral, fortaleciendo la negociación colectiva o aprobando subidas de salario mínimo decididas, valientes, a razón de 100 euros mensuales cada año para llegar a los 1000 euros mensuales en el año 2020, como ha propuesto el Partido Socialista.

Termino, señor ministro. Tres conclusiones. Vamos apoyar la convalidación de este decreto porque menos es nada, vamos a tramitarlo como proyecto de ley porque aquí faltan muchas cosas en relación con los salarios de los funcionarios, la lucha contra la violencia de género y la financiación de los servicios autonómicos, y vamos a exigirle, señor Montoro, que se deje usted de bolitas y de cubiletes, que afronte sus responsabilidades con respeto y con responsabilidad y que abandone toda esperanza de que le funcionen los chantajes. Con nosotros, desde luego, no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Comenzamos hoy un nuevo periodo de sesiones y lo hacemos debatiendo sobre la convalidación de este Real Decreto-ley de medidas tributarias y otras medidas urgentes de carácter social. El hilo conductor de este real decreto sigue respondiendo a determinadas demandas sociales. El Gobierno sigue trabajando para mejorar la vida de los españoles, intentando dar respuesta a las necesidades que reclama la sociedad española. El señor Simancas acaba de manifestar que en este real decreto faltan muchas cosas que a él le gustaría ver en el mismo, y yo me pregunto: ¿Qué es, que si aquí se aprobara la subida del sueldo de los funcionarios, la dotación para lucha contra la violencia de género u otras cuestiones, como la financiación y el incremento de recursos a las comunidades autónomas, ustedes votarían a favor? ¿Entonces por qué no votan a favor de los Presupuestos Generales del Estado, que van a contener todas esas medidas? (Aplausos). Sinceramente, no lo entiendo. Faltan muchas cosas, pero sobre todo a ustedes les falta una: lealtad. Sin embargo, a pesar de su falta de colaboración leal con el Gobierno para sacar adelante entre todos, arrimando el hombro, los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno sigue actuando con reales decretos como el que hoy debatimos.

Señorías, la coyuntura económica es muy favorable y eso nos hace aún más inconformistas en el Partido Popular, porque queremos crear más y mejores oportunidades de empleo y que ese empleo sea estable, sí, y cada vez de mayor calidad. Está en nuestra mano lograr los 20 millones de ocupados en 2019 a la vez que mejoramos la calidad, cómo no, del empleo en nuestro país y, por eso, no nos conformamos. Nuestra economía se recupera. Llevamos cuatro años de recuperación económica, de crecimiento económico y este año hemos logrado crecer el 3,1 %. Hemos creado 2 millones de empleos -tenemos 19 millones de personas trabajando- y estamos a punto de dejar atrás la peor crisis de nuestra historia. Al mismo tiempo, hemos reducido nuestro déficit público al 3,1 % y hemos saneado las cuentas públicas de todas las administraciones públicas. Por tanto, estamos instalados nuevamente en el círculo virtuoso de la economía. Por eso, el Gobierno trae hoy a esta Cámara este real decreto, que contiene pocas medidas, pero todas ellas de enorme importancia para un amplio colectivo de ciudadanos y también, señor De la Torre, para la financiación de nuestros ayuntamientos. Ya sabemos que ustedes están en contra de los municipios y que quieren suprimirlos, pero nosotros consideramos que los municipios


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prestan muchos servicios a los ciudadanos (Aplausos) y queremos que tengan recursos para hacerlo cada vez en mejores condiciones. Por eso, en primer lugar, este real decreto aprueba una actualización de los valores catastrales, que no implica, como usted sabe perfectamente, una subida de impuestos, porque los ayuntamientos tienen potestad en sus ordenanzas fiscales para fijar unos tipos sobre esa base imponible, que es el valor catastral. Por tanto, se actualizan los valores catastrales para contribuir a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales, actualización que además ha sido solicitada por más de 1800 municipios. También ha hablado usted, señor De la Torre, de subida de impuestos, y sabe perfectamente que el Gobierno del Partido Popular ha hecho la rebaja de impuestos más importante de la democracia: más de 12 000 millones de euros en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre sociedades.

En segundo lugar, este real decreto prorroga para 2018 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva -el método de módulos- tanto en el IRPF como el método simplificado en el impuesto sobre el valor añadido. ¿Y eso por qué lo hace el Gobierno? Porque también da respuesta a las demandas planteadas por muchos autónomos a los que les cuesta mucho día a día sacar sus trabajos adelante y para los que pasar a estimación directa conlleva un incremento de sus obligaciones formales y fiscales que implicaría en muchos casos echar el cierre a sus negocios, ni más ni menos. Por tanto, esta medida evita que más de 500 000 autónomos acogidos a este régimen se vean obligados a abandonar el sistema de módulos. (Aplausos). El Gobierno una vez más da respuesta a la preocupación de esos autónomos, porque nuestro objetivo es siempre facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y eliminar y reducir sus cargas administrativas. Se prorrogan, como saben, los límites para estos autónomos en módulos, que es lo que viene a aprobar este real decreto.

Por último, este real decreto contiene una medida social de gran calado que afecta especialmente a trabajadores con bajos salarios. Así, en su disposición adicional única se encomienda al Gobierno incrementar un 4 % el salario mínimo interprofesional. Este incremento, como ha explicado el ministro, es fruto del Acuerdo Social sobre Salario Mínimo Interprofesional 20182020 alcanzado entre el Gobierno y los secretarios generales de Comisiones Obreras, UGT y los presidentes de CEOE y Cepyme. Yo me pregunto cómo es posible que algunos en esta Cámara estén en contra de este gran acuerdo social que supone mejorar la vida de muchos ciudadanos; en concreto, el ministro ha dicho que más de 530 000 personas podrían verse beneficiadas. Ciudadanos tendrá que explicárselo a sus votantes, porque aquí ha hablado de apuntarse tantos, pero, señor De la Torre, aquí ningún partido viene a apuntarse tantos. Venimos a apuntar tantos para España y para los españoles; para eso venimos a trabajar aquí y no para apuntarnos tantos cada uno. (Aplausos). También algunas fuerzas políticas como Podemos han planteado iniciativas en este sentido que están al margen de estos planteamientos de la Mesa para el diálogo social, pero nosotros traemos una propuesta muy concreta acordada con los sindicatos. Esto, señores de Podemos, también es democracia. También se pueden votar las propuestas del Gobierno y de otros grupos políticos en esta Cámara. Este es un acuerdo que es razonable y beneficioso para todos. Es una medida adecuada y equilibrada. Nosotros también creemos que es necesario incrementar el salario mínimo interprofesional -¡claro que es necesario!-, pero ese aumento tiene que ir ligado a la evolución de nuestra economía y, sobre todo, a la evolución de nuestro empleo. El Gobierno está trabajando para que nadie se quede atrás, porque la recuperación ha exigido el esfuerzo y el compromiso de todos. Recordemos que ya en 2017 se llegó a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional un 8 %, un alza histórica. Señorías, mientras algunos en la oposición están a por uvas o a apuntarse tantos, el Gobierno ha aprobado reales decretos como este tomándose las uvas. Mientras la oposición intenta destruir, el Gobierno trabaja y construye. Por eso, los españoles siguen confiando en el Partido Popular. Por ello, antes de terminar, me gustaría nuevamente solicitar su colaboración para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, porque el trabajo para mejorar España tenemos que hacerlo entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 21/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 130/000027).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores.


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Para presentar el real decretoley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, comparezco esta tarde ante el Pleno del Congreso para solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 21/2017, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. Este real decretoley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre, traspone a nuestra legislación las novedades fundamentales de la Directiva europea relativa a los mercados e instrumentos financieros, la llamada MiFID II. El objetivo último de la directiva es establecer unos estándares homogéneos en los Estados miembros de la Unión para garantizar el funcionamiento ordenado y la correcta formación de precios en los mercados financieros. En concreto, el real decreto-ley se divide en dos partes. En primer lugar, incluye las normas de organización y funcionamiento de los mercados regulados, de los sistemas multilaterales de negociación y de los sistemas organizados de contratación. Y en segundo lugar, recoge un régimen sancionador.

Paso a explicarles a continuación con más detalle el contenido del real-decreto ley. En primer lugar, se recogen los requisitos de funcionamiento y organización de los mercados regulados y sus órganos rectores. En concreto, la norma se refiere a los que hoy se conocen como mercados secundarios oficiales, tales como las bolsas de valores, los mercados de renta fija o los derivados. Así, con la entrada en vigor de MiFID II estos mercados deberán cumplir con nuevos requisitos para ser más transparentes y eficaces. En concreto, deberán implantar procedimientos y sistemas que permitan la detección de conflictos de interés, aseguren una negociación ordenada, garanticen que hay suficientes creadores de mercado -lo que facilita la liquidez del mercado- y permitan la gestión de los riesgos operativos a los que están expuestos, como son las posibles anomalías provocadas por la negociación algorítmica o los episodios de excesiva volatilidad. Además, el real-decreto ley incorpora la regulación de la estructura de comisiones de los mercados regulados. Estas comisiones deberán ser transparentes, equitativas y no discriminatorias; y no podrán crear incentivos que fomenten prácticas de abuso de mercado.

Con respecto a los órganos rectores de los mercados regulados, a partir de ahora serán responsables de asegurar el cumplimiento de estos nuevos requisitos. Seguirán estando supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que deberán comunicar las infracciones significativas de sus normas, las anomalías en las condiciones de negociación o posibles actuaciones prohibidas sobre abuso de mercado. Los organismos rectores también deberán contar con un comité de nombramientos y habrán de cumplir con obligaciones adicionales de comunicación de las suspensiones y exclusiones. Junto con los mercados regulados, la directiva MiFID II también establece nuevos requisitos de funcionamiento y organización para los sistemas multilaterales de negociación e introduce la figura de un nuevo tipo de centro de contratación: los sistemas organizados de contratación. En los sistemas multilaterales se intercambian fundamentalmente acciones o títulos de renta fija, funcionando como mercados alternativos con menores requisitos para los emisores y más accesibles por tanto para las empresas de menor tamaño. Los sistemas multilaterales de negociación existentes en España son dos, el MAB, el Mercado Alternativo Bursátil, y el Mercado Alternativo de Renta Fija. Por su parte, los sistemas organizados de contratación son una nueva categoría de sistemas multilaterales en los que interactúan los diversos intereses de compra y venta de bonos, obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión o derivados de múltiples terceros para dar lugar a contratos. Actualmente, este tipo de operación se hace sin contar con un mercado organizado, únicamente con dos contrapartes que se ponen en contacto y llegan a un acuerdo. Por eso, MiFID II trata de canalizar las operaciones con este tipo de activos hacia un mercado organizado, lo que sin duda redundará en una mayor estabilidad financiera, mayor transparencia y mayor liquidez de los activos. En dicho sentido, el real-decreto ley permite que las empresas de inversión puedan establecer sistemas organizados de contratación a los que se aplica gran parte de las normas previstas para los sistemas multilaterales de negociación. Además, se determinan las normas de acceso y funcionamiento de ambos tipos de centros, obligándoles a cumplir con algunas estipulaciones relevantes que hoy en día solo se imponen a los mercados de regulados. Asimismo, los sistemas multilaterales y los organizados quedarán sujetos a nuevas exigencias de información a la CNMV sobre su funcionamiento y deberán cumplir más requisitos de carácter organizativo y de suficiencia de recursos. Igualmente, se les aplicarán las reglas sobre suspensión y exclusión de instrumentos financieros de los mercados regulados. Por otra


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parte, se incorpora a nuestro ordenamiento la denominación "mercado de pyme en expansión", para dar cabida a la cotización de pymes bajo determinados requisitos, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de financiación. Finalmente, se incluyen algunos artículos con las medidas preventivas que puede imponer la CNMV en relación con mercados de otros Estados miembros cuando estos operan transfronterizamente en España y no cumplen con la normativa, sin que la autoridad del Estado miembro de origen tome medidas suficientes.

Con respecto a la segunda parte del real-decreto ley, se trata de garantizar la completa trasposición de la norma europea en relación con el régimen sancionador y asegurar así la eficacia de las nuevas obligaciones impuestas con esta normativa. En concreto, se eleva el límite máximo de las sanciones muy graves. Actualmente, el tope de estas multas es de 600 000 euros, el quíntuplo del beneficio obtenido o el 5 % de los recursos propios o de los fondos empleados en la actividad que dio lugar a la infracción, la que resulte de mayor cuantía. Con MiFID II este límite pasa a ser de cinco millones de euros o del 10 % del volumen de negocio total anual, lo que sea superior. Lo mismo sucede con las sanciones por infracciones graves, que pasan a tener un tope del 2,5 millones de euros o el 5 % del volumen anual de negocio, frente a los 300 000 euros, el doble de beneficio obtenido, o el 2 % de los recursos propios o de los fondos utilizados, que está estipulado como límite en la regulación actual. En cualquier caso, continuarán siendo de aplicación las disposiciones comunes que regulan aspectos tales como la instrucción o la prescripción de las sanciones.

Estos son, señorías, los principales aspectos que incorpora el real decreto-ley que hoy presento a convalidación. Todos ellos son de obligado cumplimiento desde el pasado 3 de enero, razón por la que el Gobierno ha decidido trasponerlos a la legislación española haciendo uso de un real decreto-ley. Era imprescindible proceder de este modo para asegurar la perfecta homologación de los mercados españoles a la normativa europea, evitando, así, posibles distorsiones que habrían penalizado nuestros centros de negociación por no estar bajo el paraguas de MiFID II. La reforma también incluye el régimen sancionador correspondiente a los nuevos requisitos exigidos para los centros de negociación. Su inclusión se considera imprescindible para garantizar el efecto útil de la trasposición, lo que justifica su incorporación en este real decreto-ley. De no haberse adoptado inmediatamente estas medidas, la liquidez y profundidad de los centros de negociación de nuestro país podrían haberse visto seriamente afectadas, con los perjuicios que de ello se deriva sobre el conjunto de la economía española. De hecho, la propia CNMV había solicitado la urgente trasposición de esta parte de la directiva para evitar cualquier duda sobre el cumplimiento de la normativa europea. No obstante, el Gobierno tiene muy avanzado el proyecto de ley del mercado de valores con el que se realizará la trasposición completa de la directiva MiFID II y que esperamos poder presentar para su tramitación por el Parlamento en las próximas semanas. La complejidad de este nuevo texto legal, que será un verdadero código del mercado de valores y constará de unos cuatrocientos artículos, ha hecho necesario desgajar estos primeros aspectos para poder cumplir con los plazos legales que mencionaba hace un momento. Esta práctica de tramitar en paralelo ambas normativas ha sido recomendada expresamente por el propio Consejo de Estado en numerosas ocasiones.

En resumen, este real decreto-ley homologará el funcionamiento de los mercados financieros en España con los estándares europeos, favorecerá una mayor competencia en el ámbito del mercado de capitales al eliminar barreras y repercutirá positivamente en las pymes. Espero, por tanto, que más formaciones políticas respalden la convalidación de esta norma que, a la postre, sirve para avanzar en la construcción de un mercado de capitales único en la Unión Europea en el que las empresas españolas tendrán acceso a una mayor variedad de posibilidades de financiación a costes inferiores.

Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los grupos parlamentarios que han negociado con el Gobierno este real decreto-ley, que se tramitará como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La convalidación de este real decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado año supone en la práctica la incorporación a nuestro marco normativo de una amplísima, compleja y fundamental directiva europea relativa a los mercados de instrumentos financieros. El Gobierno, como ha explicado el ministro de Economía, señor De Guindos, ha recurrido a la figura del real decreto-ley ante la


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necesidad inminente de aplicar esta directiva, conocida por sus siglas en inglés, MiFID II, desde el 3 de enero como una nueva regulación para dotar de garantías legales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las entidades financieras y operadores del mercado, y también para que se pueda operar de acuerdo con el reglamento MiFIR 1, cuyo primer nivel está en vigor desde julio de 2014, con las consecuencias jurídicas propias del entorno del mercado financiero único de la Unión Europea. La ausencia de estas medidas arrastraría a los centros de negociación españoles a graves riesgos porque no estarían homologados a los diferentes estándares europeos. A partir de este real decreto-ley se proporcionan garantías para que puedan ejecutar operaciones sobre acciones admitidas a negociación, de conformidad con la normativa europea. Es también una cuestión de competitividad, para evitar lo que sería un grave desplazamiento de operaciones financieras inversoras, etcétera, desde centros de negociación españoles hacia otros europeos. Son, igualmente, medidas que afectan a la organización, funcionamiento y negociación de instrumentos financieros de los mercados regulados, incluida la regulación de los sistemas de negociación algorítmicos. Del mismo modo, se contemplan medidas relativas a los sistemas multilaterales de negociación y a los sistemas organizados de contratación. Asimismo, se aplican disposiciones que afectan a los centros de negociación, facilitando que nuestra CNMV pueda intervenir preventivamente y comunicar infracciones por parte de un mercado regulado, un sistema multilateral de negociación o una sociedad de valores acogida en España. De hecho, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo público hace un mes, en concreto el 2 de enero, un comunicado advirtiendo, entre otros aspectos, que la directiva sobre mercados e instrumentos financieros puede tener un efecto directo en el mercado de valores español conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que la CNMV debe promover la efectividad de la normativa comunitaria interpretando las normas nacionales vigentes de modo conforme con la misma.

Concluyo señalando que finalmente el real decreto-ley establece el régimen de infracciones y sanciones y se completa con una serie de disposiciones adicionales, entre las que se incluye la convalidación de los mercados regulados ya existentes en España. Mi voto será favorable a la convalidación.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, como ustedes saben, tenemos un Parlamento que está en gran medida paralizado debido al abuso por parte del Gobierno del veto a propuestas legislativas que nacen aquí por sedicentes motivos presupuestarios y debido también al filibusterismo ejercido por algún grupo de esta Cámara que se dedica sistemáticamente a solicitar prórrogas de los plazos de enmiendas con fines puramente dilatorios de la tramitación de proposiciones de ley ya tomadas en consideración. Parece que el Ejecutivo pretendiese convertirnos a quienes representamos la soberanía nacional en una especie de nuevos procuradores en Cortes del franquismo, cuyo único papel efectivo parece que sea el de asentir dócilmente cada vez que nos traen aquí alguno de esos agónicos decretos-leyes que hemos de aprobar por responsabilidad para trasponer directivas con plazos rebasados y evitar así que Europa no sancione. La verdad, ya cansa tanto decreto-ley que nos traen in extremis, o mejor dicho in articulo mortis, porque debiera haberse vehiculizado hace ya tiempo como un proyecto de ley esta directiva que solo parcialmente trasponemos, porque esta materia no afecta únicamente al interés de los inversores, sino también a la estructura del sistema financiero. Por tanto, esta Cámara, con tiempo, debería haber podido realizar esa necesaria lectura en esa doble clave de una manera tranquila, sosegada y no agobiada por la ineptitud de un Gobierno que no sabe poner jerarquía en las urgencias.

En cuanto al fondo del decreto-ley, nos sorprende que haya manifestaciones de desconfianza ante el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -miren los artículos 23.3, 24.2 y 37.2-; nos sorprende también el abuso de conceptos indeterminados que introducen inseguridad -por ejemplo, los artículos 20.1, 22.1, 45.6 o 47.1- y también nos sorprenden las alusiones recurrentes a la transparencia pero sin decir qué se entiende por ella y qué hay que hacer exactamente para conseguirla en cada caso. En conclusión, este decreto-ley en gran medida es papel mojado porque carece de sentido autónomo si no se lee colgado de los conceptos y prescripciones que se dice trasponer. Este decreto-ley realmente no traspone, se limita a cumplir un formalismo para evitar una sanción, pero sin traernos plenamente las directivas.


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No se preocupen, Compromís de todas formas volverá a actuar responsablemente con su voto. No impediremos la aprobación de este decreto-ley, pero sí esperamos que llegue un tiempo más propicio para poder desarrollar un trabajo legislativo en serio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Señor ministro, vamos a apoyar la convalidación de este real decreto, aunque vamos a poner de manifiesto algunas incongruencias. Es una trasposición parcial de la directiva MiFID II. Alguien se puede preguntar si prácticamente tres años y medio después de su aprobación ha habido motivos suficientes para no poder hacer la trasposición total de esta directiva. De hecho, existe el anteproyecto, tendremos que verlo. Es verdad que se trasponen aquellos elementos sustanciales para generar la mínima inseguridad jurídica a los operadores, nuestro grupo está de acuerdo -se lo manifestamos cuando nos presentaron el borrador de este real decreto-ley- y, por tanto, lo vamos a apoyar.

También nos congratulamos -es verdad- de que se pueda tramitar como proyecto de ley para que se puedan presentar enmiendas más técnicas, no le engaño, que de cualquier otro contenido. En todo caso, quiero poner de manifiesto esta situación de la que ha hablado algún otro portavoz y que se está convirtiendo en normal, y es que estamos agotando todos los plazos. Que en tres años y medio no haya habido suficiente tiempo para hacer una trasposición más o menos adecuada, sabiendo que había unos primeros meses en los que esto no era posible, tampoco lo tenemos que ver como normal ni aceptarlo. En todo caso, van a tener nuestro apoyo para esta convalidación, así como para presentar enmiendas en su tramitación. Traigan a esta Cámara lo antes posible el proyecto de ley del mercado de valores que va a completar toda esta trasposición.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on, buenas tardes, señorías.

Este real decreto-ley tiene por objeto trasponer a nuestro derecho interno la normativa propia en materia del mercado de valores, la Directiva 2014/65, conocida por sus siglas en inglés, MiFID II. Una directiva adoptada en el año 2014 como respuesta a la crisis financiera y cuyo objetivo es establecer unos mercados financieros más seguros y transparentes que conlleven una mejor protección al inversor y al consumidor y que, por tanto, no se vuelvan a repetir errores cometidos por prácticas nada recomendables alejadas de la ética profesional, ajustando los productos a sus necesidades. La exposición de motivos justifica el empleo del real decreto-ley en la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico determinados aspectos para dotar a las entidades financieras, operadores del mercado y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las garantías legales necesarias para operar de acuerdo con la nueva normativa europea, con todas las consecuencias jurídicas en un entorno de mercado único.

No obstante, desde una visión de oportunidad no se puede afirmar que concurra la extraordinaria urgencia que exige el precepto constitucional, ya que en este caso estamos hablando de una situación más que previsible porque la fecha de trasposición de esta directiva era conocida y porque esta trasposición, además, ha gozado de una prórroga hasta el 3 enero de 2018, precisamente por el desafío que suponía. Por lo dicho, creemos que es criticable acudir al empleo de un real decreto-ley cuando la extraordinaria urgencia se basa, a nuestro entender, principalmente en un retraso en la trasposición, a pesar de que entendemos que esa incorporación total no es tarea fácil; hay que decir, además, que otros países europeos sí que han llegado a tiempo.

En definitiva, nos encontramos con una trasposición parcial para evitar que los intermediarios financieros opten por operar en otros mercados financieros, porque podrían considerar que al no estar traspuesta la directiva, ni tan siquiera parcialmente, los mercados españoles no tendrían incorporados los requisitos establecidos en MiFID II. Parece que el objetivo en parte se ha logrado, ya que, según las bolsas y mercados españoles, el primer día de aplicación de la misma transcurrió con normalidad en el mercado español. También quiero comentar que este real decreto incluye las normas de organización y


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funcionamiento de los mercados regulados -regula los sistemas multilaterales de negociación, establece un régimen de infracciones y sanciones-, pero destaca también por su novedad la negociación algorítmica en los mercados de alta frecuencia y el sistema organizado de contratación.

Por otro lado, no incluye aspectos muy importantes de la Directiva MiFID, como es la protección del inversor, en tanto que trata de garantizar que este conozca los riesgos a los que se expone, y separa las funciones de intermediación y asesoramiento, así como la de servicios de modelo financiero en el que se encuentra lo relativo a incentivos, gobernanza y análisis de producto, pero que nos dejan también con la incertidumbre acerca de cuándo se van a aprobar estos aspectos. Hay que tener en cuenta que una trasposición parcial de las normas contenidas en esta directiva durante un largo período de tiempo, aparte de las correspondientes sanciones que por parte de la Unión Europea se pudieran establecer, podría también crear inseguridad jurídica y mermar esa competitividad financiera de la que habla el real decreto. Por ello, será necesario que la trasposición de la misma sea completada en un periodo de tiempo razonable para garantizar los mecanismos, requisitos y protección prevista en dicha directiva y se pueda aplicar en toda su extensión, ya que va a suponer un impacto importante en la prestación de los servicios de inversión y, por tanto, en el modelo organizativo y de negocio de las entidades afectadas.

A pesar de que el real decreto arranca sin esa trasposición total de la directiva, nuestro grupo votará a favor de la convalidación para dar seguridad jurídica a los centros de negociación, por responsabilidad y porque entendemos este real decreto como un primer paso para afianzar un cambio en la regulación bajo los principios de seguridad y transparencia que entendemos también se realizará a través de la modificación de la Ley del Mercado de Valores, pero también solicitará su tramitación como proyecto de ley para aportar aquello que estime necesario.

Muchísimas gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señor ministro, en el último Pleno del pasado año a propósito del debate sobre la convalidación o no del decreto-ley sobre la información financiera, le dije que no fuesen por ese camino, que no nos presentasen decretos-leyes para convalidar directivas europeas fuera de plazo y siempre con la espada de Damocles de Europa encima, con que nos van a sancionar en Europa y obligándonos a convalidarlos. Pues bien, llega el primer Pleno del periodo de sesiones del año 2018 y la primera en la frente. Ahí lo tenemos. No tienen remedio, es lo que hay, es a lo que nos tendremos que acostumbrar hasta que podamos cambiar el Gobierno que, según indica todo, será en breve.

Esta vez ustedes se han superado, porque no solo convalidan fuera de plazo y tarde, sino que encima utilizan un parche, un remiendo para intentar salir del paso porque no convalidan completamente la directiva, hacen una convalidación parcial, solamente de lo auténticamente imprescindible para no quedarnos fuera del marco europeo. Está claro que, viendo cómo actúan y lo que les cuesta aprobar las reformas que les impone Europa (Aplausos), ustedes son incapaces de aprobar las reformas que España necesita. Por eso, les anuncio que en breve Ciudadanos traerá a esta Cámara una ley para acabar con el primer problema que tiene España, el gran problema de este país, que es la precariedad laboral. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya se han iniciado conversaciones con todos los grupos para reformar una ley que es injusta, que está totalmente obsoleta, que es la Ley Electoral. Si hubiésemos tenido una ley en la que de verdad todos los votos valiesen lo mismo no hubiese pasado, por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña; los partidos constitucionalistas que han obtenido más votos en las urnas hubiesen ganado y ahora mismo no tendríamos el problema que tenemos y con negociaciones con unos partidos independentistas. (Aplausos).

Tampoco se les ve que tengan muchas ganas de reformar el Poder Judicial para darle más independencia, para que la mayoría de los jueces del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y que no sean los partidos los que decidan la cúpula de los jueces. En eso sí que se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, para eso sí, para repartirse los cargos del Poder Judicial. Para aprobar los presupuestos, bajar el IRPF, para aumentar los permisos de paternidad y para equiparar los sueldos de la Policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas, los viejos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no se ponen de acuerdo, pero para repartirse el Poder Judicial sí que parece que se ponen de acuerdo. (Aplausos).


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Mientras tanto, con este inmovilismo que caracteriza al Gobierno, España va perdiendo oportunidades, porque aprobar la ley del mercado de valores y de los instrumentos financieros era una oportunidad para España; era una oportunidad para atraer bancos de la City de Londres que, tras el brexit, podrían haber visto que España era una buena plaza, en concreto Madrid, pero para eso resultaba imprescindible que nuestra legislación estuviese adaptada a esa normativa europea y no hemos llegado en plazo. La verdad es que estamos en el furgón de cola y nosotros nos preguntamos por qué España tiene que estar continuamente en el furgón de cola. Ha habido otros países, las economías más importantes de Europa, que han sido capaces de trasponerlo en tiempo, como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania. ¡Y todos los países han tenido también sus vicisitudes! Reino Unido, por ejemplo, ha pasado por el referéndum de Escocia, por el referéndum del brexit, por la dimisión del primer ministro; Italia ha tenido tres presidentes, y han conseguido aprobar la convalidación y se han adaptado. ¿Por qué España no? Pues España no lo ha hecho porque a ustedes les cuesta moverse, porque ustedes van arrastrando los pies y, en definitiva, porque ustedes no tienen remedio.

Por supuesto que votaremos a favor de este real decreto-ley, pero para no dejar fuera de juego a los centros de negociación españoles; para garantizar que en esos centros se puedan ejecutar operaciones sobre acciones admitidas a negociación; para evitar una pérdida de oportunidad y liquidez en esos centros; para incorporar la figura de los sistemas organizadores de contratación, y establecer el régimen sancionador, como usted decía. Pero, como decíamos, este decreto-ley no incluye partes importantes de la Directiva MiFID II, como, por ejemplo, la regulación de los incentivos, el coste del análisis y la gobernanza del producto. Todavía queda pendiente de regular una parte importante que afecta a la industria de los fondos y hay muchos ámbitos que han quedado fuera y que deberían haber sido regulados. Como decíamos, en definitiva, una vez más, se demuestra que ustedes son incapaces de realizar las reformas que España necesita, pero la buena noticia es que cada vez estamos más cerca de que haya un nuevo tiempo para España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿usted no tiene la impresión de estar viviendo un déjà vu, de que esto lo hemos vivido usted y yo no hace mucho y, probablemente, en otra vida? Terminamos el año pasado con la convalidación de un real decreto-ley in extremis, con urgencia y porque Bruselas amenazaba con una sanción. Empezamos el año con un real decreto-ley in extremis, con Bruselas amenazando con una sanción y con usted generando tensión sobre el Parlamento. El guión es el mismo en todas las sesiones. Usted llega aquí, nos explica que es muy importante que lo convalidemos; nos cuenta que no se ha podido hacer antes no se sabe por qué motivo; nos advierte de la posibilidad de que nos caiga una sanción de la pera que tendremos que pagar entre todos y no solo su ministerio; y obvia que usted ha generado un contexto de urgencia y que nos traslada a nosotros la resolución.

Luego llega la oposición, se lo reprochamos -alguno se viene arriba y lo llama incompetente, otro seguro que le va a reprochar que está haciendo méritos para irse al Banco Central Europeo y por eso no se ocupa de lo que se tiene que ocupar- y, al final, por responsabilidad, lo convalidamos. Luego, probablemente, la señora Palmer lo defenderá, pero espero que en este caso no repita aquello del mantra y entienda que la costumbre de convalidar el real decreto al ministro de Economía se está volviendo algo frecuente en esta Cámara. Es como un día de la marmota parlamentaria protagonizada por usted y su ministerio, en este caso con una variante, que en lugar de traer la convalidación de toda una directiva, ha traído solo la convalidación parcial de la directiva. El trabalenguas que se produce es que lo que no se traspone es mucho más relevante que lo que se ha traspuesto, pero lo que no se ha traspuesto ha entrado en vigor de igual manera que lo que se ha traspuesto, y me explico. Solo hemos traspuesto una parte de la directiva, la que está relacionada con la organización y funcionamiento de los centros de negociación, mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación, sistemas organizados de contratación y sanciones relacionadas. El argumento para la trasposición parcial era que si esto no ocurría, el mercado español estaría a 1 de enero en condiciones de no homologación y, por tanto, se podrían producir fugas de agentes y de operadores del mercado. Hasta ahí, bien, pero para nosotros lo que no se ha traspuesto


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es igual de importante, como es la protección de los consumidores y de los inversores, que, afortunadamente -y ahora explicaré por qué-, se encuentran protegidos.

En cualquier caso, la trasposición parcial y la aprobación y convalidación o no del real decreto-ley no nos evita dos problemas. Por un lado, la multa. Bruselas ya le ha advertido de que la trasposición parcial no exime de la multa y que tenemos dos meses para convalidar el conjunto de la directiva. Y por otro lado, la inseguridad jurídica que usted ha generado in extremis y que los propios agentes y operadores del sector le reprochan que aún no se haya eliminado como consecuencia de la trasposición parcial. Lo que plantean es que el paraguas protector que ofrece la directiva no está lo suficientemente desplegado y, por tanto, no hay protección suficiente. Y no es que la CNMV le haya conminado a trasponer porque, si no, no conseguiríamos que el mercado español estuviera homologado, sino que lo que ha tenido que hacer la CNMV ha sido ofrecer tranquilidad diciendo que las lagunas en la trasposición están cubiertas por la aplicación directa de los reglamentos.

Pero el problema no acaba aquí, sino que la Comisión Europea nos ha transmitido un dictamen motivado diciendo que si en dos meses no se traspone, nos llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que en esa trasposición no vuelva a recurrir al real decreto-ley -que no tengamos que volver a este día de la marmota parlamentario con su ministerio-, porque ahí sí que no estaríamos dispuestos a convalidarle el real decreto-ley, dado que ahí sí está el núcleo central de la directiva y de la protección de la misma.

Este real decreto, de momento, nos ofrece dudas que solo podremos resolver en cuanto conozcamos cuál es el contenido concreto de la Ley del Mercado de Valores. Le damos un margen de confianza -tampoco muy amplio, porque simplemente nos vamos a abstener- hasta que sepamos cuál va a ser la regulación del mercado de valores que introducen en la trasposición de la directiva, esencialmente, porque lo que vemos en esta trasposición es un excesivo peso de la autorregulación, una excesiva traslación de funciones a los organismos rectores, que, como usted bien sabe, son organismos privados y en muchos casos están participados por agentes del propio mercado: mercados autorregulándose o mercados regulando mercados. Eso -¿le suena la canción?- es triste y nunca ha acabado bien.

El otro aspecto de este real decreto que también queremos destacar y que podría parecer tangencial, pero que no lo es, es el de los trabajadores. Los trabajadores del sector bancario llevan meses formándose para poder seguir en sus puestos de trabajo, como consecuencia de las exigencias de formación que les impone MiFID II, y han hecho sus deberes a tiempo para poder seguir desarrollando su trabajo durante su tiempo de ocio o robándoselo a la familia; no en el puesto de trabajo. Quisiera dedicar el minuto que me queda a los trabajadores de ese sector, en concreto a los trabajadores de dos bancos: Bankia y BMN. No sería un día de la marmota si no le nombrara Bankia, BMN y Popular. ¿Usted cree que es razonable que la fusión de ambos bancos se traduzca en un ERE con el que se despedirá o prejubilará a 2291 personas, casi el 13 % de la plantilla conjunta, mientras se crea un puesto ad hoc para don Carlos Egea, expresidente de BMN, subiéndole el sueldo de 300 000 a 500 000 euros fijos? ¿Tanto valor incorpora el señor Egea a la compañía como para que esa confesión se haga de esa manera? ¿A usted le parece razonable que Bankia despida a 2200 personas cuando en 2017 se hicieron en este país seis millones de horas extras sin remunerar en el sector? O sobra trabajo o faltan trabajadores, pero las dos cosas no son compatibles, señor ministro.

Además -voy terminando, señora presidenta-, nos parece sintomático que esto ocurra en Bankia, que es una entidad que, como usted bien sabe, está nacionalizada y que, curiosamente, recurrió una sentencia de la Audiencia Nacional en la que era conminada a instalar instrumentos de registro de la jornada diaria efectiva. En Bankia se quiere controlar todo menos las horas de trabajo que los trabajadores de Bankia hacen gratis para la entidad. No puede ser que la trasposición de las directivas y la reforma del sector financiero recaigan sobre los trabajadores, así que, por sentido y responsabilidad, nos abstendremos en la trasposición de la directiva y esperamos la proposición de ley sobre el mercado de valores.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, debatimos hoy, como ya han repetido mis predecesores, la convalidación del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes para la adaptación al derecho


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español de la normativa europea en materia del mercado de valores. Este real decreto es fruto de una trasposición parcial -y recalco parcial- de la Directiva 2014/65, de 15 de mayo de ese año, normativa conocida como MiFID II y los reglamentos que le siguen; normativa que, por otro lado, entró en vigor el pasado 3 de enero, punto que yo creo que también hay que tener en cuenta. El real decreto-ley que hoy nos ocupa traspone al ordenamiento jurídico español un aspecto fundamental para nosotros, como es la nueva regulación de los centros de negociación, tanto mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o los sistemas organizados de contratación, así como el régimen sancionador que usted mismo ha comentado.

No voy a centrarme en analizar más punto por punto lo recogido en el real decreto -eso ya lo ha hecho usted-, pero sí querría comentar que existen otras partes en el conjunto normativo de MiFID II que no han sido abordadas en este real decreto-ley y que para nosotros también son de suma importancia y se deberían estar aplicando desde el pasado 3 de enero. Por lo tanto, vuelven a caer en la improvisación trayendo un texto a modo de parche para solucionar un problema que solo ustedes han generado, fruto de su inacción, y han tardado más de tres años y medio para redactarlo. ¿Qué no hemos traspuesto todavía? Una parte sustancial y muy importante para nuestro grupo. Me refiero a los requisitos aplicables a las fases de desarrollo y lanzamiento de productos financieros, por las que las entidades distribuidoras deben tomar medidas para garantizar que un producto no se distribuya fuera del público objetivo definido. Esta regulación ex ante, esta regulación de carácter preventivo, de haberse aplicado anteriormente, seguramente habría podido disminuir o evitar en gran parte los perjuicios ocasionados a los pequeños ahorradores durante la crisis financiera en este país. Asimismo, la nueva regulación también exige criterios de formación para todos los empleados que trabajan asesorando o informando a los clientes dentro del sector. Se trata de un aspecto sumamente importante para futuras prácticas de comercialización de ciertos productos financieros para que sean adecuadas al perfil del cliente. Ya el pasado mes de julio la CNMV publicó una guía técnica para la aplicación de esta normativa en este ámbito. Yo sufrí como trabajador del sector la aplicación del MiFID I. Espero que esta también se haya aplicado con mejoras y sobre todo con garantías para los trabajadores.

Ministro, mi grupo comparte que el contenido de la reforma a nivel europeo del MiFID II y del reglamento MiFIR es muy importante y tiene que aplicarse a la mayor brevedad porque supone una mayor integración europea dentro del mercado de capitales, mayor protección y transparencia para los clientes. Tras la experiencia de la crisis financiera que ha sufrido nuestro país como ningún otro en la Unión Europea, es especialmente importante para evitar las malas prácticas en la comercialización introducir mecanismos de regulación preventiva y reforzar la transparencia y funcionamiento en los mercados. Pero también la normativa MiFID II pretende otorgar más facultades y herramientas más eficaces a los supervisores europeos y nacionales, como la CNMV. Y aquí solo quiero hacerle un apunte: tanto la expresidenta de la CNMV como su actual presidente vinieron a esta Cámara y nos hicieron el comentario de que sí, es verdad, están asumiendo muchas más competencias, tienen que regular y supervisar mucho más, pero no cuentan quizá con los recursos humanos, con los trabajadores necesarios, fruto de las limitaciones a la contratación de empleos públicos que ustedes también promovieron. Pero en este caso, al igual que en otros, el Gobierno de España, a nuestro entender, siempre llega tarde a la nueva regulación europea.

La trasposición de la directiva que se lleva a cabo en este real decreto no es ni mucho menos completa y suficiente, como así lo ha admitido el presidente de la CNMV. Esta demora en la aplicación se debe al retraso del desarrollo de la normativa a nivel nacional que obliga a hacer cambios profundos -lo entendemos- en la legislación y donde el Gobierno, su Gobierno, ha optado por elaborar una nueva ley del mercado de valores, un documento que no conocemos y que sigue sin venir a esta Cámara. Desde nuestro grupo, señor ministro, esperábamos que el Gobierno hubiera abordado de manera integral los cambios regulatorios necesarios para la aplicación de MiFID II y recogerlos en nuestra Ley del Mercado de Valores y seguiremos esperando pese a que la normativa se debería haber empezado a aplicar desde el pasado 3 de enero. Entiendo, y entendemos, que este real decreto-ley que hoy traen a esta Cámara para su convalidación busca dar tranquilidad a la industria y también generar las condiciones competitivas y mantenerlas respecto a los mercados dentro del mercado europeo, cosa que es del todo lícita y que nosotros entendemos; lo que no entendemos tanto es por qué dejan fuera gran parte de la normativa a nivel de MiFID aprobada, como he dicho antes, desde el año 2014.

Para acabar, señor ministro, nosotros podemos compartir el fondo de este real decreto-ley, pero no compartiremos nunca las formas, la improvisación. Parece que ustedes tengan una máxima, que es la de


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gobernar a fuerza de improvisar y, lo que es peor, sin tener ninguna agenda de reformas clara; un modelo de gobierno, por otro lado, al que nos tienen acostumbrados y que nuestro grupo no comparte, y no me refiero únicamente a asuntos económicos o que atañen a su ministerio, sino a una forma de hacer que está instaurada en el Ejecutivo en esta legislatura. Por esa razón no podemos votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, porque no queremos convalidar esa manera de gobernar, de no tomar decisiones hasta que es demasiado tarde y solo queda la precipitación, como ha pasado con este real decreto. Le pedimos que empiecen a planificar para gestionar y anticiparse a los problemas que sufre nuestra sociedad y dejen de ir a remolque de los acontecimientos. Le pedimos que traigan a este Parlamento la modificación, el proyecto de ley sobre el mercado de valores y que traigan, antes de los dos meses que nos ha dado de tiempo la Comisión Europea para evitar las sanciones, esta modificación legislativa. Un consejo, si me lo permite. Le pedimos, asimismo, que dedique menos tiempo a preocuparse por los sillones del Banco Central Europeo y más tiempo a preocuparse por su ministerio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Presidenta, ministro, señorías, como ya se ha dicho, el Gobierno nos presenta hoy para su convalidación un real decreto-ley de medidas urgentes para la adaptación a nuestro derecho de la normativa europea sobre el mercado de valores. Hemos venido a eso, señor Gómez, no a otra cosa.

El fracaso de la regulación europea vigente hasta ahora en esta materia, el denominado MiFID, que se mostró incapaz de prevenir y reaccionar ante el estallido de la crisis financiera de 2008, ha obligado a una profunda revisión de esta normativa con el ánimo de adaptarla a los nuevos retos que surgen de la rápida evolución de los mercados financieros. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor. Silencio

La señora PALMER TOUS: Es así como surge MiFID II, la nueva regulación europea de los mercados de instrumentos financieros, que se articula en tres grandes ejes. Un primer eje basado en nuevos requisitos en el funcionamiento de los mercados de valores y nuevas exigencias en la negociación de instrumentos; un segundo eje encaminado al aumento y la protección del inversor y un tercer eje centrado en la gobernanza de las entidades de servicios de inversión, exigiendo mayores requisitos a los directivos. Mientras el primero es el objeto del real decreto-ley que hoy se presenta, los dos últimos, que son ciertamente importantes, señor Montero y señor Palacín, somos conscientes de ello, serán ampliamente desarrollados en el proyecto de ley del mercado de valores que está elaborando el ministerio y cuyo anteproyecto ya fue sometido a audiencia pública en septiembre del año pasado. La nueva normativa, el MiFID II, persigue superar las deficiencias del anterior sistema. En ese sentido, si en Europa no había duda de la necesidad de esos cambios regulatorios, en España, como estamos comprobando en la Comisión de investigación de la crisis financiera, era aún más evidente, ya que se constata que hubo importantes errores de supervisión del sistema y no hubo imposición de límites a operaciones que claramente sobrepasaban lo razonable, lo cual tuvo consecuencias muy graves para muchos españoles. Es así. La falta de reacción de las autoridades competentes nos condujo a una burbuja crediticia cuyos resultados todos conocemos y solo podemos calificar como dramáticos. Solo unos ejemplos. Tanto el crédito al sector promotor como al constructor y el préstamo hipotecario de viviendas nada más y nada menos que se triplicaron entre 2003 y 2008. También el ratio deuda privada sobre el PIB, que en 2004 ya superaba los límites que recomienda la Comisión Europea, estaba en el 133 %, alcanzó el 210 %. Por otro lado, la necesidad de financiación de la economía no solo superó el 3 %, algo que siempre había provocado recesión y devaluaciones, sino que llegó a rebasar el 9 % del PIB en 2007 y 2008. En suma, la negligencia en la supervisión llevó a situaciones límites que ciertamente ha costado mucho superar y lo hemos hecho no hace tanto tiempo.

A esta acumulación de desequilibrios financieros que hemos descrito muy brevemente, quiero añadir ahora otro elemento que desgraciadamente tuvo cierto protagonismo durante la crisis financiera, y es la escasa exigencia, casi dejadez diría yo, que permitió la comercialización de productos financieros complejos a cientos de miles de ahorradores particulares desprotegidos por falta de información, que llevó a que, por ejemplo, más de 600 000 españoles fueran estafados por las famosas preferentes, por cierto,


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con el beneplácito del Gobierno de Zapatero, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo el que fue presidente de la CNMV aquí mismo en sede parlamentaria. (Aplausos). Si quieren, demos algunos datos de ese descontrol. En ocho años, de 2001 a 2008, los minoristas españoles compraron preferentes por un importe total de 7573 millones de euros, cuando se suponía que las preferentes estaban destinadas solo a institucionales, y un año después, en el año 2009, solo en un año, se colocaron a minoristas 11 353 millones de euros, es decir, un 50 % más que en los ocho años previos juntos y de ellos casi el 80 % correspondía a entidades que ya estaban en serias dificultades. Sin comentarios. En suma, queremos evitar un nuevo escándalo como el de las preferentes y ello exigía y exige mejorar el control y la supervisión, tal y como estamos haciendo con este nuevo marco normativo.

Volviendo de nuevo a esa nueva regulación -no quiero reiterarme en aspectos técnicos que ya han sido descritos aquí tanto por los distintos intervinientes como por el ministro-, quiero resaltar un tema que no ha sido enfatizado y que creo que es necesario enfatizar, una característica que considero esencial de esta nueva norma, y es que con ella se promueve la mejora del acceso a nueva financiación por parte de nuestras empresas. En concreto, se facilita el acceso a emisores de menor tamaño a mercados de capitales y se mejora la posibilidad de nuevos proyectos de inversión y de ampliaciones en nuestro país, en línea, por cierto, con una proposición no de ley que presentó mi grupo parlamentario y que fue aprobada en Comisión sobre la promoción de fuentes alternativas de financiación de las pymes para aumentar su tamaño y productividad. Esta figura que permite la expansión de pequeñas y medianas empresas no me parece insustancial o trivial, sino muy relevante. El mejor acceso a los recursos supone mayores posibilidades de crecimiento y de expansión por parte de las empresas, con los consiguientes efectos sobre el empleo e ingresos para el Estado, que aseguran el futuro de nuestras pensiones y el sostenimiento de nuestro sistema del bienestar. Por tanto, impactos sin duda relevantes.

No quiero dejar de contestar algunas de las críticas que no voy a denominar como mantras, pero sí repetitivas, que se han vertido en sus distintas intervenciones. Que se nos critique el retraso en la trasposición de la normativa comunitaria no deja de ser un curioso ejercicio de cinismo al que veo que se han abonado casi todos los partidos. ¿Es que ya se han olvidado sus señorías del año de parálisis institucional de esta Cámara, cortesía del no es no y de todos sus palmeros? Por favor, seamos serios y hagamos crítica constructiva. (Aplausos). En cuanto al recurso al decreto-ley como instrumento de trasposición, la normativa que hoy traemos a esta Cámara traspone solo lo más urgente, lo que no admite más demora, como se ha explicado aquí.

Señorías, solicitamos su apoyo para aprobar este real decreto y su activa colaboración para traer aquí lo antes posible la nueva ley del mercado de valores porque queremos adaptar los mercados al nuevo entorno tecnológico y digital, queremos que las pymes tengan más fácil su acceso a la financiación, queremos que los ahorradores estén tranquilos y los inversores muevan su dinero y generen actividad económica y empleo y sobre todo queremos que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en el pasado por los defectos de supervisión del anterior sistema. En definitiva, por la estabilidad financiera, por la seguridad, por el crecimiento y por la tranquilidad de todos los españoles, les pedimos su apoyo a este real decreto-ley y su colaboración en la tramitación del proyecto de ley para poder aprobar cuanto antes una norma que estamos convencidos será beneficiosa para todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPULSO EN LA AGENDA INTERNACIONAL DE LA RELEVANCIA Y LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 162/000541).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Desde el dolor y el recuerdo de todas las personas asesinadas por las hordas terroristas, así como desde el deseo de que todas las víctimas del terrorismo tengan un resarcimiento integral, el Grupo


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Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente PNL. Quiero recordar el último escenario del horror terrorista en Kabul, en la zona oeste, con 16 militares muertos y posteriormente una ambulancia bomba que asesinó a 103 personas. Este ha sido el último escenario, señorías, pero ha habido otros que a pesar de estar un poco más atrás en el tiempo no se nos olvidan por el horror que ha causado entre todas las personas de bien. Quiero recordar el atentado de Barcelona del verano pasado, el de París, el de Bruselas, el del 11-M en Madrid, así como los ocurridos en otros sitios y que no han tenido difusión mediática suficiente.

Es menester traer a colación en estos momentos, señorías, que la banda terrorista ETA sembró de pena y sangre España durante los casi cincuenta años en los que estuvo activa. ETA asesinó a 857 personas y dejó una estela de heridos muy importante. Únicamente dejó de matar gracias a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la reacción de la sociedad civil en un momento determinado (Aplausos) cuando fue secuestrado y posteriormente asesinado nuestro querido y llorado Miguel Ángel Blanco Garrido. Fue un punto de inflexión. Pero, señorías, el hecho de que ETA deje de matar no significa que el terrorismo haya sido derrotado. Necesitamos que se disuelva, que entreguen las armas, que contribuyan a esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía no han sido esclarecidos y que pidan perdón a las víctimas. Evidentemente, es el momento oportuno para reconocer nuevamente la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en muchas ocasiones incluso con la entrega de su propia vida lucharon para que España siguiera siendo un estado de derecho, democrático y social, y también para recordarles -ya sabemos, señorías, que lo siguen haciendo- que sigan investigando para esclarecer esos más de 300 asesinatos que, como dije antes, todavía no tienen colgado la autoría. ¿Por qué? Porque es muy importante para muchas familias, que tendrían sosiego y más calma sabiendo quién asesinó a sus seres queridos, y para que sobre esos asesinos se pueda aplicar todo el peso de la ley.

Señorías, en el relato no podemos perder también esta batalla. No podemos permitir que los asesinos y sus secuaces insistan en que ellos también son víctimas indirectas o circunstanciales. Como decía el escritor Fernando Aramburu en la novela Patria y como nos recordó en una de sus brillantes intervenciones el diputado Salvador Armendáriz, dicen que también son víctimas de víctimas. No, señorías. En España, las únicas víctimas son los 857 muertos y la estela de heridos que dejó la banda terrorista ETA y los asesinos son los etarras. (Aplausos). En la lucha contra el olvido aquí en España, debido a sus desgraciadas circunstancias derivadas de los actos terroristas perpetrados por ETA, Daesh y el yihadismo, se ha elaborado un sistema importante de reconocimiento integral a las víctimas del terrorismo. Al objeto de que sirva de ayuda en otros países, inicialmente de la Unión Europea, tratamos de poner en valor nuestro sistema de reconocimiento integral. Para ello, en el año 2014 se elaboró el primer borrador de la carta europea de derechos de las víctimas del terrorismo, que sufrió una serie de vicisitudes hasta que en diciembre de 2015 el ministro Zoido se la presentó al comisario Avramopoulos. Esta carta está basada en la disposición adicional sexta de la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, cumpliendo escrupulosamente la fase de audiencia que se ha dado también a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Precisamente ahora bajo la hégira o el Gobierno de Bulgaria en el seno del Consejo de Europa esperamos aprobar esta carta europea a lo largo del año 2018 para que sea un referente. Pero no solamente existe lo dispuesto en la Ley de reconocimiento y resarcimiento a las víctimas del terrorismo, sino que también hay que incidir en el interés que tuvo el presidente Rajoy en el último Consejo de Europa de junio del año pasado para que en las conclusiones se recogiera la importancia que tiene la garantía y atención a las víctimas del terrorismo. Este hecho fue ratificado por el ministro Zoido en la última reunión del JAI, también en junio de 2017.

Nuestro ejemplo en el reconocimiento integral de las víctimas del terrorismo no solo se ha quedado en el apoyo de la Unión Europea, sino que, señorías, tenemos que recordar que en este sentido hemos cruzado el charco. Me refiero a que nuestra buena tarea en el sistema de reconocimiento integral a las víctimas se ha llevado al seno de Naciones Unidas. Así, gracias al impulso del Gobierno español, se han obtenido grandes logros, por ejemplo, el portal de víctimas, una mejor coordinación en materia jurisdiccional para enjuiciar mejor los delitos de terrorismo, la incorporación del protocolo de la guía de Madrid para controlar mejor a los soldados extranjeros terroristas y también en otros sistemas. Asimismo, se produjo un hecho histórico en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2015 bajo la Presidencia de España, y es que, después de más de setenta años, en Naciones Unidas se oyó por primera vez la voz de las víctimas del terrorismo. Víctimas de ETA, víctimas de Boko Haram y víctimas de


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Daesh pudieron expresar claramente cuál era su sentir y cuál era el sistema de reconocimiento y de tratamiento igualitario que se pretendía en todos los lugares del mundo.

Señorías, hemos avanzado mucho, pero nos queda seguir instando a nuestro Gobierno para que remate todo lo que todavía tenemos en marcha. Esbozaré en grandes líneas lo que queremos. Queremos que se apruebe un reconocimiento de los derechos de las víctimas con un catálogo igualitario para todas las víctimas, que se apruebe la carta europea de derechos de las víctimas del terrorismo y que se apruebe la estrategia global en Naciones Unidas de víctimas del terrorismo. Hay otros dos temas fundamentales de los que no quiero olvidarme. Instamos al Gobierno -aunque sabemos que ya tiene esa sensibilidad- a liderar la concienciación y sensibilidad en materia de víctimas del terrorismo y un momento muy importante podría ser la reunión que va a tener lugar en España del G-6, reunión de ministros del Interior relativa a terrorismo y su financiación. Debemos seguir dando una alta voz a las víctimas del terrorismo porque ellas y su ejemplo moral deslegitiman todas las actuaciones terroristas y con ello contribuir a eliminar esa teoría o relato que pretenden establecer las fuerzas radicales, así como a mejorar sus condiciones.

Estamos preparando una transaccional cuyo texto les pasaré para votar sobre la misma si llegamos a un acuerdo. Señorías, creo que es el momento de seguir asumiendo el compromiso que tenemos con las víctimas del terrorismo de cara a mantener su memoria, su dignidad y su justicia.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, permítanme que inicie mi intervención recordando un 6 de febrero, tal día como hoy, del año 1992, hace veintiséis años, día en que ETA asesinaba a tres capitanes, un soldado y un radiotelegrafista con la explosión de un coche bomba en la Plaza de la Cruz Verde, en el casco antiguo de Madrid, mi ciudad. Condenas unánimes de sindicales, organizaciones cívicas y de todos los partidos políticos salvo uno, el de siempre, se unieron ese día a la indignación de los madrileños y a la rabia de familiares y vecinos de las víctimas. Una condena unánime, sin justificaciones, sin empatía ni complicidad con los asesinos; asesinos a los que hoy algunos partidos o gobiernos nacionalistas reciben como héroes y hombres de paz; a los que incluso algunos diputados de esta Cámara toman como referente para el diálogo. (Aplausos). La derrota, señorías, contra el terrorismo -lo decía el señor Manuel Valls este fin de semana recibiendo el premio Gregorio Ordóñez- tiene que ser también una derrota política y cultural. El terrorismo no es más que un ataque a nuestro sistema democrático, a nuestros valores constitucionales, a nuestra cultura, a nuestra libertad. Por eso, para la derrota política contra el terrorismo, el pasado y el actual, hace falta más democracia, más Constitución, más condenas contra cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo, más respeto, más memoria de nuestras víctimas.

Mantener la memoria de las víctimas del terrorismo, protegerlas desde las instituciones, condenar actos de enaltecimiento del terrorismo no es utilización política de las víctimas, señorías, no es echarnos los muertos a la cara los unos a los otros, no es reabrir heridas, es simplemente responder a la deuda moral y política que tenemos con las víctimas. Algo falla en nuestra sociedad, señorías, cuando en España no existe unanimidad en la condena sin condiciones del terrorismo, cuando los partidos políticos no son capaces de ir todos a una en la estrategia común contra los terroristas, cuando algunos no son capaces de sentarse en la mesa del Pacto antiterrorista más allá de su condición de observadores. Ante la violencia, los asesinatos, la tiranía, los verdugos, no caben correcciones políticas, no caben bienintenciones ni equidistancias, no caben pleitesías, no caben blanqueamientos del terrible pasado y mucho menos caben homenajes, porque además de los atentados terroristas que sigue habiendo en nuestro país no podemos perder de vista la humillación que siguen recibiendo las víctimas del terrorismo en algunas zonas.

Señorías, estos actos ante los que las instituciones muchas veces miran para otro lado aludiendo al derecho a la libertad de expresión, demuestran la permisibilidad de algunos municipios ante el culto al terrorista y el enaltecimiento al terrorismo, cediendo ante quienes predican con el radicalismo y humillan a las víctimas, a nuestras víctimas. Las víctimas del terrorismo, sus familiares, su legado, son lo mejor de nuestra sociedad, la parte más noble de nuestros valores y de nuestra razón de ser como país. Las víctimas y sus familias, hijos, padres y hermanos, han renunciado al odio que movió a sus asesinos a atentar contra sus vidas; por eso, por su valentía, por su compromiso con los valores constitucionales,


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debemos protegerlos de manera especial. Ejemplo de ello recientemente es el testimonio del hijo de Gregorio Ordóñez, Javier Ordóñez Iríbar, publicado hace escasos días con motivo del aniversario del asesinato de su padre. Otro ejemplo reciente, sin embargo, son las declaraciones del señor Arnaldo Otegi, un señor que a pesar de su historial se permite amenazar veladamente a todos los ciudadanos diciendo que los días de vino y rosas de unionistas durarán poco. (Aplausos).

Esta proposición no de ley que presenta hoy el Partido Popular, bienintencionada, es un paso más hacia la memoria y protección de las víctimas del terrorismo, sin duda algo positivo y enriquecedor; sin embargo, creemos que esta iniciativa, señores del Grupo Parlamentario Popular, sigue la línea continuista de todas las iniciativas que ustedes han presentado y queda incompleta. Nosotros queremos dar un paso más en la protección de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, su proposición no de ley no recoge la responsabilidad de las instituciones para frenar la radicalización. No la recoge, señorías. No recoge la desigualdad indemnizatoria entre las víctimas que disponen de sentencia condenatoria y las que no. ¿Para cuándo una reforma de la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo? Hasta el Defensor del Pueblo se lo viene recomendando desde el año 2015. El Gobierno del Partido Popular sigue sin hacer nada. ¿Y qué hay de los crímenes sin resolver? Hay cuatrocientos asesinatos de ETA sin resolver. ¿Son estas víctimas menos víctimas, tienen menos derechos? ¿Por qué hay que hacer esta distinción entre víctimas del terrorismo? Estas reivindicaciones son las que vienen reclamando los colectivos de víctimas del terrorismo. De nada sirve querer dar voz a las víctimas si no tenemos en cuenta lo que nos dicen y sus reivindicaciones. Pongámonos manos a la obra, señorías. Promovamos mecanismos que garanticen de manera efectiva los derechos de las víctimas. Tomémonos en serio la responsabilidad de las instituciones. Tengamos en cuenta las necesidades de cada caso y garanticemos una protección individual de los derechos de las víctimas. No diferenciemos entre las víctimas con sentencia condenatoria y las que no la tienen. Todas son víctimas. Por desgracia, su dolor y su pérdida perviven y pervivirán. Señorías, propongamos crear un instrumento eficaz, más allá de las cartas europeas; por ejemplo, una directiva específica de víctimas del terrorismo. Adoptemos protocolos de actuación, impulsemos el Estatuto internacional de los derechos de las víctimas.

Concluyo, señorías. Atrevámonos a devolver a los asesinados por los enemigos de la nación la dignidad, el protagonismo y la memoria que merecen a través de mecanismos concretos y eficaces. Las víctimas del terrorismo son y deben seguir siendo la referencia moral de nuestra nación frente al terrorismo y los nacionalismos, el simbólico bastión de nuestra nación frente a los enemigos de la libertad y de nuestros valores democráticos. Para ello es necesario reforzar los mecanismos de protección y la garantía de sus derechos, señorías.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de empezar mi intervención, creo que es de justicia que desde esta tribuna nos sumemos al dolor de las víctimas de ETA y también de tantas víctimas que tienen que ver con los represaliados del franquismo; víctimas del Batallón Vasco Español; víctimas de los GAL; víctimas del 11-M (Aplausos), del mayor atentado yihadista en Atocha; tantas víctimas que no dejan solas en su desgracia y su dolor a las víctimas de ETA pero que también hay que reivindicar desde esta tribuna. Para nuestro grupo parlamentario es muy adecuado que España, desde la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo del año 1999, comparta un sistema normativo de protección de las víctimas del terrorismo pionero a nivel internacional gracias a muchos agentes, entre ellos instituciones navarras y de Euskadi, al igual que nos congratulamos por el fin del terrorismo de ETA militar, la última expresión activa del terrorismo desde la Transición, conseguido fundamentalmente gracias a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la modernización del país, por la concienciación y movilización de la sociedad española y por la acción política.

Consideramos que es necesario continuar esta labor de reivindicar los derechos y la voz de las víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de los GAL, del Batallón Vasco Español, de la dictadura franquista, en el consolidado marco internacional de los derechos humanos en cuanto a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Si embargo, queremos resaltar que, a nuestro juicio, no resultaría conveniente tratar de crear una categoría específica de víctimas, existiendo una consolidada doctrina, insisto, de derechos humanos a nivel internacional. La Asociación 11-M ha expresado


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recientemente: Nos llama especialmente la atención que sea este grupo parlamentario cuyo partido político gobierna España quien promueva un debate de esta naturaleza sin que hasta la fecha no se haya promovido ni un solo debate, análisis y discusión sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España, tal y como exige el artículo 63 de la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Desde septiembre de 2011, fecha en que entró en vigor la Ley 20/2011, nunca se ha cumplido con esta exigencia y trámite legal. Sin duda hay que poner en valor la significación política de las víctimas del terrorismo en el sentido en que, con maestría, lo formuló el filósofo Manuel Reyes Mate, un concepto que se incorporó por primera vez en la Ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de 2008. La reivindicación de las víctimas del terrorismo y de graves violaciones de los derechos humanos ha de hacerse sin distinciones, pues no es ni las características del victimario ni las cualidades personales de la víctima ni la valoración política de la victimización lo que genera una cualidad moral de la víctima y su ejemplo moral. Todas las víctimas son víctimas inocentes porque su victimización es injusta e injustificable. No se debería volver a incurrir en el error de patrimonializar algunas víctimas del terrorismo para legitimar un proyecto político particular. No puede haber víctimas del terrorismo de primera y de segunda por ninguna otra razón, como tampoco se puede intentar excluir del marco internacional a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, a las víctimas de la represión dictatorial de nuestra posguerra. Las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos lo son por su condición de sujetos pasivos de la violencia política e injusta ejercida por un tercero contra ellas o sus familiares, sea un grupo o individuo terrorista, un Estado o una dictadura. Es a esta victimización, a la injusticia de dicho daño, no a valores personales e individuales, a lo que deben su dignidad como víctimas. Esta tesis se refuerza más si se tiene en cuenta cuál ha sido la actuación de las administraciones del Partido Popular respecto a las víctimas de los grupos terroristas de extrema derecha incontrolados y del GAL, a las que ha puesto mil dificultades para el reconocimiento de sus derechos. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, cabría una mayor consideración en el partido del Gobierno a la vista de la actuación de esta Administración frente a víctimas de diferente significación política. Aún nos quedan muchas buenas prácticas que incorporar en España en la materia. Nos parece imprescindible poner encima de la mesa esta autocrítica y que surja de aquí un compromiso de poner fin a las malas prácticas en esta materia. Por ejemplo, la resistencia que la Administración central ha demostrado siempre a desarrollar una política frente a las víctimas en lugar de reactiva; insuficiente información sobre las novedades legislativas que incorporan derechos para las víctimas; falta de búsqueda, identificación y localización de las víctimas; prestación descentralizada de servicios integrales. No se puede permitir que las asociaciones de víctimas sigan siendo obligadas a paliar la pasividad de la Administración. Son muchas las víctimas, también de ETA, que han tenido problemas en el reconocimiento de sus derechos; también muchas de las víctimas de los graves atentados de Atocha. Por eso es necesaria una legislación con apoyo determinado de las víctimas, de acuerdo, insistimos, con sus características específicas y diseñando políticas activas que incluyan la búsqueda e identificación de ese reconocimiento.

Por último, no puede dejar de mencionarse que en los últimos años se han producido en España diversas experiencias de justicia restaurativa en delitos de terrorismo, principalmente de ETA, pero también del GAL o del yihadismo, que se han calificado como experiencias muy positivas para la reparación a las víctimas, para la rehabilitación de los victimarios y para deslegitimar ética, política y socialmente al terrorismo. Para ello, el Gobierno debe apoyar estas experiencias, promoverlas y difundirlas en el ámbito interno y en el ámbito internacional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza González.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, nos gustaría hacer llegar a la consideración del grupo proponente, el Partido Popular, que su proposición no de ley no ha sido en ningún momento objeto de un mínimo consenso con los demás grupos parlamentarios. Presentar una proposición, aunque sea una PNL, en materia de víctimas del terrorismo nos parece que exigiría un diálogo previo, una búsqueda del consenso en una materia tan sensible, en un tema de Estado. Sin embargo, nos hemos visto sorprendidos por la presentación de esta proposición no de ley de esta forma y con un contenido tan genérico, tan contradictorio y tan incongruente. Entendemos, señores del Partido Popular y del Gobierno, que las cosas no se hacen así. Entendemos también que una proposición sobre las víctimas del terrorismo, sobre todas ellas, debe ser objeto de un


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proceso de consulta previo, un proceso de inclusión, incluyente, que permita a las asociaciones y fundaciones de víctimas, todas ellas, ser partícipes de una proposición en el Congreso, en el Parlamento.

Esto que les digo es lo que hubiéramos hecho nosotros, los socialistas, porque entendemos que las mecánicas de participación, de consulta y de búsqueda de consensos en cuestiones tan sensibles como esta son absolutamente imprescindibles. Ustedes no lo han hecho, ¿y qué han provocado? Han provocado un debate muy dispar, un debate que se sale absolutamente de lo que inicialmente era el marco de la proposición no de ley, el debate sobre la agenda internacional de las víctimas del terrorismo; una agenda internacional centrada en su proposición, en principio, en el impulso, en la defensa de una carta europea de derechos de las víctimas del terrorismo. Fíjense bien, su PNL ha provocado nada más y nada menos que veintisiete enmiendas, muchas de las cuales si no absolutamente extrañas, sí se salen del marco de este debate, aunque todas ellas sean respetables. Diremos, de entrada, que el Grupo Socialista estaría dispuesto si a él le correspondiera, y de hecho las apoya, está de acuerdo con la inmensa mayoría de las enmiendas que ha presentado el Grupo Confederal de Podemos -apoyamos la inmensa mayoría-, estamos de acuerdo también con la inmensa mayoría -con todas excepto una- de las presentadas por el Grupo Ciudadanos. Creemos que habría que haber hecho una labor de aliño, una faena de integración de las enmiendas de los grupos para no hacer de esta cuestión una batalla partidista, como quizá se ha podido observar, sino todo lo contrario. Creo que también es una cuestión de sensibilidades y de creerse lo que significa la batalla contra el terrorismo y la defensa de la memoria, del honor, de la dignidad y de la verdad de las víctimas.

Estas son fechas especiales, por lo menos para mí; digo para mí porque se han cumplido estos días el aniversario del asesinato del Gregorio Ordóñez y, hace bien poco, del asesinato del Poto Múgica, de Fernando Múgica, y dentro de muy poco, en este es de febrero, se cumplirá el aniversario del asesinato de Enrique Casas. En estos asesinatos, e incluso del general Garrido, me tocó llegar el primero al lugar del atentado, cuando alguna de las víctimas todavía estaba con vida y por eso creo que podemos decir -al igual que todos ustedes- con esa sensibilidad y esa coherencia, que tenemos que ser sensatos y cuidar mucho las formas cuando se trata de esta cuestión. El interviniente por parte de Podemos ha leído antes una reseña de una nota que ha sacado la Asociación de Víctimas del 11-M y, es verdad, esa nota dice cosas muy importantes. Por ejemplo, señores del Gobierno y del Partido Popular, ¿por qué no se cumple la disposición adicional sexta de la Ley 29/2011, de septiembre, una ley impulsada, por cierto, por el Gobierno de Rodríguez Zapatero? En esa disposición adicional se dice que el Gobierno -en este caso ya al que le toca después de seis años- deberá impulsar y promover una carta europea en defensa de los derechos de todo tipo de las víctimas del terrorismo. Hace seis años que el Gobierno actual tiene esa obligación establecida en la ley y se está incumpliendo. Ahora parece que vienen con una PNL a recordar lo que es una obligación legal. Pero, además, el artículo 63 de esa ley -también de septiembre de 2011 del Gobierno de Zapatero- en los apartados 1, 2 y 3 establece que el Gobierno, el Ministerio del Interior, debe elevar anualmente al Parlamento un informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España. ¿Se ha elevado ese informe al Parlamento anualmente desde el año 2011? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Pero dice más la ley; dice que además hay que consultar, contrastar, reunirse con Gobiernos de comunidades autónomas y con asociaciones y fundaciones para la elaboración de ese informe y ver situación, necesidades y reformas como las que ha citado el Grupo Ciudadanos en materia de atención a las víctimas del terrorismo o a sus familias. Eso es lo que tapa esta proposición no de ley, lo que esconde: los incumplimientos de una ley.

Ustedes hablan de la agenda internacional -nos parece muy bien, la hemos impulsado- pero no están cumpliendo las obligaciones legales, el informe anual donde se detectan los errores y la participación de los colectivos de víctimas, familiares, asociaciones y fundaciones. Pero, además de esta cuestión, hay otros temas -sí, voy acabando- que nos parecen sustanciales. Hay mecanismos que ustedes no están poniendo en marcha desde el Gobierno para cumplir con otros aspectos de esa ley que acabo de citar. Por tanto, apoyamos el conjunto de las enmiendas. Las nuestras hacen referencia a los temas que he apuntado, además de mencionar que en los atentados terroristas las víctimas son víctimas de vulneración de derechos humanos. Nuestro propósito es pedirles encarecidamente que retiren esta PNL para que los grupos parlamentarios puedan debatir internamente con las víctimas y sus asociaciones y hacer una proposición de conjunto.

Termino, señora presidenta, comentando una de las enmiendas de Podemos. En su última enmienda hablan de la concesión de una gran cruz a las víctimas del Batallón Vasco Español, del GAL, la extrema derecha, etcétera. Creemos que no es el marco ni el momento, esto no es un cajón de sastre para meter


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de todo. En todo caso, ustedes han llegado hace poco a la política pero les debo decir que en San Sebastián en el año 2002 el Ayuntamiento en pleno acordó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de San Sebastián a todas las víctimas del terrorismo, a las de ETA, a las del GAL, a las del BVE y a todas las demás. También a las víctimas de los excesos policiales en el franquismo en el año 1975 -a Ripalda- les dimos la medalla de oro de la ciudad. Por tanto, no se inventan nada. Tengamos en cuenta que víctimas, víctimas, recordamos en este momento a todas ellas pero, en especial, a las víctimas de ETA, es evidente, y a las víctimas del jihadismo.

Espero que retiren la PNL para que podemos hacer estas cosas bien. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero empezar agradeciendo al señor Mateu sus palabras hacia mí y felicitarle por su proposición no de ley por muchos motivos.

Señorías, creo que tenemos una deuda moral permanente con las víctimas de ETA, ellos representan la respuesta contenida y confiada en que la democracia española y el Estado de derecho responderían por ellos, y lo haría sin venganza, con firmeza y con justicia. El no tomarse la justicia por su mano. Ellas, las víctimas, nos enseñan que es posible superar la ira, vencer el miedo y vivir sin odio aun habiendo padecido la mayor de las injusticias. Por eso esta deuda que tenemos con ellos nos obliga también a denunciar hoy, primero, a quienes ocultan o pretenden ocultar la realidad de este terror con un relato mentiroso, oportunista, equidistante e inmoral, igualando violencias para igualar víctimas. Segundo, denunciar a quienes han ganado ilegítimamente espacios sociales y políticos recurriendo a la violencia o beneficiándose de la miserable teoría del árbol y las nueces. Tercero, denunciando a los profesionales de la división, los que hacen del enfrentamiento su modus vivendi, los señores de la guerra, los Otegi del 'cuanto peor para todos mejor para ellos'. Cuarto, hacer una autodenuncia -a nosotros, sí- por no haber tenido el coraje de haber llamado a los asesinos por su nombre ni denunciar al nacionalismo vasco por su intolerable pasividad durante muchos años.

Señorías, esa deuda nos obliga también a agradecer el sacrificio de todos los que impidieron el triunfo de las tesis políticas de exclusión y construcción nacional por medio del tiro en la nuca: policías, guardias civiles, militares, servicios de inteligencia, jueces, fiscales, profesores, empresarios, periodistas -pocos, pocos periodistas pero valientes-, que denunciaron la falta de libertad, la falta de pluralismo y la miseria moral de quienes utilizan el terror con un fin político, como el pasado sábado nos recordaba la viuda de Goyo Ordóñez. Algunos de los miembros más destacados de este terror, señorías, todavía ponen y quitan Gobiernos, como en Navarra, y se permiten dar lecciones de democracia, habiendo sido protagonistas macabros de la decisión de socializar el sufrimiento, como es el caso del portavoz de Bildu en el Parlamento Foral de Navarra.

Nosotros, señor Mateu, apoyaremos todas las medidas que sirvan para visibilizar el ejemplo de las víctimas, su claridad moral y seguiremos denunciando a quienes, pactando con los herederos de los proetarras, intenten hacer equilibrios morales para blanquear la historia del terror de ETA recorriendo a malabarismos y engaños con los que intentar convencernos de que los verdugos fueron también víctimas, como en estos momentos pretende hacer el Gobierno de Navarra.

Bienvenida la propuesta, don Jaime, espero que tenga un amplio apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, presidenta.

Señorías, esta es una PNL de Interior, y es un buen momento para recordar que el conseller de Interior de Cataluña, en este momento no puede ejercer porque está en la cárcel, igual que nuestro vicepresidente e igual que dos dirigentes de dos importantes entidades en Cataluña. (Aplausos).

Dicho esto, me voy a ceñir al tema y voy a hablar de la agenda internacional sobre las víctimas del terrorismo. Esta es una causa noble. Ya aprobamos una PNL, también del Partido Popular, en la que valorábamos todo el esfuerzo que han hecho tanto Naciones Unidas como el Parlamento Europeo y la


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Unión Europea en este sentido. Esto es importante, el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, sobre todo cuando hay elementos transfronterizos. Y lo que dice la PNL sobre que este tipo de cosas se han de simplificar, se han de homologar, pues esto es una causa noble. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo con eso.

El terrorismo ahora es un fenómeno global y se necesitan soluciones globales. Creemos concretamente que el Estado español tiene una especial responsabilidad en impulsar este tipo de normativas. No solo en el tiempo, sino también en la variedad hemos tenido todo tipo de terrorismo en el Estado español: el de extrema derecha, el de extrema izquierda, el mal llamado de liberación nacional, el yihadista, y, ¿por qué no decirlo?, el terrorismo de Estado. En este sentido, el Estado español debe ser uno de los pocos de Europa que tiene una especial y triste experiencia en todo tipo de terrorismo, y esta especial responsabilidad tiene que hacer que impulse este tipo de iniciativas. En este sentido, y viendo positivamente el gran número de enmiendas, tendrá nuestro apoyo a todas, a todas las víctimas.

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Al hilo de la materia que discutimos, quiero señalarles que mañana le preguntaré al ministro del Interior por el atentado en el bar Aldana, ahora en su 38.º Aniversario y en el que fueron asesinadas cuatro personas y diez resultaron gravemente heridas, mayoritariamente afiliadas o simpatizantes del PNV; atentado sin resolver y que, según distintos indicios, se imputaba a miembros de la comisaría de policía de Baracaldo.

Se nos presenta una proposición no de ley que demanda, con carácter general, el impulso y promoción de una mayor sensibilización en materia de víctimas del terrorismo a nivel internacional y europeo, que se plasma en su reconocimiento y apoyo para que, finalmente, pueda cristalizar en unos marcos normativos que garanticen asistencia, defensa y apoyo. En este sentido, quiero ya adelantar que nuestro grupo, con carácter general, apoyará la iniciativa, tal y como hace mes y medio hicimos con otra de parecidos términos.

En aquella ocasión se trataba de recabar el apoyo para seguir impulsando el proceso de adopción de un estatuto internacional para las víctimas del terrorismo en el ámbito de la ONU. Y ahora se reclama ese mismo apoyo añadiéndosele la promoción de una carta europea de derechos de las víctimas del terrorismo. Como ya se expuso en el anterior debate, al que me refería al principio de mi intervención, la mayor dificultad para acordar un estatuto internacional de víctimas del terrorismo deviene de la dificultad para definir el mismo concepto de terrorismo por la distinta concepción ideológica que del mismo se puede tener en atención a las circunstancias concurrentes en cada situación, tal y como nos ponía de manifiesto la portavoz de Esquerra en aquel debate. La pregunta extrema y recurrente que a veces se hace es aquella que interpela sobre si es terrorismo el ataque a fuerzas militares extranjeras por los naturales de un país que dicen defenderlo, o si es un acto de guerra asimétrica.

Son este tipo de cuestiones las que, junto a otras, impiden que los Estados de la comunidad internacional se pongan de acuerdo, y quizá esta sea también una explicación tácita de aquellos que sostienen que las víctimas del terrorismo no necesitan un estatuto especial de protección porque ya están englobadas en las genéricas de otros delitos. Nosotros no compartimos este argumento, porque el objetivo del terrorismo siempre es el mismo, golpear a una comunidad, a una sociedad, para torcer de manera violenta el curso de sus instituciones y, para conseguir ese objetivo, ataca a miembros de esa comunidad. Por eso, el terrorismo golpea a una sociedad en la cara de su víctima. La víctima inmediata es la que sufre en su carne o en sus bienes el atentado y la víctima mediata es toda la sociedad. Esta es la especificidad de las víctimas del terrorismo frente a la genérica categoría de las víctimas de otros delitos. De ahí, que la protección de las víctimas del terrorismo por la sociedad sea un activo fundamental para combatir el terrorismo, así como también escucharlas y hacer oír su voz como ejemplo para deslegitimar social y éticamente el terrorismo. Ahora bien, sin que ello suponga supeditar necesariamente y en toda circunstancia la actividad política de las instituciones en relación con la actividad terrorista y, en su caso, con procesos de pacificación. Porque, para escribir una nueva página hay que cerrar conveniente y adecuadamente la anterior, y eso es exclusiva misión, o misión fundamental, de la política y de la sociedad en su conjunto en su también condición de víctima mediata del terrorismo.


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Ese proceso debe venir acompañado por el abordaje de una política penitenciaria acorde con las circunstancias y la resocialización de los presos, así como de la revisión de la arquitectura legal y de las políticas públicas de seguridad no acordes con los nuevos tiempos. Todo ello, para sellar un nuevo acuerdo básico de convivencia que sea la más amplia expresión del pluralismo de la sociedad sobre valores éticos y que se base en cuatro principios, tales como el rechazo de cualquier forma de legitimación de la violencia, no aceptar la minimización de violaciones de derechos humanos de otros signos, el descarte de cualquier justificación compensatoria entre violencias y evitar la discriminación entre víctimas.

Finalizo. En defensa de las víctimas siempre se nos encontrará, y también nos gustaría encontrarles a ustedes, Partido Popular, en el proceso para un final ordenado de la violencia que en estas tierras duró más de cinco décadas.

Muchas gracia, señoría; muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots; gracias, presidenta.

Seré muy breve y espero que suficientemente clara. Desde Esquerra Republicana siempre hemos defendido la protección a las víctimas del terrorismo -siempre-, y a todas las víctimas del terrorismo sin distinción de quién sea la víctima o de quién sea el verdugo. Por ello, reclamamos que se incluya entre las víctimas del terrorismo, con los mismos derechos, a las víctimas de los GAL o del Batallón Vasco Español. Reclamamos, pues, el reconocimiento de todas las víctimas; repito, de todas. Y por ello no entendemos que el Gobierno español haya excluido a alguien como Yolanda González, luchadora por la democracia, de la distinción del mérito civil a las víctimas del terrorismo. (Aplausos). Esto no lo entendemos. Asimismo, reclamamos que todas las víctimas -repito, todas las víctimas- de la dictadura franquista tengan reconocidos los derechos que les corresponden.

Dicho esto, deberían tener claro que la mejor política en favor de las víctimas es justamente aquella destinada a la prevención para que no las haya. En este sentido, estaría bien que, en lugar de despilfarrar millones de euros y recursos policiales en vigilar, en controlar, en perseguir y en apalear a catalanes solamente por querer votar, los destinen a perseguir el terrorismo. Esto estaría francamente bien. También estaría bien que, en lugar de privar del acceso a la información sensible a los Mossos d'Esquadra, encargados de la seguridad en materia de terrorismo, se dedicaran a controlar mejor a confidentes del CNI, como el imán de Ripoll, por ser responsable del atentado terrorista de Barcelona este verano. Aprovecho mi intervención para felicitar y agradecer el trabajo de los Mossos d'Esquadra y muy en especial a todas y todos las y los agentes de la comisaría de Ripoll, también por su trabajo y sobre todo por su profesionalidad.

Acabo. Hagan, por favor, un análisis profundo, un análisis conciso y sobre todo, si es posible y no es mucho pedir a sus señorías, un análisis honesto tanto de su política de seguridad como de reconocimiento de las víctimas de la violencia terrorista. Nos irá a todos francamente mucho mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Mateu Istúriz si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, los portavoces de los diversos grupos están analizando el texto que se ha propuesto y en cuanto tengamos una solución se la haremos llegar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL. (Número de expediente 162/000058).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.


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La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señorías, la igualdad de derechos y la correlación de fuerzas son ejes fundamentales de un Estado democrático. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Cuando estos principios se quiebran se produce de manera inevitable la apertura de un camino que solo conduce a las desigualdades, al abuso e incluso a la tiranía en sus distintas modalidades. Cuando dos partes inician el camino de la negociación y una de ellas lo hace desde una posición de extrema inferioridad, el pacto final conocerá la figura de un claro vencedor, pero al mismo tiempo el acuerdo alcanzado arrastrará una serie de abusos y perversiones que lo convertirán en un pacto inmoral y degradante.

Esto es lo que sucede en el mercado laboral de nuestro país desde que la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular desmontó las reglas del juego de la negociación colectiva en detrimento de los trabajadores y claramente a favor de la patronal. Su intento de descapitalización del músculo sindical, junto a la urgencia de los españoles de hacer frente a sus necesidades básicas y a las de sus familias por encima de todo, ha propiciado que los trabajadores de este país tengan que convivir con un término tan aberrante, impropio e intolerable como es el de la explotación. Porque esta palabra, aunque el Gobierno no la quiera escuchar, es la que resuena en miles y miles de puestos de trabajo de esta España desigual de la que es culpable un Gobierno que nutre su autoestima recreándose en la macroeconomía pero que prefiere apartar la mirada de las situaciones injustas, vejatorias y de explotación que son una realidad innegable del paisaje laboral español.

Señorías, desde el año 2012 vienen produciéndose una serie de reformas normativas de la mano del Partido Popular dirigidas a flexibilizar el mercado de trabajo e impulsar figuras contractuales que hasta el momento estaban siendo moderadamente utilizadas, como es el caso del contrato a tiempo parcial. La modificación más importante en este sentido ha sido la del régimen de horas complementarias, ya que a partir del Real Decreto-ley 16/2013 se incrementa el número permitido de estas, así como la posibilidad de que sean realizadas por trabajadores con contratos temporales e indefinidos. Por último, se reducen las formalidades para su realización al introducir el concepto de horas complementarias voluntarias para los trabajadores indefinidos, en las cuales no es necesario pacto escrito entre las partes sino que basta el ofrecimiento del empresario y la aceptación del trabajador.

Todos estos cambios han venido acompañados de un incremento paulatino del recurso empresarial del contrato a tiempo parcial. Asimismo, según datos de la última EPA, en el año 2017 el contrato más usado del total de contratos registrados ha sido el contrato temporal a tiempo parcial; concretamente, un 31,8 %, lo que supone 1 de cada 3 contratos y añade un elemento más al mapa de la precariedad porque 4 de cada 10 contratos indefinidos son también a tiempo parcial, un 41,47 %. A esto hay que sumar que en 2017 los trabajadores de nuestro país han realizado unos 5,8 millones de horas extras a la semana, de las que más del 50 % de las mismas ni siquiera han sido remuneradas. Los cálculos hechos por las distintas organizaciones sindicales estiman que se ha perdido la posibilidad de crear unos 200 000 puestos de trabajo, con lo que esto conlleva no solo para la creación de empleo sino también para la aportación a la caja de la Seguridad Social. Es una situación que pone de manifiesto que en una gran parte de los contratos de trabajo que se realizan se trabaja más horas de las previstas en el contrato y ya ni tan siquiera bajo la fórmula de horas complementarias sino en fraude de ley, realizando el trabajador de forma sistemática una jornada mayor a la prevista en el contrato.

Esta deriva del contrato a tiempo parcial hace que quede muy lejos de ser el instrumento que permita a los trabajadores una conciliación de la vida personal y familiar -que además era uno de sus principales objetivos-, para convertirlos en trabajadores a la carta, en trabajadores pendientes de una llamada de teléfono de la empresa y a su disposición para saber cuántas horas van a trabajar y qué días van a trabajar sin tener ni siquiera una previsión mínima.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista tiene claro que poner fin a la precariedad laboral pasa por derogar la reforma laboral del Partido Popular y por la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores. Sin embargo, con esta proposición no de ley, que va en la línea de otras proposiciones de ley, como es el registro de la jornada y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, pretendemos aportar soluciones a una situación en la que no procede su comportamiento habitual de mirar hacia otro lado, como suele hacer el Gobierno, ni diferir ni negar el problema.

Considerar una infracción por cada trabajador afectado en caso de trasgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias, establecer el horario en el contrato de trabajo a tiempo parcial y su comunicación a través del sistema Contrat@ en la Seguridad Social parecen todas ellas medidas muy lógicas y de fácil aplicación. No pueden negar lo evidente porque


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ustedes saben que el resultado de la labor de la Inspección de Trabajo es la punta del iceberg del mercado laboral español, bañado sobradamente de precariedad, de explotación y de vulneración de los derechos de los trabajadores; de un país en el que la fractura social se acentúa con un club selecto de unos pocos con mayor riqueza y de una multitud de trabajadores ninguneados, explotados y que pierden la fe en las garantías laborales porque se saben indefensos por culpa de una legislación que les sitúa en un plano de vulnerabilidad y de absoluta indefensión.

Señorías, las políticas laborales del Gobierno, alineadas con los intereses de la patronal, han logrado que ciertos empresarios hayan mimetizado de manera vergonzosa y lamentable su situación de superioridad. No hace muchas fechas, en Canarias, el presidente de un sector empresarial boyante se atrevió a afirmar que en España el que se deja explotar es porque quiere. La frase en cuestión es el refrendo de la sensación y de la situación de superioridad inmoral de la que se sienten titulares los empleadores, empresarios que entienden como natural su estatus de prevalencia y que llegan a creerse en un plano de igualdad en la relación con los trabajadores cuando ese equilibrio de fuerzas pasó a ser parte de la historia de este país desde el momento en que el Gobierno del Partido Popular fulminó la correlación de fuerzas en la negociación colectiva.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que las medidas que apuntamos deben ser adoptadas cuanto antes, que las mismas deben cobrar vigencia con carácter de urgencia porque la explotación laboral en nuestro país es tan evidente como innegable. Aquí no caben demoras ni más dilaciones, aquí hay que andar ligeros y hacer todo lo contrario a lo manifestado por el señor Rajoy cuando le preguntaron por la brecha salarial y dijo aquello de: No nos metamos en eso. Señorías, hay que implicarse y hay que echar el guante a la explotación y a los explotadores, y creo que hoy tenemos una magnífica oportunidad, mientras salen esas proposiciones de ley que creo que son determinantes para acabar con la explotación laboral, para demostrar a la ciudadanía de nuestro país que estamos en la línea de corregir a través de propuestas en positivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Raya.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente, señorías.

Hace un par de semanas, en la Comisión de Empleo, ya se lo dijimos a la ministra y es que los señores del Partido Popular no deberían ser tan conformistas con los datos de empleo que tenemos. Es de celebrar que aumente el número de afiliados a la Seguridad Social, que aumente el número de empleados y que se reduzcan las tasas de desempleo, pero es verdad que si cogemos los datos con los que hemos cerrado el ejercicio 2017 y hemos iniciado el ejercicio 2018 en materia de precariedad, estos datos siguen siendo inaceptables. Cuando hablamos de precariedad hablamos, señorías, de temporalidad, de contratos a tiempo parcial involuntarios y de bajos salarios. Cuando hablamos de precariedad hablamos de 6 millones de trabajadores pobres que no llegan a final de mes. Y estos son los datos que tenemos en nuestro mercado de trabajo. Seguimos moviéndonos en números alarmantes en cuanto a desempleo, sobre todo si hablamos de desempleo juvenil, donde tenemos más de un millón de jóvenes menores de treinta años en desempleo. Si hablamos de mayores de cincuenta años, tenemos en torno a otro millón, y si hablamos de parados de larga duración, aquí ya superamos los 2 millones, más de la mitad de todos nuestros desempleados. Además, resulta que para consolidar la creación de algo menos de medio millón de puestos de trabajo fue necesaria la firma de más de 21,5 millones de contratos, de los cuales 19,5 millones eran temporales. Esto significa que en la economía española hay que firmar cuarenta y cuatro contratos temporales para consolidar un único empleo en términos netos o, lo que es lo mismo, seguimos en los mismos datos que nos movíamos al inicio de la legislatura, es decir, nueve de cada diez contratos que se celebran en España son temporales.

¿Y qué han hecho ustedes, señorías del Partido Popular, durante todo este tiempo? Pues ya se lo digo yo: no han hecho nada. Estamos en una situación que va de mal en peor. En la actualidad las tasas de temporalidad son de casi el 27 %, más de 4,2 millones de asalariados tienen un contrato temporal, cuando hace un año eran poco más de 4 millones. Si hablamos de transformación, estamos en los mismos números, menos de uno de cada diez empleados temporales pasaron a tener un contrato indefinido, según los datos de Eurostat. ¿Y saben cuál es la consecuencia de todo esto? Que la temporalidad se ha convertido en un problema endémico de nuestro mercado de trabajo que ni ustedes, señorías del Partido


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Popular, ni ustedes, señorías del Partido Socialista, han sabido o han querido abordar, convirtiéndose en un rasgo estructural de la economía española. (Aplausos).

Como les digo, la temporalidad ha sido siempre muy elevada, tanto con los Gobiernos del Partido Popular como con los Gobiernos del Partido Socialista, pero nunca como hasta ahora había venido acompañado de unos datos de precariedad tan inaceptables. El incremento de la temporalidad ha venido de una caída del salario medio y el incremento de la temporalidad ha venido de la constatación de que España es el país de la Unión Europea en el que menos crecen los salarios. El incremento de la temporalidad ha venido de la mano del aumento, como decía, del número de trabajadores que no llegan a final de mes y de la consolidación de la desigualdad. Solo tenemos que ver el informe de Oxfam presentado en Davos para confirmar que la recuperación no ha ido acompañada de un mayor peso de los salarios en el PIB, resultado precisamente de la precariedad y de estos bajos salarios de los que hablamos.

Si hablamos de contratación indefinida, datos con los que tanto le gusta sacar pecho al Gobierno, resulta que dichos datos ocultan otras realidades que van asociadas también a la precariedad y que tampoco se han corregido, porque contrato indefinido no siempre es sinónimo de empleo digno. Más contratación indefinida no significa proporcionalmente más empleo indefinido a tiempo completo, pues el empleo indefinido oculta también datos de trabajo a tiempo parcial, de lo que hablamos hoy aquí, así como de fijos discontinuos. Si nos fijamos en los datos del mes de diciembre del año 2017, vemos que en torno a un 4,8 % de los contratos indefinidos lo fueron a tiempo completo, es decir, uno de cada veinte de los contratos celebrados fueron a tiempo completo. En la actualidad tenemos en España 2,8 millones de personas que trabajan a tiempo parcial, de los cuales 1,7 lo hacen de forma involuntaria. En términos porcentuales, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el número de personas que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria ronda el 60 %. Estos datos son sinónimo igualmente de precariedad y además con un marcado rasgo de género.

En cuanto al fraude, claro que hay y nos viene alarmando sobre ello cada año la Inspección de Trabajo, sobre todo en la utilización de contratos temporales y de exceso de jornadas. Como digo, es una realidad que cada año denuncia la Inspección de Trabajo, pero el Gobierno tampoco ha hecho aquí los deberes, pues nos mantenemos en el mismo ratio de inspectores y subinspectores que teníamos hace ocho o diez años. No decimos que haya que poner un policía o un inspector en cada empresa, pero deberíamos intentar llegar a los ratios de la Unión Europea si queremos luchar contra esta lacra. En este tema, como en otras muchas reformas, siguen ustedes arrastrando los pies. (Aplausos).

Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa del Grupo Socialista nos parece un parche más. Es necesaria una reforma en profundidad de toda la normativa laboral, que no diferencie entre trabajadores de primera y de segunda, que se adapte a las nuevas realidades de la economía digital, que iguale en derechos a trabajadores temporales e indefinidos y que con la necesaria flexibilidad -aquí entra esta iniciativa- se controle el cumplimiento de las jornadas de los trabajadores, sobre todo en los contratos a tiempo parcial. Reconocemos que esta iniciativa va en la dirección correcta, por lo menos en el fondo del asunto, pero tengo que decirle al Grupo Socialista que hemos presentado una enmienda y esperamos que la tome en consideración, porque cuando a ustedes les da por derogar a veces se pasan de frenada. Lo estamos viendo continuamente en el Pacto de Toledo y en la Comisión de Empleo, y lo digo porque el Real Decreto-ley del año 2013, que pretenden derogar -todas las reformas tienen sus luces y sus sombras y la reforma del año 2012 del Partido Popular las tiene-, establecía precisamente que se eliminase la posibilidad de hacer horas extras.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Del Campo, tiene que ir acabando.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Termino ya, presidente.

Establecía que se eliminase la posibilidad de hacer horas extras -que no sé cómo se le ocurrió al Partido Popular ponerlo en el contrato temporal- y más flexibilidad, que no tiene que ir acompañada de fraude, pero sobre todo la obligación de establecer un registro en el contrato a tiempo parcial, que es precisamente donde es necesario un registro. Sin embargo, pretenden derogarlo cuando han traído a esta Cámara una iniciativa para poner un registro a todos los contratos de trabajo cuando quizá ahí no sea tan necesario, mientras que sí lo es en el contrato a tiempo parcial.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Del Campo, concluya ya.


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El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Simplemente les digo que se aclaren -registro o no registro- y que tengan en consideración nuestra enmienda, en cuyo caso votaremos que sí a su proposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.

Dice el escritor Manolo Rivas -Manuel Rivas- cuando escribe sobre los precarios y las precarias en nuestro país que son los trabajadores despojados. Son las trabajadoras humilladas, son los trabajadores sin agarraderas, son -dice él- los trabajadores sin muletas sindicales. Son -sigue diciendo Manolo Rivas- la neoesclavitud. De esto venimos hoy a hablar aquí, de neoesclavitud y de nuevas formas de explotación en nuestro país. Ciertamente, señora Rodríguez, esta iniciativa habla de uno de los elementos fundantes del derecho laboral. La historia del derecho laboral se explica con dos variables: por una parte, la lucha por la reducción de la jornada laboral -el tiempo de disposición del trabajador a favor del empleador- y, por otra parte, la lucha por la mejora salarial. Este principio fundante del derecho laboral ha quebrado -ahí tenemos una discrepancia con ustedes-, y no solo por las reformas últimas de 2013 del Partido Popular, sino que voy a afirmar aquí con contundencia que es la seña de identidad del Partido Popular y del Partido Socialista. La precariedad es la seña de identidad del bipartidismo. (Aplausos). Quiero decirlo alto y claro porque los laboralistas decimos que en nuestro país ha habido una gran reforma laboral, que fue en el año 1984. A partir de esa precarización brutal lo que hemos tenido han sido pequeñas desviaciones, pero el gran cambio social, la gran alteración, fue justamente en el año 1984. Por tanto, señora Rodríguez, el marchamo de este país es que hay un pacto tácito entre el PP y el Partido Socialista a favor de los poderes económicos para alterar algo fundamental para nosotras, que es el principio de estabilidad en el empleo. Esto es muy grave, porque las cifras en nuestro país son muy malas. España sigue incrementando la jornada laboral cada año. Incrementamos la jornada laboral, nos distanciamos de muy largo de Alemania y de otros países, pero tenemos una eficacia muy mala y una baja productividad. Es para hacérnoslo mirar. Vamos muy mal en todas las cifras. Pero, a mayor abundamiento y con gran relieve, digamos lo que se ha conseguido desde el año 1984 hasta que ha culminado la tarea el Partido Popular: romper con el principio de estabilidad en el empleo, que implica, en primer lugar, conseguir algo que no habíamos conocido en nuestro país: la pobreza laboral. Tener un tercio de trabajadores y trabajadoras pobres es una vergüenza para nuestro país. No podemos consentir que nuestras gentes malvivan y dependan de Cáritas y otras ONG cuando están incorporadas -sobre todo las mujeres- al mercado laboral. (Aplausos). En segundo lugar, son trabajadores y trabajadoras despojados y sin derechos y, en tercer lugar, es una estrategia deliberada del bipartidismo para recortar el gasto público. Es evidente que el precariado no accede a las prestaciones por desempleo, es evidente que el precariado no accede a las jubilaciones ni a las prestaciones del servicio público de Seguridad Social. Por tanto, es evidente que necesitan precarios y precarias para seguir explotándonos y para que la banca siga ganando dinero. (Aplausos). Ya conseguimos esto que dice muy bien el profesor Boaventura de Sousa Santos. Él habla de la lumpenciudadanía. Incorporarse al mercado de trabajo ya no hace que tengamos los derechos de ciudadanos y de ciudadanas. Nos han confiscado, como dice él, los derechos. Ya no somos ciudadanas. Pues justamente esto es lo que estamos combatiendo.

Señora Rodríguez, hacemos ocho enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque queremos ir al fondo de la cuestión. La primera es de fondo a la exposición de motivos. Desde luego, hay que abundar más y mejor, sobre todo en la cuestión de género y en el planteamiento global que he manifestado. En segundo lugar, tienen contradicciones. No compartimos que tengamos que esperar a que baje la tasa de desempleo en nuestro país al 15 %, como hacen ustedes, para que podamos compensar la jornada laboral. No estamos de acuerdo, no estamos por iniciativas coyunturales. En tercer lugar, estamos de acuerdo con reforzar la Inspección de Trabajo, pero quiero dar un dato. Hemos registrado en nuestro país más de 21 millones de contratos y más de 19 millones son temporales. ¿Qué Inspección de Trabajo es capaz de fiscalizar el fraude aquí? Es imposible. Por eso les planteamos que, con la enmienda que les formulamos, no solo hagamos un plan especializado en la materia administrativa, como dicen ustedes, sino justamente especializado en los temas de precariedad y de parcialidad de género y en los sectores especialmente afectados que, como usted sabe, son la hostelería, el comercio, la banca y un largo e infinito etcétera.


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Hay contradicciones también porque ustedes en su iniciativa critican la individualización de las relaciones de trabajo que ha hecho el Partido Popular; estamos de acuerdo, pero no compartiremos con ustedes que las horas complementarias puedan ser pactadas a posteriori en una relación únicamente privada entre un trabajo o trabajadora indefensos frente a la patronal. Desde luego es contradictorio y también se la enmendamos.

Termino con un tema relevante que no podemos explicar, aunque me gustaría hacerlo por el impacto de explotación que tiene. Eduardo Galeano decía en una de sus últimas conferencias: Les planteo una pregunta que me ocupa y me preocupa como, supongo, a todos ustedes: ¿los derechos laborales de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos?, ¿solo para los arqueólogos? Las mujeres y hombres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, les decimos que ¡a la calle!, que el día 10 de febrero saldremos con nuestros trabajadores y trabajadoras a luchar contra la precariedad (Aplausos). Les decimos que queremos un mundo más justo, que no queremos explotación laboral, que no queremos brecha de género y que queremos hacer leyes como las que estamos haciendo para cambiar el mundo de nuestras hijas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.

Desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda instando al Gobierno a que siga trabajando por las comunidades autónomas, a que siga trabajando en el diálogo social para combatir el fraude, la temporalidad injustificada, para disuadir de la contratación sin causa con más sanciones; para intensificar las campañas de la Inspección de Trabajo; para que en el diálogo social haya un acuerdo de conciliación; para mejorar las prestaciones por desempleo a tiempo parcial. Esa es la enmienda que hemos presentado y que seguramente ustedes no aceptarán. Porque nosotros, señorías, creemos y apostamos por el diálogo social, nosotros queremos que el Gobierno alcance acuerdos con los agentes sociales, con los sindicales, con los empresarios, en el diálogo social.

Esta PNL, señoría, es una intromisión en el diálogo social y nosotros no nos hemos alineado, como se ha dicho aquí, con la patronal. Nosotros estamos alineados con el diálogo social, les guste o no les guste. Y han hablado ustedes de la reforma laboral. Esa reforma laboral que ustedes demonizan y que es, por cierto, la que ha copiado México, la que han copiado Francia, Italia y próximamente Argentina. Esa es la que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa, que España lidere la reducción de paro en Europa, que España lidere la creación de empleo juvenil en Europa, que España lidere la creación de empleo femenino en Europa, que España lidere la creación de autónomos en Europa y que España lidere la creación de empleo indefinido a tiempo completo en Europa. Esa es la reforma laboral. (Aplausos).

¿Y saben ustedes lo que no lideramos en Europa? No lideramos en Europa la creación de empleo a tiempo parcial, señoría. Ahí no somos los número uno, fíjese usted. Contratos a tiempo parcial -datos de Eurostat-: España, un 15 %; la media de la Unión Europea, un 20 %; Alemania, un 27 %; Francia e Italia, un 18 %. Señorías, el 97 % del empleo recuperado es empleo a tiempo completo. Es verdad que queda mucho por hacer, pero siempre será mejor crear 1700 empleos al día que destruirlos, como ocurría cuando gobernaba otro partido. Por lo tanto, señorías, eso que dicen ustedes en la exposición de motivos de que se sustituye contratación indefinida a tiempo completo por un contrato parcial con horas complementarias y fuera del control legal, eso es absolutamente falso.

Hablan ustedes también de la temporalidad, siguen con el mantra de la temporalidad, la precariedad, los contratos temporales... Señorías, la contratación indefinida, según la EPA del año 2017, crece el doble que la temporal, es decir se han creado 357 900 empleos indefinidos y 179 000 empleos temporales, el doble de contratación indefinida. Llevamos el mayor periodo de crecimiento de la contratación indefinida, cuarenta y ocho meses consecutivos. Tres de cada cuatro personas en este país que tienen un trabajo tienen un contrato indefinido, 7 puntos más que antes de la crisis. ¿Que hay contratos temporales? Claro que los hay, pero los de menos de un mes no llegan ni al 0,90 %. Además, señorías, hemos recuperado todo el empleo indefinido y estamos en el mismo nivel que el año 2007. El contrato temporal tiene que existir por necesidades de nuestro mercado, pero va a seguir siendo causal, señorías. La izquierda rompió el principio de causalidad en la contratación temporal, y este Gobierno lo que quiere precisamente es reforzar la causalidad de los contratos de duración determinada. No sean cínicos, señorías, el 90 % de los contratos que se firman son temporales. Eso viene ocurriendo desde los años ochenta en este país, y le voy a decir algo más. ¿Cuántas veces se cuenta un contrato temporal? Muchas. ¿Cuántas veces se


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cuenta un contrato indefinido? Una. Por tanto, señorías, la realidad es que se han creado más de 600 000 empleos, el doble de empleo indefinido que temporal.

En cuanto a la explotación laboral, señorías, digo yo que este Partido Socialista será el mismo que gobierna en Andalucía, porque allí hay expedientes sancionadores por cotizar de menos por más de cinco mil enfermeros en el Servicio Andaluz de Empleo. Hablan ustedes también de brecha salarial, de que hay que implicarse. No solo hay que implicarse; hay que implicarse, tomar medidas y reducir la brecha, que es lo que hemos hecho nosotros. Estamos en mínimos históricos, según Eurostat: 14,9, es decir, 4 puntos menos desde el año 2012 y por debajo de la media europea.

Decía Ciudadanos que no hemos hecho nada. No, nada más que recuperar el 70 % del empleo destruido por la crisis; 2 300 000 empleos creados con el Gobierno del Partido Popular. Usted dice que eso no es nada. Nada más y nada menos; queda mucho por hacer, pero se ha recuperado el 70 %.

Podemos habla de trabajadores humillados, sin muletas, de neoesclavitud. Yo solo le hablo de la doble moral de Podemos, que parece el mayor defensor de los derechos laborales y luego resulta que ocho de cada diez trabajadores, por ejemplo, de Podemos Galicia tienen un contrato a tiempo parcial. (Rumores). Se les está cayendo la careta a los señores de Podemos. Y no se equivoquen, señorías, la seña de identidad del Partido Popular es ser el partido del empleo.

Termino dando las gracias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por toda la labor que está realizando, preferentemente en el control del tiempo parcial, en los contratos temporales sin causa. Aunque ustedes no acepten esta enmienda, tengan por seguro que el Gobierno seguirá trabajando en el marco del diálogo social -nosotros sí respetamos el diálogo social-, también con las comunidades autónomas, para que cuanto antes se pongan en marcha nuevas medidas para lograr los objetivos de empleo de calidad y con garantías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Las cifras relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los datos de exigencia en el cumplimiento de la normativa laboral certifican que el Gobierno está consiguiendo buenos resultados en la lucha contra el fraude laboral, si bien nunca está de más la persistencia sobre una materia en la que siempre habrá que permanecer alerta. Los diferentes apartados y ejes de actuación que pretende esta iniciativa socialista para la elaboración de un plan contra la explotación laboral constituyen toda una injustificable enmienda a la totalidad en una lucha que ha tenido avances muy importantes en los últimos años y que se cuantifican en relevantes ahorros, más de 20 000 millones de euros para el sistema de Seguridad Social. Negar esta evidencia equivale a despreciar de lleno el indiscutible avance que supuso la aprobación y puesta en marcha hace seis años del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que intensificó, como nunca antes había hecho en nuestra historia, la beligerancia frente a los comportamientos lesivos de los derechos de los trabajadores y el castigo a las conductas fraudulentas contra la Seguridad Social. Cabe resaltar que en menos de seis años, gracias a este plan, han aflorado en España medio millón de empleos irregulares y se han detectado casi siete mil empresas ficticias que estaban accediendo indebidamente a prestaciones, es decir, que estaban defraudando a la Seguridad Social.

Por tanto, reconociendo el interés por la eficacia de la Inspección de Trabajo en la aplicación de las normas para detectar y sancionar a los defraudadores y explotadores, no compartimos el análisis calamitoso desde el que se promueve esta proposición no de ley, que, por otra parte, no debía ser muy apremiante ya que, desde su firma, ha estado en la nevera del Grupo Socialista nada menos que desde agosto de 2016. Es decir, hoy, año y medio después, reclaman -eso sí, paradójicamente- que se pongan en marcha esas medidas cuanto antes.

En definitiva, el Plan contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social está ofreciendo avances muy relevantes. Por ello reiteramos el aval que nos merece la actuación del ministerio, que acredita con buenas cifras su éxito en la lucha contra el fraude laboral y también los avances para dotar a nuestro país de empleo de mayor calidad dentro de la primera necesidad que hoy tienen 3,7 millones de españoles, que es tener un puesto de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor vicepresidente.

El Partido Socialista nos trae una PNL por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral, y más allá de medir o saber cómo se mide la explotación laboral, la primera pregunta que nos hacemos desde Compromís es si efectivamente existe explotación laboral en España. Me gustaría trasladar aquí, al Congreso de los Diputados y las diputadas, tres experiencias de tres personas, de su vida laboral y su experiencia vital. En primer lugar, Carmen, de cincuenta y tres años, trabaja en un almacén de frutas y verduras en la comarca de la Vega Baja. La hora le sale a 3 euros. Trabaja de media al día cuatro horas, eso sí, sin horario fijo, pendiente del teléfono por si suena, y obviamente no puede conciliar su vida laboral y personal. Un ejemplo de eso que llaman flexibilidad, supongo. Paquita, cuarenta y cinco años, trabaja de aparadora en el textil en Elche, en el barrio de Carrús. Su sueldo a la hora es de 2 euros. No tiene contrato. Su horario laboral es prácticamente todo el día. Juan tiene veintiocho años, es natural de Crevillent, como yo, y trabaja en una industria de planchas de goma industrial. Su horario, doce horas al día. Sus condiciones de trabajo, estar en una plancha industrial a 50 grados en invierno y en verano. Cada cual que juzgue si hay o no hay explotación laboral en este país. Nosotros lo tenemos muy claro.

Termino. El aumento de la explotación laboral ha sido la respuesta del Partido Popular a la crisis. La nuestra, para que se respeten los derechos de las personas, es modernizar el país.

Gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente el Grupo Socialista nos plantea una proposición no de ley con un plan de lucha contra la explotación laboral. La parte expositiva de esta iniciativa la podríamos compartir en el sentido de que las modificaciones legales que se han introducido en los últimos años, que flexibilizaron el trabajo a tiempo parcial y que permitieron el incremento de la realización de horas extraordinarias, hayan producido abusos por parte de determinadas empresas, y algunos de los datos que aporta esta iniciativa corroboran esa afirmación. Esa sería una buena razón para votar a favor del contenido de esta iniciativa. Pero al mismo tiempo, cuando uno lee y analiza las propuestas que nos plantea el Grupo Socialista, nos entran dudas razonables de que la respuesta a los abusos en tiempo parcial y en horas extraordinarias vaya por la línea de introducir de nuevo rigideces en el funcionamiento de las relaciones laborales en el seno de las empresas. Entre otras cosas porque sabemos que la introducción de estas mayores rigideces va a conllevar probablemente -porque lo hemos vivido en otras ocasiones- a que los elementos de la economía sumergida, de la economía no declarada continúen creciendo, y fiarlo todo a la acción que pueda tener la Inspección de Trabajo nos parece voluntarista.

Estamos convencidos de que un mercado de trabajo que sea capaz de combinar las flexibilidades que exigen las empresas y las protecciones sociales que exigen y que necesitan los trabajadores a tiempo parcial es imprescindible, pero volver a tener un contrato de trabajo a tiempo parcial más rígido no creemos que ayude ni a la creación de empleo ni al crecimiento del dinamismo económico. Por tanto desde esa posición nuestro grupo va a optar por una abstención, invitando al Grupo Socialista a trabajar más a fondo propuestas y respuestas que sirvan útilmente para hacer frente a problemas que en el fondo compartimos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Anunciamos desde ahora que mi grupo va a votar a favor de esta proposición, porque coincide no solo con su planteamiento histórico en esta cuestión, sino con medidas concretas que incluso ha promovido en otro momento. Aquí existe una ecuación sencilla. Si el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece una jornada laboral determinada de cuarenta horas; si además añade el artículo 35 que hay un número limitado de horas de trabajo en ochenta, que además para los contratos temporales o a tiempo parcial es proporcional a esa posibilidad, y si a su vez el número de contratos que se están celebrando en


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este país -9 de cada 10- son a tiempo parcial o a tiempo limitado, y paralelamente el número de horas extraordinarias ha subido exponencialmente, el resultado de esa ecuación es demasiado preocupante. Es decir, hay un nivel de incumplimiento determinado de la normativa laboral que descansa sobre todo en la existencia de una práctica contraria al ordenamiento, que se residencia en los contratos a tiempo parcial o de tiempo limitado.

En relación con las horas extraordinarias incorporadas al trabajo a tiempo parcial en virtud del Real Decreto 16/2013 hace tiempo que hemos sostenido que dicho contrato a tiempo parcial no se había concebido para incorporarle horas extraordinarias, sino en su caso para conciliar de una parte la eficacia del propio contrato, adecuándola a su objeto real, y por otra, también a la conciliación de la vida familiar. Pero es la propia regulación la que incorpora una jugosa escotilla al fraude, porque permite elevar a través de horas extraordinarias la jornada laboral de contrato a tiempo parcial hasta el 90 % de esa jornada ordinaria. Esa es una tentación en la que por desgracia parece que han caído -decía el señor Campuzano y quizá algunos cuantos- bastantes al parecer, y que entendemos que es difícil reprimir solo desde el ámbito de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, solo desde el derecho punitivo en el orden social, porque a nuestro juicio la patología del problema se encuentra ahí, tanto en el bajo nivel salarial que existe en el Estado español, que no induce, sino que obliga a muchos a incrementar su jornada para obtener recursos económicos, como también en otra razón intrínseca a esa modificación, que es el desequilibrio que provoca un excesivo número de horas extraordinarias, consecuencia también del desequilibrio entre el objeto formal de los contratos y las causas reales que los motivan.

Desde esa perspectiva apoyamos las medidas que se proponen en el primer apartado, ya que parecen coherentes con los fines que señalan. Pero también nos parecen más apropiadas, más coherentes incluso aquellas referidas en segundo lugar, que inciden en la regulación del contrato a tiempo parcial, y por tanto en la modificación de aquellas condiciones que han facilitado su uso indebido y el nivel de fraude existente en su utilización. Pensamos que las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial deberían ser limitadas a supuestos recogidos en convenios colectivos o pactos verdaderamente acreditados, y por razones excepcionales y no al revés, alejándolas un tanto de ese carácter de voluntariedad que hoy recoge la Ley 16/2013.

No está de más recordar a ese efecto otra medida legislativa también pendiente de tramitar en esta Cámara, creo que también a iniciativa del Partido Socialista, que es la relativa al registro de horas trabajadas, incluyendo a todo tipo de contratos, que también debería servir a este concreto efecto, pero también otras tantas cautelas legales que con carácter general y en un ámbito tan tuitivo como el del derecho al trabajo siempre hemos señalado la necesidad de que deban estar suficientemente reguladas y vinculadas a la existencia de la causa, del trabajo. Descausalizar la contratación supone desvirtuar las condiciones de contratación, también descausalizar el despido, y a otras consecuencias, descausalizar las modificaciones del contrato, de las condiciones de los expedientes de regulación de empleo, etcétera. Son todos estos precedentes los que nos han llevado a una situación de ausencia de protección de situaciones verdaderamente vulnerables, situaciones preocupantes como las que se nos han dado. En este sentido entendemos que a futuro se debe ofrecer desde el derecho tuitivo en el que consiste el derecho de trabajo respuestas de protección efectivas a los trabajadores, porque lo tenemos encima, y en los tiempos que se nos avecinan el sistema de empleo digital o vinculado a las plataformas digitales la desregulación puede ser efectiva en algunas cuestiones, pero no lo es en aquello en lo que consiste el contenido esencial del contrato de trabajo y esta es una de ellas. Esta es una de esas medidas que apoyamos y que creemos que es acertada, por lo que, repito, apoyaremos la proposición no de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el informe Explotación laboral severa en la Unión Europea, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, señala a España como uno de los países de la Unión con más casos de explotación laboral. Asimismo el informe también señala que el problema afecta especialmente a las personas inmigrantes, considerando que son víctimas -y cito literalmente al responsable del informe- de las formas más severas de explotación que llevan a la servidumbre o la esclavitud. Así se señalan como prácticas de explotación el trabajo sin contrato, el incumplimiento del salario mínimo o los pagos a la Seguridad Social, las amenazas de deportación o la retención del pasaporte, y condiciones vitales de hacinamiento. En tal sentido se considera que entre los problemas más graves en el Estado


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español para combatir esta explotación laboral de las personas inmigrantes están la falta de apoyo a las víctimas, la impunidad e incluso la complicidad de la sociedad en tanto que se normalizan y no se condenan las condiciones infrahumanas en que trabajan y viven las personas inmigrantes, especialmente las que están en situación irregular. No es pues casual que los principales sectores económicos en que se detecta mayor explotación laboral sean aquellos donde hay una mayor presencia de trabajadores inmigrantes, como son el sector agrícola, el hotelero, los servicios alimentarios y el trabajo doméstico. Por ello mismo sorprende, señores y señoras del PSOE, que en una iniciativa que trata sobre la explotación laboral no haya ni una sola referencia a las personas inmigrantes. Si no visualizamos esta parte del problema difícilmente vamos a resolverla. Al contrario, manteniendo en la invisibilidad la explotación de las trabajadoras inmigrantes las estamos perpetuando, cuando no legitimando por pasiva.

En otro orden de cosas hay que subrayar que la explotación laboral en el Estado español está legalizada desde las últimas reformas laborales que han creado la figura del precariado, es decir, personas que trabajan por sueldos de miseria o con una gran inseguridad laboral y social, que les hipoteca su bienestar material y psicológico. El Partido Popular se llena la boca con los éxitos de su reforma laboral y la generación de empleo, pero su reforma laboral no genera empleo de calidad, sino empleo precario que mantiene a la clase obrera en la pobreza y la inseguridad laboral y vital. Además disminuye las contribuciones a la Seguridad Social, y en consecuencia afecta al propio sostenimiento de las pensiones, especialmente si la generación de empleo se asocia a bonificaciones en la aportación empresarial a la Seguridad Social, como hemos visto en los últimos tiempos, con la liquidación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para el pago de las pensiones. Asimismo se está produciendo un descarado abuso en la realización de las horas extraordinarias no solo porque muchas no están pagadas, sino porque más que horas extraordinarias son horas estructurales que forman parte de una jornada laboral en B, que perjudican al trabajador explotado e impiden la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente hay que señalar que la explotación laboral que legitima la reforma laboral no es consecuencia de la crisis, no se debe a un problema coyuntural, sino ideológico. La derecha, representada en España por el Partido Popular y Ciudadanos, está permitiendo la explotación laboral, mientras las grandes empresas y fortunas son cada vez más ricas. El paradigma de todo ello está en el sector hotelero, donde Las Kellys están llegando a cobrar 2 euros por habitación, pese a que el sector hotelero ha recuperado los beneficios de antes de la crisis. No es la crisis pues; es el mercado, amigos, el mercado neoliberal.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.

Le pregunto a la señora Raya Rodríguez en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Sí, estamos intentando hacer una transaccional con Podemos. Las de Ciudadanos y el Partido Popular, aunque agradecemos el esfuerzo que han hecho presentando enmiendas, las vamos a rechazar.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Bien, les ruego la presenten antes de la votación si hay transaccional.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000071).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la situación política en Cataluña. Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, con toda solemnidad y con la indignación provocada por el encarcelamiento y el exilio del Govern de Catalunya, nos dirigimos a ustedes para presentarles una moción que insta al Gobierno español a establecer un diálogo bilateral con el futuro Govern de la Generalitat, a fin de alcanzar una resolución democrática a las demandas expresadas de manera


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permanente en Cataluña. Lamentablemente constatamos que el Estado español continúa equiparando el proceso democrático de independencia de Cataluña con una rebelión violenta, cuando el mundo se ha admirado por su carácter masivo, cívico y pacífico. Por el contrario la justicia española pretende condenar a treinta años de prisión a sus líderes, aun cuando para ello haya tenido que infringir derechos fundamentales, razón por la cual no se atreve a mantener sus acusaciones ante una justicia independiente como la belga o la danesa. Nunca se atrevió el imperio británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba sin violencia por la independencia de la India. De hecho por su crueldad solo puede compararse a la justicia de la Sudáfrica del apartheid, que condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela. Instalados en esta espiral represiva y autoritaria ahora preparan la causa general contra el independentismo -el próximo juicio a celebrar en Madrid- para, reproduciendo palabras usadas por el Gobierno español, 'descabezar el independentismo y sustituir a sus representantes elegidos democráticamente'. Con dolor constatamos que el Gobierno español continúa pensando que solo hay una solución represiva ante la demanda catalana; violencia puesta de manifiesto el día 1 de octubre de 2017 contra la ciudadanía que acudía a ejercer el voto en el referéndum de independencia. Y a la par el Reino de España sigue sin asumir como causa del mismo movimiento por la independencia la animadversión ancestral hacia Cataluña, convirtiéndola en el enemigo interior que enardece el patriotismo español y llena de banderas españolas los balcones de España (Aplausos), un prejuicio anticatalán basado en el rechazo de la voluntad de la mayoría del pueblo catalán expresada en las urnas; despreciando el resultado del referéndum del Estatut de 2006, modificado por el Tribunal Constitucional en contra de la misma Constitución; despreciando el resultado de las elecciones catalanas de 2012, al negar la proposición del Parlament de un referéndum pactado como el de Escocia; despreciando por parte del Tribunal Constitucional el resultado de las elecciones de 2015, que impidió que el Parlament debatiese las leyes del referéndum y de la transitoriedad; despreciando por parte del Gobierno español el resultado de las últimas elecciones e impidiendo que Carles Puigdemont, el candidato con mayores apoyos, sea presidente de Cataluña.

Y abuso de poder también, señorías; sí, abuso de poder. El abuso de poder sin duda es la causa que comportó el decantamiento de buena parte de los catalanes por la desobediencia civil como último recurso. El abuso de poder del mismo Tribunal Constitucional actuó al infringir el artículo 152.2 de la Constitución, que establece que un estatuto aprobado en referéndum solo puede ser modificado con el mismo procedimiento, y actuó como desencadenante de una escalada que culminó con la aplicación del artículo 155, aplicación abusiva esta, porque el artículo no permite la suspensión del Gobierno y del Parlament catalanes, como ya quedó claro en el momento de su redacción al rechazarse el voto particular de Manuel Fraga, que otorgaba esta potestad al Gobierno español.

Entiéndanlo, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, tras la declaración de independencia en la forma de república en el Parlament el día 27 de octubre; tras la celebración de las elecciones del 1 de diciembre, y una vez ratificada la mayoría independentista en el Parlament, el diálogo bilateral es imprescindible para hacer posible la normalidad, de igual manera que sin el consentimiento de la mayoría de los catalanes no podrá haber solución, porque un Estado democrático del siglo XXI no puede retener Cataluña a garrotazos. Sin voluntad de diálogo bilateral, tal como ha expresado reiteradamente el Govern Puigdemont-Junqueras, y también distintas fuerzas políticas catalanas y españolas, se eternizará el problema y la inestabilidad se hará crónica en España, porque un Estado basado en el abuso de poder tiene marcada a fuego en la frente la etiqueta de frágil, y está condenado a deteriorar los derechos democráticos de todos sus ciudadanos, como ya les advierte en su reciente informe la Unidad de Inteligencia de The Economist, que sitúa al Estado español al borde de pasar a ser considerado una democracia imperfecta. Sin diálogo bilateral, señorías, solo les quedará intensificar la estrategia represiva contra unos anhelos de independencia que, a tenor de los resultados en las urnas, son defendidos por una buena parte de la ciudadanía catalana.

Señorías, a nuestro entender la única alternativa posible es la resolución democrática del conflicto con respecto a los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico español, según el artículo 96 de la Constitución. Hoy la moción que presentamos será rechazada, pero deben saber que, aun cuando se mantuvieran en la voluntad de hacernos sufrir y se propusiesen llenar las cárceles de ciudadanos catalanes comprometidos con los principios democráticos, como lo son Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, por nuestra parte siempre, siempre, siempre nos ratificaremos en las convicciones democráticas, cívicas y pacíficas, y no nos cansaremos de instarles al diálogo bilateral.


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Ustedes, señorías, tienen la respuesta, y suya es también la responsabilidad. Por nuestra parte, diálogo bilateral, diálogo, diálogo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tardà.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, señor presidente.

Señor Tardà, escuchando su intervención no podía dejar de pensar en aquella frase que ponía Virgilio en boca de Laocoonte: Timeo danaos et dona ferentes, es decir, temo a los dánaos, incluso cuando traen regalos. Y es que algunos regalos son envenenados. Los que ayer aprobaron leyes sociales en Cataluña para que el Constitucional las tumbase y percutir así contra el Estado hoy piden aquí que el Estado responda con diálogo a sus acciones contrarias a las leyes y a la mayoría social de catalanes y catalanas. Pues mire, señor Tardà, no. Así no.

Las elecciones al Parlament de Catalunya han definido el dañado panorama político catalán. A saber, el independentismo no tiene ni la mitad de los votos emitidos. Por lo tanto el independentismo no tiene legitimidad democrática para proclamar o certificar ninguna independencia ni de acuerdo a las leyes catalanas fundamentales ni de acuerdo al mandato democrático que ha sido claro: ustedes tienen el 47 % de los votos. Los independentistas pueden formar un nuevo Gobierno nacionalista, sí, pero deben recuperar inmediatamente el Estatut y respetar la mayoría social de votos de estas últimas elecciones. Señor Tardà, ¿ustedes están dispuestos a respetar la mayoría social no independentista configurada en las urnas? Porque el respeto que pide es de ida y vuelta. Porque, si lo que viene hoy a pedir aquí es que se le respete, como decía en campaña, haber proclamado la independencia o la república, no; así no. Su declaración de independencia fue hecha sin ninguna legitimidad ni legal ni democrática. Insistir en ello profundiza en la división atroz entre personas, el daño irreparable hecho a las instituciones catalanas y la vulneración de los derechos básicos de todos los catalanes.

Lo primero que puede hacer Esquerra es formar un Gobierno, un Ejecutivo catalán que dé observancia estricta a los reglamentos y leyes de todos los catalanes. Los derechos sagrados de todos los ciudadanos y ciudadanas residen en las leyes, esas leyes que nacieron de los grandes consensos transversales en toda Cataluña. Vulnerar el Estatut y desobedecer unilateralmente la Constitución fue un acto antidemocrático contra todos los derechos de los catalanes. Señor Tardà, usted prometió públicamente Gobierno para mitad de enero, y aquí estamos, en febrero, compuestos y sin Gobierno. Coincido con usted: Cataluña tiene que tener un Gobierno ya. También comparto con usted que nadie es imprescindible, nadie por encima de Cataluña. Déjense de simbolismos, de llamadas por Skype, de usar asambleas de electos independentistas o de imaginar consejos republicanos en el extranjero. Dejen ya de maltratar nuestras instituciones catalanas. Lo que no consiguió una dictadura lo van a conseguir ustedes. Basta ya, señor Tardà. Así no. (Aplausos).

El mantra del mandat democràtic les ha servido para un roto y un descosido, ¿verdad? Hay quien lo ha utilizado mucho para decir que ante todo yo y después yo también. Y ello solo para luchar por la hegemonía de su espacio político, incluso ahora, estando ustedes en un empate técnico con los del señor Puigdemont; incluso ahora, incluso así siguen igualmente actuando como lacayos al servicio del poder convergente. Libérense y actúen para el bien de Cataluña. Sí hay un mandato democrático. Ese ha establecido que ustedes tienen la responsabilidad de hacer un Gobierno y recuperar las instituciones catalanas para no devolverlas jamás al arbitrio y a la sinrazón de los días 6 y 7 de septiembre pasados o al disparate de declarar la independencia al margen de cualquier legalidad y al margen de la mayoría democrática de Cataluña, porque esto lo sabe usted perfectamente, pero no tiene los arrestos de decirlo con todas las letras. Tiene miedo a decir la verdad, la retuerce cada día por miedo a ser señalado como traidor. Su miedo es que Puigdemont les devuelva las 155 monedas de plata, esas con las que Rufián hundió a Cataluña en la miseria una mañana de octubre. (Aplausos).

Señor Tardà, ¿qué ancla a un partido histórico como Esquerra a un seguidismo servil y acrítico al señor Puigdemont, que ha demostrado no tener ni un gramo de responsabilidad política? La política, si es demagógica, se vuelve a veces imposible. Yo comprendo lo complejo de su situación, pero es excesivo venir a este hemiciclo a distraer de lo sustancial: que son ustedes incapaces a día de hoy de hacer un Gobierno. Cataluña exige recuperar nuestro país y eso pasa por construir un espacio público común de todas las cataluñas en una sola. Los unos y los otros deben darse cuenta de que Cataluña no es y ni podrá


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ser jamás con solo una mitad de Cataluña. El independentismo debe entender que no les pedimos renunciar a ser; les exigimos en cambio, si es su deseo máximo, respetar los consensos y la legalidad común.

Su maniobra de circo político quizá encuentre algún altavoz hoy. Los socialistas queremos dialogar y dar respuestas políticas a un problema político, y eso es lo que dice nuestra enmienda. Léasela. Lo que no se puede pretender es pedir que se dialogue sobre un Gobierno que no existe o sobre una independencia que jamás se produjo, porque sería lo mismo que dialogar sobre un jabalí que bucea o un tiburón que vuela, algo sorprendente pero totalmente improductivo al caso. Sin embargo compartimos con usted que se debe dialogar de forma bilateral, como dice el texto que les hemos presentado. El Estatut de Catalunya, ese que, junto con el Partido Popular, ustedes no querían, lo permite; la Constitución lo observa y el respeto a esas leyes fundamenta también ese derecho inalienable. Acabo, presidente. Por lo tanto, en vez de presentar esta moción, lo viable sería formar Gobierno y convocar la Comisión Bilateral del Estatut, esa que el independentismo no ha convocado desde 2011. Lo que usted pide es muy distinto, retuerce las palabras y sus significados para conseguir el efecto victimista al que nos tiene acostumbrados. En román paladino, señor Tardà, engaña y miente políticamente aquí. Debe decidirse, no esconder su vergüenza...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que acabar, señor Lamuà.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: ¿Me deja acabar, presidente? Una frase. Ojalá decida a favor de todos los catalanes, señor Tardà, los que son independentistas y los que no lo son, y eso es directamente contrario a seguir ejerciendo de camarlengo de la derecha catalana convergente. Si acepta nuestra enmienda demostrarán que su voluntad de diálogo es real y sincera. Desháganse del yugo de Puigdemont, sean útiles y ayuden a Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. (El señor Rufián Romero: Muy bien, Lamuà. Muy bien.-El señor Lamuà Estañol: Gracias, Rufián, eres grande). Señorías, les ruego silencio. (Protestas por parte del señor Rufián Romero). Señor Rufián, no está en el uso de la palabra. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio. Más allá de las peticiones de palabra por alusiones u otras de carácter reglamentario, no voy a consentir que haya voces ni interpelaciones, como les digo, al margen del Reglamento.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Permítame, señor Tardà, cinco reflexiones muy críticas y muy personales sobre el proceso de ruptura que estamos viviendo en Cataluña. La primera es que yo creo que vivimos el final de un ciclo histórico del nacionalismo político catalán, que se caracterizaba por que su ideología y su proyecto no tenían oponentes políticos reales. Era un proyecto fundamentalmente diseñado para una mitad, y por tanto en esa comodidad de acción política ni la ilegalidad ni la impunidad podemos decir que se van a mantener. Ese ciclo es el que ha terminado. Segunda idea, ustedes en mi opinión buscan en el conflicto un beneficio constante, y lo hacen de una manera consciente creyendo que así van a obtener algún beneficio para su causa. Es un conflicto contra todo, contra el Estado, contra las instituciones, contra la ley, contra la ciudadanía, es lo que se llama socializar el conflicto, ya lo conocemos, pero, ¿ustedes han evaluado la utilidad o el saldo de todo ello? Sinceramente creo que no. Tercera, más allá de la tolerancia histórica de los partidos constitucionalistas con el fenómeno del secesionismo, ustedes, tal vez por ello, han subestimado la firmeza del Estado de derecho, la fortaleza de las instituciones españolas, la fuerza de la ley, la existencia de la ley, la existencia del Estado. Han ignorado la ley y han pensado que su revolución haría saltar las costuras desgastadas del régimen constitucional, pero, señor Tardà, lo que ha pasado es que no han medido ustedes sus fuerzas y lo único que han conseguido es darle la razón al señor Aznar. Cuarta, pocas revoluciones -ustedes las llaman revoluciones- lideradas por movimientos radicales resultan ser pacíficas, por mucho que usted lo desee, porque el hecho de no haberse llegado a un enfrentamiento civil no significa que su proyecto, ese que conocemos de los textos de 1990, resulte pacífico para quien no lo comparte: el control de los medios de comunicación, de la educación, la intimidación, el señalamiento, etcétera. Creo que la supuesta paz y la amabilidad con la que usted alega que se extiende su idea


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separatista no se produce en Cataluña de forma natural, es consecuencia directa -así llevamos treinta años- de la incomparecencia, la paz de los medrosos, de algunos, y del totalismo clientelar y la concepción patrimonialista de otros; ahora lo sabemos. Pero eso, señor Tardà, obviamente ha cambiado. Quinta. Europa, señor Tardà, no pretende ser el club de las identidades excluyentes, fronterizas y estancas que ustedes construirían. Sus reivindicaciones están fuera de Europa, al menos fuera del proyecto de construcción de Unión Europea y, por tanto, por desgracia, fuera del tiempo. La realidad social, señor Tardà, es plural. Las identidades se complementan, son concéntricas, se abrazan, suman de lo cercano y obvio a lo compartido y global. Además, los valores, de los que hace gala la Unión Europea, no se pueden trocear por territorios. La libertad, el Estado de derecho, el Estado social, la solidaridad, la igualdad no tienen territorios. Sus reclamaciones etnicistas o etnolingüísticas se han quedado absolutamente fuera de la realidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que concluir, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino, señor presidente.

Desde luego, ya lo sabe, me conoce, no les deseo ninguna suerte en su desafío, y como tampoco creo que la grave irresponsabilidad de algunos pueda quedar impune, les anunció que vamos a presentar toda una batería de enmiendas y entre otras una para que el delito de sedición esté excluido en la proposición de ley del Partido Socialista que se tramita en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Tardà, coincido con su argumentación. Simplemente, me gustaría trasladar unos mensajes a la Cámara. Primer mensaje: el independentismo ganó las elecciones el 21 de diciembre en votos y escaños. (Aplausos). Segundo mensaje: el 155, aprobado por el Senado, fue rechazado por la inmensa mayoría de la sociedad catalana, y el 155, que el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP apoyaron en el Senado, fue derrotado en Cataluña. (Aplausos). Evidentemente, Ciudadanos tiene más escaños, tiene más votos, fue la primera fuerza política en Cataluña, se benefició de la Ley electoral que rige en Cataluña (Aplausos) y no va a gobernar Cataluña. No va a gobernar Cataluña porque la mayoría independentista en el Parlament es rotunda. Ciertamente, somos un país plural, diverso, que se expresa en estas fuerzas políticas, un país cívico y pacífico, señor Salvador, y pacífico, que durante estos años ha desarrollado su defensa de la libertad desde el más estricto pacifismo y de ello nos sentimos terriblemente orgullosos. Y, señorías, les invito a los contrarios a la independencia a que sumen el 48 % de los votos en Cataluña. (Aplausos). ¡No hay nadie en Cataluña que sume el 48 % de los votos! Las fuerzas políticas que defienden la reforma de la Constitución en clave federal o confederal suman alrededor del 21 % y las fuerzas políticas que defienden la recentralización y la homogeneización suman alrededor del 30 %. El bloque político mayoritario en Cataluña hoy continúa siendo el bloque independentista. Señorías, les reclamamos durante todo el mes de noviembre prácticamente que respetasen el resultado electoral del 21 de diciembre y no lo están haciendo. Las maniobras que el Gobierno está promoviendo ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir la investidura legítima del presidente Puigdemont en el Parlament, respondiendo al mandato democrático surgido de las urnas, forma parte de los episodios más vergonzosos de la democracia española de todo el siglo XX. Es vergonzoso pervertir la voluntad de los catalanes expresada en las elecciones del 21 de diciembre. Es intolerable.

Señorías, de nuevo la cuestión catalana pone de manifiesto los límites de la democracia en el Estado español. En todas las ocasiones en que las instituciones del Estado español a lo largo del siglo XX se han enfrentado a la cuestión catalana, cuando no han sido capaces de encontrar las fórmulas democráticas para encauzar las legítimas demandas de la sociedad catalana, ha aparecido esa cultura autoritaria que niega la diversidad, la legitimidad de las demandas expresadas democráticamente por la sociedad y que aboca al Estado español a lo que el The Economist apuntaba, a esa degradación de la democracia, a aquello que Jueces para la Democracia ponía de manifiesto hace muy pocos días, cómo el Gobierno está intentando manipular la justicia. Cuando las instituciones del Estado actúan contra la voluntad democrática de la sociedad catalana degradan la democracia para el conjunto de los españoles. Y, señorías, debemos apelar a los demócratas del conjunto de España, porque la lucha por la libertad y la democracia de los


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catalanes es también la lucha por la democracia y la libertad del conjunto de los españoles. Nadie puede creer que degradando la democracia y presionando a la justicia, la democracia española va a ser más sana y más fuerte. Aquí apelo singularmente al Partido Socialista, a una tradición política que con el catalanismo ha compartido objetivos, pero que hoy parece renunciar a esa aspiración a la democracia en España. Señor Lamuà, están renunciando a defender la democracia española apoyando la política del Partido Popular en esta materia. (Denegaciones del señor Lamuà Estañol.-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Campuzano, tiene que ir concluyendo.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señor presidente.

Señorías, esto va de democracia y de libertad y los catalanes persistiremos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Uno lee la moción de Esquerra Republicana y, sinceramente, tiene toda la lógica, apela al diálogo. A eso es a lo que apela, al diálogo para solucionar un problema político. Creo que ya va siendo hora de que todos lo reconozcamos, aunque, sinceramente, no soy muy optimista por el ambiente que hay. No creía que era cierto y he tenido que recurrir a Twitter para ir a la fuente original a ver qué estaba ocurriendo. Hoy el Canal 24 horas, la televisión pública -la televisión pública nada menos-, ha emitido una rueda de prensa en directo con el siguiente faldón: Presidente de Tabarnia en el exilio, Albert Boadella analiza la situación política y social en Cataluña. Ha sido en directo en Radiotelevisión Española. ¿De verdad que esto es serio? ¿De verdad que la televisión pública puede caer a estos niveles? (Aplausos). El ambiente no ayuda en absoluto y es una mala señal. Parece que aquí vale todo y, sinceramente, es hora de que se imponga la lógica del diálogo. Se debería haber impuesto ya claramente hace dos años, no en estas elecciones, sino en las anteriores. La sociedad catalana en cuanto a sus posicionamientos está dividida más o menos por la mitad, pero quiero recordar al representante socialista que hay una mayoría, cercana al 60 %, que está a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. (Aplausos). Por tanto, las cosas como son, los independentistas en el número de votos no son la mayoría, pero sí Cataluña se siente una nación, Cataluña siente que hay un problema político y a Cataluña le gustaría decidir. Ahora se ha ratificado en las últimas elecciones aceptadas por todos y creo que el Gobierno español no puede decir que ha sido bajo unas condiciones inasumibles. Se han ratificado los mismos números. Por tanto, hay un problema político. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Que se niega el diálogo y se ofrece solo ley. Aquí parece que se es constitucionalista de cumplir la ley solo cuando conviene, pero cuando hay algunas cosas que son sagradas y se ponen en peligro -la unidad de la patria, por ejemplo- puedes saltarte todo. Puedes saltarte la presunción de inocencia y puedes poner penas provisionales de prisión cuando todavía no ha sido sentenciado nadie, cuando se sabe que es un problema político. El ministro de Justicia puede adelantar que va a haber inhabilitaciones incluso antes de las sentencias; y no es que lo digan los jueces -que ya me parecería mal inhabilitaciones antes de las sentencias, ¿dónde está la presunción de inocencia?-, sino que ya el ministro de Justicia lo avisa y lo anuncia. Sinceramente, no vamos bien así. No vamos a solucionar nada de esta manera. Mientras los medios y la sociedad en general coreen estas actitudes y el 'a por ellos', los jueces tampoco van a tener mucho valor para aplicar la ley en sus justos términos y con objetividad.

Sinceramente, no entiendo que al presidente Puigdemont no se le pueda elegir, porque es una persona que tiene todos sus derechos. Pero, dicho esto, está claro que el Estado -y cuando digo el Estado lo digo de manera amplia: las fuerzas políticas mayoritarias, el Gobierno, esta Cámara en su mayoría, la mayoría de ustedes, los jueces- no quiere que sea presidente. Esa es una realidad y están conjuntados para que eso suceda así y no sea nombrado presidente. Creo que los nacionalistas catalanes tienen que saber cuál es la situación real. En el índice de The Economist la democracia española ha ido bajando -y, como siga así, todavía bajará más-, pero esa es la realidad y la realidad hay que sabérsela explicar a la gente. Hay que explicársela a la gente -sobre todo, a tu propia gente desde el primer momento- y, a partir de ahí, actuar. Por eso, creo que esta propuesta es buena; por eso, creo que sería positivo que hoy la aprobáramos. De lo único que habla en su literalidad es de distender, de un diálogo bilateral, y esa es la única solución para este auténtico embrollo. Por tanto, tomémosla como algo positivo. Erraría el Estado si creyera que


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ahora puede simplemente aplicar el rodillo y la fuerza porque ahora tiene la sartén por el mango. En un momento creyó que igual no la tenía, pero ahora dice: estoy fuerte, estoy aquí, y voy a pasar el rodillo; con eso llegaríamos a una solución. Recuerdo las palabras del representante socialista, que ha empezado dirigiéndose al señor Tardà manifestando: Timeo danaos et dona ferentes -temo a los griegos aun cuando hacen regalos-, como diciendo: señor Tardà, usted aquí nos la está metiendo doblada y yo no les creo. Pues yo le diría que pensara también en dictum meum pactum, mi palabra es de fiar. (Aplausos). Hemos llegado a un bloqueo y solo se puede desbloquear políticamente. También le diría fortuna audaces iuvat. Aquí si alguien no es valiente, da pasos y empieza a hablar seriamente de política para buscar soluciones políticas -y se lo digo a ambas partes-, esto no tiene solución. Espero que el Estado y las fuerzas mayoritarias de esta Cámara no estén pensando en Carthago delenda est -Cartago debe ser destruida-, porque eso nos llevaría nada más que a la ruina colectiva.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias.

Señor presidente, señoras y señores diputados, antes de empezar, me ha parecido oír una alusión a Albert Boadella por parte de don Aitor Esteban. ¡Oiga! Yo prefiero un millón de veces que se entreviste a Boadella o que salga Boadella en cualquier actuación a las entrevistas a Otegi y a las apologías a Carles Sastre (aplausos), el asesino Carles Sastre, que se hacen en TV3, por ejemplo.

Ante todo, gracias al señor Campuzano por reconocer lo que no ha reconocido el señor Tardà, porque me extraña mucho que se plantee usted la cuestión catalana aquí, en esta casa, e ignore, obvie el hecho de quién ha ganado las elecciones en Cataluña. Ya sé que le debe costar y que le habrá supuesto alguna que otra pesadilla. Señor Tardà, con toda cordialidad, ¿quién ha ganado las elecciones en Cataluña? Repita conmigo: Ciu-da-da-nos. Gracias. (Aplausos).

Hay una cosa de las que usted ha dicho que me ha molestado especialmente. Insisto, tenemos una cordialidad en el trato que creo que es perfectamente compatible con que usted insinúe que los catalanes hemos sido señalados como el enemigo interior en España. ¡Por favor! Los militantes, los simpatizantes, los cargos y hasta los votantes de Ciudadanos o del Partido Popular o del Partido Socialista de Cataluña hemos sido insistentemente señalados como el enemigo interior por parte de ustedes cuando ustedes han ostentado el Gobierno y los resortes de poder. (Aplausos). Dice que le molesta la presencia de la bandera española en los balcones, la decisión de muchos catalanes que han sacado esta (Refiriéndose a la bandera de España situada detrás de la Presidencia), mi bandera, al balcón en su casa. Pues lo siento mucho. A mí me molesta mucho su bandera de odio. Porque esta (Refiriéndose a la misma bandera) no es una bandera de odio y la suya sí. (Aplausos). Su bandera, la bandera que se inventó Vicenç Albert Ballester es una bandera de odio. Este señor firmaba las deposiciones que escribía para la revista La Tralla con el acrónimo Vicime. ¿Sabe usted lo que quería decir? Visca la independència de Catalaunya i mori Espanya. Viva la independencia de Cataluña y muera España. Ese es el padre de su bandera de odio. Esa sí que me molesta (Aplausos).

Con esta moción vuelven ustedes por sus fueros. Es verdad que no han plasmado en el texto lo que dicen después en sus intervenciones, pero se les ve el plumero. ¿Sabe por qué? Porque podían haber pedido diálogo sin más, y este Gobierno seguro que habría dicho: dialoguemos, porque ¿quién no va a dialogar, no? (Aplausos). Pero ustedes dicen: En base al resultado de las elecciones y en base al resultado que supone un mandato democrático que obligaría a un diálogo bilateral. ¿Pero en qué país viven ustedes? ¡Que hemos ganado nosotros! ¡Que la mayoría social no es independentista! (Aplausos). ¡Pero es que ustedes no pueden basarse en eso! Básense en otra cosa (Aplausos). Pidan diálogo basándose en lo que quieran, pero no en esta mentira. Por otra parte, lo de la bilateralidad, ¡oiga!, que es que no, que ese es su deseo (Rumores) y ese es el deseo de una gran cantidad de catalanes que no son la mayoría. La mayoría de los catalanes ni queremos eso ni pensamos que somos una nación, don Aitor Esteban; usted ha decidido antes que Cataluña es una nación porque usted lo dice. Pues, mire usted, yo como catalán le digo que no, que la nación es España. Y podemos pasarnos un montón de tiempo discutiendo pero la mayoría de los catalanes piensa como yo, no como usted (Aplausos); por cierto, que no me meto en si el País Vasco es o no una nación.

Señor Tardà, usted, que es a menudo educado, decía el otro día a los estudiantes: "Si vosotros no capitaneáis la república cometeríais un delito de traición a la tierra". (Muesta un recorte de prensa).


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¡Traición! ¡Madre mía! A la tierra, además. Están siempre con ¡la tierra!, y ¡la sangre!, y ¡el Sturm und Drang!, y ¡la vehemencia y la pasión! Cálmense. Nadie es traidor. La gente vota lo que quiere. Somos ciudadanos libres e iguales. Su conmilitón el senador de Esquerra Republicana, el señor Estradé, ¡senador, todo un senador!, ha dicho que doña Inés Arrimadas es una 'ocupante'. (Muestra un recorte de prensa). ¡La ganadora de las elecciones catalanas es una 'ocupante'! ¿Por qué? Porque no comparte su ideología. Porque ustedes han decidido que catalán es quien comparte su ideología. Su ideología les hace a ustedes nacionalistas, separatistas, secesionistas, lo que usted quiera; hasta de izquierdas, teóricamente, porque luego se abrazan a lo que sea. Me da igual, pero a ustedes no les corresponde establecer quién es o no catalán, y llamar a otro 'ocupante' sí que es señalar a un enemigo interno, señor Tardà. (Aplausos).

Yo les pido -permítame que me dirija ahora al Partido Popular porque es el partido que está en el Gobierno- que sigamos dando todos la batalla intelectual y política al nacionalismo. Sobre el diálogo, ya saben ustedes cuáles han sido los resultados del mismo, lo que ustedes han intentado y lo que ustedes han conseguido al respecto. No diré nada sobre ello. Sí que les debo decir en relación con la Ley electoral, que cómicamente antes se ha presentado como la razón de que nosotros ganáramos con 1 100 000 votos -cosa que jamás en toda su larguísima historia y muchas veces triste Esquerra Republicana ha logrado-, que ¿por qué tienen ellos un 47 % de los votos y un 52 % de los escaños? Porque la Ley electoral es muy mejorable. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: Eso no tiene nada que ver.-Rumores). No, no tiene nada que ver; no tiene nada que ver el hecho de que en Cataluña se aplique la Loreg porque no tenemos una legislación electoral propia... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Girauta, tiene que ir usted concluyendo.

Por favor, les ruego que no entren en diálogo, y vaya concluyendo, señor Girauta, porque ha finalizado su tiempo.

El señor GIRAUTA VIDAL: ¿Qué intenciones encierra la idea de la bilateralidad? El privilegio; la ley privada. El primer partido de Cataluña no quiere privilegios para nadie, ni siquiera para los propios catalanes, porque ante todo nosotros somos ciudadanos libres e iguales ante la ley, señor Tardà.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.

Realmente, no sé qué haría Ciudadanos sin el procés. Ustedes son el ejemplo, como hemos visto ahora, del bombero pirómano: dicen que apagan el incendio y lo único que hacen es poner más leña en el fuego. (Aplausos.-Rumores).

Más allá de la política partidaria, tristeza, miedo, humillación, también cansancio, estos son los sentimientos que nos han invadido a la ciudadanía de Cataluña en los últimos meses, también creo que a mucha gente en España. Tristeza, miedo y humillación que muchos sentimos los días 6 y 7 de septiembre ante la vulneración de los derechos de las minorías en el Parlament; tristeza, miedo y humillación el 1 de octubre ante la brutalidad de la actuación del Ministerio del Interior por la que nadie aún ha asumido responsabilidades, o el 27 de octubre, con el 155 y la DUI, o con la aplicación de una prisión preventiva abusiva e injusta a dirigentes sociales y políticos que, como han señalado más de cien juristas de todo el Estado, vulnera el derecho y es gravemente equivocada al considerar los hechos como delito de rebelión. Mucha gente se ha sentido ofendida y excluida por un Gobierno que sistemáticamente ha despreciado todo diálogo, toda negociación y que ha externalizado en los jueces la gestión de un problema político después de años de inmovilismo. Y mucha gente se ha sentido ofendida y excluida también por el Govern de la Generalitat, por una vía unilateral que no tenía en cuenta, que despreciaba a la mitad de la sociedad catalana y que ha servido de coartada a la derecha nacionalista española -PP y Ciudadanos- para impulsar una involución de derechos y libertades y una recentralización que va a perjudicar a la ciudadanía de toda España. Porque la derecha nunca pierde la oportunidad de una crisis para recortar derechos sociales o derechos civiles.

Nosotros creemos que esta moción es positiva, la vamos a votar a favor, porque insta al Gobierno al diálogo bilateral con el Govern de la Generalitat. No habla de independencia ni de desconexión, sino de una cosa muy básica y muy elemental, de diálogo entre los dos Gobiernos. Creemos que con esta moción


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se viene a decir que se abandona la vía unilateral, una vía que nos ha conducido no a la independencia, sino a la preautonomía. El diálogo es el único camino y dialogar en democracia no es una opción, sino una obligación, diálogo desde el respeto a la voluntad de la ciudadanía, también desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad de la ciudadanía de Cataluña. Pero el primer paso, la prioridad, es recuperar el autogobierno, recuperar a las instituciones para dejar atrás el 155. Es, como dijo el president del Parlament, coser, reconciliar a la sociedad. Para ello es necesario elegir una Presidencia y un Govern que puedan ejercer como tales, una Presidencia y un Govern, no dos presidencias y dos Gobiernos. Basta ya de jugar con las instituciones, porque el único depositario de la soberanía de Cataluña está en el Parlament de Catalunya. (Aplausos).

Amigos de Esquerra Republicana, creo que deberían decir basta ya a las presiones y chantajes de Junts per Catalunya, abandonar la competencia de quién es más independentista o más puro, porque hay problemas que no pueden esperar: la financiación de las guarderías o de la dependencia, las inversiones que están esperando muchos ayuntamientos, el desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía, los barracones escolares, la propia defensa del autogobierno. Eso no puede esperar. No podemos tener una Generalitat paralizada en manos del Gobierno del Estado. Cataluña se gobierna desde Cataluña, ni desde Madrid ni desde Bruselas. (Aplausos). Al millón de personas en riesgo de pobreza, a la gente para la cual vivir es sobrevivir, lo que le interesa es un Gobierno real para un país real que afronte sus problemas de cada día, y creo sinceramente que el presidente Puigdemont no está en estas condiciones.

Es necesario recuperar la confianza en las instituciones, legitimar las instituciones; una confianza que se rompe cuando el Gobierno llama al Tribunal Constitucional para influir sobre sus decisiones, cuando se desoye al Consejo de Estado, cuando hay jueces que dictan autos con más intencionalidad política que rigor jurídico, cuando el ministro Catalá ya nos dice lo que los jueces harán dentro de unas semanas o unos meses. El Partido Popular y Ciudadanos, de tanto querer salvar de forma autoritaria la unidad de España, están degradando la democracia. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Ya se ha dicho, lo ha dicho la Unidad de Inteligencia de The Economist, estamos bajando puntos en calidad democrática. La aplicación del 155 tenía como objetivo, según el Gobierno, volver a la normalidad a través de las elecciones del 21-D. Ustedes, el Gobierno, el PP y Ciudadanos, tienen un plan para Cataluña, un plan de imposición autoritaria, pero no tienen un plan que canalice una crisis constitucional a través del diálogo y la negociación para resolver el encaje de Cataluña en España. Al contrario, con su política el riesgo no es volver a la normalidad, sino normalizar, cronificar el conflicto. Ese es el enorme riesgo, porque no tienen ninguna propuesta para Cataluña. Estamos mal, pero todo es susceptible de empeorar. En otros países los conflictos territoriales se han tratado de forma muy distinta, con diálogo, con negociación. Su situación es mucho mejor que la nuestra. Tomen ejemplo de las democracias plurinacionales como Canadá, Bélgica, Suiza o el Reino Unido, que han sabido canalizar democráticamente graves conflictos nacionales. Hay siete millones y medio de razones para el diálogo, tantas como ciudadanos y ciudadanas tiene Cataluña. Ahora de lo que se trata no es de desconectar, sino de reconectar sobre nuevas bases para rehacer el pacto territorial. Estamos convencidos de que para ello es necesario una nueva mayoría. Nosotros no queremos cambiar de Estado, queremos cambiar de Gobierno y echar a los que generan los conflictos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Vendrell.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho Pérez.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Sánchez-Camacho.

Les ruego silencio, por favor. Continúe.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor Tardà, no sé si su propuesta ha sido hoy parte de la astucia, de la estrategia, del tacticismo o, simplemente, de la mala fe. Viene hoy aquí, a esta Cámara, a la Cámara del diálogo, a apelar para el diálogo y por el diálogo cuando ustedes son los que verdaderamente han incumplido la base del consenso y del diálogo de este país al pisotear los derechos de los parlamentarios


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y de la oposición los días 6 y 7 de septiembre, vulnerar la leyes, crear una legalidad paralela y simultánea a la ley que es correcta y legal, que es la de nuestro país. Usted no puede venir a dar lecciones de diálogo cuando lo que han hecho permanentemente ha sido un golpe de Estado a la ley, a la democracia, a las instituciones y a la historia. (Aplausos). No nos venga dando lecciones de diálogo.

Es más, señoras y señores diputados, usted viene aquí a hablarnos hoy de diálogo mientras están negociando, en esa romería a la que acuden ustedes a Bruselas día sí y día también, para crear un consell de la república, para modificar la ley de la Presidencia y para pactar con la CUP, que quieren destruir nuestro sistema democrático, vulnerar las leyes y seguir perpetrando ese golpe de Estado. No nos engañe, señor Tardà, usted no quiere diálogo de verdad; usted lo que quiere es que le den la razón en el incumplimiento de las leyes y en la creación de esa república que es solo para ustedes, no es para todos los catalanes y, desde luego, no va a ser nunca posible ni real ni vigente. (Aplausos).

Señoras y señores diputados, aquí si alguien ha garantizado la legalidad ha sido el Gobierno del Partido Popular; lo ha hecho Mariano Rajoy, garantizando nuestro marco de autogobierno, garantizando el estatuto que ustedes han laminado, aplicando el artículo 155 de la Constitución, que ha permitido sacar a Cataluña de la parálisis en la que ustedes la habían dejado, porque ustedes llevan años gobernando por y para sus intereses de las estructuras de Estado y no para solucionar los problemas reales de los catalanes. Nosotros sí lo hemos hecho, hemos sacado dos mil plazas de profesores, hemos aprobado más de cien convenios, hemos pagado a los municipios. Cataluña necesita un Gobierno, un Gobierno de alguien que no esté huido, que no tengan causas pendientes con la justicia y que no sea un cobarde que huye a Bruselas para no dar la cara ante el Estado y ante la justicia. Eso es lo que necesitan los catalanes, señor Tardà. (Aplausos). Usted, señor Tardà, viene aquí junto con el señor Campuzano, que son sus socios de Gobierno. Por cierto, los socios del 3 per cent. Allí no hablan de la corrupción. ¿Esa república no era para desterrar la corrupción? Ahí los tienen, a los herederos del 3 per cent, del caso Palau y de los que han estado robando de verdad a la sociedad catalana; ahí están sus socios. (Aplausos).

Señor Tardà, le diré otra cosa más. Si alguien ha garantizado que no se haga una investidura fraudulenta, al margen de la ley, es este Gobierno con el artículo 161, con la Constitución en la mano, que es de donde nace la democracia, de donde nace la libertad; la ley nos hace iguales y nos hace posibles en democracia. Con ese artículo 161, nosotros hemos llevado a impugnar esa investidura, porque era una tomadura de pelo, un fraude que una persona que está fugada quiera gobernar Cataluña desde Bruselas, haciendo que el Parlament de Catalunya y el Palau de la Generalitat sean una gestoría. Señor Tardà, ¿eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que usted está pactando? Si usted lo ha dicho: si hay que sacrificar al señor Puigdemont, sacrifiquémoslo y pongamos un Gobierno real y efectivo. Es en lo único en lo que estoy de acuerdo con usted. Y le añado: que cumpla la ley y que trabaje para resolver los problemas de los catalanes. (Aplausos).

Además, señor Tardà, le diré otra cosa y se lo diré también al representante de Ciudadanos. Señor Girauta, no podemos estar más de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, en el 99 %. Nuestra tierra es una tierra de división, de odio permanente, donde se nos persigue y donde se nos acusa; se nos hace vivir de una manera muy triste en nuestra propia tierra. Yo soy tan catalana como usted, señor Tardà, pero también más española que usted y por eso, precisamente, tengo los mismos derechos en toda España a sentirme catalana y española, y a que no se vulneren mis derechos. Por eso, no quiero seguir viviendo en el victimismo, en el odio que ustedes han generado, en la fractura que han generado, en el empobrecimiento de mi tierra yéndose empresas cada día porque no quieren estar en la inseguridad jurídica en la que ustedes están. Pero, señor Girauta, le diría solo una cosa -y con eso finalizo-: es verdad que ustedes han ganado -y yo lo respeto, además lo reconozco y es así-, pero si ustedes han ganado, también pueden sacar a Cataluña de esta parálisis. ¿Por qué no se presentan ustedes a la investidura? ¿Por qué no lo hacen, como dijo el señor Rivera al Partido Popular: que Rajoy se presente, aunque sea para perder? Usted ha hablado del 25 %, pero no se escude en la Ley Electoral, señor Girauta, porque el señor Rajoy sacó un 30 % y ustedes pactaron con el PSOE para que el partido que había ganado las elecciones no gobernara en este país. (Aplausos). Por tanto, señor Girauta, vamos a buscar lo que nos une y actúen con responsabilidad.

Señorías, el diálogo no es monólogo, el diálogo no es imposición, el diálogo no es aceptar solo lo que ustedes quieren. Decía Machado que el diálogo era primero preguntar y después escuchar, siempre. Ustedes no escuchan. ¿Escucharon el no democrático de esta Cámara en abril de 2014 cuando se les dijo que no tenían competencia para hacer un referéndum? No escucharon ese diálogo ni a la soberanía de esta Cámara. ¿Escucharon después, cuando les dijo el Senado que la aplicación del 155 era el marco


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para recuperar nuestro Gobierno? No escucharon, ustedes no escuchan a la democracia, ustedes solo quieren imponer su palabra. ¿Dónde está su diálogo, señor Tardà? ¿Dónde estaba el presidente que teníamos, el expresidente, en la conferencia de presidentes? Ausente, sin defender los intereses de los catalanes. ¿Dónde estaba cuando se le dijo que viniera aquí en abril a defender el proyecto independentista? No vino porque no le iban a dar la razón. Ese es el diálogo que a ustedes les gusta. ¿Dónde están ustedes en la Comisión para la modernización del Estado autonómico? No están. El verdadero diálogo para evaluar el Estado de las autonomías y para garantizar el futuro de todos los españoles está aquí, en la catedral, en el templo del diálogo, pero a ustedes no les gusta, señorías. Por eso su diálogo es falso, señor Tardà, absolutamente falso. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señoría, tiene que ir concluyendo.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo con unas palabras: Se ha acabado todo. No lo he dicho yo, lo han dicho otros, lo dice hasta la moleskine del señor Jové. Se ha acabado todo. Los catalanes estamos ya hartos de su proceso antidemocrático.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Concluya, señora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: El resto de españoles están hartos ya de este proceso. De verdad, vamos a construir un proyecto conjuntamente. Ahí estará siempre el Partido Popular. El diálogo será infinito.

Como decía una carta que quiero recordar ahora -ya que usted empezó su intervención con una carta del señor Junqueras-, la desolación hace que la megalomanía y la ambición personal de algunos nos lleven a los momentos dolorosos que vivimos ahora. Josep Tarradellas, 16 de abril de 1981. Háganle caso de verdad y no estén en partidismos y personalismos y permitan que Cataluña tenga un Gobierno legítimo de todos, para todos y en el marco de la ley y de la democracia. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Ha concluido su turno, señora Sánchez-Camacho.

En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, le pregunto al señor Tardà i Coma si su grupo acepta la enmienda que ha sido presentada.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, no la aceptamos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y LA CALIDAD EN SU CONTRATACIÓN Y CONDICIONES LABORALES. (Número de expediente 173/000072).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Peña Camarero.

La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista trae a este Pleno una serie de medidas para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes de este país y la calidad en su contratación y condiciones laborales. Jóvenes con diferentes proyectos de vida pero con un denominador común: la incertidumbre y el miedo a reclamar sus derechos. El modelo de empleo joven de este Gobierno tiene consecuencias en la frustración personal, en la imposibilidad de formar un plan de futuro, en la baja natalidad y también en la sostenibilidad de las pensiones. Pero hoy voy a evitar entrar en una guerra de datos; ya sabemos que este Gobierno es capaz de utilizar hasta los buenos datos... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

La señora PEÑA CAMARERO: ... de los Gobiernos socialistas en pensiones para esconder su mala gestión. Pero este no es el tema de hoy.

Para ubicarnos les diré que hay un 38 % de paro juvenil, que uno de cada dos desempleados jóvenes lleva más de un año sin encontrar trabajo y que la mitad de los que lo encuentran están sobrecualificados.


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Uno, dos, veinte, los datos que ustedes quieran, todos acreditan la frustrante realidad de los jóvenes españoles pero, qué más da, si este Gobierno es incapaz de ver lo que realmente está pasando. No lo ven porque este Gobierno de suspenso saca orgulloso su chuleta estadística, su copia y pega, y trampea datos sin reconocer que la propia Comisión Europea alerta de que los jóvenes españoles abandonan la búsqueda de empleo -120 000 en el último trimestre- o emigran, pero no encuentran un trabajo en condiciones. Por eso, quizá sea útil hacer hoy el ejercicio de llamar a las cosas por su nombre. A veces, de tanto repetir las palabras las vaciamos de significado; el significado no corresponde con el significante. Así que vamos a poner en marcha hoy un traductor para que este Gobierno entienda lo que pasa; el traductor 'realidad de los jóvenes versus Gobierno de España'. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

Metamos el concepto 'precariedad', que ustedes fomentan, en este traductor. Precariedad es temporalidad, además de récord. Desde que existen datos, nunca ha habido tanta temporalidad entre la juventud; el 92 % de los contratos hoy son temporales. También es parcialidad, porque casi tres de cada diez contratos son parciales, y si eres mujer y joven prepárate, porque tienes siete puntos más de posibilidades de que en la tómbola de este mercado laboral te toque un trabajo parcial no deseado. Es también explotación que los jóvenes con formación suficiente accedan al mercado de trabajo como trabajadores gratuitos sin protección social. Con esto es con lo que queremos acabar hoy con esta propuesta que hacemos.

Además, en este traductor también vamos a meter las medidas que ustedes, desde el Grupo Popular, ponen encima de la mesa. Hablan de mejora en la intermediación. Pasemos el traductor y, ¿cuál es la realidad? Que han recortado un 40 % en políticas activas de empleo y también han recortado la plantilla de orientadores laborales. Hablan de estímulos a la contratación. Pasemos el traductor. ¿Qué significa? Que las bonificaciones a la Seguridad Social para los contratos no consiguen crear empleos de calidad, pero sí acaban con la hucha de la Seguridad Social. Y hablan de fomento del emprendimiento. Pasemos de nuevo el traductor y nos encontraremos un reguero de falsos autónomos sin control y sin derechos laborales.

Con la propuesta que traemos hoy aquí a debate queremos acabar con una cosa más, con la normalización de este desastre. Han anestesiado a los jóvenes diciéndoles que esto es lo que hay y que como las lentejas, o lo tomas o lo dejas; y esto es falso, porque no es normal que tras finalizar un contrato de formación nunca se contrate a ningún joven. Perdón, según el Gobierno, a una pregunta parlamentaria de los socialistas, nos reconocieron una cifra récord: de agosto de 2014 a abril de 2017 se convirtieron treinta y cuatro contratos de formación en indefinidos; treinta y cuatro contratos en tres años. No es normal, por supuesto, que tengamos que planificar una vida con salarios menores de 900 euros y, encima, darles las gracias.

De ahí estas propuestas que planteamos hoy; propuestas concretas dentro de un plan de choque para el empleo juvenil en el marco del diálogo social, donde el objetivo es muy claro: empleo de calidad y salarios dignos para los jóvenes. Queremos acabar con el abuso en las prácticas no laborales, fomentar el contrato relevo y la jubilación parcial a los sesenta y un años, y todo esto utilizando los 3200 millones de euros que nos llueven desde Europa y que nosotros sí queremos gastar en empleo para los jóvenes. Queremos ir más allá con esta iniciativa. Es verdad que todos aquí sabemos que hace cinco meses se firmó un plan con los agentes sociales; pero cinco meses después le pregunto a este Gobierno: ¿Dónde está este plan? ¿Por qué no lo han puesto en marcha? Quizá porque el Partido Popular y Ciudadanos, que también está detrás, no se ponen de acuerdo ni en cómo denominar las medidas que han acordado: que si complemento juvenil, que si bono juvenil. Mejor llamémosle como lo que es: contrato dopado. Y ¿saben por qué? Porque este país no se puede permitir que desde el Gobierno se suministre mano de obra barata a las empresas, o si no expliquen por qué van a dejar al 96 % de los jóvenes españoles sin ninguna ayuda con esta medida.

Por lo tanto, bienvenidos al diálogo social, pero aprovechen para implementar también estas medidas más ambiciosas que hoy les presentamos. Les decía que tenemos el triple de paro joven que el resto de países europeos. No demuestren hoy que es porque este Gobierno es también el triple de incapaz. Tenemos fondos hasta 3200 millones. Tenemos esta propuesta seria y concreta que amplía sus acuerdos. Tenemos jóvenes esperando a que se confíe en ellos y que esperan un modelo laboral en el que confiar su vida. Solamente les pedimos que hoy pongan punto y final a su política de empleo, a su todo vale para los jóvenes y, en definitiva, que pongan punto final a la operación fracaso de la política laboral de este Gobierno con los jóvenes.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Peña Camarero.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes nuevamente, señora presidenta, señoras y señores diputados.

Empleo joven, ni más ni menos. El pasado martes se aprobó por el Consejo de Gobierno vasco el IV Plan Joven en Euskadi. Tiene diferentes ejes: el empleo, la vivienda, la educación, la salud, la acción social y la igualdad, la participación y el consumo, la cultura, el ocio, el deporte y varias cuestiones más, pero lo importante es que la evaluación y el análisis que hace es particular, aquel referido a la comunidad autónoma del País Vasco, pero también es un análisis que permite ofrecer algunos datos buenos, otros no tanto y algunos incluso malos. Déjenme que les dé algunos de ellos. Ha bajado mucho la población entre dieciséis y veintinueve años, y ha bajado aún más la población extranjera. La edad media de maternidad se ha elevado a 31,8 años. La tasa de actividad entre los jóvenes de dieciséis y veintinueve años es del 47,7 %, es decir, casi un 48 % de jóvenes están trabajando o ante la posibilidad de trabajar, y la del empleo es del 40 %, si bien solo la mitad de ellos trabajan en el ámbito para el que se han formado. La tasa de paro joven ha bajado sustancialmente y baja porcentualmente hasta menos del 20 % actualmente en Euskadi, si bien su salario medio es de alrededor de 1000 euros.

Estos y otros datos están reflejados en este estudio y forman una especie de panorama amplio de un diagnóstico de la situación de la población joven, es cierto que de una comunidad concreta como es Euskadi, pero lo principal de todo ello -lo que yo querría destacar- son dos cosas, y es que ha existido una iniciativa que pretende ofrecer una panorámica integral de la situación de la juventud en Euskadi -y como tal se cataloga el plan en Euskadi, como un plan integral para la juventud-, y también hay una evidente correlación entre determinada actividad de la Administración, en este caso en el ámbito del empleo, el Lanbide, y los datos, que son mejorables, pero mejores que los que la situación general del Estado ofrece en el ámbito del empleo joven.

Viene a cuento esta referencia de un ámbito específico y de la existencia de un plan específico en Euskadi, porque mi grupo ha planteado unas enmiendas a la moción realizada por el Partido Socialista intentando destacar determinados elementos que nos parecen principales en el tratamiento de un plan de choque para el empleo de la juventud. El primero es el de la subsidiariedad. Pretendemos acercar la solución de los problemas a sus gestores. Hay una patología determinada diferente en una comunidad autónoma que en otra y por eso es conveniente respetar los ámbitos de las políticas activas de empleo, sobre todo allí donde han sido eficaces. Esto supone también el reconocimiento de que allí donde ha existido una política propia en el ámbito de una comunidad autónoma que lo ha podido hacer -Euskadi-, que quería hacerlo, que tenía convicción por hacerlo, ha resultado efectiva.

La segunda es la especificidad. Las políticas de empleo no pueden ser iguales allí donde las características de los problemas no son iguales. Eso nos ha llevado también a hacer una oferta concreta en nuestras enmiendas, que es la necesidad de contemplar una formación no solo dual, sino una formación universitaria dual. En Euskadi, alrededor del 50 % de la población que pretende acceder al trabajo tiene titulación superior y requiere para ello no solo un tratamiento específico, no solo el reconocimiento de esa situación, sino también el planteamiento de un ámbito laboral, es decir, la laboralidad desde un ámbito específico.

La tercera es la empleabilidad. La empleabilidad como tal es un fenómeno que no significa lo mismo en todos los sitios, pero sí ha sido atendido de forma igual en el ámbito de la normativa. Pretendemos acercar la experiencia propia en cada ámbito y quizás -estoy mirando al señor Cañamero, que lo tengo ahí delante, que ha reclamado muchas veces para el campo la existencia de un ámbito específico para los problemas que existen ahí- podrían contemplar la laboralidad, la empleabilidad, la actividad en la formación, las políticas activas de empleo de forma diferente a como se están planteando desde la normativa general, como nosotros pretendemos hacerlo en otras cuestiones diferentes en Euskadi. En ese sentido, les decíamos que la iniciativa nos parece interesante.

Hemos planteado unas enmiendas; parte de ellas han sido aceptadas ya, asumidas por anticipado -se lo agradecemos- y por ello les adelantamos nuestro voto particular. Pero déjenme que termine, ya que estas intervenciones han ido hoy de frases, con una relacionada con el ámbito de las políticas de choque del empleo juvenil pero que vale también para la anterior intervención en cuanto a problemas que se han abordado en el punto precedente y en otros en esta Cámara. Se recordaban frases antiguas, pues


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déjenme que les repita una: No es bien el que llega tarde, pues es tanta la dilación que la esperanza se vuelve desesperación. Vale para el empleo joven, vale para Cataluña, vale para cualquier otra cosa. Esta frase es de La Dorotea, de Lope de Vega, de 1632.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran Benito.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta. Gracias, señorías.

El mercado de trabajo en España es probablemente el mayor fracaso del bipartidismo en los últimos cuarenta años. Hoy, diez años después de que empezara la crisis, tenemos todavía el segundo índice de paro más alto de la Unión Europea y el segundo índice de temporalidad más alto de la Unión Europea. Entre los jóvenes -hoy la moción va de jóvenes- la situación es particularmente dramática. Tenemos a un millón de jóvenes en paro y el empleo de aquellos que tienen la suerte de tenerlo es precario. La inmensa mayoría de los contratos que firman los jóvenes, los que no están en el paro, son contratos de menos de una semana.

Tenemos una regulación laboral en España que es básicamente antijóvenes, pero de eso los señores del Partido Socialista no hablan, prefieren seguir con el mismo tipo de regulación laboral que durante los últimos cuarenta años nos ha llevado a estos mismos equilibrios que tenemos ahora, porque no es la primera vez que tenemos estos índices de temporalidad ni tampoco es la primera vez que tenemos estos índices de paro. Es un sistema fracasado desde hace cuarenta años, es el mismo sistema fracasado que defiende la dualidad, que defiende la temporalidad, en el que cuando viene una crisis son los jóvenes los que la pagan porque se les expulsa de manera sistemática del mercado laboral porque no tienen alternativa, porque tenemos, como digo, una regulación antijóvenes en España. Se lo voy a decir muy claramente: Pienso -y lo pienso muy honestamente- que quien no tenga un proyecto para el futuro del empleo en nuestro país no va a poder gobernar España. Y ustedes no lo tienen, señores del Partido Socialista, y ustedes tampoco lo tienen, señores del Partido Popular. (Aplausos). Podrían mirar un poquito más a otros países. Podrían, por ejemplo, mirar a Francia, donde el señor Macron implementó una reforma laboral modernizadora para reducir la dualidad; la hizo primero con Hollande y ahora acaba de hacer otra. Podrían, quizá, mirar a Italia, a Renzi -que era de su misma familia política, o al menos lo era en 2014-, que ha hecho tres reformas y a Portugal, que ha hecho hasta cuatro. Pero en este país, el Partido Popular, a pesar de tener el mercado laboral más anómalo de Europa, solamente ha hecho una reforma que básicamente lo que permite es precarizar el empleo.

Voy a comentar rápidamente la propuesta que trae el Partido Socialista, que es una reforma de la Garantía Juvenil. Comparto completamente el diagnóstico que hace el Partido Socialista del fracaso de la Garantía Juvenil europea del Partido Popular. Básicamente, España tenía y sigue teniendo prácticamente una tercera parte de los parados jóvenes de toda Europa y por eso le tocaba casi una tercera parte de los fondos de Garantía Juvenil, cerca de 3000 millones durante cuatro o cinco años que duraba el periodo de la garantía. ¿Qué ha pasado? Que han tirado cada año a la basura el dinero de la Garantía Juvenil en vez de invertirlo en los jóvenes para ofrecerles oportunidades, porque no tienen ideas, porque no les preocupa reformar nada y porque creen que el mercado laboral que tenemos ya está bien. Pues bien, ha sido un rotundo fracaso y, por tanto, hay que reformarla, estoy de acuerdo; pero, señores del Partido Socialista, lo que yo les sugeriría es -yo entiendo que tienen que justificar el trabajo que están haciendo aquí- que, si no tienen mejores ideas que hacer diagnósticos, informes y evaluaciones, se sumen a la propuesta que ya existe. Súmense. Es una propuesta que hemos firmado con el Partido Popular -yo la he presentado con la señora Báñez- y se llama complemento naranja, que es un complemento que sale a coste cero a los españoles. ¿Por qué? Porque se financia con la Garantía Juvenil europea que ha venido tirando a la basura el Partido Popular durante todos estos años. (Aplausos). Súmense, no tienen que pensar, solamente tienen que votar sí y permitir que 500 000 jóvenes, ¡500 000 jóvenes! se puedan beneficiar de una ayuda que además va acompañada de formación. Solo tienen que sumarse, señores del Partido Socialista, no hace falta que piensen mucho más. Les pido que apoyen el presupuesto porque además trae otras medidas sociales; no sé -y me gustaría que me lo explicara la portavoz que ha presentado la iniciativa- cuáles de las medidas sociales que lleva el presupuesto no le gustan, aparte del complemento naranja que podría beneficiar a medio millón de jóvenes. ¿La bajada de impuestos a mileuristas? ¿Otra extensión de permisos de paternidad para garantizar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las


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mujeres? ¿El cheque de formación para que realmente sirvan para algo las políticas de formación en este país, con los problemas gigantescos de formación y paro que tenemos?

Como decía, no existe proyecto laboral alternativo, no lo tienen los señores del Partido Socialista. Les hemos propuesto una enmienda -y con esto termino, presidenta- para que incorporen el complemento salarial que, por cierto, en la página 32 del acuerdo que yo mismo negocié con su partido, estaba incorporado. Por tanto, como a ustedes no les gusta ceder premios a los demás, si realmente les preocupan los jóvenes, aprueben lo que ya firmaron y súmense al complemento salarial. Preocúpense por los jóvenes un poquito más y un poquito menos por el cortoplacismo y el negociete. (Aplausos). Por esto, señorías, como digo, no vamos a apoyar la medida si no aceptan nuestra propuesta del complemento salarial.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Roldán Monés.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.

La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al grupo proponente la posibilidad que nos da de poder abrir este debate porque, más allá de la intencionalidad con la que se plantea y del hecho de que el Partido Socialista vive una doble paradoja de la que luego hablaré, el empleo juvenil representa uno de los principales ejes de acción política del Gobierno y una de las preocupaciones permanentes de mi grupo parlamentario. ¡Qué me va a contar a mí, señora Peña, cuando lo vivo en mi entorno, si mi generación sufre este problema! Tengo amigos que lo están pasando muy mal, que todavía no han encontrado empleo y que lo buscan desesperadamente porque quieren independizarse y su libertad económica no se lo permite. Pero, afortunadamente, también tengo amigos que sí que han encontrado empleo o que han decidido emprender y me dicen cómo les ha beneficiado la tarifa plana de 50 euros o cómo les van a beneficiar las medidas aprobadas en la nueva Ley de autónomos.

Afirmaba textualmente la portavoz socialista al inicio de su intervención que quería evitar entrar en una guerra de datos, y lo entiendo porque si entramos en una guerra de datos el Partido Socialista pierde por goleada. La tasa de paro juvenil ha caído casi 21 puntos en España desde que empezó la recuperación, concretamente 20,9 puntos. Han encontrado un nuevo empleo 200 000 jóvenes, precisamente la misma cifra de jóvenes, 200 000, que perdieron el empleo en la última etapa del Gobierno socialista del año 2008 al año 2011. (Aplausos). Según los datos de Eurostat, el empleo entre los jóvenes crece en España a un ritmo cinco veces superior que la media europea. Muy distinta es la cifra que generaban ustedes, ya que, de dos jóvenes europeos que se iban al paro, uno lo hacía en España. Respecto a la temporalidad, quiero decir que está bajando. Hay un 50 % más de conversiones de contratos temporales a indefinidos que en el año 2011. Todos estos datos no son casualidad, señorías, sino fruto de un trabajo bien hecho y de unas medidas como pueden ser la reforma laboral, la estrategia de emprendimiento y empleo joven, la Garantía Juvenil o el impulso de la formación profesional dual que está dando resultados, sí, buenos resultados; resultados, como dice la ministra, esperanzadores, pero que no nos satisfacen. Queda muchísimo por hacer, por eso el compromiso de este grupo parlamentario de seguir trabajando en esta cuestión.

Ustedes han presentado una moción con cuatro puntos. Los tres primeros plantean cuestiones que ya se están llevando a cabo por parte del Gobierno. Ya se está haciendo una evaluación de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, se está elaborando ya una nueva estrategia de emprendimiento y empleo joven -lo anunció la ministra-, la estrategia 2018-2021, y esos informes anuales sobre empleo juvenil que piden ustedes ya se están haciendo desde 2015. En el cuarto punto, ustedes piden un plan de choque por el empleo juvenil con medidas muy parecidas al plan de choque por el empleo juvenil que el 28 de septiembre de 2017 se firmó entre el ministerio, los sindicatos y la patronal. Ustedes copian ese plan de choque, eso sí, lo hacen de una manera mucho más generalista y obviando algunas medidas que nosotros consideramos importantes, como un bono de garantía juvenil que va a beneficiar a los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil que firmen un contrato de formación y aprendizaje.

Señorías, además de demostrar que el PSOE padece la crisis del escritor, que ante la impotencia de generación de ideas lo único que hace es copiar, el PSOE vive en una doble paradoja. Por una parte, la paradoja de la inacción, porque no hay mayor ejercicio de irresponsabilidad política que no aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que beneficiarían a muchos y muchos jóvenes (Aplausos); y por otra parte, la crisis del converso, la paradoja del converso, puesto que convierten en dogma de su acción política el empleo, precisamente con el mismo tesón y con el mismo énfasis que cuando lo destruían.


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Señores del Grupo Socialista, ante su mundo de paradojas e incertidumbres tienen una posibilidad; la posibilidad de convertir el oportunismo en oportunidad, así que propónganselo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICECEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Hoyo Juliá.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, buenas tardes. Después de escuchar a las fuerzas políticas más relevantes de este país, he vuelto a oír lo de siempre, el y tú más, y a algún partido que se ha arrogado hasta poner el color a una de las propuestas de solución, a uno de los grandes retos que tiene este país. Si fuese joven y estuviese siguiendo este debate me echaría las manos a la cabeza, sinceramente. En cualquier caso, he decirles que Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente esta moción porque estamos a favor de la evaluación de cualquier estrategia que se tome especialmente en cuanto al emprendimiento y el empleo joven, porque estamos a favor de la adaptación de cualquier recomendación que venga en materia de juventud de la Unión Europea y porque queremos ahondar mucho más en un plan de choque de manera participada en el diálogo social , tal como ha propuesto en su enmienda el Grupo Vasco, con todas las comunidades autónomas y por tanto con la Comunidad Foral de Navarra. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe, señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, este es un asunto de Estado porque en los actuales términos de desempleo juvenil estamos ante un país sin futuro. Nosotros estamos a favor -insisto- de una batería de acciones que tengan que ver con la potenciación de la formación profesional dual y de centros de inteligencia de universidades y empresas para formar a los jóvenes en el empleo del futuro, con el desarrollo de los contratos laborales y el incentivo fiscal y de la Seguridad Social para favorecer, cómo no, la gran lacra que tiene este país, entre otros muchos asuntos, con el desempleo juvenil en España.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Alli Martínez.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Hace unos días me contaron una historia que se repite mucho. Una recién licenciada, con matrículas de honor, consigue un contrato con jornada de ocho horas en una redacción de un medio, los fines de semana a disposición de la empresa, por supuesto, cobrando la ingente cantidad de 300 euros brutos al mes. Hay muchas Marías y muchas historias iguales y, a pesar de lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, hay un dato que lo dice todo. En 2017, solo el 19 % de los jóvenes ha podido emanciparse y la mayor parte de los ingresos de la cuarta parte de ellos proceden de sus padres. No hablaré del paro, porque ya se ha comentado aquí, pero la radiografía del empleo juvenil tiene palabras muy fuertes. Cuando hablamos de empleo juvenil lo hacemos también de prácticas extracurriculares, de prácticas no laborales en empresas, de programas de becarios que en muchísimos casos se convierten en nuevas formas de explotación porque propician, entre otras cosas, que se sustituya a otros trabajadores, que se cubran bajas laborales de trabajadores, que en muchos casos no exista ni tutor ni formación, que un becario forme al siguiente becario que lo sustituirá, que encontremos empresas con un 60 % de becarios o que se encadenen becas sin ninguna cotización a la Seguridad Social. En definitiva, la radiografía del empleo juvenil tiene nombres contundentes: paro, temporalidad, bajos salarios, precariedad y en muchísimos casos exilio. Apoyaremos esta moción o cualquiera que se presente para ayudar al empleo juvenil, pero, en lugar de aprobar esta moción, nos gustaría mucho más que se aprobase una ley o un decreto-ley, porque ya sabemos el caso que va a hacer el Partido Popular a esta moción. Están demasiado ocupados en su particular guerra con Ciudadanos y, por tanto, supongo que no harán demasiado caso.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví Roda.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias.

Señorías, nos parece adecuada la moción que defiende el Grupo Socialista. Hay que insistir en la transparencia y en la evaluación en las políticas de lucha contra el desempleo juvenil aprovechando los recursos de la Garantía Juvenil, pero, señorías, es evidente que hoy España no está empleando los recursos de la Garantía Juvenil en atacar los problemas estructurales que explican la realidad del desempleo juvenil. Incluso la propuesta que con entusiasmo el señor Roldán defiende, que es el complemento salarial para la contratación de los jóvenes, es más de lo mismo, es subvencionar el empleo. Aquello que explica el desempleo de los jóvenes no es la insuficiencia de subvenciones para la creación de empleo, sino los problemas de fondo de nuestro sistema educativo: abandono prematuro del sistema escolar, fracaso escolar, falta de transición del mundo educativo al mundo del trabajo, ausencia de mecanismos de segundas oportunidades, políticas de recualificación profesional de estos jóvenes, etcétera. Dedicamos muy pocos recursos de la Garantía Juvenil a estas políticas que son gestionadas por las comunidades autónomas y concentramos estos recursos en las bonificaciones a la Seguridad Social que gestiona el SEPE, la Administración General del Estado, y además ahora pretenden más subvenciones a través de esa denominada garantía salarial. Nos equivocamos. Debemos invertir los recursos de la Garantía Juvenil que nos ha enviado Europa en esos elementos estructurales que explican el desempleo de los jóvenes. En todas las economías, el desempleo de los jóvenes dobla más o menos el desempleo general. En una economía con un alto desempleo hay una alta tasa de desempleo juvenil, y aquellas economías que tienen un mayor problema de desempleo juvenil, en las que la tasa de desempleo juvenil es más del doble de la tasa de desempleo general, precisamente tienen problemas de transición de la escuela al mercado de trabajo y de regreso del mercado de trabajo a la escuela. En este sentido, señorías, más que insistir en gastar en subvenciones y en bonificaciones, seamos capaces, por ejemplo, de que la propuesta que la Fundación Bertelsmann está articulando de un contrato para la formación profesional dual sea efectiva. Ahí sí que tenemos recorrido en esta materia y podemos empezar a mejorar en la lucha contra el desempleo juvenil, porque incidimos en un aspecto puntual: facilitar la experiencia laboral de aquellos jóvenes que están estudiando formación profesional. Ahí tenemos recorrido. (Rumores).

Termino, señora presidenta. En relación con la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, la apoyaremos, con la salvedad de afirmar que en aquello que hace referencia a las prácticas no laborales de su moción no compartimos su tesis de derogación de esos reales decretos, algunos de ellos aprobados en tiempos del Partido Socialista. Nos parece que deben reformarse, pero no derogarse. En cualquier caso, van a contar con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campuzano i Canadés.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona. (Rumores).

La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.

Con más del 40 %, somos el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes en situación de desempleo; solo nos gana Grecia. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora diputada, un segundo, por favor.

Señorías, les pediría, por favor, un poco de silencio. Creo que hay casi más diputados y diputadas de pie que sentados en los escaños. Estamos a punto de terminar, así que les pediría un poco de silencio para poder escuchar a la diputada que está en el uso de la palabra.

Muchas gracias.

Prosiga, señora Franco.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias.

Estamos en esta situación porque, pese a la recuperación económica que el Gobierno anuncia orgulloso, el Partido Popular no tiene más proyecto para nuestra juventud que el de los empleos basura, el paro y la emigración. Señorías, tengan muy presente que un país que tiene a casi la mitad de sus jóvenes en paro es un país que no tiene proyecto de futuro y, por tanto, un país sin esperanza.

La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista incide en el famoso Programa de Garantía Juvenil. Pues bien, el año pasado la comisaria de Empleo de la Unión Europea, así como el


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Tribunal de Cuentas Europeo, avisaban del fracaso de la Garantía Juvenil en España. Solo se inscribieron el 10,7 % de los potenciales beneficiarios y, de estos, solamente el 37,5 % estaban trabajando a los seis meses de haber participado en el programa. Sabiendo todo esto, lo único que ha sido capaz de hacer el Partido Popular es anunciar un complemento salarial de 430 euros al mes destinado a los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil. ¿Saben de dónde viene esta iniciativa? Del complemento salarial 'naranja' de Ciudadanos. O, lo que es lo mismo, una subvención salarial para las empresas de 430 euros al mes por persona joven contratada. Todo esto para que al final no hicieran absolutamente nada y encima no sabemos qué ha pasado con los 500 millones de euros que se presupuestaron el año pasado para los parados jóvenes.

Señora Peña, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos nos alegramos mucho de su iniciativa. Cuando el Partido Socialista presenta iniciativas diferentes a las de apoyar a un Gobierno corrupto y sin proyecto de futuro para nuestro país como es el actual Gobierno del Partido Popular, nos podemos poner de acuerdo, como ya lo hicimos el 12 de septiembre, cuando fue aprobada una moción, pese a la abstención de Ciudadanos, que presentaba mi grupo por la que el Congreso solicitaba la realización y publicación -me gustaría remarcar lo de publicación porque bien sabemos que el Gobierno es dado a ocultar los informes que no le gustan, por ejemplo el informe Progress- de una exhaustiva evaluación de la implementación del programa de Garantía Juvenil; y en segundo lugar, la consulta y negociación con los agentes sociales para, en el marco de la Comisión delegada de seguimiento y evaluación del sistema nacional de Garantía Juvenil, reformarlo, estableciendo subsidios y bonos sociales para las personas beneficiarias, mejorando las acciones formativas. Nos alegra mucho que ustedes hoy insistan en esta moción. Creemos que así podemos hacer más fuerza y que la moción que nosotros presentamos salga adelante y presionemos al Gobierno para ello.

En esta iniciativa que presentan piden ustedes la derogación del Real-decreto 1543/2011, que regula las prácticas no laborales en empresas. Tenemos que recordar que fue precisamente el Partido Socialista el autor de este real-decreto, y es realmente paradójico que hoy el PSOE le pida al PP que derogue su propia iniciativa y que además lo pida mediante una moción que como bien saben no es vinculante. Pues bien, nosotros, para ayudarles, les invitamos a que apoyen nuestra proposición de ley que sí es vinculante para la regulación de las prácticas universitarias externas y dejen por fin los brindis al sol. Lo realmente importante para acabar con la precariedad juvenil es dejar las propuestas precarizantes, como el abaratamiento del despido o el incentivo de los falsos autónomos que hacen empresas como por ejemplo Deliveroo con sus riders. Hay que tomar medidas para el empleo estable y de calidad, como el rejuvenecimiento de las plantillas y la promoción del contrato de relevos en aquellos puestos de trabajo que queden vacantes por jubilación, pero no como un simple programa de formación, como está proponiendo hoy el Partido Socialista en su iniciativa, sino con las mismas condiciones que la persona que se jubila, exactamente las mismas condiciones.

Yo he trabajado como formadora para jóvenes desempleados y les aseguro que no saben lo que es ponerte enfrente de tus alumnos y saber que la formación que les estás dando no les va a servir absolutamente para nada porque el Gobierno de tu país no tiene ningún proyecto para sus jóvenes. Les aseguro que no lo saben. Les aseguro que no saben qué es pedir a tus alumnos que te hagan en dos días un proyecto de emprendimiento y decirles después que eso no les va a servir para nada porque sabes que no tienen ninguna posibilidad de invertir ni ningún futuro. Les aseguro que no saben lo descorazonador que es eso. Esa es la realidad, señorías (Aplausos).

Para terminar, quiero recalcar una cosa. Sin proyectos para la juventud estamos absolutamente perdidos porque nuestros jóvenes son el único futuro que tiene este país.

Muchas gracias (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Franco Carmona.

Señora Peña Camarero, a los solos efectos de decir si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra.

La señora PEÑA CAMARERO: Hemos llegado a un acuerdo sobre la enmienda del Grupo Vasco y hemos pasado el documento a la consideración del resto de grupos.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Peña Camarero.


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SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 156/000024).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a tratar el punto del orden del día correspondiente a la solicitud de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair.

Para la defensa de la solicitud presentada por su grupo interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Valido Pérez. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

La señora VALIDO PÉREZ: Presidenta, señorías, el 20 de agosto de 2008 una cadena de errores causa una de las peores tragedias de la aviación civil española. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora VALIDO PÉREZ: Murieron 150 personas, sobrevivieron 18 con secuelas y cientos perdieron parte de sus corazones. Ya nada ha sido igual para ellos desde entonces. Hoy nos acompañan algunos miembros de la Asociación de afectados del vuelo JK5022 y su presidenta, Pilar Vera. (Aplausos). En nombre de nuestro grupo confederal queremos reconocer su labor durante todos estos años. Muchas gracias.

¿Por qué esta Comisión de investigación? ¿Por qué ahora y por qué es necesaria? Esta Comisión de investigación es necesaria porque han fallado estrepitosamente los mecanismos del Estado. La seguridad operacional es una obligación en la que el Estado español tiene total competencia, y casi diez años después no ha cambiado nada en el sistema que impida que a día de hoy se den los errores que produjeron esta catástrofe. Que nada haya cambiado supone un serio peligro para los 250 millones de pasajeros que registraron nuestros aeropuertos en 2017 y una vulnerabilidad que padecemos especialmente las personas residentes en los archipiélagos. Como canaria que soy lo conozco bien, y el avión es para nosotras casi el único modo de conectividad con el exterior. Pero también es un serio peligro para la confianza política, social, económica y democrática de las instituciones de nuestro país. El avión accidentado tenía un certificado de aeronavegabilidad que caducaba el 22 de julio de 2008. La compañía Spanair consiguió la prórroga de la licencia sin inspección para un mes más, para el 22 de agosto, y el día 20 el avión se estrelló. La Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, conocida como la Ciaiac, dependiente del Ministerio de Fomento, elaboró el informe oficial sobre el accidente. En él señala que la revocación del certificado de aeronavegabilidad se presentó con poca antelación, de acuerdo con los procedimientos de aquel momento y, aun reconociendo esto en el informe, la Ciaiac no hace ninguna recomendación sobre esta importante cuestión. El Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, en su evaluación independiente del informe de la Ciaiac, determinó que era ineficaz, que tenía falta de rigurosidad y que ni siquiera se establecía por qué falló el sistema de alerta del avión que podía haber evitado el accidente. Es más, dos años más tarde del accidente, en 2010, la OACI, que es una agencia dependiente de Naciones Unidas (Rumores)...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

La señora VALIDO PÉREZ: ... realizó una auditoría al sistema de aviación civil española y decretó 21 puntos negros de seguridad, muchos de ellos relacionados con fallos en la certificación, en la supervisión y en la capacitación de los miembros de la Ciaiac. Pues bien, lejos de mejorar este organismo, su presupuesto está estancado desde 2012. Supuestamente, el informe de la Ciaiac debería haber cumplido su objetivo, que es señalar y corregir las causas. Si se ocultan o no se señalan, como fue en este caso del accidente, es imposible que se puedan corregir. El Estado no ha corregido una sola de las causas que originaron esta estrategia, ha tenido que ser la asociación de afectados el motor de un trabajo ingente dentro y fuera de España para evitar a las víctimas pasadas y futuras el caos en el tratamiento que ellas mismas sufrieron tras el accidente. Ya es hora de que los miembros de la asociación dejen de hacer


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nuestro trabajo y seamos nosotras, las miembros de esta Cámara, quienes recojamos el testigo de avanzar, investigar y esclarecer las causas con rigurosidad. Estamos jugando con la vida de la gente. Al PP, al PSOE y a Ciudadanos les recuerdo que tengan presente que sus compañeros y compañeras de más de setenta ayuntamientos canarios, de los siete cabildos insulares, del Parlamento Autonómico de Canarias, de la Asamblea de Madrid y de las Cortes de Castilla y León respaldan la creación de esta comisión en el Congreso de los Diputados. Proponemos esta Comisión de investigación con la misión de conseguir un sistema aéreo más eficaz, más fiable, más seguro y que sirva para prevenir futuras tragedias, señorías, por el bien común y por la seguridad aérea en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: ¡Cuánta frustración, cuánta ansiedad, cuánta indefensión durante casi diez años para que llegue aquí una propuesta que tendría que haberse implementado hace mucho tiempo! Lo iba pensando mientras escribía esta intervención y me venía una canción de Javier Krahe, que desapareció hace más de dos años, una canción fantástica que se llama ¡Ay democracia! Tiene una estrofa que nos viene perfecta: Me gustas, democracia, porque estás como ausente. No solo en intervenciones anteriores hemos visto la ausencia ante la presencia de problemas que nos tendrían que preocupar y ocupar como ahora, en que los afectados del vuelo JK5022 han llenado estos años de dignidad, de perseverancia. Por eso estamos aquí. Tendríamos que haber estado mucho antes, pero ahora estamos aquí (Aplausos), con ustedes en el corazón, porque de las catástrofes se habla durante unos días, incluso algunos ahora están hablando -supongo- sobre ella o sobre temas más importantes, lo desconozco, pero luego se olvidan, y una catástrofe aérea, la más grave hasta hoy, que ha generado incertidumbre y sufrimiento entre muchas familias, no ha servido para cambiar las cosas. Hay otros países -porque aquello de "inventar, que inventen ellos", mejor que no- que han inventado cosas que hace años se tendrían que haber implementado. Aquí hay gente que ha estudiado en Estados Unidos, que ha vuelto con ideas económicas muy especiales pero, ¿por qué no nos han venido con la agencia independiente que tiene Estados Unidos sobre este tema? Hay una agencia independiente que es un ejemplo; no es un ejemplo la comisión oficial de investigación que hizo lo que no tenía que hacer, porque lo hizo tarde y mal.

Hay un aspecto muy importante, porque hablamos de personas y aquí ustedes hablan de España y de sus gentes y muchos de ustedes, sin duda, lo dicen con convencimiento. Muchos españoles murieron, de ellos setenta ciudadanos y ciudadanas de Canarias, lejos en la distancia pero cerca de nuestros corazones. Dice Gioconda Belli: La solidaridad es la ternura de los pueblos. Este Congreso tiene que tener más ternura y más solidaridad. Por eso, me congratulo de una cosa que han conseguido hoy, y a lo mejor no lo saben: Teníamos una Comisión de investigación sobre el Alvia y hoy se ha desencallado. Preguntábamos, ¿cómo es que esta Comisión no funciona? Hoy se ha desencallado, una primera victoria; que se vayan a su casa con una segunda victoria, que esta Comisión de investigación sea un hecho.

Muchas gracias. Canarias en el corazón. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas noches a todos y a todas.

Muchos años han pasado desde que tuvimos que asistir a la terrible desgracia de 154 muertes, 18 personas con su vida destruida, unas consecuencias tremendas para el montón de gente que hoy todavía sigue batallando en la asociación de afectados de este accidente, para concluir lo siguiente. Al primer drama se suma una certeza que teníamos muchos: al final la culpa seguro que es de los muertos. Efectivamente así ocurrió, la culpa es de los pilotos muertos. Y, en este proceso, al final lo que ha venido a ocurrir es que no se ha entrado en el fondo de la cuestión; se ha maltratado a las personas afectadas por este accidente, tratándolos igual que si hubiesen sufrido un accidente de carretera; se ha negado el juicio oral y, al final, nos obliga a hacer algo que es lo que se está haciendo hoy aquí: instar una Comisión de investigación que es necesaria porque hemos demostrado que no hemos tenido lo que hay que tener para llegar al fondo de esta cuestión. Por lo tanto, sabe la presidenta y sabe su junta directiva que siempre


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hemos apreciado desde el respeto y el silencio más absoluto para no contaminar políticamente las cosas, pero ahora no se trata de eso sino de estar a la altura. No es posible que un accidente de esta naturaleza no tenga como mínimo el esfuerzo de llegar al fondo de la cuestión y de generar un conjunto de consecuencias y de indicaciones que sirvan para prevenir, para evitar y para proteger a las personas, que son las que al final sufren las consecuencias. Confiamos en que esta solicitud de Comisión de investigación prospere y felicitamos a los dos grupos que han instado su consecución.

Buenas noches.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Querida Pilar y miembros de la asociación, me embarga emoción en el día de hoy, alegría pero también tristeza. La primera vez que entraron en el Congreso fue conmigo, en el año 2009, venían todavía muchos de los supervivientes con muletas y con una tarea inmensa: saber qué pasó, que no volviera a pasar y, sobre todo, que el protocolo de atención a las víctimas -lo que vivieron aquel día- no volviera a suceder; no por ustedes, sino para que nadie lo volviera a vivir. Tuvimos las comparecencias en Comisión y me ví sola, con un PSOE y un PP que en aquel momento no querían saber, que creían que era un tema judicial, que era un tema de Código Penal o que era un tema de compañías de seguros. Pero eso no era, eso no era. No hubo forma de tramitar una Comisión de investigación. Hace un año, en el Senado, Coalición Canaria presentó la solicitud para crear la Comisión de investigación y solo fue apoyada por Podemos y por Esquerra en la Comisión de Fomento. Hoy me alegro pero me da pena porque hay personas que estuvieron conmigo hace casi diez años que hoy no pueden ver esto.

Hay que reconocer a esta asociación que tiene un mérito no solo en este país, que ya tenemos un protocolo -precisamente de la época en la que la presidenta del Congreso era ministra de Fomento, después de haber aprobado el reglamento europeo-, sino a nivel internacional y europeo, siendo referencia para esos protocolos de atención a las víctimas, para protegerlas de esos abogados buitres que van en ese momento, pero, sobre todo, para que las víctimas sepan que a partir de ese momento hay una coordinación entre los miembros y las instituciones.

Como se me ha acabado el tiempo -me quedan cinco segundos- solo les quiero decir que estaré en esa Comisión, que trabajaremos para que ese documental que se hizo pueda dar respuesta a por qué, respuesta que no dieron los juicios ni los investigadores ni las instituciones, pero que quedó ahí, en la memoria. También para la historia de los padres, los hijos, los huérfanos, los maridos, las esposas, los nietos, que hubo una verdad y que esa verdad tiene que hacerse pública. Asimismo, trabajaremos para tener la garantía de que las leyes de este país y las leyes europeas tienen los mecanismos de inspección y de control para que no vuelva a suceder. Ese es mi compromiso desde hace diez años y espero que dentro de un año podamos llegar a esas conclusiones.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Intervendré brevemente, señora presidenta, desde el escaño. Solo tenemos un minuto ya que nos parecía de justicia que la mayor parte del tiempo lo tuvieran los diputados de origen canario.

Hacemos nuestra gran parte de los argumentos que utilizan los grupos proponentes. Simplemente quiero añadir que hay un informe del Sepla, del sindicato de pilotos, que califica a la investigación que se hizo en su momento de simple y superficial y, además -lo reitero ya que lo han dicho antes otros portavoces- está el magnífico trabajo de la asociación de damnificados. Estos serían motivos más que suficientes para profundizar en un tema que parece que es de justicia.

Gracias, presidenta, gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, anuncio, desde mi escaño, el voto favorable de mi grupo a la creación de la Comisión.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el accidente del vuelo JK-5022 de Spanair, del 20 de agosto de 2008, que tenía que volar entre Madrid y Gran Canaria, destruyó 154 vidas. Fue la catástrofe aérea con más víctimas mortales en Europa occidental desde el atentado de Lockerbie. Fue el accidente de España con más muertos en los últimos veinticinco años desde el accidente de Avianca, también en Barajas. En suma, la magnitud de la tragedia hace que tengamos que tomarlo con mucha seriedad. Cuando en otro grave accidente con muchas víctimas mortales, el de Angrois, Ciudadanos votó en Pleno a favor de la creación de una Comisión de investigación, lo hicimos apuntando una serie de prevenciones y recomendaciones que, a nuestro juicio, debían ser tomadas en cuenta. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, ocupen sus escaños. (Pausa).

Continúe, señor Navarro.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: En cuanto a las prevenciones, prevenimos contra la utilización del dolor de las víctimas; prevenimos contra su utilización partidista para atacar al adversario; prevenimos contra posibles estrategias de desgaste de las instituciones; y prevenimos contra el peligro de la falacia retrospectiva, que nos hace creer, cuando un accidente se produce, que todas las causas eran obvias y predecibles de antemano. A continuación, hicimos una serie de recomendaciones. Dijimos que a la Comisión que se iba a constituir deberíamos ir todos con neutralidad, con la mente abierta y sin prejuicios.

Señorías, los distintos grupos parlamentarios han manifestado su decisión de apoyar esta Comisión de investigación. Es más, de manera muy significativa, el partido que estaba en el Gobierno cuando el accidente se produjo ha dicho que también la va a apoyar. Nosotros, por supuesto, también la vamos a apoyar. De esta manera, manifestamos que participaremos en ella sin prejuicios, con la voluntad de trabajar de manera constructiva y con el deseo de alcanzar conclusiones relevantes que permitan, en su caso, mejorar la seguridad en el transporte aéreo. De modo que cuanto menos hablemos hoy aquí mejor. Dejémoslo a los trabajos neutrales de la Comisión.

En relación con esto, únicamente queremos aprovechar para adelantar que, desde Ciudadanos, presentaremos una iniciativa en la que se estudie la viabilidad de constituir una Comisión unificada de investigación de accidentes, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Franquis Vera.

El señor FRANQUIS VERA: Señora presidenta, señorías, quiero empezar mi intervención lógicamente agradeciendo el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad de Pilar, de Federico y del resto de miembros de la directiva de la asociación del accidente JK-5022. Soy consciente del enorme trabajo que han llevado a cabo en estos últimos años, a veces en la soledad, a veces en la incomprensión, en los sinsabores. Siempre les he comunicado que el Partido Socialista estaba con ustedes dándoles el apoyo, el cariño y el aliento que se merecen por las enormes dificultades que han pasado y que han sufrido en los últimos años. Y además de ese apoyo, de ese cariño y de esa comprensión, nos pedían compromiso: el compromiso de apoyar hoy la Comisión de investigación.

Hoy, Pilar, Federico, y el resto de las personas que forman este colectivo, anuncio que el Partido Socialista cumplirá con su compromiso de apoyar la Comisión de investigación en este Congreso. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque creemos enormemente en la transparencia de este Parlamento. La transparencia es el mejor instrumento y la forma de conectar mejor con los ciudadanos, de que esta sea de verdad la auténtica Cámara de representación de los ciudadanos. Porque esta petición no solo viene avalada por la asociación; viene avalada por setenta y ocho ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la aprobación por unanimidad del Parlamento de Canarias, al igual que de la Asamblea de Madrid y también del Parlamento de Castilla y León. Viene avalada por 68 000 firmas que se presentaron en el día de ayer. Por eso, creo que esta propuesta nos acerca mucho más a lo que piensan y sienten los ciudadanos. Y tenemos un ejemplo de transparencia, porque si hemos apoyado en esta legislatura todas las comisiones de investigación que se han aprobado en este Congreso, ¿cómo no íbamos a apoyar esta


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comisión de investigación? Creemos profundamente en la transparencia, al margen de que afecte más o menos a un partido político, y de que asuma o no responsabilidades. Pilar y Federico saben que el Partido Socialista vivió muy de cerca estos acontecimientos porque nos tocó sufrir esta situación. Saben que lo hemos vivido desde el Gobierno y desde la oposición, y tengo que decir que estos últimos años el apoyo y las iniciativas que han planteado ustedes han ido mejorando y enriqueciendo no solo con el anterior Gobierno socialista sino también con el Gobierno del Partido Popular.

Compromiso con la asociación, compromiso con la transparencia y, sin duda, compromiso con mejorar la seguridad de la aviación comercial de nuestro país. Ese es el mayor espíritu de esta Comisión, mejorarlo, siendo respetuosos con el trabajo realizado desde otros ámbitos, con el trabajo judicial o con el trabajo de la comisión técnica, pero creemos que este Parlamento puede construir su verdad respetando la de otros. Al margen de la conclusión de la Comisión, de por sí muy importante, también será muy importante en esta Comisión de investigación la aportación de los técnicos, de los especialistas, de la pluralidad de opiniones de este Congreso. Es fundamental que este trabajo lo hagamos con mucha responsabilidad, con la responsabilidad de no ir contra nadie, con la responsabilidad de mejorar la seguridad, insisto, de la aviación comercial de nuestro país. Con ese objetivo los socialistas vamos a esa Comisión de investigación, a poner toda nuestra voluntad y nuestra responsabilidad en mejorar una seguridad que afecta a miles y a miles de ciudadanos, y se lo dice una persona que tiene la cultura de coger el avión todas las semanas. A veces, cuando uno coge un avión, tiene necesidad de preguntarse si todo el mundo habrá hecho bien su trabajo, así que lo mejor que puede hacer este Parlamento, con la aportación de las diferentes fuerzas políticas, con la aportación de los técnicos y de las personas que queremos que comparezcan, es mejorar nuestro sistema de seguridad en la aviación comercial. Ese va a ser el empeño con el que trabajará el Grupo Socialista. Ese es nuestro compromiso, Pilar, Federico, el compromiso de apoyar esta Comisión de investigación en el día de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina Ros.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta, y buenas noches a todos, especialmente a los familiares de las 154 víctimas y a la presidenta de la asociación, doña Pilar Vera. Como producto del tesón y del esfuerzo de todos ellos se debate hoy este punto.

El Partido Popular habitualmente no es partidario de crear estas comisiones de investigación, y en este caso lo que naturalmente vamos a hacer es no solo no oponernos sino trabajar activamente en ella. Ya hay constituida una Comisión de investigación en este Parlamento por un accidente y no podemos permitir que haya víctimas de primera y víctimas de segunda en una misma nación.

No somos partidarios de politizar los accidentes y, en este sentido, tenemos una seria duda: si el texto que traen Podemos y Esquerra Republicana tiene dos objetivos: primero, depurar responsabilidades políticas y, segundo, si el PSOE cree que debe depurar responsabilidades políticas, ¿por qué no asumió antes sus responsabilidades políticas y les ahorró nueve años y medio de espera a las víctimas? (Aplausos). He escuchado, con estupor, por parte de los proponentes, de Esquerra Republicana de Catalunya, que esta Comisión llega tarde. Ustedes, que en 2008 daban soporte parlamentario a quienes ahora exigen depuraciones políticas, ¿por qué entonces dieron aquel soporte al grupo político socialista? Primer objetivo, la depuración de sus responsabilidades políticas -deberían haberlo dicho antes-.

Segundo, esclarecer las causas técnicas. La asociación tiene la obligación de decir algo: es su deber, tiene que hacerlo, pero hay cosas que las asociaciones tienen la obligación de hacer y hay otras cosas que los parlamentos no se pueden permitir decir. El proponente ha dicho -he tomado nota literalmente-: Los aviones son un peligro. Si este Parlamento cree que, contrariamente a lo que dicen todos los indicadores del mundo, nuestros aviones son un peligro, cambien la Ley de Seguridad Aérea, cámbienla, que lleva quince años en vigor. Si no les gusta el estudio, el informe de tres años que durante la etapa socialista se hizo por la Comisión de investigación de accidentes aéreos, cambiemos la ley: es una norma y es nuestra. Si el sistema de aviación español, uno de los más reputados del mundo, es producto de nuestras normas, ¿por qué no se deciden a cambiarlo? Por tanto, no entendemos algunas actitudes. Les recuerdo a los señores socialistas que es mejor perder una votación que la coherencia. Es mejor perder una votación... (Una señora diputada: ¡Toma!-Aplausos). Es mejor perder una votación que el sentido común. Entiendo que a las víctimas no les pueda resarcir ni a los pilotos tampoco que, después de cuatro años de instrucción en la Audiencia Provincial de Madrid, la consecuencia, el resultado haya sido el


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archivo penal y la determinación de que fue un error humano. Puedo entenderlo, pero no el hecho de que aquellos que en su día no quisieron asumir ninguna responsabilidad hoy aprueben un texto de Podemos y de Esquerra Republicana que dice: depurar responsabilidades políticas. Si las hay de verdad, si las tienen, no deberían haber esperado nueve años y medio para que esto venga aquí. Creo -he de defenderlo así- que las víctimas tienen afortunadamente el derecho y la obligación de luchar por la memoria de sus familiares, de trabajar cada minuto de su vida para que se les recuerde y de mejorar técnicamente cualquier proceso, pero hacer una censura global del sistema aéreo español sería completamente injusto. Por lo tanto, nosotros, nuestro grupo participará en esa Comisión y lo haremos con la abstención, pero, insisto, hay grupos políticos que, en lugar de perder una votación, hoy han preferido perder el sentido común.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE TOLERANCIA CERO CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. (Número de expediente 140/000021).

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a la votación, vamos a hacer una declaración institucional de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina.

Señora secretaria primera.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.

Declaración institucional de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina. El 6 de febrero se celebra el Día internacional de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, MGF, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas con la finalidad de desarrollar los mecanismos necesarios para promover campañas de concienciación y adoptar medidas concretas para la erradicación de la mutilación genital femenina.

La mutilación genital femenina es una práctica que supone violencia contra las mujeres que la sufren y afecta directamente a la salud física, psicológica, sexual y reproductiva. Es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia que constituye la manifestación de una gran discriminación por razón de género ya que es un acto de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo. Es, sin duda, un desafío global a los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres que la sufren. Esta práctica afecta, señorías, según la Organización Mundial de la Salud, a unos 40 millones de niñas y mujeres en todo el mundo.

En el Convenio del Consejo de Europa de 12 de abril de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el Convenio de Estambul, se insta a promover la adopción de un enfoque global e integrado en relación con la violencia contra las mujeres y la mutilación genital femenina. El compromiso en la lucha contra esta forma de violencia llevó al Gobierno a promover en 2005 la reforma de la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, haciendo competente a la jurisdicción del Estado para conocer los hechos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como mutilación genital femenina siempre que los responsables se encuentren en territorio español.

En 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se insta a los Estados a que se intensifiquen sus esfuerzos para eliminación de la mutilación genital femenina, incluyendo en sus agendas de prioridades respectivas la adopción de las medidas y las estrategias encaminadas a poner término a esta forma inhumaNA de barbarie. También el Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de febrero de 2014, pide a la Comisión Europea y a los Estados de la Unión que adopten nuevas medidas más eficaces contra esta lacra, reiterando su llamamiento a los Estados miembros para que se sirvan de los mecanismos existentes, en particular, de la Directiva 2012/29.

En 2015, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud nos advertía en su Protocolo Común de Actuación Sanitaria que aproximadamente 17 000 niñas de cero a catorce años se encontraban en riesgo de sufrir esta práctica en España. Según los datos de la Fundación Wassu-UAB, esa cifra sube en el año 2016 hasta las 18 400 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. En el reciente pacto de Estado aprobado en el Congreso de los Diputados se hace por primera vez mención de la práctica de la mutilación genital femenina como parte de la violencia patriarcal que sufren algunas mujeres.


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Señorías, el Congreso de los Diputados, con motivo del Día mundial de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, se compromete a perfeccionar los mecanismos que permitan desarrollar políticas públicas enfocadas a la erradicación de la mutilación genital femenina en España. Algunas de estas medidas deben pasar por el reforzamiento de la formación en la prevención y erradicación, con perspectiva intercultural y de género; por el impulso de modelos de intervención sociocomunitaria que impliquen a las familias de las niñas o mujeres que pudiesen verse afectadas; por el fortalecimiento de los servicios de salud públicos para que eviten la mutilación genital femenina y traten las complicaciones que causa y, por supuesto, por el desarrollo de las medidas legislativas que pongan en el centro las vidas de las niñas y mujeres en riesgo de sufrir esta práctica inhumana.

Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.

Muchas gracias. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 20/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGAN Y APRUEBAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL. (Número de expediente 130/000026).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar, en primer lugar, la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, votamos el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 231; abstenciones, 108.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 166; en contra, 133; abstenciones, 40.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 21/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 130/000027).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 185; abstenciones, 154.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 339.

La señora PRESIDENTA: Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPULSO EN LA AGENDA INTERNACIONAL DE LA RELEVANCIA Y LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 162/000541).

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 336; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL. (Número de expediente 162/000058).

La señora PRESIDENTA: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 168; en contra, 131; abstenciones, 39.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000071).

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la situación política en Cataluña. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 90; en contra, 248; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y LA CALIDAD EN SU CONTRATACIÓN Y CONDICIONES LABORALES. (Número de expediente 173/000072).

La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 171; en contra, 130; abstenciones, 38.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 156/000024).

La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 207; abstenciones, 131.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo de Esquerra Republicana y varios del Grupo Mixto, puestos en pie y vueltos hacia la tribuna pública).

Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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