DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 06/09/2018
cve:
DSCD-12-PL-144
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 144
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el jueves,
6 de septiembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos. ("BOE" núm. 183, de 30 de julio de 2018).
(Número de expediente 130/000032) ... (Página4)
- Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de
medios en la atención a asilados y refugiados. ("BOE" núm. 184, de 31 de
julio de 2018). (Número de expediente 130/000033) ... (Página16)
- Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al
Sistema Nacional de Salud. ("BOE" núm. 183, de 30 de julio de 2018).
(Número de expediente 130/000034) ... (Página27)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:
- Informe de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del
Artista. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 373, de 20 de
junio de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 379, de
28 de junio de 2018. (Número de expediente 154/000004) ... (Página41)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión Constitucional, para que se conceda una
prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral,
hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe. (Número
de expediente 154/000010) ... (Página50)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página51)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias.
(Votación) ... (Página51)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos ... (Página4)
La señora ministra de Justicia (Delgado García) expone a la Cámara las
razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y
la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i
Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Gómez
Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Ciuró i Buldó y el señor Gómez
Balsera.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista,
y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Justicia.
Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta
de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios
en la atención a asilados y refugiados ... (Página16)
La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet
Lamaña) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Matute García de Jalón, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y las señoras Serrano Jiménez,
del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Política Territorial y Función
Pública.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al
Sistema Nacional de Salud ... (Página27)
La señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez)
expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la
señora Oramas González-Moro, el señor Alli Martínez, las señoras
Beitialarrangoitia Lizarralde, Sorlí Fresquet y Nogueras i Camero, del
Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana e Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Botejara Sanz, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Fernández Díaz, don
Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo
Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora la señora ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias
... (Página41)
Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista
... (Página41)
Para la presentación del informe interviene la señora Rivera de la Cruz,
presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y
Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Álvarez
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Maura Zorita, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Torres
Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, y Del Río Sanz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página50)
Solicitud de la Comisión Constitucional, para que se conceda una prórroga
del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, hasta el
31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe ... (Página50)
La Presidencia informa de que este punto se someterá a votación después
del resto de votaciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de
julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, se
aprueba por 335 votos a favor más 4 votos telemáticos, 339, y 2
abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de
julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria
y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y
refugiados, se aprueba por 335 votos a favor más 4 votos telemáticos,
339, y 2 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de
julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se aprueba
por 173 votos a favor más 4 votos telemáticos, 177, 133 en contra y 31
abstenciones.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se
aprueba por 336 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias.
(Votación) ... (Página51)
Sometido a votación el informe de la Comisión de Cultura y Deporte, en
relación con el informe de la Subcomisión para la elaboración de un
Estatuto del Artista, se aprueba por 337 votos a favor.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión Constitucional, para que
se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la
reforma electoral, hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de
su informe, queda aprobada por asentimiento.
Se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las once de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/2018, DE 27 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 130/000032).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de
diversos reales decretos-leyes.
En primer lugar, debate correspondiente a la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos. (Rumores). Señorías, les ruego silencio.
Para presentar el real decreto-ley en nombre del Gobierno tiene la palabra
la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora presidenta,
señorías, el pasado 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el real decreto que hoy someto a la convalidación de la Cámara. Se
trata del Real Decreto-ley 5/2018, de medidas urgentes para la adaptación
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
protección de datos.
Como bien conocen, señorías, desde el pasado 25 de mayo de este mismo año
resulta directamente aplicable en España el reglamento de la Unión
Europea, del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos personales. Señorías,
esta normativa europea nos sitúa en unos niveles de máxima protección de
datos de las personas físicas, de la ciudadanía... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora ministra.
¡Señorías, les ruego, por favor, silencio! Hay un murmullo que hace
imposible escuchar desde la Presidencia lo que dice el orador.
Adelante, señoría.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
Continúo. Pues bien, si es así, el Reglamento europeo de protección de
datos directamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo de este
año 2018, aquí tenemos la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Esta es, señorías, nuestra
norma vigente. Con el fin de adaptar la normativa española al reglamento
de la Unión Europea, esta Cámara, ustedes, iniciaron el pasado mes de
noviembre de 2017 la tramitación de una nueva ley orgánica de protección
de datos de carácter personal para que, una vez fuese aprobada,
sustituyera a la de 1999. Soy plenamente
consciente de que los trabajos para alcanzar esa nueva norma de protección
de datos avanzan de manera muy positiva, y quiero agradecer desde aquí la
buena disposición y el trabajo de todos los grupos para conseguir su
aprobación lo antes posible. Sin embargo, señorías, ahora se han
producido unos vacíos normativos surgidos por la coexistencia del
reglamento europeo y nuestra norma nacional de protección de datos. El
reglamento supone una profunda modificación porque actualiza la
legislación atendiendo a una nueva realidad tecnológica, no solamente
desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento de los sujetos
obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de
supervisión por parte de las autoridades de control que el mismo
reglamento regula. Además, señorías, la plena aplicación del reglamento
implica que hayan de considerarse desplazadas, que no derogadas, aquellas
disposiciones del derecho interno que no resultan conformes con el
régimen que el propio reglamento establece. Por otra parte, hay muchos
preceptos del reglamento que remiten su desarrollo obligatorio o
potestativo por los Estados miembros conteniendo un total de cincuenta y
seis remisiones a los ordenamientos nacionales. Otras disposiciones de
este reglamento exigen una adecuación del derecho interno aun cuando no
exista una remisión directa y expresa al mismo. Así, si bien el
reglamento europeo establece un régimen sancionador en el que se
tipifican determinadas conductas, hay cuestiones fundamentales, como por
ejemplo los plazos de prescripción de dichas infracciones, que no están
regulados en la legislación española. De este modo, el reglamento
establece también un procedimiento de cooperación entre los Estados
miembros en los supuestos de tratamientos de datos personales denominados
transfronterizos, y esto supone la participación de todas las autoridades
implicadas, pero el derecho interno no regula cómo articular esta
participación.
Por estas razones, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó
el real decreto que hoy se somete a debate en la Cámara y que no tiene
otra finalidad distinta que adoptar una norma con rango de ley que
permita cubrir esos vacíos legales... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor, silencio!
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
... y adaptar el derecho español al reglamento europeo para garantizar de
forma efectiva tanto la seguridad jurídica como los derechos de los
ciudadanos en tanto contamos con una nueva ley orgánica de protección de
datos. Señorías, se trata de proteger a la ciudadanía de forma efectiva e
inmediata. De manera específica, lo que se busca con este reglamento es
la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos
aspectos que no tienen rango de ley orgánica pero que no admiten demora,
debiendo procurarse la plena adaptación de la normativa interna -repito-
a estos estándares fijados por la Unión Europea a través del reglamento.
Hay dos aspectos relevantes que quiero destacar aquí y ahora. En primer
lugar, las disposiciones del real decreto se inspiran e incluso
transcriben literalmente el proyecto de ley que se está tramitando en
esta Cámara, se adapta y ajusta absolutamente a ese proyecto de ley. En
segundo lugar, la vigencia de la norma, por la urgencia, se limita al
periodo que transcurra desde la convalidación hasta la entrada en vigor
de la nueva ley orgánica. Por tanto, son dos aspectos que sus señorías
deben de tener en cuenta para apoyar esta norma que ahora se debate.
Quisiera en este punto, señorías, detallar, someramente, los motivos que
justifican la urgencia de las disposiciones que se contienen en la norma
que hoy se debate. En primer lugar, señorías, hay motivos relacionados
con las funciones de las autoridades de control y de representación en el
comité europeo. El reglamento europeo establece un catálogo detallado de
funciones y potestades de las autoridades de protección de datos que
exceden ampliamente de las establecidas en nuestra norma de 1999. Además,
impone a los Estados miembros que cuentan con varias autoridades de
control, como España, la obligación de designar un representante...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): ... en el Comité Europeo
de Protección de Datos, por lo que es pertinente adoptar de forma
inmediata una disposición que otorgue a la Agencia Española de Protección
de Datos la condición de representante español en el referido comité. En
este sentido, también es oportuno que la norma española reconozca las
competencias de dicha autoridad de control. Finalmente, las reformas
realizadas exigirán garantizar tanto la transparencia en el
funcionamiento de la agencia como la seguridad jurídica en la materia, al
poder conocer los operadores el criterio de la
autoridad de supervisión. Este sería un primer bloque que explicaría la
urgencia y la necesidad de la convalidación del decreto que se somete a
su consideración.
Un segundo tipo de motivos son los relacionados con las actuaciones de
investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Es preciso,
señorías, que el derecho interno plasme en una habilitación legal las
potestades de investigación de la Agencia Española de Protección de
Datos, garantizando que su ejercicio pueda, efectivamente, desarrollarse.
Así, será necesario que el derecho interno dote al personal de la agencia
que desarrolle la actuación investigadora de potestades que permitan el
acceso a los distintos sistemas locales de tratamiento de datos y que
regule también el modo en que podrán ejercerse dichos poderes. Señorías,
el reglamento europeo regula las actuaciones conjuntas de investigación,
en las que, junto al personal investigador de la autoridad de control,
intervendrían personal y autoridades de control de otros Estados miembros
de la Unión Europea. Por ello, es necesario incorporar en nuestro
ordenamiento previsiones que determinen cuál es el régimen aplicable a
ese personal investigador de otros Estados miembros y también el alcance
de sus facultades. Además, esta adaptación debería hacerse a la mayor
brevedad para garantizar que ese estatuto aplicable al personal de otros
Estados miembros se haya establecido antes de la realización de cualquier
actividad conjunta de investigación, algo que puede ocurrir en cualquier
momento porque esto ya se puede hacer desde el 25 de mayo de este año
2018.
Un tercer bloque que les quiero exponer sobre la importancia, necesidad y
urgencia de la convalidación de este real decreto-ley se refiere al
régimen sancionador, que tiene una un especial efecto práctico. Este real
decreto adapta nuestro ordenamiento al novedoso régimen sancionador
establecido en el reglamento europeo, reemplazando los tipos infractores
actualmente contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999.
Hay dos cuestiones sobre las que es ineludible la adopción de
disposiciones por el derecho interno que garanticen la efectividad en el
régimen sancionador y, sobre todo, señorías, la seguridad jurídica. La
primera cuestión es determinar qué sujetos son los que pueden incurrir en
responsabilidades derivadas de la aplicación de ese régimen sancionador,
quiénes pueden ser sujetos infractores. Y la segunda, que es fundamental,
es determinar los plazos de prescripción de las infracciones y de las
sanciones previstas en la norma europea. Asimismo, es importante
determinar las sanciones que se aplicarán a los infractores.
Con respecto a la prescripción de las infracciones, el legislador europeo
ha considerado que la delimitación de los plazos es una cuestión
sustantiva que queda sujeta al derecho interno de los Estados. Por lo
tanto, somos los Estados los que debemos establecer esos plazos de
prescripción. Una laguna en un punto tan sensible como es el plazo de
prescripción de las infracciones podría generar una incertidumbre enorme
y, con ello, un incremento de la litigiosidad. Además, por otra parte,
mermaría la capacidad de actuación de la Agencia Española de Protección
de Datos ante la falta de certeza acerca de los tiempos para iniciar un
procedimiento sancionador. La actual normativa de protección de datos
española establece una duración del procedimiento sancionador de seis
meses, que podrá ir precedido de la realización de actuaciones previas de
investigación con una duración máxima de doce meses. Estamos hablando de
seis meses con una posibilidad de investigar previamente de doce meses,
teniendo en cuenta que los actuales procedimientos pueden tener una
especial complejidad, habida cuenta de que el tratamiento de los datos
puede tener carácter transfronterizo. Señorías, teniendo en cuenta que
solo el inicio del procedimiento sancionador puede ser una causa válida
de interrupción de la prescripción, hay una gran inseguridad si no se
estableciesen unos plazos claros, como hace el real decreto que se somete
a su consideración. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): El texto que hoy aquí se
propone establece solo dos plazos de prescripción de dos y tres años,
diferenciando solo las conductas en atención al importe máximo de las
sanciones previstas en el reglamento europeo. Además, se prevé que antes
de comunicar a terceras autoridades de otros países que pudieran analizar
el proyecto de acuerdo de inicio del procedimiento, se dé traslado al
supuesto infractor con la finalidad de que ese traslado interrumpa la
prescripción, de modo y manera que se evitaría en ese plazo de
interrupción o de prescripción la inclusión en el cómputo del periodo de
tiempo en que se pueda producir la revisión por las restantes autoridades
que pueden revisar ese inicio de expediente. Por lo tanto, se trata,
señorías, de una cuestión fundamental, vital, urgente y necesaria.
Existen también otros motivos que justifican la urgencia de esta norma y
que están relacionados con los procedimientos y la aplicación de normas
procedimentales. En este punto es preciso aclarar y tener en cuenta que
el reglamento europeo distingue tres tipos de tratamientos de datos: los
datos que tienen un recorrido transfronterizo, los datos que tienen un
recorrido transfronterizo con relevancia local, nacional, y aquellos que
son exclusivamente nacionales. Además, de estos tres tipos de
tratamientos hay que tener en cuenta una segunda cuestión relativa al
papel de la autoridad nacional que intervenga en el procedimiento, para
lo que habrá que determinar cuál es esa autoridad nacional principal que
correrá con el peso del procedimiento y habrá que diferenciarla de las
restantes autoridades, que tendrán la condición de interesadas, no de
principales.
Hechas estas consideraciones necesarias, cabe señalar que el régimen
previsto en el reglamento europeo contempla hasta siete posibles
procedimientos diferenciados en los que puede intervenir la Agencia
Española de Protección de Datos. Cada uno de estos siete procedimientos
tiene unas especialidades procedimentales. Hay algunos trámites que son
comunes pero existe una gran variedad procedimental. Todo ello impone
incorporar al procedimiento fases específicas, como por ejemplo la
admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad del archivo
provisional del expediente. Así, señorías, es necesario que una norma con
rango de ley establezca las peculiaridades básicas del procedimiento a
tramitar por la Agencia Española de Protección de Datos como excepción al
régimen general de la Ley de procedimiento administrativo. Las
especialidades del régimen procedimental del reglamento, unidas al hecho
de que ya se han puesto en marcha procedimientos de especial
trascendencia al amparo de este régimen, conllevan la urgente,
urgentísima, necesidad de que se incorporen a nuestro derecho las normas
que prevean las especialidades del procedimiento en caso de vulneración
del reglamento de la Unión. En todo caso, insisto, señorías, la urgencia
de la adopción de estas normas de procedimiento se justifica por el hecho
de que cualquier reclamación presentada desde el 25 de mayo de 2018 está
sujeta al régimen citado, de modo que, incluso en caso de tratarse de un
tratamiento claramente local -haciendo referencia a la distinción que
antes les hacía-, la Agencia Española de Protección de Datos debería
comprobar si no existe una autoridad principal distinta de otro Estado
miembro que pudiera decidir sobre la tramitación del asunto. Tiene una
trascendencia, señorías, esencial.
Finalmente -y es la última razón que voy a exponer sobre la urgencia y
necesidad-, voy a hacer referencia a los contratos de encargo del
tratamiento de datos personales. En este sentido, es necesaria la
adopción de una disposición que otorgue seguridad jurídica a los
operadores del tratamiento de estos datos de carácter personal. Seguridad
jurídica, señorías, en relación con los contratos de encargo del
tratamiento actualmente existente, cuyo régimen material y formal se ha
visto modificado como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento
europeo en mayo de 2018... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Les ruego, señorías, silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora
presidenta.
A este respecto es preciso indicar que la figura del encargado del
tratamiento aparece en todos aquellos supuestos en que un responsable
contrata con un tercero un servicio que implique el acceso por este
último a datos de carácter personal. Ello hace que en muchos supuestos un
mismo responsable haya externalizado sus servicios a decenas e incluso a
centenares de encargados de tratamiento de datos. Por este motivo, se
hace incluso más necesario clarificar cuáles son las consecuencias de la
entrada en vigor del reglamento europeo en relación, sobre todo, con
aquellos contratos que se encuentren en vigor desde el 25 de mayo,
repito, cuando se produce la aplicación directa del Reglamento europeo de
protección de datos. Por tanto -reitero-, la necesidad de adopción de
esta disposición de modo urgente resulta, señorías, evidente, dado que en
caso de no adoptarse a la mayor brevedad esta disposición los
responsables carecerían de un criterio de seguridad jurídica para conocer
si los contratos en vigor el 25 de mayo de 2018 resultan o no acordes con
la normativa europea que ya está en vigor.
En conclusión, señorías, necesitamos esta norma de forma urgente para que
cubra los espacios vacíos que se han producido por la aplicación directa
del Reglamento europeo de protección de datos personales y la actual y
vigente Ley orgánica de 1999 hasta que se apruebe definitivamente la
nueva normativa orgánica en la que se está trabajando en esta Cámara.
Para concluir, quiero agradecerles su comprensión, su disposición para
conseguir entre todos este objetivo, solicitando, señorías, en nombre del
Gobierno, el voto favorable a la convalidación de este decreto-ley que
hoy se debate.
En el turno de fijación de posiciones, intervienen por el Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días,
señora ministra de Justicia.
A finales del pasado mes de mayo entró en vigor el Reglamento General de
Protección de Datos, que profundiza en la protección y el control de la
información personal y que tiene, entre otros, un objetivo principal,
como es el de que cada usuario conozca cómo se están tratando sus datos
personales y quién hace uso de ellos. Desde entonces, se han fijado
criterios que permiten exigir el borrado de estos datos o su
rectificación entre diferentes aspectos normativos que profundizan en una
materia sobre la que hemos tenido ejemplos abundantes y muy recientes con
escándalos mundiales que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de
los usuarios frente a grandes compañías que manejan sus datos con toda
clase de intenciones, de forma destacada las comerciales y también las
políticas, incluso con injerencias en procesos democráticos electorales
tras el robo masivo de datos, como hoy mismo se refleja en toda la prensa
internacional. (La señora vicepresidenta Navarro Garzón ocupa la
Presidencia).
Este real decreto-ley abunda en el desarrollo de la protección de datos
partiendo de las remisiones que se imponen por la pertenencia de España a
la Unión Europea y que, sin duda, van a tener cabida y desarrollo en la
futura ley orgánica, que, como ha recordado la señora ministra, se está
tramitando en las Cortes Generales desde el pasado mes de noviembre y que
superó el trámite de totalidad aquí, en el Pleno del Congreso, a mediados
del pasado mes de febrero. Una ley orgánica de protección de datos de
carácter personal en la que nos corresponde a los legisladores españoles
tomar la iniciativa para dotarnos de herramientas ágiles que actualicen
el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales de nuestra
Constitución y que se reflejan en su mandato para limitar el uso de la
informática, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, tal y como cita
expresamente el artículo 18.4.
Este real decreto-ley, cuya convalidación votaré a favor, anticipa a
instancias europeas adaptaciones a normativas que son imperativas e
inexcusables, pero la necesidad de hacerlo nos convoca a una mayor
agilidad en la tramitación de la ley en la Comisión de Justicia
correspondiente, actualmente en su trámite de enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días.
Nuevo curso político y nueva escalada represiva contra alcaldes y
alcaldesas por haber defendido la democracia el día 1 de octubre. Nuevo
curso político y siguen presos políticos en prisión preventiva sin
juicio, sin sentencia, mientras miembros de La Manada siguen libres o
incluso uno de ellos trabajando para las fuerzas de seguridad del Estado.
Nuevo curso político y el Gobierno se nos ha evidenciado secuestrado por
la extrema derecha, cambiando de criterio, abonando más de 500 000 euros
para defender al juez Llarena en Bélgica, pasando de percibir un asunto
como privado, por cuya conferencia percibió unos emolumentos, a
considerarlo una cuestión de Estado. Todo esto es una corta y breve
relación del haber del Gobierno socialista.
Además tampoco los sucesivos Gobiernos de España se han mostrado
diligentes en cuanto al fondo y a la forma y al respeto de la legalidad,
en este caso la europea. La urgencia de este real decreto, que les ha
venido a ustedes consecuencia de la inacción de la bancada de la derecha,
se debe a no haber cumplido, una vez más, con el mandato europeo para que
se pueda adecuar la legislación española en cada momento a la normativa
europea. España -quiero recordar- es el Estado de la Unión Europea con
más sanciones por incumplimiento en la trasposición de directivas y
ordenamientos europeos. Los que tanto se jactan de exigir que se cumpla
la ley empiecen por aplicarse el cuento. Por tanto, seguimos asistiendo a
la decadencia del Estado de derecho en España.
No nos opondremos a esta tramitación, no nos opondremos a este nuevo
parche, pero estas actitudes nos alimentan y nos animan a seguir luchando
democráticamente para conseguir un Estado para Cataluña.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i
Buldó.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se nos presenta a convalidación el Real Decreto-ley 5/2018 por el que se
adoptan medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión sobre protección de datos de carácter personal,
adaptación que tendría que haberse concluido en las Cortes Generales y
publicado y entrado en vigor antes del 25 de mayo pasado, que era la
fecha en que resultaba plenamente aplicable el Reglamento 2016/679 del
Parlamento y Consejo; reglamento de la Unión que, si bien de acuerdo con
el tratado de funcionamiento tiene alcance general, obliga en todos sus
elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro sin
necesidad de incorporación mediante norma interna, no obstante contiene
en alguna de sus regulaciones habilitaciones al derecho de los Estados
miembros para que las desarrollen. Esta circunstancia, unida al
cumplimiento del deber de certeza hacia los operadores jurídicos respecto
al derecho aplicable, es la que fundamenta la aprobación y por nuestra
parte, la del Grupo Parlamentario Vasco, el voto a favor de la
convalidación de este real decreto-ley, que tendrá vigencia
exclusivamente hasta el momento en que las Cortes aprobemos el proyecto
de ley orgánica que se encuentra en tramitación en la Comisión de
Justicia y que, como dije, debiéramos haber ya finalizado los trabajos,
aprobado y publicado en mayo pasado. En este sentido, es una norma de
tránsito.
Por su parte, entendemos que las materias tratadas en el decreto-ley no
traspasan la limitación constitucional sobre las materias que tiene
vedadas el decreto-ley por su reserva orgánica de rango. Se trata, como
expone la memoria justificativa y en su momento se informó a este Grupo
Parlamentario Vasco, no de incidir en aspectos concernidos por el derecho
fundamental a la intimidad personal como son los datos personales, según
reza el artículo 18.4 de la Constitución y ha establecido la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero sí de clarificar
transitoriamente aspectos que no admiten demora y sin reserva de ley
orgánica, pero con reserva de ley material o formal para la que habilita
el citado reglamento de la Unión y siempre y cuando, como decía, no
reclamen o no incidan en un ámbito orgánico. Tal sucede con algunos
aspectos de los procedimientos transfronterizos, precisamente aquellos en
los que un sujeto trata datos cuya supervisión corresponde a distintas
autoridades de control, en los que hay que concretar el modo en el que el
derecho interno del Estado quedará afectado por los trámites previstos en
el reglamento, como la admisión o las causas de suspensión durante la
tramitación entre distintas autoridades de control a efecto de que no
caduquen los procedimientos; o los plazos de prescripción de las
infracciones; o la determinación del régimen sancionador vigente porque
ha derogado el vigente hasta el mayo pasado; o las facultades y régimen
jurídico del personal de la agencia estatal en sus labores de
investigación y control, así como del personal de otras agencias o
autoridades de control en aquellas actividades conjuntas de
investigación, precisamente en los que he llamado procedimientos
transfronterizos.
Entendemos que la aclaración de estas cuestiones no admitían demora para
la aplicación del reglamento general, que entró en vigor el 25 de mayo y
que desde esa fecha ya es derecho interno, por lo que ya se encuentran
procedimientos abiertos a su amparo y en curso en la Unión, muchos de
ellos transfronterizos y que atañen a ciudadanos del Estado español.
También porque era preciso determinar dentro del Estado el órgano o la
agencia que iba a ser la representante en el Comité Europeo de Protección
de Datos y sin perjuicio de que esta habilitación a la agencia vaya en
merma de la obligación de informar a las autoridades de control
autonómicas de las decisiones adoptadas, así como para recabar el parecer
cuando se trate de materias de su competencia y para establecer los
criterios que darán publicidad a las decisiones de la Agencia Española de
Protección de Datos ante el nuevo marco normativo.
En fin, señorías -y voy finalizando, señora presidenta- el Grupo
Parlamentario Vasco considera que el decreto-ley que debatimos cumple las
exigencias reclamadas por el artículo 86 de la Constitución de
extraordinaria y urgente necesidad y sin incidir en materia y aspectos
reservados a ley orgánica en un plazo más breve que el requerido,
incluso, para la tramitación de un proyecto de ley por el procedimiento
de urgencia, a fin -todo ello- de depurar el derecho previgente y
acometer los desarrollos señalados por el reglamento de la Unión y
permitidos por este para que los derechos de la ciudadanía europea a la
protección de su intimidad, expuesta a través de sus datos personales, no
tenga lagunas y hasta tanto las Cortes aprueben la regulación actualmente
en tramitación en la Comisión de Justicia.
La señora TELECHEA I LOZANO: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Bon dia, diputats i diputades. Hoy hace un año que el Parlamento catalán
se abrió al debate sobre el derecho a decidir de las catalanas y los
catalanes. Nuestra presidenta del Parlament de Catalunya, Carme
Forcadell, continúa injustament privada de libertad únicamente por
permitir que se debatiera sobre el referéndum y así defender los derechos
de todos los diputados y diputadas. Esto no ocurre en ningún país
democrático. (Aplausos). Un año hace.
Dicho esto, como siempre vamos tarde y vamos tarde porque el Partido
Popular no hizo los deberes en su momento. El Partido Popular presentó un
proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal sin
tener en cuenta el orden de distribución de competencias establecido en
la Constitución y en los estatutos de autonomía e ignorando por completo
el ámbito de actuación de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Si
fuera por el Partido Popular, centralizaría todas las competencias en la
Agencia Española de Protección de Datos, mucho más allá de lo que
estrictamente sería necesario de acuerdo con el reglamento europeo. Pero
como bien dice el refrán, más vale tarde que nunca, por lo que, a pesar
de que no compartimos la urgencia y necesidad para tramitar el real
decretoley, sí que podemos llegar a entender los motivos. El real
decretoley contempla, entre otras cosas, como ha dicho la ministra, la
prescripción y caducidad de las sanciones y, en relación sobre todo con
los casos transfronterizos, entendemos que el Gobierno esté especialmente
preocupado. Debemos recordar para que quede claro que la Generalitat de
Catalunya a través de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades tiene
todas las competencias en esta materia de protección de datos. ¿Por qué
insisto en ello? Porque tenemos los casos transfronterizos y debemos
regularlos bien porque, en primer lugar, llegado el momento de que se
diera un supuesto de caso transfronterizo, la autoridad catalana tal vez
pudiera también actuar y, en segundo lugar, dado que Cataluña tiene todas
las competencias en esta materia no solo la agencia española tiene el
deber de informarnos, sino que, además, debemos tener el derecho a
opinar. Esto último lo digo porque el párrafo segundo de la disposición
adicional primera del real decretoley nos dice que la Agencia Española de
Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas acerca de las
decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y
recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. En
relación con "recabará su parecer cuando se trate de materias de su
competencia" quiero insistir en que Cataluña las tiene todas, con lo cual
debe recabar el parecer de Cataluña siempre y también del resto de
autoridades autonómicas. Asimismo, también debe informarnos de la agenda
del comité europeo, las iniciativas previstas, los asuntos analizados en
dicho órgano, resoluciones, informes, dictámenes y otros posicionamientos
adoptados. Tenemos la sensación de que lo que sucederá en el futuro es
que no nos pedirán nuestra opinión para todo. Por ello, para nosotros es
importante que quede constancia de cuál es nuestra posición y petición
porque luego las palabras se las lleva el viento.
Para Esquerra Republicana es muy importante la regulación del derecho de
protección de datos de carácter personal. Es un derecho que comporta no
solo que se pueda imponer a terceros el deber de abstenerse de cualquier
intromisión en la esfera íntima de la persona sino que va mucho más allá
y se fundamenta en el poder de disponer de los propios datos personales.
Es una ley que nos afecta a todas como ciudadanas y consumidoras porque
tiene por objeto garantizar los derechos de las personas y, por lo tanto,
también los cimientos de una sociedad democrática. Por ello, nuestro
grupo parlamentario estará muy atento, como ha venido haciendo hasta
ahora, siguiendo muy de cerca la aplicación de este real decretoley, así
como la modificación también de la Ley orgánica de protección de datos de
carácter personal.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora
Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez
Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra, señorías, es un honor volver a esta tribuna.
Vaya por delante un cordial saludo a todos y mi deseo de que tengamos un
fructífero periodo de sesiones.
Debatimos la convalidación del Real decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de
medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de
la Unión Europea en materia de protección de datos. Comprendo que pueda
resultar una materia ardua, incluso poco atractiva si la comparamos con
otras, pero es de gran importancia. También decía que es un honor
intervenir en este debate porque de los siete decretos de este trimestre
éste es de los pocos que no es un decretazo del Gobierno del señor
Sánchez.
(Aplausos). Aquí sí se cumple el presupuesto habilitante recogido en
nuestra Constitución: sí hay una extraordinaria y urgente necesidad.
Como ustedes saben, el pasado 25 de mayo comenzó la aplicación directa del
Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y el
Consejo y estoy seguro de que no han olvidado la fecha, seguro de que no
han olvidado sus cuentas de correo colapsadas, bloqueadas por esa
cantidad ingente de mensajes pidiéndoles que revisaran las políticas de
privacidad y rogándoles que renovaran su consentimiento al tratamiento de
sus datos personales como si no hubiera un mañana. Seguro que no
recordaban ustedes que se habían registrado en tantísimas páginas web
facilitando sus datos personales. Incluso recordarán que circularon y
recibimos algunos 'memes' sobre el asunto que tenían cierta gracia. Y si
recuerdo estas anécdotas lo hago para que comprendan el alcance y la
importancia que tiene la protección de datos y el impacto que ha supuesto
la aplicación directa del reglamento europeo. Y digo bien: la aplicación
directa. Porque el reglamento ya había entrado en vigor dos años antes,
en 2016, pero el Gobierno del presidente Rajoy, el Gobierno conservador
del Partido Popular no hizo los deberes a tiempo. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Disculpe, señoría.
Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa).
Adelante.
El señor GÓMEZ BALSERA: Decía que el Gobierno conservador del Partido
Popular no hizo los deberes a tiempo y debido a lo tarde que llegó a esta
Cámara el proyecto de ley orgánica continúa su tramitación. La causa de
que nos encontremos hoy ante la necesidad de aprobar esta norma
transitoria no es otra que la inacción del Partido Popular cuando llega
al Gobierno. En este punto permítanme hacer un paréntesis para reconocer
el trabajo previo de los ponentes, antes de que se reúna la ponencia,
para allanar el camino de esta norma que evidentemente tiene un carácter
mucho más técnico que político y para desbrozar ese bosque de 369
enmiendas que se han presentado al articulado. Un trabajo que a pesar de
las lógicas diferencias está dando sus frutos y logrando avances que nos
permitirán aprobar la nueva ley orgánica de protección de datos más
pronto que tarde. También debo señalar que el Partido Socialista
introdujo por vía de enmienda, de manera sorpresiva, todo un título nuevo
que está retrasando esos trabajos.
Hasta que eso suceda, hasta que la ley orgánica se apruebe, es
imprescindible y urgente regular algunos contenidos que no tienen reserva
de ley orgánica. Hasta ahora había un vacío legal en el régimen
sancionador del reglamento europeo que debía completarse por la normativa
interna de cada país pues esta no comprende aspectos tan esenciales como
la delimitación de los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad, el
procedimiento de instrucción o los plazos de prescripción. Aspectos todos
ellos fundamentales y relevantes para la garantía efectiva del derecho a
la protección de datos. Además Ciudadanos es un partido con una clara
vocación europeísta y creemos que estamos ante un instrumento adecuado
para evitar que este derecho quede sin la protección, quede sin el
paraguas del reglamento europeo.
Queda acreditado entonces que se trata de una norma provisional que
concuerda con la razón de ser de un real-decreto ley -extraordinaria y
urgente necesidad- y que se dicta en espera de que termine la tramitación
de la ley orgánica. Por lo tanto contará con nuestro voto favorable. En
cualquier caso lo importante no es el decreto que vamos a convalidar hoy,
lo importante es la ley orgánica que aprobaremos en breve tiempo y ahí sí
que seremos firmes y defenderemos nuestras convicciones para que la
Agencia de Protección de Datos no se convierta en un chiringuito político
más. (Aplausos). Un chiringuito política en el que colocar altos cargos a
base de los dedazos a los que nos tiene acostumbrados el señor Sánchez.
Nosotros queremos que sea una institución que goce de verdadera
independencia. También para que, conforme esa vocación europeísta a la
que me refería antes, hagamos una ley con el máximo respeto al reglamento
para que tenga coherencia y homogeneidad con el resto de los países de la
Unión Europea; coherencia y homogeneidad que son importantes, que son
imprescindibles para garantizar este derecho y hacerlo sin perjudicar o
lastrar la competitividad de nuestras empresas.
Voy concluyendo no sin antes manifestar mi sorpresa por la intervención de
los portavoces de Esquerra Republicana y del PDeCAT precisamente en este
debate de hoy, que trata sobre protección de datos y privacidad. Ustedes,
Esquerra Republicana y PDeCAT, conformaban un Gobierno de la Generalitat
que traficó con los datos de millones de catalanes para hacer un
referéndum ilegal (aplausos), que espió a políticos, a empresarios y a
ciudadanos. (Aplausos.-Denegaciones). Sí, a compañeros míos y a
compañeros del resto de los partidos democráticos. Y un Gobierno que hizo,
y a lo mejor hace, listas de los que ustedes consideran "malos" -entre
comillas- catalanes, con nombres y apellidos. Así que, ya que han perdido
el rumbo, no pierdan al menos el decoro y piénsenlo dos veces antes de
bajar a esta tribuna a darnos lecciones a los demócratas. (Aplausos).
Termino ya, pero quiero recordarle al Gobierno que quedamos a la espera de
otro decreto, uno muy sencillo. Tiene solo dos artículos: en el primero
disuelve estas Cortes y en el segundo convoca elecciones. Ese es el
decreto que la mayoría de los españoles estamos esperando de este
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Ciuró i Buldó pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Gómez
Balsera.
Señora Ciuró, ¿a efectos de qué pide la palabra, por favor?
La señora CIURÓ I BULDÓ: Pido la palabra en virtud del artículo 57 del
Reglamento. Pediría al compañero Gómez Balsera que retirase las palabras
que ha dicho del Govern de Catalunya, puesto que no consta absolutamente
ninguna acusación en relación con lo que ha manifestado, y estamos para
defender la honorabilidad de la Generalitat y de su Govern.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Gómez Balsera, ¿retira
alguna de esas palabras?
El señor GÓMEZ BALSERA: Me he limitado a citar noticias que han aparecido
en medios públicos, que todos conocemos, por lo cual creo que no debo
retirarlas. Además, la dignidad de millones de catalanes me lo impide...
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Gómez Balsera es solo a
los efectos de responder. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Creo que hay pocos textos normativos de los cuales se haya enterado la
mayoría de la población tanto como la entrada en vigor del Reglamento de
la Unión Europea, el 679 del año 2016.
Efectivamente, como dicho el señor Gómez Balsera, fueron miles y miles los
correos electrónicos que se cruzaron por parte de todo el mundo avisando
de la entrada en vigor este reglamento; un reglamento que lleva la fecha
de facturación del año 2016. Sin embargo, estamos aquí con un real
decreto-ley porque esta Cámara no ha legislado en tiempo y forma
suficientemente para el momento de la entrada en vigor de este real
decreto, que fue el pasado 25 de mayo. ¿Por qué se da esta circunstancia?
Sin duda son varios los motivos.
Este grupo parlamentario entiende, señora ministra, que este real decreto
se ajusta a lo que preceptúa el artículo 86 de nuestra Constitución: hay
una urgente necesidad de legislar en la materia. No invade las
competencias vetadas por el apartado segundo de este artículo al Gobierno
para regular por esta vía. Mi grupo parlamentario no va a pedir su
tramitación como proyecto de ley porque consideramos que ya estamos
tramitando un proyecto de ley. Un proyecto de ley que entró en esta
Cámara en noviembre del año pasado. Vino por parte de un Gobierno del
Partido Popular y, a las fechas que estamos, a pesar de que se tenía que
haber tramitado con una cierta celeridad, esta Cámara no ha sido capaz de
sacarlo adelante.
¿Dónde están las causas de esto? Me gustaría entrar un poco en este tema.
Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular se retrasó. Como he dicho,
el reglamento es del año 2016 y hasta noviembre del año 2017 el proyecto
de ley no entra en la Cámara. Y desde noviembre del año pasado a aquí,
¿qué ha pasado? Pues han pasado dos meses que no son hábiles para el
trabajo parlamentario, enero y julio, algo que consagra la Constitución
pero que resulta difícilmente comprensible para la mayoría de los
ciudadanos que, en el mejor de los casos, solo tienen un mes de
vacaciones, el mes de agosto. Nosotros hemos tenido tres en los cuales no
ha habido actividad parlamentaria habitual, a pesar de que es cierto que
la Cámara en determinados momentos de necesidad ha habilitado enero y
julio para poder trabajar.
¿Qué ha pasado además? Que ha habido un cambio de Gobierno y de la
impulsión del proyecto por parte del Partido Popular se ha pasado a que
le ha tocado impulsarlo al Partido Socialista; no obstante, la Cámara ha
trabajado. Los ponentes de la nueva ley hemos trabajado, hemos avanzado
en las enmiendas,
tenemos avanzado el trabajo, tenemos la voluntad y la esperanza de sacar
en pocas semanas de esta Cámara ese proyecto de ley y enviarlo al Senado
y que pueda entrar en vigor antes de finales de año. Pero, efectivamente,
hay un vacío en varias cuestiones, como es el caso de sus plazos de
prescripción o de los procesos transfronterizos, que es necesario
regular.
Tenemos un problema respecto de cómo debatimos las leyes en esta Cámara, y
no solamente con este proyecto de ley o con este real decreto que hoy
convalidamos, y al que mi grupo parlamentario dará su voto favorable,
sino que hay otros proyectos de ley cuya tramitación es totalmente
incomprensible para cualquiera. Hablo, por ejemplo, del Estatuto de
Autonomía valenciano, cuya admisión a trámite se ha debatido por tres
veces en esta Cámara, ¡por tres veces se ha admitido a trámite!, que
lleva paralizado desde el año 2016, en el que se ha ampliado el plazo de
enmiendas no sé cuantas veces, se cerró el plazo de enmiendas y ahora
resulta que estamos pendientes de que la Presidencia de la Cámara y la
Mesa -a la cual ruego que a la mayor celeridad posible adopte el acuerdo
correspondiente- interpreten que esta reforma del Estatuto de Autonomía
valenciano tiene que entrar por la vía de los del 151 y no por la vía
ordinaria, que fue la que originalmente preveía para ello el Reglamento
de la Cámara. O qué decir de la Ley mordaza, que también lleva esperando
desde hace no sé cuánto tiempo y respecto de la que se ha cometido hasta
el esperpento de convocar la ponencia a principios de este mes de
septiembre y desconvocarla no sé si veinticuatro horas después o pocas
horas después, sin que todavía tengamos la convocatoria de la ponencia,
que tiene que hacer el presidente de la Comisión de Interior, para
debatir sobre la Ley mordaza.
¿Responsabilidades de esta falta legislativa de una Cámara, de unas Cortes
Generales, que solamente ha sido capaz de sacar diecinueve textos de
leyes ordinarias en tres años y tres textos de leyes orgánicas? Pues
repártanse las responsabilidades con cariño y con cuidado, sobre todo
porque esta Cámara no la gobernamos entre todos, la gobierna una Mesa que
tiene una composición determinada entre dos grupos que tienen la mayoría
para decidir en última instancia sobre la regulación y el impulso del
proceso legislativo; un proceso legislativo que, ya digo, es más bien
parco en esta legislatura. Apliquémonos no solamente a los Gobiernos que
han retrasado la entrada en esta Cámara de los proyectos de ley
correspondientes sino también a los grupos que gobiernan esta Cámara,
véase el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, los
retrasos legislativos. Mientras tanto, nos dedicamos a hablar de
proposiciones no de ley que tienen poca utilidad o, en el peor de los
casos, nos dedicamos a cercenar la capacidad que tiene esta Cámara de
control del Gobierno o del control de la jefatura del Estado, como se
acaba de hacer hace pocos días, vetando la iniciativa de nuestro grupo
parlamentario para investigar no ya la circunstancia del actual jefe del
Estado, del actual Rey, sino del anterior jefe del Estado, el exrey,
respecto al cual, en teoría, ya no debería preocupar en tanta medida a
esta Cámara, o por lo menos a los grupos que han vetado esa proposición,
entrar a investigar qué ha hecho o ha dejado de hacer con el patrimonio
que tiene en España o tiene en el extranjero.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este
real decreto pero, desde luego, también insta a la Cámara a mejorar la
cantidad de textos legales que somos capaces de hacer. No es que se
trabaje poco pero, sin duda, no trabajamos todo lo bien que deberíamos
trabajar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sixto
Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rallo
Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, las razones hoy
expuestas desde esta tribuna por la ministra de Justicia justifican de
forma incontestable la urgencia y necesidad del Decreto-ley 5/2018. El
Grupo Socialista suma su voto positivo a su convalidación y celebra el
amplio respaldo anunciado por los grupos parlamentarios.
No queremos hurgar más de lo necesario en las razones que han obligado al
Gobierno a aprobar este decreto-ley pero, en aras a la verdad, hay que
recordar que su causa última radica en la tardanza del Gobierno del
Partido Popular en presentar el proyecto de ley de protección de datos,
hoy objeto de tramitación parlamentaria. Así lo denunciamos en febrero en
el debate de totalidad, ya que el reglamento europeo fue aprobado en
abril de 2016, España debía aprobar su ley de adaptación antes del 25
mayo de este año, por tanto, dos años de carencia, pero el Gobierno del
Partido Popular no remitió a esta Cámara el proyecto de ley hasta
noviembre de 2017. Dieciocho meses malgastados. Apenas cinco meses para
aprobar una ley orgánica a todas luces imposible si atendemos a su
obligada tramitación bicameral y a las enmiendas presentadas, ni más ni
menos que casi cuatrocientas enmiendas parciales. Repito, no es
intención de este grupo mirar hoy al pasado, sino más bien celebrar la
voluntad inequívoca de los grupos parlamentarios favorable a impulsar
decididamente la tramitación del proyecto de ley y a convalidar hoy el
presente decreto.
La aprobación de este decreto-ley era indispensable y no admitía demora.
La entrada en vigor del reglamento europeo y de su régimen sancionador el
pasado 25 de mayo creaba en nuestro país un riesgo de impunidad que no
nos podíamos permitir. La aplicación de nuestro procedimiento
administrativo sancionador sin adaptarlo a las singularidades del
reglamento europeo amenazaba con provocar un indeseado espacio de
impunidad. Como bien ha expuesto hoy aquí la ministra, la compleja,
prolija y dilatada tramitación de procedimientos transfronterizos exigía
una inmediata adecuación de nuestras normas administrativas. En
particular, la ausencia de reglas específicas sobre prescripción de
infracciones y sanciones aventuraba que estos procedimientos no
culminaran en tiempo y forma y quedaran impunes. No podíamos mirar hacia
otro lado y permitir que las vulneraciones del reglamento corrieran el
riesgo de no tener la reacción punitiva que merecen. Todo ello en aras de
la seguridad jurídica y de la protección de un derecho fundamental, el
derecho fundamental a la protección de datos, y también en aras de
preservar el prestigio consolidado durante décadas por nuestro país en la
vanguardia y liderazgo en la protección de datos personales en Europa.
Este decreto-ley no ha ido más lejos de lo indispensable, y los ponentes
del proyecto de ley lo saben bien. Únicamente reproduce previsiones del
proyecto de ley que no fueron objeto de enmienda o, en su caso,
merecieron mínimas enmiendas parciales que gozan de amplio respaldo
parlamentario y, por supuesto, como no podía ser otra forma, no afecta a
aspectos vinculados al contenido esencial del derecho fundamental. Este
decreto se limita a regular aspectos indispensables del procedimiento
investigador y sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos,
la cual, por cierto, conviene recordarlo hoy aquí, desde su independencia
y mejor criterio técnico, ha animado la aprobación de este decreto-ley.
Y, señorías, como manifestación del escrupuloso respeto de este Gobierno
por la función legislativa de las Cortes Generales, hay que resaltar que
este decreto prevé su derogación cuando la ley que aprueben las Cortes
Generales llegue al Boletín Oficial del Estado.
Todo ello, entendemos, explica el mayoritario respaldo parlamentario a la
convalidación del decreto, a lo que hay que sumar, y queremos ponerlo en
valor, sin duda, la excelente disposición al acuerdo de los ponentes de
todos los grupos. Gracias a esa actitud, esta Cámara podría estar en
condiciones de culminar sus trabajos en las próximas semanas. Este
consenso podría posibilitar una mejora notable del proyecto de ley que
tuvo entrada en la Cámara el pasado noviembre, respetando el marco
europeo, sin excesos indeseados, incrementando la protección de menores,
garantizando la investigación médica, modernizando la estructura y
organización de la Agencia Española de Protección de Datos, preservando
con pulcritud la función de las autoridades autonómicas o prestigiando la
nueva figura del delegado de protección de datos. Podemos decir hoy aquí
que, si se confirman los acuerdos ya alcanzados por los grupos,
alumbraremos una nueva ley de protección de datos que responderá con
ambición y altura de miras a la trascendencia de las transformaciones
tecnológicas que envuelven la sociedad actual.
Y no solo reforzaremos el derecho fundamental a la protección de datos;
nuestro grupo celebra también la voluntad de buena parte de los grupos de
encarar los nuevos retos que la digitalización plantea. Estamos en
condiciones de cumplir el mandato de nuestra Constitución para garantizar
el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos frente a lo que el texto
constitucional denomina el uso de la informática y que hoy conocemos como
la realidad digital. Este Parlamento está en condiciones de consagrar un
sistema de garantía de derechos digitales que dé respuesta a los riesgos
y oportunidades que el mundo de las redes ofrece, que garantice la
efectividad de los derechos en Internet y que promueva la igualdad y
pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.
Termino, señora presidenta. Señorías, nuevos derechos digitales: derecho a
la desconexión laboral, derecho de acceso universal a Internet sin
brechas, derecho a la educación y formación digital, protección de
menores, derecho al olvido, derecho a la intimidad en el ámbito laboral,
derecho a la portabilidad, derecho al testamento digital, un reto
mayúsculo que el concierto, el acuerdo y el consenso de esta Cámara
pueden hacer posible.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rallo
Lombarte.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez
Vázquez.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos
días, señora ministra de Justicia.
Señorías, como saben, el Gobierno somete hoy al Pleno del Congreso de los
Diputados la convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de medidas
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia de protección de datos. Pues bien, les adelanto
que, en el caso de este decreto-ley, la posición del Grupo Parlamentario
Popular será favorable a la convalidación, y fundamentalmente por dos
motivos. En primer lugar -y esto sí que es algo excepcional-, porque
entendemos que en este caso -insisto, algo excepcional- sí concurren las
razones de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de
nuestra Constitución. Fíjense, a la vista del uso -o más bien del abuso-
que el Gobierno realiza de un instrumento excepcional, como es el
decreto-ley, a la vista del flagrante incumplimiento de sus límites
constitucionales en muchos otros casos que sus señorías conocen muy bien,
este decreto-ley es, desde luego, una rara excepción en un panorama
desolador de falta de respeto a los procedimientos constitucionales. En
segundo lugar, apoyaremos la convalidación de este decreto-ley porque,
sinceramente, a nosotros sí que nos preocupa y nos parece importante esta
materia de la protección de los derechos en el ámbito del uso de los
datos, y digo esto porque en las intervenciones de los portavoces de
otros grupos parlamentarios se ha hablado de todo, se ha hablado hasta de
la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha hablado del Estatuto de Autonomía de
Valencia. Bueno, a lo mejor es que ustedes no tienen nada que decir sobre
esta materia, pero nosotros sí, a nosotros nos parece que esta es una
materia que constituye uno de los ámbitos en los que nos jugamos mucho
del estatuto de derechos de la ciudadanía del siglo XXI y nos jugamos
mucho de la adaptación de esos viejos derechos fundamentales a nuevas
agresiones y amenazas.
Fíjense, uno de los padres de Internet, Tim Berners-Lee, premio Príncipe
de Asturias en el año 2002, decía en el año 2011 que los datos serían la
nueva materia prima del siglo XXI, y creo que con ello describía de
alguna manera el rumbo hacia el que caminaban nuestras sociedades. Pues
bien, siendo eso cierto, también es verdad que de manera exponencial
crecen las amenazas y crecen los riesgos. Hoy se puede sostener en
algunos estudios que en el año 2021 el 25 % de los datos personales de
todo el mundo estarán comprometidos. En esta sociedad digital los
ciudadanos se exponen cada día a usos fraudulentos, a usos indebidos de
sus datos personales, a intolerables intromisiones en espacios de
intimidad y privacidad que necesitan ser protegidos por procedimientos
adecuados a la magnitud de las amenazas. Por eso el régimen jurídico de
la protección de datos personales es ante todo una fuente de derechos
para los ciudadanos y por eso es una prioridad para el Grupo
Parlamentario Popular. Con arreglo a esa prioridad hemos actuado siempre
y con ese mismo sentido de la responsabilidad institucional daremos
nuestro apoyo a este decreto-ley, aunque evidentemente somos conscientes
de que la legislación de urgencia no es el instrumento óptimo en esta
materia y que lo que deberíamos hacer es finalizar la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley.
No puedo negar que se está forjando un amplio consenso entre los grupos
parlamentarios sobre la materia, lo cual es muy saludable, pero no puedo
compartir las acusaciones que se han hecho al Gobierno del Partido
Popular, que no puede ser siempre la explicación de que llevemos diez
meses con el proyecto de ley en esta Cámara y no lo hayamos aprobado; no
podemos estar siempre remitiéndonos al momento de la presentación de este
proyecto de ley, que también tiene suficientes explicaciones que sus
señorías conocen muy bien. No puedo dejar de señalar en este punto que la
tramitación del proyecto de ley habría sido mucho más ágil si nos
hubiésemos limitado a la materia verdaderamente concernida en la
presentación de enmiendas, es decir, al régimen de protección de datos
personales, y si no se hubiese aprovechado esta iniciativa legislativa
para regular cuestiones que son completamente ajenas a la protección de
datos, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista al introducir un nuevo
título sobre una cuestión que no tiene nada que ver con el régimen de
protección de los datos personales. Puedo estar de acuerdo en que sea
necesario mejorar la protección de los ciudadanos en la sociedad digital
-es verdad, a lo mejor hay que regular nuevos contenidos y nuevos
derechos-, pero creo que es un profundo error hacerlo en un proyecto de
ley en el que resultaba muy fácil delimitar, en torno a la protección de
datos personales, su contenido y, de este modo, agilizar su tramitación.
Señor Rallo, usted sabe bien que la inclusión de contenidos extraños al
objeto de la iniciativa es un ejemplo de mala técnica legislativa y que
además ha generado un lamentable retraso en la tramitación del proyecto
de ley, que debe ser nuestra prioridad.
En todo caso, señorías, somos conscientes de que desde el pasado 25 de
mayo es directamente aplicable en España el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea, lo que supone una importante
modificación de la normativa anterior que tiene consecuencias para los
ciudadanos, para
los responsables y encargados del tratamiento de datos personales y para
los reguladores. Por razones elementales, esta materia ya no puede ser
regulada solo por las legislaciones nacionales, pues el tratamiento de
datos personales tiene dimensión transnacional y exige respuestas
uniformes y respuestas consensuadas de las organizaciones internacionales
y de las organizaciones regionales. El desarrollo de los derechos, el
régimen de las obligaciones y la intervención de las autoridades de
control en la materia ya no serán nunca solo derecho español, sino que se
rigen directamente por la norma europea que, por primera vez, desarrolla
un derecho fundamental, un derecho reconocido en el artículo 8 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 16
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 18.4
de nuestra Constitución.
El reglamento europeo es un auténtico cambio de paradigma en muchos
aspectos y eso exige una compleja adaptación de nuestra cultura jurídica
en aspectos tan relevantes como los procedimientos sancionadores. Pues
bien, dada la imposibilidad de concluir la tramitación del proyecto de
ley antes de la fecha de entrada en vigor del reglamento, fue la Agencia
Española de Protección de Datos la que propuso al Gobierno la necesidad
de aprobar este real decreto-ley, una norma con rango de ley, con
carácter extraordinario y urgente para permitir la adaptación al derecho
español del reglamento en cuestiones en las que esperar a la aprobación
de la nueva ley podría tener efectos perjudiciales. Entendemos, por
tanto, que esta es una norma que introduce seguridad jurídica, garantías
y una mejor protección de derechos, y con esas coordenadas, seguridad
jurídica, garantías y protección de derechos, el Grupo Parlamentario
Popular formará parte del consenso y de la solución.
Quiero terminar, señorías, transmitiendo desde esta tribuna el
reconocimiento de mi grupo parlamentario al trabajo que realizan los
profesionales de la Agencia Española de Protección de Datos, así como la
felicitación a todo el equipo que dirige Mar España por su labor diaria
en una materia esencial para garantizar los derechos de las personas en
la sociedad digital. De ellos es, en gran medida, el mérito de que esta
modificación de nuestra cultura jurídica en materia protección de datos
personales se realice de forma acertada. Su aportación ha sido decisiva
para orientar los trabajos de esta Cámara en la materia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez
Vázquez.
Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, tomo la palabra para expresar el agradecimiento del Gobierno por
el consenso encontrado en la convalidación de este decreto que otorga y
confiere seguridad jurídica y que además redunda en beneficio del derecho
de los ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora
ministra.
- REAL DECRETO-LEY 6/2018, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE
MEDIOS EN LA ATENCIÓN A ASILADOS Y REFUGIADOS. (Número de expediente
130/000033).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se
aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el
refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet
Lamaña): Muchas gracias, presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, subo a esta tribuna hoy para exponer
y presentar el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se
aprueba una oferta de empleo pública extraordinaria y adicional para el
refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, y que debe ser
objeto de convalidación -como todos ustedes saben- por esta Cámara, por
el Congreso de los Diputados. La trágica realidad que están viviendo
algunos países no tan lejanos, como Siria, Palestina y Ucrania, o algunos
Estados africanos, ha transformado en buena parte la realidad de los que
pretenden entrar España. Si el número de solicitantes de asilo y refugio
ha sido tradicionalmente residual en nuestro país,
en los últimos años esa situación ha cambiado y España se ha convertido en
una de las puertas de entrada a la Unión Europea para aquellos que
reclaman protección frente a la actuación de sus propios Gobiernos.
Nuestro deber y obligación como país democrático y de derecho es respetar
y defender las convenciones internacionales suscritas en materia de
derecho de asilo y de protección al refugiado. Nuestra Constitución
reconoce ese derecho a todas las personas en su artículo 13 e impone, por
tanto, a todos los poderes públicos hacer efectivo ese derecho. No se
trata de ampliar derechos o desarrollarlos; se trata estrictamente de
cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales.
Señorías, en 2016 se presentaron algo más de quince mil demandas de asilo.
En 2017 fueron el doble, más de treinta mil. Los medios de la
Administración, en cambio, fueron prácticamente los mismos, elevando las
ya considerables esperas en la tramitación de tales demandas. El ministro
del Interior lo adelantaba hace pocos días en su comparecencia ante la
Comisión de Interior: La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del
propio ministerio, sufre un retraso considerable en la tramitación de
peticiones, dado el incremento exponencial de solicitudes, y se prevé que
nos encontraremos a final de año con cincuenta mil expedientes pendientes
de resolver.
La Oficina de Asilo y Refugio necesitaba ya medios adicionales; el
extraordinario incremento de solicitudes del último año ha hecho que esa
situación resulte hoy por completo insostenible, con grave peligro para
los derechos antes citados. Es esta situación la que exigía una respuesta
que el Gobierno ha asumido mediante la aprobación, el pasado 27 de julio,
del Decreto-ley de oferta pública extraordinaria, que hoy se somete a la
consideración de esta Cámara. Quisiera insistir a sus señorías en el
carácter extraordinario de dicha situación y las necesidades que de ella
se derivan y en el importante retraso en la tramitación de las
solicitudes derivado del incremento de las peticiones presentadas.
Analizar y valorar adecuadamente las demandas de asilo exige suficientes
medios personales de la Administración, sin los cuales se pone en peligro
el derecho a la protección internacional de los solicitantes y también se
debilita la efectiva aplicación de nuestra normativa y la política
migratoria. Así lo vienen señalando reiteradamente las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en este ámbito, entre ellas, Intermon Oxfam,
Amnistía Internacional y muy especialmente aquellas que colaboran con la
Administración de modo más directo, como son Cruz Roja o CEAR.
Como bien saben sus señorías, dentro de la Administración General del
Estado corresponde al Ministerio del Interior la tramitación y resolución
de las solicitudes y al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, en coordinación con Interior, la acogida de dichos solicitantes
de asilo y refugiados con el apoyo de las organizaciones especializadas;
unas organizaciones que, a su vez, se coordinan en cada ámbito con las
administraciones autonómicas y locales que disponen de plazas de acogida
y ayudas. En consecuencia, las 323 plazas adicionales a las de oferta de
empleo público de este año, que se incorporan mediante este real decreto
ley, se distribuyen entre el Ministerio del Interior, con 231 plazas de
acceso por turno libre, y el Ministerio de Trabajo, con 92 plazas más por
turno libre. De este modo, se añade a la oferta de empleo público para el
ejercicio de 2018 una oferta extraordinaria para dotar adecuadamente este
conjunto de sectores que, como se ha expuesto, son clave en la necesidad
de mejorar el sistema de acogida para impulsarlo como un sistema justo,
integrador y eficiente.
Señorías, esta no es solo una medida del Gobierno, es también una medida
reclamada desde el tercer sector por la citadas organizaciones no
gubernamentales y avalada también por los sindicatos. Los tres sindicatos
más representativos en el ámbito de la Administración General del Estado,
es decir, CSIF, Comisiones Obreras y UGT, junto con CIGA, pactaron y
firmaron el paquete del que formaba parte este decreto-ley, que incluía
la propia aprobación de una oferta de empleo público para 2018
especialmente ambiciosa, algunas medidas de estabilización del empleo
público y la recuperación de la protección frente a situaciones de
incapacidad temporal. Me atrevo a decir que la medida que hoy se somete a
su aprobación es, asimismo, una medida que responde a la sensibilidad y a
la voluntad solidaria de la población española. Esperamos que cuente
también con el apoyo de toda la Cámara, pues en pocas ocasiones concurre
tan claramente como en este caso el carácter urgente y necesario de las
medidas a adoptar.
Señorías, la degradación de la situación de los derechos fundamentales en
países relativamente cercanos nos sitúa ante una responsabilidad que
queremos ejercer conjuntamente con el resto de Estados de la Unión
Europea. Creo que todo los grupos podemos estar de acuerdo en que cada
Estado de la Unión debe estar en condiciones de gestionar de modo eficaz
las peticiones que recibe. A ese exclusivo fin se dirige el decreto-ley
para cuya convalidación solicito hoy su voto, que no es sino cumplimiento
de nuestros compromisos internacionales, constitucionales y, si me
permiten, de la mínima solidaridad exigible a los países de la Unión
Europea.
Señorías, termino. La convocatoria extraordinaria de la oferta pública de
empleo de 2017 que presentó el Gobierno del presidente Rajoy contó con el
apoyo responsable del Grupo Socialista en esta Cámara. Me gustaría poder
agradecer hoy también a todos los grupos, incluido el Grupo Popular, ese
mismo apoyo responsable para una propuesta que es, a la par que una
opción del Gobierno, el cumplimiento de un mandato constitucional y la
respuesta a una especial sensibilidad de nuestra sociedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora
ministra.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días,
señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
El refuerzo de personal que plantea el Gobierno por la vía del real
decreto-ley trae de nuevo a la Cámara la política de migración sobre la
que la pasada semana se debatió por partida triple aquí en el Congreso de
los Diputados, primero en la Diputación Permanente y posteriormente en
las comparecencias del ministro del Interior y de la ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, un asunto sin duda fundamental, capital,
para nuestro país.
La denominada presión migratoria ha tenido en lo que va de año, y
particularmente durante este verano, episodios lo suficientemente
expresivos y significativos que justifican la adopción de medidas
extraordinarias para el refuerzo de medios humanos en la atención a
asilados y refugiados. La convalidación de este real decreto-ley, que
apoyaré con mi voto, no puede ocultar, sin embargo, el desbarajuste de la
política migratoria de este Gobierno a lo largo de estos tres meses y
pico de gestión, porque, señora ministra, no tiene nada que ver la
herencia recibida a la que apela el propio texto del real decreto-ley con
el episodio de marketing político protagonizado por el presidente del
Gobierno autorizando por razones humanitarias y en aplicación del derecho
internacional la entrada en el puerto de Valencia del barco Aquarius
cargado de náufragos, para negársela dos meses después pese a que estaba
más próximo a las costas españolas. Por lo visto, el derecho
internacional ya no le convenía al señor Sánchez, que para entonces ya
había acordado con el presidente francés, señor Macron, la propuesta de
centros controlados para confinar migrantes, algo que no pocos juristas y
expertos han calificado de ilegal. Hay un creciente tráfico de seres
humanos hacia España y la proliferación de mafias no augura tiempos
mejores, a la vista de los volantazos del Gobierno. En todo caso, como
dije antes, apoyaré la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García
de Jalón. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia).
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Anunciaré, en primer lugar, el sentido de nuestro voto. Nos vamos a
abstener no porque la medida sea negativa, sino porque creemos que es
claramente insuficiente. Creo que para entender esta cuestión que
planteamos lo primero que hay que hacer es responder a una cuestión:
¿todas las denegaciones de asilo o del estatus de refugiado en el Estado
español se han debido únicamente a la falta de personal o a una lectura
restrictiva de la condición de refugiado y del derecho de asilo? Creemos
que es realmente esta segunda la que ha hecho que se denegaran tantos
permisos. Nosotros y nosotras estamos más de acuerdo con definiciones más
actuales porque creemos que se trata de ampliar derechos -a diferencia de
la ministra- y de desarrollarlos. Definiciones como las que hacían, por
ejemplo, Raquel Celis o Xabier Aierdi, dos vascos que decían algo así
como que el desplazamiento forzado sería el cambio involuntario del lugar
de residencia de una persona o grupo de personas viéndose obligadas a
huir como consecuencia de una violación grave o sostenida y sistemática
de los derechos humanos -incluidos los civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales- o una violación masiva de los derechos humanos, la
violencia generalizada, conflictos armados, catástrofes y desastres
naturales o provocadas por el ser humano y la implementación de proyectos
de desarrollo a gran escala. Pero también decían que se considera
desplazamiento forzado el que sufren las personas que han migrado por
cualquier otra causa pero se encuentran en riesgo de sufrir torturas o
tratos inhumanos o degradantes en caso de ser devueltas a sus
países de origen o a terceros países. No fue la falta de personal la que
hizo que todas las personas devueltas en caliente hace escasos días en la
valla de Melilla fueran rechazadas porque no cumplieran esa condición,
sino porque ni siquiera se planteó estudiar si podían cumplir con el
derecho de asilo o con el estatus de refugiado.
Creemos que hay medidas de fondo que se podrían implementar con mayor
celeridad y que serían más importantes, por ejemplo, el progresivo cese
de la industria militar o que el Estado español controle y obligue a las
empresas trasnacionales, fondos de inversiones y corporaciones
especulativas, a someter su actividad al estricto cumplimiento del
derecho internacional de los derechos humanos, o que los acuerdos y
tratados de comercio e inversiones que avala el Estado español respeten
el derecho internacional de los derechos humanos, el del trabajo, el
derecho internacional ambiental, el de la soberanía de los pueblos o los
derechos de los campesinos y campesinas.
Finalizo ya. Probablemente así, con estas medidas, junto con esta que ha
planteado pero con otras mucho más ambiciosas, se acabaría con esos
discursos perversos que lanza la extrema derecha y que alientan la
xenofobia, que hablan del efecto llamada; un efecto que, en todo caso, de
haberse producido el fantasma del efecto llamada, se hubiera producido
hace bastantes siglos, durante la colonización y durante el expolio
sistemático al que han venido siendo sometidos esos países.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora ministra, señorías, en marzo de 1939
miles de personas salieron de los puertos de Valencia y de Alacant en
dirección a Orán, Argelia, huyendo de la brutal represión desatada por
ese dictador sanguinario cuyos restos aún reposan en un espacio público,
con una pompa impropia de un Estado democrático. Las personas que
llegaron allá fueron internadas por las autoridades francesas en malas
condiciones y muchos de ellos encontraron la muerte a causa de torturas y
de trabajos forzados. Pero apareció una persona benéfica, una ciudadana
francesa de edad avanzada, madam Martínez, con ascendientes españoles,
que se dedicó, por oficio de piedad, a identificar a todos aquellos
llegados que se apellidaban como ella para conseguir que les fueran
entregados, con el argumento falso de que se trababa de familiares suyos.
Y, ya ven, esta triquiñuela consiguió que muchas personas eludieran un
destino trágico, pero la mayoría, desgraciadamente, no. Y esta pequeña
historia, como otras muchas, nos ilustra sobre la necesidad de reconocer
la importancia de la solidaridad privada, de la solidaridad de los
particulares en situaciones dramáticas, pero también la necesidad de que
el Estado, los poderes públicos, asuman plenamente, como una dimensión
propia, la gestión de los flujos de refugiados, porque esta es una
exigencia que deriva del cumplimiento de los derechos humanos. Entendemos
que este decreto-ley va en esa dirección y por eso Compromís lo apoyará.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna y una
semana más les debo recordar que existen nueve personas que están en
prisión por motivos políticos y con carácter preventivo, y que esto no es
de recibo. (Aplausos).
Dicho esto, señora ministra, nosotros vamos a votar a favor de la
convalidación de este real decreto, porque entendemos que es necesario.
No sabemos si esta oferta pública extraordinaria adicional de 323 plazas
es suficiente, pero les damos la confianza, porque ustedes lo valoran así
y es necesario. El Ministerio del Interior reconocía que a 1 de julio
prácticamente había unos 50 000 expedientes pendientes de resolución y
que la capacidad ordinaria de resolución viene a ser de unos 15 000.
Entendemos que no es de recibo que en pleno siglo XXI en el corazón de
Europa tengamos este stock de expedientes pendientes de resolución en
peticiones de asilo, y se debe solventar. Ustedes van a tener nuestra
confianza, van a tener nuestro voto a favor. Lo único que les avanzamos
es que dentro de unos meses vamos a pedir cuentas al Ministerio del
Interior, y a exigir que nos presenten cómo va la evolución de la gestión
de estos expedientes, y entonces valoraremos si era suficiente o no. La
verdad es que es necesario y vamos a aprobarlo para que sea de aplicación
con carácter inmediato.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Se nos presenta a convalidación el Real Decreto-ley 6/2018 por el que se
aprueba una OP extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en
la atención a emigrantes y refugiados, que ya adelanto que el Grupo
Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco votará favorablemente. Se
aborda -decía- con carácter urgente y extraordinario el refuerzo de
recursos humanos de personal administrativo para hacer frente al
reconocimiento del derecho de asilo, de otras figuras análogas de
protección o a la acogida de refugiados por parte de la Administración
General del Estado, y que implica un incremento de personal en el
Ministerio del Interior de 231 nuevos empleados públicos y en el de
Trabajo y Migraciones de 92 empleados públicos, que se añaden a la OP de
2018 aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, y que se
convocarán por el procedimiento previsto para esa OP general.
Es sabido que el fenómeno de la emigración hacia la Unión Europea y hacia
el Estado es de naturaleza estructural. Se trata de migraciones o
llegadas, tanto irregulares como de solicitantes de asilo y de otras
figuras de protección internacional, y con los actuales recursos en
medios humanos y materiales la Administración General del Estado no
cubría ni las propias obligaciones del Estado ni las demandas de las
organizaciones sindicales de la Función pública, que reclamaban más
medios, ni las demandas de las organizaciones humanitarias ni lo
reclamado por esta misma Cámara. Tan es así que desde 2012 se ha
multiplicado por cinco el número de solicitantes de asilo, y a 1 de julio
de 2018 se encontraban pendientes de resolución 47 000 expedientes de
asilo, esperándose que para final de este año alcanzara la cifra de 67
000 expedientes pendientes, dado que como decía con los actuales medios
la capacidad anual de resolución de la OAR se cifraba en unos 15 000
expedientes año. A su vez hay que conocer que los expedientes de asilo y
refugio, en tanto se resuelven, dan origen a la gestión de acogida e
integración de sus solicitantes. Por su parte los reasentamientos en la
Unión y que afectan al Estado para el ejercicio 2018-2019 suponen un
compromiso que alcanza a los 2200 demandantes. Y en este punto quiero
recordar que España hasta el día de hoy solo ha reubicado a 866 personas
y ha reasentado solo a 418, de las más de 17 000 a las que se había
comprometido con la Unión Europea en el periodo actual 20182019. También
quiero recordar que en Grecia se encuentran 12 400 refugiados
identificados y pendientes de reubicación, y en Italia 2500 refugiados en
la misma situación, y un número muy elevado en Jordania, Líbano y
Turquía, todos ellos esperando reasentamiento. Todos estos contingentes y
los escasos recursos dispuestos por el Estado para absorberlos han dado
lugar, como decía, a un gran número de expedientes pendientes de
resolución, y a un alejamiento de la media europea en cuanto a
resoluciones cercana al 50 %.
El decreto-ley ahora debatido viene a paliar en parte estas carencias, y
por eso adelantaba al principio de mi intervención nuestro apoyo en lo
que supone una reforma de la OAR, sin desconocer por supuesto que los
fenómenos migratorios a los que nos enfrentamos son un drama complejo,
cuyo origen se encuentra en las guerras, en las vulneraciones de derechos
humanos, en la crisis climática, en crisis alimentarias y también en la
búsqueda de un futuro mejor. Este drama complejo -también es una
obviedad- ha llegado para quedarse y afecta a toda la Unión, por lo que
no caben abordajes unilaterales, sino en el marco de la Unión y de sus
políticas, tanto migratorias como de cooperación y desarrollo con los
países de origen y destino, lo cual no quita para que mientras tanto
dentro del Estado se aborde una política migratoria basada en la
legalidad, reglada y ordenada, responsable, respetuosa con los derechos
humanos y con los compromisos internacionales, cooperativa y
necesariamente sin discursos simplistas y alarmistas, y mucho menos que
se la use como arma arrojadiza o para exigir a otros lo que previamente
no se ha hecho y a sabiendas.
Quiero ya por último -y para finalizar, señor presidente- hacerme eco de
las demandas, de las medidas urgentes que el conjunto de organizaciones
humanitarias reclaman respecto a las personas migrantes y refugiadas, más
allá de demandar cambios en la OAR que en parte ya aborda este decreto
ley ahora debatido, y que se cifran en el establecimiento de protocolos
especiales de protección a los colectivos más vulnerables; en acordar
medidas alternativas a la privación de libertad en los CIE, recogidas en
la Ley de Extranjería, especialmente en casos en los que las
posibilidades de expulsión son altamente improbables; en la tramitación
de la modificación de la Ley de Extranjería respecto a los rechazos en
frontera; a sensibilizar respecto a las situaciones de desprotección y
vulneración de derechos; a no instrumentalizar las políticas de
desarrollo y cooperación bajo la lógica del control de flujos migratorios
por
encima de las vidas, y por último, a trabajar en la implementación de
políticas de integración, pues su falta está generando un incremento
indeseado de movimientos xenófobos y racistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la
señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nos parece importante reforzar los medios en
la atención a asilados y refugiados, solo que desde nuestro punto de
vista esos medios tendrían que corresponder al Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y no al Ministerio del Interior, pues
seguimos asociando el refugio con las devoluciones en caliente y no con
un sistema de acogida. En ese sentido se tendría que comenzar a estudiar
una modificación de la Ley de Asilo. También nos preocupa que en esta
medida estemos encubriendo un incremento del presupuesto al Ministerio
del Interior que no pone sus recursos administrativos y de
infraestructuras actuales en los refugiados, sino que los despilfarra en
Cataluña bajo excusa de inestabilidad social que todos sabemos que es
falsa, provocada por la ultraderecha y que solo se ve en los medios de
comunicación. Tampoco pensamos que los recursos económicos tengan que
acrecentarse en la burocracia del Estado mientras que los refugiados no
reciben más que recursos mínimos, se les otorga un pack de supervivencia
con una fruta, un cepillo de dientes y poco más, sin traductores o
intérpretes, sin abogados que los asesoren y sin personal médico
cualificado en la mayoría de los casos. Y después de cinco días se les
envía en buses a las grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao,
etcétera, sin ni siquiera avisar a las autoridades locales para que los
reciban como corresponde.
La atención a los refugiados no se puede acabar en la frontera, sino que
ha de partir de allí y seguir, pues después viene la parte más
importante, el trabajo de inclusión que no acaba hasta que todas las
personas culminan siendo ciudadanos iguales en derechos y deberes. Por
eso las comunidades autónomas y los ayuntamientos que soportan el grueso
de la atención a los refugiados también tendrían que recibir refuerzos
económicos y administrativos. Aquí no podemos dejar de recordar a nuestra
consellera Dolors Bassa, quien tanto trabajó por la acogida de los
refugiados y hoy es una de nuestras presas políticas. (Aplausos).
Exigimos al Gobierno que recupere el fondo de acogida e integración creado
en 2004, a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, y que,
primero, con la excusa de la crisis el Gobierno anterior del PSOE dejó en
mínimos, para que, luego, el Gobierno del Partido Popular se lo cargara.
Ahora tienen la posibilidad de volver a dotar adecuadamente este fondo,
tanto si se aprueban como si no los Presupuestos Generales del Estado
para 2019. Esquerra Republicana de Catalunya apoyará que se invierta en
medios, ya sean materiales o humanos, para mejorar y agilizar los
procedimientos, trámites y gestiones relacionados con los refugiados e
inmigrantes. Ahora, no entendemos y no consentimos que no se cumplan los
compromisos internacionales de acogida y refugio, y se expulse a porrazos
a los inmigrantes y a los refugiados en la frontera sur.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez
Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, quiero
recordar que en este país, en España, no hay presos políticos en nuestras
cárceles. (Aplausos).
Consideramos que este real decreto al que nos enfrentamos y debatimos hoy
es urgente y sí es necesario, es de los pocos reales decretos que no ha
sido un dedazo y que sí se corresponde a una necesidad real. La situación
global en el mundo, los distintos conflictos bélicos, los distintos
países con inestabilidad han hecho que el volumen de movimientos forzados
de la población hasta el momento se incremente de manera exponencial. La
falta de acción por parte de los Estados miembros de la Unión Europea
ante la crisis de refugiados, más la mala gestión de la crisis económica,
han hecho que resurjan en Europa movimientos nacionalistas y populistas
que, lejos de querer construir un lugar mejor, lo único que buscan es la
división.
Defendemos desde Ciudadanos, y siempre amparándonos en la defensa de los
derechos humanos, un enfoque común europeo ante las políticas de
emigración, más apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que están haciendo un trabajo en ocasiones
infradotado en las fronteras exteriores de la Unión Europea, más
cooperación con los países de tránsito, también más trabajo en los países
de origen -algo que nos parece indispensable-, y por supuesto dotar en
este caso de los recursos que sean necesarios para agilizar el
procedimiento de identificación de las solicitudes de asilo. Este último
real decreto, el que estamos debatiendo, tiene sentido y obedece a este
último punto, pero no basta si se habla de política de emigración. Y digo
esto porque el señor Sánchez, desde que llegó de cualquier manera a ser
presidente del Gobierno, dijo -palabras textuales-: Con este Gobierno no
ha llegado la inmigración, con este proyecto llega la política
migratoria. Pues bien, con este Gobierno no solo no ha llegado la
política migratoria, sino que lo que han llegado han sido, por un lado,
los bandazos ya que cada día dan una posición política totalmente
diferente; la falta de liderazgo ante la Unión Europea -España tiene
fronteras físicas al sur, aparte de toda nuestra costa-, ya que España
tendría que estar liderando el debate sobre la política común migratoria
en la Unión Europea y olvidarse de las fotos. ¿Por qué digo esto? Porque
incluso han recibido un tirón de orejas por intentar apropiarse de los
méritos del acuerdo conseguido entre Francia y Malta con la Unión
Europea, simplemente por esto de figurar.
Las fotos que nos ha brindado este Gobierno temporal han sido la de la
decisión del Aquarius, con un pomposo recibimiento, una decisión
necesaria en aquel momento, pero que no se puede tomar de manera
unilateral. Así se lo hizo saber, tanto el comisario europeo y la señora
Merkel como el señor Macron, diciéndoles que la política migratoria es
cosa de Europa y que las fotitos y las decisiones unilaterales van en
contra no solamente del atendimiento, sino también de los intereses de
todos los países miembros. Además dicha política de fotos ha puesto en
alerta a todas esas mafias que han decidido poner como ruta prioritaria a
España. Como ven no existe política migratoria común, el señor Sánchez
hemos dicho que es un presidente temporal, pero podríamos decir que se
trata del presidente ausente, porque salvo en aviones, en helicópteros,
en agendas dudosamente culturales, en Bolivia y en el acto que acabamos
de tener aquí, no ha venido a esta Cámara; ¡ha superado incluso al plasma
tan criticado del señor Rajoy! Porque ni siquiera habla ni se deja
preguntar. No sabemos si es por la falta de proyecto o si es porque la
improvisación continua de su Gobierno, en la que los distintos miembros,
incluso en el mismo día dan versiones diferentes, hace que ni siquiera
sepa defender el proyecto que tiene, si tiene alguno.
Con todas estas decisiones erráticas y los bandazos que da continuamente
este Gobierno temporal, el señor Sánchez ha dado alas al populismo del
señor Salvini y también a la ultraderecha, con distintos tuits
publicados, en los cuales apoyan las decisiones del señor Sánchez en
función de cómo se levante ese día. Tenemos que ser realistas y
diferenciar entre lo que son los refugiados y las personas que piden
asilo, entre la inmigración legal, que de manera ordenada es una
oportunidad para garantizar también nuestro Estado del Bienestar -que por
otra parte el señor Sánchez en su tuit oficial nombró a la inmigración
como la amenaza que teníamos, en lugar de verla como una migración
controlada, una migración legal, una migración ordenada, como la
oportunidad para garantizar nuestro Estado del Bienestar- y luego la
inmigración ilegal, la inmigración movida por mafias que ha hecho que
nuestras fronteras tengan un repunte en la tensión sin precedentes; que
hace que nuestros mares, nuestras costas se conviertan en grandes
cementerios de personas que exponen su vida por llegar a costas europeas,
movidas por mafias que se ven alentadas por la política de la foto, por
la política de las decisiones unilaterales, y sobre todo por la falta de
proyecto.
Esperamos, señora ministra, también de su Gobierno temporal, que este real
decreto no sea un intento para maquillar la falta de política migratoria
de su Gobierno. Esperamos que no sea fruto de la improvisación, porque sí
creemos que el decreto es necesario, pero si se acompaña también de
políticas migratorias tal como anunció el señor Sánchez, al cual no vemos
por aquí desde hace mucho tiempo, salvo en actos y como ya he dicho en
fotos y en redes sociales. Distintas organizaciones internacionales como
ACNUR, la Organización Internacional de Inmigración o CEAR han dado datos
récord sobre la crisis de refugiados, y no solamente por la llegada a
Europa, sino también datos específicos de la llegada a España. La
política de las fotos no solo ha alentado a las mafias, la lenta
burocracia de nuestro país y la falta de medios -por eso justificamos
este real decreto- han hecho que los procesos para definir si a alguien
se le concede el asilo o no se dilaten tanto que tenemos nuestros CIE
desbordados. CEAR además ha alertado de que este año se batirá el récord
en peticiones de asilo a España, no solamente procedentes de Siria,
Palestina o distintos países en conflicto, sino también de ciudadanos
venezolanos, porque allí se está sufriendo un éxodo masivo por sus
políticas, las cuales su socio preferente y su ministro de Hacienda
encubierto -ya saben, con esa podemización de la economía- están
intentando
hacer proliferar. Le aseguro que ni el señor Albert Rivera ni este grupo
parlamentario van a permitir que haya ningún tinte de las políticas
avaladas en Venezuela en nuestro país, se lo puedo asegurar.
Por todo esto consideramos pertinente este real decreto. Nos gustaría que
lo acompañara de política migratoria real también. Estamos ante un gran
reto para la Unión Europea. Menos fotos, por favor, y más liderazgo.
Vengan a la tribuna y explíquennos qué es lo que quieren hacer, y sobre
todo piensen que esto es un reto común, que no es un reto del señor
Sánchez, de ese presidente que ni está ni se le espera tampoco; bueno,
quizá por redes sociales sí. Pero lo que está claro es que es un
compromiso de todos. Tenemos la oportunidad de liderar esto en Europa con
menos fotos y con más política real. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Expósito Prieto.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, buenos días. Nos tiene perplejos; hemos leído la
motivación de su real decreto-ley y estamos de acuerdo al cien por cien.
Se lo resumo para que lo recordemos: en los últimos años los movimientos
forzados de población han alcanzado cotas nunca antes registradas. El
incremento en materia de refugiados ha provocado un gran volumen
creciente de solicitudes de asilo, que hacen de urgente necesidad la
mejora de dotación de estos servicios para su normal funcionamiento,
coordinado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Efectivamente la situación requiere de
mejoras y actuaciones urgentes, pero si esto es así, nos sorprende que
las medidas que proponen a esta Cámara se limiten a haber presentado
apenas esta convocatoria de plazas. Nos parece inconcebible que, a la
vista de la situación y con la que ha caído durante el verano -también
con los arrojadores de gasolina al fuego, que después acusan al Gobierno
de darle alas a Salvini-, no acometan ustedes un plan integral para
reformar el conjunto de las políticas migratorias que hemos heredado de
la derecha, y mejorar un sistema de acogida que está en situación de
colapso. Y discúlpeme, porque seguramente hoy se va a llevar usted
críticas que le corresponden al conjunto del Gobierno, porque el problema
es que su Gobierno apenas dibuja con la mano izquierda lo que ya está
borrando con la mano derecha, y subrayo lo de derecha, que no es
solamente una metáfora, y le doy a usted un ejemplo: abren por la
izquierda el puerto de Valencia para recibir al buque de rescate Aquarius
y por la derecha el ministro Ábalos afirma que se trata de una medida
puntual de carácter humanitario, como si los puertos fueran del ministro
y le estuviera haciendo un favor a alguien. Lean ustedes precisamente al
catedrático valenciano Javier de Lucas, que es una autoridad europea en
la materia, que les viene recordando, en un artículo tras otro desde hace
muchísimos meses, cuántos son los convenios internacionales de derechos
humanos que nos obligan -porque son de obligado cumplimiento- a abrir los
puertos seguros para los buques de rescate en el Mediterráneo. Le voy a
dar otro ejemplo: el ministro Grande-Marlaska, mintiendo por omisión en
esta Cámara en su primera comparecencia parlamentaria. Creo que una cosa
tan gorda no la había hecho en esta Cámara ni el ministro Zoido, que ya
es decir, porque el 4 de julio pasado habló, habló y habló durante horas
en la Comisión de Interior, y no informó de que a la mañana siguiente a
primera hora daría una rueda de prensa en Algeciras anunciando la
construcción de un centro de acogida de inmigrantes, del cual no sabemos
todavía si acogida significa internamiento, en el lenguaje de un ministro
que ha llamado en sede parlamentaria organización criminal a más de un
centenar de inmigrantes a quienes ha expulsado de manera sumarísima,
sabiendo ustedes como saben bien en qué condiciones están llegando los
inmigrantes a nuestras costas; señora ministra, ¡por el amor de Dios!
¿Han leído ustedes el manifiesto de medio centenar de organizaciones
sociales contra las devoluciones en caliente que su Gobierno sigue
practicando? Está firmado por SOS Racismo, Cáritas Española, Centro
Pastoral San Carlos Borromeo, Ecologistas en Acción, Entrepueblos,
Servicio Jesuita a Migrantes, Valencia Acoge, Iridia... Le voy a ahorrar
leerle las otras cuarenta que le exigen literalmente un cambio en la
política migratoria. La motivación de su real decreto-ley nos informa de
que lo han elaborado en diálogo con los sindicatos; eso está fenomenal.
¿Se van a reunir también, por favor, con estas cincuenta organizaciones
para afrontar el conjunto de la situación, más allá de esta contratación
de personal de refuerzo, para el sistema de acogida que hoy estamos
votando? El Saier, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y
Refugiados, del Ayuntamiento de Barcelona, ofreció un balance de su
gestión el pasado mes de julio, y afirma haber atendido en apenas siete
meses del año en curso a 12 621 personas, de las cuales 4567 eran
potenciales solicitantes de asilo. Dice el Saier que se trata de un
incremento
del 74 % respecto de julio del año 2017, y ha declarado también que
durante el verano han estado llegando a la ciudad de Barcelona -y seguro
que no es un caso aislado- autobuses de personas migrantes llegadas a las
costas andaluzas. Son autobuses enviados por el Estado sin ningún tipo de
planificación que permita a los municipios anticiparse a las necesidades
de acogida o de tránsito de estas personas. Esto es solo una muestra del
estado de descoordinación de las administraciones públicas en materia de
acogida, y es su Gobierno el principal responsable de esta
descoordinación, señora ministra.
Si no le parece mal, yo le voy a proponer a usted un trato. Hoy se lleva
de esta Cámara nuestro sí, llamémosle poco entusiasta, pero a cambio, si
no le molesta, se va a llevar también otras dos cosas. Yo le voy a dar la
primera: una carpeta que tengo aquí con dos documentos. Un documento es
la tabla de once peticiones donde planteo el encierro contra el racismo y
por los derechos de las personas migrantes y refugiadas que ha tenido
lugar durante varios meses en la ciudad de Barcelona. El otro documento
es un conjunto de propuestas en materia de inmigración, asilo y
extranjería que ha enviado ya a su Gobierno, sin tener respuesta, el
Ayuntamiento de Barcelona. Estas últimas son propuestas que están basadas
en la experiencia de la red de ciudades refugio de todo el Estado, que
llevan casi dos años reclamando al Gobierno central que se coordine con
los municipios de acogida, con las ciudades refugio, y están solicitando
un plan integral que reformule políticas migratorias y que reformule el
sistema de acogida. Algunas ciudades importantes de esta red por cierto
están gobernadas por el Partido Socialista; seguramente las tienen
ustedes contentas. Si no le parece mal, entonces, se lleva nuestro sí
matizado y se lleva estos documentos para que los valoren en los
ministerios correspondientes, y si hace falta nosotros nos ofrecemos
cordialmente como mediadores o colaboradores para que se celebren las
reuniones que no solo a nosotros, sino a muchos municipios y
organizaciones sociales, les parece que son ya más que urgentes. Por
favor, escuchen, reúnanse y no sigan haciéndonos un Rajoy. (Aplausos).
Lo segundo que le pido es que, por favor -y ya acabo-, se lleve un recado
a quien corresponda de su Consejo de Ministras. Gobernar en temas tan
delicados a golpe de encuesta, como si se estuviera solamente en campaña
electoral, resulta muy peligroso. Seguramente alguien manejará informes
según los cuales a su Gobierno le debe parecer adecuado competir con
nuestros imitadores castizos de Salvini -que tenemos unos cuantos-, y eso
significa, señora ministra, no solamente poner en peligro centenares de
vidas humanas y destrozar la legalidad internacional, sino que significa
también que están ustedes renunciando a ejercer una pedagogía social a
través de las políticas públicas. Sean sensatas, por favor, en este
asunto, afronten con rigor una mayor coordinación en materia de acogida y
restituyan la legalidad a las políticas migratorias.
Ya acabo. Lo cierto es que, en contra de lo que seguramente dicen las
encuestas, que alguien en su Gobierno maneja, existe una parte importante
de la sociedad civil que está sosteniendo a este país como un país de
acogida, y esta misma sociedad civil, señora ministra, empieza a perder
la paciencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Expósito.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano
Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme manifestar, en primer lugar, mi alegría porque en
esta Cámara se hable de empleo público, porque parece que estamos
hablando de otra cuestión, y en realidad estamos hablando de empleo
público. El Gobierno anterior pocas veces nos permitió saborear o valorar
una oferta ordinaria de empleo público mediante un debate serio y
razonable, y si no saboreamos una oferta ordinaria, mucho menos una
extraordinaria. Cuando se produjo ese debate, se produjo a consecuencia
del trabajo de los sindicatos de Función pública y de los empleados
públicos, que continuamente demandaban al Gobierno anterior que
abandonara la raquítica política aplicada por su Gobierno, por el
Gobierno de Rajoy, en esta materia.
No se prodigó en exceso, como digo, el Gobierno del PP en ofertas de
empleo público y fuimos muchos, bien lo sabe el Grupo Parlamentario
Socialista, quienes nos quejábamos entonces de la pérdida de calidad de
los servicios públicos como consecuencia de la merma de recursos humanos.
De poco sirvieron las proposiciones no de ley, las iniciativas promovidas
por este y por otros grupos y de poco sirvieron los lamentos y las quejas
procedentes de otras administraciones o de los propios empleados públicos
a través de los sindicatos, los cuales en muy pocas ocasiones fueron
convocados por el señor Montoro, tan solo en los dos últimos años tendió
la mano al acuerdo con los sindicatos representativos de la Función
pública, más por necesidad que por convicción. La estrategia del Partido
Popular era clara en
ese sentido: dejemos desfallecer por sí solos a los servicios públicos.
Bastaba con la excusa de la crisis y la política de austeridad para
aplicar todo tipo de recortes al empleado público y culpar al conjunto de
la Administración pública de todos los males de este mundo, así se
justificaba la acelerada pérdida de empleos públicos y la no reposición
de los mismos y, por tanto, la extremada precariedad de algunos servicios
públicos que han mantenido a pulmón muchos empleados públicos porque al
Gobierno no le importaba dejarles agonizar por inanición. Por suerte,
señorías, aquellos pasajes de la historia reciente de este país poco a
poco van quedando atrás; ahora el debate es bien distinto, ahora se habla
en el Congreso, por fin, de oferta extraordinaria de empleo público y no
de congelación de oferta de empleo público o de tasa de reposición. El
matiz lo cambia todo. Ahora, por fin, se habla de un Gobierno que cree en
los servicios públicos y no de un Gobierno como el anterior, que decía
que no a todo amparándose en la excusa de la crisis o de la supuesta
crisis, que digo yo que existió, no estoy diciendo que no, pero que
también se escudaba en ella para imponer de una manera burda su
ideología.
Por estas razones, señora ministra, usted y su Gobierno tienen el respaldo
del Grupo Parlamentario Socialista en la convalidación de este decreto,
como digo, un decreto-ley que habla de empleo público y aprueba una
oferta extraordinaria y adicional de empleo público para el refuerzo de
los medios de atención a asilados y refugiados. El objetivo de esta
oferta de empleo público extraordinaria así lo requiere. Los flujos
migratorios que se dan a escala mundial requieren en estos momentos de
Gobiernos responsables y el Gobierno de España, el de Pedro Sánchez,
demuestra serlo, entre otras medidas, con esta, con la aprobación de 323
plazas adicionales previstas en la oferta de empleo público y destinadas
exclusivamente a servicios relacionados con personas que llegan hasta
nuestra frontera en situaciones precarias.
Señorías, todos conocen los datos publicados por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados. Solo en 2017 hubo 16,2 millones
de ciudadanos convertidos en migrantes de manera forzada, una tendencia
que viene al alza a consecuencia fundamentalmente de conflictos
militares. Para el caso de España, el número de personas que traspasan
nuestras fronteras en busca de una tierra segura y de una vida sin
peligros ni amenazas también ha ido creciendo en los últimos años, hasta
el punto de que en los últimos meses, en el último año me atrevería a
decir, España se ha convertido en puerto de acogida para miles de
personas, recogiendo así nuestro país el relevo de otra zona europea
donde años atrás la presión migratoria era mucho más visible. Hay un dato
revelador que atestigua el incremento de personas desplazadas venidas de
otros países y de otros continentes con una petición de asilo y refugio
tras su historia personal. En el año 2012 la Secretaría General de
Protección Internacional recibió 6816 expedientes y en el año 2017 el
número fue de 40 415 expedientes. Solo en los primeros cuatro meses de
este año 2018 el número de expedientes tramitados se eleva a 14 040
expedientes. A nadie se le escapa la evolución que se ha registrado en
nuestro país en cuanto al número de solicitantes de protección
internacional, por tanto necesitamos estar a la altura y qué menos que
hacerlo con una dotación decente de empleados públicos al frente de estos
servicios. Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno anterior,
sabiendo la situación que había, no fuera capaz de prever la necesidad de
dotar a estos centros de más personal, porque ya se daba en este país un
aumento en la llegada de personas que huían del hambre, de situaciones de
conflicto en sus países de origen y de vulneraciones de derechos humanos.
Durante los años 2016 y 2017 se vino produciendo un incremento llamativo
de la presión migratoria. En ese periodo se llegó a cifras históricas de
solicitudes de asilo, que se duplicaron; se produjo un aumento de los
flujos migratorios del 170 % entre los años 2016 y 2017. Por tanto, el
Gobierno del Partido Popular ya conocía que el cierre de otras rutas
migratorias implicaría un aumento de la llegada de personas a nuestras
costas; incluso la estrategia de seguridad nacional que aprobó el Partido
Popular en el año 2013 advertía de esta realidad. Además, en marzo del
año 2018 el exministro Zoido explicó a las distintas comunidades cómo se
incrementarían los flujos migratorios. Pues el Partido Popular no hizo
nada para remediar la situación a pesar de estar demandándolo numerosas
organizaciones humanitarias, los propios afectados y, por supuesto, los
empleados públicos de dichos centros, que veían cómo era imposible
resolver con los medios humanos que tenían las numerosas solicitudes que
se presentaban.
Por tanto, señorías -y finalizo-, creo que está más que justificada la
oferta extraordinaria de empleo público. Es necesario reforzar los
servicios públicos y dotarlos de los medios materiales y personales
necesarios para que sean servicios públicos de calidad, para generar
empleo y para atender en estos momentos a una problemática que no ha
creado este Gobierno; al contrario, este Gobierno lo que precisamente
está articulando es una política migratoria ante la inexistencia de la
misma con el Gobierno anterior. Por todas estas razones y por muchas
otras que por cuestión de tiempo no expondré votaremos a favor, pero
también me congratulo de que la mayoría -creo que casi todos los grupos
que componen
esta Cámara- voten a favor, porque lo que sí les digo a las fuerzas
políticas es que en este tema tenemos que estar a la altura y mirar por
lo que necesitan nuestros servicios y nuestros empleados públicos para
prestar esos servicios públicos de calidad a los ciudadanos y ciudadanas
que lo necesiten.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la
señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.
Nos presentan hoy la convalidación de este real decreto-ley que recoge la
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el año 2018 y,
señorías, señora ministra, debo decirles que no nos han defraudado ya que
esta oferta de empleo es coherente y se ajusta en su totalidad al modelo
de Gobierno que ha sido implantado por el señor Sánchez el pasado mes de
junio.
En el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio se aprobó la oferta
ordinaria y la extraordinaria de empleo público para el año 2018, y de
los datos se desprende de nuevo la falta de compromiso del Partido
Socialista Obrero Español con los empleados públicos, empleados públicos
que, no debemos olvidarlo, sostienen los servicios públicos. Los
empleados públicos no olvidamos lo que nos hizo el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero y vemos que ustedes están volviendo a las andadas.
(Aplausos). La tan anunciada oferta de empleo público para 2018,
calificada como la mayor desde 2008, no es el resultado de su trabajo,
señora ministra, sino que es consecuencia de los acuerdos del Partido
Popular y de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018. Por
cierto, usted y la portavoz del Grupo Socialista votaron en contra de
esos presupuestos; ustedes les dijeron no.
¿Saben, señorías, cuál es la aportación real del Gobierno de Pedro Sánchez
al empleo público de la Administración General del Estado para 2018? La
oferta extraordinaria que se trae a convalidación hoy: 323 plazas.
Repito, 323 plazas. Esa su gran aportación a la Función pública.
Cuantitativamente, estarán de acuerdo conmigo en que 323 no es una cifra
significativa. Además, es insignificante si se compara con las 4282
plazas convocadas por el Partido Popular en la oferta de extraordinaria
en el año 2017. Pero cualitativamente aún es peor. Permítanme que les
diga que no se ajusta a una planificación seria de las necesidades
adicionales de plazas en la Administración General del Estado. Para
explicárselo, permítanme compararla con la presentada en 2017 por el
Partido Popular. En este caso, se aprobó una amplia oferta de empleo
público extraordinaria, más de 4000, como ya he dicho, que formaba parte
de un plan más amplio: perseguía incrementar la recaudación tributaria,
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y proveer de más
medios a la Administración para garantizar un mejor uso de sus recursos.
Dos modelos, señorías: nosotros incrementamos plazas en 2017 para
conseguir un aumento en los ingresos públicos mejorando la lucha contra
el fraude; ustedes, para aumentar esos ingresos lo que están proponiendo
son subidas masivas de impuestos a las clases medias. Porque, ¿quiénes
creen ustedes que van a pagar el nuevo impuesto sobre el diésel o el
nuevo impuesto que ya no sabemos si será a la banca o a las transacciones
financieras, o si será a los dos? Frente al incremento de plazas en la
Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo y en la Inspección de
Trabajo, muestra del compromiso del Partido Popular en el pasado
ejercicio con el empleo y con la calidad de ese empleo, de ustedes solo
sabemos que en el último mes han destruido 202 000 empleos; ya vuelven
ustedes a las andadas. Dos modelos, el del Partido Popular, que consiste
en poner todos los medios para el crecimiento económico y para la
creación de empleo, y el modelo socialista, que se basa en la
improvisación y en la ocurrencia y que de nuevo nos llevará a la
desaceleración de la economía y a la destrucción de empleo. Y, señorías,
el contenido de este decreto no va ser distinto, porque, aunque es
necesario, también es la consecuencia de una improvisación más ocasionada
por las campañas de marketing a las que nos tiene acostumbrados el señor
Sánchez y que en materia migratoria ha generando una crisis de las que
solo el Partido Socialista Obrero Español es capaz de crear. Es la
consecuencia de la decisión del señor Sánchez de ordenar que Valencia
acogiese al Aquarius, decisión que supuso un mensaje directo a las
mafias, que se aprovechan de aquellas personas que buscan un futuro
mejor, para que moviesen sus rutas hacia nuestras costas. Esa decisión ha
tenido y tendrá consecuencias: ha supuesto... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora López Ares,
por favor.
La señora LÓPEZ ARES: Esa decisión ha supuesto un incremento en el número
de inmigrantes irregulares que han llegado a nuestro país y está
suponiendo que los centros y los servicios de atención de nuestros
ayuntamientos y de nuestras comunidades autónomas estén colapsados. Y no
generen falsas noticias que esa es la causa, no es otra, y prueba de ello
son los datos, que son tozudos. Esa decisión generó un incremento en el
número de inmigrantes que han llegado y están llegando a nuestro país. No
son mis datos, son sus datos, son datos obtenidos del informe quincenal
sobre la inmigración irregular del Ministerio del Interior. Estos
gráficos muestran la evolución desde el 31 de mayo hasta el 31 de agosto
-recuerdo que ustedes llegaron al Gobierno el 1 de junio- del número de
embarcaciones que llegaban en el año 2017 y las que están llegando en
2018. Y lo mismo ocurre si incorporamos a los inmigrantes llegados por el
mar los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla.
El 31 de agosto del año pasado hablábamos de 15 114; el 31 de agosto de
este año son 33 195. Esta es la situación, y ante esta grave situación
ahora intentan poner parches -vuelven a improvisar-, parches como estas
323 plazas del real decreto y parches como la nueva propuesta iniciada
ayer de 40 millones para la acogida solidaria entre comunidades autónomas
de menores migrantes no acompañados. ¿Ustedes realmente creen que con 40
millones de euros podrán dar cobertura a 10 000 menores extranjeros no
acompañados? ¿Ustedes creen que esto suficiente?
Señorías, ustedes en política migratoria son bomberos pirómanos. Lo grave
en este caso es que estamos hablando de la vida de miles de personas que
se han visto y se ven afectadas por las decisiones que ustedes toman a la
ligera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora López
Ares.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet
Lamaña): Muchas gracias, presidente.
Señorías, solo quiero intervenir para agradecer a todos los grupos
parlamentarios el apoyo en la convalidación de este Real Decreto-ley
6/2018, sobre oferta de empleo público. Es verdad que algunos grupos
parlamentarios han hablado, más allá de los empleados públicos y de esta
oferta, de otras cuestiones, de otras políticas del Gobierno, pero yo me
quedo con su apoyo, con el voto afirmativo a esta convalidación. Creo que
este consenso que muestra la Cámara, el Congreso de los Diputados, es
positivo, se suma a la voluntad del Gobierno, se suma a la voluntad
expresada por los sindicatos, a unas peticiones que vienen de lejos de
organizaciones no gubernamentales y, en definitiva, a la voluntad
mayoritaria y a la sensibilidad de la sociedad española a la que nos
debemos. Creo que es positivo también que con esta convalidación estemos
respondiendo a un mandato constitucional, a un mandato internacional y a
nuestros compromisos con la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000034).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2018, de
27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): Señorías, el acceso a la atención pública sanitaria en
condiciones de equidad y universalidad es un derecho básico de toda
persona. Desde esta firme convicción, el Gobierno les solicita el voto
afirmativo a la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, sobre el
acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Esta es una norma que
garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de
condiciones por el sistema público de salud; es una norma que dignifica
la acción política y que tengo el orgullo de traer a esta Cámara en
nombre del Gobierno de España.
El Gobierno tiene como objetivo mejorar la vida de las personas eliminando
desigualdades y garantizando los derechos de la ciudadanía, la
solidaridad y la cohesión social. Para ello es preciso recuperar la
universalidad del acceso a la sanidad pública. Una sociedad justa no deja
a nadie atrás, sitúa a las personas en el centro de la acción política.
Además -y esto es tan importante como lo anterior-, la norma que traemos
a la consideración de la Cámara representa un auténtico cambio de modelo
en la atención sanitaria en España, porque a partir de ella la
titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud
se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga por
tanto de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el
acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de
equidad y de universalidad a todas las personas. Estamos dando un salto
cualitativo de amplísimas dimensiones. Garantizamos la atención sanitaria
como un derecho básico de toda persona, tal y como reconocen organismos y
tratados internacionales y como establece el artículo 43 de la
Constitución española.
Hoy estamos aquí porque el anterior Gobierno aprobó un real decreto-ley,
el Real Decreto-ley 16/2012, de exclusión sanitaria, que supuso una
auténtica involución en el Sistema Nacional de Salud. Señorías, el
instrumento jurídico utilizado por el Gobierno de entonces para recortar
derechos y generar exclusión y discriminación fue un real decreto-ley.
Las razones que han llevado al nuevo Gobierno a utilizar esta misma
fórmula son muy diferentes. El motivo fundamental que justifica la
urgencia de la presente norma es terminar con la injusticia de que
existan en nuestro país personas sin derecho a la asistencia sanitaria
normalizada. Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos;
para el Gobierno actual es urgente recuperarlos. (Aplausos). La segunda
razón de la urgencia es garantizar la seguridad jurídica a profesionales
sanitarios y administraciones autonómicas. Hay que destacar el amplio
rechazo de la mayoría de comunidades autónomas a la exclusión en la
sanidad pública de las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular, rechazo manifestado a través de la aprobación de distintas
disposiciones de rango normativo que en muchos casos han sido
cuestionadas ante los tribunales. Aunque, señorías, una vez modificada la
norma, y si es convalidada, los recursos interpuestos deben ser
analizados ya que carecen de sentido, pues la cuestión ha cambiado de
fondo y se abre el camino al desistimiento de los mismos mediante el
diálogo con los Gobiernos autonómicos respectivos. Y la tercera razón
-ligada a esta segunda- es la necesidad de armonizar y dar cohesión
territorial en el acceso a la sanidad, ya que las comunidades autónomas
que no estaban de acuerdo con la exclusión sanitaria adoptaron soluciones
de manera desigual. Era, pues, urgente acabar con esta disparidad, con la
inseguridad jurídica, con la desigualdad y exclusión, y garantizar los
derechos y la salud individual y colectiva de la ciudadanía.
Pero además hay una gran diferencia en la forma de abordar este real
decreto-ley. En esta ocasión se ha abierto un proceso dialogado, en
primer lugar con las comunidades autónomas y después con el resto de
agentes implicados, sociedades científicas y movimientos y organizaciones
sociales. Primero se acordaron unas líneas básicas. Sobre la base de la
propuesta inicial se hicieron enmiendas y aportaciones y posteriormente
se trabajó conjuntamente el texto normativo. Esta es una ley en la que
todas las instituciones y entidades interesadas han tenido la posibilidad
de contribuir y exponer sus propuestas.
Señorías, la reforma que aprobó el anterior Gobierno desvirtuó el derecho
a la protección de la salud al anular el acceso y la vocación universal y
eliminar la titularidad del derecho establecido en la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. Supuso una involución del
esquema legal de cobertura porque anuló -como digo- el carácter universal
de la sanidad al condicionar este derecho al aseguramiento. Fue una
reforma impuesta, sin diálogo y sin participación, y que respondía a un
modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad. Se trató de
justificar con criterios economicistas, hablando de un supuesto ahorro
económico que nunca se demostró. De hecho, la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea dijo en 2015 que el modelo de exclusión
sanitaria, además de injusto, es más caro. La asistencia normalizada en
atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y evita
que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean
hospitalizados, procesos estos que implican un mayor gasto sanitario.
Señorías, es un hecho que la exclusión sanitaria ha producido un
empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema
y que la fragmentación en el derecho a la protección de la salud y a la
asistencia sanitaria de estas personas ha agravado su situación de
extrema vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son las personas afectadas de
una patología crónica -que requieren un tratamiento continuado con
seguimiento ambulatorio-, como puede ser la diabetes, el asma, las
cardiopatías o cualquier patología vinculada al tiroides, todas ellas de
alta prevalencia y cuya falta de seguimiento y tratamiento puede conducir
a severas descompensaciones, exigiendo entonces el ingreso hospitalario.
Estudios como el realizado por el Centro de Investigación en Economía
y Salud de la Universidad Pompeu Fabra demuestran que la mortalidad de los
colectivos excluidos de la asistencia normalizada... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, les ruego silencio.
Perdón, señora ministra, continúe.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Motón Giménez):
Gracias, señor presidente, porque hay varias conversaciones que casi se
las podría resumir yo desde la tribuna.
Como les decía -y creo que esto tiene importancia-, estudios
especializados como el que hacía mención de la Universidad Pompeu Fabra
demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia
normalizada se habría incrementado hasta un 15 % en los tres años
posteriores a la implantación de la exclusión. Además, el efecto
regresivo del real decreto-ley de 2012 ha implicado una degradación en la
calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre
las comunidades autónomas. Esta es la valoración que del real decreto-ley
del anterior Gobierno hizo precisamente en abril de este año el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que pedía
las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular
tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin
discriminación alguna. El real decreto-ley que hoy debatimos responde a
estas demandas y a las de otros organismos internacionales. El Consejo de
Europa, en enero de 2014, calificó como ilegal la decisión de excluir de
la atención sanitaria normalizada a las personas migrantes. En su informe
destacó que la crisis no puede servir como pretexto para negar la
sanidad. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza
y los Derechos Humanos, también en 2014, criticó duramente la medida, la
consideró inaceptable y pidió al Gobierno que cambiara de rumbo. La
propia Organización Mundial de la Salud, a través de su directora
general, en abril de 2017 reivindicó la necesidad de que todos los países
garanticen la cobertura sanitaria universal a toda la ciudadanía desde la
consideración de esta como la máxima expresión de justicia y destacó que
a nadie se le debe negar el acceso a intervenciones que salvan vidas o
promueven la salud por motivos injustos, incluidas las causas económicas
o sociales. Además, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas y
movimientos y organizaciones sociales han censurado la exclusión
sanitaria y han señalado los perjuicios que ha provocado.
Señorías, España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que
sentirnos orgullosos, y hoy fortalecemos el sistema recuperando su
carácter universal, convirtiendo la asistencia sanitaria en un derecho
básico de toda persona. Con esta decisión estamos finalizando lo que se
hizo hace más de treinta años, cuando fue impulsada por el ministro
Ernest Lluch y se aprobó la Ley General de Sanidad, que fijó la
protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual
y como un mecanismo de justicia social de primer orden. Fue la ley que
sentó las bases de uno de los pilares del Estado del bienestar en nuestro
país. El concepto de atención sanitaria integral a la salud, la
universalidad en el acceso y la planificación de los centros y los
servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial que
impulsó la ley de 1986 se han demostrado como uno de los grandes logros
de nuestra democracia. En este espíritu defendemos el derecho fundamental
a la salud de todas las personas, sin exclusiones por lugar de residencia
o de nacimiento, porque la salud no entiende de fronteras, no entiende de
carnés de identidad, de permisos de trabajo ni de residencia. Con la
recuperación del carácter universal alcanzamos la meta marcada por Ernest
Lluch y consolidamos así nuestro sistema público de salud, recuperamos
derechos y mejoramos el bienestar del conjunto de la sociedad.
Señorías, quisiera detallar en este punto algunos de los aspectos más
importantes del real decreto-ley que hoy debatimos. En primer lugar, la
recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y
a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las
personas extranjeras que tengan residencia en España, según se establece
en la Ley General de Sanidad y en el articulado de la Ley de cohesión y
calidad. La titularidad de ese derecho fue derogada por el Real
Decreto-ley de exclusión sanitaria de 2012. En segundo lugar, la garantía
del derecho a la asistencia sanitaria basado en la condición de
ciudadanía. La norma implica un cambio de modelo en la atención sanitaria
en España. El derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se
basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por
tanto, de la condición de asegurado. Todas las personas, incluidos los
colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España,
tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que
las personas con nacionalidad española; también aquellas personas que,
aunque residen fuera de nuestro país, tienen reconocido aquí su derecho a
la asistencia sanitaria por cualquier otro título jurídico, como son los
pensionistas españoles que viven fuera o los trabajadores
transfronterizos. Se corrige, además, la exclusión de la atención
sanitaria integral de los colectivos que quedaron fuera con
el Real Decreto-ley 16/2012. En tercer lugar, se han establecido una serie
de criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia.
La asistencia sanitaria no será a cargo de los fondos públicos cuando
exista un tercero obligado al pago, como un seguro de viaje o de
accidente, o cuando se pueda exportar el derecho a cobertura desde su
país de origen. En cuarto lugar, la norma reconoce el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social las competencias del reconocimiento
del derecho a la asistencia sanitaria. Este punto es de especial
trascendencia porque consolida el modelo de sanidad universal asociado al
concepto de ciudadanía. Y por último, las comunidades autónomas, en el
ejercicio de sus competencias, serán las encargadas de tramitar la
solicitud y la expedición de la tarjeta sanitaria que acredite a las
personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes para
poder recibir la prestación asistencial.
La hoja de ruta del ministerio es la armonización del procedimiento dentro
del Sistema Nacional de Salud, con objeto de garantizar la equidad y la
cohesión asistencial. Para ello, el ministerio ya ha enviado a las
comunidades autónomas una propuesta de instrucciones para la ejecución de
la norma y las comunidades autónomas ya han planteado sus aportaciones. A
su vez, se han compartido con la sociedad civil y todas las propuestas
están siendo actualmente estudiadas y analizadas. Les traslado que, tras
las aportaciones, se han clarificado cuestiones como, por ejemplo, que la
asistencia es gratuita en el período que hay entre la entrega del
documento provisional y la resolución favorable, es decir, la emisión de
la tarjeta sanitaria; o, por ejemplo, se incluye la posibilidad de que la
declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración
responsable en lugar de una declaración jurada. Señorías, la seña de
identidad del nuevo Gobierno es el diálogo y la participación. Por eso,
somos partidarios de que esta norma se tramite como proyecto de ley, con
el objetivo de que sea mejorada durante su tramitación parlamentaria con
la participación de todos los grupos, para que esta norma sea de todos,
para que esta norma sea de todas.
Señoras diputadas, señores diputados, para finalizar, lo esencial de esta
norma y lo que justificó su urgencia es la mejora de la salud individual
de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud
colectiva del conjunto de la sociedad. Hoy, señorías, tienen en su mano
elegir entre la universalidad y la exclusión. Esto diferencia la manera
de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad. Sostiene Adela
Cortina que la ética sirve para descubrir la diferencia. Creo que la
diferencia está en la decisión política de convalidar hoy o no el real
decreto-ley que recupera la universalidad y garantiza la salud como
derecho para todas las personas. Esas decisiones políticas son las que
transforman una sociedad y las que la hacen más justa.
Quiero, para finalizar, dar las gracias a todas las personas que en estos
seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales y a
entidades y organizaciones sociales. Ellos -algunos están en la tribuna-
han visto en primera línea los efectos y también el sufrimiento que ha
provocado la decisión injusta del anterior Gobierno. Han dado -habéis
dado- ejemplo de civismo y de profesionalidad; profesionales y entidades
se han aliado a favor de la sanidad universal y han planteado soluciones
desde la convicción de que el derecho a la salud es irrenunciable.
(Aplausos). Amigos, amigas, habéis contribuido a construir conciencia
social, habéis contribuido a dar ejemplo de una sociedad decente y
solidaria, habéis hecho un buen trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
En turno de fijación de posiciones intervienen, por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y
todos.
Señora ministra, el minuto y medio que me acaban de anunciar voy a
utilizarlo para decirle que Nueva Canarias etiquetó en su día al real
decreto-ley de 2012 de ofensivo, porque el título decía que era para
mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud, se anunciaba justo lo contrario de lo que se
pretendía. En realidad, fue una herramienta más para deteriorar el
sistema sanitario público, en particular, y los sistemas de servicios
públicos, en general. ¿Consecuencias de estas políticas neoliberales?
Exclusión de los colectivos más débiles y empobrecimiento grave del
sistema sanitario público y de sus prestaciones, poniendo en riesgo el
derecho efectivo a la protección de la salud. Estas son las consecuencias
de políticas que es preciso corregir y, por tanto, compartimos los
contenidos de real decreto. La Ley 14/1986, General de Sanidad, defiende
un modelo universal y gratuito que compartimos. Como este real
decreto-ley promueve uno de los objetivos que compartimos y defendemos
de la Ley General de Sanidad, Nueva Canarias anuncia el voto a favor de la
convalidación de este real decreto-ley.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Canarias en los años 2012 y 2015 volvió a implantar la sanidad universal;
hemos atendido a más de 3000 personas. En el consejo territorial, nuestro
consejero de Sanidad apoyó la propuesta del Gobierno pero tenemos que
decir algo, y es que no puede ser que la sanidad siga infradotada, que no
tengamos los mismos ingresos en las distintas comunidades para que todos
los ciudadanos de este país, vivan donde vivan, tengan la misma calidad
de sanidad y que hay que buscar la financiación de la sanidad y también
la modificación de la regla de gasto para que comunidades como la canaria
que, porque ha cumplido, tenemos 600 millones de superávit, lo puedan
invertir en los servicios esenciales de la comunidad. Los servicios
esenciales para los ciudadanos como la sanidad, la educación y la
dependencia son vitales. Por eso, nos alegramos de que se tramite como
proyecto de ley pero exigimos al Gobierno que se siente para estudiar la
financiación de la sanidad de este país y de las comunidades autónomas.
Lo vamos a apoyar, como lo hicimos adelantándonos en el año 2012 en la
Comunidad canaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLÍ MARTÍNEZ: Gracias, señor vicepresidente de esta Cámara.
Señores diputados, señoras diputadas, muy buenos días.
Señora ministra, Unión del Pueblo Navarro votará favorablemente a la
convalidación del real decreto-ley de acceso universal al sistema
sanitario público español, por tres principios. En primer lugar, uno que
no debería poner en valor pero lo voy a hacer, que es el de libertad. En
segundo lugar, por justicia social, que usted muy bien ha remarcado. Y en
tercer lugar, por coherencia. ¿Por qué hablo del principio de libertad?
Porque Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente todas aquellas
iniciativas, vengan del partido que vengan y sorprenda al partido que
sorprenda, que entendamos que sean buenas para el conjunto de los
navarros y, por tanto, para el conjunto del resto de españoles. En
segundo lugar, el principio de justicia social. Hace cuarenta años en el
acta fundacional de Unión del Pueblo Navarro venía la búsqueda de la
justicia social. Por tanto, en esa senda encontrarán a un partido con el
ánimo y con las manos de acordar y pactar. Lo mismo en la Comunidad Foral
de Navarra -y se lo transmito al señor Fernández, diputado por Navarra,
del Grupo Socialista-, que buscaremos, como hicimos durante veintitrés
años prácticamente ininterrumpidos, para que Navarra se encuentre en los
mejores niveles sanitarios, sociales y educativos. Y por último -y con
esto finalizo, señor vicepresidente-, por coherencia. No voy a volver a
criticar las consecuencias que supuso el Real Decreto-ley 16/2012, pero
sí quiero poner en valor que Unión del Pueblo Navarro, estando en el
Gobierno de Navarra, fue la primera comunidad que puso una alternativa a
aquellas personas inmigrantes en situación irregular que quedaron fuera
del sistema público sanitario; fuimos la primera comunidad que lo
hicimos. Por tanto, por libertad, por coherencia y por justicia social,
votaremos favorablemente esta convalidación del real-decreto ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Egun on.
Euskal Herria Bildu cree firmemente en el derecho a la salud. Por eso nos
posicionamos en contra del real-decreto del 2012 -economicista, injusto,
xenófobo y recentralizador- que pisoteaba este derecho para las personas
más vulnerables -especialmente a aquellas en situación administrativa
irregular-, amparándose en falsos argumentos de sostenibilidad o de
efecto llamada. Por ello, hemos impulsado la aprobación de leyes y normas
en los Parlamentos de Gasteiz e Iruña para intentar garantizar una
sanidad universal. Intentos todos ellos recurridos por el Tribunal
Constitucional, cuyas sentencias nos han negado el derecho a poder
adoptar decisiones apoyadas por la inmensa mayoría para que toda la
ciudadanía
pudiera gozar de una vida digna al margen de su origen o situación. Hemos
intentado sortear los obstáculos de todas las maneras posibles,
básicamente abogando por medidas de igualdad, de reconocimiento de un
derecho, no de beneficencia, y por eso creemos que es irrenunciable
garantizar la sanidad universal con todas las garantías y votaremos a
favor, porque creemos que es hora de revertir el retroceso social y los
recortes.
Y también hay otra cuestión, nos preocupa el derecho a las prestaciones
farmacéuticas como parte importante del derecho a la salud, y el decreto
del 2012 establecía también aquí recortes. Este nuevo decreto establece
que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como
residentes abonarán un 40 % de los medicamentos y productos sanitarios, y
por tanto también nos genera preguntas: hablando de colectivos de extrema
vulnerabilidad, cómo se va a garantizar su derecho a disponer de
medicamentos y qué medidas reales va a plantear el Gobierno para revertir
los recortes en esta materia. También en esta materia se ha actuado por
parte del Tribunal Constitucional y ha habido recursos. Creemos que
mitigar los efectos del copago, si hablamos de sanidad universal, también
es un elemento de suma importancia y tendría que ser abordado en breve
porque -insisto- es hora de garantizar los derechos de las personas de
manera integral.
Entenderemos que tienen voluntad para ello. Si no la tuvieran,
evidentemente, seguiremos desde nuestras instituciones adoptando medidas
para preservar esos derechos y para garantizarlos a toda la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Beitialarrangoitia.
Tiene ahora la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.
Señora ministra, este decreto es necesario -no lo vamos a negar-, pero
también es insuficiente y estético. Es insuficiente porque no anula del
todo el real decreto de 2012, del Partido Popular, y porque sigue
diferenciando la atención sanitaria según el origen de la persona que la
necesita. Y es estético porque se apunta un buen titular pero mantiene
ante el Tribunal Constitucional los recursos del Partido Popular a las
leyes autonómicas que sí pretendían realmente hacer universal la sanidad.
Por lo tanto, nos parece insuficiente y estético, pero necesario.
Necesario para poner a las personas en el centro de la política, como ha
dicho usted, y me alegra que haya aprendido eso de Compromís en su paso
por el Gobierno valenciano. Pero necesario también para combatir el
discurso racista que se está haciendo y que pretende que elijamos entre
curar a un niño o a otro según su color de piel. Esto es como quien tiene
un plato con diez galletas y reparte nueve a las personas ricas y a las
personas pobres les da una y las intenta confrontar por si entre ellas se
las roban. Al final, dar las galletas a los ricos y dejar solo una
galleta para los pobres es hacer que las personas humildes compitan
mientras regalan riqueza a quien más tiene. Y lo más triste es que hoy se
saldrá de aquí, y algunos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos,
continuarán haciendo ese discurso demagogo y racista mientras las
personas ricas continúan creciendo, pero hoy nosotros saldremos de aquí
sabiendo que hemos votado con humanidad, sabiendo que hemos rescatado
personas gracias a este voto a favor.
Así que diremos que sí, señora Carmen Montón, señora ministra, a ese
decreto, pero tome nota: retire los recursos ante el Constitucional de
las leyes autonómicas, y deje la estética y empiece a gobernar con más
valentía.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.
Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.
Estamos de vuelta los que les vamos a recordar cada día que este país no
es normal. Estamos en esta Cámara para defender la voluntad de más de la
mitad del Parlament de Catalunya, no para permitir que el Gobierno de
España siga gobernando obviando que en Cataluña hay más de 2 millones de
personas que han votado independencia, no estatut, no autogovern,
independència. Y todos estos ciudadanos que han votado independència, a
pesar de la violencia que ha ejercido el Estado, a pesar de la represión,
a pesar del encarcelamiento de nuestros líderes políticos, a pesar de que
nuestro Govern ha tenido que ir a buscar la justicia fuera del Estado
español -donde se ha demostrado que está en coma-, a pesar de
todo esto, estos ciudadanos persisten y persistirán. Y les pido, por
favor, que dejen en paz a nuestros alcaldes, que dejen en paz a nuestros
CDR -que podrían ser sus hijos-, que dejen en paz a Tamara, a Adri, que
dejen en paz a todos aquellos que ejercen pacifica y democráticamente su
derecho a expresarse libremente. Y los seiscientos efectivos
policiales... Nosotros somos los de las urnas...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Nogueras, por favor, le
ruego que se atenga al punto del orden del día que estamos debatiendo.
Gracias.
La señora NOGUERAS I CAMERO: El decreto para el acceso universal a la
sanidad. En Cataluña ya tenemos nuestra ley, la que tumbaron. En Cataluña
hace ya mucho tiempo que hicimos los deberes. Pero hoy la ministra ha
anunciado que van a levantar la suspensión de la ley. Los socialistas lo
pregonaban desde hacía muchas semanas, pero no habían hecho nada. Así que
ha hecho falta una presión de desgaste por parte de los partidos
soberanistas para arrancar este compromiso. Quizás no tenían tan claro
que lo querían hacer. En todo caso, seguiremos presionando igual o más en
todo lo que nos venga y no nos va a temblar el pulso para votar que no
cuando no haya un paso adelante. Y sí, señoras y señores de Ciudadanos,
las presiones independentistas surten efecto, y veo que sobre ustedes
también. Felicitats al conseller Jordi Turull que...(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran
Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente, señoras y
señores diputados.
Señora ministra, nos encontramos hoy con ocasión de la convalidación del
Real Decreto-ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional de
Salud. Este real decreto-ley recoge en su preámbulo que la reforma se
instaura con un propósito determinado, que es el de revertir el derecho a
la protección de la salud que desvirtuó el anterior Real Decreto-ley
16/2012 y que se hizo fundamentalmente basándose en criterios
economicistas orientados a la reducción del déficit de las cuentas
públicas. Por ello, este preámbulo también afirma que obedece
fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la
asistencia, es decir, garantizar el derecho a la protección de la salud y
a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas
que se encuentren en el Estado español. Vaya por delante, por tanto,
nuestra conformidad no solo con este propósito sino con el texto de la
ley en cuanto se refiere a este objeto determinado. Es así porque forma
parte de nuestras convicciones, como siempre hemos señalado. La atención
universal ha formado parte del discurso de Partido Nacionalista Vasco y
del Grupo Vasco en toda su historia, como también se ha demostrado,
porque ha sido la característica de todas las decisiones que hemos
implementado para las instituciones sanitarias en Euskadi, aunque haya
habido Gobiernos que lo hayan intentado sabotear a través de recursos -y
luego haré referencia a los decretos que han pretendido subvertir esa
situación- y porque hasta la fecha -y hay un elemento que todavía no se
ha comentado- nadie ha conseguido demostrar que aquellas medidas que se
adoptaron en el Real Decreto-ley 16/2012 hayan sido efectivas o hayan
servido para reducir el déficit.
La señora ministra anteriormente hacía referencia a esta situación, y es
que los problemas que suscita la exclusión de los más desfavorecidos
también tiene un coste económico porque siempre hemos entendido que es
más rentable, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de
vista económico, atacar este y otros problemas desde su raíz. Por eso
también, señora ministra, creemos que estamos legitimados para advertir
sobre algunas cosas respecto de este real decreto-ley porque, primero,
como ya se lo han señalado, no acomete una reversión completa al esquema
normativo previo al del Real Decreto-ley 16/2012, sino que se limita a
restaurar la situación anterior a la reforma únicamente en lo que
respecta al ámbito subjetivo de las personas aseguradas, manteniendo
otras, fundamentalmente la del copago, respecto de las que en su momento
esperamos poder hablar, a pesar de que también hay una mención en el
artículo 2.º sobre el copago de extranjeros, que ya es otro mecanismo
para permitir precisamente que puedan tener la atención farmacéutica que
ahora no tienen.
Estas dos cuestiones, el ámbito subjetivo y el copago en la prestación
farmacéutica ambulatoria, han sido siempre objeto de políticas de
protección en Euskadi, por lo que fueron objeto además, con ocasión de
ese real decreto-ley de 2012, de sendos decretos -el 114/2012 y 447/2013-
para garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas
excluidas y a los tratamientos médicos. Pues bien, conviene recordar que
ese decreto del Gobierno vasco fue recurrido y fue objeto, además, de una
sentencia,
la 134/2017, del Tribunal Constitucional, en una discutida y criticable
interpretación, como lo prueba el número de magistrados disidentes, ya
que se apartó de su propia jurisprudencia anterior e incluso del propio
auto del procedimiento, elaborando una nueva interpretación inversa al
concepto de bases, de modo que convirtió lo que era un estándar mínimo
aplicable al ámbito estatal, en un techo máximo para las comunidades
autónomas, lo que ha servido para justificar la exclusión de algunas
personas del sistema sanitario y restringir también las competencias
autonómicas en la materia. También otras comunidades autónomas han
sufrido esta misma situación: Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi,
Canarias y Aragón, y, concretamente con recursos de inconstitucionalidad,
Navarra, Valencia y Euskadi.
Por ello, y si bien nuestra postura es favorable a la reforma introducida
por este real decreto-ley en línea con la posición mantenida
anteriormente, y diciéndole también que es incompleta, debemos
manifestarle que no solo es incompleta respecto de esa cuestión sino
también de otra, ya que el texto mantiene un aspecto notoriamente
centralizador, introducido en la reforma del año 2012 que, a nuestro
entender, afecta al esquema de distribución de competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata, en concreto, de
la competencia sobre el reconocimiento y control del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos
públicos o, en los términos del Real Decreto-ley 16/2012, del
mantenimiento del reconocimiento de la condición de asegurado que
introducía aquella reforma, a diferencia precisamente de lo que estaba
contemplado en la Ley General de Sanidad y en la Ley 16/2003, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud. Así, la regulación anterior, en
su artículo 3, reconocía la titularidad de los derechos de la protección
de la salud a todos los españoles, a los no españoles comunitarios y a
los nacionales de otros Estados, de conformidad con la legislación de
aplicación, pero también recogía que el acceso de los ciudadanos a las
prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el sistema de salud
se producía a través de la tarjeta sanitaria individual -artículo 57 de
aquella ley-, que era solamente un documento administrativo que se
limitaba a acreditar determinados datos de su titular, que tiene validez
en todo el Sistema Nacional de Salud, que se emite por las
administraciones sanitarias autonómicas e incorpora un código de
identificación de cada persona válido para todo el Estado. Sin embargo,
el Real Decreto-ley 16/2012 atribuyó al Instituto Nacional de Seguridad
Social el reconocimiento y control de la condición de asegurado que
calificaba como precisa para la expedición de la tarjeta sanitaria
individual por la Administración sanitaria, lo que materialmente se
convertía en una autorización puntual previa por parte del ministerio
para la emisión de la tarjeta individual por la Administración sanitaria
competente, la autonómica en este caso. Pues bien, si bien esta actuación
fue aceptada por el Tribunal Constitucional, con posiciones también
divergentes, se mantiene esa redacción en su actual texto y supone, en
nuestra opinión, una delimitación exorbitante de las competencias que el
artículo 149.1.16.ª contempla respecto al Estado. Por ello, entendemos
que conviene advertir que la subsistencia de ese esquema contemplado la
entendemos como inconveniente. Creemos también que de esa manera, y
salvedad hecha de esa modificación, cabe la posibilidad de seguir
manteniendo ese tipo de control, que entendemos como una actuación a
todas luces centralizadora y que consideramos que supera la competencia
del Estado. No obstante lo cual, entendemos que este es un elemento
adjetivo respecto del propio sistema y que lo sustantivo, aquello a lo
que realmente va redirigida esta actuación legislativa, es a la garantía
de ese elemento de universalización de la atención sanitaria respecto de
la que, por supuesto, no solo no vamos a discrepar, sino que la vamos a
apoyar, como ya he anunciado anteriormente. Eso sí, también debemos de
señalarle que, como consecuencia de esta precisión, entendemos
conveniente solicitar la tramitación de este real decreto-ley como un
proyecto de ley precisamente para poder incorporar a estos elementos
aquel del copago citado en su momento, pero también está referido al
elemento competencial, del que esperamos que tenga una mejor atención por
parte de su ministerio.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Presidente, diputadas, diputados, ministros y
ministras, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Lo decía
García Márquez. La política en tiempos turbulentos no es demasiado buena
para la salud y de aquí que me atreva a dar un abrazo a un compañero que
no es de mi partido y que ha estado en esta tribuna, Xavi Domènech.
(Aplausos). Porque la política no es buena para la salud, pero para la
salud es bueno los buenos políticos, que pueden ser de tu grupo o de
otro, pero en estos días me he dado cuenta de la necesidad de la empatía,
la necesidad, señora ministra, de la
empatía, de intentar poner de acuerdo los desacuerdos, que forma parte de
la vida política porque solo se construye con instrumentos diferentes, no
con uno solo, con diferentes especialistas.
Entendemos la sanidad como un derecho universal, aunque sabemos que no
todos. El año 2012 nos enseña con hechos y sufrimos las consecuencias de
que no todos pensamos lo mismo. Visto el decreto, el decreto por sí
mismo, iba en la dirección, pero se dejaba muchas cosas para que fuese
realmente un derecho universal. Afortunadamente, en este trayecto
complejo han aceptado que se tramite como proyecto de ley. Esto nos da
aire político, porque en este camino podemos encontrarnos y mejorar.
Cuando nuestro grupo ha sido tozudo en la retirada del recurso del
Constitucional no era porque pensemos que la ley catalana es la mejor,
sino porque la ley catalana es mejor que su decreto. ¡Es así de sencillo!
Por tanto, las garantías que nos daba la ley catalana eran
imprescindibles para que realmente sea un derecho universal. Judicializar
la política nos ha hecho mucho daño, es cierto, a unos más que a otros;
nos ha hecho mucho daño. Es muy importante que la política sea un
instrumento de solución de problemas y no un instrumento para hacerlos
más graves, y en eso estamos. La ley catalana no se fija en qué lugar de
la Seguridad Social ocupa el individuo. Ustedes consideran en el decreto
que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el instrumento para
acreditar a las personas, y no, es un buen instrumento a lo mejor para
acreditar las cotizaciones, pero las personas son otra cosa; la
presencia, su necesidad, es lo que les da derecho. No podemos esperar
tres meses una vez han cruzado nuestras fronteras para que estos derechos
se ejerzan. No esperamos que una persona que venga a Cataluña, que resida
en Cataluña, espere tres meses para atenderlo, ha de ser atendido
inmediatamente. Por todo esto queremos que nuestra ley funcione. Y
¡atención!, como nada humano nos es ajeno y como el catalanismo político
siempre ha sido solidario, queremos que funcione en todas las comunidades
autónomas, en todo el Estado, claro que sí; la solidaridad es la base, es
la alegría, es el cariño que tienen los pueblos, y esto nunca lo vamos a
perder a pesar de estereotipos y a pesar de difamaciones
propagandísticas, esta es nuestra realidad. La ley catalana nació con
mucho apoyo, de 135 diputados, solo 10 votos en contra, por eso la
queremos. Hace pocos días paseaba por Bruselas con Toni Comín, el
consejero en el momento que se hizo esta ley. Trabajó duro para que el
máximo de diputados y diputadas catalanas hiciesen esta ley posible, y
desde aquí mi cariño y mi abrazo a una persona exiliada injustamente.
(Aplausos).
Tal y como estaba el decreto, nuestro voto no podía ser favorable. En su
tramitación como ley, con poner el sentido común de que es factible una
buena ley española con la ley catalana, que las podemos casar, que esto
es factible, daremos nuestro voto favorable. Una vez más damos la
confianza, pero no a ciegas; les recuerdo que si ustedes son ministras es
porque nuestro partido les da la confianza o, mejor dicho, porque
perdimos totalmente la confianza en Rajoy cuando el 1 de octubre envió a
pegarnos; obviamente, nuestra confianza no la tenía. Por eso, esta
confianza, que no es ciega, es una confianza que se construye en el día a
día; eso esperamos y eso creemos. Como decía, nuestro grupo está a favor
de la universalización del acceso a la salud. Creemos sinceramente que
podemos trabajar con ello. Creemos en la capacidad del ser humano de ser
generoso; ¡tantas veces ha sido lo contrario!, ahora tenemos la gran
oportunidad. Votaremos a favor, pero estaremos expectantes. Nuestro voto
no será crítico, será un voto de trabajo detrás del voto para trabajar en
común.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea
Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Nogueras, dejen ustedes también de perseguir a Manolo el de Blanes.
Le confirmo que su presión no causa ningún efecto sobre nuestra postura,
porque nuestra postura -y lo verá a lo largo de este debate- es la misma.
Señora ministra, usted trae aquí un decreto-ley más para garantizar la
asistencia universal. Cuando uno trae un decreto-ley a esta Cámara lo que
tiene que demostrar no es si el Partido Popular lo hizo mal trayendo un
decreto-ley para quitar este derecho, sino si existe, como dice la
Constitución, un estado de extraordinaria y urgente necesidad para
tramitarlo como un decreto-ley, porque es en esta Cámara donde reside el
Poder Legislativo, no es en los despachos del ministerio, ni en las
asociaciones ni en las ONG. (Aplausos). Por tanto, nosotros lo que
haremos será estudiar si esta situación es, primero, extraordinaria. ¿La
situación que vive España con respecto a la asistencia sanitaria es
extraordinaria, sí o no? Yo voy a huir un poco más de la épica y voy a
intentar bajar a los números. Lo que dicen los números es que, de los
veintiocho países de la Unión Europea, solamente cinco dan asistencia
sanitaria integral a todos los
inmigrantes, incluidos los irregulares, otros doce solo dan urgencias y
diez ni siquiera eso. Por tanto, España ha sido, sigue y seguirá siendo
uno de los países más generosos de la Unión Europea a este respecto y,
por consiguiente, no se puede alegar que haya una situación de urgencia.
Un informe de Médicos Sin Fronteras dice que el 55 % de los inmigrantes
irregulares en Europa tiene que financiarse su asistencia sanitaria, que
el 18 % tiene que costearse la urgencia y que solo el 17 % tiene cubierta
toda la asistencia. ¿Existe, entonces, una necesidad de urgencia?
Se ha dicho aquí y se ha repetido que todas las comunidades autónomas
-usted misma lo ha dicho- han regulado y han dado normas para prestar
asistencia a aquellos que quedaron fuera del decreto de 2012, decreto que
nosotros no compartimos. Ya le adelanto que vamos a votar a favor de esta
proposición, porque no compartimos la eliminación del derecho a la
sanidad universal. Pero hay 4,8 millones de inmigrantes en este país, de
los que 800 000 están en situación irregular. Reder denuncia, en su
impecable trabajo, 3700 casos de exclusión, entre los cuales dice que hay
364 facturaciones irregulares en urgencias. Mire usted, en este país hay
27 millones de urgencias anuales. ¿Es importante que haya personas que
han quedado excluidas o cuya factura se ha tramitado mal? Evidentemente,
es importante. ¿Es una situación de urgencia? No lo es, porque las
comunidades autónomas y los profesionales han trabajado para que no sea
así. Por tanto, ni es extraordinaria la situación de España ni es
urgente. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Igea.
Señorías, les ruego, por favor, silencio. Si tienen que mantener alguna
conversación muy importante y urgente háganlo en los pasillos y no en el
hemiciclo, porque distorsionan la intervención del orador, como ustedes
saben.
Continúe, señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias.
¿Es necesario el decreto, es necesario volver al derecho a la asistencia
sanitaria como un derecho de ciudadanía? Sí, estamos completamente de
acuerdo, y así lo decíamos en el apartado 55 de nuestro programa y así lo
mantenemos. Por eso, votaremos a favor de este decreto que se va a
tramitar como proyecto de ley. ¿Es suficiente lo que ustedes traen aquí?
Evidentemente, no es suficiente, porque en su preámbulo habla usted de la
necesidad de acceder en condiciones de igualdad. Las condiciones de
igualdad las daría tener un sistema con una financiación igualitaria, con
una financiación a las comunidades autónomas igual por población
asistida, y eso no es así y no se corrige con este decreto. Al no haber
financiación, los recursos son diferentes, los recursos humanos y los
materiales, y así lo hemos repetido en este Congreso, y también son
diferentes los resultados. Por tanto, este decreto no va a solucionar el
acceso en condiciones de igualdad. Pero es que, además, el decreto de
2012 incluía otra bomba de relojería que ustedes han obviado
olímpicamente, pero no solo ustedes sino, sorprendentemente, todos los
grupos que han hablado hasta ahora en esta Cámara, que es la posibilidad
de tener carteras diferentes de servicios. Ninguno de los grupos que han
hablado aquí hoy ha hecho mención a la creación de un sistema de carteras
diferentes de servicios diferente que impone la desigualdad en el
territorio nacional (aplausos), porque hay comunidades que tienen en su
cartera pruebas de talón o que financian los implantes cloqueares o los
medidores externos de glucosa o la salud bucodental infantil y hay
comunidades que no. Por tanto, cuando dicen que la asistencia va a ser
igual, ¿igual a quién?, si no son iguales los españoles entre sí mismos.
(Aplausos).
Con respecto a la atención a los inmigrantes en situación irregular,
ustedes no les dan la tarjeta sanitaria que les prometieron porque sabían
que eso era imposible, ya que la Comunidad Económica Europea no lo
permite, porque no podemos exportar ese derecho; y así figura en el
decreto. Por tanto, no se dan condiciones de igualdad. Dejan ustedes en
manos de las comunidades autónomas, otra vez, el reconocimiento y la
tramitación de ese derecho, con lo cual no aseguramos en modo alguno la
igualdad ni la movilidad de los mismos a través del sistema. Por todo
ello, ¿iguales a quién? Ni siquiera son iguales -hacen ustedes una
excepción, por ejemplo-en la lista de espera de trasplantes. Están
ustedes recurriendo mucho a la épica, pero cuando uno baja a los datos se
comprueba que la épica no concuerda con los datos de lo que dice su
decreto. Por tanto, estamos de acuerdo con que debe ser un derecho de
ciudadanía y que no debe ser lo mismo ser ciudadano que no serlo y, por
consiguiente, estamos de acuerdo en que debe haber una atención de
calidad suficiente para todas las personas, incluidos los inmigrantes en
situación irregular, que deben de tener derecho a la asistencia primaria,
a la asistencia especializada y nadie debe morir en este país por falta
de asistencia.
Señores del Gobierno, esto se tiene que tramitar como un proyecto de ley
para corregir todas estas deficiencias, pero también porque este partido
cree en la ciudadanía europea. La ciudadanía europea es ser iguales en
derechos y deberes, en eso consiste ser ciudadano, en tener derechos y
deberes. Los ciudadanos europeos tienen derecho, sí, a tener fronteras
seguras, a tener seguridad; y también tienen deberes, deberes para
aquellos que acuden a nuestras fronteras huyendo de la miseria, huyendo
del hambre y huyendo de la guerra; y deben tener los mismos deberes de
asistencia sanitaria independientemente de en qué país estemos. Por eso,
les proponemos que vayan a Europa ha hacer una política de migración
común, que incluya también derechos comunes sanitarios para los
inmigrantes en situación irregular. Si no conseguimos tener una política
comunitaria común, si no conseguimos encontrar un camino entre la
ingenuidad de su política migratoria de las primeras semanas y la
xenofobia de los socios de Salvini de Esquerra Republicana, lo que
haremos será dejar el proyecto europeo, el sueño europeo, en manos de los
populistas, los nacionalistas y quienes saben vivir bien de la
diferencia, del agravio y del temor al extranjero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.
Por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz.
La señora BOTEJARA SANZ: Bueno, dada la exposición del señor Igea, yo voy
a hablar del Real Decreto-ley 7/2018. Este real decreto-ley es la
alternativa al capitulo 1 del Real Decreto-ley 16/2012, que todos
recordaremos el impacto que sufrió y la necesidad de este real decreto
ante la crisis económica. Hoy día, todo el mundo ya conoce y tiene
evidenciado que era un engaño. El objetivo era deteriorar nuestra sanidad
pública para que se fuera implantando y extendiendo con toda facilidad la
sanidad privada. (Aplausos). El otro día, el secretario general del
Partido Popular comentaba en un medio de televisión que ellos habían
sembrado la prosperidad. Tienen razón, ellos han sembrado la prosperidad,
pero la prosperidad en las empresas de la sanidad privada.
Bueno, me voy a ajustar al real decreto. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). ¿Por qué la sanidad pública dejó de atender a toda la
población en nuestro país? ¿Cuáles fueron los argumentos para amputar la
universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud? El primer argumento
era el económico. Si a mi consulta viene un paciente con diabetes que
está descontrolado y yo no lo puedo atender, se supone que hay que dejar
que el paciente se deteriore lo suficiente, y si está en coma mejor,
porque entonces está claro que ya sí puede ser atendido por el sistema
sanitario público en un hospital. Lo mismo da que sea una diabetes, una
patología infectocontagiosa o la patología que sea. Hasta que el paciente
no esté suficientemente deteriorado no puede ser atendido en nuestro
sistema sanitario. Nuestros profesionales, que son los mejores, han
tenido que paliar semejante barbaridad y subsanar muchas de estas
situaciones boicoteando en algunos aspectos el real decreto. Todos los
profesionales sanitarios -todos- han estado en contra de esta exclusión
de personas de nuestro sistema sanitario, por lo que me extraña muchísimo
que con las barbaridades que yo he visto el señor Igea, que es médico, no
contemple la urgencia de este real decreto. No lo puedo entender.
(Aplausos).
Otro argumento esgrimido también por el Partido Popular que ya hemos
comentado en esta tribuna era el del turismo sanitario, que suponía un
alto coste para nuestro país. En este sentido, sabemos que ya había una
directiva, la 24/2011, relativa a la aplicación de los derechos de los
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, pero que por
dejadez o porque no les interesó en el momento seguir utilizándolo como
argumento, hasta tres años después no se aprobó el Real Decreto 81/2014,
que regula la atención sanitaria transfronteriza. Mi grupo político va a
votar que sí -como no puede ser de otra manera-, pero también tiene que
exigir al Gobierno que garantice la atención sanitaria inmediata a todas
las personas por igual sin ninguna traba burocrática, así como que en las
distintas comunidades autónomas no se pueda boicotear este real decreto,
como ha pasado hace unos días en la Comunidad de Madrid, donde el Partido
Popular a través de una normativa ha intentado boicotear la aplicación de
este real decreto. Se debe garantizar por parte del Gobierno que esto no
pueda pasar. (Aplausos).
No quisiera remitirme otra vez al señor Igea (risas), pero pensamos que su
exposición da mucho de sí. Yo entiendo que a partir de su exposición no
se pueda adivinar si sí o si no, porque como no sabemos si nos da el voto
o nos lo quita, hasta que no lo sepamos bien no nos decantaremos en un
sentido o en otro. (Aplausos). Nosotros sí que tenemos claro que si de
ustedes dependiera, serían diligentes a la hora de darle nuestra sanidad
pública a la gestión privada utilizando instrumentos como los
indicadores, que
también sabemos cómo los iban a aplicar. La atención sanitaria es un
derecho humano básico. Yo les comentaba antes a los compañeros que cómo
puede costar tantísimo trabajo sacar adelante un derecho en este
hemiciclo, porque la atención a la salud es un derecho humano básico
reconocido por la OMS, que recomienda a todos los Estados que apliquen
las legislaciones y las políticas correspondientes para garantizar ese
derecho. Mi grupo político estará vigilante para que eso suceda. También
quiero comentarle que estábamos hablando del capítulo 1, y la cartera de
servicios es el capítulo 2 y el Fondo de Garantía Asistencial es el
capítulo 3. Pues bien, estábamos en el capítulo 1, pero no se preocupe
porque ya llegará el 2, ya llegará el 3 y ya llegará el 4. Y también
llegará la desprivatización de nuestro sistema sanitario y la salud de
nuestra población dejará de ser por fin un negocio para los mercados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández
Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes ya, señoras y
señores diputados. Señora ministra, bienvenida a esta Cámara, a este
hemiciclo.
Hoy convalidamos el Real Decreto-ley 17/2018 para devolver el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud, una de las primeras medidas del
Gobierno presidido por Pedro Sánchez y también una de las primeras
medidas que trajo a esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista en esta
legislatura. Les pido la convalidación -doy por supuesto que saben que
nosotros apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley- por tres
razones: por razones de justicia y de dignidad, por razones de interés
colectivo y por razón también de coherencia política. De justicia y de
dignidad, en primer lugar, porque este real decreto-ley beneficia a todas
y cada una de las personas que residen en España, españolas o no
españolas, porque les reconoce el derecho de asistencia sanitaria como un
derecho individual, que no depende de la situación de dependencia. Es
decir, que no hace depender el acceso a la atención sanitaria de una
persona separada de su marido o de su mujer en razón de su condición de
excónyuge; ni hace depender a los chicos y chicas mayores de edad a
partir de los dieciocho años tener reconocido el derecho de asistencia
sanitaria por cumplir o no cumplir veintiséis años; o un límite de renta,
o las personas con discapacidad que alcancen o no el nivel de
discapacidad del 65 %. Estas son medidas completamente arbitrarias que
impuso el Real Decreto-ley 16/2012.
La Ley General de Sanidad en el año 1986 ya estableció en su artículo
primero el derecho de todos los españoles y los extranjeros residentes en
España a la atención sanitaria y establecía, efectivamente, una extensión
progresiva de este derecho, una extensión que se fue consolidando a
través de distintos ordenamientos legales durante los siguientes
veinticinco años, incorporando a las personas sin recursos, a las
personas con pensiones no contributivas, a las personas con discapacidad,
a los menores, a los españoles que migraron al extranjero y retornaban a
España. Fueron veinticinco años para llegar hasta la Ley General de Salud
Pública de 2011, que terminaba de extender y universalizar la asistencia
sanitaria. Esto es lo que el Real Decreto-ley 16/2012 puso en demolición,
junto con los principios de financiación pública de la asistencia
sanitaria. Fue la Ley 16/2003, de cohesión y calidad, la que estableció
precisamente estos dos principios, el de financiación pública y el de
universalidad. El propio Tribunal Constitucional así lo reconocía en su
sentencia 139/2016, a instancias del recurso de inconstitucionalidad del
Gobierno de España frente a una ley foral de Navarra de asistencia
sanitaria universal, que dice en sus fundamentos jurídicos: Resulta claro
el contraste entre la nueva regulación de la condición de asegurado y la
limitación de la cobertura introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012 y
el marco normativo preexistente. Supone un giro en la anterior política
de progresiva extensión de la asistencia sanitaria a partir de la
creación del Sistema Nacional de Salud.
Les pido también su voto a favor de la convalidación por razones de
interés colectivo, tanto sanitario como económico. La señora ministra ya
ha mencionado aquí estudios que se han hecho. En esta misma Cámara hemos
debatido en anteriores ocasiones los perjuicios que ha significado para
la salud de muchas personas esta exclusión de la asistencia sanitaria y
nunca se han demostrado -lo han dicho también algunos portavoces que me
han antecedido en el uso de la palabra- los supuestos beneficios
económicos o ahorros que no genera el real decreto-ley de exclusión de la
asistencia sanitaria. La memoria económica de aquel decreto-ley usaba un
argumento torticero haciendo pensar que los mil millones de euros que
decía una auditoría de la Comisión Europea que costaba el turismo
sanitario eran debidos a las personas migrantes sin regularización
administrativa, cuando todos sabemos que ese turismo sanitario indebido
está originado por personas que tienen derecho a tarjeta sanitaria en sus
países de origen pero que usan la tarjeta sanitaria española por falta de
los suficientes controles administrativos.
Nos parece adecuado que en este real decreto-ley se establezca la igualdad
de condiciones en la atención sanitaria, porque una atención sanitaria
que no es integral, que no es completa, no sirve. Los médicos y los
profesionales sanitarios de atención primaria o de urgencias saben que si
no tienen la posibilidad de enviar a una persona enferma a una revisión
por un especialista o si no tiene acceso a los medicamentos no sirve de
nada decir que tienen acceso a la atención de urgencias o a la atención
primaria.
Les pido, por último, su voto a favor por razones de coherencia política.
Ustedes recuerdan perfectamente cómo el 10 de mayo de este año en este
hemiciclo votamos por una gran mayoría, 206 votos a favor y el único voto
en contra del Grupo Popular, una moción consecuencia de la interpelación
a la anterior ministra de Sanidad que tenía una serie de resoluciones.
Las dos primeras dicen textualmente que se ha de recuperar el carácter
universal del derecho a la atención sanitaria y retirar cuantos recursos
judiciales tenga planteados el Gobierno frente a las normas de las
comunidades autónomas dirigidas a recuperar la universalización.
(Aplausos). Por tanto, señora Nogueras y señor Olòriz, no son las
presiones de su partido o del Grupo de ERC las que hacen tener la
convicción al Partido Socialista de que es necesario revisar los recursos
de inconstitucionalidad que se presentaron a una norma que era realmente
injusta para los españoles. (Aplausos). Por cierto, el primer recurso de
inconstitucionalidad -quiero decirlo aquí- lo viví yo en persona y en
particular el lehendakari Patxi López, presidente de la Comisión de
Sanidad, al decreto 114/2012 del Gobierno vasco, entonces presidido por
el lehendakari López, que fue, si no recuerdo mal, la primera norma
autonómica que trató de deshacer la injusta exclusión de la asistencia
sanitaria a las personas en España.
Yo pido coherencia a los grupos parlamentarios que votaron a favor de esta
moción hace unos meses para que voten también la convalidación del
decreto-ley y les pido por último a las señorías del Partido Popular que
se sumen al resto de la Cámara. No se queden hoy de nuevo aislados en su
no a la universalización. Ustedes impulsaron y votaron a favor de la Ley
de cohesión y calidad. Este real decreto-ley en esencia es volver al
espíritu y a la letra de ese reconocimiento de los titulares del derecho
de asistencia sanitaria. Sean coherentes con lo que votaron en 2003, sean
coherentes hoy y voten a favor de esta convalidación del Real Decreto-Ley
7/2018 y volvamos a la senda de acuerdos que en materia sanitaria tanto
beneficio han traído a los ciudadanos. Por justicia, por interés y por
coherencia política les pido la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo
Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos un decreto del Gobierno cuya justificación basa la
ministra en ese mantra socialista de la necesidad de recuperar derechos y
dignificar a las personas ante la indecencia del Gobierno del Partido
Popular. Me va a permitir que empiece por ahí, porque hasta ahora lo
único que en estos cien días los españoles hemos comprobado con mucha
indignación -que es recuperar derechos para el señor Sánchez- consiste en
hacer un uso impúdico de los medios públicos, enchufar a familiares y
amigos, reabrir heridas del pasado (aplausos), mientras no se ocupa de
los problemas actuales de los ciudadanos, o entregarse a populistas e
independentistas de los que depende para poner en riesgo el crecimiento
económico de España y con ello la solvencia de nuestro Estado del
bienestar, también la sanidad. Eso muy decente no es, señora ministra. Me
veo obligada a volver a repetir que fue precisamente el Partido Popular
el que terminó con la injusticia en la que ustedes dejaron a millones de
españoles: sin empleo, sin trabajo, sin hogar, sin recursos. (Aplausos).
Fue el Partido Popular el que garantizó la viabilidad del sistema
sanitario público y con ello su carácter de universal, público y
gratuito. Y sí, señorías, lo hizo con una reforma en el año 2012 que era
necesaria y urgente. Lo era porque había que hacer universal un sistema
sanitario que con el Partido Socialista no lo era porque excluía de la
sanidad pública a cientos de miles de españoles, incluidos los parados
que no recibían ya ninguna prestación. (Rumores).
La señora ANGULO ROMERO: Porque había que acabar con el fraude que ustedes
permitían y que favorecía el turismo sanitario, que le costaba a todos
los españoles mil millones de euros, incluso a esos doscientos mil
españoles a los que ustedes excluían. Porque había que evitar ese
procedimiento sancionador de la Unión Europea por la discriminación que
se hacía entre ciudadanos europeos y de terceros países. Porque había que
pagar los 16 000 millones de euros que ustedes dejaron de deuda en la
sanidad. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!, por favor.
La señora ANGULO ROMERO: El Real Decreto 16/2012 era necesario y urgente
porque había que hacer el sistema más universal y más sostenible, y así
ha sido. Más universal, sí, señora ministra, porque a pesar de sus
eslóganes en España se atiende hoy a todo el que lo necesita, también a
las personas en situación irregular, a quienes se les concede la atención
más amplia de Europa. Pero se hace de manera ordenada y regulada, sin
poner en peligro la sostenibilidad de una de las joyas de nuestro Estado
del bienestar. Se viene haciendo por parte de todas las comunidades
autónomas, como todos ustedes aquí hoy han reconocido, con quienes por
cierto usted no ha tenido ni diálogo ni debate para este real decreto.
(Rumores). Por eso, señorías, sus descalificaciones hacia la gestión del
Partido Popular no son creíbles tampoco en materia sanitaria, porque
millones de ciudadanos reciben cada día en este país una de las mejores
asistencias sanitarias del mundo. También en Madrid, señora Botejara, y
lo hemos comprobado estos días; también en Madrid. (Aplausos). Por eso
los ciudadanos españoles, después de seis años de vigencia del Real
Decreto 16/2012, les dijeron a sus propuestas en materia sanitario no en
las urnas. Hoy hay un Gobierno de España que no fue elegido por los
españoles y, por lo tanto, está llevando a cabo políticas que no fueron
aprobadas por los españoles, que quisieron que fuera el Partido Popular
el que siguiera con sus reformas, también en sanidad.
Hablemos del real decreto que hoy se convalida porque son inciertos los
argumentos que ustedes utilizan para justificar tanto el fondo como la
forma elegida. Porque es un decreto que vende humo y además lo hace de
manera irresponsable, abriendo las puertas de España de par en par al
turismo sanitario. Creo que muchos de ustedes no se han leído el real
decreto que hoy convalidamos. En España la sanidad ya era universal; en
España -aquí lo ha dicho todo el mundo, incluso el señor Iglesias- la
sanidad es universal y este real decreto, por un lado, no abunda en eso
pero, por otro, con esa confusión que tiene entre decir que es un derecho
de ciudadanía y poner toda una serie de exclusiones a la atención
sanitaria de muchos ciudadanos, lo único que va a hacer es generar
problemas donde ahora ya no los hay. Porque usted, señora ministra, nos
ha dicho aquí que todos los ciudadanos, todas las personas que vengan a
residir a España, por el hecho de ser ciudadanos y residir aquí tendrán
derecho a la asistencia sanitaria. ¿También ese ciudadano rico americano
que en su país no tiene derecho a unas prestaciones sanitarias y que
conociendo la excelencia de nuestro sistema sanitario venga aquí, se
empadrone y utilice unos servicios que luego no podremos cobrar porque,
según la ministra, todo el que viva aquí tiene derecho a la sanidad?
Bueno, sí, lo pagaremos todos los españoles con esa abusiva subida de
impuestos que ustedes, con sus socios populistas, nos están anunciando.
(Aplausos).
Ustedes van a volver a crear un problema porque la Unión Europea volverá a
decir que si aquí la asistencia sanitaria es por cuestión de ciudadanía
no podremos cobrarles a los ciudadanos comunitarios que vivan en nuestro
país, porque eso sería una discriminación respecto a los ciudadanos de
terceros países. Son 920 millones de euros al año los que les cobra
España a esos países por la atención sanitaria de esas personas con
recursos y que ahora podríamos dejar de cobrar porque ustedes están
haciendo un peligroso efecto llamada hacia nuestro Sistema Nacional de
Salud. Pero si eso no es así, señora ministra, si usted ha puesto
condiciones en el decreto para que eso no sea así cuando habla de
terceros obligados al pago, están ustedes mintiendo, entonces la
asistencia sanitaria no es por condición de ciudadanía, entonces no es
universal. O miente cuando dice una cosa o miente cuando dice la
contraria.
Si lo que pretendían es que a nadie se le niegue la asistencia en España,
este decreto era innecesario porque en España se atiende a todo el mundo
y así se ha reconocido. Si lo que pretendían era homogeneizar la
asistencia sanitaria que se presta a los inmigrantes en situación
irregular en las distintas comunidades autónomas, ustedes podrían haberlo
hecho llevando esa propuesta de criterios mínimos en la que trabajaban
tanto el Gobierno del Partido Popular como las comunidades autónomas en
el consejo interterritorial y hacerlo desde el ámbito social, para no
generar los problemas que este Gobierno se encontró y que ustedes le
dejaron. Nuestra propuesta era más universal que la suya pero, sobre
todo, era más responsable porque garantizaba la asistencia a quien reside
en España pero sin poner en riesgo el
sistema al realizar un efecto llamada que nos va a costar mucho a los
españoles. Sus prisas y sus demagogias no son buenas consejeras en este
sentido. Y sí, señor Fernández, estoy de acuerdo con usted, la sanidad es
una cuestión de Estado porque nos afecta a todos. Por eso, desde el
principio el Partido Popular y en su nombre la ministra de Sanidad les
ofreció ese gran pacto de Estado por la sanidad y siempre estuvimos
abiertos a debatir sobre esta cuestión. Por eso hoy pediremos que este
real decreto se tramite como proyecto de ley. Además, es competencia de
estas Cortes Generales, que sí fueron elegidas por los ciudadanos,
debatir sobre estas cuestiones, un debate que hoy el señor Sánchez y su
Gobierno nos quieren hurtar con esa costumbre que ha cogido de hacerlo
todo vía decretazo.
Señores del PSOE, señora ministra, si ustedes están tan seguros de que las
políticas que ustedes quieran llevar a cabo son las que los españoles
quieren, convoquen elecciones, dejen que sean los ciudadanos españoles
los que elijan, porque hoy están ustedes poniendo en marcha políticas
-también en el ámbito de la sanidad- a las que desde el año 2012 en
varias ocasiones los ciudadanos les han dicho que no. Por eso, por
responsabilidad, porque queremos la solvencia de nuestro sistema
sanitario, porque no queremos que vuelva a caer en la quiebra en la que
ustedes lo dejaron y porque hoy nuestro sistema es universal, de calidad
y excelente y no queremos que eso cambie, vamos a votar que no a la
convalidación de este real decreto. (Aplausos.-La señora ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Montón Giménez, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): Gracias, señora presidenta.
Tan solo hablaré unos instantes para agradecer el tono general del debate
y las aportaciones. Seguro que de todas y cada una de las intervenciones
puedo extraer una conclusión positiva para seguir mejorando la salud de
los españoles y las españolas.
Quiero quedarme con el fondo de lo expuesto y el fondo es la universalidad
del sistema sanitario. El Gobierno lo ha traído con toda la pasión y el
convencimiento de fortalecer la sanidad pública en España. Tan solo añado
al convencimiento y a la pasión un adjetivo más: emoción. La primera vez
que, ya hace muchos años, me subí a esa tribuna fue para defender la Ley
del matrimonio homosexual; hoy, para devolver la sanidad universal a
España, así que muchas gracias por sus aportaciones.
Pasión, convencimiento y emoción son los tres adjetivos que para mí
definen hoy este día.
Gracias. (Aplausos.-Una de sus señorías: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL
ARTISTA. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, ahora sí, al punto del orden del día
relativo al informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto
del Artista. Para la presentación del informe tiene la palabra en nombre
de la Comisión la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de algo más de un año de trabajo... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!, señorías.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: ... es un honor traer a este Pleno el informe
redactado por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los
Diputados para la elaboración de un estatuto del artista. No entraré a
comentar las conclusiones del informe porque sé que los portavoces lo
harán a continuación pero sí quiero explicar a esta Cámara algunos de los
detalles que han rodeado nuestro trabajo, que partió de algo inédito: ...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, ¡será tan difícil!
La señora RIVERA DE LA CRUZ: ... el reconocimiento por parte de la Cámara
de la especificidad del trabajo de los creadores autorizando la
constitución de esta subcomisión. Nunca hasta ahora el Parlamento español
había reconocido expresamente que los hombres y mujeres que dedican su
vida a la creación lo hacen en circunstancias excepcionales y deben ser
reconocidas. Les aseguro que eso fue ya un paso de gigante.
Espero que entiendan este informe como lo que es: un acto de justicia con
tantas personas que durante años hicieron su trabajo en condiciones de
precariedad, de inseguridad o de intermitencia. Para algunas todo esto
llega muy tarde, pero hoy quiero pensar que en un futuro próximo hombres
y mujeres que escriben, que actúan, que dirigen, que esculpen, que
pintan, que danzan, que bailan, que componen..., encontrarán en estas
páginas un alivio a algunos de sus problemas profesionales.
La subcomisión inició sus trabajos con la comparecencia de hasta treinta
asociaciones y representantes de todos los colectivos de creadores.
Aquellos que no pudieron intervenir nos hicieron llegar distinta
documentación que fue examinada por los portavoces. Quiero destacar que
por acuerdo de toda la subcomisión los comparecientes fueron llamados por
todos los partidos. A continuación llegaron semanas dedicadas a organizar
el material y a mantener largas sesiones de trabajo sobre los problemas
que encontramos y las medidas a adoptar. Quiero recordar en este punto la
ayuda inestimable de los técnicos de todos los partidos que nos ayudaron
en materias como fiscalidad o Seguridad Social. Y empiezo con ellos el
largo capítulo de agradecimientos que ocupará la mayor parte de esta
intervención.
Quiero expresar mi gratitud a la Mesa del Congreso que concedió una
prórroga para acabar las conclusiones cuando la necesitamos y a la
presidenta del Congreso, doña Ana Pastor, por la atención y el afecto con
los que recibió este informe cuando le fue entregado por la subcomisión.
A nuestro letrado don Ignacio Astarloa, que fue árbitro de discusiones,
abogado de causas perdidas, consejero en las dudas y paño de lágrimas de
todos los portavoces. Todos se lo hemos dicho en algún momento, pero
quiero repetirlo desde esta tribuna: sin Ignacio Astarloa este barco
posiblemente no hubiera llegado a buen puerto. Astarloa personifica la
profesionalidad extrema de todo el personal de esta casa, su buen hacer,
su talante y su disposición para hacer más fácil el trabajo de los
diputados. (Aplausos).
Y también es de justicia reconocer el apoyo que se nos prestó desde el
Ministerio de Cultura y de sus sucesivos titulares. Los responsables de
la cartera nos animaron durante estos meses a ser ambiciosos y se
comprometieron a ayudarnos en la materialización de nuestras propuestas.
Le agradezco al señor Guirao que esté presente en la lectura de este
informe.
El estatuto es fruto del trabajo de muchos, pero sobre todo del talante de
todos. Quiero agradecer la entrega de los portavoces de Cultura que
participaron activamente en la redacción del informe: Emilio del Río y
Miguel Lorenzo, por parte del Partido Popular; José Andrés Torres Mora,
del PSOE; Eduardo Maura, Rosana Pastor y Miguel Anxo Fernández Bello, de
Unidos Podemos y En Marea, y Félix Álvarez, de Ciudadanos. Asimismo
agradezco la confianza de los portavoces de los otros grupos, que han
estado puntualmente informados de los avances y el contenido de este
documento. Durante meses cuatro partidos han trabajado codo con codo con
absoluta lealtad excepcional, sin permitir que las diferencias
ideológicas les apartasen del objetivo común de poder presentar este
texto y hacerlo desde el mayor de los consensos. Me enorgullece pensar
que el sentido de la responsabilidad de todos los portavoces nos permitió
seguir trabajando, incluso con el trasfondo de una moción de censura que
trajo consigo un cambio de Gobierno.
Señorías, no ha sido fácil pero aquí está. Ha sido un honor presidir esta
subcomisión y poder ser testigo del empeño y la honestidad de un grupo de
hombres y mujeres que durante meses se volcaron en una tarea que
esperamos que pronto dé sus frutos. Vivimos tiempos difíciles, pero a
veces pasan cosas como esta y siete grupos parlamentarios se ponen de
acuerdo, y creo que si lo hemos hecho posible es porque durante los
trabajos de la Comisión todos fuimos capaces de olvidar nuestra
procedencia ideológica y trabajamos pensando en los creadores que a lo
largo de la historia encontraron incontables dificultades para vivir de
su oficio. Cuando nos encerrábamos en una sala para encontrar soluciones
a algunos problemas, teníamos en la cabeza a esos hombres y mujeres en
los que tan a menudo no se había pensado. Nunca hubiésemos sacado
adelante el informe si no nos hubiésemos conjurado en secreto para
aparcar nuestras siglas y pensar en las personas. Permitan que repita
algo que ya he dicho aquí otra vez: Dentro de cien años nadie se acordará
de nuestros nombres pero, en cambio, seguirán leyendo un libro que se ha
escrito hoy, viendo una película que se está rodando o escuchando una
canción que se acaba de componer. Supongo que esa certeza nos llevó de la
mano al consenso que exhibimos hoy aquí. Este informe es solo el
principio del camino, pero ya tenemos la hoja de ruta; un mapa para
llegar allí donde
queremos ir. Ojalá España se convierta pronto en el mejor país del mundo
para crear. Cuando esto suceda espero que recuerden que fue gracias a que
un día todos trabajamos juntos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Tiene razón la presidenta de la subcomisión, a
veces pasan cosas, y, recordando al señor Rajoy, diré que a veces pasan
cosas bonitas. Esta es una de las cosas bonitas que ha pasado en esta
Cámara. Pocas veces existe tal unanimidad en un trabajo de todos los
grupos. Por tanto, por mi parte, como miembro de la Comisión de Cultura,
deseo felicitar a la subcomisión porque ha hecho un excelente trabajo y
además por esa unanimidad de todos los grupos.
El texto recoge setenta y cinco puntos que son propuestas absolutamente
razonables, propuestas de sentido común, propuestas que, probablemente,
se deberían haber tenido en cuenta hace ya mucho tiempo, que podrían
haber evitado probablemente sufrimientos y situaciones difíciles para la
gente que quiere vivir de la cultura, algo tan difícil en este país. Las
setenta y cinco propuestas que abarcan ámbitos de fiscalidad, de
protección laboral, Seguridad Social y de compatibilidad de los derechos
del autor con otras prestaciones, son, insisto, propuestas absolutamente
razonables que merecen ser tenidas en cuenta. Por tanto, sería importante
que esa unanimidad que se dio en la subcomisión se diera también hoy
aquí. Sería un gesto positivo de este Parlamento para demostrar que a
veces, pocas, somos capaces de ponernos de acuerdo y somos capaces de
anteponer el sentido común a nuestras propias convicciones. Sería
positivo porque la gente, los ciudadanos, están esperando este tipo de
gestos también de este Parlamento y de los políticos. Sin embargo, con
ser un gesto positivo la unanimidad de hoy, sería mucho más importante
que ese gesto no acabara hoy; es decir, que este informe que se ha traído
hoy aquí se tradujera en un proceso legislativo que acabara poniendo
todos estos puntos en las leyes que hicieran falta, esto es, convirtiendo
los setenta y cinco puntos en setenta y cinco artículos de ley o en
diferentes leyes.
Tengo que decir que, evidentemente, hoy nosotros también estamos contentos
y votaremos que sí pero, insisto, esperamos que este Parlamento haga lo
que tiene que hacer, que es convertir estas propuestas en leyes.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Ministros, señorías, sin voluntad de alargarme mucho, porque creo que la
presidenta Rivera ha hecho un apunte interesante del trabajo realizado en
la Comisión, sí que quería aprovechar este momento básicamente para
mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, a todas aquellas personas que
han participado. Así lo he hecho de forma personal y en la Comisión, pero
no quería dejar escapar la oportunidad de hacerlo también desde el
Hemiciclo, entre otras cosas, porque que el estatuto llegase a buen
puerto dependía básicamente de la voluntad de los cuatro grupos
mayoritarios de esta Cámara y por eso creo que es de justicia agradecer
su buen tono, su buena voluntad y sobre todo su trabajo para que este
estatuto sea hoy una realidad.
En segundo lugar, hoy terminamos el primer capítulo de este estatuto que,
de hecho, se caracteriza por dos actos revolucionarios. El primero, diría
yo, es que toda la Cámara se ponga de acuerdo respecto de un tema, sobre
todo en un tema tan importante y el segundo acto revolucionario de este
primer capítulo tiene que ver conque ese consenso se genere alrededor del
sector cultural, que es siempre el gran damnificado de las grandes
políticas y siempre es el último de la fila. Por eso creo que es
importante poner de manifiesto esos dos pequeños actos revolucionarios
que forman parte del primer capítulo de ese estatuto. Y ahora empieza,
señor ministro, y le miro a usted, el segundo capítulo, que tiene que ver
con que estas recomendaciones, este informe que aprobó la subcomisión sea
aplicable, sea fácil de incorporar y, sobre todo, que el sector cultural
de este país lo note. Es su reto y es el reto de sus compañeros de
gabinete, y por eso le miro a usted. Siempre que sea para caminar en ese
sentido, nos va a encontrar tanto a nosotros como seguro que al resto de
grupos de la Cámara que han formado la subcomisión.
Dejo aquí mi punto, no sin antes repetir mi agradecimiento a los grupos de
la Cámara, a los portavoces de los grupos principales y a los portavoces
de los grupos minoritarios, que hemos hecho todo cuanto hemos podido para
poder participar y para poder sumar a este estatuto nuestra opinión,
nuestro punto de vista sobre el sector cultural y trasladar así unas
demandas propias de un sector damnificado desde hace tiempo. No quería
marcharme sin agradecer al señor letrado su paciencia, también con
aquellos que teníamos que salir corriendo de las comisiones por hacer
siempre, siempre, siempre un poquito más de lo que se debe. Muchas
gracias, señor letrado, gracias, presidente y gracias a todos los
miembros de la Comisión. Como no podría ser de otra forma, nuestro voto
va a ser afirmativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on.
Buenos días.
Señorías, en primer lugar, este grupo parlamentario quiere agradecer a
todos los miembros de la Comisión y a todas las personas que han
participado en la misma que hayan su visión desde diferentes ámbitos de
la cultura y también desde el ámbito del derecho. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Personas que han facilitado una
información que ha sido clave o relevante para luego desarrollar este
informe que hoy vamos a aprobar o ratificar; informe que ha sido fruto
del consenso de todos los grupos parlamentarios y además con posturas
ideológicas distintas y por ello entendemos que con un valor añadido.
Las artes, en su acepción más amplia y completa, son y deberían ser parte
integrante de la vida y es necesario y conveniente que los Gobiernos
contribuyan a crear y mantener no solo un clima propicio a la libertad de
expresión artística, sino también las condiciones materiales que
faciliten la manifestación de este talento creador. Una recomendación
esta que la Unesco realizó allá por los años ochenta para que los Estados
adaptasen su legislación a las condiciones de los artistas, pero también
una resolución del Parlamento Europeo en el año 2007 instó a la Comisión
a un proceso de reflexión en este sentido. Y es que hay que decir que
muchas veces nos quedamos anonadados por el éxito arrollador de unos
pocos artistas, pero la realidad es otra bien distinta: trabajo temporal,
intermitente, con irregularidad de ingresos, con movilidad constante y
otras condiciones que es necesario abordar. Que este Parlamento hoy se
haya decidido a hacerlo, aunque sea once años después, es una gran
noticia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Este informe es, pues, un buen
paso en la buena dirección, un informe que ha sido elaborado no solo por
la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia de la cultura y
la libertad de creación, sino también por las características especiales
de esta relación laboral, una relación laboral en la que es necesario
contar con mecanismos de protección dada su peculiaridad, peculiaridad
que también se refleja en parte en el propio Estatuto de los Trabajadores
cuando reconoce la especialidad de los artistas en espectáculos públicos.
Con este informe trata no solo de poner de manifiesto la necesidad de dar
solución a las distintas problemáticas de artistas y creadores, sino la
necesidad de transmitir a la sociedad la importancia de la cultura y de
la creatividad como valores, pero también de la cultura como fuente de
actividad económica. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Les pido y les ruego que
guarden silencio.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Es un informe que, además de
abordar las cuestiones fiscales, laborales, de Seguridad Social, de
formación, educación y de propiedad intelectual, ha de ser la hoja de
ruta para luego poder legislar y lograr la protección integral, dando
respuesta a las necesidades específicas de este colectivo. Pero tampoco
nos engañemos pensando en que el estatuto del artista va a ser la
solución única a sus necesidades, sino que habrá que avanzar con nuevas
políticas culturales públicas, códigos de buenas prácticas, presupuestos
y demás para poner la cultura, al artista y a los creadores en el centro
de las políticas públicas, tal y como insta un informe de la Unesco de
2018.
Este grupo va a ratificar el informe que ya votó favorablemente en la
Comisión, pero también nos gustaría dejar constancia de que entre todas
las medidas planteadas hay algunas referidas a cuestiones fiscales, como
las relativas al IRPF. Tenemos que decir que estamos ante medidas que
afectan a un tributo concertado de normativa autónoma y, por tanto, sobre
el que tenemos competencia exclusiva y entonces serán las respectivas
diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y, en su caso, la
navarra, las que tendrán que abordar y decidir la implementación de estas
medidas. Por último, he de comentar que nuestras diputaciones ya
contemplan la mayoría de deducciones que se plantean en este informe,
sobre todo en el apartado de rendimientos de actividades económicas.
Por todo lo dicho y con la salvedad mencionada, ratificaremos este
informe.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, ante todo -y me sumo a lo dicho por los compañeros-, quiero
felicitar a la subcomisión y a todos los miembros que han formado parte
de ella por haber conseguido aprobar por unanimidad un informe que podría
ser un documento básico a partir del cual empezar a trabajar. Creo que es
importante reafirmar el trabajo de síntesis que representa este informe y
también el esfuerzo por intentar aportar soluciones y propuestas
diferentes. Por tanto, es un documento de trabajo a partir del cual
podemos empezar a trabajar.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento también a los colectivos y
entidades del sector que nos han trasladado reclamaciones históricas. No
son reclamaciones actuales sino realmente de hace muchos años. De hecho,
es una demanda histórica. Este informe no recoge ninguna demanda
excepcional del sector cultural, eso se ha de dejar muy claro, sino que
simplemente refleja una situación de desregulación histórica que perpetúa
la precarización del trabajador y del trabajo cultural. Ante esa
situación, el sector lo que hace es pedir simplemente un mayor
reconocimiento y una correcta regulación tanto laboral como fiscal. Por
tanto, lo que se quiere es normalizar el trabajo y al trabajador
cultural.
Quizás el concepto estatuto del artista -es una percepción personal- pueda
hacer dudar sobre quiénes conforman este colectivo. De hecho, nos estamos
refiriendo al trabajador cultural entendido como todo aquel que participa
de la cadena de producción de cualquier proyecto cultural. Por ejemplo,
el gestor cultural no es un creador, pero sí que es un miembro que forma
parte de este colectivo cultural. Esas demandas en ningún caso suponen
una petición de privilegio -como pudiese parecer- de ese sector con
respecto a otros ámbitos laborales, sino que simplemente pretenden -y
vuelvo a repetirlo- normalizar una anormalidad histórica de falta de
reconocimiento del trabajo y del trabajador cultural. Creo que ese
aspecto es importante porque es uno de los criterios importantes en que
se basaba este informe. Eso pasa por identificar los déficits que son muy
diversos y que, aunque se repiten en otros sectores laborales, quizás
señalaría como específicos de este sector: por un lado, el carácter
intermitente del trabajo cultural que, como los compañeros han comentado,
es una de las especificidades de ese sector, y por otro, la falta de
reconocimiento por parte de la Seguridad Social. Son dos puntos
fundamentales que han ido repitiendo los diferentes portavoces. De hecho,
recomendamos tener en cuenta en cualquier reforma del ámbito laboral y
fiscal cada uno de los setenta y cinco puntos que se señalan. Por tanto,
desde la subcomisión de Cultura lo trasladamos a otras comisiones y a
otros ámbitos porque realmente es un aspecto muy transversal y para
empezar a trabajar hace falta que se tomen en cuenta los diferentes
aspectos.
A corto plazo se pueden realizar acciones sobre determinados puntos, por
ejemplo, la actualización de los epígrafes de la Seguridad Social, que es
importante, o compatibilizar la percepción de derechos de autor con la
pensión de jubilación. Son dos aspectos de los muchos que hay pero creo
que se podría trabajar sobre ellos con una relativa agilidad. Para
terminar, poder llevar a término estas recomendaciones recogidas en este
informe supone ya un mayor reconocimiento al trabajador cultural, y en
ese aspecto ponerse en marcha, empezar a trabajar legislativamente para
estudiar cada uno de los artículos que se van proponiendo es un objetivo
importante y será la manera real de reconocer el trabajo de ese sector,
un sector que, como he dicho, no ha sido reconocido históricamente y que,
por tanto, necesita volver a una cierta normalidad regulatoria.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez
Palleiro.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, creo que es de justicia agradecer y reconocer el trabajo
de los distintos colectivos, agrupaciones, asociaciones, de las distintas
personas que han pasado por esta subcomisión, que nos alumbraron con su
sabiduría, que nos dieron un diagnóstico exacto de la salud o de la mala
salud de nuestra cultura y que nos aportaron soluciones para corregir
estos desequilibrios. (Aplausos). Algunas de estas personas se encuentran
aquí en la tribuna. Que seáis vosotros la representación de todos esos
hombres y de todas esas mujeres que habéis hecho posible que este
estatuto salga adelante. De corazón, muchísimas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Señorías, en estos momentos difíciles,
complicados, políticamente complejos, de aritméticas parlamentarias
realmente delirantes en algunos casos, es reseñable, muy reseñable, que
el informe de este estatuto se aprobase en junio en la Comisión de
Cultura por unanimidad; creo que no hay que cansarse de repetir que hemos
conseguido aprobar algo en esta Cámara por unanimidad. Esta es la
constatación de que cuando se trabaja por el bien común, en este caso por
la cultura, dejando de lado las cuestiones partidistas, las siglas, los
intereses personales, el acuerdo y el consenso son posibles. Quiero
reiterar la importancia vital que tiene la cultura por el poder de
transformar y de vertebrar la sociedad, por esa capacidad que tiene de
fomentar el espíritu crítico entre los ciudadanos, además, evidentemente,
del disfrute, del goce, del placer que produce la música, leer un libro,
ver una película, danza, teatro, circo, cualquier expresión plástica, el
patrimonio, etcétera.
Este estatuto, que no es poco, quiere incidir en cuestiones laborales,
sanitarias, fiscales, de jubilación, de acceso a prestaciones sociales,
de transiciones profesionales para modernizar, actualizar y adoptar la
normativa y las leyes vigentes a la realidad del trabajo cultural del
siglo XXI. Este estatuto pone en valor el esfuerzo de los artistas, de
los creadores y de los trabajadores de la cultura. Este estatuto lima las
diferencias que existen con los países de nuestro entorno en el
tratamiento a todos aquellos que crean cultura. Este estatuto va dirigido
a la inmensa mayoría. No nos engañemos, a los actores de éxito, a la
actriz que triunfa en Hollywood, a aquellos escritores, pintores y
escultores que venden sus obras a buen precio, a aquellos músicos que son
capaces de tener cientos de miles de descargas -legales- en Internet, a
todos estos ya les va bien, no tienen este tipo de problemas y no creo
que les afecte este estatuto. ¿Pero es lógico y se puede asumir que una
artista de circo embarazada tenga que hacer malabares, nunca mejor dicho,
para que cuando llegue el día del parto esté, como poco, en situación
asimilada al alta para poder acceder a las prestaciones por maternidad
como cualquier otra trabajadora? ¿Es lógico que un músico que cobra su
jubilación, la que le corresponde porque la cotizó religiosamente, tenga
que elegir entre cobrar la jubilación o tener que cobrar los derechos que
genera una canción que compuso hace treinta años y que de repente se ha
puesto de moda por causas y azares que él no controla? ¿Podemos permitir
que a una bailarina que ejerce una disciplina cultural con una alta
exigencia física y con una dedicación absoluta, a la que con treinta y
cinco años, como mucho, se le acaba su carrera, no se le proporcione un
programa de transición profesional, como existe en los países más
avanzados del mundo, para que pueda incorporarse al mercado laboral y
seguir participando y aportando su sabiduría a nuestra sociedad? Si no
hacemos esto, ¿quién bailará para nosotros? ¿Saben ustedes que con la
actual legislación, Miguel de Cervantes, que publicó la segunda parte del
Quijote con sesenta y ocho años, tendría que arriesgarse a perder la
jubilación si decidiera publicarla en la actualidad? ¿Estamos en
disposición de desperdiciar el talento, la experiencia y la sabiduría de
nuestros artistas de edad avanzada, en la que pueden seguir aportando
riqueza cultural e ingresos a la caja común? Este tipo de situaciones son
las que pretende solucionar este estatuto.
Ahora llega el momento de la verdad, señor ministro, el momento de hacer
realidad las modificaciones normativas y legislativas pertinentes para
que este acuerdo -repito, que fue aprobado en Comisión por consenso, por
unanimidad- pase de ser literatura a modificar sustancialmente las
condiciones de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura y
actualizarlas a la realidad del siglo XXI; en definitiva, para que este
acuerdo sirva para dignificar el trabajo cultural. Ningún ministro de
Cultura en lo que llevamos de democracia llegó al cargo con un activo tan
impresionante: un estatuto del artista aprobado por consenso. Tiene usted
la posibilidad de pasar a la historia como el ministro que supo hacer
realidad este cambio
necesario e imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo
cultural o de pasar a la historia como el ministro que dilapidó este
caudal. Y ¡qué quiere que le diga! Yo mucho no me fío, y no lo digo por
usted, al que le concedo el beneficio de la duda dada su trayectoria en
el mundo de la cultura, sino por el Gobierno al que pertenece. Es un
Gobierno cuya aportación más relevante, de momento, ha sido pedir, a
través de su vicepresidenta, un informe a la Real Academia Española de la
Lengua -que si no dice lo que ella quiere lo va a despreciar, según sus
propias palabras- para duplicar el lenguaje en nuestra Constitución. Otra
aportación ha sido la presencia del presidente Sánchez en el concierto de
los Killers, al que acudió con su 'Air Force One', y de la que no podemos
saber muchas más cosas porque es secreto de Estado. No me fío de un
Gobierno de ochenta y cuatro diputados sometido al chantaje de populistas
e independentistas, a los que debe el señor Sánchez el alquiler de la
Moncloa, de un Gobierno que, me temo -espero equivocarme, por el bien de
la cultura-, no va a tener capacidad de maniobra por su extrema debilidad
y por el chantaje al que está sometido. Ojalá, y esto lo digo con toda
sinceridad, me tenga que comer estas palabras, que, como decía Winston
Churchill, serán una dieta equilibrada. Y como no nos fiamos, en
Ciudadanos estaremos atentos y vigilantes para controlar el desarrollo
legislativo de este estatuto, que, vuelvo a insistir, fue aprobado por
unanimidad.
No quisiera acabar esta intervención sin agradecer a todos los miembros de
la Cámara su trabajo y su disposición y que hayan facilitado tanto
nuestra tarea y sin dar las gracias a todos los diputados y diputadas que
formaron esta subcomisión, absolutamente a todos, pero permítanme que
señale a la señora Pastor, al señor Torres Mora, al señor Maura, al señor
Del Río, al señor Lorenzo, a la presidenta, Marta Rivera de la Cruz, y
demás compañeros. Pero, sobre todo, quiero hacer una consideración
especial a nuestro letrado, el señor Astarloa, faro que ha guiado
nuestros pasos con sabiduría y precisión. Ha sido todo un honor conocerle
y trabajar con usted y haberle parasitado todos los conocimientos que he
podido.
Señor ministro, termino recordándole que ahora la pelota de este estatuto
se encuentra en el tejado de su despacho. Por favor, no desperdicie esta
ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor Muñoz.
(Pausa). Es el señor Maura, pero tienen que avisar a la Mesa. Señor
Maura, tiene usted la palabra.
El señor MAURA ZORITA: Gracias, presidenta.
Antes de abordar la cuestión que nos compete quería decir apenas unas
palabras sobre un compañero de todas y de todos, el diputado de En Comú
Podem Xavi Domènech. Xavi Domènech nunca rehuyó un conflicto y nunca dejó
de dar una batalla, pero siempre entendió -y es un aprendizaje que le
debo- que lo verdaderamente duro y revolucionario es cooperar. Por tanto,
vaya un abrazo para él y para todas las personas que cooperan.
(Aplausos).
Dicho esto, abordo la cuestión que nos ocupa. Este debate que tenemos hoy
sobre el informe de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del
artista es la penúltima estación de un trabajo que ha sido largo y duro y
que creo que es satisfactorio para, al menos, mi grupo parlamentario y
para mí personalmente. Hemos conseguido a través de un método
verdaderamente dedicado, a través de mucho trabajo, con muchas
conversaciones con sindicatos, asociaciones profesionales y colectivos
del sector, con mucho diálogo entre las partes y también con una atención
muy especial a los problemas específicos que tienen las personas de las
que nos ocupábamos, hemos conseguido -digo- un borrador de estatuto muy
avanzado que, sin duda, pone encima de la mesa la necesidad de que este
colectivo tenga igualdad de derechos y oportunidades, que constituye una
agenda legislativa contra la precariedad, que se ocupa de las
especificidades del trabajo cultural, tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena, que lo hace también con atención a la intermitencia
característica del sector, que lo hace con perspectiva de género y que lo
hace además con sensibilidad hacia las personas que trabajan en lugares
menos visibles, los trabajos menos visibles, los trabajos detrás de los
escenarios, antes de los escenarios y después de los escenarios, que
están siempre ahí garantizando que podamos disfrutar de un concierto, de
un libro, de una obra de teatro o de la película. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MAURA ZORITA: Dicho esto y manifestando la satisfacción por el
resultado que hemos obtenido, creo que lo fundamental no es solo el texto
del informe de la subcomisión. En gran medida creo
que la subcomisión, como proceso parlamentario, como trabajo legislativo
que ha sido, nos sirve también para cambiar de paradigma; nos sirve
también para recordar que cada vez que debatamos sobre cultura en esta u
otras Cámaras, en todas las instituciones y en todos los niveles
administrativos y competenciales, recordemos siempre que la cultura es un
trabajo. Puede que la mayor parte de las personas lo asocien con su
tiempo libre, puede que la mayor parte de las personas disfruten de la
cultura al acabar su jornada laboral o en algún momento de su tiempo de
descanso, sin embargo, para que eso sea posible, muchas personas tienen
que dedicarse a la cultura todo el día, todos los días de la semana y
todas las horas del día. Es absolutamente fundamental que entendamos, por
tanto, que, hoy por hoy, no es tan sencillo encontrar lugares donde se
diga abiertamente y de manera clara y distinta que la cultura es un
trabajo y que como todo trabajo requiere de condiciones dignas, requiere
de derechos y oportunidades iguales con respeto a otras profesiones, a
otras personas y a otros trabajos.
La cultura, además de un sector productivo y un trabajo, es también un
derecho. Este informe de la subcomisión no es solo algo que importa y que
le dedicamos a las personas que se dedican profesionalmente a la cultura,
es un informe que va a ayudar a que se garanticen los derechos de toda la
ciudadanía. La cultura es un derecho recogido constitucionalmente en el
título dedicado a los derechos y deberes fundamentales de toda la
ciudadanía. La cultura es un derecho que el artículo 44.1 de la
Constitución recoge de manera evidente y explícita. Que las personas que
se dedican a la cultura puedan hacerlo en condiciones dignas, que puedan
hacerlo -insisto- con derechos y oportunidades es bueno para toda la
ciudadanía, por tanto, no es una política o un avance sectorial; es un
avance de toda la ciudadanía, es un avance de toda la sociedad en la
medida en que, gracias a este informe -cuando consigamos aplicarlo-,
vamos a poder hacer algo tan relevante como garantizar un artículo
constitucional, el 44.1. ¿Qué sentido tiene que la Constitución recoja el
derecho al acceso a la cultura si las personas que lo pueden garantizar
no tienen ellas mismas derechos, no tienen ellas mismas oportunidades?
Aprovecho mis últimos minutos para agradecer -como ya han hecho mis
compañeros y compañeras en la tribuna y en Comisión, así como en otras
ocasiones privadas y públicas que hemos compartido- el trabajo que se ha
realizado. Creo que el mejor método para el consenso es el conflicto, es
poner encima de la mesa los problemas, es poner encima de la mesa las
diferencias, es poner encima de la mesa las posibles soluciones; el mejor
método para obtener consensos es, en última instancia, no dejar de
reconocer dónde están los problemas para poder abordarlos en toda su
complejidad, en toda su extensión, con toda su dificultad.
En esa labor nos ha ayudado mucha gente que ha sido mencionada ya. Yo solo
me referiré, por supuesto, a nuestro letrado, Ignacio Astarloa, y, como
es natural, a las asociaciones -algunas de las cuales están aquí
presentes-, así como -es inexcusable- a mis compañeros de grupo
parlamentario Rosana Pastor y Miguel Anxo Fernández Bello. Gracias a
todas y a todos, portavoces y presidenta de la Comisión. Ha sido un
placer, quizá haya sido una de las experiencias parlamentarias más
beneficiosas para mí y que recordaré como un honor y no solo como un
placer o como una tarea. Gracias a todas y a todos. Ojalá podamos estar
pronto en esta misma tribuna defendiendo reales decretos, defendiendo
medidas concretas que, insisto, hagan realidad lo que hemos conseguido
tan duramente.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres
Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Estoy convencido de que a estas horas todas sus señorías entenderán
perfectamente qué significa eso de pasar más hambre que un poeta.
(Risas).
Señorías, el pasado domingo por la noche asistimos desconsolados a la
pérdida que ha supuesto para toda la humanidad el incendio del Museo
Nacional de Brasil. (Aplausos). Más de 20 millones de piezas museísticas,
algunas de ellas de un valor incalculable, dependían de un presupuesto
miserable que para este año tenía una previsión de 42 000 euros. Cuesta
creérselo. ¡Cuántos conocimientos y cuánta belleza se han perdido para
siempre!
Allá por 1848, Víctor Hugo, entonces miembro de la Asamblea Nacional, a
raíz de unos recortes en los siempre escasos presupuestos de cultura,
advertía a sus compañeros parlamentarios, y con ellos a todos nosotros, a
todos los parlamentarios del mundo. Decía Victor Hugo: Han caído ustedes
en un error deplorable; han pensado que se ahorrarían dinero, pero lo que
se ahorrarán es gloria. Hasta aquí la cita
de Víctor Hugo. Cuánta gloria han perdido nuestros colegas brasileños, una
gloria que ni ellos habían ganado ni era para ellos, sino que era para un
patrimonio que las generaciones pasadas acumularon para las generaciones
futuras, del que ellos eran depositarios temporales. No puedo imaginar su
desolación. Algo así no nos debe pasar a nosotros, no nos puede pasar a
nosotros.
Desde hace unos años tengo la impresión de que el problema no somos solo
nosotros, los representantes, sino que una parte de la sociedad se ha
alejado de la cultura y de sus creadores, a los que ve muy injustamente
como una casta privilegiada y ajena y contra los que se carga a la menor
excusa. Estoy convencido de que son pocos, pero son muy ruidosos los que
piensan así, y lo cierto es que poco a poco se ha ido extendiendo por el
espacio público, si no cierta actitud de hostilidad, sí de indiferencia
hacia la creación cultural, quizá no en la retórica, siempre púdica, pero
sí en los hechos.
Hoy todas sus señorías tienen una magnífica oportunidad para hacer que la
política lidere el cambio social y que lo haga en un sentido bueno para
todos, no haciendo de la necesidad virtud, como solemos, sino haciendo de
la virtud necesidad. Durante más de un año un pequeño grupo de diputadas
y diputados de todos los grupos parlamentarios hemos trabajado en el
informe que hoy presentamos para su aprobación. Gracias a todos ellos por
el diálogo fecundo en acuerdos, por el amor a la cultura, por el humor,
por el respeto, por la inteligencia y por el trabajo, por la amistad.
Gracias por la abundancia de todo eso, que suplía la falta de otros
recursos, porque es sabido de sus señorías que nuestro Parlamento -este
es un mal que compartimos con otras democracias avanzadas- no dispone de
grandes recursos, de modo que para realizar el informe que ahora
sometemos a la consideración del Pleno hemos contado con muchas ayudas,
muchas complicidades y mucha comprensión, especialmente de las
organizaciones profesionales y sindicales de los creadores y los artistas
y de quienes las dirigen. Solo puedo decir que son imprescindibles. Por
eso quiero reiterar en nombre del Grupo Socialista todos y cada uno de
los agradecimientos que ya han expresado con justicia los oradores que me
han precedido.
En la elaboración del informe nos ha faltado un mayor diálogo con los
expertos y gestores de la Administración, con los funcionarios públicos
que gestionan nuestros derechos, que acumulan un saber que resulta
necesario para afinar cada propuesta que hacemos de forma que sean
aplicables de manera justa y eficaz. El Gobierno, nada más llegar, acogió
el informe de la subcomisión como suyo y ya ha iniciado ese diálogo y el
trabajo necesario para ir concretando en medidas administrativas y
propuestas legales lo que planteamos en el informe, y también se lo
agradecemos al Gobierno. Con el trabajo de la Comisión, de toda la
Comisión, de todos los grupos, hemos elaborado este informe que hemos
aprobado por unanimidad. Si sus señorías quieren, este informe podrá ser
la primera piedra de un nuevo pacto para la cultura. No hablo de un gran
pacto firmado con mucha solemnidad, con cámaras y tapices al fondo -esa
propuesta está fuera de mi alcance-, pero sí de un pacto eficazmente
cotidiano que se exprese en un mayor reconocimiento de la importancia de
la cultura, un mayor respeto a quienes la crean y una mayor comprensión
de sus necesidades y demandas, y no solo por los representantes, sino
también por los representados.
Señorías, decía Pompeyo el Grande que vivir no es necesario, pero navegar
sí. Vivir no es necesario, no, pero escuchar música, cantar canciones,
leer libros, ver cuadros y películas, eso sí es necesario. (Aplausos).
¡Cuántos millones de canciones, de libros, de cuadros, de películas, se
pierden cada año en todo el mundo! Pero no pasto de las llamas, sino
sencillamente porque sus posibles creadores no tuvieron los medios para
hacerlas. Hoy, con nuestro voto, ayudamos a apagar ese incendio.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del Río
Sanz.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, presidenta.
Señorías, lo escuché una vez en un acto público y decidí que me lo
quedaba, me pareció genial: antes de hablar, quiero decir unas palabras.
Bueno, pues, antes de hablar, quiero decir unas palabras de
agradecimiento, en primer lugar -se ha citado ya-, al letrado de la
Comisión, a Ignacio Astarloa, por el papel aglutinador e impulsor que ha
tenido en un estatuto que, como ha señalado la presidenta de la Comisión,
después de tantos meses de trabajo hemos conseguido aprobar por
unanimidad en la Comisión, y también a quienes desde mi grupo
parlamentario han trabajado para que esto fuera posible: María José
García-Pelayo, que me entregó el testigo e hizo la mayor parte del
trabajo -muchas gracias- y Miguel
Lorenzo, que ha estado ahí todo el tiempo -muchas gracias-. (Aplausos).
Dichas estas palabras, voy a hablar.
Que se apruebe hoy, y por unanimidad, este informe de la subcomisión para
apoyar a los creadores del mundo de la cultura en nuestro país es un hito
para la cultura en España. Desde el Partido Popular hemos hecho todo lo
posible para llegar a este consenso, y siendo como somos el grupo
mayoritario, desalojado del Gobierno por esta moción de censura con el
apoyo de los batasunos, de los independentistas, etcétera, pero grupo
mayoritario, por tanto tenemos algo más de protagonismo, como corresponde
democráticamente, en haber llegado a este acuerdo. Para el Partido
Popular era fundamental este estatuto hasta el punto de que lo teníamos
en nuestro programa electoral. ¿Por qué era fundamental? Porque -y no me
quiero extender a estas horas- la cultura es algo que tiene que ver con
tres principios esenciales para el partido del que soy portavoz. En
primer lugar, porque tiene que ver con la libertad personal, con el
desarrollo personal y la libertad de los individuos. En segundo lugar,
porque tiene que ver con el progreso social; el progreso de una sociedad
no se mide solamente -que se mide- por las patentes que se registran o
por los kilómetros de carretera que se construyen -que se mide por eso
también-; se mide por el progreso cultural, y este estatuto del artista
es un instrumento para seguir potenciando el progreso social. Y en tercer
lugar, porque tiene que ver con la esencia de nuestro país, con la unidad
de España, algo en lo que personalmente creo y en cuya defensa se
caracteriza este partido. La cultura es el alma de una nación; una patria
lo es porque comparte una cultura común y porque tiene una cultura
propia. La cultura no cae del cielo, que diría la ahora vicepresidenta;
la cultura la hacen los creadores y la interpretan los músicos, la
interpretan los bailarines, la interpretan los actores, la disfrutamos
gracias al trabajo de tantos creadores y de tantos trabajadores de la
cultura. Por eso se trata de apoyarlos, por eso se trata de reconocer la
especificidad de todos los profesionales del ámbito de la cultura, de
salvaguardar sus derechos como trabajadores, y a su vez de potenciar su
papel como creadores.
Se trata de medidas justas y necesarias que espero que este Gobierno las
tome en serio. No se trata de coger un avión para ir a un concierto
oficial; se trata de tomarse en serio el documento, las casi ochenta
medidas que están incluidas en este informe, y de aplicarse a ello, de
dejar los postureos y de hacerle caso -espero- al ministro de Cultura,
para que esto no se quede en papel mojado, para que no se quede como la
bajada del IVA del cine, que no ha repercutido todavía en el precio de
las entradas. Por cierto quiero reconocer también el trabajo de quienes
sin estar en la Comisión han contribuido decididamente a que esto sea hoy
una realidad, y lo quiero personalizar en Íñigo Méndez de Vigo, ministro
de Cultura, y en su entonces secretario de Estado, Fernando Benzo.
(Aplausos).
Desde el Partido Popular vamos a estar tan exigentes y tan vigilantes para
que esto se cumpla como lo estaríamos si hubiese un Gobierno del Partido
Popular. Nos va en ello, como digo, apoyar, salvaguardar, proteger y
fomentar la cultura en nuestro país, que tiene que ver con la libertad,
con el progreso social y con la esencia de España. Y en esa labor, en esa
exigencia nos van a tener de una forma leal y responsable, pero exigente
también, como corresponde al Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA QUE SE CONCEDA UNA
PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL,
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME. (Número
de expediente 154/000010).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo
a la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una
prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral,
hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe.
Dicha solicitud se someterá a votación al final de esta sesión.
Señorías, en cuatro minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 5/2018, DE 27 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 130/000032).
La señora PRESIDENTA: Señorías, va a comenzar la votación.
Procedemos a votar, en primer lugar, la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa europea en materia de
protección de datos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más
4 votos telemáticos, 341; a favor, 335 más 4 votos telemáticos, 339;
abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 6/2018, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE
MEDIOS EN LA ATENCIÓN A ASILADOS Y REFUGIADOS. (Número de expediente
130/000033).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley
6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo
público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la
atención a asilados y refugiados.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más
4 votos telemáticos, 341; a favor, 335 más 4 votos telemáticos, 339;
abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000034).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a votar el Real Decreto-ley
7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de
Salud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más
4 votos telemáticos, 341; a favor, 173 más 4 votos telemáticos, 177; en
contra, 133; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos).
Señorías, se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como
proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.
Procedemos a su votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más
4 votos telemáticos, 341; a favor, 336; en contra, 4 votos telemáticos;
abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Se tramitará en consecuencia por este procedimiento.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
(VOTACIÓN):
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL
ARTISTA. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la votación del informe
de la subcomisión para la elaboración del estatuto del artista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 337.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA QUE SE CONCEDA UNA
PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL,
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME. (Número
de expediente 154/000010).
La señora PRESIDENTA: Último punto del orden del día: se somete al Pleno
la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una
prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para la reforma electoral,
hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento). De acuerdo.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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