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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 172, de 18/12/2018
cve: DSCD-12-PL-172
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 172
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 165
celebrada el martes,
18 de diciembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Minuto de silencio ... (Página5)

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

- Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la emisión de su informe hasta el 30/6/2019. (Número de expediente 154/000010) ... (Página5)

Modificación del orden del día ... (Página6)

- Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 346-1, de 16 de noviembre de 2018. (Número de expediente 122/000304) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 331-1, de 2 de noviembre de 2018. (Número de expediente 122/000290) ... (Página15)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los presupuestos del Partido Popular. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 452, de 16 de noviembre de 2018. (Número de expediente 162/000861) ... (Página24)


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- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a un Pacto de Estado por la Infancia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 457, de 23 de noviembre de 2018. (Número de expediente 162/000872) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 431, de 15 de octubre de 2018. (Número de expediente 162/000805) ... (Página39)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español. (Número de expediente 173/000129) ... (Página47)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Minuto de silencio ... (Página5)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en memoria de Laura Luelmo, en señal de condolencias a sus familiares y allegados y para reiterar el firme compromiso en aras de la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres.

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la inclusión, como último punto del orden del día de la sesión del jueves, la solicitud de prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la emisión de su informe, hasta el 30 de junio de 2019, lo que se aprueba por asentimiento.

Modificación del orden del día ... (Página6)

Asimismo, la Presidencia somete a la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a un Pacto de Estado por la Infancia, se debata antes que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución, lo que se aprueba por asentimiento.


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Bataller i Ruiz y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Marcos Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea ... (Página15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelve a hacer uso de la palabra los señores Legarda Uriarte y Girauta Vidal.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los presupuestos del Partido Popular ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley el señor De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición Bel Accensi, del mismo grupo, y Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor De Olano Vela.


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De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a un Pacto de Estado por la Infancia ... (Página32)

Defienden la proposición de ley los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Millán Salmerón, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Heredia Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español ... (Página47)

Defiende la moción el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ramos Jordán, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Hernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Legarda Uriarte.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página55)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, se rechaza por 89 votos a favor más 2 votos telemáticos, 91; 159 en contra más 1 voto telemático, 160, y 90 abstenciones más 1 voto telemático, 91.


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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, se rechaza por 91 votos a favor más 2 votos telemáticos, 93; 163 en contra más 1 voto telemático, 164, y 84 abstenciones más 1 voto telemático, 85.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los Presupuestos del Partido Popular, se rechaza por 162 votos a favor, 175 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a un Pacto de Estado por la Infancia, se aprueba por 334 votos a favor y 4 en contra.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución, se rechaza por 163 votos a favor, 174 en contra y 1 abstención.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español, se rechaza por 89 votos a favor, 246 en contra y 3 abstenciones.

Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

MINUTO DE SILENCIO:

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Antes de comenzar la sesión del Pleno, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en recuerdo de la joven maestra zamorana, Laura Luelmo. En estos momentos de tristeza y de duelo, el Congreso de los Diputados quiere de este modo transmitir sus condolencias a sus familiares y allegados y reiterar su firme compromiso en aras de la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME HASTA EL 30/6/2019. (Número de expediente 154/000010).

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión, como último punto del orden del día de la sesión del jueves, de la solicitud de prórroga del plazo otorgado a la


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Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la emisión de su informe, hasta el 30 de junio de 2019.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DÍA:

La señora PRESIDENTA: Asimismo, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de permutar el orden del debate de las proposiciones no de ley correspondientes a los puntos 4 y 5.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, quedan aprobadas.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de expediente 122/000304).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Bona tarda, senyores diputades i senyors diputats.

Presentamos ante esta Cámara una proposición de ley destinada a dar resolución a la desprotección de los consumidores ante las entidades bancarias en materia de cláusula suelo. La relación entre los bancos y los consumidores se ha visto profundamente dañada tras la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de los actos jurídicos documentados. La proposición de ley que hoy presentamos también está íntimamente relacionada con los préstamos hipotecarios y la relación entre los consumidores y las entidades bancarias, y en concreto sobre las cláusulas suelo y la saturación del sistema judicial. En mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró la nulidad de las cláusulas suelo por abusivas. A pesar de ello, el Alto Tribunal puntualizó que dejaría sin efecto a situaciones definitivamente resueltas por la vía judicial con efectos de cosa juzgada y a las cantidades satisfechas con anterioridad a la fecha de la sentencia, que fue corroborada en 2015 por otra sentencia del Tribunal Supremo.

Desde entonces diversas cuestiones han sido discutidas en numerosas ocasiones, y una de ellas es la retroactividad. La limitación temporal fue cuestionada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el año 2016 declaró que la doctrina jurisprudencial era contraria al derecho comunitario y que, por tanto, era necesario restablecer la situación en que se encontraba el consumidor afectado por las cláusulas abusivas. De este modo, la retroactividad de la sentencia y la obligatoriedad de los bancos de restablecer la situación en un plazo efectivo e inmediato son elementos que muestran de manera clara cuál debía ser la vía de solución de esta cuestión. Esta vía podría haberse ceñido en mecanismos de carácter inmediato que facilitaran la indemnización de los consumidores afectados, como son las resoluciones extrajudiciales. Sin embargo, el Gobierno español optó por otra vía y aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, real decreto avalado por el Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos, el Grupo Mixto, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Coalición Canaria aquí, en esta Cámara, y se situó una vez más al lado de las entidades bancarias, perjudicando gravemente a los consumidores. El Ejecutivo español decidió no priorizar una vía de acuerdo directo, como las resoluciones extrajudiciales, e hizo pasar la solución por la vía judicial aumentando el colapso de un sistema judicial ya de por sí saturado.

A la judicialización de esta cuestión, absolutamente innecesaria, se sumó la decisión del Consejo General del Poder Judicial de activar la medida del juzgado provincial único. A través del acuerdo de 25 de mayo de 2017 se obliga a la especialización y a la concentración de la gestión de las demandas y resoluciones en un número limitado y único por provincia de juzgados de Primera Instancia. Así, por ejemplo, en Cataluña son cuatro juzgados de Primera Instancia los que pueden conocer y resolver en materia de cláusulas suelo; cuatro en toda la comunidad autónoma. Las consecuencias de esta medida son los resultados vergonzosos que demuestran la ineficacia de este sistema y la sobresaturación y el colapso de los juzgados por la entrada concentrada y masiva de demandas. Aun así, aprovecho este momento para agradecer el trabajo diario que hacen todos los jueces y el personal de la Administración de Justicia que, a pesar de la saturación y la falta de medios personales y materiales, hacen un trabajo


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impecable día a día. Cataluña, por poner un ejemplo, es la segunda comunidad autónoma del Estado en cantidad de demandas todavía pendientes de resolver y con la tasa de resolución más baja de todo el Estado: solo se han resuelto un 10 %. Todo ello también ha generado costes económicos para los Gobiernos autonómicos. Solo el primer año de funcionamiento de este sistema supuso un coste para la Generalitat de Catalunya de más de 2 millones de euros. Según el Departament de Justícia de la Generalitat, el modelo centralizado produce un nivel de resolución satisfactoria hasta las 7000 demandas, por encima del 50 %. Sin embargo, en Cataluña tenemos 35 000 demandas por resolver de un total de 260 000 en el Estado. En definitiva, la medida del juzgado provincial único retrasa la tutela judicial efectiva de los consumidores, que se ven obligados a recurrir a las instancias judiciales porque el Gobierno español no respetó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2012, que plantea que los Estados deben poner los medios adecuados para poner fin a las acciones abusivas. Por todo ello, es necesario dar paso a un modelo descentralizado, aumentando el número de juzgados de Primera Instancia, así como atribuyéndoles el conocimiento de estos asuntos a los partidos judiciales con separación de jurisdicciones. Es necesario modificar el Real Decretoley 1/2017, de 20 de enero de 2017, dando paso a un nuevo texto que obligue a los bancos a resolver las demandas pendientes en un plazo expresamente acotado, a informar y a disponer de los servicios y recursos para hacerlo efectivo.

En Esquerra Republicana apostamos firmemente por la vía extrajudicial de forma gratuita, permitiendo presentar demandas colectivas y, en caso de que sea necesario, mediar; que la vía sea la conciliación registral o el arbitraje de consumo y que la vía judicial sea para casos excepcionales. Por ello, en nuestro grupo parlamentario hemos elaborado esta proposición de ley que tiene como objetivo solucionar la situación generada hasta el día de hoy. La proposición de ley no quiere convertirse en un cajón de sastre, sino corregir los obstáculos existentes en el sistema judicial que impiden la correcta tramitación de las reclamaciones. A partir de aquí, estamos totalmente abiertas a trabajar en el futuro más inmediato en nuevas vías para evitar que se vuelva a reproducir la situación que tenemos actualmente. En resumen, es absolutamente necesaria y prioritaria la protección de los derechos de los consumidores a través de la descentralización y el cambio de normativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En relación con las cláusulas suelo, la sucesión de sentencias emitidas desde hace cinco años y medio -entre las que cabe señalar por su importancia la del Tribunal Supremo y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace exactamente dos años, que es inapelable- otorgan razón y protección a los consumidores y obligan a bancos y cajas de ahorros a devolver todo el dinero cobrado desde la firma de la hipoteca inmobiliaria para la adquisición de vivienda. Esta proposición de ley que ha defendido la diputada señora Telechea va en la línea de establecer medidas alternativas de solución extrajudicial para facilitar la devolución al consumidor de las cantidades satisfechas indebidamente; unas medidas necesarias a la vista de la incapacidad de los tribunales de justicia para atender el alud de procedimientos abiertos, del orden de un cuarto de millón de reclamaciones, a pesar de que se crearon en toda España juzgados especializados en cláusulas suelo que ya funcionan desde mediados del pasado 2017.

Permítanme que aluda a uno de ellos, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, cuya plantilla ha sido distinguida hace unos meses por el Consejo General del Poder Judicial por dar una respuesta y una solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social. Este juzgado asturiano aplicó su propio modelo organizativo y el resultado es de agilidad en la resolución de las reclamaciones que, conviene resaltarlo, responden a casos individuales y no pueden ser tratadas de forma generalizada. Parece que esta fórmula judicial para atender el aluvión de reclamaciones trata de ser aplicada en otras comunidades autónomas, pero a la vista de su cuantioso volumen y de la lentitud acumulada en la emisión de sentencias, así como del previsible incremento de nuevas demandas a tenor de varias resoluciones que abren la puerta a reclamar a las entidades bancarias por cobrar indebidamente cantidades anteriores a mayo de 2013 y los correspondientes intereses, nos parece pertinente establecer nuevos instrumentos legislativos que impulsen la vía extrajudicial para resolver este tipo de asuntos que, a la vista de su gran número, contribuyen a saturar y colapsar los juzgados


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con el consiguiente retraso en cada sentencia. Esta proposición de ley va en esa línea y contará con mi voto favorable.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, el gravísimo abuso que han supuesto las cláusulas suelo ha recibido hasta ahora en nuestro país una respuesta institucional muy muy decepcionante. Tuvimos dos sentencias del Tribunal Supremo que fueron bastante incongruentes en cuanto a las consecuencias que extraían de los hechos sobre los cuales radicaban sus pronunciamientos, y esto motivó que tuviera que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que echara un rapapolvo al Estado español y acordara la retroactividad de la obligación de la banca de devolver las cantidades cobradas por estos conceptos.

La respuesta a esto fue un decreto-ley del año 2017 que igualmente abundaba en esta, más que decepción, encubrimiento a la banca, y que nosotros votamos en contra. Se lo recuerdo, señora Telechea, porque creo que ha mencionado que el Grupo Mixto votó a favor. Como digo, Compromís estuvo en contra de ese decreto-ley porque entendíamos entonces y seguimos entendiendo que lo único que hace es favorecer la morosidad de la banca, saturar los juzgados, generar un gasto extraordinario en el sistema que hemos de pagar entre todos y subvierte innecesariamente el esquema general de la imposición de costas contenido en los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todos estos motivos, nosotros celebramos la proposición que ahora nos traen y que ya le indico que vamos a apoyar, porque ustedes hacen descansar su propuesta en el recurso al arbitraje de consumo y, por otro lado, en la conciliación registral, que entendemos que puede ser muy positiva teniendo en cuenta que la institución registral en España es fuerte, es robusta, está servida por unos funcionarios provistos de gran probidad y rectitud, unos funcionarios que han demostrado que tienen un nivel de trabajo más que encomiable. Por tanto, nosotros entendemos que este servicio podrá ser bien desempeñado por ellos.

En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que la solución a futuro pasaría por que de una vez se tuviera en España una legislación que abordase la necesaria transparencia en la contratación. Por eso, esperamos que la proposición de ley que el Partido Socialista registró hace tiempo y fue tomada en consideración venga -pronto- en algún momento a debatirse en esta Cámara. Pero mientras esto llega, lo que a nosotros nos interesa es que se solucione el problema de los cientos de miles de personas que aún no tienen una solución. Y no me refiero solo a las personas que han acudido a los juzgados, sino al millón y medio de personas que aún ni siquiera saben que pueden reclamar porque tenían cláusulas suelo abusivas. Y no lo saben porque el Estado no se ha preocupado de obligar a que se les diera una información de oficio de esta situación. Por tanto, hay que acabar ya con esta problemática. Entendemos que su propuesta puede descongestionar los juzgados y la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, presidenta.

Señorías, en su momento ya dijimos que el real decreto que presentó el Gobierno era lo que se llamaba un parche. Lo que no esperábamos es que la justicia, y sobre todo la justicia europea, con tanta contundencia nos diera la razón. Y no solo esto, sino que lo más grave es que se continúa con el mismo error: judicializar las soluciones. El Consejo General del Poder Judicial en este caso aportó su solución, haciendo que solo un tribunal en cada circunscripción fuera competente para resolver estos temas -imagínense en provincias como Barcelona o Madrid-, con la consiguiente invasión de demandas que esto comportó. La verdad es que da bastante vergüenza porque no aceptar soluciones extrajudiciales no es ni más ni menos que aprovechar las inconveniencias que pueda tener la justicia, como la lentitud, los costes, etcétera, para intentar que el máximo número de personas se descuelguen de que les den lo que en justicia les corresponde. Es una actuación absolutamente lamentable, vergonzosa y torticera. No se puede sacar una legítima ventaja de situaciones judiciales que todos lamentamos.


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Hay una sentencia europea que es muy clara y nos indica la vía. La vía es la que nos propone la proposición de Esquerra Republicana. Ya sabemos que el dicho es: la banca siempre gana. Estaría bien que, para variar, esta vez no fuera la banca quien ganase sino la gente.

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyories.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

Es cierto el carácter abusivo de las cláusulas suelo por la sentencia del Tribunal Supremo 24/2013, confirmada por la 139/2015 y también confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, que establece la retroactividad plena, yendo más allá de lo dispuesto en su momento por el Tribunal Supremo. De las resoluciones judiciales anteriores es verdad que dimana el Real Decreto-ley 1/2017, que prevé un mecanismo de reclamación autocompositiva que no puede alterar la esencia jurídica de estas fórmulas, cual es la aceptación bilateral por todas las partes concernidas. Lo contrario supondría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez natural predeterminado por la ley.

Es cierto que la jurisdicción está saturada, pero también que no cabría considerar que en este momento esta saturación se deba esencialmente a las cuestiones asociadas a las cláusulas suelo que han sido canalizadas a través del real decreto-ley antes referido. Esta saturación no es totalmente imputable a las entidades de crédito, sino a las insuficiencias de la planta judicial y particularmente de los tribunales que tienen asignada esta competencia, de forma un tanto paradójica en el seno de la Administración de Justicia y contradictoria con la Ley Orgánica del Poder Judicial, exclusiva pero no excluyente.

No es totalmente cierto que los acuerdos suscritos entre las entidades y los clientes en el marco del Real Decreto-ley 1/2017 hayan sido considerados nulos por los tribunales; al contrario, el Tribunal Supremo ha validado en varias sentencias las novaciones de las cláusulas suelo llevadas a cabo por las entidades con sus clientes que hubieran respondido a un acuerdo transaccional. En consecuencia, las situaciones ya consolidadas de acuerdo entre las entidades y los clientes no deberían ser objeto de una reapertura en este momento que no haría otra cosa que generar más inseguridad jurídica a ambas partes y, en suma, un mayor riesgo de saturación a las instancias jurisdiccionales.

Entendemos que la exposición de motivos transfigura un tanto el artículo 107 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuyo sometimiento por las partes está basado en la voluntariedad, al igual que sucede en el arbitraje y tal como acredita el artículo 107. La mención de la necesidad de lograrse un acuerdo previo acredita la imposibilidad de acudir a fórmulas de composición de conflictos de esta ley sin un acuerdo previo entre el deudor hipotecario y la entidad de crédito. También en la exposición de motivos se hace referencia a este artículo 103 de la Ley Hipotecaria, precepto este que también requiere que sean ambas partes las que acuerden el sometimiento de la controversia, en este caso al registrador de la propiedad y al mercantil. Para nosotros resulta un tanto innecesaria la definición de consumidor en esta proposición de ley, puesto que esta definición se hace por referencia a otra norma, que es el Decreto 1/2007, que configura la definición de forma más precisa.

Asimismo la implantación de un nuevo procedimiento puede generar una importante confusión entre los consumidores que ya hubieran acudido a la vía del Real Decreto-ley 1/2017 y hubieran visto satisfechas sus pretensiones conforme a dicho procedimiento. Ante la circunstancia de que el deudor con cláusula suelo manifieste su disconformidad con relación al cálculo hecho por la entidad de crédito, dice que esta podrá ser objeto de evaluación posterior por el registrador, por el organismo arbitral o por el órgano judicial competente, lo que convierte, entendemos, en este caso en más gravosa para la entidad de crédito la obligación que se le impone. Asimismo el hecho de limitar la capacidad de denegación de la reclamación por parte de la entidad de crédito al tema de la acreditación del conocimiento genera también, por un lado, una prueba que puede ser un tanto difícil en ese momento para la entidad y, por otro, la imposibilidad de alegar cuestiones tales como la inexistencia de la cláusula reclamada o la circunstancia de que el reclamante no sea un consumidor conforme a la definición legal este de concepto. La única causa de oposición de la entidad prevista en la proposición consiste en acreditar conocimiento suficiente por parte del consumidor. Es difícil exigir a las entidades de crédito establecer sistemas de acreditación de dicho conocimiento suficiente por parte de los consumidores con cláusula suelo en el marco de este peculiar procedimiento. Esto también constituye una verdadera prueba de importancia para las entidades de crédito, puesto que se traslada a las mismas la actividad probatoria ante un eventual conflicto jurisdiccional


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posterior. El artículo 3.5 de la proposición traslada una obligación a las entidades de crédito de carácter un tanto ilegítimo desde nuestro punto de vista, porque no se les puede imponer la obligación de comunicar a la Agencia Tributaria y que se les olvide decir que existen en las haciendas forales las devoluciones acordadas en un procedimiento como el que estamos analizando, que no se ajusta a los requerimientos más elementales desde el ordenamiento jurídico, desde nuestro punto de vista.

En cuanto se refiere a costas procesales, entendemos que debería utilizarse la expresión 'aranceles' al referirse a los registradores y en el caso de arbitraje de consumo 'costas' o, alternativamente, de otra cosa. Resulta contradictorio con la Ley Orgánica del Poder Judicial y con las leyes procesales asimilar los beneficios de la justicia gratuita a estos aranceles o costas arbitrales. Nos llama también la atención que en el caso de que hipotéticamente lo anterior fuera posible se imputaran directamente los costes a las entidades financieras porque desconocemos cuáles, si los aranceles registrales, los de arbitraje de consumo o incluso los jurisdiccionales.

Después de haber realizado todas estas reflexiones y a pesar de que nos genera bastantes dudas esta propuesta, no diremos que no, pero nos abstendremos en su convalidación. Votaremos en este sentido, ya que entendemos que es verdad que existe un procedimiento en el Real Decreto 1/2017 que es mejorable y que entendemos que habría que modificar en algún tanto puntual. Por eso, nos vamos a abstener.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Esto es lo que dice el artículo 117 de la Constitución, que la justicia la administran los jueces, y es una razón más que suficiente para votar en contra de esta proposición de ley que nos trae hoy el Grupo de Esquerra Republicana, señora Telechea, porque, como le puede certificar, por ejemplo, el actual señor registrador en activo, el señor Rajoy, los registradores, repito, no son jueces. (Aplausos). Para administrar justicia no podemos crear una jurisdicción especial en el Registro de la Propiedad con resoluciones vinculantes, con resabios franquistas, porque una de las cosas que hizo la Constitución fue abolir el principio solve et repete. Es decir, que para poder recurrir hay que pagar previamente. Eso limita el derecho a la tutela judicial efectiva y es lo que viene establecido en su norma -su proposición de ley-, que yo no diría que es franquista, pero que desde luego es contraria a la Constitución, no ya solamente porque viole los artículos 24 y 117, sino porque, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados que no tienen separación de poderes no tienen constitución. Ya sé que a ustedes, los que hicieron, por ejemplo, la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, por la que todos los jueces eran nombrados por el presidente de la Generalitat, esta les parecerá una norma razonable, pero no lo es, tiene bastantes errores jurídicos, como antes ha puesto de manifiesto la señora Sagastizabal, pero fundamentalmente es que no es un planteamiento razonable que el registrador de la propiedad resuelva como si fuese un juez. Tampoco es una cuestión razonable que los bancos tengan que pagar antes de poder recurrir y, por otra parte, sorprendentemente, respecto al Real Decreto-ley 1/2017, de lo único que se preocupan ustedes respecto al régimen fiscal es de que se comunique a la Agencia Tributaria, y no establecen un régimen fiscal, como se estableció en el Real Decreto-ley 1/2017 a propuesta nuestra, para evitar que esto se convierta en un sistema de recaudación de impuestos.

Llama también la atención en esta proposición de ley que se hayan olvidado de que la ley de crédito inmobiliario está en curso y que se vota pasado mañana en esta Cámara, y en esta ley -a propuesta, por cierto, del Partido Socialista- se han eliminado las cláusulas suelo. Ahora mismo ya prácticamente ninguna entidad las establece, pero además es que estarán prohibidas por ley el próximo mes de febrero, como se acordó en el seno de la ley de crédito inmobiliario. Si ustedes, señores de Esquerra Republicana, querían haber hecho cambios en lo relativo a las cláusulas suelo podían, como hizo el Grupo Socialista o como hemos hecho nosotros, haber introducido sus enmiendas en la tramitación de esta ley de crédito inmobiliario en lugar de traer esta norma que, en nuestra opinión, es chapucera e inconstitucional. Y en este punto me gustaría incidir en una cuestión fundamental, que aquí ha habido varios partidos de los que manifiestan que van a apoyar la toma en consideración de esta norma que dicen que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del Consejo General del Poder Judicial -esto es, concentrar todas las resoluciones en un


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solo órgano jurisdiccional unipersonal por provincia- fue un error. Yo creo que estamos de acuerdo, efectivamente, pero ahora toca renovar el Consejo General del Poder Judicial. El anterior Consejo General del Poder Judicial, que se equivocó en este asunto y probablemente en más cosas, ahora tiene que ser renovado y puede hacerse desde el punto de vista de los que creemos en la independencia del Poder Judicial y en la Constitución, entre jueces y magistrados por parte de doce de los veinte miembros, o bien puede hacerse como hasta ahora se ha venido haciendo y cometiendo errores, todos nombrados por cuotas políticas. En este sentido, yo me dirigiría a todos los miembros de esta Cámara para que voten favorablemente las enmiendas que hemos introducido en el Senado para que volvamos a la Constitución, volvamos a que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido en el caso de doce de sus veinte miembros por los propios jueces, garantizando la independencia (aplausos), porque es una cuestión fundamental para administrar justicia que los jueces sean independientes, y en esta cuestión, evidentemente, un registrador, un funcionario público, no es independiente y lo que hay que garantizar es la máxima independencia de los órganos jurisdiccionales si queremos aspirar realmente a tener justicia, a -como decía Ulpiano- darle a cada uno lo suyo.

En este sentido, otra cuestión que me ha llamado la atención y que es causa suficiente para votar en contra es que los jueces, como los demás funcionarios, cobran un sueldo del Estado. Lo de las cláusulas suelo puede haberle supuesto 2 millones de euros a la Generalitat de Cataluña para que haya un servicio de Administración de Justicia que hoy, como ha dicho la propia señora Telechea, ha colapsado. Ahí se han gastado 2 millones de euros en personal auxiliar de justicia sobre un presupuesto de la Generalitat de 25 000 millones de euros; frente a decenas o incluso centenares de millones de euros gastados en el procés d´independència, en garantizar los derechos de los ciudadanos se gastan dos millones de euros. (Aplausos). Y ahora pretenden gastarse cero y que sean los registradores quienes, a través de aranceles, cobren a los clientes y a los bancos para resolver la cuestión de las cláusulas suelo.

Sinceramente, toda esta proposición de ley no tiene por dónde cogerse y nosotros desde luego votaremos en contra de su toma de consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta.

Hoy venimos a hablar de cláusulas suelo otra vez y hablar de cláusulas suelo es hablar de abusos y malas prácticas bancarias y, por lo tanto, también es hablar de vivienda. Últimamente hablamos mucho de vivienda en esta tribuna y eso está bien, pero sería bueno que, además de hablar, fuésemos capaces de llegar a más acuerdos para garantizar el derecho a la vivienda; ya saben, uno de esos derechos constitucionales que los que se autodenominan a sí mismos constitucionalistas ni conocen ni les interesa conocer. Realmente, la hipocresía de algunos responsables políticos es escandalosa. (Aplausos).

Pero antes de entrar en la proposición de ley que trae Esquerra, vamos a hablar un poco de hipotecas. En concreto, quiero hablar de esas hipotecas que algunos grupos de esta Cámara tienen con el sector financiero o con los fondos buitre, porque en el momento más duro de la crisis el Estado rescató a las entidades financieras con cientos de miles de millones, que hoy sabemos que hemos perdido. Se rescataba a bancos que habían pagado sueldos millonarios a sus directivos, entre los que se encontraba, por cierto, el señor Rato, el mejor ministro de Economía de la historia de España, según el que hoy es el nuevo líder de la triple derecha española, el señor Aznar. Y mientras eso pasaba, se le sacaba el dinero a la gente con cláusulas suelo, con preferentes, con decenas de gastos abusivos, y ahora que sabemos que ese rescate no se va a recuperar, que nadie al parecer lo va a reclamar, la pregunta es ¿qué tipo de hipotecas tienen con esas entidades para perdonarles decenas de miles de millones de euros? Unas entidades que, además, hoy siguen desahuciando a familias en situación de precariedad.

Sigamos hablando de esas hipotecas metafóricas porque hace algunos meses presentamos aquí la ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que fue un texto que ni PP ni Ciudadanos consiguieron parar en su día votando en contra el día de la toma en consideración pero que ahora llevan ya tres meses bloqueándolo en el trámite de enmiendas. Así que, de nuevo, surge la pregunta: ¿qué tipo de hipotecas tienen con la banca para no permitir que una ley hecha por la gente, que ha puesto su cuerpo para defender los derechos más básicos, no pase los trámites necesarios cuando existe una mayoría en esta Cámara que así lo quiere?


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Más hipotecas. En este mismo Pleno se va a debatir la ley de crédito inmobiliario; por cierto, nosotras propusimos en solitario, y mucho antes de que saliese la sentencia del Supremo, que los gastos hipotecarios los asumiese la banca. Pues bien, diez años después de que estallara la burbuja y después de todo lo que ha pasado en este país, esta Cámara va a legislar sobre concesión de crédito hipotecario sin querer garantizar la protección del derecho a la vivienda cuando la gente no puede pagar, sin garantizar que la gente no se queda sin casa y endeudada de por vida o sin garantizar, por ejemplo, la protección de las personas afectadas por el IRPH, ese índice abusivo. Una ley, en definitiva, que se va a aprobar en esta Cámara precisamente porque tiene el beneplácito de la banca y ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, ni PNV, ni PDeCAT han sido capaces de legislar priorizando el derecho a la vivienda. Ya se lo hemos dicho otras veces: tan distantes en algunos temas, pero tan unidos en sus hipotecas con los de arriba.

Y mas hipotecas aún, esta también muy reciente. El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de hace pocos días medidas relacionadas con el alquiler pero, mira por donde, no han querido incluir que se puedan limitar los abusos en las subidas de precios que hoy está sufriendo tanta y tanta gente. Qué casualidad que anunciaran ese decreto justo un mes después de que fondos buitre, como Blackstone, amenazasen con retirar sus inversiones del país. La pregunta está clara: ¿qué tipo de hipotecas tienen ustedes con esos fondos buitre, señorías del Gobierno? O quizá esta pregunta se la tendríamos que dirigir directamente a su ministra de Economía. Así que rectifiquen y garanticen el cumplimiento del acuerdo, que para eso lo han firmado.

Después de este repaso de hipotecas metafóricas, volvamos otra vez a la proposición de ley que trae Esquerra para su toma en consideración. Efectivamente, nosotras también pensamos que el Decreto-ley 1/2017 es una absoluta vergüenza. Precisamente nuestro grupo parlamentario no solo se opuso al decreto, sino que exigió que se devolviese íntegramente a las personas que han sufrido la estafa de las cláusulas suelo todas las cantidades cobradas por la banca, y también recurrimos ese decreto al Constitucional. Es decir, este decreto que pactaron PP y PSOE -está bien recordarlo- es un absoluto desastre que ha conducido al bloqueo de los juzgados y que ha dejado solas a las personas afectadas enfrentadas a una burocracia de las entidades financieras. Todo eso está claro, pero, a pesar de estar de acuerdo con el espíritu de la proposición de ley de Esquerra, también vemos defectos y errores de fondo que nos parecen graves. No nos explicamos que no contemplen medidas para agilizar la situación de los juzgados más allá de su apuesta por los nuevos trámites extrajudiciales. No entendemos que no apuesten por un sistema sancionador a las entidades cuando estas se dedican sistemáticamente a bloquear soluciones extrajudiciales apostando por que la desesperación de las personas afectadas las lleve a firmar un mal acuerdo. Y tampoco entendemos, teniendo en cuenta la inmensa desigualdad de fuerzas entre las partes, la insistencia en la negociación individualizada sin un control por parte de la Administración pública que garantice los derechos de las personas consumidoras. A pesar de todo, votaremos a favor de la toma en consideración y les decimos lo mismo que dijo Tardà la semana pasada: aún hay tiempo; aún hay tiempo para modificar y mejorar este texto en su trámite de enmiendas; aún hay tiempo para que ustedes voten unos presupuestos generales que la gente necesita y, en definitiva, hay tiempo para construir un futuro político en el que no quepa la alianza reaccionaria de PP, Vox y Ciudadanos.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.

La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista son una prioridad las políticas de protección de los consumidores y usuarios, y somos conscientes de que esta protección debe incrementarse frente a algunos sectores, como el sector financiero, por su complejidad técnica y la vulnerabilidad del conjunto de los consumidores frente a este sector. También somos conscientes de que la legislación no resulta suficiente si no existen mecanismos adecuados que garanticen su aplicación. Con la crisis económica se ha incrementado la sensibilidad en la opinión pública frente a los abusos del sector financiero, y ello es así porque la crisis ha puesto de manifiesto tanto la vulnerabilidad de los consumidores frente a este sector como los abusos a los que se han visto sometidos a la hora de firmar los créditos. Por eso, tenemos que trabajar más y mejor para hacer valer nuestros derechos como consumidores.

Somos conscientes de que la falta de información o de preparación tiene consecuencias importantes en la toma de decisiones y de que estas tienen un impacto cuando hablamos de productos bancarios.


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Cuando no tenemos la capacidad para tomar decisiones, principalmente por falta de conocimientos, los consumidores delegamos nuestras decisiones o nos dejamos influenciar en menor o mayor grado por terceros de nuestro entorno. En el ámbito financiero, a menudo se confía en la entidad financiera y nos dejamos aconsejar por su oferta de productos y servicios. No obstante, es importante tener presente que las instituciones financieras son empresas que siguen el principio económico de maximizar sus beneficios y que es a los poderes públicos a quienes corresponde garantizar que se respeten escrupulosamente los derechos de los consumidores. Ante el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo objeto era establecer una serie de medidas que facilitasen la devolución al consumidor de las cantidades indebidamente satisfechas en aplicación de determinadas cláusulas suelo en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca. Los juzgados creados para hacer frente a la inédita avalancha de pleitos no dan abasto, lo dicen los afectados, que esperan más de un año solo para empezar a tramitar sus casos, y lo reconocen los jueces, letrados y funcionarios. Señorías, 260 000 demandas, con un atasco en primera instancia que empieza a trasladarse también a la segunda. Los bancos, pese a perder el 97 % de las sentencias dictadas, están recurriendo y creando un segundo cuello de botella para desesperación de los hipotecados. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia era claro a la hora de apuntar al culpable del atasco: en el inicio del curso judicial aseguró que los bancos están lastrando injustificadamente el sistema con una litigiosidad impostada y fácilmente evitable que consume enormes recursos públicos porque no negocian extrajudicialmente con los clientes en los casos en los que los tribunales ya han fijado criterio, y lo hacen después de haberse beneficiado de enormes ayudas públicas para superar la crisis.

Han sido múltiples las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista para contribuir a la solución de este problema. En este sentido, en junio de 2017 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición para rechazar el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial para la creación de juzgados especializados provinciales para conocer de los litigios sobre las cláusulas suelo. En julio de 2017, con más de 3,5 millones de personas afectadas por las cláusulas suelo, preguntamos al ministro de Economía qué medidas pensaba adoptar el Gobierno para que los bancos devolvieran todo lo cobrado indebidamente a los consumidores como consecuencia de las cláusulas suelo. En octubre de 2017 presentamos una proposición no de ley para que la banca devolviera las cláusulas suelo, conocer cuántas devoluciones se habían llevado a cabo hasta la fecha y qué entidades se estaban negando a devolverlas. De igual forma, queda pendiente el desarrollo de la disposición adicional que negociamos en la tramitación del proyecto de ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos de dicha entidad de resolución alternativa de litigios en el ámbito de su actividad. En febrero de 2018 registramos una proposición de ley respaldada por el Congreso para impulsar la transparencia de los contratos y proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas de forma que se garantice que estos han comprendido no solo el significado general del acuerdo, sino también su alcance jurídico y económico. En junio de 2018, en la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, este defendía fortalecer la justicia y restablecer la confianza de la ciudadanía. En octubre, la ministra de Consumo asumía la necesidad de alcanzar una protección al consumidor en el conjunto del Estado y fomentar un consumo responsable, sostenible y accesible, que supondrá cambios en el ámbito legislativo para mejorar la aplicación de las normas de protección de consumidores.

En relación con la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, si bien se comparte el diagnóstico de partida, no tanto la solución propuesta, ya que plantean, en el supuesto de disconformidad con la reclamación o cuantías concretas reclamadas por el consumidor, dos vías que son: la conciliación ante el Registro de la Propiedad, cuya resolución tendría carácter vinculante y ejecutivo, y el arbitraje de consumo. Sobre dicho mecanismo, consideramos que debe ser el consumidor, que es quien tiene una pretensión contra la entidad de crédito, el que tenga la legitimación activa para iniciar el procedimiento de conciliación en caso de que la entidad se niegue a abonar lo que considera que le corresponde, y no la entidad de crédito la obligada a iniciar la conciliación, tal y como establece la proposición de ley. Por otro lado, entendemos que la resolución de estas cuestiones podría tener un cauce más apropiado a través de la futura autoridad de protección del cliente financiero anunciada por el presidente del Gobierno y que reunirá algunas de las funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el mecanismo más eficaz posible para defender a los ciudadanos y que desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución


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alternativa de litigios en materia de consumo, en especial si sus resoluciones tienen carácter vinculante. Queremos trasladar que el Gobierno está trabajando, como he avanzado anteriormente, en distintas líneas de esta materia, tanto de reforma normativa como de refuerzo ante los tribunales para conseguir una eficaz protección del consumidor y a su vez un impulso de las medidas de resolución extrajudicial que eviten un nuevo colapso de la jurisdicción y un abuso del acceso a las mismas para resolver disputas. Para los socialistas es absolutamente imprescindible que la transparencia se eleve a categoría general para que desaparezcan las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado y todo tipo de abusos a los consumidores.

Gracias por su atención. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos Domínguez.

La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo de Esquerra trae hoy a debate una iniciativa realmente sorprendente. Pide, a finales de diciembre de 2018, derogar las medidas que se pusieron en marcha en enero de 2017 para proteger a los consumidores por las cláusulas suelo. Pretende organizar ex novo un nuevo sistema de devolución y reclama encargar esta nueva tarea a los registradores de la propiedad -sí, a los registradores de la propiedad-. Es decir, dos años después de que entrara en vigor el Real Decreto de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, que fue convalidado por esta Cámara, el Grupo de Esquerra reclama con urgencia -urgencia, ahora- derogar lo que funciona y poner en marcha otros mecanismos extrajudiciales, y argumenta esas urgencias con datos anteriores a 2017. Quizá el grupo de Esquerra está tan enfrascado en su procés que no se ha dado cuenta de que estamos a punto de empezar 2019 o quizá, en la realidad paralela del independentismo, no ha ocurrido nada en los últimos años. Como se les paró el reloj en su mendaz interpretación de 1714 no están al tanto de lo que ocurre a diario en el siglo XXI. (Aplausos).

Es probable además, señorías, que los impulsores de la iniciativa de ERC, y quiero entender que solamente ellos, no hayan tenido tiempo de repasar el último informe semestral de la Comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas al amparo de las medidas adoptadas en enero de 2017. Es un informe público. Se registró en esta Cámara el 4 de este mes de diciembre y su somera lectura, simplemente con que vean los gráficos, debería haber animado al grupo proponente a retirar esta iniciativa y a aprovechar su cupo para defender algo menos desactualizado. La Comisión, como sus señorías saben, quizá a excepción de los señores de ERC, ha elaborado ya tres informes semestrales. En este último compara mes a mes las reclamaciones y las devoluciones entre septiembre de 2017 y agosto de 2018. Les daré un dato. Si el total acumulado de peticiones de devolución de cláusulas suelo es de 1,16 millones de solicitudes, en el último año analizado, de septiembre de 2017 a agosto de 2018, es de solo 113 000, con una evolución mensual a la baja. La evolución, señorías, es tan a la baja que de esas 113 000 solicitudes del último año solo 3500 corresponden al último mes estudiado, el de agosto; 3500 y bajando. Les he traído dos datos -muestra dos gráficos-, nuevas solicitudes y solicitudes pendientes de actualizar. Vean la evolución y, luego, díganme si el problema es de ahora o de hace unos años.

El informe de la Comisión no solo analiza la aplicación de las medidas del real decreto de enero de 2017, que preveía mecanismos para la devolución de estas cláusulas suelo gracias a un cauce extrajudicial para así reducir la litigiosidad, sino que además transcribe la información recibida del Consejo General del Poder Judicial sobre los datos recabados por los juzgados especializados. Esa información de los juzgados también muestra una clara tendencia descendente tanto de los asuntos ingresados como de los resueltos por los juzgados, que llevan ahora año y medio funcionando. En Madrid, por ejemplo, se ocupa de ello en exclusiva el Juzgado 101 bis. Pues bien, es cierto que hubo un pico lógico de asuntos ingresados dos trimestres después de su puesta en marcha, pero desde ese momento, que es finales de 2017, hace un año, la tendencia es claramente a la baja. Esos juzgados especializados ya han resuelto la cuarta parte de los 300 000 asuntos ingresados y esa es, señorías, la realidad de los hechos; pero la proposición de ley del Grupo de Esquerra Republicana ve otra realidad paralela. En la exposición de motivos hablan de un supuesto colapso procesal y lo argumentan con información de principios de 2017, pero como no estamos a principios de 2017, su propuesta llega como mínimo tarde, solo como mínimo, porque este jueves además aprobaremos en esta Cámara la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que los elimina por completo, y porque la curiosa solución que propone Esquerra Republicana a este supuesto colapso pasa por conceder a los registradores de la propiedad una nueva


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línea de actividad, la conciliación registral y arbitraje de consumo en todas, todas las reclamaciones de las cláusulas suelo. En todas, señorías, porque Esquerra pretende derogar lo que sí está funcionando, el real decreto de 2017, y a cambio llenar de nuevas tareas a los registradores de la propiedad. ¿Y por qué a los registradores? ¿Cuál puede ser el motivo de esa preferencia de un grupo tan separatista como ERC por un cuerpo de tanta tradición en España como los registradores? Confieso que no logro descifrar el motivo, y como a esta hora de la tarde estamos casi en familia e impera ya el espíritu navideño les confesaré que se me ocurre un motivo verdaderamente insospechado. Quizás, solo quizás, Esquerra Republicana está tan arrepentido de la inaceptable forma en la que colaboraron en la censura de un gran presidente del Gobierno que pueden estar pensando en resarcirle de aquel exceso ayudando a ampliar los encargos del registro. (Aplausos). Con toda cordialidad, señorías, no se preocupen, señores de Esquerra, el señor Rajoy no necesita nada de ninguno de ustedes, en serio; en cambio, ustedes sí necesitarían algunos gramos de su reconocida sensatez para retirar una extemporánea iniciativa a la que evidentemente mi grupo votará que no, una iniciativa, señores socialistas, a la que por responsabilidad creo que el grupo del Gobierno también debería votar que no.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/2014, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000290).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Como señalábamos en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa presentada, la Decisión Marco 2008/675, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre Estados miembros de la Unión con motivo de un nuevo proceso penal, ha recogido un espacio de justicia basado en la confianza mutua, como es la Unión, donde las personas pueden desplazarse y establecerse libremente y donde han desaparecido las fronteras; espacio europeo de justicia que exige que las condenas contra las personas juzgadas en un Estado miembro se tengan en consideración en otro Estado miembro como si hubiesen sido dictadas por su propia jurisdicción, tanto para los efectos perjudiciales como para los favorables del reo y tanto en la fase previa al proceso, como durante este y en la fase de ejecución de la condena. Es lo que se viene a llamar el principio de equivalencia, que consiste en dotar a las sentencias anteriores de países de la Unión de los mismos efectos que a las nacionales anteriores conforme al derecho interno, no solo con ocasión de un proceso penal sino también para prevenir nuevas infracciones, y ello con la finalidad de desarrollar un espacio común de libertad, seguridad y justicia. O, dicho de otro modo, que lo que ha hecho una persona en un Estado miembro, las infracciones penales cometidas, no son indiferentes a los otros Estados a los efectos de prevenir nuevos hechos delictivos en sus ámbitos por aquella misma persona o para tenerlos en cuenta en un nuevo proceso penal por nuevos hechos cometidos en ese otro país.

Sin embargo, la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, cuando incorpora al ordenamiento estatal la decisión marco citada, introduce una serie de limitaciones en la consideración de las sentencias de jurisdicciones de países miembros de la Unión que vacía de contenido y priva de efectividad al principio de equivalencia que la decisión marco busca implantar en el ámbito europeo. Así, explicado de una manera breve, la ley orgánica niega virtualidad a las sentencias dictadas por los tribunales de otros Estados miembros de la Unión anteriores al 15 de agosto de 2010 y también niega virtualidad al principio de equivalencia en relación con sentencias dictadas en España en procesos posteriores seguidos por delitos cometidos antes de la condena extranjera, es decir, prácticamente en la inmensa mayoría de los casos susceptibles de acumulación.


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Estos límites objetivo y temporal que refería que introduce la ley orgánica suponen una diferencia sustancial en el derecho aplicable en la Unión entre el territorio español y el de otros países de la Unión en los que no se han establecido estas limitaciones, por lo que podríamos decir que la Ley Orgánica 7/2014 está afectando significativamente a la unidad del derecho de la Unión. Por ello, el Grupo Parlamentario Vasco propone la modificación de esta ley orgánica en el sentido de que se adecúe mejor a la finalidad de la decisión marco de referencia que, sin pretender armonizar los efectos que cada legislación reconoce a las sentencias anteriores de otros países, sí busca garantizar una aplicación del derecho europeo que sea uniforme en todo el territorio de la Unión, consistente en que cada Estado miembro reconozca a las sentencias penales dictadas por otros países los mismos efectos que reconoce a las propias y que, como decía, la ley orgánica limita sobremanera y de modo diferente a como lo hacen en el resto de los países de la Unión. Estas limitaciones tienen consecuencias prácticas tangibles, no son cuestiones abstractas. Así, la falta de efectividad de las sentencias de países de la Unión como si fueran propias en la fase de ejecución y, en concreto, en los procedimientos de refundición de condenas y establecimiento de un límite máximo de cumplimiento, al excluirse el único supuesto en que la acumulación es permitida por la jurisprudencia española, supone el efecto paradójico de alargar para un condenado el período de privación de libertad respecto al que le correspondería cumplir si todas las sentencias se hubieran dictado en España.

Más sorprendente aún que el efecto paradójico expuesto lo es la perplejidad que supone que se excluya la posibilidad de acumulación de las condenas dictadas por tribunales de Estados miembros y, por contra, no se haga -conforme a la interpretación jurisprudencial vigente- con las dictadas por tribunales de países terceros, lo cual supone una diferencia esencial in peius en el tratamiento a las sentencias dictadas por los tribunales de países de la Unión respecto a las dictadas por tribunales de terceros países. Es decir, se da una efectividad inferior a las sentencias de países de la Unión que a las de terceros países, lo que supone un evidente retroceso a los avances en la construcción del espacio europeo.

La otra limitación a la que me refería, la temporal, establecida en la ley orgánica, al efecto de excluir las sentencias dictadas por otros Estados miembros anteriores al 15 de agosto de 2010 -que es precisamente la fecha tope para la trasposición de la decisión marco-, supone reducir también la efectividad del reconocimiento de los efectos de las sentencias de otros Estados a supuestos muy limitados, solo a las sentencias más recientes, a las dictadas desde agosto de 2010; y no se aprecia que en otros Estados miembros se haya limitado legislativamente en sus normas de trasposición el efecto equivalente de las sentencias de los demás Estados miembros en función de la fecha de la sentencia condenatoria. Se establece con ello en la ley orgánica una diferencia sustancial -otra- entre el derecho aplicable en España y en el resto de los países de la Unión, lo cual afecta de modo significativo también a la unidad del derecho, dándose el caso de que una sentencia española sí tendrá efectos en Francia aunque sea anterior a agosto de 2010 y, sin embargo, una sentencia francesa de esa misma fecha no tendrá efectos en España, tanto para los efectos perjudiciales como para los beneficiosos para el reo.

La modificación que el Grupo Parlamentario Vasco insta de la Ley Orgánica 7/2014 no desconoce que esta ley ha sido enjuiciada y declarada conforme con la decisión marco por el Tribunal Supremo, aunque con un voto discrepante del 40 % de sus miembros, ni tampoco desconoce que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene declarado que no vulnera el principio de irretroactividad del derecho penal. Sin embargo, esto no significa que otro tipo de incorporación al derecho español de la decisión marco no sea posible, sobre todo si se adecúa mejor a la finalidad de crear un espacio de libertad, justicia y seguridad homogéneo que permita el juego del principio de equivalencia no solo en lo negativo para el condenado. Además, téngase en cuenta que la aplicación de la Ley Orgánica 7/2014 lo es para todo tipo de penados, incluso para los delitos menores, que muchas veces en un mundo globalizado y con facilidad de comunicarse son cometidos a uno y otro lado de la frontera en las zonas fronterizas, así como que la Ley Orgánica 7/2014 genera situaciones de trato distinto a ciudadanos europeos condenados en algún otro país distinto, además de en España, lo cual consideramos que crea una discriminación materialmente injustificada, fragmenta el espacio judicial europeo y resulta incongruente con el principio de reconocimiento mutuo. Asimismo, esta situación creada por la ley orgánica de trato distinto desplegará efectos perjudiciales para un número relevante de ciudadanos europeos incursos en procedimientos en España.

En definitiva -y voy finalizando, presidenta-, la modificación que se propone de la Ley Orgánica 7/2014 busca limar las desigualdades aplicativas de la decisión marco en el ordenamiento español respecto al resto de países de la Unión que han traspuesto la decisión marco de manera muy diferente a cómo se ha hecho en este Estado. Para ello, se propone volver al texto del proyecto de ley que aprobó el Consejo de


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Ministros el 8 de febrero de 2013 y al similar que remitió esta Cámara al Senado el 17 de julio de 2014, en el que no se incluían las actuales limitaciones temporal y objetivas contenidas en el artículo 14.2 y adicional única de la Ley Orgánica 7/2014.

El texto del proyecto de ley fue informado también favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, caso este último en el que se señalaba que el proyecto hacía una equiparación del principio de equivalencia en lo positivo, por ejemplo, en la acumulación, y también en lo negativo para el reo, en la reincidencia y otros efectos, recalcando además la necesidad de que fuera una ley orgánica, precisamente porque entre otros aspectos afectaba a la determinación del límite máximo de cumplimiento en atención al artículo 76 del Código Penal y a la aplicación de la acumulabilidad del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En definitiva, señorías, la iniciativa que presentamos busca una mejor compatibilidad de la Ley Orgánica 7/2014 con la Decisión marco 2008/675, y a su vez homogeneizar la aplicación del derecho de la Unión en el espacio de libertad, justicia y seguridad, que es la propia Unión.

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La proposición de ley que ha expuesto el señor Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, incide en el desarrollo efectivo de la cooperación judicial en materia penal y la armonización producto del Tratado de Lisboa que aún tiene en España posibilidades de perfeccionamiento legislativo, como se acaba de explicar. Es imposible sintetizar en tres minutos un criterio que abarque las diferentes modificaciones que son objeto de esta iniciativa, que apoyaré, por cuanto abre el trabajo parlamentario en torno a la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Es una ley que cuando se tramitó a lo largo del año 2014 permitió un gran avance para la mejor trasposición de las decisiones marco y directivas europeas en materia de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales. Entonces se determinó que afectaba a preceptos de naturaleza orgánica y de ahí la necesidad de una mayoría absoluta que finalmente -conviene resaltarlo y recordarlo- fue amplísima.

Pensábamos que con aquella iba a resultar relativamente sencillo incorporar futuros cambios y avanzar con agilidad en el desarrollo de ese espacio de justicia penal armónico con el conjunto de la Unión Europea. Vemos que no, aunque en honor a la verdad son cuestiones que dejan poco espacio para lo político y que tienen un componente técnico que perseguía entonces -al igual que yo entiendo que se persigue ahora mismo con esta iniciativa- una mayor eficacia que se concreta en la necesidad de aplicar el principio de efectos equivalentes entre sentencias de países miembros de la Unión Europea, siempre referidos a la fase de ejecución de una condena impuesta y a la refundición del tiempo de su cumplimiento. Esto cobra mucho sentido no solamente para la aplicación de los derechos a los investigados y condenados, sino también para las propias víctimas, toda vez que estamos hablando de actuaciones penales sobre la delincuencia transfronteriza en el espacio de libertad, seguridad y justicia que se ha construido en la Unión Europea sin controles fronterizos. Desde 2014, además, el propio Parlamento Europeo, en cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, trabaja en la evaluación específica de ese espacio y también en el ámbito de la justicia penal al objeto de favorecer la plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo y singularmente en atención a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores sobre un nuevo proceso penal.

Mi voto será favorable a la toma en consideración.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señora presidenta.

Las Cortes aprobaron en 2014 la Ley Orgánica 7/2014 después de que el Gobierno tardara seis años en incorporar la decisión marco que le obliga a tener en cuenta las condenas impuestas por los tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Demoró otro año y medio la notificación de la trasposición


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a la Comisión Europea, impidiendo que esta pudiera analizar si se había realizado correctamente y se valió de esta demora para intentar consolidar en los tribunales una situación contraria a la norma europea y a los derechos de los presos. Lo hizo con el objetivo de lograr la ineficacia absoluta de la decisión marco para así prolongar los castigos y dificultar el acceso de los presos políticos vascos a la libertad. Es un caso más de ingeniería jurídica, como lo fue la doctrina Parot, que es parte de una legislación excepcional, que desde Euskal Herria Bildu entendemos que es momento de desactivar.

La sentencia emitida recientemente por Estrasburgo no ha entrado a valorar si la trasposición se hizo de forma correcta porque eso le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, pero el hecho cierto es que tan solo España introdujo en la misma, valiéndose de su mayoría en el Senado, las limitaciones que la propuesta del PNV propone derogar y que Euskal Herria Bildu apoyará, limitaciones tales como que no serían tomadas en cuenta sentencias dictadas antes de agosto de 2010. Hubo serias discrepancias en los diferentes tribunales españoles -Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Constitucional- sobre si plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Estrasburgo; fue una maniobra del hoy ministro del Interior Grande-Marlaska la que evitó que dos secciones de la Audiencia Nacional preguntaran a Luxemburgo.

Han pasado más de tres años hasta que Estrasburgo se ha pronunciado sin aclarar la compatibilidad de la ley con la decisión marco y los presos que podrían beneficiarse de la norma europea siguen en prisión. Tan solo quienes ven la cuestión de los presos en términos de venganza aplauden la sentencia de Estrasburgo y se niegan a derogar las medidas de excepción introducidas por el PP para no tener en cuenta las penas cumplidas en Francia y así atrasar la puesta en libertad de los presos. Igualmente, quienes dicen apostar por un cambio en la política penitenciaria no pueden más que apoyar la propuesta de reforma si quieren ser creíbles. La solución a esta argucia legal, llegados a este punto, es política: reformar la ley y volver al texto que se aprobó inicialmente en este Congreso.

Quisiera apuntar, finalmente, que el Partido Popular aprovechó la tramitación del Senado que he mencionado para enmendar también lo que luego sería la Ley 23/2014, relativa a la aplicación del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, que regula, entre otras materias, la situación de los presos trasladados a España para cumplir la pena impuesta en otro Estado. En este caso introdujo una modificación para tratar de impedir que los presos que cumplan en España la condena impuesta en otro Estado miembro puedan obtener la acumulación de condenas. Es decir, tenía la misma finalidad. Por tanto, no es la que debatimos hoy la única reforma necesaria. Habría que hacer lo propio también con la Ley 23/2014. Pero, insisto, valoramos positivamente la iniciativa que se presenta y la apoyaremos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, yo traía una intervención preparada, pero la tengo que cambiar porque estoy absolutamente atónito con que un señor de la categoría del señor Legarda -que en este momento está hablando por teléfono y no me puede escuchar; me puede oír, pero no escuchar- haya omitido el asunto más relevante en esta cuestión. Nos viene el señor Legarda a hablar de confianza mutua, unión, libertad, justicia y seguridad, y suenan los violines tras su voz mientras nos habla de derechos humanos y de cosas preciosas; preciosas, si no fuera porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre el asunto, algo que ha reconocido la propia representante de Bildu, pero no el representante del PNV. ¡Cómo se tiene que ver, señor Legarda! ¿Cómo es posible que hurte usted el elemento primordial en esta cuestión? No se puede mantener un debate jurídico serio si usted parte de esa omisión, y yo venía a hacer un debate jurídico serio.

¿Sabe lo que es serio aquí? Lo que es serio es la sentencia -voy directamente a la sentencia de Estrasburgo, justamente porque es lo que usted quiere omitir- de 23 de octubre de este año, 2018, asunto: Arróspide Sarasola y otros. ¿Quién es este demandante principal? Un señor condenado a más de tres mil años de prisión por once procedimientos penales distintos, especialmente el atentado con coche bomba en la plaza de la República Dominicana -12 guardias civiles muertos, 44 guardias civiles heridos y 17 viandantes heridos- y responsable también por el atentado con coche bomba en Hipercor, en Barcelona, con 21 personas muertas y 46 personas heridas. Pues este señor, acogiéndose a un derecho que hasta los carniceros tienen, demandó al Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e invocó la Decisión marco 2008/675, de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo Europeo


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-por cierto, no Consejo de Europa, lo digo para los traductores de la Subdirección General del Ministerio de Justicia-, y está resuelto por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¡Detenga los violines, señor Legarda! ¿Sabe lo que le contestan sobre la vulneración invocada del artículo 7 del convenio, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, de la que se invocaba ese fragmento que dice: "Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave...", un principio que conocemos todos los juristas? Le dicen que tanto en el derecho interno aplicable al momento en que los recurrentes cometieron los delitos como al momento en que las decisiones de acumulación o limitación máxima de cumplimiento han sido adoptadas, así como al momento en que los interesados solicitaron la acumulación, el tribunal estima que las decisiones recurridas no han supuesto una modificación del alcance de las penas impuestas. Cuando invoca el artículo 5.1 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos -en concreto, el pasaje: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos en los que, por ejemplo, es detenido irregularmente, etcétera- el Tribunal de Derechos Humanos le dice -me voy a la conclusión porque me quedo sin tiempo- que los periodos de prisión cuestionados por los demandantes no pueden ser descritos como no previsibles o no autorizados por la ley en el sentido del artículo 5.1 del convenio. Por lo tanto, se lo he leído de entrada, cuando seguramente no tenía ni que haber llegado aquí, porque pensaba que usted tendría la honradez intelectual de reconocer que... Sí, señor, sí, la honradez intelectual de, al menos, hacer constar que esta sentencia reciente existe, porque sin ella no entendemos nada. Parece que aquí se haya optado por algo que es completamente irregular, frente a otros países mucho más benévolos. No, señor, la decisión marco se incorpora con las singularidades propias de cada país para alcanzar -ponga usted la cara que quiera- los resultados, para alcanzar los efectos que el consejo ha dispuesto y se propone. Y así es como se ha hecho en España, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que el modo en que se ha hecho en España es perfectamente correcto.

Ustedes tienen un interés especial en cambiar, con el subterfugio de un cambio técnico, en realidad los puntos 3 y 4 del artículo 14. Porque, tal como han presentado esta proposición de ley, parece que buscaran una especie de correcciones técnicas, a primera vista, pero en realidad, como hemos visto aquí, de lo que se trataba es de que, insatisfechos con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quieren cambiar la norma, y el veneno viene en los apartados 2 y 3 del artículo que quieren cambiar. Así que, quien esté interesado realmente en lo que propone el PNV que vaya directamente a los puntos 2 y 3.

Acabo. Yo no tengo claro todavía lo que opina el Grupo Socialista con respecto a esto. En Ciudadanos tenemos tres condiciones innegociables para conceder beneficios penales a los etarras. La primera, la renuncia a la banda terrorista; la segunda, el arrepentimiento; la tercera, la colaboración con la justicia para esclarecer los 379 casos sin resolver. El cese de las balas, o el silencio de las pistolas, no merece ningún premio. ¿Se dan estas condiciones o no se dan? Si se dieran, se podría pensar en condiciones especiales, en beneficios específicos para personas concretas. Mientras tanto, todo esto no es más que un subterfugio para hacer ver que existe una norma en España imperfecta o que no tiene los estándares de calidad democrática y de técnica penal, de técnica jurídica internacional, que debería tener. Usted ha hurtado, señor Legarda, el punto más importante. ¡Qué vergüenza! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.

El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a totes i a tots.

Nuestro grupo comparte prácticamente la totalidad de los elementos que nos ha traído el Partido Nacionalista Vasco en su proposición de ley orgánica, porque, señorías, esta proposición sencillamente viene a corregir una nueva situación que hace de la justicia del Estado español -o del Reino de España, como decía el señor Girauta- una nueva anomalía frente a las democracias del conjunto de la Unión Europea. Se trata de una errónea trasposición de la Decisión marco 2008/675; una errónea trasposición que viene a conculcar el principio de equivalencia de las resoluciones condenatorias producidas en otros Estados miembros de la Unión Europea; un nuevo error que impide que tengan el mismo efecto las resoluciones de otros Estados miembros y las propias del Estado español, del Reino de España, rompiendo, con ello, la confianza que se supone que debería haber dentro del marco de la Unión Europea en ese espacio único de libertad, justicia y seguridad.


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Esta proposición, la que tenemos en estos momentos, trata de revertir el renacimiento del derecho penal del enemigo, ese derecho penal de excepción, esa tendencia del poder político de violentar los instrumentos del Estado de derecho para acentuar los instrumentos represivos con la única intención de defender su concepto de Estado con su propio criterio de aquello que, con su mismo criterio, identifica como amenazas. En definitiva, una trasposición del derecho de la Unión Europea que es absolutamente inadecuada y no lo digo yo, lo dice la propia comisaria europea de Justicia, la señora Vera Jourová, que en respuestas en los años 2015 y 2016 a preguntas formuladas por la europarlamentaria Izaskun Bilbao advirtió que ese nuevo error podía dar lugar a nuevas sanciones al Estado español. Más multas, señorías, más multas que vienen a consolidar al Estado español en el top, en la cima del ranking de los Estados multados por incumplir con la normativa comunitaria. Para hacer gráfica la afectación podemos decir que solo en cinco años España ha pagado ya cerca de 54 millones de euros en sanciones; siete de cada diez euros impuestos en forma de sanciones a los Estados de la Unión Europea recaen sobre los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español. Dejemos ya de hacer el ridículo, dejemos de pagar multas por la dejación y la incapacidad del Gobierno de turno.

Señorías, lamentablemente, constatamos que con el europeísmo algunas fuerzas políticas hacen lo mismo que con el constitucionalismo, lo consumen a la carta. Cuando es el momento de aplicar el dogma de la austeridad que nos llega de Europa, se aplican a rajatabla las directivas, pero cuando hay orientaciones en defensa de los derechos sociales, humanos y medioambientales, ya es otra la actitud, ya son otras las prisas para adaptar el ordenamiento del Estado español, poniendo en evidencia una vez tras otra esa posición vergonzosa de la marca España en justicia.

No está de más recordar cómo hemos llegado a esta excepcionalidad, puesto que si releemos los textos de 2013, si revisamos el anteproyecto que salió del Consejo de Ministros para trasponer la directiva europea, se recogía íntegramente la aplicación del principio de equivalencia en la acumulación y en la refundición de condenas. Este texto venía absolutamente avalado, como ya se ha dicho, por informes del Consejo General del Poder Judicial, por informes del Consejo de Estado y por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia del 13 de marzo de 2014. Entonces, ¿de dónde salió la chapuza que hoy intentamos arreglar, a pesar de algunos? Del Senado. Fue el Senado que sorprendió a propios y a ajenos con unas autoenmiendas que vaciaron de contenido este principio de equivalencia en materia de acumulación, limitación y reincidencia, justificado todo ello por la percepción de las negativas consecuencias políticas que tendría para el Gobierno del señor Rajoy la correcta trasposición de aquella decisión marco. Es decir, una vez más echar mano de las herramientas del derecho penal del enemigo que no nos cansaremos de denunciar.

Además, en enero de 2015 fue ratificada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por aquel entonces por don Manuel Marchena. Creo que les suena don Manuel Marchena, aquel preferido por el Partido Popular para presidir el Consejo General del Poder Judicial, aquel juez excepcional, según el señor Cosidó, que también les sonará, el de los wasaps. El entonces presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el que juzgará a los presos y a las presas políticas catalanas, en aquel momento avaló ese cambio -erróneo, insistimos- de criterio y forzó, además, la interpretación de la decisión marco, defendiendo que se pudiera excepcionar aquel principio de equivalencia. Fue una resolución que, además, tuvo una actitud claramente rebelde respecto al derecho de la Unión Europea, puesto que incumplió su obligación de formular cuestión prejudicial al derecho europeo sobre la aplicación de la directiva europea, cuestión prejudicial que debía formularse no al Tribunal de Derechos Humanos, sobre el que se acaba de hablar en este estrado, sino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era el competente en este marco, es decir, el Tribunal de Luxemburgo, además, en una situación ante la que trece de los magistrados y magistradas de la Sala segunda del Tribunal Supremo tuvieron que solicitar amparo ante las públicas injerencias que estaban sufriendo por parte del entonces ministro del Interior, señor Fernández Díaz, y la entonces vicepresidenta del Gobierno, señora Soraya Sáenz de Santamaría.

Por lo tanto, señorías, creo que queda claro que vamos a votar a favor de la toma en consideración, con la esperanza de que también lo hagan el Partido Popular y Ciudadanos -aunque la esperanza en Ciudadanos creo que se nos ha evaporado-, puesto que entendemos que, aunque los argumentos de defensa de los derechos humanos, de las garantías del Estado de derecho tal vez no les convenzan, si les podría convencer que el Estado español siga pagando multas y más multas que salen de los bolsillos de la ciudadanía. Por lo tanto, señorías, hagamos que el Estado español ocupe el lugar que le corresponde y que su justicia recupere la confianza de los demás Estados de la Unión Europea en aquel espacio único y deseable de libertad, justicia y seguridad que ha de ser la Unión Europea. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, la Decisión marco 2008/675/JAI del Consejo, bajo el principio de subsidiariedad y para aproximar las disposiciones legales de los Estados miembros en desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia, concretó el marco dentro del cual las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros pueden tenerse en cuenta con motivo de un nuevo proceso penal bajo el principio rector de equivalencia de las condenas extranjeras y nacionales. En ella se especifica que ni tiene por objeto la ejecución por un Estado miembro de las decisiones tomadas en otro Estado miembro ni se pretenden armonizar las consecuencias de las diferentes legislaciones, sino permitir que se puedan vincular consecuencias a una condena anterior en la medida en que a su vez estén vinculadas a penas nacionales previas con arreglo al derecho interno de cada Estado. La decisión marco subraya con reiteración que se han de respetar las diversas soluciones y procedimientos nacionales.

Con la aprobación en nuestro país de la Ley Orgánica 7/2014 se traspuso esta decisión marco, cierto que tardíamente, estableciendo la solución propia, podríamos decir, con las correspondientes condiciones y límites, para que las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros puedan ser tenidas en cuenta y desplieguen sus efectos en España. Debe resaltarse que esta solución de trasposición fue adoptada con un muy alto grado de acuerdo en las Cortes. En efecto, en la tramitación de la ley en esta Cámara no hubo enmiendas al artículo 14 y ni tan siquiera el mismo grupo parlamentario vasco consideró necesario hacerlo. Las enmiendas y la disposición adicional única fueron incorporadas en el Senado alegando motivos de seguridad jurídica. Ya en el debate de votación de enmiendas del Senado, el portavoz del grupo de la Izquierda Plural, el señor Llamazares, llegó incluso a valorar como positivas y esclarecedoras las enmiendas presentadas por el Grupo Popular conducentes al texto vigente, que hoy, sin embargo, se cuestiona. Ningún otro grupo se refirió de manera directa al artículo 14 y tampoco ningún grupo, incluido el vasco, llegó a referirse a la disposición adicional citada. La ley fue aprobada por 294 votos a favor, el 92 % sobre voto emitido, 5 noes del Grupo Vasco y 20 abstenciones de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto, que hacían un total de poco más del 5 %. En el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación por los Estados miembros de esta decisión marco de fecha 2 junio 2014 se llegó a constatar y a concluir que el nivel de conformidad con la letra y el espíritu de la decisión marco variaban considerablemente entre los veintidós Estados miembros que ya habían transpuesto la decisión en aquella fecha. Por tanto, que no se venga aquí a alardear por parte de nadie de que hay una solución europea frente a una solución española, porque las diferencias son muy amplias. Por ello, la Comisión manifestaba que supervisará y estudiará si los Estados miembros aplican debidamente el principio de equivalencia.

En España, como es conocido, la evolución jurisdiccional ha sido controvertida. Si la sentencia 186/2014, de 13 de marzo, resolvió que debían acumularse las condenas de prisión por terrorismo que se hubieran dictado en Francia contra un mismo sujeto, equiparando sus efectos como si se tratara de antecedentes penales nacionales, la posterior decisión contenida en el acuerdo del Pleno de la Sala segunda, de fecha 13 de enero de 2015, resolvió en sentido contrario. La existencia de una nueva ley fue la razón que se invocó. En la actualidad esta es la línea jurisprudencial sostenida, aunque con destacados votos particulares. Por su parte, en la reciente sentencia de 23 de octubre de 2018 aquí referenciada, asunto Arróspide Sarasola y otros contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado por unanimidad que las decisiones del Tribunal Supremo, incluso aplicando las limitaciones legales, no modifican la duración máxima de cumplimiento de las penas de prisión, siempre fijada en treinta años de acuerdo con Código Penal, y que en la resolución adoptada no hay violación del artículo 7 del convenio -no hay pena sin delito-, y dado que las sentencias no condujeron a una modificación de las penas, los periodos de prisión que se discutían por parte de los demandantes no podrían ser calificados ni como no autorizados ni como imprevisibles en las leyes aplicables, por lo que tampoco hay violación del artículo 5.1 del convenio, derecho a la libertad y a la seguridad.

Por otro lado, algunas de las nuevas propuestas que contiene esta iniciativa de algún modo están previstas en el preámbulo de la norma vigente en tanto que orientaciones interpretativas, como es el caso de lo establecido por la regla del apartado primero y, en particular, la aplicación de efectos con equivalencia en la fase previa al proceso penal durante el propio proceso y con ocasión de la ejecución de la condena impuesta. Por lo que se refiere al apartado 3, la propuesta puede considerarse ciertamente superflua, porque a efectos de antecedente penal solo cabe tener en cuenta una condena firme. Y en lo relativo al


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apartado 4, no supone modificación alguna más allá del cambio de ubicación. Es la regla 2 de este precepto la que va dirigida a suprimir los dos supuestos vigentes que impiden cualquier efecto de la sentencia extranjera en los dos aspectos que se contemplan y que tienen los contenidos, que no voy a repetir, porque ya los ha relatado aquí el señor Legarda en su exposición.

Por lo que se refiere a la disposición adicional única, su contenido -no tener en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro con anterioridad al día 15 de agosto de 2010, fecha prevista, como se sabe, para dar cumplimiento a lo más tardar a la decisión marco-, expresa una facultad del legislador nacional que no contradice la decisión marco, como se refleja en su artículo 3, apartado 5. Así ha sido destacado por el Tribunal Supremo y así se refleja en la argumentación de la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco ha habido una cuestión prejudicial que haya permitido al Tribunal de Justicia decidir sobre la corrección de la interpretación realizada por esta legislación sobre la no acumulación de condenas españolas y francesas, aunque esta vía sigue abierta.

Señorías, este es a grandes rasgos el marco en el que surge la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Vasco. Tomando en cuenta todos estos datos, es difícil convenir que la regulación vigente suponga una negación radical del principio de equivalencia. El Grupo Socialista es sensible a la importancia de la regulación llevada a cabo en 2014 y al avance que supuso en esta materia para converger en el Espacio europeo de justicia y libertad, en una línea similar a los demás Estados miembros de la Unión, avance que fue destacado por la mayoría de los grupos políticos en aquella fecha. En la línea manifestada por la Comisión, entendemos que se hace preciso estudiar y supervisar si los Estados miembros aplican debidamente el principio de equivalencia y si los efectos jurídicos de las condenas extranjeras son o no equivalentes, premisa necesaria, entre otros aspectos, para continuar avanzando, para dar otro salto hacia delante en este terreno, incluso más allá de lo dispuesto por la decisión marco vigente. Sin embargo, hasta la fecha desconocemos si ese estudio se ha realizado y, en su caso y en su marco, qué valoración merece la trasposición que se hizo en España en el año 2014.

En conclusión, señorías, dado el estado de la cuestión y el debate jurisprudencial, doctrinal y político existente, consideramos que se deben explorar nuevas vías de avance colectivo en la Unión Europea en esta materia, y nuestro grupo, en este sentido, decidirá y adoptará su posición a la vista del debate existente y, por supuesto, recalcando algo que creo que es obvio, y es que no solo se refiere a determinadas personas o a determinados delitos, sino que esta es una cuestión de alcance general a la que resulta ciertamente muy difícil aplicar ese concepto del derecho penal del enemigo.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Señora presidenta, señorías.

Señor Legarda, seamos claros, ¿qué les debe el PNV a los terroristas de ETA condenados en Francia? ¿Qué les debe? Porque de esto hablamos; hablamos de una iniciativa cuyos potenciales beneficiarios tienen nombres y apellidos, han cumplido o cumplen condena en Francia y tienen condenas pendientes en España. Seamos claros pues y no permitamos que tanta hojarasca jurídica como se lleva vertida en esta tribuna en la tarde de hoy impida ver el verdadero y muy político objetivo de la presente proposición: que los etarras condenados puedan acumular condenas y salir antes en libertad. Es una proposición destinada a enmendar la plana simultáneamente a las Cortes Generales, al Tribunal Supremo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que forma parte de una línea de actuación del PNV en esta Cámara que merece alguna consideración. Digo esto, señorías, porque ustedes tienen un cupo limitado de iniciativas y son sorprendentes los temas a los que se vienen circunscribiendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, plantearon varias veces la reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable -casualidad, la aplicable a los delitos de terrorismo-; criticaron la Ley Orgánica 7/2014 por su incidencia en el cómputo del cumplimiento de las penas y ahora buscan su derogación, precisamente cuando ha logrado el aval de todas las instancias judiciales nacionales e internacionales. Y yo me pregunto: ¿No existen temas de interés general de los vascos y del conjunto de los españoles? ¿No se les ocurre nada que proponer a esta Cámara en favor de alguien que no sea terrorista de ETA condenado por la justicia? ¿De verdad? No espero una respuesta, pero sí creo que es bueno recordar de dónde nace esta iniciativa.

Como se ha recordado ya, el pasado 23 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia por la que avalaba que España no acumulase las penas cumplidas por presos etarras en Francia a la hora de practicar la liquidación de las condenas impuestas en España. Es decir, el Tribunal


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Europeo de Derechos Humanos respaldaba la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del 13 de enero de 2015, que aplicaba la ley 7/2014, que a su vez trasponía a nuestro ordenamiento la Decisión Marco 2008/675/JAI de la Unión Europea. El 23 de octubre de ese mismo año aseguraba yo en esta tribuna -perdón por la autocita- que la sentencia de Estrasburgo no les había gustado a algunos y que, al parecer, aparte del varapalo a los demandantes, a quienes menos gustó fue a los señores del PNV. El señor Esteban, de hecho, tenía firmada desde la víspera esta proposición de ley; quizás su previsión fuera debatirla con el impulso de una sentencia de Estrasburgo condenatoria contra España que no se produjo. El señor Esteban mostró su disconformidad y anunció esta proposición de ley para adecuar de manera más correcta la decisión marco a la legislación española y, en consecuencia, pidió una política penitenciaria aplicada con inteligencia. Según parece, inteligente, en palabras del PNV, debe traducirse por acorde a lo que le convenga al PNV y, más correctamente, por favorable a los terroristas. Pues bien, debo recordarles que ni el nacionalismo es obligatorio ni es obligatorio comulgar con sus ruedas de molino -hablemos de la Constitución y del estatuto, de debates presupuestarios, de mociones de censura o de la Ley Orgánica 7/2014- y, por supuesto, que las decisiones más correctas no son las que favorecen acortar las condenas de los terroristas; en democracia las decisiones más correctas son las que aplican la ley y hacen justicia -en este caso, la Ley Orgánica 7/2014, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han considerado acorde a la Decisión marco 2008/675- y no las que buscan recovecos alambicados o promueven reformas para favorecer a los terroristas en detrimento de la legalidad y de la justicia.

Creo que se equivocaron ustedes en cuanto al interés de los vascos -de los vascos y de todos los españoles- en la moción de censura de hace unos meses -a la vista está incluso cuando el Gobierno no está, de eso no hay ninguna duda-; se equivocaron al priorizar la relación con Sortu y Bildu en el País Vasco, y se han quedado sin presupuestos; y se equivocan al dedicar la mayor parte de sus esfuerzos legislativos en el Congreso a los terroristas condenados por la justicia.

Por tanto, vamos a rechazar su proposición de ley. La Ley Orgánica 7/2014 nos parece bien como está. Su texto fue aprobado definitivamente y por amplísima mayoría en esta Cámara el 30 de octubre de 2014. En aquella sesión, en efecto, fueron ratificadas dos enmiendas introducidas por el Partido Popular en el Senado que evitaban la aplicación expansiva de la acumulación de años de cárcel. Se salía así al paso de la pretensión de Sortu y de los equipos jurídicos de los etarras de utilizar la Decisión marco 2008/675 para adelantar la excarcelación de hasta 150 terroristas que cumplieron o cumplen condena en Francia. La ley orgánica regula expresamente la materia en sus artículos 1, 14 y 15 y en su disposición adicional y, de forma terminante, en el artículo 14.2 se refiere a los casos en los que las condenas en el extranjero no tendrán efecto. Por eso el PNV pretende modificar sustancialmente el artículo 14.2 y suprimir la disposición adicional, por eso, parafernalia jurídica aparte. Pero lo cierto, digan ustedes lo que digan, es que la ley orgánica consagra el principio general de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea; enumera, en el 14.2, los supuestos en los que tales condenas no pueden ser tomadas en consideración, y lo hace no de forma arbitraria, caprichosa o contra la decisión marco, como afirma el PNV, sino, precisamente, en aplicación de las previsiones y facultades contenidas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 3 de la propia decisión marco -eso es lo que el PNV, evidentemente, en toda su argumentación prefiere ignorar-; y establece, en efecto, un límite taxativo a partir del cual se reconocen efectos a las condenas en el extranjero, que es el 15 de agosto de 2010. Por tanto, la ley orgánica limita el efecto a los casos ya previstos: euroorden y cumplimiento de la condena en el país de origen. El artículo 14.2 deja claro que las condenas firmes dictadas en otros Estado europeos no tendrán ningún efecto ni tampoco podrán provocar su revocación o revisión y establece excepciones al reconocimiento de efectos que la propia decisión marco, de manera facultativa, permitía incorporar.

En conclusión, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, parece claro que la ley orgánica es acorde a la Decisión marco 2008/675 y no vulnera ni el artículo 5 ni el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tan solo cercena, eso sí, las pretensiones de los terroristas condenados. Ustedes sabrán, señor Legarda y quienes apoyen su iniciativa -esperemos que el Partido Socialista termine de tomar decisiones en el curso de la tarde-, lo que deben, a quién se lo deben o en qué ríos revueltos quieren pescar. Lo cierto es que el conjunto de los españoles representados en esta Cámara no debemos nada a los terroristas, no estamos aquí para hacer favores a quienes han combatido la democracia con las armas, sembrando de dolor y terror nuestras calles, y por eso votaremos en contra de esta propuesta bochornosa, señor Legarda, de la que deberían, como demócratas, avergonzarse ustedes y quienes la respalden.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Legarda Uriarte pide la palabra).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Sí, señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Quería pedir, por alusiones, un turno de explicación en relación con las afirmaciones que ha hecho el señor Girauta.

La señora PRESIDENTA: Tiene que entrecomillarme la alusión.

El señor LEGARDA URIARTE: En concreto, ha manifestado que mi intervención había sido una vergüenza y que le había dejado atónito por haber ocultado en un debate jurídico datos de muy intensa relevancia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Girauta, tiene un minuto para contestar al señor Legarda.

El señor GIRAUTA VIDAL: No quiero hacer de esto una cuestión personal. Con todos mis respetos hacia el señor Legarda, él ha citado de pasada la sentencia de Estrasburgo, es cierto, y yo sigo manteniendo que eso no estaba expuesto ni con la importancia ni en igualdad de condiciones que el resto de argumentos. No pasa nada, no hay ningún problema. Si le ha molestado, le pido disculpas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS COMPLEMENTARIAS A LA PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 162/000861).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los presupuestos del Partido Popular.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor De Olano Vela.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Subo a la tribuna a defender la proposición no de ley sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los presupuestos del Partido Popular, una iniciativa que resulta absolutamente necesaria ante la evidente parálisis de un Gobierno nacido de una moción de censura indigna y que ha demostrado en estos escasos seis meses carecer de proyecto para España más allá de apartar al Partido Popular del Gobierno que le dieron los españoles en las urnas; un Gobierno del señor Sánchez que carece de iniciativa política y de los apoyos necesarios para llevar a cabo su labor; un Gobierno que cada día que pasa acredita lo que venimos diciendo desde hace semanas: la legislatura está agotada y es necesaria la convocatoria de elecciones lo antes posible, tal y como reclaman ya siete de cada diez españoles. El llamado Gobierno bonito de Sánchez se desmorona: un presidente que obtuvo el doctorado de forma irregular y se niega a dar explicaciones, dos ministros dimitidos, tres más con escándalos fiscales que harían dimitir a cualquiera en Europa con un mínimo de dignidad y una ministra que ha resultado ser la protagonista femenina de las llamadas cloacas del Estado; un Gobierno que únicamente sobrevive a base de fuegos artificiales, como podemos comprobar cada viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando nos anuncian un rosario de planes vacíos de contenido y sin dotación presupuestaria que los avale, salpicados, eso sí, con pomposos anuncios de reformas constitucionales para las que no tienen apoyo suficiente.

Señorías, lo único sensato que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido ejecutar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Partido Popular, y ello pese a las feroces críticas que vertieron sobre esas cuentas. No son creíbles, atacan al Estado del bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes, decía el señor Sánchez en abril. Si Pedro Sánchez gobierna con los presupuestos del PP, nos tendrá enfrente, como nos tiene enfrente el PP, decía la portavoz de Podemos en el mes de mayo. Pese a ello, pese a las críticas vertidas por la izquierda y extrema izquierda, hemos podido observar cómo ministros, seudoministros y diputados varios presumen sin rubor alguno de llevar a cabo las medidas aprobadas por el Partido Popular y a las que ellos mismos


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votaron en contra repetidas veces. Estoy pensando en la subida de las pensiones para este año 2018, en la subida del salario de los funcionarios también para este año 2018, en la primera fase de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, últimamente, en la jubilación anticipada de los policías locales, por citar únicamente las más relevantes.

Pues bien, señorías, si ejecutar los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular fue la única medida sensata llevada a cabo por el Gobierno de Sánchez, con esta iniciativa que debatimos hoy buscamos un segundo ataque de sentido común antes de que convoque elecciones como le pide la inmensa mayoría de los españoles. Porque, señorías, no podemos caer en la nueva trampa que nos anuncian ahora, que no es otra que la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019; una trampa o una farsa, si lo prefieren, porque no se puede calificar de otra forma esta última ocurrencia: presentar unos Presupuestos Generales del Estado con la senda de déficit del Partido Popular, aplicando la política económica de Podemos y que deben obtener el visto bueno de la Unión Europea. Semejante disparate solo se le puede ocurrir a un tal Pedro Sánchez. (Aplausos). Un Parlamento serio como este no puede caer en esa burla, que únicamente busca distraer la atención para mantener al señor Sánchez en la Moncloa unas pocas semanas más. Son unas hipotéticas cuentas, las del PSOE y Podemos, que ya fueron rechazadas por Bruselas, por la AIReF, por el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE y por cuantos analistas nacionales y extranjeros las han examinado, que las han tachado de irreales, basadas en ingresos sobrestimados y con gastos millonarios ocultos. Ni siquiera semejante y unánime varapalo a sus cuentas le han hecho bajar de las nubes al señor Sánchez. Son unas hipotéticas cuentas, las del PSOE y Podemos, basadas en las viejas recetas de la izquierda: subida de todos los impuestos y, por si estos resultaran pocos, creación de otros nuevos, subida de cotizaciones sociales, subidas del precio de la energía, mayor rigidez en las relaciones laborales, más déficit, más deuda, etcétera. Son medidas, todas ellas, que van en el sentido contrario y que lastrarán sin duda el crecimiento económico y la creación de empleo. Los que tienen que crear empleo, los empresarios, califican todas estas medidas como de empleocidio.

Señorías, después de las múltiples promesas que hemos escuchado, lo cierto es que comenzaremos 2019 con unos presupuestos prorrogados, pese a que el propio señor Sánchez -o Pedro, vayan ustedes a saber quién era en aquel momento- lo veía inaceptable hace unos meses, cuando le decía al señor Rajoy que si no podía contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado debería convocar a los españoles a las urnas. Le exigimos a Sánchez que simplemente se aplique su propia medicina.

Entre tanto, resulta necesario aprobar algunas medidas concretas para desarrollar el contenido completo de los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular que fueron apoyados por la mayoría absoluta de Congreso y Senado hace escasos meses, por lo que solicitamos de nuevo el apoyo de las fuerzas parlamentarias para instar al Gobierno a aprobar, entre otras, las siguientes medidas: una subida salarial fija del 2,25 % más una variable del 0,25 %, así como una oferta de empleo público que cumpla con los acuerdos firmados entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la Función pública; la asignación de 450 millones de euros prevista en la segunda fase del Acuerdo de equiparación salarial firmado entre el Gobierno del Partido Popular, los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil; dotar de las partidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado por todas las fuerzas políticas, excepto Podemos; subir las pensiones de viudedad un 7,5 %, las mínimas un 3 % y el resto un 1,6 %, tal y como había acordado el Partido Popular con la mayoría de esta Cámara sobre la base de la previsión de cierre del IPC de este año, que, por cierto, parece que se va a cumplir; actualizar también la financiación de las comunidades autónomas en función de los ingresos previstos por IRPF, IVA e impuestos especiales para 2019, garantizando de esta forma una adecuada financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre otros. Señorías, todas estas medidas que reclamamos para 2019 son posibles sin necesidad de subir ni un solo impuesto ni de crear nuevas figuras tributarias, pues el propio crecimiento económico permite financiarlas tal y como hemos demostrado en 2018, cuando además bajamos los impuestos a las rentas bajas y medias.

Señorías del Partido Socialista, ustedes gobiernan para un solo español: Pedro Sánchez; nosotros queremos hacerlo para los 47 millones restantes, para aquellos que no pueden disfrutar del Falcon, aquellos a los que ustedes ni siquiera dejan viajar o ir al trabajo en su automóvil diésel, ir a los toros o irse a cazar cuando sus obligaciones se lo permiten. Dicho en palabras del constitucionalista Roberto Blanco Valdés, el gozo del señor Sánchez es la desgracia para España.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La inusitada, peculiar y anormal situación política derivada de la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura planteada el pasado mes de mayo, con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ya en su trámite por el Senado, ha traído como secuela que el nuevo Gobierno se manifieste absolutamente indeciso para someter a las Cortes un proyecto de ley con nuevas cuentas públicas para 2019, lo que abocará inevitablemente a la prórroga de las que están vigentes, que en su tramitación fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario Socialista y gran parte de sus apoyos en la moción de censura.

Como ya he recordado en diferentes intervenciones, el hoy presidente del Gobierno se comprometió en esta misma tribuna al cumplimiento de la Ley presupuestaria. Permítanme que lea textualmente sus propias palabras tomadas del Diario de Sesiones del 31 de mayo. Decía Pedro Sánchez: "Respecto a las inversiones en Asturias, le garantizo que se van a ejecutar y que vamos a intentar, dentro de los límites que tenemos, dar respuesta a sus preocupaciones". Señorías, lamento constatar que, a punto de finalizar el ejercicio 2018, el grado de ejecución de las partidas que Foro incorporó en los presupuestos mediante diferentes enmiendas es pírrico y, en el caso concreto de la alta velocidad ferroviaria, incluso contraviene flagrantemente el motivo, la justificación, la explicación y el epígrafe de las enmiendas de Foro para asegurar el acondicionamiento en alta velocidad con ancho de vía europeo de los tramos LeónLa Robla y La RoblaPola de Lena, variante de Pajares. Sin ejecutar están también partidas imprescindibles para Asturias relativas a la reducción de emisiones medioambientales, la autovía del suroccidente, la autopista del mar, la reindustrialización, la protección del prerrománico y románico, los fondos mineros y las ayudas a las industrias electrointensivas para costes indirectos del CO2.

Esta iniciativa del Grupo Popular también pone en valor alguno de los soportes presupuestarios más significativos para el progreso de España que, al igual que las enmiendas de Foro, el Gobierno ha despreciado e incumplido. Por tanto, señor presidente, votaremos favorablemente este proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, una semana más desde esta tribuna les recuerdo que para vergüenza de todos nosotros estamos viviendo en un Estado donde hay exiliados políticos, presos políticos, algunos de los cuales están desde hace dieciocho días en huelga de hambre para denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional a su acceso a la justicia europea. (Aplausos).

Dicho esto, como establece la exposición de motivos de esta PNL, la situación es paradójica. Vivimos en el Estado de las paradojas, en una situación un tanto peculiar, porque es verdad que este debe ser de los pocos casos en los que un Gobierno gobierna con los presupuestos aprobados por otro Gobierno que no pudo ni empezar a desarrollarlos. Eso es verdad, pero también creo que ustedes deberían aceptar la realidad de que ahora el Gobierno es del Partido Socialista.

Yo entiendo que al Partido Popular y a Ciudadanos no les guste esta situación, pero es la que hay. Señor Olano, desde nuestra perspectiva, a quien le toca establecer los parámetros de la prórroga presupuestaria es al Gobierno. Ustedes les acusan de gobernar con su presupuesto, pero si tampoco pueden decidir lo poco que les queda por hacer, que es la prórroga, entonces sí gobernarán con unos presupuestos del Partido Popular prorrogados por ustedes, lo cual creo que ya no aguanta ninguna de las paradojas.

Nosotros, como pueden entender, estamos a favor de algunas de las medidas que proponen y absolutamente en contra de otras, y como estamos en contra vamos a votar desfavorablemente esta PNL. Una de las razonas por las que estamos en contra es que ustedes persisten en mantener un objetivo de déficit del 1,3 % para el Estado español. Nosotros entendemos que un objetivo de déficit del 1,8 % en las circunstancias actuales es mucho mejor que un objetivo del 1,3 %, y se generaría un margen adicional para las comunidades autónomas que están pasando por una situación muy complicada. Eso no fue


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posible porque no se hicieron las modificaciones legislativas que lo permitiesen, modificaciones legislativas que están en marcha, pero que me temo que tampoco van a ser posibles porque ustedes desde la oposición van a intentar bloquear el poco margen presupuestario que tiene el Gobierno. En todo caso, vamos a votar en contra de esta iniciativa.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Señorías, permítanme, antes de entrar en detalle, hacer entrega de una pulsera naranja al señor portavoz del Grupo Popular, el señor De Olano, porque yo creo que se la merece. En esta tribuna ha defendido muchísimas de las exigencias que defendimos en los presupuestos cuando estuvimos negociando. Desde luego, no se podría haber hecho mejor y le doy las gracias. Ahora mismo le entregaré la pulsera. (Aplausos).

Por cierto, Ciudadanos hizo con ustedes y otros grupos una tarea ardua, difícil pero correcta, bajando los impuestos a la clase media y trabajadora, cuadrando con Bruselas el objetivo del déficit, aumentando el gasto social y eliminando de una vez por todas los recortes; eso sí, con mucho esfuerzo, aunque el Partido Popular en esos momentos -acuérdese- arrastraba los pies. Aquí tuvimos también al señor Montoro y le recuerdo las zanahorias a las que nos hacía referencia. Cuando propusimos devolver los esfuerzos a los españoles, le comentamos que queríamos bajar los impuestos y nos dijo que nada de nada, que las zanahorias eran para antes de las elecciones, pero al final lo conseguimos. Fueron numerosos los logros que Ciudadanos consiguió en este presupuesto de 2018. -Por cierto, el PSOE votó en contra, pero ustedes tienen la obligación de ejecutarlo-.

Entre otras cosas -no voy a abundar en las cuestiones que el portavoz del Grupo Popular ha referido de esta PNL-, quería incidir en que conseguía, además de bajar impuestos, esa ayuda de 1000 euros para las guarderías, la ampliación a cinco semanas de los permisos de paternidad, la equiparación salarial justa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -esos 500 millones que, por cierto, eran una línea roja, ¿se acuerdan? y nosotros así lo exigimos-, y la bajada del IVA cultural que el Partido Popular había subido.

Sin volver a repetir todos estos logros, la enmienda que hemos presentado a esta PNL del Partido Popular refleja algunas de las cuestiones fundamentales que no están aquí recogidas. A saber: que hay que dotar de una subida salarial a los trabajadores penitenciarios -les recuerdo a las señorías del PSOE que así lo establecían en sus enmiendas a los presupuestos generales; que hay que tener garantía para dotar a los fondos de la Red Cervera, una red de transferencia tecnológica; que hay que poner en marcha de una vez por todas el complemento salarial para los jóvenes, es decir, más de 500 millones de ayuda que además no nos cuestan ni un euro y, por último y fundamental, que hay que dar garantía de pago de la ayuda a las personas afectadas por la talidomida que llevan más de sesenta años esperándola. (Aplausos). No sé a qué esperan: ¿a que se mueran?

Pues bien, esperamos que se ejecuten todas estas partidas beneficiosas para los ciudadanos porque es obligación del Gobierno hacer cumplir la ley, aunque ustedes votaron en contra. Por cierto, hablando de cumplir la ley, señor Lasarte -entiendo que usted bajará a defender su posición en la tribuna-, dígale a la señora ministra de Hacienda, la señora Montero, que tiene la obligación de presentarse en esta Cámara. Así lo recuerda el artículo 110 de la Constitución española y el 44 del Reglamento y así se lo ha indicado la presidenta de esta Cámara, la señora Pastor, y yo le vuelvo a insistir: dígale a la señora Montero que tiene la obligación de comparecer para que este portavoz le pregunte si hay presupuesto -¿sí o no?-, si nos van a freír a impuestos -¿sí o no?- y otras muchas cuestiones de interés general para los ciudadanos.

No quisiera terminar sin aludir a una política de la cual Ciudadanos está plenamente orgulloso: el trabajo intenso que realizaron mis compañeras en la propuesta del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por todos los grupos de esta Cámara a excepción de Unidos Podemos; un pacto que supuso aumentar el presupuesto de 30 a 238 millones de euros con un aumento nada menos que del 700 %. Sin embargo, los datos ya disponibles de ejecución presupuestaria son extremadamente bajos. Señorías, hay que seguir exigiendo resultados inmediatos. ¿Cómo se están empleando estos 238 millones de euros, señor Lasarte? ¿Dónde están los informes de seguimiento de este pacto? ¿Dónde están las prisas por ponerse a trabajar en la Comisión de seguimiento? Les recuerdo, además, señorías del PSOE,


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que ustedes presiden la Comisión. Dejen de calentar esta silla y estén a la altura de este pacto de Estado. Suban a esta tribuna y, señor Lasarte, desglosen todos y cada uno de estos 238 millones de euros que Ciudadanos firmó en el Pacto contra la violencia de género.

Termino, señor presidente. La vida de las personas que sufren la violencia machista no puede estar supeditada a la incapacidad de un Gobierno de ejecutar unas partidas presupuestarias. Yo sé que ustedes están completamente de acuerdo conmigo y desde aquí, desde esta tribuna, les exijo que cumplan todas y cada una de las partidas presupuestarias, todas y cada una. Es su responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Arratsalde on, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición no de ley sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que la situación es un tanto paradójica -creo que ya se ha dicho hoy aquí-, porque el partido que está gobernando lo hace con un presupuesto elaborado por otro partido. Sin entrar en consideraciones alegadas en la exposición de motivos, por un lado el Grupo Popular parece que da por hecho la prórroga presupuestaria definitiva, cuando supuestamente el Gobierno ha dicho que va a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y el resto de grupos así lo hemos venido exigiendo. Tampoco hay que olvidar que el Gobierno anterior, en enero del año pasado tampoco tenía los apoyos suficientes, pues el resto de los grupos solicitaba su presentación y aprobó los presupuestos allá por verano, por lo que el nuevo Gobierno estaría en momentos en las mismas circunstancias.

Es verdad que es un plan presupuestario que parte con una debilidad, y es la relativa a que todavía está pendiente la aprobación del techo de gasto para 2019, cuya cifra, superior a la de este año, contiene una nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit público para 2019 y 2021 y corrigiendo nuevamente, como ha venido siendo hasta ahora, el de 2018. A pesar de lo dicho, lo que está claro es que a partir del 1 de enero el Gobierno socialista tendrá que gobernar con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del anterior Ejecutivo, en tanto no haya un nuevo presupuesto, y que es verdad que contó con los votos favorables de este grupo. Por tanto, algunas de esas propuestas ya están recogidas en esa prórroga, medidas algunas que logró pactar o incluir en ese presupuesto y que el Gobierno se ha comprometido a cumplir, tales como el incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad y la subida del IPC, que ya ha dicho públicamente que la subida será del IPC de noviembre fijado en un 1,7 %. Además, se ha comprometido a ir ejecutando todas las inversiones relativas a Euskadi.

Por otro lado, hablan de dotar las partidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La verdad es que me ha llamado un poco la atención esta propuesta porque creo que si alguna persona fue activa para lograr una mayor dotación en este sentido, planteando una enmienda para ello al anterior proyecto de presupuestos, fue precisamente la señora diputada Angeles Álvarez, del Grupo Socialista. Poner en entredicho que no se vaya a cumplir con este pacto, bien en la prórroga o bien en un nuevo proyecto, me parece que no ha lugar. Todas las medidas que se plantean además pretenden llevar una garantía adicional, es decir, que se lleven a cabo pero sin subida impositiva. En este sentido, en cuanto a las medidas tributarias, este grupo reitera la prudencia tanto en un sentido como en otro, subida o bajada de impuestos, porque el objetivo que ha de conllevar una reforma tributaria es dotar al sector público de los recursos económicos necesarios para ofrecer los servicios que la sociedad requiere, ajustar y modificar e incluso regular las figuras tributarias con la finalidad de hacer una sociedad más sostenible, más igual. Además, hay que recordarles en este punto una contradicción, ya que afirman ustedes por un lado que no va a ser necesario incremento alguno de los tributos porque el propio crecimiento de la actividad económica va a ser suficiente para garantizar sus medidas, las que proponen en esta proposición, y sin embargo por otro vienen afirmando la ralentización de la economía y, por tanto, dudan de ese crecimiento.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos del déficit del 1,3 %, ya saben que nosotros votamos a favor de la nueva senda propuesta por el Gobierno. Para nosotros un objetivo del 1,8 % es mejor porque genera un margen adicional. También es un tanto difícil entender que ustedes planteen el cumplimiento de ese objetivo de déficit del 1,3 % cuando ni tan siquiera para 2018 se va a cumplir el que estaba previsto.


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En su proposición no de ley instan al Gobierno a la adopción de diversas medidas de distinta índole, algunas recogidas en el presupuesto y otras no, que lo único que pretenden es llevar a cabo una política de marketing para hacer ver que son sus presupuestos -los suyos, los del Grupo Popular- e intentar que el Gobierno fije su posición ante las mismas, una opción que puede ser un tanto bumerán e ir en su contra si el Gobierno trae al Congreso alguna de ellas, vía real decreto, que le pueden obligar a apoyar las mismas de forma individual, por ejemplo, con la subida de sueldo de los empleados públicos, pensiones u ofertas de empleo público.

Desde luego, este grupo no va a entrar en este juego de una política que lo único que pretende es conseguir un rédito a corto plazo en su beneficio propio y que lo único que puede generar es confusión ante la sociedad. En consecuencia, no vamos a apoyar la propuesta.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

El Grupo Popular nos trae hoy una proposición no de ley que trata de dar indicaciones al Gobierno en materia de política presupuestaria para llevar a cabo la ejecución de los presupuestos prorrogados. La verdad es que es una iniciativa que nos sorprende y que creemos que tiene gracia. Cuando la leí me recordó a la película de Billy Wilder, Sunset Boulevard o El crepúsculo de los dioses, en el que Gloria Swanson interpreta a una actriz que proviene del cine mudo y que, en su adaptación al cine sonoro, acaba perdiéndose; siente que su tiempo no pasó y vive completamente alejada de la realidad. La situación se parece bastante a la que ustedes están viviendo ahora mismo, señores del Grupo Popular. Yo les tengo que decir que desde el pasado mes de julio ya no están ustedes en el Gobierno y que la política presupuestaria en este país no la hacen ustedes, la hace otro Gobierno con otros apoyos. No están ya en la Moncloa, y la Moncloa no es suya; es algo que deberían aprender de cara al futuro e interiorizarlo. Que ahora mismo se esté gobernando con sus presupuestos es un accidente que se tiene que resolver pronto; esperamos que no pase del mes de enero, y no porque esos presupuestos fueran suyos solamente -no es simplemente porque sean del Partido Popular, que también-, sino porque con su política presupuestaria, que es un reflejo de la política económica que ustedes ponen en marcha, han demostrado que esas políticas son totalmente injustas e ineficaces. Son unos presupuestos basados en una concepción obsoleta de la política económica. Ustedes siguen anclados en las políticas fiscales restrictivas; en que no hay que incrementar los ingresos más que aquellos que vienen, de forma inercial, por vía del crecimiento económico, algo que nos lleva a alejarnos más cada año de la media europea en términos de ingresos. Su política económica dice que la recuperación va a llegar por sí sola a los bolsillos de los ciudadanos, simplemente por el goteo de la recuperación de los beneficios de las empresas, algo que ya se ha demostrado que es totalmente falso. Y lo va a ser más en un momento de desaceleración en los países de nuestro entorno.

Son unos presupuestos, los suyos, que tampoco sirven para resolver las debilidades estructurales que arrastra nuestra economía, porque son unos presupuestos que hunden la inversión, manteniendo un modelo productivo inercial especializado en sectores de bajo valor añadido y confiando la recuperación a la devaluación interna hecha a costa de los derechos de los trabajadores de este país. Sus presupuestos eran unos presupuestos que configuraban un tejido económico low cost de trabajadores precarios y pobres. Vemos cómo las partidas de I+D+i en los presupuestos acumulaban un recorte del 27 % desde 2009 y en infraestructuras del 58 %. Eso es solo lo que se presupuesta; después lo que se ejecuta es mucho menos, como en el caso de I+D donde la partida al final se acaba ejecutando en un 30 %.

Afortunadamente, ahora tenemos la oportunidad de dejar atrás estos presupuestos, revertir los recortes de la pasada legislatura y poner en marcha el acuerdo presupuestario que pactó nuestro grupo parlamentario con el Gobierno. Estos presupuestos van a permitir que, por fin, las familias noten la recuperación, si es que se cumplen y los trae el Gobierno lo antes posible. Van a permitir incrementar el SMI; van a permitir empezar a derogar las reformas laborales que ustedes pusieron en marcha; dignificar la situación de las personas con dependencia; elevar la inversión en ciencia y en i+D+i para acercarla a la media europea; acabar con los privilegios fiscales de los que más tienen y no pagan, y -especialmente importante hoy, quería remarcarlo, tras el asesinato machista de Laura Luelmo- financiar adecuadamente la lucha contra la violencia machista y blindar legalmente el "solo el sí es sí" para que ni una menos, por


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fin, pase de las palabras a los hechos, de las palabras a los presupuestos y que de verdad se cumplan las partidas en materia de violencia machista. (Aplausos).

Esta semana, con el techo de gasto y en el mes de enero, si finalmente el Gobierno cumple con sus compromisos, vamos a tener la oportunidad, como decía, de cambiar la política presupuestaria de este país, vamos a tener la oportunidad de elegir entre profundización democrática y modernización del Estado del bienestar o perpetuación de una política económica de la derecha que implica el riesgo también de una posible involución democrática ante el auge de las fuerzas retrógradas.

Señores de Esquerra y del PDeCAT, les quiero decir rápidamente que sean responsables con estos presupuestos, que negocien pero que, por favor, intenten desatascar la situación. Señores del PP, voy a recordarles una vez más que ya no están en el Gobierno, que dejen ya de traer iniciativas que no sirven absolutamente para nada más que para hacernos perder el tiempo, porque no tenemos tiempo que perder, tenemos mucho que hacer y un país que recuperar.

Señores del Gobierno, para terminar, les exigimos que cumplan con lo acordado, les exigimos que cumplan con los compromisos en todos los ámbitos. Aprovecho para recordarles que hay que buscar y encontrar una solución inmediata para mantener la actividad de Alcoa. Quiero recordarles que mañana hay una manifestación convocada por los trabajadores a las doce del mediodía en Vegadeo a la que invitamos a todo el mundo a participar, porque Alcoa no se cierra. Señores del Gobierno, cumplan con los compromisos que tienen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa que yo calificaría de extemporánea, porque pide a la Cámara que apoye una serie de medidas presupuestarias para el próximo ejercicio y lo lógico es que eso se plantee en el debate del proyecto de presupuestos que presentará el Gobierno en las próximas semanas. El sentido común, la responsabilidad y coherencia entre lo que se predica y lo que se hace se verá en ese trámite, en el que el Grupo Popular tendrá ocasión de votar a favor de las cuentas que incluyan todas o la mayoría de las propuestas que hoy plantea el PP en esta proposición no de ley.

Señor De Olano, espero su voto favorable; o tendrá que explicar a esos colectivos que una cosa es hacer marketing político y juegos de regate corto, y otra gobernar y asumir compromisos. A ustedes lo que de verdad les importa es desgastar al Gobierno socialista y no atender a la gente y a sus necesidades ni de las mujeres ni de los parados ni de los jóvenes ni de los jubilados ni de la Policía Nacional o de la Guardia Civil ni al conjunto de los españoles. Uno lee su iniciativa y no sale de su asombro. Hay una contradicción lógica entre defender que los presupuestos de 2018 son los más sociales de la historia -según su iniciativa y su opinión- y estar en contra de su continuidad, a través de una prórroga presupuestaria, aunque sea bajo la gestión de un Gobierno que no sea el suyo.

Su problema es que siguen sin asumir la pérdida del Gobierno y presentan una iniciativa que parece una pataleta de niño pequeño, de mal perdedor. Hay que recordar una vez más, señor De Olano, que el Partido Popular está fuera del Gobierno por su corrupción, y por decencia democrática de una mayoría parlamentaria que votó a favor de un cambio de Gobierno. Lo normal cuando hay un nuevo Gobierno a mitad de año es que gestione las cuentas públicas existentes en ese momento, eso sí, de otra manera. Claro que eran unos presupuestos, los suyos, ideológicos, unos presupuestos cuya paternidad hemos visto que se disputan entre las derechas, PP y Ciudadanos. Eran ideológicos e injustos y antisociales, claro que sí, porque reflejaban un Gobierno generador de desigualdad, porque el gasto público crecía menos que el PIB nominal y seguían perdiendo peso relativo la sanidad, la educación o la dependencia. Porque ustedes no creen en el valor de lo público como elemento de servicio a la sociedad y herramienta para una mejor redistribución de la renta y de la riqueza. Claro que no eran creíbles, porque sus cuentas públicas preveían un déficit que sabían que no iban a cumplir.

Debería saber perfectamente, señor De Olano, la diferencia entre presupuestos aprobados y ejecutados, porque si algo demostró el anterior ministro de Hacienda fue su capacidad para no ejecutar partidas presupuestarias, como aquellas destinadas a I+D+i o a infraestructuras o las dirigidas a políticas activas de empleo y formación para el empleo. Pero, no se preocupe, señor De Olano, este Gobierno socialista está haciendo una buena gestión del presupuesto, pues está comprometido con la consolidación fiscal y va a cumplir los compromisos con Bruselas. Le pido a usted y a su grupo que apoyen la nueva


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senda de estabilidad que prevé un déficit del 1,8 %, 6000 millones más de capacidad de gasto para sanidad, educación, dependencia o pensiones. ¿Ustedes se van a oponer a disponer de más recursos públicos para atender a las necesidades de las personas? ¿Les parece mal que España tenga un objetivo de déficit menor que Francia o Italia? Les recuerdo que ustedes dejaron el déficit de las cuentas públicas de España por encima del 3 %, el mayor de la eurozona. ¿Les parece mal que se reduzca la deuda pública casi 2 puntos cuando ustedes la dejaron cerca del cien por cien?

La gestión del presupuesto de 2018 se está haciendo con aquellas modificaciones en las cuentas públicas necesarias para aplicar una agenda social, esa que ustedes no hicieron en sus años del Gobierno de los recortes; modificaciones para revalorizar las pensiones del IPC o acabar a nivel laboral con la explotación y con los trabajadores pobres o para poder generar un futuro de esperanza y trabajo para los jóvenes con un plan de empleo juvenil de verdad, no esa patraña de ustedes con Ciudadanos que rechazaba la Unión Europea y que encima ustedes no ejecutaban.

Me gustaría hacer un comentario a la afirmación del diputado de Ciudadanos, el señor Ten. En un día como hoy deberíamos ser muy respetuosos con la desgracia de la violencia de género, por el asesinato machista de Laura Luelmo en Huelva, pero tiene la falta de vergüenza de venir a esta Cámara y pedir al Gobierno socialista una información, que ya dará. Si bien, quiero decir una cosa: El proyecto de presupuestos que ustedes presentaron en esta Cámara en el año 2018 tenía presupuestado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 80 millones de euros. -Ese era su pacto con el PP, ese era su pacto (aplausos), 80 millones de euros, que trajeron a esta Cámara-, pero fue esta Cámara la que consiguió un presupuesto de 220 millones de euros, aunque su pacto fuera de 80 millones de euros. Es una falta de vergüenza, señor Ten, una auténtica falta de vergüenza. (Varias señoras y señores diputados pronuncia palabras que no se perciben.-La señora Cantera de Castro: Así es).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Señorías, les ruego silencio.

El señor LASARTE IRIBARREN: Señor Ten, aquí lo que importa no es quién se pone la medalla, y usted ha hecho una intervención únicamente para ponerse medallas; pues, estupendo. Aquí lo que importa es el objetivo, que es acabar con la violencia machista. Me parece impresentable. (Continúan los rumores.-La señora Cantera de Castro: Tiene mucha cara).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio.

El señor LASARTE IRIBARREN: Acabo, presidente.

No se preocupe, señor De Olano, por la prórroga presupuestaria, tenga paciencia. (Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Lasarte.

Señorías, les ruego que no se interpelen entre ustedes; solo tiene el uso de la palabra el orador, nadie más.

Continúe.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, presidente.

Le decía que tenga paciencia, señor De Olano, ustedes presentaron el proyecto de cuentas en el mes de abril; este Gobierno va a hacerlo en enero, así que no tenga prisa, relájese. Será un proyecto de presupuestos de contenido claramente social, con una agenda para recuperar libertades y derechos y revertir los recortes al Estado del bienestar y trabajar para modernizar la economía española.

Señor De Olano -termino, presidente-, déjese de sectarismos y oportunismos y anime a su grupo, al Grupo Popular, a anteponer por una vez los intereses de España, de los españoles, al suyo propio y a no bloquear la tramitación de la nueva senda de estabilidad y, ya puestos, a mejorar, si pueden, con sus enmiendas al proyecto de presupuestos para el año 2019 que próximamente llegará a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Lasarte.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor De Olano Vela si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.


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El señor DE OLANO VELA: Sí, estamos trabajando en una transaccional que facilitaremos a los servicios de la Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En su caso, espero que nos la hagan llegar con el tiempo suficiente para ser votada.

Muchas gracias.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, CIUDADANOS, DE ESQUERRA REPUBLICANA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, RELATIVA A UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA. (Número de expediente 162/000872).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, relativa a un pacto de Estado por la infancia.

Para la presentación de la iniciativa interviene, en primer lugar, y por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenida sea una iniciativa parlamentaria que, como acaba de señalar el vicepresidente del Congreso, está suscrita por todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Intervengo en nombre de Foro para sumarme muy gustosamente a esta proposición no de ley, relativa a un pacto de Estado por la infancia, que desarrolle la protección suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas, reflejándose en un compromiso real y medible mediante compromisos específicos de inversión presupuestaria.

La Constitución española nos convoca en diferentes títulos, capítulos y artículos al reconocimiento y protección de la infancia. Esta tarde el impulso parlamentario al trabajo desarrollado a lo largo de todo este año y durante muchísimo tiempo por Unicef y numerosas organizaciones y plataformas, a las que reconocemos su inmensa tarea, permite avanzar hacia la atención en las prioridades de niños y niñas, que por otra parte han sido tenazmente definidas y alertadas en el seno de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de este Congreso de los Diputados, creada en la XII Legislatura.

En el programa electoral de mi partido reflejamos una serie de preocupaciones que son coincidentes a la hora de señalar algunos de los problemas de la infancia que precisan de atención prioritaria, caso del maltrato infantil, que es necesario detectar, prevenir y combatir, o de las muchas formas de violencia que amenazan a nuestros niños y niñas y que son producto de la propia sociedad, incluidas las herramientas tecnológicas de comunicación, que con demasiada frecuencia se convierten en la puerta por la que penetran contenidos que son muy agresivos para la edad y el nivel de madurez de nuestros menores, por no referirme al abominable tráfico de las redes de pedófilos y pederastas. Entre otros muchos aspectos son también prioridades el combate contra la pobreza y la mejora de la sanidad, la educación, la alimentación y el derecho de familia, así como la aplicación de la herramienta legislativa que las Cortes Generales aprobaron hace tres años para dotar a España de un sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, cuyo despliegue tiene que culminarse con este pacto de Estado, que ya cuenta con la unanimidad política y el consenso como base para su evolución, y la implicación de las organizaciones cívicas que están en permanente alerta en pro de los derechos irrenunciables de nuestros niños y niñas.

Era muy necesario avanzar hacia este pacto de Estado; urgente por cuanto se trata de combatir las desigualdades, y perentorio porque tendrá como gran protagonista a la infancia de nuestro país, es decir, a nuestra sociedad de mañana. Con todo el trabajo que hoy se inicia precisa de un respaldo en el que la participación parlamentaria, y no solo la del Gobierno, será imprescindible. Todas las buenas palabras en torno a este pacto de Estado, todos los documentos y estadísticas que avalan su necesidad, todos los compromisos políticos adquiridos en pro de la infancia, y singularmente de la infancia desfavorecida, estarán vacíos si no hay consignaciones en las sucesivas leyes anuales de los Presupuestos Generales del Estado. En cada tramitación de las cuentas públicas diputados y senadores tenemos la palabra y el voto decisivo para que este pacto de Estado por la infancia tenga recursos para llevarlo a efecto. A la espera del primer envite para plasmar consignaciones presupuestarias hoy solo cabe unirse a este gran llamamiento.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, señores y señores diputados: pacto de Estado por la infancia. En primer lugar, hemos cabalgado siempre en pos de los acuerdos que tengan como fundamento aquellos aspectos que son sustantivos en el desarrollo de cualquier sociedad, y el de la infancia lo ha sido, lo es y probablemente lo será en un futuro, por lo que hemos participado en la suscripción de este pacto, de esta proposición no de ley que hace referencia al pacto de Estado, y por eso evidentemente lo vamos a apoyar. Pero no por ello voy a dejar de tener cierto aspecto crítico con la redacción que se le ha dado, precisamente porque la mera referencia del pacto de Estado ha sido un hecho que siempre nos ha causado cierto temor al Grupo Nacionalista Vasco, y esa es la razón precisamente por la que a este texto que se nos ha dirigido, texto que hemos suscrito, sí me gustaría hacer algunas pequeñas precisiones, en el bien entendido de que compartimos absolutamente todos sus propósitos, todas sus intenciones y también las medidas que señala.

El pacto de Estado que se pretende alcanzar llama a intervenir a todo tipo de miembros de la sociedad civil, de organizaciones, de niños, niñas, de organismos internacionales, y sin embargo, y salvo en un pequeño párrafo al final, no se llama a intervenir a las comunidades autónomas o a las entidades locales en la elaboración de este pacto de Estado, lo cual es un tanto llamativo, puesto que son estas las administraciones que han sido siempre competentes en la materia o que han tenido mayor intervención en la materia de infancia. No obstante ya digo que vamos a participar en la materia, y también en los propósitos que como ustedes recordarán residen fundamentalmente en dos o tres cuestiones a las que se hace referencia. En primer lugar, se reclama una mayor inversión presupuestaria en infancia, y recaba la identificación de las partidas destinadas a ese fin en los presupuestos, para que a su vez también se alcance una cifra determinada de 1200 euros anuales, que se pretende que se recojan en los presupuestos de todas las administraciones. Invertir en infancia no solo es justo, es rentable, beneficia a todos y es un elemento fundamental para la transformación de las sociedades, y esa idea además entronca directamente con la idea que existe también en el ámbito europeo, comunitario, de lo que debe ser la protección social.

La Comisión Europea, el 20 de febrero de 2013, en una recomendación que se llamaba Invertir en infancia, romper el ciclo de las desventajas, advirtió de que en la gran mayoría de los países de la Unión Europea la población infantil corre mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general, y que los niños y niñas que crecen en la pobreza o en la exclusión social tienen menos posibilidades de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de la vida. Ese es también por tanto el propósito al que nos queremos, al que también se han sumado ya de hecho todas las administraciones del País Vasco, y que es lo que nos permite tener unas políticas propias, como, por ejemplo, en materia de educación, el segundo propósito de la proposición no de ley que habla de generalizar el ámbito de protección de la educación infantil.

En Euskadi la educación infantil en la educación pública es una realidad, es un ciclo que tiene carácter voluntario y una duración de seis cursos divididos en dos ciclos, el primero de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6 años, y es una etapa previa a la educación básica obligatoria y con una escolarización que llega prácticamente al cien por cien de la población desde los 2 hasta los 6 años, porque entendemos que constituye una etapa fundamental de cara a asegurar el derecho a la educación de todas las personas desde su edad más temprana, y por eso el sustento de su derecho a tener una igualdad de oportunidades en el acceso a todas las posibilidades y a hacerlo sin discriminación.

También recaba mayores recursos a los fines previstos en la Ley 26/2015, y lo curioso es que también en estas materias de protección jurídica de la infancia y de la adolescencia, como he dicho, son competentes las administraciones autonómicas y locales, con lo cual llama la atención esa advertencia, y sobre todo la advertencia del seguimiento y rendición de cuentas que se debe hacer, que nosotros entendemos que se debe hacer a las administraciones competentes, que en nuestro caso será la vasca. Por ello permítanme recordarles que en Euskadi, por ejemplo, se ha promovido la existencia de un pacto vasco por las familias y la infancia, como consecuencia de un compromiso adoptado por el Gobierno vasco, que ha tenido como conclusión el IV Plan interinstitucional de apoyo a las familias de la comunidad autónoma para el periodo 2018-2022, suscrito por el Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos vascos y organizaciones civiles, que tiene como objeto invertir en las familias, invertir en la infancia, y que supone la constatación de la puesta en práctica de un pacto nacional vasco en pro de la infancia.


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Vamos a apoyar esta iniciativa, pero hace falta reconducir la idea, y no solo en el caso de la infancia, sino en otros en los que se menciona la existencia de un pacto de Estado, y darnos cuenta de que se pueden llegar a acuerdos y a propósitos de carácter general también con pleno respeto a la titularidad de las competencias, a aquellas realidades prácticas y a aquellas políticas puestas en práctica en otros lugares, como es el caso de Euskadi, en donde, con nuestros fallos y nuestros errores, hemos obtenido unos resultados que es probable que sean los que quiere alcanzar el pacto de Estado a futuro.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, buenas tardes, a las entidades que estáis aquí presentes, especialmente con las que hemos trabajado estos últimos años.

Es importante que se apruebe esta proposición no de ley. ¿Por qué es importante? Porque si miramos atrás pocas cosas hemos aprobado en este Congreso. Por eso tendría que estar muy contento, pero tengo la sensación de que se habla mucho de infancia, de que se habla más incluso de pobreza infantil, pero de que hemos hecho muy poco. Hace poco leía documentos de entidades que están aquí presentes de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 hasta ahora, y esta idea del pacto ha sido una idea central durante bastantes años, el mismo pacto que han hecho las mismas entidades para trabajar en común. Pero la realidad no es esta.

Hace unos días el Gobierno hablaba de 7331 millones para modernizar fragatas y vehículos blindados, con el acuerdo de Hacienda. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! La idea de defensa forma parte de una larga tradición histórica de la derecha y de la izquierda en España, la idea de defensa y la idea de ejército, y estaría mal visto que alguien la pusiese en cuestión. Cuando se pone en cuestión, ¡la que se arma! ¿Por qué la infancia no es un tema también enraizado a derecha y a izquierda, más allá de los documentos? La verdad es que en los presupuestos hay vasos comunicantes. Se puede subir un 1 o un 2 del PIB, pero no hay manera de encontrar, por ejemplo, 4000 millones -no 7000- para reducir la pobreza más severa de 1,3 millones de niños; no los encontramos. Es cierto que es muy importante el diálogo, el pacto, hablar, pero ya sabemos que el tiempo político es muy paradójico; a veces los cuatro años no duran cuatro, duran menos; a veces los Gobiernos, en el momento de hacer los presupuestos, se olvidan de muchas cosas. Y sabéis perfectamente que no se puede confiar exclusivamente en la mejora del mercado de trabajo. Es cierto que se trabaja más, que hay más empleados que hace uno, dos, tres o cuatro años, pero los contratos son muy precarios. Los contratos, que en otras circunstancias nos servirían para que las familias saliesen de la pobreza, no los sacan de la pobreza en esta situación. Este es el gran problema de este país. Los que estamos más alejados o muy alejados nos podríamos poner de acuerdo, pero no hay manera. En cambio en Reino Unido y en Irlanda se ha hecho. Cómo es posible que un Gobierno parecido al Gobierno conservador que hace unos meses teníamos en España haya hecho un esfuerzo importante, un pacto real que ha permitido que muchos niños y niñas salgan de la pobreza. O Irlanda, que seguro que tienen problemas de muchos tipos, seguro que el ministro de Hacienda hace sus cuentas y es un fiscalizador necesario, terrible de las cuentas, pero se ha encontrado este dinero.

Ya sé que el Partido Socialista me puede decir: si estos independentistas aprobasen el presupuesto daríamos un salto adelante. Daríamos un paso, un pequeño paso, pero no un salto, solo hay que ver las propuestas que se pueden hacer, factibles a partir de lo que nos deja el Gobierno anterior. Hay que ir más allá, hemos de ir más lejos. Los tres puntos que se plantean son adecuados, pero yo me temo que en el momento de poner negro sobre blanco el dinero no será demasiado fácil. Es cierto que hay autonomías que han hecho más, pero seamos sinceros: en ningún sitio del Estado español se ha conseguido erradicar la pobreza. Por tanto todos tenemos que hacer más, todos. Me hago responsable en la parte que me puede tocar en Cataluña. No puede ser, la pobreza no puede continuar teniendo cara de niña, no puede ser, y en eso, haciendo de tripas corazón e incluso siendo contradictorio con lo que he dicho, impulsaremos todo lo posible este pacto por erradicar la pobreza infantil.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán Salmerón.


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La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Se plantea a debate una iniciativa para instar al Gobierno a que coordine la elaboración de un pacto de Estado por la infancia, y si el objeto de la actividad política es lograr el bien común yo tengo que felicitar a todos los grupos de esta Cámara, que nos hemos puesto de acuerdo en busca de ese bien común, y además en un asunto tan importante como es la infancia.

Señorías, hoy debatimos una propuesta que de nuevo ha puesto de manifiesto la importancia de escuchar a la sociedad, y especialmente a los que conviven más estrechamente con la materia en cuestión, como son las organizaciones de la infancia, que además hoy nos acompañan. Es un ejemplo más de la necesidad de contar con la participación de los expertos de cada sector y de los profesionales, y por tanto hoy es de justicia manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todas las organizaciones que trabajáis por y con la infancia. Gracias por vuestro trabajo y gracias por vuestro tesón. (Aplausos). Cada día dais una lección de la que aprender, y hoy concretamente nos enseñáis que la atención a la infancia no atiende a partidismos, sino que tiene que ser el mismo objeto y objetivo para todos los Gobiernos. Y, señorías, no podemos ser conformistas cuando estamos hablando y se trata de la infancia, debemos tener el convencimiento de que esta iniciativa es un paso más, es un paso adelante para la elaboración de ese gran pacto de Estado por la infancia, donde la voluntad política es esencial para que pueda convertirse en una realidad. Y digo esto porque el que promete, promete y no cumple, es como el que ara, ara y no siembra, y eso es lo que lamentablemente viene haciendo el Gobierno del señor Sánchez, que día tras día en su interinidad parece que le bastan las promesas vacías para mantenerse aferrado al poder, eso sí, sin atender los intereses reales de los ciudadanos, de los españoles. (Aplausos).

Señorías del PSOE, su Gobierno es incapaz de cumplir ahora lo que venían exigiendo en la oposición. Créanme que me parece muy triste tener que recordarles que ustedes no apoyaron unos presupuestos en 2017 donde nosotros conseguimos incluir una serie de medidas que beneficiaban a los ciudadanos españoles, porque les parecía que eran insuficientes. Algunas medidas eran 350 millones para la lucha contra la pobreza infantil, para que la salida de la crisis también fuera para los que peor lo habían pasado y 235 millones para poder pagar la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. No apoyaron nuestro plan contra el fracaso escolar para que ningún niño se quedara atrás y dejáramos de ser el país europeo con tasas más altas de repetición y de abandono escolar. No apoyaron los 50 millones en becas para que los libros de textos fueran gratis para las familias. No apoyaron tampoco la enmienda de 10 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil mediante el aumento de la prestación por hijo a cargo. Pero voy más allá, y en 2018 tampoco apoyaron medidas como las desgravaciones a padres y madres de 1000 euros al año por escolarizar a sus hijos de 0 a 3 años, que llevaba una dotación presupuestaria de 297 millones de euros, ni los 58 millones de euros para que el permiso de paternidad en 2018 pasase a cinco semanas. Tampoco apoyaron los 30 millones para nuestro Programa Proeducar, contra el fracaso escolar. Sabíamos y sabemos que esto no era suficiente, pero no nos pueden negar que suponía una gran mejora para los españoles. Para ustedes no era suficiente, y yo les quiero preguntar qué han conseguido en estos siete meses de gobierno. ¿Un alto comisionado que ha quedado relegado a ir por los medios de comunicación mendigando miles de euros para poder hacer algo contra la pobreza infantil? ¿Eso es lo que han conseguido? ¿Qué han acordado ustedes con Podemos, sus socios de los presupuestos? ¿Apenas 100 millones de euros? ¡Pero si no les parecían bien estas medidas! ¡Si no les parecían suficientes los 350 millones de euros que conseguimos para la lucha contra la pobreza infantil!

Ustedes, señorías, tienen un problema, porque prometen puentes donde no hay ríos. Esa es su política: la de prometer puentes donde no hay ríos. Y yo les pido que sean serios de una vez, que sean realistas en esta materia, y sobre todo que vayan más allá de promesas incumplidas y tengan la voluntad política de acabar con la pobreza infantil, que es un problema estructural que tenemos en nuestro país, para que los niños y las niñas de España puedan tener las oportunidades necesarias para alcanzar sus sueños. Les recuerdo lo que escribió Oscar Wilde: El mejor medio para hacer el bien a los niños es hacerlos felices. Que no se les olvide.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Millán.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora García Puig.


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La señora GARCÍA PUIG: Hola, molt bona tarda. Muy buenas tardes.

Por respeto a la iniciativa que presentamos hoy y por respeto a las organizaciones que nos acompañan, no voy a ponerme en absoluto en modo electoral, como veo que han hecho algunas de las personas que me han precedido, y voy a hablar únicamente de la iniciativa que nos ocupa, porque creo que es suficientemente importante como para hacerlo. Como decía me parece una iniciativa muy importante, y si me lo permiten voy a empezar mi intervención explicando una historia que, por primera vez desde que subo a este estrado -y espero que me lo perdonen-, va a hablar un segundo solo de mí. El próximo jueves se cumplen tres años de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, y por tanto yo cumpliré tres años como diputada en esta Cámara. Pero es también el cumpleaños de mis hijos, porque resulta que el día de las elecciones, el 20 de diciembre de 2015, mientras seguía el recuento electoral, yo daba a luz a un niño y a una niña, a mis hijos mellizos Elisa y Milo, que llegaban semanas antes de lo esperado. Tuve muchas dudas a la hora de decidir si seguía adelante como diputada. Las mujeres que están en esta Cámara compartirán conmigo que este no es un lugar nada fácil para nosotras, y menos aún si somos madres. Como pueden deducir por mi presencia aquí decidí seguir adelante. Cada día he tenido dudas sobre si había hecho lo correcto, pero hoy, mientras defiendo esta iniciativa, este pacto de Estado por la infancia, estoy convencida de que sí, de que hice lo que debía, porque en realidad lo hacía por ellos, por Milo y Elisa, pero también por toda la infancia.

Mis hijos han salido adelante, debo decir que a veces con una madre demasiado ausente, pero son ahora dos niños de casi tres años felices, y han salido adelante gracias a una sanidad pública que supo curar y cuidar a dos bebés prematuros, gracias a profesionales de la enseñanza que -mucho más importante que conocimientos- les han brindad su cariño y su apoyo, y a una red de cuidados que no solo ha cubierto sus necesidades básicas, sino que les ha dado el bienestar emocional que todo niño y niña merecen, y es precisamente de esto de lo que va esta iniciativa, de niños y niñas felices, y es ahí donde creo que hemos conseguido encontrarnos todos los grupos de esta Cámara, en la búsqueda de la felicidad de nuestra infancia. Por eso como ya he dicho no voy a ponerme en modo alguno preelectoral, y en mi intervención hoy no va a haber reproches para otros grupos, sino que va a ser un discurso de agradecimiento, porque creo sinceramente que la ocasión lo merece.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la Plataforma de Infancia -faltaría más- y a todos sus miembros que nos acompañan hoy aquí en la tribuna. Veo a algunos y los reconozco, a Adolfo, Anabel, Pablo, Mayte -Ricardo acaba de ser padre, felicidades desde aquí, y no nos puede acompañar-, así como a muchas otras personas que han hecho de la lucha por los derechos de la infancia su vida. A todos aquellos que con su perseverancia han conseguido que los grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo en este pacto por la infancia, cosa que no ha sido nada fácil, y registráramos juntos esta PNL. Esta iniciativa es suya y quiero agradecerles que estén ahí cada día. Gracias por velar por nuestra infancia, la sociedad tiene una deuda inmensa con vosotros y vosotras. (Aplausos).

Quiero dar las gracias también a mi grupo, el grupo confederal, y en especial a nuestro portavoz adjunta, Jone Belarra. Fue a iniciativa suya por lo que nació la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y que las políticas de la infancia hayan encontrado un lugar protagonista en esta Cámara. Y por último, quiero dar las gracias a todos y cada uno de los grupos de esta Cámara, en especial a los y las portavoces de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, porque hemos sabido ponernos de acuerdo en algo tan fundamental como los derechos de los niños y las niñas. Nos separan muchísimas cosas, pero a la hora de sentarnos a negociar las iniciativas de este pacto de Estado todos y todas hemos sabido estar a la altura y recordar por qué estamos aquí, recordar que estamos aquí para hacer de este mundo un lugar mejor.

Esta iniciativa es precisamente un primer paso firme y valiente hacia la igualdad y el bienestar de nuestra infancia. En primer lugar, este pacto pone encima de la mesa un incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea, un incremento que garantice que ningún niño o niña viva en la pobreza en nuestro país, como sucede ahora. En materia educativa este pacto también supondrá un aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil en el primer ciclo. El objetivo es que España alcance en 2022 la media europea de cobertura pública en esta etapa, y aumente la escolarización entre las familias más vulnerables. Por último, este pacto de Estado contempla destinar recursos al fortalecimiento de la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.


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Es posible que muchos de ustedes piensen que mi discurso es algo exagerado y desmedido, que al fin y al cabo esto es una PNL y que como tantas otras veces puede convertirse en papel mojado, pero lo cierto es que confío en que no sea así, porque no podemos permitírnoslo, y en este punto voy a mirar muy especialmente al grupo del Gobierno. Es esencial que las firmas estampadas en este papel no sean una mera pose, que a nadie -a ningún Gobierno- le tiemble la mano a la hora de poner en práctica lo que aquí hemos acordado, que no haya cálculo electoral que valga. Se lo debemos a nuestra infancia. Enseñémosles a nuestros niños y niñas que en política también se puede ser coherente, que en política también se puede ser valiente.

Quiero acabar mi intervención con una cita de Victor Hugo. Hugo retrató en sus novelas la pobreza infantil con toda su crudeza, y afirmaba: Cristóbal Colón solo descubrió América, yo en cambio descubrí al niño. Dejemos por un momento los grandes debates de geopolítica, los discursos altisonantes donde todo el mundo cree tener la razón. Hagamos algo tan sencillo y tan importante como descubrir al niño y a la niña, garantizarles la felicidad que solo se consigue en la igualdad. Aprobemos por unanimidad esta PNL, pero sobre todo hagamos que todas sus demandas sean una realidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.

La señora FERRER TESORO: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, el pacto de Estado por la infancia no comienza hoy aquí con esta iniciativa. Desde hace muchos años este pacto es una meta de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la infancia y que han venido trabajando de manera decidida. Queremos haceros llegar, en nombre del Grupo Socialista, nuestro reconocimiento al trabajo bien hecho en favor de la educación, de la salud y de la protección de los niños y las niñas más vulnerables. Queremos felicitaros no solo por el esfuerzo que habéis conseguido al traernos esta iniciativa hoy aquí y ponernos de acuerdo a todos, sino sobre todo por el empuje y la determinación que vais a mostrar a partir de ahora para que este pacto de Estado sea una realidad. Muchas gracias de corazón, de verdad. (Aplausos).

A pesar de los avances de las últimas décadas, España no ha establecido un sistema de protección social universal suficientemente eficaz para poder proteger adecuadamente a nuestros niños. Esto se ha hecho más evidente tras los años de crisis, que han puesto de manifiesto la delicada situación económica de las familias con hijos. La pobreza infantil es, sin lugar a dudas, la más turbadora de todas las desigualdades. Nacer en una familia rica, con capital cultural, con libros, o hacerlo en una familia que no tenga recursos es fruto del azar y, si no invertimos a tiempo, va a marcar las oportunidades de estos niños. Puede parecer una obviedad, pero no lo es: no existen niños pobres en familias ricas. Cuando los padres se enfrentan a dificultades económicas y laborales, el sistema actual deja sin apoyos a la crianza para asegurar un bienestar mínimo de su hijo. La pobreza infantil tiene muchas caras: la de la infravivienda, la de la mala alimentación, la del fracaso escolar. Está en manos de todos, pero sobre todo de nosotros, de los que gestionamos lo público, cambiar esta situación.

Hay que pasar de las palabras a los hechos y hay que hacerlo ya. ¿Por qué un pacto? Porque es necesario que los futuros Gobiernos garanticen unos compromisos mínimos en términos de inversión, de protección y de educación para romper el ciclo de las desventajas, para que los niños pobres no sean adultos pobres: hay que invertir en infancia. Desde la moción de censura, hace ya más de seis meses, el Gobierno socialista ha puesto en el centro de la agenda política la lucha contra la pobreza infantil. Para este país supone un hito haber creado el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. El Gobierno ha puesto en marcha en tiempo récord el programa VECA para combatir la pobreza infantil durante el periodo de vacaciones, en el que los niños y niñas son más vulnerables; ha puesto a disposición de las comunidades autónomas más de 40 millones de euros para atender a los menores extranjeros no acompañados y antes de que acabe el año el Gobierno va a traer a esta Cámara la ley para acabar con la violencia infantil. El pasado jueves el presidente del Gobierno se comprometió frente a las organizaciones de la sociedad civil a reforzar la partida inicial acordada para los presupuestos generales para la prestación por hijo a cargo en familias que sufren pobreza severa, con un aumento de más del doble de la actual prestación. El Gobierno se ha comprometido, además, a impulsar las becas de comedor con 25 millones de euros y a impulsar la educación de 0 a 3 años con 330 millones de euros. Hay que hacer políticas a favor de la infancia, no hacer un uso partidista de las políticas de infancia.


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Ahora, en tiempos preocupantes en los que oímos discursos del odio, hay que decir sin tapujos que es una cuestión de justicia social. El Grupo Socialista no se da por satisfecho con esta proposición no de ley. Queremos más porque sabemos que los niños y las niñas de este país necesitan más. No puede ser que, como hemos oído hoy aquí, con una mano se ofrezca diálogo y pacto, y con la otra mano se diga no a aprobar unos presupuestos que lo harían posible, la herramienta para hacer efectivo este pacto de Estado. De nada servirá para el bienestar de los niños y las niñas que hoy aquí los representantes de los distintos grupos políticos apoyemos esta iniciativa a favor de la infancia si eso luego no se traduce en hechos, en inversiones, en unos Presupuestos Generales del Estado. La ciudadanía no lo iba a entender. Qué bien queda, señorías de las derechas de todos los gustos, del PP y de Ciudadanos, que se les llene la boca de buenas palabras sobre los niños y las niñas pero que luego no hagan esfuerzos para que esa buena voluntad sea una realidad. Lo más complicado ya está hecho: ponernos de acuerdo todos. Ha sido posible gracias a la presión y a la insistencia de las ONG. Además, tenemos la voluntad del Gobierno de invertir en infancia. Solo falta el último y definitivo paso, aprobar los presupuestos para que todo lo propuesto hoy aquí sea una realidad.

Estamos de acuerdo en muchas cosas, yo creo que estamos de acuerdo. Les pregunto, señorías: ¿No les parece bien que se incremente la inversión en infancia para llegar a los niveles de Europa? ¿No les gustaría una mayor transparencia en los presupuestos? ¿No están de acuerdo con que se mejoren las partidas con más incidencia en la pobreza infantil, como el aumento de la prestación por hijo a cargo? ¿Les parece mal que exista un compromiso real con la educación? ¿Están en contra de reforzar el sistema de protección a la infancia? Si la respuesta es no, sigan como hasta ahora. Si la respuesta es sí, ya lo saben, desbloqueen la situación y faciliten el proceso de negociación de los presupuestos para que podamos hacer lo que todo el mundo espera de nosotros. Los niños y las niñas de este país no votan, pero se lo debemos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ferrer.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Heredia Martín.

La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Sirvan mis primeras palabras en esta tarde para saludar y dar la bienvenida -como se merece- a esta Cámara a la Plataforma de Infancia y, sobre todo, para alabar el papel fundamental que han jugado para que esta tarde esta iniciativa sea aprobada de manera conjunta; un papel fundamental porque han conseguido algo muy importante, algo que es muy difícil lograr, que es sacar lo mejor de nosotros mismos, sacar lo mejor de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y, sobre todo, poner encima de la mesa las mejores voluntades al servicio de los que más nos necesitan, los niños y las niñas de nuestro país. Me ha gustado la predisposición de la mayoría de los grupos políticos en este asunto. A alguno le ha costado un poco más, les cuesta dejar a un lado el sello político, pero quiero dar las gracias a la mayoría de los grupos parlamentarios por el alto nivel de entendimiento, que es tan necesario y tan preciado en estos tiempos que corren y que, en definitiva, es lo que ustedes, las organizaciones y las entidades sociales de nuestro país, nos han pedido: unidad política. Muchas gracias, en nombre del Partido Popular. (Aplausos).

Desde mi grupo parlamentario tenemos muy claro que invertir en infancia no es un gasto, invertir en infancia es invertir en el futuro. Por tanto, lo primero a lo que nos llama este compromiso por la infancia es a la responsabilidad. Nos han hablado esta tarde de que no se quieren poner en modo electoral, como decía la señora García Puig, o de que ya está hecho lo difícil, como decía la señora Ferrer. Pero ahora queda lo importante, señora Ferrer; lo verdaderamente importante es poner el dinero encima de la mesa, y para eso hemos visto bastante poca buena voluntad y bastante poco compromiso en esta iniciativa. El Partido Popular, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, siempre vamos a actuar igual, pero a ustedes no les pasa eso. Tengo que decirles -y también al partido que le sustenta en el Gobierno, a sus socios, los del partido de Unidos Podemos- que una cosa es cuando están en las filas de la oposición y otra cuando están gobernando con ustedes, porque sí, están cerrando un presupuesto con ustedes, por lo tanto, son sus socios de Gobierno y lo están sustentando en el Gobierno. Cuando ustedes estaban en las filas de la oposición decían que iban a destinar 2500 millones de euros solamente a la prestación por hijo a cargo. Pues bien, firman esta iniciativa con solo 180 millones. Ya la vocecilla se les ha bajado; la responsabilidad, el peso del Gobierno. Eso es el Partido Socialista y eso es Unidos Podemos. (Aplausos). Como en la oposición se está muy cómodo, venga, a pedir dinero, sin miramiento ninguno. Pero ahora, que están en el Gobierno, ya vienen aquí prometiendo otra cosa muy diferente. Y les puedo decir que lo


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que nos han prometido, o lo que nos piden ahora que aprobemos es solamente un 7,2 % de lo que prometían desde la oposición. Por lo tanto, señora Ferrer, lo difícil no es firmar esto; lo difícil es cumplir con las entidades sociales, como hacían cuando estaban en la oposición.

Esa es mi primera conclusión. Ustedes ni son fiables ni son personas serias. Lo siento mucho, pero así hay que decirlo. Critiquen lo que quieran al Partido Popular, pero lo que decimos, tanto en el Gobierno como en la oposición, lo cumplimos. De momento también le tengo que decir algo. Aquí ya se habla de pacto por la infancia y estamos empezando, esto es solamente un compromiso. Para hacer un verdadero pacto por la infancia, como se han hecho muchísimos pactos en esta casa, hay que trabajar un poquito más, no hay que tener tantas prisas. Aquí -las entidades lo saben y así lo entienden- hay que ponerse a trabajar y arremangarse porque tenemos que hacer un verdadero diagnóstico de la situación que tenemos en nuestro país. No podemos venir solamente con tres hojas y decir: ya tenemos un pacto por la infancia. No, ahora hay que ponerse a trabajar en una subcomisión, como dijo por primera vez una ministra del Partido Popular, nuestra portavoz, Dolors Montserrat, la primera ministra que habló del pacto por la infancia. Tenemos que ponernos a trabajar para escuchar a los expertos, a los profesionales, a las personas que están trabajando todos los días con los niños, también a los padres, a las madres, por supuesto a las comunidades autónomas y por supuesto a las entidades locales. Ese es el trabajo que yo les pido y que les va a pedir también toda la sociedad civil. No se termina aquí con tres páginas encima de esta mesa. Ya le digo que ahí también los quiero ver, no solamente para ponerse aquí, como digo, en plan: vamos a tener un gran reconocimiento. Por supuesto, también hay que hacer una comisión de seguimiento. También tenemos que ver día a día cómo van esas medidas que vayamos tomando. Aquí no solamente se trata de tomar tres medidas. Por ejemplo, en el Pacto contra la violencia machista se han llegado a tomar 220 medidas. Eso es verdaderamente un pacto de Estado, no lo que hoy tenemos aquí, que, como digo, es un buen paso, un buen inicio, un gran compromiso pero para que el pacto de Estado por nuestra infancia sea fuerte, estable y duradero tiene que ser un buen acuerdo. Esa ha sido una de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular.

La infancia necesita políticas estables y duraderas como, por ejemplo, las que se han puesto en marcha en los siete años de Gobierno del Partido Popular, como el reconocimiento del interés superior del niño, algo tan importante que ha protegido y defendido los intereses de los menores modificándose más de veinte leyes en España. También se han creado ayudas a las guarderías, como ustedes saben, a través de una deducción fiscal de más de 1000 euros anuales y ayudas a las familias numerosas. También los dineros que se han destinado para reforzar nuestros servicios sociales, nuestros ayuntamientos, que son la primera puerta que toca una familia que lo necesita. Más de 100 millones de euros en los presupuestos de 2018, que ustedes están disfrutando como Gobierno.

Pero las cosas, como les decía, para hacerlas bien se tienen que hacer sin prisas y a todo no se le puede sacar rentabilidad política. No se puede estar buscando cada media hora un titular de prensa para tapar todo lo que hace mal el Gobierno socialista; hay que ponerse a trabajar porque hay que gobernar para el futuro de un país, no para el futuro de un partido político, y eso lo hacen ustedes estupendamente desde el Grupo Parlamentario Socialista. Tengo que decirles también que está claro que en política no vale todo. Tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y sentarnos tendiendo esa mano para entendernos en una subcomisión donde se articule un verdadero gran pacto de Estado por la infancia de nuestro país, porque lo merece el futuro de nuestros hijos, la infancia y, sobre todo, nuestras familias en España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Heredia.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A REALIZAR EL REQUERIMIENTO PREVIO AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 162/000805).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rivera Díaz.


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El señor RIVERA DÍAZ: Señorías, hoy defendemos lo que es necesario en este momento para España y, sobre todo, lo que muchos españoles ven como una necesidad, que es hacer cumplir la Constitución en todos los lugares de España.

El artículo 155 de nuestra Constitución -que ya fue aplicado después del golpe de Estado en Cataluña, después del 6 y 7, después del 1 de octubre, después del 27, en definitiva, después del golpe contra nuestra democracia- lo tuvimos que aplicar el Gobierno, impulsándolo, y las Cortes Generales, haciendo cumplir la Constitución. No fue fácil aplicarlo porque nunca se había aplicado en nuestro país y no fue sencillo porque el artículo 155, que está copiado de la Constitución alemana, es una cláusula excepcional, una cláusula de cierre, precisamente, para cuando algún dirigente político o gobierno se dedica a ir en contra de la Constitución o de los intereses generales de España. Precisamente por eso, porque es un artículo vigente de nuestra Constitución y precisamente porque ya lo hemos aplicado, después de las elecciones y de la situación que se ha producido, el señor Torra, lejos de ser un moderado que claudica ante la democracia después de lo que hizo Puigdemont y lejos de rectificar, lo que hace cada día es alentar a la violencia. El señor Torra, directamente -palabras textuales-, les dice a los comandos separatistas que tienen que apretar más a los demócratas. Eso tiene consecuencias, consecuencias sobre los amenazados, sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre nuestras familias -sus familias-, sobre los concejales, sobre los diputados del Parlament, sobre los funcionarios, sobre los comercios; en definitiva, sobre miles y miles de catalanes que son españoles, entre otras cosas, porque necesitan sentirse también protegidos por su Gobierno.

Por eso, señorías, hoy les traigo a esta Cámara una petición de la asamblea nacional de este país, del Congreso de los Diputados, un requerimiento, en este caso al Gobierno, un mandato para que se requiera la aplicación de la Constitución. El artículo 155, como ustedes saben perfectamente, necesita un requerimiento previo, una activación de ese artículo con una petición formal al Gobierno autonómico. ¿No les parece de sentido común lo que dice nuestra Constitución, que hay que aplicar la Constitución y que antes hay que dar una última instancia al Gobierno autonómico? Lo que traemos hoy aquí al Gobierno, lo que está Cámara le pide al Gobierno de España es que active ese requerimiento; tan sencillo como eso. Si el señor Torra está llamando a la violencia, si acaba de apelar a los muertos con la vía eslovena -el peor de los ejemplos posibles, que es una guerra-, si tenemos a los Mossos d'Esquadra y a los sindicatos de los mossos diciendo abiertamente que ante el corte de carreteras o de estaciones de tren no les dan las instrucciones para actuar, si tenemos la evidencia de que el señor Torra no tiene ninguna intención de defender la Constitución, si hay derechos constitucionales violados por parte del Gobierno de la Generalitat, ante todo eso, la pregunta es: ¿A este Gobierno, de verdad, no le parece razonable simplemente hacer un requerimiento para que actúe el Gobierno de la Generalitat? A nosotros, sí. (Aplausos).

El Gobierno tiene una obligación política y una obligación moral, que es defender la integridad de todas las personas que viven en este país. Tiene la obligación política de defender los derechos constitucionales de todos los españoles, también de los catalanes. Tiene la obligación de aplicar y que se aplique la Constitución. Estamos en un país descentralizado, sí, pero estamos en una nación constitucional en la que los derechos y libertades se defienden y se ejercen en cualquier lugar de España. Así que esto no es un conjunto de tribus en las que los señores feudales deciden cuándo se pueden o no cumplir los derechos. Estamos en un país constitucional, democrático, del siglo XXI y de la Unión Europea. El señor Torra o el señor Buch no tienen derecho a decidir si hay derecho de manifestación o no en Cataluña, como se ha permitido que se intente violar el derecho de manifestación de guardias civiles, policías o ciudadanos constitucionalistas. No tienen derecho a decir si se aplican o no las sentencias constitucionales sobre el bilingüismo, no tienen derecho en este caso a dejar de aplicar la Constitución. Por tanto, lo que les traemos aquí es muy sencillo: que el Gobierno haga un requerimiento. Y el Gobierno de Cataluña tiene dos opciones. Si se le hace ese requerimiento, claudicar ante la democracia y contestar afirmativamente, diciendo: sí, acatamos la Constitución, la vamos a aplicar y vamos a defender esos derechos. Y si el señor Torra no es capaz de acatar, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo tendrán que hacer el Gobierno de la nación y las Cortes Generales. Eso es lo que estamos diciendo, esto es de lo que estamos hablando.

Señores del Partido Socialista, ¿no se dan cuenta de que ustedes son cómplices de todo lo que suceda en Cataluña si no aplican la Constitución? ¿No se dan cuenta de que si este viernes hay una desgracia, si este viernes se cortan carreteras, si este viernes no permiten que se pueda reunir un Consejo de Ministros de una nación, todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya? Ya sabemos que el señor Torra que es un xenófobo, ya sabemos que nos llaman bestias taradas -a ustedes también, por cierto-, ya sabemos que es un señor que no respeta la democracia, pero el


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Gobierno de la nación tiene que hacerlo. Yo les pido, de verdad -y prometo que se lo pido más allá de la cuestión política, como catalán, como ciudadano español-, que rectifiquen, que dejen de tener como aliados a los que quieren liquidar nuestra nación y que empiecen a rectificar el rumbo y nos tiendan la mano a la mayoría de esta Cámara para sentarnos y decidir qué competencias tienen que ser aplicadas en el caso del 155. ¿Todas, parciales, seguridad? ¿Cuáles? Hablemos. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo se tiene que aplicar el 155 hasta que haya un presidente de la Generalitat que respete, acate y aplique la Constitución? Y, en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer mejor de lo que se hizo en la aplicación del 155 anterior, cuando se tuvo que aplicar por el anterior Gobierno de la nación y con el apoyo de su partido?

Por tanto, señorías del Partido Socialista, de verdad, creo que les estoy pidiendo algo que sus propios votantes comparten, por lo menos buena parte de ellos, que es aplicar y defender la Constitución en todos los rincones de España. Así pues, no voy a gritar, no voy a enfadarme, no les voy a pedir simplemente que estemos de acuerdo en todo; solo les pido que estemos de acuerdo en una cosa: en defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y eso implica aplicar la Constitución en este momento. Por tanto, si no queremos arrepentirnos en un futuro de lo que suceda en Cataluña estos días; si no queremos mirar a los ojos de los ciudadanos y decir: no lo hicimos y permitimos que sucediera; si no queremos que tengan que actuar otra vez los jueces y aplicar el Código Penal; si queremos hacer política de verdad, con mayúsculas, lo que hay que hacer es defender la Constitución. ¿Piensan que Angela Merkel o el señor Macron, cualquier líder político o un presidente de Estados Unidos no reaccionarían ante el desafío separatista que están haciendo el señor Torra, el señor Puigdemont o sus socios? ¿De verdad que no?

Si ustedes hoy votan favorablemente y rectifican, abrirán un nuevo camino, el camino del consenso, el camino de la aplicación de la Constitución, el camino de retorno al constitucionalismo. Pero si ustedes hoy votan en contra, estarán trasladando a los españoles un mensaje letal: les estarán diciendo que les importa más seguir en el Gobierno a cualquier precio que defender la Constitución, les estarán diciendo que les importa más el sillón del señor Sánchez, que entró por la puerta de atrás, que defender la Constitución en España. (Aplausos). Les pido, señorías, que reflexionen, que rectifiquen, que vuelvan al camino del constitucionalismo porque, incluso discrepando en muchas cosas, sí hay que ponerse de acuerdo en los temas en los que nos jugamos tanto. Este país ha superado un golpe de Estado el 23-F, este país ha superado un golpe separatista en Cataluña, este país ha superado y derrotado al terrorismo. En este momento tan crucial de la historia, ustedes no pueden equivocarse de aliado; tienen una obligación con España como Gobierno de la nación y como partido que ha sido durante muchos años un partido de Gobierno. Les pido que rectifiquen; si lo hacen, cuenten con nosotros, pero sí hoy tocan el botón rojo, si hoy votan en contra de aplicar la Constitución en Cataluña, ustedes van a romper todos los puentes posibles para un futuro y, desde luego, los españoles, como ya han hecho en Andalucía, se lo demostrarán en las urnas. Espero que hoy se aplique la Constitución, que hoy empecemos a aplicar la Constitución, que rectifiquen, les tendemos la mano para hacerlo. ¿Quieren diálogo? Diálogo, pero con los que defendemos la Constitución, no con los que quieren liquidarla. (Aplausos).

Acabo, presidente. Dejen de humillarse y dejen de humillarnos. Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones porque quiere hablar de autodeterminación y dejen de humillar al pueblo español porque cuando no se cumple con la Constitución en España, hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos y que defienden la igualdad que se sienten ofendidos y humillados. Es el momento de la dignidad, de recuperar los puentes rotos y de que ustedes rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros; si no lo hacen, no solo no cuenten con nosotros, sino que nos tendrán enfrente precisamente para defender la Constitución y porque no hay sillón que valga, no hay carrera política y personal que valga más que la convivencia y la democracia en nuestra nación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rivera.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, en turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rivera, no se disguste. Ha amenazado al PSOE si aprietan el botón rojo. Pues yo quiero empezar diciéndole que los diputados del Partit Demòcrata vamos a apretar el botón rojo. Vamos a apretar el botón rojo en contra de esta pantomima de proposición no de ley que insulta a los más elementales mecanismos constitucionales sobre el 155. Una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno, ¿a qué? Porque la activación del 155 se basa en hechos concretos, que usted,


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más allá de una retórica en esta tribuna y de mentiras, no ha concretado. Si usted, doctorando Rivera, quiere hablar de los hechos para la activación del 155, bueno sería que concretara en esta lección, desde esta tribuna, a qué se refiere. Pero es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de esta lucha insomne entre la vox ciudadana y el PP para conformar un Gobierno en Andalucía, en el que usted se va a París a intentar hacerse una foto con el presidente Macron, pero está dispuesto a pactar con la extrema derecha machista en Andalucía para la formación de un Gobierno. (Aplausos). ¿Este es el perfil liberal de su partido?

Nosotros vemos la amenaza del botón rojo de un señor que nos dice lo que va a pasar este viernes. Lo dice con una pasión que parece que usted desee que este viernes haya conflictos y que los Mossos d'Esquadra (aplausos), Policía integral de Cataluña, y la Policía que esté presente no vayan a garantizar la seguridad, como la van a garantizar. (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Por cierto, he escuchado al señor Rivera hablar de cortes de carreteras, de altercados, de protocolos de los Mossos d'Esquadra. Señor Rivera, durante la aplicación del artículo 155 se produjeron hasta once veces cortes de carretera en Cataluña, bajo la supervisión del ministerio y del ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, que algún día tendrá que dar explicaciones sobre la noticias que van apareciendo en las últimas horas respecto a sus actitudes y al uso de fondos reservados con relación a la guerra sucia en Cataluña. Y los Mossos d'Esquadra, durante la aplicación del 155 y hace dos semanas, han aplicado exactamente el mismo protocolo, porque los Mossos d'Esquadra son una Policía con larga trayectoria, respetabilidad y profesionalidad, que tendrían que merecer también el respeto y la consideración de su grupo y de la persona proponente.

Hablando de comandos organizados y caras tapadas, caras tapadas las que retiran lazos amarillos, las que constriñen la libertad de expresión en Cataluña y las posibilidades de convivencia y diálogo. Porque usted amenaza al grupo de la mayoría -al grupo que apoya al Gobierno, para ser más exactos- de que se romperá cualquier tipo de diálogo. Esto es un poco de matonismo parlamentario, señor Rivera, porque aquí cada uno sube libremente a esta tribuna a argumentar su punto de vista, a votar libremente y a dialogar. A mí me parece muy bien que hayamos pasado página. Nosotros, el PDeCAT, estamos muy orgullosos de que el día 1 de junio pasáramos página de una gobernación imposible de España, con un Partido Popular apoyado por Ciudadanos, con algunas pulsiones sádicas no de reformulación del Estado de las autonomías, sino de supresión del Estado de las autonomías; este parece a veces su sueño inconfesable; uno de sus tótems intelectuales que reparte carnés sobre los bloques de constitucionalistas y no constitucionalistas. Si un partido político ha debilitado profundamente el consenso constitucional de estos últimos cuarenta años ha sido la irrupción de Ciudadanos aquí dando lecciones, intentando desbordar a todo el mundo, intentando no respetar aquello que hace cuarenta años se hizo. Hace cuarenta años Minoría Catalana estaba aquí e hizo sus contribuciones, y algunos otros, como elementos disolventes, han venido después a desgastar, a gritar, a hacer tuits, a hacer spots, a ser incapaces de articular mayorías de Gobierno y de participar en mayorías de Gobierno. Señor Rivera, antes de Navidad supongo que usted ha hecho su spot, incluso ha amenazado a un grupo parlamentario si no aprieta el botón que usted ha dicho. Esta es una proposición no de ley pero usted sabe perfectamente que la aplicación del 155 requiere de algunos elementos que son competencia del Gobierno y que se vota en el Senado. Pero usted, por el camino, todo esto se lo perdió en sus clases de Derecho Constitucional.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, muy brevemente porque no da esto mucho de sí. En primer lugar, el artículo 155 hace una reserva constitucional al Gobierno. Es al Gobierno al que le corresponde valorar si se dan o no las circunstancias que se establecen en el 155, no al Parlamento. Y eso es querer arrogarse indirectamente a través de esta proposición no de ley un protagonismo que constitucionalmente no le corresponde ni al grupo proponente ni tampoco a esta Cámara.

En segundo lugar, los incumplimientos no pueden ser en abstracto, tiene que ser un incumplimiento en concreto, tal y como lo establece el artículo 155, un incumplimiento de obligaciones concretas que ustedes no precisan. Es más, si uno va -y me ahorro los comentarios sobre el vocabulario empleado en la exposición de motivos- a un párrafo muy significativo que es el de las acusaciones a la Generalitat, y al presidente en concreto, dice: una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática y que resulta gravísima, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula. Más allá de que unos puedan compartir y


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otros no estas acusaciones, oiga, usted podrá pensar esto, pero esto no es objeto del 155. Una actitud inmoral y explícitamente antidemocrática en su opinión, que resulta gravísima, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula, ¿dónde lee esto en el 155? (El señor Rivera Díaz: Llamar a la violencia). No, no, es si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. Concrete, concrete. Y no son capaces de concretar. No son capaces de concretar porque además deberían concretar... (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Pero, madre mía, parece que le maneja un ventrílocuo cuando está usted en la silla, es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás (Aplausos). Señor Rivera, de verdad, hágaselo mirar, póngase un espejo o póngase unos videos. ¡Es que no para usted, le entra un tembleque de la leche cuando los demás estamos en la tribuna! (Aplausos). Deje de increparnos y de decirnos cosas.

Le decía... (El señor Rivera Díaz: Ha dicho que sería breve). No, tengo tiempo todavía, tres minutos y nueve. (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, acabo. Mire, a la Generalitat le tendrá usted que pedir o le tendrá que pedir el Gobierno algo en concreto, una medida concreta, pero ¿para que la lleve a cabo quién? ¿Para corregirla quién, el Gobierno de España? No, está usted equivocado, la tendrá que corregir el Gobierno de la Generalitat, eso es lo que dice el 155. Eso es lo que dice el 155. El requerimiento es para que lo corrija y las medidas son las que pueda adoptar el Gobierno, porque el 155, que se sacó de la manga el Partido Popular con su ayuda, y con la colaboración también del PSOE, pasó absolutamente todas las barreras de lo que dice el texto de la Constitución. Tendrá que ser una medida para que el Gobierno de la Generalitat se vea forzado a cumplirla.

Y, en tercer lugar -a ver si se les mete en la cabeza-, no cabe suprimir la autonomía de una comunidad autónoma, no es constitucional. Y ustedes lo que vienen a decir en su escrito es: Suprímase la autonomía y tome el control de las riendas del Gobierno catalán el Gobierno español. Pues no, esto no es posible, esto no es constitucional y esto, sinceramente, en términos políticos, más allá de todo eso, es una auténtica barbaridad si de verdad se quieren encontrar soluciones, que yo espero que, al final, se acaben encontrando.

Nada más y muchas gracias. Me han sobrado dos minutos y algo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom.

El Grupo Ciudadanos por enésima vez insta al Gobierno a que vuelva a aplicar el 155; es decir, a que el Estado intervenga el Parlamento y el Gobierno de Cataluña. Les gustaría que fuera para siempre. Nada nuevo bajo el sol, siguen persiguiendo el sueño de la extrema derecha española, volver a la "Una, grande y libre" en versión Constitución. No nos sorprende nunca, es la eterna cruzada de la derecha clásica española contra rojos y separatistas. Nada nuevo; lo llevan en su ADN. A Ciudadanos no le importan los trabajadores en precario, ni los parados, ni los pensionistas empobrecidos ni el acceso a la vivienda, como demostraron cuando trajeron aquí su contrato único, haciendo el ridículo cuando lo presentaron. Lo único que les preocupa es, como siempre, su sacrosanta unidad de España, que, como decía la Falange, es un bien en sí mismo. Decía José Antonio Primo de Rivera: Ni de derechas ni de izquierdas -¿os suena?-, España. Decía lo mismo el Rivera actual: Todas las personas, las clases sociales, tienen los mismos intereses: España. Y si alguien no está de acuerdo, pues el 155. Pero la realidad es más compleja y tozuda. Un ejemplo: la grandiosa ceremonia de celebración de los cuarenta años de Constitución no contó con la presencia de la mayoría de los diputados catalanes escogidos democráticamente en Cataluña para este Congreso. Realidades. No contó con la presencia de los diputados y las diputadas del PDeCAT, ni con los diputados de En Comú Podem ni con los diputados de Esquerra Republicana. De los 47 diputados presentes y elegidos para este Congreso, solo 18 fueron a su gran fiesta. Eso son realidades. Pero para ustedes en Cataluña no hay un problema político, como se vería en cualquier democracia avanzada, sino que hay un problema legal, simplemente un asunto de orden público, como si habláramos de robar gallinas o de saltarse un semáforo. Esa es su concepción.

En Comú Podem, PDeCAT y Esquerra Republicana tienen claro que Cataluña es una nación, pero también lo tienen claro los diputados del Partido Socialista de Cataluña, que no tienen ninguna duda desde su fundación de que Cataluña es una nación. Vayan sumando. El PSC que no hace tanto, incluso en este Congreso, votó en el Parlamento por un referendo legal y acordado; no hace tanto tiempo de esto -recuerden-, en 2013. Incluso el señor Borrell reconoce públicamente que Cataluña es una nación. Por cierto, aún espero las disculpas públicas del señor Borrell por su calumnia. (Aplausos). En fin, cada cual


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con su conciencia. Y ese es el problema, que no aceptan que Cataluña es una nación. Esto les cuesta. No lo aceptan. Mientras ustedes no acepten la tozuda e histórica realidad, el conflicto continuará, con 155 y sin 155. Les recuerdo que la intervención económica de la Generalitat ya la hizo el señor Montoro en julio de 2017; les recuerdo que el 155 ya lo aplicaron hace un año -igual lo quieren para siempre-, pero el 21 de diciembre volvimos a ganar las elecciones los soberanistas y los independentistas, a pesar de todo. Si me permiten, les daré un consejo, señores Casado y Rivera, señores de Ciudadanos y del Partido Popular: fíjense más en Adolfo Suárez que en el señor Abascal. Les voy a decir por qué. Suárez tuvo las agallas suficientes -que ustedes no tienen- como para en 1977, un año antes de la Constitución, restablecer la Generalitat de Cataluña con Tarradellas. Suárez recuperó la única institución republicana de facto, el autogobierno de Cataluña, que es anterior a la Constitución, a sus tribunales, a su monarca y a sus leyes, les guste o no les guste. Suárez sabía que somos tozudos y persistentes, así que podéis enviar de nuevo a miles de policías, los que queráis; enviarnos a toda la brigada judicial para reprimirnos, los que queráis; utilizar el Código Penal y el sistema judicial para dar cobertura a decisiones políticas, pervertir el sistema de justicia, hacedlo, pero no renunciaremos jamás a nuestros anhelos.

Pero más que a ustedes, que son la extrema derecha y no hay nada que hacer, lo llevan en su ADN, me gustaría dirigirme a los compañeros del Partido Socialista, al señor Sánchez y a sus diputados. La semana pasada el señor Sánchez nos dijo que no quería ser Cameron. Pues bien, si su modelo no es el Reino Unido ni Canadá, digan si su modelo es el mismo que el del señor Casado o el del señor Rivera, o el de Abascal. O si, como nos parece, su modelo es el de Rajoy, de renunciar a hacer política. Queremos saberlo claramente. De hecho, desde 2010, cuando a los catalanes se nos impuso un estatuto cepillado también por ustedes y el Tribunal Constitucional, estatuto vigente que no ha sido votado -a los tan constitucionalistas se lo recuerdo, no ha sido votado-, desde entonces solamente ha habido represión, nada más, ni una oferta, nada, cero. Si me permiten dar un consejo, señor Sánchez, yo que ustedes empezaría, por ejemplo, por preguntar al señor Montilla, del PSC, por qué encabezó la manifestación aquel 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional detrás de una pancarta que decía: Somos una nación y nosotros decidimos. Suben En Comú Podem, PDeCAT, Esquerra Republicana y el PSC. ¿Y qué queda? La extrema derecha. Eso es lo que hay. Señor Sánchez, tiene usted una gran oportunidad, pero no dude de que con la represión nos tendrá siempre enfrente; siempre.

Acabo. Seguiremos adelante, como lo hicimos después de que Prat de la Riba, primer presidente de la Mancomunitat catalana, fuera encarcelado; como seguimos adelante después de que Francesc Macià, presidente de la Generalitat, fuera exiliado y encarcelado; como seguimos después de que Lluís Companys fuera encarcelado, exiliado, entregado por la Gestapo a España, torturado y fusilado; como seguimos después, en el exilio, con Josep Irla; como seguimos treinta y ocho años después del exilio de Josep Tarradellas. Como ven, la cárcel y el exilio forman parte de nuestro pasado y de nuestro presente, y como tenemos memoria sabemos que si resistimos en circunstancias mucho más adversas que las actuales, cómo no vamos a resistir a su 155. ¡Anda ya! (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Esta proposición no de ley insta al Gobierno nada menos que a incumplir la Constitución. Quieren volver a aplicar el artículo 155 -hace meses que lo reclaman- para cargarse el derecho a la autonomía de Cataluña, garantizado en el artículo 2 de la Constitución, sin que se haya producido ningún hecho que lo justifique, a no ser que declaraciones u opiniones sean motivos para suspender una autonomía. Señor Rivera, esto suena casi a golpe de Estado, ¿no? Suspender la autonomía de Cataluña vulnerando la propia Constitución. Si exigieran el cumplimiento del artículo 47, que garantiza el derecho a la vivienda; del 35, el derecho al trabajo; del 50, el derecho a pensiones adecuadas y permanentemente actualizadas, tanto como el del 155 quizás habríamos avanzando mucho en resolver los problemas reales de la vida de la gente, pero a ustedes los artículos sociales de la Constitución no les interesan para nada. Por cierto, al señor Torra -hay que decirlo- los artículos sociales del estatut tampoco le interesan demasiado.

Miren, el autogobierno de Cataluña no es de ustedes, es de la ciudadanía de Cataluña. Pero además, ¿qué problema resolvió la aplicación del artículo 155? ¿Para qué sirvió exactamente? Fue la culminación de la demolición de la parte territorial de la Constitución, que se inició con la sentencia del Tribunal Constitucional. En palabras del catedrático de Derecho Constitucional señor Pérez Royo, fue la certificación


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de un fracaso, la certificación de que con base en el texto constitucional de 1978 no hay respuesta ya para la integración de Cataluña en el Estado. Pueden suspender la autonomía pero, ¿cómo evitarán que millones de personas dejen de pensar y votar como lo hacen ahora? (Aplausos). ¿Hasta cuándo aplicará el 155, hasta que la gente vote como ustedes quieren que voten? Señor Rivera, esto sí que sería un golpe a la democracia. Y ahora Pablo Casado dobla la apuesta y reclama que se ilegalice a los grupos independentistas. El PP quiere directamente liquidar la Constitución porque garantiza el derecho de reunión, de manifestación, de asociación y a la libertad ideológica.

Un consejo, señor Rivera. Si Ciudadanos quiere diferenciarse de Vox, a lo mejor, en vez de estar tan pendiente de la foto en Andalucía, podrían empezar por no llevar las propuestas de Abascal al Congreso, como la de liquidar el Estado de las autonomías con este 155 inconstitucional. (Aplausos). Es una ultraderecha de la que Aznar -su mentor, señor Rivera- ha dicho que no es rupturista con el orden constitucional. Sin duda, Aznar se ha confundido y quería decir que Vox no es rupturista con las leyes fundamentales del Movimiento, porque una fuerza contraria a los derechos humanos está fuera de los valores y los principios de cualquier constitución democrática. Lo que sucede es que Ciudadanos añora los tiempos de un PSOE secuestrado por el 155 para evitar una mayoría progresista. Esperemos que el Gobierno no caiga nunca en esta trampa para elefantes que es el 155 o cualquier fórmula de control del autogobierno de Cataluña y que Esquerra y PDeCAT no caigan en la trampa de favorecer a la alianza reaccionaria no aprobando los presupuestos. El problema es que ustedes no tienen ética de la convicción ni ética de la responsabilidad. Se llaman liberales, pero desgraciadamente en España no tenemos un centroderecha liberal, es un espacio vacío. La prueba es que aceptarán los votos de la ultraderecha para gobernar en Andalucía. Es una lástima que no tomen ejemplos de liberales como Stéphane Dion, padre de la Ley de la Claridad canadiense, que encauzó el conflicto de Quebec y que decía, en referencia al caso catalán, que no es muy útil esconderse detrás de la Constitución sin formular las razones por las que merece la pena permanecer unidos. La única razón que PP y Ciudadanos esgrimen es la imposición autoritaria y es preocupante su falta de escrúpulos y de responsabilidad, su todo vale. Junto con el PP, están dando una imagen falsa de Cataluña como una sociedad sin libertad, con violencia y con escuelas donde se adoctrina para justificar el 155. Ustedes, como otros, necesitan mantener y, si pueden, incendiar el conflicto de Cataluña para obtener réditos electorales.

Para terminar diré que creo que hay un nuevo eje político en Cataluña y en España: los del cuanto peor, mejor. Es el frente de la irresponsabilidad, donde están Ciudadanos, el PP, también algunos independentistas y algunos barones del PSOE que quieren ilegalizar partidos. A estos no les importa que lo que decía Gil de Biedma se cumpla: "De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España, porque termina mal". Y estamos los que desde posiciones distintas creemos que un conflicto como el catalán se resuelve con diálogo, con negociación, aplicando principios democráticos, reconociendo al otro. Por eso quiero decirles, señores de Esquerra y PDeCAT, que el mejor antídoto contra los que quieren que todo termine mal es aprovechar la oportunidad y que ambos gobiernos se reúnan este viernes. Dar la espalda al diálogo, como hizo el president Torra -en esto también se ha quedado solo-, es dar la espalda a la mayoría que quiere soluciones y propuestas. Nosotros no estamos dispuestos y no vamos a permitir que la historia de Cataluña y la historia de España terminen mal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Vendrell.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Gracias, señores diputados, señoras diputadas.

No, señor Rivera, usted no viene a plantear lo que necesita España, viene a plantear lo que necesita usted, porque usted solamente sabe hablar de una cosa: del 155. Señor Rivera, la moción de censura no es la puerta de atrás de nada, la moción de censura es la Constitución. La puerta de atrás es donde están ustedes pactando con Vox. (Aplausos). Señor Rivera, no hay hechos jurídicos que justifiquen la aplicación del 155. Ustedes, con su propuesta, banalizan el 155. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Cuando gobernaba su socio político, el Partido Popular, se celebraron dos referéndums ilegales, se intentó abolir la Constitución y el Estatuto, se intentó una declaración unilateral de independencia, y en aquellos meses ustedes tuvieron dudas. El señor Rivera hizo declaraciones pidiendo que no se aplicase esa medida de excepción para no darles -comillas- "un titular fantástico" a los nacionalistas. Ni se lo vamos a dar ni lo vamos a aplicar, decían entonces, y aquellos sí eran actos jurídicos que se saltaban la Constitución. Pero rápidamente cambió, como siempre,


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y su oportunismo político les ha llevado a pedirlo permanentemente. En el fondo, ustedes no piden el 155 para defender la Constitución, lo piden para atizar el conflicto y obtener ventajas electorales, señor Rivera.

Pero, señores de Ciudadanos, defender la Constitución es defenderla toda, no solamente una parte. La Constitución no es un bufet libre donde se coge solo lo que interesa, también hay que defenderla contra los xenófobos, los homófobos y los que quieren derogar las leyes de violencia de género y tantos avances que la misma nos ha garantizado. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia). Desde que votaron en contra de la moción de censura al señor Rajoy ustedes han quedado prisioneros del PP. La petición de un 155 perpetuo es el primer pago por el contrato de Ciudadanos con el Partido Popular y Vox. Su alianza de fuego con la ultraderecha es de irresponsables. ¿Por qué no le hacen caso al señor Valls, que pidió aislar a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen? En cambio, aquí están dispuestos a blanquear al señor Abascal, el protegido y financiado por Le Pen. ¿O es que parar a la ultraderecha solo es válido de Pirineos para arriba y no para abajo, y lo de la lista más votada solo es válido de Despeñaperros para arriba y no para abajo? (Aplausos.-El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Son ustedes unos pirómanos, quieren el poder quemando la convivencia en España. No hacen más que echar gasolina al conflicto; son unos irresponsables. Practican la política de tierra quemada, ni una sola solución. ¿Recuerda cuando votaron mantener en el poder al Partido Popular? Ahora van más allá, quieren devolver el poder al Partido Popular con su pacto con Vox y el 155 es la manta que usan para esconder sus acuerdos oscuros y vergonzantes con la ultraderecha xenófoba, homófoba, machista y antiabortista en contra de todos los avances que cuarenta años de Constitución democrática nos han dado a todos los españoles. (El señor Rivera Díaz hace gestos negativos). Sí, señor Rivera. Se presentaron a las elecciones convocadas en Cataluña por el señor Rajoy, fueron los más votados y en vez de presentar su candidatura a la Presidencia solo piden el 155, despreciando los votos que recibieron como si no sirvieran de nada.

Desde que gobiernan los socialistas se ha aplicado toda la firmeza de la ley y toda la fuerza del diálogo y los resultados son que la ley se cumple en Cataluña y que se hace política, y ustedes deberían alegrarse como demócratas. Señores de Ciudadanos, de un solo pacto se han quitado la careta de la moderación, el constitucionalismo y el europeísmo; ya solo son el colaborador necesario para que gobiernen el Partido Popular y Vox. ¡Quién les ha visto y quién les ve!

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Roca Mas.

El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Popular de Tarragona en 2011 apoyamos a un alcalde socialista que no tenía mayoría y durante cuatro años le dejamos gobernar con estabilidad permitiéndole aprobar los presupuestos. Lo mismo hicimos con Convergència i Unió, que llegó a una Generalitat arruinada por el tripartit y necesitaba a alguien que le apoyara y aprobara los presupuestos y las leyes ómnibus. Nosotros lo hicimos a pesar de que podíamos haber tomado el camino de la venganza porque nos habían llevado al Pacto del Tinell, al notari, habían traído un estatuto inconstitucional a esta Cámara, podíamos haberles hecho un montón de reproches pero no llevaban a nada, porque si al sectarismo y a la intolerancia les enfrentas el rencor y la venganza, sabes cuándo empiezas pero no cómo acabas. Creo que el Partido Popular de Cataluña se ha ganado el derecho a hablar de convivencia, de Cataluña y de democracia.

Vamos a decidir hoy apoyar la destitución del Gobierno de la Generalitat y me toca razonar los porqués. El primero es un argumento que podemos compartir todos los que somos del Partido Popular y que seguramente algunos no lo hagan, y me refiero a las relaciones del nacionalismo con ETA. Les han abierto las puertas de las instituciones catalanas a la banda terrorista; han conseguido que algunos de sus seguidores se hagan selfies con un terrorista. Somos el partido de José Luis Ruiz Casado y de Francisco Cano, concejales del PP de Cataluña asesinados por ETA, somos el partido de mi compañero de escaño y amigo Jaime Mateu, a cuyo padre mató la banda terrorista y luego a su hermano. (Aplausos). Esas fotos son argumento suficiente para nosotros para pedir la destitución del Gobierno de la Generalitat. Pero hay más, hay una retahíla de razones más: los cientos de artículos escritos por Quim Torra; que cierren el Parlament cuando les da la gana porque les viene bien o porque no les viene bien; que hayan hecho listas de jueces y fiscales afectos al régimen; que se haya acosado a jueces y a políticos en sus casas, en sus domicilios; llenar de estiércol los juzgados; cerrar carreteras, trenes, infraestructuras; que haya agresiones a personas por pensar diferente o por manifestarse con una bandera de España; la ocupación antidemocrática del espacio público con lazos, con pinturas. Y todo eso, que muchos podrían decir que


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pasa en otras latitudes, pasa impulsado, promovido y espoleado desde el Gobierno de la Generalitat. Han creado un clima antidemocrático en Cataluña desde el Gobierno de una comunidad autónoma. Algún día tendremos que hablar de los incentivos exageradamente positivos que tienen los afectos al régimen y exageradamente negativos que tenemos los que democráticamente queremos oponernos a un Gobierno. Y hay una razón que va más allá de todo lo imaginable, aunque algunos ya habíamos visto pistas: la declaración de la vía eslovena, la amenaza con el conflicto civil si no se cede a sus pretensiones. Enlaza con un documento de la Asamblea Nacional Catalana -promovida por el Gobierno- que hablaba de tomar -a la fuerza- infraestructuras estratégicas, centros de comunicación, aeropuertos, etcétera. Han intentado comprar armamento militar desde el Gobierno de la Generalitat y el ministerio tuvo que abortarlo; han amenazado con paralizar la economía, con paralizar el país, con secuestrar a toda una sociedad si no nos plegábamos a sus inconstitucionales deseos. Y todo eso se ha hecho desde el Gobierno. Nadie en Europa hace eso. Yo sé que la política española está hooliganizada, estamos los azules, los rojos, los naranjas, los púrpuras, los amarillos, pero hagan un ejercicio de honestidad intelectual, vayan por Europa y pregunten a personas de diferentes grupos, de todo el arco parlamentario: ¿Un Gobierno que espolea a los violentos, un Gobierno que se hace fotos y blanquea al terrorismo, un Gobierno que amenaza a jueces, que hace que se amenace a jueces, que lo permite, lo consiente y les grita: ¡apreteu!, ¡apreteu!, un Gobierno que impone un clima antidemocrático allí donde gobierna, cree usted -pregúntenle a cualquier europeo- que se merece seguir un solo segundo? Háganlo, lo digo con toda la honestidad y toda la modestia. (Aplausos). Nosotros creemos que sí, que alguien que ha escrito sobre otros seres humanos como ha hecho Quim Torra no puede seguir ni un minuto al frente de ningún Gobierno. Eso es lo que creemos y por eso pensamos que hay que destituir al Gobierno de la Generalitat, para normalizar Cataluña, para devolver la democracia plena, para acabar con el clima antidemocrático y sobre todo por una cosa -y retomo lo de la vía eslovena-: cuando nos amenazan con un conflicto civil. Creo que hay que destituir al Gobierno de la Generalitat de Catalunya para que nuestros hijos y nuestros nietos no se hagan lo que desgraciadamente se hicieron nuestros abuelos. Por eso vamos a votar que sí a esta proposición no de ley.

¡Visca Catalunya lliure de nacionalisme! (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL FENÓMENO DE LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000129).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Señalábamos en la interpelación al Gobierno de la semana pasada que en los últimos cincuenta años el mayor número de víctimas mortales y grandes heridos ha sido provocado por las distintas ramas de ETA y que respecto a estas se han desarrollado leyes específicas... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: ... que, aunque mejorables, les han ofrecido una importante cobertura de reconocimiento y reparación, y sin perjuicio de estas leyes y en paralelo las mismas han recibido también la reparación social a través de su reconocimiento y homenaje.

Sin embargo, y más allá de estas víctimas del terrorismo de ETA, en el periodo democrático y en el contexto de la lucha contra este terrorismo, se han producido otras víctimas por haber padecido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y así ha quedado objetivamente contrastado en informes de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los relatores especiales de Naciones Unidas contra la tortura y del Comité para la prevención de la tortura. También han sido contrastados estos malos tratos, estos comportamientos contra los derechos humanos, en crónicas e informaciones y en informes elaborados por instancias académicas y expertas, como por la actual alcaldesa de Madrid, la señora Manuela Carmena, y el obispo Juan María Uriarte. Aunque también


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volvemos a recordar, como ya lo hicimos durante la interpelación, que desde 2015 no existe ningún caso registrado, coincidiendo precisamente desde que dejaron de autorizarse judicialmente detenciones policiales incomunicadas. Por eso se reclamaba a las instituciones del Estado reemprender la senda que se inició en los primeros años de la andadura democrática, cuando se constituyó en esta Cámara una comisión especial de investigación de presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco, senda para hacer efectiva la reparación, la verdad y la justicia de estas otras víctimas causadas por actuaciones de represión ilícita en el contexto de la lucha contra el terrorismo de ETA, malos tratos causados, estamos seguros, por una ínfima minoría de funcionarios públicos y que llevan a cuestionar a aquella otra gran mayoría que nunca los cometió.

Señorías, en cualquier caso, lo que interesa, como ya recalqué en la interpelación, es solo mirar a las víctimas, pensar exclusivamente en ellas, porque, como señalaba la semana pasada, las acciones terroristas no justificaron ni una sola vulneración mediante abuso de poder, pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos tampoco puede ser presentada como un enfrentamiento entre violencias provocado por un conflicto político. Bajo ningún concepto se puede pretender, siquiera de manera velada, contextualizar el terrorismo de ETA ni equiparar violencias ni víctimas ni justificar la violencia terrorista bajo la asunción de abusos policiales ni erosionar el Estado social y democrático de derecho, sino que lo que se pretende es reforzarlo sin perjuicio de que esta cuestión de los abusos de poder deba ser tratada con prudencia, consenso y sensibilidad. Tampoco se pretende erosionar la convivencia, sino, al contrario, normalizarla y construirla desde la memoria y reparación de cualquier violación de derechos humanos. También reclamábamos el reconocimiento de estas víctimas de vulneraciones de derechos humanos por un compromiso democrático con el Estado de derecho, que no ha de suponer su menoscabo, sino su más sólida consolidación.

Por último, se hace necesaria esta iniciativa para la normalización de la convivencia y la construcción de una memoria crítica del pasado tras el final de la injusta historia de ETA. Solo con la sensibilidad frente al sufrimiento y la injusticia sufrida por las víctimas, también para con estas víctimas junto a otras muchas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo en el País Vasco y en otros lugares, se puede construir una auténtica cultura de derechos humanos.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Ramos Jordán.

La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, presidenta.

Señorías, en ocasiones sucede que hay mociones en esta Cámara que nos tocan especialmente. Para mí es el caso de esta, a la que ya les anticipo que nuestro grupo votará favorablemente. Pensamos que esta moción es no solo de justicia sino muy oportuna, y lo es por lo que contiene de reparación del daño y de memoria, pero también por lo que puede significar para el presente y para el futuro. Decía que es personal; lo es para mí y lo es, me consta, para muchas otras diputadas de esta Cámara. Porque lo que algunos llaman casos esporádicos son amigas, son familiares y son nuestras vecinas. En 1992, justo cuando empezaba la carrera de Derecho, en Barcelona fueron detenidas varias personas en el marco de unas marchas organizadas con motivo de los Juegos Olímpicos. Estas personas denunciaron torturas y malos tratos y, finalmente, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por la ausencia de una investigación oficial efectiva. Yo viví muy de cerca estos casos y lo que conllevan; conllevan miedo, indefensión y soledad, porque la tortura, señorías, es el fallo multiorgánico de la democracia. Te falla el policía que te tortura; te falla el juez y el fiscal que debería vigilar al policía; te falla el político que debería hacer las leyes que lo evitasen; te falla la sociedad y los medios que la silencien. Recuerdo también, en 2018, cómo Jorge Bolancel se tiró a las vías del tren justo después de ser sometido a unos duros interrogatorios en una comisaría. También quiero recordar la muerte violenta de Juan Andrés en 2013 en el barrio del Raval como resultado de una detención por los Mossos d'Esquadra. O los casos de malos tratos como consecuencia de la Operación Pandora en 2014, así como también las muertes de Idrissa Diallo y Samba Martine en los CIE de Aluche y Zona Franca. Me parece importante recordar todos estos casos porque, como plantea Ariel Dorfman en su obra de teatro La muerte y la doncella, la tortura se construye sobre la impunidad y esta solo puede acabarse con la denuncia y el reconocimiento a estas víctimas. Esto es esencial en un Estado en el que aún hay torturadores, no solo amnistiados sino


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galardonados, y es responsabilidad de todos y de todas evitar que en un Estado democrático se normalice esta impunidad.

También quisiera aprovechar esta intervención, porque creo que es importantísimo, para reflexionar sobre el victimario. Por eso nos sorprendía mucho que el señor Marlaska afirmara que no podemos ni debemos poner en el mismo lado de la balanza la violencia de la organización terrorista ETA con casos absolutamente excepcionales y extraordinarios de una mala utilización de los medios públicos. Porque, por una parte, estos casos no son tan extraordinarios ni tan esporádicos y porque, coincidiendo con el señor Legarda en que si bien esto no supone ninguna comparación o menoscabo del dolor de todas las víctimas de ETA, sí debemos hablar del victimario. Porque no se puede esperar lo mismo de una dictadura, de un grupo de lucha armada o una organización criminal que de un Estado de derecho. El Estado de derecho tiene una posición de garante. Yo, como ciudadana, debo poder no solo sentirme segura, sino tener los mecanismos necesarios para fiscalizar su acción y reparar el daño. Aunque sea solo una víctima -y esto se lo digo al señor Marlaska, que no está aquí- debemos interpelarnos como sociedad y establecer todos los mecanismos políticos posibles para reconocerlo, repararlo y evitarlo en el futuro.

Por eso votaremos a favor de esta moción y añadiremos algunas enmiendas porque mirando al pasado, a la reparación de las víctimas y basándonos en las relevantes condenas a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, consideramos que lo coherente sería que los informes de reconocimiento y reparación no se limitaran al contexto de la lucha contra ETA, sino a todas las denuncias que han quedado sin respuesta efectiva en el Poder Judicial en el conjunto del Estado español. Insisto, señorías, la tortura y los malos tratos se han dado muchas veces y en diversos escenarios. A la vista del alto porcentaje de condenados indultados respecto al total de servidores públicos condenados por malos tratos y torturas, que ha permitido que estas personas eludan el cumplimiento de la pena impuesta por el Poder Judicial, así como las consecuencias que habrían tenido que tener para sus carreras profesionales, entendemos que ello no debe ser óbice para que se retire cualquier condecoración u honor recibido.

Quiero añadir que todo ello sin perjuicio de que la prevención de los malos tratos y torturas requiere un abordaje mucho más global que excede el marco de esta moción. Por eso interpelamos a la responsabilidad de aquellas formaciones democráticas -las que sí creemos que la ley emana de la democracia- a que podamos seguir siendo las mayorías necesarias en este Congreso para poder impulsar las medidas necesarias para fiscalizar, prevenir y acabar no solo con los malos tratos y las torturas, sino con una violencia institucional que está afectando al sistema policial, penitenciario, y, lamentablemente, también judicial; este último con especial incidencia en las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrada Pariente.

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Debatimos en este punto sobre la tortura, que es uno de los peores delitos que se pueden cometer. Debatimos sobre un delito que no puede ser justificable de ningún modo y que cobra especial relevancia cuando es cometido por un funcionario público en el marco de un Estado de derecho.

Sobre la comisión de torturas existe la convicción de que todos los demócratas debemos denunciarlas y combatirlas siempre desde el uso de la ley. Desde hace cuarenta años y dentro del marco constitucional y del Estado de derecho, nos venimos dotando de todas las herramientas legales para erradicar la práctica de la tortura y de cualquier conducta contraria a los derechos humanos. Desde un profundo sentido de Estado todos los Gobiernos han venido impulsando reformas legales para arrinconar esta práctica. Se han acatado y desarrollado todas las sentencias, instrucciones o recomendaciones que se han trasladado desde los organismos internacionales. Bajo esas premisas, el Gobierno ha desarrollado ya dos medidas, como aprobar la elaboración del II Plan de derechos humanos o la redacción de la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado para mejorar el protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos.

Quiero centrar el debate en los dos puntos que sustentan el argumento fundamental del señor Legarda. Señor Legarda, en primer lugar, el elemento central de su propuesta es la revisión de una serie de resoluciones judiciales, en el mejor de los casos y en otros casos, debemos suponer que de testimonios o relatos sobre los delitos que se plantean en el contexto de un Estado de derecho. Quiero insistir en esto, en el contexto de un Estado de derecho. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo en el que el marco legislativo, su interpretación y su aplicación dependen de los poderes del Estado. Por tanto, es al Poder


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Judicial a quien corresponde analizar las conductas que pueden ser consideradas como tortura e incluso determinar quién es víctima, según establece la legislación actual. Una revisión de este principio implicaría poner en tela de juicio las resoluciones judiciales y, en último término, la credibilidad del propio sistema porque ustedes en su moción dejan en el aire cuestiones fundamentales como quién elaboraría el informe que se propone, como qué garantías tendría ese informe, como si ese informe tendría más legitimidad que el conjunto de resoluciones judiciales relacionadas con los delitos que se enuncian o qué implicaciones legales tendría el resultado de dicho informe.

Por las dudas que todo esto provoca, hemos planteado una enmienda a este primer punto porque en los términos en los que está redactado no podríamos estar de acuerdo. Pero el segundo argumento que usted maneja a lo largo de las tres intervenciones que ha tenido tiene que ver con el peligro que a juicio de mi grupo, y que ya expresó el Gobierno, supone la construcción de una categoría a partir de un número indeterminado de casos que varían según la fuente, peligro que se acrecienta si, además, dejamos abierta cualquier interpretación posible... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor SERRADA PARIENTE: ... en el caso del terrorismo de ETA a una igualación de las víctimas convirtiendo a los verdugos en víctimas.

Quiero decirle que si entre todos los demócratas acabamos con el terrorismo, entre todos los demócratas debemos escribir el relato de la historia reciente de nuestro país, relato en el que deben incluirse valores que usted ha señalado como la verdad y la justicia, pero señalando claramente quiénes fueron víctimas de una violencia estructurada y organizada y quiénes fueron sus verdugos. Es cierto que en nuestro país se cometen delitos de tortura, tratos crueles o degradantes, no podemos obviar la realidad que nos proporcionan las sentencias de los organismos nacionales o internacionales. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio. Un momento, señoría. Les ruego, señorías, silencio.

Continúe, señor Serrada.

El señor SERRADA PARIENTE: Pero el número de sentencias nos conduce a esta realidad: el escaso número de sentencias dictadas y denuncias admitidas a trámite en nuestro país por estas causas. Les voy a dar algunas cifras de manera muy rápida. Entre los años 2012 y 2017, se han dictado en nuestro país diecinueve sentencias sobre estos delitos. Respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro país es de los que menos demandas acumula; los datos del año pasado dicen que de las 641 denuncias o demandas presentadas, se rechazaron 634. En total, nuestro país acumula nueve condenas de este órgano, ninguna de ellas por comisión de torturas en el desarrollo de los hechos denunciados o en las detenciones practicadas. Ni siquiera en el seno de la comisión de derechos humanos que se puso en marcha entre los años 1979 y 1982 en este Congreso, y a la que usted se ha venido refiriendo, se advirtieron hechos que pudieran ser denunciados, tal y como manifestó hace unos días uno de los diputados que participó en estos trabajos.

Como he dicho anteriormente, tiene que ser la voluntad de todos los demócratas seguir avanzando en la lucha contra la comisión de estos delitos. Por eso desde mi grupo se ha introducido en el texto de nuestra enmienda un segundo punto en el que se desarrollen las actuaciones necesarias que permitan retirar las condecoraciones concedidas a aquellos funcionarios públicos condenados por delitos de tortura y tratos crueles o degradantes. Por una cuestión técnica, como ustedes saben, no hemos podido llegar a un acuerdo en este punto, pero sabe que es un compromiso del Gobierno y también de este grupo parlamentario poder seguir avanzando no solo en la construcción de nuestra democracia sino también en encontrar esas vías legales que nos permitan alcanzar lo dispuesto en el punto dos.

Para finalizar, y brevemente, señora presidenta, haré mención a solo una cuestión. Quiero decir que juntos empezamos el camino de la democracia y que juntos deberíamos seguir avanzando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz. (Rumores). Señorías, les ruego, por favor, silencio.


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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Legarda, ¿por qué habla de la tortura como de un fenómeno en su moción si reconoce en su intervención que hablamos de prácticas excepcionales? Hablaba usted de una ínfima parte. ¿Qué busca usted, trasladar una interesada mala imagen del Estado español? Dicen que no debe existir equidistancia entre las violencias; sin duda, pero es que ustedes, después de sesenta años de terrorismo, nunca han apoyado nada aquí eficaz para luchar contra ese fenómeno. Eso sí que es un fenómeno.

Decía el señor Legarda la semana pasada que la violencia no sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Falso. Mentira. Si ustedes se sienten así, allá ustedes, lo entiendo. ¡Pero claro que sacó lo mejor de mucha gente! Sacó lo mejor de los funcionarios que confiaron en la ley para acabar con el terror. ¿Y el testimonio de las familias de las víctimas de ETA que no reaccionaron con odio y con desproporción? Eso de que la violencia no sacó lo mejor de nadie, señor Legarda... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora PRESIDENTA: ... es tanto como decir que todos fuimos igualmente responsables, todos igualmente culpables, todos verdugos, todos víctimas. No hay mayor equidistancia ni mayor perversión, señor Legarda. Hoy actúan como abogados defensores de los terroristas etarras. Ya lo han hecho por dos veces, lo ha recordado el diputado Barreda. Si de verdad quieren denunciar torturas, apunten estas dos. Primera, la coacción mafiosa que ejerce el colectivo de apoyo a los presos obligando cada semana a sus familiares a manifestarse bajo la amenaza de que sus hijos quedarán fuera del paraguas protector del colectivo. Y segunda, la tortura que supone ver a sus jefes, a las élites, negociar sentencias benévolas que les evitan entrar en prisión, mientras a la soldadesca, a las familias, les prohíben negociar condiciones más benévolas con el Estado reconociendo el daño causado. (Rumores). Señor Legarda, hoy la mayor tortura de los presos etarras la reciben de su propia organización.

Por supuesto, señor Legarda, que no creemos que deban ser premiados con medallas condenados por torturas, pero tampoco creemos en absoluto en la sinceridad de su proposición y no compartimos su visión blanqueadora del terror nacionalista vasco. Por eso, señorías, la votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

Señorías, queda todavía media hora de Pleno y, por favor, les ruego silencio a sus señorías. Que sea la última media hora de Pleno y que algunas de sus señorías estén ahora sentadas en sus escaños, no implica que estén hablando mientras habla el orador. Así que, por favor, les ruego silencio. Mientras hablaba el señor Salvador, había más de cincuenta personas hablando a la vez, demostrando una falta de respeto al señor Salvador.

Señora Beitialarrangoitia, adelante.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias.

Tal y como afirma Theo van Boven, relator especial de la ONU contra la tortura, en un informe, la tortura en España es más que esporádica, mientras el Gobierno sigue negando su misma existencia. La mera constatación en la primera aproximación seria y oficial realizada por medio del estudio dirigido por el forense Paco Etxeberria de más de 4000 casos de torturas demuestra que podemos hablar de una práctica sistémica y sistemática, un proceder que ha sido ampliamente utilizado y que ha contado con un manto de impunidad por el que apenas unos pocos casos han llegado a los tribunales, pese a lo cual hay nueve sentencias condenatorias de Estrasburgo, en la mayoría de los casos por no investigar y una última por trato inhumano y degradante. Prueba de la impunidad de que han gozado, es que, en los pocos casos en que han sido condenados, posteriormente han sido indultados, ascendidos e incluso condecorados. Esto último tras participar en graves vulneraciones de derechos humanos, avalando así su actuación.

Somos de la opinión de que la convivencia pide, entre otras muchas medidas, el reconocimiento de esta realidad y sus víctimas. Las personas torturadas necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta moción puede ofrecer verdad, pues va a reconocer la práctica de la tortura después de décadas oculta. Sin embargo, la previsión de no establecer relación de culpabilidad con el victimario es una insoportable renuncia a ofrecer justicia a estas víctimas. ¿Alguien se imagina semejante trato para las víctimas de ETA renunciando a establecer la relación de culpabilidad víctima-victimario? Nuevamente, pues, una categorización entre víctimas, porque en este caso habrá torturados, pero no habrá torturadores,


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a los que se dota de impunidad, se les encubre y se les da un nuevo salvoconducto. Porque, como dice Estrasburgo, sus gravísimas violaciones de derechos humanos no fueron y no serán investigadas. Sin justicia las víctimas no pueden acceder a la reparación e igualmente no hay garantías de no repetición si no se acepta que esta práctica no comenzó con la lucha contra ETA ni que se ha limitado a ella; tampoco empezó en 1978 y ha finalizado en 2017, y existe un riesgo real mientras no desaparezca del ordenamiento jurídico la incomunicación. De hecho, a nada que se repase la larga lista de agentes condecorados en los últimos años implicados en casos de tortura, nos encontramos con personas que actuaron en el franquismo y con posterioridad, así como con agentes condenados, indultados y condecorados en varias ocasiones. Son al menos un centenar los agentes implicados en torturas condecorados, a los que exigimos que se les quite este reconocimiento. Muchos de ellos están implicados en la muerte de detenidos, como el caso de Joxe Arregi, que es uno, pero se podrían poner muchos más. (Muestra una fotografía).

Por todo lo expuesto, termino haciéndoles una solicitud al PNV y a los que han firmado la transaccional: si tienen a bien aceptar la votación por puntos, nosotros apoyaremos el segundo punto y nos abstendremos en el primero. En caso de no aceptarlo, nos veríamos obligados a ir a la abstención en su conjunto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías, en este Estado tenemos la desgracia de convivir con varios grupos de víctimas de la violencia: víctimas de la violencia individual, violencia de género, víctimas de la violencia organizada, y esto incluye tanto el crimen organizado como el terrorismo, pero hay una tercera categoría que parece que tiene el don de la invisibilidad para algunos grupos: víctimas de la violencia institucional, y esto, señorías, también existe. Nosotros nos sentimos orgullosos de que este Estado tenga conciencia y haga actuaciones, y cada vez más acertadas, en relación con la violencia individual y con la violencia organizada, y profundamente avergonzados de que nunca haya movido un dedo contra la violencia institucional. No podemos esperar otra cosa, un Estado que tiene exiliados, que tiene presos políticos, contra la justicia de la mayor parte de las democracias de Europa, no se podía esperar que actuara de otra forma en lo que respecta al tema de las torturas institucionales.

Los hechos son los hechos, están los informes de los relatores de la ONU, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, que han sido sistemáticamente desoídos por el Estado. Creemos bastante evidente que una democracia profunda, seria, se distinguiría de una democracia de bajo nivel por que solo vería esta la violencia de los demás y nunca vería la suya, eso es lo que distingue a una democracia seria de una democracia de baja intensidad. No hace falta decir en qué categoría entra el Estado español al no reconocer de ninguna manera la violencia institucional. Estamos delante de una solicitud minimalista, de la elaboración de un informe, por el amor de Dios, qué menos, ¿o es que ya ni esto está dispuesto a esperar, a decir, a aceptar el Estado español o el Gobierno español?

Lógicamente, nuestro grupo apoyará la propuesta del Partido Nacionalista Vasco.

Gràcies presidenta, gràcies senyories.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, leo: Me detienen en mi casa a las cuatro de la mañana del 6 de septiembre de 2001, me meten en un calabozo con pasamontañas... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor RUFIÁN ROMERO: ... y me ponen contra la pared. Le digo al guardia civil que no puedo respirar y me dice que no tengo derecho a respirar. Me llevan a Madrid y me dan tres consejos: obedecer, tener los ojos cerrados y no mirarles a la cara. Empieza el interrogatorio. Me preguntan y pegan con palos forrados de cinta aislante, que si conozco a fulano, que si conozco a mengano. Cada no es un palazo en la cabeza. Me ponen tres pasamontañas para amortiguar los golpes, paran y me hacen la bolsa. Me colocan una bolsa en la cabeza y la cierran aguantándola hasta que creo que me voy a morir. Ocho veces. Es como morir ocho veces. Paran y me hacen el ascensor; me hacen ponerme de pie y de cuclillas durante horas. Me hacen firmar un papel del juzgado, pero estoy tan sudado que acaba empapado. Una


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mujer entra y se identifica como médico forense, me pregunta que qué tal y le digo que muy mal. Se va. Tras esto, los golpes son más duros, pero las preguntas, las mismas; de pie, en cuclillas, de pie. Con los palazos me caigo al suelo, pero siempre me cogen antes de que me caiga del todo. Me dicen que soy el único hijoputa que no ha hablado y que, como siga así, acabaré como el Lasa ese. Me piden que les diga cualquier cosa, pero yo no sé nada. Me hacen la bolsa otra vez. Me piden que les diga dónde está mi madre, que la van a detener, que le están haciendo el ascensor en un pantano de Vitoria. Al rato, me dicen que se ha muerto. Me dejan una hora solo. Se me hincha la cabeza y no veo nada. Viene uno de ellos y me la palpa. Me lleva al médico. La médica me tranquiliza y me dice que el juez está al tanto, que tengo que volver a la comisaría y que ya no me harán nada. En la comisaría los guardias civiles me ven la cabeza, me ven la cara, se ríen, me llaman cerdo y me llaman monstruo. El 11 de septiembre declaro frente al juez, con una chaqueta en la cabeza. Cuando le hablo de las torturas, me interrumpe y me dice que eso en este país no se hace y que si tengo alguna denuncia vaya a una comisaría. Salgo de la enfermería de Soto del Real el 18 de septiembre.

Esta es la cara y este es el testimonio de Unai Romano, año 2001, el antes y el después. (Muestra una fotografía). Es innegable, señorías. No se puede negar. Año 2001. En cinco minutos sintetiza cuarenta años de torturas, y las torturas necesitan de impunidad. Ser antipatriota no es pedir explicaciones por esto, ser antipatriota es no querer atajarlo. Señores del PSOE, el otro día les ofrecí un frente, un pacto antifascista. Esto es puro antifascismo. Hagámoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.

Señor Legarda, señores del Grupo Vasco, ¡vaya tarde que llevan ustedes! Señor Legarda, primero intenta usted convencernos de que las sentencias terroristas, sobre la base de una decisión marco del Consejo Europeo, no son aplicables, y en este momento nos trae una moción en la que vuelve usted a intentar blanquear a estos terroristas, intentando contar y transformar el relato de las realidades, de lo que sucedió en nuestro país con el terrorismo etarra, intentando asimilarlo a un conflicto político durante tantísimos años.

Señorías del Grupo Vasco, me gustaría preguntarles si esto es lo que quieren las vascas y los vascos que traigan ustedes a esta Cámara, si estas son las cosas que quieren debatir aquí y creen tan importantes. Pues yo le digo una cosa, señor Aitor, y es que nosotros somos cada vez más conscientes de que hay que poner un límite del 3 % para que ustedes estén representados en esta Cámara, porque solo quieren hablar de estas cosas. (Aplausos). Ustedes no traen aquí nada para el interés de nadie más que exclusivamente el de ustedes y el de los que quieren blanquear en este momento.

El lavado de cara que ustedes quieren hacer se puede hacer por activa, como lo ha hecho la señora de Bildu, o se puede hacer por pasiva, que es lo que están intentando hacer ustedes hoy dos veces. Les voy a contar una realidad de alguien que no puede contar cosas. Ayer lunes hizo dieciséis años de la muerte del guardia civil Antonio Molina en Madrid, aquí al lado, en Villalba, cuando paró una furgoneta que traía 200 kilos de explosivos que iban a detonar precisamente en las navidades de aquel año. El señor Antonio Molina no puede decirles nada, señor Rufián, él no puede hablar de lo que le pasó, porque murió ahí, asesinado. (Aplausos). ¿Sabe por quiénes? Por aquellos que sí son etarras. Le voy a decir yo por quién, por el señor Aramburu Sudupe y por el señor Jesús María Etxeberria Garaikoetxea. Ellos son los que hicieron que el señor Antonio Molina no pueda decir hoy nada, pero el señor Antonio Molina y su compañero, que fue herido, son los héroes que salvaron a decenas de madrileños en aquellas navidades. Ellos son los que no pueden decir nada.

Todos los demócratas estamos contra la tortura, cómo no vamos a estar contra la tortura, por supuesto que sí, pero deben ser los jueces y los tribunales, con toda la garantía de derechos, los que certifiquen y sancionen si efectivamente ha habido torturas, y no iniciativas como la que usted trae aquí, que intentan introducir un relato falaz para equiparar a las víctimas y a los verdugos. No puede ser. Ustedes quieren rebajar el terrorismo de ETA a un conflicto político, olvidando que no hay conflicto alguno sino una barbarie terrorista.

Mire usted, poco podemos esperar de un partido que ha promovido una ley vasca de abusos policiales que vulnera directamente nuestra Constitución, porque vulnera el derecho al honor, vulnera la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva e incluso la distribución de competencias entre el Estado y la


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Comunidad Autónoma vasca. No puede ser una comisión la que valore si hay torturas o no. Por supuesto que todos los demócratas -lo repito una vez más- estamos contra la tortura, pero son los tribunales los que deben sancionar si hubo o no tortura y no comisiones al amparo y al albur de una ley como la que ustedes han presentado y aprobado en el Parlamento vasco. Esas vulnerabilidades -y quiero dirigirme a los diputados del Grupo Parlamentario Socialista- están avaladas por el señor Sánchez, señores del Grupo Parlamentario Socialista, avaladas desde el momento en que ustedes retiraron el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley de abusos policiales que presentó y que aprobó el Gobierno vasco. A mí me gustaría saber si los diputados del Partido Socialista están con los demócratas que nos manifestamos en Alsasua precisamente para defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para defender el Estado de derecho, o están ustedes con el binomio del PNV y los señores de Bildu. (Aplausos). ¿Dónde están ustedes? Porque el señor Sánchez ya sabemos dónde está, el señor Sánchez está con el binomio del PNV y de Bildu, pero parece mentira que ustedes quieran seguir también ahí. Miren ustedes, desestimando el recurso, desestimando ese recurso de anticonstitucionalidad están traicionando ustedes no solo a todas las víctimas del terrorismo, no solo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no solamente a los jueces y a los fiscales, están traicionando ustedes a todos los españoles. Yo les ruego que recapaciten sobre lo que están haciendo y vuelvan a presentar ese recurso de inconstitucionalidad contra esa ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hernández Bento.

La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, me gustaría comenzar mi intervención mostrando la postura de mi grupo de rechazo y de condena a cualquier tipo de vulneración de los derechos humanos; entiendo que es una postura compartida por todos en la Cámara.

El Grupo Vasco nos presenta hoy una moción en la que hace un esfuerzo explícito, explícito, señor Legarda, para convencernos de que, según sus palabras, bajo ningún concepto pretende justificar la violencia terrorista bajo la asunción de abusos policiales. Lo ha dicho usted ahora y en la interpelación, pero, señoría, si esto es así, si esto es de verdad lo que usted quiere, me pregunto qué sentido tiene esta iniciativa. ¿Qué busca?, porque vivimos en un Estado de derecho. Todas las instituciones del Estado están sometidas al imperio de la ley, que destierra la arbitrariedad y proscribe el abuso. La democracia española es perfectamente capaz de depurar estas conductas y reparar a sus víctimas. Tampoco podemos olvidar que el respeto a la justicia es una exigencia básica del Estado de derecho; estará de acuerdo conmigo en eso. Ante los hechos denunciados, el ordenamiento jurídico español tiene mecanismos concretos para poner en marcha la acción de la justicia, incluso las denuncias que formulan los detenidos en régimen de incomunicación tienen garantías extrajudiciales a través del Defensor del Pueblo, y España es signataria del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. Ir más allá es lo que ustedes proponen, elaborar informes que reconozcan a las víctimas de vulneración de derechos humanos sin que sea preciso establecer -como ustedes dicen- relación ninguna de culpabilidad. ¿Y dónde dejamos la presunción de inocencia? Lo que ustedes nos proponen es singularizar un tipo de violencia, y vuelvo a preguntar: ¿Para qué? ¿Para deducir qué? ¿Que estamos ante un conflicto? ¿Que nadie es del todo inocente?

Miren, no nos van a encontrar ahí. De ninguna manera vamos a consentir esa falsa equiparación. Primero, por algo sencillo, porque no hablamos de una situación generalizada, sino de casos puntuales, pero, sobre todo, porque usted también sabe que la denuncia sistemática de malos tratos o torturas formó parte de la estrategia de la banda que imponía la propia organización a sus militantes. Lo dicen los informes de la Guardia Civil, pero también la jurisprudencia. Yo también voy a leer algunos textos, señor Rufián; por ejemplo, algunos documentos intervenidos al comando Araba, pero hay más. Abro comillas: La denuncia de torturas dentro de la estrategia política de ETA es una campaña que ha sido y debe ser siempre una norma de todo militante que lucha por Euskal Herria. Abro comillas: Crear tensión y contradicciones entre los partidos democráticos, conseguir que estos se pronuncien, desgastar al enemigo militar mediante todo el machaque judicial que se pueda; si se consigue alguna condena en ellos, cunde la desesperación. Cierro comillas. Es textual.

Señorías, la única tarea que deberíamos tener todos y no otra, la que toca tras el cese de la actividad terrorista de ETA, es deslegitimarlos y quitarles sus coartadas políticas históricas, ninguna otra cosa.


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Ustedes nos dicen que no lo quieren hacer, pero establecen parámetros de comparación hasta con la Ley de protección integral de víctimas del terrorismo. Hablan de verdad y de justicia y yo también lo quiero hacer. Yo quiero hablar de memoria, dignidad, justicia y verdad. (Aplausos). Y lo quiero hacer porque esos son los pilares de nuestro compromiso de reparación integral a las víctimas del terrorismo. Memoria, memoria, porque la memoria es la garantía de que nosotros no vamos a olvidar nunca ni a los que perdieron la vida ni a los que sufrieron heridas físicas o psicológicas ni a los que se vieron privados de libertad como consecuencia del fanatismo terrorista ni tampoco a sus familias -Mar, Jaime-, tampoco a sus seres queridos (aplausos), porque simbolizan la libertad y el Estado de derecho. Son nuestros auténticos referentes en nuestro sistema democrático. Y sí que es necesaria la verdad, claro que sí, porque debemos evitar equidistancias morales o políticas, ambigüedades o falsas neutralidades.

Señorías, también queremos hablar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque no me parece justo extender un manto de sospecha sobre ellas. Lo que sí es justo es hacerles un reconocimiento por defendernos a nosotros defendiendo nuestra democracia y por su eficacia en la lucha contra el terrorismo. No olvidemos que el Estado de derecho fue el que venció a ETA. Y sí que hace falta memoria, memoria para recordar que entre sus filas se encuentra el mayor número de víctimas mortales y de heridos, más de cuatrocientos; memoria para recordar el coraje y la dignidad de sus familias, que durante todos esos durísimos años, ¡durísimos!, de lucha contra el terror y la barbarie fueron ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia. (Aplausos). Gracias a su sacrificio y al de sus familias España recobró la libertad que el terrorismo quiso aniquilar, y por todas esas razones nosotros no vamos a apoyar esta moción. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Legarda Uriarte si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. (Rumores). Silencio.

El señor LEGARDA URIARTE: Sí, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de expediente 122/000304).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones.

Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 4 votos telemáticos, 342; a favor, 89 más 2 votos telemáticos, 91; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 90 más 1 voto telemático, 91.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/2014, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000290).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), orgánica de reforma de la Ley orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 4 votos telemáticos, 342; a favor, 91 más 2 votos telemáticos, 93; en contra, 163 más 1 voto telemático, 164; abstenciones, 84 más 1 voto telemático, 85.

La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS COMPLEMENTARIAS A LA PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 162/000861).

La señora PRESIDENTA: Procedemos, señorías, ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas presupuestarias complementarias a la prórroga de los presupuestos del Partido Popular. Se va a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Mixto, señor Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 162; en contra, 175; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, CIUDADANOS, DE ESQUERRA REPUBLICANA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, RELATIVA A UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA. (Número de expediente 162/000872).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (PNV) y Mixto, relativa a un pacto de Estado por la infancia, y la vamos a votar, señorías, en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 334; en contra, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A REALIZAR EL REQUERIMIENTO PREVIO AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 162/000805).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Catalunya que contempla el artículo 155 de la Constitución, y la vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 163; en contra, 174; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL FENÓMENO DE LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000129).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos en


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el Estado español. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vasco (EAJ-PNV).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 89; en contra, 246; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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