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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 23, de 20/12/2016
cve: DSCD-12-PL-23
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 23
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 22
celebrada el martes,
20 de diciembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día ... (Página6)

- Propuesta de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 70, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 158/000026) ... (Página6)

- Propuesta de la Comisión de Educación y Deporte, de creación de una Subcomisión, en el seno de la misma, para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 70, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 158/000027) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 35-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000024) ... (Página7)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 55-1, de 11 de noviembre de 2016. (Número de expediente 122/000042) ... (Página7)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 25-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000015) ... (Página21)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 36, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000189) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 58, de 25 de noviembre de 2016. (Número de expediente 162/000237) ... (Página40)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza. (Número de expediente 173/000007) ... (Página49)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias. (Número de expediente 173/000008) ... (Página57)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno. (Número de expediente 173/000009) ... (Página64)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Inclusión en el orden del día ... (Página6)

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la cámara la inclusión en el orden del día de un nuevo apartado relativo a propuestas de creación de subcomisiones para tramitar la propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, y la propuesta de la Comisión de Educación y Deporte, de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, lo que se aprueba por asentimiento.


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Mixto, de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (Orgánica) ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página7)

Defiende la toma en consideración de su proposición de ley la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto. Interviene para fijación de posición la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del mismo grupo. Defiende la toma en consideración de su proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como los señores Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ... (Página21)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Candón Adán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley la señora Blanco Garrido.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Salvador Armendáriz y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del mismo grupo, y la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Viejo Viñas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Blanco Garrido.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico ... (Página40)

Defiende la proposición no de ley la señora Bosaho Gori, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Oramas González-Moro y Sorlí Fresquet, del mismo grupo; el señor Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Guinart Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Bosaho Gori.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza ... (Página49)

Defiende la moción la señora Martín González (doña María Guadalupe), del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Terrón Berbel, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martín González (doña María Guadalupe).

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias ... (Página57)

Defiende la moción la señora Rodríguez Hernández (doña Melisa), del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Hernández (doña Melisa).

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno ... (Página64)

Defiende la moción el señor Bustamante Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bataller i Ruiz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones la señora Oramas González-Moro, del mismo grupo, y la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Maura Barandiarán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bustamante Martín.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (Orgánica), se rechaza por 94 votos a favor, 162 en contra más 1 voto telemático, 163, y 81 abstenciones más 1 voto telemático, 82.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aprueba por 175 votos a favor más 1 voto telemático, 176, y 164 en contra más 1 voto telemático, 165.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, se aprueba por 175 votos a favor más 1 voto telemático, 176; 132 en contra más 1 voto telemático, 133, y 32 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular


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en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo, se aprueba por 330 votos a favor y 9 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico, se aprueba por 176 votos a favor, 131 en contra y 32 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza, en los términos de se aprueba por 201 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias, se aprueba por 200 votos a favor, 1 en contra y 138 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno, se rechaza por 88 votos a favor, 132 en contra y 118 abstenciones.

Se suspende la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA MISMA, PARA UN PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 158/000026).

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA MISMA, PARA LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 158/000027).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de un nuevo apartado relativo a propuestas de creación de subcomisiones para tramitar la propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para un pacto de Estado en materia de violencia de género y la propuesta de la Comisión de Educación y Deporte de creación de una subcomisión, en el seno de la misma, para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la inclusión en el orden del día del apartado de referencia.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 15/2015, DE 16 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000024).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000042).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho (orgánica), que se debatirá acumuladamente con la proposición de ley orgánica, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Para la presentación de sus respectivas iniciativas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy hablaremos de democracia. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión de los cargos electos en el ejercicio de su función, hablaremos de separación de poderes y, en definitiva, del Estado de derecho.

Para empezar, quiero destacar que la primera proposición de ley que presenta el Partit Demòcrata en el seno de esta Cámara, la primera proposición de ley de esta legislatura, va precisamente sobre esto, sobre calidad democrática y derogar la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, aprobada a la carrera por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en solitario durante la X Legislatura. Es un orgullo y un honor para mí evidenciar el compromiso de nuestra fuerza política con la calidad democrática, porque esto va de democracia. No les oculto que estamos muy satisfechos de que prospere una iniciativa que alivia la presión que supone esta ley para el órgano constitucional, ya muy denostado en lo que se refiere a su politización y a su falta de imparcialidad, una iniciativa que permite empezar a trabajar para que algún día este tribunal recupere la que es su esencia: ser órgano arbitral en la interpretación de las normas jurídicas y de su inconstitucionalidad o no. Nosotros somos impulsores, promotores y avalistas de esta derogación.

Como les decía, con la aprobación de la Ley 15/2015, de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, el Grupo Popular en el Congreso asestó un mazazo al tribunal y le ha desprestigiado, debido a su politización, otorgándole un exceso de poder que le permite imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de autoridades y funcionarios y, además, encomendar al Gobierno la ejecución de sus sentencias. Ahí es nada. Las críticas a esta reforma de ley orgánica han sido prácticamente unánimes, tanto por razones de forma como por razones de fondo, desde los grupos de la oposición en aquel momento en esta Cámara a profesionales del mundo del derecho, pasando incluso por el profesor Rubio Llorente, que aseveró que tal reforma era de una carga política tal sobre el Tribunal Constitucional que terminaría por aplastarlo. Ustedes han convertido al Tribunal Constitucional en un tribunal juzgador y penalizador; no les extrañe, entonces, que la Constitución española sea percibida, de facto, como un código penal.

Fíjense, señorías, si en el año 1978, en la campaña por el sí al referéndum que se celebró explicando que se defendía un texto constitucional garante de libertades, garante de derechos fundamentales, un marco de libertad, en definitiva, constructor y arquitecto de democracia, se hubiese explicado que unos años después este tribunal serviría para que un cargo electo pudiese ir a prisión por poner las urnas o que quien permita un debate en sede parlamentaria pudiese ir a prisión, seguro que al menos en Cataluña la Constitución no hubiese tenido respaldo alguno porque más que un espacio de libertades la Constitución se hubiese percibido como la octava ley fundamental del franquismo.

Ustedes -y lo saben, pero les da igual- aprobaron en solitario una reforma de la ley del Tribunal Constitucional que atenta contra el equilibrio de poderes y de legitimaciones propia de un Estado


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compuesto como es el Estado español. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular operó esta reforma? Sin duda alguna, se articuló a la vista de que el proceso democrático en Cataluña es sólido institucionalmente, avalado por la mayoría del Parlament y que tiene un gran apoyo social. Realizaron una reforma ad hoc dedicada al proceso catalán, como bien argumentó el portavoz del grupo de la mayoría, señor Hernando, al decir textualmente: Si bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones -léase la situación en Cataluña- obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real. Así el Gobierno del Estado, instalado en su incapacidad para dar respuesta democrática a una cuestión política, ve como única posible salida poner a su servicio todos los instrumentos jurídicos a su alcance para detener el proceso democrático que se vive en Cataluña. Para ello no duda en otorgar un exceso de poder, como les decía, al Constitucional, habilitándole para suspender de sus funciones y de forma exprés a los cargos electos, incluido el presidente de la Generalitat, y a la presidenta del Parlament, sin el preceptivo control judicial, contradictorio e irrespetuoso con los derechos de defensa.

Con la reforma el Gobierno del Estado busca una vía de autolegitimación para detener la ejecución de la llamada hoja de ruta del proceso soberanista y, por supuesto, conseguirlo a coste cero, cero coste político y cero desgaste internacional. Objetivo: Desarrollar un relato ficción por el cual presenta el enfrentamiento España-Cataluña no como un choque entre legitimidades democráticas distintas, sino como un acto de desafío por parte de Cataluña a la legalidad y al Estado de derecho. Para ello convierte al TC en su brazo ejecutor, en su agente, aprobando sin que nadie se lo solicite por la vía de urgencia, sin pasar por ponencia alguna ni por Comisión, por tanto, sin debate parlamentario, y únicamente con sus votos, la reforma de una de las leyes que debería ser columna vertebral del sistema democrático. No duda para ello saltarse la separación de poderes y dotar al Constitucional de facultades ejecutivas y sancionadoras, crear una vía rápida de intervención y actuación judicial ad hoc para Cataluña, orillando la política, porque todo vale si es para parar el proceso democrático de Cataluña. Se trata de un auténtico desastre para la arquitectura constitucional del Estado, puesto que el texto aprobado altera, y de modo gravísimo, el juego de equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado.

Ustedes se hicieron a medida el Poder Judicial para bloquear al Poder Legislativo de Cataluña. Ustedes, señorías del Grupo Popular, saben perfectamente que el Gobierno ya dispone de vías de actuación para asegurar en su caso el cumplimiento de resoluciones y, de hecho, las ha usado, no han dudado en activar la Fiscalía General del Estado contra el president Mas, contra la presidenta del Parlament, señora Forcadell, o contra el propio diputado señor Homs, aquí presente, por supuestos delitos de desobediencia por poner urnas o por permitir el debate parlamentario. ¿Qué sucede, pues? Que el Gobierno las considera demasiado lentas y, además, imprevisibles. Serían demasiado bochornosas ante la ciudadanía e incluso ante la comunidad internacional para ser activadas para encausar a un cargo electo por actuaciones avaladas en toda democracia que se precie de serlo. Por ello decide orquestar una modificación legislativa a medida para, como he dicho, presentar a Cataluña como una desafiadora de la ley vigente. Conclusión: el tribunal deja de hacer su función encomendada constitucionalmente de árbitro interpretador de las normas para pasar a desempeñar su función política por la vía de la respuesta judicial. Por este motivo le otorgan un exceso de poder que lo convierte en órgano ejecutor de sus propias sentencias.

Señorías del Grupo Popular, a la vista de lo expuesto y oídas sus constantes apelaciones al diálogo, sinceramente creemos que quienes tendrían que haber propuesto esta derogación son ustedes. En cambio, no solo se van a oponer a la tramitación de esta derogación, sino que esta misma mañana la Abogacía del Estado, la brigada Aranzadi de doña Soraya Sáenz de Santamaría, la que un día prometió diálogo y soluciones imaginativas para la discusión catalana, ha notificado a la presidenta y a los miembros de la Mesa del Parlament que autorizaron el debate en el Pleno la incoación en su contra de diligencias penales precisamente por ejercer la libertad de expresión en el ejercicio de sus cargos políticos para los que fueron democráticamente escogidos.

¿Desde cuándo en el Parlament de Catalunya se puede hablar, por ejemplo, de la independencia del pueblo saharaui, pero no de la independencia de Cataluña? ¿Por qué motivo no puede debatirse en el Pleno de un Parlamento lo que sí puede debatirse en la calle? ¿En qué clase de Estado están convirtiendo ustedes el Estado español? ¿De verdad les extraña que nos avergüence que incluso hayan torcido la jurisprudencia constitucional y hayan convertido el Parlamento en un lugar donde se puede hablar de todo, excepto si va en serio? ¿De verdad se extrañan de que queramos hacer nuestro propio camino?


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Aprovecho -y concluyo, señora presidenta- para decirles desde la tribuna del Congreso de los Diputados, con la máxima solemnidad de la que soy capaz y con el máximo respeto a la Cámara, a ustedes y a la comunidad internacional, que mi partido, el Partit Demòcrata, está plenamente comprometido con la hoja de ruta que traza el Govern para seguir el mandato que el pueblo de Cataluña le dio el 27 de septiembre de 2015. Estamos plenamente comprometidos en construir un Estado independiente para Cataluña, en el seno de la Unión Europea, únicamente por vías democráticas y aunque sea a su pesar. Referéndum o referéndum.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Buenas tardes.

No contento el Partido Popular con tener garantizado con el sistema de elección y composición del Tribunal Constitucional que este falle siempre a favor del Gobierno español de turno, mediante la reforma que se realizó en 2015 pretendió tener más instrumentos para seguir respondiendo judicialmente a un conflicto que es de carácter político, como es el catalán. En su afán por ir adecuando las leyes a sus objetivos políticos, y a todas luces antidemocráticos, por mucho que se nos presente como el más fiel de los defensores de la ley, el hecho es que la actitud que tiene, una actitud negacionista y de imposición, le ha llevado a una escalada en la que parece ser que todo vale para lograr sus objetivos. Es tal la obsesión antidemocrática del PP que llegó con esta reforma a darle al Tribunal Constitucional una serie de funciones que la propia Constitución -esa que defiende ante todo y sobre todo- ni siquiera contempla. Ello se debe a que el objetivo no es cumplir la ley, no se engañen; no es la defensa de la democracia, aunque nos lo digan así, es garantizar que las cosas no se mueven, que se quedan como están, aunque estas, las cosas que se quieren cambiar, respondan al mandato democrático de la ciudadanía, depositaria del derecho a decidir su futuro, lo reconozca el ordenamiento jurídico español o no lo haga.

Como firmes defensores de que el sentir mayoritario de la población expresado democráticamente debe prevalecer sobre todo y, en caso de que la decisión popular colisione con el ordenamiento jurídico, este debe ser modificado y adecuado en atención a la sociedad a la que sirve, apoyaremos las iniciativas de derogación que se nos presentan, porque entendemos que la legalidad no se puede utilizar como cárcel para los pueblos que quieren ser dueños de su futuro y porque estamos asistiendo ya a demasiados episodios esperpénticos, como la detención por ejercer el derecho de libre expresión de los miembros de la CUP, el procesamiento por cumplir un mandato democrático en el caso de la presidenta del Parlamento catalán o el procesamiento, entre otros, del aquí presente, diputado señor Homs, por poner urnas para que la ciudadanía se exprese. He mencionado tres ejemplos, pero podría mencionar más.

Todas estas cosas que he mencionado son expresiones democráticas que contarán con el apoyo incondicional de Euskal Herria Bildu y a ello obedece nuestro voto favorable hoy a la derogación de la reforma que se realizó, una reforma que -no quiero terminar sin decirlo-, además de la persecución del independentismo, también busca condicionar voluntades políticas previamente a cualquier reforma estatutaria para así poder impedirla. Eso no es aceptable si se quiere llamar al Estado español un Estado democrático más allá solo de las palabras. Por ello reitero nuestro apoyo tanto a la iniciativa que ha presentado el PDeCAT como la que presenta el Partido Nacionalista Vasco.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Con la proposición de ley que presentamos se propone salir al paso de las graves consecuencias que en nuestro sistema político y orden constitucional pueden derivarse de la aplicación de la Ley Orgánica 15/2015 y antes de que se produzcan. Como ustedes conocen, la ley orgánica atribuye al Tribunal Constitucional básicamente dos potestades coactivas dirigidas a garantizar la efectividad de sus resoluciones ante un eventual incumplimiento, consistentes en la suspensión de autoridades de todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas, y en la ejecución sustitutoria por parte del propio tribunal e incluso requiriendo al Gobierno del Estado para que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.


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Como ustedes también conocen, el Tribunal Constitucional ha resuelto el 13 de noviembre pasado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco declarando su constitucionalidad, encontrándose pendiente de fallo idéntico recurso planteado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, así como el dictamen de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, que giró visita en la primavera pasada a España y a esta Cámara ante las denuncias que se le presentaron contra la reforma del Tribunal Constitucional acometida por la Ley Orgánica 15/2015. Sin embargo, que haya habido sentencia estimatoria sobre la ley no es óbice para que este debate sobre la derogación de esta reforma se produzca por las graves consecuencias que su aplicación acarreará a nuestro sistema constitucional y que los votos particulares nos dan cuenta, recogiendo en buena medida lo ya manifestado por el Gobierno vasco en su recurso, consecuencias en las que la sentencia de la parte mayoritaria del tribunal no ha querido entrar bajo el argumento de que su constitucionalidad se verá cuando se aplique la ley, arguyendo el carácter abstracto del control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, la constitucionalidad de los actos de aplicación de las medidas coactivas contra los poderes públicos por parte del tribunal sigue sin juzgarse, está sub iudice. El tribunal no ha querido entrar en materia de esta reforma y son las medidas a adoptar en el llamado proceso catalán. Se quiere presentar la reforma de la ley como algo neutro, sin tener en cuenta a las personas a las que van dirigidas y sus medidas coactivas, y para ello el tribunal se esconde tras un juicio abstracto de la ley diciendo algo así como que lo veremos cuando llegue el momento, tal y como dice uno de los votos particulares. Se quiere ocultar el contexto que justifica la ley, el caso catalán, postergando al futuro los problemas que su aplicación conlleve. Además, estas medidas coactivas de aseguramiento se nos presentan como consecuencia lógica, cualidad inherente a todo órgano jurisdiccional para hacer ejecutar su resolución, sin reparar si esas concretas medidas se adecúan a los principios constitucionales y derechos fundamentales de los individuos y sin reparar tampoco en su incidencia en el delicado equilibrio entre los poderes constituidos.

La reforma se inserta, en palabras de uno de los votos particulares, en el entramado de normas que contienen los principios y valores de la organización jurídico-política del Estado, como son las garantías constitucionales de las medidas de carácter punitivo, produciendo además una grave alteración del sistema de equilibrio de poderes y afectando al modelo de Estado de las autonomías configurado sobre la autonomía política y separación de poderes.

En definitiva, esta ley y sus medidas aplicativas dan un paso más en el camino de judicializar procesos que son eminentemente políticos, pero con unas consecuencias de una gravedad desconocida hasta el momento, por lo que es obligado a nuestro juicio su derogación. Quiero recordar ahora que la ley fue impuesta por la mayoría con la que contaba el Partido Popular en la X Legislatura sin contar con el resto de fuerzas políticas relevantes en la Cámara. Fue una proposición de ley en los estertores de la X Legislatura cuya toma en consideración y debate se produjo en el mismo día al tramitarse por el procedimiento de urgencia y sin un debate más adecuado por la especial relevancia y trascendencia constitucional del texto.

Entrando está en el contenido de la Ley 15/2015, la primera potestad coactiva del tribunal para garantizar la efectividad de sus resoluciones consiste, como ya he dicho, en la suspensión de autoridades y funcionarios públicos de todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas, tal y como manifiesta el fundamento jurídico diez de la sentencia. Esta nueva facultad de suspensión, incluso de autoridades de esta Cámara, altera el equilibrio y el juego constitucional de contrapesos con el resto de poderes del Estado. El Poder Constituyente -es obvio- no quiso entregar al Tribunal Constitucional competencias para enjuiciar y suspender a los titulares de los órganos constitucionales y de los órganos superiores de las comunidades autónomas por infracción legal o constitucional. Esta es una facultad que constitucionalmente corresponde a la justicia ordinaria a través de un proceso penal con todas las garantías y, en el caso de las Cámaras parlamentarias, previa autorización de estas para el enjuiciamiento de alguno de sus miembros.

¿Acaso somos conscientes de las implicaciones constitucionales que tendría la suspensión sin mediar un proceso penal de autoridades cuya legitimación provenga directa o indirectamente de las urnas? Se estaría afectando a la inviolabilidad parlamentaria contemplada en los artículos 66.3 y 71 de la Constitución y preceptos concordantes de los estatutos de autonomía para sus Cámaras legislativas. Se estaría afectando también en el caso de autoridades del Poder Ejecutivo al derecho fundamental al ejercicio de un cargo público, artículo 23 de la Constitución; y en ambos casos, autoridades parlamentarias y Poder Ejecutivo, la medida de suspensión en sus cargos tiene un claro contenido punitivo que debe respetar las garantías formales y materiales que como derechos fundamentales contempla la Constitución y la Carta Europea de Derechos Humanos para el ejercicio de la potestad sancionadora y que esta ley no respeta:


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garantías de legalidad, proporcionalidad, motivación, instrumentalidad, vigencia, jurisdiccionalidad, provisionalidad, carácter rogado y -muy importante- doble instancia, entre otras. Son garantías exigidas por el principio de legalidad penal del artículo 25 de la Constitución y del artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos. Finalmente, si alguna autoridad es suspendida porque la Ley Orgánica 15/2015 no se ha derogado antes, a buen seguro llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por incumplimiento del principio de legalidad penal del artículo 6 de su carta. Y si dicha vulneración a la Carta Europea de Derechos Humanos se confirmara -como creemos sin duda que sucederá-, la actual regulación de esta ley, que permite suspender de funciones a autoridades, debiera desaparecer o transformar al Tribunal Constitucional en una corte penal para estos supuestos, articulando una regulación material y procesal respetuosa con el principio de legalidad penal y con la doble instancia; una auténtica hecatombe jurídica y política que estamos a tiempo de evitar.

No hay duda de que la suspensión de funciones a autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo es un mecanismo punitivo para doblegar la voluntad incumplidora mediante la suspensión de funciones y no se puede alegar que la suspensión de funciones sea una medida cautelar personal para el aseguramiento de una medida de ejecución, ya que no augura la efectividad de pronunciamiento futuro alguno, porque este ya se ha producido. Por eso, no puede ser una medida cautelar ni tampoco una medida de ejecución conocida en nuestro ordenamiento jurídico procesal ni en ninguno de los ordenamientos de nuestro entorno dotados con jurisdicción constitucional ni mucho menos se ha aplicado nunca para el cumplimiento de resoluciones constitucionales. La suspensión de funciones a autoridades y funcionarios es sin duda una medida sancionadora. Así se deduce de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las llamadas reglas Engels de la génesis de la propia reforma de esta ley. Además, en nuestro ordenamiento jurídico la suspensión de funciones siempre ha sido contemplada como una medida disciplinaria administrativa o penal ante la comisión de delitos y nunca como un medio de ejecución.

La segunda potestad coactiva que la ley orgánica atribuye al tribunal consiste en la ejecución sustitutoria por parte del propio tribunal de medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones incluso pudiendo recabar la asistencia del Gobierno del Estado. Este precepto, del mismo modo que el anteriormente tratado, altera el diseño y equilibrios entre los distintos órganos constitucionales, rompe la arquitectura constitucional mutándola, altera el modelo constitucional de control diseñado en el artículo 155, que es un aspecto capital de la propia Constitución. Un magistrado del propio tribunal en esta sentencia manifiesta: en el artículo 155 se concreta toda la Constitución y la relación entre los poderes centrales y periféricos del Estado, encerrando la decisión política más trascendental de las previstas en la Constitución. La ejecución sustitutoria atribuida al tribunal para obligar al cumplimiento de sus resoluciones se solapa y elimina el espacio constitucional del artículo 155. Ambos mecanismos, el 155 y el previsto en esta reforma, en esta ley, tienen idéntico supuesto, las mismas consecuencias y el mismo procedimiento, y difieren en su sujeto activo, en su actor. Para el artículo 155 son instancias políticas el Gobierno y la mayoría absoluta del Senado, y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el poder jurisdiccional, el Tribunal Constitucional.

El artículo 155 toma como base la idea de que los conflictos políticos han de ser resueltos en instancias políticas, y la ley, cambiando la Constitución, decide que ese conflicto debe resolverse mediante la judicialización de la reacción estatal. La ley orgánica altera el diseño constitucional en una decisión especialmente delicada y trascendente por la cual los problemas políticos de primer orden han de abordarse políticamente y por órganos y poderes políticos. A través del artículo 155, el poder constituyente decidió que estos eventuales conflictos políticos se resolvieran en atención a su propia naturaleza, esencialmente política, y a través de mecanismos políticos y no judiciales. Son problemas con ropaje jurídico y cuerpo político y, si se quiere abordarlos en su raíz y naturaleza, han de ser tratados políticamente y no a través de su apariencia, la jurídica. Lo jurídico es la forma, lo político es el fondo. Señorías, palabras equivocadas nos llevan a pensamientos erróneos y a planteamientos inverosímiles que no hacen más que agravar el asunto que se pretende acometer.

En el mismo carril discurre la otra reforma, la Ley Orgánica 12/2015, de la que también proponemos su modificación, la que introduce el recurso previo de inconstitucionalidad en el proceso de elaboración de los estatutos. La irrupción del Tribunal Constitucional supone inevitablemente su politización, a la vez que la judicialización del proceso político parlamentario. Convierte de facto al tribunal en una tercera Cámara parlamentaria, en el legislador positivo a través de sus interpretaciones orientadoras y vinculantes para la actuación futura del Parlamento y a la par se judicializa la política.


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La legitimación para recurrir con carácter previo y durante la elaboración de un texto estatutario pone a disposición de una minoría parlamentaria un acuerdo adoptado por la mayoría. El TC se convierte inevitablemente en un árbitro del desacuerdo político acaecido durante la tramitación en las Cortes. El control previo de constitucionalidad perturba tanto el suceder normal del procedimiento legislativo como desnaturaliza el proyecto de justicia constitucional, que respecto a la distribución territorial del poder era un control reparador y a posteriori, convirtiéndolo en un control previo y preventivo. Por eso decimos sin temor a equivocarnos que el recurso previo es un instrumento de obstrucción previo con efectos perturbadores en el funcionamiento del sistema político, de hecho un auténtico veto político. Así sucedió cuando en el pasado estuvo vigente en el ordenamiento jurídico español el recurso previo. Generó indocumentadas distorsiones en el juego político democrático sustituyendo la política de consenso y transacción por el atajo jurídico, y también generó amplias distorsiones en el propio Tribunal Constitucional. ¿Qué se busca, entonces, con la recuperación del recurso previo de los proyectos de reforma estatutaria? Otra vez, que determinadas manifestaciones de voluntad, a través de la democracia representativa, las Cámaras legislativas, la democracia directa y el referéndum de ratificación, no encuentren cauce de expresión.

Voy finalizando, presidenta. Hablemos claro de una vez. Estamos ante problemas políticos, y no usemos lo jurídico y lo judicial para impedir su abordaje, sino para evitar que la política descarrile y, ante estas leyes orgánicas, solo son un andamiaje más, que estimulan y no abordan graves problemas, que hacen cada vez más ingestionable, en sus propios términos y naturaleza, la política. En concreto, la Ley 15/2015 estimula y obliga a no seguir abordando en términos políticos lo que es político, porque coloca al Tribunal Constitucional en un plano de subordinación al Gobierno. El Gobierno tiene la facultad de excitar el incidente de ejecución y el tribunal no puede sustraerse de ejecutar sus potestades de ejecución sustitutorias o de suspensión. El tribunal queda así atado a las estrategias del Gobierno, un caso de libro de instrumentalización de un órgano jurisdiccional para los intereses políticos del Gobierno, a través de una voluntad de una mutación constitucional de la funcionalidad del artículo 155, dejando sin espacio y condenándolo a su práctica inaplicación, por mor de las reformas introducidas en la Ley 15/2015.

Señorías, como dicen los británicos, y de esto saben algo, si se quiere salir de un agujero lo primero es dejar de cavar. Y siguiendo esta recomendación, finalizo proponiendo la modificación de ambas leyes orgánicas en el sentido presentado.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, presidenta.

Señoras y señores diputados, con la modificación de la Ley Orgánica 15/2015 se convirtió al Tribunal Constitucional en el verdugo de la democracia, una reforma para permitir que el Tribunal Constitucional y subsidiariamente el Gobierno del Estado pudieran actuar penalmente contra la presidenta del Parlament de Catalunya, los miembros de la Mesa del Parlament, el president Puigdemont o el vicepresident Junqueras y el resto de miembros del Govern de la Generalitat de Catalunya. Lo dijimos en aquel momento, en el momento en que se votó y aprobó a finales de la X Legislatura, porque ya estábamos viendo los efectos de la reforma; es decir, nosotros ya dijimos que esto acabaría como está acabando en estos momentos, que terminarían citando a declarar a la presidenta o al president del Parlament de Catalunya, a los miembros del Govern de Catalunya y a los miembros de la Mesa. El hecho que se les imputa es eludir la suspensión del Tribunal Constitucional y permitir que el Parlament de Catalunya haga lo que le corresponde a cualquier Parlamento, que es parlamentar, hablar, debatir, dialogar, aquello que ustedes ahora, el Partido Popular, defiende que quiere hacer.

Para nosotros, las republicanas y los republicanos catalanes curiosamente, la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional nos llevó a un momento histórico otra vez. Nos recuerda a la Ley de Jurisdicciones de los años 1905-1906, esa que fue impulsada por el Gobierno del entonces presidente Segismundo Moret. Si lo recuerdan, esa ley permitía que los militares pudieran juzgar todo aquello que consideraran que atentaba contra la unidad del Estado español o contra ellos mismos. Esa ley, a pesar de su aprobación, fue rechazada por toda la oposición y por intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno. Esa ley permitía que un tribunal militar se convirtiera en el brazo ejecutor del Gobierno. De esa ley surgió un movimiento unitario, Solidaritat Catalana, que aglutinó a diferentes tendencias políticas. La historia


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acostumbra a ayudarnos a interpretar el presente y a prepararnos para el futuro, lo digo para que tomen nota. Este espíritu claramente contrario al Estado de derecho del Gobierno de 1906 es el que recuperaron para frenar el proceso de independencia catalán.

Ciento diez años después, nos encontramos con una nueva aberración jurídica, una ley que simboliza una involución. Hoy debatimos aquí la derogación de esta ley. Ya no son los militares los que se convierten en el brazo ejecutor del Ejecutivo. Es una institución tan politizada y deslegitimada como el actual Tribunal Constitucional la que le toma el relevo. Se ha roto la separación de poderes. Utilizan el Tribunal Constitucional a su antojo, en este caso el Gobierno del Estado español, ya sea tanto para suspender de forma automática las leyes autonómicas cuando no responden a sus convicciones ideológicas o no les gustan porque representan mayor autogobierno, como para juzgar a la presidenta del Parlament de Catalunya. Persiguen pisotear la voluntad mayoritaria -repito, la voluntad mayoritaria- de la ciudadanía de Cataluña, así expresada en las urnas, creyendo que la ley les da el derecho. Pero la realidad es que ustedes, el Gobierno del Reino de España, ya han perdido toda la legitimidad. Una gran mayoría de ciudadanos y de ciudadanas de Cataluña -y repito, una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña-, a pesar de que no les guste que se lo diga, les han dejado de temer. Por eso, nosotros consideramos que ya estamos ganando, porque la democracia también, les guste o no, es imbatible.

Quiero insistir en un aspecto que tampoco les gusta oír. No conseguirán doblegarnos. No conseguirán doblegar a un pueblo que lo único que quiere es continuar siendo lo que es. Intentan darnos lecciones y en Esquerra Republicana no lo vamos a tolerar. Se lo hemos dicho en muchísimas ocasiones: no lo vamos a aceptar. No acataremos leyes injustas, porque todo acto de desobediencia es un acto de libertad, es el principio de la razón, cuando una ley no es legítima. En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha pasado de ser él máximo intérprete de la Constitución, enjuiciando leyes bajo criterios estrictamente jurídicos, a ser un órgano totalmente politizado, presidido por un militante del Partido Popular al servicio del Ejecutivo español, en contra de la autonomía y del derecho a decidir de las catalanas y de los catalanes. Con la reforma que hoy queremos derogar convirtieron al Tribunal Constitucional en un órgano contencioso. Lo desviaron de su verdadera función. Desvirtuaron su naturaleza jurídica. Lo convirtieron en una sala más del Tribunal Supremo.

Por todo ello, Esquerra Republicana se opuso a la reforma hecha expresamente contra Cataluña. No es la única ley que se hizo pensando en lo que estaba pasando en Cataluña. Les recuerdo alguna más, como la Ley Orgánica en materia de delitos de terrorismo. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional solo pretendía inhabilitar y multar a aquellas personas que puedan declarar o proclamar la independencia sin ni siquiera garantizarles la tutela judicial efectiva, como es el caso de personas como la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. Es la ley a medida, ad hoc, con el único propósito de enmascarar como jurídica una situación política. Y es que, repito, la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a decidir su futuro, y así se ha expresado de forma mayoritaria. Tiene derecho a decidir su futuro y tenemos derecho a decirlo absolutamente todo.

Señorías, el derecho a decidir de los pueblos, aquello que a ustedes les causa risa y que ridiculizan, es mucho más potente que todas las argucias legales que pueda inventarse un Gobierno manchado por la corrupción y un Tribunal Constitucional cuestionado en todas sus funciones, de manera que me remito de nuevo a la voluntad democrática que los catalanes y las catalanas, de forma mayoritaria, hemos expresado en las urnas. Ustedes deberían preguntarse, como demócratas que son, qué piensan hacer, cómo quieren actuar si como demócratas o como otra cosa.

Finalizo diciendo que, diga lo que diga el Tribunal Constitucional y haga lo que haga el Tribunal Constitucional, obedeceremos el mandato democrático de la ciudadanía de Cataluña; el mandato democrático mayoritario de la ciudadanía de Cataluña. Por tanto, referéndum o referéndum.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, vamos a debatir sobre la propuesta del Grupo Mixto de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, y sobre la del Grupo Vasco relativa a la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, que buscan, como saben, eliminar las funciones ejecutivas del Tribunal Constitucional en ambos casos y, en el segundo caso, la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos.


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Respecto al primer punto, debemos recordar que el Gobierno Vasco interpuso en su día recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 15/2015, basándose en que la modificación normativa otorgaba una serie de mecanismos de ejecución al alto tribunal que alteraban -decía- su configuración constitucional y lo desnaturalizaba, situando -según ellos- la jurisdicción constitucional por encima del resto de órganos constitucionales. Sostenía la vulneración de otros preceptos constitucionales, como el principio de legalidad penal, el régimen de aforamientos previsto no en la Constitución, porque está en los estatutos, pero sí en el bloque de constitucionalidad, y el principio de autonomía política de las comunidades autónomas.

Lo cierto es que el 3 de noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional emitió sentencia resolviendo dicho recurso en el sentido de confirmar la constitucionalidad de los poderes atribuidos a este tribunal, estableciendo que los mismos se encontraban dentro de las facultades que el legislador podía reconocerles y que no desnaturalizaba el modelo de justicia constitucional fijado por la Constitución. Se aclaraba también que la facultad de suspender a cargos y autoridades públicas ante el incumplimiento de sus sentencias no podía ser considerada una sanción, sino una medida -cito- para facilitar la plena ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, mediante la remoción de quien obstaculiza su debida observancia. Este punto es especialmente importante.

A la luz de este mismo argumento, no nos parece adecuado proceder a su derogación. En otros países, como Austria y Alemania, el Tribunal Constitucional tiene facultades de ejecución similares sin que eso plantee ningún problema. Por tanto, vamos al transfondo más político y menos jurídico del asunto: ¿a quién le puede preocupar la agilidad ejecutiva de las sentencias del Tribunal Constitucional? ¿A quién, en definitiva, le puede preocupar que las sentencias se cumplan? Parece evidente que, de entrada, a quien tiene declarado -por si alguien albergara alguna duda al respecto- que no piensa acatar dichas sentencias, a los que contrarían la política de hechos consumados. Déjenme que les recuerde que con los votos de Junts pel Sí, es decir, de los representantes de las formaciones que han hablado aquí, más los de la CUP en el Parlament de Catalunya -es decir, los representantes de 72 de los 135 diputados del Parlament de Catalunya- se procedió a una declaración solemne de desconexión el año pasado, donde se decía -cito-: La desconexión no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular, a las del Tribunal Constitucional. Si esto no es el anuncio de la decisión de desobedecer, de desacatar al Tribunal Constitucional, que baje Dios y lo vea. ¿O acaso no declararon ustedes al Tribunal Constitucional como deslegitimado y sin competencias?

Lo que pasó en noviembre del año pasado es grave, es muy importante, y sin eso no se acaba de entender lo que en realidad hemos venido a discutir aquí, al menos en la parte que concierne a esta pretendida reforma. Lo que pasó es que con una mayoría que ni siquiera les da para reformar el estatuto -la mayoría que aprobó esta declaración no basta en el Parlament de Catalunya para reformar el Estatuto catalán-, con esa exigua mayoría, 72 frente a 63, rompían con la legalidad española en un acto formal y solemne abogando por la desobediencia al Tribunal Constitucional. Ustedes lo que quieren es desacatar al Constitucional, no entremos en mucho matiz jurídico porque la cosa es evidente. Y el matiz jurídico no es lo peor, con el matiz jurídico podríamos entretenernos aquí un rato, es que hay algo más audaz. Han empezado diciendo que veníamos a hablar del Estado de derecho y de la democracia. Por cierto, instan ustedes en esa declaración del año pasado, de noviembre de 2015, al Gobierno catalán, de paso, a cumplir únicamente las leyes emanadas del Parlamento de Cataluña, que por cierto es un poder del Estado, por si no lo sabían. ¡Sí lo saben!, ¡claro que lo saben! ¿Y de dónde creen que emanan los poderes del Estado? De la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, como sabe cualquiera que haya empezado a leer la Constitución porque está en su artículo 1.2. Ignoran ustedes el abecé -o hacen ver que lo ignoran- y luego dan lecciones. Ustedes se han arrogado la facultad de establecer lo que es o no es democrático, sin otro criterio que una especie de iluminación del elegido. Son ustedes unos ungidos y su palabra es la ley, como dice el corrido, y su palabra es la ley, como dice Carl Schmitt, que es peor. Decisionismo jurídico se llama eso. En el inacabado debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen ustedes han optado por el primero. Sí, señores, han optado por el primero. El debate sobre el guardián de la Constitución finalmente se reducía a si ese papel lo tenía que ostentar el líder plebiscitariamente legitimado o un tribunal de derecho. Para nosotros la opción es un tribunal de derecho, la opción es Kelsen, porque lo otro nos parece, primero, peligroso, sobre todo porque deja en manos de aquel que tiene el poder en un momento dado el establecer cuándo hay un punto de inflexión en la historia que justifica la interpretación, el torcimiento, la torsión de cualquier norma hasta que encaje con una decisión previamente tomada.


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Respecto a la propuesta del PNV, la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad, voy a ser mucho más breve. La reforma de la Ley Orgánica 12/2015 permite, después de que hayamos estado muchos años sin esa posibilidad -desde 1985, creo recordar- que se impugne ante el Constitucional las propuestas de reforma de estatutos que hayan sido aprobadas por las Cortes pero todavía no hayan sido votadas en referéndum. Es evidente la intención: evitar lo que por otra parte hemos experimentado todos, y en particular los catalanes, que es un choque de legitimidades. No hay que dar muchas lecciones ni acudir mucho a la teoría, cuando todos sabemos lo que sucede cuando un texto que ha pasado por referéndum y que entra en vigor está cuatro años bajo el estudio del Tribunal Constitucional, antes de pronunciarse sobre su constitucionalidad. Lo que sucede es que lógicamente se produce un tremendo choque de legitimidades y nos parece que solo se puede calificar como buena idea que esto no vuelva a suceder. Nos parece de pura lógica y de sentido común, porque una de las cosas que caracteriza al derecho es la lógica. Las críticas que se realizan a este recurso por fin acusándolo de desnaturalizar el modelo de justicia constitucional, no nos parece que tengan mucho sentido y en realidad, aunque no estuviera previsto en la propia Constitución, sí lo estuvo desde el principio mismo de la etapa constitucional, desde el año 1979 hasta 1985. Nos parece que es un momento oportuno, más que nada por la lección extraída. El derecho no solo es teoría, no solo es blanco sobre negro o negro sobre blanco en un papel sino que también es ir evitando aquello que hemos comprobado que no funciona y poner los medios y los remedios para que las cosas se produzcan de la forma menos conflictiva posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy tenemos un debate que en realidad se presenta como nuevo pero que no es demasiado nuevo, es un debate viejo, es un debate que tuvimos -es posible que algunos de ustedes lo recuerden- en esta Cámara en 1985. En 1985 el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que esta Cámara había hecho bien al anular el recurso previo de inconstitucionalidad. Cuando lo hizo, un diputado de su grupo, que entonces se llamaba Alianza Popular, pronunció una célebre frase histórica: ¡Vaya mierda de sentencia! Treinta años después, su hijo, el señor Alberto Ruiz Gallardón, que por entonces era ministro de Justicia, preparaba la venganza, que era devolver al Tribunal Constitucional a la España de Cuéntame y, como no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, no lo presentaba como proyecto de ley del Gobierno, sino como una proposición de ley de su grupo parlamentario y por la vía de urgencia extraordinaria. Lo hacía así, en primer lugar, para ahorrarse los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial porque seguramente no esperaba que le fueran favorables. No solo eso, lo hacía así y lo presentaba en esta Cámara el señor Xavier García Albiol, que no es conocido ni por ser diputado del Congreso ni por ser un ilustre constitucionalista, porque en esos momentos estaba en campaña electoral al Parlament de Catalunya. Lo que entonces ustedes estaban haciendo era tergiversar, retorcer la reforma de un órgano que tiene que velar por la armonía de los poderes del Estado para utilizarlo como herramienta electoral. Básicamente, el señor García Albiol, con esa sutileza que le caracteriza, lo resumía diciendo: Se acabó la broma. Cuando decía se acabó la broma, era: estamos dispuestos a hacer pasar por mayoría absoluta una reforma del Tribunal Constitucional que deje de ser un órgano que medie entre los poderes y que se convierta en una cachiporra de sanción.

Con esta introducción se imaginarán ustedes cuál es el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a apoyar las dos propuestas para derogar sus dos últimas reformas del Tribunal Constitucional, en primer lugar, la reforma que le atribuye capacidades extra de sanción o de suspensión en su cargo a poderes públicos o a trabajadores públicos. Ustedes, al aprobarla, introducían un factor de coerción que se salta los controles que nuestra Constitución prevé. Saben que nuestra Constitución en el artículo 155 prevé que para una medida de tal calado haya que consultar con el presidente de la comunidad autónoma y pasarlo por el Senado. Ustedes decidieron que esos controles ya no hacían falta, que bastaba con una sanción directa del Tribunal Constitucional. Además, incluyen una sanción que es mucho menos garantista que los procedimientos existentes. Prometen la posibilidad de multar o incluso de suspender o enjuiciar para meter en la cárcel a representantes públicos que de todas formas ya están sujetos tanto al Código Penal como a la vía disciplinaria administrativa. Y, entonces, ¿por qué añadir una tercera vía? Muy sencillo, porque esta tercera vía no da derecho ni a alegaciones ni a recursos porque es una vía que deja en la


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indefensión a aquellos que son castigados por el Tribunal Constitucional, De nuevo, ustedes intentan utilizar el Tribunal Constitucional, que debería servir para la armonía entre los poderes en España, como un garrote.

En segundo lugar, el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad, que está vigente desde 1979 a 1985, es el intento de tratar a las comunidades autónomas como si fueran menores de edad. Además, es un intento que no está previsto por nuestra Constitución, no solo porque amenaza la separación de poderes y los equilibrios que han construido el Estado de las autonomías, no solo porque erige al Tribunal Constitucional por encima de los poderes legislativos de las comunidades autónomas, sino sobre todo por algo mucho más grave: nuestra Constitución, en el artículo 161.1, reconoce el control de constitucionalidad, pero lo reconoce a posteriori, no antes. ¿Por qué lo reconoce a posteriori? Dice el artículo 161: Se podrán interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley. Ustedes saben que un estatuto de autonomía, sobre todo de las naciones sin Estado, solo cobra fuerza de ley cuando ha pasado por un referéndum. No tiene fuerza de ley cuando ha salido del Parlamento, no tiene fuerza de ley tampoco cuando ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, goza de fuerza de ley solo cuando ha sido refrendado por la ciudadanía; esta es la broma con la que quería acabar el señor Albiol, por eso el recurso previo de inconstitucionalidad, para intentar evitar la posibilidad de que se consulte a la ciudadanía en referéndum, que es a lo que ustedes tienen miedo. Como no tienen ninguna propuesta de país que reconozca y articule la plurinacionalidad, solo se les ocurre fortalecer el garrote, impedir que se vote e intentar que se trate a las comunidades autónomas como menores de edad con un Tribunal Constitucional erigido en un tribunal contra Cataluña. (Aplausos).

En realidad, el propio Tribunal Constitucional les ha pedido que no le usen para solucionar judicialmente lo que ustedes no saben solucionar políticamente. El Tribunal Constitucional ha reclamado ya varias veces el respeto a las funciones que le atribuye la Constitución. En su sentencia de marzo de 2014, una sentencia contra la declaración de soberanía del Parlament de Catalunya, ya decía: Los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos, y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico, son quienes están llamados a resolver, mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El propio Tribunal Constitucional les estaba diciendo: si ustedes no tienen soluciones políticas, no intenten pasarlas por el ámbito de la judicialización de la política, encuentren soluciones políticas a lo que son problemas políticos, no le tengan miedo a las urnas, no nos carguen al Tribunal Constitucional y al resto de tribunales con los problemas que ustedes no son capaces de resolver. Y es que en esto de la reforma del Tribunal Constitucional, como en el resto de su trabajo con respecto a la Constitución española, ustedes, los que se llaman constitucionalistas, son en realidad una brigada de demolición controlada de la Constitución española. En lo que tiene que ver con preservar la autonomía de los municipios, en lo que tiene que ver con mantener los derechos sociales contemplados en el Título I de la Constitución, en lo que tiene que ver con mantener la garantía de la separación de poderes del Estado y en lo que tiene que ver con mantener los equilibrios del Estado de las autonomías, ustedes están estrechando y demoliendo la Constitución para obligarla a entrar en una idea más estrecha de España en la que sobra cada vez más gente y aleja cada vez a más gente. Soy consciente de que la reforma del Tribunal Constitucional está pensada, única y exclusivamente, contra el procés democrático en Cataluña, pero, miren ustedes, yo soy de Madrid. Preguntaba el señor Girauta: ¿quién puede tener miedo a que se reforme el Tribunal Constitucional si no es alguien que quiere desobedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional? Yo, como ciudadano español, quiero tener un Tribunal Constitucional que me garantice democracia y respeto a los derechos. (Aplausos).

Sé que ustedes creen que erigiendo al Tribunal Constitucional en garrote contra Cataluña le hacen algún servicio a España, pero en realidad hacen todo lo contrario: no refuerzan el Tribunal Constitucional porque le dan más fuerza pero le quitan prestigio y, por tanto, le hacen un tribunal menos legitimado para ser ordenador y regulador de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado; tampoco le hacen ningún servicio a España, créanme. Cuando ustedes estrechan la idea de España, cuando utilizan las instituciones de parte, las partidizan y las utilizan contra comunidades autónomas, contra pueblos enteros o contra el deseo de democracia de algunos países de nuestro Estado plurinacional, lo que están haciendo es estrechar la idea de España. Sé que ahora están negociando entre bambalinas una reforma de la Constitución. Si esa reforma de la Constitución se reduce a una capa de barniz que no entre en el blindaje de los derechos sociales, que no reconozca la plurinacionalidad que solo se puede articular desde el


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respeto al derecho a decidir de los pueblos, que no reconozca la separación de poderes y garantice para los ciudadanos el efectivo ejercicio de sus derechos, ustedes lo que estarán haciendo es cerrar en falso el debate constitucional, con una diferencia: quizás en la anterior legislatura lo hubieran podido cerrar en falso, pero en esta legislatura tenemos la fuerza suficiente como para garantizarles que, si pretenden cerrar en falso el debate constitucional con una capa de barniz, no solo nos veremos en esta tribuna, nos veremos en las urnas en un referéndum de esos que tanto les asustan.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, mediante la proposición de ley de reforma por el procedimiento de urgencia y en lectura única dirigida a exhibir fuerza ante las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña y a un mes de la convocatoria de elecciones generales, el Grupo Popular sacó a pasear su mayoría absoluta efectivamente e impuso, en octubre de 2015, la aprobación de la Ley Orgánica 15/2015, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional intitulada para la ejecución de las resoluciones como garantía del Estado de derecho. Nada importó al Partido Popular irrumpir de esta manera en plena precampaña electoral en Cataluña y en el conjunto de España; nada le importó que el código de buenas prácticas electorales del Consejo de Europa aconsejara no hacer reformas poco antes de las elecciones; nada le importó eludir el informe previo del Consejo de Estado; nada le importó la opinión del mismo Tribunal Constitucional y nada le importaron las advertencias de muchos constitucionalistas acerca de las muy negativas repercusiones que esta nueva regulación tendría sobre una norma tan cualificada del bloque de la constitucionalidad. Un maestro de maestros como el añorado profesor Francisco Rubio Llorente, anteriormente citado, se apresuró a señalar que esta proposición era una idea lamentable y mala, pues todo lo que sea echar cargas de contenido político sobre el Tribunal Constitucional es malo para el Tribunal Constitucional y es malo para España. Nada de esto movió al Grupo Popular sin embargo a reconsiderar su postura, tampoco el hecho notorio de que la reforma resultara innecesaria puesto que la ley orgánica y el conjunto del ordenamiento contenían ya elementos más que suficientes para garantizar el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Así lo pusimos de manifiesto muchos constitucionalistas y así también lo han argumentado con particular enjundia los votos particulares de los magistrados constitucionales Adela Asúa, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol a la muy reciente desafortunada sentencia 185/2016, dicho sea con respeto a la mayoría del tribunal. Una sentencia a la que la magistrada Asúa se ha referido diciendo en su voto -cito literalmente-: Estamos ante una lamentable abdicación en el ejercicio de la función jurisdiccional por no haber entrado en el fondo de las cuestiones planteadas y por la levedad de su argumentación.

Señorías, la innecesariedad de esta reforma se comprueba además por el hecho de que nadie, absolutamente nadie, pidiera desde la doctrina académica o desde las instituciones una reforma de estas características a lo largo nada menos que de treinta y cinco años transcurridos desde que el tribunal empezara su andadura en 1981. Si se analizan las diferentes resoluciones dictadas por el tribunal desde antes de la reforma, se concluye que ya eran perfectamente ejecutivas, que el tribunal tenía atribuidas con carácter general en el artículo 92 las facultades necesarias para llevar a cabo la ejecución y resolver las incidencias que en estas se plantearan, imponer multas coercitivas y deducir cualquier otra responsabilidad que procediera. No, la reforma no ha venido a reforzar estas facultades como ustedes sostienen. Muy al contrario, son determinadas facultades añadidas y expresamente atribuidas al Tribunal Constitucional las que generan graves problemas al desnaturalizar su posición en el conjunto del sistema constitucional. Se trata de haber incorporado a nuestro ordenamiento en el marco del conflicto catalán medidas de coerción estatal como la suspensión en sus funciones de autoridades o de empleados públicos por el incumplimiento de obligaciones constitucionales o la ejecución sustitutoria de las resoluciones del Tribunal Constitucional, utilizando de esta manera a este órgano como un brazo ejecutor, solapando y eludiendo además el excepcional procedimiento previsto por el constituyente en el artículo 155.

Se quiso exhibir fuerza aparente en el mencionado contexto político, atribuyendo el tribunal responsabilidades que no le son propias y que incumben a otros órganos, a otros actores públicos ante conflictos de esta naturaleza. Recuerden, como se ha recordado aquí, cómo irrumpió efectivamente en escena presentando esta reforma al más puro estilo del Far West, el candidato y cabeza electoral por el PP de Cataluña, el señor Albiol, al grito de: se acabó la broma. ¡Señorías, qué gran irresponsabilidad esta! Esperemos, señoras y señores del PP, que ya a esas alturas hayan aprendido que los problemas derivados


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de las tensiones territoriales no pueden resolverse solo mediante mecanismos jurisdiccionales al tratarse de profundas controversias políticas puras, y menos aún con medidas que distorsionan y que ponen en riesgo el sistema de equilibrios y contrapesos de los poderes e instituciones del Estado. Lo que se puede esperar con esta ley ya lo dijo con claridad meridiana de nuevo el profesor Rubio Llorente y cito literalmente: Echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo. Con esta insólita reforma ustedes hicieron de ella un lamentable y peligroso uso político del derecho.

El constituyente diseñó un Tribunal Constitucional que se ciñera exclusivamente a velar por el respeto a la Constitución y a la aplicación de los parámetros de constitucionalidad, dejando el resto de cuestiones a los tribunales ordinarios y a otros poderes del Estado, a diferencia de otros tribunales constitucionales europeos como el alemán o el austriaco y del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. Frente al esquema vigente hasta la aprobación de la ley en el que el Tribunal Constitucional se limitaba a establecer quién y cómo debía cumplir sus sentencias, la suspensión en sus funciones de una autoridad o de un empleado público exigen a este órgano la realización de un doble enjuiciamiento, la constatación del incumplimiento y la realización de un juicio de responsabilidad, lo que constituye en sí mismo el arquetipo del juicio que se lleva a cabo en un proceso sancionador, juicio que no cabe realizar sino recurriendo a los parámetros y principios de legalidad utilizados en la aplicación de la potestad jurisdiccional por los juzgados y tribunales a los que les corresponde en exclusiva esta función según el artículo 117.3 de la Constitución. Esta previsión distorsiona nuestro sistema constitucional desde distintas perspectivas, imposible que yo pueda explicitarlas aquí ahora con detalle, según cuál sea la autoridad concernida por la suspensión, de manera especial la de autoridades cuya legitimidad provenga de manera directa o indirecta de las urnas, por no hablar de las distorsiones que se producirían también si se tratara de jueces y magistrados.

Señorías, nosotros entendemos que la ley tampoco tiene en cuenta adecuadamente el principio de tutela judicial efectiva porque, tal y como está configurado el Tribunal Constitucional en la Constitución y en la ley orgánica, no es posible, esto es, impide a los afectados que algunas de las medidas dispuestas en virtud del nuevo artículo 92, puedan ser controladas por ningún otro órgano jurisdiccional si dejamos a salvo las instancias internacionales. En la misma línea es claramente apreciable que la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 92 incorporó a nuestro ordenamiento una medida que se solapa con el poder de coerción estatal que el propio constituyente estableció de manera expresa en el artículo 155, configurado con un carácter excepcional y de cierre del sistema como procedimiento aplicable a las actuaciones de las comunidades autónomas cuando hubiere incumplimiento de obligaciones constitucionales o legales o atentare gravemente al interés general de España. Así las cosas, lo sorprendente es que se introduzca una duplicidad, esto es, nuevos mecanismos de coerción estatal aplicables frente a los poderes públicos autonómicos por un órgano distinto al constitucionalmente previsto y al margen de los elementos políticos de garantía que la Constitución prevé para un supuesto tan absolutamente excepcional. Recuérdese lo dispuesto en el artículo 155, efectivamente, la intervención primero de un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, si no hay respuesta satisfactoria, hay una necesidad de actuación por mayoría absoluta del Senado, determinando las medidas a aplicar. Con la reforma que realizaron de la ley orgánica no solo se orillan estos elementos, sino que para imponer la coerción estatal sobre los poderes públicos autonómicos se habilita así a otro órgano constitucional distinto del previsto, de tal manera que no solo se rompe el equilibrio establecido por la norma constitucional, sino que también se podría decir perfectamente que lo que se hizo entonces por el legislador orgánico es situarse en la posición del poder constituyente.

Señorías, por estas razones, y en coherencia con lo que siempre hemos defendido en relación con esta crucial cuestión, nuestro grupo votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional formulada por el Grupo Parlamentario Vasco. No obstante, no compartimos, igualmente por razones de coherencia, la parte de esta proposición relativa a la derogación de la Ley Orgánica 12/2015, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal que estableció el recurso previo de inconstitucionalidad. En este sentido anunciamos la presentación de las correspondientes enmiendas en el caso de que prospere su toma en consideración. Por lo que se refiere a la presentada por el Grupo Mixto, a instancias del Partit Demòcrata Català, anunciamos la abstención de nuestro grupo. Aunque la finalidad de esta iniciativa -lo reconocemos- es compartida por el Grupo Socialista, consideramos que la presentada por el PNV es técnicamente más correcta y tiene, desde este punto de vista, una mayor viabilidad para su tramitación y aprobación como ley.


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Termino. El Grupo Popular debe entender que no vamos en su contra, ni del Gobierno ni de ningún otro grupo, sino que buscamos recuperar el consenso y el equilibrio que ustedes rompieron con su mayoría absoluta. Lo subrayamos con énfasis. En la tramitación de la ley buscaremos el entendimiento y el pacto más amplio posible, como es exigido para la reforma de una norma tan trascendental de nuestro bloque de constitucionalidad, con objeto precisamente de fortalecer nuestra democracia constitucional.

Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su atención, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA: Con la venia, señorías, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para posicionar al Grupo Popular sobre esta propuesta de ley para derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la del Grupo Mixto y la del PNV, que sus señorías ya conocen. Señorías, el verbo derogar es común en ambas propuestas y convendrán conmigo en que identifica bien sus pretensiones. En cualquier caso, no podemos compartir estos objetivos. Hemos iniciado una etapa de diálogo intenso entre todas las fuerzas políticas, tiempos de pacto que marcan necesidades de acuerdo. El verbo derogar no está en ese terreno de juego. Derogar per se no se entiende bien en tiempos donde se necesita más que nunca el diálogo y la concertación. Señor Legarda, nosotros nos sentimos muy satisfechos de estas reformas normativas. Son buenas para España, porque entendemos que fortalecen el Estado de derecho. Así lo creemos y por eso iniciamos las reformas en su día. Y señora Ciuró, no podemos derogar aquellas leyes en las que creemos. A este tenor, quiero decirle que es muy positivo que la actual regulación proporcione al Tribunal Constitucional los instrumentos necesarios, similares a los que existen en otros países, para que pueda asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Esto no es una herramienta electoral, señor Errejón, es una garantía de derechos y de libertades. Darle título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal Constitucional fortalece la salvaguarda de los principios constitucionales; es así de sencillo. La notificación personal a las autoridades y empleados públicos facilita la ejecución de ese título. La regulación de los supuestos de incumplimiento se hacía necesaria, era clara. Por tanto, señorías, se trata de darle instrumentos al Tribunal Constitucional para que este pueda contar con una serie de medidas cautelares -insisto, cautelares, no punitivas- suficientes para garantizar el cumplimiento de su resolución. Los portavoces que están a favor de derogar esta norma han insistido en el rasgo punitivo. El Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que no tienen carácter punitivo, sino que son medidas de suspensión cautelar.

Me sorprende mucho la posición del Grupo Socialista. Señor Cámara, le agradezco de verdad su tono, porque creo que ha sido bueno, pero el fondo de su discurso está totalmente equivocado. Me sorprende mucho la posición del PSOE, porque afirman que van a apoyar la derogación de estas reformas. Y digo que me sorprende porque el Partido Socialista ha participado de común acuerdo en una de ellas. Creo que tienen que explicar por qué quieren dar marcha atrás en dotar de instrumentos al Tribunal Constitucional para que este pueda hacer cumplir sus resoluciones. Se me hace muy difícil entender que el Partido Socialista no dialogue con el Partido Popular en estos temas que son de interés para España y que no lo haga antes de este debate para que podamos articular posiciones comunes. De todas maneras, por supuesto respetamos su discurso, lo creemos equivocado, pero no lo entendemos. Creemos que no es momento de dar bandazos. Estamos explorando grandes acuerdos para nuestro país en estos momentos. Si el PSOE vuelve a caer en los complejos que lo han convulsionado, créame, señorías, damos todos un paso atrás en nuestro país. El Partido Socialista sabe que esta reforma es plenamente constitucional porque hay una sentencia muy reciente, de hace mes y medio prácticamente, que avala la norma. Señor Cámara, hasta los ponentes que han votado en contra, que han sido tres, frente a ocho que han avalado la norma, acatan la norma y la resolución y me sorprende mucho que usted no lo haga.

Señorías, el máximo responsable del Partido Socialista ha vuelto a insistir esta mañana en lo mismo. Decía -cito textualmente- que es malo que un tribunal político tenga sus resoluciones como título ejecutivo y que la norma era mala porque no se estaba aplicando. Señorías, créanme, hay que tratar estos asuntos con mesura, con realidad y con responsabilidad, desde los desafíos que tenemos y los que se plantea nuestra Constitución y aquellos a los que se está sometiendo día tras día a la misma y al orden constitucional, que todos ustedes conocen. El Tribunal Constitucional es el garante y el defensor de la Constitución. No es un tribunal político, sino un tribunal constitucional elegido por los tres poderes del Estado, que tiene como misión defender la Constitución. Y claro que se está aplicando la reforma, claro que se está notificando personalmente a los cargos públicos que adoptan decisiones ilegales a sabiendas


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con el fin de horadar la Constitución y el Estado de derecho, claro que estas medidas, señor Cámara, tienen ya efecto disuasorio contra aquellos que quieren romper el orden constitucional; claro que son efectivas. Lo que no tengo nada claro es por qué el Partido Socialista no las comparte una vez que el propio Tribunal Constitucional ha declarado en sentencia 185/2016 que la reforma es plenamente legítima y recuerda que el control de constitucionalidad de las leyes tiene un carácter jurídico y no político. Como digo, hace apenas mes y medio de esta sentencia. Además, la misma aclara que la Constitución configura al Tribunal Constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional, por lo que tiene atribuida la potestad de obligar al cumplimiento de sus resoluciones. De no ser así, no se podría garantizar la Constitución como norma suprema del Estado, como ley de leyes, que es lo que es. Hace treinta y ocho años todos los españoles nos comprometimos a que así fuera y desde luego nos ha ido muy bien y hemos conseguido grandes avances en nuestro país. Sigamos en esa senda, en la senda que marca el Tribunal Constitucional.

Esta sentencia deja clarísimo -lo decía antes- que las suspensiones de empleados públicos y funcionarios no tienen carácter punitivo, sino preventivo y -¡ojo!- que se les levantará inmediatamente esa suspensión cuando cese la voluntad incumplidora. Señorías, el que no va contra la ley, el que cumple la ley nada tiene que temer, pero, obviamente, nuestro sistema de derecho y nuestro ordenamiento jurídico lanza un mensaje claro a aquellos que quieren corromperla. Esos tienen que afrontar las consecuencias; de eso se trata. Me gustaría también dejar claro que la sentencia dice algo que ya se debatió aquí, que la ejecución sustitutoria prevista nada tiene que ver con el artículo 155 de la Constitución española. Quisiera saber en qué no están de acuerdo, señorías del Grupo Socialista, con una sentencia que es clara en todos sus términos. Desde luego, si podemos ayudarles a cambiar de posición, aquí estamos con la mano tendida y ofreciéndoles diálogo. Señorías del Grupo Socialista, ustedes escribieron también el título IX de la Constitución española. No caigan en quitar legitimidad al Tribunal Constitucional. Los partidos secesionistas intentan quitar legitimidad al Tribunal Constitucional; sin embargo, han presentado 58 recursos ante este mismo tribunal. Celebran si se les da la razón, pero reniegan del tribunal cuando se les advierte de la obligación de cumplir con la legalidad. (Aplausos).

Señorías del PDC, señora Ciuró, sinceramente creo que ese discurso, lejos de la sensatez y de la coherencia, les debilita como formación política. El Gobierno de España ha demostrado representar con lealtad a 7,5 millones de catalanes, garantizando la liquidez y ayudando en políticas sociales e infraestructuras sin entrar en la confrontación; sin embargo, el Gobierno autonómico se ha limitado a cuestionar las instituciones y a intentar quebrar la legalidad. Señorías del PDC, la pregunta que muchos nos hacemos y que se hace mucha gente en Cataluña es por qué no empiezan a cuestionarse ustedes mismos sus propias políticas y recuperan los servicios públicos de gestión que nunca debieron abandonar y se dedican a trabajar para la gente y no para sus fines políticos. Vuelvan a la senda del diálogo y les irá mucho mejor. Aquí y en todos los parlamentos autonómicos hemos debatido de todo y lo seguiremos haciendo, cada uno con su idea y cada uno con su forma. Aquí hemos escuchado unas propuestas más constructivas y otras menos constructivas, pero las hemos respetado todas porque así tiene que ser. La señora Ciuró dice que no se pueden debatir ideas, pero usted acaba de hacerlo en esta tribuna, señora Ciuró. He escuchado decir en los últimos días a la presidenta del Parlamento de Cataluña que no se puede impedir el debate político en ningún parlamento. Nunca nadie lo ha impedido; no tiene razón. Lo que no se puede hacer es utilizar las instituciones para vulnerar el orden constitucional, porque ambas cosas son muy diferentes. Como bien señala el Tribunal Constitucional al amparo de la Constitución, los parlamentos autonómicos gozan de la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas; es más, son escenarios privilegiados para el debate público. Ahora bien, el principio de autonomía parlamentaria no puede llegar al extremo de que algunos partidos quieran arrogarse la voluntad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Esta reforma, señorías, da un mensaje claro. Se sustenta en el principio de legalidad del artículo 9.3 de la Constitución. Aquí no hay impunidad, se llame como se llame y sea quien sea. Quien va contra la ley ha de responder por ello. Eso es algo de sentido común, es algo pretendido en esta reforma, es algo que se pretende por el legislador. Señor Legarda, esto no es ninguna hecatombe, como usted ha dicho; esto es lo que pasa en Europa, como le ha dicho también el portavoz de Ciudadanos. Pasa en Austria o en Alemania, donde existen las mismas competencias de sus tribunales constitucionales. Respecto a la Ley 12/2005, del Recurso Previo, estamos evidentemente de acuerdo con ella, porque defendemos su vigor normativo y su eficiencia. Como se ha dicho bien aquí por parte del portavoz de Ciudadanos, se consigue evitar que un estatuto de autonomía adquiera vigencia para posteriormente ser modificado o


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derogado parcialmente con el consiguiente daño al principio de seguridad jurídica. Por tanto, es muy sensato y fortalece nuestra Constitución y nuestro Estado de derecho.

Termino, señora presidenta. Respetamos todas las posiciones que se han expresado aquí por todos los grupos políticos y por supuesto respetamos también la posición del Grupo Parlamentario Socialista, como he dicho en este debate, pero hay que dejar claro -y lo hago aquí- que, si esta propuesta sale adelante por el posicionamiento del Grupo Socialista, no significa que en este acto se vayan a derogar las reformas de 2015 y mucho menos que se revoquen las potestades de las que ahora goza el Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus resoluciones. Seguimos como siempre dispuestos al diálogo pero firmes en nuestras convicciones.

Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. (Número de expediente 122/000015).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Antes de empezar la presente intervención, permítanme saludar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los distintos representantes de las organizaciones sindicales, así como a consejeros de Empleo y directores generales de Andalucía y Baleares que nos acompañan hoy en esta Cámara. Esta salutación, al margen de su carácter sincero y protocolario, resulta de obligado cumplimiento, porque ellos han sido fundamentales en el impulso y configuración de esta proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Cámara. Es una proposición de ley cuyo objetivo es la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Dicho con otras palabras, el objetivo que persigue esta proposición promovida por el Grupo Parlamentario Socialista es la de evitar que el proceso de externalización que se está extendiendo en las empresas incida en la mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. La reforma laboral del Partido Popular ha conducido a nuestro país a un modelo de empleo precario, de desprotección frente al desempleo y de bajos salarios, un modelo autoritario de relaciones laborales que ha roto los equilibrios de poder entre trabajadores y empresarios y está debilitando la negociación colectiva. Todos estos elementos, sumados al creciente proceso de externalización que se vive en las empresas de nuestro país, agudizan aún más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores contratados para la actividad subcontratada o externalizada. Como ustedes bien conocen, este proceso está muy extendido en el sector de la hostelería.

Señorías, yo vengo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que el turismo es el principal motor de la economía, una comunidad que ha batido récords de manera sistemática en la llegada de turistas en los últimos años. En el año 2015 Canarias registró más de 13 millones de visitantes, una cifra muy positiva, sin duda. En consecuencia, esos 13 millones de visitas debieran traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector que nos ocupa, pero no, esa cifra positiva e histórica en su momento no repercute positivamente en los trabajadores, sino que, al contrario, desemboca en un dato profundamente negativo, en un dato doloroso -avalado por estudios universitarios- que sitúa a Canarias en el podio de las regiones europeas con mayor índice de pobreza laboral. Resulta paradójico que, creciendo el número de turistas, los trabajadores canarios sean cada vez más pobres.

Uno de los factores que contribuye de manera fundamental a la pobreza de los trabajadores en esta etapa de bonanza turística es el de la externalización, una práctica cada vez más habitual que propicia que muchos trabajadores, desempeñando las mismas funciones que otros, lleguen a cobrar hasta un 50 % menos de salario. Esto ocurre cuando lo hacen a través de empresas de outsourcing. Esto que les estoy contando lo conocen muy bien las camareras de piso, que nos visitaban ayer en este Congreso para denunciar precisamente, entre otras, esta situación y que han vivido en primera persona cómo compañeras


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del hotel de al lado cobran el doble que ellas realizando las mismas funciones. Pero esto no solo ocurre en sectores turísticos como el canario o el balear, sino que el fenómeno de la subcontratación se expande con suma rapidez por otras zonas turísticas de España, una práctica empresarial que también se ha convertido en usual en sectores como el de la automoción, la logística o los contact center, entre otros. Sin ir más lejos, cabe recordar que hace escasas semanas precisamente los representantes de los trabajadores del sector del contact center denunciaban la precariedad laboral que están sufriendo como consecuencia del abuso de contratos de obra y servicio, jornadas parciales -solo el 33 % de las jornadas son completas-, salarios bajos y que cada vez hay más subcontratación. El problema, señorías, es que tenemos un país sembrado de desigualdades. Hoy en día podemos hablar de trabajadores pobres. El 13,2 % de las personas trabajadoras en España, es decir un 28 % de la población, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra de ocupados en riesgo de pobreza en España es tres puntos superior a la media europea. Precariedad laboral, empleo temporal e inseguridad; esto, señorías del Grupo Popular, es lo que ha logrado su tan exitosa reforma laboral. (Aplausos). Tener un trabajo ya no asegura cubrir las necesidades más básicas; precariedad laboral y pobreza van cogidas de la mano, y lo hacen alentadas y fortalecidas por el debilitamiento de la equiparación de fuerzas necesaria en la negociación colectiva, que borró de un plumazo el Partido Popular. Esto ha supuesto una evidente pérdida de la fuerza y del protagonismo necesario de los sindicatos en la negociación colectiva, lo que a su vez se ha traducido en un claro descenso de los convenios colectivos registrados, así como de los revisados. Las cifras oficiales así lo certifican y demuestran; los trabajadores cubiertos por convenios colectivos han pasado de 10,66 millones en el año 2011 a poco más de 6,5 millones hoy. Además, con la entrada en vigor de la reforma laboral comenzaron a aplicarse las nuevas reglas sobre descuelgue de condiciones de trabajo. Desde 2012, se han producido más de 5.000 inaplicaciones, que han afectado a cerca de 250.000 trabajadores.

Ante la elocuencia de las cifras apuntadas, salta a la vista la merma de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, de la que resulta un único responsable, el Partido Popular, cuya reforma laboral situó la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial, lo que ha provocado que muchos trabajadores subcontratados cobren prácticamente el salario mínimo interprofesional. El agravio comparativo queda reflejado en el hecho de que los convenios que mejoran el salario mínimo interprofesional lo hacen en una media que suma 1.048 euros al año, lo que equivale a un salario anual de 10.082,51 euros, sin duda una cifra muy por debajo de la media del salario nacional. Estas diferencias salariales han sido denunciadas por los trabajadores y existen múltiples sentencias que les dan la razón, lo que ha provocado que algunas de las principales empresas del sector servicios aboguen por dar pasos hacia una equiparación salarial y así eliminar una inseguridad jurídica que finalmente se traduzca en mayores costes para las mismas. Las políticas laborales del Partido Popular quedan en entredicho cuando son las propias empresas, señorías, las que adoptan medidas correctoras para garantizar la seguridad jurídica.

Pese a la trompetería triunfalista del Gobierno del señor Rajoy, otra consecuencia evidente de sus políticas en materia de empleo es la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, una situación que debiera sonrojar a quienes han propiciado el empobrecimiento de las trabajadoras y los trabajadores de este país, que además desmonta la ridícula idea lanzada por el Partido Popular, que, en su delirio, llega a afirmar que los socialistas buscamos la destrucción de las empresas. Señorías, ¿saben quiénes atentan seria y gravemente contra las empresas? Atentan contra las empresas los que con sus políticas laborales generan la devaluación de los salarios de los trabajadores, que, en consecuencia, se distancian de la condición de consumidores potenciales de los productos que ofrecen nuestras empresas. Sin salarios dignos, con la existencia del fenómeno contrario, es decir, con la devaluación salarial, se frena el crecimiento del consumo a los niveles deseados.

Señorías, queda demostrado que el Partido Popular es capaz de decir una cosa y hacer la contraria, porque negando, por ejemplo, la existencia de la precariedad laboral demuestra no estar en la realidad que viven los españoles y las españolas diariamente. ¿Es que acaso en esta Cámara existe diputado alguno que no conozca el caso de numerosos trabajadores que suman a diario contratos a tiempo parcial en distintas empresas para, en el mejor de los casos, sumar unos ingresos que los sitúen a las puertas de los ingresos mínimos para hacer frente a sus necesidades básicas? No sé la respuesta que darán sus señorías, lo que sí les aseguro es que las trabajadoras y los trabajadores subcontratados la conocen perfectamente porque la viven diariamente en sus carnes. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista solicito el respaldo de la Cámara a esta proposición de ley. Oponerse a la misma supone firmar a favor de la precariedad, de la temporalidad y de la inseguridad laboral. La realidad es tozuda; allá los


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que quieran vivir en el desconocimiento de la verdadera realidad social de nuestro país. Hoy, sí que les digo, señorías, que iniciamos la cuenta atrás para devolver la dignidad a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Pensé que tenía dos minutos y tengo tres, no está mal. Nueva Canarias quiere anunciar en primer lugar -dada la precariedad del tiempo en el que me muevo- que vamos a apoyar de forma entusiasta esta proposición de ley relativa a las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Dentro del proceso de precarización de los derechos de los trabajadores que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años, una de las formas especialmente perversas de precarización de las condiciones de trabajo es precisamente el abuso de las subcontrataciones, algo que ha colaborado a ese objetivo que se ha buscado de maquillar las cifras a base de la devaluación interna de las condiciones de trabajo de nuestra gente y de sus salarios. Al final, lo que se ha hecho ha sido utilizar la subcontratación para devaluar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores que realizan el mismo tipo de tareas que otros que cobran, en muchos casos, más del doble. Esto lo ha explicado muy bien la diputada del Grupo Socialista, canaria como yo, que conoce que uno de los sectores donde esto se produce con mayor profusión y con mayor dureza es justamente el sector hostelero. Es poco razonable que ante cifras espectaculares de crecimiento de la actividad turística, y en consecuencia del sector hotelero, la repercusión sea favorable desde el punto de vista del crecimiento de la actividad y profundamente desfavorable desde el punto de vista del crecimiento no solo de los salarios, sino del trabajo. Es una desigualdad, un desarrollo desigual que debemos combatir con contundencia.

Todo esto está generando situaciones próximas al esclavismo de sectores importantes de trabajadores que se ven obligados a trabajar a destajo y los procedimientos que se utilizan son los de negarles los derechos por este tipo de subterfugios. Estamos tan de acuerdo con todo esto como que en el Senado nuestra senadora ha presentado una ponencia de estudio sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de la limpieza en el sector hotelero, un ejemplo perfecto de lo que precisamente no se puede defender. Esto, además, es un elemento que incide gravemente en la sana competencia entre diferentes empresas; un proceso de competencia desleal por el que muchas de las empresas acaban ganando concursos para, luego, subcontratar la actividad a precios menores con otros que también concursaron y perdieron. Este es uno de los elementos que hay que empezar a cambiar, a modificar, y recuperar los derechos laborales perdidos a lo largo de la pasada legislatura.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo Iturbe.

No tenía tres minutos, tenía tres minutos con treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres. (Risas.-Aplausos).

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Socialista no ha medido el perverso efecto que su iniciativa tendría en las relaciones laborales empresariales y también en las arcas de la Administración pública. De llevarse a término, judicializaría las relaciones entre las empresas y, por ende, entre sus trabajadores; causaría un gravísimo quebranto económico a la Administración y sesgaría la libertad de organización empresarial recogida en la Constitución española.

Señorías, por mucho que se publicase en el BOE esta reforma, la realidad del mercado laboral es que las empresas no podrían afrontar más pagos para que, a su vez, las subcontratas retribuyan a sus trabajadores. Tampoco la pequeña empresa acudiría a la principal a reclamar la subida del contrato. Esperar esto es desconocer la aprensión que regula estas situaciones, es desconocer la realidad social. El precedente de la creación del autónomo dependiente señala la inutilidad de estas medidas, porque el recelo en las relaciones laborales hace que poquísimos autónomos se hayan planteado denunciar o luchar contra una situación irregular. Hoy se propone algo equivalente, pero referido a las medianas y


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especialmente a las pequeñas empresas. No puedo extenderme señalando la posible contradicción con la Constitución en relación con la libertad organizativa empresarial, que con su propuesta se vería limitada. La iniciativa también conlleva un severo riesgo para las arcas públicas, ya que así como en el sector privado hay temor por denunciar situaciones de abuso, en el público no existe, lo que repercutirá en nuevas cargas a cuenta de la Administración, es decir, más presión para el contribuyente. Un ejemplo lo tenemos en la sentencia reciente del Tribunal Europeo sobre los trabajadores temporales.

Finalmente, la propuesta socialista afecta a todos los contratos que un empresario haga de su actividad principal o nuclear, pero la Administración pública no escaparía a ello. Una modalidad de contratación recogida en la Ley de Contratos del Sector Público es el concierto, a través del cual la Administración presta de manera indirecta, con un tercero, sus servicios, normalmente esenciales, como sanidad o educación. De culminarse esta reforma, se estaría abriendo la puerta a que los centros concertados tuviesen que retribuir lo mismo que paga la Administración a los trabajadores públicos. Consecuencia: incremento del gasto de las comunidades autónomas, y no poco.

Por último, esta reforma condicionaría las condiciones laborales. Si se aplica, todas las fundaciones, asociaciones y empresas concertadas que prestan servicios esenciales o nucleares propios de cada Administración acabarían siendo subrogadas por esta. Mi voto, por tanto, señora presidenta, será en contra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidenta andrea.

Tres minutos. Hoy es más largo.

Comenzaré señalando algo que ya hemos dicho desde esta tribuna en nombre de Euskal Herria Bildu, y es que para nosotros el mejor marco posible para las y los trabajadores vascos es el marco vasco de relaciones laborales inserto en una realidad nacional soberana y propia, la de Euskal Herria. Pero en la medida en que eso todavía no es una realidad y en la medida en que las leyes que aquí se aprueban son leyes que afectan a las y los trabajadores de nuestro país, señalaremos algo muy obvio y que va a marcar toda nuestra intervención: que la subcontratación genera precariedad y pobreza. ¿Por qué? Porque la subcontratación se está utilizando para reducir costes salariales, destruyendo empleo propio y sustituyéndolo por empleo precario. Digo empleo precario porque tiene condiciones laborales y salariales mucho peores que las del empleo propio, y porque tiene condiciones de seguridad en el trabajo también mucho peores. Baste recordar a modo de inciso cómo en el año 2015 en la Comunidad Autónoma vasca un tercio de los trabajadores y trabajadoras fallecidas era personal subcontratado. Sobra decir que el peso porcentual de los subcontratados dentro del conjunto de la economía vasca no llega ni de lejos a un tercio.

¿Y dónde se está produciendo esa subcontratación? Como se ha señalado por parte de la proponente, en la hostelería y en los servicios sí, pero no solo en esos sectores, también en la industria, en la energía y en las telecomunicaciones. Así nos lo hizo ver con mayor claridad que otros sectores -por su nivel de movilización- la Marea Azul, la marea de los trabajadores y trabajadoras de Movistar. Ellos y ellas nos preguntaban -creo que también en esta Cámara lo señalaron- cómo era posible que en una empresa, desarrollando el mismo trabajo, unos trabajadores cobraran 1.000 euros y otros 2.000 euros, dependiendo de si eran subcontratados o personal de la empresa; cómo era posible que unos trabajadores trabajaran diez horas al día mientras otros lo hacían siete horas al día, dependiendo de si eran subcontratados o trabajadores de la empresa, y cómo era posible que, desempeñando el mismo puesto de trabajo, tuvieran condiciones de seguridad y salud en el trabajo diferentes, también en función de si eran subcontratados o personal de la empresa. Sobra decir que quienes gozaban de las peores condiciones eran los subcontratados.

Apoyaremos la proposición de ley porque siquiera en el papel puede ayudar a conseguir que a igual trabajo haya igual salario y porque puede frenar la destrucción de empleo digno en las grandes empresas, pero sinceramente creemos que más que leyes lo que falta es actitud y compromiso. Falta actitud cuando no se triplica el número de inspectores fiscales por ejemplo y a la vez se hace gala de músculo económico para los gastos de defensa. Falta actitud cuando no hay más jueces que sigan el camino de la jueza Garbiñe Biurrun, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que equipara las indemnizaciones por despido entre personal temporal y personal fijo. Falta actitud cuando las instituciones públicas, en lo que pueden hacer, deciden seguir echando mano de la subcontratación tanto para las grandes obras, como


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podrían ser -lo que yo conozco- el tren de alta velocidad, la Supersur o San Mamés Barria, como para otro tipo de trabajos, como las residencias, el reciclaje de residuos en Bizkaia o la asistencia domiciliaria. Y falta actitud cuando esta iniciativa hace alusión al artículo 38 de la Constitución, el que blinda los derechos de las empresas, cuando podía haberlo hecho al artículo 35 de la Constitución, que es el que habla del derecho al trabajo digno y a una remuneración del mismo. Pero probablemente también la Constitución ha quedado en papel mojado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto, en último término, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

La cuestión de fondo que nos ha planteado el Grupo Socialista con esta iniciativa en parte la podríamos compartir: el deterioro de las condiciones laborales vinculadas a un proceso de exención de actividades. Y no es la primera vez que debatimos esta iniciativa del Grupo Socialista; creo recordar que en la X Legislatura ya tuvimos ocasión de debatirla. Por tanto, reconociendo que existe el problema, mi grupo hoy votará a favor de la toma en consideración de la misma, pero queremos advertir al menos tres cuestiones. En primer lugar, en cualquier regulación de los procesos de externalización debemos ser extremadamente prudentes porque existen abusos -y seguramente en el sector de la hostelería existen abusos, lo han existido en otros sectores productivos-, pero no podemos imaginar un tejido económico industrial competitivo sin procesos externalización. Por tanto, prudencia en la regulación que hagamos de esta cuestión, por lo que advierto ya al Grupo Socialista que enmendaremos su proposición de ley en el trámite parlamentario. Recuerdo de paso que ya regulamos la subcontratación en el sector de la construcción y no sé si aquella ley en un momento en el que vuelve a crecer la economía nos va a ser útil para evitar los abusos en el sector de la construcción. En segundo lugar, confianza en la negociación colectiva, porque quizás aquello que explica el deterioro de las condiciones laborales no es tanto la externalización en sí misma sino la prevalencia del convenio de empresa por encima del convenio del sector. Y quizás sería bueno también que en este trámite parlamentario reforzáramos el papel de la negociación colectiva en materia de subcontratación. En tercer lugar, existen otras políticas no directamente vinculadas a la regulación de lo laboral que van a ser más útiles en la lucha contra la degradación en el empleo vinculada a la externalización. Una de ellas es el incremento del salario mínimo profesional. Algunos de los contratos de empresas son viables porque, con un salario mínimo interprofesional bajo, se puede competir degradando las condiciones laborales. Y evidentemente debe haber una acción decisiva de la Inspección de Trabajo. Cualquier medida que incremente el esfuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la degradación de las condiciones de empleo va a encontrar nuestro apoyo.

Finalmente, una última consideración que es bueno que conozca la Cámara. La portavoz del Grupo Socialista ha aprovechado su intervención para hacer una enmienda a la totalidad a la reforma laboral del Gobierno del PP, y está en su derecho legítimo de hacerlo, pero el artículo 42, que es el objeto de esa iniciativa, no fue modificado en el año 2013. De hecho, no recuerdo la última vez que el artículo 42 se modificó. Por tanto, con esta medida de hoy podemos hacer muchas cosas, pero no derogamos la reforma laboral, lo que abordamos es una regulación de la subcontratación que afecta al artículo 42. Es bueno recordarlo para que la Cámara no se despiste sobre aquello que discutimos y votamos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta proposición pretende acabar con una de las patologías más características del mercado de trabajo, que es la subcontratación en cascada, de la que hoy en día se constata la existencia de numerosos grupos de trabajadores que, si bien se supone que son objeto de contratos con el paraguas de su especialidad, han sufrido prácticas injustificables y más bien fraudulentas de las que se ha derivado una huida de la función tuitiva del Derecho del Trabajo, porque, como recuerda la exposición de motivos, la subcontratación como institución tanto mercantil como laboral pretende en principio, y atendiendo a la mayor cualificación y especialización de los trabajadores, facilitarles acceder a un mercado de trabajo propio y además permitir a muchas pequeñas empresas participar en un mercado de trabajo externalizado precisamente por su especificidad.


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La subcontratación en el ámbito privado no tiene más límites legales que los derivados de la Ley 32/2006 y de la Ley 14/1994, una de construcción y otra de empresas de trabajo temporal. Consecuencia de los contratos suscritos a su amparo, no es infrecuente -todo lo contrario- que la empresa adjudicataria y la primera contrata no conozcan ni cuál es la última subcontrata que realiza la obra objeto de adjudicación ni, mucho menos, la cualificación de sus trabajadores ni la calidad. Esta situación degrada las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, la seguridad y la prevención de riesgos laborales, la retribución y, con carácter general, la mayor parte de las condiciones de trabajo. Solo por ello, y por todas esas razones a las que se refiere también la proposición de ley, consideramos que es aconsejable votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley. No obstante, queríamos hacer una pequeña advertencia a los proponentes, ya que creemos que, derivado del texto actual, nos encontramos con un pequeño problema cual es el relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en los artículos 82.3, 83.2 y 85.3 del Estatuto de los Trabajadores -del reformado, año 2012-, ya que, como recordarán, dicha reforma establece la prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior.

La proposición de ley no resuelve el problema de la concurrencia entre convenios colectivos de la empresa contratante y los convenios colectivos de las empresas subcontratadas. Téngase en cuenta que cada empresa posee su convenio colectivo, que su ámbito de aplicación queda determinado por los ámbitos personales, territoriales y sectoriales indicados por cada convenio colectivo y que esta -ese es el problema- es una materia de derecho no disponible. La proposición de ley llega a establecer no solo modificaciones de contenido de las condiciones laborales de los convenios de las empresas subcontratadas, sino incluso novaciones contractuales cuando se refiere a condiciones de contratación y al tiempo de trabajo. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Repetimos en todo caso que esas dudas se formulan al amparo del actual texto y sin perjuicio de que una vez sea tomada en consideración, como esperamos, podamos hacer las reformas oportunas en su tramitación. Así, y solo por efectuar una sugerencia que se pudiera plasmar en el debate, podría recogerse en su argumentario que para que las condiciones de las sucesivas subcontratas no se degraden procedería suspender provisionalmente la vigencia de esos convenios colectivos en relación con las cláusulas consignadas en el artículo 1 de la proposición de ley. No obstante, y sea cual fuera el texto resultante como consecuencia del debate, entendemos necesario abordar dicho problema bajo el paraguas de una premisa, el de la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como abordando la cuestión relativa a los convenios colectivos tal y como actualmente se encuentra regulado en el artículo 82.1 y 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que repito que votaremos a favor de su toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes a todos y a todas.

Vamos a votar a favor de la proposición de ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. ¿Cómo vamos a votar en contra de un principio tan elemental? ¿Cómo alguien de esta Cámara puede votar en contra de algo tan claro como a igual trabajo iguales condiciones laborales? De hecho, incluso lo dijo la propia ministra en la última comparecencia cuando habló de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Así de triste es la realidad laboral que tenemos que se debe proponer una ley para garantizar este principio de igualdad tan básico, y dice bien poco de quienes nos han gobernado hasta ahora tener que regular la igualdad de condiciones para un mismo trabajo. Dicho esto pensamos que una regulación más restrictiva de la subcontratación no es, como se ha dicho aquí, un ataque a la libertad de empresa en cuanto a su potestad de subcontratar y de organizarse como mejor le plazca, sino de regular esa actividad para evitar la especulación en el mercado laboral, para evitar que se devalúen las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras mediante esta práctica utilizada de manera perversa.

En un principio la subcontratación debería ser usada para cubrir un mayor grado de especialización y de cualificación de los trabajadores, es decir, cubrir aquellas necesidades específicas de una empresa -por ejemplo, un mantenimiento especializado en una central nuclear por una empresa especialista-, pero la realidad es que cada día más, y de manera exponencial, se usa la subcontratación como un sistema con una única finalidad: la de abaratar los costes salariales y las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y esto es lo que debemos regular e impedir en este Parlamento: el incremento


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progresivo y abusivo de la subcontratación y externalización de plantillas con el único objetivo de devaluar los costes salariales; evitar las externalizaciones abusivas en todos los sentidos en que se practican, tanto en las administraciones y empresas públicas como en las privadas. ¿Por qué decimos abusivas? Porque, repito, la finalidad de estas subcontrataciones ya no tiene en muchos casos razones de especialización, tecnológicas o de valor añadido, sino que responden exclusivamente a la especulación con la mano de obra.

El porqué de este notable incremento se debe una vez más a las reformas laborales que permiten los convenios de empresa y trabajar por debajo de los convenios sectoriales; es decir, se externaliza para que la empresa que subcontrata haga el trabajo sucio de la devaluación de los salarios y de las condiciones de trabajo. Todo ello provoca el dumping empresarial, competencia entre las empresas basada en los bajos salarios y condiciones de trabajo, es decir, si una empresa subcontrata mejorando sus beneficios a base de pagar un precio menor del que tendría si tuviera plantilla propia, lo que hace es que las empresas que lo hagan bien, las que se regulen por los convenios del sector, estarían en peores condiciones para competir, con lo cual muchas veces optan también por subcontratar creando un efecto cadena a la baja con un único perjudicado: los trabajadores y las trabajadoras. Otro efecto perverso es la doble escala salarial entre personas que hacen el mismo trabajo. A menudo las empresas subcontratadas subrogan las plantillas, pero a partir de ahí las nuevas contrataciones de personal ya serán con convenios de empresa propios creados a menudo también ad hoc para especular y ganar dinero a base de empeorar las condiciones de trabajo. Por último el efecto devastador sobre un territorio cuando se subcontrata a gran escala, como está pasando, ya que la competencia se establece no mejorando la calidad de los servicios o del trabajo que se realiza, sino a partir de quién tiene las subcontratas más baratas, las que pagan menos a sus trabajadores. En esto está el negocio, sobre todo en empresas que subcontratan trabajos de poco valor añadido; concretamente sería el servicio de hostelería, las camareras de piso, porque la lejía o los productos de limpieza valen igual, y ¿dónde está el negocio? En abaratar las condiciones de trabajo, ahí está. Especialmente nocivas son así las empresas de multiservicios que se dedican exclusivamente a la especulación, y que por parte de Esquerra Republicana están en nuestro punto de mira por el daño que están haciendo en sectores como limpieza, hostelería, etcétera.

En resumen votaremos a favor de esta propuesta de ley para seguir trabajando de cara a regular el sector de la subcontratación, y esperamos que entre todos podamos crear una buena regulación de la subcontratación para garantizar la igualdad y las mejores condiciones de trabajo para todos y para todas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador i Duch.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no acostumbro a hacerlo, pero hoy quiero empezar mi exposición hablándoles de una historia real, una historia que me ocurrió en primera persona, una historia que me ocurrió ya hace quince años. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Hace quince años era un feliz universitario que como muchos de mi generación compaginábamos nuestros estudios universitarios con distintos trabajos. Había pasado por ETT, por diferentes empresas, y una vez vi un anuncio de una empresa de servicios que ofrecía empleo de reponedor; en aquella época cogíamos todo tipo de trabajos y allí que me fui, dejé mi currículum, recuerdo que pasé una entrevista con el responsable de recursos humanos y a los pocos días empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una superficie comercial, el típico supermercado y hasta allí todo bien; allí había trabajadores que trabajábamos para esta empresa de servicios y había otros trabajadores que trabajaban directamente para el supermercado. En principio la única diferencia era el nombre que llevábamos en la pegatina, la serigrafía de nuestra camiseta, nosotros teníamos el nombre de la empresa de servicios y ellos tenían el nombre del supermercado; todo bien. Poco a poco vas cogiendo confianza y cuando llevas unos meses trabajando, en los almuerzos hablas con unos, hablas con otros y ahí es cuando nos dimos cuenta de que esa no era la única diferencia, sino que realmente la diferencia llegaba a final de mes con la nómina, cuando nosotros cobrábamos entre la mitad y dos terceras partes de lo que cobraban los trabajadores del propio supermercado.

¿Con esto qué quiero decir? El problema no es de ahora, es un problema que viene de hace tiempo, y cuento esta historia porque lo curioso es que hace poco tiempo, hace meses, me encontré con un colega, con un amigo que no ha tenido la misma suerte que he podido tener yo o hemos podido tener otros, perdió su empleo y tras estar un tiempo en desempleo empezó a trabajar para una empresa de


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servicios, en una situación muy parecida a la que yo trabajé hace quince años. Yo casi lo tenía olvidado, pero esta historia de mi amigo me hizo recordar que esta situación es dramática, porque en aquel momento yo no lo necesitaba para comer, pero mi amigo sí lo necesita para dar de comer a una familia. La paradoja de esta historia que les cuento hoy aquí es que quince años después nuestro mercado de trabajo sigue teniendo los mismos problemas de desigualdad y de discriminación entre los trabajadores. Ya no hablo solo de la situación de la subcontratación o de la cesión ilegal, sino que hablo también de que tenemos trabajadores que tienen condiciones laborales diferentes dentro de una misma empresa solo por el hecho de tener trabajos y contratos temporales o contratos indefinidos, como nos han recordado las sentencias de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se han nombrado aquí.

Pero no es ese solo el problema de nuestro mercado de trabajo, nuestro mercado de trabajo tiene muchos más problemas. Tenemos un problema de desempleo estructural. En la actualidad estamos en torno al 20 % de desempleo, pero en los últimos treinta años hemos superado hasta en tres ocasiones el 20 % de desempleo. Pero si tienes la suerte de salir del desempleo y empezar a trabajar, de conseguir un trabajo la verdad es que la situación tampoco es mucho más halagüeña, porque según las estadísticas, más del 90 % de los contratos que se celebran en la actualidad son contratos temporales con una tasa de temporalidad de las más altas, solo superada por Polonia, de todos los países de nuestro entorno. A eso tenemos que sumar, como todos ustedes saben y se ha hablado aquí en la Cámara, un problema también de pobreza laboral, ya que tenemos en torno a 6 millones de trabajadores que aunque trabajan no consiguen llegar a final de mes, porque sus ingresos no llegan a superar en términos anuales ese salario mínimo del que se hablaba antes, y para los que subidas de ese salario mínimo interprofesional -como ha dicho aquí algún orador- no solucionan el problema.

Nosotros tenemos muy claro cuál es el problema. El problema es que tanto ustedes, señorías del Partido Socialista, como ustedes, señorías del Partido Popular, se han dedicado durante todo este año a poner parches, parches como el que traen hoy aquí de la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, cuando los problemas van mucho más allá. Porque quiero recordarles que ustedes, señorías del Partido Socialista, que ahora van con las pancartas de defensa de los trabajadores y salen a la calle, fueron quienes trajeron a la Cámara la reforma del año 2010, fueron ustedes los que ampliaron el colectivo que podía reducir la indemnización de cuarenta y cinco días a treinta y tres, y fueron ustedes los que multiplicaron los casos de descuelgue salarial, facilitando ese descoloque salarial. Bien es cierto que posteriormente llegó el Partido Popular también con una serie de reformas laborales. Ellos nos dicen que ha servido para generar empleo, nosotros no dudamos de que ha servido para generar empleo, pero hay que pensar qué tipo de empleo y que es cierto que esa reforma laboral que ha traído el Partido Popular ha servido para que estos casos como los que yo les he explicado, el propio o el caso de mi amigo, se hayan multiplicado exponencialmente. Por tanto nosotros creemos que es necesaria una reforma laboral en profundidad, una reforma de nuestro modelo de relaciones laborales, no solo del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Debemos reformar nuestro sistema de contratación para que no tengamos los problemas que tenemos en la actualidad de los que hemos hablado, problemas de dualidad. Tendremos que avanzar hacia un contrato único que evite esos problemas, y tendremos que tocar otro tipo de modelos de contratos. Es cierto que el contrato a tiempo parcial tiene que ser usado como una herramienta de flexibilidad para los empresarios, pero en la actualidad -igual que el contrato temporal- está siendo usado como una herramienta de fraude. Todos ustedes conocerán a trabajadores que están contratados cuatro horas y después están trabajando ocho, con el expolio que esto significa para nuestro Sistema de Seguridad Social. Probablemente también, como se ha dicho aquí, habrá que reformar nuestro modelo de negociación colectiva, pero igual no es tan importante si vamos a hacer un modelo de negociación colectiva sectorial o un modelo de negociación colectiva de empresa; lo que creemos que es importante es que quede clara la legitimación de los trabajadores y la representación de los trabajadores para que no ocurran cosas como las que están pasando en la actualidad. Seguramente también tendremos que hacer reformas a nuestro modelo de relaciones laborales para adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la economía digital, para que no nos encontremos otra vez de nuevo con situaciones de fraude como son esas relaciones laborales fronterizas que tendremos que delimitar.

En definitiva no queremos más parches, sino un nuevo modelo de relaciones laborales, y ese es el motivo por el que nos abstendremos en esta votación, porque nosotros creemos que se consiguen muchas más cosas sentándonos a la mesa, sentándonos a dialogar, y tenemos claros ejemplos como conseguir aumentar los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas a través de la negociación, llegar a un gran pacto por la conciliación laboral que nos permita pasar más tiempo con nuestras familias e incrementar la


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natalidad, que falta nos hace. Sentándonos y negociando se pueden conseguir mejoras en los autónomos como las que hemos conseguido nosotros en los acuerdos con el Partido Popular -recordemos que los autónomos son los grandes generadores de empleo neto en nuestro país- o un complemento salarial para nuestros jóvenes, y esa sí que es una herramienta eficaz para la lucha contra la precariedad o si hablamos de desempleo un sistema de perfilado que haga que nuestros servicios públicos de empleo mejoren en su funcionamiento y den ocupación a muchos más trabajadores. Sabemos que en la actualidad nuestros servicios de ocupación no colocan ni al 2 % de los desempleados. Así que desde mi grupo parlamentario como les digo apostamos por sentarnos y apostamos por dialogar.

Le quería decir a la ministra, aunque no la tenemos aquí, que no sabemos a qué espera, que debemos sentarnos ya y debe ser ella, la ministra, quien debe constituir esa mesa de diálogo y esa mesa de negociación que nos ha prometido a todos, donde estemos presentes, tanto los agentes sociales y agentes económicos como los demás partidos políticos, porque, señorías, los ciudadanos nos han elegido para que solucionemos los problemas no para que les creemos más problemas. Por eso quiero decirle a la ministra que sea valiente y que monte esa mesa de diálogo porque tenemos muchos colectivos que no pueden esperar más.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy venimos a hablar y a debatir -ya lo hemos visto- sobre uno de los mayores problemas de las relaciones laborales de nuestro país, del tejido productivo y de la economía, que es la subcontratación. En la exposición de motivos de esta proposición de ley se habla de dos cosas fundamentalmente: primero, de los efectos de la subcontratación en la mejora de la productividad y la eficiencia empresarial. Esto es un hecho bastante discutible, tanto en el plano teórico como en el práctico. Informes del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística nos sitúan como uno de los países menos productivos de nuestro entorno, cosa que pone en serias dudas esta información, y la realidad del día a día también. Eso es quizá más importante que los informes del Banco de España y del INE. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestros puestos de trabajo -los que hayan trabajado alguna vez aquí, claro- cómo una cadena interminable de contratas y de subcontratas ralentiza y dificulta el trabajo, impide la coordinación y hace finalmente que no se cumplan los plazos y los objetivos? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchísimas veces. También esta proposición no de ley habla, y en esto estamos totalmente de acuerdo, de los devastadores efectos que ha tenido y tiene la subcontratación en las condiciones laborales de nuestro país. Millones de personas trabajan como mulas, comparten espacio físico y tareas con compañeros de la empresa matriz o de la empresa grande, como se conoce coloquialmente, que ven como tienen jornadas más largas, menos derechos reconocidos, un convenio colectivo muy por debajo del de las personas que tienen al lado, y sobre todo -lo más grave- un sueldo mucho más bajo que sus compañeros. En esto va a profundizar la compañera Rita cuando hable dentro de un momento de las camareras de piso, que conocen bien esto de lo que estoy hablando. Esto es una aberración, es un disparate, es sencillamente inadmisible.

Esta iniciativa de hoy da los primeros pasos en la dirección correcta. Por eso vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. O quizá sí podía ser de otra manera. Voy a contarles un pequeño ejemplo. Podemos presentó una enmienda en esta misma línea en una iniciativa en el Parlamento de Canarias, poniendo especial hincapié en los pliegos de contrataciones públicas, cláusulas de obligado cumplimiento por parte de la Administración, para que se respeten los derechos laborales y los convenios colectivos del sector cuando es la Administración la que hace el contrato, y el Partido Socialista Obrero Español -bueno, lo de obrero...-, el Partido Socialista Español votó en contra, porque la coherencia y el sentido común tocan cuando están en la oposición, cuando están en el Gobierno, calentitos en la silla, como en el Gobierno de Canarias, pues ya la cosa cambia un poco. Vamos a dejar este ejemplo y vamos a seguir. Esta pequeña anécdota no va a condicionar nuestro voto de hoy. Nosotros venimos aquí a sacar propuestas para mejorar la vida de la gente. Ese es nuestro objetivo, para eso trabajamos, y por tanto como ya he dicho vamos a votar a favor. (Aplausos).

Para ampliar el contenido de esta proposición de ley añadimos los siguientes puntos al debate y a la elaboración. Uno, la representación legal de los trabajadores debe tener acceso al contenido del contrato


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mercantil entre contratista y subcontratista, para fiscalizar el objetivo de la subcontratación. Dos, cualquier incumplimiento de la normativa laboral con la plantilla subcontratada debe tener como consecuencia la consideración de cesión ilegal de trabajadores. Y tres, que estudiemos la posibilidad de limitar los contratos eventuales y temporales en la cadena de subcontratación.

No quería finalizar -estoy viendo el tiempo, pero voy bien- sin colocar en el centro del debate el motivo principal de la existencia de la subcontratación, su razón de ser, que es causa y consecuencia a la vez, y no es otra -no se equivoquen, no le den barniz- que impedir la organización de la gente trabajadora, que bajo ningún concepto podamos tener un espacio común donde ponernos de acuerdo, donde organizarnos y donde pelear por unas condiciones más dignas. No hay nada más antiguo y más efectivo que el divide y vencerás. Los currantes de este país divididos y subdivididos en una cadena interminable de empresas subcontratadas somos carne de cañón: individualistas, atemorizados, acobardados, enfrentados entre nosotros, así nos quieren los que mandan. No es solo una cuestión económica o laboral, que lo es también, es una cuestión ideológica. Esto sí que es ideología. Para ustedes las relaciones laborales son la jungla, donde debe imperar la ley del más fuerte y donde las personas trabajadoras deben negociar sus condiciones de manera individual. Para nosotros es todo lo contrario: la capacidad de asociación y de sindicación de la gente trabajadora, la posibilidad de erigirse en un actor colectivo que negocie las condiciones de trabajo de manera colectiva, que se siente de tú a tú con la patronal, con el empresario, de igual a igual, es nuestra única garantía, la única que tenemos. La negociación colectiva y la libertad sindical son un pilar clave de cualquier Estado de derecho, de cualquier democracia digna de tal nombre, porque no podemos, ni queremos además, vivir en un país donde la democracia se quede fuera de los centros de trabajo. La democracia también tiene que entrar de puertas para dentro; bastante pelearon nuestros padres y madres para eso y nuestros abuelos y abuelas. (Aplausos).

La gente trabajadora de este país ya está cansada del te quedas a hacer horas extra esta tarde porque lo digo yo; vienes a trabajar el sábado porque lo digo yo, y vas a cobrar 600 euros y si te gusta bien y si no también. Ya estamos cansados; estas frases se repiten por miles a diario en nuestro país, por miles, y son agresiones directas no solo contra nuestra dignidad como personas y como trabajadores, sino también contra la democracia en sí misma. Queremos un país que funcione, que sea productivo, que genere riqueza, con empresas solventes que generen empleo, pero para eso es fundamental que la gente trabajadora tengamos derechos y que se cumpla una máxima democrática del movimiento obrero -por desgracia hoy sigue siendo más necesario que nunca-, que no es otra que a igual trabajo, igual salario.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Candón Adán.

El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar mi intervención recordando a la señora portavoz del Grupo Socialista la mala memoria y la amnesia que tiene en relación con el número de parados con que dejaron a este país. Y tras escuchar al portavoz de Podemos he de decir que gracias a Dios y menos mal que hemos avanzado en nuestro ordenamiento jurídico laboral. No sé dónde se ha quedado usted, en siglos pasados. Gracias a Dios que trabajamos y avanzamos para el bienestar de los ciudadanos.

La proposición que hoy se trae aquí ya fue debatida en la legislatura anterior. Comienza su exposición de motivos poniendo en valor la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución española, como no puede ser de otra manera; sin embargo en las modificaciones que pretenden realizarse del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores proponen más que limitar la libertad de empresa, ya que se anula la capacidad de organización de las empresas que prestan servicios mediante contratos de externalización. Son los interlocutores sociales los que deben seguir trabajando para reforzar la negociación colectiva en materia de subcontratación, y evidentemente buscar el equilibrio en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

En el momento actual que vivimos y en un ámbito de consenso político y de diálogo social se debe seguir avanzando en los derechos de los trabajadores subcontratados, como no puede ser de otra manera, siempre y cuando también se concilien los derechos de los trabajadores y el derecho constitucional a la libertad de empresa. Pero la subcontratación no es solo una fuente de problemas, como nos quiere hacer ver hoy aquí el Grupo Parlamentario Socialista. En la actualidad la subcontratación es un recurso habitual para la empresa, puesto que le permite reducir costes de fabricación, tener acceso a expertos cualificados


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en la materia, abordar una transformación del negocio, reducir riesgos, convertir costes fijos en variables o recibir ideas innovadoras para mejorar el negocio, los productos y los servicios, entre otras cuestiones. Si bien es cierto que la relación que se crea entre las empresas implicadas es compleja -sobre todo dependiendo del tipo de subcontratación del que hablemos-, no es menos cierto que el legislador la ha dotado de una serie de garantías a favor de los trabajadores implicados, a fin de evitar que por esta vía puedan vulnerarse los derechos de los trabajadores.

En nuestro mercado laboral podríamos distinguir básicamente dos tipos de subcontratación. Una, que podríamos denominar subcontratación buena o favorable, que es la habitual y la que todo el mundo practica, y por otro lado, nos encontramos con otro tipo de subcontratación que sí puede generar más problemas, que son las cadenas de subcontratación. Evidentemente ante esto no estamos ciegos. Aunque no sea la práctica habitual es cierto que este tipo de subcontratación negativa existe, pero no podemos criminalizar la subcontrata en términos generales, ya que bien entendida aporta un valor real al mercado laboral y a la calidad de producción que no hay que ignorar. Eso no es óbice para no ver los problemas que pueden surgir. Las preguntas serían las siguientes: ¿es la reglamentación de la subcontrata el medio para evitar los efectos nocivos? ¿La solución radica en establecer legalmente la obligación de reconocer a todos los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas las mínimas condiciones laborales y de empleo que tendrían si fueran todos ellos contratados directamente por el empresario principal, como pretende la proposición de ley? Pues bien, señorías, la respuesta es no. La proposición de ley parece olvidar que en el ordenamiento laboral vigente ya están establecidos unos mínimos de cumplimiento obligatorio -bien mediante la normativa legal o reglamentaria vigente, bien a través de normativas convencionales como mejora de las anteriores, como convenios colectivos sectoriales o de empresa- para todas las condiciones laborales y de empleo que la iniciativa defiende como esenciales. A partir de esos mínimos, que deben ser observados, debe prevalecer el principio de libertad de empresa. Tal obligación iría en buena medida en contra de la posibilidad de que en las empresas que habitualmente desarrollen su actividad como contratistas o subcontratistas de otras se negocien libremente convenios colectivos propios a nivel de empresa, lo que sería contrario a uno de los objetivos de la reforma laboral de 2012, que es el de acercar la negociación colectiva a la empresa de modo que el contenido del convenio se pueda adaptar a sus circunstancias concretas; y ello porque tales empresas contratistas o subcontratistas deberían en todo caso aplicar los mínimos establecidos en los convenios colectivos de las empresas principales, lo que en la práctica haría inoperante su propio convenio.

No resulta lógico equiparar a los trabajadores empleados por las empresas contratistas o subcontratistas con el personal contratado directamente por la empresa principal, ni siquiera en el supuesto de cesión temporal de trabajadores a una empresa usuaria por una empresa de trabajo temporal. Por un lado, en los dos últimos casos el trabajador se integra en la organización de la empresa en la que presta servicios -principal o usuaria- y queda sujeto a la facultad de dirección y control de la actividad laboral. En cambio, en el supuesto de subcontratación lícita hay un empresario diferente y real, la empresa contratista o subcontratista, en cuyo ámbito de organización presta servicios el trabajador sometido al poder de dirección y control y no al de la empresa principal. Por otro lado, en el supuesto de lícita contratación o subcontratación la empresa principal no desarrolla la actividad con sus propios medios personales y materiales, sino que se limita a recibir el resultado de lo ejecutado por el contratista o subcontratista, para lo que este último aporta sus medios personales y materiales con la consiguiente organización y dirección. Por tanto si es la empresa contratista o subcontratista la que, aun siguiendo las directrices que establezca la empresa principal, dirige y organiza el desarrollo de la actividad productiva que le ha sido encomendada, ha de ser libre dentro de esos mínimos de cumplimiento obligatorio a los que ya nos hemos referido anteriormente, para poder establecer en su seno unas condiciones laborales que se adecuen a sus características y necesidades. Cuestión diferente sería la contratación o subcontratación aparente que encubre un supuesto de cesión de trabajadores. Así la cesión ilegal de trabajadores está tipificada en la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social como una infracción muy grave e incluso puede llegar a ser constitutiva de delito, recogido en el artículo 312 del Código Penal, como tráfico ilegal de mano de obra. Tampoco podemos obviar la Ley 13/2012, de 26 diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Incluye la modificación del apartado 2 del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que amplía de uno a tres años el periodo de tiempo durante el cual el empresario principal responde solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata. Desde la puesta en marcha del Plan de lucha contra el fraude laboral


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y a la Seguridad Social de 2012 se han conseguido aflorar 403.000 empleos irregulares, o sea, empleos sin derechos, y se han detectado 5.700 empresas ficticias creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Las actuaciones del plan han tenido un impacto económico de 17.189 millones de euros.

En definitiva, entendemos que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico unas leyes laborales, leyes de prevención de riesgos laborales, leyes de lucha contra el fraude, un cuerpo de inspectores y subinspectores, una Ley de infracciones y sanciones, y estas son las herramientas que tenemos que utilizar para este asunto, porque las subcontratas en sí mismas no son un problema, y si procedemos a regularlas en los términos que establece la presente proposición de ley, corremos el riesgo de paralizar un modelo de relación laboral que, como he dicho antes, genera ventajas para todos los sectores sociales.

Por ello, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición no de ley. Señorías del Grupo Socialista, creo que no estamos para jugar con el empleo, que no estamos para hacer demagogia y que no podemos experimentar con las oportunidades de los españoles.

Señor presidente, termino deseando a todas sus señorías unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candón.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A CONTINUAR IMPULSANDO EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE UN ESTATUTO INTERNACIONAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 162/000189).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley.

Comenzamos por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un estatuto internacional para las víctimas del terrorismo.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Blanco Garrido.

La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.

Quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sean para manifestar nuestra condena a los ataques perpetrados en el día de ayer en Ankara -que costó la vida al embajador ruso en Turquía- y en Berlín -que ha causado la muerte a doce personas y ha dejado decenas de heridos, entre ellos un ciudadano español-. (Aplausos). También quiero trasladar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y desear una pronta recuperación a todos y cada uno de los heridos. De la misma manera, quiero desear la pronta liberación del cooperante español de Cruz Roja secuestrado en Afganistán, triste noticia que hemos conocido en el día de hoy. Ahora cabe esperar que los responsables no queden impunes y recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.

Señorías, el terrorismo constituye a día de hoy una de las mayores amenazas a la paz y a la seguridad. Nos enfrentamos a una amenaza global que golpea con dureza cualquier parte del mundo y no conoce fronteras. Por ello, la lucha contra el terrorismo yihadista es una prioridad para este Gobierno, y así debería ser para todos, debido a que no es el actual un momento para regalar a los terroristas divisiones internas ni reproches partidistas; es el momento de la unidad para hacer frente a la mayor lacra del presente siglo, que es el terrorismo global. Solo así, desde la unidad y desde la más firme aplicación de la ley, conseguiremos derrotarlo sin caminos intermedios que puedan fortalecer a los terroristas y con ello debilitar a los demócratas.

Señorías, París, Bruselas, Túnez, Bali, Madrid o Bilbao representan un pequeño ejemplo de los miles y miles de lugares marcados para siempre por el terrorismo y, por tanto, para siempre en nuestra memoria, ya que todos deberíamos recordar que la consecuencia extrema del terrorismo son las víctimas que provoca. Dáesh, ETA o Boko Haram son grupos terroristas que tienen en común provocar un estado de terror con el fin de alcanzar propósitos políticos y atacar nuestro sistema de convivencia. Todas sus acciones solo conducen al dolor y al sufrimiento de seres inocentes, porque lo que nunca van a conseguir es acabar con nuestras democracias.

El terrorismo puede presentar muchas formas, pero todas sus víctimas tienen algo en común, su inocencia, y su memoria nos recuerda que nada justifica ni puede justificar la barbarie, porque no hay idea,


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creencia o proyecto político que pueda amparar estas acciones. Esta lección básica, casi de primero de primaria, es en muchas ocasiones, de manera claro está interesada, olvidada por determinados sectores políticos o de la sociedad, con un claro objetivo que no es otro que justificar cada uno de los crímenes terroristas bajo el manto de conflictos de bandos enfrentados o de dignos luchadores de un pueblo, cuando se refieren a terroristas, e incluso pretendiendo disfrazar de libertad ideológica o de expresión la apología del terrorismo o la colaboración con organización terrorista. Esto ocurre aquí, en nuestro país; en cambio, supongo que a nadie se le pasaría por la cabeza pensar que los autores de los atentados de París o de Bruselas fueran considerados luchadores de una causa legítima o dignos referentes a seguir que pueden pasearse por las instituciones democráticas. Pues bien, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos muy claro que quienes incurren en un delito terrorista no están ejerciendo sus derechos, sino que están violentando los derechos de los demás, entre ellos el derecho fundamental por excelencia, que es el derecho a la vida. Y de esto, desgraciadamente, nuestro país sabe mucho, porque lo hemos sufrido durante casi cinco décadas, con especial virulencia, de la banda terrorista ETA, que ha causado 857 víctimas y a la que hemos conseguido derrotar gracias a la firmeza de nuestro Estado de derecho, sin olvidar al resto de las víctimas ocasionadas por otros grupos terroristas, por supuesto, entre ellas las 192 víctimas del mayor atentado que ha sufrido Europa, el del 11 de marzo de 2004.

Por eso, España atribuye una gran importancia a la asistencia, defensa y apoyo a las víctimas del terrorismo, atendiendo, por un lado, al principio elemental de justicia y, por otro, al efecto legitimador que produce la difusión de su memoria y de los testimonios para ayudar a vencer esta lacra de alcance universal. En este sentido, nuestro país lleva años trabajando por la adopción de esta norma internacional vinculante de carácter universal, y digo que lleva tiempo porque la cuestión no es fácil si tenemos en cuenta que el reconocimiento y la protección de los derechos de las víctimas han sido históricamente desatendidos por los Estados y por la Organización de Naciones Unidas, y ello a diferencia de otras categorías de víctimas, como por ejemplo las víctimas del delito, en la que actualmente están incluidos los derechos de las víctimas del terrorismo. Esta ha sido precisamente una de las alegaciones por parte de Naciones Unidas para aplazar la elaboración de una regulación específica para las víctimas del terrorismo, ya que aluden a que ya estamos recogidas en este estatuto. Pero es que las víctimas del terrorismo, señorías, no son simples víctimas del delito, porque entre los elementos constantes del terrorismo figura utilizar a las víctimas como un mero instrumento para socializar el terror, con el fin de destruir el Estado y sus instituciones, vulnerando sus derechos a fin de lograr un objetivo político de manera siempre incompatible con la libertad, la convivencia en paz, el pluralismo y la democracia. Y esto es precisamente lo que hace que las víctimas del terrorismo no puedan ser consideradas como simples víctimas del delito, sino que es necesario que posean una norma específica y vinculante de carácter universal. Porque, señorías, ¿alguna vez se han parado a pensar qué será de los familiares de cada una de las víctimas mortales y de los heridos de los diferentes atentados terroristas que desgraciadamente sacuden al mundo con demasiada frecuencia? Estoy pensando especialmente en Irak o en Afganistán. ¿Cómo serán atendidos estos familiares o las propias víctimas de los daños físicos y morales contra ellos infligidos? ¿Qué reconocimiento político, social o institucional tendrán? ¿Tendrán derecho a la justicia? Me hago estas preguntas muy a menudo y, sinceramente, casi siempre obtengo la misma respuesta: en la mayoría de los casos no tienen ningún derecho que vaya más allá de la asistencia sanitaria de un primer momento.

Tal y como recientemente ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, son demasiadas las víctimas que el terror provoca en todo el mundo, que sufren en silencio un abandono que agrava su dolor y sus heridas. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha querido traer y defender esta iniciativa, porque consideramos que cada vez se hace más necesario alcanzar ese estatuto específico para quienes han sido víctimas de la lacra del terror, porque cada vez es más urgente lograr un catálogo de derechos que vaya más allá de la asistencia sanitaria de urgencia, es decir, que recoja una asistencia sanitaria y psicológica a largo plazo, que recoja el derecho a que se investigue el acto terrorista y a que se persiga a sus autores, en definitiva, un derecho a la justicia, una reparación integral. En este sentido -voy terminando, señor presidente- lo expresaron las víctimas de diferentes lugares del mundo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la sesión del pasado 21 de octubre de 2015, con ocasión de la Presidencia española, donde tuvieron ocasión de hablar, por primera vez, y reflejar a través de su voz la crudeza del sufrimiento que han experimentado por culpa del terror, impidiendo con ello uno de los objetivos de los terroristas, silenciar su voz, porque ellos saben que el terror gana y remata a sus víctimas cada vez que se permite olvidarlas, hacerlas invisibles o silenciarlas, en definitiva, deshumanizarlas. Si el


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nazismo necesitó un proceso de deshumanización de la víctima para llevar a cabo el Holocausto, los terroristas necesitan un proceso similar para imponer su proyecto totalitario y excluyente.

Ahora sí que voy finalizando. La lucha contra el olvido ha permitido a nuestro país desarrollar a lo largo de las últimas décadas un avanzado sistema de reparación integral a las víctimas del terrorismo, un modelo a seguir por otros Estados y un referente mundial en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas, tal y como ha reconocido también recientemente la Organización de las Naciones Unidas. No olvidemos que cada semana e incluso cada día la lista de atentados y de víctimas aumenta considerablemente. Por tanto, debemos abordar sin excusas el reconocimiento de sus derechos. Sin duda, todos los Estados tenemos una deuda impagable con las víctimas del terrorismo, pero también un compromiso con las que desgraciadamente puedan venir en un futuro y con sus familiares.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular esperamos contar con el mayor respaldo posible a esta iniciativa, especialmente en un día como hoy, como muestra inequívoca de compromiso con la memoria, verdad, dignidad y justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Blanco Garrido.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos y, en su caso, para fijar posición, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Por el grupo proponente, el Partido Popular, la señora Blanco persigue el objetivo de que Naciones Unidas elabore finalmente un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo. No es la primera vez que desde esta tribuna y en este hemiciclo discutimos este noble objetivo de una reparación integral. Y, como antes, hoy también se tiene que decir que, desde un punto de vista estrictamente conceptual, ha sido difícil encontrar una definición pacífica de terrorismo. Tan cierto como esto es que el terrorismo existe y que, sin ir más lejos, en una sola semana nos hemos encontrado con los atentados terroristas de ayer en Berlín, los ataques terroristas del Dáesh en Jordania o los atentados terroristas en Kayseri, en Turquía. Estamos en la época de las guerras asimétricas, que producen unas víctimas que se merecen el reconocimiento, la reparación y, si fuera posible, comisiones de la verdad y llegar al perdón.

El objeto de la enmienda del Partit Demòcrata es completar la propuesta del Grupo Popular, en el sentido de que no partimos de cero para poder conseguir ese estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo; existen el convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, concretamente su artículo número 13, directrices de protección a las víctimas del terrorismo, que amplía el objeto del convenio, y un proyecto de directiva de la Unión Europea sobre terrorismo, que entra en la recta final de su discusión y aprobación en el Parlamento Europeo.

Señorías, hemos llegado a un acuerdo y han sido incorporadas estas enmiendas, por lo cual anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Empiezo expresando las condolencias, la solidaridad y el cariño de Unión del Pueblo Navarro a las familias de las víctimas de tanto conflicto y de tanto odio y manifestando nuestra condena y repulsa por los últimos actos de terror que hemos conocido.

Señorías, cuando hablamos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo no olvidamos -aunque quede lejos- los tiempos del miedo y del silencio vergonzante en el que las familias de las víctimas del terror velaban en soledad a sus muertos. Es verdad que se ha avanzado mucho en el reconocimiento y dignificación a las víctimas; es verdad. Era algo debido, algo justo, algo curativo, algo moral, en definitiva, algo bueno. Y ha sido un camino tan exitoso que de un tiempo a esta parte los que siempre apoyaron el terror buscan la manera de ganar ahora la batalla del relato, intentando hacernos creer que los propios profesionales del terror, los terroristas, fueron y son también víctimas involuntarias de algo o de alguien.

Fernando Aramburu, en su último libro, Patria, que les recomiendo vivamente, describe de forma muy acertada esta perversión cuando hace decir a un personaje -familiar de un etarra- que ellos son víctimas


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de las víctimas. Somos víctimas de las víctimas. Y no se puede describir con más crudeza ni de una manera más gráfica la enfermedad que padecemos; una perversión por la que algunos pretenden hacernos creer que los verdugos son igualmente víctimas, es decir, todos iguales.

Nosotros, señora Blanco, saludamos esta iniciativa y la apoyaremos, y añadimos, primero, que no estamos dispuestos a bajar la guardia con los intentos de legitimar el terror de algunos; segundo, que vamos a seguir denunciando todos los intentos por blanquear la memoria de quienes decidieron imponer su régimen de terror, odio y mentiras a la sociedad española, y tercero, que apoyaremos las medidas de apoyo, reconocimiento, dignificación y reparación que el sacrificio de las víctimas nos exige, como hemos hecho hasta ahora, sin complejos y sin titubeos. Lo haremos aquí, en España, y también en el extranjero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Euskal Herria Bildu se va a abstener, y es que nos parece que el trabajo que se puede hacer en las Naciones Unidas a favor de las víctimas es muy importante, pero el PP viene demostrando que tan solo atiende a instancias internacionales cuando sus recomendaciones y decisiones son de su agrado. Desde ámbitos internacionales preocupados por los derechos humanos vienen apuntando en demasiadas ocasiones la poca voluntad del Gobierno del PP por avanzar en el respeto de todos los derechos para absolutamente todas las personas, en relación con la política penitenciaria vengativa que se aplica a los presos vascos y sus familiares, agredidos y acosados este último fin de semana cuando se desplazaron a Granada y Huelva a visitar a sus allegados, obligados a realizar cientos de kilómetros en un castigo añadido que no obedece a la ley y menos al respeto de los derechos humanos, o en relación con la reiterada negativa a investigar denuncias de torturas. Y no solo eso, se niegan incluso a reconocer la condición de víctimas a muchas personas que han sufrido la violencia, como si el autor de la misma pudiera ser razón para negarle a alguien la condición de víctima. Y es que si queremos trabajar a favor de las víctimas con garantías de éxito, debemos reconocer y reparar a todas ellas sin excepciones y además ofrecerles garantías de no repetición. Ello no debe ser fruto únicamente del esfuerzo y la implicación de agentes externos; también del abandono de la actitud de bloqueo que el Gobierno viene manteniendo y que nos impide acercarnos a ese horizonte y conseguir la paz.

El PP está haciendo más bien lo contrario, deteniendo esta misma semana a representantes de la sociedad civil en Euskal Herria que querían contribuir al desarme de ETA, que, al contrario que el Gobierno, está demostrando la voluntad de hacerlo de forma unilateral si no hubiera otra vía. Los señores del Partido Popular no quieren la paz; hacen oídos sordos cuando no criminalizan las voces autorizadas en materia de resolución de conflictos que intentan ayudar y se limitan a obstaculizar los pasos que se están dando o que algunos están dispuestos a dar. Por tanto, reconocimiento a las víctimas, trabajo a favor de las víctimas, sí, pero empecemos por reconocer a todas ellas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, reconocen el derecho a la libertad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los derechos humanos, de todas las víctimas sin exclusión, de las que tenemos cerca, de las que tenemos menos cerca, de las que tenemos muy lejos, pero también de todas las víctimas de los últimos cuarenta años en el Estado español, sean víctimas de ETA, de los GAL o de los cuarenta años de franquismo. No obstante, señores del Partido Popular, ustedes tienen una visión sesgada de las víctimas, estableciendo diferencias ideológicas entre ellas. Han dado muestras sobradas de estas diferenciaciones. No en vano, mientras ustedes reclaman que la ONU ampare la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo, están impidiendo la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, que la propia ONU les reclama. Por ejemplo, Lluís Companys, como tantos miles de víctimas del franquismo, sigue siendo un delincuente a los ojos de la legalidad española, sin haber obtenido ni reparación ni justicia. Por ello,


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Esquerra Republicana está de acuerdo en que se impulse un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas de terrorismo que reconozca sus derechos, pero les exigimos que estos mismos derechos sean reconocidos a todas las víctimas, según mandata la legislación internacional. Nosotros nos abstendremos, pero estamos de acuerdo en que exista y que se impulse un estatuto internacional.

Por otro lado, sería bueno que reflexionásemos sobre la dificultad que entraña definir terrorismo, y les pondré un ejemplo práctico que todos entenderemos. ¿El terrorista es aquel que invade un país sin tener el amparo de la legalidad internacional y de las Naciones Unidas, como hicieron ustedes con Irak, o el terrorista es aquel que se defiende mediante las armas contra la ocupación su país? De hecho, uno de los principales obstáculos para que no exista este estatuto internacional es la imposibilidad de ponerse de acuerdo en la definición de terrorismo ante la flexibilidad y la laxitud con que los Estados, todos los Estados, utilizan el término según su concepción ideológica y quién ostenta el poder gubernamental en cada momento. Algunos que fueron calificados de terroristas y participaron en organizaciones que fueron calificadas de terroristas luego fueron premiados con el Nobel de la Paz. Por tanto, no hay definiciones exactas y depende en cada momento de los Estados que califiquen a determinada organización y a determinadas personas de terroristas. No hay verdades absolutas en este tema.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Capella.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero sumarme a la condena por los recientes atentados terroristas y a la solidaridad con sus víctimas. La proposición no de ley debatida tiene como finalidad proseguir e impulsar el camino emprendido por Naciones Unidas en relación con el terrorismo, singularmente con sus víctimas en cuanto a su derecho a la verdad o reconocimiento, derecho a la reparación o derecho a la justicia, en definitiva, un estatuto internacional respecto a las víctimas del terrorismo, al modo del que ya existe en el ámbito internacional y europeo con carácter general para las víctimas del delito, singularmente los que afectan a los derechos fundamentales.

En este sentido, nuestro grupo apoyará la proposición no de ley debatida. Las víctimas del terrorismo han sido y son objeto de la acción política de nuestro partido y también del Gobierno vasco. Por eso, reclamamos y exigimos a ETA, como uno de los requisitos para la normalización y convivencia, no solo su desarme total, incondicional y verificable, sino también su desaparición, así como el reconocimiento del daño injusto causado a las víctimas. Son asignaturas pendientes para certificar el cierre definitivo del ciclo devastador de nuestro pasado. Para escribir una nueva página, hay que cerrar conveniente y adecuadamente la anterior, y para ello, para el cierre definitivo del pasado, también debe abordarse, a nuestro juicio, la articulación de una política penitenciaria acorde a las circunstancias y a la resocialización y reinserción social de los presos y la revisión de la arquitectura legal y de las políticas de seguridad no acordes con nuestro tiempo. Sin embargo, para ello debe superarse la parálisis demostrada tras el cese definitivo de la violencia por las instituciones estatales, tanto en el fin ordenado de ETA como en las consecuencias de su violencia injustificada, parálisis que creemos que contrasta con la actividad propositiva del Gobierno vasco y de su lehendakari, que hasta el momento y lamentablemente no ha sido compartida por el Gobierno central.

Un final ordenado de un periodo de violencia que ha durado más de cinco décadas tiene básicamente, a nuestro juicio, cuatro grandes componentes: un certificado unilateral de carácter irreversible, incondicional, verificable y definitivo del desarme y desaparición de ETA; una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo y vulneraciones de derechos humanos causados en el pasado; un compromiso de verdad, reparación y reconocimiento del daño injusto causado a todas las víctimas y la activación de una política penitenciaria orientada a la convivencia y a la reinserción. Por contra, un final desordenado de la violencia tiene consecuencias más imprevisibles desde el punto de vista de la promoción de una convivencia renovadora; lastra el futuro, porque sitúa en la incertidumbre tanto la determinación del momento del final definitivo del terrorismo como del inicio de un nuevo tiempo, y deja también en precario el reconocimiento del mal causado a las víctimas y la articulación de una memoria que conlleve una pedagogía compartida para la convivencia o la consolidación de un contexto sin pretextos para impulsar otra política penitenciaria y de reinserción. Nos movemos entre un final ordenado o un final desordenado de la violencia y se hace preciso sellar un acuerdo básico de convivencia que acoja la más amplia expresión del pluralismo de la


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sociedad sobre valores éticos y democráticos y que se basa en cuatro principios: rechazar cualquier forma de legitimación de la violencia, no aceptar la minimización de violaciones de derechos humanos de otros signos, descartar cualquier justificación compensatoria entre violencias y evitar la discriminación entre las víctimas.

Voy finalizando. En la defensa de las víctimas siempre nos encontrarán, y esperamos también poder encontrarles a ustedes, Partido Popular, en el proceso para un final ordenado de la violencia que ha durado cinco décadas. Como signo de buena voluntad, podrían empezar recapacitando sobre el anuncio del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2016, del Parlamento vasco, de reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma vasca entre 1978 y 1999.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.

Señorías, subo a la tribuna a debatir una iniciativa referida a las víctimas del terrorismo apenas pocas horas después de que el terror haya vuelto a actuar en Turquía y con todas las cautelas que aún se requieren en las investigaciones abiertas posiblemente en Suiza y Alemania. Por tanto, lo primero en estos momentos es expresar una vez más en mi nombre, en el de mi grupo parlamentario y en el de mi partido la condena radical que merece cualquier acción terrorista, del signo que sea, y el reconocimiento y recuerdo a las víctimas. Nos gustaría no tener que repetir estas palabras, pero estos son los tiempos en los que vivimos y, lamentablemente, la condena de la violencia en España -y fuera de ella también- no siempre puede darse, por supuesto, en todas las fuerzas políticas.

Señorías, son precisamente las víctimas del terrorismo, como decía, las que nos traen hoy a esta tribuna. El objetivo de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular es que esta Cámara dé su respaldo a la propuesta lanzada por España para que la ONU apruebe un estatuto internacional de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo. Dicho estatuto obligaría a los Estados a atender, proteger y respaldar a las víctimas con independencia del lugar donde residan o donde hayan sufrido el atentado. Señores del Partido Popular, ustedes saben que la actual Ley de víctimas del terrorismo en España no identifica estos supuestos para ser considerados víctimas y, de hecho, han tenido que recurrir a una especie de argucia para que algunas de las víctimas -por ejemplo, de los atentados de París- hayan sido calificadas en el estatuto de víctimas del terrorismo argumentando que la organización terrorista que cometió el atentado era una que ya había atentado en España. Creo que esto está estupendamente bien pero sería bueno que lo aplicáramos primero aquí. Nos gustaría que se reconociera a cualquier víctima española en cualquier atentado que haya sufrido en cualquier sitio. (La señora Blanco Garrido hace signos negativos). Sí, señora Blanco, es así. De hecho, si hoy en día los señores de Boko Haram hicieran un atentado y un español se viera envuelto, legalmente no se podría considerar a esa persona víctima del terrorismo fuera de España. Esto está bien, pero tenemos que entender que lo que hay que hacer es aplicarnos primero a nosotros mismos nuestras propias leyes y cambiarlas para ser capaces de identificar como víctima del terrorismo a cualquier español que fuera del territorio español haya sufrido un atentado por parte de cualquier organización terrorista.

Vaya por delante, pues, nuestro respaldo a esta iniciativa y a cualquier otra que, de manera efectiva, ayude al reconocimiento, a la protección y a la reparación de las víctimas del terrorismo de cualquier signo y en cualquier lugar. En España somos plenamente conscientes. Las víctimas han sido ejemplo de lucha y de fortaleza durante los cincuenta años del terrorismo etarra. El terrorismo pretende también deshumanizar a las víctimas y este estatuto sería una muestra clara de que los Estados democráticos no pueden permitir -y no van a permitir- ese macabro objetivo. Es necesario que el sufrimiento que han experimentado las víctimas por culpa del terror se exponga en toda su crudeza para deslegitimar el discurso de los terroristas y de sus aliados y compañeros de viaje. Ahora bien, señorías del Grupo Popular, ustedes nos dicen que España ya cuenta con un amplio sistema de protección a las víctimas que es un modelo de referencia a nivel mundial, pero no nos dicen lo mismo muchas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que señalan que el Gobierno no ha protegido a las víctimas como se merecen. Es más, hablan de falta de liderazgo por parte del Gobierno en la defensa, protección y reconocimiento de las víctimas. Por eso mismo, en el acuerdo de investidura que se firmó con el Partido Popular, Ciudadanos incluyó, entre las ciento cincuenta exigencias, medidas concretas en este sentido -y cito- de nuestro acuerdo: primera,


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mantener una estrategia integral contra el terrorismo persiguiendo a los terroristas y colaborando allí donde se encuentren; segundo, denunciar y perseguir cualquier acto de enaltecimiento u homenaje a los terroristas; tercero, impedir con todos los medios posibles la propagación y difusión de su ideario, y cuarto -por último y no menos importante-, reconocer de forma plena y permanente la memoria de todas las víctimas del terrorismo como ejemplo de la defensa de la libertad y de la democracia. Nos da la sensación, señorías, de que en este tema tan importante, como en casi todo lo demás, el Gobierno arrastra los pies hasta que se ve obligado a actuar. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa pero no compartimos su triunfalismo, como no lo comparten -y esto es lo verdaderamente relevante- muchas de las víctimas del terrorismo que son las protagonistas y objeto real del debate de hoy.

Antes de terminar, señorías, no quiero dejar de señalar las recientes manifestaciones de algunos de los partidos representados en esta Cámara tanto en relación con los incidentes de Alsasua como con las detenciones realizadas en la última semana en Francia por la Guardia Civil y las autoridades francesas. Estas reacciones, impropias de verdaderos demócratas, nos recuerdan que no podemos bajar la guardia y que es necesario seguir contando con toda claridad lo que ha supuesto y supone el terrorismo en términos de sufrimiento para tantas personas, para impedir que triunfe la deshumanización que pretenden los asesinos, y nos recuerdan también que la ley es, a la postre, el arma más poderosa contra el terror. Hagamos que nuestra experiencia como país en la lucha contra el terrorismo sea valiosa en el marco de los refuerzos internacionales destinados a combatirlo y trabajemos por la obtención de la máxima protección de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales hacia las víctimas del terrorismo. Ellos y ellas son un ejemplo permanente de firmeza y dignidad. El terrorismo ha matado, torturado, mutilado y destrozado familias, pero jamás conseguirá borrar esa dignidad.

Mucha gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gutiérrez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Viejo Viñas.

El señor VIEJO VIÑAS: Señor presidente, señorías, lo primero de todo es que queremos sumarnos a las condenas de los atentados, lógicamente, y manifestar nuestra condolencia a las víctimas.

Durante milenios el hombre ha venido siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente capaz de existencia política. El hombre moderno es un animal en cuya política se pone en entredicho su vida como ser viviente. Con estas palabras monsieur Foucault nos recuerda que la amenaza de muerte violenta, y con ella el terror, acompaña desde siempre a la política moderna. Contra ella solo conocemos las garantías del Estado de derecho y el Gobierno democrático. La forma con que el terror prorrumpe puede ser desgarradora y espectacular. Ayer mismo tuvimos ocasión de comprobarlo con espanto en Alemania y Turquía, pero la mejor respuesta no puede nacer de la improvisación bajo el estado de conmoción, sino que tiene que nacer del mejor Gobierno democrático.

El Partido Popular nos presenta hoy una proposición no de ley de apenas un párrafo que no va mucho más allá de una declaración de intenciones -que en todo caso, por suerte, parece ser que ha sido mejorada por la enmienda transaccional del Partit Demòcrata Català-, y digo que nos plantea una declaración de intenciones sin facilitarnos siquiera las líneas generales de su propuesta. Nos solicitan además en esa transaccional el apoyo -esto también va para el Partit Demòcrata Català- a una directiva que todavía está pendiente de aprobación, con lo cual no sabemos exactamente qué es lo que en última instancia estaríamos apoyando. En fin, a tenor de la exposición de motivos, observamos que esta proposición no de ley lo que demuestra en definitiva -ya se ha dicho en anteriores intervenciones- es una noción sesgada de terrorismo que en exceso viene marcada por la política doméstica y está poco atenta al plano internacional, cosa que, por cierto, ha quedado doblemente puesto de relieve a raíz de lo sucedido ayer.

So pretexto de invocar la universalidad de valores y el horror de su violación extrema en otros países, el Partido Popular parece querer prolongar el espectro de un conflicto cuyo fin no ha querido afrontar como proceso de paz. La actualidad, sin embargo, deja en evidencia lo limitado de esta visión de qué es terrorismo. No podía ser de otro modo ya que, como digo, este en el fondo es el quid de la cuestión. En todo caso, nosotros celebramos cualquier iniciativa en el plano internacional que se dirija a poner en el centro de la agenda el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas, y cuando decimos todas nos referimos también a víctimas que no acaban de encajar en la casuística que se nos presenta en esa exposición de motivos. Entendemos que es importante recordarlas y tener presente que


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en los últimos años miles de personas en todo el mundo han sufrido vulneraciones de sus derechos fundamentales, que en muchos países no han podido ejercer los derechos que les reconoce la propia legislación internacional en materia de derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

El 21 de octubre pasado, el Gobierno español presidió una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a impulsar la creación de un estatuto internacional de protección de las víctimas. Sin embargo, ante esta iniciativa nos surgen algunas dudas. La primera y más evidente afecta el valor añadido de esta iniciativa. Nosotros nos planteamos qué es lo que hay o lo que falta. Nos gustaría, en definitiva, que el Partido Popular explicara por qué entiende que no se aplican las medidas que ya existen en la legislación y por qué es preciso ampliar este marco existente cuando, en rigor, todavía no hemos alcanzado el máximo de aplicación de ventajas que confiere la legislación. Al fin y al cabo, si salimos de este debate difícil de definir, qué es terrorismo, nos bastaría con atender a la defensa del principio de la no discriminación, una norma imperativa del derecho internacional que requiere que se respeten por igual los derechos de todas las víctimas de todos los crímenes que implican la violación de los derechos humanos. Entendemos que aquí ya hay mucho camino para recorrer y en este sentido nos sorprende.

Quisiera acabar, señor presidente, si me lo permite, con unas frases de condolencia en lengua alemana para el pueblo alemán, que leeré muy rápidamente. Es lo mismo que decimos en castellano, pero en alemán: Zuletz, möchte ich heute allen Menschen in Deutschland meine tiefe Trauer und mein herzliches Beileid aussprechen, besonders jenen, die Angehörige und Freunde verloren haben.

Moltes gràcies, eskerrik asko, moitas graças, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Viejo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.

El señor SERRADA PARIENTE: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero sumar el apoyo de mi grupo parlamentario al efectuado por otros grupos políticos de esta Cámara por los atentados ocurridos ayer y, por supuesto, también prestar todo nuestro apoyo a las víctimas de esos funestos atentados. La unidad frente al terrorismo es lo que nos hace fuertes.

Señorías, subo a esta tribuna con el recuerdo reciente de los cientos de víctimas de los atentados sufridos en diferentes partes del mundo durante las últimas semanas. Tengo el honor de estar en la misma tribuna desde la que Ernest Lluch defendió la necesidad de que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de un sistema público, gratuito y universal de salud. (Aplausos). Gracias a la determinación de personas como José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba o Patxi López se logró poner punto final a lo que Eduardo Madina definió como una factoría de terror en nuestro país, una factoría que solo produjo dolor. Pero la derrota del terrorismo no fue solo posible con la determinación política; el final del terrorismo de ETA ha sido un éxito colectivo de nuestro país. El tiempo de coexistencia forzosa con el terrorismo ha dejado demasiadas vidas rotas, cientos de familias desgarradas y multitud de personas que necesitan reconocimiento, apoyo y justicia.

Señorías, estoy seguro de que todos podemos recordar con exactitud qué es lo que estábamos haciendo aquella fatídica mañana del 11 de marzo de 2004, mientras conocíamos el peor atentado de nuestra historia; una masacre que nos hizo entender que lo ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre tuvo su continuación en Madrid y que sus responsables estaban a miles de kilómetros de nuestra frontera. Comprendimos que el terrorismo no solo era un problema interno, sino que era un fenómeno global que requería la puesta en marcha de estrategias de cooperación internacional. El terrorismo ha golpeado a ciudades como Madrid, Nueva York o Bruselas, pero también y aún con mayor virulencia a otras como El Cairo, Kabul o Estambul o a regiones como las del Lago Chad, donde desde el año 2009 han sido asesinadas más de 14.000 personas a manos de Boko Haram. Además, en multitud de países el terrorismo se suma a otros problemas, como la fragilidad de los sistemas democráticos, el escaso desarrollo económico, los problemas de salud o las dificultades para acceder a la educación y, como elemento además devastador, la desigualdad. Mujeres y niños sufren las peores consecuencias del terrorismo, no solo porque en ocasiones son un blanco directo, sino también porque su nivel de protección y de garantía de sus derechos es menor que el de los hombres.

La cooperación entre Estados es la principal herramienta contra el terrorismo y también para garantizar mayor protección a las víctimas, y en este ámbito estamos obligados a formar parte del grupo de naciones que lideren la toma de decisiones. No podemos mirar hacia otro lado, nuestro compromiso debe ser claro, poniendo a disposición de la comunidad internacional todo lo aprendido en la lucha contra el terrorismo y


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además nuestro modelo jurídico, institucional y social generado en torno a la protección de las víctimas. España tiene que regresar al camino fijado por anteriores Gobiernos en materia de cooperación y para ello debe dotarla de protagonismo en la agenda política y en la agenda pública. No solo se trata de aportar más recursos económicos, se trata también de regresar a los organismos internacionales de manera participativa.

Señores del PP, voy a pedirles que se aclaren en un asunto tan sensible y que afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo. No puede ser que ayer la señora Levy asocie terrorismo y choque de civilizaciones profundizando en lo que nos diferencia y que hoy debatamos en el Parlamento su propuesta de buscar unidad internacional respecto a la protección de las víctimas. No puede ser que hoy hablen de cooperación y de mayor presencia en organismos internacionales, cuando durante los últimos cinco años han pulverizado los fondos de cooperación al desarrollo y han convertido a España en un actor secundario en la esfera internacional. Señores del PP, dediquen menos tiempo a embarrarse en tertulias y dediquen más tiempo a repensar su política de seguridad, su política de acogida de refugiados, su política exterior y su política de cooperación.

Hoy, por responsabilidad, porque en el ADN de los socialistas está la justicia, la defensa de los derechos humanos y porque todos debemos participar en el apoyo a las víctimas, residan donde residan, contarán con el apoyo de mi grupo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Serrada.

Para el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto, señora Blanco: ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?

La señora BLANCO GARRIDO: Sí, señor presidente. Hemos presentado una enmienda transaccional con el Partit Demòcrata Català que ya hemos hecho llegar a la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, lo tomaremos en cuenta para la votación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA MEJORA Y GARANTÍA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS CAMARERAS DE PISO EN EL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 162/000237).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Bosaho Gori.

La señora BOSAHO GORI: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos, señorías.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta esta proposición no de ley, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso, ante la grave situación que afecta a las citadas trabajadoras en el sector turístico. Permítanme, señorías, que inicie mi intervención citando la definición del término esclavitud según figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice así: "Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación". Es precisamente, señorías, a un trabajo esclavo y a las trabajadoras sujetas a realizarlo a lo que me voy a referir hoy.

Como saben sus señorías, el sector turístico en España es una de las locomotoras más importantes de la economía nacional. El año pasado el turismo aportó nada más y nada menos que 124.000 millones de euros a las arcas del Estado, representando en total el 11,7 % del producto interior bruto. Gracias a estos resultados España ostenta la tercera posición mundial en cuanto a turistas internacionales que recibe el propio país. Somos la segunda en gasto turístico y la tercera en competitividad turística nacional. A fecha de hoy, los datos parciales de 2016 apuntan en la dirección de un cierre del presente ejercicio con un nuevo récord histórico. Estamos hablando de un sector clave de nuestro tejido productivo que aporta beneficios para todo el Estado. Pero estos beneficios no vienen solos, en parte proceden del esfuerzo y de la salud de miles y miles de mujeres trabajadoras que no llegan a percibir 2 euros por limpiar y arreglar la habitación de un hotel. Son las camareras de piso, las trabajadoras a las que, si no recuerdo mal, un diputado del Grupo Popular comparó con un hermano médico que trabajaba en un centro de salud, o a saber dónde. ¡Cuánta frivolidad por parte de esta persona! (Aplausos).


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Anunciamos -nos comprometimos a ello- que íbamos a llevar al Parlamento iniciativas para acabar con el trabajo y la explotación laboral en hostelería y lo estamos cumpliendo. El objetivo primordial de esta proposición no de ley es acabar con la precariedad y con las condiciones de trabajo intolerables en este país en pleno siglo XXI. La semana pasada dijo aquí desde esta tribuna mi compañera María Pita que la grandeza de una sociedad se mide por la capacidad que tiene a la hora de respetar y dignificar a sus colectivos más vulnerables. Ustedes, señorías del Grupo Popular, con su reforma laboral han contribuido a maltratar y a condenar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, más penosamente, a las camareras de piso. Las discusiones que pretenden justificar la necesidad de mejoras y de nuevas inversiones en el sector demuestran que el trabajo en el turismo es el gran ausente de este debate. No lo digo yo, lo dicen expertos en turismo. Les hablo de un colectivo laboral integrado por más de 100.000 mujeres que representan el 30 % de la plantilla global del sector turismo a nivel nacional, mujeres que trabajan en condiciones prácticamente infrahumanas. Estas mujeres, señorías, son empleadas que ejercen su profesión en unas condiciones precarias y con remuneraciones que apenas les permiten alcanzar el salario mínimo interprofesional. En definitiva, el colectivo laboral de las camareras de piso está sometido a un riesgo de exclusión social, sin olvidarse de la inseguridad añadida a la temporalidad al estar contratadas de forma parcial o encadenando contratos durante temporadas turísticas. Hay estudios que demuestran que en los últimos años estos colectivos arrastran la pérdida de un 60 % de su poder adquisitivo.

Señorías, estamos ante un sector laboral extremadamente infravalorado en términos comparativos, un sector cuya realidad exige la puesta en marcha de medidas urgentes, un sector laboral que, además de formar parte de esa locomotora turística, alimenta ingresos del Estado. También es un escaparate de suma importancia para la proyección exterior del patrimonio natural histórico y cultural de nuestro país. Esquivar e ignorar el problema de estas trabajadoras significaría reconocer un sesgo perverso en las relaciones laborales, alejándolas de factores de igualdad exigibles a cualquier sociedad democrática reputada, como queremos que sea la nuestra. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Bosaho, un momento. Les ruego silencio, por favor. A quien se tiene que escuchar es a la oradora. Muchas gracias. Continúe.

La señora BOSAHO GORI: Señorías, una mayor competitividad de la industria turística pasa en gran medida por elaborar planes globales que contemplen actuaciones certeras para las camareras de piso, tales como un aumento del número de inspectores e inspectoras de Trabajo y Seguridad Social capaces de llevar a cabo los controles necesarios para suavizar las draconianas condiciones laborales en las que desenvuelve su trabajo este sector. También se hace urgente un estudio en materia de salud laboral de las condiciones ergonómicas y psicosociales de estas trabajadoras con el fin de orientar las medidas necesarias a adoptar para que puedan realizar su actividad de forma no lesiva. Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea creemos que la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad turística no puede situarse de espaldas a las personas que la hacen posible. En este caso, son mujeres trabajadoras a las que todos y todas debemos un respeto y hemos de comprometernos desde las instituciones del Estado por dignificar su actividad.

Señorías, les apelo a que de forma unánime busquemos soluciones para acabar con las prácticas abusivas en esta actividad. Los lobbies turísticos no pueden ni deben sumar dividendos a costa de la vida de estas mujeres. Si lo siguen haciendo, nos tendrán enfrente como hasta ahora; y cuando digo que nos tendrán enfrente, también nos tendrán al lado las mujeres. Estamos al lado de quienes han logrado organizarse y luchar por sus derechos laborales reivindicando un convenio justo para evitar como medio de explotación la externalización.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Bosaho, tiene que ir acabando.

La señora BOSAHO GORI: Desde esta tribuna hoy queremos ser su voz.

Señorías, por todo lo expuesto es por lo que solicitamos la derogación sin paliativos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral, la ley causante de la situación de indefensión absoluta de las trabajadoras y trabajadores de este país; la que provoca que los convenios de empresa y/o servicios externalizados puedan estar por debajo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, rebajando condiciones de trabajo, aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral. Para


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acabar, señorías, quiero decirles que las camareras de piso son un ejemplo real de lo que no debe hacerse en materia laboral en este país.

Gracias. (Prolongados aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos y fijación de posición, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La descripción de las condiciones de precariedad y penosidad que sufren las camareras de piso y el relato que en defensa de esta proposición ha realizado la señora diputada Bosaho Gori son incompletos e inducen a equívocos. Este no es un problema exclusivo del Gobierno de España. Hay otros canales para tratar de atajarlo. En su afán por descalificar las reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, los promotores de esta iniciativa no han hecho ninguna mención a la existencia del acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería, ALEH V; acuerdo marco que fue firmado el pasado año con vigencia hasta finales de 2019 y que es de aplicación a empresas y trabajadores del sector de hostelería, a todos. Entre sus capítulos, el acuerdo establece uno muy relevante sobre prevención de riesgos laborales, incluida una comisión de seguridad y salud en el trabajo que tiene un sinfín de significativos cometidos y atribuciones que se desechan en esta iniciativa. Es un instrumento creado en democracia, negociado, pactado y firmado por las organizaciones sindicales representativas y también las empresariales. En Foro consideramos que no cabe desechar el valor de las reglas del Estado de derecho, endosarle al Gobierno la culpabilidad de todos los males e ignorar que también en materia de derechos laborales en la hostelería ha habido mucha gente y organizaciones que con esfuerzo han llegado a acuerdos desde 1995, que han corregido y avanzado en los derechos laborales con la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores como garantes. Queda mucho por hacer, todo es mejorable, por supuesto, pero la iniciativa original de Unidos Podemos ha ignorado la relevancia del convenio estatal hostelero y también desechado nuestros importantes instrumentos legales y organismos públicos, que ya permiten aplicar fórmulas para combatir la explotación y atajar las condiciones de trabajo infaustas y nocivas, como las que sufren las camareras de pisos y otros profesionales del gremio turístico.

Finalizo, señor presidente. He presentado una enmienda que entre otros aspectos revaloriza nuestra avanzada legislación laboral y los instrumentos pactados que rigen hoy en el sector hostelero y que se vienen renovando y mejorando desde hace dos décadas. Parece que se va a firmar una enmienda transaccional, con lo cual le daré mi apoyo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Ciertamente esta iniciativa que se nos plantea es oportuna, forma parte del debate que en estos momentos se está planteando en el ámbito de las relaciones laborales -de hecho empalma perfectamente con la iniciativa legislativa que vamos a tomar en consideración del Grupo Socialista-, y pone en evidencia que los procesos de subcontratación y descentralización en determinadas actividades empresariales están generando problemas. Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa. Veremos si en el trámite legislativo que vamos a aprobar esta tarde se pueden resolver esas cuestiones.

Mi grupo quiere insistir en un par de ideas que anteriormente hemos planteado. En primer lugar, el problema no va a estar tanto en la regulación de la subcontratación, sino en el papel que tengan la negociación colectiva y el convenio de empresa en estas cuestiones. Mi grupo quiere recordar que cuando apoyamos la reforma laboral del Partido Popular nos opusimos a esa prevalencia del convenio de empresa. Recomiendo a sus señorías que hagan la lectura del informe de la Fundación FIDE, que en esta cuestión nos invita a todos -también al Partido Popular, a Podemos, al PSOE, al PNV, a Esquerra Republicana, a Ciudadanos, a nosotros, y al resto de compañeros del Grupo Mixto- a repensar de manera adecuada ese equilibrio entre la negociación colectiva a nivel sectorial y a nivel de empresa.

Es evidente que la iniciativa que nos plantea el Grupo de Unidos Podemos y sus aliados pone el acento en una cuestión que no debemos perder de vista, y es que la mejora de la posición competitiva de nuestro tejido empresarial, incluido el del sector turismo, no puede basarse exclusivamente en la


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competencia de sueldos a la baja. En este punto, mi grupo quiere aprovechar esta intervención para discrepar del complemento salarial que nos plantea Ciudadanos, porque este subvenciona con los impuestos de todos los ciudadanos el empleo barato. No creo que sea razonable que los contribuyentes ayuden a financiar a aquellas empresas que pagan sueldos bajo mercado. Por tanto, mi grupo insiste en que para combatir la precariedad la batalla está en la negociación colectiva, en el incremento del salario mínimo interprofesional y en las inversiones en formación de los trabajadores a lo largo de su vida. Si queremos que nuestro modelo productivo sea competitivo, no en sueldos de miseria sino en valor añadido, no nos convienen ideas como las del complemento salarial. En cualquier caso, estamos pendientes de conocer la propuesta de transacción a esta proposición no de ley. En función del texto concreto, decidiremos el sentido de nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Campuzano.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Cien mil mujeres en España, quince mil en Canarias, jóvenes, fuertes y sanas. ¿Y por qué digo jóvenes, fuertes y sanas? Porque es imposible que una mujer camarera de piso en este país y con las normas laborales que tenemos en este momento pueda llegar a la jubilación, pueda ponerse enferma o darse de baja, porque al final la van a despedir. El otro día un empresario tan importante del sector turístico como Antonio Catalán, presidente de AC, dijo: Hoy, con las leyes laborales, puedo despedir con veinte días y subcontratar, y a las camareras de piso en este país se las está explotando. Lo dijo Antonio Catalán, no lo ha dicho un sindicalista, sino uno de los principales empresarios turísticos.

En Canarias tenemos un convenio, en el caso de Tenerife, donde se prohíbe la subcontratación, pero el problema es que los convenios no se están aplicando. En Canarias quizá sea menos el esfuerzo, pero lo hay, porque tenemos temporada turística todo el año. Pero no es lo mismo limpiar una habitación, o lo que se llama una salida en el sector turístico, que una oficina. El abuso que en este momento se está haciendo con las camareras de piso, trabajando a destajo, es un tema público. Recomiendo a todo el mundo que lea el blog donde mujeres valientes cuentan su vida, cómo empiezan las enfermedades, cómo les instan en las mutuas a reincorporarse y cómo son finalmente despedidas. Somos un orgullo de país de destino turístico y tenemos que luchar por la excelencia, y la excelencia implica formación, calidad y no explotación. Dignidad, justicia, inspección y cumplimiento de los convenios, convenios de hostelería y no de limpieza.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente.

Señorías, en los últimos años las políticas de la Europa de Merkel han convertido el Estado español en un resort, en el resort de Europa, una especie de parque temático con todos los servicios. Somos el lugar de vacaciones por excelencia dentro de la Unión, bueno, bonito y barato, y esto afecta especialmente a las zonas de costa, como al País Valencià, por ejemplo, donde cada vez más los contratos en temporada turística son en condiciones inaceptables y con unos salarios de vergüenza. Bueno, bonito y barato, a costa de los derechos laborales de las personas que atienden el sector, un buen lugar donde ir de vacaciones si ignoramos que se evitan los convenios colectivos, si cerramos los ojos a situaciones de explotación y semiesclavitud. Bueno, bonito y barato, con contratos precarios, con jornadas parciales que acaban durando todo el día, con mujeres deslomadas que limpian por 2 euros la habitación de un hotel. Si hacemos cuentas, con 2 euros por habitación tenemos que hacer dieciocho habitaciones al día para no llegar a los 800 euros al mes, y parece que esto al señor Casado no le parece ninguna exageración. Dijo que su hermano, que es médico, tiene que visitar a la misma media de pacientes al día. Nos parece un argumento falaz, ya que debemos dignificar un trabajo muy duro y mal remunerado, aunque para la tranquilidad del señor Casado también hemos conseguido aprobar una PNL para mejorar las condiciones laborales del sector sanitario, que también nos preocupa, y mucho. Como decía, bueno, bonito y barato, gracias a la precariedad laboral que hemos asimilado sin quejas, al compararnos con ese 20 % de personas en paro.


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Al final, todo el mundo somos víctimas de sus reformas laborales, señorías del PP. No esperamos más de la gente que equiparó la emigración al espíritu aventurero o que considera que genera el mismo cansancio físico visitar pacientes que fregar suelos de rodillas. Por eso, desde Compromís esperamos, sinceramente, que hoy salgamos de aquí dándoles una alegría a las camareras de piso y poniendo solución a lo que nunca deberíamos haber permitido.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna a explicar la postura de mi grupo en esta PNL. Como en muchas iniciativas de Podemos, tenemos un diagnóstico compartido. Todos conocemos -sobre todo en mi caso que provengo de Las Palmas- cómo es el sector del turismo y de la hostelería y la situación que sufren las camareras de piso. Todos conocemos esos salarios indignos, esas condiciones en las que tienen que trabajar de sol a sol, que acaban exhaustas y que solo, como decía la señora Oramas, mujeres jóvenes y fuertes pueden tener la capacidad de aguantar esas jornadas exhaustivas.

Nuestra enmienda lo que pretende, en este caso, es dar sentido a lo que para nosotros es un parche. Y volvemos, como decía antes mi compañero Sergio, a tener un parche con esta propuesta que nos trae el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Lo que tenemos claro es que las reformas laborales que establecieron tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no han dado solución a la situación de nuestro mercado laboral, donde hay un empobrecimiento claro de los trabajadores. El señor Campuzano decía que no entendía nuestro complemento salarial. Tengo que decirle, señor Campuzano, que nuestro complemento salarial no subvenciona a los empresarios, sino a los trabajadores. Se quiere acabar, precisamente, con esa precariedad en los salarios, porque solo de esa forma tendremos salarios dignos para este país. (Aplausos).

En la propuesta que traía el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se establecen una serie de coeficientes reductores para las camareras de piso. Desde luego, es un trabajo que requiere de un esfuerzo físico elevado y, por lo tanto, podría tener, como el colectivo de la pesca o de la minería, ese coeficiente reductor a la hora de jubilarse de manera más temprana. Pero entonces, por qué no, también podríamos añadir a los transportistas por cuenta ajena, a las empleadas de hogar, a los profesionales de geriatría que gastan también sus esfuerzos en atender a nuestros dependientes. Entendemos que, lógicamente, lo que hay que hacer es una profunda y seria reflexión sobre las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Estamos de acuerdo en la necesidad de ese nuevo marco laboral; un nuevo marco laboral donde establezcamos esas nuevas relaciones, donde tengamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contemple todas y cada una de las necesidades del actual. Estamos esperando a que la señora Báñez -que hoy no está aquí con nosotros- nos llame para sentarnos con los agentes sociales, con las asociaciones sindicales y, por supuesto, con todos los partidos para establecer, de una vez por todas, ese nuevo modelo que dé solución a la problemática. Por ejemplo, ya nos lo ha afeado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no podemos consentir que haya trabajos en los que, a pesar de estar desarrollando la misma labor, haya trabajadores que estén con unas condiciones de salario dignas y, sin embargo, en el mismo puesto de trabajo otros trabajadores estén con unas condiciones indignas de precariedad y de temporalidad. Tenemos que acabar de una vez por todas con las distintas condiciones laborales para el mismo trabajo.

En el día de hoy vamos a pedir, porque nos han hecho llegar una transaccional, una votación por puntos. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de las camareras de piso; pero, por supuesto, estamos mucho más de acuerdo en que lo que tenemos que establecer es un nuevo sistema laboral, un nuevo marco laboral, una nueva regulación laboral que, de una vez por todas, acabe con la precariedad, con la temporalidad y con este mercado de trabajo, que lo único que hace es empobrecer a los trabajadores de este país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Guinart Moreno.


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La señora GUINART MORENO: Buenas tardes, presidente.

Señorías, el Grupo Socialista está plenamente de acuerdo en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, muy especialmente de aquellos sectores que, como el que nos ocupa, el de las camareras de piso, están sufriendo en un grado mayúsculo las consecuencias de la desregulación que ha acarreado la reforma laboral del Partido Popular. Prueba de ello es la proposición de ley que hemos presentado hace un rato, y que pretende garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las empleadas y empleados subcontratados.

La reforma laboral de 2012 ha ocasionado precarización del empleo y de las condiciones laborales en este y en otros muchos sectores. Si bien su incidencia es transversal, sus efectos se dejan notar en mayor medida en aquellos empleos que, como este que ahora nos ocupa, presentan en general menor cualificación y mayor indefensión ante los abusos; en aquellos sectores donde la externalización ha sido sinónimo inequívoco de desregulación y de precarización.

La reforma laboral que hoy el Partido Socialista quiere empezar a derogar con iniciativas como la presentada hace un rato, como decía, no solo nos lleva a situaciones ridículas, a situaciones vergonzantes como llamar empleo a algún contrato que apenas dura una semana, sino a vivencias como la del colectivo de camareras de piso. Muchas de ellas -sí, ellas, porque es un colectivo altísimamente feminizado- han visto y han vivido cómo se sustituían lo que hasta hace poco eran contratos estables por subcontratas precarizadas desde el punto de vista salarial que las abocan a condiciones de trabajo inadmisibles, sin límites ni controles horarios y que acaban mermando su salud además de su economía. Tanto es así que no han podido más y se han organizado para denunciarlo públicamente; incluso Ernest Cañada ha publicado un libro que recoge sus amargas experiencias. Tanto es así, señorías, que alguna cadena hotelera de reconocido prestigio ha puesto por delante la dignidad de un contrato que merezca realmente ese apelativo a lo que su presidente, Antonio Catalán, considera que no es otra cosa que explotación y que reporta, eso sí, considerables beneficios, sobre todo a las empresas multiservicios que pagan a sus empleadas un 40 % menos.

Sería falso argumentar que a esta precaria situación se ha llegado únicamente a causa de la crisis. De entrada, en ningún caso la crisis económica puede ni debe usarse como excusa para provocar sufrimiento en ningún colectivo de trabajadores o para ocasionar peores condiciones laborales. Si hay que buscar un culpable de ese deterioro de las condiciones de trabajo de las camareras de piso y de otros colectivos, ese no es otro que la reforma laboral del Partido Popular. Cierto es que la posibilidad de externalizar servicios ya existía antes de la reforma, pero únicamente a partir de ella, solo desde 2012, se priorizan los convenios de empresa frente a los sectoriales.

En definitiva, el Partido Popular ha convertido la externalización en el instrumento idóneo, perfecto, para conseguir el propósito primero de su reforma: la reducción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y una drástica bajada de sus salarios. Por eso acabamos de discutir una proposición de ley; no me voy a extender sobre ella, porque ya ha sido perfectamente expuesta en su contenido por la diputada Tamara Raya. Por todo ello, y aun apoyando como apoyamos el espíritu y la intención de la iniciativa que ustedes presentan, creemos que es mejorable en cuanto a su apartado expositivo y -lo que es más importante- en el dispositivo. Por eso, no solo nos remitimos, como decía, a la proposición de ley que hemos presentado, sino que siempre con ánimo de mejora hemos elaborado una enmienda a la PNL que ahora nos ocupa.

Nuestra aportación pretende situar donde corresponde el debate sobre qué tipo de actividades son susceptibles de ser incluidas como especialmente penosas, peligrosas y nocivas a efectos de jubilación anticipada, y ese lugar no es otro que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Esa Comisión ya tiene, de hecho, entre sus prioridades marcadas para este mandato, el cometido al que nos estamos refiriendo, y el Pacto de Toledo deberá velar para que no se produzcan diferenciaciones en la consideración de esta anticipación en la edad de las camareras de piso en relación con otras profesiones que también pudieran demandarlo.

Como les digo, la precisión del lenguaje no es precisamente el punto fuerte de esta proposición no de ley. En ocasiones insinúan, sin llegar a concretar, y cuando en el punto 4 hablan de "proponer un nuevo marco legal..." hemos de suponer que de manera eufemística se están refiriendo precisamente a nuestra propuesta de modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación. Si es así, convendrán en que es lo primero que debemos hacer.

En resumidas cuentas, la situación en muchos casos deplorable de este colectivo merece con celeridad una actuación que evite que estas trabajadoras, que en algunos casos están en el mismo centro, hotel o


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apartamentos con idéntico horario y desarrollando las mismas funciones, cobren mucho menos que sus compañeras en función de si están subcontratadas o no.

En los parlamentos autonómicos, donde el turismo tiene peso importante, hemos impulsado y apoyado -y han prosperado- iniciativas semejantes. Lo hemos hecho en mi tierra, en Cataluña, también en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Canarias. Señorías, nuestra opción es inequívoca y la hemos reiterado a lo largo de esta tarde: mismo trabajo, mismo salario.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Guinart.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Cruz.

La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero decir que desde el Grupo Popular estamos de acuerdo en la necesidad de solucionar los problemas que las camareras de piso están teniendo en nuestro país. Pero quiero empezar diciendo a la portavoz de Podemos que hace usted muy bien en traer ese problema a esta Cámara, pero que, como representante legal, debería usted acompañar a esas mujeres, que aquí ha dicho que conoce y que sabe que están esclavizadas, explotadas y maltratadas laboralmente, a un juzgado a denunciar esos abusos. Esa es su responsabilidad como representante público. (Aplausos). En segundo lugar, tampoco voy a admitir que se presente al Partido Popular aquí como si fuéramos unos tiranos. No confundan más a la gente, porque no es así. Somos un partido que ha sustentado a un Gobierno que ha creado 1.890.000 puestos de trabajo y que, al contrario que ustedes, damos de alta en la Seguridad Social a las personas que trabajan para nosotros. (Aplausos). Por supuesto que nos preocupan el bienestar y las condiciones laborales de las camareras de piso, no podía ser de otra manera. A este Gobierno le importan los trabajadores y su seguridad y por eso se pone manos a la obra cuando se detectan irregularidades. Este es un sector que además es intensivo en mano de obra. Según los datos de la encuesta de población activa... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Navarro. Un momento, por favor. Les ruego silencio y respeto a la oradora que está en el uso de la palabra. Muchas gracias.

Continúe.

La señora NAVARRO CRUZ: Gracias, señor presidente.

En España había alrededor de 320.000 trabajadores en hoteles, de los cuales entre 65.000 y 96.000 serían camareras de piso, si se tiene en cuenta que representan un 20 % o un 30 % de la plantilla. Y es cierto que el sector turístico para asegurar su competitividad en un entorno globalizado recurre desde hace años a la subcontratación empresarial como una forma más de organización productiva, una forma de descentralización que cada vez adquiere más importancia en la economía desarrollada y además se expande al conjunto de otros sectores, una forma de producción que tiene su fundamento constitucional en el artículo 38 de la Constitución española y defiende el principio de libertad de empresa, y que también tiene un expreso reconocimiento en el Estatuto de los Trabajadores además de en otras leyes. Pero, a la par que debemos ser respetuosos con la libertad de empresa, sabemos que también se debe asegurar y aseguramos que se cumpla la ley de 26 de diciembre de 2012, que lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Todo esto no quita que desgraciadamente -es un hecho constatado- se produzca fraude de ley. Lo sabemos y, para poner coto a esas prácticas, el Gobierno ha intensificado actuaciones programadas para la inspección que incluyen su plan integrado de actuación mediante una campaña específica que pretende un mejor control sobre el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas y así detectar los abusos y proceder a su corrección. Se trata de un conjunto de actuaciones que se han revelado eficaces y que aconsejan intensificar esas campañas en general y las relativas a las camareras de piso en particular. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social mandó este año a 64 funcionarios a las zonas donde hay mayor actividad turística, 32 a Baleares y 32 a Canarias. Los resultados de este proceso de inspección hasta la fecha son 8.982 trabajadores, casi 9.000, a los que sus contratos temporales se les han transformado en indefinidos o se les ha incrementado su jornada de trabajo, con el consiguiente aumento de salario y de cotización a la Seguridad Social.

Finalmente, tenemos constancia de que hay aspectos como las posturas forzadas, los sobreesfuerzos, la sobrecarga de trabajo o el elevado ritmo de trabajo, que son factores que incrementan la aparición de lesiones músculo-esqueléticas y de enfermedades derivadas del trabajo de las camareras de piso, razones


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por las cuales se aconseja tomarlas en consideración por parte de las empresas y de los servicios de prevención social. Por supuesto que no estamos contentos, el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular, que es el que lo sustenta, tampoco lo está. Está claro que hay que perseguir la fórmula para poder arreglar todo esto y eso es lo que se está haciendo por parte del Partido Popular.

Quiero decir también que desde mi grupo se ha presentado una enmienda. Sé que ha habido un trabajo importante para intentar conseguir una enmienda transaccional en la que pudiéramos estar todos incluidos, pero desgraciadamente, aun compartiendo la mayor parte de esa enmienda transaccional a la que se ha llegado, hay un punto que nosotros no podemos compartir. Hemos planteado dos puntos alternativos, pero no parece que tengan intención de aceptarlos sino más bien de dificultar el acuerdo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Navarro.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Barandiaran Benito. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, esta es la segunda parte de un debate que acabamos de tener hace un momento con la proposición legislativa que se nos ha presentado por el Grupo Socialista, puesto que una de las consecuencias de aquel debate es precisamente este fenómeno concreto, esta regulación permisiva en un sector, el de las trabajadoras del sector turístico, de las empleadas de pisos, especialmente castigado y vulnerable.

Partamos de una clara y contundente afirmación: las camareras de piso del sector turístico es, como otros, pero en especial y por sus características, un sector vulnerable. Vamos a basarnos en el Diccionario de la Real Academia Española para definir la palabra vulnerable: Es aquello que puede ser herido o recibir lesión, física o moral. No pretendo afirmar con ello que este o cualquier otro puesto de trabajo que sea vulnerable sea un puesto que conduzca a que reciban heridas o lesiones físicas o morales, pero sí es cierto que hay que empezar por reconocer una cosa: vulnerabilidad, en el ámbito laboral, es la probabilidad de materializar consecuencias indeseables para el trabajador precisamente porque se haya expuesto al riesgo correspondiente a las funciones propias de su puesto de trabajo. Con esta definición solo pretendo justificar la necesidad de tomar medidas para evitar esas consecuencias indeseables, porque existe un riesgo cierto -las consecuencias del riesgo cierto que sufre un colectivo determinado como es el de las camareras de piso- y además para admitir que ese riesgo cierto está derivado no solo del ejercicio ordinario de sus funciones, sino también de la desregulación de su actividad.

La concreción de los riesgos en el trabajo supone siempre una lesión que debe no solo ser corregida una vez que suceda, sino también ser prevenida antes de que suceda, adoptando todas -subrayo todas- las medidas conducentes a evitar su producción. Por eso, en todos estos debates resulta necesario recordar el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores que concreta la garantía de los trabajadores a la seguridad y salud laboral, y dicha obligación se extiende no solo a los empresarios sino que se impone también, en virtud del artículo 40.2 de la Constitución, a todos los poderes públicos. Este Parlamento, señores, también es poder público.

Por eso, y sin perjuicio de coincidir con muchas de las propuestas que se hacen en la proposición no de ley, me voy a detener en una que es causa principal del debilitamiento de la situación de las trabajadoras de piso del sector turístico y, a su vez, es el debilitamiento de la eficacia de los convenios colectivos porque materialmente suponen incumplimiento tanto del principio a que se refiere el artículo 40 de la Constitución como también de la garantía de eficacia que respecto de los propios convenios regula la Constitución en su artículo 37.

Dicho de otra manera, de entre las causas que se han descrito como justificativas de la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo, aquella que a nuestro juicio puede incidir de manera más intensa en agravar la situación de vulnerabilidad del colectivo de las camareras de piso es la posibilidad de que la regulación de su actividad se haya desconectado de las garantías que ofrece su tratamiento colectivo, porque además ha pasado a ser objeto no de la relación entre la empresa especializada y el trabajador, sino de la relación entre empresa contratante y prestataria del servicio. Esto es consecuencia de la huida de la eficacia del convenio especializado. Es lo que permite remitir las condiciones de trabajo a las de otro ámbito más genérico, menos concreto y, por tanto, más ajeno y causante de mayor riesgo específico de dicho sector, porque lo importante en supuestos como estos es advertir de que nos encontramos ante un diagnóstico claro, y no solo de los efectos, también de las causas que lo motivan y de las medidas que permitirían disminuir dichos riesgos. (Rumores). A ese


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respecto, señorías, no es ocioso destacar que dicho sector y dicho riesgo constituyen un ámbito concreto cuyo tratamiento colectivo, sin legislación que permita descuelgues empresariales, hubiera permitido sostener acuerdos sectoriales más eficaces en la prevención y tratamiento de sus riesgos y, por tanto, en acortar su vulnerabilidad. (Rumores). Les veo a todos encantados y muy atentos además a lo que estoy diciendo. Lo digo por el rumor existente, que no sé si me oigo yo también.

Entiendo necesario, por ello, no solo sumar nuestro apoyo a las medidas que propone sino también hacer especial mención a la necesaria atención a otra medida a la que he aludido, que es la modificación de los artículos 82.3, 83.2 y 85 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto que su actual redacción permite el descuelgue y la ineficacia de los convenios. Creemos que es prioritario reforzar esos aspectos sectoriales a que se refiere el punto primero de la propuesta y entendemos que ello se debe traducir también en la modificación de la eficacia de los convenios colectivos. El resto nos parece inaceptable, salvo la propuesta que se cita con el número 5 que, con todo respeto para los proponentes, creemos que se debiera remitir al Pacto de Toledo.

Por ello y por todas las razones que he argumentado antes, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.

Buenas tardes a todos y a todas. Qué fácil es hablar de justicia cuando uno no trabaja de camarera de piso, qué fácil es hablar de justicia cuando en el fin de semana en la Costa Dorada hay solo uno o dos inspectores de trabajo, qué fácil es; qué fácil es hablar de ir a la Inspección de Trabajo o de ir a la justicia cuando sabes que a ti no te van a despedir. En fin, escuchando a algunos oradores parece que más que en el Reino de España estén en Disneylandia. Pero, vamos al tema que nos ocupa: proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Vamos a votar a favor de su proposición no de ley relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. De hecho, es una propuesta que va en la misma línea de otras propuestas de Esquerra Republicana porque es una cuestión de justicia. No es de recibo que el sector turístico esté batiendo en estos últimos años cifras récord de todo tipo, también de beneficios, y que, en cambio, sea ese uno de los sectores donde la precariedad y el fraude están más extendidos. Hoy, concretamente, ponemos la mirada en un colectivo muy feminizado, que supone más de 100.000 trabajadoras, y que se caracteriza por tener unas condiciones de trabajo inaceptables; nos referimos a las camareras de piso, aunque, como han dicho antes, tampoco es el único colectivo castigado en ese sector, aunque sí de los más castigados. (Rumores). Las camareras de piso tienen un trabajo especialmente duro...

La señora PRESIDENTA: Señoría, un segundo. Señorías, guarden silencio. Continúe, señoría.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias.

Las camareras de piso tienen un trabajo especialmente duro que en los últimos años se ha agravado con la proliferación de las empresas de servicios integrales -no voy a extenderme mucho más porque hemos comentado lo mismo en otra propuesta de ley, en este caso del Partido Socialista- o de multiservicios, una subcontratación que es legal -por eso no se puede denunciar-, pero que esconde un fin perverso: devaluar aún más las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en general y, en particular, de las camareras de piso, para sacar más beneficios a su costa.

Los jornaleros y las jornaleras del turismo, como yo los llamo por su estacionalidad, están sufriendo en una época de cifras récord en beneficios para las empresas un empeoramiento año tras año de las ya de por sí duras condiciones de trabajo. Hablamos de explotación, de precariedad, de estacionalidad, de contratos a tiempo parcial y de incumplimientos reiterados del convenio del sector. Hablamos de las empresas de multiservicios que, gracias a las reformas laborales, pueden imponer convenios muy a menudo mucho más desfavorables que el del sector de hostelería, al que deberían acogerse de manera natural. Condiciones salariales peores y peores condiciones de trabajo, con un aumento del número de habitaciones a trabajar, una carga que, sumada a la dureza de ese trabajo, hace que a menudo muchas de las mujeres afectadas deban dejar de trabajar antes de la jubilación con lo eso que representa de


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pérdida económica para su futuro. O tengan que coger la baja con lo que supone, es decir, el peligro hoy en día de perder su puesto de trabajo, que es tan difícil para muchísimas personas. O que se resienta su salud y su calidad de vida de manera notable, ya no solo por los bajos salarios sino por el estado de su propia salud.

Por todo ello, votaremos sí a esta proposición no de ley en todos sus puntos exactamente, que no voy a repetir, pues han quedado bien expuestos por la compañera diputada Rita Bosaho.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Bosaho Gori, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?

La señora BOSAHO GORI: Sí. Aceptamos una transacción que hemos hecho con otros grupos y se la haremos llegar ahora a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bosaho.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA POBREZA. (Número de expediente 173/000007).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña María Guadalupe): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el Partido Socialista vuelve a intervenir en esta tribuna para presentar una moción como consecuencia de la interpelación a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la semana anterior. Insistimos en que no renunciaremos a proponer una vez más la necesidad de elaborar un plan de lucha contra la pobreza, un plan justo, integral y de aplicación en todos los territorios, porque las personas pobres son pobres sin tener en cuenta el lugar donde residen. Si decíamos hace unos días que existen 13,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos 13,5 millones de motivos para insistir en la necesidad de trabajar para ellos. Si decíamos que 3,2 millones de personas viven en situación de pobreza severa, con más motivo tenemos 3,2 millones de motivos para ofrecerles una mejora en su calidad de vida. Nuestra obligación es darle la vuelta a estas cifras, mejorar los datos de la última encuesta de condiciones de vida, pero sobre todo tenemos la obligación de demostrar que la mejora económica puede llegar a todas las familias.

Proponemos en esta moción un plan integral en el que se incluyan medidas de diferentes departamentos. Necesitamos el compromiso del Ministerio de Empleo porque, evidentemente, hay que compensar el descenso de la protección por desempleo, situada en este momento en el 54 % de las personas desempleadas. Necesitamos también el compromiso de mejorar las condiciones laborales para todos aquellos trabajadores pobres y más aún para las mujeres trabajadoras pobres. Aprobaremos a propuesta del Partido Socialista una subida del salario mínimo interprofesional del 8 %, la más alta registrada, pero no podemos olvidar que muchos trabajadores y trabajadoras no lo hacen a tiempo completo, por lo que siguen siendo pobres.

La respuesta a la situación de pobreza y desigualdad presenta importantes lagunas, lo que explica la escasa reducción de los riesgos de pobreza tras las prestaciones sociales. La última red de garantía de ingresos está incompleta, con parados sin cobertura y con una protección del riesgo de pobreza muy desigual por territorios y por diferentes grupos de población. Por este motivo, proponemos buscar un amplio consenso y crear un ingreso mínimo vital que pueda satisfacer las necesidades básicas. Se cumplen en estos días diez años de vida de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, un ejemplo de consenso en su aprobación y un ejemplo de sistema de cooperación entre administraciones. Podría ser aún mejor si tuviera la financiación adecuada; luego aprendamos.

¿Por qué un nuevo sistema de ingresos? Buscamos un nuevo sistema integrado con vocación de operar como última red de protección social, dirigido a la población más vulnerable y en riesgo de pobreza


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o exclusión social, y apoyado en los sistemas públicos ya existentes con un doble objetivo. En primer lugar, proporcionar a las familias sin ningún tipo de ingreso una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas inherentes a la dignidad humana en línea con la nueva dimensión de los derechos humanos acordada en Naciones Unidas. En segundo lugar, invertir en la infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños en hogares con menos rentas y eliminando la pobreza más severa.

Esta nueva prestación irá dirigida -y quiero recalcar lo que digo- a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea su causa como prestación no contributiva de la Seguridad Social y, por tanto, financiada con los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Debe ser una prestación coordinada con el subsidio por desempleo con iguales cuantías, de forma que, una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso entre ambos sistemas, manteniendo siempre la cobertura de la prestación. Esta medida se diseña como la última red de protección cuando persista la necesidad y una vez agotadas el resto de prestaciones, de forma que se pueda facilitar la inclusión económica, social, educativa y laboral. Por supuesto, proponemos que puedan beneficiarse los 730.000 hogares que no tienen ingresos y consideramos que no hay colisión entre las propuestas de complementos salariales de otros grupos, pero esa es otra propuesta.

Señorías, dentro del ingreso mínimo vital debemos abordar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumentar su cuantía de forma escalonada, en función de las rentas familiares, solo vinculada a los ingresos del hogar e independientemente de la situación laboral de los padres. Así se pretende como primer objetivo combatir la pobreza infantil y como segundo eliminar la pobreza infantil más severa. Quisiera recordarles a sus señorías, por si alguno no sabe la cifra, que la prestación por hijo a cargo es en este momento de 291 euros anuales o 24 euros mensuales, luego no llega a un euro al día. Solo abordando esta subida romperemos la cifra de 2.300.000 menores pobres que serían sin duda adultos pobres en su gran mayoría.

Permítanme que insista, señorías, en que los beneficiarios serían personas en hogares sin ingresos, menores en hogares bajo el umbral de la pobreza en tramos según renta y para aquellos que aún tienen la duda de lo que queremos decir, será necesario probar la ausencia de rentas y será necesaria la activación laboral y la formación para el empleo para personas con criterios de empleabilidad posible.

Proponemos que el desarrollo del plan y el ingreso mínimo vital se implante de forma coordinada entre el sistema de servicios sociales y los servicios públicos de empleo para lo que hace falta un pacto con las comunidades autónomas. Necesitamos recuperar el plan concertado de servicios sociales, claro que sí, y será también necesario revertir a los ayuntamientos la competencia en materia de servicios sociales que se les anuló con la reforma local porque las redes básicas de servicios sociales y los ayuntamientos tienen siempre su puerta abierta. Creemos que es posible y creemos que debemos hacerlo como política social de justicia. Creemos, señorías, que debemos incluirlo en los próximos presupuestos de 2017.

Señorías, solicitamos el apoyo de todos los grupos. Agradezco la colaboración de todos los que han presentado enmiendas y algunas de ellas las hemos aceptado, pero, señorías, los ciudadanos esperan que resolvamos sus problemas y la pobreza es el principal problema de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto para la defensa de su enmienda, y en su caso para fijar posición, en primer lugar, el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta esta moción sobre medidas urgentes contra la pobreza. Mi grupo ha de empezar remarcando que en el caso de España ese incremento de la pobreza está vinculado claramente al desempleo masivo que hemos vivido estos años y al paro de larga duración, y es evidente que el sistema de protección para el desempleo no ha podido resistir el impacto de esta larga crisis. Además, la crisis ha puesto de manifiesto muy claramente que nuestro modelo de Estado del bienestar no estaba suficientemente orientado a proteger a las familias con niños. Esa ausencia de una fuerte protección de las familias con niños tiene que ver con la cuestión que la portavoz socialista ha mencionado, que es la ridícula prestación por hijo a cargo de nuestro sistema: desempleo de larga duración, sistema que no es capaz de resistir, pobreza infantil porque el Estado del bienestar no está orientado a las familias... Además, una política presupuestaria del Gobierno en el reparto de la reducción


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de los efectivos de déficit público que ha descargado en ayuntamientos y en comunidades autónomas la necesidad de reducir sus presupuestos, pero al mismo tiempo traspasarles la responsabilidad de hacer frente a la pobreza. Eso nos ha llevado a esa situación de incremento de la pobreza, y es evidente que, frente a esa situación, necesitamos varios tipos de políticas. Una de ellas, efectivamente, dar respuesta al paro de larga duración. Lógicamente va a tener necesidad de vinculación con las políticas de empleo, con la creación de empleo, pero también con la necesidad de recoger la propuesta que Comisiones Obreras y UGT nos van a trasladar los próximos meses de una prestación nueva que dé cobertura al paro de larga duración.

La lucha contra la pobreza también va a tener que ver con más empleos y con mejores empleos. En esto mi grupo insiste -una pena que la señora Martín no haya querido aceptar nuestra enmienda- en la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar ese objetivo del 60 %. La mejor manera de combatir la pobreza es por la vía del empleo y por la vía del empleo de calidad. Además, estoy seguro de que el Grupo Parlamentario Socialista podría compartir con nosotros que hoy parte de las políticas del Estado del bienestar es mejor que pongan el acento en la idea de la predistribución que en la distribución. La predistribución quiere decir que seamos capaces antes de los impuestos de corregir aquellas desigualdades que luego, a través de los impuestos, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales terminamos corrigiendo. De ahí también la importancia del salario mínimo interprofesional. Estamos muy convencidos de que la lucha contra la pobreza exige también que esta prestación por hijo a cargo sea suficiente y universal. Ahí, señora Martín, he de lamentar que en la Mesa del Congreso permitiesen que la proposición de ley que los diputados del Partit Demòcrata Català hemos planteado de incremento de la prestación por hijo a cargo -en la propuesta que hemos defendido reformulamos esta prestación, hablamos de prestación para la crianza de los hijos-, a la cual le situamos un nuevo umbral de acceso precisamente para permitir que más familias puedan beneficiarse de esa prestación, poniendo el objetivo de la cuantía en una cifra razonable, que son los 100 euros por hijo en cada familia, esa iniciativa, repito, que el Partido Popular, que el Gobierno ha vetado, lamentamos que haya obtenido el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para impedir que se pudiese tramitar. Mi grupo va a reformular esa iniciativa y lógicamente en esa reformulación esperamos encontrar el apoyo del Grupo Socialista, porque hacer frente al problema de la pobreza infantil no es una operación en términos políticos y presupuestarios menor.

El Gobierno argumentaba en su veto que esa propuesta tenía un coste de unos 6.000 millones de euros. Es cierto que es una cifra relevante, pero es que el problema de la pobreza infantil exige un esfuerzo económico serio. No podemos conformarnos con un pequeño ajuste en la prestación por hijo a cargo, sino que necesitamos una prestación para la crianza de los hijos que nos acerque a los países de nuestro entorno europeo y eso implica un esfuerzo económico relevante. Espero que el Grupo Socialista nos acompañe, como lo hará hoy mi grupo con esta moción, en la defensa de esta prestación para la crianza de los hijos sólida, consistente, robusta y universal. (Rumores).

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, bona tarda, bona nit. Estoy seguro de que a todos nos conmueve la pobreza; de ahí esta moción llena de buenas intenciones, a la que hemos contribuido con unas enmiendas y que votaremos a favor. Ahora bien, estoy seguro de que no todos compartimos la misma definición de pobreza y menos aún de exclusión que esta conlleva. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Olòriz. Señorías, el rumor de fondo que hay en la Cámara es inaceptable. Las personas que hacen uso de la palabra tienen que hacer un esfuerzo superior porque no se les escucha. Muchas de sus señorías están muy atentas a la intervención del orador y no creo que les haga ninguna gracia, aunque a alguno parece que sí. Por favor, estamos aquí para escuchar al orador, al que hace uso de la palabra. Adelante, señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Espero que por osmosis se acaben entendiendo sus magníficas palabras.

Pobreza y exclusión son el resultado natural del sistema económico vigente. La pobreza entendida como la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas ha crecido mucho como


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consecuencia de la crisis y de los recortes sociales; la exclusión entendida como la falta de acceso a los mecanismos de desarrollo humano, trabajo y vivienda digna, educación a lo largo de la vida, salud, vínculos afectivos, redes comunitarias, participación política, está creciendo también en muchas de sus dimensiones, pero ni la pobreza ni la exclusión aparecen con la crisis. Las dos venían y vienen aún de la mano de un modelo de crecimiento desigual e insostenible y de unas relaciones sociales de jerarquía, de privilegio y de dominación, del capitalismo de amiguetes que se dice, de unas relaciones en que la desigualdad es norma y el sexismo subyacente y la burocracia se alía con un desarrollo insostenible. Patriarcado, explotación y violencia son partes del mismo escenario, del mismo relato, creadores todos ellos de soledad, estigmas y marginaciones.

Hemos sufrido estos últimos años especialmente, pero la pobreza viene de lejos. No solo hemos de superar la política conservadora hasta ahora dominante de regulación y caridad, también hemos de superar los límites clásicos de la política que se llevó a cabo en tiempos anteriores al Partido Popular y con todo respeto pensamos que esta moción será insuficiente porque tendrá que aplicarla el Partido Popular y no está por la labor. Estoy seguro de que se excusarán en el techo de gasto que muchos de ustedes aprobaron -nosotros no- y en otras contingencias de esas que el ministro Montoro conoce muy bien.

Tres límites para abordar la pobreza en su total complejidad. Por una parte, con las políticas sociales no es suficiente. Hace falta cuestionar, a la vista de los hechos y no solo de forma declarativa -estamos muy acostumbrados-, el núcleo de las relaciones económicas y financieras predominantes con toda la audacia que haga falta. Por otra parte, con las políticas tradicionales de bienestar, salud, educación y pensiones tampoco es suficiente. Hay que situar en el núcleo de la estrategia pública la renta básica de ciudadanía y las políticas de proximidad. Por último, con las políticas públicas tampoco es suficiente. Hay que activar valores, actitudes y prácticas de solidaridad en clave asociativa y comunitaria vehiculadas por entidades, redes y movimientos de todo tipo. Pobreza y exclusión son la cara triste de este sistema que el Gobierno actual no pretende cambiar y que la moción, por buena voluntad que tenga, no puede cambiar.

Señores del Partido Socialista, estuvieron a tiempo de hacer otro Gobierno, pero no les dejaron o no quisieron. No conviertan la mayoría que repetidamente tenemos en esta Cámara en Gobierno. Odiseo navegó entre Scilla y Caribdis y llegó a puerto. Me temo que nos hace falta un nuevo Ulises, pues las cartas de navegar que hemos heredado no nos llevan a ninguna parte o, mejor dicho, nos mantienen donde estamos. ¿Hasta cuándo? En Cataluña lo tenemos claro: proceso constituyente y república catalana. Fraternidad y república.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Querida Kitty: ¡Qué maravilloso sería que nadie necesitara esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo! Estas palabras las escribió una niña de trece años, Annelies Marie Frank, conocida por todos como Ana Frank. Las escribió en su famoso diario escondida en la parte trasera de un edificio de Ámsterdam durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos muy bien qué supuso para ella que el resto del mundo esperara ese instante al que se refería en su diario. Finalmente fue capturada y murió en un campo de concentración con apenas dieciséis años. Las consecuencias de esperar un instante son especialmente crueles con los niños. Un año, dos años o una legislatura es mucho tiempo en la vida de un niño. Esos dos años pueden ser decisivos para su desarrollo físico y emocional.

Hemos escuchado más de una vez por parte de miembros del Gobierno decir que hay que esperar, que no hay dinero o que vamos a aguantar hasta que la situación mejore. Yo les digo que hay decisiones e inversiones que no se pueden postergar, señorías, y esta es una de ellas. Puede que ustedes no tengan claro cuáles son sus prioridades, pero nosotros les vamos a recordar cuáles son las nuestras. Es muy fácil porque -bien lo saben ustedes- está todo en un documento que suscribieron junto a nosotros. Son nuestras prioridades y, además, son nuestras exigencias de investidura. Ustedes se obligaron a cumplirlas; al final del documento está la firma de su portavoz, don Rafael Hernando, y el compromiso en nombre de su grupo. Nos remitimos además a sus palabras: "El PP no firma acuerdos para quince minutos" dijo, así que recuerden muy bien que este pacto está vigente. Recuérdenlo especialmente ahora que están ustedes elaborando los presupuestos. A la vista de la enmienda que han presentado, no parece tenerlo del todo claro y, ya que estoy aquí, aprovecharé para refrescarles un poco la memoria. Medidas para luchar contra


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la pobreza y, en especial, la que afecta a la infancia. Exigencia 63: Elaborar un nuevo plan de infancia contra la pobreza con un incremento de la dotación de fondos en el marco de una ley integral de apoyo a las familias -exigencia 66-, entre otras cosas, para que las familias más vulnerables sean el objetivo prioritario de las políticas activas de empleo del Gobierno; y crear una certificación específica para las familias monoparentales que garantice un mínimo de protección. Exigencia 69: Un pacto por la infancia también con un incremento de la inversión, asegurando unos mínimos, como ya se hizo en su momento en el Pacto de Toledo. Además de todo esto, está nuestro complemento salarial garantizado para las familias con salarios más bajos; recuerden que firmamos 1.300 millones para el año 2017. Ya que el Grupo Parlamentario Socialista plantea este tipo de iniciativas, nos gustaría que bajara a la arena y lo negociara también con el Grupo Popular en el marco de los presupuestos. Señorías, debemos poner en marcha todas estas medidas cuanto antes, se lo debemos a esa clase media empobrecida por la crisis, y en especial se lo deben ustedes, señorías del Grupo Popular, que con sus políticas han contribuido a aumentar la desigualdad en nuestro país. En poco tiempo aproximadamente 3 millones de personas han pasado de la clase media a encontrarse en una situación de pobreza. Estas personas tenían sus aspiraciones, sus proyectos de vida y de repente todo se ha frustrado para ellos. ¿Cómo no les vamos a ayudar ahora, después de haber permitido que cayeran? Además no han caído solos, han caído también con sus hijos. Tenemos ya una generación casi perdida que no es la generación de Hemingway, y la tenemos aquí, en España. Son todos esos jóvenes sobradamente preparados que no encuentran trabajo, muchos de los cuales han tenido que salir fuera de nuestras fronteras para sobrevivir. Además de tener la obligación de recuperar todo ese talento juvenil que hemos dejado escapar o que han dejado escapar, tenemos la de no crear otra generación perdida con los que aún son niños. Los datos dicen que uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Yo no sé qué opinarán ustedes de esta cifra, pero cuando menos es una de esas ante las cuales no podemos esperar un instante.

Curiosamente el otro día aquí en el hemiciclo escuchaba decir al señor Catalá que España está a la vanguardia en lo que a protección de la infancia se refiere. Yo discrepo considerablemente, ya que si estuviéramos a la vanguardia desde luego no tendríamos estas cifras. Ustedes suelen presumir además de la Ley de Protección de la Infancia. Yo no voy a decir que sea una mala ley, el problema es que para que muchos de sus puntos puedan aplicarse necesita desarrollo reglamentario; todavía estamos esperando ese reglamento, señorías, y lo hemos reclamado. Además, ¿sirve de algo una ley sin dotación presupuestaria? Les leo la disposición adicional vigésima: las medidas aquí incluidas no podrán suponer incremento de gasto público. Ley sin reglamento y sin inversión; debe ser que esto es lo que entienden ustedes que significa estar a la vanguardia. Hagamos un diagnóstico real. Si tenemos 3 millones de niños en riesgo, deben ustedes hacer algo más que sacar pecho. No somos un país modelo en protección de la infancia, pero podríamos llegar a serlo si fuera una de sus prioridades. Los niños son el recurso más importante con el que contamos para mejorar nuestra sociedad, para mejorar el mundo; cuidemos de ellos como se merecen.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Terrón Berbel.

La señora TERRÓN BERBEL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, uno de cada cinco españoles vive en el umbral de la pobreza. Eso significa que al menos uno de nuestros vecinos de escalera cuando va a comprar el supermercado, si puede ir, tiene que contar las monedas. ¿Ustedes saben lo que es eso, señores del Grupo Parlamentario Popular? Quizás no. En España además tener un trabajo tampoco implica salir de la pobreza, y es que gracias a las políticas de empleo del Partido Popular el 1 % de la población cobra hasta tres veces más que el 99 % restante. En España hay 2 millones de trabajadores que viven con 655 euros al mes. ¿Ustedes saben lo que es eso? Quizás en el Partido Popular hay gente que lo intenta, por ejemplo comprando en Primark, pero no sé si es suficiente intento. Alrededor de 400.000 personas con derecho a prestación o ayuda por dependencia están en lista de espera. Son personas que para las tareas más básicas de la vida necesitan apoyo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tardaríamos en atenderles al ritmo que llevamos? Dieciséis años. Si esto fuese poco, son 126.000 personas muertas esperando una ayuda a la dependencia que tenían reconocida. ¿Saben ustedes, señores del Grupo Popular, lo que es morir esperando? ¿Ante esta situación qué han hecho? Se lo voy a contar por si no lo recuerdan. El plan concertado con el que el Gobierno financia los


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servicios sociales se recortó en 36 millones de euros en el año 2012, recorte que sigue vigente. No se conoce un recorte así en servicios sociales desde que se crearon en los años ochenta; 12.265 profesionales de los servicios sociales fueron despedidos. Y por si fuese poco, en todo un alarde de atentado contra los derechos individuales, ustedes sentenciaron a muerte los servicios sociales municipales con su Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración local.

Señora ministra -no está. Pues allá donde esté-, los servicios sociales no son beneficencia. No estamos hablando de una cuestión de caridad, estamos hablando de una cuestión de derechos. Los servicios sociales son la garantía de que cualquier persona que viva en este país tenga una vida digna. Son el cuarto pilar del bienestar. Recortar en servicios sociales es atentar contra la democracia y contra la igualdad. Decía la señora ministra el otro día que la solución a la desigualdad es el empleo. Efectivamente, es una de ellas, pero desde luego no el empleo que ofrecen ustedes. Con ese salario y esas condiciones laborales el máximo lujo que puede permitirse una trabajadora en este país es ir a comer al McDonald's una vez al mes, y este no es un ejemplo que esté poniendo porque sí; son personas, son vidas, y ustedes mismos lo pueden constatar. Más cosas. ¿Qué pasó con los dos millones de dependientes que hay en España? ¿Qué hicieron ustedes con esas dos millones de personas que necesitan ayuda para las tareas más básicas de la vida diaria? Ustedes aprobaran el Real Decreto 20/2012, con el que derogaron de manera encubierta la Ley de Dependencia: 3.000 millones de euros menos para nuestros familiares dependientes. Y por si les parecía poco los 420 euros, como mucho, que cobra una cuidadora familiar -una cuidadora familiar nunca descansa, son veinticuatro horas de trabajo-, ustedes les quitaron la cotización a la Seguridad Social: 170.000 personas se quedaron sin cotización a la Seguridad Social. El 94 % eran mujeres.

Los problemas son complejos, pero las soluciones no lo son tanto, son sencillas; es cuestión de voluntad política. No nos sirve un plan de inclusión social como el que ustedes aprobaron en 2013, que lo único que hace es maquillar, que lo único que hace es agrupar medidas ya existentes y, como mucho, invertir unos pocos euros más en inversión social. Eso no nos vale. Tampoco nos vale esa fea costumbre que tienen ustedes de traspasar funciones que son de la Administración pública al sector privado. Y tampoco nos vale que ustedes vaciaran de contenido los servicios sociales municipales, que eran la principal arma contra la desigualdad en este país desde hace veinticinco años. La apuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es muy clara, es superar el asistencialismo, y para eso es necesario un enfoque de inclusión activa. Esto tiene tres pilares básicos: los servicios sociales universales, públicos y de calidad, también un acceso al empleo de calidad y, por supuesto, un sistema de renta mínima. Señorías, les recuerdo que no estamos hablando de limosna, que no estamos hablando de caridad, que estamos hablando de derechos, y para eso estamos aquí, para que se cumplan los derechos.

A muchos de ustedes, señores del Grupo Popular, se les llena la boca defendiendo la vida. Pro vida, se llaman. Les voy a decir que casi mejor que sean sinceros y se llamen pro existencia, porque entre vivir y existir hay una diferencia, la dignidad. Si recortan en servicios sociales, en dependencia, en condiciones laborales, permítanme decirles que ustedes no defienden la vida. Para defender la vida hay que garantizar que las personas, tengan la edad que tengan, vivan con dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.

La señora NAVARRO LACOBA: Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo para manifestar que compartimos -mucho más de lo que se imaginan, yo creo que estamos en la misma casilla del tablero de juego- la preocupación en torno a la desigualdad, a la pobreza y a la exclusión social. Pero no podemos compartir ni el diagnóstico ni tampoco el tratamiento. El Grupo Popular ha presentado una enmienda de modificación a la suya, porque esta nuestra es mucho más realista. Hay que fomentar la coordinación con las comunidades autónomas, con el resto de administraciones territoriales para poner en común todo el sistema de ayudas y buscar una mayor eficiencia que redunde en beneficio siempre de todos los ciudadanos. Esta misma mañana, la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales lo anunciaba en la Comisión, y también se lo digo a la diputada de Ciudadanos que ha hablado sobre esto. Sería muy conveniente que se leyese la intervención de la ministra de esta mañana en la Comisión, porque le aclararía muchas dudas al respecto. También le adelanto aquí en el Pleno la voluntad que ha puesto la ministra, y que va a poner este Gobierno del Partido Popular, en elaborar un plan de lucha contra la pobreza desde una perspectiva preventiva.


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El Partido Popular lleva desde el año 2011 centrando todos sus esfuerzos en los más castigados por la crisis económica y social. Cuando llegamos al Gobierno, en el año 2011, las circunstancias eran las que eran y yo hoy también quiero recordarlas aquí. Teníamos el mayor desempleo de la Unión Europea: 3 millones y medio de parados; se destruía empleo a un ritmo de 1.500 puestos de trabajo al día; habíamos perdido un 10 % de nuestra riqueza; y había una imposibilidad absoluta de financiar las administraciones públicas. También han hablado de mujeres: siete de cada diez mujeres que iban al paro en Europa eran españolas. Además, la OCDE señalaba que entre 2007 y 2011, años del Gobierno del Partido Socialista, en España subía la pobreza más que en la Unión Europea. Cómo no, compartía el diagnóstico también otro de los compañeros que ha subido a la tribuna, todos sabemos que la principal causa de la pobreza es el desempleo. En acabar con ello el Partido Popular puso su empeño. Pero, sobre todo, el Partido Popular tuvo que poner la responsabilidad que nos pedían los españoles, que nos habían abrumado con una mayoría absoluta en las urnas, para que acometiésemos las reformas necesarias que pedía un país que estaba en ruinas y a punto de ser intervenido, tal y como nos lo había dejado el Partido Socialista. En primer lugar, hicimos políticas de empleo, la principal para acabar con la desigualdad, y esta ya está dando los resultados que ustedes conocen muy bien, que estamos creciendo casi dos millones de puestos de trabajo en los últimos tres años; que hoy creamos puestos de trabajo a un ritmo de mil quinientos al día; y que la mitad del empleo que se genera en Europa lo aporta España. No cejamos en nuestro empeño, porque sabemos que podemos conseguir el objetivo de veinte millones de ocupados para el año 2020, y este es el medicamento más eficaz contra la pobreza. Déjennos hacerlo, porque estamos demostrando que sabemos y que podemos hacerlo. (Aplausos).

En segundo lugar, nada más llegar al Gobierno se puso en marcha el Plan de lucha contra la pobreza, que ustedes en el año 2010 lo habían dejado caer, cuando la crisis económica y social no dejaba ya indiferente a ningún español. Estaba dotado con más de 136.000 millones de euros. Pero ¿dónde estaban ustedes, señores del Partido Socialista, para sostener este sistema y para sostener a los más de 14 millones de españoles que cobran una prestación a final de mes? Estaban preocupados en disolver las Cámaras y en adelantar las elecciones, porque tenían una incapacidad absoluta de afrontar el presupuesto general para el año 2012. Desde entonces, yo creo que las siglas del Partido Socialista Obrero Español deben de ser las del partido que se olvidó de los españoles. Ahora, vienen a abogar por un ingreso mínimo vital, una medida similar a la que propone otro grupo parlamentario de la Cámara que, precisamente, tienen un acuerdo de Gobierno en mi tierra, en Castilla-La Mancha y que era una de las monedas de cambio, la creación de una renta mínima. Deberían apretarse ustedes mutuamente en otros territorios donde pueden hacerlo y no lo hacen, y vienen a esta Cámara a enmendar a este Gobierno.

Señorías, seamos serios, el tema lo exige. El Partido Popular no puede ser cómplice de soluciones trampa que sean la frustración del mañana y que desincentiven la iniciativa de las personas. Ya tenemos experiencias de este tipo y las ha citado usted también, como la Ley de la Dependencia, que ya sabemos cómo nació: mucho envoltorio y poca golosina dentro. Las soluciones han de ser responsables, sostenibles y que supongan un revulsivo. Para eso, el Partido Popular cuenta con el Plan Prepara, pero también con nuestro apoyo a la subida del 8 % del salario mínimo interprofesional. Pero si de verdad les importa esta materia, pongámonos a trabajar juntos. Tienen la oportunidad apoyando los presupuestos generales para el año 2017.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Silencio señorías y ocupen sus escaños, por favor. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, a mediados de los años ochenta del pasado siglo la crisis de la industria vasca vino acompañada de una reaparición del paro y de fenómenos de pobreza. Euskadi pasó de un desempleo prácticamente nulo en 1973 a una tasa de paro de casi el 22 % en 1984, superando el 20 % del resto del Estado. La comunidad autónoma fue además la única en ver disminuida su renta per cápita con un grave deterioro que le llevó, por ejemplo, a que Bizkaia, de ser la segunda renta per cápita del Estado, pasara a ser la número 21 en 1985. En esa situación, hace más de veinticinco años, y desde una situación de crisis económica con los peores indicadores que hemos conocido -peores que los actuales- se decidió destinar fondos para financiar un plan cuya más importante consecuencia es que hoy día Euskadi difícilmente podría reconocerse o reflejarse en aquella imagen del pasado. Fueron muchos, sin duda, pero entre los diversos factores de la realidad económica


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que hoy es Euskadi, hubo una fundamental en opinión de muchos expertos que estuvo en la decisión del Gobierno vasco en tiempo del lehendakari Ardanza de poner en marcha un plan integral de lucha contra la pobreza en Euskadi, origen de la aprobación en 1989 del primer programa de garantía de rentas en una comunidad autónoma. Los datos de esa experiencia han demostrado que esos sistemas de protección permiten que las personas mantengan una calidad de vida digna, que se les permita también mantener niveles de empleabilidad altos y evitan la cronificación de situaciones y consecuencias más graves. Y si bien no es su objeto, incluso también benefician la situación económica en general. Sin aquellas ayudas a las que se dirige esta moción también, quienes se encontraban en mayor situación de vulnerabilidad difícilmente habrían hecho frente a sus necesidades básicas ni su acceso a la empleabilidad hubiera sido tan fácil y hubiera tenido otras consecuencias diferentes a las que han existido en Euskadi en el entorno social, familiar y personal de todos aquellos que se han encontrado en una situación de desprotección. Por eso, también creemos que es bueno que en otros lugares, en España, en el resto del Estado, se doten de un sistema propio sea o no parecido a aquel del que se dotó Euskadi. La moción pretende impulsar una propuesta en ese sentido y que está vinculada a la creación, primero, de un ingreso mínimo vital que se divide en dos partes: una, que implica la introducción de una nueva prestación no contributiva en la Seguridad Social para hogares sin ingresos, y otra, que supone mejoras en las cuantías de las prestaciones por hijos. Contempla también otra propuesta relativa a una reforma de la Administración local para que estas puedan mantener la competencia de gestión en materia de servicios sociales, lo que, dicho sea de paso, en Euskadi no sucede, pues en virtud del reparto interno de competencias ya cuentan con dichas atribuciones.

Desde la perspectiva vasca, por tanto, ninguna de las propuestas es en sí negativa; es más, las consideramos positivas posiblemente para el Estado e incluso para Euskadi, ya que -al contrario de lo que se podría pensar- contribuiría incluso a reducir el gasto de la RGI, de la renta de garantía de ingresos, que actualmente está en vigor en Euskadi. Pero sí quería decirles, a pesar de esta descripción comparativa y positiva, que al igual que la moción aborda la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva ligada en lo fundamental a la exclusión, la comunidad autónoma, como Administración competente en la materia, como Administración que ha tenido la oportunidad de adoptar decisiones políticas propias, puso en marcha en su momento políticas diferentes: unas vinculadas a las ayudas sobre exclusión; otras a políticas que pretendían la promoción del empleo con lo que hoy consideramos políticas activas de empleo. Era una política propia; plural pero propia. En ese sentido, por ejemplo, la Comisión Europea llamó la atención a los responsables en materia de empleo del Gobierno español para recordarles que ese modelo en materia de empleo era el modelo a seguir, el sistema que en su día se puso en marcha en Euskadi, donde se unen políticas de protección social y políticas de empleo. Mucho nos tememos que aquí, y atendiendo a otras experiencias anteriores, no se pretende solo impulsar un plan sino también condicionar nuestras políticas propias, nuestra capacidad de decisión en la materia a pesar de que haya sido exitosa. A futuro, desde luego, no nos van a doler prendas en apoyar esta iniciativa. Sería necesario para ello asegurar que, en contra de una práctica que ya hemos conocido anteriormente, la introducción de la nueva prestación no ponga límites a la acción complementaria de las comunidades autónomas en materia de rentas mínimas, ni el de su compatibilidad con políticas de empleo propias, que fueran asegurando que las rentas mínimas autonómicas puedan, por ejemplo, seguir manteniendo su regulación y su especificidad, complementando las prestaciones estatales. Creemos que es positivo el impulso de esa experiencia, que nos ha enseñado que es vital para disponer de esa herramienta para diseñar nuestro futuro, creemos que es positivo el impulso de este tipo de iniciativas en el ámbito de la lucha contra la pobreza y por ello no nos vamos a oponer a ella, pero tampoco podemos apoyarla sin ningún tipo de rubor si no nos consta la garantía de que actuaciones como las que se proponen no suponen una amenaza cierta a la posibilidad de que Euskadi pueda ejercer y mantener políticas propias en la materia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Martín González si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña María Guadalupe): Hemos aceptado enmiendas de varios grupos y hemos hecho un texto transaccional que está ya en la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ENCAMINADA A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS APROBADAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA DESTINADAS A ENCABEZAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL HACIA ENERGÍAS LIMPIAS. (Número de expediente 173/000008).

La señora PRESIDENTA: Corresponde a continuación debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea, destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señorías, parece que estamos en un continuo déjà vu porque no hacemos más que hablar de transición energética, de cambio climático, de autoconsumo. Pero es que es necesario hablar cada día de ello porque de otra manera no nos van a hacer caso y van a seguir omitiendo la velocidad a la que avanza el mundo energético. Europa lo tiene claro, ha marcado sus objetivos y los conocemos de sobra: 2020, 2030, 2050, e incluso ha marcado una hoja de ruta, incluso el comisario europeo del Partido Popular, el señor Arias Cañete, ha apoyado esa hoja de ruta y ha apoyado distintas medidas en materia de eficiencia energética, de cambio climático y de transición. El problema, señorías, es que cuando venimos a casa, cuando nos sentamos aquí, cuando empezamos a debatir vemos que España no ha hecho los deberes, que ha hecho caso omiso y que sigue dándole la espalda a Europa. Por eso, nosotros apostamos por ese pacto de Estado por la energía. Sí, también pueden algunos decir que se habla mucho del pacto de Estado por la energía, pero discúlpenme si pensamos que la energía es un tema de estrategia de Estado, no es un tema político, y es el momento de que empecemos a pensar en grande y nos demos cuenta de que es necesario llegar a ese pacto de Estado. Es necesario dar certidumbre al sector, es necesario dar claridad, una normativa clara y, por supuesto, lo que es necesario es dar seguridad jurídica. Se acabó la improvisación en materia energética. Por favor -y se lo pido a los miembros del Gobierno-, se acabó, es el momento de que pensemos a largo plazo.

Estos días también hemos hablado de ese plan de transición energética, inclusive en la comparecencia del señor ministro se habló y él comentó la voluntad del Gobierno de hacer ese plan de transición energética. Lamentablemente, a día de hoy, no existe ese plan de transición energética o por lo menos nosotros no lo hemos visto. Lo hemos solicitado, lo hemos pedido, pero no existe. Es necesario que se apueste por un horizonte renovable, con unos objetivos, y no viene el lobo por empezar a hacer los deberes y planificar cuál va a ser el desarrollo del modelo energético. Hay que hacerlo hoy. Es necesario también, señorías, que reduzcamos las emisiones de CO2; España sigue aumentando el nivel de emisiones en materia de generación energética. Europa baja un 2 %, España en el último año crece un 3,4 %. Creo que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Rodríguez. Puede continuar.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidenta.

Es necesario apostar por esa producción, esa generación de energía descentralizada. También es necesario ir dando carpetazo a todas las fuentes de generación que vienen de los combustibles fósiles y sobre todo -y en esto supongo que el Gobierno estará de acuerdo con nosotros- es necesario seguir hablando de eficiencia energética, no solo en el sector doméstico, no solo -aunque también- son necesarias ayudas a los sectores más vulnerables, también en la Administración pública, en los edificios públicos. Es necesario que demos ejemplos, no solo vale con predicar. Por eso, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de autoconsumo, y aquí llegamos al gran mantra que llevamos debatiendo muchísimo tiempo y que me parece que tendremos que seguir debatiendo. El Real Decreto 900/2015, que el Gobierno anterior apoyó, no solamente pone barreras y trabas al autoconsumo, sino que además tilda a los autoconsumidores de ser los depredadores del sistema y, por eso, la necesidad de regular en contra del autoconsumo. Es curioso, porque cuando uno escucha al ministro hablar de esas élites que se pueden beneficiar del autoconsumo, a veces tengo la sensación de que son más socialistas que el Partido Socialista, ya que solamente hablan de élites cuando realmente de lo que se está hablando es del derecho a autoproducir y autoconsumir energía. Es necesario que se reforme ese real decreto, es necesario que se eliminen esas barreras, es necesario que se entienda, para que no se confunda, que los autoconsumidores pagan los costes fijos del sistema; los pagan, no los están eludiendo: pagan renovables, pagan


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extrapeninsulares y todo el compendio de cosas que están en ese cajón de sastre, que no es otra cosa que nuestra factura de la luz. Hay que hablar de los excedentes y de los déficits de energía que producen. Por supuesto que tienen que ir a precio de mercado. No tienen que tener unos beneficios en cuanto a cómo está el precio de compra o el precio de venta, pero se tienen que regular porque lo que no se puede defender de ninguna manera, señorías, es que una energía que ha tenido un autoconsumo directo que no llega ni siquiera a tocar la red, pague peaje.

También en ese real decreto -tengo que comentarlo- se penaliza a las instalaciones que funcionan en régimen de autoconsumo vinculadas con el ciclo del agua. Como se habla mucho de extrapeninsulares, permítanme que haga alusión también a mi tierra. No tiene sentido que se penalice a un tipo de instalaciones como las desaladoras, que se construyeron cuando la legislación lo permitía, y que a día de hoy lo que se ha hecho, a golpe de decretazo, es intentar aplicar retroactividad y permitir que no funcionen instalaciones que no solo están contribuyendo a que se reduzca el coste de energía en Canarias -que para los que no lo sepan es cuatro veces superior al de la Península-, sino que también contribuirán a que vayamos hacia un modelo más sostenible. España, en definitiva, no puede seguir dando la espalda a Europa, el Gobierno español no puede seguir contradiciendo lo que dicen sus propios comisarios europeos cuando salen de nuestras fronteras, porque a veces parece que les pasa algo y cambian el discurso. No, hay que ser coherentes con lo que se dice fuera y sobre todo con lo que se hace en casa.

Necesitamos ese pacto de Estado por la energía que el Gobierno ha firmado; necesitamos ese plan de transición energética que el Gobierno también ha firmado en ese acuerdo; necesitamos un modelo energético que apueste por las renovables, que también ha firmado en ese acuerdo el Gobierno que hay en este momento; es necesario el compromiso para reducir las emisiones de CO2, que también ha firmado el Gobierno, y por supuesto lo que es necesario y que también ha firmado el Gobierno que tenemos hoy es que por fin se deje de considerar al autoconsumidor como un productor, porque no lo es, y se empiece a trabajar para todos. Es necesaria una ley que regule el autoconsumo y, en definitiva, es necesario que el Gobierno sea consecuente con lo que firma y sobre todo con lo que dice fuera de nuestras fronteras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos y en su caso fijación de posición, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Plantea el Grupo Parlamentario Ciudadanos una iniciativa que gira sobre la energía, un asunto capital para el presente y el futuro de España. La propia diputada señora Rodríguez ya se ha distinguido por llevar cuestiones de este tipo a la Comisión y en Foro nos gusta participar de ellas porque, si la energía es importante para el conjunto de España, cobra más valor aún para algunas comunidades como Asturias, en nuestro caso por su influencia en la competitividad de la industria básica -acero, aluminio, zinc, etcétera-, de la que dependen en España cientos de miles de puestos de trabajo estables y cualificados; también porque el carbón es nuestro único combustible fósil autóctono y, por lo tanto, es cuestión de soberanía energética nacional su utilización para la generación de electricidad.

Señorías, la factura eléctrica que pagamos los españoles depende del aprovisionamiento de fuentes externas cuyas facturas tenemos que pagar con altos precios que nos fijan terceros países. De ahí que haya presentado una enmienda a esta moción recalcando la necesidad de promover un mix de generación equilibrado en el que puedan tener cabida las consideraciones de seguridad, de soberanía nacional y de costes sociales de todas las tecnologías, revisando la diversificación de fuentes y de emplazamientos para atender las necesidades españolas de consumo eléctrico. En un segundo punto, reclamo el impulso para elaborar un plan estratégico de energía 2017-2030 que contemple aumentar hasta el límite las fuentes energéticas propias -el agua, el sol, el viento y el carbón que, como señalé antes, es nuestro único combustible fósil autóctono-. Finalmente, incido en el tercer apartado de la enmienda en la necesidad de proteger al máximo la soberanía nacional en una materia tan sensible como esta de la energía y homologar nuestros costes energéticos a los de la Unión Europea con el fin de favorecer a los consumidores domésticos, mejorar la competitividad de industrias y empresas y crear puestos de trabajo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Anoche, un diputado del Partido Popular me comentaba que el Real Decreto 900/2015 no impedía el autoconsumo eléctrico. Este año llevamos menos de cincuenta instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, un récord; menos de cincuenta, no llegan ni a una por provincia, en un país con tantísimas horas de sol al año. En 2015 el Reino Unido instaló 3.500 megavatios; Alemania, 1.450 y España, 49. Es sabido que el Reino Unido y Alemania tienen unos climas africanos y por eso instalan placas solares. (Risas). Mientras, aquí quemamos 45.000 millones importando energías fósiles cuando tenemos un combustible gratis, el sol y el viento, y con un único motivo, o puede que dos: primero, mantener los privilegios del oligopolio eléctrico y, en segundo lugar, impedir la democratización de la energía.

Anunciamos nuestro voto a favor. Hemos enmendado la propuesta intentando mejorarla, ser un poco más ambiciosos, porque creemos que hay que hacer corresponsables a las diferentes administraciones para que haya un mayor consenso. También hemos enmendado -y esta nos la han aceptado- porque creemos que las administraciones públicas deberían ser las primeras en dar ejemplo y por eso proponemos un plan de auditoría energética de los edificios públicos para que adopten medidas para reducir el gasto y crear además incentivos para las pymes, para que ellas también realicen sus propias auditorías. Por último, creemos que cabría promover una reforma íntegra del sector eléctrico y, en ese sentido, nos parece inaplazable que se haga una auditoría integral del déficit de tarifa. Creo que esa es la madre de todas las batallas y, en definitiva, una cosa que tarde o temprano se deberá hacer.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, si un mínimo común denominador tuvo la legislatura anterior -para algunos la legislatura fallida- fue la fijación de una posición común -excepto la suma del Partido Popular en esa posición común- a favor de la revisión del marco legal vigente sobre el autoconsumo. Para decirlo claro: los ciudadanos no deben pagar por la autoproducción de energía. Para decirlo sencillo: se debe cancelar el impuesto al sol, se debe fomentar una política favorable al autoconsumo y no penalizarlo.

Señorías, estamos en una transición energética, sea con plan o sin plan, señora Rodríguez, esperando que el Gobierno finalmente presente ese plan. Se debe asumir esta realidad. Se deben impulsar energías renovables, se debe impulsar la producción descentralizada de energía, se deben impulsar, fomentar y hacer políticas públicas a favor del autoconsumo, y se deben hacer políticas activas a favor de la eficiencia energética y del ahorro energético, también en la construcción. Esto supone reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos planteamientos, señorías, deberían ser los planteamientos también de mínimo común denominador por parte de una Cámara que hace muy pocas semanas votó por unanimidad y por asentimiento el Convenio de París. Quien está a favor del Convenio de París tendría que estar también a favor de este modelo energético nuevo, de este inicio de la transición energética.

El Partit Demòcrata ha presentado una enmienda en el sentido de no penalizar el autoconsumo, de cancelar el impuesto al sol, que ha sido incorporada en una enmienda transaccional firmada por distintos grupos que espero que se pueda votar, ya que expresa la voluntad de la amplia mayoría de esta Cámara.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta. Bona nit.

Con esta moción, Ciudadanos demuestra tener poca o nula confianza en que el Gobierno cumpla con su compromiso de investidura porque si no, en lugar de una moción, estarían ustedes negociando y estarían ya presentando el real decreto de modificación del Real Decreto 900/2015. Y tienen razón en no fiarse. El ministro Nadal y el Gobierno no son amigos del autoconsumo, nos lo dejó bien claro en su comparecencia en la Comisión y también en la interpelación; solo puso problemas al autoconsumo, prácticamente no mencionó ninguna de sus ventajas.


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En el acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos se dice: Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente. El ministro ya dijo que primero habría que ver si había dificultades y como para el ministro parece que su real decreto no tiene dificultades, no quiere introducir cambios de fondo en la regulación del autoconsumo. Les toman el pelo; les quieren tomar el pelo y nos lo quieren tomar a nosotros también. El Gobierno es contrario al autoconsumo, a que las personas produzcan y consuman su propia energía y también es amigo de las nucleares porque quiere alargar la vida útil de las mismas de cuarenta a sesenta años. El conocido como impuesto al sol es la regulación más restrictiva del mundo según la Agencia Internacional de la Energía. Su argumento es que los consumidores -el argumento del ministro- terminan pagando lo que se ahorran los autoconsumidores. La persona autoconsumidora contribuye y debe contribuir al sistema como los otros consumidores, pero de forma justa. El autoconsumidor ya paga el término fijo de la factura, que es el 70 %, para tener acceso a la red; del 30 % restante solo dejaría de pagar la parte correspondiente a la energía que autoconsume. ¿Qué sentido tiene pagar por la energía no consumida? Los pagos del sistema se pagan por consumir energía, no por ahorrarla. ¿A quien ahorra energía con medidas de eficiencia también se le va a hacer pagar por la energía no consumida? No tiene ningún sentido este planteamiento. Y es un planteamiento cínico porque presenta el autoconsumo como una cosa elitista, para ricos, cuando en realidad impiden la regulación del autoconsumo colectivo por ejemplo en las zonas urbanas. Se escandaliza el ministro por las supuestas subvenciones de los consumidores a los autoconsumidores en un país donde el oligopolio eléctrico se ha beneficiado de una transferencia constante ilegítima de rentas de la ciudadanía a las empresas: costes de transición a la competencia, 3.600 millones de euros; los llamados beneficios caídos del cielo por una mala regulación, 2.000 millones de euros; mecanismos de capacidad excesivos, 900 millones de euros en 2014. ¿El problema es realmente el autoconsumo? No, el problema es una mala regulación que ha favorecido al oligopolio. El autoconsumo ahorra en transporte, reduce pérdidas, es más eficiente, ayuda a combatir el cambio climático, dinamiza la economía y crea puestos de trabajo. ¿Y por qué están en contra? Están en contra porque supone un cambio del modelo de negocio de las grandes empresas, porque supone pasar de un modelo centralizado con grandes redes de distribución a los centros urbanos a un modelo descentralizado mucho más democrático que empodera a la ciudadanía. No hay transición energética real si no se desarrolla el autoconsumo. No estamos discutiendo solo de tecnologías porque ya casi todo el mundo -quizá los del Partido Popular aún creen en las nucleares- tiene claro que el presente y el futuro son las energías renovables. El debate es cómo hacerlo y en manos de quién y cómo va a estar el nuevo modelo: con la participación ciudadana o con la ciudadanía como meros consumidores pasivos; con un modelo centralizado o con un modelo más descentralizado y democrático. No hay revolución energética sin revolución democrática, sin la democratización de la generación y el consumo de la energía. La soberanía energética no es solo dejar de depender de los combustibles fósiles que importamos, sino también dejar de depender del oligopolio de las grandes empresas.

El sentido de nuestra enmienda es fundamentalmente uno. En febrero de 2006 todos los grupos parlamentarios -menos el Partido Popular- y veintiséis organizaciones sociales llegamos a un acuerdo para modificar la Ley del Sector Eléctrico y para derogar el impuesto al sol. Nuestra enmienda quiere que eso se refleje, y así va a ser, en la transacción que finalmente hemos aprobado. Este es nuestro marco de referencia. Unilateralmente Ciudadanos presentó esta ley en el Congreso de los Diputados; ahora no tendría ningún sentido que ese acuerdo no tuviese traducción en la transacción a la que hemos llegado. Por tanto, el objetivo fundamental que compartimos de esta legislatura es acabar de una vez con el impuesto al sol para favorecer realmente las energías renovables.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, España tiene un problema y tiene una necesidad urgente. Nos hemos comprometido a tener antes de que finalice el año 2017 nuestro modelo de transición energética, pero para conseguirlo hace falta una planificación energética pactada fruto de un gran consenso social, económico y político. Hace falta un gran pacto por la energía. Es saludable, diría yo, que el Gobierno, según nos dijo el ministro la semana pasada, no tenga cerrados aún los escenarios a 2030 y 2050 porque, insisto, debe ser fruto de un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas y con el mayor consenso social posible. Por eso, los socialistas hemos introducido una enmienda a esta moción para pedir, como ya hiciera en la comparecencia del


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señor ministro, que el ministerio remita el plan de transición energética al Congreso de los Diputados lo antes posible y, a partir de ahí, crear una ponencia encargada de analizar y debatir el modelo de transición energética para España, cuyos resultados podrán plasmarse en la ley de cambio climático y transición energética que este Parlamento aprobó en la sesión de la semana pasada a través de una PNL.

Como decía, la Comisión Europea urge a todos los países a presentar su plan de transición energética. La mayoría de los países de nuestro entorno ya lo vienen haciendo desde hace más de un lustro, pero nosotros, como los malos estudiantes, lo dejamos todo para el último momento; aún así, creo que si nos aplicamos podemos tener los resultados adecuados para conseguir los objetivos de reducción de emisiones a los que nos hemos comprometido.

Señorías, planificar la transición energética significa hablar de muchas cosas, concretar muchas cuestiones, entre ellas impulsar todas las medidas y la financiación necesaria para cumplir los objetivos de eficiencia energética. Significa dar un impulso definitivo a las renovables, dotándolas de seguridad jurídica y de horizonte para poder hacer las inversiones necesarias. Significa también, a pesar de que al Gobierno le guste hablar de neutralidad tecnológica, tomar decisiones muy importantes en torno al mix energético. En concreto, queremos destacar, y por eso lo hemos incorporado en una enmienda, que hay que definir el horizonte de cierre de centrales nucleares. La mayoría de esta Cámara ya tiene claro que no deben sobrepasar los cuarenta años, pero el Gobierno no solo no se pronuncia al respecto, sino que está intentando reabrir una central cerrada hace cinco años, la central nuclear de Garoña, con una tecnología obsoleta y que desde luego no ha hecho falta para mantener la seguridad del suministro. Asimismo, el Gobierno debe cuantificar cuál es el coste de la gestión de los residuos nucleares y tomar de una vez por todas la decisión de cómo se van a gestionar. Por cierto, aprovecho para recordar al Gobierno y al ministro que todos los grupos parlamentario enviamos una carta para hablar del tema nuclear y de Garoña y todavía no ha contestado a nuestro requerimiento.

Señorías, el papel del autoconsumo en esta transición energética es fundamental. Apoyamos la moción de Ciudadanos en todas las cuestiones planteadas, porque también la mayor parte de los grupos de esta Cámara firmamos un acuerdo para que de forma urgente se elimine el impuesto al sol y todas las trabas administrativas que hacen inviable el autoconsumo en España. La Comisión Europea en su reciente comunicación a los Estados miembros, Clean Energy for All Europeans, dice que es necesario desbloquear esta situación de resistencia al cambio que se vive en España. Se lo ha dicho la Comisión: autoproducir es un derecho del consumidor. Hay gobiernos autonómicos, como el mío, el Gobierno de Extremadura, que convencidos de que es el futuro ha sacado un decreto de ayudas para impulsar la autoproducción, para que les salga rentable a las familias. Tengo que decirles, sobre todo al Gobierno y al ministro -como ya le dije al dimitido Soria-, que en el campo, además de fincas de recreo, hay mundo rural, hay casas aisladas, hay pequeñas empresas, hay explotaciones ganaderas, hay también infraviviendas. Hay todo eso, además de las fincas de recreo.

El Gobierno sigue argumentando de manera falaz que autoproducir y autoconsumir supondría una falta de solidaridad y una transferencia de rentas entre unos consumidores y otros. Insistimos en que el argumento es totalmente falaz, porque el autoconsumidor contribuye al mantenimiento del sistema como cualquier otro consumidor. ¿Por qué? Porque paga el término fijo de la factura por completo; es decir, todos los costes de territorios ultrapeninsulares, las primas a las renovables, etcétera. Este término fijo supone entre un 70 y un 75 % de la factura. Por tanto, sí contribuyen; es un argumento falaz. El autoconsumidor además es solidario con el planeta.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.

La señora LUCIO CARRASCO: Termino. Hoy, que hemos conocido que el año 2016 ha sido el año más cálido de la historia, ya no hay más excusas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Antes de dar la última palabra de este punto, señorías, quiero decirles lo siguiente. Falta todavía una hora de Pleno. Les recuerdo la obligación que tenemos todos de escuchar al orador. Será la última vez que repita estas palabras esta noche. Señorías, les ruego que quienes no quieran estar en silencio y quieran mantener conversaciones como las que estoy viendo, que no duran un minuto o dos, sino que estoy viendo conversaciones que están durando varias horas a lo largo de la tarde, les ruego, digo, que abandonen el hemiciclo. Y no lo repetiré ni una sola vez más, sino que llamaré al orden a quien esté hablando en sus escaños. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.


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El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Señoría, usted y yo compartimos muchos puntos de vista -me dirijo a la ponente de Ciudadanos-; de hecho, hemos firmado un pacto muy amplio en el que está recogido un claro compromiso no solo con las energías renovables, sino también con el impulso del autoconsumo. Esta tarde mi grupo ha presentado una enmienda con el texto íntegro del pacto que alcanzamos el Partido Popular y Ciudadanos -aquí están nuestra enmienda y el pacto-. Texto íntegro de los puntos 18, impulsar un pacto de Estado por la energía; 19, aprobar una ley de cambio climático y transición energética, y 20, avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos, y también se menciona la eliminación y el avance en el desarrollo del autoconsumo. Hoy teníamos la oportunidad de seguir avanzando en este camino, de trasladar este contrato que era entre dos partidos a un texto apoyado por la mayoría de la Cámara, pero se ha decidido no apoyar este texto y sí uno alternativo. Reconozco que me ha emocionado escuchar a la diputada anterior, del Grupo Ciudadanos, pedir a los diputados del Grupo Popular que respetemos la literalidad del pacto porque ya sé que tengo una aliada en Ciudadanos para la próxima vez que tengamos que debatir cuestiones como esta. Ya sé a quién tengo que pedir ayuda para que se respete lo acordado entre el Grupo Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular. Especialmente llamativo me ha resultado la eliminación de la palabra "eficiente" que acompaña a autoconsumo eléctrico, porque no entiendo por qué están a favor del autoconsumo eléctrico, pero no a favor del autoconsumo eléctrico eficiente. ¿Qué tienen en contra de la eficiencia? ¿Por qué en nuestro acuerdo se permitió introducir la palabra "eficiente" y ahora, cuando se trata de traerlo al hemiciclo, se cae?

No sé si son conscientes -y me dirijo a todos los grupos políticos- de la nueva etapa política que se ha abierto. Hay una nueva etapa política en la que ya no vale hacer propuestas demagógicas con la esperanza de que una mayoría responsable dentro de este Parlamento las pare. Ya no vale hacer propuestas irrealizables porque los aleteos de estas propuestas dentro de este Parlamento causan frecuentemente mucho sufrimiento, huracanes de sufrimiento ahí fuera. En el pasado, durante la legislatura de Zapatero, se vendieron dos tipos de preferentes. Por un lado, las preferentes bancarias, que han causado mucho sufrimiento en la gente y que este Gobierno durante la pasada legislatura tuvo que solucionar. Y, por otro lado, las preferentes eléctricas, que fueron aquellas que emanaron de un sistema insostenible, que animaron a inversores de buena fe a poner dinero en el sistema eléctrico y que, al final, cuando el sistema fue insostenible, tuvieron que ver reducida su rentabilidad y su inversión. ¿Quiénes sufren cuando el sistema bancario se viene abajo? ¿Las grandes empresas? ¿Los bancos? No. Sufren los depositantes, como hemos visto en Grecia cuando se aplican las políticas populistas de Podemos. ¿Quiénes sufren cuando el sistema eléctrico es insostenible? ¿Las eléctricas y los accionistas? Sí, pero ¿quiénes sufren más? Los consumidores. Al final sufren los inversores de buena fe, que pierden su rentabilidad, y los consumidores, que ven cómo la factura se dispara un 70 %, como en el último año. En nuestro entorno hay diversos países que han generado burbujas y han acabado cambiando su regulación, haciendo pagar un coste altísimo a los consumidores. Si de verdad queremos mejorar la vida de los consumidores eléctricos, no generen una nueva burbuja. Me ha emocionado ver cómo el señor Baldoví recordaba nuestra conversación de anoche sobre el tema del autoconsumo, y les recuerdo a todas sus señorías, en especial a la señora Lucio, que las casas aisladas -ella decía que en el campo no solo hay fincas, sino también casas aisladas- no pagan ningún tipo de peaje si quieren autoconsumir su propia energía. El 95 % de las viviendas de este país no pagan ningún tipo de peaje. Basta ya de demagogia. Lo que no puede ser es que si una gran superficie, si una gran empresa quiere colocar placas fotovoltaicas para autoconsumo, el coste que se deja de pagar del sistema eléctrico lo tengan que pagar nuestros abuelos y nuestros pensionistas como consecuencia de una mala planificación energética, que es lo que ha ocurrido en el pasado. (Aplausos). Eso es lo que ha ocurrido. Señor Baldoví, usted ha hablado de Alemania, de Estados Unidos y del Reino Unido, y yo le digo que hace muy pocos meses Alemania ha creado un cargo para hacer pagar a las instalaciones de más de 10 kilovatios un 40 % porque hay una burbuja enorme y no quieren subir la factura a los consumidores. Australia, que tiene instalados 4.500 megavatios en autoconsumo, ¿sabe lo que ha hecho? Se pagaban 400 dólares canadienses por megavatio/hora. ¿Sabe en cuánto lo han tenido que dejar como consecuencia de esa burbuja? En 40. Han bajado la rentabilidad de esos inversores de buena fe. No queremos que a nosotros se nos asimile a esos gobernantes. No sé si usted va por ese camino, pero por nuestra parte no van a tener ese gusto. Las decisiones que mi grupo va a apoyar -y termino, señora presidenta- son las que está impulsando el ministro Álvaro Nadal para garantizar el suministro energético a aquellos consumidores que no pueden pagarlo por cuestiones económicas, no creando burbujas.


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Por último, me gustaría decirle al Grupo Parlamentario Ciudadanos que vamos por el mismo camino. Yo he participado en la Comisión Europea, junto con el Banco Europeo de Inversiones en algunas ocasiones, en un montón de proyectos...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor GARCÍA EGEA: Termino ya, es la última frase, señora presidenta.

... para el impulso de la eficiencia energética y las renovables. Estamos de acuerdo, pero teníamos un pacto firmado y tenemos que llevarlo al Parlamento, que sea refrendado por todos los grupos y, a partir de ahí, seguir desarrollándolo. Y repito que el 95 % de las instalaciones de este país no pagan ningún tipo de peaje. Para seguir trabajando por ese camino y seguir desarrollando el autoconsumo sin que a nuestros mayores y a nuestros pensionistas les suban la luz, nos tendrán siempre; para el resto, lo siento pero vamos a seguir trabajando por este país y por su gente.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción de Ciudadanos se basa en las medidas que ha presentado la Comisión Europea en el llamado paquete de invierno con el que pretende liderar la transición hacia una energía limpia. Las modificaciones que se proponen en este paquete de medidas inciden en áreas consideradas clave, como son la eficiencia energética, el mercado eléctrico o las energías renovables. Es decir, en este paquete se establecen medidas muy diversas; la moción que se nos presenta hoy por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos nos habla sobre todo del autoconsumo. Sin embargo, nosotros entendemos que tenemos que abordar no solo este punto, sino también todo lo que concierne al mercado eléctrico: tarifas, peajes de las empresas, etcétera, ya que también estas son un motor importante para esa transición energética y para que se haga de forma equilibrada también en términos económicos, de tal manera que tanto los costes económicos como los medioambientales sean los menores posible.

Estamos de acuerdo también en que es necesaria una hoja de ruta en la que se establezcan objetivos y medidas concretas para realizar la transición energética, pero también entendemos que para ello el Gobierno tendrá que coordinarse con comunidades autónomas como la nuestra, Euskadi, ya que tenemos competencias en esta materia: base, desarrollo legislativo y ejecución. Además, creemos que hay que buscar sinergias para que la política energética se desarrolle de manera adecuada, consensuada y teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio, y no como hasta ahora, ya que lamentablemente se ha hecho poco caso a las demandas que en este campo se han hecho llegar desde Euskadi, sobre todo desde la industria vasca, una industria con un gran consumo energético y que con la regulación actual soporta unos costes eléctricos demasiado altos, lo que conlleva una merma en su competitividad.

Sin embargo, en el tema del autoconsumo tenemos nuestras serias dudas sobre si lo que va a suponer en definitiva es un traslado de costes de unos consumidores a otros, perjudicando a aquellos que no pueden o no generen energía, o incluso mermando la competitividad de aquellas empresas que tienen una alta estacionalidad. Esto lo vimos en el debate de la interpelación, en el que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Ciudadanos diferían en torno al concepto coste-eficiencia y la cifra que dejarían de pagar aquellos autoconsumidores, lo que deja en el aire quién soportaría estos costes.

A pesar de lo dicho, entendemos que el autoconsumo energético con renovables es una técnica a desarrollar y fomentar; que el consumidor debe tener la posibilidad de elegir entre comprar energía en la red o autoproducirla sin impedimentos, especialmente cuando ya existe una tecnología adecuada, como la fotovoltaica, para producir electricidad de manera local. Esto es bueno para el sistema eléctrico porque aporta equilibrio y reduce las pérdidas en la red. Se puede fomentar el autoconsumo, por ejemplo, con medidas o incentivos fiscales y de manera que no se perjudique a otros consumidores. Se trata de conseguir una regulación equilibrada para todos, ajustando los costes y con unos precios más competitivos.

Por último, en la moción también se habla del concepto de vulnerabilidad. En este caso vemos que hay una deficiencia y nos gustaría que estuviese definido ese concepto, abogando además por que haya una coordinación entre las políticas energéticas y las políticas sociales, que tienen mucho que ver con este tema.

Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas noches, señora presidenta.

Señorías, pese a tener una de las facturas de la luz más caras de Europa, el Estado español importa unos 40.000 millones de euros en recursos energéticos, y arrastra una deuda eléctrica de más de 30.000 millones. Curiosamente mientras se genera esta deuda de 30.000 millones las empresas eléctricas han obtenido más de 45.000 millones de beneficios. Y es que el sistema eléctrico español da a luz a una paradoja: genera pérdidas al tiempo que da grandes beneficios. La explicación es que las pérdidas las paga el consumidor y los escandalosos beneficios se los quedan las grandes empresas del oligopolio. De hecho si hay unos 30.000 millones de deuda y más de 45.000 millones de beneficios significa que la deuda es para pagar los escandalosos beneficios, no el precio de la luz.

El alto precio de la luz -que hoy sabemos que incluso la CNMC estudiará-, más allá de perjudicar el nivel de vida de las familias y la competitividad de las empresas (Muestra un documento), está agravando el problema de la pobreza energética. Ahora bien, no solo afecta a la calidad de vida de la gente, sino que tiene un claro impacto sobre su salud, así como en el gasto sanitario y de servicios sociales. El dato más significativo a este nivel son las 7.000 muertes prematuras que se calcula que puede provocar anualmente en España.

La solución pasa por abandonar progresivamente un sistema ineficiente, contaminante y caro, basado en unos agotables hidrocarburos que tenemos que importar de precios volátiles, afectando así a la estabilidad económica de la balanza comercial y a apostar por las energías renovables, y dentro de estas por el autoconsumo y la producción descentralizada. Si el Estado español no ha hecho la transición de las energías fósiles a las renovables, y si contrariamente la ha obstaculizado con medidas tan surrealistas, como el impuesto al sol, no ha sido pensando en el bien común, sino pensando en las cuentas de resultados de las empresas que engrasan las puertas giratorias del bipartidismo.

Por todo ello, aun cuando es muy generalista, no podemos más que -atención, señoras estenotipistas, esto no es un error- votar a favor de la moción de Ciudadanos. Sería mejor con transacción, pero también sin ella. No es por espíritu navideño, no es que nos hayan abducido los poderes unionistas, es solo que consideramos que en aquello que creemos que afecta al bien común, al beneficio de las familias trabajadoras, a la mejora del medioambiente, a aquello que apela al más puro sentido común, nosotros somos capaces de aunar esfuerzos incluso con nuestros más diametralmente opuestos adversarios, y no buscamos excusas extemporáneas, como invocar la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual humanas (Risas) para no votar la rebaja del IVA veterinario.

Muchas gracias. Feliz Navidad a todos y a todas. Bon Nadal. Jori Anak. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Rodríguez Hernández si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Como somos muy responsables hemos llegado a un texto transaccional aceptando la mayoría de las enmiendas, inclusive algunas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, así que esperamos que el texto se pueda votar finalmente en los términos de dicha transaccional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA POLÍTICA DE ASILO DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000009).

La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar a continuación el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno. Espero que no se les haya olvidado lo que dije hace cinco minutos para el debate de esta moción.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Bustamante Martín.


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El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Buenas noches.

Como consecuencia de la interpelación urgente al ministro del interior, nuestro Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta hoy una moción con veinticinco medidas para paliar la grave crisis en relación con los refugiados y refugiadas. Es fruto de las aportaciones de asociaciones como CEAR; de las aportaciones de partidos como Compromís o el Partido Demócrata Europeo Catalán, que hemos recogido en la moción; fruto igualmente de la PNL que se presentó en la legislatura anterior; del debate que se dio en el marco de la Comisión de Asuntos Exteriores, y de las carencias que pone de manifiesto el informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Consideramos que el derecho de asilo es fundamental en la política internacional. Es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de Ginebra, y es un derecho que actualmente se encuentra en una grave crisis. Hoy en día hay más de 60 millones de refugiados y 4.901 personas que han muerto en las aguas del Mediterráneo. Nadie de aquí si estuviera en una piscina, por ejemplo, y viera a una persona ahogándose la dejaría morir. No entendemos por tanto por qué los Gobiernos europeos cierran los ojos o no actúan de forma más contundente frente a la tragedia de la muerte de casi 5.000 personas en el mar Mediterráneo, que es la mayor fosa común del mundo.

¿Por qué en pleno siglo XXI se producen estos dramáticos hechos? Nosotros pensamos que hay un sistema económico, que es el capitalismo en su fase neoliberal, que hace que el 1 % de la población mundial posea más riqueza que el 99 % restante, y que 80 personas en el mundo posean más riqueza que 3.500 millones de personas, según el informe de Oxfam. Es un sistema que, a pesar del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, no garantiza los derechos básicos, el pan, el techo y el trabajo, que todo ser humano necesita. Además es un sistema que necesita de guerras. España participó en el año 2003 en la guerra de Irak. El resultado fue más de un millón de muertos, millones de refugiados, pobreza, exclusión, yihadismo. Hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores se ha vuelto a aprobar, después de trece años -fíjense qué acierto-, el envío de un nuevo contingente a Irak, con el apoyo del Partido Popular proponente, del Partido Socialista y del Partido Ciudadanos. En Libia, que fue bombardeada, el 30 de agosto la guardia costera italiana rescató a 6.500 inmigrantes en un solo día. En Siria, donde Europa, a través de la OTAN, también participa, 12 millones de refugiados. En Yemen, donde se encontró armamento español utilizado por el ejército de Arabia Saudí para bombardear colegios y hospitales, cientos de miles de refugiados. En definitiva, más de 60 millones de refugiados como consecuencia principalmente de las guerras, la desigualdad, la pobreza y la exclusión. La Unión Europea y España han actuado de forma vergonzosa ante esta tragedia. Europa acoge el equivalente al 0,2 % de su población, frente a países como Líbano que acoge el equivalente al 40 % de su población en refugiados. España tiene el compromiso, en el marco de los acuerdos de la Unión Europea de 2015, de acoger a 17.000 refugiados, de los cuales solamente 687 han llegado. Por tanto es vergonzosa la política de España en materia de asilo, la política de la Unión Europea. Decía el Che: sean capaces de sentir cualquier injusticia en cualquier parte del mundo.

Nosotros planteamos una serie de medidas, en concreto veinticinco: restablecer la posibilidad de solicitar asilo en todas las embajadas y consulados españoles; la reubicación y el reasentamiento inmediato de los 17.000 refugiados comprometidos por España; elevar la categoría o el peso que tiene la Oficina de Asilo y Refugio, que es la que centraliza todas las demandas de protección internacional en España, y que según el propio informe de la Defensora del Pueblo presenta carencias, falta de intérpretes, falta de personal, falta de inversión, falta de formación; facilitar y garantizar la asistencia letrada a todos los refugiados; aprobar definitivamente el reglamento de la Ley 12/2009, de Asilo, que establecía en su disposición adicional tercera que en el plazo de seis meses se debería de desarrollar el reglamento, y después de siete años todavía no tenemos reglamento que dé garantías a las personas refugiadas; agilizar la tramitación de procedimientos de reunificación familiar, en donde tenemos el ejemplo del menor sirio -que aparece en el informe de la Defensora del Pueblo- con quemaduras, al cual se le deniega el visado humanitario por decisión de la embajada española en Turquía. Planteamos también eliminar el visado de tránsito para los refugiados en zonas de conflicto, por razones obvias, porque el que viene sale corriendo. Planteamos acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados; poner fin a las devoluciones en caliente, ya que España es conocida internacionalmente por las devoluciones en caliente en la frontera sur, lo cual es algo rechazado por los principios básicos de la Convención de Ginebra, rechazado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que en la actualidad tiene rango de ley, a través la disposición adicional décima de la Ley Mordaza, que actualmente tiene un recurso de inconstitucionalidad, desde hace dos años esperando


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resolución. También proponemos mejorar las condiciones de acogida en los centros de estancia temporal para inmigrantes, que acogen a refugiados a pesar de no haber sido concebidos para ello; acabar con los recortes en la red pública de centros de acogida y con los recortes a las ONG, que también acogen; posibilitar y fomentar la participación de otras administraciones, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que han manifestado la voluntad de participar y ser copartícipes en la acogida de personas que necesitan y que requieren de protección internacional; y retirar el apoyo de España al vergonzoso acuerdo Turquía-Unión Europea.

En definitiva una batería de veinticinco medidas concretas que mejorarían de forma importante la deficiente política en materia de asilo del Gobierno del señor Rajoy, y que si son asumidas por parte del Partido Popular van a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y las refugiadas.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar ya.

El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Sí, acabo, presidenta.

El señor ministro decía el pasado miércoles que aquí todos y todas tenemos corazón. Es algo material. Lo decía la compañera Ana Terrón también: nosotros desde la izquierda no entendemos tener corazón como un sentimiento de caridad, sino que lo entendemos con ser solidarios, ser respetuosos con los derechos humanos y ser internacionalistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, y en su caso para la fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, parece que España no es país para refugiados ni quiere serlo, pero especifiquemos: es el Gobierno de España quien no tiene voluntad política para cumplir con sus compromisos en materia de reasentamiento y reubicación. Como se ha apuntado, de las 17.337 personas que debíamos acoger en dos años, solo 687 han llegado al país. Pero no hablamos únicamente de números, sino de personas que se debaten entre la vida y la muerte, que huyen de guerras fratricidas, son perseguidas por su ideología o huyen de la violencia en un contexto desesperanzador.

Las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha hasta ahora para lograr los resultados prometidos están muy lejos de ser modélicas: devoluciones en caliente, uso abusivo de la fuerza, concertinas y cuchillas mortales, hacinamiento en centros de internamiento, privación de la libertad de movimiento. Esto muestra un modelo que da la espalda a los derechos humanos.

Apoyaremos esta moción presentada por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la que hemos presentado varias enmiendas que pretenden, sin cambiar su espíritu, mejorarla. Hemos presentado, en primer lugar, una enmienda de carácter técnico. También pedimos que se incorpore al texto de esta moción la alusión a las directivas europeas pendientes de trasposición. En tercer lugar, planteamos la necesaria revisión del acuerdo España-Marruecos, que ha venido siendo utilizado como justificación para las devoluciones en caliente. Y por último, también es muy importante que se tenga en cuenta que ha de permitirse la actuación de las administraciones autonómicas. Hay Gobiernos autonómicos que reclaman al Estado la coordinación y la puesta en marcha de políticas de acogida de las personas refugiadas. Gobiernos como el valenciano cuentan con infraestructuras necesarias para acoger a 1.400 personas. Desde el 15 de enero el Gobierno valenciano está esperando una respuesta a la petición que le hizo al Gobierno de España para suscribir un acuerdo de cooperación para el traslado humanitario de refugiados, que se puede hacer porque cuenta con un barco puesto a su disposición y que puede trasladar a 1.100 personas cada viaje. Aún no ha obtenido respuesta. También contamos en el País Valenciano con una red de 133 municipios acogedores, o ciutat refugi, coordinada por el Consell y que también sigue esperando la autorización del Gobierno central.

Y termino con una pregunta: ¿hasta cuándo esta negativa? ¿Hasta cuándo hemos de soportar que se nos impida trabajar por los refugiados desde nuestros territorios, mientras el Gobierno central continúa escaqueándose sin ofrecer alternativa humanitaria alguna?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora el señor Campuzano i Canadés.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vamos a apoyar la propuesta del señor Bustamante. Se trata de una moción muy coincidente con iniciativas que el señor Xuclà y yo mismo hemos defendido en la pasada y en la presente legislatura. De hecho hace quince días más o menos la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó una proposición no de ley en este mismo sentido, donde además focalizábamos claramente que en esta materia necesitábamos una política europea distinta que asumiese la revisión del Convenio de Dublín, que es muy evidente que durante esta crisis de los refugiados ha fracasado de manera estrepitosa.

La virtud de la iniciativa que ahora debatimos y de la interpelación que se defendió hace unas pocas semanas es que pone en evidencia el fracaso de la política del Gobierno español en esta materia. No lo es tan solo por las cifras de refugiados que España ha acogido, el 1 % del cupo de refugiados de la Unión Europea, una ratio de 76 refugiados por millón de habitantes, cuando la media europea es de 702 refugiados por millón de habitantes -España está siendo absolutamente cicatera en esta materia-, sino por el propio agotamiento del modelo de acogida que se viene desarrollando en estos últimos años. Un modelo de acogida capaz de hacer frente a un número reducido de refugiados como el que España estaba acogiendo, pero incapaz de dar respuesta a la dimensión de dicha crisis humanitaria, y en el que es fundamental -lo decía el señor Bataller ahora, y coincidimos en ello- que las comunidades autónomas y las administraciones locales tengan un papel fundamental en esta política. Es más, en la X Legislatura acordamos con el Partido Socialista que los programas de acogida de refugiados pudiesen ser gestionados por las comunidades autónomas. Es imprescindible que ese mandato se pueda realizar, y que esa política de acogida en nuestro caso sea gestionada por el Gobierno de Cataluña, que además tiene una posición activa en esta materia. Y estamos convencidos de que finalmente en esta cuestión necesitamos un proyecto europeo sólido, basado en la corresponsabilidad entre todos los Estados miembros y dar respuesta a la crisis que vivimos en Ceuta y Melilla, donde la Convención de Ginebra no se está cumpliendo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, presidenta.

Estaba leyendo que el presidente Rajoy hace una hora ha dicho en la ONU que la nueva esclavitud del siglo XXI es la trata de personas y que insta a la ONU a actuar. Y me ha sorprendido que lo diga, porque claro que hay un problema con la trata de personas, porque los refugiados no pueden salir de sus países con sistemas normales. Claro que sí. Y decía el periódico también que el señor Rajoy había contado la experiencia que había tenido al oír al alcalde de Alepo en la Cumbre Europea. ¿Y qué está haciendo este país? ¿Y qué está haciendo Europa? Como decía el otro día -que discutía con una persona que no voy a decir quién es, pero lo pueden sospechar-, cuando una madre con un niño se lanza al mar y cae en una mafia es porque lo que está detrás es peor. Si no uno no se lanza con su hijo al mar, sobre todo una madre no se lanza con dos o tres niños a poder morir en el mar para ir a un sitio que no sabe ni dónde está, y eso es porque lo que deja detrás es peor. Europa está incumpliendo las convenciones internacionales que se hicieron después de la guerra mundial para que no volviera a pasar aquello. Estamos incumpliendo la Convención de Ginebra. Y ya cuando vinieron y acordamos acoger a 17.000 personas criticamos al Gobierno y dijimos que eran pocos. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la Iglesia católica, las parroquias a instancias del papa dijeron que cada parroquia en este país iba a acoger una familia. Y todos mirando para otro lado. Los niños no acompañados... Creo que tenemos que reaccionar. Y quiero felicitar a Podemos porque es una moción magnífica. Yo que he trabajado estos nueve años en estos temas creo que es muy completa, que está muy bien trabajada y que merece ser aprobada.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, sin duda el Gobierno del presidente Rajoy, del Partido Popular, no ha sido el más sensible a la grave crisis humanitaria que vive Europa, con el desplazamiento de millones de personas que salen huyendo del terror, de la guerra y de la muerte. Tampoco el Gobierno del señor Rajoy ha sido el más proactivo para cumplir con el acuerdo del Consejo Europeo de 2015 -como ya se ha dicho-, en el que


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España se comprometió a reubicar y reasentar a más de 17.000 refugiados. Me gustaría poner el dato, se ha dicho ya la última cifra de las personas reubicadas y reasentadas, pero a mí me gustaría fijarlo en que hemos estado casi un año con el contador a 18 personas. Ese es el nivel de interés que ha tenido el Gobierno del presidente Rajoy. Un triste balance para el que Bruselas ha hecho una crítica muy dura, y no es para menos, porque manifiesta claramente la falta de voluntad del Gobierno. Ni siquiera el Gobierno de Rajoy ha tenido la tentación de hacer algo que sí que es exclusivamente de su competencia, algo que estaba perfectamente a su alcance: elaborar el reglamento que permite desarrollar la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Pues no, no ha sido un año, ni han sido dos, ni han sido tres, ni han sido cinco; han sido siete años y esta ley sigue huérfana de reglamento. Eso sí que es poder instar a un Gobierno a que cumpla con su responsabilidad, con lo que puede hacer. El señor Rajoy da mucha importancia a los asuntos económicos, a los cumplimientos económicos de Bruselas, pero no da tanta urgencia a las personas. La aprobación de ese reglamento es imprescindible para que se puedan regular y atender algunas de las deficiencias que han sido explicitadas ya en el informe de la Defensora del Pueblo de junio de este año. Es un instrumento imprescindible que desde luego nuestro grupo va a instar al Gobierno para que se realice por la vía pertinente. Tanta insensibilidad e inactividad por parte del Gobierno del Partido Popular hacen que en esta Cámara tengamos que ser especialmente activos en impulsar las políticas de cumplimiento, sobre todo por que el compromiso de España se cumpla.

La verdad es que hemos hecho un cierto recorrido, de manera que en estas dos últimas legislaturas han sido aprobadas cuatro iniciativas, y esa es una buena noticia, además han sido aprobadas hasta el momento con un alto grado de consenso. Ha habido una declaración institucional de todos los grupos políticos en materia de asilo y refugiados, y ha habido dos sesiones en la Comisión Mixta para la Unión Europea en las que los diferentes grupos han acordado enmiendas transaccionales. En esas iniciativas -esto también es importante destacarlo- hay pendientes ahora mismo de cumplimiento hasta 56 puntos de mejora que han instado los diferentes grupos al Gobierno del Partido Popular. Era un buen momento para ver el grado de cumplimiento de esos 56 puntos cuando las señorías de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han presentado esta moción. Uno de los mayores problemas de esta moción es que hace caso omiso de lo que se ha venido alcanzando hasta esta fecha, y pone otra vez el contador a sumar 23 instancias más. Vaya por delante que desde el Partido Socialista compartimos plena, total e inequívocamente la necesidad de impulsar al Gobierno de España en la mejora de la política de asilo, pero creemos que es el momento de instar al Gobierno al cumplimiento de lo que puede hacer aquí y ahora.

En la enmienda que hemos presentado -por eso hemos hecho el esfuerzo de intentar encontrar el punto de acuerdo, que era lo que en esta Cámara se nos requiere- hemos aglutinado los 23 puntos con grados de jerarquía muy diferentes donde al mismo nivel estaba la denuncia del Acuerdo de Turquía con lo que podría ser la mejora de la organización administrativa. A pesar de todo ese esfuerzo, señorías, no hemos podido conseguir que haya un acuerdo para centrarnos en aquellos puntos que creemos que el Gobierno debe hacer. Nosotros vamos a continuar trabajando. En esta moción vamos a abstenernos porque no compartimos que la ideología vaya por delante de las víctimas. Creemos que la ideología tiene que estar al servicio de las soluciones para las personas, y en este caso hay cuestiones plasmadas en esta enmienda transaccional que no son las soluciones; por tanto creo que tenemos que seguir trabajando. Esta no va a ser la última iniciativa, porque nuestro grupo va a seguir trabajando para impulsar ese cambio en la política de asilo del Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta una moción sobre la política de asilo, con consideraciones que compartimos sustancialmente en las causas que motivan la existencia de refugiados demandantes de asilo. También compartimos la responsabilidad colectiva internacional en la que cada Estado tiene su parte alícuota como miembro del concierto de los Estados y que hoy deriva de tratados internacionales y de una regla básica de las relaciones humanas: la solidaridad. También compartimos el juicio negativo respecto a las políticas de asilo del Gobierno del Estado, tanto en ejecución de acuerdos adoptados en el seno de la Unión para reubicación y asentamiento de refugiados, como al margen de la Unión, entre otras, las dificultades para


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presentar solicitudes, la deficiente red de centros para la acogida, las devoluciones masivas, la situación de la Oficina de Asilo y Refugio denunciada por la Defensora del Pueblo, la renuencia a la tramitación de peticiones de asilo, la descoordinación con las ofertas de reubicación formuladas por los municipios y las comunidades autónomas, el insistente o inexistente desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo o la misma modificación de esta y otros temas tratados en la moción. Sin embargo, todo ello no es justificación -al menos así lo creemos nosotros- para presentar una moción como la presentada: todo a la vez y ahora, veintitrés puntos de medidas sin numerar que abarcan todo lo posible. Ahora mismo nos han hecho llegar una serie de modificaciones transaccionales con las que no podemos estar de acuerdo de manera acrítica, como el alojamiento en gestión indirecta financiado con ayudas económicas públicas a los refugiados, sin matices, o como disponer de los servicios autonómicos en materia sanitaria, educativa o social destinados a los solicitantes de asilo sin haber contado con las comunidades autónomas, o algunas otras en las que no entraré, como no permitir en ningún caso realizar entrevistas a personal policial, o el cuestionamiento directo de decisiones de la Unión a las que estamos obligados, como la determinación del país de acogida exclusivamente por el solicitante de asilo. Es una moción con muchas medidas con trascendencia y consecuencias diversas, con urgencia aplicativa simultánea y con algunas otras medidas con las que no estamos de acuerdo. Aunque compartimos numerosas de sus propuestas, tenemos dudas sobre otras muchas, y eso nos impide apoyarla en sus términos.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon vespre a totes i tots. Gracias, presidenta.

Los republicanos independentistas vamos a votar a favor de esta proposición que, evidentemente, mejora en mucho -no cuesta tanto tampoco- la situación actual. Pero lo importante aquí no es lo que vamos a votar sino qué piensa hacer el Gobierno español. La pregunta es justamente esta: ¿Qué piensa hacer el Gobierno español? ¿Piensa continuar dando la espalda a las personas que piden protección internacional? ¿Piensa mantener la desmemoria ante una situación que vivimos ya miles de catalanes, de vascos, de españoles durante la Guerra Civil y tras la victoria del franquismo con centenares de miles de refugiados en el mundo? ¿Piensa el Gobierno español seguir a rajatabla con la receta que se ensayó en Ceuta y Melilla y que ahora se ha impuesto en Turquía? Esto es lo importante, lo que piensa hacer el Gobierno español, porque en este tema también confunde palabras con hechos. Como bien ha expuesto el señor Bustamante hoy, pero también en el Pleno de la semana pasada, el Gobierno de Rajoy suspende con un cero patatero -no sé si les suena- en materia de asilo, y así lo demuestra el demoledor informe de la Defensora del Pueblo. Si es demasiado largo -que lo es-, solo les hace falta leer las conclusiones y con eso les quedará bastante claro.

Señorías, las imágenes de centenares de miles de personas pidiendo asilo en las fronteras de Europa nos interpelan. ¿Cuál es la respuesta de Europa? ¿Cuál es la respuesta que se da desde el Gobierno del Estado español? Permitir que se cierren fronteras y aumentar restricciones a la inmigración no es precisamente una muestra de la solidaridad que defienden los tratados. Como se denuncia desde Acnur, el año pasado Europa fracasó a la hora de implementar una respuesta colectiva y bien gestionada a los desafíos planteados por la llegada de más de un millón de refugiados e inmigrantes. Esto ha tenido como resultado escenas de caos en las fronteras, generando una crisis de confianza por parte de ciudadanos respecto a la capacidad de los Gobiernos para gestionar esta situación. Esta crisis también ha beneficiado a aquellos que quieren convertir a los refugiados -y les aseguro que son muchos- en chivos expiatorios o en un negocio para las mafias. Es importante que los Estados miembros de la Unión Europea demuestren mediante una acción colectiva que Europa es capaz de gestionar los movimientos de refugiados de una manera eficaz y basada en el respeto de sus principios fundacionales y más acorde con su historia. Europa debe estar preparada para seguir recibiendo refugiados en su territorio mediante la planificación de contingencias. La ampliación de las vías seguras para los refugiados en Europa pondría alternativas realistas y significativas, como la puesta en marcha de una gestión eficiente y de un sistema de asilo eficaz.

El Gobierno sabe que debe implementar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Saben también lo que tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es tirar abajo las vergonzosas vallas instauradas en Ceuta y Melilla, así como poner fin a las devoluciones en caliente, que son firmemente contrarias a la normativa europea internacional de derechos


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humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas. Deberían también revisar en profundidad el sistema de acogida e integración para disponer de un enfoque adecuado para la protección de menores no acompañados y separados de sus familias y dotar de fondos necesarios a los programas humanitarios de ayuda al desarrollo y situaciones de desplazamiento forzoso. Y sobre todo lo que tendrían que hacer es interiorizar que para dar una mejor respuesta a los retos de asilo y refugio en el mundo actual se debe hacer en colaboración con otras administraciones, como la Administración catalana, que ha manifestado en más de una ocasión su voluntad de contribuir, su voluntad de mejorar y de resolver la situación de estas personas y ha impulsado actuaciones para participar o intervenir activamente, o con la sociedad civil, como los promotores en Cataluña de la campaña Casa nostra, casa vostra o Stop Mare Mortum, que piden una reacción social ante tantas muertes y tanta insensibilidad.

Esta mañana -y acabo, señora presidenta- han vuelto ustedes a perder una oportunidad para anticiparse a la nueva ola de refugiados que llegará tarde o temprano -la población kurda que está siendo desplazada de sus pueblos y ciudades por el ejército turco, que por cierto utiliza armas vendidas hace más de una década por empresas españolas con el visto bueno de los distintos Gobiernos que se han sucedido desde entonces en este país- votando en contra de la proposición no de ley de Esquerra Republicana que pedía incentivar la cooperación y la ayuda humanitaria en el Kurdistán.

Ahora sí termino. Hoy mismo una de las parlamentarias del Partido Democrático de los Pueblos ha comparecido en Cataluña para avisarnos de esta situación, pero ustedes siguen negando la realidad y desoyendo las llamadas que los refugiados de mañana ya les están enviando hoy. La sociedad española, señorías, la sociedad vasca, también la sociedad catalana y la gallega no quieren más excusas, ya no es tiempo de excusas, y les piden que esta sea una tierra de acogida y de asilo ya.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Maura Barandiarán.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, presidenta.

Señorías, nos corresponde examinar, ya esta noche, uno de los productos que son clásicos del Grupo Parlamentario de Podemos: un cóctel en el que se mezclan temas tan diversos como las guerras, el cambio climático, los modelos energéticos, la economía, la riqueza, la pobreza, la distribución de la renta, los refugiados y los inmigrantes, todo eso a partes iguales y un mucho de demagogia. A ese cóctel lo han bautizado ustedes como política de asilo del Gobierno.

La moción está poco informada, a mi modo de ver, y resulta desorientadora, porque confunde refugiados con inmigrantes por causas económicas. Yo creía que eran las guerras, como se establece en las cuatro convenciones de Ginebra, o los regímenes dictatoriales los que generaban las peticiones de asilo. Por cierto, hablando de regímenes dictatoriales, les recuerdo que hay más venezolanos que sirios que han pedido asilo en España en el primer semestre de este año (Rumores) y que más de un millón de cubanos abandonaron la isla con destino a diferentes países como Estados Unidos o España durante el régimen de Fidel y de Raúl Castro. (Aplausos). Pues bien, eso es lo que regula el Reglamento de Dublín precisamente, que la actual crisis de los refugiados ha demostrado que tampoco funciona bien y que desde el grupo ALDE en el Parlamento Europeo estamos queriendo modificar.

Desorienta también en lo que se refiere a que el acuerdo entre Unión Europea y Turquía entrega fondos europeos y ventajas a ese país. Los fondos tienen un carácter finalista y las pretendidas ventajas no se harán efectivas hasta tanto Turquía adopte una legislación en materia de libertades y de derechos humanos que, por lo que vemos, resulta altamente improbable.

Tengo que darles la razón en una cosa, es verdad que en materia de asilo nuestro Gobierno ha demostrado su incapacidad, falta de solidaridad y lejanía con las demandas de la sociedad española. Según datos de ACNUR, en reubicación de 16.000 personas comprometidas han sido reubicadas solo 398 y en reasentamiento de 1.450 personas solo 289. No es extraño. El mismo secretario de Estado para la Unión Europea nos reconocía la semana pasada que el Gobierno no estuvo de acuerdo con el compromiso que asumió en su día. Ahí están los resultados, altamente insuficientes, como ven, en la acogida de refugiados. Compartimos además la necesidad de dotar con medios especializados a la OAR y de despolitizar la Comisión Interministerial sobre Asilo.

Su moción es también contradictoria, porque quiere que España cumpla con sus compromisos de acogida a la vez que considera que los refugiados deberían elegir el país al que quieren ir, con lo que le dan la razón al Gobierno. ¿Qué pasa si prefieren acudir a otros países? ¿Cómo va a cumplir España con


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los compromisos de acogida entonces? Por un lado, critican al Gobierno y, por el otro, le dan la razón. Tampoco resulta práctica. Si se cancela el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, no parece que las cifras de la llegada de refugiados vayan a mejorar, con lo que no se reducirá el número de muertos en el mar ni sus condiciones de vida en Grecia, en lo que se refiere a los refugiados que llegan a Europa por el Egeo. ¿Queremos más muertos o menos? ¿Más casos como el niño Aylan ahogado en una playa turca o menos? Están ustedes en su derecho de traer a este Parlamento iniciativas unilaterales, aunque resulten dispersas, desorientadas y demagógicas; tienen su derecho, pero hay otras maneras de abordar este gravísimo problema. Les diré lo que entendemos desde Ciudadanos que debe resolverse como procedimiento a seguir. Primero, gestionar el acuerdo. Partiendo del acuerdo de la Comisión Mixta de la Unión Europea de marzo pasado, aceptar la propuesta que nos ha formulado ACNUR a todos los grupos parlamentarios para llegar a un consenso entre los partidos para la acogida de los refugiados, que, en nuestra opinión, debería tener en cuenta para su ejecución al Gobierno, desde luego, y a las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados también. Segundo, trabajar desde el Parlamento Europeo con quienes pretendemos mejorar el Reglamento de Dublín, en lugar de colaborar y, por cierto, votar con los que solo pretenden cerrar las fronteras de Europa a los refugiados. Nosotros no tenemos como compañeros de cama a Marine Le Pen, a Nigel Farage o a Geert Wilders. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Termino ya, señora presidenta. Doscientos años antes de Jesucristo, Polibio dijo que la democracia se pervertía en demagogia. Pues bien, contra la demagogia y el discurso unilateral, la democracia, el acuerdo y el trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas noches.

España es un país en el que se respetan los derechos y las libertades fundamentales. Precisamente esta materia, la del derecho de asilo, está garantizada absolutamente por la Ley 12/2009, que en su artículo 18 establece un elenco absoluto de garantías procedimentales para las personas que acuden a nuestro territorio por vicisitudes no deseadas por ellas, evidentemente. Por eso, el Gobierno español está desarrollando una política de alta altura, de responsabilidad, plagada y preñada de humanidad y de sentimiento, y lo está demostrando, efectivamente. Por eso, establece una serie de medidas al respecto. España también ha colaborado en instituciones internacionales al objeto de poder realizar todas estas actividades de cara a la migración y al derecho de asilo. No olvidemos que, debido al incremento de la crisis migratoria, España ha tenido que adaptar una serie de situaciones a su propio fuero jurídico interno, a la par que ha sido un actor proactivo en su colaboración con la Unión Europea. Precisamente, el señor ministro de Interior ya nos ha relatado cuál ha sido nuestra actividad en el seno de la reubicación y reasentamiento de migrantes. No voy a repetirlo, porque dejó muy claro que España, a pesar de las vicisitudes que se ha encontrado, ha sido proactiva y ha trabajado en la materia. No me gusta establecer rankings en este sistema, pero a pesar de las dificultades, como que Acnur estableciera una demora de más de seis meses en el envío de personas, a pesar de que las decisiones en su artículo 5 derivaban el procedimiento que había que establecer, y a pesar de ese Gobierno de interinidad que ha tenido España, que en ningún momento ha cesado en sus facultades, ha conseguido un resultado apreciable. Señorías, toda obra humana es perfectible. Por eso, el señor ministro tendió la mano para que en un futuro ustedes pudieran negociar y hablar acerca de este tema de la migración para perfeccionar los procedimientos.

Por todo ello, señorías, he de recordarle al grupo proponente que en esta moción me sorprende un aspecto que ha sido olvidado, no sé si intencionadamente o por desconocimiento. Me refiero a una clasificación de refugiados y asilados, me refiero en concreto a las personas que tuvieron que salir del País Vasco y asentarse en otro territorio -ya que hoy hablamos de terrorismo-, en territorio español. ¿Por qué? Por la actividad de chantaje, de terrorismo y de asesinato de la banda terrorista ETA, de la que precisamente uno de sus dirigentes es una persona que el Grupo Podemos ha alabado calificándole como hombre de paz y acompañándole en su periplo por las instituciones europeas para tratar de blanquear su imagen. (Aplausos).


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Señorías, mi grupo no va a apoyar esta moción, pero va a tener la salvedad de la mano tendida que estableció el ministro del Interior al respecto. Sentémonos, señorías, porque en este pool que han hecho ustedes, en este mix de medidas, hasta veinticinco, muchas no tienen ni pies ni cabeza, no tienen sentido, porque confunden el derecho internacional, confunden la migración y confunden el derecho al asilo. Hay que ordenar las ideas y no cabe todo en una misma papelera. Hay que sentarse y desarrollarlo detenidamente. Por eso, también quiero decirles que dejen en paz a Ceuta y a Melilla, porque son ejemplos paradigmáticos de cómo se acoge a los migrantes y a los refugiados (Aplausos), precisamente además con la actividad del ministro del Interior, que ha creado las oficinas tanto en Ceuta como en Melilla.

Insisto, vamos a votar en contra de esta moción, pero antes de dar por finalizada mi intervención, quería comentar brevemente una cuestión -comprenderán que no tengo tiempo para entrar en el fondo del asunto de las veinticinco medidas que han salido de la transaccional que han pactado los tres grupos políticos-, que es la OAR. La OAR es un acrónimo de Oficina de Asilo y Refugio. El Gobierno de España ha incrementado no en un cien por cien -señor ministro, permítame que le corrija- sino prácticamente en un 100,5 % el presupuesto del año anterior. Así se han contratado cerca de noventa interinos para resolver las situaciones y se han incrementado las dotaciones económicas para tener también más calidad en los intérpretes. El Gobierno de España va a seguir trabajando duramente para mejorar las condiciones y los procedimientos, porque, insisto, toda obra humana es perfectible. Además, dentro de ese ámbito de mano tendida, de diálogo -hemos dicho que queremos que esta legislatura sea la del diálogo-, vamos a estar siempre dispuestos a hablar y a negociar sobre todas y cada una de las medidas que ustedes propongan, empezando, por supuesto, con las veinticinco medidas que están en esta transaccional.

Muchas gracias, señorías. Feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de acuerdos y de compromisos para todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Bustamante Martín si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Sí. Hubo grupos que hablaron de Venezuela y de ETA. A los que presentaron enmiendas sobre refugiados se las hemos aceptado (Rumores) y ya las tiene la Mesa.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En un minuto comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 15/2015, DE 16 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000024).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar la votación.

En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de derecho. Ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 2 votos telemáticos, 339; a favor, 94; en contra, 162 más 1 voto telemático, 163; abstenciones, 81 más 1 voto telemático, 82.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000042).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Comienza la votación. (Pausa).

Presentes, 339 más 2 votos emitidos telemáticamente; sí, 175... (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos emitidos telemáticamente, 341; a favor, 175 más un voto emitido telemáticamente, 176; en contra, 164 más 1 voto emitido telemáticamente, 165.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. (Número de expediente 122/000015).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

Comienza la votación. (Pausa).

Presentes, 339 más 2 votos emitidos telemáticamente; sí, 175 más 1 voto emitido telemáticamente... (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos emitidos telemáticamente, 341; a favor, 175 más 1 voto emitido telemáticamente, 176; en contra, 132 más 1 voto emitido telemáticamente, 133; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A CONTINUAR IMPULSANDO EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE UN ESTATUTO INTERNACIONAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 162/000189).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate.

En primer término, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a continuar impulsando el proceso de adopción de un estatuto internacional para las víctimas del terrorismo. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 330; abstenciones, 9.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA MEJORA Y GARANTÍA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS CAMARERAS DE PISO EN EL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 162/000237).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la mejora y garantía


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de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Presentes, 339; sí, 176... (Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 339; a favor, 176; en contra, 131; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA POBREZA. (Número de expediente 173/000007).

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a continuación a las votaciones referidas a las mociones consecuencia de interpelación urgente.

La moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes contra la pobreza la vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 201; en contra, 132; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción. (Rumores).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ENCAMINADA A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS APROBADAS RECIENTEMENTE POR LA COMISIÓN EUROPEA DESTINADAS A ENCABEZAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL HACIA ENERGÍAS LIMPIAS. (Número de expediente 173/000008).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la política del Gobierno encaminada a implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea, destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y Ciudadanos. (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).

Adelante.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: No aceptamos que se tramite la enmienda transaccional y pediríamos al grupo proponente que permitiera que su moción, en sus términos originales, se pudiera votar por puntos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al Grupo Parlamentario Ciudadanos si acepta la votación en los términos que se había presentado la moción o bien quiere votación por puntos.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Quiero dejar claro que en el texto transaccional estaban incluidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que no quiere votarlas. Por supuesto, no vamos a aceptar una votación por puntos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, esta noche les voy a hacer dos últimos ruegos. En primer lugar, cuando intervengan para hacer cualquier tipo de aclaración, esta se hará en los términos que les pide la Presidencia. En segundo lugar, como es preceptivo, ruego que se aplauda después de que diga el resultado de las votaciones, si es que quieren que todos cumplamos con el Reglamento.


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Por tanto, votamos la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos en los mismos términos en los que se presentó.

Comienza la votación. (Pausa).

Presentes, 339... (Aplausos). Esta es la ventaja que tiene estar en este Pleno, ver que a la mayoría de ustedes se les olvidan las cosas en un minuto. (Risas).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 138.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA POLÍTICA DE ASILO DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000009).

La señora PRESIDENTA: Votamos finalmente la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la política de asilo del Gobierno. Se va a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 88; en contra, 132; abstenciones, 118.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

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