DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 31/01/2017
cve:
DSCD-12-PL-26
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 26
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 24 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes
31 de enero de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. ("BOE" núm. 310, de 24
de diciembre de 2016). (Número de expediente 130/000005) ... (Página3)
- Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de
protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. ("BOE" núm.
310, de 24 de diciembre de 2016). (Número de expediente 130/000006) ...
(Página19)
- Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. ("BOE" núm. 18,
de 21 de enero de 2017). (Número de expediente 130/000007)... (Página35)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página3)
Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ... (Página3)
La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la
Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas
González-Moro, el señor Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet y el
señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i
Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo
Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Díaz
Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hoyo
Juliá del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de
protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica ... (Página19)
El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Nadal Belda)
expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Vendrell
Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la
señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Salvador
Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; las señoras Rodríguez
Hernández (doña Melisa), del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Lucio
Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Mariscal Anaya,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo ... (Página35)
El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos
Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Montero Soler,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca y Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los
señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las
señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; el señor Girauta Vidal, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Robles Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de
diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, se aprueba por 243 votos a favor más 2 votos
telemáticos, 24; 1 voto telemático en contra y 93 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto
telemático, 89; 242 en contra más 2 votos telemáticos, 244, y 8
abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de
diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste
del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de
energía eléctrica, se aprueba por 245 votos a favor más 3 votos
telemáticos, 248; 77 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto
telemático, 89; 246 en contra más 2 votos telemáticos, 248 y 5
abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de
enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo, se aprueba por 164 votos a favor más 2 votos
telemáticos, 166; 88 en contra y 87 abstenciones más 1 voto telemático,
88.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto
telemático, 89; 245 en contra más 1 voto telemático, 246, y 6
abstenciones más 1 voto telemático, 7.
Se levanta la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO LEY 6/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL
IMPULSO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente
130/000005).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de
diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en
nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
(Rumores). Silencio, señorías. Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero empezar felicitando a la presidenta
del Congreso y a todos los diputados de esta Cámara por haber tenido la
buena iniciativa de comenzar los plenos a las tres de la tarde. Es un
ejemplo de racionalización y conciliación de la vida laboral y personal,
no solo familiar. Me parece bien que avancemos en España, empezando por
esta Cámara, con horarios laborales compatibles con la vida. Eso también
es importante para la calidad en el empleo y por supuesto para que
contemos en España siempre con todo el talento. Inicio, pues, mi
intervención con esta cariñosa felicitación.
Permítanme que continúe con un recuerdo esta tarde. Este fin de semana ha
fallecido una gran mujer, compañera nuestra, diputada en dos legislaturas
y la primera alcaldesa de la democracia, Pilar Pulgar.
Desde aquí, como compañera, como mujer y como amiga quisiera tener un
testimonio de cariño y de afecto para su familia, y deseo que descanse en
paz. (Aplausos).
Sin más, señorías, paso a presentar el Real Decreto-ley de medidas
urgentes para el impulso de Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
España, que constituye la primera norma para el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social que se va a convalidar en esta legislatura; como también
en su día la estrategia de emprendimiento y empleo joven fue el primer
gran acuerdo de la legislatura anterior en nuestro país. Por tanto,
seguimos con lo que es tarea de todos: una España de las oportunidades
contando con todo el talento, especialmente con el talento joven.
(Rumores). Señorías, esta misma mañana hemos tenido conocimiento de los
datos de paro de Eurostat, que siguen señalando que la gran prioridad de
nuestro país es trabajar por el empleo. Es el gran anhelo de toda la
sociedad española y, por supuesto, la gran prioridad del Gobierno de
Mariano Rajoy. (Rumores). España hoy, gracias al compromiso y al esfuerzo
de todos los españoles, está traduciendo intensamente todo el crecimiento
económico en creación de empleo. Hoy hemos conocido que España es el país
donde en el último año más se ha reducido... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, un segundo, por favor.
Señorías, les ruego que guarden silencio, porque no se escucha a la señora
ministra.
Adelante, ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Bánez García): Muchas
gracias, presidenta.
Les decía que hoy hemos conocido, según los datos de Eurostat, que España
es el país de Europa donde más se redujo el desempleo en el último año.
Uno de cada dos europeos que abandonaron el paro en la zona euro lo
hicieron en nuestro país. Además, esos datos también nos dicen que ocho
de cada diez jóvenes que en el último año abandonaron el desempleo en la
zona euro lo hicieron en España. Eso nos anima a seguir trabajando con
confianza y esperanza por las oportunidades de todos los españoles y,
especialmente, por las oportunidades de los jóvenes. El empleo sigue
siendo el gran objetivo de toda la sociedad española. Ha sido también y
es la prioridad de este Gobierno. Vamos a hacer frente a cuatro grandes
desafíos, que son las líneas básicas de actuación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social: mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes,
fundamentalmente a través de la formación; aumentar la calidad y la
estabilidad en el empleo; promover la igualdad de oportunidades en el
acceso a nuestro mercado laboral y, por supuesto, fomentar el espíritu
emprendedor. Ese es el gran objetivo estratégico que tenemos por delante.
Señorías, como saben muy bien, desde su primera fase allá por el año 2011,
nuestro país sufrió una terrible crisis económica transformada en una
dura crisis social, especialmente si hablamos del talento joven. Se pasó
de una tasa de paro del 18 % a casi el 50 %; supuso un incremento del
desempleo juvenil de casi 30 puntos. Se destruyeron un millón de empleos
entre los menores de veinticinco años, de tal manera que la pérdida de
talento joven fue una tragedia en esos años. Eso nos obligaba, como
Gobierno, pero sobre todo como sociedad, a tomar decisiones rápidas a
favor del empleo y de las oportunidades de los jóvenes. Quiero señalar
aquí que durante los últimos cinco años la suma de esfuerzo y compromiso
de toda la sociedad española, de todas sus instituciones y de los
interlocutores sociales ha hecho posible un cambio de tendencia en el
empleo joven. Los grandes acuerdos y las grandes medidas en materia de
empleo juvenil han venido de la mano de acuerdos y de consenso.
Desde el Gobierno, nosotros pusimos en marcha una estrategia que
significaba buscar oportunidades para los jóvenes. Lo hicimos en la nueva
regulación del Estatuto de los Trabajadores con la modernización del
contrato de formación y aprendizaje, que, junto a la del Ministerio de
Educación, era una de las dos vías para implementar la formación dual en
España. Lo hicimos en 2013 en ese gran acuerdo social, el primer pacto
social de la legislatura pasada, que se denominó la estrategia de
emprendimiento y empleo joven, cien medidas a favor de la orientación, la
formación, la contratación y el emprendimiento entre los jóvenes. Lo
hemos movilizado también desde el Gobierno de España, y especialmente su
presidente, Mariano Rajoy, para que los europeos también tengamos un
programa que acompañe a las iniciativas nacionales de compromiso con los
jóvenes; así nació la garantía juvenil en Europa. En febrero de 2013, esa
iniciativa de empleo juvenil 2014-2020 fue dotada con 6.000 millones de
euros para el conjunto de la Unión Europea y nuestro país, España, fue de
los primeros en acogerse a esa iniciativa con el Plan nacional de
implantación de la garantía juvenil. Por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio, y después con la Ley 18/2014, de octubre, se sentaron las bases
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Esta iniciativa se
amplió en el año 2015 en la Ley 25/2015, en la que se extendieron los
beneficios de la
garantía juvenil a los jóvenes de entre veinticinco y treinta años, todas
ellas actuaciones a favor de la intermediación laboral, de la mejora de
la empleabilidad, de apoyar a la contratación y, como decía, de
iniciativas emprendedoras por los jóvenes. Desde entonces no hemos hecho
más que aprender juntos; hemos perfeccionado esas iniciativas, hemos
reforzado la comunicación y mejorado su implementación en España.
El real decreto-ley que hoy queremos convalidar en esta Cámara da un nuevo
impulso a la implantación de la garantía juvenil en nuestro país. Este
real decreto-ley nace del consenso previo con los interlocutores sociales
y con todas las comunidades autónomas, porque somos muy conscientes de
que cuando sumamos voluntades se multiplican los resultados en España.
Ahí están los resultados. Como les decía, nuestro país afronta la
necesidad de oportunidades entre los jóvenes con dos grandes programas:
la estrategia de emprendimiento y empleo y la garantía juvenil, que a día
de hoy ha dado más de 1.700.000 oportunidades de empleo y formación a
muchos jóvenes en España. Eso ha ayudado a dos cosas fundamentales. Por
una parte, a corregir las deficiencias de nuestro mercado laboral y los
problemas que se encontraban los jóvenes para acceder a un empleo y, por
otra, a que en nuestro país bajara la alta tasa de abandono escolar, que
ya se ha reducido en 6 puntos y por primera vez ha descendido del 20 %.
Hemos ganado peso relativo en la formación profesional en España. Por eso
el contrato de formación y aprendizaje, que es la vía de la formación
profesional en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha contado con
más de 543.000 contratos para dar oportunidades de empleo y formación a
los jóvenes. En estos años hemos conseguido que el empleo entre los
jóvenes vaya aumentado su calidad. En el último año -y me parece que es
una buena noticia- ha crecido a un ritmo del 25 % la contratación
indefinida entre los jóvenes, casi el doble de lo que creció la
contratación indefinida con tasa general. Todo este conjunto de
correcciones y deficiencias han ayudado a que podamos describir los
resultados en forma de datos positivos para los jóvenes. En el último año
se crea empleo a un ritmo del 7,1 % entre los menores de veinticinco
años, el doble de la tasa general. La tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 14 puntos en los tres últimos años, y hoy España, como les
decía, con datos de Eurostat, lidera la reducción del paro juvenil en
Europa: ocho de cada diez que abandonaron el paro en la zona euro lo
hicieron en el último año en nuestro país.
Estamos avanzando, pero somos profundamente inconformistas. Estos datos
solo nos animan a seguir trabajando con fuerza y con intensidad, porque
estamos en el buen camino, pero las tasas de desempleo juvenil en España
son todavía inaceptables. Por eso, la garantía juvenil supone una enorme
oportunidad para que todos juntos, comunidades autónomas, agentes
sociales y Gobiernos, seamos capaces de seguir dando oportunidades a
nuestros jóvenes. En el sistema de garantía juvenil ya contamos con más
de 420.000 inscritos, y de ellos 145.000 han encontrado un empleo: uno de
cada tres que entra en el sistema de garantía juvenil termina volviendo
al mercado de trabajo. Vamos en la buena dirección, pero necesitamos
seguir sumando oportunidades, y hacerlo rápidamente, y por eso este nuevo
real decreto-ley que convalidamos esta tarde impulsa medidas para mejorar
la inscripción en el sistema y seguir uniendo voluntades con el fin de
mejorar la eficiencia entre todas las administraciones públicas.
Señorías, a través de ese programa operativo de empleo juvenil, España
tiene asignado por la Comisión Europea un total de 2.360 millones de
euros. La cifra inicial que fijó la Comisión Europea fue de 1.887
millones, pero el Gobierno de España quiso sumar otros 473 millones a ese
programa de oportunidades para los jóvenes. Además, en las próximas
semanas el Parlamento Europeo tiene previsto una nueva asignación a la
garantía juvenil por valor de 900 millones de euros, lo que podría
incrementar los recursos para España en un total de 3.260 millones de
euros. De esa dotación total, en diciembre de 2017 deberemos haber
justificado y certificado como país, entre todas las administraciones
públicas y organismos intermedios del Fondo Social Europeo, 1.082
millones de euros. En diciembre de 2018, 849 adicionales, más el total de
recursos adicionales, esos 900 a los que he hecho referencia que podría
terminar aprobando el Parlamento Europeo.
Debemos aprovechar al máximo esos recursos que van a venir a nuestro país,
y cuanto antes. Se lo debemos a los jóvenes. Por eso, el real decreto que
hoy convalidamos introduce medidas urgentes, ese nuevo impulso que les
decía al principio. ¿Para qué? Primero, para facilitar el incremento de
jóvenes beneficiarios eliminando trabas y requisitos de inscripción en el
sistema de garantía juvenil. En segundo lugar, para aprovechar de manera
más eficiente esos recursos que estamos recibiendo poniendo en marcha
nuevas actuaciones a través de organismos intermedios, comunidades
autónomas y el propio Gobierno de España. Es importante que lo hagamos
rápido y que lo hagamos juntos para que la eficiencia de todas esas
políticas la vean los jóvenes en forma de resultados. Esta norma es fruto
de la reflexión y
de la experiencia compartida en los últimos años, del acuerdo entre todos
en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del diálogo
social constructivo. Por tanto, lo que estamos haciendo es una reflexión
y un análisis de la experiencia pasada y, a partir de ahí, seguir
apostando y sumando oportunidades con nuestros jóvenes.
Esta norma introduce algunas novedades. Por una parte, como les decía, se
simplifican los requisitos de inscripción en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Por ejemplo, antes hacía falta que un joven no
estuviese recibiendo formación o no tuviese un empleo tres meses o
treinta días antes para que se pudiera dar de alta; ahora bastaría que no
lo hiciera el día inmediatamente anterior. Aumentamos también los puntos
de inscripción que se pueden hacer en el sistema, bien a través de las
comunidades autónomas y sus servicios públicos de empleo, bien a través
de los propios interlocutores sociales, cámaras de comercio, entidades
locales, organismos intermedios en general, que gestionan también el
Fondo social europeo. Cualquiera de ellos puede dar la inscripción de un
joven en ese fichero único. Pero con este real decreto queremos llegar
más lejos y permitir también la inscripción automática en el sistema de
aquellos jóvenes que en cualquier servicio público de empleo, estatal o
autonómico, sean hoy demandantes de empleo, con lo cual facilitamos la
posibilidad de que, desde el primer momento, un joven pueda recibir
orientación, formación y apuesta por el empleo.
Lo que hacemos con este real decreto es incorporar medidas que dan
respuesta a las necesidades y a la experiencia de la implantación de la
garantía juvenil para hacerla más eficiente. A su vez, incorpora otro
compromiso puesto en marcha y dado a conocer por el Gobierno al inicio de
la legislatura, que es también un cumplimiento de las recomendaciones del
Pacto de Toledo, y que significa que todas aquellas reducciones de
cotización que facilitaban la empleabilidad o, con tarifa plana, el
emprendimiento entre los jóvenes se conviertan, a través de este real
decreto, en bonificaciones del Sistema Nacional de Empleo, y así podamos
consolidar y fortalecer también nuestro modelo de pensiones. Este es un
compromiso, insisto, del Pacto de Toledo y también del Gobierno en el
inicio de esta legislatura.
Este real decreto lo que hace es sumar un nuevo impulso de iniciativas por
los jóvenes y conseguir, con ello y con el esfuerzo de todos, que cada
día los jóvenes tengan más oportunidades. Les quiero indicar que desde la
aprobación de este real decreto-ley por el Consejo de Ministros, en poco
más de un mes, se han inscrito quinientos jóvenes cada día en el sistema.
Por tanto, entre todos debemos sumar esos esfuerzos y ese compromiso por
los jóvenes en nuestro país. También les quiero dejar clara una cosa: en
cuanto a los recursos que vengan de Europa desde la garantía juvenil a
España para transformarlos en oportunidades o en inversión para los
jóvenes, de ninguna de las maneras vamos a perder ni un euro de inversión
por el empleo, por la formación o por la orientación para los jóvenes. Se
trata de renovar nuestra responsabilidad para afrontar los problemas en
la implementación de la garantía juvenil en España, así como trabajar,
como es nuestra obligación, para que ese talento joven que ha sufrido y
ha sido uno de los colectivos más vulnerables a lo largo de la crisis y
al inicio de la recuperación vea compensado, con oportunidades, estos
nuevos años de esperanza y de confianza.
Desde esta tribuna, pido el compromiso también de los grupos
parlamentarios convalidando este real decreto-ley, que, como decía, nace
del consenso social y nace del consenso y del diálogo con las comunidades
autónomas. Sigamos sumando por los jóvenes. Lo necesitan los jóvenes,
pero también lo necesita España para poder contar con todo el talento,
con ese talento que va a ser nuestro futuro, pero que tiene que tener ya,
desde hoy, presente: nuestros jóvenes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
en primer lugar, interviene la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el año 2013 el Consejo Europeo pone en marcha el Plan
de empleo juvenil 2014-2020. En el año 2015 se extendió a los mayores de
veinticuatro años y menores de treinta, después de un debate en este
Congreso en el que muchas fuerzas políticas decíamos que no tenía
sentido, después de los años de crisis, que se excluyera a la gente entre
veinticuatro y treinta años, porque era gente que había acabado sus
estudios y que no había tenido la oportunidad de trabajar en ningún
momento, dada la crisis económica. Seguimos teniendo las tasas más altas
de desempleo juvenil en este país, el 46 %, pero en Canarias llegamos a
más del 50 %. Yo he intervenido reiteradas veces aquí, he presentado
proposiciones no de ley en Comisión y en Pleno explicando que el sistema
de garantía juvenil en este país no estaba funcionando debido al sistema
de inscripción, que además era complicadísimo y excluía a una parte muy
importante de los jóvenes, a aquellos que están en riesgo o en situación
de exclusión social sin capacidad económica para tener los conocimientos
tecnológicos adecuados, y por supuesto también debido a fallos del
sistema, cuestiones que me fueron negadas reiteradamente. Asimismo,
nosotros advertimos también de que gran parte del dinero que había dado
la Comisión Europea a este país se iba a tener que devolver porque no
había sido ejecutado.
Hoy nos traen este real decreto, que resuelve en parte las denuncias que
habíamos realizado: facilita la inscripción, que un mayor número de
jóvenes se puedan acoger al plan de garantía juvenil, el papel que tienen
que jugar determinadas instituciones, agentes sociales y comunidades
autónomas y se ha alcanzado un acuerdo dentro marco del diálogo social y
de la conferencia sectorial. Nosotros lo vamos a apoyar, pero nos sigue
pareciendo insuficiente. Creemos que este tema lo tienen que gestionar
las comunidades autónomas con políticas específicas y teniendo en cuenta
los criterios y el perfil de los jóvenes parados en cada uno de los
territorios, que son distintos. En cualquier caso, no entendemos por qué
cuando la Comisión Europea distribuyó los fondos en función de los
índices de paro de los países de Europa no se produjo también un reparto
de fondos en función de los índices de paro juvenil de las comunidades
autónomas. En nuestra opinión, estas cuestiones se tendrían que gestionar
al cien por cien por las comunidades autónomas. No tiene sentido un
servicio de inscripción centralizado, como se ha estado haciendo. Por
eso, lo vamos a apoyar -creemos que es un avance-, pero tendremos que
evaluar resultados en los próximos meses para intentar que el mayor
número de jóvenes parados de este país pueda acceder a un empleo lo más
rápidamente posible y justificar así las ayudas europeas en tiempo y en
plazo.
Muchas gracias, señora presidenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.
Señorías, este real decreto-ley responde a una gran necesidad, por lo que
está más que justificada su convalidación. Es urgente mejorar la
empleabilidad y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, bien
sea como trabajadores por cuenta ajena o bien a través del autoempleo. No
podemos eludir el gravísimo problema que tenemos en España, con un
volumen de jóvenes ocupados cercano a los niveles más bajos de las
últimas décadas, hasta el punto de que somos uno de los países europeos
con mayor número de jóvenes desempleados de Europa tanto en valores
absolutos como en porcentajes de desempleo.
Pero si alarmantes son estas cifras y porcentajes europeos -y los
nacionales también-, más aún lo son en el caso de Asturias, que es una
comunidad que lleva varios años consecutivos instalada en el farolillo
rojo de la tasa de población activa. De hecho, la última EPA, publicada
la pasada semana, vuelve a reflejar que cada vez hay menos asturianos
trabajando o en disposición de hacerlo, hasta el punto de que la
comparación con el mismo periodo de 2015 señala una reducción de la
población activa de 10.100 personas; un menos 2,15 %, el mayor dato
negativo del conjunto del país y alejadísimo del registro total en el
total nacional, que fue del menos 0,56 %. Una parte sustancial de las
víctimas de este indicador oficial fueron los jóvenes. En 2015 se fueron
de Asturias 7.750 jóvenes, que allí son conocidos como leyendas urbanas,
tras la lamentable definición de un antiguo presidente autonómico
socialista. El éxodo de los jóvenes asturianos incide además en el
proceso de decadencia de la comunidad y en el gravísimo problema
demográfico que supone tener el envejecimiento de la población más
acusado de España y uno de los más altos de Europa.
Por todo ello, Foro votará a favor de este real decreto-ley porque sus
medidas incentivan la cotización de los jóvenes inscritos en este
programa financiado por fondos europeos, que en España se aplicará vía
subvenciones a la Seguridad Social para las empresas que hagan ofertas de
trabajo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.
España ha sido el Estado que más dinero ha recibido de la Unión Europea
para la garantía juvenil para conseguir reducir las cifras de paro
totalmente indignantes, consecuencia de la mala gestión del Partido
Popular. (Rumores). Pero en la última legislatura se ha hecho poco para
mejorar esta situación. Para ustedes, señora ministra, la garantía
juvenil representa una subvención, representa una fuente de ingresos a
costa de quien no tiene trabajo. Después de tres años sin hacer
prácticamente nada, ahora vienen las prisas y las urgencias para cambiar
el Plan de garantía juvenil que nunca se han creído. Lo que esconden
estas prisas y estas urgencias es que Europa ha dicho que o se ponen las
pilas o tendrán que devolver todo el dinero. Lo que es lo mismo, una
lavada de cara a un sistema que nunca se han creído. No es un problema de
inconformismo, sino de incompetencia. Quienes nos creemos la garantía
juvenil, la necesidad de la inserción laboral de los jóvenes, ponemos en
marcha planes como Avalem Joves o como Jove Oportunitat, de L´Institut
Valencià de la Joventut y de la Conselleria de Economía, planes
transversales que buscan un trabajo integral a nivel social, a nivel de
formación y a nivel de inserción laboral, planes que buscan mejorar la
vida de la gente más joven. Lo que nos sorprende es que se presenten aquí
como salvadores, que digan continuamente que las políticas de empleo son
su prioridad cuando están dejando fuera a las personas más jóvenes,
cuando las están dejando fuera de tener un presente y un futuro dignos. Y
eso demuestra que son unos gestores nefastos. Europa además así lo ha
dicho, gestionan mal las ayudas que reciben, porque al final para ustedes
la garantía juvenil, como he dicho antes, es una simple subvención. Así
que, señorías del PP, señora ministra, háganselo mirar, son peores por
incompetentes que por corruptos.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor Campuzano i
Canadés, le pregunto a la señora Sorlí Fresquet si está dispuesta a
retirar las últimas palabras que ha manifestado. (Pausa). Espero a que
llegue a su asiento. (Pausa).
La señora SORLÍ FRESQUET: No voy a retirar las palabras porque es mi
valoración política de la gestión que se ha hecho hasta ahora.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, señora ministra.
Hubiésemos preferido un cierto tono de autocrítica en la intervención de
la señora Báñez porque, como le han recordado diversos portavoces del
Grupo Mixto, este real decreto es fruto de la constatación de que la
garantía juvenil no estaba funcionando en España y las comunidades
autónomas hacía tiempo que reclamaban flexibilidad en la ordenación de la
misma. En el caso concreto de Cataluña, el Servicio de Ocupación de
Cataluña y los agentes sociales hace ya meses que pidieron esa
rectificación. En esta Cámara se aprobaron proposiciones no de ley que
instaban en esa dirección y el Consejo de la Juventud se mostró crítico,
además -y lo que es más relevante-, la Unión Europea ha llegado a
plantear que España devolviese el dinero que había avanzado, en la medida
en que no se estaban haciendo las cosas bien. Es bueno que digamos eso.
No es que sea fruto exclusivamente de una reflexión del Gobierno, es que
se nos estaba diciendo que las cosas no se estaban haciendo bien. Además,
señorías, el elemento preocupante es que, siendo España líder en
desempleo juvenil, la tasa de cobertura del programa de la garantía
juvenil está quedando lejos de las perspectivas que teníamos. La ministra
hablaba de cerca de 420.000 jóvenes inscritos, siendo beneficiarios
125.000. Estamos muy lejos de los 800.000 o 900.000 jóvenes que deberían
beneficiarse de este programa, pero si evaluamos la calidad de los
servicios que se terminan ofreciendo a estos jóvenes en términos de
empleo, de prácticas y de formación, los datos nos indican que ese
empleo, esa práctica o esa formación no van más allá de los seis meses.
Por tanto, lo que nos tememos, señora ministra, es que este esfuerzo
europeo, esa cantidad para nada desdeñable de recursos que España está
recibiendo y que va a recibir en los próximos años no resuelva las causas
estructurales que explican nuestro elevado desempleo juvenil. Cuando la
ministra saca pecho poniendo el acento y el valor en que estos recursos
van a ser destinados no a reducción a cotizaciones a la Seguridad Social,
sino a bonificaciones del empleo -la misma técnica de política activa
financiada de manera distinta- debemos volver a recordarle que nuestro
problema de desempleo juvenil no se explica fundamentalmente por esa
cuestión, por el coste de las bonificaciones a la Seguridad Social, sino
por la incapacidad de transitar bien del sistema educativo al mercado de
trabajo y que los recursos de la garantía juvenil no van a servir para
revertir esas causas de fondo. (Rumores).
Lo lamento. Además me temo que el real decreto-ley no va a ser tramitado
como proyecto de ley y, por tanto, no va a contar con nuestro voto
favorable, sino con nuestra abstención y nuestra demanda para que lo
tramitemos como proyecto de ley y profundicemos en esa discusión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías; buenas tardes,
señora presidenta.
Se nos emplaza hoy para la ratificación de un real decreto-ley de medidas
urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
decisión que en este caso supone una sustancial modificación de las
características de ese instrumento que a su vez provienen de otro
anterior, del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, que fue
posteriormente reconvertido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Me
sucede lo mismo que le ha ocurrido al señor Campuzano, a mi antecesor, y
es que en la valoración que se ha hecho de este real decreto-ley ha
faltado una cierta autocrítica por quienes lo están proponiendo, por el
Gobierno. La primera advertencia que conviene hacer es que dichas
modificaciones tienen como antecedente y razón de ser hacer posible una
mayor utilización de las ayudas contempladas, en su día, ante las
dificultades detectadas a lo largo de los años transcurridos desde su
puesta en marcha para hacerlas efectivas, así como a la vista del
deficiente resultado que ha ofrecido la gestión de dichos fondos.
En su momento, y como señala la propia exposición de motivos, el marco
financiero plurianual para el periodo 2014-2020 supuso un incremento de
recursos financieros para España. Lo fue en el marco de la política de
cohesión y lo fue además en un marco en el que -decía- debían ser
prioritariamente destinados o utilizados en el ámbito del empleo juvenil.
Continúa la exposición de motivos recordando que la revisión de dicho
marco ha supuesto incluso un incremento de dichos fondos, lo que se ha
decidido mediante una comunicación de 30 de junio de 2016. Se habla, por
tanto, de que esos fondos pueden alcanzar los 1.900 millones de euros.
Por ello, y si bien dicha exposición de motivos dice que la razón de las
modificaciones es fortalecer los mecanismos propios de dicho sistema de
garantía juvenil, lo cierto es que lo que motiva dicha reforma es, en lo
sustancial, modificar los aspectos relativos a la inscripción de los
potenciales beneficiarios en un fichero o registro -tras acreditar el
cumplimiento de unos requisitos-, ya que la simplificación de los
trámites de tal inscripción durante esos dos años ha sido no solo
complicada y dificultosa, sino que ha entorpecido excesivamente el acceso
a la condición de beneficiario del sistema a muchos jóvenes, y ha
determinado, en consecuencia, una utilización notoriamente baja de los
fondos de la Unión Europea destinados a financiar este sistema de
garantía. Esa es, por tanto, la razón última de la existencia de esta
modificación: el bajísimo porcentaje de jóvenes desempleados que se han
dirigido al sistema y, por ello, la escasísima utilización de los fondos
dispuestos para ello.
El real decreto-ley ha dispuesto para este fin varias modificaciones en
las cuales coincidimos. Se simplifican los requisitos para ser
beneficiario del sistema y reduce para ello a un solo día la exigencia de
un periodo anterior a la inscripción de treinta días sin haber trabajado
ni recibido acciones formativas o educativas. Basta para ello su
inscripción como demandante de empleo. En segundo lugar, permite que
todas las entidades participantes establezcan procedimientos específicos
y abre el abanico a la posibilidad de facilitar el acceso al registro
también a la Administración local, a los interlocutores sociales e
incluso a entidades del ámbito privado y no únicamente a la
Administración del Estado y a las comunidades autónomas. En tercer lugar,
se posibilita la inscripción de forma prácticamente automática en el
sistema de todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en
cualquiera de los servicios públicos, siempre y cuando reúnan esos
requisitos. Se otorga un papel y se reconoce el papel relevante de los
interlocutores sociales, lo cual suma legitimidad a esta iniciativa.
Finalmente y de modo estratégico, porque afecta a otro debate pero
creemos que es importante, establece la conversión de las reducciones a
la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones de cuotas sociales
para el caso de formalización de contratos para la formación o el
aprendizaje. Esta conversión, además de ajustar a su propia naturaleza de
medidas de fomento de empleo las que son políticas activas de empleo,
evita el quebranto en la recaudación de las cuotas de Seguridad Social.
Faltan, sin embargo, un par de cuestiones sustantivas. A nuestro juicio,
falta alguna precisión relativa a la garantía de los trazados laborales
para los jóvenes. Hoy en día no se garantiza que ese trazado laboral de
los jóvenes atienda a características de dignidad, porque el trabajo
joven hasta ahora ha sido un trabajo precario. Estas modificaciones no
inciden en esa situación y creemos que se debería haber dado mayor
relevancia.
Desde nuestro punto de vista, particular también, en su momento el Grupo
Vasco advirtió que aquella ley en la que se ampara este real decreto-ley,
la 18/2014, contenía dos aspectos que ignoraban competencias de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Por un lado, el relativo a los artículos
92, 98 y 102 en cuanto a la gestión del fichero del sistema, que se
encuadraba en un ámbito de ejecución en la legislación laboral que no fue
respetado, incumpliendo con ello el artículo 12 de nuestro Estatuto de
autonomía. También advertimos que el artículo 107, en sus párrafos 6, 12
y 13, vulneraba transferencias ya materializadas a la Comunidad Autónoma
del País Vasco en los reales decretos 1441 y 895 de 2010 y 2011, en lo
relativo tanto a la utilización de los fondos como a la inspección de
trabajo.
Aquella disputa quedó solucionada, al menos de forma aparente, con la
interpretación que hizo la Comisión bilateral de cooperación entre el
Estado y la comunidad autónoma, pero a pesar de que este decreto-ley se
limita a modificar aspectos que no parecen hacer referencia a estos
artículos -92, 98 y 102-, e incluso a pesar de que dibuja determinada
caracterización de las bonificaciones que compartimos también
ampliamente, creemos que no incide en todos los aspectos de la garantía
juvenil ni en todos los aspectos de la garantía de las competencias de la
comunidad autónoma que hubieran debido ser atendidas. Por ello, y en
orden a la tramitación de este real decreto-ley, entendemos -al igual que
lo ha hecho el señor Campuzano- conveniente plantear su mejora, tanto en
su aspecto sustantivo como en cuanto a la salvaguarda de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante la posibilidad de
introducir en el texto las oportunas disposiciones adicionales, o las que
fueran, por las que se reconozcan de forma expresa estas cuestiones. A
tal fin, dicha posibilidad queda sometida a la condición de que sea
tramitado como proyecto de ley, lo que, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución y 151.4 del Reglamento de esta Cámara, se podrá
realizar si así se pronuncia esta Cámara previa votación realizada al
efecto, que solicitamos desde este momento a la presidenta de la Cámara.
Esta es nuestra valoración. Esperaremos a la contestación que se dé
respecto de esta última cuestión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a
todas.
Una vez más, vamos a poner parches a unas políticas económicas que no
producen empleo suficiente y el que producen es, en gran medida,
precario. El viernes pasado su Gobierno nos presentaba una economía que
va tan, tan bien que solo permite subir las pensiones un 0.25 %, es
decir, las pensiones continúan casi congeladas un año más. Hoy nos
presentan un real decreto-ley, un trámite de urgencia, una vez más -en
2014 también fue de urgencia-, porque la economía va tan, tan bien que se
debe mejorar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil porque el número de
parados jóvenes sigue siendo de los más altos de Europa. Después de años
del programa, se ha producido otro éxito más de sus políticas económicas.
El real decreto-ley que hoy nos presentan mejora -hay que decirlo- el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (Rumores). Valoramos positivamente
su rectificación de los requisitos, para inscribirse en el sistema,
relativos a no haber trabajado ni recibido acciones educativas o
formativas en determinados periodos antes de presentar la solicitud que
se limitan al día anterior. También valoramos positivamente que se
elimine el requisito de presentar una declaración expresa de tener
interés en participar en el programa de garantía juvenil, adquiriendo un
compromiso de participación activa en el caso de los jóvenes inscritos
como demandantes de empleo, trámite burocrático que solo generaba trabas
a los jóvenes y no tenía, a nuestro parecer, razón de ser. Sin embargo, a
pesar de estas pequeñas mejoras, ustedes no han atendido, por ejemplo,
las peticiones de la Generalitat de Catalunya o la de los sindicatos. Nos
dicen que hay consenso pero mis fuentes me dicen lo contrario, tanto la
parte sindical como la parte de la Generalitat. Por ejemplo, la directora
del Servei d'Ocupació de Catalunya ha trasladado un mínimo de tres
modificaciones importantes y necesarias en el sistema que ustedes no han
atendido. En primer lugar, la incorporación de los jóvenes contratados a
tiempo parcial. El término no ocupado debería incluir a las personas con
empleo cuya jornada sea inferior a las veinte horas semanales, en
consonancia con el objetivo europeo de empleo de calidad y para cubrir
las necesidades de mejora de empleo y de empleabilidad que ofrecen los
programas de garantía juvenil. La situación de precarización del trabajo
de nuestros jóvenes, ampliamente descrita y cuantificada por estudios
contrastados, debe justificar ante la Comisión Europea la inclusión en
los programas de garantía juvenil de este amplio colectivo de jóvenes
como manera de salir del círculo de precarización en el que se
encuentran.
En segundo lugar, facilitar la inscripción de todos los jóvenes que
dispongan de permiso de residencia. Hasta el momento se ha facilitado que
los jóvenes que están bajo la tutela de la Administración puedan ser
incorporados al fichero de garantía juvenil. Nos parece bien, pero el
problema reside en el momento en que cumplen dieciocho años, ya que estos
jóvenes dejan de estar bajo la tutela de la Administración -situación ya
de por sí muy complicada- a la que hay que añadir que tampoco tienen
opción de mejorar su empleabilidad mediante las medidas de garantía
juvenil, que es lo que a la mayoría les puede permitir una oportunidad
laboral en un futuro próximo y que puedan salir de la exclusión, como
decíamos. Hay que enfatizar que estos jóvenes tienen una mayor
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Por eso, todos los jóvenes
con permiso de residencia deberían obtener el permiso de trabajo y se
debería asegurar su acceso al fichero. Consideramos que se trata de un
colectivo de atención preferente que no puede quedar excluido de estos
programas.
En tercer lugar, ampliar el requisito de empadronamiento a los jóvenes que
residen en el extranjero. En relación con el empadronamiento como
requisito para acceder a los programas de garantía juvenil, proponemos
habilitar un sistema para incluir como beneficiarios a los jóvenes
residentes en el extranjero que estén registrados en la embajada
correspondiente, con el fin de que puedan acogerse a programas de retorno
para trabajar, pues la garantía juvenil como incentivo para el retorno
del talento puede ser un buen instrumento. Ustedes siguen inmersos en su
visión centralista y homogeneizadora pese a que el Estado no gestiona las
políticas activas de ocupación, más allá de un fichero único de registro
que la Unión Europea, por cierto, nos obligó a crear.
Lo más grave es que se apropian del 50 % de los recursos del sistema de
garantía juvenil. De hecho, la situación es aún más perversa, en Cataluña
el dinero lo adelanta la Generalitat; sí, la Generalitat, es la que debe
adelantar los recursos para hacer frente al programa de garantía juvenil
y lo hace a costa de aumentar el endeudamiento. Supongo que debe ser una
estrategia más de su operación diálogo, por lo cual es importante que los
recursos que llegan a Cataluña sean inferiores a las competencias
transferidas para mantener la infrafinanciación, expolio o llámenlo como
quieran. Lo peor es que después de años de implantación del sistema de
garantía juvenil, el Gobierno del Estado a día de hoy no sabe en qué
gastarse el 50 % de los recursos del sistema -prefirió no gastarlo de
hecho- en vez de trasladar los recursos a las comunidades autónomas,
auténticas gestoras del sistema. Pues bien, sin ningún debate -se podía
haber presentado, repito, como propuesta de ley-, con los recursos que
nos han traspasado a las comunidades autónomas, pretenden ahora financiar
las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social de los jóvenes a
cuenta del sistema de la garantía juvenil. Más políticas de bonificación
perniciosas e inútiles a nuestro parecer y al de muchos miembros de esta
Cámara. Bonificar, dar ayudas para contratar jóvenes, esto va siempre en
perjuicio de otras edades, y este no es el problema ni la solución; lo
podíamos haber debatido, como decían también mis compañeros del Partit
Demòcrata Europeu Català y del Partido Nacionalista Vasco.
Para finalizar, su operación diálogo parece una vez más una operación
monólogo. Si querían diálogo podían haber empezado presentando un buen
informe con los datos reales del programa de garantía juvenil y hacerlo
como un proyecto de ley para debatirlo y mejorarlo con los agentes
sociales de verdad y en el Parlamento. Pero no, siguen anclados en la
cultura del real decreto-ley y el desprecio al Parlamento según nuestra
manera de ver.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campo
Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez más volvemos a hablar en esta Cámara de la garantía
juvenil como mecanismo para suavizar una situación dramática sin duda, en
nuestro país, como es el desempleo juvenil. Según los datos de Eurostat,
la tasa de desempleo juvenil en España -jóvenes entre 15 y 24 años- es
del 48,3 %, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de
la de Grecia y muy por encima de la de otros países de nuestro entorno
como Alemania, que está en un 7,2 o como Dinamarca, que está en un 10,8,
o Reino Unido que está en un 14,6. Además, los jóvenes que trabajan en
nuestro país lo hacen en unas condiciones tremendamente inestables: en
torno al 75 % de los jóvenes entre las edades a las que nos hemos
referido tienen un contrato temporal, frente al 34,5 de Dinamarca, el
31,7 de Austria o el 15 % de Reino Unido. La tasa de temporalidad
española solo es superada en la Unión Europea por Polonia. Sin embargo,
el problema de la temporalidad en nuestro mercado laboral no solo radica
en su intensidad sino
también en su naturaleza. Incluso en aquellos países con una tasa de
temporalidad relativamente alta, como Alemania, se trata de una
temporalidad en gran parte voluntaria; sin embargo, en nuestro país, en
el caso de España la mayoría de los contratos temporales son
involuntarios, es decir, nuestros jóvenes preferirían encontrar trabajos
permanentes y la razón por la que no los encuentran es simplemente porque
nuestro mercado laboral no puede ofrecérselos. Me dirijo a usted, señora
ministra, estamos dejando sin oportunidades a una generación entera, lo
cual, primero, no es de justicia y, segundo, no podemos permitírnoslo
como país. (Aplausos).
Eso no es todo, sin embargo. Además, el desempleo juvenil en España se ve
complicado por debilidades particulares como son: primero, una tasa de
abandono escolar que dobla la media europea; segundo, el escaso peso de
la formación profesional y, tercero, un bajo conocimiento de idiomas
extranjeros. Las consecuencias de la precariedad laboral en nuestro país
son dramáticas; a lo largo de todo el espectro educativo los trabajadores
jóvenes se encuentran con un mayor riesgo, en primer lugar, de permanecer
desempleados; en segundo lugar, de quedarse atrapados entre contratos
temporales durante largos períodos de tiempo; en tercer lugar, de
experimentar penalizaciones salariales y, por último, de estar
sobrecualificados para su trabajo. -En otro momento podremos hablar de la
fuga de cerebros y las consecuencias que supone esa fuga para nuestro
país-. Por eso, de manera urgente tenemos que aprovechar los instrumentos
con los que contamos.
La garantía juvenil se aprobó en el Consejo de la Unión Europea con un
ambicioso objetivo y una importante dotación presupuestaria para nuestro
país, lo que generó expectativas que posteriormente no se han visto
cumplidas. El programa no se puso en marcha en España hasta finales del
año 2014, un año y medio después de su aprobación. El registro de jóvenes
fue una misión imposible para muchos y los beneficiarios de acciones
concretas comenzaron a llegar con cuentagotas, lo que hizo del programa
una propuesta globalmente ineficaz. En el desarrollo de dicho sistema se
pusieron a disposición de España 1.887 millones de euros para la
cofinanciación de gastos de fondos estructurales y de inversión de la
Unión Europea durante el periodo 2014-2020. Según los últimos datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se han pasado de 200.000
solicitudes y 180.000 resoluciones positivas, a 31 de diciembre de 2015,
a 439.000 solicitudes y 405.000 resoluciones positivas a 31 de diciembre
de 2016 frente a más de un millón de potenciales beneficiarios. Es decir,
no llegamos ni a la mitad de las resoluciones de los potenciales
beneficiarios. Respecto del número de atenciones recibidas por los
beneficiarios, a fecha 31 de diciembre de 2015 fue de 379.000, de los
cuales tan solo 69.000 eran atenciones de carácter finalista y 310.000 de
atenciones de carácter no finalista; es decir, que a pesar de los medios
disponibles la efectividad de este programa hasta ahora ha sido marginal.
España debe aprovechar los 3.260.000 euros que recibirá de Bruselas para
la dotación del programa operativo de empleo juvenil hasta el año 2023;
si no alcanzasen estos importes, la diferencia será reducida de la
asignación inicial. En mi grupo parlamentario tenemos una especial
preocupación por el desempleo de larga duración y, en particular, por el
desempleo juvenil. Nuestra política laboral persigue tres grandes
objetivos dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a
nuestro mercado de trabajo. (Rumores). En primer término, reducir el
desempleo, especialmente el desempleo de larga duración; en segundo,
acabar con la precariedad fomentando la creación de empleo estable y de
calidad y, finalmente, potenciar el capital humano con unas políticas
activas de empleo y formación que sean verdaderamente eficaces. Así quedó
plasmado en el apartado 42 del acuerdo al que llegamos con el Partido
Popular, en el que se incluyeron varias medidas englobadas dentro de un
plan de choque contra el desempleo, entre las que cabe destacar: el
impulso de los planes y actuaciones específicas para combatir el
desempleo juvenil en el marco de la que hoy estamos debatiendo, la
garantía juvenil europea. En concreto, y de manera urgente, primero,
mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de treinta
años en el registro telemático. Segundo, la integración de los datos del
registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de su eficacia
y, tercero, establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de
las comunidades autónomas en la aplicación del sistema juvenil.
Vuelvo en este punto a dirigirme a usted, señora ministra, porque hemos
tenido que ser nosotros, hemos tenido que venir nosotros, diputados de
Ciudadanos, para obligarles a cumplir con su trabajo y decirle que a
partir de ahora, por suerte, se acabaron las mayorías absolutas y, por lo
tanto, los rodillos para este país, y eso es un motivo de celebración
para nosotros. (Aplausos).
Con la aprobación de este decreto-ley se cumple con el citado punto del
acuerdo, facilitando la inscripción de los jóvenes en el sistema de
garantía juvenil. También se establece la conversión de reducciones a la
cotización de la Seguridad Social en bonificaciones a cargo del servicio
público de
empleo y, por lo tanto, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado,
lo que sin duda mejorará las cuentas de nuestra maltrecha Seguridad
Social y aumentará la utilización de los fondos europeos disponibles. No
obstante, para convertir este programa en una historia de éxito es
necesario ir más allá. Creemos necesario elaborar una nueva estrategia de
emprendimiento y empleo joven para el periodo 2017-2020 que sustituya a
la vigente ante la próxima finalización. Es necesario además que, previa
valoración de sus resultados, se actualice el catálogo de medidas e
incentivos a la contratación en función de su eficacia en los términos de
inserción formativa y laboral. Asimismo, esperamos la puesta en marcha lo
antes posible de reformas de calado en nuestro mercado de trabajo -me
vuelvo a dirigir a la señora ministra- y seguimos esperando las
conclusiones de los expertos que nombraron a efectos de dar cumplimiento
a las sentencias de la Unión Europea y de más medidas de contratación.
(La señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, Báñez García: Yo
también). Creemos que sería necesario también fomentar los contratos
formativos y apostar por la formación profesional dual como en la renta
de inserción de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo. Le digo desde
aquí que sería igualmente necesario poner en marcha cuanto antes ese
comprometido complemento salarial para jóvenes, así como el programa
estadístico para realizar propuestas personalizadas de itinerarios
formativos y laborales. Así que le instamos desde aquí, le animamos a que
cuanto antes ponga en marcha también estas medidas. En definitiva, para
terminar, creemos que es importante la convalidación de este decreto-ley
y por eso votaremos a favor del mismo. Igualmente es importante seguir
avanzando en el establecimiento de medidas que favorezcan las
oportunidades de nuestros jóvenes. No obstante, señora ministra, solo
cuando todos y cada uno de los jóvenes inscritos se haya beneficiado de
una intervención exitosa y estén trabajando o formándose para trabajar
podremos realmente decir que estamos satisfechos con la medida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes, señora ministra; vemos que continúa usted con el tono
exultante del pasado viernes y no deja de llamarnos la atención. El Plan
de garantía juvenil que presenta hoy, la convalidación de su real
decreto, debería hacerle pensar o cuando menos rectificar o bajar esa
alegría en su tono, porque desde luego no tiene nada que ver con lo que
están viviendo los jóvenes de este país. Por mucho que usted se muestre
exultante, señora ministra, el emperador va desnudo. Usted en este caso
metafóricamente también va desnuda y el balance que este grupo formaliza
sobre la gestión del Plan de garantía juvenil es la historia de un
auténtico fracaso. Sí, un auténtico fracaso; así lo dicen todos los
organismos. Ha sido usted capaz de poner de acuerdo a todo el mundo.
Hasta la OCDE está de acuerdo en que la gestión que ha practicado el
Estado español ha sido nefasta con lo que tienen que ver importantes
fondos públicos para nada más y nada menos que crear empleo para nuestros
jóvenes y para nuestras chicas, que desde luego no tienen ningún futuro
en este país más que abandonarlo, emigrar o buscarse el futuro fuera de
casa.
Señora ministra, este plan ha sido mal parido, ha nacido sin el consenso o
el diálogo social. Los sindicatos llevan mucho tiempo alertándole de sus
errores. Es un plan que como bien sabe puso todo tipo de obstáculos para
favorecer la casi imposible inscripción de las personas que serían
receptoras de este programa, casi imposible porque con la normativa que
antes tenían los jóvenes de este país bastaba simplemente con que
tuviesen un contrato de un día, por ejemplo en un Telepizza, o fueran
receptores de un contrato como médico durante un día para que
automáticamente quedaran expulsados del mismo. Y no solamente eso. Fue un
plan pensado -así se lo decían los orientadores laborales- con un fichero
exclusivo, separado de lo que era la lista única del SEPE, la gestión que
tenían que formalizar diariamente los profesionales de los servicios
públicos de empleo en este país. Es decir, ha sido un auténtico fracaso,
señora ministra, pero no solamente ha sido un fracaso, sino que lo más
sorprendente es que usted comparece hoy aquí y ni siquiera ejerce un
poquito de autocrítica con lo que ha sido poner en riesgo la devolución
de importantes cantidades para nuestro país. Ha sido un fracaso en lo que
tiene que ver con la inscripción de jóvenes. Uno de cada diez se
inscribe, un balance más que negativo. Está usted en muy malas
condiciones, pero lo más tremendo es que en un país democrático no
disponemos de balances objetivos que nos digan cuál fue la resultante de
su actuación. Así lo están denunciando todos los organismos. Y, señora
ministra, ¿sabe por qué no formalizan esos informes públicos? Pues
sencillamente
porque tienen demasiadas cosas que ocultar. Las oficinas públicas de
empleo señalan que probablemente no dan esos datos públicos por una
realidad que es profundamente asfixiante. Esa realidad tiene que ver con
algo tan tremendo como que los beneficiarios de ese programa lo que
realmente hacían era ejecutar prácticas no laborales, y eso no tiene nada
que ver con lo que pretendía el Plan de garantía juvenil.
Señora ministra, a pesar de su pretendida solvencia y de sus lecciones al
resto de Gobiernos de cambio, ustedes son muy malos gestores, gobiernan
muy mal. Si usted estuviera en una empresa privada con este plan estaría
despedida y sin indemnización, porque su resultado es demasiado malo.
Señora ministra, comete usted los mismos errores. Para crear empleo para
jóvenes en este país no se acude a la fórmula que usted vuelve a traer en
este real decreto. Insistió en el real decreto anterior e insiste en este
con coeficientes reductores y también con bonificaciones. Es cierto que
ahora por lo menos enmiendan algunos de sus errores y pasan de los
coeficientes reductores a las bonificaciones, pero, señora ministra, la
vía es profundamente inadecuada y así lo están denunciando los
profesionales. A través de la financiación y de las fórmulas de
bonificación fiscal a las empresas no se crea empleo; lo que se hace sin
lugar a dudas es financiar indirectamente -cuando no directamente- a las
empresas. Si usted quiere seguir financiando a las empresas, hágalo, pero
esta medida no sirve para crear empleo.
Señora ministra, usted continúa con las mismas medidas: evitar, dificultar
o penalizar la salida del mercado laboral. Con la situación de paro
estructural que tenemos en nuestro país no necesitamos penalizar las
jubilaciones anticipadas, porque es preciso que nuevas personas se
incorporen al mercado laboral y para eso otras deben salir. Señora
ministra, su medida estrella, la compatibilidad de la vida laboral con la
jubilación, es otro desastre que provocará que todavía tengamos más
jóvenes que no tienen futuro en este país. Señora ministra, insiste usted
también en una vía que para nosotros es profundamente inadecuada: lo que
ustedes denominan emprendimiento. Nosotros decimos alto y claro que para
empezar a crear empleo de calidad para nuestros jóvenes necesitamos
derogar el contrato de emprendimiento; ese contrato que permite que
durante un año nuestras gentes estén en prácticas, y por supuesto no
tengan ningún derecho asociado a su contrato. Señora ministra, si usted
quiere crear empleo, ya le hemos dicho en varias ocasiones que lo que
tiene que hacer es cambiar el modelo productivo de este país e incentivar
y trabajar desde una perspectiva integral para poder tomarnos en serio la
realidad que tenemos de paro y de precariedad, el 26 % de precariedad,
tras Polonia, y esa cifra casi se duplica -usted conoce estos datos-
cuando hablamos de los jóvenes de este país. Señora ministra, ¿sabe qué
hizo para paliar la situación de paro de nuestros jóvenes? Nos dictó esta
norma (Muestra un documento) el 15 de diciembre de 2012 por la que usted
bonificaba los viajes de los jóvenes para que se fueran al extranjero a
trabajar, en función del país del que se tratase. Por ejemplo, si un
joven emigraba a Suecia usted le daba 1.030 euros; si un joven emigraba a
Francia le daba usted 990 euros. Esto lo denominó movilidad exterior.
Nosotros no creemos en este modelo, señora ministra. Creemos que es
necesario derogar las dos reformas laborales, la suya y la del Partido
Socialista, derogar también el contrato de emprendimiento, y tomarse en
serio una estrategia pactada con los sindicatos de clase que permita con
seriedad empezar a crear empleo de calidad en nuestro país.
Señora ministra, no sé si usted conoce los datos de destrucción de empleo
juvenil en nuestro país; supongo que los conoce. Fueron cerca de cinco
millones de jóvenes los que perdieron su trabajo. Sí, señora ministra,
cinco millones con los datos de la última EPA. No sé si sabe usted que
con este Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hoy nos trae no van a
paliar el problema que tenemos en nuestro país. Señora ministra, nosotros
tenemos la consciencia de que hay un problema grave de emigración de
jóvenes en España, pero también hay un problema gravísimo de
envejecimiento en el mercado laboral de nuestro país, que tiene que ser
inmediatamente atacado y con estas medidas no se va a paliar. Las
personas que nos han antecedido han dicho que este real decreto subsana
alguna de las deficiencias que tenía el anterior, y es cierto; entre
ellas, por ejemplo, el hecho de que usted reconozca que es mejor
incorporarse a la lista única de demandantes de empleo, y desde ahí
dirigir directamente a todos los jóvenes del país al Plan de garantía
juvenil, pero hasta este real decreto ha tardado usted tres años en
reconocer que se habían equivocado. Con todo, señora ministra, no
conocemos cuál es la realidad de estos contratos; no sabemos si son
contratos de formación, si son contratos de aprendizaje, si son en
prácticas, si son becas, si son prácticas no laborales, no sabemos
absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que está hablando usted de un
programa que se basa en la mera supervivencia, es decir, en cubrir los
mínimos vitales de una persona joven de un país, y así no se puede
construir el futuro.
Termino. Señora ministra, nosotros no creemos en su modelo social, va por
la línea equivocada. Creemos que el futuro no puede consistir en tener
que elegir entre un contrato basura precario o estar en
el desempleo; nosotros defendemos la vida, y como la defendemos le pedimos
que actúe con carácter inmediato por decencia y por los contratos de
calidad para las personas jóvenes de España. Creo que se lo merecen, y
cuando menos debería reconocer que se ha equivocado. Este grupo cree que
este real decreto tiene demasiados matices, tiene demasiada profundidad
como para ser tramitado -como ya se ha pedido aquí- como una proposición
de ley. Si no lo conseguimos seguramente su aliado de Gobierno, el
Partido Socialista, hoy le dará el sí a esta propuesta y conseguirá que
le convaliden el real decreto-ley. Si es así desde luego nosotros nos
abstendremos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Ferrer Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Señora ministra, hoy se trae
aquí, a esta Cámara, el Real Decreto-ley 6/2016, de medidas urgentes para
el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pero bien lo podrían
haber denominado cómo rectificar un desastre de gestión, tarde, mal y a
rastras. Reconózcalo, señora ministra, la realidad es que el impacto del
Sistema de Garantía Juvenil en los jóvenes desempleados ha sido muy
pobre. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha cometido graves
errores en el diseño de este programa. No lo decimos solo nosotros, el
Grupo Parlamentario Socialista, sino que así se lo advertían desde la
Comisión Europea en noviembre del año pasado en un informe sobre la
garantía juvenil en España, demostrando que esta iniciativa no ha logrado
ningún éxito ni ninguna mejora en la empleabilidad de los jóvenes
españoles. Este informe concede un rotundo suspenso a España e indica lo
que no debe ser un programa de garantía juvenil. Este informe lleva
consigo una posible sanción de la Unión Europea que nos podría dejar con
menos fondos para el siguiente periodo. Se daría la paradójica situación
de que al país de Europa con mayor tasa de desempleo juvenil, solo
superado por Grecia, le sobran los fondos europeos para luchar contra
este grave problema. Por si esto fuera poco ayer conocimos un informe del
Fondo Monetario Internacional que dice, entre otras cosas, que la
disparidad de ingresos y el riesgo de pobreza o exclusión social han
aumentado notablemente en nuestro país debido a la crisis financiera y la
caída del empleo que afectó desproporcionadamente a los jóvenes. Ese
mismo informe añade que la evolución del empleo entre los jóvenes y los
pocos formados se está quedando rezagada respecto a los demás, y que se
debe hacer un uso más efectivo de la garantía juvenil.
Tras tres años de aplicación la cobertura del programa apenas alcanza un
10 %, las cifras son muy elocuentes. La implantación de este programa
también ha obtenido el rechazo unánime de los distintos grupos políticos,
las comunidades autónomas o los agentes sociales. Pero si hay algo que
habla por sí solo y no necesita más argumentos es la tasa de desempleo
juvenil: según la última EPA es de un 43 %. Estamos ante la constatación
más evidente de que el Sistema de Garantía Juvenil no ha funcionado en
España. Están inscritas 400.000 personas, frente a los casi un millón que
contemplaba inicialmente el Gobierno como posibles beneficiarios; es
decir, un escaso 40 %. Y eso sin contar a los que no han tenido más
remedio que irse fuera de España en busca de una oportunidad laboral que
aquí no encuentran: 500.000 jóvenes exiliados durante la última y
penúltima legislatura, su famosa movilidad exterior. Por no hablar de los
que se plantean emigrar o los pocos que consiguen emanciparse.
El empleo juvenil lejos de ser un problema resuelto continúa siendo una
cuestión prioritaria y urgente. Las malas condiciones laborales, la
precariedad laboral, la incertidumbre, marcan la realidad de las personas
jóvenes en España. Una de las peores consecuencias de la crisis económica
es la inaceptable tasa de paro en los jóvenes menores de veinticinco
años. Las cifras como digo hablan por sí solas. El programa, que era una
buena herramienta para intentar aliviar esta dura realidad, ha tenido
falta de transparencia, falta de difusión, dificultad en el proceso de
inscripción o ausencia de datos que permitan realizar una evaluación
continuada. Se creó una página web donde era misión imposible acreditarse
correctamente. Se ha derrochado dinero público en campañas de autobombo,
mientras se escatimaba en medios publicitarios para dar a conocer este
programa. La falta de difusión y divulgación ha sido evidente. Ustedes
han elaborado listados, números de inscritos, de usuarios registrados, a
la espera de que tengan la suerte de que les llegue una oportunidad. Pero
para algo sí ha servido: para la creación de un registro paralelo, opaco,
manipulable y confundible para enmascarar las cifras de paro. Cuando se
ha gestionado por el Gobierno, en esa ansia recentralizadora que tiene,
ha funcionado mal; muy pocos jóvenes inscritos, y de esos un escaso
número ha sacado provecho. Un auténtico despropósito.
El paro juvenil es una problemática mucho más compleja. Precisa de medidas
que aborden de una forma estructural soluciones al empleo juvenil.
Tenemos la convicción de que se ha perdido una buena
oportunidad para que el Sistema de Garantía Juvenil no se quedara solo en
bonificar o en subvencionar la creación de empleo para jóvenes, sino
también en introducir aquellas reformas necesarias para que la transición
de la escuela al mercado de trabajo fuera más efectiva. De nada ha
servido, señora ministra, como ha dicho usted aquí hoy, que España fuera
una de las primeras en presentar este tipo de iniciativa si luego ha
dejado mucho que desear. Nada para sentirnos orgullosos. El balance nos
dice que no solo ha sido un fracaso, sino que además ha sido una seria
muestra de irresponsabilidad. Ha dicho además en esta Cámara que el
modelo español ha sido copiado por muchos países. ¿Se refería a Francia,
donde ha llegado a una cobertura del 80 %? ¿O quizá se refería a
Alemania, con un 60 %? Pues para habernos copiado lo han hecho mejor que
nosotros. En estos casos podemos decir que vale más la copia que el
original. Quizá le convendría aprender de estos países, donde se han
conseguido aprovechar estos recursos de una manera más eficaz.
Hay que decir alto y claro que el Sistema de Garantía Juvenil no se
hubiera rectificado si hubiera sido por ustedes, señores del Partido
Popular. Si no llega a ser porque ya no tienen el rodillo que le daba la
mayoría absoluta, y por la presión entre otros de mi grupo, de los
agentes sociales y de las distintas comunidades autónomas, ustedes
seguirían malgastando el dinero público de los fondos europeos. Más
irresponsabilidad si cabe. El resultado final es que están en juego miles
de millones de euros de fondos europeos que podrían invertirse en nuestro
país en uno de sus principales problemas, el paro juvenil, y que van a
pasar de largo si no somos capaces de corregir las actuales deficiencias.
En la Conferencia Sectorial de Empleo se consiguió que el borrador que
llevaba el Gobierno se mejorara sustancialmente. ¿Qué se consiguió? En
primer lugar, simplificar los requisitos para que los jóvenes
desempleados puedan acceder a las políticas que están incluidas dentro de
la garantía juvenil, que me parece un paso insuficiente, pero positivo.
También se consiguió que un joven que se inscriba en cualquier registro
de un sistema público de empleo de cualquier comunidad autónoma pase
automáticamente al nacional, incluso con efectos retroactivos. Además la
conversión de reducciones a la cotización en la Seguridad Social en
bonificaciones con cargo a presupuestos del Servicio Público de Empleo
Estatal se consiguió gracias también a la presión en este caso de los
sindicatos, cuya participación como interlocutores sociales también se ve
más respaldada en este real decreto-ley.
Otra mejora acordada es que cualquier posible beneficiario solo tiene que
acreditar que no trabajaba ni estaba en formación el día anterior a su
inscripción en la plataforma; y no en el último mes, como así lo exigía
la normativa hasta ahora. Por cierto un requisito que no se recoge en
ningún otro país de la Unión Europea. Es decir, se ha conseguido
flexibilidad. Y de algo de lo que nos sentimos especialmente satisfechos
es de haber conseguido que no entrara en vigor, en este real decreto-ley,
el cheque formación. La reforma del Sistema de Garantía Juvenil preveía
la puesta en marcha de un cheque formación, que supone que a otros
agentes, como las empresas de formación privada, también se les
permitiera formar parte en esta materia y que pudieran obtener los
certificados de profesionalidad sin tener en cuenta la realidad
socioeconómica de cada territorio.
El sentido de nuestro voto va a ser favorable, porque aun no gustándonos
nada cómo ha funcionado, consideramos que esta rectificación, aunque haya
sido forzada e insuficiente, es algo mejor de lo que había y que ahora sí
va por el camino correcto; y porque así se ha votado en la Conferencia
Sectorial de Empleo, previamente negociada con las distintas comunidades
autónomas, donde se ha conseguido que este borrador se mejore
sustancialmente gracias a las distintas aportaciones realizadas. Como
somos responsables y no venimos aquí a hacer postureo, como hacen otros
grupos políticos, queremos que el Sistema de Garantía Juvenil sea eficaz,
que llegue al mayor número posible de jóvenes que están sin empleo y, lo
que es peor, sin garantías de encontrarlo. Esta rectificación llega
tarde, pero puede suponer, en el caso de que esta vez sí se gestione con
eficacia, que los jóvenes encuentren una salida laboral, pero esto no
quita para que nos parezca insuficiente e incompleto. De los errores se
debe aprender y rectificar todo aquello que no ha funcionado
correctamente. El ministerio en su día no escuchó a algunas comunidades
autónomas que no compartían el modelo diseñado. Creemos necesario que el
nuevo rumbo del sistema vaya encaminado a dar más pasos a favor de la
gestión autonómica, que se ha demostrado más efectiva. Por lo tanto nos
congratulamos de que ante las presiones se hayan visto obligados a
rectificar, aunque no podemos dejar de decir que se ha hecho tarde y no
del todo. Nos queda la sensación de que se ha perdido mucho tiempo,
demasiado tiempo por no hacerlo bien desde un principio. Esta vez no hay
excusa de disponibilidad presupuestaria. El dinero venía de Europa;
ustedes solo tenían que gestionarlo bien. Estaremos atentos y haremos un
seguimiento exhaustivo para que no se derroche más
dinero ni se produzcan más oportunidades fallidas para tantos jóvenes que
están esperando a que su Gobierno les dé una oportunidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, al Gobierno le preocupa y le ocupa el empleo juvenil. Que hoy se
debata este real decreto-ley, y que este real decreto-ley sea de los
primeros que se haya aprobado esta legislatura no es casualidad, como ha
dicho la ministra; igual que no fue casualidad que la pasada legislatura
una de las primeras iniciativas del Gobierno fuera la Estrategia de
emprendimiento y empleo joven. Ambos hechos son una muestra de que, como
bien dice siempre el presidente, el Gobierno del Partido Popular está
comprometido con los jóvenes y con la mejora de sus oportunidades. Estos
hechos y este trabajo, mucho trabajo hecho ya en la anterior legislatura,
en la X Legislatura, desde luego han dado sus frutos. Como ha dicho la
ministra, según los datos de Eurostat España es el país europeo donde más
se ha reducido el empleo juvenil en el último año. Desde 2011 se ha
reducido el paro 15 puntos, y desde luego uno de cada dos jóvenes que
abandona el desempleo en Europa lo hace en España, y la contratación
indefinida de jóvenes se está incrementando un 30 % desde 2011. Estos
datos muestran que la línea de trabajo es la adecuada; que mediante la
mejora en la empleabilidad de los jóvenes, el aumento en la calidad y la
estabilidad del empleo, la promoción de la igualdad de oportunidades en
el acceso al mercado laboral, y el fomento del espíritu emprendedor se
consiguen resultados en materia de empleo juvenil. En junio de 2014 se
puso en marcha en nuestro país el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Respecto al mismo es importante recordar que, a pesar de que era una
herramienta para luchar contra el desempleo juvenil aprobada por el
Consejo de Europa, España fue uno de los principales impulsores de esta
iniciativa y consiguió que la prefinanciación se elevase del 1,5 % al 30
% en 2015. Bien sabe esto la ministra, porque le tocó ir a pelearlo a
Europa.
Como se ha dicho la finalidad del plan es muy buena, ya que permite que
los jóvenes que acaban de terminar su formación formal o han quedado
desempleados puedan adquirir más formación y experiencia o encontrar un
empleo que se adecue a su perfil. En la actualidad hay algo más de
400.000 jóvenes inscritos en el sistema. Es cierto que en proporción a
los potenciales beneficiarios el tanto por ciento no es alto, pero no son
pocos, así que no creo que se deba menospreciar la cifra. Hay muchos
jóvenes que lo están llevando a cabo de forma satisfactoria, y desde
luego un tercio de esos jóvenes consigue continuar con un empleo estable.
Pero es cierto que el objetivo debe estar en intentar llegar a todos, por
ello el Gobierno trae aquí este real decreto-ley, que como ha dicho la
ministra obedece al consenso alcanzado con todos los colectivos sociales
y con todas las comunidades autónomas. El paso del tiempo es siempre el
que nos dice, y más en un sistema que se pone en marcha por primera vez,
cómo se puede mejorar. Por ello en 2015, a pesar de que suponía hacer un
esfuerzo adicional, aprobamos ampliar la edad hasta los veintinueve años,
y si aprobamos hoy este real decreto-ley contribuiremos a favorecer el
acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía
Juvenil mediante la simplificación de los requisitos, la ampliación a
todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo, la participación
directa de los interlocutores sociales, por una parte, en la inscripción
de los jóvenes en el sistema, y por otra parte, participando en la
Comisión delegada de seguimiento y evaluación del sistema o la conversión
de las reducciones a la cotización social en bonificaciones.
Señorías, tras escuchar sus intervenciones he de decir que coincido con
algunos diagnósticos y pronósticos. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en
que aumentar la estabilidad laboral y lograr una mayor calidad del empleo
son dos metas irrenunciables, inexcusables, pero ante todo alcanzables.
Ha habido intervenciones en tono constructivo que debo agradecer, con
aportaciones cuyo objetivo es contribuir a la mejora del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Lo que no puedo compartir -y si me apuran, no se
puede consentir-, y por ello debo rebatirlo, es que elaboran un
diagnóstico y un pronóstico obviando y olvidando desde la ideología la
difícil y ruinosa situación que se encontró el anterior Gobierno de
España, y especialmente la señora Báñez cuando llegó al Ministerio de
Empleo. Señorías, esas críticas desmesuradas, infundadas y oportunistas
no son creíbles y además son injustas. El futuro de España, del empleo y
de sus políticas habría sido bien distinto, mucho más sencillo y
fructífero, de no haber tenido las cifras aberrantes de millones de
parados y las historias de paro y desesperación que heredó el Gobierno de
Mariano Rajoy en diciembre del año 2011. En el año 2011 España no tenía
oportunidades ni opciones
para los jóvenes, las expectativas de prosperidad eran prácticamente
nulas. Desde luego un joven ni encontraba empleo ni veía que pudiera
encontrarlo en un futuro.
Señora Ferrer, le diré que su grupo no puede dar ninguna lección en
materia de empleo; ninguna. Los datos están aquí. (Muestra un documento).
Esta gráfica representa la evolución del paro juvenil en España en los
últimos diez años. En los primeros cinco gobernaban ustedes, el Partido
Socialista, y como ven el paro juvenil subía. En los últimos cinco años,
desde 2012, gobierna el Partido Popular, y como ven el paro juvenil baja.
Estos son los datos. Hay otras cuestiones sobre las que puede haber
debate, porque son cuestiones subjetivas, pero en cuestiones de empleo
los datos son objetivos, y los datos están aquí; estos son los datos. Les
podría dar muchos más, les podría dar el dato de paro por comunidades
autónomas, pero usted es andaluza, y en Andalucía gobiernan ustedes, por
eso sabrá que Andalucía es la región de España que siempre va a la cabeza
respecto a todo tipo de desempleo, juvenil y no juvenil. Bueno, en el
último mes le ha superado por muy poco Extremadura, donde casualmente
también gobiernan ustedes.
Señora Díaz, a usted y a su grupo les diré que efectivamente saben de
empleo. Bueno, más que de empleo, de cómo perder empleo. ¿O acaso no sabe
lo que está suponiendo para Barcelona la política errática en materia de
turismo que está llevando a cabo la señora Colau? Se está perdiendo mucho
empleo. La paralización de 29 proyectos hoteleros va a suponer
aproximadamente una pérdida de 10.000 puestos de trabajo potenciales.
¿Acaso no sabe lo que ha supuesto para Madrid la suspensión de la
operación Chamartín? Aproximadamente la pérdida de 120.000 empleos. Sí,
señoría, su grupo sabe de empleo, igual que sabe de garantía juvenil,
porque ustedes, igual que son los que más representan a los ciudadanos,
también son los que más saben de todo. Por eso, en materia de garantía
juvenil, saben mucho. ¿Pero cómo aplican la garantía juvenil en las
administraciones donde gobiernan? ¿Le digo cómo la aplican? Garantizando
a los suyos, a sus familiares, a sus amigos, a sus afiliados el empleo.
(Rumores.-Aplausos). Sí, así es como aplican donde gobiernan la garantía
juvenil; así la aplican. Hablaba usted de que los jóvenes salen al
extranjero. ¿Habla usted de los jóvenes que se van a Venezuela para
aprender cómo se pincha un teléfono y luego vienen y están contratados
por las instituciones donde ustedes gobiernan? ¿Habla usted de esos
jóvenes? (Rumores). Esa es la realidad.
Hablaba también de las empresas. En materia de empleo hay algo básico que
todo el mundo debería conocer pero de lo que creo que ustedes todavía no
se han dado cuenta. Las administraciones ponen las herramientas para que
se cree empleo, no lo crean, porque los que crean empleo son las empresas
y el sector privado. Ya sé que esas son palabras que a algunos de ustedes
les salen sarpullidos al escucharlas, pero es la realidad. Las empresas y
el sector privado son los que crean empleo, y las administraciones están
para poner las herramientas al servicio de esas empresas y del sector
privado para que crezcamos y creemos empleo. Sí, señora Díaz.
Señorías, han coincidido todos ustedes en una cuestión que es cierta.
Todavía queda mucho por hacer, todavía hay muchas personas desempleadas
esperando que les llegue una oportunidad. Por ello, no observarán
ustedes, señorías, ni orgullo ni alegría ni alivio -ni en el Gobierno ni
en el Grupo Parlamentario Popular- por haber finalizado una tarea, porque
no estamos del todo satisfechos. Pero sí convendrán conmigo en que la
situación en la que nos encontramos dista mucho de la que se encontró el
Gobierno en 2011 y el hecho -si bien no en sus intervenciones de hoy, no
en público sino más bien en privado- es que sí se reconoce por parte de
sus compañeros de bancada. Igual que sus conciudadanos, sus vecinos e
incluso sus votantes, todos reconocen que la situación económica y su
plasmación en empleo es favorable, positiva, real y sobre todo
esperanzadora.
Creemos que para continuar creando empleo joven, tenemos que seguir el
mismo rumbo, abordando nuevas reformas y sin albergar triunfalismo. En
esta senda, en este barco, necesitamos a todos aquellos que quieran
aportar, colaborar y sumar. Pero, créanme, su crítica aprovechada y
selectiva es un equipaje innecesario y pesado, cuyo espacio sin duda
puede resultar más útil para la búsqueda de acuerdos, consensos y nuevas
medidas. Tenemos un gran país, un gran potencial. Algún grupo de esta
Cámara se empeña en dibujar siempre nuestro país en blanco y negro, pero
la realidad es que tenemos un gran país.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar con su
voto favorable esta convalidación del real decreto-ley, un real
decreto-ley que ha sido alumbrado y generado desde el necesario consenso
y entendimiento al que los ciudadanos nos instaron y nos convocaron el
pasado mes de junio y que sin duda amplía las medidas llevadas a cabo a
favor de los jóvenes en materia laboral. Va a mejorar la vida de cientos
de miles de jóvenes que aún necesitan y quieren un empleo estable,
duradero y de calidad...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando, por favor.
La señora HOYO JULIÁ: Sí, ya termino, presidenta.
... que les permita libremente escoger y moldear sus vidas, construir
hogares y proyectos. Un fin que merecería por sí mismo el apoyo unánime
de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
- REAL DECRETO-LEY 7/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL
MECANISMO DE FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de
expediente 130/000006).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 7/2016, 23 de
diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste
del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de
energía eléctrica. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra,
en nombre del Gobierno, el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda):
Muchas gracias, señora presidenta.
Comparezco ante todos ustedes, señorías, para la convalidación del Real
Decreto-ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste
del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de
energía eléctrica. Como todos ustedes saben, este real decreto-ley se
aprobó por parte del Gobierno después de un proceso de diálogo con las
fuerzas parlamentarias en el que, después de dos o tres reuniones con
todos los grupos y tras una serie de contactos bilaterales, se llegó a un
texto en el que hubo valiosísimas aportaciones tanto del Grupo Socialista
como del Grupo Ciudadanos, que han sido incorporadas al mismo, aparte de
conocer de primera mano en todas estas reuniones la opinión de los
diferentes grupos. En esto no puedo hacer otra cosa que agradecer la
colaboración de todos los grupos parlamentarios porque este es un tema
que nos preocupa a todos. Estamos hablando de cómo combatir en nuestro
país la pobreza energética; es decir, de aquella situación en la que,
además de tener un difícil acceso a la renta, determinadas familias
tienen una especial vulnerabilidad en el caso de acceso a los servicios
energéticos. Por tanto, es importante establecer algún tipo de apoyo
social, y cuanto mayor consenso tenga este apoyo social, cuantos mas
grupos parlamentarios se sumen al mismo, siempre será mejor porque hace
al sistema más robusto.
Es un sistema que se encontró en un momento determinado con una
dificultad, con una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que el
sistema que estaba en vigor desde el año 2009 tenía alguna deficiencia
que era necesario subsanar. Este es el punto de arranque del propio real
decreto-ley. Es decir, lo primero que necesitamos es un sistema robusto,
fuerte, con amplio consenso parlamentario, que le dé no solo valor
jurídico sino político al hecho de que necesitamos una financiación para
el bono social. Esta financiación se mantiene en esencia tal y como
estaba, pero subsanando los problemas que el propio Tribunal Supremo nos
comunica en su sentencia. Para el cumplimiento de esta sentencia, lo que
se ha hecho en este real decreto-ley es evitar el escollo fundamental que
nos ponía de manifiesto, y es el hecho de que, a pesar de que el bono
social está financiado por el 94 % del mercado -es decir, por aquellas
comercializadoras que estaban integradas en grandes grupos energéticos-,
sin embargo se consideraba que no participar en el otro 6 % suponía una
discriminación. Esto es lo que, de entrada, corrige el real decreto-ley.
Lo que está buscando es precisamente dar esa robustez, como decía
anteriormente, a esa financiación. Sin financiación, no tendremos bono
social porque, aunque ninguno de los consumidores perdió el bono social
que estaba en vigor desde el año 2009 y que se ha seguido aplicando, si
no existiese una financiación adecuada, evidentemente el sistema en su
conjunto estaba en peligro.
De todas maneras, el proceso judicial no ha acabado aquí. En su día, el
Gobierno interpuso un incidente de nulidad al propio Tribunal Supremo
que, como era de esperar, no aceptó, y en próximas fechas, antes del 2 de
febrero, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional ya que el Gobierno considera -y esto evidentemente es una
opinión jurídica por parte de los servicios jurídicos del Estado- que
tendría que haber sido el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea el que hubiese interpretado y aplicado la directiva,
pues esa habría sido la vía procesal correcta. Esto va a seguir su curso,
pero gracias a este real decreto-ley damos cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Supremo y mantenemos la financiación, como decía
anteriormente.
Pero, evidentemente, el real decreto-ley va mucho más allá porque no era
una cuestión solamente de garantizar la financiación del bono social. Era
también importante una reforma del mismo, y hay un consenso al cien por
cien de esta Cámara de que es necesaria esa modificación del actual bono
social, que, como decía, viene desde el año 2009, y nosotros queremos que
este cambio sea duradero, se reforme y se haga con un amplio consenso. Lo
primero que nos permite el real decreto-ley es un desarrollo normativo,
reglamentario. Sin embargo, dada su importancia, ya hemos iniciado el
pasado día 17 de este mes contactos con las diferentes formaciones
políticas para consultarles de qué manera tenemos que hacer los
desarrollos reglamentarios de este decreto-ley, aunque corresponde al
Gobierno ese desarrollo reglamentario, sin duda alguna queremos hacerlo
con el máximo consenso posible. Como decía anteriormente, esto nos va a
permitir, primero, establecer diferentes categorías de clientes
vulnerables, algo que la anterior regulación no definía adecuadamente
bien, y que quedaría clarificado. Por otro lado, tenemos que hacer que el
desarrollo de este real decreto-ley sea compatible con las nuevas
orientaciones que nos da la Comisión Europea en el llamado paquete de
invierno. La definición de lo que sería un bono social o una ayuda social
queda más constreñida, más limitada en la manera de actuar en el ámbito
energético, no así en el ámbito social por parte de la propuesta de la
Comisión. Aunque esta propuesta todavía no es evidentemente normativa
comunitaria en vigor, lo más sensato es que hagamos un desarrollo
reglamentario que ya sea compatible con lo que va a ser en el futuro y,
por tanto, no la tengamos que volver a cambiar. En este sentido, la
Comisión Europea busca que la señal de precios, es decir, el precio que
pagan por la energía los distintos consumidores, sea igual para todos, lo
cual no impide, por lo menos a nuestro entender, que se apliquen rebajas,
como es el antiguo bono social y lo que querríamos desarrollar, aunque
con diferentes categorías de consumidores, como decía anteriormente.
Según Eurostat, lo que tenemos en España es un 8,8 % de población que
incurre en retrasos en el pago de los suministros energéticos, una cifra
muy similar a la de la Unión Europea, que es del 8,4 %. Por otro lado,
también según Eurostat, en España estaríamos en torno al 10 % de
población en situación de pobreza energética, con dificultad de acceso a
los servicios energéticos, igualmente una cifra más o menos en línea con
la media de la Unión Europea, que es del 9,4 %. Estaríamos hablando en
España de en torno a unos cinco millones de personas -el actual bono
social se aplica a 2,4 millones de hogares, lo que significa unos siete
millones de ciudadanos- y de que el orden de magnitud del bono social
actual corresponde, en grandes cifras, con lo que Eurostat nos está
diciendo de acceso a la pobreza energética. No se trata, por tanto, de un
cambio cuantitativo sustancial, pero sí de un cambio cualitativo, es
decir, que seamos capaces de dar la ayuda a aquellos que realmente se
encuentren en situación de pobreza energética.
El sistema anterior establecía bono social para aquellas familias con
todos sus miembros en situación de desempleo, para pensionistas con
pensiones mínimas, familias numerosas o consumidores con potencia
contratada inferior a 3 kilovatios. Yo creo que hay un consenso amplio en
toda la Cámara de que esta lista debe modificarse, debe atender de una
manera más exhaustiva a las verdaderas necesidades sociales y sobre todo
aplicar un criterio de renta. El criterio de renta está implícito en la
actual clasificación, pero no tan explícito como todas las fuerzas
políticas han manifestado que desean. El Gobierno prevé a grandes rasgos
-luego cada categoría de consumidor podría tener su categoría, pero todo
esto tiene que ser discutido con la Unión Europea; por cierto, este
decreto-ley ya fue enviado a Bruselas y no han manifestado hasta ahora
ninguna salvedad- tres tipos de categorías de consumidores vulnerables.
Además, a instancias del Grupo Ciudadanos podría establecerse un registro
a nivel nacional de este tipo de consumidores que se sitúan en una
situación de vulnerabilidad.
Una primera categoría vendría a coincidir ampliamente con el actual grupo.
Estamos hablando de varios millones de hogares, en cifras similares a lo
que estamos viendo de pobreza energética, que mantendría la actual
situación con un 25 % de descuento y que va a tener como novedad que el
tiempo entre que se produce un impago y el corte del suministro se
ampliará de dos a cuatro meses. En segundo lugar, podríamos pensar en una
segunda categoría de consumidores entre los cientos de miles que van a
necesitar una intensidad de ayuda menor porque su nivel de renta o su
capacidad de acceso a la energía es más complicado. Está claro que
tendríamos que buscar niveles de intensidad de ayuda mayores. En esta
recomposición por renta y de algunos grupos que a lo mejor no tiene
demasiado sentido que pertenezcan al actual bono social, tendríamos lo
que corresponde a la competencia de la Administración General del Estado
y a las Cortes Generales, que es la política energética y la aplicación
de estas ayudas sociales dentro del ámbito de dicha política energética.
Pero este real decreto-ley va más allá, busca unir dos mundos que hasta
ahora han estado bastante separados y han generado una enorme
conflictividad jurídica y entre administraciones. Por un lado tenemos la
competencia de la Cortes Generales y del Gobierno en materia energética.
Todo lo que afecta al conjunto de los consumidores solo puede ser
regulado en estas Cortes por vía reglamentaria, o por orden ministerial
por parte del Gobierno. Por otro lado, la competencia en materia social
es exclusiva de las comunidades autónomas, asumida por los estatutos de
autonomía y en muchos casos conveniada o cedida a corporaciones locales.
Nos hemos encontrado con dos mundos que muchas veces han entrado en
conflicto o no han tenido la capacidad de entenderse adecuadamente entre
sí. Esto es lo que se hace en esta tercera parte del real decreto-ley, se
busca unir. El objetivo de la política es buscar soluciones y no crear
problemas o conflictos jurídicos entre administraciones. Lo que vamos a
hacer es el tratamiento de aquellos consumidores que están en una
situación especialmente severa, que son vulnerables en una situación
mucho más difícil que la que citaba anteriormente, personas que ya tienen
una grave dificultad para atender al pago. No es que el pago sea costoso
para ellos, es que tienen una enorme dificultad para atender al pago. Son
personas que se sitúan bajo el ámbito de los trabajadores sociales, de
las políticas sociales, de los servicios sociales de comunidades
autónomas y corporaciones locales. Básicamente, la novedad consiste en
que se establece un mecanismo general para todo el territorio nacional
que operaría de la siguiente manera: En el momento en que se produce el
impago de un suministro eléctrico, la compañía tiene obligación de
comunicárselo al usuario; aunque sorprenda, esta obligación no existe a
día de hoy. Luego es importante, primero, que pueda comunicarse al
usuario y decirle: usted está en una situación de impago. La inmensa
mayoría de los impagos se resuelven en las siguientes horas o en los
siguientes pocos días. Sin embargo, evidentemente, nos encontramos con
casos complejos, con casos que hay que atender socialmente. Al mismo
tiempo que se comunica ese impago, se avisará a los servicios sociales de
la comunidad autónoma que tendrán esos cuatro meses para responder.
Mientras tanto, no se puede proceder a la interrupción del suministro
para aquellos consumidores que están en PVPC. En todo caso, los servicios
de la comunidad autónoma, si se encuentran con que ese consumidor no está
en PVPC, por cuenta de ese consumidor lo podrán pedir. Este es un tema
muy importante para darle la máxima protección al consumidor. Los
servicios de la comunidad autónoma, a partir de entonces, se encargan;
ahí es donde somos respetuosos con las competencias autonómicas, ya es
trabajo de la propia comunidad autónoma evaluar. Si no tenían evaluados a
estos consumidores va a servir como un sistema de alerta temprana, porque
los servicios sociales no tienen por qué haber detectado todos los casos
socialmente complejos. Este sistema va a ayudar también a detectarlos y
si ya los tenían detectados ya tienen la evaluación hecha. Hecha la
evaluación, la comunidad autónoma -y también las corporaciones locales-
se encarga de la atención energética de estos consumidores con sus
propios fondos, como ya viene ocurriendo.
Pero la novedad es, además, que el bono social aporta una cofinanciación.
El Estado no tiene una capacidad de gestión en el ámbito autonómico
social, primero, porque no es su competencia y, segundo, porque no tiene
trabajadores sociales, eso es de las comunidades autónomas. Pero sí
podemos poner recursos del bono social a disposición de comunidades
autónomas y corporaciones locales y esto es lo que tenemos que
desarrollar, precisamente, con las administraciones autonómicas. Es un
tema complejo pero que tiene que llevarse a cabo. La gran novedad es que,
primero, tenemos un sistema; ese sistema permite una alerta de los
servicios sociales; los servicios sociales se encargan y, además, van a
recibir una cofinanciación adicional desde el bono social que hasta ahora
mismo no existía. Estas en esencia son las principales novedades en este
aspecto, las cuestiones de vulnerabilidad que consistirían, como decía
anteriormente, en dos elementos. Una rebaja, un descuento sobre el precio
para aquellos que tienen dificultad de acceso y, segundo, una prohibición
de corte en el suministro en dos fases hasta cuatro meses -por supuesto
están atendidos por los servicios sociales-, más una ampliación del bono
social tanto por la intensidad de ayuda, como decía anteriormente, como
por el hecho de que ayuda a financiar las situaciones más severas, más
vulnerables de las cuales se encargan los servicios sociales.
Finalmente, tiene una última deshabilitación de desarrollo reglamentario
muy importante que es una protección al conjunto de los consumidores, no
solo a los vulnerables. Es una mejora de la normativa sobre
comercialización en el caso del sector eléctrico en el que aumentaríamos,
a través de reglamento, la transparencia en la contratación y la
obligación de informar a los consumidores sobre las desventajas y
ventajas de las diferentes ofertas, incluido el hecho de que el PVPC
incluye el bono social y, además, qué ventajas y derechos se tiene al
pasar a un contrato libre con todas sus consecuencias. También se
desarrollará algún tipo de indicador de fácil uso por parte de los
consumidores para comparar entre las
diferentes ofertas, algo similar a lo que en el ámbito financiero se hizo
cuando se creó el TAE para comparar unas hipotecas con otras. Serían una
serie de indicadores energéticos sencillos y fácilmente entendibles para
que se puedan comparar las diferentes ofertas que los distintos
comercializadores, tanto en el mercado libre como el propio PVPC, pueden
ofrecer a los consumidores y, por último, como decía anteriormente, las
mejoras en los procedimientos de suspensión de suministro dándoles más
garantías al conjunto de los consumidores.
Como digo, es un paquete amplio que va a requerir más consenso porque a
pesar de que el desarrollo reglamentario, por supuesto, le corresponde al
Gobierno, es una materia tan sensible y que ha tenido tan buena
predisposición por la inmensa mayoría de los grupos que creo que es
conveniente incluso que el ámbito reglamentario se siga discutiendo con
ellos, recibamos las distintas aportaciones -hemos recibido ya alguna- y
en función de eso iremos sacando estos desarrollos reglamentarios.
También hay que discutirlo, evidentemente, con las comunidades autónomas
que son las que tienen una capacidad en el ámbito social.
Les pido el voto favorable para una materia tan importante en la que el
nivel de consenso que hemos encontrado ha sido amplio, en la que las
posturas no las he encontrado tan distantes aunque legítimamente cada uno
tiene su opinión de qué es lo que se tiene o no que hacer, a quién se
tiene que cubrir más o menos o las intensidades de ayuda. Evidentemente
en esto cada grupo tiene su propia opinión y es cien por cien respetable,
pero también es verdad que creo que el diálogo ha sido muy fructífero.
Fruto del mismo es este real decreto-ley que hoy venimos a convalidar y,
como he dicho anteriormente, que seguimos dialogando en este aspecto con
los grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para ello tiene la
palabra, en representación de dicho grupo, el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.
En España hay más de cinco millones de personas que sufren pobreza
energética, que viven situaciones de vulnerabilidad energética, que no
pueden garantizar que sus viviendas estén a una temperatura adecuada. En
España, en un país del llamado mundo desarrollado y miembro de la Unión
Europea, se producen 7.100 muertes anuales asociadas a la pobreza
energética. Hemos visto con tristeza, con rabia, cómo en este país
mujeres y hombres mayores perdían la vida por una vela mal apagada, como
la señora de Reus que murió hace unos meses en un incendio porque una
empresa, Gas Natural, no cumplió la ley catalana que impedía cortar el
suministro energético. Hemos compartido la indignación de millones de
personas ante una factura de electricidad abusiva que se ha incrementado
un 76 % en los últimos diez años. Somos, según Eurostat, uno de los
cuatro países con la energía más cara de Europa.
Hablar de energía es hablar de dignidad y de derechos sociales. La pobreza
energética no permite tener una vida digna; la dificultad para acceder a
los suministros básicos como el agua, la luz o el gas afectan a la
higiene, a la salud y a menudo generan sobreendeudamiento,
sobremortalidad y aislamiento social. Y, ¿por qué en España tenemos esta
situación? Creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer.
Porque la desigualdad energética es una de las dimensiones de la
desigualdad. El FMI nos decía que en España el 20 % más rico es siete
veces más rico que el 20 % más pobre, lo decían los señores de negro del
FMI. Millones de personas están atrapadas en el triángulo formado por una
energía cara, bajos ingresos -incluso entre la gente que trabaja tenemos
un 14 % de pobreza laboral- y edificios de mala calidad con nula
eficiencia energética. Precios altos, ingresos bajos y una legislación
estatal que continúa sin contemplar que los derechos energéticos son
derechos humanos que no pueden vulnerarse bajo ninguna circunstancia, esa
es la cuestión fundamental.
Mientras eso sucede, las tres grandes empresas eléctricas se forran:
Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganaron, de 2008 a 2015, 37.000 millones
de euros entre España y Portugal. Se forran los miembros de sus consejos
de administración, se forran los grandes accionistas al tiempo que
ordenan el corte de suministros por deudas irrisorias. Las empresas
españolas son las empresas eléctricas con las tasas de beneficios más
altas de Europa, mientras que sus clientes tienen también los niveles de
pobreza energética más altos de Europa. Y ganan mucho no por lo bien
gestionadas que están sino por una mala regulación decidida tanto por
Gobiernos del PSOE como del Partido Popular, que ha permitido cosas como
los beneficios caídos del cielo o los famosos costes de transición a la
competencia. Estas grandes
empresas aún tienen la caradura de recurrir sistemáticamente a los
tribunales cualquier medida por mínima que sea, ya sean los reales
decretos de 2009 o 2012 o el reglamento, mucho más ambicioso, de la ley
catalana.
El problema de fondo es que el objetivo real de la política energética en
España no ha sido garantizar derechos y la prestación de un servicio
público de calidad sino mantener, garantizar y maximizar la tasa de
beneficios de las grandes eléctricas. Y hoy, ¿por qué la pobreza
energética está en la agenda política? La pasada legislatura el Gobierno
del Partido Popular no aprobó ninguna, ninguna, de las propuestas en
materia de pobreza energética de la oposición. Es cierto que ustedes no
tienen mayoría absoluta, pero es verdad que hoy la pobreza energética
está en la agenda política porque nuestra sociedad no asume ya como
normal que una persona muera por una vela mal apagada o que haya familias
que pasen frío. La mayoría exige poner fin a lo que hemos oído tantas
veces y que es tan cierto: que la pobreza energética mata. Poner todo
esto en la agenda política se ha conseguido gracias a movimientos
sociales, organizaciones de consumidores, sindicatos, movimientos por un
nuevo modelo energético, la Plataforma de afectados por la hipoteca y la
Alianza contra la pobreza energética. Modestamente, que Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea sea el tercer grupo de esta Cámara, a poca distancia
del segundo, también hace que la indiferencia ya no sea posible.
Hoy nuestra sociedad ya no consiente la insensibilidad social pero,
ministro, nosotros creemos que estamos llegando tarde -usted mismo
hablaba de las deficiencias de los anteriores reales decretos que
regulaban el bono social- y estamos llegando mal a medidas efectivas
contra la pobreza energética. Llegamos tarde y mal porque este real
decreto-ley que se presenta no es una verdadera ley de mitigación y de
reducción de la pobreza energética. Solo hace falta leer el preámbulo
para ver que el objetivo fundamental de este real decreto, el primero, es
ante todo resolver el problema de financiación después de que el Tribunal
Supremo declarase inaplicable la financiación del bono social por ser
contrario al derecho europeo. ¡Claro que es necesario legislar sobre
pobreza energética, sí, pero no así! Nosotros creemos que con este real
decreto-ley no se va a resolver ni la financiación del bono social ni la
pobreza energética con plenas garantías. No lo resolveremos así porque
parte de una concepción restrictiva de la pobreza energética solo
referida a la electricidad cuando el consumo de electricidad representa
el 35 % del consumo de los hogares, siendo el 65 % restante consumos de
gas natural, gasóleo, butano y otros combustibles destinados a mantener
las condiciones térmicas de las viviendas. Tampoco lo resolveremos así
porque la señora de Reus, Rosa, no estaría protegida por este real
decreto-ley en su literalidad porque este real decreto-ley establece
condiciones restrictivas para ser considerado consumidor vulnerable
severo. Para ser beneficiario del bono social -lo dice el real
decreto-ley- es preciso estar atendido por los servicios sociales por
hallarse en riesgo de exclusión social. La señora de Reus no tenía bono
social, tenía un contrato en el mercado libre y los servicios sociales no
tenían constancia de su situación. Se corre el riesgo de dejar fuera a
buena parte de la población afectada.
El bono social en España, a diferencia de otros países, como Portugal, no
es automático en función de la renta, sino voluntario. Tenemos un grave
problema porque muchas empresas, como usted sabe -y creo que antes ha
hecho mención a ello-, realizan ofertas engañosas para que sus clientes
pasen del PVPC, del precio voluntario del pequeño consumidor, a un
contrato en el mercado libre. Además, ¿sabe usted cuántas personas en
riesgo de impago están siendo atendidas y registradas en los servicios
sociales? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona solo el 20 %, y es
de las ciudades que más población atiende con esa circunstancia. Usted me
dirá que esto se puede precisar o resolver en el reglamento, pero la
literalidad del real decreto-ley deja poco margen, al menos en lo
relativo al bono social.
Ministro, no puede pretender que los servicios sociales hagan ahora de
comercializadores pasando a los usuarios de un tipo de contrato a otro;
se necesita un procedimiento claro, sencillo, que no desincentive a las
personas afectadas por caer en una maraña burocrática. La protección del
consumidor vulnerable no se puede establecer en función de la relación
comercial de la persona afectada con cualquier empresa, no puede estar
sometido a qué tipo de relación comercial tenga una persona. La
protección frente a los recortes debe ser para todos los consumidores
vulnerables, sin más requisitos que el criterio de renta, y esta es una
cuestión fundamental. El principio de precaución debe aplicarse con
claridad. Tome ejemplo usted de la ley catalana; debe quedar clara la
protección ante los cortes, debe aplicarse el silencio positivo incluso
cuando pase el término temporal -los cuatro meses establecidos- y debe
ser la empresa, y no la persona afectada, la que se ponga en contacto con
los servicios sociales, y ello sin generar nuevas deudas impagables para
las familias afectadas. Es necesaria una tarificación en el diseño del
bono social
a partir de la renta, con descuentos que puedan llegar al cien por cien en
caso de unidades familiares sin ingresos. Es necesaria una tarifa que
tenga en cuenta que en el hogar viven personas mayores y dependientes o
personas que por motivos de salud requieren de un consumo elevado de
energía; una tarifa que mediante ley establezca la garantía de acceso de
toda la población a un suministro básico de gas y electricidad, que
promueva la eficiencia energética y que no suponga más del 10 % de los
ingresos del hogar. Todos estos criterios deberían estar en el real
decreto-ley.
En cuanto a la otra cuestión, la financiación, en esta ocasión la opción
del Gobierno ha sido que la misma recaiga solo en las comercializadoras y
no en las empresas que realizan actividades de generación, transporte o
distribución. La financiación del bono social debe recaer en las empresas
y no en los presupuestos del Estado -en eso estamos de acuerdo-, pero el
problema es que la hacen recaer en las pequeñas comercializadoras, medida
en su cuota de cliente -en todas las comercializadoras, también en las
pequeñas-, de modo que una comercializadora que venda a pequeños
consumidores domésticos o a pymes pagará proporcionalmente más que una
comercializadora que venda a grandes industrias que representan a menos
clientes. Eso es una bomba para las pequeñas comercializadoras locales y
para las cooperativas, como Energía de Cádiz, Goiener o Som Energia, que
tendrán que destinar más de la mitad de su margen de beneficio al bono
social, que por otra parte no pueden ofrecer a sus clientes; solo lo
pueden hacer las grandes comercializadoras de referencia, con el riesgo
añadido de que eso repercuta en la factura eléctrica. Por cierto, se
trata de pequeñas comercializadoras que no se han beneficiado nunca de
las trampas del sistema, de los beneficios caídos del cielo o de los
costes de transición a la competencia. Además, los grandes consumidores
que compran directamente su electricidad en el mercado sin
comercializadora no están incluidos, nuevo argumento de las empresas para
presentar un recurso ante los tribunales y hacer la pelota aún más
grande. Es necesaria una forma de financiación que no sea
discriminatoria, que sea proporcional y justa. La financiación del bono
social debe recaer en las empresas. Ayer leíamos en una información
periodística que se estaban planteando que la financiación del bono
social, todo el bono social, también recayese en las administraciones
públicas, algo que nos parecería no solo injusto, sino un gran error.
Los grupos que voten a favor de la convalidación de este real decreto-ley
están dando un cheque en blanco al Gobierno. Si este real decreto-ley no
se tramita como nosotros proponemos, como un proyecto de ley, firmarán un
cheque en blanco al Gobierno, pues la parte que afecta a la pobreza
energética más directamente -definición de consumidor vulnerable en sus
tipologías-, así como la financiación que deberán asumir las compañías,
los cortes y los procedimientos estará en manos exclusivamente del
Gobierno. Es cierto que el ministro nos ha invitado a participar en una
mesa sobre el reglamento, pero todos sabemos que el Gobierno tiene plena
capacidad para aprobar esos reglamentos. Lo fundamental no está en la
ley, sino en los reglamentos y eso es potestad exclusiva del Gobierno,
aunque los grupos parlamentarios tenemos la garantía de la capacidad de
intervención que da una tramitación parlamentaria. Nosotros no firmamos
cheques en blanco basados en una confianza ciega en el Gobierno que no
compartimos, y tengo que decir que lamentamos mucho que el Gobierno no
haya dialogado con las organizaciones sociales, con la Alianza contra la
pobreza energética, con los sindicatos, con organizaciones que están al
pie del cañón, que conocen de primera mano lo que está sucediendo con la
pobreza energética y que la están gestionando. Lamentamos muchísimo que
no haya dialogado con esas organizaciones, a pesar de que se lo pidieron,
y que el PSOE haya sido cómplice de esa falta de diálogo; pero no nos
extraña, lo mismo hicieron ustedes con el salario mínimo, con el tema de
las pensiones y con las cláusulas suelo. La operación diálogo no se
produce con las organizaciones y los movimientos sociales. Lamentamos que
el PSOE haya optado por el acuerdo con el PP y no por una alianza con
nosotros, con otros grupos y con movimientos sociales para ir más allá de
este insuficiente real decreto-ley. ¿Dónde ha quedado eso de gobernar
desde el Congreso, señoras y señores del PSOE? ¿Dónde ha quedado la
voluntad de liderar la oposición? Entre construir la alternativa para el
cambio o apuntalar el estatus, ustedes se deciden siempre o casi siempre
por apuntalar el orden establecido. Y no nos digan que es por
responsabilidad o utilidad. La responsabilidad y la utilidad es
garantizar de una vez por todas derechos, acabar con la pobreza
energética y con los privilegios del oligopolio eléctrico. Esa es la
responsabilidad de los y las progresistas.
A nuestro modo de ver, hemos perdido una oportunidad para garantizar el
derecho a la energía y para legislar una verdadera tarifa que garantice
el derecho al consumo de un mínimo de energía vital con criterios de
renta y eficiencia energética. Pero tenemos aún una posibilidad, que es
tramitar el real decreto-ley como proyecto de ley para mejorarlo y
precisarlo, contar con la opinión de las organizaciones
sociales y llegar a un verdadero pacto contra la pobreza energética.
Nuestro voto estará condicionado a si se tramita o no como proyecto de
ley en este Congreso, a si se tramita o se empecinan en aprobar un real
decreto-ley que no está a la altura del grave problema social de la
pobreza energética y de las demandas de una sociedad que no admite más
parches. No vamos a avalar un real decreto-ley que pretenda anestesiar y
diluir el debate sobre la pobreza energética haciendo ver que todo está
solucionado cuando esto no es verdad. Vamos a continuar presionando en
las instituciones y en la calle para acabar de una vez con la pobreza
energética, porque nuestro objetivo es algo tan revolucionario como que
se cumplan los compromisos internacionales suscritos por España, como la
Observación general n.º 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, que señala que un nivel de vida digno...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino, presidenta.
... que señala que un nivel de vida digno requiere una vivienda adecuada
con acceso a suministros básicos como el alumbrado o la calefacción.
Queremos lo que dice la Ley catalana 24/2015 contra la pobreza
energética: que las administraciones públicas han de garantizar el
derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y
electricidad a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión
residencial. Ese es nuestro objetivo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.
Señor ministro, como tengo menos tiempo del que pensaba, no hace falta que
le indique lo que opina una parte sustancial de esta Cámara sobre el
modelo energético español, ¿verdad? Mucho coste, muchos beneficios, alta
desregulación, una orgía de los mercados de vez en cuando, como la que ha
repercutido en el escandaloso incremento de precios, etcétera. Sin
embargo, estamos hablando de algo que afecta ni más ni menos que a cinco
millones de personas -a 100.000 especialmente- y Nueva Canarias reconoce
que es necesario abordarlo. Creemos que hay algunos elementos a valorar
en todo esto que no tengo tiempo de destacar ahora. Solo le diré que
estaremos atentos a la evolución de las cosas y que en este caso nos
parece que hay elementos que justifican el apoyo a la convalidación de
este real decreto, confiando en que luego entremos en el fondo del
problema, que es que el sistema energético español no responde a los
intereses generales.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en este minuto y medio quiero decirle, en primer lugar,
que nos parece adecuado y urgente el decreto que trae. Las eléctricas
recurrieron y, si el problema es que no estaba un 6 %, pues ponemos a
todas. Efectivamente.
En segundo lugar, el bono social, en este momento en el que hay tanta
sensibilidad, tiene que estar resuelto ya. Por eso viene un decreto
urgente. Se determina además la nueva figura de consumidores vulnerables
severos acogidos, que va a ser fundamental en su desarrollo
reglamentario, como se acordó en la Conferencia de Presidentes, en la que
había presidentes autonómicos de todos los colores políticos. Tenemos que
llegar a ese consenso en el reglamento para determinar todos los
criterios y el procedimiento y el protocolo que deben tener las
comunidades autónomas, porque al final este es un tema en materia social,
que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nos parece
adecuado el papel de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
en esta materia.
No me queda más que decir que espero que ese consenso que ha habido hasta
ahora, esa transparencia y esa aportación no solo de las fuerzas
políticas -porque esto no es solo de aquí- sino de todas las comunidades
autónomas sea lo que al final determine que en este país no haya pobreza
energética y no se corte la luz a gente que no puede pagarla y la
necesita.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos ante un inequívoco avance, que cobra mayor valor si cabe tras las
grandes y sucesivas subidas del recibo de la luz. Son medidas que llegan
tras la anulación judicial que dio la razón a las compañías eléctricas en
relación con el mecanismo de financiación del coste del bono social
vigente, un mecanismo contrario al derecho de la Unión Europea. Son una
opción para aliviar la factura que en Asturias tiene registrados en el
orden de 36.000 beneficiarios. Estando de acuerdo en que paulatinamente
se aplique el criterio de renta y se profundice en otras medidas, es muy
relevante una reforma que introduce en la legislación del sector
eléctrico la prohibición de suspensión del suministro a los consumidores
vulnerables. Pero no es suficiente, señor ministro de Energía, y el
Gobierno tiene que seguir avanzando en las reformas para que en España se
establezca un mercado eléctrico homologable con los países europeos y que
ponga fin a que los hogares españoles paguen la tercera electricidad más
cara de Europa antes de impuestos o que nuestra industria esté
severamente amenazada de deslocalización, que es el camino más rápido
para ir al desempleo y, por tanto, la forma más veloz hacia la pobreza
energética.
Concluyo señalando que el ministro de Energía se ha implicado
personalmente en este rápido avance sobre el bono social, como prueba la
celebración de varias reuniones monográficas con los grupos
parlamentarios. Foro fue partícipe y nos parece que este es un real
decreto-ley que ha puesto en el centro de su atención las soluciones para
proteger al consumidor vulnerable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Buenas tardes y gracias, señora presidenta.
Daré siete ideas a velocidad de la luz. En primer lugar, quiero anunciar
nuestro voto favorable. En segundo lugar, quiero saludar el amplio
acuerdo político que precede a este acuerdo, que responde a lo que
nosotros siempre hemos dicho cuando afrontamos un problema importante, y
es que hay que olvidarse de partidismos y ponernos a trabajar todos
juntos dando propuestas, con diálogo y buscando soluciones. Yo creo que
es lo que se ha hecho ahora de manera abierta, sincera y empática, porque
este es un problema social muy importante. En tercer lugar, yo creo que
este acuerdo dignifica la acción política. Hoy podemos decir que la
política y los políticos servimos para resolver problemas. En cuarto
lugar, yo creo que también rompe un tabú, ese tabú que solemniza que
entre la izquierda y la derecha no es posible ponerse de acuerdo. Yo creo
que hoy también es importante, tanto en el real decreto anterior como en
el posterior, dar esa imagen de que juntos podemos colaborar a presentar
soluciones a problemas importantes. En quinto lugar, creo que si es
posible ponernos de acuerdo en un tema concreto, tal vez podríamos
sugerir ampliarlo a otros temas más genéricos que afectan también a su
ministerio con esa misma filosofía. En sexto lugar, es importante decir
que debemos plantear la aritmética parlamentaria como una oportunidad
para el acuerdo y no como un enfrentamiento o una pelea de boxeo
dialéctico permanente. Por último, demuestra otra cosa, y es que la
bandera de lo social no es patrimonio de nadie sino un compromiso de
todos, y yo creo que acertamos cuando todos ponemos en común ese mismo
afán para ayudar a los más vulnerables, a los más desfavorecidos y a las
familias que están pasándolo peor.
Termino con una reflexión. Es verdad que va a haber un desarrollo
reglamentario en el que a nosotros también nos gustaría participar y
presentar nuestras ideas. En especial nos gustaría pedir que en ese
desarrollo algunas realidades, como son las familias numerosas, vean
reconocida su contribución al progreso y a la renovación de nuestra
sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
No podemos concluir, atendiendo al carácter raquítico de la medida que se
presenta, que este sea un tema que preocupe mucho a los gobernantes
actuales del Estado español, como nos quisieron hacer creer durante la
ola de frío. Lo que presentan es realmente una modificación de un bono
social que ya
existe desde 2009, dejando toda su capacidad de acción a esa medida, que
además, permítame que lo señale, tiene más un tufo de ayuda caritativa o
asistencialista que estructural.
Si de verdad les preocupara la pobreza energética, si de verdad
entendieran lo que es la pobreza energética, habrían presentado una
propuesta integral. Tendrían aquí una propuesta integral que hablaría,
por ejemplo y entre otras cosas, de las tarifas sociales partiendo de la
progresividad, algo que parece que no se plantean aún; que hablaría de un
plan de choque para la eficiencia energética. Expliquen a los ciudadanos
y a las ciudadanas del Estado español por qué en el Estado español, junto
a otros países del sur de Europa, hay mayor pobreza energética que en los
países del norte de Europa, que sufren inclemencias climatológicas mucho
peores que las que sufre el Estado español. Expliquen por qué el Estado
español está a la cola de la eficiencia energética. Expliquen también por
qué no hay una apuesta por un modelo energético basado en renovables y
por qué se plantean reabrir nuevamente centrales nucleares obsoletas,
como la de Garoña, o mantener otras que deberían ir camino de su cierre.
Les falta, en cualquier caso, iniciativa y pulso para influir de manera
determinante como Gobierno en un sector estratégico. Pero si no hacen
eso, seguirá creciendo la pobreza energética. En Gipuzkoa, que es la
provincia con menos paro, ya hay más de 112.000 personas en situación de
pobreza energética, el 20 % de la población. Baste como ejemplo. Pero
también seguirá creciendo el número de muertes que van vinculadas a la
pobreza energética. La OMS habla de un 30 % de muertes en el pico
invernal; eso da para muchos cientos de personas en el Estado español.
Termino ya. Ustedes prometen aquí iniciativas que son tiritas, mientras
siguen dejando el bisturí en manos de los oligopolios que actúan como
psicópatas con la mayoría de la población; con la mayoría, porque algunos
tienen la suerte de tener puertas giratorias y sillones en sus consejos
de administración. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Han sido los ayuntamientos, básicamente los servicios sociales, los que
con dinero público han parado los cortes y pagado los recibos. Algunos
ayuntamientos del cambio, a los que ustedes llaman populistas -por
ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia- han pagado este año 2016 dos mil
quinientos recibos por valor de más de 315.000 euros. Populismo en estado
puro. Mientras en 2105 ha habido 500.000 cortes de luz y la pobreza
energética afectaba ya al 1 % de la población, a 7 millones de hogares
con dificultades, las empresas han ganado muchísimos millones. El
esfuerzo de la luz tan cara lo han pagado las familias, las empresas, las
pymes, los autónomos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Este decreto tiene algún aspecto positivo, como la obligación del informe
de servicios sociales antes de cortar o la necesaria definición de
consumidor vulnerable, pero es insuficiente, porque no responde
íntegramente al drama de la pobreza energética y se circunscribe al
consumo eléctrico, solo el 35 % de los hogares, cuando debería proteger
mucho más allá del precio voluntario al pequeño consumidor. Es decir, se
quedan clientes fuera.
Acabo. Se debería elaborar una ley contra la pobreza energética. Señor
ministro, insisto en la apuesta por las energías renovables, porque
ayudaría a que tuviéramos más soberanía energética y menos dependencia, y
por el autoconsumo, que ayudaría a las familias vulnerables, porque
siempre es mejor ayudar a que las familias ganen en independencia que
seguir pagando recibos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hay que agradecer su actitud en esta discusión que ha
permitido intercambiar opiniones con los grupos parlamentarios, pero mi
grupo no va a poder apoyar este real decreto y se va a abstener. El
Gobierno llega tarde en esta materia. Es evidente que si el Gobierno
hubiese tenido esa misma actitud durante los peores años de la crisis y
hubiese configurado un bono social adecuado, probablemente hubiésemos
minimizado las consecuencias de la pobreza energética. Han sido las
comunidades autónomas, los ayuntamientos y los movimientos sociales los
que han empujado. En la época en la que el bono social no funcionaba,
Cataluña fue pionera en el compromiso político para reducir las
consecuencias
de esta pobreza energética y nos hemos encontrado en tres ocasiones con
las impugnaciones del Estado. Finalmente, en la última ocasión, hubo un
acuerdo político que salvó la legislación catalana, la de 2015, pero en
otras dos ocasiones los intentos de Cataluña de hacer frente a esta
situación han sido frustrados, castrados y eliminados por la política del
Gobierno.
Además, en parte se llega mal; se llega mal -ya lo han dicho otros
portavoces- porque dejamos demasiadas cuestiones abiertas al desarrollo
reglamentario. Lo razonable sería que hoy este real decreto-ley lo
tramitásemos como proyecto de ley y determinásemos en el seno del
Parlamento y con acuerdo de todos los grupos el umbral del consumidor
vulnerable, el umbral del consumidor altamente vulnerable y los
procedimientos que nos permitiesen salvaguardar las competencias
autonómicas en esta materia.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Ustedes nos invitan a que hagamos esta
regulación en el Reglamento. Ahí, señor, nos pide demasiada confianza
vista su trayectoria en la pasada legislatura. Lo siento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde
on. Buenas tardes.
¿Por qué un nuevo decreto para regular el bono social? ¿Porque han
establecido o analizado diferentes situaciones o problemas que ya tenían?
No; por la sentencia del Tribunal Supremo contra el real decreto que
regulaba el régimen de financiación del bono social de la luz, que deja
en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno. El decreto
aborda un problema: la pobreza energética. Es una pobreza fruto de la
crisis económica y que están sufriendo las familias. Hay factores
determinantes que han llevado a esta situación -la crisis, el precio de
la energía, el desempleo y, por tanto, la renta-, pero la nueva
regulación del bono social es fruto también, como he dicho, de la
sentencia del Tribunal Supremo que deja en evidencia nuevamente el
fracaso del modelo energético, cuyos principales perjudicados son los
consumidores. Es un modelo que ha generado y genera inseguridad y que no
protege a los ciudadanos en un servicio tan esencial como es la
electricidad. Este fracaso ya lo habíamos anunciado en numerosas
ocasiones.
En este tema debemos trabajar en una solución integral, con un sistema de
protección social solidario que cohesione la sociedad y que no deje a
nadie atrás. Debemos establecer las condiciones o medios para generar
empleo, para poder tener una sociedad solidaria y no una sociedad
subsidiada. La tendencia ha de ir encaminada a no tener que vernos en la
obligación de establecer este tipo de medidas. Como ya he comentado y
dado que el problema entre otros viene dado por el aumento del precio de
la energía, ¿no es el momento de abordar la revisión del sistema de
tarifas?, además no solo para este colectivo sino también para la
industria, para que esta sea más competitiva, genere riqueza y empleo y
ayude a disminuir este tipo de situaciones. Hay que identificar y
proteger al consumidor vulnerable, mejorar la eficiencia energética de
los hogares e implementar medidas sociales para paliar los efectos de
estas nuevas situaciones que están aflorando.
Nosotros, en Euskadi, ya abordamos estas situaciones a través de la renta
de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social, para vivir con
dignidad, con ayudas a la vivienda, al agua y también a los gastos de
energía; para atender a situaciones derivadas de la denominada pobreza
energética, que incluye gastos de suministro eléctrico, de gas y de otro
tipo de combustibles de uso doméstico. Estas medidas nos permiten mejorar
la distribución de la prestación para atender nuevas formas de pobreza;
modular el acceso a las ayudas de emergencia social atendiendo a la
valoración profesional sobre la idoneidad de la ayuda; racionalizar el
procedimiento de las transferencias de capital o de dinero entre los
niveles locales y los niveles autonómicos; y también remitir información
entre las entidades locales y el Gobierno vasco para poder mejorar y
establecer mejores medidas en caso de ser necesario. Son ayudas, por
tanto, coordinadas con los distintos niveles institucionales; el Gobierno
vasco, las diputaciones y los ayuntamientos fijan los requisitos de
acceso, y los servicios sociales de base realizan la valoración del caso
concreto para evaluar si una persona cumple con los requisitos para poder
acceder a este tipo de ayudas. Además, en Euskadi hemos logrado también
un convenio por el que se establecen los mecanismos
de coordinación necesarios para evitar la suspensión del suministro
eléctrico y/o de gas por impago de factura a los ciudadanos
económicamente desfavorecidos. Asimismo, hay un compromiso de no
suspender el suministro de electricidad y gas a clientes en situación de
vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la prestación
económica.
En definitiva, como ya hemos venido diciendo, creemos que tiene que haber
un diálogo entre las políticas energéticas y las de asistencia social,
teniendo en cuenta además que en el País Vasco la política energética es
una competencia compartida y la de asistencia social es exclusiva. Es en
este equilibrio donde nos tendremos que encontrar, pero dado que este
real decreto trata de regular aspectos en los que tenemos competencia
exclusiva, entendemos que puede ser un intento de recentralización por
parte del Gobierno y que se puede inmiscuir en competencias atribuidas
sobre todo a nivel de administraciones locales, que además funcionan y
conocen perfectamente la realidad de este tipo de situaciones y
colectivos. Por todo ello y teniendo reguladas este tipo de ayudas, nos
vamos a abstener en la convalidación de este decreto.
Gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes.
Votaremos no a este real decreto porque sigue beneficiando a las cinco
grandes empresas del oligopolio eléctrico y no protege de forma fiable al
consumidor vulnerable respecto a los cortes de luz.
Para empezar, queremos dejar claro que cuando se habla de pobreza
energética la mirada debería ser un poco más amplia, más transversal. Las
medidas no pueden ir por separado. La necesidad de disponer de un trabajo
digno, de disponer de una vivienda digna, de un sistema de salud digno,
de una educación digna, es tan importante como desarrollar un sistema de
bono social respecto a los consumidores vulnerables. La pobreza
energética es una manifestación más del fenómeno integral de la pobreza,
pobreza entendida como exclusión social por las barreras al mercado del
trabajo digno o la falta de vivienda asequible.
El bono social no deja de ser más que un parche respecto al problema de la
energía en el Estado español. Si no aplicamos esa mirada amplia que les
pedíamos todos, tenemos claro que el precio de la luz es como una especie
de agujero negro en el que están incorporados los beneficios ocultos del
oligopolio del sector eléctrico. La auditoría del déficit de tarifa
-señor ministro, pienso convertirme en su gota malaya, lo siento-, sobre
el cual seguiremos insistiendo, es básica para que al final los
ciudadanos dispongan de un precio de la luz más justo. Más que un bono
social, la ley debería obligar a la corresponsabilidad necesaria de unas
compañías para asegurar un suministro tan fundamental que debería ser un
derecho básico. Las compañías deberían implicarse por ley en la difusión
de información de los derechos de sus clientes, en la contribución para
financiar ayudas en especie y en aportaciones para minimizar los
problemas de los cientos de miles de familias afectadas. Deberían hablar
menos y con menos cinismo de la RSC y aplicarla más.
Finalmente, y antes de entrar a analizar cuatro puntos de su real
decreto-ley, déjenme que les señale que no es más que otro de los
múltiples laberintos jurídicos, normativos, por los que el sector
eléctrico está constituido y que hacen impenetrable a cualquier ciudadano
conocer y comprender qué le están cobrando realmente. El laberinto no es
solo normativo sino también jurídico, y creo que aquí vamos a encontrar
un punto en común con el ministro. Con intención de arrojar luz al
respecto, este diputado presentaba la semana pasada una pregunta escrita,
que esta mañana ha sido calificada, interesándose por cuántos recursos
han interpuesto las empresas eléctricas que operan en España contra
normas jurídicas estatales en los últimos diez años, qué disposiciones
administrativas, qué normas con rango de ley han sido recurridas y cuáles
han sido las empresas recurrentes.
Entrando en el detalle de varios artículos, quisiera empezar por el
apartado 4 del artículo 45, que indica que el bono no será asumido por
las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de
comercialización de energía eléctrica. Los catalanes debemos algunas
cosas importantes a Josep Pla, entre otras, el consejo que solía dar a
los catalanes cuando venían a Madrid. Nos repetía que siempre nos
hiciéramos la misma pregunta, que es: ¿y esto, quién lo paga? Pues con el
bono social, lo mismo. Desde el punto de vista de Esquerra Republicana la
respuesta es muy sencilla: si el objetivo es hacer llegar la luz a
personas que no pueden asumir este coste, este coste lo tenemos que
asumir entre todos los que hacemos que les llegue la luz. Y aquí entran,
claro está, las actividades de generación,
transporte, distribución, además de la comercialización. Por tanto, el
reparto de cantidades se debería hacer a partir de las actividades de
toda la cadena de valor de la energía: generación, transporte,
distribución y comercialización -repito-, incluyendo la parte del Estado
que también participa en el proceso. En la fórmula concreta no entrarían
las compañías pequeñas y únicamente comercializadoras, que tan solo
deberían pagar la parte que les correspondiese según la facturación
global para el conjunto de actividades sumadas y no solo por el número de
clientes. El argumento que se utiliza es que si se excluyen las
comercializadoras que no pertenecen a grupos societarios, la norma
incurre en discriminación. El argumento es cierto, pero el problema es
que estamos repartiendo un coste entre empresas muy diferentes. Los
grandes grupos societarios tienen negocios de generación, distribución y
comercialización de la electricidad y la parte del bono que les
corresponde será repartida entre sus diferentes negocios. Este no sería
el caso de las comercializadoras pequeñas, que sentirán un impacto mayor
del bono. El trato no es igual, como se nos pretende hacer ver.
Sobre el apartado 3 del artículo 52, que dice que si transcurridos cuatro
meses desde el primer requerimiento -que bien ha explicado el señor
ministro que es el de la compañía con el cliente- el pago no se hubiera
hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro. Un plazo de cuatro
meses puede parecer aceptable para alcanzar alguna solución mediante los
servicios sociales para los consumidores vulnerables. ¿Pero qué ocurre si
el mes cuatro coincide con el invierno y no se ha encontrado una
solución? La legislación de muchos países establece que no se puede
cortar los servicios a los consumidores vulnerables de ninguna manera
durante los meses de invierno. Es la conocida tregua invernal. Debería
introducirse el principio de precaución, tal y como señala la Ley
catalana 24/2015, de emergencia habitacional y pobreza energética, según
la cual las compañías deben comunicar a las áreas básicas de servicios
sociales los avisos de corte a los consumidores, a fin y efecto de pedir
un informe de vulnerabilidad social. Mientras no se demuestre si el
consumidor se encuentra en situación de pobreza energética, no se puede
efectuar ningún corte de suministro. En la práctica, el real decreto-ley
debería recoger que los entes locales titulares de los servicios sociales
son los que instrumentan ayudas o compensan la capacidad de pago de las
familias afectadas, pagando ellas directamente las facturas.
También expresamos nuestras dudas en referencia al apartado 4 del artículo
52, párrafo j), que habla de aplicación de recargos. Aplicar recargos o
intereses a una deuda es normal en cualquier mercado, pero nos preocupa
que no se establezca ninguna pauta de cuántos recargos se pueden aplicar.
La competencia en el sector eléctrico está lejos de ser perfecta, pues es
susceptible de abusos, y nuestra experiencia con el sector eléctrico es
que, en general, no tienen este concepto muy claro.
Quedan muchos flecos para conseguir la efectividad buscada con el bono
social, no solo para evitar el fraude, que seguramente se produciría,
sino también para que realmente consiga llegar a la mayoría de población
afectada y evite que en ningún caso se corte la luz a ninguna persona
vulnerable. Recordaré también, como decía al principio, que esta medida
debería ir acompañada de otras, algunas muy claras de formación e
información a los ciudadanos sobre lo que supone la factura de la luz -ya
proponíamos al ministro en su comparecencia el pasado jueves alguna
medida sencilla al respecto-, otras para mejorar e incentivar la
eficiencia energética de las viviendas y la educación sobre ahorro
energético.
Concluimos reiterando que nuestro grupo votará no a la convalidación de
este real decreto-ley. En caso de que se convalide, pediremos que sea
tramitado como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora
Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, miembros de la
Mesa, señorías, estamos aquí para hablar del bono social. Algunos
compañeros ya han dado datos bastante significativos, como que más de 4,5
millones de españoles tienen problemas para pagar los recibos de los
servicios básicos como, por ejemplo, el recibo de la luz. Si acercamos
esos datos a los términos que conocemos mejor todos nosotros, podemos
decir que uno de cada diez hogares de este país tiene problemas para
pagar esos recibos, también el de la luz. Al final, esto es la
consecuencia de la crisis económica que hemos vivido y de las tasas de
paro que tenemos, pero si esto se relaciona con la subida de los precios
de los dos últimos años, cuando el gas ha aumentado un 22 %, el agua ha
aumentado un 8,5 %, el butano ha aumentado un 23 % o el recibo de la luz
de este mes de enero que acaba hoy puede aumentar un 28,56 %, son razones
más que suficientes para que hoy estemos debatiendo sobre qué es el bono
social.
La Unión Europea ya hizo el diagnóstico en 2009 con las directivas
Europeas 2009/72 y 2009/73, con las cuales se obliga a los países
miembros a tomar medidas para paliar esta situación. También el Comité
Económico y Social Europeo dijo en 2011 que la situación de
vulnerabilidad es una prioridad social y necesita el apoyo de los países;
y en el informe de 2013 decía que la energía es un bien común y esencial
que permite al ciudadano tener una vida digna, y precisamente por eso
estamos hoy hablando de bono social. Sucesivos Gobiernos de este país no
han establecido políticas efectivas en esta materia y al final se ha
acabado con una improvisación constante que ha evitado que se hagan
previsiones para prevenir la situación que estamos debatiendo hoy. Hay
muchos hogares que no pueden pagar esos recibos e independientemente de
que tengan un patrón de consumo eficiente o de que no enciendan demasiado
la luz, los costes fijos del sistema van a seguir subiendo y nosotros
continuamos sin hacer ningún plan de prevención. La realidad y el resumen
es que no existe planificación y, como no existe, repito, hoy estamos
debatiendo sobre bono social.
Este real decreto-ley es fruto del acuerdo y eso es positivo porque es
necesario transmitir no solo a sus señorías sino también a la gente que
está fuera de este Congreso que hay temas importantes de los que sí somos
capaces de sentarnos a hablar, más allá de las ideologías del resto de
partidos políticos. Desde Ciudadanos queremos agradecer las sugerencias y
pensamientos que nos ha hecho llegar parte de la sociedad civil sobre qué
se puede hacer y cómo. El primer documento que se facilitó por parte del
Gobierno modificaba solo cuatro apartados muy concretos en dos artículos.
Esto nos parecía insuficiente, pero como ese documento se abrió para su
debate entre el resto de formaciones políticas, entendemos que quería ir
a máximos y partir de una base de mínimos, o eso es lo que pensamos. Por
eso, para Ciudadanos era imprescindible introducir la referencia
explícita sobre la situación de los consumidores vulnerables, porque no
se tenía como tal. Con los criterios anteriores a este real decreto -para
que lo sepan, porque hay muchas personas que no lo saben-, cualquier
familia que tuviese una buena nómina, con tener contratada una potencia
inferior a 3 kilovatios o, por ejemplo, ser familia numerosa, podía
acogerse al bono social, con lo cual nos podemos plantear el siguiente
interrogante: ¿realmente el bono social tenía unos criterios para que
llegase a quien tenía que llegar o se siguieron unos criterios
determinados que hacían que muchas personas que no lo necesitaban se
acogiesen a él? Por eso para nosotros -ahora lo recoge este real decreto
y también la exposición de motivos, y esperamos que lo contemple también
el reglamento- es necesario que se redefina qué es el consumidor
vulnerable y que se vincule a los criterios de renta. Por supuesto, a
partir de ahí, habrá atenuantes, pero el criterio de renta es
imprescindible para que esto salga adelante.
También es necesaria la coordinación con las comunidades autónomas, porque
luego vemos fuerzas políticas que vienen aquí y siempre están haciendo la
división entre la competencia autonómica y la competencia nacional. ¿Qué
quieren que les diga? En cuestión de pobreza, de derechos sociales y de
que se aplique el bono social a los ciudadanos de toda esas comunidades
autónomas creo que tiene que primar un criterio de colaboración, de
compartir documentación y sobre todo de ser eficientes para que se eviten
casos como el de Reus, que ya han comentado otros compañeros, que al
final fue un compendio de mala comunicación entre distintas
administraciones. Entre las comunidades autónomas y el Estado tiene que
haber colaboración y no estar siempre con la sensación de que van a
invadir nuestras competencias. Hay temas en los que tenemos que
colaborar. Por eso -así también lo dijo el señor ministro en su
exposición- se ha introducido, a instancias de Ciudadanos, que ese
periodo para realizar el corte, en lugar de dos meses, sea de cuatro
meses, para que los servicios sociales tengan más tiempo para elaborar
esos informes. Si no les damos más tiempo, si no hay comunicación,
difícilmente podrán hacer su trabajo.
En conclusión, para no alargarme, en el primer borrador entendemos que se
incluían unos cambios mínimos que buscaban salvar la sentencia del
Tribunal Constitucional, pero gracias al acuerdo y a la aportación de
distintas fuerzas políticas se ha llegado a un real decreto más
ambicioso. Ciudadanos ha apostado por que esa tarifa sea progresiva en
función del tipo de consumidor vulnerable -todos lo sabemos, hay
distintos tipos de consumidor y distintos tipos de necesidades para
obtener esas ayudas-; por ese aumento de carencia a cuatro meses hasta
que se emite el informe; por que el consumidor vulnerable severo también
tenga su definición, porque, como comprenderán -así lo recoge este real
decreto-, a los consumidores que estén en situación extrema no se les
podrán realizar cortes -creo que tenemos que empezar a dejar la demagogia
a un lado y a leer bien todas las pautas del acuerdo- y, por supuesto,
por el registro de la administración de consumidores vulnerables. Es
necesario saber a cuántas
personas tenemos que ayudar, quiénes son nuestros ciudadanos y sobre todo
cuánto dinero nos va a costar todo para poder ayudarles.
En resumen, en este real decreto también se fija un periodo de tres meses
para desarrollar ese reglamento, que esperamos que también surja del
acuerdo. Ya se preveía en una antesala de ese real decreto, en esa
exposición de motivos. Ciudadanos ya envió la semana pasada al Partido
Popular nuestra propuesta de reglamento, nuestra aportación -esperamos
que nos sentemos a negociarla, a ver cómo va-, y en ella se incluía la
definición de consumidor vulnerable con criterios de renta y con
atenuaciones en función de número de familiares, que existan menores, que
existan dependientes en esa familia... En definitiva, que el bono social
le llegue a quien le tiene que llegar y que no pase lo que está
sucediendo en la actualidad; que esas ayudas también sean progresivas y
justas atendiendo a las particularidades de cada caso, y también la
diferenciación -lo introduce Ciudadanos en esta propuesta que le ha hecho
llegar al ministerio- entre lo que es consumidor vulnerable extremo y lo
que es consumidor vulnerable, porque tienen tipos de ayudas totalmente
diferentes. El bono social no tiene que ser igual, tiene que ser
diferente en función de los consumidores y de las necesidades. Por eso
hemos propuesto que haya distintos porcentajes de ayudas, como el señor
ministro también comentó en su exposición, y sobre todo una cosa muy
importante y que parece que nos estamos saltando: que se comunique a
partir del primer impago al ciudadano, al afectado, hará que toda la
Administración funcione de una manera más ágil, porque si es un ciudadano
que no ha sido detectado por los servicios sociales, con esta primera
carta de impago acudirá directamente a los servicios sociales y podrá
poner en alerta su caso en el supuesto de que sea beneficiario del bono
social.
Me permitirán que hable de eficiencia. Hablo de eficiencia porque no solo
se trata de tomar medidas urgentes sino de buscar la senda para reducir
el número de personas que necesitan esa ayuda, porque podrán salir
adelante. La eficiencia energética tendrá un papel muy importante no solo
en la transición sino también en la ayuda a los consumidores vulnerables.
Al final, señorías, lo que pretende este real decreto, y lo que esperamos
que también diga el reglamento, aparte de contar con el consenso de las
fuerzas políticas, es que el bono social finalmente llegue a quien lo
necesite porque hoy en día, como bien saben, hay personas que no lo
necesitan y se acogen a él; que los criterios obedezcan a las tipologías
de familia; que exista más información y más transparencia en el sector y
también en bono social.
Han hablado de llegar tarde, otros llegan muy temprano; nosotros,
Ciudadanos, acabamos de llegar pero el problema no es llegar tarde o
llegar temprano, el problema es no llegar; el problema es sentarse y no
hacer nada; el problema es quejarse sin ser proactivo y acabar siendo
anodino. Ese es el problema que podemos tener en este hemiciclo.
(Aplausos). Tomando medidas urgentes como estas por supuesto que vamos a
estar para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, pero lo que
pedimos realmente es que se establezca una planificación, porque no solo
se trata de paliar lo que está pasando ya sino también de prevenir que no
siga pasando en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio
Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de comenzar mi intervención quisiera hacer un
reconocimiento a todas las entidades y organizaciones sociales que
pusieron en el tablero político la pobreza energética. Con todas ellas el
Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado y a todas ellas queremos
agradecer su implicación y su tesón. Quisiera destacar el trabajo
realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, que con un
enorme esfuerzo ha puesto números y caras a este fenómeno surgido durante
la crisis económica. También a las asociaciones de consumidores y
usuarios, a los sindicatos, a la Plataforma por un nuevo modelo
energético y a todas las entidades que están dentro de ella, a la
Fundación renovables y a otras muchas entidades que han pasado por
nuestro grupo y con quienes hemos diseñado nuestras propuestas. Durante
estos años hemos presentado distintas iniciativas en el Congreso y hemos
trabajado desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y comunidades
autónomas gobernadas por los socialistas para atender a las familias que
están pasando por esta penuria. También hemos apoyado y participado en
las movilizaciones sociales en la calle junto con la sociedad civil que
se manifestaba contra esta injusticia. Lo que nunca haremos, es cierto,
será pelear por una pancarta pudiendo, como diputados, cambiar las
normas.
La primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una
proposición de ley de protección de consumidores vulnerables y contra la
pobreza energética fue en abril de 2014, hace tres años.
Desgraciadamente, esa iniciativa fue votada en contra por la mayoría del
Partido Popular porque simplemente no estaba entre sus prioridades. Sin
embargo, sí lo estaba hacer una contrarreforma del sector eléctrico, la
de 2013, que ha ahondado en la debilidad del sistema, en el aumento de
los costes para consumidores y empresas y en el aumento de la inseguridad
jurídica para los inversores. El Gobierno tuvo la oportunidad en aquel
momento de incorporar el artículo 52.j) que blinda a las familias
vulnerables frente a los cortes de luz, pero no lo hizo. Y pudo haber
desarrollado el reglamento que especifica quiénes son las familias
vulnerables, pero simplemente no estaba entre sus prioridades. Pero las
cosas han cambiado; han cambiado y mucho. La necesidad de diálogo ha
abierto las puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda a que
nuestras decisiones políticas mejoren su vida.
El real decreto-ley que hoy debatimos modifica la forma de financiación
del bono social que, como todos sabemos, es una medida para la reducción
de la tarifa eléctrica en una serie de supuestos. Este bono social ha
estado financiado por las cinco grandes compañías eléctricas de
comercialización de este país, pero una sentencia del Supremo establece
que el modo de financiación es discriminatorio. Por tanto, el Gobierno ha
decidido que se extienda la financiación a todas las comercializadoras
para evitar esa discriminación. El Grupo Socialista hubiera preferido que
la financiación se hubiese extendido a todas las actividades del sector
por una cuestión de seguridad jurídica y de reequilibrio en la
corresponsabilidad frente a la pobreza energética; esto es la actividad
parlamentaria. Para el Grupo Socialista, a pesar de que no se han
cumplido exactamente sus expectativas, la prioridad han sido la
prohibición de los cortes de luz y la redefinición de cuáles son las
familias que deben percibir el bono social. Ambas cosas serán posibles
gracias a las modificaciones propuestas por el Grupo Socialista y que
están incorporadas en este real decreto-ley. A pesar de que estas son las
prioridades, también estamos preparando una propuesta reglamentaria para
proteger a las comercializadoras más pequeñas que se incorporan ahora a
la financiación del bono social. Esta propuesta pretende que el pequeño
espacio que existe para la competencia en el sector eléctrico -estamos
hablando de entre un 4 y un 6 %- no se vea perjudicado con esta medida.
Señorías, ante el grave problema de la pobreza energética existen
diferentes posicionamientos: uno, mirar para otro lado, que es lo que el
Gobierno quiso hacer en un principio, defendiendo que no tenía
competencia para legislar en esta materia; dos, plantear una solución de
coyuntura como las que se han puesto en marcha desde los niveles local y
autonómico; tres, oponerse a dar soluciones simplemente porque las
proponen otros grupos parlamentarios, o cuatro, adoptar medidas
estructurales que remedien definitivamente las situaciones dramáticas que
provocan la pobreza energética, medidas estructurales que se solucionan
con legislación. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, es nuestra
función y es nuestra obligación.
El real decreto-ley que estamos debatiendo incorporará en la Ley del
Sector Eléctrico la prohibición expresa de cortar la luz a las familias
en situación de pobreza. Y sí, señorías, desde el Grupo Parlamentario
Socialista nos sentimos satisfechos por haberlo conseguido; en la
negociación parlamentaria, claro, pero es un objetivo de enorme calado
social. Tiene mucha importancia para nosotros como socialdemócratas
conseguir atacar la pobreza desde todos los ámbitos sectoriales posibles,
e incorporar este artículo en la Ley del Sector Eléctrico es un avance
importantísimo en la lucha contra la desigualdad y un hito legislativo.
Por eso y para eso al menos nosotros estamos sentados en esta bancada.
A partir de ahora seguiremos trabajando con las comunidades autónomas en
la definición de ese reglamento que tendremos disponible en esta semana
para entregar al ministerio, porque lo que pretendemos es que este
reglamento se apruebe cuanto antes y que permita tener un procedimiento
lo más eficaz posible para que nunca más vuelva a ocurrir un caso como el
de la fallecida en Reus. Por cierto, estaría bien que no se hiciese un
uso torticero de este caso. Sabemos todos, o al menos deberíamos saberlo,
que aún no se ha definido cuál es el perfil de los hogares vulnerables,
que se hará en el desarrollo reglamentario al que estamos todos
convocados a participar; por lo tanto, no podemos hacer extrapolaciones
injustas. Agradecemos al Gobierno que favorezca la participación de todos
los grupos en el diseño y elaboración de estos reglamentos ya que todos
compartimos el diagnóstico de que el bono social no ha funcionado
correctamente, porque no ha llegado a quienes realmente lo necesitaban.
Tenemos, por tanto, la oportunidad de hacer nuestras propuestas para que
las medidas de lucha contra la pobreza energética funcionen y no vuelva a
ocurrir lo que ocurrió en Reus, a pesar de que sí había legislación
autonómica al respecto.
Señorías, este real decreto-ley evitará la interrupción del suministro a
familias vulnerables y además permitirá que accedan a un precio de la
electricidad en función de sus ingresos y no del mercado. Con
esta modificación se da un paso más para asegurar el derecho a unas
necesidades básicas de la ciudadanía, entre las que contemplamos, sin
duda, las necesidades básicas en el hogar. Es un importante paso hacia
una política integral de lucha contra la desigualdad. En aquellas
propuestas encaminadas a esa lucha integral contra la desigualdad
estaremos los socialistas, lo proponga quien lo proponga.
Señorías, y sobre todo señores diputados de Unidos Podemos, si ustedes
hubieran sido los promotores de esta iniciativa o quienes hubiesen
logrado ese acuerdo, sepan que el Grupo Socialista hubiese votado a
favor. Los socialistas nunca estaremos en contra de avanzar en el sistema
de bienestar por intereses partidistas. No sé si ustedes pueden decir lo
mismo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Este real decreto es una medida que no está pensada solamente para esta
legislatura ni para las próximas elecciones; es una medida que refleja
claramente la decisión de la mayoría de esta Cámara, de la amplísima
mayoría, en defensa de los consumidores vulnerables. Es una medida que
está garantizando ese derecho a las próximas generaciones porque todos
sabemos que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 10 % de
personas que tiene dificultades para abonar las facturas vinculadas al
hogar. Por eso queremos consolidar ese descuento del 25 % en la factura
para aquellas personas que tengan pensiones mínimas, para todas aquellas
familias u hogares con todos sus miembros en paro -aun teniendo en cuenta
que desde 2011 esa cifra se ha reducido en 500.000 hogares, pero aún así
creemos que es muy importante- y también para las familias numerosas. Por
tanto, esto pertenece al bloque de política social que este partido, el
Partido Popular, ha venido impulsando durante la pasada legislatura y en
esta y que permite que casi catorce millones de personas tengan un
ingreso dependiente de la Administración General del Estado gracias a la
solidaridad de los otros treinta y dos millones de españoles.
Señorías, las leyes que se aprueban en esta casa definen quiénes somos los
españoles, cómo nos comportamos y qué queremos ser. Por tanto, me parece
que hoy es un día feliz, es un día en el que esta Cámara responde a un
problema grave intentando buscar el acuerdo del mayor número posible de
grupos parlamentarios. Yo estudié y fui representante de alumnos en un
instituto público en Las Palmas de Gran Canaria, el Pérez Galdós, y
también en la Universidad de Las Palmas y, por tanto, sé lo que significa
protestar, denunciar. Yo sé lo que significa el activismo estudiantil, lo
conozco, porque impulsa en gran medida la acción política... Se ve que al
señor Iglesias le parece curioso que un diputado del Partido Popular
pueda estudiar en una escuela pública y encima ser representante de
alumnos. (Risas y aplausos). Bienvenido a la realidad, señor Iglesias,
bienvenido. Pues bien, quiero decirles a los que van a votar en contra
que ya están ustedes en este lado de la mesa, que la política es
presentar respuestas, no hacer preguntas. La política es presentar
propuestas, es trabajar codo con codo junto a otros, es escuchar, es
equivocarse, es arriesgarse, es tomar decisiones. Eso es la política.
Hace poco el padre constitucional Pérez Llorca decía refiriéndose a la
Transición -y lo leo y lo llevo a esta situación actual- que hemos estado
de acuerdo en llegar a un acuerdo y los acuerdos no son automáticos, se
intentan, se vuelven a intentar y al final se consigue el éxito, y hoy
por fin vamos a aprobar el texto. Fíjense si hay voluntad de acuerdo que
la competencia reglamentaria es exclusiva del Gobierno. El señor Nadal,
el ministro, ha invitado -y lo saben todos- a participar a todos los
grupos en el proceso reglamentario, algo absolutamente novedoso en la
historia política de nuestro país.
Ahora vamos a ir a los 'hay que', porque hay mucho hay que hacer, hay que
hacer mucho, pero propuestas y papeles todavía no se han visto ni en el
Gobierno ni por parte de este grupo parlamentario. Esos tres reglamentos
que ha presentado exhaustivamente el ministro hacen referencia a varias
cuestiones. Primero, esa defensa del consumidor vulnerable y la nueva
tipología -el consumidor con vulnerabilidad severa- y aventura que la
factura de esas personas será pagada al 50 % por el sistema eléctrico -y
miro al portavoz de Podemos- y el otro 50 % por las comunidades
autónomas, en un respeto competencial exquisito y también buscando el
compromiso de los actores autonómicos. Creo que eso es relevante. En
segundo lugar, hay un reglamento -creo que han aludido a ello el señor
Capdevilla o el señor Vendrell o los dos- que trata de mejorar el
conocimiento que tiene el consumidor sobre la factura, sobre los precios
y sobre los contratos, lo que, unido a la puesta en marcha del nuevo
contador electrónico, empoderará a los consumidores para poder elegir
cuándo y qué cantidad de energía quieren consumir. Esto, evidentemente,
traerá consigo una reducción de precios y una demanda mucho más
eficiente.
En tercer lugar, todo lo relacionado con el procedimiento de corte, que se
eleva hasta cuatro meses. Quiero decirle al señor Vendrell que no es
momento de traer aquí situaciones dramáticas como la ocurrida
recientemente en Reus. Yo no soy partidario de hacer esto en política
aunque creo que es importante señalarlo -y el señor Vendrell estaba
sentado en la mesa con el resto de portavoces de energía cuando se trató
de este asunto con el ministro- y sabe perfectamente, señor Vendrell, que
con el actual reglamento aprobado esa situación no se hubiese producido.
Y no se hubiese producido porque usted sabe, señor Vendrell -estaba
sentado en la mesa conmigo y con el ministro cuando se explicaron los
reglamentos-, que, una vez que se produzca el impago, la compañía en un
procedimiento de alerta temprana tiene que notificar a los servicios
sociales esa situación y a raíz de esa notificación durante cuatro meses
identificar en qué clase de vulnerabilidad se encontraba esta persona o
las personas que se encuentren en esa situación. Por tanto, podemos
afirmar con rotundidad que hoy aprobamos una medida que garantiza que en
ningún caso en España ninguna persona va a tener un corte de luz por
motivos relacionados con la incapacidad para poder hacer frente a las
facturas.
Se ha hecho referencia también de las pequeñas comercializadoras. El 80 %
de la energía la despachan las grandes compañías, pero tienen el 94 % de
los clientes. Si hacemos caso de lo que usted dice, libramos una cantidad
muy importante de dinero a estas compañías y se la trasladamos a las
pequeñas comercializadoras.
Han hablado de eficiencia energética. Este es el Gobierno que ha puesto en
marcha el Fondo nacional de eficiencia energética, con 260 millones, que
aportan todas y cada una de las compañías sin excepciones -miro a mis
compañeros del PSOE-, sin excepciones. Es una apuesta decidida por
mejorar la edificabilidad y, por tanto, reducir el consumo energético de
las familias.
Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos del PVPC el margen de las
empresas lo establece el Gobierno mediante un reglamento y por ese motivo
son esas compañías las que tienen la responsabilidad del bono social. En
definitiva, este es un asunto de interés general, que exige que
entendamos el triángulo cuando hablamos de energía, el triángulo político
que debe definir la actuación en esta materia en esta casa:
sostenibilidad económica y evitar las situaciones de déficit que hemos
vivido recientemente, sostenibilidad medioambiental y garantía de
suministro veinticuatro horas, siete días a la semana, si queremos que la
energía se convierta en la palanca transformadora que garantice el
crecimiento, la riqueza y, por tanto, la generación de empleo.
He escuchado a alguna fuerza política hablar de la necesidad de hacer más
competitiva la economía, los mismos que plantean que no exista
competencia en el mercado eléctrico y que sea la Administración General
del Estado la que fije el precio. Es realmente curioso. Eso es porque no
conocen lo que decía Benjamin Franklin sobre que no existe ninguna nación
que por culpa del comercio se haya arruinado. Sí existen las que por
culpa de no tener comercio se han arruinado o están en la ruina, y
ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo.
Es evidente que la sostenibilidad medioambiental es una prioridad del
Gobierno y por ese motivo el próximo mes de marzo, como ustedes
conocieron en la reunión con el ministro, se va a impulsar una nueva
subasta de energía renovable de 3.000 megavatios, que unido al 17,3 % que
existe en el sistema energético español nos hace estar en la punta de
lanza del sistema energético renovable en toda Europa.
Señorías, la seguridad de suministro veinticuatro horas, siete días a la
semana no es gratis, no se puede hacer depender de una sola tecnología y
exige evitar los prejuicios y no politizar las tecnologías. En
definitiva, señorías, para ese pacto con el que todos estamos de acuerdo
-la energía es una materia que exige que todos lleguemos a un acuerdo que
permita que esta política trascienda esta legislatura y llegue a las
siguientes generaciones-, les pido un compromiso mayor con el presente y
con el futuro de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de
expediente 130/000007).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 1/2017, de 20
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo. Para presentarlo tiene la palabra en nombre del Gobierno
el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su
apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, una norma que
profundiza en la protección a los consumidores de productos bancarios. En
concreto, se establece una vía alternativa para facilitar la devolución
de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las
entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo
contenidas en contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca
inmobiliaria. Con esta norma se pretende dar a los consumidores un
instrumento que responda de manera rápida a sus reclamaciones.
Antes de pasar al contenido específico de esta norma, permítanme referirme
al contexto y a los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Como
saben, las llamadas cláusulas suelo se establecen en un umbral mínimo por
debajo del cual no puede situarse el tipo de interés variable. A partir
del año 2009, como consecuencia de las sucesivas bajadas del euríbor, la
activación de ese suelo motivó la proliferación de demandas solicitando
la nulidad de dichas cláusulas. El Tribunal Supremo declaró en mayo de
2013, con ocasión de una acción colectiva, la nulidad de determinadas
cláusulas suelo no porque fueran abusivas per se, sino por la falta de
transparencia material exigible de su contenido. Además, la sentencia
especificó que no producía efecto retroactivo, quedando, por tanto,
excluidos de la compensación los pagos ya efectuados con anterioridad a
la fecha de publicación del fallo judicial. Los criterios que
determinarán si las citadas cláusulas están incluidas en el ámbito de
aplicación de esta norma son los que ha establecido el Tribunal Supremo
en la mencionada sentencia de mayo del año 2013, que define además la
opacidad de las cláusulas. Así, por ejemplo, se consideran opacas las que
aparezcan entre una abrumadora cantidad de datos que no permitan que el
consumidor les preste la suficiente atención, la ausencia de simulaciones
de escenarios o la inexistencia de advertencia previa clara y
comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia
entidad.
Tras esa sentencia, dos tribunales españoles plantearon sendas cuestiones
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la
compatibilidad de la doctrina del Tribunal Supremo y su limitación
temporal con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. Como todos
ustedes conocen, el Tribunal de Justicia Europeo falló el pasado 21 de
diciembre que los efectos restitutorios vinculados a la declaración del
carácter abusivo de una cláusula no se pueden limitar en el tiempo. Por
lo tanto, se aplicarán de forma retroactiva a las reclamaciones que
afecten a pagos realizados con anterioridad a la publicación de la
sentencia del Tribunal Supremo. Por todo ello, el Gobierno, mediante esta
norma que hoy convalidamos, ha establecido un marco extrajudicial para
que los afectados puedan reclamar la devolución del importe de
determinadas cláusulas suelo y todo ello sin tener que recurrir a los
tribunales, en el mínimo tiempo y con el menor coste posible para los
ciudadanos afectados. Además, estamos ante una ley de urgente necesidad,
ya que, según cálculos del Banco de España, la devolución de determinadas
cláusulas suelo puede afectar a alrededor de millón y medio de personas
que, de no establecerse este cauce, podrían haber doblado los litigios
civiles que existen en España colapsando la justicia en nuestro país. En
cualquier caso, el consumidor, como no podía ser de otra manera, sigue
teniendo intacto su derecho a la tutela judicial efectiva ante los
tribunales nacionales.
Señorías, paso ya a detallarles el contenido de este real decretoley. El
principal objetivo de esta norma es establecer un mecanismo de
reclamación alternativo a la interposición de demandas judiciales. Es
voluntario para el consumidor afectado, pero obligatorio para las
entidades de crédito, que deben ponerlo en marcha en el plazo máximo de
un mes. Además, los bancos deben garantizar que este sistema sea conocido
por todos los consumidores que tengan cláusulas suelo en sus contratos.
El procedimiento que hemos articulado es el siguiente. El consumidor
puede dirigir una reclamación a su entidad de crédito que, una vez
recibida, deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a
devolver, incluidas necesariamente las cantidades que correspondan en
concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la
devolución no es procedente, tendrá que comunicar la razón que motiva su
decisión. Una vez recibida la comunicación, el consumidor deberá
manifestar si está de acuerdo con el cálculo. De ser así, la entidad
realizará la devolución del efectivo. El período de tiempo establecido
para todo el proceso es de un máximo de tres meses desde que el
consumidor realiza la reclamación a la banca. Alternativamente, el
consumidor y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas
de la devolución en efectivo como, por ejemplo, la novación de las
condiciones de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del
cliente será de su puño y letra, tras haber sido debidamente informado
del valor económico de la medida alternativa. Como ya he mencionado, el
mecanismo es voluntario para el consumidor, que por supuesto puede decidir
acudir a la vía judicial directamente. Sin embargo, una vez iniciado el
procedimiento y hasta que se haya resuelto, las partes no podrán
ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en
relación con la misma reclamación. Asimismo, se establece la posibilidad
de que en los procedimientos judiciales que ya estuvieran en curso a la
entrada en vigor de esta norma las partes de común acuerdo puedan
solicitar la suspensión del procedimiento para someterse a la reclamación
previa.
Señorías, reitero que uno de los objetivos de esta norma es que tenga el
mínimo coste posible para el consumidor. Por ello, el procedimiento de
reclamación extrajudicial tiene carácter gratuito. Además, se prevé una
reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados
de las novaciones de contratos que puedan resultar de la adopción de
medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo. De la
misma manera, en el caso de que finalmente se llegue a un proceso
judicial, esta norma también regula las costas judiciales para incentivar
acuerdos entre el consumidor y la entidad y que se resuelva de la forma
más adecuada y de buena fe. Por un lado, si el consumidor demanda a la
entidad y, tras rechazar la cantidad a devolver, la sentencia que obtiene
es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en
costas. Por otro lado, si el consumidor acude a la vía judicial
directamente sin usar la reclamación previa y la entidad de crédito se
allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda, la
entidad no será condenada en costas. Este real decreto-ley también
introduce una reforma del impuesto sobre la renta para que en el caso de
devolución de las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo
se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor, una neutralidad
que se extiende a cualquier acuerdo celebrado con las entidades
financieras, ya sea en aplicación de esta norma o no, así como en el caso
de cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales. En este sentido, la
devolución en efectivo, incluidos los intereses indemnizatorios o las
medidas compensatorias pactadas, no se integrarán en la base del IRPF. En
caso de que el consumidor se hubiera deducido esas cuantías en ejercicios
anteriores, la regularización será sin sanción, ni intereses de demora,
ni recargos de ningún tipo. Por último, la norma que hoy convalidamos
habilita al Gobierno para regular el establecimiento de un órgano de
seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas. En él
estarán en todo caso presentes los consumidores y los abogados y deberán
emitir un informe semestral. Su función es velar por que las entidades
cumplan sus obligaciones de información, sobre todo con respecto de las
personas y colectivos vulnerables. Este órgano de seguimiento podrá
proponer las medidas que a su juicio son necesarias para impulsar una
correcta implementación del mecanismo extrajudicial previsto en el real
decreto-ley.
Señorías, concluyo ya. Hoy convalidamos una norma que pretende dar una
respuesta eficaz a los consumidores afectados por determinadas cláusulas
suelo que no fueron comercializadas con adecuada transparencia. Como he
dicho en múltiples ocasiones, en el sistema financiero aún más importante
que el capital es la propia transparencia. Ese fue uno de los principios
que llevó la reforma del sistema financiero que acometimos, gracias a la
cual hoy las entidades españolas pueden hacer frente a esta situación sin
generar ningún tipo de incertidumbre, algo totalmente impensable hace
solo unos años. De hecho, señorías, como ya he dicho en otras ocasiones,
si esta medida de transparencia que aprobamos en el año 2013 la
hubiéramos tenido antes, nos habríamos evitado muchos problemas.
En cualquier caso, me gustaría poner en valor que casi el 80 % de las
familias españolas tienen una vivienda en propiedad, unos diez puntos por
encima de la media europea. Por lo tanto, creo que tenemos un sistema que
funciona, pero que, como todo, podemos perfeccionar. En este sentido, y
como ya he avanzado en mi comparecencia en la Comisión de Economía esta
misma mañana, el Gobierno prepara la aprobación de una ley de crédito
inmobiliario para trasponer la normativa europea. En ella favoreceremos
la información precontractual con especial referencia a las cláusulas y
elementos especialmente sensibles para evitar que se repitan errores en
el futuro.
Por último, señorías, me gustaría agradecer las contribuciones realizadas
por los diferentes grupos que nos han permitido una mejora sustancial del
texto y alcanzar un amplio consenso. Creo que es fundamental que este
decreto-ley se convalide como tal, ya que abrir la posibilidad de
modificaciones hubiera introducido retrasos e importantes dosis de
incertidumbre, y en última instancia habría acabado perjudicando a los
consumidores. Por todo ello, señorías, solicito su apoyo para la
convalidación de este real decreto-ley.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En representación de
dicho grupo, tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señor ministro, señorías, sé
que usted debe conocerlos a la perfección, pero, por si acaso, permítame
leerle dos puntos del artículo 51 de la Constitución española. Dice dicho
artículo, en su punto 1: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de
los consumidores y usuarios, protegiendo -incido sobre esto-, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos". Y, en su punto 2: "Los poderes públicos
promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios,
fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que
puedan afectar a aquéllos, en los términos en que la ley establezca". (El
señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Señor ministro, con todo el respeto, ¿qué parte de esos dos puntos de
dicho artículo no han entendido ustedes cuando decidieron que la mejor
forma de hacer efectiva la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea era este Real Decreto de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo? Y se lo
pregunto porque nos resulta muy llamativo que en todo el real decreto no
se aluda en ningún momento a este artículo de la Constitución española,
cuando precisamente debería ser el artículo que fuera el norte en la
redacción del mismo. Pues no. Ni la más mínima mención. Sorprendente,
¿verdad?
Estoy seguro de que usted me va a contestar que entiende perfectamente el
artículo, que este mecanismo de resolución que se han inventado se ajusta
perfectamente a la letra del mismo. Si esa fuera la respuesta, lo que
sorprendería también es que la mayor parte de las asociaciones de
consumidores, esas mismas que, según el punto 2 del artículo 51 de la
Constitución española deberían haber sido oídas, se hayan posicionado en
contra de este real decreto y de este mecanismo. Se han posicionado en
contra la OCU, Ceaccu, UCA-UCE, Facua o Adicae, pero también sindicatos,
como el de letrados de la Administración de Justicia, los antiguos
secretarios judiciales, que han hecho pública su profunda discrepancia
-entrecomillado- respecto al decreto por no cumplir las garantías
mínimas. Tiene usted el extraño honor de haber conseguido que la mayoría
de las asociaciones de consumidores piensen que este real decreto es puro
humo y que este Gobierno sigue legislando a golpe de reales decretos a
favor del sistema bancario y en contra de la ciudadanía, concretamente de
los afectados por la estafa inmobiliaria que se ha producido en este
país. Como en este país conseguir la unanimidad de casi todo el mundo es
una cosa cada vez más complicada, le doy la enhorabuena. Ha conseguido
que esa unanimidad venga de la mano de sus socios de Gobierno, Ciudadanos
y el Partido Socialista, un apoyo sobre el cual hablaremos más tarde.
Además, ha conseguido usted que todas las asociaciones de consumidores
adviertan a las personas afectadas que no se les ocurra dar ningún paso
sin consultar con un especialista en la materia, porque cualquier
movimiento en falso les puede perjudicar.
En lugar de haberse preocupado por garantizar que el proceso fuera
transparente y gratuito y por que estableciera medidas coercitivas que
obligaran al sistema bancario a devolver el importe cobrado indebidamente
como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo, usted ha
concedido una prórroga violentando hasta el extremo las costuras de
nuestro Estado de derecho, como le explicaré después. Por tanto, le
adelanto ya que el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario
respecto a la convalidación de este real decreto va a ser en contra, pero
no por capricho, sino porque se ha realizado de espaldas a la ciudadanía,
privilegiando nuevamente los intereses del sistema bancario frente a los
afectados por las malas prácticas de este y por una serie de elementos
concretos de este real decreto que le voy a pasar a detallar. Es más,
solicitaremos que la votación del mismo se tramite como proyecto de ley,
para tratar de dar voz a esas reivindicaciones de las asociaciones de
consumidores que ustedes han desoído. En su defecto, si no se aprueba,
trabajaremos con ellas para presentar una proposición de ley que regule
adecuadamente esta materia, porque pensamos que este real decreto no lo
hace.
Vamos a votar en contra por una serie de motivos que le detallo. En primer
lugar, el real decreto vuelve a imponer la asimetría entre consumidores y
sistema bancario en la relación entre ambos. Mientras que para el
consumidor la mera petición al banco tiene consecuencias a partir del 21
de enero, para el banco no tiene ninguna. Frente a esa asimetría, tanto
en poder de negociación como de información por parte del sistema
bancario, el Gobierno no articula ningún mecanismo de supervisión y
arbitraje que garantice que lo que se ofrece por parte del banco al
consumidor estafado para tratar de cerrar un acuerdo se
corresponde efectivamente con lo que le corresponde legalmente. Tanto es
así que podría ocurrir que el banco pudiera volver a estafar al cliente y
no ocurriría absolutamente nada, porque, después de una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su contra, ustedes vuelven a
permitir que sea la banca la que decida quién, cuándo y cuánto cobra por
el uso fraudulento, por el uso y el abuso de las cláusulas nulas.
Mientras que las asociaciones de consumidores reclaman transparencia e
independencia de cara a la fijación de las cantidades, ustedes vuelven a
permitir que la banca se convierta en juez y parte, y rehúyen su
responsabilidad como garante y responsable último de los intereses de los
consumidores. Señor ministro, cualquier mecanismo de devolución que se
establezca en el ámbito público debe mantenerse en el ámbito público como
garantía de los derechos de los consumidores. Como esto no ocurre en el
marco de este real decreto, nos tenemos que oponer al mismo.
En segundo lugar, el real decreto no incluye ningún mecanismo coercitivo
para que los bancos informen a los consumidores que tengan la cláusula
suelo de que la misma es nula y tampoco del importe que les
correspondería cobrar. Es más, ya hay entidades, Caixabank o el Banco
Sabadell, que se han declarado en rebeldía y que han dicho que ninguna de
sus cláusulas -ninguna de ellas- es nula y que, por tanto, este real
decreto entienden que no es de aplicación y no piensan acogerse al mismo,
lo que se convierte, para este caso concreto y para esas cláusulas suelo,
en papel mojado. Sería muy interesante saber qué piensa hacer usted,
señor ministro, frente a esa declaración de rebeldía del sistema
bancario. Fíjese adónde hemos llegado. Ustedes han creado un mecanismo
tan laxo, han sido tan pusilánimes en la propuesta que, en lugar de
regular o de evitar de forma efectiva que la cuestión se judicialice, en
el caso de estos bancos y de los consumidores afectados se les va a
conducir a la judicialización de las mismas, saturando aún más nuestros
juzgados. A ver cómo evitan ahora que los juzgados se colapsen, que los
ciudadanos se vuelvan a sentir desamparados por un Gobierno que dice que
vela por el interés general y al que, sin embargo, le tiembla la mano
cuando tenía todos los elementos a favor para haber limpiado hasta su
propia imagen. Que a nadie se le olvide, señor ministro -y lo sabe usted
perfectamente-, que fueron su ministerio y su Gobierno los que se
posicionaron en contra de la retroactividad total de los efectos de la
nulidad de las cláusulas suelo, presentando un informe y presentándose
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes se apoyaron
sobre la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo de 2013, en la que se
establecía esa curiosa doctrina de que los efectos retroactivos de la
nulidad de una cláusula llegaban hasta donde ustedes querían que
llegaran. Ese día, todas las instituciones del derecho civil desde los
tiempos de Ulpiano se tambalearon, y han tenido que venir desde
Luxemburgo a recordarnos que la nulidad de las cláusulas nulas llega
desde el momento en que se firma esa cláusula. Y, en lugar de tratar de
dar una salida que les devolviera a usted y a su Gobierno un mínimo de
credibilidad, ustedes vuelven a ponerse del lado de la banca.
Lo curioso es que ha tenido que ser un banco, precisamente un banco, señor
ministro -un banco que le recuerdo, como dije en mi última intervención,
que queremos que siga siendo público-, Bankia, el que lance la señal de
que si el sistema bancario quiere lavar su reputación, lo que tiene que
hacer es devolver todo el dinero estafado de una forma ágil e inmediata.
Ellos ahorran en costes de tramitación y de reclamación judicial;
nosotros nos liberamos de los juzgados ocupados con estas materias; y
parece, solo parece, o a mí me lo parece, que Bankia está más preocupada
por el interés general y por la reputación general que su ministerio. Por
lo tanto, por esta cuestión, tampoco vamos a poder votar a favor.
En tercer lugar, creo que usted debería aclararnos mucho mejor qué es lo
que han aprobado realmente con este real decreto, porque no crea ningún
sistema extrajudicial de resolución de conflictos ni ningún mecanismo de
supervisión para que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sea
realmente efectiva. Ustedes han creado -y hago mías las palabras de la
profesora de Derecho Civil, Verónica del Carpio- un sistema extrajudicial
anómalo y sin precedentes, sin tramitación legislativa y con
consecuencias judiciales impuestas sobre las partes. Han creado un
mecanismo extrajudicial que no es automático, que deja fuera del mismo a
personas físicas que no son consumidoras, como los autónomos o las
propias pymes. Ninguno de los dos colectivos aparecen recogidos en este
real decreto. ¿Qué ocurre, ministro, que las hipotecas firmadas por los
autónomos o por las pymes están exentas de la posibilidad de nulidad de
las cláusulas suelo? ¿Qué ocurre, señor Rivera -que no está en la sala-,
que su defensa de los autónomos llega hasta el momento en que se
encuentran con la banca enfrente? ¿A los consumidores les engañaba la
banca y a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, no?
Explíquenoslo, porque no terminamos de entenderlo.
Además, para someterse a este procedimiento no valen las reclamaciones
previas que los ciudadanos hayan podido hacer anteriormente, sino que
tienen que iniciar nuevamente el trámite; hay que empezar
de nuevo. El real decreto, además, marca cuál será el sistema de costas al
que estarán sometidas todas las reclamaciones por vía judicial que se
lleven a cabo a partir del 21 de enero, y una vez que el consumidor entra
voluntariamente en el marco de este mecanismo extrajudicial el banco
puede hacer algo para devolverle el dinero, o no. Da exactamente igual
que lo haga o que no lo haga, porque en última instancia todo va a
depender de la decisión del banco. Es más, una vez que el consumidor
entra en el proceso, no podrá reclamar judicialmente hasta pasados tres
meses de iniciada la reclamación. Creo que se trata de una nueva retahíla
de argumentos que nos impiden votar a favor.
Pero no acaba aquí la cosa -seguimos-: el real decreto suspende el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva para el consumidor, de forma
que si este decide acogerse a este mecanismo, como le decía hace un
momento, aunque no le conteste el banco, no podrá reclamar ante los
tribunales hasta pasados tres meses. Así pues, uno escribe una
comunicación al banco diciéndole: Oiga, por favor, si no es mucha
molestia, ¿me devuelven el dinero que me han robado? Y si el banco no
contesta en el momento o no contesta positivamente, no se puede ir a los
tribunales a pedir dicha tutela judicial efectiva. Fíjese la paradoja, la
parte fuerte del contrato, el banco, obtiene una moratoria en el pago,
puede retrasar el pago hasta tres meses, y a la parte débil del contrato,
el consumidor, se le impone material y temporalmente la imposibilidad de
reclamar judicialmente. Esto hubiera estado bien aplicarlo cuando se
estaban produciendo -y como se siguen produciendo- tantísimos procesos de
lanzamiento y ejecuciones hipotecarias en este país.
Sinceramente, señor ministro, ¿no cree que se les ha ido nuevamente la
mano legislando a favor de la banca? ¿No cree que, si ya hay un banco que
asume que lo que hay que hacer es pagar y pedir perdón, lo que ustedes
están haciendo es proteger al resto del sistema bancario y permitir que
incluso algunos bancos se declaren en rebeldía y les digan directamente a
la cara que esto no va con ellos? ¿De verdad cree que a estas alturas
puede alguien en este país pensar que la banca sigue mereciendo un trato
de favor como el que ustedes les están otorgando con este real decreto?
Fíjese en el CIS y sabrá -sé que lo sabe- lo que piensan los españoles de
sus bancos y, por favor, trate de obrar en consecuencia.
Por último, y como decían los dibujos animados: No se vayan porque todavía
hay más. Aunque usted defienda que este real decreto implementa un
mecanismo extrajudicial voluntario para el consumidor, sin embargo, si el
consumidor no lo sigue, modifica todo el sistema de costas procesales en
vigor para el resto de casos de deuda. Hasta el arbitraje de consumo, que
es voluntario, carece de algún tipo de consecuencias sobre el consumidor,
es una elección que este hace o no. Sin embargo, en el momento en el que
el consumidor entra en el mismo, el proceso se ve afectado por los
procedimientos de costas que ustedes han regulado perfecta y
milimétricamente en el artículo 4 del real decreto, que le animo a que lo
mire si no lo ha estudiado detenidamente.
Voy terminando, señora presidenta. No solo los bancos tienen un
tratamiento fiscal favorable respecto a las costas procesales, sino que
ahora este real decreto directamente les permite evitarlas y, lo que es
más grave aún, incentiva el hecho de que se judicialicen las
reclamaciones de los consumidores. Así que, no, señor ministro, en estas
condiciones nuestro grupo parlamentario no puede votar positivamente este
real decreto. Pero no se preocupe, porque este real decreto va a salir de
aquí convalidado. Termino, señora presidenta.
En unos minutos, la portavoz del Grupo Socialista va a subir a la tribuna,
hará un discurso tan duro, o incluso más, contra este real decreto que el
que he hecho yo; le dirá que esto no puede ser, que es imposible, que es
el fin del mundo, aparentará que se opone al mismo. Y ¡oh, sorpresa!,
cuando llegue el momento se abstendrán para permitir su convalidación.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Montero, tiene que ir
usted acabando.
El señor MONTERO SOLER: Termino, señor presidente. No sabía que era usted
y apelaba a la señora presidenta. (Risas).
Una vez más ustedes jugarán a que son la oposición en los discursos y se
convertirán en la gran coalición en el momento de la votación. ¿Saben
cuál es, señor ministro, la diferencia entre ellos y nosotros? Que
nosotros cuando decimos que no, es que no; lo argumentamos, lo defendemos
y votamos en consecuencia. Y ellos cuando dicen que no, lo argumentan, lo
defienden y, cuando llega el momento de la votación dicen: bueno, vale,
pues me abstengo. Esa es la diferencia, téngala usted en cuenta en el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
En turno de fijación de posiciones intervienen, a continuación, los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Foro fue el primer partido en incluir en 2011 en su programa electoral
-mucho antes que el Parlamento y el Tribunal Europeo- la modificación de
la Ley Hipotecaria, vigente desde 1946, para que, en caso de hipoteca
sobre vivienda habitual, se altere un principio de responsabilidad
universal, recayendo esta solo sobre los bienes hipotecados, con el fin
de aliviar las dificultades derivadas de la crisis. Partiendo de la
sentencia de la justicia europea, la sucesión de mandatos judiciales en
relación con las cláusulas suelo precisaba la adopción de medidas
urgentes para proteger a los consumidores, por lo que reclamamos también
el diligente cumplimiento de las sentencias sin dilaciones leguleyas ni
trucos procedimentales. Con especial decreto-ley el Gobierno cumple con
la obligación de tratar de que aquellas entidades bancarias que han
vendido préstamos hipotecarios con cláusulas suelo, las devuelvan de
forma activa porque entre otros aspectos, como han señalado los jueces,
son abusivas, faltas de transparencia y tampoco se informó adecuadamente
al consumidor. Son ilegales, en definitiva, y por tanto nulas. Estamos
ante un asunto crucial porque se suma a otros escándalos recientes en un
sector que ha recibido en seis años grandes ayudas públicas en torno a
los 61.500 millones de euros. En este caso, no solo está en juego la
rápida devolución a los afectados de los aproximadamente 4.000 millones
de euros que el Banco de España ha estimado como impacto de las cláusulas
suelo, también lo está la credibilidad presente y futura de las
instituciones y empresas financieras y, por supuesto, la de los
responsables políticos que deben velar por el cumplimiento de la ley.
Este conjunto de medidas es toda una guía de buenas prácticas, que tiene
que servir de orientación para que a la avalancha de consumidores
afectados se les devuelva mediante procedimientos ágiles su dinero
indebidamente cobrado y con los intereses correspondientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli
Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, señores diputados, señores
ministros, les confirmo que Unión del Pueblo Navarro votará sí a la
convalidación que este Real Decreto-ley 1/2017, aunque tenemos algunas
dudas sobre si el mecanismo es absolutamente mejorable en el sentido de
dar garantías y seguridad jurídica a los usuarios. Voy a hacer dos
reflexiones antes de finalizar mi brevísima intervención. No he escuchado
todavía a ningún portavoz -y espero que los que después tengan el uso de
la palabra lo hagan- romper una lanza a favor de los profesionales de las
entidades financieras y las entidades de crédito -subdirectores,
directores, asesores, gestores, interventores- que hacen una magnífica
labor de asesoramiento, pese a las tensiones comerciales y a los
objetivos mensuales que tienen en sus oficinas. Por tanto, señores
diputados, ni todos los profesionales engañaron o, mejor dicho, faltaron
a la transparencia ni todos los usuarios que hoy van a acogerse a este
real decreto-ley para restituir las cuantías asociadas a esas cláusulas,
entre comillas, abusivas desconocían esa falta de transparencia.
Insisto, votaremos a favor, señor ministro. Nos parece correcto que
jurídicamente esté incluida esa excepción fiscal en el IRPF para esas
personas -algo que también Unión del Pueblo Navarro ha solicitado en el
Parlamento Foral de Navarra-, para que Unión del Pueblo Navarro se lleve
esa propuesta a su comunidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.
Por fortuna, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su
sentencia de diciembre, que declaraba la nulidad de una cláusula: no se
pueden poner límites a sus efectos y debe considerarse como si nunca
hubiera existido. Una vez más ha tenido que ser Europa la que falle a
favor de los consumidores, poniendo límites a la continuada actuación a
favor de la banca por parte de las autoridades españolas. Y es que no hay
más que leer las conclusiones del abogado de Estado que se han mencionado
antes, y su intervención en contra de los intereses de los consumidores,
en el caso que nos ocupa, para comprobar una vez más que el Gobierno
actúa siempre a favor de la banca. Por fortuna, Europa ha invalidado
interpretaciones como las realizadas por las autoridades españolas que
pretendían limitar los derechos de
los hipotecados en el abono de las cantidades cobradas fraudulentamente.
Como en todo lo que tiene que ver con la actuación de la banca en temas
de hipoteca, el Gobierno va dando pasos a favor de los consumidores
obligado, tarde y a regañadientes cuando no queda otro remedio. Pero
actúa igualmente buscando poner mecanismos para ayudar a la banca a hacer
frente a sus responsabilidades, cuando lo que las entidades deberían
hacer es anular las cláusulas suelo y devolver lo cobrado por estas. El
Gobierno, lejos de establecer esta obligación, da una prórroga de cuatro
meses, deja en manos de las entidades decidir quién tiene derecho a
cobrar el cálculo de las cantidades, la posibilidad de realizar una
propuesta y, si esta no es aceptada por el cliente, es este último, una
vez más, el que tiene que recurrir a los tribunales para defenderse, ya
que quienes deberían hacerlo, es decir, el Gobierno, no tienen interés en
hacerlo. Es, por tanto, este decreto, aunque intenten ponerle un
envoltorio atractivo, el último favor que le hace el Gobierno a la banca
y, desde luego, no va a contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, president.
Mando un saludo al presidente de Adicae.
Señor De Guindos, leído este real decreto sobre las cláusulas suelo, lo
único que me queda por preguntarme es en qué consejo de administración
usted acabará cuando se le acabe ser ministro, porque de dónde viene ya
lo sabemos. La verdad es que ya sabíamos que ustedes son unos maestros
del saqueo de dinero público, pero no sabíamos que también lo son del
dinero privado, del saqueo del dinero de los estafados por las cláusulas
suelo. De verdad, lo hacen ustedes muy pero que muy bien. En fin,
permítame que no analice al detalle este real decreto porque en dos
minutos comprenderán que es difícil, pero le voy a poner un ejemplo muy
concreto. Con este real decreto en la mano las entidades no tendrán que
comunicar a todos los afectados que pueden reclamar su dinero de las
cláusulas suelo. Con poner un aviso en las oficinas o en alguna página
web es suficiente. ¿Usted cree que esto es serio? A miles y miles de
ciudadanos les han estafado con una cláusula ilegal y ustedes están
regalando a la banca la posibilidad de que los estafados no se enteren de
que se la pueden devolver y, si se enteran, la tasación vendrá únicamente
por parte del banco. Pero hay más. Ayer nos enterábamos de que Bankia y
Mare Nostrum iban a devolver íntegras las cláusulas suelo a los clientes
estafados, comunicándoles directamente uno por uno su decisión para -cito
literalmente- ahorrarse largos procesos judiciales.
A uno le saltan las alarmas: dos bancos que van más allá del real decreto
para evitarse procedimientos judiciales. Algo pasa. Lo que pasa es que
son dos bancos propiedad del Estado y ustedes quieren dejárselos limpitos
a sus amiguitos toda vez que los privaticen.
Acabo con dos cosas, señor ministro. Esta es una herramienta inútil,
ineficaz e insatisfactoria, una farsa más. Permítame dirigirme a la
diputada Belén Hoyo, porque hay que tener muy poca vergüenza para acusar
a las fuerzas del cambio de enchufismo y de clientelismo cuando ustedes
robaron el dinero de la cooperación internacional en Valencia. (El señor
Candela Serna termina su intervención en valenciano.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señor ministro, muy brevemente, simplemente para manifestarle que nuestra
formación política va a votar en contra porque entendemos que es un
avance muy modesto. Cargan la iniciativa al consumidor. Entendemos que a
estas alturas de la película la iniciativa la deberían tener, como ha
tenido alguna entidad financiera, las propias entidades financieras. Nos
genera muchas dudas cómo queda regulada la cuestión de las costas.
También este un elemento mejorable, como algún otro. Si al final hubiesen
accedido a que se tramitase como proyecto de ley y hubiésemos podido
presentar enmiendas, quizás nos habríamos planteado una abstención con
tono constructivo, pero esto no va a ser así.
A usted, señor ministro, a todo el Gobierno ausente, pero sobre todo al
Grupo Popular, les debo felicitar porque ustedes son los protagonistas de
la paradoja de la XII Legislatura. ¿Saben cuál es esa paradoja de la XII
Legislatura? (Rumores). Que ustedes seguramente, desde la recuperación de
la democracia, son el Gobierno con menos apoyo parlamentario en su grupo
parlamentario, ciento treinta y cuatro diputados; en
cambio, sus socios parlamentarios -ya no digo de Gobierno-, Ciudadanos y
el Partido Socialista, les están permitiendo legislar a base de real
decreto-ley. Esta es la paradoja. El Gobierno con más minoría gobierna a
base de real decreto-ley. Repasemos, ¿sabe cuántas iniciativas
legislativas han aprobado desde que ustedes son el nuevo Gobierno? Se lo
recuerdo: ocho. ¿Sabe cuántas se han aprobado mediante real decreto-ley?
Se lo recuerdo: ocho. ¿Sabe cuántas de estas no han sido tramitadas como
proyecto de ley? Ocho. Eso se lo deben agradecer a su socio, Ciudadanos,
y a su socio pasivo, el Partido Socialista, porque incluso, como en esta
ocasión, no votando a favor del real decreto-ley van a permitir que no se
tramite como una iniciativa legislativa en esta Cámara para presentar las
correspondientes enmiendas.
En todo caso, alguien se quejaba en la anterior legislatura de que un
Gobierno con mayoría absoluta abusaba del real decreto-ley y ahora les
debo decir que no solo abusan, sino que de momento solo aprueban
iniciativas legislativas mediante real decreto-ley. Eso se lo deben
agradecer a sus socios parlamentarios, Ciudadanos y el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on.
Desde el estallido de la crisis, el sistema financiero ha estado en el
centro del debate económico. Si hay un sector en la economía con la
imagen deteriorada es la banca y no es de extrañar, entre otras cosas,
por el coste de la recapitalización de la banca, las pérdidas
millonarias, la mala gestión, sentencias sobre cláusulas abusivas. Aunque
también tengo que decir que no toda la banca ha tenido el mismo
comportamiento. Kutxabank, que no está entre las cajas intervenidas, es
un ejemplo de que los negocios pueden hacerse de otra manera. Es en este
sector en el que una vez más nos encontramos con que los tribunales,
Supremo y Europeo, consideran que las cláusulas suelo no superan el
control y transparencia material exigible en las cláusulas de los
contratos celebrados con los consumidores. Entendemos que este decreto
trata de encauzar una situación que afecta a una institución clave en la
economía y en nuestra sociedad, como es la concesión de crédito, y que la
solución extrajudicial que en él se desarrolla no es obligatoria y, por
tanto, persiste el derecho de acudir a los tribunales.
No tenemos que olvidarnos de que las entidades de crédito son empresas y
como tales su negocio principal es combinar operaciones crediticias de
activos y pasivos para obtener beneficios, si bien esas operaciones deben
hacerse con un marco regulatorio seguro que proteja al consumidor. Las
cláusulas suelo no son abusivas porque establezcan interés alto, sino
porque no cumplieron con un obligado control de transparencia. El decreto
que hoy se presenta para su convalidación trata de ofrecer una salida
sencilla, rápida y gratuita a los afectados por estas cláusulas, lo cual
valoramos positivamente. (Rumores). Sin embargo, también entendemos que
deja en el aire algunas cuestiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señoría, un momento.
Les ruego silencio, por favor.
Continúe.
La señora SAGASTIZABAL URIZETABARRENETXEA: La norma no especifica cómo
proceder ante casos de cosa juzgada o pactos previos. La banca no tiene
obligación de contactar individualmente con cada cliente con cláusula
suelo y, en el caso de que se reciba la reclamación, la entidad de
crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver, cantidad
que ha de ir desglosada y que ha de incluir las cantidades que
corresponden en concepto de intereses, y no tenemos claro -el decreto
tampoco lo regula- qué tipo de interés se va a utilizar. Pese a todo, y
dado que es un mecanismo extrajudicial con el objetivo de evitar la
saturación judicial y entendiendo que los bancos, ante la posibilidad de
una derrota casi segura en los tribunales, preferirán hacer una buena
oferta a los afectados y no arriesgarse a ir a un juicio en el que
acabarían pagando la indemnización y las costas, y que para los
particulares esta posibilidad también tiene aspectos interesantes a poco
que la oferta de la entidad financiera sea mínimamente atractiva, lo
normal es que los clientes la acepten porque se ahorran el juicio,
cobrarán antes y no se arriesgarán a perder el caso ante los tribunales.
Con todas estas salvedades y matizaciones expresadas, nuestro grupo va a
abstenerse en esta convalidación del real decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la
señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, president.
Si me permite, señor ministro, hoy empezaré por el final y es que,
precisamente ayer, el presidente de Bankia les hizo a ustedes un spoiler
como no habíamos visto con anterioridad. Resulta que al final Bankia les
ha dejado a todos ustedes -al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido
Socialista y a aquellos partidos que darán apoyo a la convalidación de
este real decreto-, además de al resto del sistema bancario, en fuera de
juego poniendo en evidencia a las entidades empecinadas en seguir
cobrando la cláusula suelo y en no reconocer que es una cláusula nula.
Precisamente ellos no han puesto condicionantes o limitaciones para la
devolución, lo que conlleva la restitución íntegra de las cantidades más
los intereses, así como el envío de una comunicación a todos los clientes
afectados para informarles de la apertura del proceso extrajudicial. Por
ello, algunas organizaciones, entre ellas Adicae, organizaciones de
defensa de los consumidores, ya proponen que hagan ustedes extensible a
todas las entidades financieras la anunciada devolución de las cláusulas
suelo, es decir, les están diciendo que permitan tramitar este real
decreto como proyecto de ley para que pueda incorporarse una adicional en
este sentido.
Resulta que no era tan difícil regular un mecanismo extrajudicial para la
devolución de cuantías cobradas abusivamente por las entidades. Señor
ministro, les animamos a hacerlo, tramiten este real decreto como
proyecto de ley. Si puede hacerlo Bankia, ¿por qué no pueden hacerlo el
resto de las entidades bancarias, de los bancos, que en teoría se
encuentran en mejor situación que Bankia? Ustedes han pactado un acuerdo
que ahora, como se ve, es insuficiente, pues favorece de nuevo a los
bancos y deja en la estacada a miles de ciudadanos. Empiezo por decirles
que rectifiquen, que aún estamos a tiempo.
La existencia de este real decreto y, por tanto, su convalidación hoy
aquí, trae causa de la necesidad de garantizar el cumplimiento, por las
entidades bancarias, de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo
que enmendó la plana al Tribunal Supremo -es bueno recordarlo y decirlo-,
pues este decía que una cláusula era nula a partir del momento de la
sentencia y no desde el mismo momento en que era interpuesta dicha
cláusula en un contrato.
En definitiva, haciendo lo que hoy estamos haciendo aquí, permitirán que
les diga que se pliegan de nuevo a los poderosos, a las entidades
financieras. Y es que hoy han perdido, o perderemos todos, una
oportunidad de oro de demostrarnos, de demostrarse, sensibles con la
ciudadanía. Tenían ustedes una posibilidad y no han querido, podían
establecer la obligatoriedad de un procedimiento extrajudicial
-definirlo-, un procedimiento sancionador para quien no cumpla y han
preferido no hacerlo, ya que son complacientes.
Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley el 22 de diciembre
donde se establecía la necesidad de regular un procedimiento que fuera un
mecanismo rápido, universal, colectivo y eficaz que garantizase la
protección de los consumidores, evitando que la carga del proceso
recayera sobre los ciudadanos o los clientes afectados, que exigiese la
preceptividad de informar a cada uno de los clientes afectados de los
derechos que les corresponden, es decir: que existiese una obligación de
la entidad bancaria; que existiese la supervisión de asociaciones de
consumidores y usuarios del proceso de retorno; que se estableciesen
mecanismos de supervisión y, en su caso, un procedimiento sancionador a
aquellas entidades que incumpliesen la aplicación de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y como resultado, nos dejan un
procedimiento que genera bastante dudas y que puede causar inseguridad
jurídica. Ustedes invocan a menudo, la inseguridad jurídica y, después, a
la hora de la verdad, el hecho de que se haga o no ley no quiere decir
que se garantice tal seguridad jurídica.
Existen dudas más que razonables sobre la bondad de este real decreto y,
por tanto, del procedimiento que se regula en el mismo. Por ejemplo, hay
dudas más que razonables sobre la forma en que informará la banca de esta
vía extrajudicial para resolver las reclamaciones. El decreto-ley dice
que es necesario informar -repito- que es necesario informar, no que sea
obligatorio hacerlo personalmente. Entonces, ¿cómo deberemos entender que
la entidad bancaria ha cumplido, colgando un simple cartel en la oficina
bancaria o colgando un banner en la página web de esa entidad bancaria?
Insisto, no existe la obligatoriedad de que la banca se dirija a cada uno
de sus clientes y, por tanto, habrá quien lo haga y habrá quien no lo
haga. ¿Cómo se evitarán los pleitos? ¿Pondrán fin a los litigios? ¿Todos
los bancos cumplirán? Hay bancos que ya de entrada se niegan a admitir
que sus cláusulas suelo no fueran legales, por ejemplo, el Banco de
Sabadell. ¿La solución arbitrada da respuesta a todo? ¿Qué pasa con las
sentencias que han
devenido firmes dictadas con anterioridad a la sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo? ¿Son cosa juzgada, son revisables? La vía propuesta es
similar al supuesto de las preferentes, ¿tiene el ministro, el
ministerio, las estimaciones sobre la proporción de hipotecas con
cláusula suelo? ¿Qué ocurre con las hipotecas canceladas y con aquellas
en las que los bancos llegaron a un acuerdo con el deudor hipotecario?
¿Qué ocurre con los vencimientos anticipados?
De hecho, como conclusión solo podemos pensar que no han tenido en cuenta
para nada a las mismas organizaciones de consumidores cuando, por
ejemplo, definieron, indicaron, sugirieron qué elementos fundamentales
deberían contemplar en un mecanismo eficaz y justo para los consumidores
hipotecarios. Algunas decían: obligación de los bancos de informar a
todos los consumidores, el carácter universal de la solución para todos
los consumidores, sometimiento generalizado de las entidades al sistema.
Este sistema extrajudicial no debería abordar el carácter transparente o
no de las cláusulas suelo. Repito, este sistema extrajudicial no debería
abordar el carácter transparente o no de las cláusulas suelo, pues esa
cuestión queda zanjada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
En estos momentos ya hay entidades bancarias que cuestionan si sus
cláusulas son o no susceptibles de serles aplicado este procedimiento. Al
final, ya ven, su castillo de naipes se ha desmoronado con un solo soplo
del presidente de Bankia, una lección para todos ustedes. Queda claro
que, en definitiva, sí se podía, pero que no han querido.
Votaremos que no a la convalidación del real decreto. (Aplausos).
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta
Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señor presidente, señoras y señores diputados,
antes que nada, déjenme que les diga que algunas cosas que estoy oyendo
aquí claman al cielo. (Rumores). Hay gente que mira los toros desde la
barrera, gente que no ha querido o no ha sabido -yo más bien creo que no
ha querido- negociar, que no es consciente de que hay millones de
personas a las que se les tiene que restituir un derecho y que hay que
hacerlo de modo que no colapse el orden jurisdiccional civil y que
prefieren revolcarse en la demagogia por motivos que ni siquiera merecen
el calificativo de políticos. En todo caso, lo merecen con minúscula
porque estamos ante un asunto muy grave al que por fin se le puede
encontrar una solución. El asunto es muy grave porque constituye un abuso
masivo, lesivo y prolongado en el tiempo sobre millones de personas. Esta
norma viene a corregirlo, bien es cierto que después de todo tipo de
resistencias y de errores en el enfoque jurídico, teniendo que ser
finalmente la justicia europea la que nos empuje a esta solución, lo que
viene a confirmar que, de nuevo, todo aquello que viene de Europa a
España le sienta bien, y en este caso es indudable. (Aplausos).
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contratos de préstamo o
crédito que se garantizan con hipotecas inmobiliarias que tienen un tipo
variable al que se le pone un tope por abajo en su variabilidad. Esto que
ha parecido normal a las entidades financieras -si bien a otros muchos
no-, que más allá de ninguna otra discusión hoy sabemos que es nulo,
nulo, es decir, hoy es nulo, -da igual lo que discutamos, nunca han
existido esas cláusulas- nos obliga, nos empuja, nos impele a restituir
en sus derechos a los afectados para que queden en la misma situación en
la que estarían si todo eso no se hubiera producido. (Rumores). A partir
de ahí, de lo que se trata es de establecer las medidas que permitan esa
restitución y de hacerlo a través de un cauce sencillo, previsible,
voluntario para el consumidor, obligatorio para las entidades y -repito-,
sobre todo, tratando de evitar un incremento de la litigiosidad que sería
fatal para nuestro sistema. Y de eso, por pura responsabilidad política y
ciudadana, había que participar, había que negociarlo, había que intentar
que funcionara del mejor modo posible, de la forma más ágil, más rápida y
que permitiera el cobro en efectivo, si ese es el deseo del afectado, y
por eso hemos entrado en la negociación. En consecuencia, estas etiquetas
que yo he escuchado sobre aquellos que hemos participado y que hemos
conseguido cosas, no las acepto y les devuelvo un par. A quienes solo
saben calificar esto yo les digo que son unos insensatos y unos
irresponsables. (Rumores.-Aplausos).
Ciudadanos presentó -porque a nosotros nos preocupa esto desde que
llegamos al Congreso- una iniciativa que en su día instaba al Gobierno a
adoptar tres medidas. En primer término, a reconocerlo y a reconocer
también la importancia social del problema; en segundo, instábamos al
Gobierno a defender los derechos de los afectados por las cláusulas
abusivas en cuantos procesos judiciales tuvieran audiencia a nivel
nacional y europeo y, a facilitar mecanismos extrajudiciales, que
finalmente ha sido la solución.
Es decir, precisamente -repito- el mecanismo que establece ahora el real
decreto que el Gobierno viene a convalidar. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señoría. Un
momento. Les ruego silencio, por favor, señorías. Les ruego silencio.
Tenemos que escuchar a quien tiene el uso de la palabra, que es
exclusivamente el orador. Muchas gracias.
El señor GIRAUTA VIDAL: Por último, en ese momento también instábamos al
Gobierno a iniciar los trámites urgentes necesarios para la modificación
legislativa española, una modificación que garantizara de forma efectiva
los derechos de los consumidores y usuarios. Esta PNL fue aprobada en la
Comisión de Justicia el día 20 de diciembre de 2016, justo un día antes
-casualidades de la vida- de que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea publicara la tan esperada sentencia que al final nos ha traído
aquí. Debo decir que esto fue previsto por nosotros y pactado con el
Grupo Popular, constituyendo la cláusula número 15 de nuestro pacto de
investidura, en la que se acordó la creación de una autoridad
independiente de protección del consumidor e inversor financiero. Esta
autoridad independiente vendría a unificar y reforzar los servicios de
reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros
-banca, valores y seguros- para recuperar la confianza de los ahorradores
y usuarios, y establecer -esto es muy importante y repito que estaba
previsto, que está previsto pues está vigente en nuestro acuerdo con el
Grupo Popular- contratos tipo de servicios financieros para minoristas
que eviten los fraudes y acaben con el engaño de la letra pequeña. Pues
bien, a pesar de que todo esto que acabo de explicar puede parecer obvio
y pacífico, en un primer momento el real decreto pactado inicialmente por
el Partido Popular y por el Partido Socialista no contemplaba alguna de
las condiciones más elementales en estos extremos. En efecto en un primer
momento el real decreto preveía que el banco pudiese compensar a sus
clientes -cito textualmente- con medidas compensatorias distintas a la
devolución de efectivo. Por otra parte se establecía una obligación
general de comunicación por parte de los bancos a los clientes, pero no
quedaba claro qué procedimiento debía utilizarse para llevar a cabo esa
comunicación. Ese real decreto por tanto que se preparaba era mejorable
en su redacción, y si hubiera quedado así nosotros no lo estaríamos
convalidando. Sin embargo hemos podido negociar cinco condiciones
fundamentales que hacen que vayamos a votar a favor de su convalidación,
las cuales quiero recordar. Primera, el real decreto es potestativo para
los consumidores y obligatorio para las entidades de crédito. Segunda,
los bancos están obligados a proporcionar información previa a todos los
clientes cuyos préstamos contengan o hayan contenido una cláusula suelo.
Tercera, se garantiza la gratuidad del procedimiento y la posibilidad de
acudir a cualquier sucursal -repito, a cualquier sucursal- de la entidad
para solicitarlo. Este punto es muy importante, pues es en la sucursal y
con el delegado de la misma con quien el ciudadano de a pie -que no tiene
por qué saber nada de los entresijos financieros ni de letras pequeñas-
firma, y tiene que ser en el mismo lugar donde vea restituidos sus
derechos y, si puede ser, pedir explicaciones a la misma persona. Cuarta,
el cobro tiene que poder ser siempre en metálico, incluyendo intereses,
sin costo fiscal añadido, todo lo cual debe ser supervisado por un órgano
con representación de abogados y de asociaciones de consumidores. Y la
quinta condición, que ha sido aceptada, es que se prevé la posibilidad de
acudir a las acciones judiciales sin penalización alguna en lo que a
costas se refiere.
Por lo tanto es gracias a lo aportado en la negociación por mi grupo por
lo que el contenido del real decreto protege eficazmente el derecho a la
tutela judicial efectiva de los ciudadanos, prevé un mecanismo rápido y
gratuito al alcance de todos los consumidores, zanja cualquier
posibilidad de nuevos abusos en este sentido, alivia una carga de trabajo
al sistema judicial -que seguramente habría sido insoportable y lo habría
colapsado-, y justifica a mi modo de ver la convalidación de este
decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Girauta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Robles
Fernández.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, el
Grupo Parlamentario Socialista no va a dejar para el final -como han
hecho algunos- indicar cuál es su posición. Va a ser una posición bien
clara, la de abstenerse en este momento de la convalidación, y se va a
abstener por varias razones que vamos a explicar. Lo primero que le
quiero decir al señor ministro es que no es aceptable el aire
triunfalista con el que ha llegado aquí. No lo podemos aceptar en ningún
caso. Ustedes se han visto obligados por una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea a resolver un problema que se
había creado a más de 1.950.000 familias. Se ha dicho aquí que el Tribunal
Supremo español se había quedado corto. Sí, se había quedado corto, pero
han sido jueces españoles los que han planteado una cuestión prejudicial
que ha permitido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya
pronunciado. Ustedes, señores del Gobierno, se han visto obligados a dar
una solución, pero permítanme que les diga que las propuestas que ustedes
inicialmente hicieron eran todas a favor de la banca, para proteger
exclusivamente los derechos de la banca. Ustedes nos pasaron un texto con
un código de buenas prácticas y un protocolo de actuación según el que la
banca podía hacer sencillamente lo que quisiera. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista, como usted sabe, se le dijo que en ningún caso
íbamos a pasar por esos procedimientos que dejaban absolutamente en manos
de la banca cualquier decisión. El Grupo Parlamentario Socialista tiene
un sentido de la responsabilidad y un conocimiento de la realidad, y no
vamos a aceptar a ningún otro grupo que nos dé elecciones de defensa de
los consumidores. Mucho antes de que ustedes se crearan, muchos de los
que estamos en el Grupo Parlamentario Socialista llevábamos años
trabajando en defensa de los consumidores. Y si hemos hecho esa
aportación a esta reclamación extrajudicial lo hemos hecho desde ese
sentido de la responsabilidad. No podíamos dejar a 1.950.000 familias al
albur de lo que ocurriera en un sistema judicial al que ahora me voy a
referir.
Señor ministro, no le puedo aceptar su complacencia, porque hay que decir
claramente que tenemos un sistema hipotecario que cuando menos debería
producir un sonrojo de carácter jurídico. ¿Qué podemos decir cuando los
tribunales españoles y los tribunales europeos declaran nulas las
cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado y ahora la
obligación que se imponía a que fuera el consumidor el que hiciera frente
a los gastos de constitución de la hipoteca? Ustedes en el Gobierno no
han hecho nada. Ahora nos dicen que van a presentar una modificación de
la Ley Hipotecaria, y yo les pregunto, ¿a qué esperan? La directiva es de
febrero de 2014 y el plazo para incorporar al ordenamiento jurídico
español esa directiva era marzo de 2016. ¿Qué están haciendo ustedes?
Es importante que digamos también, porque así lo entenderá todo el mundo,
cómo tienen ustedes, señores del Gobierno, el sistema judicial español.
Tenemos una justicia absolutamente colapsada en la que desde 2014 no
crean ni un juzgado unipersonal. El señor ministro de Justicia estaba y
ha salido, quizá porque tenga algo de vergüenza de la situación en la que
se encuentra la justicia. Hay 1.970.000 asuntos en la jurisdicción civil.
No se crean juzgados. Tenemos una justicia absolutamente colapsada y sin
medios. Ahora a algunos les resulta muy fácil y sencillo decir que las
personas vayan a los tribunales. ¡Qué más le gustaría al Grupo
Parlamentario Socialista que se pudieran resolver las cuestiones que han
planteado el sistema financiero español y el sistema hipotecario con su
pasividad, con ese sonrojo por lo menos jurídico! Desde la
responsabilidad nosotros no podíamos aceptar que las reclamaciones de las
personas que tienen legítimo derecho a que se les devuelva aquello que
indebidamente se creó en la banca con las cláusulas suelo no tuvieran una
respuesta ágil y eficaz, y no solamente son las cláusulas suelo, tenemos
las cláusulas de vencimiento anticipado, sobre las que el tribunal de la
Unión Europea ha vuelto a decir que son abusivas. Como decía antes
también los gastos a los que ustedes estaban obligando, permitiendo que
el sistema hipotecario cayera en manos de los consumidores. Esto es
importante que los ciudadanos lo sepan, porque aquí al Parlamento se
viene a decir las cosas claras, se viene a dar respuesta asumiendo
responsabilidades, conociendo la realidad, no haciendo discursos
teóricos. Ese más de millón y medio de personas que tienen una cláusula
suelo tienen que saber que los tribunales españoles -porque ustedes, el
Gobierno, no les dan medios- están colapsados, que no sabemos cuándo
tendrían una respuesta a sus pretensiones, y que por el camino algunos
pretenderían hacer un negocio extra cobrando a lo mejor los intereses de
aquellas personas que tenían derecho a que se les devolvieran esos
intereses, porque todos sabemos que este decreto-ley que algunos de
ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores resulta que, a
lo mejor, por quien está peor visto es por aquellos que se frotaban las
manos pensando que a lo mejor podían hacer un negocio con las
reclamaciones judiciales. Desde la responsabilidad el Grupo Parlamentario
Socialista tiene que decir a los ciudadanos que tienen cláusulas suelo
que si van a los tribunales a lo mejor les dan respuesta, pero se la
darán dentro de año y medio o de dos años, y resulta que a lo mejor los
intereses se los quedan los que están asumiendo su defensa. Por eso
nosotros entendemos que este decreto-ley -y el procedimiento
extrajudicial que regula- ayuda a resolver ese problema de los
consumidores -y digo bien, los consumidores-, porque aquí se ha
preguntado también por qué no se aplica a todos; sencillamente porque las
sentencias de los tribunales españoles dicen que se aplica a los
consumidores exclusivamente.
Este decreto-ley, gracias al apoyo, gracias a las iniciativas y gracias a
la presión del Grupo Parlamentario Socialista ha establecido un
procedimiento extrajudicial que es voluntario. (Rumores). Esto es muy
importante; a nadie se le obliga a acudir a este procedimiento como
consumidor,...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Robles, un momento, por
favor.
Les ruego silencio, por favor.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: ... sin embargo es obligatorio para los
bancos. Por tanto a aquel que le parezca tan mal y entienda que se
vulneran sus derechos constitucionales que no acuda a este procedimiento.
Ahora bien, este procedimiento es ágil, es gratuito y es voluntario, y de
esta manera vamos a evitar que otros hagan determinados negocios.
Se decía que los bancos iban a evitar las responsabilidades que tienen.
No, los bancos no lo van a poder evitar, porque expresamente se recoge la
obligatoriedad que tienen de informar a los consumidores. Yo les digo
desde ese sentido de la responsabilidad que este decreto-ley y el
procedimiento extrajudicial dan una respuesta muy ágil y con protección
plena de los derechos de los consumidores. Ahora bien, nosotros nos vamos
a abstener, porque tenemos dudas de lo que van a hacer los bancos y de lo
que van a hacer ustedes como Gobierno. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). Por eso yo ya les adelanto que el Grupo Parlamentario
Socialista va a ser absolutamente exigente en el control de lo que vayan
a hacer las entidades bancarias, como va a ser absolutamente exigente en
esa comisión de control que se tiene que crear ya. Señor ministro, no
crea que poniendo una habilitación normativa nos vamos a olvidar de esa
comisión de control. Vamos a exigir que esa comisión de control haga un
seguimiento muy detallado de lo que están haciendo los bancos. Vamos a
pedir y a exigir que den cuenta, por medio de comparecencias, de lo que
están haciendo los bancos y del trabajo de la comisión de control.
De la misma manera vamos a exigir que de una vez por todas se traiga el
texto de la Ley Hipotecaria adaptada a la directiva de 2014. Todas las
asociaciones de jueces están conformes con este decreto, como lo está el
Partido Socialista en una parte. Es necesario, pero es absolutamente
insuficiente. Por tanto no sean ustedes más complacientes con el sistema
hipotecario español, y traigan de una vez por todas la nueva Ley
Hipotecaria. Es absolutamente imprescindible que la transparencia se
eleve a categoría general para que desaparezcan las cláusulas abusivas,
las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado. No duden
los consumidores, que son los que exclusivamente importan al Grupo
Parlamentario Socialista, que haremos un control exhaustivo, de la misma
manera que haremos un control exhaustivo de la Ley 1/2013, de la
moratoria que se ha concedido a aquellas personas que se encuentran en
una situación de especial vulnerabilidad y a las que se les han
suspendido los desahucios.
Por tanto, nos vamos a abstener...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: ... desde la responsabilidad, pero el Grupo
Socialista no acepta que nadie, que ningún grupo le dé lecciones sobre la
defensa que hacemos y que vamos a hacer de los consumidores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer
Tous.
La señora PALMER TOUS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, me gustaría iniciar mi intervención en nombre
del Grupo Parlamentario Popular agradeciendo al Gobierno, así como al
resto de grupos parlamentarios con los que el Gobierno ha negociado, el
importante esfuerzo que han realizado para poder dar solución a un
problema que preocupaba, y mucho, a muchas familias españolas, en
concreto a 1,5 millones de personas, según datos del Banco de España. Son
todas estas personas las que se vieron afectadas por una situación
caracterizada por las denominadas cláusulas suelo, es decir, cláusulas
incluidas en contratos de préstamos garantizados con hipoteca
inmobiliaria a un tipo variable, aunque ese tipo variable tenía un límite
a la baja, tenía un suelo. Estas cláusulas ya en 2013, a raíz de una
sentencia del Tribunal Supremo, se declararon abusivas por su falta de
transparencia e información al consumidor, por su asimetría, cuando
existe una cláusula suelo pero no existe cláusula techo, o por su
desproporción, si se considera que aunque existe cláusula techo esta es
tan lejana que al final es inoperativa. De este modo la sentencia del
Tribunal Supremo
declaraba la nulidad de esas cláusulas opacas y desproporcionadas, si bien
no podía aplicarse con carácter retroactivo, sino solo a partir de la
fecha de la sentencia. Tres años después, el pasado 21 de diciembre, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la restitución de
las cláusulas suelo abusivas debía producirse desde la fecha de la firma
del contrato de la hipoteca, es decir, durante toda la vida de la
hipoteca.
Tras esta última sentencia el Gobierno, con buen tino, decidió tomar las
riendas ante el previsible incremento de reclamaciones por parte de los
consumidores afectados. Del resultado del trabajo realizado, del esfuerzo
que creo que debemos reconocer al Gobierno y a todos aquellos que se han
sentado a negociar con el Gobierno surge este cauce extrajudicial
regulado en el decreto-ley que hoy traemos a esta Cámara. Este
decreto-ley, este cauce extrajudicial tiene como objetivo resolver las
reclamaciones de los consumidores derivadas de las sentencias judiciales
que he mencionado, y hacerlo de una forma rápida, sencilla y gratuita.
(Rumores). Precisamente en esta necesidad de rapidez en la solución, en
esta necesidad de respuesta rápida al consumidor está el motivo de que lo
tramitemos vía decreto-ley y no vía proyecto de ley, como en algún
momento ha comentado el ministro, aunque vale la pena volver a
recordarlo, porque lo han comentado varios portavoces. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
La señora PALMER TOUS: El Gobierno, debo decir que de una forma
extraordinariamente rápida y eficaz, ha tomado la decisión de establecer
este procedimiento extrajudicial, y lo ha hecho con dos objetivos
esenciales. En primer lugar, ayudar a evitar que se colapsen los
juzgados. Pensemos que judicializar el cien por cien de las cláusulas
suelo, solo un millón y medio de demandas nuevas en juzgados, supondría
doblar prácticamente los litigios civiles, y elevaría el tiempo medio de
respuesta de los juzgados de primera instancia de unos nueve meses a
treinta y nueve y pico. Y en segundo lugar -y no por ello menos
importante, sino todo lo contrario-, favorecer la devolución de las
cantidades indebidamente cobradas de una forma rápida -menos de tres
meses-, de una forma eficaz y de una forma gratuita para el cliente,
garantizando así la adecuada protección del consumidor y cumpliendo la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido
es importante subrayar que quien tiene la última palabra es el
consumidor, dado que es él quien decide. Por un lado, si está de acuerdo
con la cantidad ofrecida por la entidad puede negociar el modo de
devolución, bien sea a través de efectivo o bien negociando otro sistema
de compensación distinta de la devolución de la cantidad cobrada
indebidamente, como puede ser una rebaja de las cuotas hipotecarias
pendientes. Por otro lado, en el caso de que no esté de acuerdo con lo
ofrecido por la entidad, siempre, siempre, siempre puede acudir a la vía
judicial para dirimir las diferencias, con lo cual la decisión última
siempre -repito- es del consumidor, y no se limita ninguno de sus
derechos iniciales, lo que considero por cierto bastante relevante, y
algunos se empeñan en negar ese aspecto.
En el caso de acudir al procedimiento judicial el real decreto también es
incentivador para que la entidad financiera resuelva y actúe de forma
correcta y de buena fe. Esto es así porque se ha determinado que se
impone la condena en costas judiciales a la entidad, en el caso de que la
sentencia sea económicamente más favorable que lo que se había ofrecido
inicialmente por parte de la entidad, o bien no tiene que soportar esas
costas en el caso de que se allane antes de la respuesta judicial.
En cuanto al tratamiento fiscal de las cantidades percibidas creo que el
mecanismo diseñado consigue el objetivo de neutralidad fiscal, y además
creo que es ventajoso para el contribuyente. Así, solo en el caso de
devolución en efectivo y solo en el caso de que el cliente se hubiera
deducido las cantidades cobradas por el banco en su declaración de IRPF
por algún concepto, bien sea por deducción en vivienda o por alquiler de
inmueble en propiedad, este deberá regularizar su situación fiscal y lo
hará sin ningún tipo de recargo. En cualquier caso, cuando lo haga
devolverá cantidades que en su momento se ahorró en el pago de impuestos,
que en su momento dejó de pagar, por lo que fiscalmente su situación será
neutra. Cabe destacar que evidentemente solo se deberá hacer esa
regularización para los años no prescritos; es decir, los últimos cuatro.
Asimismo los intereses de demora ligados a las cantidades devueltas por
el banco no están sujetos a tributación, lo que sin duda supone una
ventaja del sistema en términos fiscales.
En suma, con la aprobación del decreto-ley que hoy discutimos el Gobierno
ha pretendido dotar de seguridad jurídica al proceso de reclamaciones,
para que este se lleve a cabo con todas las garantías para el consumidor,
a la vez que aspira a reducir la carga judicial y evitar el colapso
judicial, a través del diseño de un mecanismo extrajudicial que es
rápido, sencillo, ágil y sin coste para el ciudadano, gratuito y
fiscalmente neutral; un ciudadano que además ostenta en todo momento la
capacidad de decisión en
cuanto al procedimiento a seguir. Por otra parte, es un mecanismo
extrajudicial obligatorio para el banco -se ha repetido aquí bastantes
veces- y voluntario para el consumidor. Por tanto, repito, es este quien
tiene la última palabra en cuanto al procedimiento.
Cabe señalar también, porque creo que está muy relacionado con lo que
tratamos ahora, que el Ministerio de Economía -lo ha comentado el señor
ministro- trabaja en un nuevo proyecto de Ley Hipotecaria. (Rumores). El
objetivo de este proyecto de ley es aumentar la transparencia de
cualquier cláusula en un contrato de hipoteca. Se trata de mejorar el
funcionamiento del sistema hipotecario para que la financiación para
adquirir una vivienda siga fluyendo, tal y como se ha hecho
históricamente en España.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Ruego silencio. Un segundo,
señoría.
Silencio, por favor. Adelante.
La señora PALMER TOUS: La idea es conseguir que los clientes bancarios
tengan claras desde el primer momento todas las características de la
hipoteca. Se establecerán todos los requisitos para asegurar que así sea,
que el consumidor conoce todos los aspectos que le pueden afectar. ¿Qué
se pretende con ello? Evidentemente que no vuelvan a producirse
situaciones como las que hemos vivido con las cláusulas suelo.
En suma, y para acabar, señorías, la necesidad de establecer un marco para
atender una doble decisión judicial que afecta a 1,5 millones de
españoles ha sido asumida por el Gobierno del Partido Popular, dándole
una respuesta sencilla a pesar de la complejidad del objetivo. Son como
digo 1,5 millones de españoles, con 1,5 millones de hipotecas y 1,5
millones de cláusulas. No era por tanto un objetivo nada sencillo. No era
posible, como he oído aquí y defienden algunos, una resolución automática
y generalizada tras las sentencias judiciales, porque cada caso es
particular y debe ser tratado individualmente. Repito, no era fácil, pero
el Gobierno asumió la necesidad de hallar una solución, y con esta
intención en mente el Gobierno contactó, negoció y pactó una solución, la
que hoy traemos. Por tanto este decreto-ley es fruto del diálogo, la
negociación y el acuerdo, una línea de acción que caracteriza lo que el
Gobierno de Mariano Rajoy pretende que sea la forma de trabajar de esta
legislatura.
Los que no quisieron participar en esta solución -porque eso es lo que es,
una solución- deben reflexionar sobre cuál es su motivación. La
protección del consumidor es un objetivo fundamental en la política de
este Gobierno, y así lo ha reflejado sin duda en este asunto. Mientras el
Ejecutivo de Mariano Rajoy está centrado en dar solución a los problemas
reales de los españoles, otros están en la crítica y el reproche
continuos o metidos en sus propios conflictos internos, conflictos que en
nada benefician a la sociedad ni suponen aportación alguna en la mejora
de vida de los ciudadanos españoles. Este Gobierno, el del Partido
Popular, sí está en ello y lo estamos demostrando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, antes de iniciar las votaciones quisiera decirles que, como sus
señorías conocen, este fin de semana ha fallecido la que fuera nuestra
compañera diputada durante dos legislaturas y primera alcaldesa de
nuestra democracia, Pilar del Pulgar. Creo que recojo el sentir de todos
si traslado a sus familiares en nombre de la Cámara nuestro más sentido
pésame, y le rendimos desde aquí nuestro homenaje en reconocimiento a su
trayectoria en la política española.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 6/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL
IMPULSO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente
130/000005).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre,
de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más
3 votos telemáticos, 339; a favor, 243 más 2 votos telemáticos, 245; en
contra, 1 voto telemático; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).
Por haber sido solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia procedemos a su
votación. (Rumores). Señorías, les ruego silencio, si no tendré que parar
la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más
3 votos telemáticos, 341; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en
contra, 242 más 2 votos telemáticos, 244; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley
por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 7/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL
MECANISMO DE FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de
expediente 130/000006).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley
7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de
financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor
vulnerable de energía eléctrica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más
3 votos telemáticos, 340; a favor, 245 más 3 votos telemáticos, 248; en
contra, 77; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado que este real decreto-ley sea tramitado como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia. Pasamos a votarlo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más
3 votos telemáticos, 342; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en
contra, 246 más 2 votos telemáticos, 248; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada su tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de
expediente 130/000007).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley
1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más
3 votos telemáticos, 342; a favor, 164 más 2 votos telemáticos, 166; en
contra, 88; abstenciones, 87 más 1 voto telemático, 88.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más
3 votos telemáticos, 342; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en
contra, 245 más 1 voto telemático, 246; abstenciones, 6 más 1 voto
telemático, 7.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Al ser una sesión extraordinaria, se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.
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