DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 22/03/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 41
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 39
celebrada el miércoles,
22 de marzo de 2017
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro del Interior sobre sus
políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y
ciclomotores. (Número de expediente 172/000031) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el
Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de
gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los
servicios de agua y saneamiento. (Número de expediente 172/000034) ... (Página33)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el
presidente del Gobierno el anuncio del desarme de ETA? (Número de
expediente 180/000193) ... (Página5)
Del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
presidente del Gobierno: ¿Qué funciones cumple a su juicio el veto
presupuestario? (Número de expediente 180/000191) ... (Página6)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene pensado el Gobierno
incluir en los presupuestos de 2017 financiación para cumplir los
objetivos del corredor mediterráneo? (Número de expediente 180/000192)
... (Página7)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera
razonable el Gobierno que el ministro de Justicia utilice las sentencias
judiciales para cuestionar los derechos fundamentales? (Número de
expediente 180/000185) ... (Página9)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, en sustitución del diputado
don Antonio Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula
a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales: ¿Cómo piensa el Gobierno cumplir
con el punto número dos del Acuerdo de Investidura firmado con Ciudadanos
a fin de reducir el gasto público en 1.000 millones de euros? (Número de
expediente 180/000181) ... (Página10)
Del diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Hacienda y Función
Pública: ¿Considera el Gobierno que la Administración General del Estado
en Euskadi garantiza el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los
vascoparlantes? (Número de expediente 180/000178) ... (Página11)
Del diputado don Pablo Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué medidas
piensa llevar a cabo el Gobierno para reducir el crecimiento de la
siniestralidad en nuestras carreteras? (Número de expediente 180/000186)
... (Página13)
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro del Interior: ¿Cumplirá antes su Gobierno la indicación de la
Comisión Europea (CE) de alargar los tiempos de detención en los Centros
de Internamiento de Extranjeros (CIE) que la cuota de acogida a personas
refugiadas a la que se comprometió hace ya más de año y medio? (Número de
expediente 180/000190) ... (Página14)
Del diputado don Joan Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, que formula al Gobierno: ¿Piensa continuar aplicando la
disposición adicional 38 de la LOMCE, que prevé una ayuda de 6.000 euros
a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en una escuela
privada? (Número de expediente 180/000177) ... (Página16)
De la diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Cómo valora el Gobierno la reciente sentencia del
Tribunal Supremo que avala el diseño de la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales? (Número de expediente 180/000183) ... (Página17)
Del diputado don Ricardo Cortés Lastra, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Cómo valora el Gobierno el aumento de la emigración española?
(Número de expediente 180/000187) ... (Página18)
Del diputado don Miguel Ángel Bustamente Martín, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la
señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Considera el Gobierno
necesario tomar alguna medida para proteger a los trabajadores y a las
trabajadoras ante la acción de los conocidos como "fondos buitres" en el
tejido empresarial español? (Número de expediente 180/000176) ... (Página19)
Del diputado don Javier Calvente Gallego, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la
actuación supervisora de la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), para el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria? (Número de
expediente 180/000182) ... (Página21)
De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía, Industria y
Competitividad: ¿Tiene intención el Gobierno de promover la incorporación
de España en el sistema europeo de patente unitaria? (Número de
expediente 180/000188) ... (Página22)
Del diputado don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro de Economía, Industria y Competitividad: ¿Qué piensa hacer el
Gobierno ante las malas prácticas de la banca española? (Número de
expediente 180/000179) ... (Página23)
De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, en sustitución del diputado don
Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a
la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Considera
el Gobierno que su política ha significado un avance en la igualdad
efectiva de mujeres y hombres? (Número de expediente 180/000184) ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro del Interior sobre sus
políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y
ciclomotores ... (Página26)
Formula la interpelación urgente la señora Rivera Andrés, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido
Álvarez).
Replica la señora Rivera Andrés y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el
Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de
gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los
servicios de agua y saneamiento ... (Página33)
Formula la interpelación urgente el señor Arrojo Agudo, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Arrojo Agudo y duplica la señora ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Se levanta la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL ANUNCIO DEL DESARME DE ETA? (Número de
expediente 180/000193).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las preguntas dirigidas al señor
presidente del Gobierno, conforme al orden remitido.
Pregunta dirigida al presidente por el diputado don Antonio Hernando Vera,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, le pido su valoración sobre el anuncio de
ETA de su desarme, pero ya le adelanto la nuestra. Consideramos que ETA
ha querido recuperar protagonismo a través de este anuncio de entrega de
las armas, exigiéndoles al Estado español y al Estado francés que no
obstaculicen ese proceso. No se trata de un comunicado sobre la
disolución de la banda terrorista, sino más bien de un acto de propaganda
de aquellos que no han asumido su derrota, de aquellos que no han tenido
el gesto, que no han tenido el coraje de arrepentirse de las muertes que
han causado ni tan siquiera la humanidad de pedir perdón a las víctimas.
Basta con escuchar a un portavoz que en estos días ha dicho que se trata
de un acto de soberanía popular y de desobediencia. Ante esa actitud y
ese anuncio, el Grupo Socialista quiere decir que ETA no podrá
reivindicarse, que el problema no son las armas; el problema más que las
armas fueron las manos que las empuñaron y las mentes que decidieron
utilizarlas contra otros seres humanos que no pensaban como ellos con
intención de subyugarles.
Es al Gobierno y al Congreso de los Diputados a quienes corresponde
conducir esta situación desde el criterio y el compromiso de la unidad y
de la lealtad. El 20 de junio de 2011, después de que ETA anunciase el
cese de su actividad armada, el presidente Rodríguez Zapatero dejó unas
palabras para la historia. Dijo: La nuestra será una democracia sin
terrorismo, pero nunca una democracia sin memoria. La memoria de las
víctimas y de sus familias, de los 829 asesinados, de los extorsionados y
de los heridos, siempre estará con nosotros y acompañará nuestra
historia. Es la memoria que tenemos que trasladar a las generaciones
futuras para que sepan que el conjunto de la sociedad española primero
resistió el terror para definitivamente vencerlo. Ha sido la victoria de
la libertad, del Estado de derecho, de la democracia, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de la cooperación internacional y, en
definitiva, de todos nosotros. Por eso, señor presidente, ante tanto
terror y tanto sufrimiento tan inútil, qué triunfo tan importante el de
nuestra democracia, el de todos nosotros.
Gracias. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Hernando, coincido con sus afirmaciones y suscribo el cien por cien
de sus palabras.
La postura del Gobierno respecto a la organización terrorista ETA -que es
por lo que me pregunta- no ha variado; es la misma desde el 21 de
diciembre del año 2011, cuando asumí la responsabilidad de la Presidencia
del Gobierno, y lo era antes de llegar a ella. Es la misma que la del
Gobierno francés, que, como recordaba en un comunicado su Ministerio del
Interior la semana pasada, el último sábado, tampoco ha variado. Se
resume en los siguientes puntos: ETA es una organización terrorista y no
se negocia con terroristas; ETA no conseguirá ningún beneficio político,
de la misma forma que no ha conseguido ningún beneficio político por
dejar de matar; si ETA quiere desarmarse, que lo haga, nos parece bien;
que lo haga ya y sin más dilaciones. Hasta ahora el único desarme de ETA
es el que han llevado a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles
y franceses. La mejor forma de hacerlo es que ETA diga dónde están las
armas, sin alterar su emplazamiento ni su contenido y sin ningún tipo de
negociación. A partir de ahí, lo que la inmensa mayoría de los españoles
deseamos y esperamos es su disolución como organización terrorista, la
plena deslegitimación de los terroristas y de sus ideas y cerrar
definitivamente una etapa que solo ha traído muerte y mucho sufrimiento.
Por último, y como siempre, quiero terminar esta intervención recordando a
las víctimas del terrorismo, quienes más han sufrido a ETA. No las vamos
a olvidar nunca.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
- DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE A SU JUICIO EL VETO
PRESUPUESTARIO? (Número de expediente 180/000191).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor presidente del
Gobierno, del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
Con su permiso, yo sí quiero hacer una pregunta al presidente del Gobierno
aprovechando la sesión de control. ¿Qué función cumple a su juicio el
veto presupuestario?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
Iglesias.
Lo que usted llama veto presupuestario no es más que el ejercicio de una
facultad constitucional atribuida al Gobierno por el artículo 134.6 de la
Constitución, que dice: "Toda proposición o enmienda que suponga aumento
de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá
la conformidad del Gobierno para su tramitación". Es una facultad que
también le reconoce al Gobierno el Reglamento de esta Cámara, es una
facultad que existe en el derecho comparado -basta con ver los textos
constitucionales de los países de nuestro entorno, particularmente
Francia, Alemania u otros- y es una facultad que han ejercido los
Gobiernos desde hace cuarenta años en España con absoluta normalidad.
Dicha facultad tiene las siguientes funciones: preservar la competencia
del Gobierno de iniciativa legislativa en materia presupuestaria; dotar
al presupuesto de estabilidad y garantizar la ejecución de los
presupuestos en vigor y, en definitiva, preservar un cierto rigor en las
cuentas públicas. Es algo absolutamente normal en todas las democracias,
incluida la nuestra, señor Iglesias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Iglesias.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señor presidente.
Ya le pregunté por esta cuestión en el mes de noviembre y usted me
respondió algo parecido, que se podría sintetizar en ese cruel refrán
castellano: Lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y, si no,
las dejas. Le decía yo entonces que un uso excesivo de la facultad de
veto presupuestario podía convertir la separación de poderes en algo que
quedara de alguna manera recluido en los manuales de ciencia política y
de derecho. Y usted hoy me ha dado, efectivamente, una respuesta de
manual. Lo que pasa es que hoy llega la primavera a El Corte Inglés y
llega también un informe de los letrados del Congreso que dice algo
parecido a lo que nosotros decíamos ya en el mes de noviembre. Dice
textualmente que la capacidad de veto debería configurarse en términos
excepcionales y restrictivos, porque se impide que las Cámaras ejerzan la
potestad legislativa. Su Gobierno ha vetado hasta veintitrés iniciativas,
y en dos casos -la que afectaba a la reforma del Estatuto de los
Trabajadores y la que afectaba a la Ley de Educación- se ha producido
incluso un conflicto entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que ha
obligado a su Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional, a ver si en
él tiene más suerte.
Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba
a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted
sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he
estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría. Tiene usted
varias opciones: Me importa un comino el informe de los letrados; me
importa un pimiento; me importa un huevo; me importa un rábano o me
importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: Me la
trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la
refanfinfla. (Rumores y protestas). Incluso he encontrado una -si los
señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un
compañero mío, me permiten terminar- que creo que se adapta perfectamente
a su estilo: Me la bufa. (Protestas). A usted el informe de los letrados
se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene
usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con
el Partido Nacionalista Vasco, con
Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido
Socialista de Nueva Canarias. Por eso se la bufa a usted el informe de
los letrados, señor... (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Silencio, por favor.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Bueno, celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y
espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso.
(Aplausos). A partir de ahí, yo pocas cosas más voy a tener que hacer.
Así que si alguien quería una primicia informativa en el día de hoy ya la
tiene, se la ha dado el señor Iglesias.
Yo soy más modesto que usted. Lo único que puedo decirle es que estoy a
favor de la separación de poderes, claro que lo estoy, por eso respeto
las funciones de este Parlamento y por eso pido que el Parlamento respete
también las funciones del Gobierno, sobre todo que respete aquellas
facultades que tiene el Gobierno y que están recogidas en nuestro texto
constitucional, porque, si no, la separación de poderes quedaría en agua
de borrajas o en todas esas cosas a las que usted ha hecho referencia en
su intervención. Una de las facultades más importantes que tiene el
Gobierno, como dice la Constitución, es ejercer la iniciativa
presupuestaria y velar por el cumplimiento de los presupuestos, y la
disconformidad del Gobierno no versa sobre ningún contenido político,
sino solamente sobre las consecuencias presupuestarias, que es lo que
dice la Constitución. De hecho, hay muchas veces que aquí se valoran
iniciativas que el Gobierno no quiere, y el Gobierno se tiene que
aguantar, se debaten y, en muchas ocasiones, las pierde. Esa es la
demostración inequívoca de que yo tengo razón sin hacer las cosas que
hace usted en esta Cámara. Cuando se trata de temas presupuestarios, el
Gobierno tiene unas facultades constitucionales y, cuando no, no las
tiene. En ambos casos, democracia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE PENSADO EL GOBIERNO
INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DE 2017 FINANCIACIÓN PARA CUMPLIR LOS
OBJETIVOS DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO? (Número de expediente 180/000192).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente del diputado
don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.
Señor Rajoy, el modelo de infraestructuras español, sin duda, ha avanzado
en algunas cuestiones, pero ha fracasado también en cuanto a costes,
inversión y productividad. En España, señor Rajoy, han construido
ustedes, el Partido Popular, radiales en Madrid sin coches, que tenemos
que pagar todos los españoles, 5.000 millones; también el Partido
Socialista -hoy lo vemos en la portada de un diario-, 1.500 millones
vamos a tener que pagar de fiesta de la concesión, en este caso, de la
autopista AP-7. Hemos construido aeropuertos sin aviones en Castellón, en
Ciudad Real, en Murcia; 1.000 millones, 280 millones, 100 millones, lo
que usted quiera, señor Rajoy. En España se han hecho las cosas mal y
nosotros no estamos dispuestos a que la fiesta siga siendo tan grande y
que la factura la paguen los españoles. Señor Rajoy, nosotros no estamos
de acuerdo, como usted sabe, en el rescate que hicieron a las cajas de
ahorros por 60.000 millones de euros, que, según el Tribunal de Cuentas,
han desaparecido y que en esta Cámara vamos a investigar. Señor Rajoy, la
fiesta ha sido muy grande y la han pagado todos los españoles. Yo estoy
indignado, como muchos otros, con el presidente del Eurogrupo, el
socialista holandés, porque dice que en España nos hemos gastado el
dinero en alcohol y mujeres. Eso no es cierto; nos lo hemos gastado en
corrupción, en aeropuertos sin aviones, en radiales sin coches y en
trenes sin pasajeros. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor RIVERA DÍAZ: Señor Rajoy, en el punto 21 del acuerdo de
investidura, Ciudadanos le pide al Partido Popular un cambio de rumbo en
ese sentido. Le pedimos que apueste no solo por la concepción
radial, que es necesaria, sino también por la circular. Necesitamos un
corredor mediterráneo para unir nuestros puertos con nuestros trenes y
con nuestras mercancías.
Señor Rajoy, ¿se compromete usted en el presupuesto de 2017 a seguir
invirtiendo y a acabar de una vez por todas el corredor mediterráneo, esa
obra necesaria, productiva y urgente que lleva tantos años sin hacerse en
España? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora
presidenta. Muchas gracias, señor Rivera.
Algo bueno se ha hecho en España, señor Rivera, aunque en ese momento no
estuviera usted en esta Cámara, particularmente, en materia de
infraestructuras. Puede usted salir de España -lo hace muy a menudo- y
puede usted preguntar fuera. Este es un país que tiene de las mejores
infraestructuras de Europa, tanto de ferrocarril, con la alta velocidad,
como de carreteras, autovías, autopistas y aeropuertos. Y eso es así por
muchas razones; quizá la más importante es que 75 millones de personas
nos visitan todos los años. Por algo será; algo bueno hay en España, por
más que hayan podido cometerse errores como en cualquier obra humana.
A partir de ahí, el corredor mediterráneo, que es por lo que usted me
pregunta, es una prioridad política, económica y social para el Gobierno
de España. En el año 2012 pusimos en marcha una planificación realista y
en el año 2013 conseguimos algo muy importante, que la Unión Europea
declarase esta actuación como corredor prioritario de la red básica
transeuropea. Tanto nos importa que, desde el año 2012, hemos hecho
inversiones importantes en una época que, como sabe, presupuestariamente
era difícil. En los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 hemos invertido
más de 1.000 millones de euros en el corredor mediterráneo, que tiene una
inversión total de 17.000 millones de euros, y es nuestra intención en el
presupuesto de este año 2017 hacer una dotación al menos en la línea en
la que lo hemos hecho en los últimos años. Esta es una prioridad básica
para el Gobierno porque es otra gran necesidad en materia de
infraestructuras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Bien, pues me alegro del cambio de prioridades,
porque en el corredor no se han cumplido los plazos que se habían
acordado. Al paso que vamos no sé si acabará antes que la Sagrada Familia
-espero que sí-, cuando resulta que el corredor mediterráneo tendría que
estar ya acabado, según los planes del propio Gobierno. Faltan 4.000
millones de euros, que es muchísimo menos que el dinero que hemos
dedicado a esos aeropuertos vacíos, a esas radiales que estamos pagando o
a esas autopistas infrautilizadas.
Señor Rajoy, cambiemos las prioridades. Apoyaremos los presupuestos si
cumplen con esas condiciones y si está también ese corredor mediterráneo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Como usted sabe, señor
Rivera, hemos vivido la etapa más difícil, desde el punto de vista
presupuestario, en España. Aun así, hemos hecho inversiones por encima de
los 6.000 millones de euros. Hay grandes logros que se han alcanzado,
como la frontera francesa-Barcelona, el acceso al puerto de Barcelona, La
Encina-Monforte del Cid y el ramal de mercancías en Alicante, y este año
vamos a continuar con los avances. El último domingo finalizaron las
obras del tercer carril Valencia-Castellón y se va a reducir la duración
del trayecto entre Madrid y Castellón, porque el lunes se inician las
circulaciones en pruebas de este mismo tramo. Insisto, esta es una
prioridad para el Gobierno y lo verá usted plasmado en los Presupuestos
Generales del Estado. Además lo tenemos pactado con usted en los famosos
150 puntos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA
RAZONABLE EL GOBIERNO QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA UTILICE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES PARA CUESTIONAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? (Número de
expediente 180/000185).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia, de
la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista. Adelante, señoría.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidenta.
Señor ministro, sus últimas declaraciones reinterpretando una sentencia
del Tribunal Supremo, en el sentido de limitar un derecho fundamental
como el de la huelga, son inaceptables y además son falsas. ¿Considera
razonable utilizar las sentencias judiciales para cuestionar derechos
fundamentales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, me temo que no coincido en absoluto con su apreciación. Ahí está
la sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala cuarta, de 16 de noviembre
-o sea, de hace ya casi cuatro meses- y ahí están mis declaraciones, en
las que simplemente puse de manifiesto el interés de una sentencia que
equilibra derechos. Por lo tanto, en relación con su pregunta, me parece
que por supuesto que no, no es razonable cuestionar derechos
fundamentales interpretando las sentencias, y yo, de hecho, no lo hago
nunca.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Mire, señor ministro, de sus declaraciones se
entendía que las empresas cuyos trabajadores estén en huelga pueden
subarrendar esos trabajos no realizados. Y lo entendió también así el
Tribunal Supremo, que tuvo que sacar una nota aclaratoria para explicar
el alcance de la sentencia, diciendo de forma clara que el derecho de
huelga ni se restringe ni se flexibiliza ni se limita, y que lo que se
permite es que los clientes de esa empresa con trabajadores en huelga
puedan contratar con otras empresas si los servicios no se realizan,
siempre que su relación sea meramente clientelar.
Estas declaraciones, señor ministro, van contra el sentido más elemental
de la separación de poderes y además son graves porque se unen a otras
declaraciones suyas; declaraciones que hacen que sobre usted pesen
acusaciones de presión a los fiscales después de atreverse a valorar las
actuaciones de dos fiscales del Tribunal Supremo; declaraciones después
de cesar a treinta y cinco fiscales de una sola vez, con puestos
importantes en la lucha contra la corrupción. Señor ministro,
declaraciones como la que dice que en este país se persigue más a un
fiscal que a los corruptos son duras, pero si se hacen por un fiscal
cesado en la lucha anticorrupción deberían hacer reflexionar a un
ministro.
Señor Catalá, pare si puede, porque usted ya no tiene el crédito con el
que le recibió el mundo judicial a su llegada, aliviado por la marcha de
Gallardón. Tiene el crédito a cero. Por eso le recomiendo que no coja el
teléfono durante una temporada, no vaya a ser que le llame el presidente
de Murcia o cualquier otro compañero suyo desesperado en una situación
judicial. De fiestas nada, señor ministro, menos si son de cumpleaños.
Vigile quién le llama y quién le invita. Su imagen de funcionario
prudente al frente de un ministerio era mejor que la que da ahora, la de
un político exaltado, controlando la justicia de un Gobierno acosado en
los tribunales. Cambie si puede. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, voy a responder a lo que usted me quería preguntar o al menos lo
que yo entendía. Le insisto en las consideraciones. La Sala cuarta del
Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que considera que el derecho
de huelga no es un derecho ilimitado y también que el derecho de los
ciudadanos a obtener una prestación de servicios se puede articular y se
puede equilibrar. Yo califiqué como interesante esa consideración, y no
lo he hecho solo yo, lo han hecho la doctrina e incluso los sindicatos;
hay alguna nota
de algún sindicato que analiza la cuestión. Nadie ha puesto en cuestión el
derecho fundamental de huelga -yo mismo no lo haría en ningún caso, por
supuesto-, pero sí me parece que se pueden hacer esas valoraciones de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En todo caso, si lo que a usted le preocupa es la protección de los
derechos de los trabajadores, muy bienvenida sea. También podrían haber
estado ustedes tan presentes en esa protección cuando reformamos el
Código Penal -su artículo 315- para garantizar que la comisión hipotética
de algún delito de coacciones, con ocasión del ejercicio del derecho de
huelga, no debería ser penada con pena privativa de libertad sino con
multa, y esa reforma la hizo solamente el Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, señoría, como usted muy bien sabe, el primer derecho en el
ámbito laboral es el derecho al trabajo, y ustedes se han caracterizado
por ser especialistas en la destrucción de puestos de trabajo; ustedes se
han caracterizado por no garantizar el futuro de las pensiones mediante
la quiebra del Estado del bienestar. Por tanto, está muy bien preocuparse
por los derechos de los trabajadores y por el derecho a la huelga -y este
Gobierno lo hace con intensidad-, pero también por la creación de puestos
de trabajo y por el fortalecimiento de la Seguridad Social, y en ese
contexto es donde seguramente los derechos de los trabajadores y del
conjunto de los ciudadanos pueden ser equilibrados, como hace nuestro
Tribunal Supremo y como hace el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIPUTADO DON ANTONIO ROLDÁN MONÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CÓMO PIENSA
EL GOBIERNO CUMPLIR CON EL PUNTO NÚMERO DOS DEL ACUERDO DE INVESTIDURA
FIRMADO CON CIUDADANOS A FIN DE REDUCIR EL GASTO PÚBLICO EN 1.000
MILLONES DE EUROS? (Número de expediente 180/000181).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y
Función Pública. Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias.
Señor ministro, como usted sabrá, en el punto 2 de nuestro acuerdo de
investidura se recoge la revisión integral e independiente del gasto
público para la identificación de gastos superfluos, la eliminación de
duplicidades y el aumento de la eficiencia. ¿Qué medidas piensa tomar o
está tomando su Gobierno en ese sentido? Y, sobre todo, respecto al
ahorro de 1.000 millones al año mínimo, ¿tiene algo que adelantarnos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor portavoz, señorías, el Gobierno tiene una acreditada trayectoria de
reducción y control del gasto público, lo que entre otras cosas nos va a
permitir cumplir el año 2016 con el objetivo de déficit público del 4,6
%; y puedo decir a la Cámara que vamos a cumplir con holgura ese 4,6 %.
Además, la política de reducción del gasto ha sido compatible con la
prioridad en el gasto social. El gasto público en el año 2011
representaba el 45,8 % del producto interior bruto; lo hemos bajado al
42,5 %, y eso ha sido compatible con los 300.000 millones de euros que
hoy están dedicando nuestras administraciones públicas al gasto social,
lo que representa el 63,45 % del total del gasto frente al 60,47 % que
representaba en el año 2011.
En el acuerdo de investidura, como su señoría ha relatado, efectivamente
figuran este propósito y este proyecto, y también lo hemos incorporado a
la actualización del Plan presupuestario remitido a la Comisión Europea
el pasado mes de diciembre. A ese respecto, otorgamos un papel relevante
a la Airef en términos de detectar desde su responsabilidad e
independencia dónde existen duplicidades e ineficiencias, así como gastos
no justificados o innecesarios que evidentemente debemos eliminar o
corregir.
Tratamos, entonces, de detectar, valorar y corregir esas ineficiencias,
como ya hemos venido haciendo estos últimos años dentro del plan llamado
CORA, y, en ese sentido, con mucho gusto pasaremos a su grupo
parlamentario y al conjunto de sus señorías todos los planes relativos a
la identificación de gastos ineficientes que tienen que ver con el
desarrollo de la Administración digital, con evitar duplicidades,
especialmente entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, todo ello, en definitiva, compatible con el refuerzo del gasto
social.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Girauta.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señor ministro, usted me dice que están en ello;
nosotros, a la vista de las cifras que manejamos, no podemos ser tan
optimistas. Plantéese, por favor, señor ministro, que la reducción del
déficit y del endeudamiento ya no se va a poder hacer por la vía del
aumento de los impuestos. La vaca de la clase media ya está ordeñada, no
da más leche; el limón está exprimido. Sí, señor ministro, habrá que
reducir gastos de verdad. No los que tienen que ver con la dependencia,
ni con las pensiones, ni con los servicios básico, ni con el paro, sino
el gasto político, el gasto de las redes clientelares. Y permítame que se
lo diga a usted, porque usted es la cara del Estado, del leviatán, y no
hablo solo de la Administración General del Estado, hablo del Estado
entero, de la cantidad de duplicidades que se producen por la
superposición de niveles administrativos que nos convierten en ciudadanos
al servicio del Estado y no en ciudadanos que tienen un Estado a su
servicio. Trabajamos más de medio año para usted, señor ministro... Para
usted no, señor Montoro, para aquello a lo que usted pone cara. Sí, señor
ministro.
A riesgo de parecer un niño de San Ildefonso, en los segundos que me
quedan le voy a leer algunos premios gordos que les ha tocado a algunos
amigos: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: 1.281 millones,
900 de sobrecostes y se cae a trozos; Ciudad de la Cultura de Santiago,
400 millones, 280 de sobrecostes y no se ha terminado; Expo de Zaragoza,
2.250 millones, con pérdidas de 500 millones y no se utiliza; la Caja
Mágica de Madrid, 300 millones, 175 de sobrecostes y casi no se utiliza.
Podría seguir, hay muchos premiados con el Gordo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Lo que podría hacer es actualizar su discurso, señor Girauta. Yo con mucho
gusto le prestaré todos esos datos que ya le he leído. Solo le voy a
recordar que con un 42 % de gasto sobre el PIB España es el país que
tiene el gasto público más bajo de todo el entorno europeo, así que,
señor Girauta, antes de que llegara usted a esta Cámara estábamos
trabajando... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO EN EUSKADI GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
LINGÜÍSTICOS DE LOS VASCOPARLANTES? (Número de expediente 180/000178).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joseba Andoni Agirretxea,
del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Adelante.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿considera el Gobierno que la Administración General del
Estado en Euskadi garantiza el cumplimiento de los derechos lingüísticos
de los vascoparlantes?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
El Gobierno, señor diputado, es un firme defensor de los derechos
lingüísticos de todos los ciudadanos y trata de promover y proteger la
cooficialidad de todas las comunidades autónomas que tienen la suerte
-subrayo suerte- de poder utilizar dos lenguas, como ocurre en el País
Vasco.
Para este Gobierno es un orgullo cualquier iniciativa que permita avanzar
en la normalización lingüística y en ese terreno creo francamente que la
Administración General del Estado también ha hecho un esfuerzo que se
plasmó en la coincidencia, de la que estamos también satisfechos, en la
última reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco
en relación con la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Este acuerdo
ha solventado los problemas que habían surgido en la aplicación de dos
artículos sobre los que había discrepancia de interpretación en materia
lingüística.
Nuestra voluntad, nuestra intención es la completa normalización y evitar
que se produzca cualquier tipo de queja o de reclamación por el no uso
del euskera en el ámbito de la Administración General del Estado en el
País Vasco.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor ministro.
Los derechos lingüísticos son aquellos derechos humanos tocantes al
derecho individual y colectivo a elegir el idioma en que comunicarse. La
Administración General del Estado en Euskadi no respeta esos derechos
porque los ciudadanos vascoparlantes, por mucho que la legislación nos lo
permita, no podemos comunicarnos en euskera en casi ninguna dependencia
de su Gobierno, y se lo digo por experiencia personal. No solo la Ley del
Euskera del Parlamento vasco, sino la Ley 39/2015, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, en su artículo 15,
dice que, además de que la lengua de los procedimientos tramitados por la
Administración será el castellano; no obstante, los interesados que se
dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en
el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua
que sea cooficial en ella.
Le muestro esta legislación para que no se escude en la típica respuesta
de que son dependencias de la Administración General del Estado y no
autonómicas. En primer lugar, una administración debe responder a la
población que atiende y, además de cumplir la ley, sea autonómica o
estatal, atender los derechos lingüísticos de sus ciudadanos, y para eso
hay que implicarse. ¿Cuántos planes de euskaldunización ha establecido su
administración en Euskadi? ¿Qué pasos ha dado para que el personal
aprenda euskera? ¿Por qué yo no puedo renovar el carné de identidad
dirigiéndome en euskera a la policía? Yo ya sé la respuesta, pero me
gustaría su compromiso, un compromiso por su parte de atender a la
ciudadanía vasca que le demanda el uso del euskera en la Administración
General del Estado en Euskadi.
Esto es una muestra de quejas de ciudadanos de que no se respetan sus
derechos lingüísticos. Son respuestas de no uso, no presencia, no
respuesta en euskera en diferentes ámbitos, tales como Policía Nacional,
Renfe, ADIF, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Correos,
Radiotelevisión Española, Delegación de Tráfico, etcétera. Hágase cargo
del problema, señor ministro, asúmalo como responsabilidad del Gobierno y
responda como es debido, y de paso exija al nuevo delegado del Gobierno
en Euskadi que vele por los derechos lingüísticos del euskera, ya que el
anterior, en sus obsesiones con nuestro idioma, solo velaba por
restringir su presencia y perseguir a quien en su pleno derecho lo usaba
en la Administración. Este es un Estado plurinacional y plurilingüístico.
Por tanto...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno ha tomado diferentes iniciativas para
reconocer y fomentar el uso de las lenguas cooficiales en todos los
ámbitos, y particularmente en el ámbito de la Administración pública. Sin
duda esas iniciativas han contribuido a reducir la conflictividad. De
hecho, actualmente no nos consta que haya contenciosos en sede judicial
con el Gobierno vasco con relación al uso del euskera por la
Administración General del Estado. Es más, en los últimos cuatro años
solo se han recibido cinco quejas tramitadas por el Servicio para la
Garantía de los Derechos Lingüísticos del Gobierno vasco de ciudadanos
que alegan que no han sido atendidos en euskera en algún servicio de la
Administración General del Estado. Nuestro objetivo es que no exista
ninguna queja, eso ya se lo he dicho. A ese respecto hemos
promovido diferentes actuaciones, como ha sido la contratación, cuando ha
sido necesario, de traductores o la realización de cursos de formación
permanente para que los empleados públicos aprendan o mejoren su nivel de
euskera, de manera que se garantice que la Administración siempre ofrezca
una respuesta adecuada al ciudadano, tanto por escrito como oralmente.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON PABLO BELLIDO ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS
PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE LA
SINIESTRALIDAD EN NUESTRAS CARRETERAS? (Número de expediente 180/000186).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.
Pregunta del diputado don Pablo Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, la pasada legislatura supuso un claro
retroceso en materia de seguridad vial. El año 2016 fue el primero desde
2003 en el que aumentó el número de accidentes y de fallecidos en las
carreteras españolas, con 1.160 personas. Para sus familiares, mi
respeto. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para revertir este balance
dramático? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Señoría, la mejora en la seguridad de todas y cada una de las carreteras
de España es una auténtica obsesión de este Gobierno. Se ha venido
trabajando a lo largo de los últimos años y también de las últimas
legislaturas para mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Es verdad
que por determinadas circunstancias se ha producido un repunte en el
último año, pero desde el primer momento no hemos permanecido quietos y
hemos estado tomando medidas, de las que se ha dado cuenta en la Comisión
de Seguridad Vial, en mi comparecencia en la Comisión de Interior e
incluso aquí también en una interpelación que se me efectuó. Estamos sin
duda empeñados en conseguir un pacto de Estado entre todos y variar la
estrategia que hasta hoy estaba vigente para ser capaces entre todos
juntos de mejorar la seguridad en nuestras carreteras, porque detrás de
cada víctima -ha citado usted una cifra-, detrás de cada cifra, hay
muchísimo dolor y mucha tragedia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bellido.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Señor Zoido, sus medidas de momento nos resultan
adecuadas pero insuficientes. Este tema es una verdadera prioridad
también para el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso vamos a apoyar
todas las acciones que contribuyan a reducir el número de accidentes en
las carreteras españolas, pero creemos que hay que ser más ambicioso.
Señor ministro, usted ha heredado una gestión calamitosa en materia de
seguridad vial. En la pasada legislatura, su predecesor fue un verdadero
desastre, y lo fue porque se dejó guiar por la desidia y por la inercia.
Con su partido en el Gobierno, con el Partido Popular, se rompió una
magnífica inercia de ocho años muy positivos de los ministros Alonso,
Pérez Rubalcaba y Camacho y del director general Pere Navarro. Ahora el
Gobierno se ha especializado en buscar excusas en lugar de aportar
soluciones. Decir que la fuente del aumento de muertes en carretera es el
incremento de desplazamientos o el envejecimiento del parque
automovilístico, como si fuesen solamente esas razones y estas fueran
solamente responsabilidad de alguien ajeno al Gobierno, es no comprender
el problema.
Le hemos escuchado en Comisión, y compartimos su deseo y su voluntad de
alcanzar un pacto de Estado. El Grupo Parlamentario Socialista va a
anteponer el deseo de unidad a cualquier otro, pero antes de dirigirse a
la oposición o a la sociedad española le pedimos que consiga un pacto con
sus colegas de Consejo de Ministros. Por ejemplo, consiga que el ministro
de Fomento invierta más en mantenimiento de carreteras. Consiga que el
ministro de Economía invierta más en recuperar las inversiones, como por
ejemplo el Plan PIVE. Consiga que el ministro de Hacienda pueda recuperar
las plantillas de la Guardia Civil de Tráfico, que tan magnífica labor
realizan. Consiga que el ministro de Educación recupere la asignatura de
educación para la ciudadanía, porque con esa asignatura se imparte
también educación vial en nuestros colegios. Consiga que el presidente
del Gobierno reciba a las asociaciones y colectivos de víctimas que tan
solo piden... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Es verdad que se ha producido un ligero repunte, un aumento del 1,4 %. A
mí me parece que ese repunte es lo suficientemente importante como para
que todos nos volquemos; ahora bien, de ahí a lo que usted acaba de
pintar ahora mismo aquí, un futuro tan trágico, tan negro, como si
fuéramos los peores,... he de decirle que no es así. En el poco tiempo
que llevo de ministro del Interior estoy ya cansado de escuchar críticas
hacia el equipo anterior y he de decirle que son muchos y buenos los
resultados que han aportado, como también lo fueron los de Gobiernos
socialistas anteriores. (Aplausos). Le voy a destacar una cosa, señoría,
hay algo que me parece importante. El número de víctimas en España es de
36 por cada millón de habitantes, mucho más bajo que el que existe en la
Unión Europea. Por tanto, aunque no es suficiente, vamos a seguir
trabajando en esa línea.
No se preocupe por la coordinación de los distintos departamentos porque
estamos empeñados en unas políticas transversales para mejorar la
seguridad en la carretera. Habrá inversión en las carreteras, habrá
incremento también en las plantillas de la Guardia Civil, habrá
sensibilización en educación y formación, pero, sobre todo, habrá mucha
atención a las víctimas. De ello sé mucho y lo he vivido en mis propias
carnes, se lo puedo asegurar. Después vamos a tener una interpelación
donde vamos a poner encima de la mesa muchas de las medidas que se están
adoptando, algunas de ellas a corto plazo con un importe de 1.700.000
euros que desde primeros de año se están poniendo en marcha, quince
medidas que se diseñaron y de las que puntualmente se les dio cuenta a
todos los que forman parte de la Comisión... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL
MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUMPLIRÁ ANTES SU GOBIERNO LA INDICACIÓN DE LA
COMISIÓN EUROPEA (CE) DE ALARGAR LOS TIEMPOS DE DETENCIÓN EN LOS CENTROS
DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) QUE LA CUOTA DE ACOGIDA A PERSONAS
REFUGIADAS A LA QUE SE COMPROMETIÓ HACE YA MÁS DE AÑO Y MEDIO? (Número de
expediente 180/000190).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. Adelante.
La señora BELARRA ARTEAGA: Gracias.
Me gustaría saber, señor ministro, qué piensa cumplir su Gobierno antes,
si la cuota de acogida de refugiados a la que se comprometieron hace casi
año y medio o esas indicaciones que nos está dando la Comisión Europea de
ampliar los tiempos de detención en los centros de internamiento de
extranjeros.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Señora Belarra, el Gobierno de España es un Gobierno serio y, por tanto,
va a cumplir aquellos compromisos que ha adquirido. He de asegurarle que
el Gobierno de España no se ha comprometido a ampliar el tiempo que deben
estar como máximo los extranjeros en los centros de internamiento y, por
tanto, no tenemos previsto incrementarlo.
En cuanto al número de reasentamientos y de reubicaciones a los que nos
comprometimos, estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir los
objetivos que nos marcamos y a los que se comprometió el Gobierno de
España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Belarra.
La señora BELARRA ARTEAGA: Gracias.
Le hago esta pregunta porque les he oído ya en demasiadas ocasiones
vanagloriarse de que somos el sexto país de la Unión Europea y el cuarto
de la zona euro en reubicaciones. Yo no sé si usted cuando suspendía los
exámenes en el colegio, para que sus padres no le castigaran, se escudaba
en que el resto de compañeros de la clase también habían suspendido.
(Rumores). Yo no creo que sea para ponerse una medalla el hecho de que
hayamos reubicado a 878 personas de las 16.000 a las que nos
comprometimos. Es evidente que Europa ha suspendido en derechos humanos y
España está suspendiendo también en garantía del derecho de asilo. Yo le
pregunto qué va a hacer usted para cumplir efectivamente, antes de
septiembre, con todas esas personas reubicadas, a lo que nos
comprometimos -como le decía- hace año y medio.
Como veo que el discurso de los derechos humanos no encaja muy bien con
ustedes (Protestas) y he visto que salía en la portada del ABC este
domingo, no sé si ha escuchado las declaraciones del papa Francisco al
respecto de los refugiados. Dice que perfectamente Jesús, María y José
podrían ser los refugiados del siglo XXI, esos a los que ustedes les
están cerrando la puerta en las narices. Me gustaría saber si usted
también va a detener a los refugiados del siglo XXI, como Jesús, María y
José, hasta dieciocho meses o si va a expulsarlos violentamente, como
ocurrió con un ciudadano nigeriano, Malik, que después de 59 días
internado en un centro de internamiento de extranjeros, con una hernia
todavía sangrante y después de haber pasado varios días en el hospital
fue deportado a su país donde no va a tener el tratamiento adecuado. Esto
es lo que está pasando en nuestro país en los centros de internamiento de
extranjeros. Me gustaría saber si va a seguir aumentando -como le gusta
decir al señor Rajoy, que ya se ha ido-, si va a seguir añadiendo
sufrimiento al sufrimiento y bloqueando esos 20.000 expedientes de asilo,
esas 20.000 personas con expedientes que están bloqueados en la Oficina
de Asilo y Refugio.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señoría, le voy a aclarar
una cosa en cuanto a las notas y mi posible justificación ante mi madre,
porque padre no tenía. Como no podía perder la beca, no me podía escudar
en nada, sino que tenía que salir para adelante y si podía ser el primero
procuraba serlo. (Aplausos).
Señoría, le voy a decir una cosa, el día 2 de marzo la Comisión Europea
recomendó que se ampliara el tiempo de estancia de los extranjeros en los
centros de internamiento, pero ya España de por sí estaba entre los que
menos plazo de tiempo fijábamos. Se recomendó entre seis meses y
dieciocho meses y nosotros nos hemos quedado en sesenta días, señoría.
Por eso nosotros no pensamos cambiarlo porque seguimos confiando en que
hay derechos humanos y que se justifican perfectamente con una entrada de
sesenta días; por ahí no se preocupe.
En cuanto al reasentamiento, no hay ningún problema. En el Programa
nacional de reasentamiento para 2016 eran 854 refugiados y está a punto
de cumplirse y el Programa nacional de reasentamiento para 2017 cuenta
con 725 plazas, que estamos convencidos de que en septiembre llegaremos a
ellas. Un problema distinto son las reubicaciones. Es verdad que ocupamos
el sexto lugar, pero porque ningún país de la Unión Europea, dadas las
dificultades de tramitación administrativa, ha sido capaz de cumplir con
esos objetivos. Ningún país ha conseguido más del 10 % de la cantidad que
tenía fijada. Eso es lo que ha sucedido lo diga usted o lo diga cualquier
persona a la que usted quiera hacerle caso. Los problemas administrativos
lo impiden. Por tanto, le quiero asegurar que, desde el punto de vista de
protección internacional, que usted está poniendo en tela de juicio
aludiendo a que tenemos un partido -el que sustenta al Gobierno- que no
respeta los derechos humanos, de eso ni hablar; hay 16.000 solicitudes...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAN OLÒRIZ SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿PIENSA CONTINUAR APLICANDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 38 DE LA
LOMCE, QUE PREVÉ UNA AYUDA DE 6.000 EUROS A LAS FAMILIAS QUE QUIERAN
ESCOLARIZAR A SUS HIJOS EN UNA ESCUELA PRIVADA? (Número de expediente
180/000177).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta del diputado don Joan Olòriz
Serra del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Adelante.
El señor OLÒRIZ SERRA: Señor ministro, ¿piensa mantener los 6.000 euros
que quitan de la aportación económica a la Generalitat para pagar los
centros privados de aquellos padres que han pedido escolarizar a sus
hijos en castellano en Cataluña? ¿Tienen conocimiento de que apenas
cuarenta familias lo han pedido este curso?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Señora presidenta, señorías, buenos días.
Señor Olòriz, leí con todo detenimiento su pregunta. Decía usted que si
pensaba continuar aplicando la disposición adicional trigésima octava de
la Lomce que prevé una ayuda de 6.000 euros a las familias que quieran
escolarizar a sus hijos en una escuela privada y, la verdad, es que no la
entendí. ¿Sabe usted lo que hice? Pues cogí la disposición adicional
trigésima octava, incluso los reales decretos que la desarrollan y
tampoco he visto nada de 6.000 euros ni nada de escuelas privadas. ¿Por
qué no me lo cuenta, usted que es maestro?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Respuesta previsible pero decepcionante. No sé qué
me cuenta, lo que me cuenta y usted tácet.
No parece darse cuenta de que los padres de solo el 0,07 % de 1.570.011
alumnos matriculados este curso han decidido acogerse a la adicional
trigésima octava. Es una medida inútil, porque no se corresponde con la
realidad de la escuela catalana y, además, vulnera el Estatuto de
Autonomía, la Ley de Educación de Cataluña y repetidas sentencias del
Tribunal Constitucional. Dejen tranquilo un modelo lingüístico de éxito,
donde todos y todas tienen el derecho y la obligación de conocer las dos
lenguas y el derecho a usar la que quieran, un modelo con más de treinta
años de recorrido, que tiene un amplio consenso académico, social y
político. Ha de saber que todos los escolares finalizan la enseñanza
obligatoria conociendo perfectamente las dos lenguas cooficiales, con un
dominio creciente del inglés y una actitud positiva con todas las lenguas
de nuestro entorno, favoreciendo la cohesión social y la igualdad de
oportunidades, una ciudadanía enraizada en su país y abierta al mundo.
No continúe con la mala fe de su antecesor, el señor Wert, que se ríe de
todos nosotros cómodamente desde París y cínicamente desde el cuadro que
ustedes han colgado en su ministerio por el módico precio de 20.000
euros. ¿Quieren un pacto por la educación? Pues empiecen haciendo lo
contrario que su antecesor, el de la peor ley educativa de las últimas
décadas, sí la que ni ustedes...
La señora PRESIDENTA: Señoría, se ha acabado su tiempo. Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias.
Luego me lo cuenta usted, señor Olòriz, porque me sigue usted sin
contestar. Me hace usted una pregunta que no es cierta. Me habla usted de
que no se qué disposición adicional, la trigésima octava de la Lomce, que
prevé una ayuda de 6.000 euros. ¿Dónde, señor Olòriz? Se lo he dicho
antes, he aludido a su condición de maestro y explíqueme dónde porque no
lo encontrará usted. Usted se inventa las cosas, señor Olòriz. (Rumores).
Y luego en su respuesta me habla de otra cosa. Muy bien, es una opinión
suya
y yo la respeto, pero su pregunta no es cierta. ¿Y sabe usted por qué?
Señor Olòriz, porque a ustedes les pasa aquello que Churchill decía de
las personas que están obsesionadas y es que no pueden cambiar de opinión
y tampoco quieren cambiar de tema, y ustedes van a piñón fijo.
Estamos en estos momentos hablando del pacto nacional por la educación,
creo que es un buen momento para hablar de todas estas cosas y yo le
pediría, señor Olòriz, que fuéramos a ese pacto con mente abierta, con
ganas de llegar a acuerdos y con voluntad de escuchar al otro. Cuando leo
algún tuit suyo en el que dice: votaremos no al modelo del pacto de la
educación porque previamente había que derogar la Lomce y comenzamos el
14 la subcomisión en falso, me parece que no es una buena actitud, señor
Olòriz. Cambie de actitud, que es usted docente y tiene usted que hacer
pedagogía y contar la verdad. Cuente la verdad de vez en cuando y vaya al
pacto de educación, señor Olòriz, con la mente abierta, que es lo bueno.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA SILVIA VALMAÑA OCHAÍTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RECIENTE SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO QUE AVALA EL DISEÑO DE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES? (Número de expediente 180/000183).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor ministro de la diputada
doña Silvia Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 23 de septiembre la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó un recurso
interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras para declarar la nulidad
del Real Decreto 43/2015, que modificaba a su vez dos reales decretos,
uno de 2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias y otro de
enero de 2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.
Este recurso consideraba como única cuestión que el real decreto infringía
los principios de igualdad y no discriminación al permitir que las
universidades pudieran articular las enseñanzas universitarias en grados
de entre 180 y 240 créditos y másteres de 60 a 120 créditos para el
acceso a los programas de doctorado.
La sentencia, que es objeto de la presente pregunta, desestima el
fundamento del recurso y con ello quita la razón no solamente a los
recurrentes, sino también a los agoreros y a los profesionales de la
demagogia que quisieron también confrontar en esta materia haciendo de la
posible elección del 3+2 o del 4+1 un nuevo campo de batalla. Pues bien,
en vista del contenido de la citada sentencia, señor ministro, le
pregunto cómo valora el Gobierno la reciente sentencia del Tribunal
Supremo que avala el diseño de la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Señora presidenta, señorías, ya saben ustedes que el Gobierno
respeta y acata las sentencias, pero en este caso le puedo decir que la
respeta y acata con una sonrisa. ¿Por qué? Porque fue la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras quien interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra el Real Decreto 43/2015, de 2 de
febrero, que modificaba otros reales decretos anteriores donde se
establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias y oficiales y
se regulaban las enseñanzas oficiales de doctorado. Se aducía por los
recurrentes que se discriminaba a los alumnos en función de su
rendimiento o de sus recursos económicos y también que se discriminaba a
los estudiantes no españoles.
Eso no es lo que quería el Gobierno. El Gobierno lo que quería era la
homogeneización de los estudios universitarios en España y también quería
la internacionalización de los estudiantes que hubieran cursado sus
titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación. La sentencia
da la razón al Gobierno, confirma que no existe discriminación ni
vulneración alguna en este real decreto del principio de igualdad entre
estudiantes bien sea por motivos académicos o económicos. Por tanto, no
hemos querido reducir la duración de los estudios, lo que se pretende es
dejar libertad al alumno en el diseño de su propio currículum profesional
y académico. Es el alumno, en suma, el que puede decidir sobre la
duración de sus estudios
dentro de la oferta académica. Y también señala el alto tribunal -y esto
para el Gobierno es muy importante- que, además de no ser
discriminatoria, no tiene ninguna incidencia en el sistema de becas,
argumentado por los recurrentes, ya que no regula dicha materia. Y esto
es importante para nosotros porque, como usted sabe, para el Gobierno el
sistema de becas es una parte integrante de la dimensión social de la
educación. Nadie en España debe dejar de estudiar por razones económicas,
tenemos eso a gala, nos importa, lo queremos ver reflejado nuevamente con
un incremento de becas en los próximos Presupuestos Generales del Estado,
y que el Tribunal Supremo nos dé la razón nos llena de satisfacción.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON RICARDO CORTÉS LASTRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL AUMENTO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA?
(Número de expediente 180/000187).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de
Empleo y Seguridad Social.
Pregunta del diputado don Ricardo Cortés Lastra, del Grupo Parlamentario
Socialista. Adelante, señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Gracias, presidenta.
Señora ministra: ¿Cómo valora el Gobierno el aumento de la emigración
española?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, el Gobierno trabaja por las oportunidades de todos y trabaja para
crear oportunidades en España, entre otras cosas, para que venga a España
todo el talento que tuvo que huir durante la crisis, y para eso estamos
trabajando desde el minuto uno. Por eso hoy España es un país que crece y
que crea empleo... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Adelante, ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Es el
segundo país, junto a Alemania, que más empleo crea en toda la zona euro,
y eso es compatible con que el número de nuevas inscripciones de
emigrantes en nuestro país haya caído un 6 %, la primera caída, señoría,
en siete años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Señora ministra, la verdad es que en el tiempo que
llevo en este Parlamento, apenas seis meses, me viene sorprendiendo su
actitud en las sesiones de control. Y le digo lo siguiente: se pone
medallas constantemente, cuando la situación de los españoles en materia
de buscar un empleo digno en este país es prácticamente imposible en
estos momentos. Señora ministra, yo no quiero llevarle la contraria y,
con su permiso, voy a ponerle también unas cuantas medallas que creo que
usted se merece y no se ha puesto a lo largo de estas sesiones de
control.
La primera medalla que quiero otorgarle es la siguiente: es usted la
ministra que destruyó el diálogo social en este país. Era muy difícil,
pero lamentablemente usted lo ha conseguido. La segunda medalla, que
también bien merecida la tiene, es haber conseguido ser la ministra de
los salarios indignos, de los salarios de la vergüenza, de los salarios
más bajos de las clases trabajadoras y de las clases medias,
proporcionalmente, en los últimos veinte años en este país. Y una tercera
medalla, que estoy seguro de que estará usted muy orgullosa de tener, es
la de la desigualdad. Usted, con sus políticas laborales y parte de su
Gobierno con las políticas económicas y sociales, han conseguido que
España sea el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea.
Pero, bueno, medalla de la desigualdad, medalla a los salarios indignos,
medalla a destruir el diálogo social, pero especialmente quiero mostrarle
mi interés por
una medalla: la medalla al abandono. La medalla al abandono a cientos de
miles de españoles, de hombres y de mujeres que han tenido que emigrar de
este país porque aquí no se les ha dado una oportunidad, teniendo que
buscarla fuera de su tierra.
Usted, y el Gobierno que le acompaña, ha dejado que una parte de una
generación fundamental para desarrollar este país haya tenido que huir y
no participe en su recuperación histórica. Mire usted, la mejor marca
España la tienen ustedes abandonada, no saben dónde están, no saben
cuánto talento acumulan y encima les castigan con el olvido. Señora
ministra, a ustedes los españoles en el exterior ni les preocupan ni les
ocupan y le voy a decir más. Hay una frase que resume muy bien su ideario
político y que sus líderes dicen mucho últimamente: Cada palo que aguante
su vela. Mire usted, se equivocan; se equivocan más que nunca.
Rectifiquen y den una respuesta concreta a la salida diaria de cientos de
españoles de nuestro país buscando un futuro fuera porque ustedes no son
capaces de dárselo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, le pido un poquito de humildad, sobre todo si acaba de
llegar usted a esta Cámara, porque si alguna medalla tiene el Grupo
Socialista es la medalla del paro y los récords históricos de paro en
España, desgraciadamente. (Aplausos). Porque coincidirá conmigo, señoría,
en que no es lo mismo destruir empleo -3,5 millones de empleos destruidos
con Gobiernos socialistas- a que hoy la sociedad española, con un
Gobierno del Partido Popular, haya sido capaz de crear 1.600.000 empleos
desde la recuperación y recuperar uno de cada dos empleos destruidos por
la crisis. Por tanto, en el balance hay un perdedor claro y es el Partido
Socialista, señoría.
Al Gobierno le preocupa el talento, todo el talento, pero también como
españoles tenemos que poner en valor lo que la sociedad española a lo
largo del tiempo ha hecho y no es solo emplear el máximo talento sino
también cuidarlo. ¿Sabe usted que España es el país de la OCDE donde
menos personas han emigrado? El 2 % de los nacidos en España han emigrado
al exterior durante la crisis. Sí, señoría, mire los datos, la mitad que
en Alemania o Italia, tres veces menos que en el Reino Unido y siete
veces menos que en Portugal. Trabajamos para que el talento huido por la
crisis venga a España. ¿Sabe por qué? Porque estamos creando
oportunidades, señoría, tantas que incluso ya hay 190.000 personas que
vivían en nuestro país, emigraron en la crisis y que han vuelto porque ya
en España se crean oportunidades todos los días gracias a las empresas, a
los trabajadores y a las familias. Y a lo mejor algo tienen que ver
también las políticas de Mariano Rajoy.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL BUSTAMENTE MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO
NECESARIO TOMAR ALGUNA MEDIDA PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y A LAS
TRABAJADORAS ANTE LA ACCIÓN DE LOS CONOCIDOS COMO "FONDOS BUITRES" EN EL
TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000176).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Bustamante
Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: ¿Considera el Gobierno necesario tomar algún
tipo de medida frente a la acción de los fondos buitre en defensa de los
trabajadores y trabajadoras?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señor diputado.
Mire, todas las situaciones de menoscabo de los derechos de los
trabajadores preocupan y ocupan a este Gobierno. Lo hacemos todos los
días y lo hacemos trabajando desde el ministerio con los interlocutores
sociales cuando se producen situaciones que preocupan a los trabajadores
y lo hacemos también en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es la garantía última de los
derechos de los trabajadores en España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Le pongo un ejemplo, señora ministra,
Springwater, fondo de capital riesgo que ha llevado a la quiebra empresas
viables a través de operaciones financieras, que finalmente siempre
acaban con la extinción de los contratos de trabajo, llevando el coste al
Servicio Público de Empleo y al Fondo de garantía salarial. Creo que es
poco patriota que el Gobierno permanezca de brazos cruzados mientras que
un fondo buitre suizo, cuyo presidente es un empresario alemán que actúa
a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo, destroza nuestra
industria y nuestros puestos de trabajo. La forma de actuar de este fondo
de gestión ha dado lugar a la quiebra de empresas viables y a la
generación de conflictos laborales.
Creo que el Gobierno no defiende los intereses de la clase trabajadora ni
del pueblo, defiende los intereses del poder económico. El objetivo de
los fondos buitre es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo
posible. Empresas como Unipapel, Miró, Intex, Carbonell han sufrido las
consecuencias de estos ataques. Creo que son industrias que podrían dar
puestos de trabajo a los 2.400.000 españoles que se encuentran en el
extranjero, muchos de ellos jóvenes con formación y con preparación que
se tuvieron que ir porque no tenían oportunidades y tuvieron que coger
las maletas para buscar trabajo en el extranjero.
La clave de este tipo de actuaciones es la reforma laboral. Vuestra
reforma laboral ha roto la negociación colectiva y ha sido el instrumento
que ha permitido al fondo buitre desmantelar empresas sin importar los
puestos de trabajo ni el futuro de la industria. Por eso, señora
ministra, me siento orgulloso de haber participado en los piquetes
informativos de las tres huelgas generales frente a la reforma laboral
del Partido Socialista y del Partido Popular, porque vuestra reforma
laboral fue un ataque a los derechos de los trabajadores, que busca
destruir el empleo de calidad mediante el abaratamiento de despidos y la
precarización de las condiciones de trabajo. Por eso, donde antes
trabajaba una persona con un sueldo digno, hoy trabajan tres personas con
sueldos de miseria. Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, y lo haremos en las instituciones y en la
calle. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno persigue a aquellos que defraudan el Sistema
de la Seguridad Social y menoscaban los derechos de los trabajadores, y
lo hace con el gran instrumento que tiene, que es el cumplimiento de la
ley a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Creemos
tanto en eso porque pensamos que el fraude es nocivo para toda la
sociedad; primero para el trabajador, que ve mermados sus derechos,
señoría, y también para las empresas, que compiten en una situación de
desigualdad entre las que cumplen frente a aquellas que no lo hacen y
defraudan al sistema. Como sociedad nos vemos todos defraudados porque
hay una merma de las cotizaciones a la Seguridad Social, que es el
corazón de nuestro modelo de bienestar. Por eso desde el primer día, en
el año 2012, pusimos en marcha un Plan de lucha contra el fraude en el
empleo irregular y la Seguridad Social, de tal manera que a lo largo de
todos estos años hemos ido teniendo unos grandes resultados. Ese Plan de
lucha contra el fraude ha sido coordinado con las comunidades autónomas
con convenios especiales y en el marco del diálogo social.
Señoría, yo le invito a que desde esta Cámara haga propuestas en ese
sentido, porque la lucha contra el fraude es tarea de todos como
españoles. Aquí están los resultados, señoría: en ese periodo de 2012 a
enero de 2017 se han realizado más de 1.011.000 inspecciones sobre el
empleo irregular, que han permitido que afloren 424.000 empleos
irregulares. Se han detectado 6.005 empresas ficticias, esas empresas que
no tienen actividad económica conocida, solo defraudar a la Seguridad
Social. Se han convertido 260.000 contratos indebidamente celebrados como
temporales en indefinidos, ganando los trabajadores. Por último, el
ahorro total del sistema de ese gran Plan de lucha contra el fraude de
todos ha supuesto unos ahorros de 18.050 millones de euros para la
Seguridad Social. Así también se lucha contra el fraude todos los días,
señoría.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER CALVENTE GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE
LA ACTUACIÓN SUPERVISORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL
ALIMENTARIOS (AICA), PARA EL CONTROL DE LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO,
DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA?
(Número de expediente 180/000182).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que formula el
diputado don Javier Calvente Gallego.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra, buenos días, señorías. Mediante la
disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se creó
la Agencia de Información y Control Alimentarios, conocida como AICA. En
la indicada norma legal anterior, en su apartado quinto, se establecen
los fines de la mencionada agencia, aprobándose el estatuto de la misma
por Real Decreto 227/2014, de 4 de abril. Dicha Agencia de Información y
Control Alimentarios, AICA, es un organismo autónomo del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del que su señoría es
titular. Opera como sistema público de garantía del cumplimiento de la
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en
lo que respecta a las relaciones comerciales; esto es operaciones de
compraventa de alimentos y materias primas entre agricultores y
ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas y distribuidores del sector
agroalimentario.
Señora ministra, gracias al presidente Rajoy, al comisario Arias Cañete y
a su señoría se consiguió un nuevo hito histórico para el sector
agroalimentario español y, por tanto, para la economía nacional. Por
primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones
comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria,
con el respaldo, lo que también es importante, de las organizaciones
agrarias, las industrias alimentarias y una parte importante de las
empresas de distribución.
Señora ministra, los Gobiernos del Partido Popular, el presidente Rajoy y
su señoría siempre han mostrado su sensibilidad y preocupación por la
defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y, por
tanto, tras más de tres años de la entrada en vigor de la misma, es
necesario hacer un análisis del desarrollo de las actuaciones de la tan
referida agencia. Por eso le pregunto qué valoración hace el Gobierno de
la actuación supervisora de la Agencia de Información y Control
Alimentarios, AICA, para el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la calidad alimentaria.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando en el año 2012 el Partido Popular llegó al Gobierno era un clamor
la necesidad de establecer unas normas que dieran certidumbre a las
relaciones comerciales entre agricultores y ganaderos, fabricantes y
distribuidores de alimentos y bebidas. La promulgación por este
Parlamento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria abrió una nueva era en las
relaciones comerciales. La ley ha establecido un sistema de control,
seguimiento y vigilancia que permite identificar y sancionar las malas
prácticas comerciales, las prácticas comerciales abusivas. Además, el
Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria,
también contemplado en la ley, complementa el paquete de medidas
impulsadas por este Gobierno para equilibrar la cadena alimentaria en
España. Para que la ley tuviera eficacia era imprescindible dotarla con
un régimen sancionador y con un supervisor con capacidad de realizar
inspecciones de oficio, de investigar denuncias y de iniciar e instruir
expedientes sancionadores.
La Ley 12/2013 ha marcado un antes y un después en la cadena alimentaria.
Gracias a ella, hoy la AICA puede investigar las prácticas comerciales
abusivas. Por su labor de supervisión de la Ley de la cadena, AICA se ha
convertido en un referente de control. A lo largo de los tres años de
funcionamiento, sus inspecciones se han ajustado a un amplio plan de
control que ha investigado, por denuncia y de oficio, a todos los agentes
de la cadena alimentaria de diversos sectores. Este plan ha sido
especialmente útil
en algunas situaciones especialmente difíciles que ha atravesado el
sector, como la crisis láctea, el veto ruso o la situación de precios de
las hortalizas de este invierno. En todas ellas se ha comprobado de
manera palpable la eficacia de la AICA.
La previsión de este Gobierno de dotar a la Ley de la cadena de un
instrumento como la agencia, ha facilitado la resolución de muchas
situaciones que se habrían encarado de una manera diferente, sin ninguna
duda mucho más perjudicial para los intereses del sector alimentario
español. Incluso en el ámbito de la venta a pérdidas, cuya competencia
recae en las comunidades autónomas, AICA ha hecho un papel eficiente
trasladando más de trescientas comunicaciones de supuestas ventas a
pérdidas a las consejerías de comercio competentes. Señoría, los datos de
actuación de AICA hablan por sí mismos. Desde su creación ha llevado a
cabo 1.748 inspecciones de oficio supervisando la Ley de la cadena.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE PROMOVER LA INCORPORACIÓN
DE ESPAÑA EN EL SISTEMA EUROPEO DE PATENTE UNITARIA? (Número de
expediente 180/000188).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora el señor ministro de
Economía, Industria y Competitividad. Pregunta de la diputada doña
Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, antes del Consejo Europeo del día 9, la Comisión de
Industria aprobó una PNL del Grupo Socialista instando a su Gobierno a
impulsar la adhesión de España al Sistema Europeo de Patente Unitaria, un
sistema con un único registro, con un solo pago de tasas, con protección
simultánea e idéntica en todos los países y con un tribunal único para
resolver litigios. Podría suponer un ahorro de 20.000 euros para quien
pretende patentar en veintiséis países simultáneamente pero el miércoles
pasado a Mariano Rajoy se le llenó la boca de europeísmo y, a pesar de
ello, no contestó a nuestro portavoz cuando le preguntó sobre esta
cuestión. Así que insistimos. ¿Piensa el Gobierno promover la
incorporación de España en este sistema o, por el contrario, va a hacer
oídos sordos a este Parlamento y va a provocar que quedemos aislados de
la Unión por la innovación? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, como usted conoce, en el año 2010 la Comisión Europea realizó una
propuesta de una patente comunitaria única que utilizaba el sistema
lingüístico de la Oficina Europea de Patentes, según el cual las
solicitudes se pueden presentar en cualquier idioma junto con una
traducción en inglés, francés o alemán. Sin embargo, esta propuesta no
pudo salir adelante, ya que hacía falta unanimidad de todos los Estados,
y ni España ni Italia estaban de acuerdo por el tema de la lengua. En
estas circunstancias, en marzo de 2011, el Consejo autorizó a veinticinco
Estados miembros a establecer una cooperación reforzada de cara a la
patente unitaria. Además, en 2012 se firmó un acuerdo internacional sobre
el tribunal unificado, que usted comentaba anteriormente.
La entrada en vigor de todo el esquema está actualmente pendiente de
ratificación del acuerdo internacional por parte de Reino Unido y
Alemania. Aunque España siempre ha apoyado la creación de un título
comunitario de patentes, no podemos unirnos a este sistema, tanto por las
discrepancias con el mencionado régimen lingüístico como por las dudas
que plantea respecto a la seguridad jurídica. De hecho, esta fue también
la postura que defendió el anterior Gobierno socialista y la que
comparten las organizaciones empresariales, preocupadas especialmente por
las pymes españolas. (Aplausos).
Señor ministro, ha pasado mucho tiempo desde entonces y, desde luego,
mantener esta posición no está a la altura de un país como España y es
impropia de alguien que sueña con liderar el proyecto europeo. Si existe
algún ejemplo claro de cooperación reforzada es este. Fíjense, de los
todavía veintiocho integrantes de la Unión Europea, veintiséis han
decidido acogerse. Solo España y Croacia están fuera. ¿Es así como
quieren ser la locomotora de Europa? Porque si es así, no llegamos ni a
vagón de cola. Lamento que no esté bien informado, porque la semana
pasada Alemania ratificaba su adhesión, con lo que hace muy probable que
el sistema se inicie en diciembre de este año y, por tanto, no hay tiempo
que perder.
No consientan, por favor, que las empresas innovadoras españolas pierdan
competitividad por quedar fuera del sistema. Apuesten de verdad por la
innovación y por el talento de nuestro país, que lo hay y muy bueno, por
cierto. Recuperen las negociaciones diplomáticas que abandonaron hace
muchísimo tiempo. Desde fuera es imposible influir ni en su diseño ni en
la defensa del español. Además, ante el brexit el territorio español
podría ser un gran candidato como sede de una de las secciones del
tribunal unificado, y su Gobierno no puede estar desaparecido. Así que
reaccionen, no nos condenan a quedar fuera del sueño europeo de la
innovación y de la prosperidad. Si quieren profundizar en el proyecto
europeo, ahora tienen una gran oportunidad de demostrarlo. Envíen señales
a Europa, que nos están esperando, y no pierdan esta oportunidad.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, comparto con usted que hace falta un marco europeo de propiedad
industrial que simplifique y reduzca los costes de obtener una patente,
pero impedir la utilización del español -y estoy convencido de que usted
está de acuerdo conmigo- como lengua oficial, supondría que nuestras
empresas tendrían que traducir en una de las lenguas oficiales las
solicitudes de patentes que realicen y, además, respetar patentes no
traducidas al español. Adicionalmente, el sistema generaría una gran
inseguridad jurídica, ya que las acciones para atacar la validez de una
patente de otro Estado miembro solo podrán plantearse en la lengua de
solicitud, y en caso de que una empresa española resulte demandada tendrá
que asumir la lengua que elija el demandante en el proceso judicial.
Señorías, excluir al castellano supone asimismo una discriminación de
nuestras empresas, especialmente de las más pequeñas, respecto a las de
otros países que sí pueden usar su idioma y pueden conllevar una merma de
la capacidad de innovación.
Por último, señorías, quiero recordarles que, en cualquier caso, las
empresas españolas podrán hacer uso de este sistema cuando esté en vigor;
lo mismo que las compañías de otros países.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSEP VENDRELL GARDEÑES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE
FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ
PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE LAS MALAS PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA?
(Número de expediente 180/000179).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joseph Vendrell Gardeñes,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. Adelante, señoría.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Ministro, tenemos una de las bancas con la
peor reputación de la Unión Europea, prueba de ello son los doscientos
cincuenta directivos imputados. La banca se ha financiado
fraudulentamente con malas prácticas que han provocado el
empobrecimiento, la ruina de mucha gente y un enorme sufrimiento. Malas
prácticas, fraudes masivos como participaciones precedentes, deuda
subordinada, comisiones abusivas, hipotecas multidivisa, cláusulas suelo,
cláusulas de vencimiento anticipado, pagos por la formalización de las
hipotecas que no tendrían que asumir los clientes, hipotecas impagables o
el índice de referencia de préstamos hipotecarios.
Ministro, le pregunto por esta última mala práctica: ¿Qué solución les
propone a ese 1.300.000 personas afectadas por la estafa del IRPH?
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, este Gobierno ha sido el primero que ha tomado medidas para
mejorar la transparencia en la comercialización de productos financieros
y proteger a los usuarios bancarios. En el año 2012 aprobamos dos
decretos-leyes que incrementaron las provisiones de los bancos por
importe de más de 86.000 millones de euros, lo cual fue contra sus
resultados. Además, fuimos el primer Gobierno que limitó la retribución
de los directivos de los bancos. Igualmente, limitamos la posibilidad de
comercializar productos complejos entre minoristas para evitar que se
repitan casos como el de las preferentes. Y, a su vez, el FROB ha
remitido más de cincuenta operaciones dudosas a la fiscalía. Al mismo
tiempo establecimos un sistema de arbitraje que permitió a más de 334.000
pequeños ahorradores recuperar de manera rápida y ágil el dinero que
habían invertido porque se les habían vendido incorrectamente los
productos de las preferentes.
Nuestras sucesivas reformas del mercado hipotecario han incrementado la
protección de los consumidores con medidas como limitar los intereses de
demora, mejorar la subasta, reforzar la independencia de los tasadores. Y
desde el inicio de la pasada legislatura el Gobierno ha tomado también
medidas para proteger a los deudores vulnerables, de las cuales se han
beneficiado prácticamente 80.000 familias. En este sentido, más de 45.600
familias se han acogido al código de buenas prácticas, que ha permitido
prácticamente 39.000 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en
pago. También se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, una medida
cuya vigencia acabamos de ampliar y que se mantendrá hasta el año 2020.
Finalmente se creó el Fondo social de vivienda, que ha adjudicado a un
precio muy reducido, más de 9.000 viviendas en alquiler. En lo que va de
esta legislatura también hemos puesto en marcha un mecanismo
extrajudicial para facilitar que a los que se les aplicaron cláusulas
suelo de forma opaca puedan rápidamente recuperar su dinero.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.
Veo, ministro, que no tiene respuesta para 1.300.000 personas afectadas
por la estafa del IRPH. Pero además usted me ha hablado de las medidas
que han tomado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores nos dice que
la banca ya vuelve a las andadas, colocando nuevos productos de riesgo a
personas sin conocimientos financieros y vulnerables. El IRPH, como otras
estafas que le he mencionado, es una cláusula abusiva, comercializada sin
informar de los riesgos, prometiendo tipos bajos cuando siempre han sido
altos por encima del Euríbor, y además colocadas con falta de
transparencia y manipulación en la fórmula de cálculo, como ha confirmado
el propio Banco de España.
La unificación que hicieron ustedes en 2013 lo único que ha hecho es un
cambio de un IRPH por otro y por cláusulas abusivas, como las que aplica,
por ejemplo, La Caixa, con tipos del 4 %. Una mala práctica fue
sustituida por otra, ministro, un abuso fue sustituido por otro. ¿Qué es
lo que no nosotros le pedimos? Soluciones para las personas afectadas. Es
necesario establecer la nulidad del IRPH por ser abusivo y opaco, así
como por el carácter manipulable de su fórmula de cálculo. Es necesario
garantizar la devolución a las familias de lo cobrado fraudulentamente.
Es necesario investigar si realmente ha habido manipulación de este
índice, pero sobre todo, ministro, es necesario enviar un mensaje claro:
las malas prácticas de la banca no pueden quedar impunes.
Preocúpese por estas 1.300.000 personas afectadas, que no tengan que pasar
por el calvario de diferentes procesos judiciales, que además la banca
siempre pierde. Encuentre soluciones justas para esta gente (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Gracias, presidenta.
Señorías, ya he anunciado que estamos trabajando en una nueva ley de
crédito inmobiliario para incrementar la transparencia de los contratos y
para evitar que vuelvan a darse situaciones de cláusulas opacas. Estas
normas reforzarán los requisitos de información mediante una ficha previa
en la cual se recogerán todas las cláusulas sensibles. E incluso habrá
una simulación desde el punto de vista de la evolución de los tipos de
interés. La firma en el notario deberá comprobar que el consumidor conoce
perfectamente el contenido del contrato. A su vez, acabamos de abrir el
periodo de consulta para el anteproyecto de ley para trasponer la
directiva MiFID II, que regulará el asesoramiento en la comercialización
de productos financieros y aumentará la transparencia en el mercado de
acciones, bonos y derivados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON
ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A
LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA
EL GOBIERNO QUE SU POLÍTICA HA SIGNIFICADO UN AVANCE EN LA IGUALDAD
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES? (Número de expediente 180/000184).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta de la diputada doña Elvira Ramón
Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora RAMÓN UTRABO: El 22 de marzo de 2007 se promulgó la Ley Orgánica
de igualdad real entre mujeres y hombres. Cuando se cumplen diez años de
esta ley, ¿considera el Gobierno que su política ha significado un avance
en la igualdad real entre mujeres y hombres? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Ramón, se ha avanzado. Los datos revelan un avance efectivo en la
igualdad entre mujeres y hombres. Nos queda mucho por hacer, pero estoy
convencidísima de que trabajando juntos, con toda la sociedad, seguiremos
avanzando.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: La Ley de Igualdad se lleva a cabo porque no
bastaba con la mera declaración formal o legal en la propia Constitución.
Hacía falta un desarrollo normativo y sobre todo la aplicación de las
políticas públicas que contemplaba esta Ley de Igualdad, pero queríamos
alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres para acabar con las
discriminaciones por razón de sexo, como son la brecha salarial, la
discriminación en las pensiones, los problemas de conciliación, la
violencia de género o la menor presencia de mujeres en puestos de
responsabilidad. Pero los dos años de Gobierno del Partido Popular han
sido nefastos, han supuesto un retroceso en esta dirección. Con ustedes
se ha agrandado la brecha de género, han sido un Gobierno con un
clarísimo impacto negativo de género. Su reforma laboral -qué decir de la
reforma laboral- nos ha expulsado a las mujeres del mercado laboral. Por
primera vez en cuarenta años la tasa de actividad empezó a descender en
el año 2012 y no ha parado. Son más de 100.000 las mujeres que han
quedado fuera del mercado laboral desde el año 2012, y cuando le pregunté
a su compañera, la señora Báñez, por esta cuestión, me dijo que no fuese
antigua en mis planteamientos.
Ustedes han acabado con los planes de igualdad de las empresas, porque han
acabado con el principal instrumento, que es el convenio colectivo. Han
reducido las ayudas públicas previstas en la ley y los presupuestos para
políticas de igualdad. Han limitado el derecho de las mujeres jóvenes a
la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Saben por qué? Porque ustedes
no asumen que las mujeres partimos de una situación de desventaja en el
acceso a los puestos de responsabilidad o al mercado laboral. Ustedes no
creen ni han creído nunca en la igualad, por eso se abstuvieron en la
votación de esta ley y recurrieron al Tribunal Constitucional la paridad
en las listas electorales. Señora ministra, ¿no le parece que son ya
muchos años de oposición real a esta Ley de Igualdad? Yo diría que
demasiados. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Ramón, el compromiso con la igualdad real no es un patrimonio de la
izquierda; es un compromiso de la sociedad y lo defendemos todos. El
empleo es la principal herramienta contra la desigualdad, porque nos
garantiza nuestra autonomía y el pleno desarrollo. ¿Hemos avanzado? Yo no
hago lemas; manejo datos. Cuando ustedes gobernaban, de cada 10 paradas
en Europa, 7 eran españolas; hoy 1 de cada 2 mujeres con trabajo en la
eurozona están en España.
Aún nos queda mucho por hacer; vamos corrigiendo mediante políticas reales
y efectivas las desigualdades entre mujeres y hombres. Hemos reducido la
brecha en educación: casi el 55 % de los matriculados en la universidad
durante el curso pasado son mujeres. Hemos corregido la brecha en el
emprendimiento: 2 de cada 3 de los nuevos emprendedores son mujeres.
Estamos reduciendo la brecha salarial: desde 2012 la hemos reducido a 4
puntos. Estamos trabajando para eliminar la brecha en el acceso a los
puestos de alta dirección: desde 2010 se ha producido un aumento de la
presencia de las mujeres en los consejos de administración, pasando de un
12 % a un 19 %. Además, estamos promoviendo procedimientos de selección y
promoción que eliminen las discriminaciones para garantizar que las
mujeres estemos en todos los niveles de las empresas. También hemos
corregido la brecha de género en las pensiones: ya son casi 180.000 las
mujeres que han visto subir su pensión gracias al complemento de
maternidad. Vamos a seguir potenciando la conciliación: se ha ampliado el
derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos pasando de los
ocho a los doce años, y se ha mejorado el permiso de paternidad pasando
de dos a cuatro semanas ininterrumpidas. Además, estamos ya redactando el
plan estratégico de igualdad de oportunidades 2017-2020, y sobre todo,
señorías, seguiremos trabajando por el pacto de Estado contra la
violencia de género, porque la violencia machista es la forma más cruel
de desigualdad contra la mujer.
Las mujeres queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Somos el 51 % de
la sociedad y no vamos a desaprovechar ni a desperdiciar el 51 % del
talento femenino. Trabajemos juntos por la igualdad real y efectiva de
las mujeres y los hombres en este país.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE INTERIOR SOBRE SUS
POLÍTICAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTRES. (Número de expediente 172/000031).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al
Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Ciudadanos al ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la
seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Rivera Andrés.
La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias.
Paco salió con su moto de su casa en Bujalance, en Córdoba, y tomó la
carretera hacia Montoro. Una vez allí cogió la N-420. Siempre le había
gustado ese recorrido a través de la sierra de Cardeña en dirección a
Puertollano. Era un sábado de junio y hacía calor. Cerca de Azuel paró a
estirar las piernas y tomó un zumo en un bar de carretera, luego continuó
sintiendo el aire cálido y la velocidad, cambiando marchas, sintiendo el
motor. Entró en la provincia de Ciudad Real y cuando se acercaba a
Fuencaliente el asfalto le traicionó con dos baches criminales. El
primero le zarandeó, con el segundo perdió el control de la moto y salió
volando; se estrelló contra dos señales de tráfico. Una le atravesó el
costado derecho y le perforó el pulmón, la otra le seccionó la médula a
la altura de la séptima vértebra dorsal. Tumbado sobre unos matorrales el
joven motorista supo desde el primer momento qué es lo que le había
sucedido. Del
ombligo para abajo no notaba nada; en cambio, sentía un dolor insoportable
que le recorría el pecho. No le costó darse cuenta de que tenía el brazo
derecho partido y el hombro desencajado. Durante veinte minutos, hasta
que llegó la Guardia Civil, Paco se planteó seriamente si quería seguir
viviendo. Tras el silencio y la estela de la muerte, llegaron muchos
días, muchos meses y muchos años de lucha en una vida distinta; entonces
corría el año 2007. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
Ruego silencio, por favor.
Continúe.
La señora RIVERA ANDRÉS: Precisamente eso es lo que sintió Paco, silencio.
Lo que le ocurrió a Paco permaneció en ese silencio, permanece hoy en día
en el silencio, el silencio de las víctimas de tráfico.
Señor ministro, en 2015 fallecieron 385 motoristas, 45 más que en el año
2014, y 3.268 necesitaron hospitalización. Uno de cada tres
hospitalizados por accidentes de tráfico son motoristas. Pero las
víctimas no son números. No son números porque no es fácil, porque todo
cambia, porque víctimas somos todos. Son víctimas los que se van y son
víctimas los que se quedan, porque cualquiera de nosotros, de los que
estamos aquí, podemos ser víctimas de un accidente de tráfico.
Aquel día de hace ya diez años los dos agentes que llegaron al lugar en
que estaba el accidente se conmovieron con la entereza de aquel joven que
les preguntó nada más llegar si conservaba las dos piernas. Mientras
llamaban al helicóptero, que tardó otros veinte minutos en llegar, los
propios agentes le confesaron a Paco que habían atendido a otros 4
accidentados en ese mismo punto esa semana. El lunes, el miércoles y el
viernes 3 motoristas habían perdido la vida en ese mismo punto, en esos
dos baches sin que nadie hubiese tomado ninguna medida al respecto. Cosas
de este país. Lo arreglaron a raíz de mi accidente, explicaba Paco
Salinas en su habitación del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que fue
su hogar durante siete meses. Sobre la cama, pegadas en la pared,
dispersas fotos de viajes, estampitas del Cristo del Gran Poder de la
Semana Santa de Bujalance, y la camiseta de una carrera popular que le
dedicó un amigo que decía: Los campeones sufren por vencer. Pues mire,
señor ministro, estas son las cosas que debemos cambiar en este país.
¿Alguno de ustedes, de los que estamos hoy aquí, privaría a sus hijos de
una información que tal vez pudiera salvarles la vida? Estoy segura de
que no. En la Dirección General de Tráfico, señor ministro, tenemos los
datos y un algoritmo de cálculo, denominado Invive, que identifica de
manera inequívoca y objetiva cuáles son los tramos más peligrosos de
nuestras carreteras en función de la velocidad, y creo que deberíamos
sentirnos orgullosos porque, por cierto, es una patente española pionera
en Europa. Pues actuemos de igual manera con los accidentes de moto,
porque sabemos dónde han tenido lugar y cuáles son las causas que los
produjeron. Por tanto, no tiene ningún sentido que se prive a cinco
millones de motoristas en España de una información que puede salvarles
la vida. Si una zona es especialmente peligrosa para motos, debemos
señalizarla por todos los métodos posibles: por Internet, a través de los
mapas de navegación y, por supuesto, señalizando la propia vía, señor
ministro. No valen excusas.
He escuchado muchas veces que tenemos 166.000 kilómetros de vía, pero
solamente 26.000 son de Fomento. Eso no sirve y le voy a decir por qué:
porque la Dirección General de Tráfico tiene la capacidad y debe asumir
también la responsabilidad de informar a los motoristas de cuáles son los
tramos que les pueden costar la vida, y esa información sí la tenemos a
nivel del Estado y de la Dirección General de Tráfico.
A Manuel Castilla, bombero de profesión, un guardarraíl le mutiló la
pierna izquierda en un accidente de moto en el año 2000. Con la vida
rehecha y con el coraje de quien recuerda, de quien se niega a olvidar,
no puede evitar bajar la mirada cuando cuenta que dos años después perdió
a un amigo en la misma curva donde él se cayó con la moto. La historia se
repite en los mismos lugares, a veces por casualidad o por mala suerte,
pero la mayoría de las veces no es por casualidad ni por mala suerte,
señor ministro. Esta información debe divulgarse, debe llegar cuanto
antes para que el siguiente motorista que pase por la curva de Manuel no
se juegue la vida. Ahora se acerca la Semana Santa, el buen tiempo,
aumentan los desplazamientos en moto, y en esta época incluso los propios
hospitales se preparan para recibir a las víctimas de esta multitudinaria
tragedia que son los accidentes de tráfico. Lo hemos asumido como una
parte más de las operaciones salida y retorno, incluso como parte de las
vacaciones, y parece normal cuando no tiene por qué serlo, cuando no lo
es, porque las víctimas no son números. Los guardarraíles siguen siendo
una trampa mortal para motoristas. Cada año se producen mutilaciones por
guardarraíles en España y estamos hablando de historias y lesiones que
tienen nombre y apellido: de Manuel Castilla, de Juan Cabrerizo, de Paco
Salinas, José Fernando González o el ciclista paralímpico Juanjo Méndez,
por ejemplo. Y así ¿hasta cuándo?
Según el último estudio específico realizado para motos por la DGT -por
cierto, señor ministro, es del año 2008, ahí es nada; desde entonces no
se ha vuelto a hacer absolutamente ningún estudio en Tráfico específico
para motos-, más de la mitad de los fallecidos se producen por salidas de
vía, y la mitad de esos fallecidos ocurren por un impacto contra un
guardarraíl. Se lucha contra ello desde numerosas asociaciones de
motoristas que hoy nos acompañan en el Congreso, que están hoy en la
tribuna. Aprovecho para saludaros y daros las gracias por acompañarnos
hoy aquí. Nos acompañan Juan Manuel Reyes y Miguel Ángel Serna, de Mutua
Motera. -Encantada de que estéis acompañándonos-. Nos acompañan José
María Riaño y Pedro Díaz del Río, de Anesdor. Nos acompaña la Asociación
Motorista Ángeles Verdes, con Begonia González Rentero, José Antonio Rego
y Domingo Tena. Nos acompaña también la Unión Internacional de Defensa
del Motociclista, con Juan Carlos Toribio. -Muchas gracias por estar aquí
también-. (Aplausos). Nos acompaña José María Barona, del Real Moto Club
de España, y nos acompaña Andrés Pérez, de la Real Federación
Motociclista Española. Yo creo, señor ministro, que la representación que
tenemos hoy aquí le dice claramente el interés que hay por resolver este
asunto. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que el problema
de los guardarraíles empiece a ser algo del pasado.
Yo lo entiendo, señor ministro. Yo entiendo que usted dirá que 166.000
kilómetros de vía suponen un desembolso tremendo para el presupuesto y
que es imposible cambiarlo todo, pero cambiemos aquellas zonas que son
más peligrosas. Tenemos la información y usted tiene a los expertos con
este programa Invive que puede salvar muchas vidas. Hagámoslo, porque
debemos actuar cuanto antes en esa curva de Manuel para que nadie vuelva
a dejarse la vida en ella, y eso sí es presupuestariamente viable, señor
ministro, claro que lo es. Y no solamente eso, sino que tenemos que
empezar ya, para que no cueste más tiempo ni cueste más vidas. Con estos
datos de los tramos más peligrosos debemos de empezar a actuar de
inmediato, no podemos esperar un día más. Aunque mi interpelación va
dirigida a usted, señor Zoido, también quería dirigirme -aunque no hay
nadie más del Gobierno- a varios ministros más porque la seguridad vial
es algo integral, es algo que tenemos que hacer entre todos. Me dirijo
también al señor De la Serna, por su responsabilidad en carreteras; al
señor Català, que tiene pendiente modificar el Código Penal porque hoy en
día si una persona se da a la fuga tras un accidente en el que ha habido
fallecidos no se considera que haya omitido el deber de socorro. Eso no
tiene hoy en día en nuestro Código Penal ningún sentido, y eso es
necesario que lo cambiemos, señor ministro. Es muy importante que lo
cambiemos. (Aplausos).
Esto va por Ana González -sí, va por ella-, que perdió a su marido
atropellado en un accidente de bicicleta. Va por ella y por mi compromiso
con ella, por la memoria de su marido y, sobre todo, porque no, porque
las víctimas no son números. Por supuesto, claro que sí, quiero dirigirme
al señor Montoro -que tampoco está aquí- y a sus presupuestos. Quería
preguntarle -pregúnteselo usted cuando debatan presupuestos, señor Zoido-
cuál es el valor de una vida o cuál es el de una muerte que puede
evitarse. En 2016 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160
personas. A veces nos parece solo una cifra lejana y silenciosa; 1.160
personas es como si en Madrid toda la población de El Berrueco y de
Lozoya desapareciera. O como si una tercera parte de la población de
Alcolea del Río, en Sevilla -que usted conocerá muy bien- de pronto ya no
estuviera más, así de sencillo. Son 1.160 personas, cada una con su
propio nombre y con su propia historia, que podría ser la nuestra, la de
cualquier de nosotros.
Señor ministro, creo que es necesario que actuemos y que lo hagamos ya. Me
remito a las palabras de Paco; Paco decía que quería volver a trabajar en
la universidad, que su sueño era volver a ir en moto. Cuando le ocurrió
su accidente decía que su hermano, que también es motero, estaba muy
tocado y que iba a dejar de montar en moto. Él le dijo: No, sigue
montando en moto porque cuando vuelva a montar en moto quiero que seas la
primera persona con la que yo vaya. Señor ministro, que nunca se rompan
más sueños a causa de un mal bache ni por falta de señalización ni por un
guardarraíl que corta la vida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Gracias.
Presidenta, señorías, en primer lugar quiero saludar a todos los
representantes de las distintas asociaciones de usuarios de motocicletas
y también a las asociaciones de víctimas. He de decirles que sé
como se sienten, en primer lugar, porque soy usuario de la moto y porque
me considero víctima de accidente de tráfico. Yo quiero agradecer la
intervención, sin duda alguna muy emotiva, que nos ha hecho la portavoz
en este caso del Grupo Ciudadanos. Yo, sin duda alguna, no puedo dejar de
acordarme de Paco y de tantas personas a las que ha citado porque han
tenido un accidente. A cada una de ellas le ha arrastrado determinadas
circunstancias que le ha lastrado y cambiado la vida, tanto a ellos como
a sus familiares. Algún día si quiere yo le cuento la mía y verá como
también el sufrimiento hace que las palabras que se escuchen aquí me
causen sorpresa, porque creo, no porque un hijo perdiera la vida con
diecisiete años en un accidente de coche, que todos los que nos sentamos
aquí tenemos un compromiso con mejorar la seguridad vial. Yo estoy
convencido de que todos lo tenemos. Le puedo asegurar que es una de mis
prioridades y también lo es del Gobierno, y creo que debe de ser una
tarea de todos y en ello tenemos que emplearnos. Por eso, desde el primer
momento, siendo consciente de la situación que atravesamos, he
comprometido alcanzar un pacto de Estado por la seguridad vial.
He tendido la mano a todos, a todos los grupos parlamentarios, a todos los
actores implicados en materia de seguridad vial, a las administraciones
públicas y a la sociedad civil. ¿Con qué objetivos? Con un doble
objetivo: reducir el número de accidentes de tráfico y garantizar una
movilidad segura y sostenible a través de una adecuada gestión del
tráfico. Voy a poner encima de la mesa algunos datos, aunque es verdad
-insisto, usted lo ha repetido muchas veces y yo lo digo siempre- que un
solo caso supone una tragedia, pero tenemos que administrar los datos y
ser objetivos con los que cada uno manejamos. Ya tuve la oportunidad en
la Comisión de mostrar el balance de la siniestralidad vial en el que se
observaba un ligero aumento, del 1,4 %, en el número de accidentes, la
cifra ya grave de incremento del 2,6 % de los fallecidos -hay 29 más que
en el año 2015-, y el incremento del 4,3 % en los hospitalizados respecto
a 2015. De esa forma, se rompió la tendencia de los últimos trece años de
descenso en el número de víctimas. Estos datos de por sí constituyen un
motivo fundamental para trabajar con intensidad y, aunque una estrategia
nacional estuviera vigente hasta el año 2020, nos hemos puesto manos a la
obra desde la Dirección General de Tráfico, que estoy convencido que
usted conoce. Igualmente, es bueno saber que en España por fortuna
todavía estamos muy por debajo de la tasa de mortalidad de la Unión
Europea, por tanto, algo estaremos haciendo bien, aunque tenemos que
seguir redoblando los esfuerzos. Al contestar a una pregunta reconocí que
en la Unión Europea han sido 52 los fallecidos por millón de habitantes y
36 en España. Insisto en que esto no nos puede servir de consuelo, ni
mucho menos, sino únicamente como acicate para redoblar los esfuerzos que
tenemos que aplicar para regresar a la tendencia del descenso de víctimas
y accidentes de los últimos años. No voy a utilizar como argumento ni el
incremento del número de vehículos del parque móvil ni tampoco el de los
cambios e incremento de los desplazamientos. Sí creo que es importante
que se sepa que, teniendo en cuenta el tipo de vía, las carreteras
convencionales siguen siendo con mucha diferencia donde hay más víctimas
mortales en accidentes, el 75 %. Si bien, experimentan un descenso de un
3 % con respecto al 2015, sin embargo, en autopistas y autovías el número
de fallecidos se ha incrementado en un 3 %; al contrario que en las
convencionales. Como ya informé, las salidas de la vía son la principal
causa de muerte en accidente, el 47 % en vías de gran capacidad y el 41 %
en carreteras convencionales. En autovía y autopista la colisión trasera
y múltiple fue la causa del 20 % de las víctimas mortales y el 17 % por
atropello a peatones, mientras que en las vías convencionales un 25 % fue
por colisiones frontales.
Centrándonos en la materia que nos ha planteado su señoría en esta
interpelación, he de decirle que en el año 2016 descendió el número de
personas fallecidas en accidentes de motocicletas y ciclomotor, ya que en
2016 fallecieron 214 usuarios -en 2015 hubo 10 menos- y 21 en ciclomotor,
-en el año anterior hubo 6 menos-. Insisto en que esto debe servirnos de
acicate y no de justificación. Por el contrario y para que ustedes se
sitúen bien en el panorama general, los fallecidos en turismo, 604,
aumentaron un 6 % respecto al año anterior, 34 más, y también lo hicieron
las víctimas mortales en autobús, 18 en 2016 y 2 en 2015. También se
aumentó en 5 el número de peatones fallecidos.
Señorías, creo que es importante que sepan que de los 214 muertos en
motocicleta 4 no utilizaban el casco en el momento del accidente, y de
los 21 fallecidos en ciclomotor solo uno no lo llevaba. Entre los
ciclistas, de los 33 fallecidos 6 no utilizaban casco, pese a ser
obligatorio en vías interurbanas. No es mi intención excederme en los
datos, pero creo que es interesante hacer un repaso general de estas
cifras.
Me van a permitir que les asegure que sé que detrás de cada accidente hay
tragedias con nombres, apellidos y familias que ven cómo sus vidas
cambian para siempre. Lo he dicho al comienzo de esta intervención. Unos
me lo han dicho: Yo jamás pensé que a mí me podía pasar y me ha ocurrido,
y a otros amigos y compañeros que de una u otra forma se han visto
marcados por la tragedia de accidentes en
carretera. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico se ha puesto en
marcha un plan de medidas urgentes dirigidas a mejorar la seguridad vial
para el conjunto de los usuarios de la vía, sin perjuicio de que siga
vigente la Estrategia Nacional 2010-2020. Y por eso se han puesto en
marcha determinadas medidas para que se mejore, sobre todo para los
usuarios de las motocicletas y ciclomotores, la seguridad vial.
En primer lugar, la instalación de guías sonoras longitudinales. El
objetivo fundamental es prevenir salidas de la vía y colisiones
frontales, previniendo que los motoristas y motociclistas puedan invadir
involuntariamente el carril del sentido contrario o sufran una salida de
la vía. Se están instalando. En segundo lugar, racionalización en la zona
de adelantamiento. La racionalización y redistribución de los tramos de
adelantamiento genera una protección fundamental a los motociclistas,
debido a su vulnerabilidad en caso de colisión contra un vehículo que
tenga una mayor masa. En tercero, el establecimiento de cruces
inteligentes porque los cruces a nivel son objetivamente un elemento de
riesgo de la vía. La posibilidad de avisar con antelación a los vehículos
que circulan por la vía preferente, de la presencia de un vehículo que se
encuentra en disposición de acceder al cruce, reduce significativamente
la peligrosidad de los cruces, y además cabe destacar que se emplearán
sensores específicos para la detección de los vehículos en la vía
principal y en los accesos, incluida la motocicleta. En cuarto lugar,
avisadores de velocidad. Este refuerzo preventivo mostrando al
motociclista a la velocidad a la que circula permite a este adaptar su
velocidad con antelación suficiente y circular por el tramo en cuestión
en condiciones de seguridad. En quinto, una nueva metodología para
determinación y estudio de los puntos negros a los que usted se ha
referido para evitar que puedan seguir unos puntos donde la
accidentalidad siga presidiendo los números que hacen que tenga esa
consideración de punto negro. Usted menciona en el propio texto, y así lo
ha dicho en la interpelación, la metodología EuroNCAP RAT, la cual se
contempla como una de las que empleará la Dirección General de Tráfico
para la evaluación objetiva de las vías que permitan, con la colaboración
de los distintos titulares de la vía, asegurar un nivel de seguridad
óptimo en la red de las carreteras. Se analizarán, además, de una manera
independiente los accidentes de motocicletas para identificar las zonas
de riesgo y realizar propuestas de medidas por las distintas
administraciones con competencia en la materia y mejorar así la seguridad
de los motociclistas.
En sexto lugar, una nueva instrucción de vigilancia en la agrupación de
tráfico de la Guardia Civil y un plan operativo anual donde se van a
dedicar apartados específicos destinados a mejorar la seguridad de los
motociclistas, a través de la vigilancia y control intensivo de los
tramos y franjas horarias donde hay una mayor presencia de motociclistas,
y de esa forma velar por el cumplimiento de las normas y el respeto del
resto de los vehículos. Nuevos criterios también, en séptimo lugar, para
la implantación y gestión de los cinemómetros, los radares, para asegurar
una buena gestión de los mismos y que sean útiles y eviten las
situaciones de riesgo; tramos con avisadores de velocidad que muestran la
matrícula. Los tramos donde se instalarán los avisadores de matrícula van
a permitir aumentar notablemente la seguridad de los motociclistas que
estén circulando por ellos. Instalación de puntos de control de velocidad
en tramos de especial peligrosidad y, en este sentido, debido a su
carácter preventivo a través de la señalización previa, queremos reducir
la accidentalidad y peligrosidad de los tramos donde se estén ubicando.
Refuerzo de las señalizaciones en los tramos Invive, de los que también
ha hablado, para prevenir en los tramos de carreteras convencionales con
mayor Invive, índice que evalúa la presencia del binomio exceso de
velocidad y de accidentalidad. Esos excesos de velocidad derivarán en una
mayor seguridad de los motociclistas si previamente han sido ya previstos
al facilitar el flujo más uniforme del tráfico, evitando adelantamientos
innecesarios y otras situaciones de riesgo. Guía de buenas prácticas en
travesías y tramos urbanos. En ese sentido, la guía de buenas prácticas
recogerá actuaciones encaminadas a mejorar el encaje seguro de las
motocicletas y ciclomotores en el entramado urbano. Medidas de
comunicación con ejemplos de distracciones y testimonios reales de
víctimas de tráfico.
El ejemplo que le puedo poner es el del otro día cuando presenté con
Tricicle la campaña para concienciar sobre el uso del móvil, donde se
veía perfectamente cómo un motociclista iba hablando por el móvil y luego
mandaba un mensaje al mismo tiempo que pilotaba la moto. Demostró una
gran pericia, pero el riesgo fue elevadísimo.
Por último, el plan estatal de educación vial. En la elaboración de este
plan estatal de educación vial los usuarios de las motocicletas deben
tener un papel destacado como destinatarios de algunas medidas y como
participantes activos, a través del consejo superior de Tráfico y de las
principales asociaciones de motociclismo.
No cabe la menor duda de que hay que tomar medidas para la prevención y,
sobre todo, el aseguramiento de cómo tienen que ser las vallas -lo que se
conoce como quitamiedos- para que no incrementen el riesgo y las
consecuencias de una caída y la posterior salida de la vía -en la segunda
intervención podré dedicarme a profundizar, estas eran materias propias
de mi departamento y ahora le podré decir aquello que también se está
haciendo-. Pero creo que es un paso importante -termino ya, señora
presidenta- que España esté impulsando, como Estado miembro de la Unión
Europea, la progresiva introducción de mejoras en los vehículos. Desde el
año 2016 todos los nuevos modelos de motocicletas con cilindrada superior
a 125 centímetros cúbicos incorporan ABS. Yo creo que es una buena medida
y, sobre todo, me parece que reducir los tiempos de asistencia en
accidente tiene que ser un buen camino para proteger, garantizar y tener
una mejor respuesta. Para ello, el sistema eCall para motos consistirá
principalmente en un dispositivo integrado en el vehículo capaz de
recoger los datos sobre el accidente y enviarlos al 112, y ya se está
estudiando la posibilidad de disponer de cascos compatibles con eCall que
recogerían datos adicionales y establecerían automáticamente una llamada
de voz en manos libres.
En definitiva, estamos trabajando para conseguir comportamientos más
seguros de los motoristas; pero además queremos incrementar la seguridad
de la carretera para ello y mejorar el conocimiento sobre la
accidentalidad de los motoristas y de su propia modalidad. Es una de mis
prioridades, señoría, se lo garantizo, no lo dude, y le garantizo que
vamos a seguir trabajando intensamente tanto en el diagnóstico de las
causas del problema como en el diseño de las soluciones. Creo que todos
tenemos que estar juntos, empezó usted, y yo también, hablando de vida y
eso es lo fundamental, por eso yo espero contar con las aportaciones de
todos los que nos sentamos en esta Cámara, por el bien de todos pero,
sobre todo, por el bien de a quienes ellos están representando.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ANDRÉS: Gracias, señora presidenta.
Quería agradecer personalmente al ministro, al señor Zoido, su
sensibilidad con los accidentes de tráfico. Eso es lo más importante que
necesitamos para empezar a trabajar, esa sensibilidad y ese compromiso
con la seguridad vial. En ese sentido, quiero que el señor ministro sepa
que me tiene de su lado, que conozco profundamente la DGT -he trabajado
diez años en ella, como usted bien sabe-, y que para mí uno de los
objetivos de estar aquí, en esta Cámara, es precisamente ese, que llegue
algún día en el que los accidentes de tráfico nos los tomemos en serio.
Porque, como decía antes y como decía el ministro, nos puede pasar a
cualquiera de nosotros, y lo siento profundamente porque sé que usted
tiene esa sensibilidad porque lo ha vivido. Ese es el primer paso y
tenemos mucho ganado en ese sentido con usted. Comentaba el señor
ministro el compromiso que ha planteado de ese pacto de Estado por la
seguridad vial. Yo le diría que está muy bien, que me sumo, que por
supuesto en Ciudadanos nos sumamos; pero necesitamos hechos y necesitamos
presupuesto, señor ministro. Si no invertimos en seguridad vial, si no
invertimos para acabar con esos guardarraíles que hoy por hoy están
mutilando a motoristas en España, no conseguiremos nada. Necesitamos
presupuesto e insisto en ello. La seguridad vial no se gana solamente con
palabras o con pactos de Estado. Necesitamos presupuesto, necesitamos
herramientas y medidas concretas que además la DGT tiene.
Usted comentaba que los accidentes de moto habían descendido en 2016.
Mire, señor ministro, sabe como yo que esos datos no están consolidados.
El único dato fiable que tenemos hoy en día de accidentes de moto son los
datos de 2015. Como usted sabe, esos datos no se consolidan a veces hasta
septiembre de este año, que es lo que ha ocurrido en 2016. Muchos más
motoristas a lo largo de 2016, cuando se consoliden los datos, habrán
perdido la vida, y lo que sí sabemos es que de 2014 a 2015 hay 45
motoristas menos en nuestras carreteras. Así que sinceramente creo que
debemos tomarnos los datos muy en serio, y sobre todo las sensaciones de
las víctimas.
Usted ha comentado una serie de medidas urgentes y me parece bien: el
eCall para motos, el Invive, que se puede utilizar también para las
motos, no es una cuestión solo para la velocidad. Insiste en la
instrucción de vigilancia de la Guardia Civil, que hace un trabajo
excelente; yo he trabajado -como le digo- con ellos durante diez años,
pero la vigilancia no lo es todo. Tenemos que optar también por la
prevención y por tomar medidas que presupuestariamente sí son viables,
como sustituir esos guardarraíles de nuestras carreteras en aquellos
tramos que se puede, que es viable saber dónde -y se puede saber ya-
están esos tramos más peligrosos donde se pierden las vidas para
sustituir los guardarraíles en esas
zonas. Eso sí es presupuestariamente viable. Todas las medidas que se
tomen son importantes pero, señor ministro, insisto, tómenlas ya, hagamos
el trabajo ya. No perdamos el tiempo en papel o en medidas que al final
no traen resultados. Necesitamos salvar las vidas de muchos motoristas
que hoy en día se la siguen jugando en una curva, se la siguen jugando en
un bache y sobre todo se la siguen jugando en esos guardarraíles. Usted
daba la cifra igual que yo, estamos hablando de que prácticamente la
mitad de los fallecidos en accidente de moto ocurren por salidas de vía,
y de ellos la mitad ocurren porque acaban cortando su vida en un
guardarraíl. Eso no lo podemos permitir, señor ministro, tenemos que
actuar y podemos actuar ya.
Hay una teoría que dice que aquellas personas que hemos perdido a alguien
cercano al que amábamos, que se ha muerto antes de tiempo, debemos vivir
el doble y debemos vivir por nosotros y por ellos. Señor ministro, creo
que aparte de vivir el doble creo que debemos esforzarnos el doble. Le
propongo cuatro medidas concretas que podemos empezar a poner en marcha
ya, no mañana, sino hoy. Uno, identificar las zonas peligrosas de toda la
red de carreteras utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de
cálculo similar al Invive de la Dirección General de Tráfico específico
para motos. Dos, informar a los motoristas y a las asociaciones -que hoy
nos acompañan- para que distribuyan en tiempo real esa información de
cuáles son esas zonas por Internet, por sistemas de navegación y por
supuesto en la propia vía, por ejemplo, cambiando el color de las líneas
de la vía de blanco a verde para que el motorista sienta que está en una
zona diferente. Tres, sustituir de manera inmediata los guardarraíles en
aquellos tramos más peligrosos, que se pueden identificar. Quizá no sea
mucho y debería pelear en el presupuesto para que se haga. Cuatro,
informar a comunidades autónomas, a diputaciones y ayuntamientos para que
ellos también señalicen y cambien los guardarraíles en sus zonas de
competencia.
Le insisto, las víctimas no son números, son historias y recuerdos de los
que se van, y son muescas y heridas en la vida de los que se quedan,
señor ministro. Actuemos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Señora Rivera, muchas gracias por el tono que ha empleado y por hacer unas
propuestas que puedan servir para mejorar todo lo relativo a la
siniestralidad desde el punto de vista de los motociclistas. Cuando me ha
hablado de seguir profundizando en el Invive le puedo asegurar que, por
los datos que obran en mi poder -que quizá usted también tenga, por el
lugar donde usted ha prestado tantos servicio-, son 1.200 más los puntos
que se han destacado como de alta siniestralidad. Señora Rivera, he de
agradecerle el tono que ha empleado y las propuestas que ha venido
haciendo. Creo que de los cuatro puntos que ha explicado varios ya se
vienen desarrollando y ejecutando, como la identificación de los puntos
donde hay mayor siniestralidad. Sé que se viene haciendo de una manera
continua, según los informes que obran en mi poder. Usted que ha servido
mucho tiempo a la sociedad desde la Dirección General de Tráfico sabe que
allí hay magníficos funcionarios que perfectamente están detectándolos, y
una vez que lo hacen se pasa la información, se va declarando y se van
incorporando como puntos de alta siniestralidad. Y conviene que eso se
comunique y que se les haga saber a ellos, para que al final con las
redes sociales seamos capaces de llegar lo más rápido posible y en un
tiempo real, que es algo de lo que hoy en día podemos disfrutar. Esto me
parece bien. Son muchas las comunicaciones que por esa vía se dan desde
la Dirección General de Tráfico.
Voy a darle ahora algunos datos sobre el hecho de sustituir los
guardarraíles. En cuanto a comunicar a comunidades autónomas y a
municipios dónde están los puntos sabe que es algo que se hace con
muchísima frecuencia para que en todos los sitios se puedan ir tomando
las medidas por la Administración competente, que es la que debe actuar.
Como anteriormente usted destacaba no cabe la menor duda de que,
existiendo un cuerpo de técnicos tan especializado como los de la
Dirección General de Tráfico o la propia agrupación de la Guardia Civil
de tráfico, ellos serán los que hagan las recomendaciones oportunas para
que comunidades autónomas y entidades locales tomen las medidas precisas
para que se puedan, por lo menos, sustituir aquellos elementos que vienen
a introducir una mayor peligrosidad en el supuesto de que haya ocurrido
un accidente. Por tanto, dado que me ponía en cierta medida en juego las
relaciones de los distintos ministerios -como el Ministerio de Fomento
para hacer las inversiones o el Ministerio de Hacienda para que dé el
dinero-, yo le puedo asegurar que hay sintonía entre todo el Gobierno;
estoy hablando de una absoluta coincidencia en mejorar todo lo que a la
siniestralidad se refiere, en mejorar los medios personales, tanto en
Guardia Civil como de tráfico, en mejorar los puntos
negros, y no solo en la señalética, sino también en una mejora ostensible
e intensa de todos los medios de protección.
El Ministerio de Fomento ha sido siempre muy sensible a los accidentes de
los motociclistas, por eso se han ido mejorando desde hace mucho tiempo,
desde el año 1995, momento en que se empiezan a instalar y a reponer
barreras, sustituyendo unas por otras. Dice que últimamente no se ha
hecho nada, pero he de decirle que los criterios de aplicación de
elementos de contención de vehículos vienen a armonizar y unificar todos
los criterios anteriores, y esto es del año 2014. En estos momentos se
han instalado en la red de carreteras del Estado más de 1.900 kilómetros
de barreras para protección de motociclistas; en particular desde el año
2012 se han instalado en la red de carreteras del Estado más de 250
kilómetros de este tipo de barreras, se han ido sustituyendo también por
comunidades autónomas e incluso por determinados municipios. Le puedo
asegurar que hay un firme compromiso del Ministerio de Fomento para
seguir instalando estos sistemas en las obras nuevas o en la reposición
de las barreras existentes y que no cumplen todos los requisitos hoy
vigentes. Se va a incluir en la programación de actuaciones la
instalación de barreras de protección de motociclistas en todos los
tramos que se necesitan, y hoy por hoy hay en marcha un Plan de barreras
de motociclistas, que supondrá la instalación de unos 270 kilómetros
adicionales. El presupuesto de licitación ha sido de algo más de 23
millones de euros. Se ha licitado en el último trimestre de 2015, y
después de haberse adjudicado se está ejecutando a lo largo del año 2017.
Termino. Además de la instalación de las barreras de protección de
motociclistas el Ministerio de Fomento realiza actuaciones que consisten
en la eliminación de obstáculos, nivelación y relleno de bermas, despejes
de márgenes, relleno de cunetas, despejes en las salidas y entradas en
los ramales de enlace, eliminación de terminales tipo cola de pez y
adaptación de pasos de mediana, que también repercuten en la mejora de
las condiciones de la seguridad de todos los motociclistas. Termino
reiterándole, señoría, mi agradecimiento por el tono, la sensibilidad y
las medidas propuestas, y espero que todos juntos seamos capaces de
seguir trabajando por mejorar la seguridad en las carreteras en general y
de los motoristas en particular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA A LAS REFORMAS Y MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PROMOVER EL
GOBIERNO PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA CRECIENTE CORRUPCIÓN EN MATERIA DE
GESTIÓN DE AGUAS, EN MUCHOS CASOS VINCULADA A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. (Número de expediente 172/000034).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno
para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión
de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios
de agua y saneamiento.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy deberíamos haber empezado este Pleno, en el Día Mundial del
Agua declarado por Naciones Unidas, como se merece, con una declaración
institucional que recordara y celebrara que ya en 2010 Naciones Unidas
aprobó en pleno la Declaración del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento sin ningún voto en contra. Deberíamos también de haber
celebrado, junto con la república plurinacional de Bolivia, que fue quien
hizo esa propuesta, el liderazgo de España, que junto a Alemania presentó
análoga propuesta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
en Ginebra. Sin embargo no sé por qué el Partido Popular no lo ha
aprobado, no ha visto conveniente hablar de derechos humanos.
Siento perplejidad y preocupación. Me hubiera gustado mirar a los ojos al
señor presidente para decirle que siento preocupación, y preguntarle por
qué preocupa entrar a este debate sobre la base de lo que nos exige
Naciones Unidas, que es el reconocimiento práctico y eficaz del derecho
humano al agua y al saneamiento. En todo caso reconozco que el debate que
abrimos en torno a si gestionar a través de la gestión privada o pública
servicios tan básicos como los de agua y saneamiento está fuertemente
ideologizado. Ahora bien yo, en el poco tiempo que tengo, voy a
proponerles argumentos democráticos,
que podrían ser de consenso, e intentaré que la moción que salga de aquí
sea en forma de propuestas prácticas para combatir y acabar con las
tramas de corrupción galopante que surgen y se multiplican en materia de
aguas en este país, y ahí sí que espero tener mayorías que dejen clara la
posición de la Cámara.
Podemos decir con un cierto orgullo colectivo, y por encima de izquierdas
y derechas, que el reto de garantizar el agua potable a todos y todas,
ricos y pobres, ha sido un reto público. Me siento orgulloso de vivir en
un país en donde abro la llave, como dicen en América Latina, o el grifo
en cualquier ciudad de mi país y tengo agua potable. Sin embargo desde
los años setenta emerge el movimiento que se acaba conociendo como
neoliberalismo en donde la visión es otra; la visión es que se debe
priorizar el mercado, que todo se compra y se vende. Soy profesor de
análisis económico, y en la primera clase que doy a mis alumnos siempre
les explico una cosa básica, y es que la economía es muy importante, pero
hay que recuperar el sentido aristotélico del término economía. Y les
digo: en esta vida las cosas más importantes, como por ejemplo el derecho
humano al agua, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se
venden. Es fundamental. Sin embargo el modelo neoliberal ha avanzado, y
en estos momentos hay tres grandes modelos de privatización del agua en
el mundo. El primero fue el modelo chileno, luego vino el modelo
británico y luego el modelo francés. El modelo chileno se impone en
tiempos de Pinochet y sigue vigente, porque el dictador se cuidó muy
mucho de vincular la Ley de Privatización del Agua a la Constitución, de
manera que ni siquiera la señora Bachelet actualmente, con su enorme
mayoría conseguida en las urnas, puede cambiar esa ley. Si fuéramos
chilenos y chilenas y necesitáramos agua hasta hace poco tendríamos que
venir a comprarla a Madrid, y hoy tendríamos que ir a comprarla a Roma,
porque Endesa es la propietaria efectiva de la mayor parte de los ríos
chilenos. Afortunadamente ese modelo no se ha extendido por ningún otro
país. Con el modelo británico lo que hizo la señora Thatcher fue
privatizar de un plumazo las redes de agua y saneamiento. Tampoco se ha
extendido a ningún otro país. El tercer modelo es el francés. Este sí
está en España y se extiende por el mundo con el apoyo, vergonzoso, desde
mi punto de vista, del Banco Mundial.
Lo que se propone es privatizar la gestión, incluso con fórmulas muy
sutiles, pero no menos perversas. Se le dice al alcalde: no se preocupe,
señor alcalde, no quiero privatizar el agua ni las redes; hagamos
gestión, pero incluso hagamos una empresa mixta, PPP, public private
partnerships, partenariado público-privado, y usted en mayoría; gestión
pública; ¡sí hombre, 51 % público, 49 % privado! ¿Les suena Canal de
Isabel II? Claro, hay que leerse luego el contrato, y aparece enseguida
una cláusula que dice, en nombre del know how, del savoire faire: como
este es un tema muy complejo para usted, señor alcalde o alcaldesa, de
mutuo acuerdo la gestión es adjudicada, es una función que corresponde al
socio minoritario. De manera que no se controla el negocio tanto a través
de la mayoría accionarial, como del control de la información y de la
gestión. Sutil, perverso y eficaz. Y luego viene otra cláusula que dice:
y respecto a compras, contrataciones y subcontrataciones también las hará
el socio privado. Desaparecen por veinte, treinta o cuarenta años los
concursos públicos, el libre mercado, queridos amigos y amigas.
¡Desaparecen! Y se genera lo que técnicamente se denomina el blindaje del
mercado de inputs secundarios, en donde se mueve más de 50 % del valor
añadido del sector. Ese es el gran negocio. La propia empresa compra y
contrata a sus empresas, a las empresas asociadas, a cualquier precio,
sin competencia de mercado. Y eso, ¿quién lo paga? ¡No lo paga la
empresa! Hay otra cláusula que dice que los costes -y sobrecostes por
supuesto- los pagan los ciudadanos en la tarifa.
Esta perversión, este modelo que rompe absolutamente los principios del
interés general, e incluso los principios del libre mercado, tiene una
clave para meterlo en los ayuntamientos. La clave se llama canon
concesional. En definitiva lo que hace el señor empresario es llegar al
alcalde y decirle: ¿usted tiene problemas de financiación, señor alcalde?
¡Cómo no, con el proceso de anorexización de las finanzas públicas a
nivel municipal que ha impulsado Europa presionando, y que la ley Montoro
ha llevado a una situación extrema, casi de crueldad, nada razonable por
cierto! Lo que se le dice en esa situación al alcalde es: no se preocupe,
yo tengo aquí un canon concesional para usted si me deja la concesión
para veinte, treinta o cuarenta años. Es como un adelanto, como un
crédito. Ese crédito que se le impide al alcalde pedirlo al BBVA, se le
permite si privatiza. ¿Y eso quién lo paga? Los ciudadanos en la tarifa,
de manera que con dinero de la tarifa del agua acaba yendo dinero a la
caja oscura del ayuntamiento y el alcalde hace lo que quiere. Esta
oscuridad del canon concesional es lo que ha llevado a Francia, a los
inventores de este proceso, de este modelo -recientemente en la ley de
transparencia y combate a la corrupción- a prohibir el canon concesional,
a desactivar ese incentivo perverso a la privatización y, como digo, a la
corrupción.
Pokemon es nuestra punta del iceberg. Pero Pokemon no es un solo caso; son
ya decenas de casos de corrupción llevados por Aguas de Barcelona; la
principal multinacional del agua, Suez, con marca española, Aguas de
Barcelona, que fíjense hasta qué punto la jueza Pilar de Lara considera
Aquagest, que es una empresa de Aguas de Barcelona, una asociación
ilícita, no una empresa. ¡Esta es nuestra marca España en América Latina!
¡Una asociación ilícita! ¡Una trama de corrupción que se extiende por
todas las comunidades, más de diez comunidades! La jueza ha decidido
extenderse, y no quedarse en Asturias y Galicia, por lo que ya empiezan a
salir los casos en Murcia, seguro que en Aragón también, en Valencia,
etcétera. No se trata de una manzana podrida, queridos amigos y amigas,
es una trama de delincuencia basada en Aquagest, basada en Aguas de
Barcelona, y que capta cargos políticos a niveles municipales,
conseguidores en los partidos políticos.
El segundo frente que incentiva y alienta la corrupción en nuestro país lo
conforman las sociedades estatales de agua, señora ministra. Sociedades
estatales como Acuamed y Acuaes, que fueron introducidas como una gran
idea por el señor Cañete cuando usted ya formaba parte de su equipo.
Recuerdo una intervención del señor Cañete que venía a decir que esta era
una nueva forma de introducirnos, de abrirnos hacia la evolución, a
nuevas y creativas formas de gestión del agua a través de la
privatización. Se trataba de que el capital privado entrara a cofinanciar
grandes obras hidráulicas. No entró ni un euro, ni las cajas de ahorro
que estaban al ordeno y mando de la autoridad política de turno
invirtieron ni un euro. Fue un fracaso en ese sentido. Pero, ¿qué
consiguieron? Oscurecer la gestión de la inversión pública en materia de
obra hidráulica, oscurecer toda esa gestión, que ha desembocado en dos
cosas. La primera, la corrupción obviamente. Y la segunda, esconder
masivamente deuda pública irrecuperable que los usuarios de esas grandes
obras hidráulicas no van a pagar, esconderla detrás de esas empresas.
Señora ministra, de nuevo esto no es una manzana podrida. Su
responsabilidad, como mínimo política, es evidente. Está implicada la que
fue su cúpula en el ministerio, desde la secretaría general a las
direcciones generales en la investigación que ha hecho el juez Velasco y
en la investigación de la policía. Por otro lado, cuando ya usted era
ministra, aprobó la compensación indebida a FCC, que le estaban diciendo
explícitamente los servicios jurídicos que era ilegal. Fue usted
responsable de esto. Su responsabilidad política clamorosamente se
extiende hasta la actualidad, cuando siguen persiguiendo a las ingenieras
que tuvieron el valor de denunciar las prácticas irregulares, a doña
Azahara Peralta y a doña Gracia Ballesteros. Usted sigue impugnando e
intentando llevar nuevos recursos ante ya dos sentencias de nulidad, en
lugar de reconocerlas como las heroínas de la denuncia de la corrupción.
En su respuesta le pido por favor que no alegue que no sabía nada, porque
de eso ya tenemos sobredosis: con una exministra que no sabe nada del
Jaguar que había en su garaje, con una expresidenta de la Comunidad de
Madrid a la que no le consta nada de la evidente podredumbre que le
rodeaba durante años, con una infanta que confía en su marido y no
entiende de cuentas corrientes. ¡Ya está bien! (Aplausos). Asuman sus
responsabilidades políticas, ministra. Pero en todo caso, mientras eso
llega, me podría decir, por favor, ¿qué medidas y qué estrategias va a
poner en marcha para combatir y acabar con la pléyade de casos, con la
trama de corrupción que surge por doquier, vinculados a la privatización
y a las sociedades estatales de agua? Y por otro lado, ¿qué va a hacer
frente al reto del saneamiento que Europa nos plantea y que desborda
sobre todo a los ayuntamientos pequeños, lo que induce finalmente a
perversos y oscuros procesos de privatización?
Espero su respuesta. (Aplausos de las señoras y señores diputados del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
puestos en pie.-La mayoría de ellos lleva puesta una camiseta de color
azul en la que figura escrito el siguiente texto: Agua pública 100 %).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, presidenta.
Hoy celebramos el Día Mundial del Agua, declarado por Naciones Unidas en
reconocimiento a que el agua es uno de los bienes más preciados que
tenemos, es la vida misma. Para nuestro país además es un bien escaso por
sus características climáticas peculiares, con una distribución irregular
en las precipitaciones, con regiones claramente deficitarias en recursos
hídricos. Por ese motivo y para nosotros especialmente es imprescindible
fijar una política de agua rigurosa, bien planificada, que responda a
nuestras necesidades de consumo con la máxima calidad y sostenibilidad
medioambiental, con todas las
garantías y que responda a las directrices europeas. Y este Gobierno está
especialmente orgulloso de los logros que se han alcanzado desde el año
2012 en cuanto que entonces España carecía de una política de agua,
recurso que estaba muy abandonado. Estamos también comprometidos a nivel
internacional con el derecho al agua y al saneamiento, con la consecución
de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, donde también trabajamos desde el ministerio y sumamos nuestra
colaboración a la política de cooperación que lleva a cabo el Gobierno en
materia de agua, que a nadie le quepa ninguna duda al respecto. Pero,
señoría, permítame antes de nada manifestar mi sorpresa por su petición
de interpelación: por lo escueta -dos líneas-, por la ausencia de
fundamentación -ninguna-, y sobre todo por centrarse aparentemente en un
ámbito, el de la gestión de los servicios de suministro de agua de boca y
saneamiento, en el que el Gobierno de España no tiene competencia. En
efecto, tal y como dispone el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios públicos
de abastecimiento y saneamiento son competencia de los ayuntamientos. Y
en concreto -cito la ley-: El municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de
las comunidades autónomas en las siguientes materias, entre ellas, el
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales. En definitiva, como señala la propia ley, la prestación
de ambos servicios recae en las corporaciones locales, bien directamente
bien a través de las diputaciones o con el auxilio de las comunidades
autónomas. Por tanto en este ámbito de competencias, reconocido como
local por la legislación vigente, la Administración General del Estado
solo actúa invirtiendo en aquellas obras que se declaran de interés
general. En otras palabras el Estado solo ejecuta actuaciones de
abastecimiento y depuración si previamente y por ley se han declarado
dichas obras de interés general.
Dicho esto, señoría, como decía antes, hoy es el Día Mundial del Agua, que
este año se centra en la depuración. En esta materia como le he dicho no
somos competentes, pero sí estamos comprometidos y prestamos un
importante apoyo a las corporaciones locales y comunidades autónomas.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno lo que se encontró en
política de agua en general, y en el ámbito del saneamiento y depuración
en particular, fue una situación de abandono. España tenía un déficit en
materia de tratamiento de aguas residuales; de hecho teníamos ya abiertos
tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea
que afectaban a más de 700 aglomeraciones urbanas. Por razones
medioambientales, para preservar el buen estado de los ecosistemas
hídricos, por razones legales, para cumplir con los objetivos ambientales
establecidos en la normativa nacional y europea, algo que para nosotros
sí es de la máxima importancia, y me refiero también a cumplir con la
Unión Europea para tratar de evitar la imposición de sanciones en la
Unión Europea, porque a nosotros sí nos preocupa trasladar este coste a
los ciudadanos, el Gobierno tuvo que empezar por llevar a cabo un
análisis pormenorizado de la situación de depuración en nuestro país y
buscar financiación complementaria. Se puso en marcha una auditoría en
todas las comunidades autónomas, aglomeración a aglomeración, que
permitiera conocer la situación y establecer una priorización de
inversiones en el horizonte 2016-2021.
Las actuaciones correspondientes quedaron incluidas en los programas de
medidas de los planes hidrológicos de cuenca de las distintas
demarcaciones, planes a los que también -dicho sea de paso- hubo que
dedicar un enorme esfuerzo para recuperar un atraso de años, de casi una
legislatura entera. Para impulsar la solución a esta problemática el
Gobierno aprobó en 2014 el Plan de mediadas para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, el Plan Crece, que integró actuaciones en
materia de saneamiento y depuración declaradas de interés general. Este
plan garantiza una inversión de casi 1.100 millones de euros hasta el año
2020, con la finalidad de cumplir los objetivos de la Directiva
91/2017CE, de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, y cumplir con la
mejora de la calidad de las aguas, que es tanto como trabajar por una
mejor calidad de vida de los ciudadanos.
En el año 2015 gracias a dicho plan ya se impulsaron 55 actuaciones de
saneamiento y depuración que estaban en marcha, pero cuya ejecución era
menor que la deseada y que contaban con fondos europeos del periodo
2007-2013. Hay que destacar que 31 de estas actuaciones tenían abierto
expediente de infracción o estaban en fase de investigación. También en
2015 el ministerio puso en marcha 73 nuevos contratos de saneamiento y
depuración que suponen una inversión estimada de más de 250 millones de
euros. De estos se han licitado 50 entre 2015 y 2016 por importe de unos
136 millones, y se han formalizado 40 contratos por importe de 78. A lo
lago de 2017 está previsto iniciar otras 20 actuaciones, con un importe
de licitación previsto de 110 millones de euros. En resumen, señoría, una
labor muy importante para mejorar la calidad de las aguas y cumplir los
objetivos ambientales en nuestras masas de aguas, labor a la que este
Gobierno ha dado siempre máxima prioridad, y que tendrá un impulso mayor
en los próximos años, según vayamos poniendo en marcha nuevas iniciativas
aún en fase de proyecto. Hay que destacar además que en esta tarea
estamos colaborando con las comunidades autónomas para coordinar
esfuerzos dentro de una planificación integral que dé respuesta
definitivamente a las necesidades de depuración de aguas de nuestros
municipios. Así, para la puesta en marcha de todos estos proyectos de
interés general, de toda esta importante inversión, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente recurre a todos los
instrumentos a su alcance, actuando bien a través de la Dirección General
del Agua, de las confederaciones hidrográficas o de las sociedades
estatales del agua. En concreto, el recurso a estas sociedades tiene la
finalidad de fomentar la participación de los usuarios en el desarrollo y
explotación de estas infraestructuras como establece la Directiva-marco
del Agua. Quiero recordar también, señoría, que el agua es -lo es ya- un
bien público, y no porque figure como tal en un programa político; lo
decidimos los españoles hace mucho tiempo. Figura en el artículo 1.3 de
la Ley de Aguas, que establece que el conjunto de las aguas que integran
el ciclo hidrológico constituyen un recurso unitario subordinado al
interés general y que forma parte del dominio público estatal como
dominio público hidráulico, de manera que lo que le corresponde al
Gobierno es garantizar que la gestión de este recurso se lleve a cabo con
todas las garantías para los ciudadanos, siguiendo criterios de eficacia
y eficiencia, porque esa es nuestra obligación con los ciudadanos, la
mayor prueba de respeto hacia ellos: ofrecer la prestación adecuada de
los servicios garantizando el uso eficiente del dinero de los
contribuyentes. Esta es la exigencia de servicio público con la que
cumplimos desde el ministerio al impulsar los proyectos a los que me he
referido a través del instrumento que en cada caso mejor sirva al interés
general.
Con el fin de garantizar una mayor eficacia, rigor y transparencia en la
utilización de los fondos públicos y control del gasto, ya hemos
reforzado las garantías en todos los ámbitos del ministerio, también en
el de las sociedades estatales, en concreto, con la puesta en marcha de
las instrucciones de contratación en agosto de 2012 para todos los
organismos dependientes del ministerio; instrucciones que fijan criterios
enormemente estrictos en esta materia. En particular, en cumplimiento de
estas instrucciones, los criterios automáticos de valoración de ofertas,
como el precio, deben suponer al menos el 80 % de la puntuación,
limitándose la puntuación por criterios técnicos a un máximo del 20 %
para mejorar la objetividad. Le recuerdo, señoría, que la vigente Ley de
contratos del sector público no pone limitación a los criterios
subjetivos y solo señala que cuando superen el 50 % en contratos
administrativos estos deberán valorarse por un grupo ajeno de expertos.
Solo esta medida ya supuso una drástica reducción de la discrecionalidad
con la que se podía operar con anterioridad al año 2012.
En el ámbito de las sociedades, estas instrucciones endurecen y armonizan
los procedimientos de contratación, imponiendo diversas exigencias no
establecidas en la legislación, entre las que cabe citar las siguientes:
Todos los pliegos y modelos de contrato deben tener idéntica estructura y
contenido que deberá ser informado por la Abogacía del Estado y por el
ministerio, de este modo se reduce el margen de apreciación de la empresa
al contratar; es obligatorio concretar en los pliegos las exigencias de
solvencia y los medios materiales y humanos que los licitadores deben
comprometerse a adscribir en la ejecución del contrato, evitando así la
discrecionalidad; es obligatorio utilizar el procedimiento abierto y solo
excepcionalmente el procedimiento negociado, cuyo uso debe motivarse y
autorizarse expresamente por el consejo de administración; en caso de
utilizarse el procedimiento negociado, se deberá invitar a un mínimo de
cinco empresas frente a las tres exigidas por ley, con lo cual mejora la
concurrencia; la puntuación máxima de los criterios que dependen de un
juicio de valor subjetivo no podrá superar el 20 % de la puntuación
máxima total, por tanto, el criterio de adjudicación habrá de ser con
carácter general el precio, con una puntuación mínima del 80 % de la
puntuación máxima total. Se trata, en definitiva, de incrementar la
objetividad. Las puntuaciones obtenidas por aplicación de los criterios
subjetivos serán objeto de lectura siempre en acto público antes de la
apertura de los sobres que contienen la oferta económica; de esta forma
se garantiza la transparencia del proceso. La aprobación de modificados o
prestaciones complementarias no previstas tendrá carácter excepcional y
deberá ser expresamente autorizada por el presidente del consejo de
administración. Se limitan así los sobrecostes no justificados y se
establecen normas comunes para apreciar el carácter anormal o
desproporcionado de las ofertas para evitar decisiones arbitrarias. Las
mesas de contratación deberán incorporar necesariamente un abogado del
Estado, lo cual refuerza las garantías de legalidad. Señoría, la ley no
impone las obligaciones que recogen las instrucciones de contratación del
ministerio. Se trata de una exigencia superior de rigor y transparencia
que desde el año 2012 se ha establecido con carácter general en todos los
departamentos del ministerio. Este Gobierno ya ha actuado.
Creo que con lo dicho hasta ahora queda claro el compromiso con el
cumplimiento de nuestros objetivos nacionales en materia de saneamiento y
depuración en aguas residuales, más allá, insisto, de la competencia
de prestación del servicio, que, recuerdo, es municipal. También creo que
le habrá quedado claro a su señoría que con las medidas adoptadas
garantizamos un nivel de control, transparencia, objetividad, legalidad y
concurrencia muy superior a los que eran habituales antes de 2012. En
definitiva, una actuación política y de gestión que creo que es sólida,
bien orientada y que deja en evidencia que no hay nada que respecte al
ministerio que respalde las infundadas afirmaciones que se recogen en la
formulación de su interpelación, por no entrar al caso de muchas otras
falsedades que su señoría ha citado desde esta tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
El señor ARROJO AGUDO: Ministra, debo empezar agradeciéndole que no haya
argumentado que no sabía nada. Algo es algo. Pero mantiene su
irresponsabilidad política flagrante. Respecto a las falsedades que he
podido decir -me ha llamado mentiroso-, hablaremos.
En primer lugar, no ofrece soluciones. Esto es culpa de los ayuntamientos,
de las comunidades autónomas... Yo le voy a proponer soluciones. En su
última intervención me tendrá que decir si está de acuerdo o no, pero son
competencias suyas. Empezaré con una referencia informativa a la que no
me ha dado tiempo antes. Ha dicho usted: yo tengo competencias en las
grandes inversiones de obras hidráulicas. Le pongo solo un ejemplo,
aunque tengo muchísimos porque llevo media vida trabajando en estos temas
de economía del agua: Acuaes en Navarra, los riegos de Navarta. Se hizo
Itoiz, se hizo el canal de Navarra y no se va a recuperar ni el 20 % de
la inversión pública -lo conozco bien porque lo he estudiado a fondo-,
pero al final Acuaes privatiza el último sector, la gestión del regadío,
y ahí nos encontramos con una generosa concesión a Acciona, a La Caixa, a
Agbar -Aguas de Barcelona; eso que decía de una asociación ilícita,
corrupta- y a OHL. Y para garantizar el negocio en el regadío de estas
empresas se garantiza un peaje en la sombra de 683 euros por hectárea y
año durante treinta años; casi cuatro veces más de lo que pagan los
regantes. ¿Eso es gestión pública de interés general?
Dice que en agua y saneamiento el Gobierno está ayudando. En efecto,
también eso es competencia suya. Yo ya se lo dije; hay una
responsabilidad del Estado en que tienen que sanearse las aguas. El
Gobierno de España, que no es el Partido Popular ni el PSOE, mandó a
Aragón 140 millones para obras de interés general. En efecto, como usted
dice, obras de interés general, los pequeños ayuntamientos del Pirineo.
Son 140 millones que llegan a Aragón y el responsable del Gobierno de
Aragón, es verdad, dice: ya tengo esto arreglado con la privatización;
déjeme gastármelo en cualquier otra cosa. Y el ministerio acepta,
colabora con esa privatización. Luego las depuradoras no se hacen y hoy
su ministerio, en lugar de ver qué hace con esas obras de interés general
que no han sido realizadas, multa a los ayuntamientos. Es decir, esas
obras que tenían que haber hecho ustedes con el dinero público de interés
general desde Madrid no se hacen, se privatiza y ahora usted multa a los
ayuntamientos. (Aplausos).
Le hago rápidamente propuestas concretas para abordar el problema de la
trama de corrupción, en donde hay políticos de distintos partidos y donde
están las grandes empresas. Primero, una auditoría externa, no un informe
interno ni un informe a la medida del Colegio de Ingenieros, sobre
Acuamed y Acuaes, que es la hermana gemela, con el mismo ADN que Acuamed
y con la misma dirección desde la cúpula del ministerio que ha inducido
la corrupción en Acuamed. Segundo, desmantelamiento de esas sociedades
estatales de agua. Hasta el Tribunal de Cuentas se lo decía, les sugería
replantearse su existencia. Tercero, suprimir el canon concesional, como
ha hecho Francia, por razones de protección de la transparencia y de la
lucha contra la corrupción. Y, por último, empoderar a los ayuntamientos.
Yo quiero saludar desde aquí que Ada Colau, los ayuntamientos del cambio,
toda Europa está hoy en Barcelona hablando justamente de la gestión
pública de aguas que en España han puesto en marcha los ayuntamientos del
cambio. (Aplausos). Ese aplauso va por ellos.
Quiero acabar diciendo lo que dije al principio. Las cosas importantes de
la vida como son el derecho al agua y al saneamiento, como dice la copla
para el cariño verdadero, ni se compran ni se venden. Y pido que el
último aplauso -si es que alguien quiere aplaudir- no sea para mí, sino
para Red Agua Pública, que lleva peleando la iniciativa ciudadana, que
lleva peleando en las calles y que aquí recibe nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
puestos en pie.-Varios señores diputados del mismo grupo han extendido
sobre las barandillas de los escaños camisetas de color azul en las que
se lee: Agua pública 100 %).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de dar la palabra a la señora
ministra les recuerdo que el Diccionario de la Lengua Española dice que
tendedero es un lugar o un dispositivo de cuerdas o alambres donde se
tiende ropa. Este hemiciclo no es un tendedero, es la representación de
todos los españoles. Estoy segura que fotos ya debe de haber suficientes,
por tanto, retiren, por favor, las camisetas, porque hay que tener
respeto a la institución y a este hemiciclo. (Aplausos).
Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la
señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Gracias, presidenta.
Señoría, como he dicho en mi primera intervención, el Gobierno de España
no es competente en la gestión de los servicios de suministro de agua de
boca y saneamiento. También quiero recordarle que el agua es un bien
público porque así viene establecido en la Ley de Aguas. Llegan ustedes
tarde a reclamar lo que ya es de todos los españoles; la prestación del
servicio es en todo caso pública. Señoría, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal exige que se pongan en conocimiento inmediato del ministerio
fiscal los hechos que puedan ser constitutivos de delitos públicos. Lo
que usted debe hacer es lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es poner en conocimiento del
ministerio fiscal los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Lo
hemos hecho hasta en cuatro ocasiones. La ley nos obliga a todos -también
a usted- y si tiene alguna duda sobre la legalidad de cualquier actuación
lo que debe hacer es dirigirse a la fiscalía en lugar de intentar sembrar
dudas generalizadas acusando a todos y a nadie.
Desde casi el principio de la X Legislatura el ministerio publicó unas
instrucciones en materia de contratación dirigidas a las sociedades del
agua que vienen a equiparar prácticamente al régimen de contratación de
las sociedades estatales, es decir, un sistema análogo al recogido en la
Ley de Contratos, algo que va mucho más allá en garantías y en control de
lo exigido por la ley. Cuando esta ministra tuvo conocimiento de las
irregularidades presuntamente delictivas de la empresa pública a la que
ha aludido, de manera inmediata se dieron instrucciones para que se
empezara a actuar, tanto para aclarar lo sucedido con el máximo respeto a
las actuaciones judiciales como para prevenir que hechos así se pudieran
repetir en el futuro. Se cesó fulminantemente al director general, se dio
solicitud al juez instructor para que la Abogacía del Estado se pudiera
personar y se puso en marcha una investigación interna de toda la
contratación, incluidos los modificados y complementarios que se han
realizado en el ministerio en cualquiera de sus organismos o sociedades
con grandes grupos empresariales. Esto entre muchas actuaciones. También
realizamos una auditoría para conocer el estado de toda la publicación.
Usted ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Primero, el ministro Arias
Cañete no creó las empresas públicas, esas empresas ya estaban creadas.
Segundo, la práctica totalidad de los contratos objeto de investigación
judicial, además de los que fueron objeto de denuncia, fueron adjudicados
en épocas de gobiernos anteriores a los del Partido Popular, quince de
diecisiete obras. En cualquier caso, no está de más señalar que entre los
investigados se incluye al director general de la empresa investigada
durante los mandatos de las exministras Espinosa y Aguilar. Me gustaría
recordar que, pese a sus afirmaciones, en estos momentos no hay un solo
alto cargo del ministerio investigado en esta causa. No ha sido esa su
afirmación. También los funcionarios públicos y la gente del ministerio
tiene respeto a su dignidad.
Con respecto a las depuradoras del Pirineo aragonés, la ejecución se
acordó en el año 2008 y en el convenio se establecía que el Gobierno de
Aragón debía ejecutar las obras de interés general del Estado, mientras
que las obras de la comunidad autónoma son financiadas por el Estado con
142 millones de euros. Las obras de las depuradoras del Pirineo aragonés,
de cuya ejecución se responsabiliza Aragón, no han concluido y hemos
contactado con el Gobierno de Aragón para que plantee una solución a
corto plazo. El ministerio sí ha realizado un importante esfuerzo durante
los años tan duros que nos ha tocado vivir manteniendo las aportaciones
económicas, ejercicio a ejercicio, hasta completar en 2016 la totalidad
de los algo más de 142 millones de euros comprometidos, permitiendo que
se ejecuten las obras de la comunidad autónoma. Por supuesto que los
organismos de cuenca tienen la responsabilidad de velar por la calidad de
las aguas de nuestros ríos y son conscientes y conocedores de la
situación de las depuradoras del Pirineo aragonés, algo que tienen en
cuenta pero que, en ningún caso, debe distraerles de garantizar la
calidad del agua de nuestros ríos.
Señoría, permítame recordarle que cuando llegamos al Gobierno la política
del agua, en particular todo lo relacionado con el saneamiento y
depuración, se encontraba en una situación de completo abandono. La
mejora de la calidad del agua ha sido una prioridad para este Gobierno,
como he demostrado a lo largo de mi intervención, y lo va a seguir
siendo, porque continuaremos trabajando por la calidad de vida de los
ciudadanos. Insisto, no se arroguen lo que ya es de todos, el agua es un
bien público, ustedes no están inventando nada, está así establecido en
la Ley de Aguas, y también lo es la prestación de servicios, aunque, por
otra parte, soy muy consciente de que no seré yo quien pretenda enseñarle
a usted a confundir con el lenguaje a los ciudadanos. Espero que la
prioridad de velar por una mejor gestión, más transparente, más rigurosa,
más consensuada en materia de agua sea compartida por usted y su partido
político, dejando de lado ideologías políticas y el enfrentamiento y
buscando, por encima de todo, lo mejor para España y para los españoles.
Esta será siempre la posición del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.
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