DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 54, de 17/05/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 54
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 52
celebrada el miércoles,
17 de mayo de 2017
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà), sobre la valoración de la
llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil
catalana en aras a lograr un mejor entendimiento. (Número de expediente
172/000043) ... (Página29)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación
integral sobre las rías gallegas. (Número de expediente 172/000044) ...
(Página35)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Justicia sobre sus
políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en materia de guarda y custodia compartida. (Número de expediente
172/000045) ... (Página42)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro del Interior sobre las
medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. (Número
de expediente 172/000046) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus
efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de
la población. (Número de expediente 173/000030) ... (Página56)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones
internacionales en España. (Número de expediente 173/000031) ... (Página64)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera
suficiente la reacción del Gobierno ante los casos de corrupción que se
han conocido recientemente? (Número de expediente 180/000259) ... (Página6)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno
eliminar los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes
públicos, tal y como prevé el acuerdo número 94 de pacto de investidura?
(Número de expediente 180/000258) ... (Página7)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno:
¿Tiene el presidente del Gobierno algo que decirle a las miles de
personas que han hecho colas en el control de pasaportes del Aeropuerto
de Barcelona-El Prat? (Número de expediente 180/000269) ... (Página9)
De la diputada doña Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Va a cumplir el Gobierno los compromisos adquiridos en
materia de reasentamiento y reubicación de refugiados? (Número de
expediente 180/000263) ... (Página10)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Cómo piensa el Gobierno cumplimentar lo dispuesto en la
disposición adicional sexta y séptima de la Ley 25/2014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros acuerdos internacionales? (Número de
expediente 180/000251) ... (Página11)
Del diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno del primer
pleno del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de 2017? (Número de
expediente 180/000265) ... (Página13)
Del diputado don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera el
ministro de Justicia que está asumiendo adecuadamente sus
responsabilidades al frente del ministerio? (Número de expediente
180/000260) ... (Página14)
De la diputada doña María Mercè Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuándo van a
cesar las injerencias del Gobierno en el trabajo de los fiscales que
luchan contra la corrupción? (Número de expediente 180/000261) ... (Página15)
Del diputado don Ignasi Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto, que
formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿En qué
criterios se ha basado el Gobierno para aprobar las inversiones reales
previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017? (Número de expediente 180/000250) ... (Página17)
Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo justifica
el mantenimiento en su cargo del secretario de Estado de Seguridad?
(Número de expediente 180/000262) ... (Página18)
Del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro
del Interior: ¿Considera compatible el Gobierno la imputación de
Concepción Dancausa con su actividad como delegada del Gobierno de la
Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/000256) ... (Página19)
Del diputado don Francesc Xavier Domènech Sampere, en sustitución del
diputado don Jaume Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de
Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué motivos los representantes del
Ministerio de Cultura no asistieron a la reunión del Comité Ejecutivo del
Consorcio del Palau de la Música del pasado viernes 12 de mayo? (Número
de expediente 180/000268) ... (Página21)
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera que su Gobierno, con
la implantación atropellada, improvisada e imprevista de la Lomce, está
en condiciones de promocionar al curso siguiente, recuperar en septiembre
o finalmente deba repetir curso? (Número de expediente 180/000255) ... (Página22)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte: ¿Cómo piensa actuar el ejecutivo para garantizar el rigor
académico de los libros de texto y evitar la distorsión de la Historia y
la organización institucional del Estado? (Número de expediente
180/000257) ... (Página24)
De la diputada doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno los efectos que ha tenido
el Real Decreto-Ley 16/2012 en el Sistema Nacional de Salud, tras cinco
años de su vigencia? (Número de expediente 180/000264) ... (Página25)
De la diputada doña Carmen Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: ¿Cuáles son las principales actuaciones que el
Gobierno quiere impulsar mediante el proyecto de presupuestos del área de
servicios sociales e igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para el año 2017? (Número de expediente 180/000267)
... (Página27)
De la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la
señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales: ¿Qué labores de apoyo va a realizar la
vicepresidenta al presidente del Gobierno en relación con su
comparecencia en el juicio del caso Gürtel? (Número de expediente
180/000254) ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà), sobre la valoración de la
llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil
catalana en aras a lograr un mejor entendimiento ... (Página29)
Formula la interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora vicepresidenta del Gobierno,
ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
(Sáenz de Santamaría Antón).
Replica el señor Xuclà i Costa y duplica la señora vicepresidenta del
Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación
integral sobre las rías gallegas ... (Página35)
Formula la interpelación urgente el señor Gómez-Reino Varela, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Gómez-Reino Varela y duplica la señora ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Justicia sobre sus
políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en materia de guarda y custodia compartida ... (Página42)
Formula la interpelación urgente la señora Rodríguez Hernández, doña
Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).
Replica la señora Rodríguez Hernández y duplica la señora ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro del Interior sobre las
medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción ... (Página49)
Formula la interpelación urgente el señor Sicilia Alférez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido
Álvarez).
Replica el señor Sicilia Alférez y duplica el señor ministro del Interior.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.) ... (Página56)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus
efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de
la población ... (Página56)
Defiende la moción la señora Sibina Camps, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Igea
Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Fernández Díaz, don
Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sorlí Fresquet
y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja
Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como la
señora Hernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sibina Camps.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones
internacionales en España ... (Página64)
Defiende la moción la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Nogueras i
Camero, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición
el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo; el señor Carracedo Verde, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
y la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como la señora Ferrer
Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
vuelve a hacer uso de la palabra la señora Reyes Rivera.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA
SUFICIENTE LA REACCIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SE
HAN CONOCIDO RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/000259).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden
remitido por el mismo.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del
diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente del Gobierno, ayer todos los grupos de la
Cámara, a excepción del suyo, el Partido Popular, reprobamos al ministro
de Justicia, al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción. Les
reprobamos a ellos, pero el destinatario, naturalmente, es usted. Por
eso, le hago dos preguntas. Primera, si usted considera que mantenerles
en sus puestos es positivo para la credibilidad de la justicia. Segunda,
si usted considera que la reacción del Gobierno ante los casos de
corrupción que hemos conocido es la adecuada.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor Hernando.
A la primera, le contesto que sí. Tengo plena confianza en las personas a
las que usted ha hecho referencia. Y en cuanto a la relación del Gobierno
ante la corrupción, persigue cuatro objetivos. El primero, prevenirla y,
por tanto, mejorar los controles; en segundo y en tercer lugar,
perseguirla y descubrirla, y para ello hay que apoyar a quienes tienen
esa función encomendada por nuestra Constitución y por nuestro
ordenamiento jurídico, y el cuarto gran objetivo sería castigarla, para
ello hemos aumentado las sanciones.
Sinceramente, aunque nunca es suficiente, estamos mejorando tanto en el
control como en el conocimiento público de la misma. Ahora se conoce y se
descubre, así como su sanción, pero, insisto, tenemos que seguir todos
perseverando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor Rajoy, ya no esperaba otra cosa de usted.
¿Cómo va a hacerles dimitir o va a cesarles si están haciendo lo que
usted quiere que hagan, que es parar la avalancha de
corrupción que a usted se le está viniendo encima? Leales con la justicia
no están siendo, pero obedientes a usted, un montón, y por eso les
mantiene donde les mantiene. Pero, fíjese, la semana pasada aparecieron
unas noticias sobre un supuesto chantaje a su persona por parte de una
gente sobre la corrupción del Partido Popular. Su portavoz se apresuró a
desmentirlas. Pero, ¿por qué tenemos que tener a todo un presidente del
Gobierno a merced y saliendo al paso de este tipo de informaciones?
Porque en el corazón de sus problemas sigue, señor Rajoy, la financiación
negra del Partido Popular durante veinte años y porque ayer tuvimos el
enésimo informe de la Guardia Civil -en este caso mencionando a Cristina
Cifuentes- en relación con el amaño de contratos en la Comunidad de
Madrid, señor Rajoy. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor HERNANDO VERA: Y porque usted vive en vilo a merced de la
corrupción desde aquellos famosos SMS, a merced de los tribunales y no
solamente de los tribunales, sino también de los chantajistas, señor
Rajoy. Y no es adecuada la reacción del Gobierno desde el momento en que
su delegada del Gobierno en Madrid, cuando es imputada, critica a la
justicia; la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando la implica la
Guardia Civil, critica a la justicia, y los abogados del Partido Popular
en este escrito piden que usted declare a través de plasma, señor Rajoy.
¡Si usted vive a diez minutos de la Audiencia Nacional y no declara como
presidente del Gobierno, declara como presidente del Partido Popular! Me
imagino que para usted no es grato ir a la Audiencia Nacional y cruzarse
miradas con compañeros de toda la vida que ahora están en el banquillo,
pero tampoco crea usted que es buena estrategia procesal hacerlo desde un
despacho de Génova reformado con dinero negro.
Señor Rajoy, si usted quiere hacer creer a la ciudadanía -a nosotros ya no
nos hace creer nada- que en serio está luchando contra la corrupción,
renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia
Nacional. Se lo puedo decir de otra forma: señor Rajoy, sea fuerte, dé la
cara ante el tribunal y olvídese del plasma. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Hernando, si usted
sabe que yo no iba a cesar al ministro ni a los fiscales, desconozco
cuáles son las razones por las que me pide -y además en sede
parlamentaria- que proceda a su cese, sobre todo cuando usted mismo acaba
de reconocer aquí que yo no los iba a cesar. Tenía usted razón, señor
Hernando. Le recomiendo que en el futuro no le haga perder el tiempo a
esta Cámara.
Habla usted de chantaje y dice usted que alguien ha tenido que desmentir
esa información. Yo ni siquiera me tomo la molestia de desmentirlo, igual
que no voy a desmentir muchas de las afirmaciones que usted acaba de
hacer en esta Cámara porque no estoy dispuesto a entrar en el juego de
algunos. Lo que sí puedo decirle es que poco más puedo añadir a lo que le
he dicho la semana pasada, la anterior y la anterior a la anterior en
esta Cámara, no voy a reiterar el sinfín de leyes que sin duda han sido
útiles para mejorar la lucha contra la corrupción, ni todos los medios
que hemos puesto a disposición de quienes tienen que luchar contra ella.
No voy a cansarle, además no tendría tiempo para hablar de todos los
casos de corrupción que afectan a su partido. Sí quiero decirle, señor
Hernando, que apunte usted alguna idea para que seamos todos más eficaces
en la lucha contra la corrupción, defienda usted la presunción de
inocencia y no aplique ese concepto que ya se está generalizando llamado
presunción de culpabilidad y apoye las medidas que hemos propuesto.
Sinceramente, creo que lo más importante en materia de lucha contra la
corrupción en estos momentos es que el próximo domingo día 21 llegue su
pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO
ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS LIGADOS A CARGOS POLÍTICOS Y REPRESENTANTES
PÚBLICOS, TAL Y COMO PREVÉ EL ACUERDO NÚMERO 94 DE PACTO DE INVESTIDURA?
(Número de expediente 180/000258).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, también al señor presidente del Gobierno.
Adelante, señor Rivera.
Señor presidente, el pasado mes de diciembre, después de firmar el acuerdo
de investidura para que usted fuera presidente -había ganado las
elecciones-, Ciudadanos exigió una serie de condiciones para cambiar
algunas de las leyes actuales. Usted le decía al señor Hernando que
proponga alguna idea. Es verdad que el señor Hernando y otros no proponen
muchas ideas, pero yo le voy a proponer una que está en el acuerdo de
investidura y que usted tendrá que comprometerse porque lo firmó su
portavoz. Señor Rajoy, le preguntaba a la vicepresidenta en diciembre por
este asunto, la supresión de los aforamientos de nuestra Constitución,
para que todos los cargos públicos de esta Cámara, del Senado y del
Gobierno no tengamos ningún privilegio y, si algún día imputan a alguien,
no tengamos que ir a un juzgado especial ni a un tribunal especial, sino
que vayamos a un juzgado natural.
Pasado ya un tiempo desde la investidura, casi seis meses, después de la
respuesta de la señora vicepresidenta, habiendo suprimido ya los
aforamientos en algún estatuto de autonomía, como en Murcia, estando ya
en trámite en Andalucía, habiendo hecho la propuesta en Castilla y León y
en Madrid, yo le quiero preguntar, señor Rajoy, a usted, que dice que no
hablemos solo del lío, sino de propuestas: ¿está el Partido Popular
dispuesto a comprometerse a una reforma exprés de la Constitución para
que nadie de esta Cámara tenga que ir al Tribunal Supremo ni a ningún
aforamiento y podamos ser juzgados, si nos toca, en un juzgado de primera
instancia, con un juez natural, como cualquier otro ciudadano?
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Rivera, quisiera hacerle algunos comentarios y someterlos a su
consideración. Como usted sabe, la legislatura acaba de empezar. Hemos
cumplido muchos aspectos de nuestro acuerdo de investidura. Hay tiempo
para los demás. Pero este asunto por el que usted se interesa no es menor
y conviene que lo hagamos, porque no es menor, con un acuerdo amplio
sobre el fondo del asunto y también con un acuerdo que tenga el mayor
número de apoyos posibles en esta Cámara, y nada de esto se produce, al
menos en mi opinión, en este momento.
Hay algunas cuestiones que me preocupan, señor Rivera, y sobre las que
creo que debemos trabajar. El artículo 71 de la Constitución española
dice que los diputados son inviolables por las opiniones manifestadas en
el ejercicio de sus funciones. Es decir, que cualquiera de los que
estamos aquí podemos decir lo que estimemos oportuno y conveniente sobre
cualquiera y eso no produce efecto alguno. También los diputados y
senadores, dice la Constitución, tienen inmunidad, es decir, no pueden
ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Tampoco pueden ser los
diputados y senadores procesados ni inculpados sin autorización de esta
Cámara. En cuarto lugar, dice que tendrán que ser juzgados por la Sala
Segunda del Tribunal Supremo. ¿Queremos solo cambiar esto o no queremos
cambiar la parte referida a inviolabilidad, inmunidad y autorización para
procesar? Porque eso sin duda es una garantía mucho mayor para los
diputados. ¿Para qué delitos? ¿Solo para los no relacionados con la vida
pública o para los relacionados con la vida pública no se cambia?
Señorías, los senadores y los diputados, al ir al Tribunal Supremo, no
tienen posibilidad de recurrir. Si hacemos un cambio, el que usted
propone, ¿cuántas instancias tendrán derecho a utilizar en el supuesto de
que sean condenados? Hay 2000 aforados entre cargos públicos y electos,
15 000 jueces y fiscales y 263 000 aforados parciales de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Esto afecta
a todos? Yo, sinceramente, creo que eso debemos pensarlo, como debemos
pensar si es bueno que haya unos diputados autonómicos aforados y no los
diputados o los senadores centrales, porque eso puede afectar al
principio de igualdad de los españoles. Por ello le propongo que hagamos
un debate sobre este asunto, estudiemos el tema y ya con conocimiento de
causa lo traigamos aquí para aprobarlo en su día.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Señor presidente, esta conversación la tuvimos usted
y yo en agosto, antes de cerrar el acuerdo de investidura, pero usted
parece un estudioso del derecho en vez de un ejecutivo. Hay que tomar
decisiones, señor Rajoy. Usted no está aquí para hacer preguntas
retóricas: ¿y qué hacemos con no sé qué artículo y qué podríamos hacer
con no sé qué? Hacer, señor Rajoy, actuar, cambiar. La señora
vicepresidenta me contestó lo mismo que usted en diciembre. ¿Hasta
cuándo, señor
Rajoy? No tenga miedo usted a perder el aforamiento, no tenemos que tener
miedo a ir a un juzgado que no lo escoja... (Rumores). No se pongan
nerviosos, están muy nerviosos hoy, no sé por qué. Señor Rajoy, lo que le
pido es que actúe. Usted es Gobierno, nosotros somos legisladores. Aquí
tenemos una propuesta que le hemos hecho saber a su grupo, no para hacer
preguntas de estudioso, sino para ser ejecutivos y legislativos. En este
documento de reforma, en el que hablamos de esos dos artículos que usted
dice, que conozco igual que usted, ya hay estampada una firma, está la
firma del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y con su firma, si usted tiene
palabra, debería estar la del señor Hernando, 169 escaños, y luego ir a
buscar más escaños. Aquí hay que ejecutar, señor Rajoy. Las reformas se
harán con el Partido Popular o sin él, pero hay que hacerlas. No tengan
ustedes miedo y no diga que esto es un lío, porque lío es el que tienen
ustedes montado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Yo estoy de acuerdo, señor
Rivera, en que hay que tomar decisiones, pero no por mucho madrugar
amanece más temprano (Risas), y si va usted muy rápido, corre el riesgo
de estrellarse. De lo que se trata es de que amanezca, y para que
amanezca conviene estudiar bien los temas y, en lugar de estar dando la
lata con el pasado, mirar hacia el futuro y hacer propuestas concretas.
(Aplausos.-Rumores).
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿TIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ALGO QUE DECIRLE A LAS MILES DE
PERSONAS QUE HAN HECHO COLAS EN EL CONTROL DE PASAPORTES DEL AEROPUERTO
DE BARCELONA-EL PRAT? (Número de expediente 180/000269).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Rumores).
Silencio, señorías. Adelante, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidenta.
Señor Rajoy, una curiosidad. ¿Tiene usted algo que decirles a los miles de
personas que han hecho, hacen y, probablemente, harán colas de horas en
el control de pasaportes del aeropuerto de El Prat.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sí, señor Rufián, tengo
algo que decirle. El origen de la situación por la que usted se interesa
deriva de una medida adoptada por la Unión Europea en la lucha contra el
terrorismo, lo cual es razonable, señor Rufián; baste con recordar los
desgraciados atentados terroristas que se han producido muy cerca de
nuestra casa, en el Reino Unido, en Bélgica, en Francia y en Alemania. La
medida que ha adoptado la Unión Europea consiste en incrementar las
inspecciones en fronteras de todas aquellas personas beneficiarias por el
régimen comunitario. Insisto, se trata de preservar la seguridad de la
gente, algo que pienso es muy razonable. Esto que, insisto, es una medida
europea es algo muy loable y que genera problemas. En lo que estamos
trabajando ahora es en solventar esos problemas que están ocurriendo hoy
en muchos aeropuertos de la Unión Europea, estamos todos coordinados y
estamos tomando medidas para que las molestias sean mínimas. Yo espero
que dentro de pocas fechas usted ya no tenga que volver a hacerme esta
misma pregunta porque no haya caso ni molestias para la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: La verdad es que yo también lo espero, señor
Rajoy, señor presidente. Mientras tanto, alguna idea. Desde el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana le pedimos -de hecho, le exigimos-
que le diga a su número dos, el señor Nieto -alias "el amigo de los
hermanos
Ignacio Dalton"-, (Rumores) y también a su número uno de Interior, el
señor Zoido -alias "no somos tontos, nos ocultaríamos como antes"-, que
todos aquellos policías que tienen en manifestaciones, en desahucios, en
operaciones Cataluña, en brigadas patrióticas y, sobre todo, dando palos
y pelotazos en El Tarajal los envíen al control de pasaportes del
aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Y, sobre todo, que dejen de hacer el
ridículo en el control de pasaportes, por lo menos hasta que en la futura
república catalana tomemos el control del aeropuerto si así su pueblo lo
quiere.
Muchas gracias y buenos días. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Rufián, se pueden
pedir cosas y se pueden hacer planteamientos sin necesidad de faltar al
respeto a las personas (Aplausos), porque además no cuesta nada, quedaría
usted muy bien y, a lo mejor, hasta nos parecería usted un señor
simpático. Pero, las cosas son como son. Yo voy a intentar responderle.
Ya le he dicho antes que estamos ante un problema de seguridad. Lo que
estamos haciendo es lo siguiente: Incrementar la dotación de agentes para
afrontar el creciente número de pasajeros, que son muchos; incrementar el
número de equipos informáticos y el número de auxiliares para ayudar a
los pasajeros, y también haremos un seguimiento semanal para que las
cosas vayan bien en el futuro. Ahora, puesto a decir cosas, podrían hacer
lo mismo también en el metro de Barcelona, para no echarle la culpa
siempre de lo que sucede a ese concepto jurídico indeterminado que usted
llama Madrid. Porque en el metro hay huelga, hay aglomeraciones, hay
problemas de andenes y también hay mossos d'Esquadra haciendo exactamente
lo que usted dice que hace la Policía Nacional, cosa que no hace.
Por tanto, señor Rufián, yo me voy a ocupar de mis obligaciones; ocúpense
ustedes de las suyas y no hagan de la política simplemente un ejercicio
contra Madrid, porque ustedes tienen muchas competencias que ejercer y
hacen mucho daño a los ciudadanos, véase el metro de Barcelona.
(Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARLOTA MERCHÁN MESÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN: ¿VA A CUMPLIR EL GOBIERNO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN
MATERIA DE REASENTAMIENTO Y REUBICACIÓN DE REFUGIADOS? (Número de
expediente 180/000263).
La señora PRESIDENTA: Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta de la diputada doña Carlota
Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, 133 son los días que faltan para que termine el plazo de
dos años en los que el Gobierno se comprometió a acoger a 17 337
refugiados procedentes de Siria. Quedan 133 días para acoger a 16 033
personas. La Comisión Europea ha emitido duras conclusiones y
recomendaciones sobre los reasentamientos y reubicaciones de España. ¿Qué
piensa de esas conclusiones, señor ministro? ¿Qué medidas va a tomar para
establecer el cupo mensual que nos pide la Comisión? ¿Cómo va la
negociación con la Comunidad de Sant'Egidio? Espero que no haga como el
mal estudiante, ese que no asume responsabilidades y se justifica mirando
a quienes suspenden más que él, porque nosotros estamos ahí, en el grupo
de los alumnos que suspenden.
En Bruselas el Parlamento aprobó la iniciativa socialista de crear un
sistema para sancionar a quienes incumplan los compromisos de acogida, y
ayer el comisario de Inmigración e Interior anunció que también está
estudiando abrir expedientes sancionadores a los incumplidores. Le
pregunto: ¿va a cumplir el Gobierno los acuerdos y los compromisos de
acogida? La respuesta es sencilla: sí o no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo):
Gracias, presidenta.
Señoría, este Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para
cumplir esos requisitos, y lo está haciendo por solidaridad con los
interesados, con nuestros socios, por convicción moral y porque lo
demanda nuestra sociedad. En cuanto al grado de cumplimiento, le diré que
es difícil cumplir con el
compromiso de 17 000 plazas cuando según el informe de ayer de la Comisión
hay que reubicar a 12 400 personas en Grecia y a algo más de 4000 en
Italia.
En todo caso, le diré -y no amparándome en aquello de que hay otros peor
que nosotros- que en materia de reubicación tenemos 1500 procedimientos
en marcha, de los cuales han llegado 886, y en cuanto a reasentamiento
hay 960 procedimientos en marcha y hemos mostrado disponibilidad para
reasentar a 542 personas más, es decir, más de las 1449 a las que nos
habíamos comprometido.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Merchán, adelante.
La señora MERCHÁN MESÓN: Tras el Consejo Europeo, el presidente del
Gobierno pedía en esta Cámara paciencia estratégica, inteligencia y
generosidad. Señoría, su Gobierno no está actuando con inteligencia, y
mucho menos con generosidad, y en cuanto a la paciencia estratégica, no
sé si se la pedía a los refugiados esperando que desistan de ser
acogidos.
ONG, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas, la ciudadanía de
este país no quieren escuchar más excusas; quieren que vengan ya. Este
año se conmemora el veinticinco aniversario de la acogida de refugiados
de Bosnia Herzegovina. Entonces éramos un país mas pobre, con unas cifras
de paro muy similares a las de hoy, sin apenas experiencia en acogida y
sin embargo lo hicimos, porque este país es un país solidario, sensible
al dolor ajeno. ¿Qué ha pasado para que entonces pudiéramos hacerlo y hoy
no? Se lo voy a decir: entonces había un Gobierno solidario y sensible
que atendió a la ciudadanía; había un Gobierno socialista.
Señor ministro, lleva seis meses en el cargo, el tiempo suficiente para
saber lo que se espera de su ministerio, y debe decidir qué legado quiere
dejar este Gobierno, y desde luego no se me ocurre uno peor que el que
este país sea sancionado por no acoger a quienes huyen de la guerra y el
terror. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo):
Gracias, presidenta.
Señoría, este Gobierno es consciente de los anhelos de solidaridad de la
población española, pero lo que no puede pedirme es que desconozcamos las
reglas de la Unión Europea. Tenemos que respetar los requisitos y
procedimientos de la Unión Europea, que, por cierto, nos ha llamado la
atención por tratar de acoger las peticiones humanitarias de gente que
quería venir específicamente a España. No podemos elegir; tenemos que
esperar a que nos digan a quién podemos traer.
Entre tanto, estamos trabajando para asegurarnos de que los que vengan
tengan las mejores condiciones de acogida y de inserción social. Por eso
estamos trabajando juntamente con las otras administraciones, comunidades
autónomas, municipios, pero también con el sector privado. Me gusta
reconocer que empresas como Telefónica están trabajando para desarrollar
talentos entre la juventud refugiada y otras también como Vips, Alsa o
FCC para mejorar su empleabilidad o Ikea para mejorar sus condiciones de
acogida. Con todos ellos estamos trabajando y esperemos también poder
trabajar con la oposición y con otras administraciones para hacer
realidad que los refugiados que vengan a España se sientan como en su
país de origen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO EN LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Y SÉPTIMA DE LA LEY 25/2014, DE 27 DE
NOVIEMBRE, DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES? (Número de
expediente 180/000251).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación del diputado don Aitor Esteban Bravo del
Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Buenos días, señor ministro.
En noviembre de 2014 se aprobó la Ley de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales y en ella, a instancias de nuestro grupo, se introdujeron
dos disposiciones adicionales, sexta y séptima, referentes al régimen
foral vasco y al régimen foral navarro. Según ellas, las instituciones
competentes del País Vasco y de Navarra participarán en la delegación
española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito
derechos históricos tanto si su actualización general ha sido llevada a
cabo por el estatuto de autonomía como aquellos otros casos cuya
actualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en el
marco de la disposición adicional primera de la Constitución y, en su
caso, del estatuto de autonomía. Por eso le pregunto, ¿cómo piensa el
Gobierno cumplimentar lo dispuesto en estas disposiciones adicionales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo):
Muchas gracias, presidenta.
Señor Esteban, como usted bien ha dicho, la Ley 25/2014 pretende adaptar
la regulación en materia de tratados a la realidad de España como Estado
autonómico y como miembro de la Unión Europea. Es una muestra de la
voluntad del Gobierno atender esas realidades e incorporarlas a nuestra
práctica internacional sobre la base de la relación de lealtad mutua que
tenemos con las comunidades autónomas. Por otro lado, es el cumplimiento
del mandato de la Constitución que ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales.
Por tanto, la puesta en práctica de ese mandato la haremos respetando la
Constitución y el propio título V de la ley y, como usted ha mencionado
también, las disposiciones sexta y séptima que reconocen al País Vasco y
a Navarra el derecho a participar en las delegaciones, pero,
naturalmente, teniendo en cuenta también el mandamiento del artículo 149
de la Constitución, según el cual corresponde al Gobierno la dirección de
las negociaciones y la decisión final sobre las mismas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, nadie discute la dirección de las
negociaciones, pero estará de acuerdo con el presidente cuando dice que
el ordenamiento jurídico está para cumplirse. Lo que no pueden
convertirse ambas disposiciones adicionales es en cláusulas vacías, que
hasta ahora lo han sido. De alguna manera habrá que implementar un
mecanismo que simplemente puede ser la manifestación o la información a
ambos Gobiernos de qué tratados internacionales va a abordar el Gobierno
del Estado, cosa que, según mis informaciones, hasta ahora no ha
ocurrido. Ese mecanismo debería convertirse en algo rutinario porque, si
no, es muy difícil que estos puedan alegar un interés justificado en base
a estas disposiciones para formar parte de esa delegación. Hay algunas
materias muy evidentes, no seré exhaustivo, pero le voy a decir algunas
que incluso están marcadas por los propios estatutos: educación,
seguridad, económico-fiscal, transportes, cultura y lengua y todo lo
referido al ámbito local. Es meridianamente claro que eso entra dentro de
la disposición adicional primera más otras referencias que hay a lo largo
y ancho del ordenamiento jurídico del Estado y que se han ido
introduciendo en el desarrollo de la disposición adicional primera en
diferentes leyes.
Lo importante es que se establezca un mecanismo, lo importante es que
verdaderamente no queden en papel mojado y, para ello, es necesario que
fluya la información desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hacia
estos Gobiernos para que puedan ver cumplimentado su interés. Por eso le
pido que lo que no se haya hecho hasta ahora pueda hacerse en una fecha
próxima.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo):
Señor Esteban, tomo nota de su solicitud, que me parece perfectamente
razonable. Es verdad que hasta ahora no ha habido mucho tiempo para
desarrollar y aplicar la ley, que fue aprobada a finales de 2014 y, desde
entonces, hemos tenido dos elecciones generales y un Gobierno en
funciones. Pero dicho esto, la voluntad del Gobierno es cumplirla, y
vamos a desarrollarla, como está previsto en la disposición final tercera
de la propia normativa, para especificar cuáles deben ser las
instituciones competentes, los derechos históricos que se invocan o el
reparto competencial. En todo caso, independientemente de que ese
desarrollo vaya a tardar más o menos, estos aspectos normativos no
impiden que en la práctica desarrollemos la mejor cooperación, dentro del
respeto y la lealtad mutua que tenemos. Así lo haremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL PRIMER
PLENO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 2017? (Número de
expediente 180/000265).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, del diputado don José María Chiquillo Barber,
del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, permítame que mis primeras palabras sean para poner en
valor y reconocer el esfuerzo y trabajo que están realizando los actores
españoles de la cooperación en todas las áreas geográficas del mundo, y
al Gobierno de España por mantenerse activo en todos los foros
internacionales donde se concitan los grandes debates en torno a nuestro
compromiso global, la Agenda 2030, participando activamente en el seno de
la Unión Europea, Naciones Unidas, G20, el CAD, con propuestas y
compromisos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unicef,
ONU Mujeres, Acnur, FAO, Programa Mundial de Alimentos, OMS, etcétera, y
con espíritu constructivo de manera multilateral, con cuatro prioridades:
concentración, eficacia y eficiencia, responsabilidad y participación.
Activa fue nuestra participación en el Open Working Group que dio lugar a
la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015, defendiendo la inclusión
de la lucha contra las desigualdades o la promoción de los derechos
humanos, la lucha contra la pobreza o la igualdad de género, la salud y
la educación, refugiados y migrantes, como prioridades de la agenda
internacional desde España.
El Grupo Parlamentario Popular apuesta por un modelo participativo donde
el Parlamento actúe como eje central de un debate constructivo, porque la
cooperación es una cuestión de Estado, donde se da cauce a la
participación de todos los actores, públicos y privados, que hacen
posible la cooperación española. Hoy, en pleno proceso de elaboración del
V Plan Director como instrumento de planificación e implementación de la
Agenda 2030 y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, que
deben impregnar nuestra acción de cooperación, le pregunto: qué
valoración hace el Gobierno de España del primer pleno del Consejo de
Cooperación al Desarrollo de 2017.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo):
Muchas gracias, presidenta. Señor Chiquillo, muchas gracias.
En efecto, la política de cooperación del Gobierno está, de una manera
decidida, orientada, entre otras cosas, a la puesta en práctica de la
Agenda 2030. El Gobierno hace una valoración muy positiva del primer
pleno del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. Se trató del primer
contacto a alto nivel entre nuestro ministerio y los miembros del
consejo, y tuvo lugar en una atmósfera muy cordial que permitió compartir
las grandes líneas de nuestra política de cooperación internacional para
esta legislatura. Asimismo, sirvió para informar de las actividades
llevadas a cabo por el equipo de cooperación del ministerio en esta nueva
etapa y nuestra participación en foros multilaterales, como la reunión
informal de ministros de Desarrollo de la Unión Europea, el grupo de
trabajo de desarrollo del G20 o la reunión de Naciones Unidas sobre la
condición jurídica de la mujer. Además, la reunión permitió dar respuesta
afirmativa a la solicitud del Consejo de Cooperación de aumentar el plazo
de elaboración del V Plan Director de Cooperación. Con ello, habrá más
tiempo para realizar una reflexión multidisciplinar y para que
este plan sea lo más inclusivo y participativo posible. Por supuesto, en
esta fase de consultas contamos con las aportaciones de la Administración
General del Estado y los miembros del Consejo, de las comunidades
autónomas, de la sociedad civil y de los miembros del Parlamento que lo
deseen, a los que animo para que así lo hagan. Esta ampliación de plazo
de elaboración del Plan Director implica que habrá que prorrogar, y así
lo hemos acordado, el IV Plan, de forma que no haya un vacío en nuestra
política de cooperación.
De todas formas, es nuestra intención tener aprobado el V Plan Director
para finales de este año. Es también nuestra intención, como así se la
hemos trasladado al consejo, que dicho plan esté plenamente acompasado
con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, con los que
estamos plenamente comprometidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL
MINISTRO DE JUSTICIA QUE ESTÁ ASUMIENDO ADECUADAMENTE SUS
RESPONSABILIDADES AL FRENTE DEL MINISTERIO? (Número de expediente
180/000260).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia.
Pregunta del diputado de don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señora presidenta.
Reprobado señor ministro Catalá, la pregunta que figura en el orden del
día es si está usted asumiendo adecuadamente sus responsabilidades al
frente del ministerio. La respuesta se la dio ayer este Parlamento: hubo
207 diputados que le pedimos que se fuese. Usted tuvo ayer la posibilidad
de defenderse durante el debate de la moción y no tuvo la gallardía de
hacerlo. Por lo tanto, ahora, transcurridas unas horas y seguro de que ha
consultado con la almohada, ¿piensa usted dimitir como ministro de
Justicia? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta. Buenos
días.
Señoría, creo que se ha confundido respecto del debate que hubo ayer por
la tarde en esta Cámara. Yo estuve presente porque pensé que era mi
responsabilidad, mientras que algunos diputados y ministros socialistas,
que fueron reprobados en su día, no estuvieron y no escucharon el debate,
como tuve que hacer yo ayer por la tarde. (Aplausos). Yo no tenía que
intervenir porque ya lo hizo muy bien el portavoz del Grupo Popular, que
creo que dejó las cosas muy claras. En todo caso, señoría, yo ejerzo mis
responsabilidades desde el compromiso al servicio del interés general,
con el compromiso a los ciudadanos, y así lo vengo haciendo desde hace
más de treinta años como servidor público que soy. Con lo cual,
modestamente, y dentro de mis limitadas capacidades, creo que estoy
ejerciendo con responsabilidad mis responsabilidades. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Sahuquillo, adelante.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor ministro reprobado, usted debería
haberse dedicado a trabajar por las reformas normativas, tecnológicas y
organizativas de la justicia para conseguir una mejor tutela efectiva de
cara a los ciudadanos. De eso es de lo que tenía que haberse ocupado como
ministro y no de manosear descaradamente la justicia española, ejerciendo
como abogado defensor de presuntos delincuentes implicados en casos de
corrupción. Se ha dedicado en exclusividad a urdir un plan perfecto para
tapar la corrupción de su partido poniendo en juego las reglas básicas
del Estado de derecho, atacando la credibilidad e independencia de la
justicia y generando con ello un ambiente de desafección de los españoles
respecto de las instituciones del Estado, un daño que será muy difícil de
reparar. ¿Pero usted se cree sus argumentos, los que está utilizando
continuamente en sede parlamentaria? Acusa, entre otras cuestiones, al
resto de grupos parlamentarios de que faltamos a la verdad, de que
manipulamos, de que hacemos daño a las instituciones e incluso se atreve
a decir que no tenemos pruebas. Usted no puede estar ni un minuto más en
la bancada azul, como ayer le decía mi compañera, porque su problema
es que toda España lo sabe, porque así lo dicen los propios corruptos a
los que hemos oído nítidamente en grabaciones que confiaban en Rafa para
que se lo arreglase. Señor Catalá, desde ayer lleva usted a cuestas un
cartel de reprobado, tres quintas partes del Parlamento le pidieron que
cesase. ¿Y sabe por qué sigue siendo ministro? Porque a día de hoy le es
útil a Rajoy, como en su día lo fueron Mato, Wert, Gallardón o Fernández
Díaz. Le es útil porque le tiene como abogado defensor en las causas de
corrupción que afectan al Partido Popular. No se escude en atacar al
Partido Socialista y piense que en nuestro país hay miles de jueces y
fiscales que cada día se entregan para garantizar nuestro Estado de
derecho, y no merecen que usted siga al frente del ministerio ni un
minuto más. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señor Sahuquillo, derrotado diputado, creo que todos ejercemos nuestras
responsabilidades y usted, después de diez años, ha perdido la mitad del
apoyo popular en la provincia por la que usted se presenta, aunque estoy
seguro de que usted también ejerce con responsabilidad su condición de
representante de una provincia y como diputado (Rumores.-Aplausos). Yo
creo que todos tenemos responsabilidades, todos. (Aplausos.-Continúan los
rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Creo que ustedes tienen
también toda la responsabilidad en elegir las preguntas y los temas que
se hablan en esta Cámara, y que seguramente no quieren hablar ni de
crecimiento económico ni de creación de empleo ni de garantía de las
pensiones. De eso no les interesa hablar, seguramente porque pueden dar
muy pocas lecciones a la vista de cómo dejaron ustedes España en el año
2011. Pero hablemos de estos asuntos y hablemos de la justicia y de la
transparencia. Creo que ya van diez preguntas en esta Cámara, tres
comparecencias en Comisión, dos interpelaciones y seguiré dando todas las
explicaciones que ustedes me pidan; otra cosa es que no valgan para nada
porque a ustedes no les importa nada la verdad; solamente les interesa la
falacia, el crear ruido, generar humo, decir que pasan cosas que no
suceden. ¿Dónde están las pruebas, señoría?, ¿las tienen ustedes?
Acredítenlas y demuestren aquello de lo que están acusando tan gravemente
no ya a mí, sino al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción.
Estoy seguro de que este grupo parlamentario y este Gobierno van a seguir
comprometidos, como lo han hecho hasta ahora, en la defensa del Estado de
derecho, en la lucha contra la corrupción, como no lo hizo su grupo
cuando se aprobó el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ustedes no lo apoyaron -y pudieron hacerlo- y ahora no hacen ni una sola
propuesta para mejorar la lucha contra la corrupción. A ver si el domingo
que viene salimos ya de estas y podemos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÈ PEREA I CONILLAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿CUÁNDO VAN A CESAR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO EN EL TRABAJO DE LOS
FISCALES QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente
180/000261).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña María Mercè Perea i
Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señor reprobado ministro, usted está pero ni escucha ni
contesta. No se esconda detrás de los diputados del Partido Socialista.
Responda a lo que le está diciendo esta Cámara. (Aplausos). Ayer mismo,
señor ministro, fue reprobado por solo, solo 207 diputados, y lo reitero
porque usted no escucha. Por hechos graves, muy graves, lo nunca vivido
en esta Cámara, se le reprobó a usted por sus fiscales, por los fiscales
del Partido Popular, y usted ni se inmutó. (Continúan los rumores). Se le
reprobó por dar información especialmente protegida a un amigo suyo, un
compañero de partido, Pedro Antonio Sánchez, y aquí usted ni se inmuta.
Se le reprobó por el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal
general del Estado, cuestionado por todo el mundo desde el inicio, y usted
nada. Nada más llegar ese fiscal general, impidió la imputación del señor
Pedro Antonio Sánchez, y usted nada, ni un solo gesto. Señor ministro,
ayer le estuve mirando todo el rato, y ni un solo gesto. Le pregunto,
señor ministro reprobado, ¿cuándo van a cesar las injerencias del
Gobierno en el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, le recomiendo que lea su intervención y trate de no improvisarla
porque, ¡vaya las cosas que ha dicho usted: Los fiscales del Partido
Popular! Usted está convencida de que hay fiscales del Partido Popular,
igual que sabe que yo le di información a un imputado y sabe también que
el fiscal general del Estado impidió la imputación de don Pedro Antonio
Sánchez. Usted sabe un montón de cosas que no las sabe nadie más que
usted, por lo que se ve. Sería bueno que las acreditasen y que lo
hiciesen, como muy bien decía el presidente del Gobierno antes, al margen
de la inmunidad parlamentaria, porque están ustedes acusando de
prevaricación gravísima a servidores públicos. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): En todo caso señoría,
injerencias, ninguna. (Aplausos). Ingerencias del Gobierno en la
fiscalía, ninguna. Y no es que lo diga yo -me imagino que para ustedes mi
palabra valdrá muy poco-, lo dicen las asociaciones de fiscales, señoría,
lo dice el Consejo Fiscal, que es el órgano de representación de los
fiscales, lo dice el fiscal general del Estado. Injerencias, ninguna,
señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Con todo el respeto, usted no debe oír bien.
Mire, este es el comunicado de la Unión Progresista de Fiscales sobre la
fiscalía, sobre las injerencias que ustedes están cometiendo. (Muestra un
escrito). Y digo ustedes porque un nombramiento suyo, al fin y al cabo,
es el que acaba poniendo a altos cargos en la Fiscalía General del Estado
así como en la Fiscalía Anticorrupción.
Ayer escuchábamos atónitos -le digo atónitos- la entrevista que en la
Cadena SER se le hizo al señor Maza, quien, sin ningún tipo de problema
ni de incomodidad, no se opuso ni hizo comentario alguno sobre su
reprobación; lo encontró como algo normal, como que va con el cargo.
Señor ministro reprobado, la desfachatez llegó a su cénit cuando
reconoció que conocía perfectamente los intereses del hoy encarcelado,
señor González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por la Operación
Lezo. Lo reconoció y vino hasta a justificarlo. Léaselo. (Muestra otro
escrito). Le entrego la entrevista para que la tenga. No tiene
desperdicio. Vino a decir que era normal y que si lo conocía el señor
Moix, pues más tranquilos todos; hasta el señor exministro, Eduardo
Zaplana, así lo dijo... (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Silencio. Silencio, señorías. (Continúan los rumores).
Por favor, les ruego silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, el fiscal general del Estado ha comparecido ya, en los escasos
cuatro meses que lleva al frente de la institución, dos veces en la
Comisión de Justicia de esta Cámara. Tienen ustedes la oportunidad y la
han tenido de preguntarle, de escuchar sus aclaraciones. Una vez más les
importa a ustedes muy poco lo que pueda aportar ningún compareciente,
porque ustedes solo están instalados en las falacias y en las mentiras
que como un mantra repiten. Yo no sé si se dan cuenta. Yo entiendo
perfectamente el debate político, la crítica política, el hecho de
intentar menoscabar al adversario político, pero, cuidado, señoría, con
las instituciones, porque ustedes no están hablando mal de un ministro,
de un fiscal general, están hablando de la Fiscalía General del Estado,
donde hay 2.500 personas trabajan que cada día. ¿Conoce usted a alguno?,
¿ha hablado usted con algún fiscal y le ha preguntado si tiene alguna
injerencia en su trabajo?, ¿ha hecho usted ese ejercicio? A lo mejor es
que no conoce a ninguno y no tiene capacidad
de hablar directamente con los profesionales. (La señora Perea i Conillas
muestra desde el escaño al señor ministro de Justicia, Catalá Polo, un
escrito).
Yo hablo cada día con los profesionales: con los jueces, con los fiscales,
con los abogados, con los notarios, y me consta cuál es su percepción de
lo que está pasando y cuál es el enfoque que ustedes hacen. En todo caso,
yo estoy seguro de que el Partido Socialista está deseando combatir la
corrupción, seguramente en Andalucía. En Andalucía, donde hay 600
investigados, 4300 millones de euros bajo sospecha; tienen ustedes a más
de 370 socialistas investigados. Por lo tanto, estoy seguro de que
ustedes son los primeros interesados en combatir la corrupción. Cuando
quieran, cuando pase el ruido, cuando pase el humo, después del domingo,
seguiremos trabajando, señoría (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON IGNASI CANDELA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿EN QUÉ
CRITERIOS SE HA BASADO EL GOBIERNO PARA APROBAR LAS INVERSIONES REALES
PREVISTAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
2017? (Número de expediente 180/000250).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y
Función Pública. Pregunta del diputado don Ignasi Candela Serna, del
Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores).
Silencio, señorías.
El señor CANDELA SERNA: Señor Montoro, atendiendo a que hay hasta tres
veces y media de diferencia entre la comunidad que más recibe y la
comunidad que menos recibe, ¿en qué criterios se ha basado su ministerio
para prever las inversiones reales que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado para 2017?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor Candela, los criterios son los que están permitiendo que España
salga de la crisis económica, que estemos liderando el crecimiento en el
mundo desarrollado, que seamos los creadores de empleo -casi de dos
empleos que se crean en Europa uno lo hace en España-, que la Comunidad
Valenciana esté a la cabeza de ese crecimiento económico y de esa
creación de empleo y que prioricemos el gasto social. Para eso son
realmente los Presupuestos Generales del Estado; por cierto, también son
para habilitar una financiación autonómica que usted, como miembro de un
grupo político, el Grupo Parlamentario Mixto en esta Cámara, pero de un
grupo político que tiene responsabilidad de gobierno en la Comunidad
Valenciana, debería apoyar unos presupuestos que movilizan para la
Comunidad Valenciana 851,4 millones de euros. En consecuencia, no tiene
ningún sentido, como ya hizo el señor Baldoví, subir aquí a quejarse de
lo poco que invierten los presupuestos del Estado cuando ustedes están
votando en contra de lo que sería una disposición que permitiría, que
habilitaría financiar aquellas inversiones que ustedes estimen
prioritarias, sobre todo, dedicar esos recursos a educación, a sanidad y
a protección social.
Gracias, señora presidenta (Continúan los rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, antes de darle la palabra al señor Candela Serna quiero
decirles, por favor, que guarden silencio. La sesión de control es una
parte más del Pleno, no es una parte excepcional del Pleno.
Adelante, señoría.
El señor CANDELA SERNA: Sí, precisamente porque somos Gobierno sabemos
cuáles son nuestras atribuciones, y le voy a decir cuáles deberían ser
las bases para establecer los presupuestos. Lo dice la Constitución.
Artículo 31.2 de la Constitución: El gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos. Artículo 40 de la
Constitución: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables
para una distribución de la renta regional más equitativa. Artículo 16,
apartado 10, de la Ley orgánica de financiación de las comunidades
autónomas, señor Montoro: Las inversiones que efectúe
directamente el Estado se inspirarán en el principio de solidaridad. Y
ustedes, precisamente lo que han roto es el principio de solidaridad,
porque aun sabiendo que el País Valenciano tiene una renta per cápita un
11 % inferior, aun sabiendo que somos los últimos en financiación
autonómica, ustedes nos castigan con la menor inversión pública del
Estado. Pero no es un problema exclusivamente nuestro, también le ocurre
lo mismo a Andalucía y a Baleares.
Señor Montoro, cuando se rompe la solidaridad lo que se hace es abrir el
camino a la política de amiguetes y al mercadeo de derechos, y esto es lo
que hacen ustedes. La consecuencia de todo esto, de mercadear con el pan
de la gente y el futuro de la gente, es una cosa que les preocupa
muchísimo: ustedes lo que están haciendo es romper España, porque España
se rompe por los Presupuestos Generales del Estado. En un país serio y
justo la acción de los poderes públicos iría encaminada a reducir las
diferencias entre regiones y también entre clases. Esa es la definición
de un buen Gobierno. Señor Montoro, un buen Gobierno gestiona y actúa
políticamente, vote lo que vote la gente y venga de donde venga. Eso es
lo que hacemos en Valencia. Por eso decimos que aprendan de lo que es un
buen Gobierno como el nuestro.
Señor Montoro, le pedimos que rectifiquen estos presupuestos durante la
tramitación parlamentaria, porque si se aprueban conforme están, igual
terminan en el Tribunal Constitucional. -Termino-. Aplaudo lo que ha
hecho el Partido Popular en la Diputación de Valencia al votar en contra
de estos presupuestos. No los tutele más y déjelos ser libres.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor Candela, hay grupos políticos que si no lloran no maman, para
entendernos. (Rumores). Ustedes hacen la política del victimismo; son
víctimas: víctimas del sistema, de la injusticia, de la fractura social.
Eso es lo que están ustedes provocando. (El señor Candela Serna muestra
un escrito). Estos presupuestos incrementan la inversión, la inversión en
la Comunidad Valenciana sobre la inversión ejecutada -porque a la gente
lo que le importa es lo que se ha hecho-, y programan un incremento de
más del 35 %, y además lo hacen en las infraestructuras que son clave.
Porque afortunadamente hay otras infraestructuras que ya se han hecho;
somos uno de los primeros países del mundo en dotación de
infraestructuras, pero ustedes parece que han venido a esta Cámara a
llorar. Pues nada, yo le presto un paquete de clínex cada vez que
intervengan en la tribuna o en su asiento, señoría. (Rumores.-El señor
Baldoví Roda: ¡Mucha cara!). Pero no están para eso, señorías; están para
ejercer la responsabilidad de Gobierno. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO JUSTIFICA
EL MANTENIMIENTO EN SU CARGO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD?
(Número de expediente 180/000262).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro del
Interior. Pregunta del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, si se demuestra que el señor Nieto, secretario de Estado
de Seguridad, mintió en la comparecencia que aquí se celebró, ¿lo cesará
de inmediato? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Hurtado, el señor
Nieto ha dado explicaciones suficientes desde el primer día y a petición
propia. Por tanto, no parta de hipótesis que no se van a dar. Mi
confianza en el señor Nieto está intacta. (Aplausos).
El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, usted no tiene ninguna confianza
en el señor Nieto. (Rumores). De hecho, no me afirma que no estaría
dispuesto a cesarlo. (El señor Tarno Blanco: Sí, lo ha dicho antes). Yo
le voy a dar dos datos que son demostrativos de que mintió. En primer
lugar, dijo que no conocía al señor Ignacio González. El señor Nieto
estuvo en un viaje a Buenos Aires con ocasión de la presentación de
Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020, en septiembre de 2013, y tengo
testigos de ese encuentro. Además, estuvo durante cuatro años como
vicepresidente de la Casa Árabe compartiendo vicepresidencia. En segundo
lugar, el señor Nieto dijo en esa comparecencia que la visita de Pablo
González fue una visita no solo agendada, sino también registrada. Pues
bien, según información publicada, el Ministerio del Interior no tiene
constancia en absoluto de esa visita. Señor ministro, no se sostienen las
dos afirmaciones en las que se sustenta y se mantiene el secretario de
Estado de Seguridad. Primera, parece ser que no sabía nada de la
operación Lezo. Todo el mundo la conocía a través de los medios de
comunicación, y justamente no la conocía el secretario de Estado de
Seguridad. Segunda, parece ser que en esa conversación con Pablo González
no habla nada más que de los mercados, de la seguridad de los mercados.
Cuando sale Pablo González, de inmediato le llama su esposa para
preguntarle: ¿Cómo ha ido la conversación? -porque estaba muy
intranquila-. Y él le dice: no te preocupes, muy interesante; ya
hablaremos, pero no por teléfono.
Señor ministro, las afirmaciones de los propios fiscales han sido
posteriores y han dicho que ha sido un encuentro muy grave. La secretaría
de Estado es en estos momentos rehén de una trama corrupta y usted lo
está manteniendo. La corrupción la están tapando ustedes y huele el cieno
en la base del Partido Popular. Por tanto, cese al señor Nieto...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Hurtado, me
sorprende usted con sus afirmaciones. No sé en qué situación se
encuentran, qué es lo que va a pasar en el futuro, pero usted no es como
hoy aquí se acaba de presentar.
Le voy a nombrar las cualidades del señor Nieto, que las conoce usted: es
una persona trabajadora, es una persona profesionalmente competente, es
una persona que tiene rigor, es una persona seria, es una persona
responsable, es una persona que está comprometida con el servicio
público, es una persona que se ha ganado el respeto para que yo pueda
confiar en él. Él está identificado con el proyecto de este Gobierno y,
por eso, le puedo asegurar que la gestión que está haciendo al frente de
la Secretaría de Estado de Seguridad es muy buena; es una gestión
compleja y complicada. Le voy a decir más: usted ahora mismo acaba de
citar lo que dicen los fiscales, yo le voy a citar literalmente, con todo
respeto, lo siguiente: la fiscal del caso Lezo ha aclarado que no querían
imputar en modo alguno ningún delito al secretario de Estado de
Seguridad, el señor Nieto, al mencionarlo en el escrito del ministerio
público. El fiscal jefe anticorrupción ha dicho públicamente que el señor
Nieto no tiene nada que ver con el tema. El fiscal general del Estado
también ha pedido disculpas públicamente al señor Nieto por una redacción
defectuosa que sembró un halo de sospecha de forma injusta, señor
Hurtado.
Creo que el PSOE debería pedir perdón por estas descalificaciones, incluso
insultos, y también falsas acusaciones que está vertiendo sobre una
persona que es un servidor público y que usted bien conoce. Creo que ya
está bien de las alusiones que he hecho a la defensa del Estado de
Derecho, a la división de poderes. No se conocía que el señor Ignacio
González y el señor Pablo González estuvieran sometidos a investigación
en una causa como la causa Lezo. Lo único que le expongo es que mi
confianza en el señor Nieto está intacta y por eso se va a seguir
manteniendo al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
(Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA COMPATIBLE EL GOBIERNO LA IMPUTACIÓN DE
CONCEPCIÓN DANCAUSA CON SU ACTIVIDAD COMO DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/000256).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro del
Interior, del diputado don Íñigo Errejón Galván del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, ¿considera usted compatible la imputación de
la señora Concepción Dancausa por el caso de Mercamadrid con su actividad
y su permanencia como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Señor Errejón, en el
estado en que está la causa, el Gobierno considera compatible la función
como delegada del Gobierno de doña Concepción Dancausa con la situación
de investigada que tiene -insisto-, en el momento actual en el que se
encuentra la investigación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Errejón.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor ministro.
Le agradezco que me haya respondido de forma tan clara. Aquí tenemos
opiniones diferentes. En primer lugar, pensamos que la señora Dancausa
nunca debió ser ascendida a delegada del Gobierno. En una empresa privada
alguien que dirige una entidad que pierde en una estafa 11 millones de
euros no es promovido, es despedido; aun así ustedes la promovieron a
delegada del Gobierno. Hoy ha sido imputada. Le cito dos ejemplos en los
que delegados o subdelegados del Gobierno, habiendo sido imputados, han
dimitido o han sido cesados: octubre de 2012, Antonio Juaneda,
subdelegado del Gobierno en Menorca, dimite el mismo día de su
imputación. Mayo de 2015, Serafín Castellano, delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana no dimite, pero ustedes le cesan. En este caso, no
les he oído decir nada a ustedes y, a la señora Dancausa, la he oído
insultar a la justicia. Mi pregunta es: en este caso por qué no. Solo se
me ocurren dos opciones: en este caso no porque la señora Dancausa quizá
sabe demasiado del lodazal en el que han convertido a la Comunidad de
Madrid o en este caso ustedes no la van a cesar ni le van a sugerir que
dimita simple y llanamente -se lo digo con toda tranquilidad pero con
pena- porque ustedes les han perdido el respeto a los españoles. Desde
hace tiempo tengo la sensación de que ustedes vienen aquí los miércoles y
se ríen del conjunto de nosotros dando explicaciones que ni siquiera se
creen. Así sucede que todos los grupos de la Cámara, salvo el suyo
propio, reprueban al ministro de Justicia, al fiscal general y al fiscal
jefe Anticorrupción y no pasa nada; así sucede que conocemos que su
número dos se reúne con Pablo González, hermano de Ignacio González -hoy
los dos en Soto del Real- y no pasa nada; así sucede que nos enteramos de
que su antecesor, el señor Fernández Díaz, se reunía con el señor Rodrigo
Rato -condenado- y tampoco pasa nada. Comienzo a sospechar que ustedes
tienen un objetivo político, y se lo digo de forma muy clara: derrotar
moralmente a los españoles, hacer que nos acostumbremos a la corrupción,
como si fuera un mal endémico de nuestro país. Pues bien, creo que
todavía estamos a salvo de acostumbrarnos porque hay instituciones que
hacen las cosas de manera diferente. No todos lo hacen igual, no todos
utilizan las instituciones como trinchera para proteger a los amigos.
¿Sabe cuál es el ejemplo? En el caso Mercamadrid el Ayuntamiento de
Madrid pone las cuentas claras y las pone a disposición de la justicia,
mientras que otros siguen amparando a los presuntos culpables. España no
se va a resignar ni a la corrupción ni a su Gobierno.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Bueno, se ha quedado usted
tranquilo, ¿no? Ha dicho todo lo que tenía que decir y se ha quedado
usted muy tranquilo. (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Pues a mí me preocupa
mucho la intervención que usted ha hecho porque acaba de dinamitar el
Estado de derecho (Rumores) y, desde luego, ha eliminado la presunción de
inocencia. Usted, quizá por su juventud, ignora el esfuerzo que hemos
hecho todos los españoles para conseguir un Estado de derecho y sobre
todo para construir juntos una división de poderes desde la Constitución
del año 1978. (Rumores). Permítame una reflexión. Una simple
denuncia y una admisión a trámite sin duda alguna no hacen a nadie
culpable de los hechos que se hayan podido denunciar. ¿Para qué sirve,
señor Errejón, una instrucción primero y un juicio después? Muy sencillo,
para que pueda salvaguardarse la presunción de inocencia, una presunción
de inocencia que tiene usted, que tenemos todos y que tiene también la
señora Dancausa.
Por lo que usted ha dicho aquí, esto se parecía más a un escarnio público
más propio de la Edad Media o de los juicios de Salem. Pero vamos a ser
rigurosos y le voy a hacer dos reflexiones solo, señor Errejón.
Jurídicamente el que puede inhabilitar a una persona para que ejerza
cargo público es exclusivamente un juez y después de celebrar un juicio;
políticamente al menos habrá que esperar a ver si esta denuncia que se ha
admitido sigue adelante y se abre juicio oral después de una
investigación. En ese caso, el Gobierno va a actuar sin duda alguna.
Conforme se hayan desarrollado las investigaciones y se abra o no juicio
oral, se tomarán las decisiones. Pero le digo una cosa, usted ha
conseguido lo que quería. Usted quería aquí un escenario para empezar a
hacer su difusión, su divulgación en Madrid porque usted ya está en
campaña por Madrid; eso es lo que usted quería. Pues usted, queriendo
eso, ha dinamitado el Estado de derecho y se ha cargado la presunción de
inocencia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIPUTADO DON JAUME MOYA MATAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ MOTIVOS LOS REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE CULTURA NO ASISTIERON A LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL
CONSORCIO DEL PALAU DE LA MÚSICA DEL PASADO VIERNES 12 DE MAYO? (Número
de expediente 180/000268).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte formulada por el diputado don Francesc Xavier Domènech
Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro aún no reprobado, ¿por qué motivos los representantes del
Ministerio de Cultura no asistieron a la reunión del 12 de mayo del
Consorcio del Palau de la Música?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Señora presidenta, señorías, buenos días. Espero que no acierte
usted en sus predicciones, señor Domènech.
En marzo del año 2012 y siguiendo las recomendaciones de los asesores
jurídicos de la fundación, se decidió unánimemente personarse como
acusación particular contra los señores Millet y Montull, como autores
del delito continuado de apropiación indebida. Más adelante, durante el
juicio oral, un acuerdo de la fiscalía con ambos acusados permitió
reducir penas a cambio de que a través de sus declaraciones se derivase
una imputación a la antigua Convergència. A partir de ahí, el
Ayuntamiento de Barcelona pidió a los patronos que se ampliara la
acusación a Convergència por delito de tráfico de influencias. La
fundación solicitó dos informes jurídicos, uno a los abogados del Palau y
otro a un penalista independiente. ¿Qué dicen los abogados del Palau? Que
no resultaría admisible una mutación de las pretensiones punitivas en
este momento procesal por motivos de indefensión, que la acción civil
encuentra más impedimentos para su modificación porque la propia ley
impide tajantemente la variación de la demanda tras el comienzo del
juicio y porque una eventual adhesión a la postura del fiscal no sirve a
los fines de resarcimiento perseguidos por el Palau de la Música.
Y lo mismo dice el catedrático de derecho penal Juan Córdoba Roda. Por
tanto, la posición del Ministerio de Cultura es clara, es seguir el
informe de los servicios jurídicos. En eso estábamos y en eso estamos.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: No ha respondido a la pregunta; me pasa a
menudo con ustedes. Le he preguntado por qué no acudieron. Lo que he oído
ahora es la defensa por parte del Gobierno del Partido Popular de la
posición de la Generalitat de Catalunya en esa reunión, cosa
sorprendente. Es decir, que en estos momentos el Gobierno del Partido
Popular y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tienen exactamente
la misma posición sobre por qué el Palau de la Música no tiene que
personarse, encausarse para recuperar el dinero que le fue escamoteado,
es decir el caso del 3 %, que afecta a un partido concreto, a
Convergència. No pensaba que ustedes defenderían exactamente el mismo
criterio en este sentido.
Además, no me ha contestado porque la pregunta era por qué ustedes no
fueron. Si ustedes querían defender esto, lo podían haber defendido
perfectamente, pero no estuvieron allí para hacerlo. Pasaron dos cosas
ese viernes 12 de mayo, la primera cosa es que ustedes anunciaron que
iban a traer al Congreso el decreto de la estiba y que tenían el apoyo de
Convergència para aprobarlo. La siguiente cosa que pasó ese viernes es
que ustedes no acudieron a la reunión del Consorcio del Palau de la
Música para defender su posición y con esa ausencia hicieron efectivo que
el Palau no se personase contra Convergència. De eso, pruebas no tengo
pero normalmente uno puede establecer una relación de causa-efecto entre
una cosa y la otra. Y sabemos perfectamente que ustedes sabían cuál era
el contenido de la reunión -como ha demostrado usted-, sabían que podían
delegar voto y no lo hicieron, y sabemos también que ustedes, siendo el
partido con más causas de corrupción de toda Europa, ya no solo se ocupan
de las suyas sino que también se ocupan de las de otros, y encima
mercadean con la corrupción. Es decir, yo te cambio esto por esto. Eso
tiene un nombre, se llama pacto de silencio, se llama omertà. Y con su
respuesta -que no ha respondido-, con su no asistencia, hace más clara la
visión de que esto es un pacto de silencio para esconderse conjuntamente
casos de corrupción.
¿Qué sabemos? Sabemos que ustedes han coadyuvado a que no se persone el
Palau de la Música en el caso del 3 % para recuperar aquello que le fue
saqueado; sabemos que, a cambio de esa ayuda, parece ser que van a
ayudarles a ustedes a precarizar las condiciones de los trabajadores.
(Aplausos.-Rumores). Lo sabemos todos.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias.
En la primera intervención ha hecho usted de pitonisa sobre mi futura
reprobación y ahora tiene usted imaginación fértil. En la vida le dará
muchas satisfacciones la imaginación fértil pero aquí no tiene usted
razón alguna.
Yo no le he leído las consideraciones de la Generalidad de Cataluña, le he
leído lo que dicen los abogados. Lo que dice el Ministerio de Cultura es
que hay que seguir lo que dicen los abogados; es una cuestión puramente
técnica, señor Domènech -insisto, puramente técnica- en la que a nosotros
lo que nos interesa es que se sancione a los responsables y recuperar el
dinero. ¿Y sabe usted por qué no fuimos? No fuimos, primero, porque
nuestra posición era clara. Segundo, porque en el orden del día se
hablaba únicamente de debate y no de conclusiones. Y, tercero, porque
sabíamos que esto es una guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y la
Generalidad y, dentro de la Generalidad, entre PDeCAT y Esquerra
Republicana. ¿Y nosotros qué queremos? Los intereses generales, recuperar
el dinero, no queremos meternos en batallas políticas en las que están
ustedes. A nosotros nos importan los intereses generales, señoría, no las
futuras elecciones autonómicas en Cataluña. Por eso no hemos ido, por no
hacerles el juego a ustedes, señorías. Por lo tanto, ahí está. Tenga
usted más suerte con su imaginación fértil en otras ocasiones.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA QUE SU GOBIERNO, CON
LA IMPLANTACIÓN ATROPELLADA, IMPROVISADA E IMPREVISTA DE LA LOMCE, ESTÁ
EN CONDICIONES DE PROMOCIONAR AL CURSO SIGUIENTE, RECUPERAR EN SEPTIEMBRE
O FINALMENTE DEBA REPETIR CURSO? (Número de expediente 180/000255).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
La señora BELARRA URTEAGA: Buenos días, señor ministro.
Después de la aplicación improvisada y atropellada que ha hecho su
Gobierno de la Lomce, ¿cree que van a pasar de curso, tendrán que ir a
septiembre o finalmente repetirán? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Buenos días, doña Ione.
Ni atropellada, ni improvisada, ni imprevista. Este Gobierno está en
condiciones de proporcionar estabilidad a un sistema educativo necesitado
de ella, mediante diálogo y consenso, al que este ministro -que es amigo
de causas difíciles- también quiere sumar a su grupo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Don Íñigo, le diría que a usted también le
aqueja una suerte de síndrome de amnesia que aqueja mucho a las otras
señorías del Partido Popular. Le voy a ayudar a hacer un poco de memoria.
Usted, en julio de 2016, aprobó un real decreto de reválidas cuando
tenían un Gobierno en funciones que estaba en funciones para todo menos
para lo que le interesaba a usted. Tenía ya en ese momento toda la
oposición de la Cámara para la aplicación de la Lomce, que había sido
paralizada en esta misma Cámara en la XI Legislatura, cuando se aprobó la
paralización del calendario de aplicación. En septiembre y octubre se le
plantearon desde la comunidad educativa dos huelgas, una huelga general
educativa y una huelga de estudiantes. Fue entonces, cuando usted se
encontró que tenía las calles llenas y las aulas vacías, cuando por fin
dio marcha atrás y aprobó ese real decreto-ley para paralizar por fin las
reválidas. ¿Qué supuso eso? Que los chavales empezaron el curso pensando
que tenían reválidas y lo acabaron pensando que ni sí ni no. Esto les ha
llevado a encadenar una serie de chapuzas, una tras otra, que han llevado
a que tanto las familias como los profesores como sobre todo los
estudiantes de cuarto de la ESO hayan caído en una indefensión en la que
no saben todavía, a mitad de mayo, cómo van a aprobar, cómo van a
conseguir el título, si van a poder o no pasar a bachillerato. Han
convertido unas pruebas finales de etapa en unas pruebas de diagnóstico
que ni son de diagnóstico ni sirven para nada porque son diferentes en
cada comunidad autónoma, los datos que recogen son muestrales o censales,
según lo que considere cada territorio, y además se aplican cuando ya los
alumnos van a salir del centro, con lo cual, como digo, no sirve para
nada ese diagnóstico.
Yo creo que en realidad ustedes ya sabían muy bien lo que estaban
haciendo. Esta aplicación de las reválidas perjudica al alumnado que está
en situación más desfavorecida, y eso ya lo sabían ustedes también cuando
aplicaron la Lomce, porque desde el principio ustedes han tenido un único
objetivo político en educación, que es acabar con la educación pública.
Lo dicen así y es así. Yo le voy a decir una cosa bien clara: desde mi
grupo vamos a apoyar siempre a quienes se echan sobre sus espaldas al
sistema educativo público -porque son ellos, a los que ustedes van a
hacer que a los tres años de interinos no puedan continuar trabajando-
para que puedan seguir trabajando. Nosotros... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Señoría, tiene usted una memoria muy selectiva. Desde que
llegué al ministerio he intentado buscar el consenso y el acuerdo,
precisamente para garantizar al sistema educativo tranquilidad y
seguridad. Me he reunido con las comunidades autónomas en más de cuarenta
ocasiones, he tenido cuatro conferencias sectoriales, todos los reales
decretos que ha elaborado este Gobierno en cumplimiento de la Lomce han
sido hechos con consenso, con el acuerdo de las comunidades autónomas, y
el último, ese al que usted se ha referido, el importante decreto-ley de
finales de noviembre, no fue por las presiones de una huelga general
donde, sinceramente, no hubo casi nadie. Ustedes saben que la llamada
huelga general pinchó; lo saben ustedes, como lo sabemos todos y lo sabe
la comunidad educativa. No fue por eso. Fue porque había que garantizar
al sistema tranquilidad y seguridad mientras logramos el objetivo que
pretendemos todos en esta Cámara, que es el pacto social y político por
la educación. Eso es lo que queremos todos, en eso estamos trabajando.
Por eso, el presidente del Gobierno, en la sesión de investidura, propuso
que se suspendieran
los efectos académicos de las reválidas, de las evaluaciones. Eso fue lo
que hubo, no otra historia. Por eso el curso 2016-2017 está
transcurriendo con absoluta normalidad. Cuando algunos amigos suyos han
intentado convocar una huelga general ahora en marzo, ¿qué ha pasado? Que
no ha ido nadie, que han tenido que desconvocar hasta las
manifestaciones. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que la gente
quiere es seguridad, estabilidad y apuesta por el pacto. En eso estamos.
Yo les diría que cuando este sistema educativo español está obteniendo
buenos resultados -estamos viendo PISA, estamos viendo Timss, estamos
viendo la reducción del abandono escolar, que es muy grave, del 30 % al
18,6 %; son buenas cifras- hay que alegrarse. Es que hay que alegrarse
cuando hacemos las cosas bien, que no las hace solo el Gobierno, que es
la comunidad educativa. Yo no me canso de decir que son los profesores
los que están en el centro del sistema. No lo denigremos, no hablemos mal
de él porque hablar mal del sistema educativo español es hablar mal de
nosotros mismos, es hablar mal del futuro de los españoles. Yo les animo
a que sean positivos... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿CÓMO PIENSA ACTUAR EL EJECUTIVO PARA GARANTIZAR EL RIGOR
ACADÉMICO DE LOS LIBROS DE TEXTO Y EVITAR LA DISTORSIÓN DE LA HISTORIA Y
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO? (Número de expediente
180/000257).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Adelante, señoría.
El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, presidenta.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el rigor académico de los
libros de historia y para evitar las distorsiones en los mismos, así como
en lo que atañe a la organización institucional del Estado?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Es muy importante garantizar el rigor académico de los libros
de texto y evitar cualquier distorsión en la enseñanza de la historia
común a todos los españoles, así como también la organización
institucional del Estado. Recientemente, señoría -y su pregunta es muy
pertinente porque va por ahí-, en el seno de la subcomisión para el pacto
de Estado, social y político por la educación, impulsada por este
Gobierno y el resto de los grupos de la Cámara, ha habido unas
declaraciones del presidente de la Asociación nacional de editores de
libros y material de enseñanza respecto a recomendaciones -incluso habló
de presiones- a las que tiene que hacer frente este colectivo a la hora
de ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos. Este
Gobierno comparte algunas de las reflexiones realizadas en dicha
comparecencia. La distribución competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, consagrada en nuestra Constitución, no puede
llevar al absurdo de elaborar textos de matemáticas, de biología, de
geografía diferentes para cada comunidad autónoma. El ordenamiento
jurídico vigente lo que establece en la disposición adicional cuarta de
la ley del año 2006, modificada en 2013, es, primero, que no hay un
sistema de censura previo para los libros de texto ni materias
curriculares y, en segundo lugar, que todos los libros de texto deben
cumplir requisitos como el rigor científico y el respeto a los valores y
principios constitucionales. Y establece una última cosa: que la
competencia para supervisar libros de texto es de las comunidades
autónomas en el ámbito territorial en el que son competentes. Por tanto,
la función que tiene el Ministerio de Educación es una función
subsidiaria; corresponde a las comunidades autónomas velar por ese rigor
y al Ministerio de Educación velar por que las comunidades autónomas
cumplan con ese rigor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Girauta, adelante.
El señor GIRAUTA VIDAL: Me parece que aquí no vela nadie, ni unos ni
otros. En atención a la denuncia de presiones que han sufrido las
editoriales miembros de la Asociación de editores de libros y
material de enseñanza no citaré los nombres concretos de esas editoriales,
pero sí le voy a citar el informe del sindicato AMES donde, en una serie
de libros de textos de editoriales bien conocidas, se detecta reducción
de los contenidos establecidos en el Real Decreto 126/2014, algo por lo
que yo creo que usted y su Gobierno deberían velar. Se detecta falta de
rigor científico y terminológico en los libros de texto de Conocimiento
del Medio en Cataluña, en 5.º y 6.º de primaria. Se presenta a Cataluña
como una entidad separada del resto de España y en muchos casos
enfrentada; se presentan una Administración pública y una jerarquía de
leyes que no se corresponde con la realidad.
Usted dice que ellos tienen que velar y que al Gobierno le toca una tarea
subsidiaria. Mire, que se ponga en marcha cuanto antes esa
subsidiariedad; le insto a que cumplan con la ley y con el currículo
básico. Tengo aquí ejemplos de libros de texto para niños de 5.º y 6.º de
primaria donde se dice: El rei Felip IV de Castella i de
Catalunya-Aragó... Es decir, que había un rey Felipe IV que lo era de
Castilla y de Cataluña-Aragón, un ente que los que estudiamos antes de la
penetración nacionalista no conocíamos. Sistemáticamente se habla de la
confederación catalano-aragonesa para referirse a la Corona de Aragón; se
siembra -y lo dice el sindicato AMES- la discordia, se resalta lo que nos
diferencia y se oculta lo que nos une. Hace poco una persona del Partido
Socialista preguntaba qué es una nación; una nación es una trama de
afectos, señor ministro, y esos afectos se están diluyendo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señor Girauta.
En efecto, esa labor que le corresponde al ministerio, el ministerio la
cumple; es una labor que tiene que ser activada a través de una denuncia
y lo que hace el ministerio en este caso es llamar a la Alta Inspección.
La Alta Inspección envía un requerimiento a la comunidad educativa
pertinente, se establece un diálogo ente unas y otras y, en caso de que
no haya acuerdo, se acude a los tribunales. Ese es el procedimiento que
está establecido en estos momentos en la LOE, modificada por la Lomce. Yo
estoy dispuesto a cambiarlo, a buscar otro que sea más eficaz, y para eso
creo que en estos momentos tenemos un instrumento útil, esa subcomisión
para el pacto de Estado social y político por la educación nos puede
permitir buscar un procedimiento que haga lo que usted dice que hay que
hacer y que yo comparto con usted, y es una nación, ese plebiscito diario
del que habla... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MIRIAM ALCONCHEL GONZAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS EFECTOS QUE HA TENIDO
EL REAL DECRETO-LEY 16/2012 EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, TRAS CINCO
AÑOS DE SU VIGENCIA? (Número de expediente 180/000264).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, de la diputada
doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante, señoría.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, presidenta.
¿Cómo valora el Gobierno los efectos que ha tenido el Real Decreto-ley
16/2012 en el Sistema Nacional de Salud tras cinco años de vigencia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Alconchel, los valoramos positivamente tanto desde el punto de
vista de la cohesión y la calidad en la asistencia a los ciudadanos como
desde el punto de vista del mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Señora ministra, se cumplen cinco años desde
que la ministra Ana Mato puso fin a la universalidad, a la equidad y a la
accesibilidad de nuestro sistema sanitario público. Son cinco años que
ustedes no evalúan porque se les caería el discurso, pero sí lo han hecho
entidades sociales y organismos internacionales, desde Naciones Unidas
hasta el Consejo de Europa, incluida la defensora del pueblo, y les
advierten que están vulnerando el derecho a la protección de la salud de
las personas. Han excluido del sistema a los jóvenes sin prestación por
desempleo que salen de este país más de noventa días para estudiar o
buscar empleo, han excluido a personas por no tener vínculo con la
Seguridad Social, a extranjeros, y han impuesto un copago farmacéutico
injusto. Se cumplen cinco años de una reforma cruel que ha ocasionado
sufrimiento: enfermos crónicos sin controles periódicos; interrupciones
de tratamientos; embarazadas sin control médico durante el periodo de
gestación; niños y niñas a los que se les ha negado la atención primaria;
personas trasplantadas que tienen que pagar el tratamiento tras la
operación, y podría seguir y seguir con casos documentados y denunciados
por organismos independientes. ¿De verdad van a seguir con la excusa del
turismo sanitario para justificar todo esto? El sistema no es más
sostenible -eso es falso-, pero sí es más injusto. Dejen de lanzar el
balón a las comunidades autónomas porque la salud no puede depender de
dónde se nace o de dónde se vive, lo que genera desigualdades y supone
jugar con la salud. Dejen de cargar en los profesionales la
responsabilidad de garantizar la asistencia sanitaria que ustedes niegan.
Señora ministra, los presupuestos para 2017 se reafirman en esas
políticas. Usted habla mucho del pacto por la sanidad en su discurso.
Demuestre que tiene voluntad real; deroguen el real decreto, como le
hemos pedido en numerosas ocasiones y le volvemos a pedir en las
enmiendas presentadas a los presupuestos; levanten el veto sobre la
proposición de ley socialista para devolver la universalidad al sistema;
vuelvan al diálogo social y político para recuperar una sanidad universal
que trate a toda la ciudadanía por igual, y acaben ya con esta reforma
injusta e ineficaz. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Alconchel, no patrimonialicen el Sistema Nacional de Salud; el
Sistema Nacional de Salud es patrimonio de todos y todos hemos
contribuido a su consolidación y su mejora. Es uno de los sistemas
sanitarios públicos mejor valorados en Eurostat y los pacientes españoles
así lo expresan en los últimos barómetros sanitarios. El éxito de nuestro
Sistema Nacional de Salud se fundamenta en los profesionales, que son el
principal activo del propio sistema nacional, y en los ciudadanos
pacientes -porque todos somos pacientes-, que son nuestra razón de ser.
Cuando llegamos al Gobierno, en 2011, nosotros garantizamos la asistencia
universal a los desempleados, a sus hijos y a sus familiares; nosotros
solucionamos el problema de los estudiantes que se iban a estudiar al
extranjero, y dimos asistencia sanitaria a los profesionales, como pueden
ser abogados, arquitectos o ingenieros. Y también nos encontramos muchas
facturas sin pagar en los cajones que afectaban realmente a la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Le voy a dar dos datos
importantes: 16 000 millones de euros en facturas y deudas contraídas con
proveedores de servicios sanitarios, lo que ponía en riesgo el sistema
pero también muchos puestos de trabajo. Por cierto, facturas que ahora
pagamos en menos de cien días cuando ustedes las pagaban en más de
quinientos días. Y, segundo dato importante, nuestras reformas nos han
permitido ahorrar más de 6800 millones de euros para reinvertirlos
justamente en el propio Sistema Nacional de Salud; por ejemplo,
controlando el turismo sanitario, que suponía una deuda de 1000 millones
de euros; hemos creado una plataforma de compra centralizada; hemos
incrementado el uso de los medicamentos genéricos, y hemos reducido la
acumulación de medicamentos innecesarios en los hogares. Con estos
ahorros hemos podido incorporar 217 innovaciones terapéuticas para
nuestros ciudadanos españoles, mejorando tratamientos oncológicos o, por
ejemplo, el Plan de la Hepatitis C. Nuestras reformas sanitarias han
permitido revertir la situación.
Y le voy a pedir más. Le voy a pedir que apoye los Presupuestos Generales
del Estado. Son unos presupuestos que aportan 5300 millones de euros a
las comunidades autónomas para que los inviertan en lo que más preocupa a
los ciudadanos, que, por supuesto, es la sanidad. Y, segundo punto, estos
Presupuestos Generales del Estado prevén la OPE más importante de la
historia de la democracia, ofertando 129 700 plazas. Espero su apoyo.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN NAVARRO LACOBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES
QUE EL GOBIERNO QUIERE IMPULSAR MEDIANTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DEL MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA EL AÑO 2017? (Número de expediente
180/000267).
La señora PRESIDENTA: Pregunta, también a la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de la diputada doña Carmen Navarro Lacoba,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, buenos días. El Grupo Parlamentario Popular conoce el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el
Gobierno ha traído a la Cámara. Somos plenamente conscientes del esfuerzo
que ha realizado el Gobierno, con el presidente Rajoy a la cabeza, para
que estos presupuestos hayan sido fruto del consenso y del acuerdo no
solo con algunas de las fuerzas políticas, sino también con la sociedad
civil. Estos Presupuestos Generales del Estado para 2017 dejan atrás la
recuperación; son unos presupuestos de consolidación y de crecimiento
económico, destinados a las personas y para satisfacer las necesidades de
las personas, y sobre todo para que nadie se quede atrás en esa
recuperación. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular celebra el
compromiso que tiene el Gobierno no solo en la creación de empleo, que
estamos convencidos de que es la mejor política social, sino también con
la sociedad del bienestar. De ahí que estos presupuestos generales sean
los del gasto social, 307 000 millones de euros destinados a políticas
sociales, una cifra récord en nuestra historia de la democracia, para
pagar nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros
servicios sociales. Siete de cada diez euros se destinan a mejorar la
calidad de vida de los españoles.
Esta mañana, señora ministra, este grupo parlamentario quiere celebrar que
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sea el ministerio
estrella en los presupuestos generales para 2017, que sea el preferido de
Mariano Rajoy porque se encarga de nuestros mayores, de nuestras
familias, de nuestros niños, de nuestros dependientes, de los más
vulnerables, y que se haya colocado a la cabeza del crecimiento,
destacando de entre los demás ministerios con una subida del 8 % en su
presupuesto respecto del año 2016, 2184 millones de euros del presupuesto
total del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
ministerio que más sube de todos. Y el montante que se destina al área de
servicios sociales e igualdad ocupa más del 80 % de este ministerio, son
1807 millones de euros, con un incremento del 9 % respecto de los
presupuestos de 2016.
Señora ministra, ¿podría concretarme cuáles son las principales
actuaciones del Gobierno para impulsar el proyecto del presupuesto en el
área de servicios sociales e igualdad para 2017?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señoría, primero quiero empezar condenando la muerte de la última víctima
de violencia de género, que se confirmó ayer.
Efectivamente, señoría, este es el presupuesto de las personas, sobre todo
de las que más lo necesitan, porque no queremos dejar nadie atrás y
queremos continuar construyendo un país, una España en la que todos
tengamos una oportunidad, en la que todos tengamos igualdad de
oportunidades. Es un presupuesto de crecimiento, un presupuesto de
creación de empleo y uno de los presupuestos más sociales de los últimos
tiempos, invirtiendo, si contabilizamos lo que se transfiere a las
comunidades autónomas, el 70 % en personas y en familias. El presupuesto
de nuestro ministerio en el área social se ha incrementado más de un 9 %,
un incremento dirigido a las familias, a la protección de nuestros hijos
y de nuestros mayores para cubrir sus necesidades. Las familias son
nuestra razón de ser, por eso vamos a invertir un 32 % más que el año
anterior para ayudar a las familias a llegar a final de mes, para el
refuerzo educativo de los menores, para el pago de las guarderías, para
las actividades extraescolares y para
cualquier necesidad de las familias. Queremos también que este presupuesto
ponga en valor la experiencia, las raíces y los valores que representan
los mayores en nuestras familias pero también en la sociedad. Por ello,
queremos apoyar su autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Por
eso, el presupuesto refuerza el sistema de atención a la dependencia con
un aumento de 122 millones de euros. Queremos que este presupuesto sirva
también para seguir fortaleciendo la lucha contra la violencia de género.
La violencia machista es la expresión de desigualdad más cruel que existe
contra la mujer y luchar contra ella es la prioridad del conjunto de la
sociedad y también de este Gobierno. Es una política transversal del
Gobierno y en lo que afecta a nuestro ministerio hemos incrementado un 10
% la partida para la lucha contra la violencia de género. Hemos de seguir
trabajando para que la igualdad de mujeres y hombres, la conciliación y
la corresponsabilidad formen parte del ADN de España y que las siguientes
generaciones no conozcan la desigualdad, muy especialmente la de
violencia de género.
En estos presupuestos no solo hay números, hay familias que van a recibir
ayudas para pagar el alquiler de su casa, niños que podrán acudir a una
guardería mientras sus padres van a trabajar, hay mujeres que van a poder
abrir un negocio, personas mayores que van a recibir ayuda a domicilio y
nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género. Son muchas
personas, muchas familias y muchas ayudas. Por eso, pido el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE MARÍA MONTERO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿QUÉ LABORES DE APOYO VA A REALIZAR LA
VICEPRESIDENTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A SU COMPARECENCIA
EN EL JUICIO DEL CASO GÜRTEL? (Número de expediente 180/000254).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora vicepresidenta
del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales. Pregunta de la diputada doña Irene María Montero Gil, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, ¿qué labores de apoyo va a realizar la
vicepresidenta al presidente del Gobierno en relación con su
comparecencia en el juicio del caso Gürtel?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
El señor Mariano Rajoy va a cumplir, como cualquier otro ciudadano, con su
obligación de colaborar con la justicia como testigo por unos hechos al
margen de su labor como presidente del Gobierno. Por tanto, si me
pregunta usted por las labores de apoyo de la vicepresidenta ya le digo
-y se lo digo tajantemente- que ninguna. Eso sí, que a usted le preocupen
tanto las labores de apoyo que voy a hacer yo, hace que todos nos
preocupemos de las labores de acoso que estarán ustedes preparando y a
las que nos tienen muy bien acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Montero.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Vicepresidenta, como estamos en una sesión de control, le voy a hacer
solamente tres preguntas y supongo que se imaginará que la intención es
que me las conteste y se las conteste a todos los españoles. La primera
es si me puede explicar cuáles son los motivos de agenda, seguridad y
-cito literal- orden público que estarían justificando la petición que ha
hecho su partido de que el señor Mariano Rajoy comparezca por plasma ante
la Audiencia Nacional. Si hacemos caso a lo que dice su
portavoz parlamentario, el señor Hernando, de que podría ir el papa de
Roma porque sabe lo mismo que el señor Mariano Rajoy (El señor Hernando
Fraile pronuncia palabras que no se perciben), a lo mejor no habría
ningún problema en que fuese de forma presencial. Les recuerdo que hoy
publica un medio de comunicación, El Confidencial, que del dinero que
sacaba el señor Granados de otra trama, la trama Púnica, Mariano Rajoy y
todo su partido pagaron las elecciones generales de 2008 y acudieron
dopados a esas elecciones. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras
que no se perciben). Insisto, simplemente le pido que nos explique con un
poquito más de detalle cuáles son esas razones que harían que el señor
presidente del Gobierno tenga que comparecer por plasma, porque creo que
si no, mucha gente puede pensar que lo que están intentando es evitar la
foto del presidente del Gobierno de este país yendo a la Audiencia
Nacional a testificar por la financiación ilegal, la corrupción y el
saqueo de su partido.
La segunda pregunta es si tiene usted constancia o no de la existencia de
esa cinta de la que hablan el señor Ignacio González y el señor Zaplana,
en la que un empresario reconocería pagos en B a gente de su partido,
entre ellos, el propio Mariano Rajoy, y si en algún momento usted o
alguien de su Gobierno ha sido chantajeado con esa cinta.
La última pregunta es si la relación de confianza política con la que se
vincula a usted y al señor Mauricio Casals, adjunto a la Presidencia de
Atresmedia, le ha llevado a usted a conocer bien información privilegiada
del caso Lezo, bien -y con especial interés- quién es la magistrada amiga
que estaría detrás de algunos chivatazos a corruptos de su partido.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señora Montero, en esta Cámara hay dos tipos de grupos parlamentarios: los
que respetamos los procesos judiciales y los especialistas, como el suyo,
en juicios paralelos; los que confiamos en la justicia y los que exigen
que la justicia comulgue con su ideario para confiar en ella y
respetarla, y los que tomamos medidas contra la corrupción y los que han
hecho de la corrupción su única estrategia política ahora que España
encara la recuperación. Pero lo más importante: los que tomamos medidas y
los que solo tienen discurso.
¿Cuántas de las personas que usted ha citado siguen en activo en la
política y ve sentadas en esta tribuna? A ninguna. En cambio, de su grupo
parlamentario tenemos que soportar que todos los días nos den lecciones
algunos que acumulan comportamientos muy poco edificantes, señora Montero
-sí, no me mire con esa cara de extrañeza, que me entenderá rápidamente-:
empleadores que no dan de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social,
especuladores con viviendas de protección oficial, políticos becados que
no pisan la universidad que les paga, asesores que cobran de Gobiernos
extranjeros que están en lo peor en los rankings de la democracia y que
encima no tributan a la Hacienda pública y, lo que es peor, señoría, el
acoso al que nos somete constantemente el señor Bódalo, él y sus
confluencias, en el penal de Jaén; ahí es donde tienen a la gente de
Podemos. (La señora Montero Gil: Está en prisión).
Señora Montero, tantas lecciones de ética y tan poca práctica, ¿sabe lo
que hacen? Que ni siquiera se crean su discurso sus propias filas porque
a eso de la moción de censura del señor Iglesias el 82 % de sus
militantes les han dicho claramente y en un idioma, el único que ustedes
entienden, que se la refanfinfla.
Muchas gracias. (Aplausos).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR XUCLÀ, SOBRE LA VALORACIÓN DE LA
LLAMADA "OPERACIÓN DIÁLOGO" CON LAS INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL
CATALANA EN ARAS A LOGRAR UN MEJOR ENTENDIMIENTO. (Número de expediente
172/000043).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas
al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Xuclà, sobre la valoración de la llamada Operación Diálogo con las
instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor
entendimiento.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa. Adelante.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, señorías, cuando la emperatriz Catalina la Grande
salía de la capital para visitar las extensas llanuras del imperio ruso,
el comandante en jefe del ejército imperial, el todopoderoso Grigory
Potemkin, le organizaba rutas con bellos pueblos artificiales de cartón
piedra en el fondo del paisaje para mostrar una realidad tan idílica como
radicalmente falsa e inexistente. Esta práctica falsaria se ha venido
llamando potemkinismo.
Señora vicepresidenta, hace seis meses le fue encargado pivotar una
operación de diálogo con las instituciones y la sociedad catalanas con el
objetivo de mejorar y recomponer las maltrechas relaciones degradadas
tras años de acumulación de incumplimientos, presupuestos no ejecutados,
sentencias no cumplidas, competencias no respetadas, sistemas de
financiación no revisados en tiempo, recursos contra el estatut votados
por el pueblo precedidos de campañas de recogida de firmas. En
definitiva, señorías, puro potemkinismo, pura realidad paralela, puro
cartón piedra de promesas evaporadas y realidades inconsistentes que
millones de catalanes no estamos dispuestos a soportar más. Pero por
encima de todo y en primer lugar, por su incapacidad de reconocer la
existencia de la nación catalana. Para ustedes, nosotros somos
diversidad. Sin este reconocimiento, su diálogo no es más que un monólogo
predemocrático de quienes no asumen que España nunca podrá ser si no es
puramente plurinacional y de libre determinación de sus partes. Nosotros
existimos y tenemos el derecho a no ser reconocidos como enemigos de
nadie, pero, en tanto no reconozcan ustedes la existencia de la nación
plural, diversa, pero perseverante en el tiempo, el diálogo no puede ser
ni sincero ni efectivo. Su idea de España se ha hecho vieja, su cultura
política y su poder explicativo se han agotado a los ojos de la inmensa
mayoría de los ciudadanos catalanes. Está cambiando todo a su alrededor y
lo único que se les ocurre decir es: porque lo dice la Constitución. La
aplicación estricta de la legislación vigente en su acepción
gubernamental no forma parte de la cultura convencional de sello Unión
Europea. En cualquier legalidad dialogada se estudian conjuntamente los
problemas y se negocian las soluciones. Ahí es donde encontrarán la
cultura política del pueblo catalán y donde terminará el problema, más
pronto o más tarde, aun sin ustedes, porque ustedes no están ahí. No se
reconocen ni ustedes mismos, porque somos ocho de cada diez los
ciudadanos de Cataluña que queremos votar en un referéndum; ocho de cada
diez es una mayoría amplia ante la cual es recomendable no practicar la
miopía política o la resistencia melancólica de tiempos pretéritos. El
argumento principal del Gobierno es que no puede dialogar sobre algo que
es ilegal, el referéndum. Tampoco sobre eso ha habido una exposición
razonada de motivos, tirando por elevación. Desde el momento en que
algunos padres de la Constitución aceptaron la legalidad, la viabilidad y
la oportunidad política del referéndum, la posibilidad del diálogo sobre
este punto debería existir.
Señorías, señora vicepresidenta, quizá les habrá sorprendido que no haya
centrado el inicio de esta interpelación en una lluvia de cifras y datos
-ya los tenemos muy dichos y conocidos en distintos debates
parlamentarios en esta Cámara y en el Senado-. Estamos discutiendo el
principio democrático en la Europa del siglo XXI. Se han obstinado en
judicializar una realidad que tiene su vía de salida en el diálogo
político. El 9 de noviembre de 2014 fueron a votar 2 345 000 personas, un
número superior a todas las personas que fueron a votar en las últimas
elecciones generales en Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra, La
Rioja, Ceuta y Melilla juntas. ¿Se imaginan que ninguno de los
representantes de las comunidades citadas tuviera nada que opinar, nada
que poder expresar? ¿No ven la relevancia de lo que tienen enfrente?
Señorías, señora vicepresidenta, las urnas en democracia nunca son un
problema y nunca deben ser un tabú. La Operación Diálogo de estos últimos
seis meses ha consistido en un anuncio desordenado de inversiones y de
previsiones presupuestarias. Lo han coordinado francamente mal: una
semana anunciaban una lluvia de millones y la siguiente presentaban los
presupuestos que suponen una caída de inversión de 32 millones de euros
respecto al año anterior. ¿Por qué deberíamos tener confianza en estos
números cuando el año pasado el grado de ejecución del presupuesto en
Cataluña fue del 66,7 %? Es decir, de cada tres años uno les sale cero en
grado de inversión real; puro potemkinismo, mucho cartón piedra. La
operación ha consistido en presentar un nuevo plan de trenes de
cercanías, rodalies, copiado del Plan 2008-2015, del cual solo se ejecutó
en su momento el 13 % y tendrán que ser muy creativos para explicar en
Europa que el corredor mediterráneo, con fondos de la Unión Europea,
tiene una vertiente central -meseta- y una litoral, y que entre Vandellós
y Tarragona continuamos con vía única mientras destinan este año 2500
millones en AVE a lo largo y ancho de la geografía hispánica.
Señora vicepresidenta, a finales del año pasado, con el diputado Francesc
Homs -en el segundo turno haré referencia más detallada a él- usted
mantuvo un diálogo, a través de una interpelación, sobre
los cuarenta y seis puntos que el presidente de la Generalitat, el señor
Puigdemont, trasladó al presidente Rajoy. Y usted dijo: De los cuarenta y
seis no discutiremos sobre el referéndum, pero vamos a hablar de los
otros cuarenta y cinco puntos. Pues bien, seis meses después, el Gobierno
no ha abierto la carpeta y no ha dialogado tampoco sobre los otros
cuarenta y cinco puntos, y tiene que ser una sentencia del Tribunal
Constitucional -la 9/2017- la que les recuerde el listado completo de
sentencias de la justicia constitucional que ustedes mismos incumplen a
cara descubierta.
Señorías, señora vicepresidenta, el próximo lunes el president de la
Generalitat planteará en una conferencia en Madrid una última propuesta
para un referéndum de autodeterminación de Cataluña acordado con el
Gobierno de España. Una propuesta basada en el principio "no imponer, no
impedir". No imponer, no impedir, parece algo muy razonable en las
sociedades democráticas; aquello tan razonable que hicieron David Cameron
y Alex Salmond, por ejemplo. El Gobierno catalán está dispuesto a
discutir pregunta o preguntas, fecha, una suerte de ley de claridad, la
delegación de la competencia, que está perfectamente prevista en la
Constitución. El Gobierno catalán ha dado sobradas muestras de estar
sentado en la mesa de diálogo a la espera de que comparezca la otra
parte. Creemos que el Gobierno de España no se ha sentado, simplemente se
ha limitado a la enumeración de inversiones dejando correr el tiempo.
Señorías, esto no es política de Estado, esto es diagnosticar muy mal la
realidad política y social de Cataluña. Para ser más exactos, no se han
limitado a la enumeración de inversiones que nunca se cumplen, sino que
han mostrado su cara marrullera en lo judicial y terriblemente
inquietante en la guerra sucia de los bajos fondos de la policía
patriótica, que no permiten que sea investigada en profundidad en este
Parlamento a través de una comisión de investigación constituida pero que
no permite la comparecencia de los mandos policiales clave para llegar al
fondo de la cuestión.
La próxima semana se la deberían tomar en serio y como gobernantes
dispuestos a encontrar soluciones. La invito, señora vicepresidenta, muy
sinceramente, a atender la conferencia del president Puigdemont el
próximo lunes, parece ser que en el Ayuntamiento de Madrid porque la Mesa
del Senado no permitió que un presidente de Cataluña pudiera pronunciar
una conferencia en la Cámara de representación territorial, algo que
invita a la reflexión sobre la construcción del llamado Estado de las
autonomías entrado el siglo XXI. La invito a participar y a escuchar la
propuesta bajo el principio de "no imponer, no impedir". Ya sé que el
aperitivo ha sido la orden del fiscal general de presentar una querella a
la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por haber iniciado el
proceso para la compra de urnas exactamente con el mismo redactado del
concurso con el que se compraron urnas para las elecciones autonómicas en
Andalucía. Y así también el diputado García-Margallo, ayer por la mañana
en una entrevista en una televisión catalana, calificó el uso de la
palabra y la razón de la conferencia del próximo lunes día 22 por parte
del president Puigdemont como un desafío intelectual en el corazón de
Madrid, con el aviso de que dicha conferencia agitará las aguas. Un
desafío intelectual en el corazón de Madrid que va a agitar las aguas.
Este es el diagnóstico del diputado García-Margallo. Señorías, aquí esta
el quid de la cuestión. Para algunos, venir a Madrid a hablar de razón
democrática y diálogo en el centro de la capital es entrar en un
territorio que no se puede profanar. Por eso, Madrid, como concepto de
poder político y no referido a las buenas gentes de la ciudad, ha dejado
de estar en el corazón y en las esperanzas de la gran mayoría de los
catalanes.
Señora vicepresidenta -y con esto termino, señora presidenta-, lleva seis
meses pilotando una Operación Diálogo que no ha llevado al buen
entendimiento con el Gobierno catalán, que no ha llevado a afrontar los
cuarenta y cinco puntos que en noviembre usted dijo desde esta tribuna
que sí estaba dispuesta a negociar. Estamos y está ante un problema
político que requiere de una solución política, no dejar pasar el tiempo.
Señora vicepresidenta, espero que nos sorprenda cambiando radicalmente su
punto de vista y ofreciendo una solución política.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias,
señora presidenta.
Señor Xuclà, con esta interpelación su señoría se erige a sí mismo en
árbitro medidor de la voluntad de diálogo entre el Gobierno y la
Generalitat de Catalunya, viene una parte a ejercer de árbitro del todo,
y centra básicamente en el referéndum de autodeterminación el objetivo y
la finalidad que persiguen con
ese diálogo. En la dialéctica que ha utilizado hoy el señor Xuclà, el
Gobierno será dialogante si se aviene a autorizar el referéndum, y como
muestra de que el señor Xuclà y su grupo lo son, frente a la intolerancia
del Ejecutivo, nos ha concedido hoy, graciosamente, poder hablar sobre la
fecha, la consulta y los porcentajes. Para que nos entendamos todos, voy
a utilizar un símil que creo que es clarificador. Lo que ha hecho hoy el
señor Xuclà es tanto como imponerle el matrimonio a una señora, pero
dejarle opinar sobre el menú de la moda y el vestido, no se vaya a creer
la gente que se tiene que casar con un déspota. Lo de menos para su
señoría es que ese referéndum de autodeterminación sea inconstitucional.
¿Para qué sirven y para que están las constituciones en el mundo? Tampoco
le importa que el Gobierno ni ningún poder del Estado, incluido este
Congreso de los Diputados, tenga capacidad para autorizarlo. Tampoco le
importa que se prive a los españoles de lo que primigeniamente les
corresponde en una democracia que quiera seguir siéndolo: la capacidad de
opinar sobre cómo es y cómo se organiza España. Sin la voluntad de los
españoles, España no puede dejar de ser España, como no podría dejar de
ser un Estado de derecho o una monarquía parlamentaria.
Sin embargo, ustedes lo que quieren es que el Gobierno autorice a que una
parte decida por el conjunto de los españoles y que los demás se
conformen con aceptar ese resultado y la decisión en la que no han
intervenido, que les afecta pero en la que no tiene ningún derecho a
opinar. Curiosa forma la suya de entender la democracia. Por eso, quizás,
señor Xuclà, el señor Puigdemont no aceptó un debate en sede
parlamentaria, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, para
que el resto de los representantes de las comunidades autónomas y el
conjunto de los senadores pudieran opinar sobre lo que consideran que es
España. Es que, señor Xuclà, el Senado no es una institución que alquila
sus sedes, como deja hacer el Ayuntamiento de Madrid por el módico precio
de 3000 euros para que alguien hable sin réplica de lo que es nuestro
país; es una institución que representa al conjunto de los españoles,
también a los catalanes, elegidos igualmente por elecciones democráticas.
Usted ha querido venir aquí a hablar de democracia, y yo voy a hablarle
esencialmente en mi discurso de democracia. La pregunta que le hago yo es
la siguiente: ¿Podrían el señor Puigdemont y compañía plantear su
pretensión de forma democrática en España? Claro que podrían hacerlo,
solo que no les interesa. En democracia se puede ser independentista -se
puede serlo-; se llama libertad ideológica. Cada uno puede tener sus
ideas y defenderlas bajo dos premisas: respetar las reglas democráticas y
respetar las opiniones y los derechos de todos los demás. Y yo le voy a
demostrar que no cumple ninguna de ellas. Si el señor Puigdemont desea
que Cataluña sea un Estado independiente, el Parlamento de Cataluña puede
plantearlo y aprobarlo por los procedimientos constitucionales, traerlo a
esta Cámara, debatirlo y, si es aceptado, someter a los españoles esa
votación. Así es como se hacen en España las cosas desde que en 1978
decidimos que dejábamos de ser una dictadura y que nos íbamos a gobernar
por métodos democráticos. El problema radica, señoría, en que hace tiempo
que la Generalitat y los partidos que la secundan se han deslizado por la
resbaladiza pendiente de identificar la democracia con su programa
político y a Cataluña con los seres que habitan en el palacio de Sant
Jaume. Y ahora entraré en materia. (Aplausos).
¿Quiere usted que hablemos de democracia? Pues voy a ilustrar a esta
Cámara cómo practican la democracia las instituciones de la Generalitat.
Un régimen democrático exige un Parlamento, como este, que respete el
Estado de derecho y sus propias normas de funcionamiento. Bajo la
Presidencia de la señora Forcadell, a los derechos de la oposición en el
Parlament de Catalunya se les aplica el rodillo independentista y son
vulnerados de continuo. Y no lo digo yo, lo han dicho los tribunales. La
admisión a trámite por la Mesa de la propuesta de inicio del proceso
político de independencia infringió el Reglamento de la Cámara y, lo que
es más grave, vulneró los derechos de los demás grupos parlamentarios,
como hizo la constitución de las ponencias conjuntas para la redacción de
las leyes de desconexión.
Sobre las leyes de desconexión voy a hablar. Esas leyes que, según
ustedes, son la clave del futuro de Cataluña, pero que redactan con más
secreto que si se tratara de un rito iniciático. Dicen ustedes que es
para sorprender -ya les digo yo que sorprenderán más a propios que a
extraños-, pero las quieren aprobar sin debate y sin oposición, como han
denunciado cuatro de los seis grupos parlamentarios en el Parlament de
Catalunya. Pensarán ustedes: ¿Por qué? ¿Qué derecho se creen que tienen
todos los demás a opinar sobre lo que es Cataluña? En una organización
democrática que se precie uno respeta al menos sus propias instituciones.
Las de España no les sirven, sus tribunales tampoco, pero las
instituciones de autogobierno de Cataluña tampoco les sirven a ustedes
como parámetro de la legalidad de sus comportamientos. Ustedes desoyen
cuando no les interesan los dictámenes del Consell de Garantías
Estatutarias que advierte de la ilegalidad de sus planteamientos, lo
obviaron cuando determinó en los
presupuestos del año 2015 que las estructuras de Estado eran
inconstitucionales y contrarias al estatuto, y lo han vuelto a hacer
cuando en el año 2017 advirtió sobre la partida destinada a sufragar el
referéndum.
Lo que les digo se aplica también a los propios letrados del Parlament de
Catalunya. ¿Se imaginan ustedes que en esta Cámara hiciéramos caso omiso
de lo que dice el secretario general y los letrados del Congreso? El
secretario general del Parlament advirtió por escrito que la disposición
de los presupuestos era nula y que votarla era desobedecer al Tribunal
Constitucional, y la presidenta del Parlament forzó la votación a pesar
de las protestas de los grupos. ¿Cómo se saldó todo? Con un esperpéntico
precedente parlamentario: tener aprobadas dos enmiendas incompatibles
entre sí.
Un senador de Esquerra Republicana de Catalunya -juez inhabilitado, para
más señas- se jactó de que el Gobierno de la Generalitat recababa datos
fiscales de los catalanes de forma ilegal, y la única explicación de la
Generalitat a una posible vulneración tan grave del derecho a la
intimidad de los catalanes ha sido vetar las tareas de la Comisión de
Investigación -viene usted a hablar del resto de comisiones de
investigación-, arrollando las peticiones de todos los grupos, incluidas
las del Partido Socialista de Cataluña y las de Catalunya Sí que es Pot.
He hablado de los derechos ninguneados de los parlamentarios, legítimos
representantes también del pueblo catalán, pero podría hablar de las
amenazas de sanciones a los empleados públicos, las del señor Llach
respaldadas por el señor Puigdemont; de la preocupación hecha pública por
las asociaciones de jueces por las injerencias en el ejercicio de sus
funciones por parte del sector independentista, o de las presiones a los
Mossos, que han reclamado que se respete su neutralidad política ante las
constantes presiones por no alinearse con el proceso independentista. Y
es que la Generalitat hace mucho tiempo que no gobierna para todos los
catalanes sino solo para los que comulgan con sus postulados; exige a
todos los demás que se plieguen a su voluntad. Por eso, son habituales
los ataques a las organizaciones civiles contrarias al independentismo, y
de boca ni más ni menos que del conseller de Relaciones Institucionales,
que ha acusado a la sociedad civil catalana de falangista, señor Xuclà,
de falangista. Y los partidos políticos no independentistas tenemos que
soportar en Cataluña escraches y ataques a nuestras sedes por sus socios
preferentes en esto de decidir qué es Cataluña, que son los radicales de
la CUP. ¿Y con ese historial me viene usted aquí a hablar de democracia?
Empiecen a respetar a quienes en Cataluña no piensan como ustedes.
Empiecen ustedes a tratar a Cataluña como lo que es: una democracia
dentro de otra democracia, que es España. (Aplausos). Esto es lo que hace
el Gobierno, trabajar por todos los catalanes. Porque, señor Xuclà,
nosotros también somos Gobierno de los catalanes y sus legítimos
representantes, elegidos por ellos en unas elecciones democráticas.
Nuestro diálogo es constante y amplio con todas las administraciones
públicas catalanas, con la rica estructura asociativa catalana, por
cierto bastante más abierta y cooperativa que su Gobierno. ¡Ojalá se
parecieran un poquito más a los catalanes!
Nuestra presencia en Cataluña es cada vez más constante y fructífera, y me
dicen ustedes: con nosotros, no. Indudablemente. Me fui a discutir de los
cuarenta y cinco puntos por los que usted pregunta con el señor
Junqueras, el señor Puigdemont reventó la visita, y cuando llegué me dijo
que solo íbamos a tratar uno, el referéndum, del que yo acabo de hablar y
espero que me conteste. Pero este Gobierno, señoría, dialoga ampliamente
con la sociedad catalana y le voy a dar algunos datos. Dialogamos cuando
España vivió una emergencia nacional y ustedes no podían acceder a los
mercados y entre todos sostuvimos los servicios públicos catalanes: 68
000 millones de financiación y un ahorro -que eso es financiación en vena
que no se devuelve- de 16 000 millones en intereses. Y dialogamos hoy,
cuando la prioridad nacional, incluida la de los catalanes -y revisen
ustedes sus encuestas-, sigue siendo, a pesar del mantra de la
independencia, el empleo. Y en Cataluña y en el conjunto de España se
crea empleo. Gracias a estos presupuestos que ustedes no van a apoyar,
Cataluña recibirá 1000 millones más de financiación -luego se quejan de
lo que se aporta a los demás-. Y se han comprometido infraestructuras en
Cataluña. Aquí, señor Xuclà, ha metido usted la pata. Dice que por qué no
invertimos en el corredor mediterráneo y vamos abriendo AVE por ahí. Le
recuerdo que todas las provincias catalanas están conectadas por AVE y en
la tercera ciudad de España, que es Bilbao, todavía estamos trabajando en
ello. ¿O es que los españoles no merecen ir en AVE a Bilbao y sí a
Tarragona? Yo creo que a todos los sitios donde podamos llegar.
(Aplausos).
Señoría, el Gobierno apoyará los Juegos del Mediterráneo, la candidatura
de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, el día de
Sant Jordi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto le tiene a
usted de los nervios, con lo educado que parece, en la tribuna hasta se
vuelve faltón, señor Xuclà. Eso es lo que le molesta, perder la
exclusividad de la representación de los catalanes.
Señor Xuclà, si se sube a esta tribuna a hablar de democracia, espero que
de ahora en adelante al menos no tengamos que soportar el atropello
democrático que sufren nuestros compañeros diputados de cuatro grupos
parlamentarios en el Parlament de Catalunya. Aplíquese usted el cuento.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Montserrat Montserrat: ¡Bravo, bravo!).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con tono constructivo, democrático, con paciencia pero con la constatación
de que el Gobierno de España a través de su vicepresidenta no se quiere
mover y se quiere quedar instalado en la miopía, que conste en el Diario
de Sesiones esta semana, que conste en el Diario de Sesiones la siguiente
semana cuando ustedes escucharán una última propuesta del Gobierno de la
Generalitat para encontrar un acuerdo.
Mire, señora vicepresidenta, no he venido a erigirme en el representante
de los catalanes pero algo debemos representar cuando la mayoría absoluta
de los diputados elegidos en las últimas elecciones del 26 de junio
-presentes en este hemiciclo- están a favor de celebrar un referéndum
como solución política a la situación actual que vive Cataluña.
(Aplausos). Tome nota de los resultados de su partido en el Parlament de
Catalunya, en las elecciones generales y en el mundo municipal. ¿Sabe
dónde está Pontons? Pontons es el único ayuntamiento de Cataluña
gobernado por el Partido Popular que representa el 0,1 % de los
ayuntamientos de Cataluña, con todo el respeto. Algo debemos representar,
entre otras cosas, la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya. Cuando
en las urnas se expresan 2,4 millones de ciudadanos el día 9 de noviembre
de 2014 y su respuesta es decir no, no y no, ¿usted cree que con eso se
va a solucionar el problema? La semana después de la inhabilitación del
señor Francesc Homs, un periodista me preguntó en la televisión: ¿Después
de esa inhabilitación, se da por terminado el proceso? Estoy convencido
de que el periodista me lo preguntaba con muy buena fe y yo le dije
también con toda la buena fe: Pues, no. Usted ha visto que, en treinta y
nueve años de vida parlamentaria, en este hemiciclo solo dos diputados
han sido despojados de su condición. Uno, por crímenes de Estado
acreditados por el Tribunal Supremo y, el otro, por facilitar la
participación ciudadana y poner las urnas en el proceso del 9 de
noviembre.
¿Usted cree, señora vicepresidenta, que eso lo van a parar con querellas,
que eso lo van a parar con guerra sucia? ¿Cree que esto facilita el
diálogo? ¿Cree que esto mejora las condiciones de relación en la
operación diálogo que a usted le encargaron? Señora vicepresidenta, cito:
"Cataluña será lo que los catalanes quieran. Cataluña será lo que los
catalanes quieran". Felipe VI. Yo estoy muy de acuerdo con esta
afirmación y en el siglo XXI deberíamos dar salidas democráticas a través
de las urnas a un problema que ustedes no van a parar con más querellas y
con más tribunales.
Les voy a citar a otro clásico: "De todo se puede hablar sin violencia. De
todo se puede hablar sin violencia". José María Aznar. Señora
vicepresidenta, me gustaría que de todo, no de los cuarenta y cinco
puntos, me gustaría que de los cuarenta y seis puntos se pudiera hablar
con toda tranquilidad. ¿Con quiénes? Con los legítimos representantes del
pueblo de Cataluña elegidos democráticamente en unas elecciones con un
nivel de participación altísimo y nunca conocido, las elecciones del 27
de septiembre del año 2015, y que usted desde esta tribuna se ha atrevido
a calificar de "los seres que habitan en el Palau de la Generalitat".
Señora vicepresidenta, un poquito de respeto por "los gobernantes
elegidos democráticamente por mayoría absoluta del pueblo de Cataluña", y
no 'los seres que habitan en el Palau de la Generalitat'. (Aplausos).
Usted sabe perfectamente que es posible, dentro del marco constitucional,
la celebración del referéndum por delegación de competencias. Aquí
vinieron tres comisionados del Parlament de Cataluña a pedir esta
delegación de competencias y la respuesta fue no. La respuesta fue no por
parte de una cultura política que, como le decía en mi primera
intervención, está de retirada y en decadencia. Ustedes no entienden la
lógica equilibrada y democrática de no imponer y no im-pe-dir. Cuarenta y
seis puntos no dialogados, la justicia ordinaria
contencioso-administrativa dando la razón a la Generalitat sobre temas
competenciales y cargando las costas al Gobierno del Estado, y una
relevante sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de este
año enumerando el largo listado de sentencias del Tribunal Constitucional
que el Gobierno incumple. Insisto, incumple, prevarica.
Señorías, aquí estamos, a las puertas de la propuesta final del Gobierno
de la Generalitat. El partido que represento, el Partit Demòcrata, ha
hecho grandes esfuerzos durante estos años para contribuir a hacer
evolucionar la cultura democrática en España. Con esto termino, señora
presidenta. El resultado ha sido, no, no y no. Esto no lo paran los
tribunales, esto no lo para su premio final de carrera ni su condición de
abogada del Estado; esto lo solucionan las urnas de forma democrática.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señora
presidenta, señor Xuclà, de esta interpelación yo al menos he sacado dos
cosas en claro. En primer lugar, que usted reconozca en esta Cámara que
no viene a hablar en nombre de todos los catalanes sino solo de su grupo
parlamentario; por tanto, usted puede plantear lo que estime oportuno
pero por favor le pido que no se sigan arrogando la voluntad del conjunto
de Cataluña. Y, en segundo lugar, que me vuelva usted aquí a colocar el
documento de los cuarenta y cinco, más un punto, porque no somos de los
que nos gusta trabajar en vano y ya le digo que llega tarde, porque
nosotros ya estamos ejecutando algunos de los puntos. Para trabajar por
Cataluña, señor Xuclà, este Gobierno no tiene por qué estar pendiente de
cuáles son las prioridades de su Gobierno.
Hablaba usted de que han ganado las elecciones por mayoría absoluta.
Entiendo que ya suman ustedes como de su equipo, plenamente
institucionalizado, a los señores radicales de la CUP. Creo que esa es la
principal conclusión de este debate: ustedes tienen mayoría absoluta
porque la CUP forma parte esencial y estructural de esa mayoría con la
que quieren construir Cataluña; radicalidad y antisistema. Ahora entiendo
por qué, señor Xuclà, hace algunos meses usted estaba sentado donde está
sentado el señor Villegas y por qué su grupo antes era el mayoritario en
Cataluña y por qué las cosas les iban de otra manera, sencillamente
porque tenían un poco más de personalidad que venir aquí a decir que son
mayoría absoluta con los diputados de la CUP.
Por último, señor Xuclà, usted viene aquí arrogándose un gran apoyo
social. Dice: ganamos las elecciones. Yo le recuerdo que un miembro de
esa mayoría absoluta que usted asume, les dijo: no hemos ganado el
plebiscito, no podemos ir más allá en la declaración. Eso lo ha dicho un
miembro de su mayoría absoluta. Su apoyo social, señor Xuclà, es
menguante. Yo no sé los decorados que le pone usted, con quién baja y con
quién habla, pero lo que yo detecto, y mis compañeros lo que notan, que
yo también tengo compañeros en Cataluña, es hartazgo. Por eso, según sus
propias encuestas, las de la Generalitat, nunca la aspiración de
independencia superó el 50 %, pero ahora no llega al 40 %. Por eso,
porque no respetan la democracia ni los regímenes constitucionales, no
encuentran ustedes apoyo internacional que valga y se reúnen en el
exterior con quien podrían hacerlo probablemente en Sant Cugat del
Vallès.
Además, señor Xuclà, ustedes tienen una división en el Gobierno que
dificulta mucho la interlocución. El problema sustancial para avanzar en
cualquier diálogo es no tener un interlocutor con capacidad de decisión.
Por nuestro lado está el señor Rajoy. Por su parte, señor Xuclà, ¿quién
es el interlocutor con futuro sobre el futuro de Cataluña? Este Gobierno
trabaja por la estabilidad, este Gobierno trabaja por la serenidad, este
Gobierno defiende la democracia que se dieron los españoles en 1978, y
espero que -ahora vendrán debates con los que ustedes nos amenazan al
resto de los diputados- cuando se suban a la tribuna del Parlament o la
presidan y ninguneen los derechos de los demás, se acuerden del debate
que tuvimos usted y yo en esta tribuna. Creo que podemos seguir hablando
mucho de eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, PARA PROMOVER EL SANEAMIENTO Y REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN
INTEGRAL SOBRE LAS RÍAS GALLEGAS. (Número de expediente 172/000044).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para
promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las
rías gallegas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Bo dia, señora presidenta. (Comienza su
intervención en gallego).
Es muy difícil hablar ya del mar y de las rías tal y como las conocíamos.
Hoy, desgraciadamente, venimos a hablarles del mar y de las rías que han
dejado sus políticas de los últimos treinta años, de más de treinta años
de Gobiernos conservadores del Partido Popular en Galicia. ¿Qué les
sucede a nuestras rías y a nuestras costas? La complejidad climatológica,
biológica y geográfica de nuestras rías les han permitido ser el motor
económico imprescindible de nuestro país; un motor marítimo, productivo,
natural y turístico. Es difícil calcular cuál es el alcance del impacto
económico en las mismas o cuántos puestos de trabajo en nuestro país
dependen de ellas. En todo caso, lo que tenemos muy claro es que, además
de una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro territorio,
son nuestra forma de vida. Ante tan enorme tesoro parece de sentido
común, señores del Partido Popular, guardarlas y resguardarlas de todos
aquellos que las quieren dañar, de todos los males. Sin embargo, ya les
adelantamos que lo que ha sucedido con todas ellas es que han sido
vendidas al peor postor. Empecemos por lo más evidente.
Con la Ley de Liberalización del Suelo del señor Aznar, la privatización
del espacio público y la desprotección del espacio natural se daban la
mano. Las apuestas del Partido Popular han sido un no modelo urbano y
territorial depredador del litoral y de nuestra calidad de vida, pero
también depredador de la legalidad. Por supuesto, las no políticas, como
ustedes bien saben, son también una forma de hacer política. En
definitiva, la falta de modelo significa que algunos se han aprovechado,
y se continúan aprovechando, de lo que es de todos y de todas, del bien
común, que en este caso -del que les venimos a hablar-, son nuestras
rías. No se equivoquen, no es que la nuestra sea una tierra sin ley, es
que la ley no es completamente universal bajo los Gobiernos del Partido
Popular ni es exactamente igual para todos y para todas. Como decía el
conde de Romanones, presidente de esta Cámara también en tiempos de
turnismo que tanto les gusta: "Para los enemigos, la ley; para los
amigos, el favor".
Sus Gobiernos son culpables, en muchos sentidos, de la situación de
nuestras rías. En primer lugar, por la acción contraria al bien común al
liberalizar y privatizar el espacio natural. En segundo lugar, por
inacción pública, al no actuar cuando estaban obligados a hacerlo. En
tercer lugar, por hacer la vista gorda, al no velar por los bienes
públicos para que la ley sea, como decía antes, igual para todos y para
todas. Y, en cuarto y último lugar, por colaborar con los delincuentes,
con aquellos que bajo su amparo construían negocios que destrozaban día a
día nuestras rías. Resumiendo, en demasiados casos la contaminación
litoral recogía residuos de su contaminación democrática.
Vayamos a los hechos. Los problemas principales al respecto de la
contaminación de las rías son tres. En primer lugar, el defectuoso
tratamiento de las aguas residuales. En segundo lugar, los vertidos
incontrolados de residuos industriales y, en tercer lugar, la falta de
saneamiento de las rías. Veamos cuáles de estos son responsabilidad de
sus Gobiernos. Una parte importante de la contaminación procede de los
vertidos sin depurar de los núcleos urbanos y de los ríos que desembocan
en las rías. La Directiva 91/271 del Consejo, sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas, establecía que las aglomeraciones urbanas de más de
15 000 habitantes debían de disponer de sistema de recogida y tratamiento
de aguas residuales a finales del año 2000. El 14 de abril de 2011 el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las autoridades
españolas estaban infringiendo, sistemáticamente, la legislación de la
Unión Europea a este respecto. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes,
ocupa la Presidencia). Pues bien, en el año 2017, es decir, veintiséis
años después de la aprobación de la directiva, diecisiete años después de
la fecha límite de cumplimiento de las normas de la Unión Europea y seis
años después de la primera sentencia seguimos igual en Galicia, con tres
aglomeraciones urbanas sin cumplir la normativa europea: Santiago, Vigo y
Riveira.
En noviembre del año pasado tuvimos conocimiento de que la Comisión
Europea remitía de nuevo al Tribunal de Justicia el asunto, proponiendo
una multa de 46,5 millones de euros, además de una multa diaria de 171
000 euros. El día 26 de noviembre del año pasado este diputado en esta
sede parlamentaria le preguntó a usted, señora Tejerina, qué medidas
tenía previsto adoptar el Gobierno para subsanar esta situación. Y le
pregunto hoy otra vez qué medidas ha adoptado el Gobierno desde entonces
para resolver esta situación, y no me cuente actuaciones puntuales. Le
pregunto claramente si me puede responder cuándo se va a resolver
definitivamente la depuración de aguas residuales urbanas en Galicia.
Vayamos ahora con la contaminación industrial y lo que denominamos focos
de destrucción masiva de la costa. Dos ejemplos lacerantes y gráficos:
ENCE y Reganosa. La fábrica de ENCE ha destrozado la ría de Pontevedra y
su entorno. Debería haberse marchado ya de ese emplazamiento, pero, eso
sí, para eso tendríamos que cumplir la ley, aunque ya se sabe que en el
país de los hilillos de plastilina se cumple a demanda. Escuchen este
ejemplo escalofriante: 290 000 barriles, 14 500 kilos de residuos
contaminantes al día. Ese es el balance de la contaminación diaria de
ENCE sobre un entorno natural como la ría de
Pontevedra. Ustedes han favorecido el asentamiento de las industrias
amigas o, más bien, de las industrias de los amigos, y es que en el
consejo de administración de ENCE no se sientan los ciudadanos comunes,
¡no, no!; se sientan ex altos cargos de su partido, como Carlos del
Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente, o como la señora Isabel Tocino,
exministra de Medio Ambiente. Es bien curioso y paradójico que en una
empresa tan contaminante se sienten tantos responsables de medioambiente
de su partido. A este respecto, tres preguntas. En primer lugar, ¿cree
usted que la celulosa no afecta al aprovechamiento marisquero, turístico
y a la calidad de vida de la ciudadanía de la ría de Pontevedra? En
segundo lugar, ¿sabe usted cuántos puestos de trabajo crea ENCE frente a
todos los puestos de trabajo que ha destruido y destruye? En tercer
lugar, ¿le parece acorde a los principios fundamentales del derecho que
un Gobierno en funciones conceda una prórroga de sesenta años más a esa
fábrica con numerosas sentencias incumplidas?
Hablemos de otro caso igualmente lacerante. En el norte de nuestro país,
en la ría de Ferrol, el caso de Reganosa. Es una planta de gas situada en
el interior, como digo, de la ría de Ferrol. Existen cuatro sentencias
del Tribunal Supremo señalando que esa infraestructura gasística es nula
de pleno derecho. Y, qué curioso, de nuevo el mismo Gobierno en funciones
del Partido Popular ha querido regularizarlo y, además, lo ha hecho por
vía de un acto administrativo. Para instalar esta empresa han establecido
un convenio confidencial entre políticos del PP, financieros y
empresarios, determinando que si había pérdidas, como siempre hacen
ustedes, el sector público se hacía cargo de las mismas. ¿Les suena esto
de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias? Pues en este
convenio secreto se pone de forma clara y descarnada. ¿Qué intereses hay
detrás de Reganosa, nos preguntamos desde En Marea, para que su Gobierno
haya actuado en contra de cuatro sentencias del Tribunal Supremo? Además,
una empresa del mismo grupo, que está aneja a esta, es Forestal del
Atlántico, una empresa altamente contaminante, a la que además se le
acaba la concesión en breves fechas. Le preguntamos: ¿Piensan ustedes
prorrogar la concesión en la ría de Ferrol a esta empresa altamente
contaminante?
Por último, el marco general, la regeneración de las rías. Las rías son un
ecosistema singular donde el encuentro del agua salada con el agua dulce
en espacio acotado conlleva una gran riqueza biológica, pero también una
gran dificultad para depurar la contaminación; en definitiva, una gran
fragilidad. Esta enorme riqueza se está viendo amenazada por unos
elevados índices de contaminación que asolan la sostenibilidad y
restringen su potencial. Todas las rías precisan un saneamiento que
permita eliminar las sustancias tóxicas de los fondos y rehabilitar zonas
enteras abandonadas. Hace falta una regeneración integral, pero de poco
nos vale esto si ustedes erradican los focos que continúan contaminando.
Todos los años prometen golosas inversiones para la regeneración de
nuestras rías, de las cuales al final no se materializa nada o casi nada.
Le pongo otro ejemplo: la ría do Burgo, en mi ciudad, A Coruña. Hace
treinta años trabajaban en esa ría del orden de dos mil personas; a día
de hoy trabajan menos de cien mariscadores y mariscadoras. A nueve días
de las elecciones generales del 20 D -qué casualidad-, el Gobierno de
Mariano Rajoy -su Gobierno, señora Tejerina- publicaba en el BOE el
proyecto de saneamiento de la ría do Burgo, que cifraba en 46 300 000
euros a ejecutar en veintiún meses. A este respecto, le pregunto, señora
Tejerina: ¿nos puede decir cuánto se ha invertido hasta el momento? Se lo
digo yo, probablemente algo cercano a cero. Además de eso, ¿sabe cuánto
destinan los Presupuestos Generales del Estado de este año al saneamiento
de esta ría? Un millón de euros, o lo que es lo mismo -se lo traduzco-,
humo.
¿Qué queremos en definitiva desde En Marea? Para nuestro grupo es crucial
una actuación integral sobre nuestras rías que incluya su saneamiento,
que cumpla la normativa europea y que se actúe teniendo en cuenta su
dimensión como medio de trabajo en el sector primario y en los otros
sectores como espacio público natural. En Galicia, como saben, hay una
enorme sensibilidad ambiental que ha llevado a grandes movimientos de
reivindicación de nuestro medio ambiental, como fueron "Nunca màis" o "As
rías non se venden". Todas las demandas de esos movimientos ciudadanos
son las que nosotros tratamos de trasladarle con esta interpelación.
En definitiva, una gestión responsable y sostenible, un cambio en el
modelo productivo, una apuesta por la economía verde, una apuesta por la
gente de nuestro país, que quiere y necesita continuar viviendo del mar y
de las mareas. (Termina su intervención en gallego). Moitas grazas.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Gómez-Reino.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en su interpelación plantea varias cuestiones; le contesto todas
en una única respuesta: todo lo que hace este Gobierno lo hace conforme
al ordenamiento jurídico vigente. No obstante, antes de entrar en materia
diré que me llama la atención la insistencia de su grupo en interpelar a
este Gobierno sobre la política de saneamiento y depuración.
He tenido ocasión de manifestarme en este sentido en oportunidades
anteriores ante esta Cámara -el 23 de diciembre de 2016 con respecto a
una pregunta oral suya y el 22 de marzo de este mismo año con relación a
una interpelación de su grupo-, y le digo, le recuerdo, le reitero que,
de acuerdo con la normativa vigente, la prestación de los servicios
públicos de saneamiento y depuración son competencia de los
ayuntamientos, no del Gobierno de España. Son las corporaciones locales
las que directamente o a través de las diputaciones provinciales o
comunidades autónomas prestan estos servicios, y son por tanto las
responsables de la depuración de las aguas. Una vez más, señoría, debo
insistir en que el Estado solo ejecuta actuaciones de saneamiento y
depuración si previamente y por ley dichas obras han sido declaradas de
interés general.
Del mismo modo, de las treinta y ocho aglomeraciones incluidas en el
expediente comunitario que menciona, gracias al trabajo de todas las
administraciones hemos pasado a diecisiete en las que es necesario
ejecutar medidas para mejorar el tratamiento de aguas residuales, pero de
estas diecisiete el ministerio solamente puede actuar en siete. En todas
estamos trabajando, de hecho, seis de estas siete ya están concluidas o
muy próximas a ello. Dicho esto, y a pesar de que la distribución de
competencias en nuestro marco institucional es la que es, este Gobierno
está plenamente comprometido con la mejora de la calidad de nuestras
aguas tanto en Galicia como en el resto del territorio nacional.
Nos preocupa y nos ocupa el estado de nuestros ecosistemas hídricos.
Entendemos prioritario cumplir con nuestros objetivos ambiéntales y no
queremos trasladar a los ciudadanos el coste de las sanciones
comunitarias por ningún incumplimiento, sea este el que sea. Por ello, al
comienzo de la X Legislatura, el primer objetivo del Gobierno fue dar la
vuelta a una situación de absoluto abandono de la política del agua y,
muy en particular, de la política de saneamiento y depuración, que
originó -es lo que nos encontramos- la apertura de tres expedientes
sancionadores por incumplimiento de la directiva europea que afectaban a
más de setecientas aglomeraciones urbanas. El Gobierno realizó en todas
las comunidades autónomas una auditoría para conocer la situación real,
que se desconocía, y así poder priorizar las inversiones en el horizonte
2016-2020. Incluimos las actuaciones prioritarias en los programas de
medidas de los planes hidrológicos de cuenca de las correspondientes
demarcaciones, planes que tenían que haber sido aprobados en el año 2009
y que tampoco estaban hechos y aprobó nuestro Gobierno. También
incorporamos las actuaciones en materia de saneamiento y depuración en el
Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
el Plan Crece, que se aprobó en el año 2014, que garantiza una inversión
que superará los 1100 millones de euros por parte del ministerio hasta el
año 2020, todo con la finalidad de cumplir los objetivos de la Directiva
91/2017/CE de tratamiento de aguas residuales urbanas y cumplir con la
mejora de la calidad de las aguas. Este plan nos permitió impulsar en
2015 cincuenta y cinco actuaciones de saneamiento y depuración que
estaban en marcha pero cuya ejecución era menor de la deseada y que
contaban con fondos europeos para el periodo 2007-2013, treinta y una de
las cuales tenían abierto expediente de infracción o estaban siendo
investigadas. A lo largo de 2017 está previsto iniciar otras veinte
actuaciones por importe de licitación cercano a los 110 millones de
euros.
En el caso concreto de Galicia, por el que su señoría me interpela, el
Plan Crece supuso durante la X Legislatura el impulso de hasta quince
actuaciones con diferente grado de prioridad que se encontraban en
distinto grado de ejecución. En la provincia de A Coruña se concluyó el
colector interceptor general del río Sar en Santiago de Compostela, los
interceptores generales de la ría de Ferrol, también recientemente
conectados a la red, la ampliación de la EDAR de Silvouta, la
construcción de la EDAR de Ribeira. En Lugo se realizaron los colectores
interceptores del río Miño. En Ourense, la fase I de la EDAR de San
Cibrao das Viñas, la EDAR de O Barco de Valdeorras, la EDAR de Xinzo de
Limia, la EDAR de Ourense, el saneamiento de Pereiro de Aguiar y el
saneamiento de Laias. En Pontevedra, el saneamiento de Vigo, el
saneamiento de Porriño y la nueva estación de bombeo en Areas. Todo este
conjunto de actuaciones supuso la inversión de más de 320 millones de
euros. De estas actuaciones acabamos de finalizar tres especialmente
importantes, la EDAR de Ourense, Ribeira y Vigo, a las que he aludido,
con una capacidad de depuración de 1,2 millones de habitantes
equivalentes, de los que 800 000 corresponden a Lagares,
en Vigo, que es la de mayor capacidad de Galicia. La EDAR de Ourense hace
poco más de tres meses que está plenamente operativa, mientras que las
otras dos están en fase de pruebas y lo harán entre septiembre de este
año y mayo de 2018. En esa fecha esas aglomeraciones urbanas cumplirán
plenamente los parámetros de vertido de la Directiva 91/2017 de aguas
residuales.
Concluidas estas importantísimas infraestructuras, está previsto que en
esta legislatura se lleven a cabo otras cuatro actuaciones contempladas
en el Plan Crece, tres en la provincia de A Coruña y una en Ourense. El
proyecto más importante de estos será la nueva EDAR de O Souto en
Santiago de Compostela, con el colector del río Sarela. Una quinta
iniciativa, no incluida en el Plan Crece pero de interés general, será la
mejora de la EDAR de Verín y de los colectores del barrio de San Roque en
la provincia de Ourense, para la que se ha contratado la redacción del
proyecto el pasado mes de febrero. Este conjunto de actuaciones supondrá
una inversión adicional de 140 millones de euros.
En definitiva, son un conjunto de medidas que desmienten con hechos sus
afirmaciones, porque dejan bien a las claras que la mejora de la calidad
de las aguas en Galicia ha sido y es una prioridad para este Gobierno,
que hemos dedicado un esfuerzo especial en esta materia, al igual que
hemos hecho en el resto de España. Señoría, en nada se parece la
situación actual a la que nos encontramos en el año 2011. La situación
cada año es mejor, porque este Gobierno ha programado y realizado
inversiones muy importantes. Por eso, la calidad de nuestras aguas ha
mejorado significativamente en los últimos años -del 70 % que recibían el
calificativo de buenas en 2009 al 77 % que lo reciben hoy- y nuestro
compromiso es llegar al 90 %, que es lo que marca el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa hasta el año 2021; un plan
elaborado por este Gobierno y que su señoría debería conocer.
Por otro lado, en su interpelación manifiesta la preocupación por la
situación de las costas gallegas. Este Gobierno tiene muy claro que los
casi 10 000 kilómetros de dominio público marítimo-terrestre, incluidos
los casi 1500 de la costa gallega, son uno de los bienes más valiosos de
nuestro país. Por eso nuestro objetivo prioritario es seguir trabajando
en la protección de los sistemas litorales, la conservación del dominio
público marítimo-terrestre, la recuperación de zonas litorales degradadas
y la lucha contra la erosión de las playas. Desde 2012, el Gobierno ha
invertido más de 25 millones de euros en Galicia; de esta cantidad, algo
más de 12 millones responden a actuaciones en A Coruña, 4,5 millones en
Lugo y cerca de 9 en Pontevedra. Además, el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 prevé una inversión de 6,5 millones de
euros para Galicia, y ello con una doble perspectiva: la de la actuación
inmediata en respuesta a los inevitables daños en circunstancias
meteorológicas adversas y las actuaciones a medio y largo plazo. Hemos
llevado a cabo actuaciones de emergencia en 2014 por valor cercano a los
8 millones de euros. Entre las actuaciones estructurales quiero destacar
la regeneración ambiental de las marismas de A Xunqueira do Areal, en A
Pobra do Caramiñal, en A Coruña, realizada en 2016, gracias al PIMA
Adapta, por casi 2 millones de euros. Esta obra ha permitido la
recuperación de los márgenes de la marisma con un perímetro de 4500
metros. En el litoral de Pontevedra, desde 2012, se han invertido casi 6
millones de euros solo para mantener y proteger el dominio público
marítimo-terrestre de la acción de los elementos naturales y de la
presión del litoral.
Finalmente, haré mención a un asunto que ha citado, que es la recuperación
ambiental de la Ria O Burgo, en A Coruña. Quiero dejar claro, señoría,
primero, que no es bueno mezclar conceptos, mezclando saneamiento y
depuración con el dragado de la ría. Por un lado, está el problema del
saneamiento, es decir, evitar los vertidos que colmatan la ría y, por
otro, el del dragado, que consiste en la retirada de los lodos. A este
respecto debo decir que desde el comienzo de la X Legislatura el Gobierno
ha mantenido su compromiso con la recuperación de la ría. Somos la única
Administración que ha redactado un proyecto para la retirada de los
depósitos sedimentarios que actualmente está en tramitación ambiental.
Será la declaración de impacto ambiental la que definirá el tratamiento
que debe aplicarse y permitirá conocer el coste real de los trabajos a
ejecutar. Asimismo, será la que marque los ritmos y los tiempos, porque
nosotros actuamos no solamente cumpliendo íntegra y escrupulosamente el
ordenamiento jurídico español, sino también dando todas las máximas
garantías medioambientales. En tanto no haya declaración de impacto
ambiental, no se puede licitar ningún proyecto al respecto. Pero está en
trámite de evaluación y será posteriormente cuando todas las partes,
incluidos ayuntamientos -y algún ayuntamiento gobernado por alguno de los
partidos adscritos a su grupo se verá especialmente implicado por ser
responsable del saneamiento de las aguas que van a parar a esta ría-,
podrán acordar la distribución de actuaciones y su financiación dentro
del marco de colaboración y diálogo, como digo, imprescindibles en estos
casos, porque todas las administraciones debemos estar involucradas. Ahí
veremos el valor que ustedes conceden a las cuestiones que ha planteado.
En resumen, señoría, la política de saneamiento y depuración, insisto,
siendo competencia de las entidades locales, del Ayuntamiento de A
Coruña, ocupa y preocupa también a este Gobierno, como hemos demostrado
desde que llegamos al mismo. Se han invertido en actuaciones en las rías
cerca de 600 millones de euros entre la Administración central y la
autonómica desde el año 2009. La calidad de nuestras aguas es uno de los
elementos más importantes de una política de agua seria, que persigue
garantizar la prestación de un servicio público esencial, que es el
suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el país y
para todos los usos, así como la consecución de los objetivos ambientales
asociados a la protección de las aguas; una política seria como la
realizada por este Gobierno, que lo primero que hizo fue estudiar y
analizar la situación real del saneamiento y depuración de nuestro país,
porque se desconocía absolutamente el estado de abandono en el que
nosotros lo recibimos en 2011, para poder después priorizar las
actuaciones y garantizar de este modo las inversiones necesarias;
insisto, más de 600 millones de euros en mejora de las rías gallegas. Les
recuerdo que nos encontramos con tres expedientes sancionadores
correspondientes a 2011, como usted ha mencionado, que se referían a
setecientas aglomeraciones urbanas y, como le he dicho, un
desconocimiento total de la situación, tal era el estado de abandono. La
realizada por este Gobierno es una política que ha incluido dichas
prioridades en los programas de medidas de los planes hidrológicos de
cuenca, que tampoco estaban hechos. Hemos desarrollado una política que
ha incluido y ha buscado inversión complementaria mediante la
incorporación de los objetivos de saneamiento y depuración en el Plan
Crece. Somos un Gobierno que entiende el medio ambiente como un aliado
del crecimiento y de la generación de empleo y que por ello compatibiliza
la protección y la defensa del litoral con el desarrollo y promoción
turística de nuestra costa y también con el empleo y el bienestar de la
gente que vive en su tierra y, por supuesto, en el caso de Galicia, con
la sostenibilidad de otras actividades tan importantes como el marisqueo.
Puede tener por seguro que vamos a seguir en esta línea; lo haremos, eso
sí, sin demagogia, sin declaraciones altisonantes, solo con rigor y con
eficacia, para que todos los gallegos, como todos los españoles,
dispongan de un agua de mejor calidad cada vez en ríos y costas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con su relatorio de intervenciones me quedo perplejo.
Inicialmente dice una cosa y dice también la contraria: primero dice que
no tienen responsabilidad en la depuración y después relata una serie de
iniciativas y se apropia de la autoridad sobre esas intervenciones. Dice
una cosa y dice la contraria. Además, después de oír sus palabras, parece
que me quejo de vicio yo, que se queja de vicio mi grupo y que,
probablemente, se quejan de vicio la mayor parte de las cofradías, de las
plataformas, de los pescadores y de las mariscadoras y los mariscadores
de Galicia. En todo caso, poco o nada me ha dicho de ENCE, de Reganosa y
de las sentencias judiciales al respecto de estas plantas y de su
posición sobre ello. En relación con A Coruña, solo faltaba que le
imputara ahora a los ayuntamientos -que además están haciendo un trabajo
muy importante en muy poco tiempo, en dos años, para llegar casi al
vertido cero- el problema actual de la ría de O Burgo; es lo que nos
faltaba por escuchar. Sin embargo, creo que nos compete ser proposititos
en esta interpelación e ir preparando el terreno para la moción.
Para nosotros la clave de todo esto es una actuación integral y, por este
motivo, vamos a relatarle una serie de iniciativas que creemos que sería
imprescindible poner en marcha. En primer lugar, creemos que sería
imprescindible comunicar todas las iniciativas, estudios y análisis
desarrollados hasta el momento para abordar la gestión ambiental y
socioeconómica de las rías gallegas e incluir las iniciativas en marcha
para cumplir las directivas europeas, que sistemáticamente -como decía y
como además usted reconoce- estamos incumpliendo, sobre saneamiento
integral y gestión de las zonas costeras. En segundo lugar, hay que poner
en marcha un proceso de diálogo, diálogo en el cual, como bien sabemos en
los diferentes ámbitos, ustedes no son especialmente habilidosos; un
proceso de diálogo y negociación con las diferentes administraciones
implicadas en la gestión de las rías de forma directa o indirecta para la
implementación de políticas públicas, esta vez sí, integradas. En tercer
lugar, es necesario crear un sistema de información ambiental que integre
todos los instrumentos de observación y monitorización ambiental
existentes y que cumpla con los criterios de las políticas de datos
abiertos; asegurar que este sistema es completo y que su diseño
posibilita un uso intensivo por los diferentes agentes interesados:
desarrolladores de políticas públicas, científicos, centros de
investigación y, por supuesto, las organizaciones
de la sociedad civil. En cuarto lugar, integrar los principales riesgos
ambientales existentes basados en criterios científicos, como, por
ejemplo, las cargas contaminantes en sedimentos, cultivos marinos
próximos a la capacidad de carga del sistema o riesgo de vertidos de
hidrocarburos; definir planes de evaluación de la situación ambiental y
de estado de riesgo y planes de intervención concretos para la
eliminación y/o reducción de estos riesgos. Y, en último lugar, diseñar e
implementar planes estratégicos reales de gestión integrada de las rías
de Galicia, que incorporen el diseño y rediseño institucional y objetivos
de resiliencia ambiental y ecológica, sostenibilidad y desarrollo
socioeconómico, e incorporar además, en este proceso, a los diferentes
agentes políticos, científicos, económicos y ciudadanos con intereses en
estos ecosistemas.
Si el camino es ése, sin duda nos encontrarán a nosotros, a las cofradías,
a los pescadores, a las mariscadoras; si no, evidentemente continuarán,
señora ministra, teniéndonos enfrente.
Moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Gómez-Reino.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la
señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Gracias, presidente.
Señoría, el Gobierno de España no es competente, pero invierte cantidades
no menores para ayudar a las administraciones que sí lo son. No es
difícil de entender y no es contradictorio, sencillamente refleja la
importancia que damos desde el Gobierno a la calidad del agua; es otra
manera de preocuparnos por los ciudadanos. Entre 2012 y 2016 se
invirtieron 280 millones de euros en saneamiento y depuración en Galicia.
Esta legislatura será clave para conseguir el objetivo del saneamiento
integral de las rías gallegas después de avances muy importantes hechos
en la pasada legislatura. Yo quiero reiterarle que uno de los objetivos
primordiales de este Gobierno es profundizar en el ingente trabajo
realizado durante los últimos cinco años en política del agua y evitar la
situación de abandono que nos encontramos en 2011.
Señoría, insisto, de los más de 1000 millones de euros invertidos entre la
Administración central y la autonómica desde el año 2009 en Galicia, 600
millones se han invertido en actuaciones en las rías, lo cual ilustra el
compromiso de este Gobierno y del Gobierno de la Xunta. Insisto, en esta
legislatura se conseguirá el objetivo del saneamiento integral de las
rías. Trabajamos por el saneamiento de las rías y para proteger el medio
ambiente y llegamos tan lejos como nos dejan algunos alcaldes, por
ejemplo el alcalde de Ferrol, perteneciente a Ferrol en Común, que
mantuvo parada la obra de los interceptores generales durante más de un
año, con el consiguiente perjuicio medioambiental y social para los
mariscadores. Nosotros estamos por invertir, por mejorar el medio
ambiente y por proteger a los sectores afectados; ustedes por bloquear,
confundirse y confundir a los ciudadanos.
Voy a darle algunos ejemplos de lo que hacemos y de lo que su partido
impide que se haga donde gobierna. Ría de O Burgo. Señoría, yo lo que le
he dicho es que el ministerio está redactando el proyecto sobre el
dragado, ofreciendo todas las garantías medioambientales, y que una vez
que se emita la correspondiente declaración de impacto ambiental se
acordará la distribución de las actuaciones, su financiación y los
tiempos de ejecución. No he dicho que no haya hecho el ayuntamiento; he
dicho que esperamos la participación, que será una prueba importante del
compromiso. Saneamiento de Ferrol. La Xunta de Galicia invertirá más de
siete millones para el saneamiento de A Malata; este compromiso fue
ratificado en julio del año pasado, pero a día de hoy se sigue a la
espera de que el Ayuntamiento de Ferrol, gobernado por Ferrol en Común,
dé un paso adelante y haga los trámites que permiten el inicio de la
obra. Le recuerdo que los interceptores generales estuvieron parados
durante más de un año; un año en el que nuestro medio ambiente y los
mariscadores han tenido que soportar las consecuencias de su dejación,
cuando la obra estaba prácticamente concluida, tan solo a falta de su
conexión. El compromiso del Gobierno de España y del Gobierno gallego es
firme y eso lo demuestran los presupuestos y la inversión que ya se ha
hecho en esta ría, 280 millones de euros entre las distintas
administraciones.
El saneamiento de la ría de Pontevedra seguirá siendo una prioridad, con
proyectos previstos por valor de 45 millones de euros y con actuaciones
en la red de los distintos ayuntamientos del margen de esta ría, en la
que desde el año 2009 se llevan invertidos más de 36 millones de euros.
El ministerio trabaja para regularizar la situación de la EDAR de
Placeres, que es previa a la obra de ampliación que llevará a cabo la
Xunta. En cuanto a la EDAR de O Souto, tan pronto como se firme el
convenio entre Acuaes y los usuarios se podrá licitar la obra. Yo le
quiero recordar a su señoría que si no se ha firmado
en Santiago de Compostela el convenio no se puede presupuestar y que el
proyecto se está revisando precisamente a petición del ayuntamiento. Por
lo tanto, los tiempos no los estamos marcando nosotros, los está marcando
el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. No se puede presupuestar sin
un convenio previo. Insisto, de nuevo la pelota no está en nuestro
tejado.
Ha hablado de las aglomeraciones urbanas, de Santiago de Compostela, de
Aguiño-Carreira-Ribeira y de Vigo. Quiero decirle que todas ellas
cumplirán en breve la Directiva 91/271/CE.
Para terminar, haré una referencia a ENCE. Señoría, la prórroga no la
concede el Gobierno; no confundan, es una prórroga administrativa, es un
mero hecho administrativo, con Gobierno en funciones, con Gobierno en
plenos poderes o sin Gobierno. Es un acto administrativo; no confundan.
El Gobierno cumple escrupulosamente el ordenamiento jurídico español,
como lo hacen los funcionarios de todos los ministerios. Esto se hizo con
pleno sometimiento a la legalidad, siguiendo todos los trámites legales,
judiciales y los informes jurídicos y ambientales, con todas las
garantías de transparencia y con participación de los afectados. Insisto,
esto no es una decisión del Gobierno. Lo que sí le puedo decir es que hay
mejoras comprometidas por la empresa, presupuestadas en 61 millones de
euros, que están orientadas a mejorar la calidad ambiental, además de a
generar empleo, que es importante, insisto, en su tierra. Pero, según nos
ha sido transmitido, estas mejoras medioambientales no han sido iniciadas
porque la Administración competente -y no es el ministerio- no ha
otorgado los permisos necesarios. Todo lo que se haga, como todo lo que
se ha hecho será siempre conforme a la legalidad, conforme al estricto y
escrupuloso cumplimiento del ordenamiento jurídico español. Quiero
recordar que este Gobierno ha apostado siempre por una política del agua
constructiva, solvente y sostenible, basada en una planificación
rigurosa, en una gestión eficiente y en la búsqueda de consensos,
invirtiendo, aun en épocas muy difíciles, ingentes cantidades de dinero
para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de la
mejora de la calidad de nuestras aguas. Esto requiere el esfuerzo de
todos, y espero, como ha dicho, contar con su colaboración y con la de su
grupo parlamentario para alcanzar las metas que nos hemos marcado en esta
legislatura. Sin duda, ello redundará en la mejora de la calidad de vida
de todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE JUSTICIA, SOBRE SUS
POLÍTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente
172/000045).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto:
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro de
Justicia sobre sus políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.
Señorías, señora ministra, primero tengo que manifestar mi sorpresa porque
la interpelación iba dirigida al señor ministro de Justicia -puesto que
es un tema sobre el que creemos que se le tenía que interpelar a él- y me
acabo de enterar de que será usted, ministra de Sanidad, quien
intervendrá en la interpelación. Había que dejarlo claro, porque creemos
que es un tema de justicia, nunca mejor dicho.
Para tratar de custodia compartida, voy a enumerarles una serie de
parámetros de los cuales voy a hablar, porque son necesarios: interés
superior del menor, igualdad real, maternidad y paternidad, desigualdad
entre los españoles, desidia y dejadez; y compromiso. Son seis aspectos
que iré mencionando a lo largo de mi intervención y que creo que son
imprescindibles para entender qué es de lo que estamos hablando hoy.
Cuando se habla de igualdad y se habla del interés superior del menor, que
a veces se nos olvida, estamos hablando -o por lo menos así lo cree
Ciudadanos- de que la igualdad no es solamente la de los ciudadanos para
desarrollarse libremente y en igualdad de oportunidades, el derecho a la
igualdad también se manifiesta en el derecho de los niños a gozar de sus
progenitores en igualdad de condiciones. Esto no es que lo diga solamente
Ciudadanos, es que la propia Carta Europea de los Derechos del Niño nos
dice textualmente: Los progenitores tienen la obligación de compartir los
deberes y las responsabilidades sobre la educación de los mismos. Hay
distintos ejemplos en la Unión Europea sobre la guarda y custodia
compartida que tienen muy distintos planteamientos. Por ejemplo, Alemania,
Francia y Reino Unido hablan de que se recomienda si no existe acuerdo
entre las partes al separarse. Por el contrario, en Bélgica y en Italia
se establece como la primera opción cuando hay una separación. Luego
tenemos el caso de Noruega o el de Portugal, donde se exige el consenso
entre los progenitores. Lo que se está manifestando al hablarles de los
distintos ejemplos de los diferentes países europeos es que es necesario
regular esta materia y es preciso establecer las pautas y los parámetros
desde este país.
Tengo que hacer mención a una cita que hizo el anterior ministro de
Justicia, señor Ruiz-Gallardón, en la X Legislatura. No se sorprendan,
voy a coger esta misma cita porque luego la podré enlazar con la desidia
y la dejadez. Citaba a Tolstói, citaba ese libro conocido como Anna
Karenina y un párrafo en concreto que hablaba de que las parejas felices
se parecen pero las infelices lo son cada una a su manera. Precisamente
porque cuando son felices todo está bien, tenemos que hablar también de
la desigualdad entre sexos cuando esas parejas no están tan felices.
Porque cuando estamos bien, como ya he dicho, todo está bien, nos subimos
a la tribuna y demandamos cosas pensando en el derecho de los niños.
Nosotros no las demandamos, nosotros las negociamos, como es el caso de
los permisos de paternidad o como es el caso de exigir la
corresponsabilidad entre los progenitores, pero ¿qué pasa cuando ya no
estamos en esos momentos felices? Para esos momentos Ciudadanos también
está aquí y ese es el motivo de esta moción. Es necesario que nos
centremos en qué es lo que pasa tras ese momento.
En el año 2005, el Código Civil introdujo la guarda y custodia compartida,
y desde el año 2005 hasta el año 2015 ha habido un aumento en las
sentencias de custodia compartida que se han dado en este país. Hemos
pasado de un 9,7 a un 24,7, pero no se olviden de que en estos datos hay
una media y, dentro de la media, una perversión que crea desigualdad
entre los españoles, que luego citaré. Esta situación además ha llegado
al Tribunal Supremo y ha llevado a que este declare que, siempre que se
respete el interés superior del menor, la guarda y custodia compartida
debe ser la fórmula normal e incluso la deseable, por supuesto, siempre
primando el interés superior del menor. Por eso también hay aspectos
excluyentes, o por lo menos así lo entendemos, cuando el nivel de
conflicto entre los progenitores no permita esta opción, es decir, cuando
los progenitores no sean lo suficientemente responsables o adultos y se
entienda que tiene que primar el interés del menor, o cuando exista
violencia en el ámbito familiar. Por supuesto, en esos casos no se tiene
que considerar esta opción, pero no es la mayoría de los casos; por el
contrario, hay casos en los que la guarda y custodia compartida es la
única forma de hacer prevalecer precisamente lo que se debate hoy, que es
el interés superior del menor, y esto lo dice el Tribunal Supremo. Lo
dice de la siguiente manera: El mantenimiento de la potestad conjunta
resulta sin duda la mejor solución para el menor, en cuanto le permite
seguir relacionándose establemente con ambos padres.
Y ahora les tengo que hablar de la desigualdad de los españoles que antes
les comentaba y de la perversión en la que se esconden los datos medios
de sentencias que dan la guarda y custodia compartida. La falta de una
regulación nacional lleva a que hayan salido regulaciones autonómicas.
Estas tienen algunas cosas en común, como que se fomenta la custodia
compartida, salvo privación judicial; que se contempla la mediación
familiar y que se excluyen los casos en los cuales haya violencia de
género. Vamos al mapa de la perversión, que es el que estaba citando
anteriormente. (Muestra un mapa). Si alguno de nosotros decidimos
separarnos en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana o en
Aragón, nuestros hijos tendrán unas posibilidades superiores al 34 % de
tener custodia compartida, y si es el caso de Cataluña, tendrán hasta un
40 % de posibilidades. Sin embargo, si nos vamos a otra parte del mapa y
nos separamos en Extremadura, Murcia o Andalucía, las posibilidades de
que se den sentencias de custodia compartida se reducen a menos del 16 %,
citando el sangrante caso de Extremadura, donde es el 8%. ¿Esto realmente
es igualdad entre los distintos ciudadanos del país? ¿Realmente creen que
los intereses superiores del menor dependen de la comunidad autónoma en
la que se encuentre? ¿O acaso el ministro de Justicia o la ministra que
me contestará en un momento puede decir que en el caso de Cataluña hay
muchas más aptitudes para que se dé la custodia compartida y que sin
embargo las exparejas en una comunidad autónoma como la de Extremadura no
son aptas para que se les otorgue la custodia compartida? Realmente
cuando se habla de los intereses superiores del menor no puede haber
distinciones entre comunidades autónomas, y creo que eso ha quedado más
que patente con el mapa que les acabo de enseñar.
Ahora enlazamos con la cita que hice de Anna Karenina y el porqué nombré
al ministro Ruiz-Gallardón y por qué hay que hablar de la desidia y la
dejadez. En la X Legislatura se trajo una interpelación para hablar de
custodia compartida que sorprendentemente se aprobó por la mayoría de la
Cámara. Digo
sorprendentemente porque era el Gobierno del señor Rajoy, había mayoría
absoluta y tuvieron tres años para regular esta materia y para hacer
cumplir esa moción que se aprobó con mayoría de la Cámara y no se hizo
nada. Por eso, hablamos de desidia, porque parece que hay momentos en los
que el interés superior del menor no es tan importante y la desidia
parlamentaria o la desidia de un Gobierno que con mayoría absoluta podía
haberlo hecho -porque lo había votado afirmativamente- y no lo quiso
hacer. Luego nos dicen que damos la lata con cosas, qué quieren que les
diga, para eso hemos venido aquí, para trabajar. (Aplausos).
Entonces llegamos a la última fase que quizás es la más importante y es la
fase de los compromisos. Hay que recordar -y la señora Montserrat lo
sabrá porque estaba en la mesa de negociación- que en el punto 68 del
acuerdo que Ciudadanos firmó con el Partido Popular dice textualmente:
Impulsar las medidas necesarias para incorporar en nuestro Código Civil
la guarda y custodia compartida como la modalidad más deseable, haciendo
prevalecer siempre el interés superior del menor y de acuerdo a las
directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. Es decir, si no se hace esto, realmente no sé qué nos pasó en la
negociación. Porque si tenemos que llevar a una negociación algo que ya
se había votado cuatro años antes y que con mayoría absoluta no se había
hecho es porque hay una dejadez y una desidia absoluta en el Gobierno o
en el Grupo Parlamentario Popular.
Ciudadanos no va a hacer oídos sordos ante este tema. No va a hacer oídos
sordos en el tema de la custodia compartida porque hacer oídos sordos
significaría ahondar en la desigualdad de género -y eso es una realidad-,
ahondar en que no prime el interés superior del menor. Eso sería hacer
oídos sordos. Tenemos que traer muchas reflexiones a esta Cámara y una de
ellas es la de que, si creemos realmente, como citaba Tolstói en Anna
Karenina, que en los momentos felices las parejas somos iguales, si
creemos que en esos momentos felices los padres deben ser corresponsables
y cuidadores respecto de los hijos -en esta Cámara distintos
parlamentarios de distintos partidos políticos se han levantado, lo han
dicho y han defendido la igualdad, cosa que por supuesto este grupo
parlamentario también defiende-, no podemos resignarnos a que en los
momentos no tan felices en los que las parejas ya no son tan iguales
-como decía Tolstoi- este nuevo rol quede invalidado en el momento en el
que la pareja decide separarse. Porque, si somos adultos para ser padres,
somos adultos para ser responsables. Si creemos en la igualdad, estamos
aquí para defenderla no solo en los momentos felices, sino también en los
momentos tristes y siempre, por supuesto, primando lo importante, porque
estamos aquí para hablar de justicia, pero sobre todo para hablar de los
derechos superiores del niño.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Rodríguez.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidente.
Señorías, señora Rodríguez, desde el Gobierno cogemos la custodia
compartida como bandera del ministerio de las personas, de la familia y
de la infancia, y por eso hoy le contesto esta interpelación. La familia
es la que cada uno elige y no hay dos familias iguales. Hoy más que nunca
nuestra sociedad está formada por una diversidad de familias. Lo común a
todas ellas es que son el lugar donde aprendemos a ser personas, en el
que compartimos valores, crecimiento personal, amor, educación y
comprensión. Cuando en el seno de una familia se produce la ruptura de
una pareja, no hay ni una única receta ni soluciones mágicas, cada uno
afronta esta situación de la mejor manera que sabe y puede, y por eso
debemos acercarnos a esa realidad con la máxima sensibilidad posible. Es
necesario facilitar a las familias y a los jueces de instancia y familia
todos los instrumentos que les permitan adoptar aquella solución que
mejor proteja el interés superior de sus hijos, que son justamente los
protagonistas involuntarios, inocentes y muchas veces invisibles de las
rupturas. Antes de seguir con mi intervención, quiero precisar que nos
estamos refiriendo a la custodia compartida como un instrumento válido
para regular la conflictividad en el ámbito civil cuando se produce una
ruptura de pareja. En ningún caso, las situaciones de violencia de género
tienen cabida en el debate que hoy abordamos. Ante estas situaciones,
solo cabe la tolerancia cero ante la violencia y la aplicación estricta
de la ley.
El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas
otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera
primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le
afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. Explícitamente el
artículo 9 de la
Convención de Derechos del Niño reconoce que los hijos tienen derecho a
mantener contacto directo con su padre y con su madre, tanto si están
juntos como si están separados. La ONU recalca que, cuando se separan los
padres, el niño no debe tener la percepción de que ha perdido a su
familia, porque son ellos, los menores, los que más sufren y por los que
trabajamos cada día en su protección. La angustia que produce en un niño
saber que sus padres ya no van a vivir juntos, que ese mundo en el que
vivían protegidos ya no existe, puede dejar una profunda huella en la
formación de su personalidad y hemos de tener siempre presente que la
profundidad de esta huella dependerá de la actitud y del comportamiento
de los progenitores.
Ahora bien, ¿acaso ese derecho a crecer bajo el paraguas protector de los
progenitores, de recibir ese cariño y amor que les brindan -tan necesario
para forjar su personalidad- debe quedar apartado porque la convivencia
en común se ha quebrado y los progenitores viven separados? No, señorías,
el interés superior del menor es contrario a esto. Su bienestar nos
obliga a tener presentes las consecuencias que cada medida puede
suponerles individualmente. El interés superior del menor implica, en
primer lugar, el derecho del niño a que su vida y desarrollo tengan lugar
en un entorno familiar adecuado y libre de violencia y, en segundo lugar,
a que las relaciones con el entorno familiar se desarrollen en el mejor
escenario posible. En España, este interés superior del menor ha sido
recogido como doctrina por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de
abril de 2013 en su interpretación del artículo 92 del Código Civil, que
regula las relaciones de los padres y sus hijos en caso de separación y
divorcio. En este sentido, el Tribunal Supremo señala en el artículo 92
del Código Civil que la custodia compartida no es una medida excepcional,
sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha desarrollado a partir de
la sentencia de julio de 2013, nos muestra las múltiples situaciones que
debemos tener en cuenta a la hora de establecer el modelo de custodia
compartida cuando no hay acuerdo entre los progenitores.
Lo que nos muestran estas sentencias es una rica casuística que no se
puede ignorar. Por ejemplo, cuando exista un conflicto grave o insalvable
entre la pareja se desaconseja, en interés del menor, optar por un
sistema de custodia compartida; Sentencia de 30 de octubre de 2014. Ahora
bien, cuando el conflicto es reconducible a través del diálogo y la
mediación, la custodia compartida sigue siendo una opción tan válida como
cualquier otro modelo, y lo establece la Sentencia de 16 de octubre de
2015. Así, la sentencia del Tribunal Supremo recalca que las razonables
divergencias entre los padres no deben imposibilitar el régimen de guarda
y custodia compartida porque, como dice, es deseable porque fomenta la
integración del menor con ambos progenitores sin desequilibrios, evita el
sentimiento de pérdida del menor, no cuestiona la idoneidad de los padres
y estima la cooperación de los mismos en beneficio del menor. En la
elaboración de esta doctrina, el Tribunal Supremo ha tenido en
consideración la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre
de 2012, que declara inconstitucional el informe preceptivo del fiscal
para otorgar la guardia de los hijos en régimen de guarda y custodia
compartida, porque el Tribunal Constitucional entiende que la exigencia
preceptiva del informe favorable del ministerio fiscal carece de
razonabilidad y proporcionalidad.
Pensamos que debemos continuar avanzando como sociedad y como responsables
políticos hacia la corresponsabilidad y la conciliación de todos, de
ambos progenitores pero de la sociedad en general, porque la educación y
la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida por los
progenitores estando juntos o estando separados. Incluso, cuando la
pareja se rompe, su proyecto de crianza sigue existiendo y demanda un
cuidado aún mayor en beneficio de los menores. Si estamos de acuerdo en
que los niños son lo primero y en que los niños tienen el derecho a
relacionarse de forma fluida con ambos progenitores, también estaremos de
acuerdo en que los dos progenitores tienen la obligación de ejercitar la
corresponsabilidad parental, porque los hijos no se separan, solo se
separan los progenitores.
Todavía hoy las cifras indican que las mujeres dedican más tiempo que los
hombres al cuidado de la familia y por eso tenemos que seguir trabajando
para que la corresponsabilidad y la conciliación sean reales y efectivas
en nuestro país en ambos sexos. Si durante la convivencia en pareja ha
existido la corresponsabilidad, también estará presente en caso de
ruptura y, por tanto, el avance de la custodia compartida se producirá de
forma natural, como está evolucionando la sociedad. Por ejemplo -usted lo
indicaba en los datos que ha señalado-, en el año 2010 el modelo de la
custodia compartida alcanzaba la cifra de un 10,5 %; en 2011, un 12,3 %;
en 2012, un 14,6 %; en 2013, un 17,9 %; en 2014, un 21,2 %, y en 2015, un
24,7 %. Es decir, ha habido un incremento desde 2010 de quince puntos
porcentuales. Esto demuestra el cambio social que se está produciendo en
España, donde las parejas que ejercen la corresponsabilidad cuando están
unidas también lo hacen cuando están separadas a través de un
convenio de mutuo acuerdo o por decisión judicial en separaciones
contenciosas. La custodia compartida tiene que ser un instrumento
jurídico más en nuestra legislación civil para que los progenitores de
mutuo acuerdo o los jueces en contencioso tengan todas las herramientas
legales para ejercer y proteger el interés del menor. Queremos que
existan todos los instrumentos legales en igualdad de condiciones para
que los jueces, en aras del interés del menor, puedan valorar los casos
de las familias y decidir la opción más necesaria para proteger y
salvaguardar el interés del menor y sus derechos.
Para que la custodia compartida se produzca resulta conveniente que ambos
padres se impliquen en condiciones de igualdad en el desarrollo y en el
crecimiento de sus hijos. No hay ninguna duda de que si este modelo se
ejerce correctamente resulta más beneficioso para el menor. El estudio
Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones de
separación y divorcio en España, impulsado por el Instituto de la Mujer
en mayo de 2012, recoge la idea de que el debate no está en la dicotomía
entre la custodia compartida y la custodia exclusiva, sino que la
realidad es mucho más rica, y el estudio desvela que ante cualquier
proceso de disolución de una familia el proceso no se centra en la
elección entre dos modelos de custodia, sino en diferentes posiciones
combinadas, atendiendo a las circunstancias familiares que puedan cambiar
a lo largo de la vida de las personas. Continúa el informe que la
elección de unos u otros mecanismos para la regulación del proceso de
custodia debería responder de manera personalizada a cada situación
particular atendiendo a las emociones que interactúan con las cargas
económicas, las relacionales, las jurídicas y vivenciales, pero siempre
en aras del interés del menor. Cada fórmula de custodia debería preverse
con la suficiente flexibilidad para posibilitar la adaptación a posibles
cambios en la situación de partida y en aras del interés del menor. La
forma de entender este complejo sistema de decisión sobre la custodia de
menores debería asumirse desde una perspectiva multidisciplinar que
contemple por encima de otros condicionantes las necesidades y
perspectivas de sus principales protagonistas, que son los menores. Hemos
de tener en cuenta que se trata de una situación no prevista, para la que
nunca se está suficientemente preparado y que se produce en momentos
difíciles, de cierta tensión emocional, por lo que se necesita de apoyo
experimentado para tomar la mejor decisión en beneficio de los menores en
caso de mutuo acuerdo, sin olvidar en estas situaciones a la familia
extensa, abuelos, tíos y demás familia, que pueden ser injustamente
postergados, privándoles a ellos y a los menores de su relación afectiva.
Dentro del pacto de investidura de Ciudadanos con el Partido Popular,
suscribimos un acuerdo -usted lo ha explicado muy bien-, entre cuyos
puntos está asegurar una mayor protección de las familias como eje de la
solidaridad y la cohesión social en nuestro país, especialmente para
aquellas que atraviesen mayores dificultades, y en la medida 68 acordamos
impulsar la incorporación de la custodia compartida en el caso de
separación y divorcio, haciendo prevalecer sobre todo el interés del
menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las
directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. Nosotros lo que pactamos lo cumplimos, porque no solo compartimos
la filosofía de su interpelación, sino que nace de dicho acuerdo.
Hay cinco comunidades autónomas que han introducido la figura de la
custodia compartida en sus derechos civiles forales o propios. Por ello
debemos avanzar para que la custodia compartida sea también un
instrumento en nuestro derecho civil común, porque no queremos dos
Españas, porque a nuestros hijos, vivan donde vivan, debemos protegerlos
y debe primar el interés del menor. Por tanto, es importante que el
instrumento de la guarda y custodia compartida también esté en el derecho
civil común para que no haya dos Españas.
Finalizo manifestando el compromiso del Gobierno con el acuerdo adoptado
con su grupo y por ello seguiremos trabajando para que la custodia
compartida sea un instrumento en nuestro ordenamiento jurídico, pero
habrá de hacerse siempre -esto lo quiero remarcar- prevaleciendo el
interés superior del menor, recogiendo las sentencias del Tribunal
Supremo y de la Convención de Naciones Unidas y sobre todo trabajando con
todos los grupos parlamentarios para alcanzar un amplio consenso social.
No se trata -pensamos- de imponer la custodia compartida, sino de
normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el
territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los
niños con sus progenitores y reduciendo el nivel de conflicto de la
pareja. Pensamos que la custodia compartida debe fundamentarse en los
siguientes pilares: la primacía del interés superior del menor; evitar la
imposición de la custodia compartida en situaciones de conflicto extremo
de la pareja o casos de violencia doméstica y de género -porque para
nosotros solo cabe tolerancia cero con la violencia contra la mujer y sus
hijos-, por tanto, la necesidad de que entre los padres exista también
una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y
conductas que beneficien al menor, y la valoración de la mediación
familiar.
Pero no le voy a negar, señora Rodríguez, que no es una cuestión solo de
nuestros dos partidos, sino que involucra a toda la sociedad. Por eso
necesitamos el apoyo mayoritario de esta Cámara, para que la custodia
compartida sea una opción más en nuestro ordenamiento jurídico.
Pensamos, sinceramente -como ya he dicho antes-, que cada familia es un
mundo, que tenemos que proteger el interés del menor, pero que tenemos
que buscar ese acuerdo mayoritario. Estoy convencidísima de que los 350
diputados que estamos hoy en este Pleno defendemos y protegemos el
interés del menor. Por tanto, que sea nuestro objetivo para introducir la
guarda y custodia compartida en el Código Civil este interés del menor.
En definitiva, de lo que se trata es de que los progenitores, en caso de
acuerdo, y el juez, en caso de desacuerdo, dispongan de todos los
instrumentos necesarios en condiciones de igualdad para dar la mejor
respuesta en cada caso, y prevaleciendo siempre el interés del menor.
Muchísimas gracias, señora Rodríguez. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia).
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señora ministra,
citaba al señor Ruiz Gallardón porque él ya lo prometió. En su momento él
hablaba de rigideces, tiraba balones fuera, hablaba de falta de
compromiso y de un sinfín de complicaciones, pero la realidad es que al
final este Parlamento votó que sí, votó que sí mayoritariamente. Voy a
leer -porque creo que es de ley leerla- la moción que se votó hace años:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo
de seis meses, y sin perjuicio de las especialidades correspondientes en
las comunidades en las que exista el derecho civil foral propio,
desarrolle la regulación legal que modifique el artículo 92 del Código
Civil y cuantos otros preceptos fueran necesarios, para conseguir la
viabilidad de la guarda y custodia compartida en los supuestos de ruptura
de la unidad familiar, impulsando la conciliación y atendiendo al interés
superior del menor, debiendo entenderse como un derecho del menor el
relacionarse con ambos progenitores, así como a la inversa, la obligación
que tienen estos de ejercitar la corresponsabilidad paternal.
¿Por qué la leo textualmente? Porque esto ya se debatió, esto ya se votó
y, lamentablemente, tengo que volver a hablar de la desidia porque hoy
tenemos que volver a debatirlo y volverlo a traer, porque no se ha hecho
nada. No es que no hiciera nada en su momento el señor Ruiz Gallardón,
que es quien llevó la moción y la interpelación en su momento, sino que
el señor Catalá también ha hablado y se ha manifestado en relación con la
custodia compartida y no sé yo si realmente la desidia le ha llevado a
rehusar estar hoy en esta interpelación o quizá está cansado de este
tema. Yo le pido, señora Montserrat, que hable con él porque, si está
cansado, a lo mejor entre todos le podemos dar un poco de energía para,
de una vez y por todas, desbloquear este tema y que no tengamos que
seguir debatiéndolo. Porque al final, cuando se repiten los debates, lo
que estamos evidenciando es que hay temas que dejamos pasar; porque esta
moción ponía un periodo de seis meses; porque todo el Parlamento en aquel
momento lo votó a favor y porque varios años después seguimos debatiendo
lo mismo.
Voy a hacer alusión a lo que usted ha comentado del entorno familiar y de
que los niños no se separan. Es cierto, y muchas veces los padres no
están a la altura de los derechos de los niños. Eso también es una
realidad, porque muchas veces la no posibilidad de dar una custodia
compartida viene del conflicto acérrimo que tienen sus progenitores. Pero
también ha hablado de que la mayor carga familiar, estadísticamente, la
siguen soportando las mujeres. Esto se acabaría si hablamos de los
momentos en los que no somos felices, si hablamos de que la custodia
compartida es un derecho, de que no solo hay que hablar de igualdad
cuando estamos todos bien y de que la corresponsabilidad paternal se
tiene antes, durante y después de haber tenido los niños, cuando se tiene
pareja y cuando no se tiene pareja también. Por eso seguimos diciendo -y
usted también lo ha dicho- que los niños son lo primero -por supuesto que
sí-, pero, aun sabiendo esto, permítame que vuelva a hablar de las
comunidades autónomas, porque no tiene ningún tipo de sentido que si los
niños son lo primero haya una diferencia entre un 40 % en Cataluña y un 8
% en Extremadura, porque los niños son lo primero en toda España. Los
niños tienen que ser los primeros en todos los juzgados de familia,
tienen que ser los primeros en todas las sentencias de custodia que se
den en este país, y no lo están siendo. También hemos hablado del punto
68 del acuerdo. Espero que se cumpla ya, porque usted estaba presente en
esa mesa de negociación, para no seguir debatiendo sobre temas que
nuestra sociedad ya ha asumido, pero los legisladores todavía no.
Quiero terminar, como no puede ser de otra manera, haciendo alusión a las
declaraciones de don Mariano Rajoy respecto a dar la lata y a la canción
de acento popular de este país. Le digo desde ya, y lo digo en esta
Cámara, que Ciudadanos va a seguir dando la lata para defender la
igualdad de todos los ciudadanos y de los niños de este país. Va a seguir
dando la lata para que sean sociedades abiertas, para que se piense en
responsabilidades y en derechos de las personas y no en derechos y
responsabilidades de género. Ciudadanos va a seguir dando la lata para
que el bien superior del menor prime sobre todas las cosas. Sobre todo,
Ciudadanos va a seguir dando la lata para que todos los cambios que la
sociedad ya ha asumido, y que, lamentablemente, ni el Gobierno ni este
Parlamento han hecho hasta el momento, lleguen y sean una realidad. Así
que, para eso, este grupo parlamentario va a seguir dando la lata.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat
Montserrat): Gracias, presidenta.
Señorías, señora Rodríguez, como he dicho antes, nuestros actos deben
perseguir el interés superior del menor. Estará de acuerdo conmigo en que
todos debemos avanzar hacia la corresponsabilidad y hacia la
conciliación. No estoy hablando solo de separaciones, sino que estoy
hablando en general en la sociedad, para conseguir la igualdad. El
Gobierno ha trabajado para que sea una realidad. Hemos conseguido que
cualquiera de los dos progenitores pueda ahora ejercer el derecho al
permiso de lactancia. Se está trabajando para alcanzar un pacto nacional
para la conciliación laboral y la racionalización de horarios. Se ha
regulado por primera vez el teletrabajo en España, un gran paso adelante
a favor de la conciliación. También estamos trabajando para que haya más
flexibilidad en el trabajo, con banco de horas. Se ha ampliado también el
derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos de ocho a doce
años y se ha mejorado la protección social de los trabajadores a tiempo
parcial, equiparándola a la de los trabajadores a tiempo completo, lo que
constituye un avance inequívoco de la calidad del trabajo a tiempo
parcial, en especial de las mujeres trabajadoras. Se ha introducido una
nueva ayuda para los autónomos que necesitan reducir su jornada para el
cuidado de sus hijos, bonificando al cien por cien las cuotas sociales
durante un año. Se ha mejorado el permiso de paternidad -estaba en el
acuerdo- de dos a cuatro semanas ininterrumpidas.
También hemos avanzado respecto a la brecha de las pensiones, con el
complemento de maternidad. Por primera vez España se sitúa a la
vanguardia europea, con Francia, con un complemento de pensiones para las
mujeres desde el 1 de enero de 2016, que supone subir las pensiones hasta
un 15 % más, teniendo en cuenta la aportación demográfica que han hecho
las mujeres a las sociedad teniendo hijos, además de trabajar todos los
días. Pues bien, desde su puesta en marcha, desde el 1 de enero de 2016,
una de cada dos mujeres que se jubila lo hace con un complemento de
pensión. Son 150 000 mujeres las que han tenido la oportunidad de
beneficiarse por el gran esfuerzo que hicieron de trabajar y de tener
hijos. La conciliación de la vida familiar, personal y laboral es un
objetivo claro para que nadie tenga que escoger entre un trabajo y
ocuparse de los suyos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y
por nosotros mismos es trabajar para favorecer un marco favorable para
las familias. Por tanto, la guarda y custodia es un modelo más para
avanzar hacia donde está avanzando la sociedad, que es hacia la
corresponsabilidad, la conciliación y, sobre todo, la corresponsabilidad
entre los dos progenitores hacia su hijo.
Como les dije al principio, avanzaremos en la custodia compartida en la
medida en que lo hagamos también en la corresponsabilidad de las
relaciones de pareja y en la sociedad. No hay dos familias iguales, ni
dos parejas iguales, ni tampoco dos separaciones iguales. Por encima de
todos estos factores, está el bienestar de los menores, que debe primar
sobre cualquier otro interés de la pareja. Nuestra apuesta por normalizar
el régimen de custodia compartida es evidente. Es un tema en el que
estamos de acuerdo. La custodia compartida tiene que ser un instrumento
más que permita resolver las relaciones de progenitores con sus hijos en
una separación de una pareja.
Señora Rodríguez, la custodia compartida no puede ser impulsada únicamente
-en esta contestación de la interpelación quiero hacer énfasis- con el
apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos. Seríamos la mitad del Pleno y
esto significaría ser la mitad de la sociedad. Me gustaría que un acuerdo
que afecta a todos los hijos españoles fuera no digo unánime pero sí
mayoritario, porque estoy convencidísima de que
los 350 diputados que estamos aquí defendemos el interés superior del
menor. Es una cuestión que tiene una amplia repercusión social y que
requiere de acuerdos mayoritarios, por eso es imprescindible sumar a este
acuerdo a todos aquellos grupos que quieran incorporarse, que crean y que
defiendan el interés superior del menor, y también al Grupo Socialista.
Por ello, reitero a todos los grupos de esta Cámara que trabajemos
conjuntamente para garantizar el interés superior del menor. Lo
importante será la moción que venga de esta interpelación. Veremos
entonces cuáles son los grupos que defendemos el interés superior del
menor. Por tanto, tenemos que buscar, ustedes y nosotros, el gran
consenso de esta Cámara para proteger el interés del menor y trasladar
este modelo al derecho civil común. Lo que no puede ser -estoy
completamente de acuerdo con ustedes- es que haya cinco comunidades
autónomas en España que tengan este modelo reconocido en su derecho foral
o en su derecho civil propio y en cambio en el resto de España no exista.
Esto es algo que tenemos que modificar. Eso sí, yo le quiero dar mucha
importancia -de ahí la trascendencia de la moción que se derivará de la
interpelación- al hecho de buscar consensos mayoritarios, escuchemos a
todos los grupos de la Cámara en aras de conseguir un gran consenso a
favor del interés del menor.
Yo siempre digo que construir es más difícil pero más rentable para
nuestra sociedad, por tanto, tenemos que construir un gran consenso en
esta Cámara porque, como digo, será más rentable para nuestra sociedad.
No existe una solución rápida ni mágica y los conflictos en materia de
familia con hijos exigen a veces trajes a medida, lo cual pasa por un
modelo donde se priorice el interés superior del menor por encima de
todo. Por ello, debe primar un modelo sin automatismos en el que haya un
juez con capacidad para valorar cada familia y proteger a nuestros hijos.
La familia es nuestra razón de ser y nuestro compromiso compartido es
avanzar hacia la corresponsabilidad y la conciliación; avanzar, por
tanto, hacia nuestro compromiso contraído con ustedes en el acuerdo de
investidura para introducir el modelo de guarda y custodia compartida en
nuestro derecho civil común. En consecuencia, ahí nos vamos a encontrar,
y estoy convencidísima de que trabajaremos en la moción para ampliar los
consensos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DEL INTERIOR, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS
ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON
PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número
de expediente 172/000046).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista al ministro del Interior, sobre las
medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las
actuaciones de altos responsables del departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días. Señor Zoido, cuando a usted lo nombraron ministro
del Interior no solo tenía que planificar, dirigir e inspeccionar todos
los servicios del ministerio o tener a su cargo el mando de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; tenía también otra función muy
importante, la de devolverle al Ministerio del Interior el buen nombre y
el prestigio que tenía antes de que su antecesor pasara por él.
Su antecesor echó por tierra ese prestigio con episodios tan lamentables
como la creación de una policía política al servicio del ministro y de su
partido con el único fin de desprestigiar y difamar al adversario
político, actuación que, como usted bien sabe, está ahora mismo siendo
investigada en una Comisión de este Parlamento. O con episodios como la
reunión con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, en la que se
sugería por parte del ministro anterior la realización de una gestión
para que la fiscalía afinara un determinado asunto. O la otra reunión que
mantuvo en su despacho con un imputado y condenado como lo era Rodrigo
Rato.
Pues bien, otra reunión, señor Zoido, esta vez de su secretario de Estado
de Seguridad, es la que hoy le trae a usted aquí; una reunión del señor
Nieto con un imputado y encarcelado. Y es que, lejos de que su gestión al
frente del ministerio haya ido mejorando la imagen del mismo, usted ha
seguido en la senda de escándalos a la que nos tenía acostumbrados su
antecesor. Primero, el espectáculo lamentable de su
amigo, el director de la Dirección General de Tráfico, intentando ocupar
un piso de la Guardia Civil que no le correspondía, después el
nombramiento de un jefe superior condenado por torturas y ahora la
reunión de su secretario de Estado con el hermano de Ignacio González,
expresidente de la Comunidad de Madrid, semanas antes de que estos fueran
detenidos y encarcelados con motivo de la Operación Lezo. Una vez más,
los responsables del Ministerio del Interior recibiendo en su despacho a
compañeros de partido acusados por corrupción, señor ministro.
Señor Zoido, esta reunión resulta sospechosa e inaceptable desde el mismo
momento en que se produjo. Por ello, en cuanto se conoció mi grupo le
pidió explicaciones en el Senado y requerimos la comparecencia del
secretario de Estado de Seguridad en la Comisión de Interior. Una reunión
sospechosa e inaceptable, señor Zoido, porque los antecedentes nos dicen
que el señor Ignacio González, importante dirigente del Partido Popular,
lleva mucho tiempo protegido por el Partido Popular. -Ustedes sabrán el
porqué-. Pese a las continuas noticias que recibían sobre los presuntos
delitos que podría estar cometiendo el señor Ignacio González, ustedes
callaban, tapaban e incluso hacían lo posible y lo imposible porque no se
investigara.
Así lo hicieron en el caso del famoso ático en Marbella, utilizaron al
Ministerio del Interior para evitar la investigación. No dudaron en cesar
al comisario de Marbella, responsable local de esa investigación, y
después a los dos comisarios superiores de Policía judicial, responsables
últimos de la investigación de ese ático del señor González. Después
recibieron la noticia e incluso pruebas de que el señor González tenía
una cuenta en Suiza, cuyo origen era de dudosa legalidad. Así lo ha
confirmado el señor Floriano, dirigente de su partido. ¿Y qué hicieron?,
¿acaso denunciaron este hecho para que se investigara? No, callaron y
taparon el asunto nuevamente.
Ahora ha llegado la operación Lezo. ¿Qué han hecho cuando la situación del
señor González era ya insalvable? Tratar de dificultar la investigación
con un fiscal Anticorrupción del gusto del señor Ignacio González, me
estoy refiriendo al Manuel Moix. Un fiscal que se opuso a ciertos
registros en el transcurso de la operación que llevó a la cárcel a
Ignacio González y a su hermano. Por todo esto es por lo que la reunión
de su secretario de Estado de Seguridad con el hermano de Ignacio
González, semanas antes de ser detenido, resulta más que sospechosa;
sospechosa, señor Zoido, porque el PP siempre ha protegido a Ignacio
González y sospechosa porque ya en otras ocasiones se ha maniobrado desde
el Ministerio del Interior para evitar que se investigase a Ignacio
González.
Señorías, según hemos podido ir sabiendo del sumario que se ha ido
publicando en la prensa, el sumario de esta nueva trama de corrupción que
afecta al Partido Popular, la del Canal de Isabel II, a Ignacio González
y a su hermano les chivan que están siendo investigados. Algo que queda
claro en la reunión que mantienen los tres hermanos González el día 6 de
marzo y en la que, según recoge el sumario de este caso, hablan de una
posible investigación a Ignacio González. En este encuentro fraternal los
hermanos González, que se saben investigados, se interesan por el jefe de
la policía y recuerdan -casualidades de la vida- que uno de los hermanos
de Ignacio González conoce al secretario de Estado, al señor Nieto. Y
casualidades de la vida, dos días después de esta reunión es recibido por
el señor Nieto en su despacho. ¿No le parecen muchas casualidades, señor
Zoido? Una reunión que tanto usted como el secretario de Estado han
tratado de justificar con argumentos bastante pobres e inverosímiles y,
en su caso, señor Zoido, incluso pueriles.
Usted, señor ministro, nos ha dicho que esta reunión no podía esconder
nada turbio porque se produjo a las nueve y media de la mañana delante de
los funcionarios del ministerio, que es como pretender hacernos creer que
no se cometen delitos en la Puerta del Sol a las doce del mediodía. Tras
esta explicación pueril, señor Zoido, con la que trata de quitarle
importancia a la reunión por la hora en que se produjo, ha tratado de
quitarle importancia a esa reunión por el contenido. Nos ha dicho que la
reunión era meramente protocolaria, de cortesía. Señor Zoido, a usted le
llamó el señor Ignacio González -así nos ha dicho- para felicitarle por
su nombramiento como ministro. Sin embargo, para algo tan simple como
para felicitar al señor Nieto por su nuevo cargo, el hermano de Ignacio
González lo que hace es pedirle una reunión. Con lo fácil que es una
llamada o mandar un telegrama o una carta de felicitación, señor Zoido.
Al igual que le ocurre a usted, a mí también me han dirigido cartas y
llamadas para felicitarme por mi nueva responsabilidad, pero ninguna de
las reuniones que me han pedido ha sido simplemente para felicitarme
porque, como le digo, para eso hay medios mucho más sencillos. Como esta
explicación es tan inconsistente e inverosímil, han tenido que decirnos
que en esa reunión también se habló de la seguridad en los mercados, dado
que Pablo González es responsable de Mercasa; pero, señor Zoido, esta
explicación resulta poco creíble y le diré por qué.
Resulta poco creíble que se solicite una reunión para tratar un tema tan
concreto, tan técnico como la seguridad en los mercados y que se acuda
solo, sin ningún experto y que el secretario de Estado reciba a Pablo
González también solo, sin ningún técnico del ministerio que conociera de
la materia que se quería tratar. Además, resulta poco creíble, señor
ministro, que un tema tan importante como este, el de la seguridad en los
mercados, se despache en quince minutos, que es lo que dice el señor
Nieto que ha durado esa reunión. En definitiva, señor ministro, resulta
difícil creer que se pida una reunión para algo tan simple como una
felicitación, que puede hacerse por teléfono o por carta, y resulta
difícil creer que una reunión para tratar algo tan complejo como la
seguridad en los mercados, se despache en quince minutos sin ningún
técnico, sin ningún asesor, sin ningún experto ni de Mercasa ni del
ministerio, solo el señor Nieto y Pablo González juntos en el despacho
del secretario de Estado.
Por si fueran pocas las dudas, la llamada que realiza el hermano de
Ignacio González al término de esta reunión las acrecienta mucho más. En
esa llamada, Pablo González le dice a su interlocutor que el encuentro
había sido muy interesante, pero que no puede hablar de él por teléfono.
Y, señor Zoido, ¿qué tiene de interesante una felicitación? Nada,
¿verdad?, salvo que la reunión hubiese servido para algo más que para esa
mera felicitación. Pero si ese algo más era para hablar de la seguridad
en los mercados, ¿por qué Pablo González no se lo puede contar por
teléfono a su interlocutor, si forma parte de su trabajo cotidiano? Quizá
porque haya hablado de algo distinto a Mercasa y no se quiere contar por
teléfono puesto que le han chivado que está siendo investigado y sus
comunicaciones intervenidas. Si Pablo González no quiere contar cierta
información por teléfono, porque cree que tiene el teléfono intervenido,
es porque esa información puede ser interesante no solo para su
interlocutor, sino para aquellos otros que puedan estar escuchando la
conversación, es decir, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Señor Zoido, a juicio del instructor de este nuevo caso de corrupción que
afecta al Partido Popular, el secretario de Estado de Seguridad recibió
en su despacho a un presunto miembro de una organización criminal, al
hermano de Ignacio González -hoy ambos hermanos hoy prisión-. Esta
reunión deja a su secretario de Estado cuestionado y en una situación muy
difícil, señor ministro. Tras conocerse la semana pasada el escrito de la
fiscalía, en el que el juez que investiga esta trama corrupta, califica
esta reunión como grave por lo que puede implicar -grave por lo que puede
implicar, dice el juez instructor-, y la situación de su secretario de
Estado es ya insostenible, señor Zoido. Por si fuera poco, a esto hay que
añadirle la sospecha que se cierne sobre el señor Nieto, cuando ese
escrito de la fiscalía habla de: investigación chivada del secretario de
Estado de Seguridad. Por lo que ya no es que el señor Nieto esté
cuestionado, es que está bajo sospecha.
La reacción del señor Nieto, señor ministro, a este escrito fue tan
soberbia, tan arrogante y tan airada como la que tuvo en la Comisión de
Interior durante su comparecencia para explicar su encuentro con el
hermano de Ignacio González. El señor Nieto se aprovechó de su posición
como secretario de Estado para dirigirse a la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad exigiéndole explicaciones y una
rectificación pública; una intromisión gravísima, señor ministro, y una
presión inaceptable para con los fiscales y jueces que están investigando
esta trama de corrupción. Pero lo verdaderamente grave no es el oficio
que remite el señor Nieto a la Fiscalía Anticorrupción, lo verdaderamente
grave es que la Fiscalía General del Estado, con el visto bueno del señor
Moix, difundiera este escrito de la fiscalía y difundiera solo un
extracto, solo una parte del escrito de los fiscales, que pertenece a una
causa sobre la que el juez ha dictado el secreto de sumario, un hecho que
muchos han calificado como inaudito. Esto, que parece una inocente
comunicación, un ejercicio de transparencia, decía ayer en una entrevista
el señor Maza, de inocente no tiene nada, porque con la difusión de este
escrito por la Fiscalía General del Estado, y con el visto bueno del
fiscal anticorrupción, se ha dinamitado cualquier posibilidad de
investigación que se pudiera estar llevando a cabo para esclarecer quién
dio ese chivatazo a los hermanos González para avisarles de que estaban
siendo investigados. Con esta difusión del escrito de los fiscales se ha
puesto sobre aviso al chivato, que hoy mismo podría estar destruyendo o
manipulando pruebas para que no se sepa quién es el responsable del
chivatazo.
Voy terminando ya, señora presidenta. Señor ministro, le decía al inicio
de mi intervención que usted tenía la función de devolverle el buen
nombre y prestigio al Ministerio del Interior, y hoy tiene una magnífica
oportunidad para empezar a hacerlo al cesar a su secretario de Estado de
Seguridad. Seguramente la decisión de cesar al señor Nieto para usted no
sea fácil y personalmente puede que le duela, pero es la única forma de
quitar la sombra de sospecha que hoy pesa sobre su secretario de Estado
de Seguridad. Señor ministro, el número dos del Ministerio del Interior,
responsable de velar por nuestra seguridad y
libertad, no puede estar en ningún momento bajo sospecha, como ahora mismo
está el señor Nieto. Por eso, una vez más, señor ministro, le exigimos
que lo cese de inmediato.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor
ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Buenas tardes, señorías.
Muchas gracias, presidenta.
Señor Sicilia Alférez, no salgo de mi asombro; se lo digo como lo siento.
El día que compareció el señor Nieto a petición propia, un viernes, ¿no
estaba usted? No estaba. Compareció, contestó a todas las preguntas que
tenía que contestar y usted no se encontraba allí, y después ha dicho que
sus respuestas fueron inconsistentes, que eran inverosímiles, que tuvo
mucha arrogancia y que hay que ver la intromisión que tenía. (El señor
Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se perciben). Sí, diga lo que
quiera, diga lo que quiera.
Señora presidenta, con su permiso voy a hacer una descripción de aquello
sobre lo que hoy se nos interpela. Me ha sorprendido muchísimo, señor
Sicilia, porque su intervención ha estado llena de acusaciones y de
reproches basados en conjeturas y en suposiciones. De hechos concretos,
nada, no ha aportado usted ni un solo dato -cómo los va a aportar si no
estuvo usted cuando él los ofreció allí, delante de todo el mundo,
sometiéndose a todo tipo de preguntas-, no ha demostrado absolutamente
nada. Son unas acusaciones que, por otro lado, es verdad, son muy graves,
muy duras y ponen en cuestión la honestidad y la honradez de algunas
personas, y también del propio Gobierno. No sé si usted es realmente
consciente de ello o si la situación que están viviendo en su partido les
obliga a hacer una cosa como la que vienen desarrollando. Se está
limitando en el día de hoy nuevamente a sembrar un halo de sospecha y en
ocasiones acaba de acusar sin aportar, de verdad, ni una sola prueba. No
sé si usted es consciente de que estamos en el Congreso de los Diputados,
en sede parlamentaria, y que no nos encontramos en una rueda de prensa ni
en un acto público de partido ni tampoco en un plató de televisión.
Señoría, comprendo que tiene que hacer afirmaciones, pero le pido que las
haga con rigor, con una mínima documentación y con unos datos que
sostengan las acusaciones que usted ha realizado sobre el secretario de
Estado de Seguridad. No lea unas cosas y otras no, no utilice palabras
que después han sido dejadas sin valor porque se han corregido, porque,
desde luego, usted no ha venido a aportar nada nuevo; por decirlo de otro
modo, sus palabras cuentan una realidad -o, mejor dicho, una historia-
que la realidad se empeña en desmentir de una manera absoluta. Créame que
puedo entender que a algún ciudadano que no disponga de toda la
información, como puede hacerlo usted, o que no conozca la ley le pueda
surgir alguna duda; entiendo que los medios de comunicación hagan
preguntas, que persigan conocer la verdad y que hagan valoraciones sobre
los hechos -es su trabajo y una misión muy necesaria en el Estado
democrático-. Señor Sicilia, voy a ir mucho más allá: no me sorprendería,
incluso, que algún otro grupo parlamentario, en esta misma Cámara,
hubiera realizado una intervención en los términos en los que usted lo ha
hecho, pero del portavoz de un grupo parlamentario que ha gobernado este
país durante muchos años, sinceramente no me lo podía esperar. Porque
puedo comprender, tal vez, las teorías de la conspiración en boca de
otras personas y en otros foros distintos, pero en usted me ha
sorprendido, ello me preocupa y, se lo voy a reconocer, me apena.
No voy a hablar en el día de hoy de la corrupción de su partido, no voy a
caer en ello, ni en cómo se encuentran los dos últimos presidentes que ha
tenido Andalucía y varios consejeros hoy acusados y pendientes de que
comience el juicio; me voy a referir exclusivamente a hechos. En primer
lugar, que fue el propio secretario de Estado de Seguridad quien cuando
nadie le había señalado ni nombrado en este asunto, se apresuró a aclarar
por iniciativa propia y con diligencia que había mantenido una reunión
con Pablo González. Desde entonces ha dado todas las explicaciones que se
le han solicitado y ha ofrecido su versión aportando todos los detalles
que se pueden aportar de su reunión; lo ha hecho desde el primer día
hasta hoy, porque quien dice la verdad no tiene nada que temer ni tiene
nada que ocultar.
El secretario de Estado de Seguridad ha respondido a infinitas preguntas
sobre la reunión y los días anteriores y posteriores a la misma en dos
comparecencias ante la Comisión de Interior del Congreso -insisto,
aquella a la que usted, seguro que por algún motivo más que justificado,
no tuvo la oportunidad de asistir-. Ha tenido numerosas entrevistas, no
se ha escondido de ningún medio de comunicación tanto en prensa escrita
como radio y televisión; en todas en las que se le ha dado la oportunidad
de intervenir. Yo mismo he respondido a tres preguntas sobre ese asunto
en la sección de control del
Senado. Lo he hecho otras tantas veces aquí y ahora lo hago en esta
interpelación, al margen de que en diferentes declaraciones ante los
medios de comunicación además he dado todas las explicaciones. Por lo
tanto las explicaciones, y tuve la oportunidad de decírselo el pasado
miércoles, han sido en mi opinión exhaustivas, han sido razonables y han
sido convincentes. Porque los hechos son los que son, igual que le dije
que dos y dos siempre son cuatro, por más que algunos se quieran empeñar
en que eso no es así. Y se lo dije el otro día: quizás a usted lo que no
le ha interesado o no le ha convencido son las explicaciones, pero esto
no puede significar que ellas no hayan sido suficientes.
Voy a seguir con los hechos. El secretario de Estado de Seguridad recibió
una petición de reunión del director de operaciones y estrategia de
Mercasa en el mes de enero. Al no producirse esta reunión insistió y
volvió a solicitarla a principios marzo, y aprovechando que se había
caído una cita, el día 8 se reunió. Durante esos quince minutos de
reunión -lo ha dicho el secretario de Estado y no hay nadie que lo pueda
contradecir- no hubo ni una sola referencia a Ignacio González. El propio
secretario de Estado ha dicho: ojalá tengan grabada esa conversación;
ojalá alguien, el propio Pablo González, lo hubiera podido grabar, porque
desde luego el secretario de Estado no ha tenido conocimiento de la
investigación que se venía produciendo sobre ese señor. Se le detiene un
mes y medio después, y no conocía la investigación porque, señoría, no
tenía por qué conocerla, porque de hecho no puede conocerla, ya que el
Gobierno cree firmemente y respeta la independencia judicial y la
separación de poderes. ¿O es que acaso cuando a ustedes les pueden venir
bien las conclusiones de alguna investigación por alguna Policía
judicial, en ese momento sí se respeta la división de poderes y cuándo a
ustedes ya no les interesa no se respeta la división de poderes? Mire, el
Gobierno de la nación deja trabajar a la Policía judicial, pero
igualmente deja trabajar a los jueces y a los fiscales sin ningún tipo de
injerencia.
El secretario de Estado no podía conocer que Pablo González estaba siendo
investigado porque así lo obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el
Código Penal y la Constitución española. Ya le cité el artículo 126. No
quiero ser demasiado pedagógico aquí, pero es que la Policía judicial
depende de los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal y es a
quien ellos les tienen que dar cuentas para las averiguaciones que han
hecho de los delitos, para asegurar la persona que ha podido cometer el
hecho y también en todos los términos en que la ley lo establezca.
El secretario de Estado, que yo sepa, señoría, ni es juez ni tampoco forma
parte de ningún tribunal ni tampoco pertenece al ministerio fiscal. Es
más, lo verdaderamente preocupante, lo inquietante para el ciudadano,
sobre todo por ilegal, hubiera sido que supiera que estaba recibiendo a
un investigado por la justicia, porque es señal de que alguien lo estaba
haciendo mal y nadie lo ha hecho mal. El secretario de Estado no tenía ni
idea de que el señor González, Pablo, estaba siendo investigado, porque
de haberlo seguido, se lo aseguro, estaría incumpliendo lo que determina
la ley, el Código Penal y sobre todo también la Constitución. Eso habría
sido intolerable, pero le puedo asegurar que eso jamás lo habría hecho el
secretario de Estado de Seguridad. Por tanto, ¿qué es lo que le pide
usted al secretario de Estado de Seguridad?, ¿que incumpla la ley, que no
respete la separación de poderes en la que el Gobierno cree firmemente o
le está pidiendo acaso que sea adivino y no se reúna con una persona que
va a ser detenida mes y medio después? Sigo con los hechos porque,
mientras que usted no duda en no respetar lo que establece el Código
Penal y la Constitución con tal de hacer estas acusaciones muy graves,
basadas meramente en suposiciones, yo se lo estoy desmontando con hechos
contrastados.
Habla usted de la gravedad de la reunión basándose en un escrito que ya ha
sido debidamente aclarado. ¿Dónde quiere usted llegar, señor Sicilia,
hasta dónde quieren llevar ustedes las cosas? Los propios fiscales que lo
firman dejaron claro que en modo alguno imputan ningún delito al
secretario de Estado y que no hay ninguna línea de investigación abierta
contra él. He tenido la oportunidad de leerlo hoy textualmente al
contestar una pregunta. El fiscal jefe Anticorrupción ha asegurado
textualmente que el señor Nieto no tiene nada que ver con este tema. Es
más, el fiscal general del Estado ha pedido disculpas públicamente al
secretario de Estado por -cito textualmente- una redacción defectuosa que
sembró un halo de sospecha de forma injusta. El jefe de la UCO ha
señalado a esos que dicen que se manipula, que jamás ha recibido
presiones de ningún tipo y que trabajan con total independencia y
coordinación con los fiscales y el juez. ¿De verdad, dónde quieren
llegar, señorías? Ustedes son y forman parte de un partido que ha
gobernado este país durante muchos años. Pero fíjese hasta qué punto
llega su doble vara de medir, que es capaz de retorcer la realidad según
sus propios intereses, en definitiva, son capaces de decir, según les
interese, hoy una cosa y mañana la contraria.
Voy terminando, señora presidenta. Fíjese, ha calificado como injerencia
inadmisible el respetuoso escrito dirigido por el secretario de Estado de
Seguridad a la Fiscalía Anticorrupción, en el que lo único
que hace es solicitar información sobre si estaba siendo investigado o si
se le imputaban algunos delitos. Y dice usted que eso es dirigirse de una
manera irrespetuosa y que es una injerencia inadmisible. El que está
defendiendo la verdad y su inocencia no tiene por qué ocultarse de nada,
y sobre todo puede pedir inmediatamente una aclaración. ¿Para usted pedir
esta aclaración con la intención de defenderse de las acusaciones que
conoce únicamente a través de los medios de comunicación -como lo
conocimos- es una injerencia inadmisible? Bueno, pues al mismo tiempo, le
exige al secretario de Estado que conozca que una persona está siendo
investigada, a pesar de que se lo prohíbe toda la legislación española.
Eso sí que sería una injerencia inadmisible, que el secretario de Estado
hubiera sabido con antelación que estaba siendo investigado Pablo
González. Eso es lo que no hace el Gobierno; no se inmiscuye en ninguna
de las tareas que realizan policías, jueces y fiscales.
Me pregunta qué medidas pienso tomar. Las medidas que pienso tomar, señor
Sicilia, son muy claras. Voy a seguir respetando y cumpliendo lo que
establecen la ley y la Constitución. Voy no a devolver, sino a mantener
el buen nombre del Ministerio del Interior, que creo que se debe
mantener, igual que cuando han gobernado ustedes, es decir, gobierne el
partido que gobierne, porque el ministerio está por encima de las
personas que en algunos momentos podamos estar sirviendo en él. Por eso
no le tengo que devolver el buen nombre, porque el buen nombre lo tenía,
sino que voy a mantenerlo, y para ello trabajaré con mucha ilusión.
Concluyo, pero antes permítame que yo también le pueda hacer alguna
pregunta para que ahora cuando suba me la pueda contestar. Yo también le
contaré algunas cosas más, si tengo tiempo para hacerlo. ¿Considera
lógico pedirnos que incumplamos la ley y la Constitución?, ¿usted lo
considera lógico? ¿Acaso cuando ustedes han gobernado no han respetado la
independencia de la policía judicial? Quiero pensar que quienes han
gobernado desde el Partido Socialista han respetado la independencia, la
división de poderes y que no ha habido ningún tipo de injerencia. Espero
que ese sea el único camino que, gobierne quien gobierne, pueda presidir
las actuaciones en el Ministerio del Interior.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Mire, señor Zoido, no trate usted de defender la situación de su
secretario de Estado con un argumento tan pobre como que yo no pude
asistir a la Comisión en la que el señor Nieto compareció. Resulta
impropio de un ministro que usted tenga que defender al señor Nieto con
el argumento de que yo no pude ir a esa Comisión. ¿Es que usted no sabe
que existe el Diario de Sesiones para saber qué es lo que dijo el señor
Nieto? Es más, hay hasta una videoteca en la que se puede ver la
comparecencia y la actitud del señor Nieto; y claro que la he visto,
señor Zoido. (Aplausos). Si ese es el argumento que usted tiene que
utilizar para defender al señor Nieto, creo que le queda muy poco a su
secretario de Estado.
Le sigo contestando. Yo no he acusado aquí al señor Nieto ni le he
imputado delito alguno. Lo que yo le estoy exigiendo aquí, señor
ministro, son responsabilidades políticas, porque yo sé muy bien que esto
no es un juicio ni un tribunal, pero aquí se vienen a dirimir
responsabilidades políticas, y sí, sobre hechos que están contrastados y
probados, y hasta reconocidos. Está reconocido que los hermanos González
se sabían investigados porque les dieron un chivatazo. Está comprobado
que los hermanos González se interesaron por saber quién era el director
de la Policía, y curiosamente Pablo González conocía al señor Nieto y dos
días después le recibieron. Está reconocido y probado por un texto de la
fiscalía que es el juez, no mi grupo, señor Zoido, un juez, el que dice
que esa reunión es grave por lo que pueda implicar, y eso es motivo
suficiente para que usted cese de inmediato al secretario de Estado,
porque no puede haber un secretario de Estado señalado en ningún escrito
de la fiscalía. (Aplausos).
Señor Zoido, usted -lo ha hecho en otras ocasiones- apela a mi condición
de funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo de
lo que estoy muy orgulloso; estoy muy orgulloso de ser policía. Pero aquí
no estoy como el policía con carné 98918. Yo entiendo que a usted quizá
le moleste que un policía en lugar de saludarle y ponerse a sus órdenes
le esté pidiendo explicaciones, pero es el papel que tengo asignado.
(Aplausos.-Protestas). Sí, señor ministro, se lo digo porque la semana
pasada en la pregunta que le hice me recordó usted... (Una señora
diputada pronuncia palabras que no se perciben). Tengan calma, señorías
del PP, sé que andan muy preocupados. Se lo digo porque la semana pasada
usted me recordó mi condición de funcionario del Cuerpo de Policía. Yo le
quiero recordar a usted su papel como juez, permítamelo, al menos como
conocedor del derecho. Usted sabe que los indicios pueden ser tenidos en
cuenta en un juicio penal, y si pueden ser tenidos en cuenta en un juicio
penal, ¿cómo no vamos a tenerlos en cuenta en este Parlamento para hacer
una valoración política y exigir responsabilidades políticas, que es lo
que estamos pidiendo, señor Zoido? (Aplausos).
Por más que usted trate de defender a su secretario de Estado, la
situación en la que se encuentra, más allá de la sospecha que algunos han
puesto sobre él por eso de que aparece en un texto del fiscal en el que
se habla de una investigación chivada, ya le digo, señor Zoido, que un
secretario de Estado no puede estar bajo sospecha ni tan siquiera en una
reunión que ha valorado el juez que instruye este caso como grave por lo
que pueda implicar. Además, no falte a la verdad, señor Zoido. Dice usted
que el secretario de Estado salió de inmediato a contar que había
mantenido esta reunión; claro, salió inmediatamente después de que un
medio de comunicación hiciera público este encuentro. Y también vino a
comparecer aquí a petición propia, cierto, pero diga que lo hizo a
petición propia y a petición de mi grupo, que desde el minuto uno ha
estado pidiendo explicaciones. Y dado que esas explicaciones son tan
banales como las que hoy nos ha expuesto usted aquí, es por lo que además
le pedimos y le exigimos la responsabilidad del cese del secretario de
Estado. (Aplausos).
Termino ya. Mire, señor Zoido, escuchando sus explicaciones tan banales y
pueriles, en las que nada ha aclarado, me ha recordado usted una estrofa
de una canción de Vetusta Morla, una canción que dice: "En este hoy falta
un ayer/duele y tal vez, mañana pueda volver". Pues sí, señor Zoido, en
su explicación de hoy falta la verdad de lo que ocurrió en el ayer del 8
de marzo en esa reunión del señor Nieto. Y la verdad de lo que ocurrió en
esa reunión le puede doler porque supone el cese de su secretario de
Estado, pero más vale que lo cese porque si no, aunque le duela, va a
volver usted aquí a seguir dando explicaciones sobre este caso. Si tiene
curiosidad, la canción se llama Puntos suspensivos y termina diciendo:
"Vivo colgado en puntos suspensivos". Curiosamente es así como se
encuentra su secretario de Estado de Seguridad, colgado en puntos
suspensivos. Usted tiene la oportunidad de ponerle el punto final a todo
este asunto cesando al secretario de Estado. No puede haber un
responsable del ministerio, su número dos, bajo sospecha -no le imputo un
delito, señor Zoido: bajo sospecha- y sí le han dicho que la reunión que
ha tenido es grave, una reunión con un presunto delincuente que hoy está
en la cárcel. Señor Zoido, eso es intolerable y usted hoy puede poner
punto y final. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para concluir el debate tiene la palabra en nombre
del Gobierno el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señor Sicilia, no hay peores mentiras que las medias verdades. Yo hoy no
le he mencionado a usted su condición de policía, lo hice el otro día, y
no en un tono peyorativo. No sé por qué usted ha venido a exponer ese
argumento hoy porque precisamente se lo justifiqué -salvo que usted
tampoco estuviera atento- porque usted, como policía, tenía que conocer
la ley. Estoy seguro que la conoce y por eso sabe usted que no le puede
comunicar siendo policía judicial absolutamente a nadie que no sea el
juez o el fiscal que le haya encargado la investigación cómo va el curso
de las investigaciones y a quién se está investigando. Fue por lo único
que se lo dije, no venga usted hoy aquí a decir otra cosa porque tengo el
mayor de los respetos no solo por la Policía Nacional -que lo tengo-, no
solo por la Guardia Civil y por todos los cuerpos de seguridad, sino que
lo tengo por todo el mundo, sea y tenga la profesión que tenga y viva
donde viva. Por todos tengo el mismo respeto, me lo enseñaron de pequeño.
(Aplausos).
Le voy a decir con todo respeto una cosa, señor Sicilia, lo que está
sucediendo es que el sistema y las instituciones funcionan. Nos hemos
encontrado que hay un juez que está instruyendo, una Policía Judicial que
ha estado investigando y que, al menos, al Ministerio del Interior no le
ha dicho absolutamente nada -y doy por supuesto que tampoco se lo ha ido
contando a la gente-, y un Gobierno que no ha tenido injerencia, un
Gobierno que ha respetado, porque no teníamos ni idea. Y lo que
verdaderamente le importa a los ciudadanos es que quienes ha decido el
juez que estén en la cárcel están en la cárcel, y usted los ha nombrado
hoy. Por tanto, el sistema funciona sean del partido que sean. Yo estoy
orgulloso de que el sistema funcione. ¿Sabe por qué? Porque también la
separación de poderes funciona. La verdad, estoy convencido de que nos
tiene que hacer libres. Y le insisto en que cuando se levante el secreto
de sumario podremos conocer -porque hasta ahora solo ha sido parcial el
conocimiento- qué es lo que hay de verdad y entonces podremos hablar
realmente. Entonces veremos y analizaremos esos indicios, porque los
indicios habrá que analizarlos. ¿Y si resulta que los indicios se disipan
absolutamente y no queda nada? ¿Usted va a subir entonces a esta tribuna
a pedir por lo menos disculpas al señor Nieto por las barbaridades que
hoy he tenido que escucharle aquí? ¿Usted va a venir a pedirlas? ¿Usted
va a decir que esos indicios se han desvanecido y que ya han desaparecido
o usted seguirá insistiendo en que hay unos
indicios y que estará "puntos suspensivos"? Me parece que no es propio de
un militante y diputado de un partido que ha gobernado este país y sobre
todo formando parte del Ministerio del Interior muchos ministros, muchos
secretarios de Estado y muchos altos cargos. A mí me gustaría saber si no
ha podido ser cualquiera traicionado en esos momentos en los que, sin
saber a quién estas recibiendo, recibes a una persona, no hablas de nada
comprometido con él y al cabo de unos meses resulta que se le detiene
porque está siendo investigado. Creo que ha sido usted muy injusto,
también aquí. No se trata de imputar un delito pero sí de hacer una
valoración, unas afirmaciones que usted ha hecho aquí, en sede
parlamentaria, en esta tribuna. (Aplausos).
La reunión del secretario de Estado fue transparente, fue con luz y
taquígrafos, está en la agenda de la secretaría de Estado. El señor,
cuando entró, tuvo que enseñar su carné en la garita que hay en la puerta
del Ministerio del Interior y la reunión fue a las 9:30, tal y como
estaba previsto. No hubo reunión secreta y, sinceramente, no se tuvieron
que ver en ninguna gasolinera (Aplausos), y eso creo que es muy
importante. Hablando de indicios, no se tuvo que ver en una gasolinera y,
hablando de chivatazos, ya sabe usted lo que pasa con los chivatazos en
los bares y las consecuencias que eso tiene. Aún así, voy a mantener
respeto y no voy a profundizar en ese tema, así que ni gasolinera ni
chivatazo en ningún bar.
Sí, señor Sicilia, sonríase usted, pero esto es muy grave. Hoy están
ustedes poniendo en entredicho la honorabilidad de una persona pero sobre
todo el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de unas
instituciones fundamentales como son la fiscalía, la Audiencia Nacional y
la Guardia Civil, concretamente la UCO. (El señor Sicilia Alférez hace
gestos negativos). Lo ha puesto todo en entredicho; acaba de dejar aquí
de una forma velada -si no directa- que el autor del chivatazo era el
señor Nieto. Y sinceramente le digo que si es igual que la reunión que
hoy han comentado ustedes, porque dicen que se vio con el señor
González... Es verdad que hizo un viaje con él, pero no iban solos, iban
328 personas, la delegación para defender la candidatura de Madrid, y
Córdoba era su sede. Estaban presentes los actuales reyes, presidentes de
Gobierno de comunidades autónomas, altos cargos, alcaldes, deportistas;
todos, 328 personas. Yo confío en que si el secretario de Estado de
Seguridad dice que él no ha hablado y que no tiene conocimiento en
relación con el señor Ignacio González está diciendo la verdad.
Acusaciones las que ha vertido usted falsas e injustas. ¿Falsas, por qué?
Porque no se sujetan en ningún hecho contrastado. Los fiscales lo han
puesto de manifiesto, señor Sicilia, no mueva la cabeza, que ya lo han
corregido y lo han puesto de manifiesto. Además, insisto, creo que
debemos ser justos porque una cosa es la falsedad pero la injusticia es
todavía peor; a lo mejor, cuando lo podamos ver y analizarlo todo, usted
se arrepentirá. Lo único que le pido por favor es que suba a esta tribuna
y pida disculpas por lo que hoy ha dicho aquí. Comprendo que a veces toca
jugar un papel pero no pensaba que usted -por la profesión que tiene y
conociendo como conoce al señor Nieto- fuera a hacer esto. Han acusado al
señor Nieto de compadreo con la corrupción y de recadero de chivatazos...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Termino, señora
presidenta.
... y dicen que la dimisión o el cese es el precio que debe pagar. Señor
Sicilia, ¿el precio por qué? ¿Por respetar la ley? ¿Por reunirse con el
directivo de una empresa sin tener conocimiento de que estaba siendo
investigado y haya sido detenido un mes y medio después porque ha
funcionado el sistema y esté ahora mismo en prisión? Todo no vale en
política, señor Sicilia.
Muchas gracias. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD Y SUS
EFECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO Y SOBRE LA SALUD DE
LA POBLACIÓN. (Número de expediente 173/000030).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus
efectos sobre la
sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. Por
el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la
palabra la señora Sibina Camps.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de empezar quiero enviar desde aquí fuerza y solidaridad a
los trabajadores de El periódico de Catalunya y el diario Sport, que
están luchando por sus derechos, pero también por el derecho a una
información veraz. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia). La información veraz es sin duda un determinante de la
salud de la democracia y como tal hay que defenderlo. Ánimo, compañeras y
compañeros. (Aplausos).
Voy a utilizar mi tiempo de exposición para tratar de explicar en siete
puntos por qué es momento de hacer una apuesta decidida por blindar la
gestión pública de nuestra sanidad y protegerla de la entrada del ánimo
de lucro de la empresa privada. Primero, el lucro. Existe un amplio
abanico de publicaciones en revistas como JAMA que muestran con datos
que, por ejemplo en Canadá, los centros gestionados por empresas con
ánimo de lucro tendrían una mayor mortalidad que aquellos centros sin
ánimo de lucro. ¿Por qué motivo?
Segundo. Los hospitales de gestión privada tienen menos personal
contratado, generalmente con salarios más bajos; menor tasa de personal
de enfermería por paciente, cosa que se ha relacionado con mayor
mortalidad y complicaciones; en definitiva, menos personal y peores
salarios. ¿Por qué lo llaman gestión privada cuando en realidad quieren
decir laboralización y precarización?
Tercero, los resultados. Los estudios que comparan gestión pública y
privada son claros. Como ejemplo, uno publicado hace cinco años en
Italia, país con un sistema sanitario con similitudes al nuestro. Por
cada 100 euros per capita que se incrementaba la financiación de los
centros de gestión pública se disminuyó un 1,54 % la mortalidad evitable,
cosa que no se consiguió con incrementos similares en la financiación de
los centros de gestión privada. La pública es más eficiente para mejorar
la salud que la privada, entre otras cosas porque no se guía por la
maximización del beneficio ni tiene que repartir dividendos entre sus
accionistas.
Cuarto, la eficiencia. La gestión privada no es más eficiente que la
pública, pero sí menos controlable. Los centros de gestión privada
seleccionan los procedimientos que sean más rentables para su facturación
y se derivan pacientes entre ellos, como ocurre por ejemplo en la
Comunidad de Madrid, donde Quirón Salud ha creado una red totalmente
paralela al sistema de gestión público. El informe de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana, el informe reciente que dice que el
gasto por habitante es menor en los centros de gestión privada, olvida
que los casos complicados, las grandes intervenciones y los centros de
referencia están predominantemente en centros de gestión pública directa.
No podemos dejar que con dinero público se sigan financiando centros que
adaptan su cartera de servicios a lo que les resulta más rentable.
Quinto, la capacidad de control. Tenemos un sistema de control de las
concesiones y contratas sanitarias casi inexistente. Los contratos que se
firman amparándose en la Ley 15/1997 son contratos a veinte años
prorrogables que suponen hipotecas con blindaje de los beneficios
empresariales y que hacen que ocurran cosas como la que han firmado, por
ejemplo, Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde
el año que viene el presupuesto de los hospitales de gestión pública
crecerá un 2,5 % y el de los de gestión privada un 6,1 %. Sí, lo han
escuchado bien, 2,5 % frente a 6,1 %.
Sexto, por la transparencia. Porque todos los contratos concesionales que
se firman en nuestro país adolecen de problemas de transparencia en su
fijación de precios, en sus condiciones y en su fiscalización por parte
de las administraciones públicas y porque a día de hoy podemos
identificar en las concesiones sanitarias a todas esas empresas que
forman parte de la trama que se enriquece con los fondos de lo público.
Y, séptimo, porque, como decía un reciente artículo de José Martín en Bez,
estamos en el dilema entre una sanidad pública sin Gobierno y una privada
sin reputación. Por mucho que se empeñen muchos de ustedes, la labor de
los gobernantes no es mejorar la reputación de la privada y hacerle
lavados de cara sino trabajar por la gestión de los servicios públicos
para que esta gestión sea efectiva, segura, eficiente, transparente y,
sobre todo, equitativa.
Del PP no esperamos que se alinee con nuestro planteamiento. Lo cierto es
que ustedes son coherentes ya en sanidad, en educación, en energía, en
fondos de pensiones, en vivienda. Lo que les importa no es el bien
público sino que las puertas giren bien y los beneficios caigan en sus
bolsillos. Ayer, por ejemplo, la Guardia Civil pidió que se investigue a
Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho en
relación con unas concesiones a Arturo Fernández, uno de los licitadores
del Hospital de Vallecas. El PP y la trama de la mano para vaciar la
sanidad. Sí, señorías, para vaciar la sanidad una vez más. (Aplausos).
Del PSOE estamos completamente seguras que secundarán el trabajo de gente
de su partido como la señora Montón, que en Valencia está intentando
revertir la privatización del modelo Alzira contra viento y marea, y
agradecemos que rectifiquen su posicionamiento al respecto del que
tuvieron en 1997. De Ciudadanos esperamos lo del PP, pero en versión
quiero y no puedo. Buscan donde hay corrupción y corren a apoyar al
Gobierno de turno, y del mismo modo hacen con las políticas de salud. Del
PDeCAT es difícil recibir apoyo ya que ellos son los responsables de que
Cataluña sea el mayor laboratorio de la gestión privada de la sanidad. Y
del resto de partidos esperamos que apoyen nuestra moción. Esperamos que
lo ocurrido en estos veinte años se evalúe, por honestidad y por rigor
democrático y para aprender para el futuro. Esperamos que podamos ir
construyendo una ley básica de gestión pública que dé mayor libertad a
las comunidades autónomas para innovar en el marco de sus competencias
dentro de la gestión pública de la sanidad, pero que ponga coto a la
gestión privada de la sanidad pública. Y esperamos que esto redunde sobre
todas las personas residentes en nuestro país porque queremos una sanidad
que no deje a nadie atrás.
Ya concluyo, señora presidenta. Yo soy una simple enfermera que nació un
15M de 1973. El lunes se cumplieron quince años del 15M, el de 2011. Ese
día muchas de nosotras y muchos de nosotros salimos a las calles y nos
encontramos en las plazas y decidimos que las cosas comunes se tenían que
abordar y tratar desde lo común, sin externalizaciones. Eso es lo que
vamos a hacer y vamos a seguir luchando para conseguirlo desde las
instituciones y desde las calles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sibina.
Para la defensa de las enmiendas formuladas interviene en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Igea Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sibina, yo también soy un simple médico, lo que no soy es un
simplista; son dos cosas diferentes. (Aplausos). Estaba seguro de que
íbamos a estar de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras
tantas. Entre otras cosas, porque nosotros no somos las personas que
acusamos y decimos que el afán de lucro, que el interés personal es el
demonio o Lucifer; nosotros somos las personas que creemos que no tenemos
la cena cada día por la bondad del panadero, del carnicero o del
cervecero. Y es verdad que el Partido Popular ha hecho unas cuantas cosas
mal en sanidad; los modelos PCI han sido un desastre, han sido un
desastre económico en Burgos, han sido un desastre en Madrid y en otros
sitios. Es verdad que se han hecho muchas cosas mal y ustedes acostumbran
a llamarle a esto neoliberalismo. Les diré una cosa. Dar concesiones a
amigos a cambio de comisiones, sin riesgo alguno porque se rescata
siempre, sin control, sin rendición de cuentas no es neoliberalismo;
podemos llamarle de otra manera, neoclientelismo, pero no neoliberalismo.
Nosotros no vamos a seguir esa lógica tan fácil que ha utilizado usted,
una lógica a veces apabullante, una lógica que yo llamo de Barrio Sésamo:
tenemos 5 euros para la sanidad pública; este gordito (señalando su dedo
pulgar) se lleva uno, nos quedan 4, y con 4 hacemos menos que con 5. Esto
es fácil de entender, pero no siempre es así. Lo que importa en política
son los resultados, lo que les importa a los ciudadanos es qué resultados
les damos con los 4 o con los 5; eso es lo que importa, los resultados.
Por eso voy a utilizar un ejemplo que usted ha utilizado aquí dos veces,
y la verdad es que no pensé que esta segunda vez me lo iba a poner tan
fácil.
Uno de los hospitales que usted ha citado y que yo no nombraré, porque no
estoy aquí para hacerle publicidad a nadie, es uno de los ocho hospitales
de mayor complejidad de la Comunidad de Madrid, de gestión privada. Le
diré que este hospital es el segundo en consultas, el segundo en número
de intervenciones, el primero en resonancias magnéticas, el primero con
mejor resultado en cuanto a mortalidad -con mejor resultado en mortalidad
por infarto agudo de miocardio y con mejor resultado en mortalidad por
insuficiencia cardiaca congestiva-; el segundo con mejor resultado en
neumonías; el primero con menor número de infecciones hospitalarias; el
segundo con mejor tasa de cesáreas; el primero en cirugía ambulatoria; el
primero en colecistectomías laparoscópicas y el primero en índice de
estancia media ajustada. Pero lo más importante es que es el que mayor
satisfacción genera a sus ciudadanos. Es el primero en satisfacción
global, el segundo hospital más recomendado y, si quieren una prueba
objetiva, en la libre elección tiene un balance positivo de 20 000
consultas. Hay 25 000 señores
que van a su zona por 4000 que se van, el balance más positivo de toda la
comunidad autónoma. Por alguna razón -algo tendrá el agua cuando la
bendicen- los ciudadanos eligen un centro como este.
Nosotros, naturalmente, somos de la opinión de que esto se puede hacer
igual de bien desde lo público y mediante gestión directa, y estamos muy
de acuerdo con las cinco cosas que piden. Primero, piden un estudio, en
lo cual estamos de acuerdo: hagamos un estudio objetivo. Estos datos
están sacados del observatorio de Madrid, proceden de un estudio
objetivo, pero podemos hacer todos los estudios que se quiera porque
nosotros nunca nos negaremos a los estudios, pero, en segundo lugar,
antes de tener los resultados del estudio -lo cual es una prueba de
sectarismo habitual- piden prohibir todos los conciertos. Entonces, ¿para
qué hacemos el estudio si ya está tomada la determinación?
Piden revertir el gasto al del año 2009, algo en lo que estamos tan de
acuerdo que en una comunidad cuyo presupuesto dependía de nosotros, como
es Castilla y León, hemos vuelto al presupuesto de 2010. ¿Por qué? Porque
era mejor que el de 2009; récord de presupuesto por habitante ese año en
sanidad. Para eso hay que tener determinación y voluntad, y hacer un
poquito menos de demagogia. Piden ustedes más indicadores en cuanto a los
estudios realizados hospital por hospital. Esto es parte esencial de
nuestro programa; nosotros los queremos para todos, pero los queremos
para mirarlos y comparar resultados. Lo que no podemos hacer es tener
buenos indicadores, tener buenos resultados, y luego decir que da igual
porque es privado. Entonces, ¿para qué pide usted los indicadores? ¿Por
qué han hecho esto en Valencia? Hay sitios -no diré el sitio, porque cada
vez que se dice este país alguno en su bancada se toma un chupito- en los
cuales cuando los indicadores son malos a uno lo echan de ministro. Esto
ha pasado recientemente; han echado a una ministra de un país que no
nombraré por decir que la mortalidad infantil ha subido un 30 %.
Son ustedes partidarios de volver a la universalidad y a la sanidad como
un derecho de ciudadanía. Nosotros también. Pero nada de esto me asombra
de ustedes porque, como decía el otro día el señor Olòriz -que está hoy
también en la Cámara-, con ustedes pasa como en la fábula del escorpión y
la rana: es su naturaleza. (Risas.-Aplausos). Lo que sí me asombra es el
acuerdo al que han llegado con el Partido Socialista, porque, señorías
socialistas, yo les anticipo que más allá del 21 de mayo habrá vida, no
viene el apocalipsis (Risas.-Aplausos), y ustedes se tendrán que
presentar a las autonómicas y gestionar sus hospitales y responder por
todas las concesiones que hicieron, porque esto viene de 1997.
Señora Sibina, ni todo lo que ustedes proponen es absurdo ni todo lo
privado proviene de Lucifer. La sanidad española necesita un poquito
menos de sectarismo, un poquito menos de bandería, un poquito más de
medición y un poquito más de sentido común, por eso hemos presentado esa
enmienda, que estamos seguros que no aceptarán porque aquí lo importante
es agitar la bandera y no resolver los problemas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández
Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes, señorías.
El Sistema Nacional de Salud diseñado por la Ley General de Sanidad se
asienta, como bien conocen, en un aseguramiento y financiación públicos
basados en impuestos solidarios y no en copagos, y descentralizado; una
provisión de mayoría pública con servicios privados complementarios. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia). Es un diseño que, haciendo en
muchas ocasiones de la necesidad virtud, logra unos resultados a la
altura de los mejores y que en algunos casos llega a la excelencia, como
es el caso de la formación de profesionales, de la calidad de muchos
hospitales públicos o de la organización y capacidad de resolución de
nuestra atención primaria, que, como quiero recordar aquí, hace unos
pocos días ha sido reconocida en un artículo del The New York Times. De
todo ello debemos sentirnos orgullosos, pero no complacientes, porque en
la sanidad pública, como en cualquier otra empresa humana, siempre
encontramos áreas de mejora y de modernización, porque ni las necesidades
ni las expectativas ciudadanas ni las oportunidades y posibilidades de
gestión permanecen iguales. Por eso, el Partido Socialista siempre está
en la búsqueda de fórmulas que mejoren el rendimiento de los recursos
públicos, porque mejorar la rentabilidad y el valor de cada euro es un
valor ético que nos debe preocupar con la misma responsabilidad con la
que exigimos una financiación suficiente de la sanidad pública. Por eso,
cuando abordamos el debate de la privatización sanitaria hay que hacerlo
con rigor, focalizando dónde están los problemas que queremos corregir,
que tienen un nombre, concesiones sanitarias; tienen un autor, el Partido
Popular; y tienen dos causas, la ideológica y los intereses económicos.
Por tanto, no
estamos hablando aquí, señora Sibina, de la provisión privada que
complementa la sanidad pública, ni de los centros conveniados, que en
casi todos los territorios de España prestan atención desde hace décadas,
hospitales comarcales con distintas fórmulas jurídicas y patrimoniales o
entidades sin afán de lucro que llevan en muchos casos el peso de los
cuidados sociosanitarios o de la salud mental en muchas comunidades
autónomas; hablamos de las concesiones sanitarias, iniciadas por el
Partido Popular de Valencia en 1999 con la concesión del Hospital de
Alzira. Después, fueron cuatro departamentos más y, a continuación, se
aplicó la receta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con
cuatro concesiones hospitalarias en esta comunidad. (Aplausos).
Recordemos que la concesión inicial del Hospital de Alzira fue de 1999 y
que, después de su fracaso en 2003, el Partido Popular decidió indemnizar
a la concesionaria, aumentarle el canon y otorgarle la responsabilidad
completa sobre la salud de la población de toda la comarca de La Ribera.
Es la primera vez que la responsabilidad sobre la salud de una población
se externaliza en un gestor privado y es también el inicio de una larga y
chapucera carrera de privatizaciones a las que se dedicaron con ahínco
los dos Gobiernos del Partido Popular, que, por lo que hoy sabemos, son
los más corruptos, el de Valencia y el de Madrid.
Las concesiones sanitarias no han podido demostrar ninguna mayor
eficiencia. No existe ningún estudio independiente que encuentre una
mayor rentabilidad de la gestión privada respecto de la pública en
condiciones homogéneas. No es lo mismo un hospital comarcal moderno, con
plantilla joven y con una cartera de servicios delimitada, que un
hospital de mayor tamaño, con plantillas, estructuras y tecnologías más
envejecidas, y que además no tiene capacidad de delimitar su cartera de
servicios, tiene que prestar todo y a todos. También hay que tener en
cuenta la opacidad que existe en los flujos de servicios y de
transferencias entre los servicios públicos y privados o dentro del
entramado de la propia concesionaria, como hemos estado viendo
recientemente en una de las concesionarias, precisamente la del Hospital
de Alzira, en Valencia. Sin embargo, no habiéndose demostrado ninguna
mejora en la rentabilidad de la gestión privada sobre la pública, los
riesgos de estas concesiones privadas son muy altos. La oportunidad de
seleccionar pacientes más rentables y derivar los servicios más costosos
al sector público o de capturar las decisiones del responsable público,
sea con favores, presiones o abusando de una posición dominante -quiero
recordar también que una empresa está presente en todas menos una de las
concesiones sanitarias de Valencia-, hace que los riesgos de estas
concesiones sean altos. Además, si el contrato es rescatado y modificado
en beneficio del adjudicatario, el consorcio tiene entre sus socios
bancos o cajas de dudosa reputación y la dependencia es cuasi
monopolística, la sospecha de que aquí ha habido trampa y que de lo que
se trataba era de beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría
resulta inevitable. Las alertas sobre los riesgos de las concesiones
sanitarias son múltiples; las han dado la Comisión Nacional de la
Competencia y la Sociedad Española de Salud Pública y otras muchas.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): En todo caso -y con esto
termino, señora presidenta-, la pregunta no sería si la gestión privada
es más eficiente que la pública, sino qué debemos hacer y qué
instrumentos son necesarios para que la gestión pública sea más
eficiente. No es la Ley 15/1997 la que ha provocado la privatización de
la sanidad española, sino la ideología y los intereses del Partido
Popular. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta
moción del Grupo Podemos y hemos registrado una enmienda de adición que
esperamos que sea considerada, dando respaldo político a los Gobiernos de
las comunidades autónomas que, como en el caso del Gobierno presidido por
el señor Puig en Valencia, han decidido no renovar el contrato de
concesión sanitaria en el hospital de Alzira.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.
Una vez más, el Gobierno del Partido Popular en el País Valencià es
ejemplo de mala gestión y de malbaratar fondos en este Parlamento. Sin
duda, el modelo de gestión de los servicios públicos es ideológico y lo
estamos viendo tal cual van interviniendo mis compañeros. Cada partido ve
la importancia de invertir en los servicios de sanidad, bienestar social
o educación de una manera diferente. Hay quien piensa que los derechos
pueden ser un negocio y quienes pensamos que hay que defender los
derechos
por encima de todo. Aunque todos nos llenemos la boca hablando de la
importancia de los servicios públicos, no es lo mismo gestión pública que
gestión privada, y aquí encontramos grandes diferencias entre lo que
piensa el Partido Popular, entre lo que ha expuesto Ciudadanos y entre lo
que piensa, por ejemplo, Compromís. El Partido Socialista parece que esta
vez está del lado del servicio público; espero que las primarias no
cambien esta decisión. La diferencia entre la moción que se presenta y la
gestión del Partido Popular o las propuestas de Ciudadanos es abismal.
También existe una diferencia insalvable entre la gestión de la sanidad
durante más de veinte años por parte del Partido Popular y la gestión que
está haciendo ahora el Govern del Botànic y se ha puesto como ejemplo
aquí. (Rumores). El modelo popular se basa en socializar pérdidas y
privatizar beneficios. El modelo Alzira, que se ha nombrado bastante. Un
hospital gestionado por una empresa privada con todas las facilidades por
parte del Gobierno, servicios públicos para beneficiar empresas. Los
principios básicos del modelo Alzira son: propiedad pública, control
público, financiación pública y gestión privada. Todas las obligaciones
públicas y todos los beneficios privados. Un chollo para la empresa y un
desastre para la Administración. La deuda a finales de 2016 que sumaban
todas estas concesiones era para la Generalitat de más de 250 millones de
euros; es decir, ni tan solo cumplían estos hospitales privatizados con
las pocas responsabilidades económicas que tenían.
Compromís tiene claro que ese modelo no lo quiere en el País Valencià y,
por eso, estamos revirtiendo la situación. Además, lo que no queremos
para nosotros tampoco lo queremos para los demás. Así, nuestro modelo
está bastante claro y confrontado al del Partido Popular: propiedad
pública, control público, financiación pública y gestión pública. Es un
modelo eficiente, totalmente público y de calidad. Se ha demostrado que
el modelo de privatización sanitaria del Partido Popular genera un
déficit inasumible, por lo que si la corrupción les pisa los talones, la
incompetencia en la gestión es incuestionable.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la
señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta. Bon día, diputats y
diputades.
O bien por prejuicio o bien por ignorancia, muchos demonizáis todo lo
privado. Su cansino populismo no hace más que distorsionar la realidad
catalana pero, ahora, en un minuto, les desmonto el discursito respecto
de Cataluña. En Cataluña más del 90 % de la sanidad concertada es
ejecutada por entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y cooperativas,
es decir, que no reparten beneficios como las empresas. Esta es la
realidad en Cataluña. Ustedes han confundido ánimo de lucro con saber
gestionar. La Ley catalana 15/1990 deja muy clara su titularidad pública
y gestión diversa, diversa como la realidad catalana, que a estas alturas
ustedes ya deberían conocer. Esta ley ha sido pactada fundamentalmente
entre Convèrgencia, el demonio, e Iniciativa, sus actuales socios y
posteriormente se sumaron el resto de los partidos. Tenemos un sistema de
consenso amplio. Compartimos con ustedes que nadie debe enriquecerse con
la sanidad de todos y añadimos que tampoco debe ser utilizada como arma
política, pero no toleramos que se ponga en duda el sistema sanitario de
Cataluña en esos términos. Otra cosa es lo que sucede en el resto del
Estado español, pero no nos metan en el saco. Además, ustedes se han
equivocado de debate; el debate en los países avanzados no es el de
titularidad, el debate real en sanidad es cómo conseguimos más recursos y
cómo los gestionamos y utilizamos mejor. Suecia, Nueva Zelanda, Alemania,
¿les suenan? ¡Basta ya de vender el cuento de que en Cataluña se ha
privatizado la sanidad pública con ánimo de lucro porque es simplemente
mentira! Sigan con su discurso ideológico para reafirmarse como la
izquierda inmovilista y antigua, pero no nos confundan de debate. Los
ciudadanos de Cataluña tenemos muy claro que tenemos atención médica
pública.
Termino. Ustedes son los mismos que en su primer gran concurso de
servicios sociales en asistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de
Barcelona pasaron el servicio que llevaban años haciendo cooperativas sin
ánimo de lucro a Sacyr-Vallehermoso, esta sí, multinacional española con
ánimo de lucro. Así que menos lecciones y más rigor. A pesar del esfuerzo
de muchos, no se han cargado el sistema sanitario de Cataluña y aquí
estamos para defenderlo. (Finaliza su discurso en catalán).
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Agirretxea Urresti. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Tenemos aquí una moción consecuencia de interpelación urgente que nos ha
traído la diputada de Podemos-En Comú Podem-En Marea, y quiero empezar mi
intervención con una frase que, por obvia, no deja de ser real: que la
defensa del sistema sanitario público para nosotros es la base del Estado
democrático, social y de bienestar, sin duda alguna. ¿Eso es óbice para
que no exista un sector privado que ofrezca servicios sanitarios? En
absoluto. Se ha dicho también por parte de otros compañeros que tenemos
la antigua y falsa concepción de que servicio y titularidad es lo mismo y
son dos cosas muy diferentes. Queremos un servicio sanitario que llegue a
todos, un servicio que valga para que los ciudadanos puedan disfrutar.
Evidentemente, la apuesta que por lo menos mi partido siempre va a hacer
es para que haya un sistema público fuerte, potente, que llegue a todos,
sin duda alguna, pero concebimos el sector sanitario privado como
complementario, no como sustituto, aunque en muchos casos también
necesario, especialmente en el escenario de creciente envejecimiento
poblacional que tenemos por ejemplo en Euskadi -en el Estado español
también-, donde la colaboración público-privada resulta imprescindible si
queremos que nuestro sistema sanitario y las personas a las que sirve
continúen gozando de buena salud. De hecho, los conciertos que se
mantienen hoy en día por parte de la Osakidetza con el sector privado nos
permiten mejorar algunas prestaciones y también la accesibilidad en
ciertas zonas geográficas con peor disponibilidad de un recurso público.
Es grande, sin duda, la importancia del sector sanitario privado, que
dispone de un ámbito de actuación propio, contribuyendo a la salud de
nuestra población y también, no nos olvidemos, generando empleo y
riqueza. Y lo decimos desde la legitimidad que otorga hablar en nombre de
un partido que forma parte de un Gobierno, el Gobierno vasco del
lehendakari Urkullu, que realiza un esfuerzo de los más importantes en
políticas sociales, con una inversión pública en salud de 1619 euros por
persona en este año 2017. Son datos que hablan por sí solos de nuestro
compromiso con las políticas sociales y, en particular, con el sistema
sanitario público en el caso de Euskadi. Todo ello a pesar del
envejecimiento poblacional, como he dicho antes, y de los tiempos
económicos que nos ha tocado vivir y gestionar. Osakidetza, el Servicio
Vasco de Salud, sigue prestando un servicio sanitario público, universal
y de calidad, y ha mantenido todas sus prestaciones, ha racionalizado sus
recursos y ha sido capaz de ampliar y modernizar los servicios
respondiendo a los retos actuales y anticipándose a los del futuro.
La colaboración público-privada es necesaria, sin duda alguna. Así, por
ejemplo, la semana pasada -y no nos duelen prendas en decirlo porque
estamos orgullosos de ello-, el propio lehendakari firmaba un acuerdo con
la Fundación Amancio Ortega que permitía a Osakidetza, el Servicio Vasco
de Salud, adquirir nuevos equipos para el diagnóstico y el tratamiento
del cáncer. ¿Es eso perjudicial para la sociedad? No. Ni qué decir tiene
que nuestra obligación es seguir mejorando -siempre hay margen para la
mejora, sin duda alguna- y eso pasa precisamente, entre otras cosas, por
mantener, como decía, la colaboración público-privada desde la lealtad y
el respeto a los ámbitos de cada uno, pensando siempre en servir lo mejor
posible a la sociedad -en este caso a la sociedad vasca, pero supongo que
los que están aquí todos querrán servir a su sociedad lo mejor posible-.
Pero hay un cuarto punto, señora Sibina, que me gustaría incluir en los
últimos segundos que me quedan, y es el ámbito competencial. En la parte
propositiva de la moción que ustedes han presentado instan al Gobierno a
que realice acciones que no le competen, que algunas de ellas no son
competencia ni siquiera de este Parlamento, si es que verdaderamente
creen ustedes que, por mucho que el objeto de su iniciativa sea de un
valor universal beneficioso para todos, ha de respetar su ámbito
competencial. Me parecen muy bien muchas cosas que ustedes plantean en la
moción y estoy a favor de que se lleven a cabo algunas de ellas, pero en
el caso de Euskadi -no sé en otros lugares-, si ha de ser así -que ya lo
es en muchas de las cuestiones-, lo decidiremos nosotros allí, no aquí,
porque es donde nos compete, allí. No podemos ni debemos tomar decisiones
que se salten preceptos que la ley permite, por ejemplo la existencia de
la sanidad privada. Los desastres de otros no pueden ser válidos para que
todos cambiemos. La razón no puede ser esa; que cambien los que lo están
haciendo mal, porque algunos lo han hecho muy bien además y otros muy
mal. Por tanto, aplíquese lo que se necesita a aquellos que no lo han
gestionado bien.
Acabo, señora presidenta. Nuestra apuesta por la sanidad universal,
pública, de calidad e integral no tiene duda. Nuestros presupuestos así
lo demuestran.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana saludamos
este tipo de iniciativas, ya que creemos que la sanidad pública es y debe
seguir siendo un servicio universal en el que no debe puede haber sitio
para el lucro. De hecho, Cataluña ha apostado realmente por el modelo
universal de la sanidad y lo demostró con la oposición al Real Decreto
16/2012, que creemos que dinamita el modelo de cobertura sanitaria y
carácter universal del modelo sanitario estatal. Por ese motivo,
anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa. Creemos que en el
actual modelo de sanidad del Estado español es necesario ir modificando
esa tendencia en pro de una gestión pública y transparente de los
servicios de sanidad a los que se les dedique suficientes recursos. Una
gestión que, recordemos, es exclusiva de las comunidades autónomas. Una
tendencia que en Cataluña hemos empezado a revertir de mano del conseller
Comín, rescindiendo el contrato con un centro con ánimo de lucro en
Sabadell y con la posible compra del Hospital General de Cataluña por
parte de la Generalitat. Esta desprivatización significa que el Servei
Català de la Salut, ente público que se encarga de comprar los servicios
sanitarios en Cataluña a diferentes proveedores, no renovaría los
conciertos a aquellos centros privados con ánimo de lucro siempre que la
actividad derivada la pudiera asumir un centro público, tal como fija el
principio de prioridad de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña
(LOSC). Esto implicaba a corto y medio plazo no renovar los conciertos
con tres centros privados con ánimo de lucro del mismo grupo, el gigante
sanitario Quirón Salud: Clínica del Vallès, Hospital General de Cataluña
y Hospital Sagrado Corazón. Y se haría a medida que fueran finalizando
los contratos.
Por lo que se refiere al control de las contratas y servicios
concesionales, confiamos que la Ley de Contratos permita, desde la máxima
transparencia, la regulación definitiva del marco de contratación de las
administraciones públicas y, en ese sentido, evitar prácticas corruptas
de contratación.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hernández
Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, presidenta.
Señora Sibina, su valoración, su opinión negativa, casi catastrófica, de
nuestro sistema sanitario me resulta sorprendente. Pero la verdad también
es que a estas alturas es bastante previsible. ¡A ustedes les da igual de
lo que hablemos! Todo va mal, todo es desastroso. Sí, siempre es igual y
lo que realmente resulta sorprendente es que también hoy, que hablamos de
nuestro Sistema Nacional de Salud, cuando usted sabe perfectamente que
nuestro sistema sanitario es un referente en la Unión Europea y en el
mundo, es así. Yo no le voy a pedir humildad; no se la voy a pedir, eso
lo pide usted para todos los demás. No, yo solamente le voy a pedir que
escuche. Porque no somos solo nosotros los que lo decimos, sino los
ciudadanos, la gente; pero nos lo dicen a nosotros y a todos ustedes,
señorías. El barómetro sanitario lo deja bien claro: la inmensa mayoría
de los usuarios, por encima del 80 %, considera que la atención que han
recibido en nuestro servicio sanitario es buena o muy buena. Es la
opinión de la población, de la gente, sobre el funcionamiento del
sistema. Lleva años siendo así. ¡Esto lo tendrán que asumir, digo yo!
Nosotros lo tenemos muy claro. La ministra dejó clara la posición de mi
grupo, la defensa de la sanidad pública es clara, decidida y firme. El
Gobierno y, sobre todo -lo han dicho aquí- las comunidades autónomas, que
son las competentes, trabajan cada día y lo hacen para garantizar la
universalidad, la equidad, la cohesión, la eficiencia y la sostenibilidad
del sistema. Porque nuestro sistema sanitario es universal, público y
gratuito. Esto es así y lo que tendríamos que estar aquí debatiendo es
qué es lo que hay que hacer, y deberíamos estar todos en esto. Y lo que
hace el Gobierno es trabajar para garantizar la sostenibilidad del
sistema con niveles de calidad y profesionalidad, modernizando su
funcionamiento, ampliando la cartera de servicios, mejorándola,
trabajando en estrategias que den solución a los retos del futuro. Esta
debería ser su preocupación. Pero ustedes dicen que no, que todo va mal.
Pues, mire, tenemos un sistema sanitario que funciona y el mérito no es
nuestro, aunque algunos parece que hoy reniegan de lo que ha pasado en
los últimos años, es de todos. Las competencias están en las comunidades
autónomas y son las comunidades autónomas las que han tomado decisiones
en materia de modelo de gestión. Estas decisiones son las que han ido
consolidando nuestro Sistema Nacional de Salud en todas las comunidades
autónomas. Por cierto, en unas más que en otras; tendrá usted que ponerse
de acuerdo a partir de la semana que viene con Susana Díaz, porque
Andalucía es la comunidad autónoma donde más hospitales concertados
existen. En todas las comunidades autónomas conviven diferentes fórmulas
de gestión y de colaboración público-privada. Y el resultado, después de
veinte años, no ha sido tan malo:
ha aumentado la esperanza de vida, los ciudadanos están relativamente
satisfechos, sigue mejorando la cartera de servicios, contamos con
excelentes profesionales; hemos avanzado. Lo que le digo, señora Sibina,
es que mire al futuro. El futuro nos enfrenta a retos: el envejecimiento
de la población, la baja natalidad, el aumento en la esperanza de vida,
la cronicidad y la dependencia. Señorías, todos somos responsables de
mantener el Sistema Nacional de Salud del que hoy disfrutamos y somos
responsables, sobre todo, de consolidarlo para el futuro. Hablemos de
futuro, solo quieren hablar de pasado y saben ustedes que nos enfrentamos
a estos retos. Los presidentes de las comunidades autónomas también lo
saben y por eso se han puesto de acuerdo en afrontarlos juntos. Mi grupo
tiene un compromiso real con lo público; no parte del discurso o de la
pose, porque defender lo público es dar el mejor servicio posible, con la
mayor calidad y con un coste eficiente que asegure la sostenibilidad, la
inversión y el empleo, el empleo público también. Por eso, con el acuerdo
alcanzado con los sindicatos se van a poder ofertar 129 700 plazas en el
Sistema Nacional de Salud. Esto es trabajar por lo público, por el empleo
público. Ustedes hablan de medidas legislativas que garanticen el derecho
a la asistencia sanitaria para los residentes. Pero si esto ya está
reconocido, esto ya es un derecho. En cuanto a los extranjeros que están
en España en una situación administrativa irregular, nuestro país -y
usted lo sabe- tiene el marco jurídico de mayor protección a estas
personas en Europa, el mejor y también el más solidario.
Señores de Podemos, si lo que realmente les mueve a ustedes es querer
mejorar las cosas, si eso es así, ¿por qué cuando se les propone que nos
sentemos a hablar y alcancemos acuerdos -y ahora me refiero al pacto por
la sanidad propuesto en el Senado- ustedes se niegan? Dejen a un lado los
prejuicios ideológicos, la demagogia y el victimismo; cambien de actitud,
déjenlo ya. Si diferencias hay entre todos los grupos políticos, las
aparcamos cuando merece la pena y, desde luego, merece la pena hacerlo
por la sanidad, que es de todos. El debate no debería ser si la gestión
es privada o pública, sino cómo mejorar la sanidad, que ya es de
titularidad pública, y en eso mi grupo siempre estará.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Pregunto a la señora Sibina Camps si acepta su grupo alguna de las
enmiendas presentadas.
La señora SIBINA CAMPS: Aceptamos la enmienda de adición del Grupo
Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LAS POLÍTICAS DEL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE ADOPCIONES
INTERNACIONALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000031).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las
políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre
adopciones internacionales en España. Por el grupo autor de la iniciativa
y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
La moción que presentamos hoy no es otra cosa que un grito desesperado de
muchas familias, de muchas personas que llevan ya demasiado tiempo
esperando solo para poder ayudar a un niño, algunas más de diez años, y
muchas han tenido que desistir en su intento por culpa de la dejadez del
Partido Popular. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia). Señorías, no es el grito de esos niños indefensos porque
ellos ni siquiera son conscientes aún de lo que les está ocurriendo, pero
si no gritan hoy, lo harán de una u otra manera el día de mañana. En mis
anteriores intervenciones hablé fundamentalmente de esos niños, de la
infancia, de la capacidad de apego que necesitan desarrollar. Está claro
que son los protagonistas de esta historia y sus problemas deben ser, sin
discusión, el principal foco de atención de cualquier Estado que se
precie. Eso nadie lo negará.
Lo más sencillo sería continuar hablando únicamente de ellos pero creo que
también es de justicia hablar de los otros protagonistas de esta historia
y lo voy a hacer porque en demasiadas ocasiones se les menosprecia. Son
esas personas excepcionales que se van a encargar de cuidar a estos
niños, personas que van a desarrollar un papel importantísimo en nuestra
sociedad. Es lamentable que, lejos de valorar y potenciar actitudes como
las de estas personas, desde el Ejecutivo lo que se hace es ponerles cada
vez más y más trabas, hasta llegar al punto de tener completamente
bloqueadas las adopciones en nuestro
país. ¿Saben por qué hacen esto? Porque para ustedes estas personas
suponen un problema, una complicación o, como suele decir el señor Rajoy,
un lío; lo ha dicho esta mañana hablando de los aforamientos. Es más
fácil decir que no todo el mundo es apto para adoptar y que esas personas
quizá lo que pretendan sea satisfacer su egoísmo, todo ello aderezado
además del últimamente tan repetido: no existe el derecho a ser padre.
No, claro, no existe porque no hay ninguna norma que lo recoja, al menos
hasta ahora; y es verdad, no todo el mundo puede ser padre o madre si
atendemos a lo que verdaderamente significan estas palabras. Pero,
señorías, ¿saben ustedes cuántas pruebas, cuántas entrevistas pasan estas
personas para ser declaradas aptas para adoptar? Muchísimas. ¿Y saben
ustedes cómo llaman a esas entrevistas? La criba. Cuando alguien empieza
ese periplo tiene la sensación de que lo que se trata por parte del
Ejecutivo es de quitarles las ganas de adoptar. Aún así, 33 000 familias
españolas ya están declaradas aptas y esperando. Pues, señorías, esas 33
000 familias que para ustedes suponen un problema pueden ser la tabla de
salvación para 33 000 niños.
No existe el derecho a ser padre, pero ¿creen ustedes que sin estas
personas que luchan contra viento y marea por serlo se podría
materializar algo que sí es un derecho reconocido internacionalmente, el
derecho de un niño a tener padres? Para que ese derecho no sea una mera
utopía, que es en lo que lo está convirtiendo el actual Gobierno, esas
mujeres y esos hombres son necesarios e imprescindibles. Y no tergiversen
mis palabras, que el otro día lo hizo la ministra. Por supuesto, tiene
que haber seguridad y garantías en el proceso. No decimos que los padres
no tengan que pasar por todos esos controles previos; hagan esas
entrevistas y establezcan las medidas necesarias, pero brinden ustedes
ayuda. La labor que van a desarrollar es básica y necesaria para nuestra
sociedad. Brinden esa ayuda antes, durante y después del proceso de
adopción. No lo hacen, señorías, todo lo contrario, directamente niegan
la posibilidad de adoptar para evitarse problemas.
¿Realmente ustedes son conscientes de cómo están funcionando las cosas? Yo
les explico. Después de la llamada criba, el Estado prácticamente se
desentiende del proceso, el 90 % de las adopciones las llevan a cabo los
organismos acreditados, entidades sin ánimo de lucro que no reciben
ningún tipo de financiación pública; ni la reciben estos organismos ni
tampoco la reciben las familias. Pero la cuestión ya no es siquiera que
reciban o no ayudas, ojalá solo fuera eso; no solo no ayudan, es que
bloquean el trabajo de esas entidades, es que tienen ustedes paralizados
los procesos. Entre otras cosas, los tienen bloqueados porque no han
hecho el reglamento necesario para poder desarrollar la Ley de Protección
de la Infancia, que lleva en vigor ya más de dos años. En Ciudadanos
estos dos últimos años no hemos cesado de pedir ese reglamento y ni
rastro. A estas alturas todos sabemos que es una ley que se ha quedado en
el papel y que utilizaron ustedes únicamente para hacer campaña
electoral, así que, por favor, le pido al portavoz o a la portavoz del
Partido Popular que intervenga que no vuelva a contarnos las bondades de
esta ley, como hizo la ministra la semana pasada. Y no nos digan que ese
reglamento está ya hecho cuando no es cierto. Anunciaron únicamente la
consulta pública y justo el día que tuvo lugar nuestra interpelación.
¡Qué casualidad! Aun así, después de tanta inacción por parte del Partido
Popular, debemos decir que nos alegra que la insistencia de Ciudadanos
empiece a dar sus frutos.
Hicieron ustedes un pequeño, pequeñísimo movimiento la semana pasada,
pero, como ustedes saben, ni de lejos es suficiente. Así que con esta
moción les damos un nuevo empujón porque parece que si no, ustedes no se
mueven. Si es apoyada, tendrán un plazo máximo de tres meses para tener
ese reglamento listo y para solucionar el bloqueo casi absoluto que
existe en los procesos de adopción, tanto nacionales como
internacionales. Porque, miren, ya no admitimos que en España a día de
hoy sea imposible adoptar. Las adopciones nacionales en muchas
comunidades autónomas, como la de Madrid, llevan cerradas varios años.
Esto siendo España uno de los países europeos con más niños en centros de
menores. Los niños tienen derecho a una familia, no a vivir en un
orfanato. (Aplausos). Las adopciones internacionales solo son efectivas
en cinco países en los que hay que esperar hasta más de diez años, en
algunos de esos cinco incluso ya se está cerrando la posibilidad de
tramitar expedientes nuevos. Mientras, en otros países como Francia,
Alemania o Dinamarca -muy sospechosos ellos en cuestiones de seguridad-
se puede adoptar nada más y nada menos que en cuarenta y cinco países que
en España están cerrados. Algo pasa, señorías, y no lo admitimos cuando
la realidad es que en España tenemos 16 000 niños en centros de menores y
en el mundo hay 120 millones de huérfanos.
El Ejecutivo no puede seguir negando la posibilidad de adoptar a tantos y
tantos españoles que quieren hacerlo. Conviene que ustedes, señorías del
Partido Popular, asuman ya de verdad el siglo XXI, hace ya mucho tiempo
que no existe un único modelo de familia. Los ciudadanos deben tener la
libertad de formar una familia como les dé la gana, si es lo que quieren,
y si no, no hacerlo. De lo único que tienen
ustedes que preocuparse es de proteger sus derechos. Háganlo ya de una vez
porque han perdido un tiempo precioso que será muy difícil recuperar.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Reyes.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos interviene, en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también
fijará posición- la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.
Bon dia, diputats, diputades. Esta propuesta fue presentada como PNL en la
anterior legislatura y en esta misma, y nuestro grupo ya mostró su
rechazo, de ahí nuestra enmienda. La ley sobre la que reclaman desarrollo
reglamentario y aplicación supone una invasión de competencias en toda
regla en el caso de Cataluña. Se ha convertido en un mal hábito que los
grupos parlamentarios presenten propuestas ignorando que en Cataluña
tenemos competencias y que las ejercemos. En Cataluña nos dotamos de
mecanismos que funcionan y ustedes se dedican a destruirlos. Ustedes
siempre con la ley en la boca, pero siempre que se aplique en un solo
sentido: a su favor. ¿Cuando se trata de las competencias de Cataluña no
hace falta cumplir la ley, aunque emane del bloque de constitucionalidad
y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Nos remontaremos al
origen de esta ley.
El Partido Popular es responsable directo de la lapidación del modelo de
éxito catalán en materia de adopción internacional. Curiosamente, aquello
que el franquismo aceptó en 1960, la vigencia del derecho civil catalán
en materia de adopción y que en los últimos años hemos desarrollado de
manera potente y sólida, el Partido Popular lo liquidó hace dos años, y
hoy ustedes son cómplices. Cataluña es reconocida como autoridad central
en materia de adopción internacional por La Haya. Ninguna otra comunidad
autónoma ha ejercido este derecho. Por eso, Cataluña es donde más se
adopta y donde la lista de espera es más numerosa. Cataluña se ha abierto
al mundo; hemos trabajado muy duro para abrirnos a muchos países, y la
respuesta de su Gobierno siempre ha sido coartarnos, vetarnos y
centralizar nuestras iniciativas para tumbarlas. España se ha cerrado y
nosotros no nos quedaremos en la misma habitación. Tenemos demasiado
trabajo como para perder el tiempo con su rigidez y sus vetos. El
retroceso en esta materia es una vergüenza. Cuando aprobaron ese proyecto
de ley frente a nuestro argumentario basado en la invasión de
competencias en un ámbito que en Cataluña estaba desarrollado, la
respuesta del Partido Popular fue: perfecto que en Cataluña funcione,
pero en el resto del Estado no.
Esta es la foto entonces: frente a la opción que sumar, trabajar juntos e
intentar adaptar un modelo de éxito, su respuesta es destruir el modelo
de éxito. No exageraba la semana pasada cuando les decía que no tienen
ningún tipo de interés en respetar las competencias de la Generalitat de
Catalunya, aunque para ello se carguen un modelo de éxito que podría
beneficiar a los demás ciudadanos. No han sido capaces de detectar el
problema y ahora forman parte de él.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez
Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta iniciativa se incide en la búsqueda de soluciones a los problemas
relacionados con la adopción internacional, un proceso complejo y muy
duro en el que las familias que lo afrontan sufren muchísimo hasta
culminarlo y peor aún lo pasan quienes, deseando e intentando ser
adoptantes, no pueden hacerlo incluso después de muchos años de espera y
no pocas veces tras haber conocido personalmente in situ la realidad y la
crudeza de la vida cotidiana del menor. Al hablar de esta cuestión
considero obligado y oportuno recordar, por extraordinario, el trabajo
que se hizo en el Senado con la creación de la comisión especial que
durante año y medio de la VII Legislatura trabajó intensamente para
elaborar unas conclusiones que tienen gran validez hoy en día. Entonces
España era el segundo país del mundo con más de 5500 adopciones anuales.
Desde aquellas fechas está en paulatino y acusado descenso, está
publicado que solo 799 en 2015, de las 53 694 que totalizan estas últimas
dos décadas.
Si bien la diputada Reyes Rivera ha recriminado la parsimonia del
Gobierno, es constatable que ha habido cambios profundos en los procesos
de adopción internacional. Varios de los países habituales de origen de
los niños y niñas adoptados han fortalecido y endurecido su legislación
hasta la prohibición,
como también se han producido modificaciones y reformas en la propia
normativa española que remarcan el interés superior de los menores, que
viene siendo patente tras el Convenio de La Haya.
Señorías, como señalé al principio y se ha insistido en la interpelación y
en este debate, estamos ante un asunto de enorme complejidad pero el
conjunto de medidas que se propone aprobar esta mañana supondrían un
refuerzo para ayudar a miles de familias en el tortuoso camino hacia la
adopción que desde las administraciones públicas hay que tratar de
facilitar.
Votaré favorablemente, señor presidente, a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Carracedo Verde.
El señor CARRACEDO VERDE: Presidente, señorías, la moción que se presenta
da cuenta de un hecho insólito, espejo de una forma de desgobierno. En
julio de 2015, hace dos años, se aprobaron las leyes para la protección
jurídica del menor y la modificación del sistema de protección de la
infancia y la adolescencia. Estas leyes retiraron algunas competencias a
las comunidades autónomas pero no contenían un régimen transitorio, de
forma que necesitan un reglamento que señale qué dirección general, qué
departamento o qué oficinas de la Administración Central se harán cargo
de las competencias. Pero no han hecho el reglamento. Y algunas de las
consecuencias se han expuesto hoy aquí y la semana pasada también.
Básicamente se resumen en que las familias no pueden tramitar solicitud
de adopción y que las organizaciones acreditadas para la adopción una
tras otra van quebrando y el Gobierno, aunque plenamente comprometido con
la adopción internacional, no hace el reglamento.
Ciudadanos trae una moción consecuencia de una PNL previa, a la que mi
compañera Ana Terrón presentó enmiendas, que fueron aceptadas, y hoy
también hemos presentado alguna más. La intención de nuestras enmiendas,
en definitiva, es proponer que los informes de idoneidad sobre las
familias estén subvencionados y que se hagan preferentemente por la
entidad pública correspondiente. En algunas comunidades se acumulan las
quejas por los costos. Por lo tanto iguales medidas también para
servicios de post adopción o con los informes de seguimiento.
También hemos planteado en esta moción la creación de un equipo
especializado de adopción internacional. Entre sus funciones estará la
valoración de los procesos de apertura y cierre de países, tarea que hoy
recae en los cónsules, que nos dicen que tomar este tipo de decisiones
sin medios adecuados es exponerse a ser señalados responsables en un
futuro si algo va mal. Así que no se está incentivando precisamente la
apertura de nuevos países. La ministra, insistente, la semana pasada
utilizó aquí la totalidad de su tiempo en leernos las leyes aprobadas
hace dos años, un papelón, hacer tiempo hasta que suene la campana para
poder volver al escaño. Un escaqueo en toda regla que es normal porque
intentar explicar por qué en dos años no se ha redactado un reglamento
resulta inexplicable. Así que no intentó explicarlo, simplemente nos
remitió a las leyes. Decía que estábamos trabajando y se marcha a su
escaño. En mi casa a eso no le llaman trabajar, y creo que en la casa de
nadie lo llaman trabajar. Así que le pediríamos que haga su trabajo, que
gobierne. En estos dos años todos los funcionarios de su ministerio han
ido a trabajar cada día. Que alguna técnica o técnico redacte un borrador
de reglamento, porque el bienestar y futuro de muchas niñas y niños
dependen de ello. Es un tema serio, así que no hay que tirar balones
fuera y hay que cumplir con las funciones del cargo.
La ministra dijo: este Gobierno y este ministerio están plenamente
comprometidos con la infancia. Voy a repasar. El segundo Plan Estratégico
Nacional de Infancia y Adolescencia, el Penia, terminó en 2016. Han
pasado varios meses y todavía no tenemos evaluación. Le diría, si estamos
trabajando, que por favor haga su trabajo porque muchos niños dependen de
ello. El Observatorio de la Infancia lleva sin reunirse desde noviembre
de 2015, también dos años. Parece una cifra un poco terrible. El
observatorio es un instrumento útil, lleno de colectivos y asociaciones
de expertos en las problemáticas de infancia y adopción, que están
deseosos de volcar sus propuestas y nos insisten en que les pidamos que
les convoquen. Así que, por favor, hagan su trabajo. Está en juego
diseñar para el futuro políticas buenas para la infancia por los expertos
en este tema.
Sobre pobreza infantil han pactado presupuestos por 340 millones. Según
Save the Children, Cáritas y Unicef, tenemos más de tres millones de
niños y niñas expuestos al riesgo de pobreza infantil. Esto da una cifra
de 10 euros por niño y mes. No nos parece que sea una cifra suficiente
para poder hacer frente a lo que se nos viene. La ministra la semana
pasada dijo: estamos trabajando para que ningún menor
tenga que vivir su infancia en un centro de acogida. Pues para darle
también un empujoncito y ayudarle hemos introducido una enmienda en esta
moción en la que instamos al Gobierno a desarrollar y aprobar en el plazo
de tres meses una planificación de medidas que pueda tomar para que el
acogimiento residencial en centros de menores quede relegado a la
condición subsidiaria, en la línea que señalan los expertos y la propia
ley de la que sacó pecho la ministra, y leyó prácticamente entera la
pasada semana. De nuevo haga su trabajo, ministra.
Tenemos 16 000 niños y niñas y adolescentes en centros de menores,
aproximadamente un 80 % de los menores en acogida están en centros de
menores. Dice la normativa que a los centros de menores han de ir
preferentemente no antes de los tres años. A mí se me encogió un poco el
alma. Tengo niños pequeños y no soy capaz de imaginarme a mi niño de tres
años -menor imposible- en un centro de acogida, en un centro de menores.
De tres, de cuatro, de cinco o de seis, no sé dónde queda la capacidad y
la posibilidad de desarrollo de apego. La pregunta sería qué medidas
concretas pretende tener para que ningún menor tenga que vivir su
infancia dentro de un centro de acogida. ¿Dónde están las campañas para
promover la acogida familiar? Si fuera por dinero aquí no nos cuadran las
cifras, porque los centros de menores nos cuestan, según todos los
expertos, 3000 euros al mes por cada niño o niña. Con mucho menos dinero
cualquier familia puede tener asistencia técnica y apoyo psicológico y
estar con sus familias, que es donde los niños deberían estar.
En definitiva, estos 3000 euros por niño al mes suponen un total de 570
millones al año, que es una cifra muy superior a los 340 millones que el
Gobierno ha presupuestado para pobreza infantil. La pregunta aquí sería
si no será mejor invertir en prevenir que en curar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Carracedo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González
Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, la moción que hoy debatimos es una consecuencia de la profunda
transformación que en estos últimos treinta años se ha producido en la
sociedad española y de la que todos debemos sentirnos orgullosos, una
transformación por la que hijos e hijas no necesariamente tienen que
parecerse a sus progenitores, sino que pueden ser de otro color, con ojos
rasgados o más redondos, con pelo rizado o liso. Nuestras escuelas se
transforman, nuestras familias también. La sociedad en su conjunto se
enriquece a través de la adopción. Esta transformación tuvo una fecha de
origen, el 19 de octubre de 1995, día en el que Televisión Española
emitió un documental, Las habitaciones de la muerte. En él se describía
la penosa situación en la que se encontraban millones de niñas chinas
institucionalizadas en orfanatos de su país de origen habiendo sido
abandonadas por su familia a causa de la política estatal de hijo único y
la secular discriminación de las niñas y las mujeres en Asia. Este
documental provocó un profundo shock en la sociedad española, avivó el
interés por la adopción internacional y disparó a España a la segunda
posición mundial en cuanto a adopciones internacionales realizadas. Ahora
nada queda ya de esa visión negativa del niño huérfano que se mantuvo a
lo largo de la historia, el protagonista de una vida desgraciada desde su
nacimiento por el fallecimiento de sus progenitores o por haber sido
abandonado y recogido por personajes que pretendían, en la mayoría de los
casos, aprovecharse de él o de ella. Ni rastro de El Lazarillo de Tormes,
ni rastro de Oliver Twist, ni rastro de Sonia de Crimen y Castigo; el
rostro de la adopción en España tiene el pelo negro, liso o rizado, y la
piel oscura o bronceada.
Pero desde ese día de 1995 en el que la sociedad española se conmocionó
ante la situación de tantas niñas, se han vivido cambios significativos
en el panorama internacional que han tenido como consecuencia que la
cifra de menores adoptados en España haya caído brutalmente desde que
alcanzó su pico máximo en 2004. En 2004 llegaron a España 5541 menores, y
diez años después, en 2014, 824; es decir, un 855 % menos. Este drástico
descenso se ha producido sin que por parte del Estado español se
produjese modificación legislativa restrictiva alguna, lo cual indica con
toda claridad que continuando el proceso legal y administrativo español
sin variación sustantiva, lo que se ha producido es un cambio en la
situación de los países de origen de estos niños y niñas. Esta
apreciación se ve reforzada por el hecho de que los quince primeros
países receptores de adopción internacional en el mundo, entre los que se
encuentra España, adoptaron en 2014 un 70% menos que en 2010, según las
cifras de un estudio realizado por el doctor Peter Shelman, de la
Universidad de New Castle, del que se hicieron eco todos los medios
españoles. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por tanto, comprendiendo y compartiendo -cómo no podría ser de otro modo-
el fondo de la cuestión de esta moción, la necesidad de dar respuestas a
las familias que esperan aún después de muchos años a quienes ya
consideran sus hijos e hijas, que están en China, Rusia, Etiopía o
Ucrania, no podemos compartir las críticas que se hacen a la gestión del
Gobierno en esta materia puesto que nada ha cambiado en ella desde el
momento en que servía de marco a un número importantísimo de adopciones
hasta la actualidad, en que ese número se ha visto tan dramáticamente
reducido. El descenso cuantitativo global se ha debido a la creciente
toma de conciencia en relación con el daño causado en las sociedades de
origen con la marcha de sus niños y, muy especialmente, de sus niñas, en
el caso de China; a la mejora de sus condiciones económicas; a la imagen
negativa de la adopción internacional y de aquel Gobierno que permite que
sus hijos e hijas se vayan del país y a la voluntad de fortalecer la
adopción y acogida nacional como alternativa a la salida de los niños del
país. Además, ha variado el perfil del niño adoptable, aumentando el
número de menores con necesidades especiales, mayores de siete años, con
algún tipo de discapacidad o enfermedad. Es decir, ya no se cumple la
aspiración de muchas familias adoptantes de un bebé sano. Por tanto, se
ha reducido el número de adopciones, se ha ampliado muchísimo el tiempo
de espera pero solo en aquel tramo que corresponde a la tramitación del
expediente fuera de nuestras fronteras. Son estas las razones que han
alargado el proceso de adopción hasta llegar a esos plazos tan dolorosos
para las familias, pero que en ningún caso son achacables a actuación
alguna del Gobierno central.
El incremento exponencial de las adopciones internacionales en España dio
lugar, además, al establecimiento de un número importante de
organizaciones acreditadas, las ECAI, de las que la señora Reyes aporta
la información que maneja para su interpelación. Sigue siendo el mismo
número de ECAI el que había en 2004 que el que tenemos en 2016. Es
evidente que algo está pasando, porque tiene que producirse un ajuste de
ese número de organizaciones ya que el número de niños y niñas adoptados
se ha modificado sustancialmente.
Termino ya, señora presidenta. Señora Reyes, señorías del grupo
proponente, hemos presentado una enmienda a su moción que demuestra
nuestra absoluta coincidencia con ustedes en casi todos los puntos que
plantean. Tan solo presentamos alguna modificación a la redacción, por
ejemplo, del punto relativo a la elaboración del reglamento, ya que según
la legislación vigente es imposible el plazo que pretenden para su
aprobación -tres meses- o valorar el acceso a los fondos de las ECAI,
puesto que ya le he comentado en qué estado se encuentran en este
momento. Es nuestra voluntad, igual que la suya, que los niños y niñas
que no tienen una familia pero cuentan de antemano con el cariño de su
familia de adopción en España, puedan, cuanto antes, disponer de ese
hogar, del amor incondicional de sus progenitores adoptivos. Mi hija,
Claudia Lin Cai, me ha pedido esta mañana que le diga, que le asegure,
que esto es así.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, este es un tema muy sensible en el que hay que medir mucho
las palabras, porque a veces confundimos lo que queremos conseguir con
cómo lo queremos conseguir. Por tanto, desde el principio estamos
totalmente de acuerdo con muchas de las cuestiones que la diputada Reyes
plantea en esta moción, pero hay otra serie de cuestiones que desde una
perspectiva metodológica no me parecen las más correctas, y algunas de
ellas ya se han referido por otros intervinientes en esta tribuna.
Ustedes dan unos datos que no voy a cuestionar, en cualquier caso quiero
partir de un primer criterio que también se ha dicho aquí. En primer
lugar, y sobre la base de los convenios internacionales, la adopción es
una medida de protección. El derecho de adopción es el derecho de un niño
a desarrollarse en un entorno familiar, no es el derecho inexistente de
un adulto a tener una persona menor a su cargo. Por tanto, partimos de
base de criterios diferentes. Ustedes han dicho que la adopción es el
derecho de un niño a tener unos padres, pero esto no es exactamente así:
es el derecho a tener un entorno familiar, un entorno sobre todo de
protección, y creo que las grandes instituciones tanto europeas como
internacionales que velan por los derechos del niño tienen tanto criterio
como nosotros, e incluso más, para marcar estas cuestiones. Estoy seguro
de que, independientemente de las cosas que se hayan hecho mal, saben
perfectamente que la prioridad es el interés del menor, y las
instituciones públicas con competencias en esta materia, como pueden ser
las diputaciones en el caso de Euskadi, también lo tienen
claro. Por tanto, adopción es igual a protección. Y para proteger, no
siempre la consecuencia obligatoria es la adopción; no todos los niños o
niñas que se encuentran necesitados de protección son susceptibles de
adopción.
La moción que presentan plantea un criterio de urgencia. Yo sé que los
padres que quieren o sienten necesidad de tener un niño tienen urgencia,
pero habría que cuestionarse si esa urgencia es una urgencia legislativa,
una urgencia del Estado, y en ese sentido en la iniciativa hacen
referencia a la situación de inoperancia que está asfixiando el
desarrollo normativo de la ley. Yo creo que aunque este puede ser un
motivo, el problema no se debe en exclusiva a la falta de desarrollo
normativo, sino sobre todo a la realidad de la adopción internacional y a
la importante disminución que se ha producido en esta materia.
Seguramente esa es una de las razones principales por las cuales se está
produciendo una situación de inoperancia en estos momentos.
Yo creo que hay que garantizar la adoptabilidad, pero hay una cuestión que
nadie ha planteado. Si lo que nos interesa es la protección del menor,
mientras se desarrolla la otra cuestión, ¿por qué no potenciamos más los
sistemas de las familias de acogida? Hay mucho menor necesitado de
acogida, lo cual no es sinónimo de adopción. Hay mucho menor que necesita
la protección de una familia, y hay muchas familias que acogerían a un
menor, pero seguramente hay más familias que quieren adoptar que familias
que quieren acoger. En ese sentido, tendríamos que hacer todos una labor
de concienciación sobre lo que se debe hacer, materia en la que vuelvo a
reiterar que hay políticas sociales, como ocurre en el caso de Euskadi,
muy trabajadas, muy importantes y que son de agradecer. Esos niños lo
agradecen muchísimo.
Por tanto, estoy de acuerdo con la base de lo que usted plantea, aunque
hay un punto con el cual no coincido tanto y creo que es uno de los
puntos más problemáticos de la moción que ustedes presentan. Me estoy
refiriendo al punto 8, relativo al acceso de los organismos acreditativos
para la adopción a los fondos necesarios para el ejercicio de sus
funciones. Este punto hace referencia de manera clara a que los mismos
puedan ser financiados o subvencionados con dinero público o desde las
administraciones públicas. Esta es una cuestión muy controvertida que no
ha tenido el consenso de las comunidades autónomas ni de la
Administración pública en su totalidad. Se han mostrado en contra, ya que
se ha entendido que las familias que tramitan las adopciones
internacionales a través de estas entidades son las que contratan sus
servicios y abonan los precios establecidos. Es cierto que muchas veces
estos organismos presentan importantes dificultades financieras, pero
quizá sería necesario replantearse el número de los mismos, si son
necesarios, cuántos y cómo.
Acabo. Nos parece que la intencionalidad de su moción es correcta, es
digna, pero hay una serie de cuestiones que no nos convencen tanto. Por
tanto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, aunque seguramente
nuestro voto no será favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, diputadas y diputados,
inasequibles al desaliento y a la hora, podríamos estar de acuerdo con
buena parte del diagnóstico de la proponente, pero estamos lejísimos de
las propuestas que nos hacen. Nos dicen que hay que desplegar la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la
infancia y la adolescencia, una ley que supone más un problema que un
solución, a lo que luego me referiré. Hablemos de derechos de los niños y
de las niñas, por encima del derecho inexistente de los adultos a la
adopción. Es muy respetable la voluntad de los adultos de adoptar, pero
por encima está el interés superior de la niña o del niño. El camino más
seguro y respetuoso con los derechos de los menores es el acogimiento
familiar. En Cataluña estamos llevando a cabo el diseño e implementación
de un plan estratégico para promover el acogimiento familiar, primero
elaborando directrices para garantizar el interés superior del niño;
segundo, elaborando un plan de soporte para las familias acogedoras;
tercero, con una campaña de promoción, búsqueda y creación de la cultura
del acogimiento. Lástima que no sea el tema principal de la moción, que
aparece casi como una cita.
Hay que mejorar también la adopción, en eso estamos de acuerdo. La lista
de espera es muy larga. De 2008 a 2011, el número de solicitudes de
adopción ha aumentado de manera significativa. L'Institut Català de
l'Acolliment propuso aplicar la disposición adicional segunda del Decreto
127/1997, que establece la suspensión transitoria de los procesos y
evaluación de las familias, ya que se acumulaba una
importante lista de espera para las familias declaradas idóneas. No
obstante, las familias pudieron presentar su solicitud con carácter
provisional. Hoy por hoy, la lista de espera de adopciones en Cataluña
para las familias es para ocho o diez años. Por este motivo, se está
estudiando la posibilidad de realizar un cierre temporal de la adopción
en Cataluña, y también se está trabajando para actualizar los criterios
de idoneidad establecidos en 1997 en relación con la asignación de niños
en adopción. Aquí es donde encontramos diferencias con ustedes. Nosotros
y ustedes tenemos una manera muy diferente de entender el Estado. Para
ustedes, el centralismo es la solución y para nosotros este es el
principal problema. El Gobierno del Estado español ha invadido
competencias en el ámbito de la adopción internacional. El Consell de
Garanties Estatutàries nos dice que en la acreditación, seguimiento y
control de las entidades colaboradoras de adopción internacional es así;
y que en la apertura o cierre de tramitación de adopción internacional,
también es así. A pesar de que se ha llegado a un acuerdo interpretativo
de esta ley con el Estado, por el que Cataluña podrá ejercer de facto sus
competencias, estamos pendientes, como si fuese un relato de Franz Kafka,
de acordar con el ministerio -atención- cómo se interpreta la
interpretación. Es obvio que un Estado propio, que un Estado catalán
garantizaría seguir trabajando con normalidad en el ámbito de la adopción
internacional como autoridad central, como así es reconocido por el
Convenio de La Haya. En el camino que ustedes nos proponen no nos
encontrarán.
Salud y República. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ferrer
Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías, hoy subo a esta tribuna con rabia, con
indignación, con impotencia y me pregunto en voz alta si realmente lo que
aquí hablamos, discutimos y aprobamos sirve para algo o es un mero
trámite. Hoy el Grupo Ciudadanos trae a Pleno una moción sobre adopciones
internacionales; de nuevo adopciones. Se han presentado distintas
iniciativas tanto en Comisión como en Pleno y se han aprobado medidas
para agilizar los trámites para las adopciones. ¿Qué se ha avanzado
realmente? Nada, absolutamente nada. Eso produce impotencia e
indignación, porque, señorías, no es decente; estamos hablando de niños,
estamos hablando de más de 120 millones de niños huérfanos en el mundo,
estamos hablando de 16 000 niños en centros de menores en nuestro país
que están esperando una vida digna, una familia, una estabilidad, cariño
y afecto, y que no pueden seguir esperando a que se haga algo por ellos.
Esta situación, que no hemos provocado directamente, tenemos la
obligación de solucionarla. Tenemos un deber ético y moral, porque detrás
de las leyes, de los procedimientos, del Boletín Oficial del Estado,
están los niños, los más vulnerables, los que esperan seguir siendo
niños, jugar, vivir, en definitiva, sentir.
Nada más lejos de mi intención que hacer demagogia o populismo con estos
temas, pero, de verdad, a estas alturas, en mayo de 2017, ya no hay
excusas que valgan. Hemos oído demasiadas excusas a lo largo de estos dos
años de paralización total del proceso de adopción: que el número de
adopciones ha bajado, que el contexto socioeconómico ha cambiado, que los
procesos son largos porque tienen que ser garantistas con el menor -por
supuesto-, que un Gobierno en funciones no puede hacer un reglamento,
etcétera. Llevan demasiado retraso, demasiado tiempo siendo ineficaces e
incompetentes. Hace un año decían desde su partido que estaba ya listo el
borrador del reglamento. Falso. El otro día nos dijo la ministra aquí
mismo que hay un preborrador; imagino que se refería a esas dos hojas que
colgaron rápidamente antes de su comparecencia. Falso. No se ha hecho
nada; un año en funciones en el que parece que el decreto de la patata sí
era urgente pero no la situación de los menores. Les leo textualmente una
frase: No todos los niños que viven en centros son adoptables, pero
muchos lo son y lo serán ya mismo, a partir de la entrada en vigor de la
ley. Esto lo dijo la anterior directora general competente en agosto de
2015. Dos años, señores del Partido Popular, para algo que iba a ser
inminente; dos años en blanco. No estamos hablando de autopistas ni de
ferrocarriles, estamos hablando de niños y niñas, niños y niñas que
llevan dos años esperando. No puede ser que lo retrasen más y que miren
para otro lado sabiendo que hay niños que están esperando a vivir con
dignidad. Es una injusticia que está en sus manos revertir. ¿Cuánto creen
que repercuten estos dos años de vida en la vida de un niño huérfano?
¿Cómo le explicarían a un menor que hay un bloqueo legislativo que le
impide estar con una familia? La lentitud debe ser la justa y necesaria
para garantizar la seguridad del menor, pero no por la lentitud o desidia
de un Gobierno.
Además del desarrollo reglamentario, totalmente urgente, es necesario
dotar de recursos a esta ley. Hay ya demasiados ejemplos de leyes que se
aprueban y que luego no se dotan de recursos humanos, económicos o
materiales. La adopción no es una herramienta para solucionar una
voluntad legítima de paternidad o de maternidad, sino que es una medida
de protección a la infancia abandonada, para dar contenido a su derecho a
tener una familia, y la obligación de la Administración es proveer de esa
familia al menor, tal y como establece la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño. Siempre debe prevalecer el interés del
menor. Aquí no vale el vuelva usted mañana de Larra. Ustedes, que
presumen de gestión eficaz y transparente, no pueden seguir haciendo
suyas las prácticas caducas e inoperantes de otros tiempos que también
Larra relató. Es inadmisible, por injusto, para muchos menores que este
Gobierno, con excusas o disculpas inconsistentes, siga diciendo: vuelva
usted mañana. Vuelva usted mañana, que ya le facilitaremos el afecto y
los cuidados de una familia; vuelva usted mañana, que ya entonces
probaremos un reglamento y desbloquearemos toda la burocracia que impide
poner en contacto a familias que quieren adoptar con niños que necesitan
a esas familias; vuelva usted mañana y entonces sacaremos a los menores
de los orfanatos donde viven, no siempre en las mejores condiciones para
su desarrollo como persona. Estos menores no pueden seguir esperando ese
mañana lejano e incierto, porque es de justicia facilitarles el bienestar
de una vida en familia, y su falta de trabajo o ineficacia, cuando no su
insensibilidad se lo está dificultando. Quizá mañana ya sea tarde para
muchos de estos menores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Reyes Rivera si su grupo acepta alguna de las
enmiendas presentadas.
La señora REYES RIVERA: Sí, presidenta. Gracias.
Aceptamos únicamente la enmienda del Grupo Unidos Podemos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana jueves, a las nueve de la mañana.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
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