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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 89, de 14/11/2017
cve: DSCD-12-PL-89
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 89
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 85
celebrada el martes,
14 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 153-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 122/000122) ... (Página7)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 160-1, de 22 de septiembre de 2017. (Número de expediente 122/000128) ... (Página16)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 134, de 31 de marzo de 2017. (Número de expediente 162/000376) ... (Página24)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la calidad y las disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 245, de 10 de noviembre de 2017. (Número de expediente 162/000484) ... (Página30)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país. (Número de expediente 173/000059) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. (Número de expediente 173/000060) ... (Página44)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía. (Número de expediente 173/000061) ... (Página51)

Declaración sobre la Cuenta General del Estado:

- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión. (Número de expediente 250/000005) ... (Página59)

Declaración institucional:

- Declaración institucional en apoyo a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos. (Número de expediente 140/000020) ... (Página65)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página66)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página68)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

La señora doña María Dolores Bolarín Sánchez y el señor don Herick Manuel Campos Arteseros adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Mixto, para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas ... (Página7)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso ... (Página16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora López Ares.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la calidad y las disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ... (Página30)

Defienden la proposición no de ley las señoras Marcello Santos y Terrón Berbel, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Alli Martínez y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Sorlí Fresquet en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo; y el señor Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Marcos Moyano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Marcello Santos.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país ... (Página38)

Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como los señores Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Aguiar Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Oramas González-Moro.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación ... (Página44)

Defiende la moción la señora De Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Salud Areste, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora De Frutos Madrazo.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía ... (Página51)

Defiende la moción el señor Cañamero Valle, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; Jiménez Tortosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Calvente Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Cañamero Valle.

Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página59)

Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... (Página59)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Declaración institucional ... (Página65)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos en apoyo a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas, se aprueba por 172 votos a favor más 2 votos telemáticos, 174, 130 en contra y 30 abstenciones más 1 voto telemático, 31.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso, se aprueba por 257 votos a favor más 2 votos telemáticos, 259, 75 en contra y 1 abstención más 1 voto telemático, 2.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página66)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España, se aprueba por 248 votos a favor y 85 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos


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Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la calidad y las disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se aprueba por 204 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país, se aprueba por 248 votos a favor y 85 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación, se aprueba por 167 votos a favor, 158 en contra y 8 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía, se aprueba por 163 votos a favor, 131 en contra y 39 abstenciones.

Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página68)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión, se aprueba por 309 votos a favor más 3 votos telemáticos, 312, y 23 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Francisco Martín Bernabé Pérez, pregunto a doña María Dolores Bolarín Sánchez si jura o promete acatar la Constitución.

La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Sí, juro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Julián López Milla, pregunto a don Herick Manuel Campos Arteseros si jura o promete acatar la Constitución.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Sí, prometo. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Doña María Dolores Bolarín Sánchez y don Herick Manuel Campos Arteseros han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA LA REPARACIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO MEDIANTE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD E ILEGITIMIDAD DE LOS TRIBUNALES CONSTITUIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO, ASÍ COMO DE SUS SENTENCIAS DICTADAS. (Número de expediente 122/000122).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Xuclà i Costa. (Rumores).

Silencio, señorías. (Rumores). Señorías, les ruego silencio y que ocupen sus escaños. Señor Domènech, estoy esperando todavía a que se siente usted.

Tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el próximo mes, el mes de diciembre, se van a cumplir diez años de la aprobación de la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales, la llamada Ley de memoria histórica. Diez años después, señorías, es momento de actualizar y de mejorar la llamada Ley de memoria histórica. Han sido diversas las propuestas que en los últimos años se han planteado por parte del PSOE recientemente, por parte de Unidos Podemos, de Esquerra Republicana, o una ley que ya está en trámite y en periodo eterno, creo, de ampliación de plazo de enmiendas por parte del Partido Nacionalista Vasco cuando planteó una revisión de la Ley sobre secretos oficiales, que también creo que tiene que ver con la recuperación en parte de la verdad y de la memoria histórica.

Hoy desde el Partit Demòcrata, desde el PDeCAT, les planteamos una toma en consideración, les planteamos pasar de la propuesta política a la reforma legal, porque en esta legislatura se hace poca reforma legal y se hace mucha propuesta política, y creo sinceramente que en este hemiciclo existe una mayoría parlamentaria plural para afrontar distintos aspectos de reforma y actualización de la Ley de memoria histórica. Se tienen que revisar aspectos de la Ley de memoria histórica referidos a la reparación económica de las víctimas de la represión franquista y durante el franquismo; se tiene que volver a analizar si fueron efectivos aquellos artículos de la Ley de memoria histórica referidos a la retirada de la simbología franquista de los espacios públicos; seguro que se tiene que volver al artículo referido claramente al futuro del Valle de los Caídos, que quiero recordar que hace diez años -quien les habla fue uno de los ponentes de aquella ley- fue pactado con el Partido Popular, pero diez años después ha habido propuestas como mínimo del Grupo Socialista y también de Esquerra Republicana sobre el Valle de los Caídos; y recientemente también se ha registrado con la firma de varios grupos parlamentarios una proposición de ley de anulación de la Ley de Amnistía cuarenta años después de su aprobación. Este es material suficiente para afrontar una reforma de la Ley de memoria histórica buscando y articulando las mayorías parlamentarias suficientes para que los elementos que les he enumerado y el elemento que les voy a describir ahora puedan recabar el apoyo de esta mayoría parlamentaria.

¿Cuál es el objeto inicial de esta proposición de ley, sin duda abierta a enmiendas, con lo cual abierta a ampliar el perímetro material de la propuesta? Pues bien, pasar de lo que el artículo 3 de la Ley de memoria histórica declara como la ilegitimidad de las sentencias y de los tribunales durante la Guerra Civil y el franquismo a un redactado que claramente afronte la declaración radical y plena de nulidad de estas sentencias. Bien es cierto -a esto me voy a referir después- que si estas sentencias son nulas es porque los tribunales eran ilegítimos y fruto de un golpe de Estado. Señorías, en su momento tuvimos un gran debate sobre cómo articular el artículo 3 de la Ley de memoria histórica, y recuerdo debates con los ponentes, especialmente del Grupo Socialista, que básicamente plantearon la fórmula de la declaración de la ilegitimidad de los tribunales para que las víctimas o los familiares de las víctimas recurrieran ante los tribunales competentes para buscar la declaración definitiva de la nulidad de las sentencias por parte del Poder Judicial. Con esto implicábamos a dos poderes, el Legislativo, que declaraba la ilegitimidad, y


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el Judicial, que declaraba la nulidad. La propuesta del artículo 3 tenía su razón de ser basada en la teoría del derecho, basada precisamente en la solución que después de la Segunda Guerra Mundial y en los juicios de Núremberg se dio para afrontar la declaración de ilegitimidad de los actos del régimen nazi a partir de la teoría del mejor filósofo del derecho del siglo XX, Kelsen.

Pero, señorías, aquello que acordamos como mecanismo para encontrar la nulidad definitiva de las sentencias dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo por parte de tribunales ilegítimos no sucedió, y algún diputado presente en la Cámara me decía: Esto no va a funcionar. En la vida en general y en la vida parlamentaria y legislativa en particular, es bueno reconocer aquello que podría haber funcionado y no lo ha hecho. No funcionó porque esta declaración de ilegitimidad que tenía que ir acompañada de una declaración de nulidad por parte de los tribunales quedó parada simplemente con un decreto de la Sala de fiscales del Tribunal Supremo que, a partir de esta declaración de ilegitimidad, declaró que se derivaba el carácter radicalmente nulo de las sentencias. Pero los familiares no pudieron tener un certificado de nulidad de estas sentencias.

El diputado Tardà recordaba en la ponencia del año 2007 que era mejor que fuera el Parlamento el que declarara la nulidad de las sentencias fruto de la ilegitimidad y de la nulidad y la ilegalidad de esos tribunales. El señor Tardà nos apuntaba la fórmula que adoptó en los años noventa del siglo pasado el Parlamento alemán para afrontar también la nulidad de las sentencias del régimen nazi. Señorías, visto a la luz de diez años de experiencia, les tengo que decir que creo que en esta Cámara hay una mayoría parlamentaria para afrontar la reforma del artículo 3 de la Ley de memoria histórica, espero que también para afrontar otros aspectos por consenso de la Ley de memoria histórica y para afrontar definitivamente la nulidad de estas sentencias.

El texto que proponemos, el artículo 3 de nuestra proposición de ley del Partit Demòcrata, habla de la ilegitimidad y de la nulidad: en el 3.2, de los tribunales, y en el 3.3, de las sentencias. En paralelo más o menos a la entrada en registro de nuestra proposición de ley, que espero que esta tarde pueda contar con el apoyo ampliamente mayoritario de esta Cámara, se aprobó el día 4 de julio en el Parlament de Catalunya la Ley 11/2017, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. Creo que esta ley, señorías, aporta un elemento que se debe tomar en consideración y que en este trámite parlamentario se debería incorporar en el artículo 3, como hemos podido comentar y discutir con algunos de ustedes. La ley catalana contiene un artículo único, que declara "ilegales los tribunales [...] -les estoy leyendo este artículo único-. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por parte del régimen franquista".

Pues bien, señorías, esta proposición de ley del Parlament de Catalunya fue aprobada con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Esta tarde invito a las filas del grupo de la mayoría y del Grupo Ciudadanos a que practiquen la coherencia, es decir, aquello por lo que votaron a favor en el Parlament de Catalunya y que les pareció una actualización para afrontar una nulidad y, así, la reparación de las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y durante los cuarenta años de franquismo también lo voten favorablemente esta tarde, a través de un instrumento que, como les decía, es simplemente -pero muy relevante- una toma en consideración de una proposición de ley. ¿Por qué les digo que es relevante? Porque después de un año y algunos meses de legislatura, señorías, la vida legislativa de este Parlamento es modesta y porque algunas buenas leyes que han sido tomadas en consideración -como la reforma de la Ley sobre secretos oficiales planteada en su momento por el Grupo Vasco- no acaban de encauzarse en el trámite de ponencia y de Comisión simplemente por el plazo de enmiendas.

Señorías, el Partit Demòcrata ofrece esta proposición de ley como una actualización y una revisión de la Ley de memoria histórica aprobada en diciembre del año 2007. Nuestro planteamiento es claro respecto al artículo 3 sobre la necesidad de reconocer aquello que no fue operativo, que es la declaración radical de nulidad de las sentencias dictadas por el régimen franquista. ¿Por qué? Porque los tribunales eran ilegales. ¿Y por qué eran ilegales? Porque eran fruto de un golpe de Estado contra el régimen legal vigente, la República. Esta proposición de ley también es una oportunidad para recuperar estas iniciativas que les he enumerado al principio de mi intervención planteadas por distintos grupos, ya que espero que todas ellas puedan ser objeto de tramitación parlamentaria y de aprobación. Insisto, distintas han sido las iniciativas y esta proposición de ley puede ser una actualización de la Ley de memoria histórica.

El sentido común -porque a veces en la política el sentido común existe- me invita a pensar que aquello que fue votado a favor en el Parlament de Catalunya por parte del PP y Ciudadanos también hoy


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podrá sumar una amplia mayoría, estando abiertos, como estamos, a las enmiendas, que son las que al final hacen que se produzca una ley.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

El PDeCAT nos propone la modificación de la Ley de memoria histórica para que en esta se declare no solo la ilegitimidad de los tribunales franquistas y el carácter injusto de sus condenas por razones ideológicas, políticas o por creencias religiosas, sino que también declare la nulidad de estos tribunales y de sus condenas y sanciones. Esta modificación de la llamada Ley de memoria histórica se justifica en la plena reparación, reconocimiento y dignificación de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Señorías, como todos ustedes conocen, esta reivindicación no es una cuestión nueva en esta Cámara. La anulación de las sentencias y resoluciones de tribunales franquistas por razones políticas, ideológicas o de creencias se persigue desde años antes a la aprobación de la Ley de memoria histórica. Ya en 2004 se aprobó una PNL en este sentido en esta Cámara y en los trabajos de la ponencia de la Ley de memoria histórica también se propuso aunque sin éxito. Con posterioridad a la aprobación de la Ley 52/2007, se han planteado iniciativas en el Pleno y en comisiones de esta Cámara, siendo la más reciente la presentada en este mismo Pleno por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba a una declaración de la ilegitimidad de los tribunales de represión de la masonería y comunismo, tribunal de orden público, tribunales regionales de responsabilidades políticas y consejos de guerra, así como de las condenas y sanciones dictadas que eran -se decía- nulas e injustas y carentes de eficacia y validez.

Este grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco apoyó esta iniciativa por considerarla, y así lo dijimos, un paso en la buena dirección, aunque no el definitivo ya que introducía la expresión nulidad respecto de los tribunales franquistas y sus resoluciones, lo que era un avance respecto de la Ley de memoria histórica, que solo hablaba de ilegitimidad, pero que nada cambiaba en términos jurídicos y que además no instaba al Gobierno a hacerlo; era, a nuestro juicio, y así lo dijimos, una declaración sin consecuencias jurídicas para represaliados durante la Guerra Civil y la Dictadura. También las actuales declaraciones de reparación y reconocimiento, al amparo de esa ley, siguen sin constituir título jurídico para el reconocimiento de responsabilidades patrimoniales del Estado ni tampoco dan lugar a reparación o indemnización de índole económica a las víctimas y sus sucesores. Solo podrá llegarse a esta reparación de la que ahora estamos hablando modificando la Ley de memoria histórica en el sentido propuesto por la iniciativa del Partido Demócrata de Cataluña, como también nos ha dicho su portavoz, del mismo modo que se hizo en Alemania en su Parlamento en 1988, cuando aprobó la ley de anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas, por la que se dejaba sin eficacia jurídica las sentencias dictadas por esos tribunales. Declarar ope legis la nulidad de resoluciones de tribunales franquistas solo está en manos de las Cortes y no de otras instancias parlamentarias del Estado, por muy bien intencionados que sean sus acuerdos y resoluciones ya que ningún tribunal las reconocerá.

Señorías, declarar por ley la nulidad de pleno derecho de los tribunales de carácter represivo del régimen franquista y nulas, también de pleno derecho, sus resoluciones y condenas para que constituyan título jurídico ante los actuales tribunales a efecto de reconocimiento, de responsabilidades patrimoniales y de reparaciones de índole económica solo está, como decía, al alcance de la mano de esta Cámara; es una deuda también moral y cívica con las víctimas del franquismo que no se encuentra a día de hoy plenamente saldada.

Esto que estamos diciendo, en modo alguno significa -y en esto también queremos ser claros- que la Ley de memoria histórica no haya servido para nada ni tampoco que las disposiciones normativas aprobadas con anterioridad a este ley en apoyo a las víctimas del franquismo fueran papel mojado, aunque ciertamente esta Ley de memoria histórica que he citado tiene defectos en su cumplimiento que ya se han puesto de manifiesto en esta Cámara en varias sesiones, defectos tales como, por ejemplo, el poco apoyo presupuestario, o el poco apoyo público a su oficina, o al desarrollo y ejecución de su disposición adicional tercera, o el nulo apoyo a la participación pública en las indagaciones, exhumaciones, identificaciones y digna sepultura de víctimas de la Guerra Civil y franquismo, o que su desarrollo reglamentario sea más limitado que la propia ley en lo relativo a las compensaciones, o la retirada de la simbología franquista.


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La propia Ley de memoria histórica también tiene defectos en su misma configuración, como en la cuestión que ahora tratamos, de la nulidad de las resoluciones de los tribunales franquistas y sus resoluciones. Piénsese, por ejemplo, en los tribunales regionales de responsabilidades políticas, que era tribunales encargados de la represión económica y que, como nos recordaba en alguna ponencia de alguna Comisión, el señor portavoz de En Comú Podem, señor Xavier Domènech, provocó la mayor transferencia de rentas en la historia de España desde la desamortización de Mendizábal a partir de la expoliación de bienes de ciudadanos por sus creencias políticas, ideológicas o religiosas.

Presidenta, voy finalizando. La plena reparación, reconocimiento y dignificación de quienes sufrieron persecución o violencia por razón de sus creencias durante la Guerra Civil y el franquismo reclama, sin minusvalorar lo hasta ahora ya hecho, recuperar una justicia real y efectiva en aquello que la Ley de memoria histórica no había protegido suficientemente, declarando ope legis, la nulidad de pleno derecho de los tribunales franquistas y de sus resoluciones y condenas a fin de solventar uno de los grandes problemas no solventados de las decisiones de estos tribunales ilícitos. Por lo expuesto, apoyaremos la iniciativa.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Xuclà, que quede claro, desde el año 2007, año en que se aprobó la ley mal llamada de la memoria, todas, todas las iniciativas tomadas por parte de familiares, descendientes de republicanos que fueron fusilados, por ejemplo, o murieron de forma violenta, todas, todas, todas han topado con la imposibilidad de ser declaradas nulas de pleno derecho, y los jueces han dejado claro -pero que muy claro- que no podían anular las sentencias puesto que los tribunales eran legales. Esta es la razón por la cual la ley catalana, a la cual usted ha hecho referencia, no habla de tribunales ilegítimos, no habla de tribunales nulos; los tribunales no son nulos, son legales o ilegales, legítimos o ilegítimos, pero no se puede hablar de tribunales nulos. Entiendo que son, en todo caso, nulas las sentencias. Pero vayamos al problema.

Los jueces han dejado claro que no se pueden anular las sentencias en la medida en que los tribunales eran legales, razón por la cual -digo- la ley catalana es muy corta, muy sucinta pero muy clara, usted lo ha dicho aquí claramente también. La ley catalana deja dicho que los tribunales eran ilegales. Y es cierto que hay un compromiso por parte del PDeCAT, por parte de los compañeros de En Comú Podem, por parte de Esquerra Republicana, que fueron las fuerzas políticas impulsoras de la ley catalana, de traer esta ley catalana aquí, puesto que si allí fue aprobada por unanimidad, incluso por el Partido Popular, no hay razón para no creer que aquí la ley catalana puede ser también aprobada y se pueden beneficiar aquellos ciudadanos que fueron juzgados fuera del territorio catalán.

La sorpresa es que su propuesta habla de ilegitimidad, está anclada en el texto, en la ley que usted dice que quiere modificar. Aun así, nosotros votaremos a favor, pero que quede claro, si en el trámite parlamentario no se asume la enmienda que posibilite declarar los tribunales ilegales, nosotros votaremos que no, porque además tenemos la razón para poder demostrar cómo decenas de personas lo han intentado desde el año 2007 hasta el año 2017, cómo los hijos y nietos de los fusilados, muchos de ellos ya fallecidos, han intentado con la ley de 2007 tener el certificado de nulidad expedido por el Reino de España y no lo han conseguido. Las razones son tan claras por boca y por escritura de los jueces, que nos dicen -y creo que incluso hay sentencias en ese sentido- que si se hubiera aprobado la enmienda que presentó en su día Esquerra Republicana de Catalunya -lo dicen los jueces- y se hubieran convertido los tribunales en ilegales, entonces estaríamos en condiciones de anular la sentencia. Creo que vuelven otra vez a caer en el mismo error. Pero vamos a ver si somos capaces de convencer al Partido Socialista, al Partido Popular y a aquellas fuerzas políticas que en el año 2007, durante meses -lástima que no estén los diputados socialistas que fueron ponentes de la ley-, estuvimos debatiendo sobre la necesidad de incorporar el término "ilegalidad". Entonces, la mayoría parlamentaria consideró que no se podía asumir algo que para ellos era catastrófico: aceptar que los tribunales eran ilegales. Según ellos, esto abría un boquete enorme a aquello que se ha convenido en llamar la seguridad jurídica. Yo sé que estamos ante un problema muy gordo, es cierto, tan gordo como que a un ciudadano al cual fusilaron a su padre o a su madre o a sus hermanos todavía hoy, en el año 2017, se le niegue poder tener un certificado de plena anulación de la sentencia. De manera que vamos a votar a favor para que se


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pueda tramitar esta iniciativa, pero ya les digo que los republicanos y las republicanas catalanas, si en el trámite parlamentario no se asume la ilegalidad de los tribunales, como sabemos que no se va a conseguir ninguna anulación, lo que no haremos al menos es participar en este gran fraude que se ha cometido durante estos últimos años y que ha hecho llorar -ha hecho llorar- a miles de personas que todavía hoy día ven cómo la Administración les niega el reconocimiento de la nulidad de las sentencias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señorías, efectivamente volvemos a tratar un tema que ya hemos discutido varias veces en Comisión y también en Pleno en esta aún corta legislatura y que se ha discutido, como recordaban los diputados, también en anteriores legislaturas desde 2007. Ahora lo volvemos a discutir. La verdad -ya lo dije cuando hablamos en su momento de la PNL presentada por el Grupo Socialista- es que mirar hacia atrás no es la prioridad de nuestro grupo, la prioridad de nuestro grupo es mirar al futuro y, sobre todo, no podemos sustraernos de las circunstancias que está viviendo nuestro país, unas circunstancias de grave crisis económica, de grave crisis institucional y de crisis territorial provocada, por qué no decirlo, por dos de los ponentes anteriores, partícipes de esa situación de intento de ruptura de España: Esquerra Republicana y Convergència o PDeCAT o Junts pel Sí o Junts pel tal o como se llame ahora el partido de los proponentes. (Aplausos).

En esta situación de crisis nuestra prioridad es mirar hacia el futuro, poner el foco en el futuro y presentar a los españoles propuestas que puedan ayudar a ilusionar en un nuevo proyecto común español. Pero aun no siendo esa nuestra prioridad y estando en la situación en la que estamos, se nos trae a debatir otra vez, a hablar sobre esa etapa negra que vivió España, ese golpe de Estado contra el régimen legítimo de la República, esa tremenda guerra entre hermanos y esa larga dictadura, esa noche de cuarenta años de dictadura fascista que tuvo que vivir el país y que tuvieron que sufrir todos los españoles. Pero también hay que recordar que después de ese periodo negro, de esa guerra, de esa dictadura fascista, de esa represión, los españoles hicimos una transición, una transición en momentos difíciles, en una situación complicada, una transición en la que había ruido de sables pero también ruido de bombas y de tiros en la nuca, en la que se oían sables en los cuarteles pero también había sangre en las calles de nuestro país. Por tanto, una transición en momentos complicados, pero en muchos aspectos ejemplar, aunque no en todos ya que seguramente alguna cosa quedó en el tintero y, efectivamente, en 2007 hubo una iniciativa legislativa del Partido Socialista destinada al reconocimiento, a la dignificación y a la reparación de las víctimas de la dictadura franquista, y que venía a subsanar algunos de los elementos que no quedaron bien cerrados en ese momento de la transición. En esa ley ya se declaró la ilegitimidad de los tribunales y jurados franquistas, que se utilizaron como arma represora contra los disidentes, y por tanto también la ilegitimidad de sus resoluciones.

Se ha dicho por alguno de los proponentes que han pasado ya diez años desde que se aprobó esa ley y que ahora hay que actualizarla, pero yo creo que ha quedado claro de algunas otras intervenciones -revisen los diarios de sesiones de aquellos momentos- que no se trata de revisar una ley, una norma que se ha quedado antigua, sino de un debate que ya existía en el momento de la aprobación de dicha norma, que en aquel momento tuvo unas mayorías y que se ha vuelto a traer en distintos momentos durante los sucesivos periodos de sesiones. Lo que se pretende es añadir a la ilegitimidad de los tribunales la palabra "nulidad", la nulidad de las decisiones que se tomaron. La verdad es que nosotros tenemos dudas sobre la enmienda, sobre si añadir "nulidad" va a tener unos efectos prácticos que realmente puedan suponer una mayor dignificación de las víctimas, qué puede abarcar esa declaración de nulidad. Aquí se habla de unos tribunales, los recogidos en el artículo 3 de la ley propuesta y aprobada a instancias del Partido Socialista en 2007, pero también eran legales, señor Tardà, los tribunales de lo Contencioso-Administrativo que sentenciaron sobre esas expropiaciones de las que nos hablaba el ponente en la Comisión, esas expropiaciones que realizó el régimen franquista contra determinadas víctimas. ¿Los tribunales penales son legítimos? ¿Las resoluciones de los tribunales civiles son legales o no? ¿Hasta dónde llega esa inseguridad jurídica? Por eso digo que tenemos dudas en cuanto a la eficacia y la situación de inseguridad que podía provocar esa declaración de nulidad. En todo caso, el debate es bueno y no nos vamos a oponer a que se debata esta propuesta que se hace, pero nos gustaría hacer dos llamamientos. Uno, al consenso. Busquemos, si al final se toma en consideración esta proposición de ley, amplios consensos; no utilicemos el pasado como arma para desgastar al adversario político. Busquemos consensos,


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que temas tan sensibles como los que tratamos se puedan sacar adelante con un amplio consenso. Y el segundo llamamiento, la segunda recomendación, en línea con lo que decía al principio, es que, por favor, miremos al futuro. Está bien que de vez en cuando miremos al pasado, está bien que cuando un partido tiene dificultades con el presente, no sabe cómo manejar el presente, se vaya muy al futuro, a un futuro imposible de realizar -como les pasa a los señores de Convergencia o de Esquerra-, o se quiera retrotraer al pasado, pero sobre todo pongamos el objetivo en el futuro. Pongamos el objetivo en crear un proyecto común, español, ilusionante, renovado, revitalizado, en el que la mayoría de los ciudadanos españoles nos sintamos felices. Ese es el objetivo de nuestro partido y por eso seguiremos luchando.

Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Cuando se aprobó la Ley de memoria histórica en 2007, hubo una encuesta justo después encargada por el Centro de Investigaciones Sociológicas que preguntó sobre dicha ley y que dio resultados sorprendentes en relación con muchas cosas que no se habían aprobado en esa ley porque se consideraba que la sociedad no estaba madura para asumirlas. Por ejemplo, el 83% de la población afirmaba que la búsqueda y la recuperación de las víctimas que se encontraban en las fosas de la vergüenza debían corresponder directamente al Estado, pero se optó por lo contrario. También se preguntó en esa encuesta encargada por el CIS si se creía que se debían anular las sentencias de los tribunales de represión franquista y mayoritariamente la sociedad también contestó que se tenían que anular, pero se optó también por lo contrario. En este caso, como en otros, no se optó por aquello que pedía la mayoría de la población. Muchas veces cuando se habla de heridas, a veces parecen más heridas de la opinión publicada que de la sociedad, que es mucho más madura que algunos de los debates políticos que vivimos. Que no se solucionase eso fue grave; fue grave porque, en la medida en que se declararon ilegítimos los tribunales pero no nulas las sentencias, se humilló doblemente a las víctimas que buscaban esa nulidad. Se las humilló porque cuando se presentaron a los tribunales para buscar esa nulidad se encontraron con que esos tribunales se la negaron. Se las humilló también porque se encontraron que esos tribunales estaban confirmando las sentencias de represión franquista. Por tanto, una ley que pretendía reparar a las víctimas en este caso concreto lo que produjo fue su humillación. Este fue el caso de la familia de Miguel Hernández o de Puig Antich, pero también el caso de muchas familias de represaliados anónimos que valen tanto como estos nombres. Para argumentar que no se podían anular las sentencias se apeló al concepto de seguridad jurídica y eso aún es más grave. Es tan grave como decir que el régimen franquista, una dictadura feroz como el franquismo, era a su vez un régimen de seguridad jurídica. Es tan grave como decir que centenares de millares de personas que fueron represaliados por el franquismo tuvieron juicios con garantías jurídicas. Toda esa argumentación iba en contra de cualquier concepto de reparación y reconocimiento a las víctimas. (Aplausos).

En realidad el debate real no era ese; lo sabemos todos y todas. El debate real que no se quería afrontar era que la nulidad de las sentencias significaba la capacidad de reparación en la transferencia de patrimonios. Como ha recordado el portavoz del PNV, con la Ley de responsabilidades políticas en España se produjo la transferencia de rentas más importante vía represión -vía represión- desde la desamortización de Mendizábal. Eso era lo que llevó a decir chorradas como la seguridad jurídica, como las garantías jurídicas, como todo eso. Esto es especialmente grave porque los partidos en 1998 aprobaron una ley por la cual ellos sí debían ser reparados en el patrimonio que les había sido incautado por el franquismo. Es muy grave poner a los partidos por encima de la ciudadanía. Es gravísimo y más en este tema. Ante todo esto, apoyamos esta propuesta.

Nos sumamos también a lo que ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana. Entendemos que debe proceder por la ilegalidad de los tribunales y como ha procedido la ley catalana. Esta propuesta tiene un antecedente clarísimo, que es la ley aprobada por el Parlament de Catalunya, una ley que, paradójicamente -en mi país, en mi tierra, parece que todo es imposible, parece que no hay posibilidad de acuerdo-, la aprobaron tanto los congéneres de Ciudadanos en Cataluña como también los representantes del Partido Popular en Cataluña. Fue un voto favorable que ahora parece que no se va a dar con la misma intensidad; espero que sí, porque si no estarían demostrando puro oportunismo político, que votan cosas diferentes dependiendo de dónde están, que en Cataluña votan que sí a esa nulidad y que en España votan al


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contrario, que no. Esto no sería de extrañar, porque de fondo ustedes tienen un espíritu guerracivilista que les sale en cada momento, como cuando les dicen a sus adversarios políticos que van a acabar como Lluís Companys. Vergüenza; absolutamente vergüenza. (Aplausos).

Vamos a decir que sí a la propuesta, sobre todo porque se lo debemos a todas -todas- las víctimas que sufrieron la represión, a todas aquellas que lucharon por un orden legalmente constituido defendiendo la II República, que protagonizaron una resistencia ética, sin par, en una dictadura brutal durante los años cuarenta y cincuenta, que aprendieron a desafiar como nadie en los sesenta y que reconstruyeron la razón democrática de este país. Por ello vamos a votar que sí por aquellos y aquellas que frente a una de las dictaduras más feroces del siglo XX, una de las dictaduras más feroces del siglo XX europeo -nunca se repetirá poco-, nos legaron algo que no tiene forma ni color, que no se puede coger pero que es absolutamente esencial para nosotros: la dignidad de la resistencia, la dignidad de decir que incluso en las peores condiciones se puede luchar. Esta gente nos representa a nosotros.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Antes de nada quiero decir que me alegro de encontrar en la Cámara a los diputados del PDeCAT y de Esquerra Republicana, que estemos presentes aquí, que podamos discutir y que durante mucho tiempo podamos presentar propuestas y discutir todos aquí juntos de política. Esa es una buena noticia para todos nosotros. (Aplausos).

Lo siguiente que quería decir es que el señor Domènech me ha abierto los ojos. Ya he entendido cuál es su posición política. La posición política viene determinada por las encuestas. Una cosa es buena si las encuestas dicen que tiene un apoyo mayoritario. La verdad, yo creo que venimos aquí a defender nuestras posiciones políticas, a veces minoritarias, para convencer al adversario de que son buenas. Si siempre hubiésemos hecho caso de lo que dicen las encuestas, aquí no se hubiese aprobado la Ley del aborto porque cuando fue aprobada por el Gobierno socialista en el año 1982 las encuestas estaban en contra de hacer una Ley del aborto en España. (Aplausos).

Dicho esto, voy al tema. El próximo mes se cumplen diez años desde la aprobación de la Ley de memoria histórica. Después de todo este tiempo se puede hacer una valoración ponderada de los efectos que esta ley ha tenido sobre nuestra sociedad. Sobre todo, hoy sabemos ya qué debemos reformar de una ley como esta para mejorarla, en eso ha estado trabajando el PSOE y en ese sentido presentaremos una iniciativa legislativa. Las reformas son mucho más efectivas cuando están suficientemente preparadas para llevarlas a cabo y la sociedad en la que vives te lo agradece; en caso contrario, suelen conducir a la frustración e incomprensión de los ciudadanos que nos han otorgado su confianza. Los que impulsamos e hicimos posible la Ley de memoria histórica con un Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, sentimos un gran orgullo por haber contribuido al reconocimiento y la recuperación de los derechos de aquellos que sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. También tenemos la obligación de avanzar en esa tarea, si es posible. Y asimismo debemos denunciar la falta de recursos con la que el Partido Popular ha querido desactivar la Ley de memoria histórica durante los últimos años en un intento de anular sus efectos. Es una gran irresponsabilidad presumir de no cumplir la ley, como hizo Mariano Rajoy al afirmar hace unos meses: La asignación presupuestaria de la Ley de memoria histórica en los cinco presupuestos de mi Gobierno ha sido cero, fue de cero euros todos los años. Eso es una gran irresponsabilidad. Los Gobiernos están para cumplir la ley; desde la legitimidad que te da cumplir la ley puedes reclamar a los demás que también la cumplan. Ha sido el PP -de nuevo el PP- el encargado de hacer retroceder a la sociedad española, como en tantos otros asuntos de gran importancia social. Y es el Grupo Socialista -de nuevo del Grupo Socialista- el que el mes pasado impulsó una proposición no de ley para ampliar el horizonte de esta y avanzar en la defensa de la memoria histórica, y el que hoy agradece esa iniciativa al PDeCAT. Creemos, con el orgullo que nos produce haber sido pioneros en las conquistas sociales y de libertades civiles en España y Cataluña, incluida la dignificación de las víctimas de persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, que es necesario ir un paso más allá, como ya propusimos el pasado mes de septiembre a través de una iniciativa de la diputada Meritxell Batet. Los socialistas vamos a votar a favor de la tramitación de este proyecto de ley porque creemos que la Ley de memoria histórica no ha tenido el recorrido suficiente para dar una respuesta plena al propósito con el que se aprobó. El Grupo Parlamentario Socialista trabajará siempre por un futuro en paz y en convivencia, sin rencor pero sin olvido. Es obligación de mi grupo trabajar desde la democracia


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que tanto costó consolidar después de una guerra civil y una dictadura ilegítima, injusta y cuyos tribunales consideramos también nulos. La voluntad de los socialistas es avanzar en materia de memoria histórica y conseguir cerrar las heridas que nuestro pasado no ha conseguido cicatrizar. Venimos a buscar acuerdos. No nos rendiremos en la búsqueda de un acuerdo.

Hace un tiempo un diputado de Esquerra Republicana le dijo a una diputada socialista que nunca podríamos llegar a un acuerdo porque ustedes -decía el diputado de Esquerra Republicana- quieren cerrar las heridas, mientras que nosotros lo que queremos es echar sal a las heridas. No se dan cuenta de que esto no es una gran obra de teatro donde los ciudadanos no sufren las consecuencias de nuestros desacuerdos. La memoria histórica, la conciencia que nuestra sociedad tenga sobre su pasado ha de buscar justicia, sin ninguna duda, pero también ha de servir para superar viejos odios y resentimientos. No se trata de imponer mi razón, sino de acordar un marco común de convivencia para nuestro futuro que no ignore ni menosprecie nuestro pasado. No será sino desde el acuerdo entre diferentes como podremos superar nuestras querellas. Se trata, en definitiva, de dejar a un lado las diferencias ideológicas y promover el consenso y la superación del capítulo más negro de nuestra historia reciente mediante la reparación, por supuesto, pero también mediante el diálogo, el perdón y el reconocimiento de los hechos, fortaleciendo entre todos una democracia por la que muchos y muchas lucharon y en demasiadas ocasiones ofrecieron su vida; una lucha a la que debemos admiración, respeto y justicia y con la que debería estar fuera de lugar frivolizar, por cierto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

La proposición de ley que hoy ha presentado el señor Xuclà para su toma en consideración por el Pleno es una proposición de ley de un contenido mínimo, limitado a un artículo y dos disposiciones finales. Pues bien, tal y como ha explicado el portavoz en la tribuna, ese artículo pretende modificar el artículo 3 de la Ley 52/2007 de la Ley de memoria histórica con la única finalidad de introducir el término "nulidad" añadido al término "ilegitimidad". De este modo, un precepto que desde 2007 declara ya la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Guerra Civil pasaría a declarar también la nulidad de tales órganos judiciales o administrativos. Pues creo que ha quedado muy acreditado en las intervenciones que me han precedido que la iniciativa que hoy estamos debatiendo no constituye ninguna novedad; más bien, al contrario. En esta misma legislatura, de poco más de un año de duración, ya hemos debatido y votado en el Pleno esta misma cuestión y lo hemos hecho también en la Comisión Constitucional con iniciativas muy similares a la que hoy se discute. Esta tarde el PDeCAT vuelve a utilizar el túnel del tiempo, vuelve a suscitar en esta Cámara un debate sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura franquista, y lo hace proponiendo una reforma de la Ley de memoria histórica que es técnicamente muy deficiente. Ya les adelanto, señorías, que no busquen en este grupo parlamentario tibieza en la condena de aquellos siniestros tribunales y de sus injustas resoluciones. Somos plenamente conscientes de las etapas oscuras de nuestra historia -por cierto, de todas las etapas oscuras de nuestra historia- y somos coherentes con esa posición. Lo que no tiene ninguna coherencia es lo que ha defendido el señor Zaragoza después de haber escuchado a su compañero de grupo señor Torres Mora en la Comisión Constitucional votando en contra precisamente de lo que hoy se está defendiendo en este Pleno.

Nuestra posición, crítica con la proposición de ley que se somete a consideración del Pleno, se basa en que genera inseguridad jurídica y confusión, y eso, señor Domènech, no es ninguna chorrada, por lo menos a nosotros no nos lo parece. En el propio debate de la Ley de memoria histórica ya se puso de manifiesto ese riesgo de profunda inseguridad jurídica y confusión. En primer término, señorías, se propone declarar nulos los órganos administrativos y los órganos judiciales que adoptaron decisiones durante la Guerra Civil o el franquismo, como una calificación adicional a su declaración de ilegitimidad. Yo entiendo perfectamente lo que significa que un tribunal sea ilegítimo y creo que es la forma más rotunda de desacreditar todas sus actuaciones y de expulsarlas del ordenamiento jurídico, y eso ya lo hizo la Ley de 2007. Sin embargo, lo que no entiendo es qué significa que un tribunal o un órgano administrativo sea nulo, porque la nulidad es una categoría de invalidez -la máxima invalidez- que se predica de los actos jurídicos, de las sentencias, de las leyes, de las resoluciones o de los actos administrativos, pero no se puede declarar la nulidad de un órgano o de una institución. Por eso, creo que esta propuesta carece de rigor jurídico y lo único que aporta es confusión.


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Fíjense, en cuanto a la disposición final primera, contiene un mandato al Gobierno, un mandato para que en el plazo de seis meses elabore un informe sobre la implementación de la Ley de memoria histórica. Es un precepto legal cuya eficacia, por tanto, se extingue a los seis meses; es un precepto que después de la entrada en vigor de la ley, transcurridos seis meses, ya no tiene ninguna virtualidad jurídica. Al margen de que ni siquiera se diga ante quién debe rendirse ese informe, ¿creen ustedes que es serio aprobar leyes para ordenar al Gobierno que elabore un informe? ¿Creen que la buena técnica legislativa recomienda aprobar leyes que se consuman en un plazo de seis meses? Asimismo, la sugerencia de esta misma disposición final, la necesidad de establecer canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones, parece desconocer que esta colaboración con las víctimas y las asociaciones existe desde el mismo momento en que se aprobó la ley. La normalidad en las relaciones con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo es consecuencia del cumplimiento de la ley. Así, el Gobierno atiende a las víctimas, primero, resolviendo consultas -desde 2011, más de 16 000-; segundo, emitiendo declaraciones de reparación y reconocimiento personal -desde la promulgación de la ley, 2436, de las cuales 814 firmadas por el actual ministro de Justicia-; actualizando el denominado mapa de fosas, que gestiona el ministerio, donde se recogen 2457 fosas con más de 45 000 víctimas identificadas. Es decir, el Gobierno rinde cuentas ante esta Cámara del cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 52/2007. Lo hizo hace tan solo unos meses el ministro de Justicia cuando compareció en la Comisión de Justicia y por ese motivo no tiene ningún sentido aprobar una ley para exigir al Gobierno que rinda cuentas o que informe en un plazo de seis meses. Evidentemente tiene que informar y tendrá que seguir informando incluso después de ese plazo de seis meses.

Señorías, lo que el señor Xuclà ha traído a la Cámara no es una iniciativa legislativa, es un texto dirigido a provocar un debate artificial, un debate sobre una materia que se ha abordado de forma exhaustiva en los últimos años, que ha sido debatida en esta legislatura tanto en Pleno como en Comisión. Ustedes pretenden aprobar una ley que sirva a sus intereses particulares en esa competición que mantienen para ver quién es capaz de introducir más adjetivos descalificativos cuando revisa el pasado. Es un debate artificial, un debate forzado y un debate sin adversarios, señor Xuclà, porque nadie en esta Cámara defendería hoy aquellas sentencias y resoluciones administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, absolutamente nadie. La Ley de memoria histórica lleva diez años vigente, fue promovida por el Gobierno en la VIII Legislatura, aprobada por aquellas Cortes Generales y tenía como finalidad, según su propio preámbulo, cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura. Esa finalidad de reparación que persigue la ley puede entenderse cumplida diez años después, y por eso su propuesta aporta confusión e inseguridad jurídica. Las leyes no son para provocar debates, sino para regular la convivencia con vocación de permanencia y generalidad. Sin embargo, lo que me causa tristeza es constatar que el grupo que propone hoy esta iniciativa se ha negado a conmemorar hace tan solo unas semanas la vigencia de la Constitución de 1978. Le recuerdo sus propias palabras, señor Xuclà: Lo vamos a decir claro y rápido; nada que celebrar; vamos a votar que no. La misma tristeza que me causa que algunas de las fuerzas políticas que respaldan esta iniciativa también se nieguen a participar en la Comisión que se constituye mañana para evaluar y modernizar el Estado autonómico.

Señorías, a ustedes les moviliza políticamente lo que sucedió hace ochenta años, pero les paraliza lo que sucederá mañana. Ustedes viven obsesionados por un pasado lejano enfrentados con el pasado reciente, obstinados en la destrucción del presente e indiferentes con la construcción del futuro. A ustedes, señorías, les preocupan nuevas leyes para anular viejas sentencias; a nosotros y a la mayoría de los españoles nos preocupan las nuevas sentencias que siguen anulando sistemáticamente las leyes que ustedes promueven. Por eso, para finalizar mi intervención, le quiero recordar lo que muy recientemente ha dicho una sentencia del Tribunal Constitucional -no sé, señor Domènech, si le parecerá también una chorrada-: Cuando un poder público -sentencia del 8 de noviembre de 2017- pretende alterar el orden constituido de manera unilateral e ignorando los procedimientos de reforma expresamente previstos a tal fin por la Constitución, abandona la única senda que permite llegar a este punto, la del derecho, con el consiguiente daño irreparable para la libertad de los ciudadanos. Señorías, una formación política que habla mucho del pasado y que no quiere participar en los debates sobre el futuro, lamentablemente, creo que es una formación política con más pasado que futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE COSTAS DEL PROCESO. (Número de expediente 122/000128).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en materia de costas del proceso.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Hernanz Costa.

La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, si hace tan solo unas semanas aprobábamos en esta Cámara una iniciativa, cuyo objeto era facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la participación como sujetos activos en la Administración de Justicia, y lo hacíamos con la intención de mejorar y democratizar nuestra Administración de Justicia, la iniciativa legislativa que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista a los diferentes grupos de la Cámara para pedir su apoyo a la toma de consideración, incide en un aspecto que, si bien siendo totalmente diferente, sí comparte con aquella un mismo espíritu: facilitar el acceso a la Administración de Justicia de todos los ciudadanos como iguales.

El Grupo Socialista les presenta hoy una proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en materia de costas procesales, cuyo fin último en este caso es garantizar que las personas con menos recursos económicos puedan acceder a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones. Y como muchas veces los temas relativos a la Administración de Justicia por su propia complejidad resultan áridos y no siempre fáciles de entender para un espectador no especializado en esta materia -el tema de las costas procesales no es una excepción a esa regla-, me permitirán que intente centrar la cuestión, porque a pesar de su aparente tecnicismo o complejidad es un asunto fundamental para todos los ciudadanos de este país o, más exactamente, para que todos puedan acceder al instrumento que tienen para invocar y proteger sus derechos.

Básicamente esta proposición pretende responder a una pregunta: ¿Quién debe pagar los costes procesales? Esta no es una pregunta baladí, es una pregunta clave en nuestro sistema judicial. ¿Cuántas veces algún ciudadano de este país ha sentido que alguno de sus derechos había sido conculcado o que tenía derecho a una reclamación o reparación de algún daño, pero antes de reclamar a los tribunales ha pensado: no lo hago porque no tengo dinero para juicios, y ha optado por soportar una situación que consideraba injusta antes de enfrentarse a los posibles gastos de una reclamación judicial? Eso es precisamente lo que pretendemos solucionar con esta proposición: el efecto disuasorio que las eventuales costas judiciales pueden tener, y tienen de hecho, para ciudadanos de escasos recursos económicos, que es algo que se define perfectamente en un aforismo jurídico -más vale un mal arreglo que un buen juicio- y que, en definitiva, hace que el ánimo con el que se afronta un posible procedimiento judicial sea diferente en atención a los recursos económicos de que se disponga. De eso es de lo que va esta proposición de ley que hoy les pedimos que tomen en consideración para su posterior debate en detalle en la Comisión; va de que la capacidad económica no sea un filtro a la hora de que un ciudadano acuda a los tribunales a defender su derecho. En definitiva, pretendemos garantizar y facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica.

Actualmente, está vigente en nuestra legislación en materia de pago de costas el criterio denominado de vencimiento objetivo, que básicamente establece que el que pierde paga sus propios gastos y los del que ha salido victorioso y que viene recogido, en el caso de la jurisdicción civil, en los artículos 3, 94 y siguientes. También hay que poner de manifiesto que esto no siempre ha sido así, ya que es a partir de la Ley 34/1984, de Reforma Urgente de la Ley del Enjuiciamiento Civil, cuando se introduce este cambio sustancial, ya que hasta entonces las sentencias habitualmente no imponían costas, salvo cuando los tribunales apreciaran que una de las partes había actuado con manifiesta mala fe o temeridad.

Sabemos y entendemos que en el ánimo del legislador, al introducir esta modificación estableciendo el criterio del vencimiento objetivo, estaba disuadir de iniciar procedimientos judiciales sin fundamento, pero ante ese argumento, que es entendible y que no es censurable, queremos nosotros contraponer una reflexión que seguramente se ajusta más a la realidad y mucho más a la realidad actual de nuestro país.


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La gente no litiga por litigar, ni siquiera por aventurar un eventual resultado positivo. -Serían estos un mínimo de casos-. La gente litiga porque necesita hacerlo, para hacer o destruir una posición de hecho mantenida por la contraparte y que le perjudica o que al menos así lo cree. Y no es descabellado afirmar que con mucha frecuencia la posición inicialmente favorable de facto, en un conflicto cualquiera, la ostenta la persona o entidad más fuerte o poderosa y que, por tanto, el mensaje subliminal que se está lanzando con el principio de la condena en costas al vencido en juicio sería el de: no litigue usted, porque no tiene mucho dinero o no es tan rico como su oponente, a quien le tendrá sin cuidado pagar las costas, ya que como usted pierda -unos pleitos se ganan y otros se pierden- se le va complicar la vida para muchos años. Es cierto que la actual legislación procesal ha querido mitigar este posible efecto del principio de vencimiento objetivo, estableciendo que el mismo no entrará en juego cuando el tribunal aprecie y así razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, pero no es menos cierto que son muchos los casos en que existen tales dudas de hecho o de derecho y muy escasas las ocasiones en las que los tribunales hacen uso de esta posibilidad. En definitiva, la condena en costas así planteada constituye una amenaza que en muchos casos es insalvable para una persona con pocos recursos económicos a la hora de recurrir a los tribunales para defender sus derechos. Y, si eso es así en la jurisdicción civil, en la cual se enfrentan particulares luchando por sus intereses privados, tanto más en la jurisdicción contenciosa, en la cual la lucha entre el particular y la Administración se asemeja más a la de David contra Goliat, ya que la Administración bien puede pagar y recurrir todo sin grandes dudas y sin que le quite el sueño ni a la autoridad ni al letrado público. El dato objetivo y estadístico es que la Administración solo es vencida en uno de cada cuatro litigios en primera instancia y en uno de cada ocho en segunda instancia, lo que demuestra no tanto la temeridad de los recurrentes como que la red del derecho administrativo y del derecho procesal contencioso-administrativo convierte ese tipo de reclamaciones en un complicado viaje procesal en el que uno puede acabar estrellado y de paso arruinado.

Por esa razón consideramos imprescindible abrir este debate e introducir nuevos criterios que determinen que no basta ser vencido en juicio para tener que cargar con los gastos propios y los ajenos que el mismo haya degenerado, sino que para que esa condena en costas sea efectiva creemos que debe concurrir, además, temeridad y mala fe. Además, de esta manera se dotaría a las leyes procesales de una mayor coherencia con lo establecido en el artículo 1902 del Código Civil cuando dice que el que, por acción u omisión, cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño. Lo hacemos, señorías, por coherencia, pero sobre todo porque entendemos que el mandato constitucional que establece el derecho a la tutela judicial efectiva nos obliga permanentemente a profundizar en la mejora de nuestra Administración de Justicia y a trabajar en el levantamiento de los obstáculos que impidan que, efectivamente, tengamos una justicia igual para todos.

Por esa razón es por la que hoy los socialistas pedimos a todos los grupos políticos su voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Trabajemos en ponencia, señorías, para evitar que haya ciudadanos de este país que no se atrevan a recurrir a los tribunales en defensa de sus derechos por no poder asumir las costas. Trabajemos, en definitiva, señorías -sigamos trabajando-, para conseguir una justicia más igual y mejor para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Como ha resaltado la señora Hernanz Costa, estamos ante una toma en consideración que aborda la cuestión de las costas procesales en dos leyes importantes: la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En efecto, existen diferentes preceptos que no han acabado de resolver las controversias respecto al proceso de ejecución, que se han venido sucediendo en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la aplicación del límite del artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso de ejecución; el caso de las costas en ejecución de los decretos o de los autos aprobatorios de las tasaciones de costas; y el caso, finalmente, de las costas en la ejecución del proceso monitorio con su derivada específica en la ejecución relativa al de propiedad horizontal.

Son medidas que añadir a las que el Gobierno ya adoptó hace casi tres años con la aprobación de un real decreto-ley que eliminó las polémicas tasas judiciales introducidas para todas las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias, lo que se había calificado hasta entonces en los sectores jurídicos como el tasazo. No sobra señalar, al hablar de costas procesales, que el Tribunal Constitucional


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confirmó este pasado mes de julio la inconstitucionalidad de la Ley de 2012 y que, un año antes, también había considerado desproporcionadas aquellas tasas impuestas para que las personas jurídicas pudieran pleitear frente a la Administración y para recurrir en apelación y casación en los órdenes jurisdiccionales civil y social. Aún así, persisten algunos rescoldos que dificultan el acceso a la tutela judicial efectiva que está garantizada en la Constitución española. También resulta oportuno señalar que los tribunales tienen carga de trabajo derivada de los recursos consecuencia de la discrepancia en la fijación de las cuantías. En todo caso, en el sistema actual de costas por vencimiento caben los ajustes, tal y como reclaman algunos sectores, pero la tarea no va a resultar fácil porque hay modificaciones que podrían afectar al modelo actual de costas por vencimiento, lo que conllevaría cambios profundos en la justicia española.

Esta iniciativa del Grupo Socialista propone la modificación de seis artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y uno de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De ser tomada en consideración, algo que voy a apoyar, se abriría una vía legislativa para pulir y mejorar la Administración de Justicia española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Desde la tribuna quiero mostrar una vez más todo el apoyo a nuestros presos políticos y exigir su inmediata liberación.

En relación con la toma en consideración de la proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista, vamos a votar a favor de la misma. Estamos de acuerdo en que en el acceso a la justicia la cuestión económica no puede suponer una barrera y tampoco puede ser la cuestión económica una fórmula para agilizar la justicia y su administración. Por tanto, estamos de acuerdo en que el criterio de vencimiento objetivo puede ser susceptible de causar indefensión cuando no se puede acceder a la justicia porque una pretensión no sea clara.

Por otro lado, también nos gustaría, en trámite de enmiendas -mientras nos ocupamos de ganar las elecciones para conseguir por la vía democrática la independencia de Cataluña-, proponer que se prime o se tenga en cuenta por el juzgador todos aquellos intentos de conciliación previos a la interposición de la demanda, a los efectos de primar, cuando haya una sentencia, antes de designar el cargo de las costas a aquel que haya tenido la buena voluntad de intentar esa conciliación previa. El criterio de temeridad y mala fe es un buen criterio que además puede estar en el texto legal, a nuestro entender, pero también estamos de acuerdo en que no es el criterio utilizado por la mayoría de los litigantes. De hecho usted lo ha dicho, que normalmente no se va al juzgado por gusto. Por tanto, a este criterio de temeridad y mala fe como preeminente -que es lo que me ha parecido entender de su proposición de ley- hay que acompañarlo con aquellas iniciativas que tiendan a la conciliación extrajudicial para evitar los pleitos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos propone la toma en consideración de una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista, que revisa el vigente criterio de condena en costas judiciales en las jurisdicciones civil y contenciosa, y también se nos propone el cambio del principio de vencimiento por el de temeridad. Hasta ahora, el coste del proceso -abogados, procuradores, peritos y testigos por sí propuestos- se regía por el principio objetivo de vencimiento, es decir, debía abonarlo la parte que ha visto desestimadas todas sus pretensiones. Ahora se propone el cambio por el principio subjetivo de la temeridad, es decir, las costas no son impuestas al litigante perdedor que haya visto desestimadas todas sus pretensiones, a no ser que el juez considere que no ha obrado de buena fe. En el orden civil, el principio objetivo de vencimiento fue introducido en el año 1984 e iba acompañado de una cláusula de modulación cuando se dieran las circunstancias excepcionales apreciadas por los jueces; expresión sustituida por otra, en el año 2000, que también modulaba el principio del vencimiento, que decía: cuando se dieran serias dudas de hecho o de derecho. Ahora, en esta jurisdicción civil se propone el cambio del principio de vencimiento por el de temeridad, con la salvedad de que el tribunal aprecie que el caso presente serias dudas de hecho o de


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derecho, y también con la salvedad de que cuando el proceso afecte directamente a un consumidor, si este vence en el litigio, las costas serán a vencimiento, es decir, a la parte vencida sin que pueda apreciarse, si el caso era jurídicamente dudoso, el principio de que cada parte pague las suyas, que sí rige para el resto de litigantes vencidos en este orden jurisdiccional, según la reforma que se pretende.

Este tratamiento es excepcionalmente positivo para el litigante en su condición de consumidor, quizá motivado por la intensa crítica que este cambio de criterio en las costas llevaba aparejado, por haberse beneficiado a la banca en los procesos de reclamación contra ella por las cláusulas del suelo abusivas y los gastos de constitución de hipotecas, y que les supondría no provisionar estas costas con una cantidad posiblemente igual o superior a la provisión por las cláusulas suelo.

La cuestión de las costas ha tenido y tiene argumentos a favor y en contra, tanto para el criterio de vencimiento como para el subjetivo de la temeridad. Así, el principio de vencimiento tiene apoyo en el derecho romano -buena base de nuestro derecho- y, sobre todo, en sus principios, mientras que la postura subjetiva de la temeridad tiene apoyo también en las instituciones jurídicas romanas de Justiniano, y en la teoría de la culpabilidad, que entronca con lo recogido en el artículo 1202 del Código Civil, que nos recuerda que el nacimiento y las obligaciones también son por la acción u omisión que causan un daño interviniendo culpa o negligencia, en la ausencia de criterios estables para la determinación de los honorarios profesionales y además en el principio de tutela judicial efectiva. Por su parte, los argumentos en contra del criterio subjetivo de la temeridad se centran en que favorece la litigiosidad a través de demandas poco fundadas; el del vencimiento, en lo contrario, en que la disuade. Es decir, disuade de presentar demandas ante del temor de salir derrotado y tener que abonar los gastos de la defensa de la parte contraria, máxime cuando por definición la litigación es incierta al incluirse dentro del principio de independencia judicial el derecho de un tribunal inferior a separarse de forma motivada y expresa de los órganos superiores, incluso de la propia doctrina del Tribunal Supremo, excepto en los casos de sentencias en interés de ley, tal y como tiene establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 37/2012.

En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 2011 se modificó el artículo 139 de la Ley de jurisdicción, sustituyendo el principio de temeridad o mala fe por el de vencimiento total, salvo que se apreciaren serias dudas de hecho o de derecho; en los vencimientos parciales, cada parte abona sus costas, salvo que se aprecie mala fe o temeridad, aspecto de muy difícil o cuasi imposible cumplimiento -también hay que decirlo-, porque al estimarse parcialmente las pretensiones en un proceso es muy difícil que cualquier juzgado aprecie temeridad o mala fe.

Aquí, en el caso de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el argumento del criterio de igualdad de trato a la Administración y al administrado cede en la mayoría de las opiniones, ya que ambas partes no tienen la misma posición ni en el quehacer diario -el derecho administrativo es un derecho exorbitante al derecho común- ni en el orden procesal -la jurisdicción contenciosa es un fuero privilegiado, también plagado de prerrogativas a favor de la Administración pública-. El derecho administrativo, como decía, otorga prerrogativas a la Administración ciertamente en atención a los intereses generales que sirve o tutela, y la jurisdicción contenciosa se adapta en su fisonomía procesal a esas singularidades del derecho administrativo en las que la distinta posición de las partes es un hecho. De ahí que el criterio del vencimiento bajo la apariencia igualitaria posiciona al ciudadano en una situación más precaria ante la Administración, desincentivándole para emprender un proceso contra los poderes públicos.

Voy finalizando, presidenta. Votaremos a favor de la iniciativa legislativa que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, tomándola en consideración a fin de que la podamos debatir en profundidad en el seno de la Comisión de Justicia, en la que también demos voz a los distintos sectores involucrados en esta cuestión que, como todos sabemos, presenta importantes opiniones a favor y en contra de las dos jurisdicciones que se proponen en la reforma, tanto la civil como la contenciosa. Y quizá también haya que reflexionar sobre las costas en el proceso penal, ya que el condenado debe satisfacer las de la acusación particular incluidas las de la acción civil acumulada si es condenado, pero si es absuelto y hay acción particular y/o acción civil, nadie paga sus propios gastos para defenderse y verse absuelto.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Socialista trae al Pleno una proposición de ley que reconozco que nos ha sorprendido por varios motivos. En primer lugar, porque si bien es habitual que la izquierda nos traiga iniciativas y haga discursos


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desde esta tribuna que nos remontan a otras épocas, como la Guerra Civil o la Dictadura, como hemos visto en el anterior debate, lo cierto es que ahora nos presentan una regulación que se remonta al Libro IV de las Institutas de Justiniano, con lo cual no podemos decir que sea un tema de rabiosa actualidad. (Risas). En segundo lugar, porque si esta iniciativa fuera de cualquier otro grupo parlamentario, como ya hemos visto en otros debates, el portavoz socialista que hubiera subido a esta tribuna hubiera anunciado su voto en contra poniendo por delante la subcomisión de la estrategia nacional de justicia, que es el foro en el que presentar estas iniciativas o en el que introducir estos debates. Y como tercer motivo de sorpresa, la subcomisión de la estrategia nacional de justicia lleva trabajando durante más de seis meses sin que el Grupo Socialista haya demostrado ningún interés durante todo este tiempo en el criterio de las costas procesales. La señora Robles ha presidido muchísimas de esas sesiones y ustedes no han formulado ninguna pregunta a ninguno de los comparecientes acerca de este tema, y hemos tenido de todo: civilistas, magistrados, profesionales, e incluso usuarios de la Administración de Justicia. En definitiva, el Grupo Socialista se saca de la chistera una modificación del criterio de las costas judiciales, pero no nos dice quién es el mago autor del truco.

Si entramos en el detalle, vemos que son dos son las grandes novedades que propone esta reforma: primero, cambiar el criterio objetivo del vencimiento, o ganar el pleito, por el criterio subjetivo de la temeridad que ha de apreciarse en el litigante; y segundo, introducir una excepción, se seguirá el criterio objetivo del vencimiento cuando el litigante tenga la condición de consumidor. Estas novedades operarían tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al Grupo Ciudadanos, si empezamos por el final, no le satisface la regulación actual de las costas en la jurisdicción contencioso-administrativa y así lo hemos puesto negro sobre blanco en el primer documento que hemos presentado en esa subcomisión de la estrategia de justicia. Curiosamente, en el apartado de reformas procesales el Grupo Socialista proponente de la iniciativa no hace mención alguna a las costas en su documento. Nosotros creemos que ha costado mucho que los ciudadanos ejerciten sus derechos frente a una Administración y que hay que seguir trabajando por corregir ese plano de desigualdad que existe de partida entre las partes en este tipo de procedimientos. Además, las administraciones, como se dice coloquialmente, disparan con pólvora del rey; por el contrario, el ciudadano no solo se juega su derecho frente a la todopoderosa Administración, sino que este no se ve satisfecho en su totalidad si no hay una restitución de las costas o de los gastos del procedimiento. ¿Con la reforma que ustedes proponen de verdad creen que una Administración actuará alguna vez con una temeridad que justifique su condena en costas? ¿De verdad creen que le será fácil al juzgador apreciar esa temeridad? Señorías, tendremos que reflexionar detenidamente sobre ello para hallar una redacción que sea más acertada. Pero es sin duda en la jurisdicción civil donde su proposición de ley nos ofrece más dudas, y estas dudas van más allá de algunos errores técnicos que hemos apreciado, como el de hablar en la exposición de motivos de actuación dolosa o culposa, temeridad o mala fe y, sin embargo, luego trasladar al articulado únicamente la temeridad; como vincular la condición de consumidor a los productos bancarios en esa exposición de motivos y después ampliar la excepción a los consumidores de toda condición; o como decir que se modifican los artículos 395 a 398 de la ley, cuando no se toca ni una coma de su redacción.

Si vamos al fondo, señorías, es cierto que el criterio objetivo del vencimiento, el vigente en la actualidad, puede ser demasiado taxativo y, por tanto, devenir injusto, pero tiene como válvula de seguridad la apreciación de las serias dudas de hecho o de derecho que justificarían la no imposición de las costas y que se utiliza en muchísimas ocasiones. En cambio, la reforma que hoy se nos propone quiere que la solución general, que hasta ahora estaba establecida por la ley y matizada por la inmediación del juzgador, pase a ser valorativa o subjetiva y, por tanto, potencialmente dispar en su aplicación, matizándola tan solo la ley en el caso de los consumidores. Así que tal vez no sería necesario cambiar el criterio general, sino ahondar y clarificar las excepciones. Sin embargo, sí acierta la exposición de motivos al decir que el temor a la condena en costas disuade en muchas ocasiones del ejercicio del derecho de acceso a la justicia. En eso estamos completamente de acuerdo. Las costas nunca pueden suponer una barrera para el acceso a la tutela judicial, pero esto tendremos que sopesarlo y ponerlo en relación con que las pretensiones o derechos de la parte que se ha visto compelida a participar en el proceso no se ven completamente satisfechos si no hay una restitución de las costas o gastos que el procedimiento le ha ocasionado.

Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley -no queremos hurtar este interesante debate jurídico a la Cámara-, pero lo hacemos dejando constancia de las muchas reservas que oponemos al texto en su redacción actual y anunciando la presentación de enmiendas de calado por parte del Grupo Ciudadanos.

Muchas gracias, señorías. Gracias, presidenta. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Moya Matas.

El señor MOYA MATAS: Bona tarda. Muy buenas tardes, señorías.

A uno se le hace difícil aparentar normalidad y subir aquí, a esta tribuna, a hablar de justicia precisamente en un contexto en el que las instituciones de autogobierno de mi país, las legítimas instituciones de autogobierno de mi país, se hallan intervenidas y la mitad del Gobierno legítimo de mi país se halla encarcelado. Hablar de justicia ante un Estado de represión política en el que existen presos políticos y presas políticas es difícil, pero, bueno, vamos a hacer de tripas corazón y vamos a la cuestión, porque también tiene su profundo calado.

El Grupo Socialista nos trae una propuesta de reforma de las leyes rituarias por la cual pretende regresar al criterio de temeridad como regla general en la imposición de costas procesales, un criterio que creíamos ya definitivamente enterrado con la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en cuyo artículo 394 se recogía un posicionamiento que tenía ya su origen en el Libro Blanco de la justicia del año 1997, que, como sabrán, defendía, en el acceso a la jurisdicción por parte del ciudadano, el criterio de vencimiento objetivo que hoy pretende dejarse atrás con esta proposición del Grupo Socialista. De hecho, la tradición positiva en las leyes rituarias del Estado español establecía por norma el criterio de vencimiento objetivo, lo que venimos a llamar el principio de quien pierde paga. No me voy a remontar a Justiniano, pero sí me voy a remontar al año 1984, cuando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil cambiaba también el antiguo artículo 523 y establecía claramente que las costas en primera instancia se impondrán a la parte que hubiera visto rechazadas todas sus pretensiones. Habría una serie de salvedades cuando existieran dudas de hecho o de derecho que fueran necesariamente justificadas jurisprudencialmente, y ello sobre la base de criterios de equidad y de justicia material que a día de hoy también se mantienen vigentes. A día de hoy, con la vigencia del criterio de vencimiento objetivo, sí que se mantienen puertas abiertas a la temeridad en casos de apreciación parcial de la demanda e incluso en casos de allanamiento, en ese artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en la propuesta que nos trae el Grupo Socialista viene a hacer un corta y pega de lo que ya existe en la ley de ritos. No podemos olvidar que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor del pleito, a aquel justiciable que se ha visto impelido, obligado a recurrir a la justicia, ya sea en una posición activa de demandante o pasiva de demandado, y que se ha visto imperiosamente obligado a pagar unos honorarios -abogado, procurador, perito- y a asumir unos costes sencillamente para conseguir su legítimo derecho. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la del Tribunal Constitucional y la de las audiencias provinciales -sentencia, por ejemplo, del año 1988 del Tribunal de Cuentas-, la imposición de costas a quien pierde no es una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados. El propio principio de tutela judicial efectiva -artículo 24, como bien saben, de la Constitución- exige que los derechos no se vean lesionados por la necesidad de acudir a los tribunales. El pago de los gastos judiciales no debe ser soportado por quien se ve obligado a presentar una demanda, sino que debería ser asumido por el causante de esos daños. Defender lo contrario, lo que hoy se viene a presentar, defender ese criterio subjetivo como criterio de normal cumplimiento afecta indudablemente a los intereses de los sujetos que acuden al sistema de justicia, limita el acceso a la justicia, contraviene el artículo 24 de la Constitución y limita la voluntad de acudir a los tribunales. Si el justiciable tiene conocimiento de que, independientemente de que la resolución que obtenga, no verá resarcidos los costes de su demanda, de su procedimiento, eso le impide acudir con normalidad a los tribunales. Además, hablamos de saturación de los tribunales, de sobrecarga de trabajo. Estamos cargando al juzgador cuando se le exige motivar si decidiera la condena costas. Esa condena en costas, que necesariamente debe ser motivada, contribuye a saturar el trabajo de los jueces y juezas y rompe con los principios constitucionales de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley.

Señores del Grupo Socialista, les invito a leer el informe de implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España del Consejo General de Economistas, que en ningún momento considera la necesidad de cambiar el régimen de imposición de costas.

Señores del Grupo Socialista, acaben con este seguidismo de las actitudes del Partido Popular. Aquí lo hemos denunciado cuando el Partido Popular ha presentado una reforma, por ejemplo, del turno de oficio o de la justicia gratuita o el otro día una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la regulación de permisos. ¿Por qué lo traen aquí? Tenemos en marcha una subcomisión de reforma de la estrategia de justicia; dialoguemos ahí sobre esta materia. Señores del Partido Socialista, escuchen a la


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ciudadanía, porque esa demanda está ahí. Escuchen a la ciudadanía, a los profesionales, a las instituciones, a los alcaldes y alcaldesas que están rompiendo sus carnés. Escúchenlos también, señores del Partido Socialista. ¿Por qué ahora esta propuesta? ¿Por qué? ¿Hay alguna relación tal vez con esta saturación de demandas contra entidades de crédito que tenemos hoy en día en los juzgados? Estos bancos, estas entidades de crédito que hasta ahora tan cómodas estaban en la posición actora, con sus demandas de desahucio y ejecuciones hipotecarias, ganando la mayoría de sus reclamaciones y siendo incluso resarcidas en sus costas. Ahora, cuando están siendo masivamente demandadas -demandas de cláusulas suelo y de condiciones hipotecarias-, es cuando surge esta incomodidad respecto del principio de vencimiento. Señores del Partido Socialista, ¿no ha sido suficiente el rescate bancario? ¿No ha sido suficiente el real decreto sobre cláusulas suelo, esa auténtica cortina de humo que ha venido a perjudicar claramente a los usuarios de la banca, a los consumidores? ¿No ha sido suficiente? No nos gusta e incluso nos preocupa esta complicidad con los intereses de la banca. No quisiéramos ver en ello ninguna relación con estas alianzas que también estamos viendo en Cataluña por parte del Partido Socialista con la derecha catalana más conservadora.

Aun así, vamos a intentar encontrar dos puntos positivos. Por un lado, el tema de las costas. Nos interesa, nos gusta, nos parece atractivo que no incluyan las tasas en la tasación de costas. Es una reivindicación antigua de mi partido y podemos defenderla, pero no solo para las personas físicas, como ustedes proponen, sino también para las entidades sin ánimo de lucro. Por otro lado, como ya se ha dicho aquí, en la jurisdicción contencioso-administrativa, aquella en la que el ciudadano debe enfrentarse a la maquinaria de la Administración, tal vez allí pudiéramos limitar el principio de vencimiento objetivo.

Acabo, señora presidenta. Por lo tanto, vamos a votar que no, pero invitándoles a que lleven esta cuestión al lugar de donde no tenía que haber salido, a la subcomisión de la estrategia de justicia. Llévenla allí y en aquel debate vamos a hablar de costas, vamos a hablar de tasas y vamos a hablar de la jurisdicción contenciosoadministrativa. Trabajemos desde esa discrepancia dialogada que nos caracteriza y desde esa cordialidad constructiva con la que tanto llevamos trabajando y con la que sin duda también podemos trabajar aquí, en Cataluña o donde haga falta. Llévenla allí, debatamos allí y seguro que llegaremos a un acuerdo lo más mayoritario posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández García.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Ante las palabras iniciales del portavoz de Podemos, no me resisto a recordar que estamos en la normalidad jurídica. La normalidad implica que cuando hay una contravención del ordenamiento jurídico y una conculcación de derechos los jueces actúen. En la anormalidad estaríamos si estuvieran mirando hacia otro lado por algún tipo de oscura razón o connivencia política. Por tanto, me congratulo de que estemos en una democracia con normalidad judicial. (Aplausos).

El Grupo Socialista nos trae aquí una proposición de ley para reformar nuestra normativa en materia de costas procesales para el procedimiento civil y también para la jurisdicción contenciosoadministrativa. Al margen de analizar esta cuestión fuera de una estrategia nacional de justicia más global -lo que a nosotros nos hubiera parecido más acertado-, nos insta a que hagamos un ejercicio de fe y una complicidad forzada. No alcanzamos a ver que su proposición suponga simultáneamente una mejora de la posición económicoprocesal de los ciudadanos y una simplificación de la imposición de costas para los profesionales del derecho. Implica también una complicidad para que hagamos todos aquí como que no vemos lo que hay de verdad, que es una añoranza de la regulación del pasado que nos instala en una vuelta atrás en el tiempo muy significativa. El señor Gómez, con su cita de Justiniano, ya me ha ahorrado retrotraerme hasta Las Siete Partidas, pero estamos en la misma posición.

Reconozco que las posturas son muy encontradas y en su conjunto quizá irreconciliables. Estas posiciones respecto al mejor método teórico para imponer las costas procesales y fijarlas a lo largo del procedimiento tienen que responder menos a apriorismos ideológicos que a controversias puramente técnicas, a la luz de los diversos intereses presentes, intereses sociales e intereses profesionales que tenemos que conciliar por ser legítimos. Por ello, es posible que apreciemos que incluso dentro de cada grupo parlamentario, cuando hablamos de la filosofía que subyace en la regulación de las costas o de la metodología sobre su cálculo y fijación, hay distintas posiciones. Los proponentes tienen que ser muy conscientes de esas dificultades y de la diversidad de planteamientos posibles de carácter técnico antes


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aún de proyectar sobre ellas nuestras posiciones parlamentarias o políticas y antes de romper la tradición del vencimiento objetivo.

El efecto práctico podría ser el incremento de la tasa de litigiosidad y el aumento de la carga de trabajo de los juzgados. Si ese incremento respondiera de verdad a la defensa de los intereses de los ciudadanos estaría bien en toda circunstancia, pero se puede dar que incrementar el número de demandas o de contestaciones se haga sin mucha base legal. Este no le parece a mi grupo un riesgo menor. Tener que pagar al abogado y al procurador es una complicación y representa una cierta injusticia cuando impide obtener el reestablecimiento de la situación patrimonial anterior a la lesión del derecho. Señora Hernanz, le pido que revise los ejemplos que nos da, porque si es disuasorio con carácter general que se tengan que pagar las costas, dígame si no le parece más disuasorio que teniendo razón, actuando y una vez que te la han dado tengas que pagar encima al abogado y al procurador. Quizás eso terminé siendo todavía más disuasorio.

Cuando se trata de procedimientos contenciosoadministrativos, el criterio tendrá además un impacto claro en los presupuestos de las administraciones públicas, que tendrán que hacer frente al incremento de demandas con más recursos personales y materiales y, además, pueden perder los ingresos provenientes de las costas. Pero me parece que el mayor peligro de todos en la práctica sería que la justicia dejara de percibirse por los ciudadanos como un servicio público universal y que solo quienes tengan la posibilidad de pagar los costes que tiene sin resarcirse con las costas procesales puedan hacer frente a la defensa de sus posiciones. Por eso le adelanto los serios reparos que tiene mi grupo respecto a las reformas propuestas, que nos consta que también son compartidos por buena parte de los profesionales, de los usuarios.

No quiero dejar de señalar que a lo largo de las últimas décadas el grupo proponente ha sido profundamente cambiante en su propia posición al respecto, que ha sido mudable, por no decirle francamente errática. Señora Hernanz, esta proposición encierra lo que no sé si es una clamorosa pero sí una intensa enmienda a sus convicciones del pasado reciente. Si nos atenemos a los argumentos que ha dado aquí, los usados en su momento por el Grupo Socialista -esgrimidos para su adscripción al bando del vencimiento objetivo hace treinta y tres años en el procedimiento civil, pero mucho más recientemente en el caso del procedimiento contencioso- no hubieran sido ni jurídicamente útiles ni socialmente sensatos. Se están ustedes enmendando a sí mismos y están arrumbando una obra propia so pretexto de una puesta al día que encierra en realidad una enmienda a todo lo que ustedes han estado planteando aquí mucho tiempo.

Frente a lo que piensan algunos otros grupos -que vamos a cerrarnos en banda-, vamos a facilitar el debate social, que nos parece interesante, en unos términos jurídicos mucho más acotados de los que el tenor literal de su proposición nos trae. Hay una controversia doctrinal intensa, unas opiniones pragmáticas que son encendidas, y usted no lo desconoce. Se han alzado siempre muchas voces para una modulación de las costas, pero no tanto para una supresión como en la práctica ustedes pueden plantear. En mi colegio profesional, el de abogados de León, pero en cualquier otro de abogados o de procuradores con un cierto número de colegiados, cuando se debaten estos asuntos los matices superan a los encuentros, y esta sensación que tenemos se acrecienta si además unimos las opiniones de otros operadores jurídicos, de los jueces y de los secretarios. Sobre ello se opina en las instancias colegiales, sobre ello se lamentan los despachos profesionales, sobre ello se teme entre los usuarios y creo que también sobre ello se debatirá próximamente en los consejos generales, y haríamos bien en tener en cuenta su opinión al respecto.

Para terminar, señora presidenta, son cuatro los aspectos que queremos dejar ya apuntados para el futuro, para los debates sucesivos y para las enmiendas que vayamos a presentar. Primero, las dificultades de conciliar la necesidad de claridad en la ley, a fin de huir de una subjetividad -que ese es el riesgo que entraña la redacción literal de su proposición- que devenga en aleatoriedad o incluso en algo peor, que es la discrecionalidad. Aceptemos la adaptabilidad a las condiciones concretas, pero eso hay que modularlo muy bien en la ley, en su tenor literal -y no está en su texto-, para que en cada caso puedan ser apreciados por el juzgador -insisto- atinadamente.

Para nosotros -termino, señora presidenta- la modulación de la norma no puede ser diluirse en una atomización de situaciones infinita. También queremos que el marco contextual de la reforma evite cambiar un principio por una amalgama de situaciones factuales. Convendría cambiar el principio de vencimiento objetivo por otro principio que nos proporcione seguridad y previsibilidad. Por último, si las costas suponen un elemento disuasorio de esa magnitud, que debilite injustificadamente el acceso a la tutela judicial


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efectiva, nos tememos que, tal como está redactada, con su proposición no lo resolveríamos. Así que, con todas estas matizaciones, con el anuncio de que seremos muy activos en la presentación de enmiendas, termino diciéndole que, por el bien de ese debate social, nosotros aceptaremos hoy su proposición y la votaremos favorablemente.

Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ESTABLECER UNA NUEVA REGULACIÓN QUE REFUERCE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS DE ENTIDADES NO SUPERVISADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000376).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la proposición no de ley que presentamos para su debate y votación en este Pleno tiene como objetivo dar respuesta a una realidad a la que se enfrentan miles de usuarios que acuden a los denominados créditos rápidos ofrecidos por entidades no reguladas

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea publicó un documento analizando las fintech que operan en Europa, más de mil quinientas, y concluyó que aproximadamente una de cada tres no están sujetas a ningún régimen regulatorio en la Unión Europea o en la legislación nacional, por lo que trabajan fuera del control de los organismos reguladores. La primera aclaración importante es que en esta iniciativa nos referimos exclusivamente a estas empresas que aprovechan el vacío legal existente. Por tanto, quedan fuera de su alcance todas aquellas que operan en nuestro país reguladas por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La segunda aclaración importante es que de los diferentes riesgos asociados a la expansión de las empresas fintech, que están siendo objeto en estos momentos de estudio en diferentes ámbitos de la Unión Europea, hoy queremos poner el foco en la protección del consumidor en relación con las empresas que conceden créditos rápidos. En el estudio Fintech Adoption Indext de 2017, se establece que el 37% de los españoles son usuarios de empresas fintech, siendo el patrón que un 20% de ellos solicite un crédito rápido. En definitiva, nos referimos en esta iniciativa a préstamos de pequeñas cuantías, a plazos muy cortos y en los que los prestamistas son entidades no reguladas, situación que lleva a que estas operaciones no estén sometidas a supervisión. Esta ausencia de marco regulatorio deja al consumidor en una situación de desprotección, con tipos de interés excesivos, incluso de usura, con deficiencias en la información suministrada en el momento de la firma del contrato o ante condiciones abusivas en caso de que no se pueda hacer frente a la devolución de la cuantía del préstamo en el plazo contratado. Además, las empresas que conceden créditos rápidos han flexibilizado enormemente los criterios: acceder a través de Internet o mediante una llamada, tener entre veintiún y sesenta y cinco años, un número de teléfono y una cuenta bancaria. La respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero en poco más. Las cuantías no suelen ser superiores a 1000 euros, los plazos se mueven entre cinco y treinta días y la devolución es en una única cuota. No se necesita presentar ni nómina ni aval y muchas veces tienen ofertas específicas para aquellos solicitantes que figuran en un registro de morosos.

Estos prestamistas privados -como indiqué al inicio de la intervención- no están supervisados ni por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; muchos de ellos están domiciliados offshore y se caracterizan por ofrecer un elevado coste de financiación a sus clientes. En sus páginas web hablan de honorarios, porque la tasa anual equivalente resultante, que es la cuantía que el prestatario realmente soporta, considerando comisiones, intereses y penalizaciones, es claramente desproporcionada. Les voy a poner dos ejemplos de dos páginas web, exactamente de ayer, donde un préstamo de 100 euros a una semana tendría una tasa anual equivalente al 5431% (Muestra un gráfico). Pero podemos llegar a más, porque en otra página web, en otra empresa de este tipo, un préstamo de 50


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euros a una semana podría llegar a 38 925 394% de tasa anual equivalente. (Muestra otro gráfico). Estos no son datos que yo me haya inventado o que yo haya calculado, sino que es la información que dan en sus propias páginas web.

La Ley de Usura de 1908 establece, en su artículo 1, que será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte, aquel, leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o de su inexperiencia. Pero también recoge que será igualmente nulo el contrato en el que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sea su identidad y sus circunstancias. Por tanto, esta ley no establece un tipo de interés por encima del cual se pueda hablar de usura, ni fija la relación que debe existir entre la cantidad recibida y la entregada, y es el propio Tribunal Supremo quien va sentando doctrina al respecto. Pero lo que sí se puede afirmar es que la tasa anual equivalente en este tipo de préstamos es muy superior al precio legal del dinero, que es de un 3%, estando multiplicado por 500, por 1000 e incluso por 13 millones, pudiéndose hablar claramente de tipos de interés usureros, y tampoco hay dudas de que el prestatario en mucha ocasiones acepta las condiciones a causa de la situación angustiosa.

Además de tipos de interés abusivos, existen otras deficiencias. Según el estudio "Créditos rápidos: Programa de información a los consumidores 2015", desarrollado por Facua, en muchos casos la información proporcionada es incompleta. En este sentido, en muchas ocasiones camuflan los intereses, cuando informan de ellos, en conceptos como honorarios o gastos de gestión, pero además en muchas de las empresas no ofrecen información completa, entre otras cuestiones, sobre la entidad que concede el crédito, el importe total a pagar, la duración, los costes del crédito, el tipo deudor, las consecuencias del impago y la tasa anual equivalente. Y no debemos olvidar que la información sobre las consecuencias del impago es importante, ya que, según Adicae, uno de cada diez créditos rápidos acaba en una denuncia por la empresa prestamista, y esto ocurre por dos motivos: uno, porque la deuda impagada ha multiplicado a veces hasta por diez veces el préstamo inicial concedido en un plazo de tiempo relativamente corto, por lo que el importe ya les compensa para litigar, y dos, porque el prestatario es una persona de pocos recursos que no tiene capacidad para hacer frente a la demanda, por lo que frecuentemente ni se presenta al juzgado y lo tienen ganado de antemano.

Finalizo, señorías. La necesidad de proteger a los consumidores, para los que estos créditos rápidos se han convertido en un último recurso, consumidores vulnerables que no tienen acceso a otro tipo de financiación, es el fin de esta iniciativa, que pretende evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario en la solicitud de este tipo de servicios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta esta tarde una PNL para instar al Gobierno a que establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. Leída así, en estos términos, parecería difícil estar en contra de esta proposición no de ley; lo máximo que se le podría reprochar es que, en lugar de instar al Gobierno, no haya traído directamente la regulación a la que hace alusión, y todos y todas nos hubiéramos ahorrado tiempo y trámites parlamentarios. Sin embargo, conforme uno entra en la lectura de la exposición de motivos se encuentra con que empiezan a aparecer elementos que ponen en tela de juicio la bondad de la medida y cuestionan su esencia.

Si uno lee la primera frase de la exposición de motivos, lo primero que encuentra es que el auge de este sector de empresas no supervisadas obedece a dos argumentos fundamentales: uno, la crisis económica, como casi todo lo que ha pasado en este país en los últimos diez años -hasta la sequía- y, dos, las dificultades de las entidades financieras para facilitar la financiación. Así, tal cual. Eso nos lleva a un primer elemento de reflexión, y es que hay elementos estructurales en nuestra economía que inducen a determinados colectivos muy vulnerables a acabar en manos de este conjunto de usureros que utilizan un vacío legal para apropiarse, expoliar y abusar de las condiciones de necesidad de un amplio conjunto de la población. ¿Cuáles son esos factores estructurales? Básicamente, una caída en las rentas salariales -estamos en un porcentaje sobre el producto interior bruto que no es ni siquiera el de antes de la crisis,


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sino que es el de 1999- y sobre todo el ajuste salarial que se ha producido sobre los salarios más bajos, sobre las decilas más bajas, que son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social y que por tanto se ven obligadas a recurrir de forma más intensa al endeudamiento, porque si no pueden alcanzarlo por la vía convencional acaban teniendo que buscar vías alternativas. La consecuencia es esa, que acaban en manos de estos colectivos de usureros.

El problema, a nuestro modo de ver, es que la proposición no de ley yerra en el diagnóstico y, por lo tanto, deja en el aire las propuestas de solución. Yerra en el diagnóstico porque atribuye un valor concreto a este conjunto de empresas, a este conjunto de entidades no supervisadas. De hecho, la proposición no de ley dice textualmente: aunque es necesario proteger a los prestatarios, no podemos obviar que estas empresas ofrecen un servicio útil concediendo créditos a personas que no tienen acceso a otro tipo de financiación. El problema es que ese sector se mueve en un ámbito que bordea la ilegalidad y lo que hace es aprovecharse de la falta de regulación, porque lo que regula la usura en este país es la Ley Azcárate del año 1908, donde no se establece ningún tipo de límite ni ninguna concreción precisa acerca de lo que es usura y que permite este tipo de prácticas. Tan es así que ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que venga a poner en cuestión la existencia y la presencia de estas empresas a las que el Partido Popular da valor, hasta tal punto que el Tribunal Supremo dice que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a intereses muy superiores a los normales no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico. Es decir, nos están diciendo que estas empresas, por un lado, no evalúan los riesgos de los clientes que solicitan los créditos y, por otro lado, los someten a tipos de interés usurarios que, llevados a los tribunales, acaban sancionando en contra de la empresa.

La cuestión, en definitiva, es a qué tipo de regulación están ustedes apuntando. La primera evidentemente tiene que pasar necesariamente por la regulación de qué es la usura en este país, y la segunda y la tercera, que tienen como condición la regulación previa de la usura, pasan por dos elementos que a nosotros nos parecen fundamentales. En primer lugar, que si esas empresas siguen existiendo, tienen que estar supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y/o por el Banco de España. Y en segundo lugar -y es algo que les apunto porque igual no se han dado cuenta y la analogía les sirve-, en su afán legítimo por proteger a este tipo de consumidores, que no les cuestiono que son personas vulnerables financieramente, para evitar que caigan en las redes de los usureros se les ofrezca ayuda y avales financieros públicos. Porque excuso recordarles que este país ha concedido -voy terminando, presidenta- ayudas y avales públicos al sistema financiero por valor -según el Tribunal de Cuentas- de más de 122 000 millones de euros. Igual es el momento en el que la banca no necesita esos avales y esas ayudas públicas, sino que lo necesitan estas personas en situación de exclusión social y, por tanto, es el momento de apoyarlos. La opción de nuestro grupo parlamentario pasa por la combinación de ambas, supervisión y ayudas, sobre todo porque partimos de una convicción profunda -y concluyo-, y es que estamos convencidos de que los ciudadanos de este país son mucho mejor pagadores que la banca de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando alguien nos habla de usura nos vienen a la cabeza imágenes de siglos pasados, medievales. San Buenaventura decía que con el cobro de intereses se vendía el tiempo, y los escolásticos del Siglo de Oro español consideraban usura el precio cobrado en cualquier préstamo. Hubieron de pasar siglos de sesudos debates sobre el valor del dinero y el paso del tiempo para que la Iglesia católica admitiera la práctica de cargar un interés por negocios y préstamos personales como compatible con la ética cristiana, eso sí, siempre y cuando el interés impuesto no fuera injusto o excesivo. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que el interés no es justo o es excesivo?

El Tribunal Supremo nos ilustra en sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2015, que declaró usurario un préstamo por el tipo de interés remuneratorio pactado del 24,6% TAE y cuya consecuencia fue la declaración de nulidad del préstamo debiendo entregar solo la suma recibida sin intereses. El alto Tribunal se basó en la Ley de Represión de la Usura del 23 de julio de 1908, conocida como Ley Azcárate, vigente después de más de cien años, que establece en su artículo 1 que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino,


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habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Esta ley, sin embargo, no fija los límites concretos de interés a partir del cual se pueda considerar abusivo.

El crecimiento que han vivido los llamados créditos rápidos en los últimos años a causa de la crisis, las familias altamente endeudadas y la dificultad de acceso al crédito han dado lugar a la aparición y desarrollo de muchas entidades no financieras o empresas dedicadas a la reunificación de deudas y a la concesión de préstamos de baja cuantía que no se encuentran bajo la supervisión del Banco de España. Los créditos rápidos o minicréditos son un tipo de crédito al consumo de pequeña cuantía que se concede sin necesidad de grandes avales o requisitos de capacidad económica, siendo importes que van desde menos de 200 euros hasta 6000 euros. El plazo para su devolución es muy corto y su interés muy alto debido a la falta de garantías establecidas. Son empresas que están supervisadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y cuyos requerimientos varían en función de cada comunidad autónoma en la que se aplique. Al tratarse de productos de crédito, están regulados en la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo.

¿Qué problemas plantea este tipo de préstamos? En un estudio del año 2015, Facua-Consumidores en Acción detectó intereses de hasta el 4500% TAE en préstamos de pequeña cuantía a devolver en un mes. Si toman como referencia un préstamo por importe de 300 euros a devolver en un plazo de treinta días, en las ocho entidades analizadas por Facua las TAE oscilaban entre el 1269,7% y el 4507%, y para un crédito de 4000 euros en doce cuotas se ofrecían TAE de más del 24%. Conviene recordar que el interés legal del dinero en ese año era del 3,5% anual. Hay entidades que anuncian un TAE o tipos de interés muy bajos, pero lo calculan de manera quincenal o mensual, cuando el pago se realiza aplicando un tipo de interés anual. Los préstamos de menos de 200 euros no están regulados y se rigen por el Código Mercantil. La reunificación de la deuda puede conllevar un tipo de interés muy alto. Suelen tener plazos de devolución muy cortos, lo que dificulta su devolución, y la mayoría de las entidades no financieras y de los prestamistas particulares no están registrados ni sometidos a la normativa del Banco de España. Un ejemplo de oferta de préstamo rápido lo hace el prestamista Pepedinero, todo junto, por un importe máximo de 500 euros, y oferta el coste de 100 euros a treinta días por 30 euros, siendo gratis la primera semana y pagando 25 euros de regalo con el programa Padrino. No me digan ustedes que no tienen tela el prestamista y la oferta. En definitiva, existe un laberinto normativo y una ineficaz supervisión del crédito que generan desconocimiento y a nivel jurídico inseguridad para el consumidor y se hace necesaria una nueva regulación que proteja a los consumidores y usuarios de este tipo de actividades financieras. Por eso vamos a votar a favor de la iniciativa presentada con esta proposición no de ley.

No quisiera terminar mi intervención sin recordar que son precisamente las personas más vulnerables, las más sujetas a ofertas económicas, que a veces se mueven por la desesperación y que en casos extremos les puede llevar hasta el suicidio, las más expuestas a usar este tipo de servicios y a caer en las garras usurarias de personas o entidades sin escrúpulos. Nos toca trabajar para hacer que esas personas puedan vivir con dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Se invoca con esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular la adaptación al siglo XXI de la Ley de Represión de la Usura, que más de cien años después continúa vigente en España. Gumersindo de Azcárate, su impulsor, procuró con aquella norma la protección frente a las condiciones leoninas de los usureros, lo ha subrayado la diputada señora López Ares. Hoy, por lo tanto, siguiendo el modelo de la ley Azcárate, anhelamos lograr una mayor protección del usuario frente a la opacidad de una serie de productos financieros que se tratan de colocar en condiciones de comercialización aparentemente ventajosas, pero que se acaban trastocando en anzuelos para capturar víctimas muy frecuentemente en estado de desesperación y ansiedad, cuando no de estulticia, que ignoran y desechan todo lo que no sea obtener crédito y dinero cuanto antes. Ya ha sucedido, para desdoro de los organismos de control y perplejidad general, en el ámbito de entidades bursátiles financieras y de ahorro supervisadas, y con mucho más motivo sucede y sucederá en las entidades no supervisadas.


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Señorías, esta iniciativa incide sobre los riesgos de conseguir dinero rápido y fácil, promoviendo que el Gobierno establezca una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios. Urge poner control a la concesión de préstamos exprés firmados contra reloj con mecanismos de contratación muy sencillos, con letra y condiciones minúsculas, pero vínculos económicos mayúsculos que se acaban reconvirtiendo en pesadilla para el patrimonio y la supervivencia de personas y familias. En definitiva, urge prevenir el fraude en las hipotecas, préstamos y créditos que son concedidos fuera de los circuitos supervisados y acentuar los mecanismos de protección a los consumidores.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, el Partido Popular nos trae por enésima vez una proposición no de ley hueca, sin un contenido concreto, sin que nos propongan nada realmente, y esto es algo que ya va siendo preocupante porque parece que no tengamos mejores cosas en las que ocupar nuestro tiempo. Parece, además, que esté desnaturalizando nuestra función y que, en vez de ser auténticos representantes del Poder Legislativo, seamos una especie de procuradores franquistas que venimos aquí obedientemente a decir alguna cosa para que la superioridad, en su momento, si lo tiene a bien el Ejecutivo, actúe, y esto realmente no es así, máxime en un tema el que sí hay mucho que decir, sobre la regulación del TAE, sobre las comisiones abusivas que se cobran cuando hay refundiciones de préstamos, sobre la necesidad de ser más claros en la represión de estas prácticas mediante el recurso a los tipos de la estafa. Y ahí tenemos que el tipo simple está castigando con penas de seis meses a tres años. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que no tenemos realmente nada sobre lo que pronunciarnos.

Finalmente, vamos a apoyar esta proposición no de ley en Compromís únicamente si se aceptan las enmiendas que se han presentado por el Grupo de Unidos Podemos y por el Grupo Socialista, porque de esta manera sí que podremos tener algún contenido y disponer de algunas medidas que, aunque tímidas, sí avanzan en la línea de la regulación necesaria. Si no se aceptan estas enmiendas, no podremos votarla favorablemente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, debo recordar que continúan en prisión diez presos políticos, ocho de los cuales son exmiembros del Govern de la Generalitat, injustamente encarcelados en su condición de presos políticos preventivos.

Dicho esto, como tenemos poco tiempo, simplemente diré que no nos vamos a oponer a la iniciativa porque los ejemplos que la señora López ha puesto aquí son patentes. Hay usuarios que están recibiendo servicios financieros de entidades no tanto no reguladas como no supervisadas. La pregunta es si estos ejemplos que ha puesto de las páginas web, que nos ha enseñado a todos y que son escandalosos, no los conocen en el Ministerio de Economía. Ustedes presentaron esto en marzo, estamos en noviembre, no puedo entender que conociendo la realidad y que hay gente de buena fe que puede caer en esta prestación de servicios impropios, hayan pasado ocho meses y el Ministerio de Economía no nos haya enviado un proyecto de ley, porque tampoco es tan difícil solventarlo. Por tanto, no nos vamos a oponer. Si el ministerio no lo hace por sí mismo, lo tendrá que hacer a instancias de esta Cámara y entonces presentaremos enmiendas si no lo compartimos. Repito, es difícil de entender que el ministerio no actúe motu proprio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Tal y como se alude en la exposición de motivos de la PNL presentada por el Grupo Popular, es verdad que el sector de los préstamos privados concedidos por entidades no financieras ha experimentado un


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importante crecimiento, tanto por la situación de crisis económica como también por el cierre de las entidades financieras al acceso al crédito, pero también por su fuerte presencia publicitaria en los medios de comunicación. Además, han puesto de relieve la vulnerabilidad financiera de las personas que han contratado este tipo de productos y servicios, ya que se han dado ventas abusivas e inadecuadas de los mismos. Así, nos encontramos con los créditos al consumo, créditos rápidos, tarjetas de créditos, préstamos instantáneos o PID que se conceden de forma instantánea y prácticamente sin papeleos ni requisitos. Hay que tener en cuenta que los consumidores de este tipo de productos son aquellos que tienen una necesidad urgente de dinero e incluso de cantidades pequeñas y las consecuencias que se derivan de la adquisición de estos productos son normalmente más graves que en cualquier otro tipo de servicio, ya que conllevan -como han dicho todos ustedes aquí- altos tipos de interés cuyos efectos no siempre se entienden por los consumidores, están sujetos a elevadas cuotas y cargos, imponen elevados costes cuando el consumidor no cumple con las obligaciones derivadas de su contratación, entre otros.

Ya entre los años 2000 y 2008, durante la crisis financiera, el Parlamento Europeo recomendaba el fortalecimiento de la protección al consumidor en este sentido y al respecto venía a decir que los consumidores han de recibir por parte del vendedor información exacta y clara del producto financiero, que se debía controlar el coste o costes impuestos al consumidor, mecanismos de resolución de conflictos, etcétera. Como además las empresas que comercializan estos minicréditos, que no son bancos ni establecimientos financieros de crédito, no están supervisadas por el Banco de España -es verdad que algunas se controlan por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, pero en la práctica no tienen la capacidad para ejercer un control legal- y algunas están inscritas en el Registro Mercantil y otras no, pueden dificultar que la persona afectada tenga la capacidad de ejercer correctamente sus derechos, y es que esta falta de regulación puede conllevar que este tipo de empresas carezca incluso de la solvencia suficiente para realizar este tipo de operaciones. Como también apunta la PNL, la mayoría de los intereses que conllevan este tipo de productos superan con creces la usura y, a pesar de que esta se regula en diferentes normativas, en caso de conflicto hay que acudir a la jurisprudencia y analizar caso por caso, ya que además la única ley que se refiere a la usura es la Ley Azcárate pero no establece el tipo de interés por encima del cual el interés aplicado a un contrato de préstamo se puede considerar abusivo. Por lo tanto, es necesario aportar una solución colectiva, una solución para regular este tipo de productos y servicios, una solución para la regulación de este tipo de empresas, así como la actualización de esta Ley Azcárate. Además, las asociaciones de consumidores han señalado en numerosas ocasiones que la legislación sobre los prestamistas es ambigua y que este hecho ha facilitado el aumento de los abusos ante las necesidades económicas de los ciudadanos y ciudadanas y también por la falta de transparencia con la que trabajan.

Por todo ello y teniendo cuenta que la crisis ya puso de relieve los problemas derivados de la contratación de este tipo de minicréditos y que, a lo mejor, este tipo de medidas tenían que haberse adoptado anteriormente a través de un proyecto de ley, creemos necesario que se aborde este problema, se dé una regulación -como he dicho al principio de mi intervención- para ofrecer mayor protección al consumidor en este tipo de productos y servicios. Por estos motivos, nuestro grupo votará favorablemente a esta PNL.

Gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Señora López Ares, nosotros tenemos la buena noticia de que también estamos a favor del bien y en contra del mal y que evidentemente creemos que hay que proteger más y mejor a los consumidores financieros. (Aplausos).

A lo largo de la crisis se ha demostrado que ha habido problemas graves en la industria financiera, tanto en la parte regulada como en la parte no regulada. Ustedes se centran en el problema de los servicios financieros de aquellos que piden créditos y reciben préstamos usuarios, pero también hay ahorradores que han sido estafados en la crisis, como es el caso, por ejemplo, de las preferentes, que se comercializaron como si fueran depósitos cuando en realidad era un producto financiero de alto riesgo. Todo esto hace necesario dos reformas fundamentales. En primer término, tener una mejor supervisión y, en segundo lugar, tener una justicia ágil y que funcione porque es lo que puede dar respuesta a las necesidades de los consumidores y usuarios. En este sentido, cuando vemos la exposición de motivos de


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esta proposición no de ley -que nos parece correcta-, hay dos temas que llaman la atención. En primer lugar, que ustedes inciden sobre la libertad de empresa a la hora de poder conceder préstamos. Nos parece bien, pero hay que tener en cuenta un principio fundamental al respecto, que es que sobre una misma actividad tiene que haber una misma regulación y una misma supervisión, porque si no se produce competencia desleal. El caso paradigmático son las empresas que ustedes ponen aquí muy púdicamente que son empresas offshore. Estas empresas, según la jerga náutica, son empresas que funcionan fuera de borda, es decir, las empresas radicadas en paraísos fiscales. Yo no sé ustedes, pero nuestro grupo parlamentario está convencido de que tiene que haber libertad de empresa, pero que todas las empresas deben tributar lo mismo y que hay que perseguir el fraude fiscal y la corrupción que se produce a través de los paraísos fiscales, a través de las empresas offshore.

Nos parece bien que el grupo del Gobierno nos traiga una proposición no de ley para regular esta cuestión, pero lo fundamental es que se actúe. En este sentido, en el acuerdo de investidura que tenemos con ustedes, en el punto 15 se establece que se deberá crear una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero que a partir de la CNMV unifique y refuerce los servicios de reclamación y de protección de los tres supervisores financieros. Nos parece que esto debería tener lugar. ¿Por qué? No solamente porque ustedes y nosotros lo hayamos acordado -también lo acordamos en su momento con el Partido Socialista-, sino porque si se unifican los tres servicios de reclamaciones financieras no habrá entidades que se queden fuera y que nadie quiera supervisar.

Nosotros votaremos favorablemente esta proposición no de ley porque, como hemos dicho, nos parece bien, pero le animamos a ver si conseguimos que el Ministerio de Economía también se lo tome en serio y efectivamente cumpla el punto 15 del acuerdo y también el punto 16, que establece que hay que reforzar los derechos de los consumidores y usuarios y reformar la Ley hipotecaria. En este sentido, como vendrá pronto a esta Cámara la ley de crédito inmobiliaria aprobada por el Consejo de Ministros, yo animaría a que todos los grupos sean constructivos y a que incluyan esta protección del consumidor financiero también en enmiendas al proyecto de ley de crédito inmobiliario.

En resumen, a lo largo de la crisis hemos visto que ha fallado gravemente la supervisión de la industria financiera, responsabilidad en un primer momento de los Gobiernos del Partido Socialista y después de los Gobiernos del Partido Popular. Agradecemos que se tomen cartas en este asunto y le recomendaríamos al Grupo Socialista que consiga que el Gobierno tome medidas y se ponga por fin manos a la obra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señor López Ares si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora LÓPEZ ARES: Presidenta, se mantendrá en los términos en que se ha presentado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA CALIDAD Y LAS DISMINUCIONES DE LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES REGULADAS POR LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000484).

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la calidad y a las disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, la señora Marcello Santos.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Lo que hoy mi Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se propone es una cuestión de vital importancia para nosotras: creemos que es necesario reducir los tiempos de espera de la lista de atención de la Ley de Dependencia. ¿Qué es lo que nosotras planteamos y qué es lo que significa? Que desde que una persona acude a los servicios sociales a pedir el reconocimiento de la Ley de dependencia en un plazo de no más de seis meses esa persona tendría que estar recibiendo los


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recursos y los servicios de la Ley de dependencia, porque la persona que va a servicios sociales a solicitar la aplicación de la ley dependencia no quiere un simple papel donde se le reconozca que tiene derecho a ello, quiere que los servicios y los recursos se pongan a su disposición lo antes posible. Por eso nosotros acotamos el tiempo a seis meses, porque si no nos encontraremos como ya se encuentran más de 420 000 personas, en lo que llamamos el limbo de la dependencia, ya que a pesar de que tengan reconocida por ley su situación, los recursos y los servicios no llegan a las familias.

¿Por qué decimos que es urgente reducirlo a seis meses? Por una simple lógica, primero, de aplicación de la ley y, segundo, por eficacia y eficiencia. No es lógico que ascienda a más de seis meses porque entonces, una vez que se aplica esa Ley de dependencia, la situación de dependencia de la persona habrá cambiado y por desgracia siempre evoluciona a peor, por eso creemos que es necesario reducir los tiempos. ¿Y cómo es posible hacer que se reduzcan los tiempos de espera? Muy fácil, señorías del Partido Popular: aumentando la financiación. Ustedes han cacareado y cacareado mil veces los aumentos que habían hecho en los últimos Presupuestos Generales del Estado, un dinero que decían que destinaban para la ayuda a la dependencia cuando simplemente eso que financiaban vía presupuestos generales ni siquiera llegaba a atender a las 15 000 personas que están en la lista de dependencia, cuando hablamos de que el total de las personas que están esperando son más de 426 000. Perdónenme que les diga, señorías del Partido Popular, que tienen muy poca vergüenza al decir que apoyan y dan servicio a la gente que está en situación de dependencia. (Aplausos). Son verdaderas migajas lo que están ustedes haciendo, asistencialismo y beneficencia, igual que hacen con los servicios sociales.

¿Por qué decimos que es urgente reducir los tiempos de espera, señorías del Partido Popular? Porque detrás de estas cifras hay sufrimiento, dolor, desesperación de las cuidadoras no profesionales y fallecidos: noventa fallecidos y fallecidas al día esperando la aplicación de la Ley de dependencia. Es una auténtica vergüenza. Agachen la cabeza. (Aplausos.-Rumores).

Y para que ustedes no digan que estos son casos aislados o que no conocen esos casos, yo aquí mismo les traigo un caso: el expediente de un señor usuario -en teoría- de los servicios sociales, un compañero nuestro, Gerardo Pérez, de Quintanilla del Valle, un pueblecito de León, 85 años. Grado de discapacidad reconocido, 78%, movilidad reducida reconocida, tanto que necesita una tercera persona para todas las actividades de la vida diaria. En diciembre de 2016 se le concede la aplicación de la Ley de dependencia, en octubre de este mismo año falleció esperando una vez más los recursos que nunca llegaron. ¿Pero saben quién sí llegó todas las mañanas para ducharle, asearle, darle el desayuno, atenderle y cuidarle? Su hija Dolo; y digo su hija como podría decir su nuera, su hermana, su tía o su cuñada, y todas con nombre de mujer, porque el 85% de las cuidadoras no profesionales siempre somos las mujeres. (Aplausos). Situación que se agrava aún más cuando estamos hablando del mundo rural; no se hacen una idea de lo que es atender en un pueblo a una persona en situación de dependencia.

Para concluir, señorías, para que vean que lo que nosotras planteamos aquí es viable, les vamos a hacer un simple apunte contable: con los más de mil millones que ustedes han robado podríamos atender a todas las personas en situación de dependencia actual y futura, así que haciendo uso de sus mismas palabras, de las del Partido Popular: apliquen la Ley de dependencia porque, como ustedes dicen, un Gobierno que está fuera de la ley no tiene legitimidad democrática. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Terrón Berbel.

La señora TERRÓN BERBEL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hubo un tiempo en el que sus señorías del Partido Popular gobernaban a base de viernes negro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del temor con el que vivían los españoles a que llegase un nuevo viernes de recortes? Pues mientras ellos recortaban nuestros derechos, desviaban los fondos públicos a sus bolsillos corruptos. Mientras 420 000 personas se encuentran en lista de espera esperando un derecho que tienen reconocido, el señor M. Rajoy carga las atenciones y los cuidados de su padre a las cuentas de Moncloa. Porque es muy fácil recortar cuando a ti no te afecta, ¿verdad? (Aplausos).

En uno de esos viernes negros, concretamente en julio de 2012, aprobaron el Real Decreto 20/2012 que fue la demolición de la Ley de dependencia. Afortunadamente, España ha cambiado y ustedes ya no gobiernan con mayoría absoluta, pero las secuelas de sus políticas siguen vigentes y se las voy a recordar. Gracias a ustedes esas 420 000 personas están en lista de espera y tienen un derecho reconocido y gracias a ustedes en estos últimos dos años más de 200 000 personas han muerto esperando una ayuda que tenían reconocida. Señorías, ¡han muerto! Porque ¿saben cuánto tiempo se tarda desde que una persona solicita esa ayuda a la dependencia hasta que le llega? Hay comunidades en las que se tarda un


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año y medio. ¿Se imaginan lo que es un año y medio en una familia con una persona enferma de Alzheimer? ¿Se lo imaginan? Pues para eso estamos hoy aquí, para revertir esa situación y para asegurar que en un plazo máximo de seis meses la persona desde que la solicita pueda recibirla. Eso por ley. Que se garantice y que se cumpla la ley. Y me dirán: ¡cómo! Financiándolo vía Presupuestos Generales del Estado y revirtiendo los más de 3500 millones de recortes infames que el Partido Popular propició al sistema de dependencia. (Aplausos). Así, señorías, podremos garantizar una atención real, podremos garantizar la autonomía de las personas dependientes y no solo de ellas, sino también de sus familias, y podremos construir un sistema y un modelo de cuidados en este país.

Ustedes pueden envolverse en banderas como lo hace el lobo que devora a la oveja y se oculta bajo su piel, pero mientras lo hacen hay una España que sabe que el mayor orgullo de un país es cuidar a su gente y hay una España, como decía el poeta José Ángel Valente, que con sus manos construye casa, pan y mañana, y esa, señorías, esa es nuestra patria. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto que en este turno también fijará posición, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a intentar introducir algo de sensatez en este debate que es mucho más relevante que no escuchar aquí algunos mítines que creo que están fuera de lugar. Lo digo con toda la humildad y lo digo con toda la cortesía parlamentaria. Nosotros somos enmendantes de su proposición y le agradecemos que vayan a aceptar esa enmienda sobre la segunda parte de esta proposición no de ley que tiene que ver con volver a dar vida y sentido al nivel acordado en 2006 a raíz de la Ley 39/2006, de Dependencia. Porque esa ley, la cual Unión del Pueblo Navarro votó favorablemente, tenía como filosofía que un tercio lo pagara el usuario, otro tercio lo pagara cada comunidad autónoma y otro tercio lo abonara el Estado. La realidad es que hoy en Navarra, al menos el 70% lo aportan los navarros, el 20% el usuario y el 9% el Estado. Por tanto, nuestra línea es la de volver al nivel anterior acordado, tal como se hizo en la Junta de Cooperación entre Navarra y el Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en catalán).

Empiezo. El problema no lo vamos a resolver en esta votación, porque es muy fácil cantar que somos el cambio y que sí se puede, pero si no están dispuestos a arriesgar y a hacer frente a un sistema antiguo e ineficaz, aquí no va a cambiar absolutamente nada. Arriesgaros y desbanquemos al Partido Popular. Eso sí sería sensatez, señor Alli. Ustedes llegaron aquí para cambiarlo todo, para empezar a construir un país libre de gürtels, un país sano, del siglo XXI, y nosotros compartimos este objetivo, pero hoy están pidiendo que los que realmente estamos haciendo eso, demos explicaciones, que los que realmente estamos arriesgando, demos explicaciones. Algunos están en prisión, otros en Bruselas y la gente en la calle y ustedes no están haciendo nada. Salgan de esa zona de confort en la que parece que se han instalado, levántense y vean que lo que ahora les resulta cómodo es lo que debemos cambiar. No es necesario que lo cambiemos, es imprescindible, porque la incapacidad de reformar y de modernizar en esta Cámara la está pagando la gente. El problema que tenemos en el ámbito de la dependencia tampoco lo resolveremos si no somos conscientes de que España no tiene un modelo global integrado de atención a la cronicidad. No lo va a tener jamás con el Partido Popular y no lo va a tener jamás si aquí nadie arriesga. Los países avanzados apuestan por las políticas del siglo XXI. Ven a la persona como un todo, como algo integrado, y han adaptado su sistema a ellas y no al revés, como aquí, que son las personas las que tienen que adaptarse a un sistema caduco. Las PNL y las mociones que presentamos y la poca determinación que hay aquí no van a propiciar el cambio y además refuerzan este sistema antiguo español.

Termino. Nosotros aquí somos ocho. Poco podemos hacer si ustedes no se activan. Afortunadamente, en Cataluña hace tiempo que avanzamos siguiendo la pauta que marca el mundo moderno. De hecho, somos pioneros en esta cuestión y lo seguiremos siendo, a pesar de que nos pisen constantemente las competencias y a pesar del Partido Popular. Y señoras y señores de Podemos, en Cataluña


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tenemos proyecto, pero sobre todo valentía. Las propuestas técnicas están en la enmienda que hemos presentado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet. (Pausa). Señoría, antes de darle la palabra, voy a recordar a sus señorías que tienen la obligación de conocer el Reglamento y los tiempos. Se lo recuerdo, señoría, con toda cordialidad, con la misma con la que me gustaría que ustedes se dirigiesen a la Presidencia. Muchísimas gracias y tiene la palabra.

La señora SORLÍ FRESQUET: Yo me he dirigido a la Presidencia con toda cordialidad también. Normalmente nos dan dos minutos y hoy me han dado uno, así que simplemente intentaré acotar el tiempo, pero se lo he dicho con todo respeto. (Rumores).

En fin, venía aquí a hablar de dependencia, así que hablemos de dependencia. En el País Valencià, el Gobierno central está aportando el 13% de financiación a la dependencia, cuando tendría que aportar el 50%. Parece que para ellos no son una prioridad las personas dependientes pero, como hablamos de dependencia, hablemos de todo. Durante el Gobierno del Partido Popular, en el País Valencià 30 000 personas murieron esperando recibir las prestaciones de dependencia, cuyas solicitudes nos encontramos en muchas ocasiones en cajones sin que ni siquiera se hubieran tramitado; solicitudes ahí escondiditas. Se aplicaron copagos que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegales.

Hablemos de dependencia y hablemos de legalidad, porque cuando hablamos de dependencia también hablamos de cumplir la legalidad. Al Partido Popular solo le interesa hablar de cumplir la legalidad cuando quiere, pero esto también es cumplir la legalidad. Hablemos de dependencia, hablemos de legalidad y hablemos de cumplir la Constitución, porque también les gusta mucho llenarse la boca con la Constitución. Hablemos de cumplir el artículo 156 que establece la autonomía financiera para las comunidades autónomas; autonomía financiera también para aplicar políticas para las personas dependientes. Por tanto, hablemos de dependencia, hablemos de financiación económica y hablemos de que para infrafinanciar al País Valencià incumplen reiteradamente su sacrosanta Constitución que para otras cosas utilizan como si fuera la fuerza máxima. Esto también es hablar de dependencia, también es hablar de legalidad y también es hablar de la Constitución.

Esta mala gestión últimamente la tienen demasiado tapada con banderas españolas y, si quieren que nos sintamos parte de esta su gran nación, también estaría bien que nos trataran como iguales y no como a ciudadanía de segunda y que aplicaran el artículo 156 que establece un trato justo para todas las comunidades autónomas. Un trato justo que este mismo sábado pediremos en las calles de Valencia; un trato justo también para las personas con dependencia y que también es hablar de dependencia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señora presidenta, muchas gracias. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Permítanme que me salga un poco del orden, porque me gustaría dirigirme a la señora Nogueras, a la que me ha parecido entenderle en catalán que en España hay presos políticos. Le voy a dar una exclusiva: Ciudadanos también apoya a los presos políticos, pero a los de verdad, a los que reconoce Amnistía Internacional. (Aplausos).

Retomando un asunto tan importante como es la dependencia y la reducción de las listas de espera, la proposición que nos trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea la consideramos pertinente, pero la enmendamos como explicaré más adelante. No hace mucho fue el X Aniversario de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aunque en su momento supuso un avance en materia social y así lo vivimos, coincidiremos todos en que el modelo tiene muchas deficiencias, siendo una ley decepcionante para las personas con necesidades de apoyo para su autonomía personal y para las personas mayores. Profundizando en el diagnóstico que la señora Marcello Santos ha hecho, me gustaría incidir en que los datos son aún peores. Los tenemos más actualizados y me gustaría dar una serie de ellos por considerarlos vergonzosos y relevantes.


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En España, a fecha de 30 de septiembre había 1 239 043 personas en situación de dependencia reconocida, 311 522 con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en esa desesperante lista de espera y 445 630 que están sin ayuda alguna y se encuentran en el llamado limbo de la atención. A esa fecha de la que son los datos que tenemos de los indicadores, había un total de un 1 684 673 solicitudes, de las cuales 124 332 estaban aún pendientes de ser valoradas. Esto significa que el 3,62% de la población necesita apoyo de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Estos datos son del 30 de septiembre, y si hacen ustedes la diferencia entre las personas que están pendientes de valorar, solo el incremento desde el 30 de agosto al 30 de septiembre ha sido del 2,23%, lo que significa que el servicio de atención a la dependencia sigue siendo ampliamente mejorable.

En referencia al número de personas fallecidas, en los últimos cinco años se estima en 150 000 el número de personas dependientes con un derecho reconocido que han muerto sin recibir ayuda alguna, 18 000 tan solo en el último semestre. Por supuesto que estas personas no han fallecido por esta causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Si ustedes hacen la cuenta, son más de cien personas dependientes las que han fallecido diariamente sin recibir ninguna ayuda o prestación, que les correspondía.

Los dependientes son los españoles que más copago soportan. Sus familias están haciendo un trabajo que deberían hacer las administraciones. A todos estos problemas se añade una creciente y gravísima desigualdad entre comunidades autónomas, tanto en cobertura como en modelo de gestión. Las desigualdades existen en nuestro país, señorías, a pesar de que la semana pasada los llamados partidos de izquierda y progresistas se ve que no estaban de acuerdo con una proposición nuestra en la que se defendía eliminar y armonizar las desigualdades del Servicio Nacional de Salud, puesto que la negaron.

Todos fuimos dependientes, señorías, todos seremos dependientes y todos tenemos ejemplos muy cercanos. Si no reinventamos el modelo, le fallamos, le seguiremos fallando a todo el colectivo afectado por las situaciones de dependencia, a sus familias y, por ende, a todos nosotros. Si somos capaces de llegar a un pacto de Estado por nuestras pensiones, para la educación o sobre el maltrato, ¿por qué no deberíamos ser capaces de alcanzar un pacto que garantice las necesidades de este colectivo y de sus familias? Las familias con personas en situación de dependencia necesitan toda la ayuda que puedan obtener, servicio y cuidado. Para Ciudadanos es una prioridad, y así lo hemos demostrado. Lo tuvimos presente en el acuerdo de investidura, en los puntos 44, 57, 58, 59 y 60, entendimos el diagnóstico y sabíamos que había que aumentar su financiación de manera sostenible y sin desigualdades. Por eso también, cuando negociamos los Presupuestos Generales del Estado pasados, aquellos que desde el año 2012 sumaban un recorte acumulado del Gobierno del señor Rajoy de 2865 millones, aportamos un incremento de un 10%. Está claro que debemos mejorar la coordinación entre la Administración central y la autonómica, por lo que proponemos promover un pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia, consensuado con las comunidades autónomas, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible, mejorando su financiación para que esos recursos sean suficientes, equitativos y de calidad. No me quiero extender más en el diagnóstico. El tema técnico de la enmienda espero que sea considerado por el grupo proponente. Son cuestiones que no son simple semántica.

Para acabar, me gustaría, desde la oportunidad que se me brinda desde esta tribuna, mandar un mensaje de esperanza a esos más de 400 000 españoles que están en ese limbo de la situación de la dependencia sin prestaciones. Mi grupo parlamentario va a trabajar en ello y no les vamos a dejar solos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señorías.

Del examen de esta PNL me surgieron diferentes sensaciones. Por una parte, me pareció un tanto confusa y anómala. Empieza por proponer una PNL para una modificación de la Ley 39/2006 como si se tratara de una iniciativa legislativa. Además, tampoco aclara si se tenía que hacer a través de un proyecto de ley o de un real decreto-ley por el Gobierno. Pero quitadas estas primeras impresiones, lo cierto es que, no obstante, teníamos una impresión positiva también de la proposición, ya que al margen de los defectos que ahora pretenderé advertir, coincidimos con su propósito de fondo, que entendemos que consiste, por una parte, en garantizar a los destinatarios del sistema un plazo efectivo de respuesta a los procedimientos que se puedan instar como consecuencia de la oferta que existe de la Ley de garantía y, por otra parte,


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exigir al Gobierno el restablecimiento de aquellos convenios que fueron dejados sin efecto para la financiación y que estaban vigentes hasta el Real Decreto-ley 20/2012, de Medidas de Estabilidad Presupuestaría.

Dicha Ley 39/2006 dice que las actuaciones de atención a las personas en situación de dependencia y para promover su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, para lo que su artículo 14 precisa que dichas prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas. Pues bien, de un primer examen da la impresión de que, en principio, parece mezclar sin distinguirlas las prestaciones económicas de otras asistenciales contenidas en la cartera de servicios. Entiendo que son dos, en lo fundamental, las cuestiones que propone modificar. La primera es reconocer el derecho a las prestaciones desde la fecha de presentación de la solicitud o, en caso de silencio, a partir de los seis meses, frente a lo previsto en el texto vigente que remite a la fecha de su reconocimiento. Por ello, conviene advertir que la proposición no distingue dicho efecto, con independencia de la naturaleza de la prestación y, a nuestro juicio, confunde el devengo del derecho con su reconocimiento. Conviene recordar también que tanto las prestaciones económicas asistenciales como su amplitud solo cabe precisarlas desde la efectiva valoración por los servicios sociales competentes, por lo que ninguna regulación puede anticipar el reconocimiento del derecho a la valoración de sus necesidades y de su intensidad. La modificación también impone, mediante una redacción confusa, el inicio efectivo de la recepción por el interesado en la prestación del servicio en el plazo máximo de seis meses, lo cual parece incurrir en cierta contradicción con aquella del derecho que se tiene desde el momento de la presentación de la solicitud.

Por otro lado, decía que se insta al Gobierno a que restablezcan los recursos económicos necesarios para cumplir con la aportación requerida por la Ley de dependencia, sin especificar si se dedican a uno u otro destino, pero en dicho propósito también podemos coincidir, sobre todo porque en ese aspecto Euskadi ya ha cumplido con sus obligaciones; es decir, con independencia de las que pudiera haber destinado el Estado, con independencia, incluso, de las que incumplió con los convenios que anteriormente tenía e incluso con independencia de que ni siquiera se hayan consignado después de la Ley de estabilidad presupuestaria, las cantidades que en Euskadi se han destinado a eso han sido las correspondientes a aquel volumen que entendíamos que era necesario para dotar esas situaciones de dependencia. Quiero decir con esto que, en este caso, no es una cuestión de igualación, no es una cuestión de pacto social, señor Diego Clemente, sino que es una cuestión de responsabilidad por parte de todas las administraciones en priorizar aquello que creemos importante. En ese caso, en Euskadi las diputaciones forales que son competentes en la materia lo han penalizado hasta el extremo de dotar financieramente aquellas cuantías que ni siquiera han sido asistidas por parte del Estado.

Como ejemplo, en el caso tanto de Álava, como de Vizcaya o de Guipúzcoa también se recoge en su normativa interna la existencia de una garantía con un plazo máximo de sesenta días, dos meses, para la resolución de estas peticiones. Por lo tanto, le voy a decir que, en principio, no nos afecta, aunque entendemos que debemos participar también en su concurso. En Guipúzcoa, incluso, existe un elemento diferencial, y es que además de las ayudas concedidas hay otras para evitar que aquellos dependientes que puedan no querer entrar en el sistema asistencial, en el sistema residencial, puedan hacerlo a través de recursos dotados por la propia diputación foral para estar en el propio domicilio. Esto es una novedad también, no solo interesante sino complementaria, en la que como sociedad nos hemos comprometido no solo a crearla, sino a dotarla.

Por lo tanto, las pretensiones, con independencia de los pequeños fallos que pueda contener, que dibuja la proposición no de ley, y al margen de que entendemos que no sería tampoco descabellado pensar en que pudiera alcanzar la categoría de proposición legislativa en un momento determinado, cuentan con nuestro apoyo. Aunque entendemos que a pesar de que su alcance respecto a nosotros solo puede contar en el ámbito financiero, desde luego, que la apoyaremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.

Esta proposición no de ley hace referencia en su título a dos aspectos muy importantes de la Ley de dependencia: por un lado, la calidad y, por otro lado, la disminución en los tiempos de espera para recibir las prestaciones. Es cierto que el contenido de este título no es muy coherente con el contenido


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que se pone luego en la proposición no de ley porque aquí se insta al Gobierno fundamentalmente para que el derecho se genere desde la fecha de presentación de la solicitud con un plazo máximo de seis meses, y también se insta al Gobierno a restablecer los recursos económicos. Nos ha extrañado que, aunque el título hace referencia a la calidad de las prestaciones, no se hable de ello en la parte dispositiva de esta PNL. También hemos apreciado un error en la exposición de motivos, puesto que menciona la necesidad de acortar los tiempos máximos de resolución, de grado y de nivel, cuando, como saben ustedes, hace ya más de cinco años el pernicioso Real Decreto 20/2012 eliminó la diferenciación que había de los grados en dos niveles. A pesar de estas cuestiones, que obviamos, en todo caso lo que sí quiero dejar claro es que mi grupo, el Grupo Socialista, va a estar a favor de mejorar el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y mucho más si se trata de revertir esta reforma regresiva del Partido Popular, así como los recortes que ha infligido este Gobierno en los últimos años. Nosotros, el Grupo Socialista, no vamos a hacer como hicieron ustedes cuando presentamos una proposición no de ley para recuperar la cotización de la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, porque con su abstención propiciaron que no saliera adelante esta iniciativa. Insisto en que vamos a estar siempre a favor de mejorar el sistema de autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.

En lo que se refiere a la disminución de los tiempos de espera para recibir las prestaciones, estamos totalmente de acuerdo también en que es una necesidad que hay que solucionar cuanto antes. Han pasado más de dos años desde que el calendario de aplicación progresiva del sistema se implantara plenamente y, sin embargo, existe una lista de espera que es absolutamente intolerable. No podemos permitir que prácticamente a diario mueran en torno a cien personas que tienen reconocido el derecho, pero no lo han recibido. Es urgente dar una respuesta a este problema y nos parece que puede ser adecuada la fórmula que propone el apartado uno de esta iniciativa. Por otra parte, nos parece que para poder eliminar la lista de espera es absolutamente imprescindible aumentar los recursos económicos del sistema. Los recortes en los presupuestos de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con la eliminación del nivel concertado y la disminución del nivel mínimo, si los comparamos con lo que teníamos presupuestado en el año 2011, superan los 2000 millones de euros, y eso teniendo en cuenta que en el año 2011 no estaba totalmente implantada la ley, con lo cual no teníamos la obligación de atender a todas las personas que estuviesen en situación de dependencia; y tenemos 2000 millones de euros menos sin tener en cuenta tampoco las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras en el ámbito familiar.

Estas son las cifras, aunque el Gobierno del Partido Popular intente ocultarlas, recurriendo a mezclar la financiación finalista, que es la que de verdad va al sistema, con la financiación autonómica, en la que la dependencia es solo un criterio de reparto. Es un imposible juego malabar porque, por un lado, el Gobierno del Partido Popular aquí nos niega los recortes, mientras presume de ello en Europa al trasladar un recorte acumulado en dependencia de más de 2865 millones de euros, tal y como se reconoce en el Plan de estabilidad y en los planes de reforma remitidos a Bruselas. Por otro lado, celebramos la redacción del apartado dos de esta iniciativa, que habla de restablecer los recursos económicos, pues ese término, restablecer, implica que hubo un tiempo en el que la Administración General del Estado tenía entre sus prioridades las políticas sociales y que el sistema de dependencia contaba con una dotación vía Presupuestos Generales del Estado al menos aceptable: los años de Gobierno del Partido Socialista. Algo bueno tendrá esta ley que fue tan trabajada y tan consensuada con todos los agentes implicados cuando la máxima aspiración que tenemos hoy en día todos los grupos políticos, salvo el Partido Popular, y las organizaciones es volver a su texto original, tan lejano, del que nos han dejado las medidas de recortes impuestas de forma unilateral por el Gobierno del Partido Popular.

Por último, quiero indicar que le satisface al Grupo Socialista que en esta transaccional que nos ha pasado el Grupo Podemos se recoja el derecho a la cotización de las cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar con cargo a la Administración General del Estado que, insisto, fue una iniciativa, pero, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ramón.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Marcos Moyano.

La señora MARCOS MOYANO: Buenas tardes.

Señoría del grupo proponente, usted ha hecho aquí unas afirmaciones muy graves referidas al presidente del Gobierno. Únicamente les pido que no mientan; no mientan. (Aplausos). No sé si usted


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llevará la cuenta del número de proposiciones no de ley relativas al propio tema de servicios sociales e igualdad que su grupo ha traído en lo que llevamos de legislatura, pero yo se lo voy a decir, ha traído dos, solo dos. Por si este dato no les encaja, les voy a dar otro más; de las 181 PNL que han registrado para Pleno, tan solo once son sobre asuntos sociales, algo muy elocuente para un grupo que se quiere adueñar de lo social y muy curioso para un partido que piensa que hasta que no irrumpió en la escena política de este país no se trabajaba por y para las personas. Esto revela cuáles son sus prioridades y permite que la sociedad española se dé cuenta de que ustedes están más pendientes de las cámaras que de esta Cámara (Aplausos), y más pendientes de otros asuntos que de lo social. Aun así, le agradecemos que hoy podamos debatir sobre la dependencia y celebro poder decir con argumentos lo siguiente: que ustedes no nos pueden dar lecciones.

Hoy en España más de novecientas mil personas reciben alguna prestación efectiva en materia de dependencia, y desde el año 2012 se han incorporado más de ochocientos mil nuevos beneficiarios, un dato que merece ser subrayado dada la situación de partida, porque en el año 2011 el estado en que se encontraba el sistema era más que alarmante, estaba colapsado, era complejo y desigual, y las diferencias que había entre las comunidades autónomas habían puesto en riesgo tanto el derecho de los ciudadanos a la promoción de su autonomía personal como a la universalidad del sistema en condiciones de igualdad, que no era por el territorio, dependía de quién la gestionaba. Tenemos ejemplos: en Andalucía la lista de espera supera los trescientos días, sin embargo, Castilla y León, con Gobierno del Partido Popular, se sitúa a la cabeza de España en atención a la dependencia, por novena vez consecutiva, según el observatorio estatal. (Aplausos). En Extremadura, cuando el Gobierno del Partido Popular llegó al Gobierno, las listas de espera eran muy parecidas a las de hoy en día en Andalucía y en dos años se consiguieron reducir al 50%. Y, por si fuera poco, les puedo decir que en esta época se fraguó un agujero de más de 1000 millones de euros en la Seguridad Social por impago a los cuidadores no profesionales. Todo esto en un contexto de crisis económica como nunca antes habíamos vivido. Con este panorama la Ley de dependencia estaba abocada al fracaso.

Afortunadamente, el Gobierno del Partido Popular supo tomar las riendas, por un lado, con medidas económicas, lo que garantizaba nuestro Estado del bienestar y, por otro, con actuaciones específicas para poder seguir dando desarrollo a esta ley de una manera eficaz y eficiente. En primer lugar, se ha mantenido íntegramente el catálogo de servicios y prestaciones del sistema, se ha ordenado la normativa, se ha simplificado el proceso de valoración y, sobre todo, se ha saldado esa deuda de más de 1000 millones de euros con la Seguridad Social de la que hablaba antes. Además, quisiera recomendar no perder de vista lo que se está haciendo en esta nueva legislatura, pues son muchos los avances que se están produciendo en el ámbito de la dependencia. Sin ir más lejos, la VI Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, acordó la creación de una comisión de análisis de la situación de dependencia. Este documento, señorías, fue aprobado por unanimidad el pasado 19 de octubre, cinco días antes de que ustedes presentaran esta PNL. Permítanme que destaque que fue cinco días antes, porque es necesario dejar claro que las cuestiones que ustedes traen a esta Cámara hoy están contempladas en el informe de esta comisión.

Mi grupo parlamentario se suma a la necesidad de continuar perseverando en colaboración con las comunidades autónomas en el diseño de políticas que permitan que la aplicación de la Ley de dependencia sea todo lo eficaz y sostenible posible y, en este sentido, reconoce la senda marcada. Hay mucho camino a nuestra espalda recorrido, tenemos la certeza de que vamos en la dirección correcta y sabemos que hay mucho por hacer. Se lo repito otra vez, no quieran colgarse la medalla de lo social porque, como les dije al principio de mi intervención y se dice en mi tierra, lecciones las justas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Marcos.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Marcello Santos si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora MARCELLO SANTOS: Estamos negociando y con lo que sea se lo haremos llegar a la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA VIABILIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL PLÁTANO DE CANARIAS EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000059).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día: moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas, sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que en primer lugar salude al viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias y a todos los representantes del sector platanero de Canarias que hoy nos acompañan. Quiero empezar mi intervención como el otro día, diciendo qué era el plátano para los canarios, ese paisaje desde el mirador del Time, desde el mirador de Humboldt, un paisaje de Canarias que si no resolvemos su viabilidad y su futuro va a cambiar. Va a cambiar la posibilidad de empleo en zonas, como decía el otro día, donde supone el 75% de los puestos de trabajo, el 50%, el 30%, en Tazacorte, en Tijarafe, en Barlovento, en Los Silos o en Buenavista en Tenerife, pero fundamentalmente en la isla de La Palma, así como es importante el tema medioambiental por lo que supone para la huella de carbono que los plátanos vengan a Europa desde Canarias y no desde Latinoamérica y también por lo que supone para el coste de la cesta de la compra de Canarias que esos 450 camiones -nueve millones de toneladas- que salen todas las semanas de Canarias, entre tres y cuatro barcos a la península, puedan venir con las mercancías que necesita nuestra tierra.

Hoy traigo una moción, que espero que cuente con el consenso político, que lo que quiere sobre todo es que se adopten esas medidas imprescindibles para dar viabilidad y futuro a un producto que, como digo, es de cercanía, es ecológico y, además, sustenta una forma de vida en nuestra tierra. Para ello nosotros consideramos que se dan las condiciones para que entren en funcionamiento las compensaciones al transporte del plátano. Canarias no quiere tener un plátano subvencionado. Canarias quiere tener un plátano que pueda competir en igualdad de condiciones con la banana y con el plátano de terceros países, con los que en este momento no se puede competir ni por la reglamentación fitosanitaria europea ni por los costes de producción y sobre todo también por esa posible entrada con objetivos determinados en la península ibérica del plátano africano y, en particular, de las grandes multinacionales americanas, cuyo objetivo es la península ibérica para destruir, para que desaparezca y hacerse con todo el mercado español y portugués.

Por eso presentamos cinco propuestas. La primera de ellas, como saben, es que se active la previsión que había en el decreto del transporte de mercancías del año 2011, donde se decía claramente que en el momento en que hubiera esa bajada de aranceles y de precios se activaría la introducción de la ficha financiera del plátano. Sepan que ya en el Régimen Económico y Fiscal, el documento que está aquí en las Cortes, se prevé el cien por cien de la compensación al transporte de mercancías, con lo cual el plátano tendrá su propia ficha financiera de transporte a partir de 2018 de una forma evolutiva y que, desde luego, no va a ir en menoscabo del resto de las mercancías agrícolas e industriales de Canarias. No hay ya justificación para penalizar al producto de exportación más importante de nuestra tierra. Si no se hace esa compensación del transporte marítimo y aéreo para la producción platanera, no va a haber viabilidad.

El segundo punto que planteamos en el ámbito de la Unión Europea es esa reactivación del grupo de amigos del plátano de los Gobiernos de España, Francia y Portugal, junto con los Gobiernos de las islas y con el propio sector productivo. Consideramos que es un tema muy importante y no solo del Ministerio de Agricultura, sino que se tienen que implicar también los ministerios de Asuntos Exteriores y el referido a comercio para que se reconozca la ayuda comunitaria que tiene que ser actualizada después de los acontecimientos que sucedieron en 2010. El otro día la ministra estaba muy tranquila. Nosotros ni todo el sector no estamos tranquilos. Las cosas en Europa hay que currárselas y hay que trabajárselas con tiempo, con unión y con información. En el ámbito nacional creemos que los importadores de terceros


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países, como decía anteriormente, están concentrando su actuación fundamentalmente en España y Portugal, con precios de derribo para hacerse con el mercado, con la desaparición del cultivo nacional, y por eso creemos que debe haber un marco formal y permanente del ministerio con los productores y con la comunidad autónoma para hacer el seguimiento y tomar las medidas que se consideren convenientes.

En el ámbito de gestión de la crisis, hay que decir que la rentabilidad negativa ha llevado a un tema de contención de pérdidas y de solidaridad de los productores. Ha habido millones de plátanos cuyo transporte hasta la península se ha financiado por el propio sector para los bancos de alimentos en la península, y ha sido muy importante el camino que se ha abierto con respecto a las exportaciones a Marruecos. La producción de Marruecos es estacional, tiene una serie de aranceles, y nosotros lo que estamos pidiendo en nuestra moción es que se llegue a un acuerdo a través de la negociación con Marruecos que haga que en las épocas que no son las propias de Marruecos se permitan contingentes y cupos para la producción canaria.

Termino. En el año 2009 mi compañero don José Luis Perestelo, palmero, como varios de los diputados que van a intervenir, hablaba del plátano. Hemos tenido la mala suerte de que cuando se estaba en la oposición aquí en el Congreso se decía una cosa y cuando se estaba en el Gobierno se decía otra. Creo que hoy lo bueno es que haya consenso político, que el Gobierno se sienta impulsado y respaldado por todas las fuerzas políticas, como sucedió en el Parlamento de Canarias y como sucedió aquí. El sector del plátano, que es vital para nuestra tierra en empleo, en temas medioambientales y paisajísticos debe poder luchar en igualdad de condiciones -fíjense lo que les digo- con las grandes multinacionales de la banana, porque forma parte de nuestros recuerdos. Los canarios cuando iban a América, a Venezuela, se llevaban una saca y en ella iban cebollas, unos paquetes de gofio y unas manillas de plátanos verdes. Los niños canarios íbamos al colegio en los años sesenta con nuestro bollo y nuestro plátano, hacíamos un agujerito y lo metíamos. El plátano también forma parte de nuestra historia familiar, de nuestra historia como pueblo canario. Quiero decirle a Podemos que me parecen interesantes sus enmiendas, pero, en aras del consenso político, vamos a mantener la moción en sus términos para que pueda salir por unanimidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Buenas tardes, presidente.

Señora Oramas, se lo voy a decir de entrada. Sus intervenciones sobre el futuro del plátano de Canarias están llenas de verdades a medias, están llenas de auténticas falsedades. Para empezar, demuestra usted su total desconocimiento y el de su partido sobre la situación real que atraviesa nuestro sector primario. Califica usted al cultivo del plátano como un importante generador de empleo. ¿Sabe usted cuántas personas se dedican profesionalmente a la agricultura en el archipiélago, según la última EPA? Son 21 880 personas; una cifra que no representa siquiera el 3% del total de nuestra población ocupada, y de esta cifra, poco más de un tercio están asociados al sector del plátano. Pero lo importante es qué nos dicen estas cifras, qué nos dicen estos números. Nos dicen, consejero y señora Oramas, que nuestro campo se muere y el sector platanero, pese al volumen de subvenciones que recibe especialmente de Europa, no es suficiente para invertir esa dinámica ni mucho menos para reducir el desempleo en Canarias, que alcanza la cifra de 293 000 almas.

¿Qué ha hecho su partido -que gobierna Canarias desde hace veinticinco años- para defender el sector primario? ¿Han hecho campañas de concienciación para elevar el consumo del producto del país? ¿Quizás han hecho una regulación de los precios? ¿Firmar convenios con las cadenas hoteleras para que incluyan en su servicio de restauración nuestras frutas y nuestras hortalizas? ¿Han rescatado ustedes los comedores escolares para garantizar que uno de cada tres niños canarios que se encuentra en situación de pobreza tenga una buena alimentación basada en nuestros productos? No, nada. Toda la inventiva que tiene su grupo pasa por la genial idea de ponerse a regalar plátanos en la puerta de un estadio de fútbol, del Santiago Bernabéu, solo decirlo me enerva. ¡Qué bochorno! (Aplausos). Si ustedes valoraran de verdad nuestra tierra, no habrían redactado una Ley del Suelo que está a la vanguardia de la liberalización y desprotección del territorio isleño. ¿Cómo puede usted afirmar que está en riesgo la viabilidad del sector del plátano si es un producto que condensa el 68% de las ayudas del Posei? Se trata de unos fondos que, en su mayoría, recalan -y usted lo sabe bien- en una pequeña porción de sus productores, concretamente


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en el 5%, es decir, el 5% de esas 8500 personas que se dedican al plátano son los que se quedan con 70 millones de euros de subvenciones. ¿No será que a usted lo que de verdad le preocupa son los bolsillos de esas cuatro familias que forman lo que llamamos en Canarias la platanocracia canaria?

Señora Oramas, hacernos creer que usted y su partido defienden a nuestro sector primario cuando lo están dejando morir, es el colmo de la impostura. ¿Dónde está su partido cuando los productores de papa del país y los vinicultores no cobran las ayudas del Posei? ¿Dónde está? (Aplausos). ¿Viene usted aquí a defender los intereses del lobby político del plátano y nos cuenta usted las condiciones de esclavitud en las que trabajan los productores de banana de África y Latinoamérica? ¿Y no le preocupan las rentas que perciben las trabajadoras del tomate de invernadero en Canarias? Esas no le preocupan. Hay que tener poca vergüenza para sacar pecho de las cifras de récord turístico que tenemos en Canarias sabiendo que ese récord turístico se apoya en las jornadas inhumanas y salarios de miseria que reciben nuestras camareras, nuestros encargados de bares, nuestras cocineras, nuestros profesionales de la restauración. (Aplausos). Quince millones de turistas al año no justifican la esclavitud laboral de nuestro pueblo.

Señora Oramas, a diferencia de su partido, a nosotros sí que nos preocupa de verdad de la buena el futuro del plátano. Por eso hemos presentado siete enmiendas que usted considera que no deben ser aceptadas. Esas enmiendas proponen desde que se asuma lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias sobre el régimen de compensación del transporte de mercancías, pero, eso sí, garantizando la adecuada justificación de las ayudas y que en ningún caso estas supongan una reducción de las partidas que recibe el resto de productos agrícolas. Proponemos medidas que de verdad favorezca la generación de empleo digno en el sector, especialmente para los pequeños y medianos productores y, sobre todo, proteger nuestra producción agrícola de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, frente a los posibles acuerdos que la Unión Europea pueda establecer con terceros países que compitan con nuestra economía. Hay que ser coherentes, señora Oramas, no puede subirse aquí por la mañana y decir que defiende la agricultura de nuestra tierra y por la tarde votar el CETA, que es lo que ha hecho su partido Coalición Canarias, apoyar el CETA. (Aplausos).

Termino, presidente. Nuestro archipiélago importa el 80% de lo que consumimos. Es un suicidio como pueblo que su partido ha permitido y ha alentado. Queremos que el plátano tenga recorrido dentro de una economía diversificada, sostenible y autosuficiente para Canarias, que es lo que nosotras defendemos. Nuestras enmiendas tenían esa intención y eran una verdadera propuesta de futuro para el sector primario, no así su texto. De todas maneras, como dice el dicho canario: Plátano maduro no se vuelve verde.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Pita.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente desde el escaño, si me permite. Creo que no es la primera vez que abordamos este tema, lo comentaba la propia señora Oramas. Los más viejos del lugar, entre los que me incluyo, nos acordamos del señor Perestelo, cuando, día va y día viene, nos recordaba a todos aquí la necesidad de acordarnos del plátano en formas muy diferentes, pero la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. En cualquier caso, creo que la moción que presenta hoy Ana Oramas es un poco de lo mismo en el sentido de que no nos podemos olvidar del plátano. Al Grupo Vasco nos queda muy lejos el tema canario del plátano, pero, sin entrar en cuestiones que creo que no vienen exactamente al caso, tal y como otros grupos lo han presentado, creo que los problemas que tiene la producción y la exportación del plátano son entendibles debido a su ubicación ultraperiférica y a su casi monocultivo en cuanto al tema agrario en algunas islas concretas, al fin y al cabo, el plátano es parte, como decía la señora Oramas, de Canarias, de su economía y de su personalidad. No vamos a entrar en cuestiones sobre si no hacer bien algunas cosas debe afectar o no al tema del plátano, pero apoyamos que no se damnifique al plátano -sin entrar en cuestiones de si debe beneficiarse más o no-, que no se damnifique el tema del transporte ni el tema de la venta ni el tema de la competencia. Evidentemente, hemos de exigir al Gobierno la responsabilidad que le corresponda para que productores de otros países no puedan tener una situación, digamos, más positiva respecto del plátano canario en los mercados europeos.

Dicho esto, sin entrar en la cuestión sobre cómo se debería llevar la economía canaria, que ha sido criticada por otros grupos, sí apoyaremos esta moción del grupo canario.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, en primer lugar querría dar la bienvenida a todos los compañeros que se han desplazado desde Canarias y que pertenecen a todo lo que es el sector platanero.

Querría recordarles algo tanto a los miembros del Gobierno, que están ausentes, como al partido que sustenta al Gobierno, y es que España tiene una RUP, España tiene regiones ultraperiféricas en Europa. ¿Por qué lo recuerdo? Porque cuando pasamos de los Pirineos hacia arriba y llegamos a Bruselas, de repente nos encontramos con que Francia y Portugal, muy conscientes de que tienen regiones ultraperiféricas, defienden los intereses de todas las regiones ultraperiféricas, incluida Canarias, y al Gobierno de España ni se le ve ni se le espera en muchas de las ocasiones. Así que creo que era necesario recordarles que tenemos regiones ultraperiféricas, que en este caso son las maravillosas islas Canarias, de las cuales, además, vengo. (Aplausos).

Hablar de islas normalmente es hablar de un aislamiento físico y geográfico -creo que eso lo reconoce todo el mundo-, pero eso no implica que se tenga que hablar de un aislamiento en cuanto al desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo del sector primario. Estoy de acuerdo con la señora Pita en que es cierto que desde el Gobierno de Canarias se ha abandonado al sector primario desde hace muchos años, pero no solo este Gobierno, sino todos, porque han sido Gobiernos continuistas.

Vamos a ir al dato. Quiero exponer unos datos que luego enlazaré. El paro en las islas Canarias asciende al 21,83%; para menores de veinticinco años, casi un 44%. Pero el paro en tres islas claves, respecto del tema que estamos debatiendo hoy, que son La Palma, con casi un 25%, al igual que Gran Canaria y Tenerife, con casi un 20%, hace que tengamos que plantearnos muchas cosas. El 70% de los productos agrícolas de Canarias que se exportan son del sector platanero, no se puede ir de cero a cien, eso lo tenemos todos claro, pero entendemos que habrá que dar un primer paso para poder seguir dando los pasos que sean necesarios. No tengo que explicar la diferencia entre los productos que aquí se han mencionado como bananas o plátanos porque creo que desde el sector se ha hecho publicidad suficiente para identificar las distintas cualidades, no solamente por su reconocimiento nacional, sino también de manera internacional.

Ciudadanos cree en la competencia, por supuesto que sí, pero en la competencia en igualdad de condiciones. Lo que no tiene sentido es que a un producto nacional se le establezcan unas barreras fitosanitarias y unas barreras para entrar en libre competencia europea y que, sin embargo, a plátanos o bananas provenientes del continente africano o de Latinoamérica no se les exijan los mismos controles fitosanitarios, porque si estamos hablando de la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos de este país, entiendo que no tiene nada que ver con el origen del producto, sino que los controles tienen que ser exactamente igual de rigurosos que para todos los ciudadanos de los distintos países, también de Europa.

Cuando hablaba la señora Pita de que no había mucho empleo, quiero decir que el 1% más o menos, que es el PIB del sector primario en Canarias, representa 20 000 puestos de trabajo solamente con el sector del plátano, es decir, hay otros sectores que tienen mayor porcentaje del PIB y que tienen menor número de empleos en las islas, con lo cual es importante que reactivemos el sector primario y también el sector platanero, porque no solamente es un potencial paisajístico, agroalimentario, sino que también es un potencial cultural que tienen las islas. Entre empleos directos e indirectos, como he dicho, representa 20 000 puestos de trabajo, siendo de ellos 9000 los empleos directos. Pero, si me permiten, me voy a tomar la licencia de referirme a mi isla, a la isla de La Palma, y de hablar de que, por ejemplo, el sector turístico, que es el 40% del PIB de las islas, tiene en la isla de La Palma alrededor de unos 3615 empleos directos; sin embargo, el sector platanero en la misma isla, representando un porcentaje del PIB mucho menor, tiene casi 2500, con lo cual es uno de los principales motores económicos de la isla de la cual vengo, así que creo que es necesario que se hable de ello.

Cuando hablamos de agricultura, quizá todos tenemos en mente las grandes extensiones de terreno a explotar del sur de España, pero no entendemos que hay otros modelos de agricultura como el que hay, por ejemplo, en la isla de La Palma. No todos los agricultores tienen dedicación exclusiva, muchos son agricultores de pequeñas parcelas que tienen su dedicación extra y esta es la del cultivo. Es decir, muchos jóvenes de la isla de La Palma estudian gracias a ese extra que viene del sector primario; muchos jóvenes de las islas no capitalinas y muchas familias necesitan esos extras del sector primario -muy castigado, por otra parte- para poder salir adelante, porque a veces se habla de realidades que se desconocen, se


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habla de realidades sobre las que no se tiene conciencia y, sobre todo, se habla de un sector primario como algo abstracto. La crítica hacia el Gobierno de Canarias por su maltrato al sector primario la compartimos, pero creemos que no debemos dejar pasar ninguna oportunidad para apoyarlo desde aquí, en las instituciones, y por eso manifiesto que, como no puede ser de otra manera, votaremos favorablemente a esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.

El señor FRANQUIS VERA: Presidente, me gustaría saludar en primer lugar a los representantes del sector platanero de Canarias por su presencia en este debate, como también lo hicieron la pasada semana en la interpelación a la ministra de la que viene esta moción.

Yo quería referirme en principio a los tonos de las intervenciones. Me sorprende un poco el tono que ha utilizado hoy la señora Oramas a la hora de plantear esta moción, muy distinto al que planteó hace una semana cuando compareció la ministra. Yo me quedé realmente preocupado con la interpelación, porque cuando uno interpela al Gobierno en un asunto como este, en un asunto importante desde el punto de vista estratégico y económico para nuestra comunidad, uno espera del Gobierno confianza, sensibilidad y liderazgo en la respuesta, y lo que vimos fue exactamente lo contrario: un Gobierno timorato, una ministra que no fue capaz de levantar la cabeza a la hora de leer los papeles que le había preparado su gabinete, y que no fue capaz de hablarle con claridad al Parlamento, al Congreso y, fundamentalmente, al sector productor de Canarias para acabar con la inseguridad, con la desconfianza que durante muchos años lleva presidiendo este debate. No es la primera vez que hablamos del plátano de Canarias en este hemiciclo ni desde luego será la última. Podría aquí recordar muchísimas intervenciones del Grupo Popular y voy a sacar a pasear a un antiguo parlamentario, porque así lo hizo la ministra, que dedicó gran parte de su discurso a hablar de las bondades del presupuesto del Partido Popular con Canarias, a decirnos incluso que era sensible con la Comunidad Autónoma de Canarias, y no confundan los términos, cuando ustedes hablan de sensibilidad con Canarias están hablando de la necesidad con Canarias, porque fue lo que ustedes consiguieron e hicieron para poder aprobar los presupuestos de este año. Necesitaban el voto de unas fuerzas políticas. Nada que ver con la sensibilidad porque llevan los últimos cuatro o cinco años votando en contra precisamente de todas las bondades que la señora ministra decía la semana pasada. Pero decía, con respecto al plátano -ustedes lo presentaron hace cinco o seis años-, que la ministra la semana pasada aludió a un parlamentario del Grupo Popular, a don Gabriel Mato, como único parlamentario que apoyaba al plátano en el Parlamento Europeo. Por cierto, una posición bastante sectaria porque no habló en su intervención del resto de los parlamentarios europeos que también están defendiendo el plátano en el Parlamento Europeo. En el año 2010 o 2011 este parlamentario planteó una moción que es exactamente igual a la que estamos viendo hoy aquí y que exigía al Gobierno de España en aquella ocasión, entre otros, incluir al plátano en las ayudas al transporte contempladas en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero. Exactamente lo mismo que hoy discutimos aquí lo planteó el diputado. Y yo pregunto: ¿qué es lo que ha pasado en seis años para que el Gobierno del Partido Popular, sensible con Canarias, no haya asumido esta situación y no la haya planteado directamente por la propia idea del Gobierno? Han estado exactamente siete años ocultando una realidad.

La respuesta que dio la semana pasada la ministra a la interpelación me deja enormemente preocupado. ¿Saben por qué? Porque es exactamente lo mismo que han dicho en los últimos tiempos, no hay un compromiso. Por tanto, a mí me importa mucho más la palabra de la ministra del Gobierno la semana pasada que el que el Grupo Popular apoye hoy esta moción presentada por Coalición Canaria. Mucho más valor político tiene un compromiso del Gobierno, que tiene que demostrar su compromiso político y su fiabilidad y, sobre todo, su liderazgo político. Eso es lo que me preocupa más de la intervención de la ministra, que careció de liderazgo político a la hora de defender los intereses del plátano canario, del plátano, que es español, y que no olvidemos que es una producción comunitaria. Nunca olvidemos eso. Me preocupa la falta de liderazgo de la ministra a la hora de encabezar en Europa una situación que para nosotros es estratégica desde el punto de vista de lo que significa en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Porque hablar del plátano en Canarias es hablar de un modelo social, de un modelo económico y de unos valores porque esa actividad económica representa valores sociales, valores económicos y modelo de sociedad, que es lo que representa la sociedad europea. Y, claro, es difícil que podamos comparar esos modelos con otros modelos en el mundo. Por eso, cuando uno habla


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de la competitividad del plátano canario habla de que es una competitividad razonable en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales.

Nosotros, desde luego, vamos a apoyar esta moción, pero lo que le pido al Gobierno del Partido Popular es que no solo manifieste su apoyo en un voto, sino que asuma la responsabilidad que tiene como Gobierno de España, que asuma el liderazgo aquí y en Europa y defienda lo que han venido defendiendo en los últimos años en el Parlamento cuando estaban en la oposición. Hablar de la cultura de Gobierno significa defender lo mismo que se hace en la oposición que lo que se hace en el Gobierno, que es lo que no hace precisamente el Partido Popular. Estaremos vigilantes para que esta moción sea cumplida y espero que sea cumplida a través de los presupuestos del año que viene, de 2018 y, por tanto, esta ficha financiera se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Si no, estaríamos haciendo lo que hace el Partido Popular en los últimos tiempos: decir una cosa ahora y la contraria cuando tienen que asumir las responsabilidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Franquis.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Aguiar Rodríguez.

El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes y muchas gracias.

Subo a esta tribuna doblemente honrado. Honrado porque mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, me ha permitido subir a esta tribuna para fijar posición en relación con un asunto de especial sensibilidad para el que les habla en mi condición de canario y de palmero. Y honrado por poder dirigirme al sector platanero y decirle que el Partido Popular va a apoyar esta iniciativa parlamentaria, que va a decir sí a esta moción para dar respuesta a una demanda histórica.

No pensaba entrar en el debate porque no es precisamente lo que pretende el sector platanero de los que estamos aquí; no quiere que discutamos, sino que vayamos de la mano en la defensa de sus intereses, pero, vista la intervención del portavoz del Grupo Socialista, del señor Franquis, no me queda otro remedio. Mire, ya en el año 2008 el Grupo Popular presentó una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley. La presentó don Gabriel Mato y fue rechazada junto con la iniciativa parlamentaria presentada por Coalición Canaria, una moción como la que se debate hoy. En ese momento la rechazó el Grupo Socialista. Por otra parte, me ha preguntado qué ha hecho el Partido Popular desde el año 2011 hasta ahora. Muy sencillo: intentar sacar a este país de una situación económica brutal. Y fíjese si ha hecho bien la tarea que como consecuencia de haber salido de esa situación económica hoy podemos estar aquí diciendo sí a esa iniciativa parlamentaria porque tenemos el respaldo del Gobierno y la disponibilidad económica para llevarla adelante, así que no venga a decir aquí que el Partido Popular nunca se ha preocupado por eso. Y hablamos de liderazgo y de defensa de los intereses del plátano en Europa. Yo pregunto: ¿alguien tiene un poco de memoria y recuerda el año 2013, cuando se estaba negociando la ficha financiera de la PAC y nadie apostaba por que se fuera a mantener esa ficha financiera en el primer pilar, las ayudas directas de las que depende nuestro Posei, o en el segundo pilar, las ayudas al desarrollo rural? ¿Alguien daba un duro por que se mantuviera la ficha financiera? Pues precisamente con la defensa de los intereses del sector platanero y del sector primario de toda España, siendo ministro Miguel Arias Cañete y secretaria de Estado la que hoy es nuestra ministra, la señora Tejerina, logramos confirmar y sacar adelante esa ficha financiera.

Si me lo permiten, para no seguir en este debate, les diré que en el año 2011 se produce un acontecimiento muy importante y muy bonito para mí y lo voy a contar desde esta tribuna. Allá por el año 2012 le preguntan al sector platanero de Canarias, al que doy la bienvenida a esta casa, por qué no exigía la ayuda del transporte para el plátano. El sector platanero contestó que entendían que no era el momento por la situación económica del país y porque había otros subsectores que estaban pasándolo peor. Eso motivó que les felicitase y les honra por su sensibilidad y por entender la situación. Desde esta tribuna les doy la bienvenida y les vuelvo a agradecer ese gesto. Por tanto, el Partido Popular siempre ha estado, cuando ustedes gobernaban, presentando iniciativas; cuando no se ha podido, dando la cara, y ahora que hay recursos comprometiéndose para sacar adelante esta situación. Pero, como decía al principio de mi intervención, no es momento de tener discusiones que no llevan a nada, sino de unión, que es lo que nos pide el sector. Estamos ante un gran reto: la nueva negociación de la PAC. Se estima que en el primer semestre de 2019 esté decidida la ficha financiera, pero tenemos grandes escollos, existe la posibilidad de que se vuelva a bajar la ficha financiera como consecuencia del brexit y de la inmigración y tenemos que ir unidos. De ahí la segunda parte de la moción de la señora Oramas, que es muy apropiada:


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unión del sector, una unión internacional, diálogo, prepararnos para dar la batalla e ir juntos a Europa a defender los intereses del sector primario y concretamente del tema que nos ocupa hoy, que es el plátano.

Señorías, se me agota el tiempo pero no quiero terminar mi intervención sin mandar un mensaje de unión; unión entre los representantes del sector, unión entre las administraciones y unión también entre los partidos políticos para intentar tomar las mejores decisiones y sacarlas adelante. Y esa unión unida a un mensaje de optimismo, porque si todos damos los pasos oportunos estoy convencido de que iremos rompiendo las barreras que por la dinámica va a tener el sector platanero. Señorías, el Partido Popular siempre ha estado al lado del sector platanero y de los agricultores, lo sigue estando y lo estará en el futuro, trabajando y poniendo toda su capacidad para garantizar la pervivencia de un sector como este.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Aguiar.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Oramas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZMORO: No, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA REVERTIR LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD LABORAL Y LOS NIVELES DE TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN. (Número de expediente 173/000060).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes.

Trae mi grupo esta tarde un debate que consideramos social. Desde hace unos años estamos asistiendo al asentamiento de prácticas que hacen que en el mercado de trabajo la precariedad laboral lo domine todo. Por eso traemos hoy esta iniciativa; traemos una iniciativa que creemos que es necesaria. Estamos leyendo estos días que las instituciones comunitarias, que eran las primeras que defendían la necesidad de reformas estructurales para crear empleo, están viendo preocupadas cómo todas esas reformas estructurales solo han dado lugar a la precarización de las relaciones laborales. Hemos pedido durante estas horas apoyo y vamos a tener en cuenta todas las aportaciones a efectos de lograr un consenso en esta iniciativa. Pensamos que nadie que defienda a la clase trabajadora puede permitir una situación que, incluso maquillada y a grandes datos, nos lleva a ver trabajadores que están sometidos a límites ya insostenibles de pobreza, inestabilidad e indignidad profesional. Diría que estamos casi acostumbrados a la cultura de la precariedad laboral como mal menor; es decir, lo importante es tener trabajo y da igual de qué tipo sea el trabajo. Estamos acostumbrados casi de forma natural a un mensaje un poco triunfalista a sabiendas de que el empleo que se está creando es temporal, precario, parcial y mal retribuido. Como seres humanos y como sociedad no nos podemos permitir esta situación.

Pero esto no viene de la nada. Las sucesivas reformas de las relaciones laborales han ido flexibilizando la contratación y transformando la estructura de negociación colectiva hasta darnos un panorama que voy a intentar explicar en los minutos que me quedan. ¿Cuáles son las causas de que tengamos a nuestros trabajadores en esta situación de precariedad, inestabilidad y pobreza? En primer lugar, el abuso de la contratación a tiempo parcial y temporal. Puedo decir, porque lo he vivido en primera persona -así evito ya que me lo digan-, que en nuestras relaciones laborales siempre ha estado asentado un principio de dualidad; es decir, había contratos temporales y había contratos indefinidos. Pero la situación actual está muy alejada de esa dualidad. Hace unos años una persona estaba vinculada a una empresa con un contrato temporal y llegaba un momento en que esa persona era indefinida, trabajaba a jornada completa y ganaba por una jornada completa. Ahora la Unión Europea ve con preocupación la poca transición que hay en nuestro ordenamiento de los contratos temporales a los contratos indefinidos. ¿Por qué es esto? Básicamente porque hemos pasado de tener una dualidad a tener un trinomio de situaciones que hace que las situaciones laborales sean complicadas y precarias. Paso a exponerlo brevemente.


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Tenemos contratos indefinidos, es verdad, siempre nos lo dice la señora ministra, pero esos contratos indefinidos vienen diciendo los sindicatos que son inestables, que están vinculados al contrato de emprendedores y que muchos de ellos son a tiempo parcial. Seguimos teniendo esa tasa de temporalidad, esa dualidad en el mercado de trabajo con una temporalidad del 25%, la más alta desde 2008. Además, a mayores, tenemos una situación que es la que nos preocupa y la que está haciendo que los trabajadores no puedan vivir de su trabajo: tenemos cada vez más contratos temporales de corta duración. Es una triste novedad. Cada vez hay más contratos que duran menos de una semana y cada vez más contratos que duran un día. No me pregunten, como conocedora de derecho laboral, en qué figura contractual está amparado ese tipo de contratación. Esos contratos de un día o de una semana llevan a la devaluación salarial, llevan a la pobreza extrema de los trabajadores, llevan a la inestabilidad, afectan a la caja de la Seguridad Social y llegan a afectar a la productividad, porque a un trabajador que trabaja en mi empresa un día, como empresario, no veo necesario darle formación ni protegerlo frente a riesgos ni tratarlo como a un trabajador con dignidad profesional. Fedea ve con preocupación cómo a través de la utilización de estos contratos de días estamos introduciendo en nuestro ordenamiento una modalidad contractual no prevista, que es el contrato de cero horas. La Unión Europea incluso dice que, por mucho que esta contratación temporal haya servido a los Gobiernos para maquillar datos de empleo, es hora de acabar con esta precariedad realizando campañas e inspecciones de trabajo serias, profundas, a los efectos de vigilar y sancionar este tipo de contratación precaria.

Junto a estos contratos temporales de pocos días, tenemos contratos parciales. Los contratos a tiempo parcial son otro síntoma de devaluación salarial. Es decir, imagínense ustedes que solo les pagan por la mitad de la jornada. Además, imagínense ustedes que trabajan la jornada completa. La parcialidad está creciendo a un ritmo superacelerado. El 7% de los contratos, algo más, son a tiempo parcial, afectan sobre todo a mujeres y jóvenes y además tenemos un contrato a tiempo parcial involuntario. No sé si recuerdan sus señorías que cuando se reguló por primera vez el contrato a tiempo parcial era para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral. Ya no es así. El contrato a tiempo parcial sirve simplemente como un elemento más de explotación y precariedad. Tenemos figuras laborales que nunca pensamos contemplar de forma tan dramática. La legitimidad para negociar convenios de empresa alterando el convenio del sector ha hecho que las empresas hayan externalizado a lo bestia. La aparición de empresas multiservicios ha llevado también a la precarización de las condiciones laborales. Tenemos falsos autónomos; tenemos un número de falsos autónomos insostenible; es decir, personas que solo aportan su mano de obra pero que están dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tenemos cooperativas de facturación. Tenemos una serie de figuras que vienen a precarizar las relaciones laborales. Por ello pedimos el apoyo a nuestra iniciativa, porque creemos que es necesario de una vez por todas revisar la legislación, básicamente en materia de contratos y en materia de negociación colectiva, para evitar la precarización del contrato de trabajo. Creemos que la Inspección de Trabajo no debe aflorar tanto, porque no somos jardineros, sino velar por que las relaciones laborales sean equilibradas y nuestros trabajadores puedan vivir con dignidad. No tanto trabajo a tiempo parcial, no tanto contrato de horas, no tanto falso autónomo. Y por eso, porque todos debemos creer que nuestros trabajadores deben vivir con dignidad, pido el apoyo para nuestra iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora De Frutos.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.

Vuelvo otra vez a la tribuna, pero con una cuestión completamente distinta, no ya porque sus destinatarios estén menos necesitados sino porque hace referencia a un debate que ya se viene produciendo desde hace demasiado tiempo y en el que los pareceres están siendo demasiado enfrentados, demasiado enconados. Nos movemos en este momento entre una moción del Partido Socialista que, con todo respeto -lo sabe la oradora que ha intervenido antes-, en algunos aspectos parece casi un planteamiento programático de su partido, con lo cual de alguna manera parece querer alejar a otros interlocutores, y una evidencia, y es que ha tenido la virtud, por su especial conocimiento de la materia, de poner negro sobre blanco, de poner en evidencia una situación frente a la que el Gobierno manifiesta un talante exageradamente optimista, casi eufórico, de un mercado laboral casi idealizado y que está superando determinados estadios anteriores que han sido indeseables para todos. Pero la cuestión no es


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esa. La cuestión es que, en principio, nos estamos enfrentando a las consecuencias de la aplicación de una normativa laboral que ha tenido como efecto todas esas consecuencias, a pesar de que en números estadísticos se esté cantando que existe una mejoría sobre dicho mercado.

Y propone determinados medios. Empieza por hablar de modificar la reforma laboral. Entiendo que reformas laborales ha habido muchas, las que alimentó también el propio Partido Socialista y que algunas de ellas propiciaron esa ruptura del principio de causalidad e incluso la posibilidad de que existieran ya diferentes tipos de contratos temporales que, de alguna manera, también facilitaron la precarización del empleo. Con lo cual entiendo que, en primer lugar, lo que hay que hacer es asimilar que, con acierto o con desacierto pero producto de la voluntad de muchos Gobiernos de diferente talante, se ha producido una depauperación del sistema laboral como consecuencia de una normativa que se ha revelado inadecuada para solucionar mucha parte de esos problemas. No se trata de hacer un relato de agravios, sino de alcanzar conclusiones. Hace falta cambiar una dinámica y, para eso, hace falta ponerse de acuerdo. Tenemos que saber cuáles son los puntos negros de la legislación laboral que nos han llevado a determinadas consecuencias...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Barandiaran.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

El señor BARANDIARAN BENITO: ... como la pérdida del valor de la renta salarial. El peso específico de las rentas laborales no solo ha perdido peso, sino que se traduce en que hoy en día tener un trabajo remunerado ha dejado de ser garantía de suficiencia económica. La ultraflexibilización de las modalidades de contratación, que ha tenido como efecto la precarización de los contratos, conduce a situaciones de abuso y fraude necesitadas de reconsideración. Es decir, hay una descausalización de los motivos de contratación y también de los de despido, y eso supone, entre otras cosas, la indefinición de las consecuencias de esa finalización de contrato y posiblemente una situación de precariedad, sobre todo de jóvenes contratados de mala manera.

El fraude en la contratación temporal también ha llevado a la misma situación de precariedad que ha descrito la oradora anterior. Y la utilización masiva de contratos para jóvenes como fórmula de abaratamiento de otros contratos de personas que están ya en una situación de alternativa -la de los mayores de cincuenta a cincuenta y cinco años- también ha producido unos efectos indeseados. Finalmente, también hay una causa primaria en todo esto, a la que en principio no se hacía referencia en la moción, y es la relativa a la negociación colectiva. La pérdida o la distorsión de los valores de aplicación en el ámbito de la negociación colectiva ha llevado a que su eficacia se haya visto limitada y, por lo tanto, hace falta volver a hablar de todo ello.

En consecuencia entiendo, señorías del Partido Socialista, que de lo que estamos hablando es de la necesidad de retomar el debate sobre el Estatuto de los Trabajadores. Atendiendo a todos estos parámetros y a sus consecuencias, hemos planteado una alternativa, una enmienda a su moción; querríamos, y entenderíamos que estaría justificado, volver a abordar muchas de las cuestiones que subyacen en este problema. Si el problema es la normativa laboral -y lo cierto es que la sucesión de modificaciones que sobre contratos laborales se ha producido en este país ha producido un efecto indeseado-, pues hablemos de ello, pero hablemos para cambiarla. Y hablemos para cambiarla pero en tono legislativo, porque está bien venir aquí a proponer mociones, está bien hacer proposiciones no de ley instando al Gobierno a actuar de una u otra manera, pero si el Gobierno no actúa, en algún momento tendremos que coincidir los que tenemos otro punto de vista para hacer propuestas pero ya de orden y naturaleza legislativa.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.

Señorías, siempre que leo mociones y PNL del Partido Socialista sobre empleo tengo la sensación de trasladarme en el tiempo treinta años atrás. Hoy otra vez me encuentro con una situación similar. En España tenemos un gigantesco reto con el mercado laboral: somos todavía, con un 18% de paro, el segundo país de la OCDE con más desempleados; tenemos récord de dualidad y temporalidad, después de Polonia, en la Unión Europea; tenemos más de un millón de jóvenes que siguen desempleados;


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tenemos un 90% -nueve de cada diez- de parados que no están cursando ningún programa de reintegración laboral, es decir, no se están formando; tenemos, en definitiva, un modelo laboral que es un auténtico fracaso. Pero sorprendentemente el Partido Socialista viene a ofrecer las mismas respuestas fracasadas que lleva treinta y cinco años proponiendo; son exactamente las mismas, es exactamente el mismo modelo laboral. No viene de ayer el problema que tenemos ahora con el paro o con la temporalidad; no viene de ayer: es la tercera vez que subimos por encima del 20% de paro, hace treinta años que somos el país de Europa con mayor dualidad; tenemos un problema estructural con nuestras relaciones laborales. Ustedes viven en un mundo analógico y el mundo ha cambiado: vivimos en la globalización y en el mundo digital, y el Partido Socialista, no sé si por influencia de Podemos o por herencia sindical -no sé cuál es la razón- es incapaz de transformar sus propuestas para ofrecer respuestas efectivas a los problemas reales de temporalidad y de paro que tenemos en nuestro país.

¿Derogar reformas laborales hasta cuándo? ¿Hasta el modelo de Zapatero? ¿Hasta antes? ¿Cuál, el del 28% de paro? ¿Adónde quieren llegar? ¿Cuál es el modelo nuevo que proponen? ¿Imponer por decreto un SMI de 1000 euros? ¿Pero no sabemos que tenemos que hacer reformas y ser más competitivos para que puedan subir los sueldos? No se suben por decreto o firmando un papel. Ojalá pudiéramos hacerlo así. ¿Mejorando la inspección? A mí me encantaría mejorar la inspección laboral, pero cada año se firman en España 16 millones de contratos porque tenemos el récord de temporalidad de Europa. ¿Van a poner a un inspector detrás de cada contrato que se firme? (Aplausos). No hay ni una sola reforma en su moción, ni una sola propuesta para reformar el sistema fracasado de políticas activas y de reintegración laboral. Yo, insisto, pienso que para dar respuesta a los problemas que tenemos, y este es el principal problema que arrastra este país desde hace treinta años, probablemente hay que ofrecer políticas nuevas.

Nosotros hemos presentado un programa -una parte significativa la acordamos con ustedes en el acuerdo de gobierno que hicimos y después el acuerdo con el Partido Popular es bastante similar- que tiene tres ejes. El primero es revolucionar las políticas activas y de formación. Necesitamos unos sistemas de perfilado serios, modernos, que nos permitan saber, señora De Frutos, primero, cuál es el perfil de parados que tenemos, qué parados tenemos para poder ajustarnos a las respuestas. Estamos desperdiciando cada año 7000 millones de euros que se van a la basura porque tenemos unos programas que no funcionan y que no ofrecen respuesta a los problemas reales. Después, tenemos que ofrecer unos sistemas de orientación personalizada a los parados para poder ayudarles efectivamente, no dando el dinero sin ofrecer ninguna evaluación después a cualquier programa que se preste. Tenemos un cheque de formación aprobado y que está presupuestado para saltarse a unos intermediarios que es evidente que no funcionan para ofrecer oportunidades a los trabajadores. Aprueben ese cheque de formación, súmense a lo que hemos conseguido arrancar al Partido Popular en beneficio de los trabajadores. Tenemos que acabar -segundo eje- con la injusticia que sufren los trabajadores temporales en nuestro país. El sistema dual que tenemos discrimina de forma sistemática a los trabajadores temporales, a los jóvenes y a los mayores, a todos; es el sistema que ustedes están defendiendo y no acabo de entender por qué, no acabo de entender por qué ustedes están claramente en contra de ofrecer mejores oportunidades a los que empiezan para que dejen de encontrarse un muro para tener estabilidad laboral. Y, finalmente, un complemento salarial para dignificar los salarios y además ofrecer una progresión de formación y de reintegración real a los parados. Es un modelo que no compartimos. Hemos propuesto unas enmiendas que ustedes no aceptan y, por tanto, no vamos a apoyar su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roldán.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud Areste.

La señora SALUD ARESTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que debatimos hoy es sumamente importante...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Salud.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

Continúe.

La señora SALUD ARESTE: Gracias, presidente.

Decía que la moción que debatimos hoy es sumamente importante para nuestro país porque la precariedad laboral y la temporalidad en el empleo es ya una realidad instalada. Desde aquí queremos


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decir, sin embargo, que no nos resignamos a ese cambio de modelo que las élites quieren normalizar, que seguiremos resistiendo y luchando por una vida digna mostrando que hay alternativas. Hoy lo hacemos aquí, en el Congreso, y cada día lo llevamos haciendo de manera organizada también en las calles.

Esta moción del Grupo Socialista recoge aspectos que nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea comparte, aunque no nos parece suficiente; por eso hemos presentado una serie de enmiendas con un ánimo francamente constructivo que van a ser aceptadas. La realidad ahí fuera es sumamente difícil para la mayoría social trabajadora. Se nos habla de recuperación y, sin embargo, el día a día de la gente no lo vemos, aunque la ministra de Empleo, la señora Báñez, se empeñe en presentarnos un panorama satisfactorio al maquillar las cifras de una forma descarada. Tal vez sea porque no conoce la realidad de su entorno o tal vez porque de tanto representar a las élites de este país ya comparten burbuja y no se dignan a salir de ella. El 1% de este país vive mejor que antes de la crisis, porque mientras las rentas salariales se han devaluado y han perdido peso en la renta nacional, las rentas del capital han ganado terreno. Ese 1% ahora acumula el 20% de la riqueza, cuando en el año 2011 acumulaba el 17%; son cifras realmente escandalosas.

Sus señorías del Grupo Popular saben que el incremento del paro en más de 56 000 personas, en el mes de octubre, es una muestra más del fracaso de su Gobierno, que no ha sido capaz de convertir el crecimiento del producto interior bruto en creación de empleo. Ahí están los datos, 12 000 personas más paradas que hace un año, menos del 10% de los contratos registrados son indefinidos, y entre ellos menos del 5% lo son a tiempo completo. El empleo que se crea es de tan baja calidad que resulta imposible hablar de recuperación económica, porque bien lo saben ustedes, hay más trabajadores y más trabajadoras, pero menos trabajo y encima son más pobres. Este mes de octubre se presentaron indicadores que nos decían que ya el 30% de todas las personas consideradas en riesgo de pobreza y exclusión social resulta que están trabajando. Los colectivos más vulnerables de nuestro país, como las mujeres, los niños y las niñas, o las personas extranjeras no comunitarias son amplia y duramente castigadas en sus condiciones materiales de vida. Sin embargo, señorías, somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de ponerse en marcha para revertir esta situación injusta de desigualdad y mal vivir.

De nuevo la precariedad laboral tiene rostro de mujer también. La brecha de género en términos de desempleo se ha ido ensanchando. El mes de agosto pasado se cerró con medio millón más de mujeres apuntadas en el Servicio Público de Empleo Estatal. Además de esto, aquellas mujeres que encuentran un empleo es de peores condiciones, menos salario y a tiempo parcial. Esto no lo decimos nosotras, señorías del Gobierno. La Comisión Europea, en su informe de 2017 sobre España, nos dice que los niveles de pobreza y desigualdad en España se encuentran entre los más altos de la Unión Europea. No estamos hablando de ninguna organización revolucionaria, ni siquiera de una ONG. Es la Comisión Europea la que sigue diciendo que la expansión económica no se traduce en avances sociales. Estamos hablando de cerca de trece millones de personas en nuestro país en riesgo de pobreza y exclusión social, un 28% de la población. Este informe además nos indica que el fenómeno de los y las trabajadoras pobres está relacionado con los contratos a tiempo parcial, los bajos salarios por hora y la baja intensidad en el empleo de las familias españolas. (Rumores).

Ante este panorama hay que actuar rápidamente y de manera constructiva. Por eso hemos registrado una serie de enmiendas a la moción presentada por el Grupo Socialista. En primer lugar, hemos propuesto derogar la reforma laboral del año 2010, la del Gobierno del Partido Socialista, para acabar con el encadenamiento ilimitado de contratos temporales y porque, al igual que la de 2012, ha promovido la precariedad, el empleo parcial y de baja calidad. Hemos propuesto avanzar en cambios normativos para la contratación indefinida, para que esta sea la forma ordinaria de acceder a un empleo. En materia juvenil hemos presentado una enmienda para acabar con los falsos becarios. -Voy terminando, señor presidente-. No se nos escapa que estamos ante una moción que, de aprobarse, instará al Gobierno a hacer una serie de cosas que no quiere hacer; lo sabemos, pero para nosotras y para la gente resulta imprescindible que esto que hoy se va a aprobar vaya aterrizando en medidas efectivas en legislación concreta, en acciones políticas que no solo resistan, sino que reviertan un modelo injusto, desigual, que nos quiere condenar a la precariedad y al mal vivir al tratar de normalizar lo que es una injusticia. (Rumores).

Acabo. Por eso desde aquí manifestamos que no solo vamos a resistir, sino que esta batalla por una vida digna la vamos a ganar.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Salud.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista plantea una moción que pretende que el Gobierno se pegue a sí mismo un revolcón y revoque la estrategia de creación de empleo que ha permitido que España, a fecha de hoy, sea uno de los países de Europa donde más puestos de trabajo se están generando y que nos acerquemos paulatinamente el objetivo planteado por Mariano Rajoy en su investidura de llegar en el año 2020 a veinte millones de trabajadores.

Foro apoya al Gobierno en su política de creación de empleo y renovamos la confianza en las medidas que se impulsaron a partir de la reforma del año 2012, que fue la que permitió detener la descomunal sangría de puestos de trabajo que estaba arrasando España hasta entonces. De ahí que no esté de más recordar que el Partido Socialista había comparecido en las elecciones generales del año 2008 con el lema "Por el pleno empleo" (Muestra una foto del señor Rodríguez Zapatero con dicho lema), y que menos de cuatro años después dejó el mercado de trabajo en España hecho un erial, con más de tres millones de personas arrastradas y condenadas al paro como secuela de una política socialista errática, falta de rigor y carente de sentido común. De llevarse a efecto lo que se pretende con esta moción, la España laboral volvería a las andadas con un giro copernicano de los actuales políticas de empleo y se lo decimos desde Asturias, donde hay un Gobierno autonómico socialista que en el último quinquenio ha sumido a la comunidad en una gran decadencia como lo prueba que, mientras en España se redujo el paro en un 24,87%, en Asturias en ese mismo periodo de tiempo solo el 18,18%, más de 6 puntos de diferencia. Somos la comunidad que año tras año ocupamos el último lugar en la encuesta de población activa, es decir, la de personas que trabajan o que buscan trabajo. Por lo tanto, siendo absolutamente prioritaria y urgente la creación de más y mejor empleo, comprenderán ustedes que con semejante bagaje socialista, en España y en Asturias, rechacemos las recetas y las fórmulas que se tratan de promover con esta errabunda iniciativa que nos devolvería a una etapa nefasta para trabajadores y empresas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Pudimos oír el miércoles pasado la intervención triunfante la ministra de Trabajo en su línea, sin desentonar, y justamente hoy se ha publicado el informe del Observatorio de investigación sobre la pobreza y la exclusión social en la Comunidad Valenciana; un observatorio que está formado por entidades poco sospechosas de simpatizar con nosotros: la Universidad católica Cardenal Herrera, Cáritas -con la cual sí que sintonizamos- y la Fundación Foessa. Nos dice este informe que la tasa de pobreza afecta en la Comunidad Valenciana a cuatro de cada diez trabajadores, que ha crecido del 30 al 40% en el último año y que afecta a seis de cada diez parados. Dice, además, ese informe que en el caso de los parados valencianos su situación se agrava porque los instrumentos del Estado del bienestar son inferiores a la media del Estado español. Si algunos hablamos de financiación justa, si algunos nos vamos a manifestar este sábado en Valencia -todos excepto el Partido Popular-, es justamente por situaciones como esta. En el año 2017 nueve de cada diez empleos que se han creado son a tiempo parcial y el 35% son además temporales.

Por supuesto que votaremos a favor de esta propuesta del Grupo Socialista. Necesitamos revertir las reformas del Partido Popular, como la reforma laboral. Necesitamos medidas efectivas contra la precariedad laboral, contra el abuso de la temporalidad, contra el trabajo a tiempo parcial y para reforzar la negociación colectiva, pero me parece que la ministra y el Gobierno del PP no van a hacer mucho caso. La verdad es que no veo que la ministra Fátima Báñez esté mucho por la labor de hacer caso a esta moción. De hecho, no hemos revertido prácticamente ninguna de las leyes antiderechos sociales y económicos aprobadas en la legislatura en las que el PP tenía mayoría absoluta. Seguimos igual.

Acabo. Creo que al final del "no es no" pasaremos la semana que viene a aprobar el cupo vasco y a principios de año los Presupuestos Generales del Estado, y el señor Rajoy se asegurará un año más de estancia en La Moncloa. En definitiva, la vida seguirá igual.

Moltes gràcies, senyor president.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que trae hoy el Grupo Socialista propone derogar, entre otras cosas, la reforma laboral y la reforma laboral no se puede derogar porque es la que ha permitido que se recupere el 70% de los más de tres millones de empleos que se perdieron con el Partido Socialista. La reforma laboral es la que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa y que doblemos la media de la eurozona. La reforma laboral es la que ha permitido que todos los días se creen tres mil empleos y es la que ha permitido que España sea el país que más ha bajado el paro en toda la Unión Europea. (Aplausos). Por lo tanto, señorías, no vamos a derogar la reforma laboral, no vamos a volver a las políticas del pasado, a las políticas de la izquierda con las que se destruían mil quinientos empleos diarios.

Hablan ustedes de subir los salarios, claro que hay que subirlos, pero vamos a respetar a los interlocutores sociales que son los que tienen que subir y fijar los salarios en este país. Con respecto al salario mínimo interprofesional, ya estamos cansados de sus falsas promesas. Ustedes prometieron subirlo a 800 euros y el salario mínimo está en 707 euros y porque el Gobierno del Partido Popular ha hecho la mayor subida de toda la historia. Hablan de la temporalidad y de la precariedad pero, señorías, si fue la reforma del año 1984 del Partido Socialista la que rompió el principio de causalidad en los contratos temporales, ¿o no se acuerdan ustedes de los contratos basura de los años ochenta? (Aplausos). ¿O no se acuerdan de la concatenación sin fin de contratos temporales? Eso es lo que ha dado lugar a la temporalidad, señorías. Desde la reforma laboral ha caído 7 puntos la temporalidad en nuestro país. Hablan de la explotación laboral y de que hay que aumentar las sanciones, pero yo les digo que hablen con su compañera Susana Díaz. El Servicio Andaluz de Salud, el SAS, tiene expedientes sancionadores abiertos por cotizar de menos por más de cinco mil trabajadores; es una administración que debería dar ejemplo, y está abusando de los trabajadores. Por lo tanto, señorías, lecciones en materia de explotación laboral ninguna.

Señorías, hablan además de hacer un plan de choque a favor del empleo juvenil, pero les tengo que recordar los contratos de aprendizaje sin ningún tipo de cobertura social. Ustedes consiguieron elevar la tasa de paro juvenil de un 15 a un 50%. Gracias a la reforma laboral ha bajado 15 puntos la tasa de paro juvenil. Señorías, hablan de las políticas activas de empleo y, curiosamente, el presupuesto de este año para las políticas activas de empleo ha subido más de un 6% y está pendiente de aprobar en Consejo de Ministros la nueva estrategia española de activación del empleo 2017-2020.

Me daría vergüenza ser del Partido Socialista y pedir un aumento de las políticas activas de empleo porque luego, cuando gobiernan, no se lo gastan. En la Junta de Andalucía han tenido que devolver 1000 millones de euros de formación, de las políticas activas de empleo (Aplausos), porque desde el año 2012 no hay formación en Andalucía, señorías. (Aplausos). Los desempleados no se pueden formar para reinsertarse en el mercado laboral, luego me parece el colmo de la desvergüenza que -según venía hoy en un medio de comunicación- el Partido Socialista en Andalucía le pida 1000 millones de euros a Rajoy para un plan de formación; eso es el colmo de la desvergüenza. (Rumores).

En cuanto a la calidad en el empleo, permítanme que les dé algunos datos. Desde la recuperación todo el empleo recuperado es a tiempo completo. Es más, ha disminuido en más de veinte mil personas el empleo a tiempo parcial. Se ha recuperado ya el 90% del empleo indefinido y solo el 50% del empleo temporal destruido, es decir, el empleo indefinido se está recuperando más rápidamente que el temporal. Además, ocurre algo inédito, llevamos cuarenta y cinco meses ininterrumpidos de crecimiento de la contratación indefinida, cuarenta y cinco meses, señorías. Nunca había ocurrido esto en nuestro país. Según la última EPA, la EPA del tercer trimestre, por primera vez en diez años los contratos indefinidos son más que los contratos temporales. (Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Continúe.

La señora ESPAÑA REINA: Por eso, señorías, más del 74% de los españoles tienen un contrato indefinido, 7 puntos más que al inicio de la recuperación, y por eso los contratos de menos de un mes solo constituyen el 0,89%.

Termino, señor presidente. Estoy convencida de que queda mucho por hacer, seguro, pero algo estaremos haciendo bien cuando este año 2017 se consolida como el mejor año para el empleo,


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con 581 000 puestos creados en lo que va de año, de enero a octubre, un 15% más que en el año 2016. Ya hay, señorías, diecinueve millones, diecinueve millones de españoles trabajando en este país, algo que no ocurría desde el año 2008. Llegaremos a los veinte millones, señorías, y yo les pido que arrimen el hombro para llegar a esos veinte millones de ocupados, porque les guste o no, ustedes han dicho: dicen los sindicatos, dicen los sindicatos. Pues yo digo que dice un amigo mío que cuando los socialistas hablan de empleo los trabajadores y los ciudadanos salen corriendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora España.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora De Frutos Madrazo si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Sí, vamos a votar una transaccional con el PNV y Podemos. Ya hemos pasado el texto.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, lo tendremos en cuenta para la votación.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE MEDIDAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS PARA LAS Y LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA, Y DEL CONJUNTO DEL ESTADO, COMO CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA. (Número de expediente 173/000061).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos, a continuación, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cañamero Valle. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio. No me gustaría tener que interrumpir al orador para reiterar esta petición (Rumores), que veo que no cosecha mucho éxito ya de inicio.

Comience, señor Cañamero.

El señor CAÑAMERO VALLE: Presidente, señorías, buenas tardes.

El 16 de mayo trajimos aquí, a esta Cámara, una proposición, que fue rechazada, y que instaba la modificación de una serie de normativas relativas al campo de Andalucía y Extremadura. Hoy, nuevamente, volvemos a traer una iniciativa y yo espero que en esta ocasión sea aceptada por esta Cámara, porque hay más de un millón de trabajadores agrarios que esperan esta medida. No es que los vayamos a salvar de su pobreza, de la situación en la que se encuentran, pero sí que los podemos aliviar, y por eso es muy importante que seamos capaces de aprobar esta normativa que alivie la situación de los jornaleros. No es el tema de la sequía lo que realmente ha perjudicado en un 90% la problemática que vienen arrastrando los jornaleros, que en el resto de España son más de un millón, pero que sobre todo en Andalucía y Extremadura afecta al 80% de todos los trabajadores. En Andalucía hay grandes latifundios, pero nadie quiere hablar o nadie quiere oír estas cosas, pero es que en Andalucía el 2% de los propietarios tienen el 50% de toda la tierra, el 50%. (Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Cañamero. Un momento, por favor. (Pausa).

Continúe, señor Cañamero.

El señor CAÑAMERO VALLE: Decía que el 2% de los propietarios tienen el 50% de la tierra; hay empresarios que tienen 50 000 hectáreas, 60 000, 20 000, 5000, 10 000 hectáreas. Eso es un insulto a la inteligencia de las personas, porque la tierra, como comprenderán, no es una lavadora, un televisor, una carretera, un puente o un coche; la tierra no la ha inventado nadie, ¿verdad?; la tierra es como el sol, como el aire o como el agua, son dones de la naturaleza, y para los creyentes serán dones de Dios, pero no la ha fabricado nadie, para que estos señores tengan tantísima tierra condenando a miles de trabajadores a la penuria y a una situación insoportable. (Aplausos).


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No ha habido reforma agraria en Andalucía ni en Extremadura, no ha habido reforma agraria, y esas son las consecuencias. También la mecanización ha hecho mella en el campo andaluz, al no haber industria de transformación y meter la mecanización se ha dejado a mucha gente amparo sin ningún tipo de solución. Tampoco ha habido un interés por un cultivo social, el monocultivo. A los grandes propietarios de tierra no les importa tener una tierra productiva porque, entre otras razones, tienen tantísimas tierras que se conforman con lo que les da la cosecha y con lo que reciben de la política agraria comunitaria; ellos reciben millones y millones de euros a cambio de nada, porque no se le fía nada, es como gastos corrientes, ellos reciben un dinero y ya está, sin importarle la situación de pobreza de una comarca, de una provincia, de Andalucía, de Extremadura ni de ningún rincón; no les importa porque tienen suficiente dinero. Además tengo que decir que a estos grandes empresarios no se les exigen peonadas, no se les exige que ese dinero, que es público, que llega de Europa, tengan que reinvertirlo en industria de transformación ni en la creación de puestos de trabajo ni en cultivos sociales ni en el respeto del medio ambiente; no se les exige nada; solamente se les exige una foto aérea de los satélites que diga: ¿usted lo tiene sembrado? Suficiente, tome usted, 3 millones de euros, Casa de Alba; tome usted, les dicen a otros grandes terratenientes como los Urquijo, los Domecq, los Bohórquez, los Terry, y también algunos otros que se han sentado en estos sillones, como Arias Cañete o la familia de Arias Cañete. La PAC es injusta.

Es verdad que a esto hay que añadirle el asunto de la sequía que, además de la penuria que están sufriendo los trabajadores, está haciendo mella en los agricultores y los jornaleros. De hecho no es un año de sequía, llevamos ya cuatro o cinco años y los pantanos, los embalses están a un 20%, a un 16%, y no hay ni siquiera agua para que los agricultores rieguen, con lo cual al no regar los agricultores, ellos son los perjudicados pero también la mano de obra. Se han perdido millones de jornales y no estamos hablando de cualquier cosa, millones de jornales en Andalucía, Extremadura y en el resto del Estado, millones de jornales, y cuando no hay jornales, los trabajadores no pueden llevar ese jornal a su casa. Por tanto, es necesario que apliquemos una serie de medidas importantes que le devuelva al menos un poquito de esperanza a este sector maltratado históricamente, maltratado.

¿Ustedes saben que en el campo no hay contratos? ¿Ustedes saben que en el campo te contratan simplemente por teléfono y te dicen: Mañana vienes al tajo y pasado mañana ha terminado el tajo, y no hay ninguna responsabilidad de la empresa con ese trabajador? ¿Ustedes saben lo que significa coger aceitunas tirando de un paño mojado arrancándote las uñas porque pesa mucho cuando cae el rocío de la noche? ¿Ustedes saben lo que es coger naranjas empapado de agua? ¿Ustedes saben lo que es coger espárragos en Navarra con la linterna puesta en la frente o las fresas en Huelva? ¡¿Ustedes saben lo que es levantarse a las cinco de la mañana y andar 150 kilómetros en coche buscando un jornal en una de las tierras más ricas de Europa que es Andalucía y que nunca se ha desarrollado?! (Aplausos). ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¡Es necesario dignificar la vida de la gente, la vida de los trabajadores!, y este Congreso y esta Cámara tienen que servir para aplicar medidas que le devuelvan la dignidad a los trabajadores y a la gente, y podemos hacerlo porque no cuesta dinero lo que estamos planteando -un poquito alguna de las medidas-, pero lo que vamos a plantear aquí no cuesta ningún céntimo.

Estamos planteando la eliminación del requisito de las peonadas, no estamos planteando una cosa nueva porque en 1992 y en 1993 el Partido Socialista ya aplicó la anulación de estos jornales, y el Partido Popular las ha rebajado en algunos años de 35 a 20; estaban en 90 antes y en 120 y ya va por 35. Pues ahora ante la sequía planteamos que se anule este requisito, que los trabajadores tienen derecho a cobrar esos 426 euros miserables, ¡que es lo que nos ha quedado porque no ha habido ningún Gobierno que haya aplicado políticas de empleo en Andalucía ni haya hecho ningún tipo de reforma agraria ni haya creado puestos de trabajo! Por eso pedimos ahora que se quite el requisito de las peonadas para que la gente pueda cobrar este subsidio de desempleo.

También planteamos la condonación de la Seguridad Social, que el sello agrario, que se paga a 94,94 todos los meses, se anule durante el tiempo que dure la sequía o se condone a los trabajadores en la Seguridad Social.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Termine.

El señor CAÑAMERO VALLE: Un segundo, presidente, termino pronto.

El tercer punto es el aumento del PER, lo que se llama Profea, que no solamente es en Andalucía y Extremadura, sino en seis comunidades más. Está en Canarias, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León más Andalucía y Extremadura. En estas ocho comunidades planteamos que se aumenten los fondos del PER, que se llama ahora Profea. En Andalucía y Extremadura sirve para que los


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jornaleros tengan un jornal y, al mismo tiempo, les valgan estos jornales para poder solicitar la renta agraria y el subsidio agrario. El PER en Andalucía es fundamental, porque cuando se inventó en el año 1983 fue como una renta para los trabajadores, para ayudar a la gente a que consiguieran sus jornales, pero fue también para infraestructuras para los ayuntamientos, para arreglo de calles, de polideportivos y de ambulatorios. ¡Hasta cuarteles de la Guardia Civil se han arreglado con el PER en Andalucía! Es importante que se mantenga.

Estas son las medidas que estamos planteando hoy, y espero que en esta Cámara los partidos políticos acordemos estas medidas para los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas, porque lo necesitan, porque es importante y porque lo esperan como agua de mayo. Por tanto, pido el voto favorable a esta propuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cañamero.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar me gustaría mostrar, como no puede ser de otra manera, el apoyo a esta iniciativa, porque consideramos que los trabajadores del campo constituyen un colectivo de suma importancia para nuestra economía y requieren toda la protección de este Parlamento. Ya le adelanto, señor Cañamero, el sí.

Por eso mismo, desde nuestra formación hemos introducido enmiendas a esta moción, para dar respuesta a los efectos de la sequía también en otros lugares como la provincia de Alicante. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor CANDELA SERNA: Señorías, vengo del sur, de una tierra árida, pero digna, de una tierra que merece la pena cuidar porque nuestra gente merece la pena. Hoy nos están pidiendo ayuda aquellos que más lo necesitan: nuestros agricultores. Hoy necesitamos que el Gobierno dé una respuesta efectiva a las necesidades de aquellas personas que viven en el campo, aquellas personas que día a día, como bien ha relatado el señor Cañamero, se levantan para darnos alimentos. Desde Compromís queremos traer a esta Cámara las principales reivindicaciones de la agricultura, de los agricultores alicantinos que están sufriendo una sequía atroz. Y lo traemos a esta Cámara porque pareciera que al Gobierno le da exactamente igual lo que está pasando. Reza el manifiesto del Sindicato Central de Regantes de Alicante: Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, no hablamos de quimeras, y todas ellas están presentadas ante el ministerio. Esperamos respuestas.

Voy a relatar cuatro propuestas muy concretas: poner a máximo rendimiento la desalinizadora de Torrevieja y en funcionamiento la de Muchamiel; aprovechar las aguas del Xúquer mediante la exploración de fórmulas de desalobración o la reparación de la balsa de San Diego en Villena; aportaciones del ministerio para fomentar el ahorro y la eficiencia hídrica en nuestros campos y, fundamentalmente, modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 para eliminar el injusto tasazo de 100 euros por hectárea que tienen que pagar nuestros agricultores independientemente de la producción que hagan. Estas son algunas medidas.

Me gustaría terminar... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Candela, un momento.

Señorías, por favor, les ruego silencio. Se lo dije al inicio de este debate. No se hacen idea del ruido que se oye desde aquí; me imagino que los que estén atentos lo sabrán. No se hacen idea del trabajo que a uno le cuesta, cuando está presidiendo, tener que interrumpir al orador para repetir algo que deberíamos saber todos y tener muy asumido. Les ruego, por favor, silencio. Continúe.

El señor CANDELA SERNA: Gracias.

Termino. Señor Cañamero, tendrá siempre el máximo apoyo y solidaridad de Compromís con el campo andaluz -se lo dice un nieto de agricultores-, pero les pedimos que acepten nuestras enmiendas para que esa solidaridad sea recíproca.

Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.

El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Nuevamente estamos debatiendo sobre un tema de máxima importancia para los jornaleros y jornaleras del campo andaluz y extremeño. El Partido Socialista Obrero Español aboga por proteger a los trabajadores y trabajadoras, mejorar sus condiciones y derechos y recuperar la dignidad de esas personas que trabajan en el campo, porque fuimos nosotros los que hace veinticinco años establecimos este sistema de protección. La situación de los jornaleros extremeños y andaluces es de extrema gravedad ante la falta de trabajo en el campo. La mecanización, que cada vez se utiliza más en amplios sectores agrarios, como el del olivar, está cambiando la realidad sociolaboral del sector primario. Cada vez son menos jornadas las que se producen en el sector. Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada, pero afecta de forma mucho más dramática a las mujeres y a las personas mayores. Esta situación se agrava por la etapa de sequía.

Llevamos ya cinco años consecutivos de sequía y ustedes no han adoptado ni una sola medida en favor de los trabajadores. Siempre que se ha dado una situación de este tipo, los Gobiernos socialistas han actuado con urgencia. ¿Cómo? Eliminando o reduciendo el número de peonadas y poniendo en marcha programas extraordinarios de empleo. Sin embargo, para que el Gobierno de Rajoy rebajara en 2013 las peonadas necesitó muchas movilizaciones y peticiones de los sindicatos, alcaldes y alcaldesas, que veían cómo sus vecinos acudían a ellos ante una situación desesperada por no tener ni tajo ni derecho a la protección precisamente en una etapa de recortes de las políticas del Partido Popular. La señora Báñez parecía que necesitaba las súplicas del pueblo andaluz y del extremeño para acceder a reducir a veinte las peonadas, pero no puso nunca en marcha un plan extraordinario de empleo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar? Este año la sequía y la falta de cosecha están más que constatadas. Señora Báñez, tome las medidas cuando son necesarias, y son necesarias ya. Así se lo lleva pidiendo desde hace tiempo el Grupo Parlamentario Socialista. Es necesario que se eliminen las peonadas por la sequía y, cómo no, un plan extraordinario de empleo. Es necesario y lo sabe. Ahora que las grandes cifras económicas van bien, hagan que también vaya bien la pequeña economía de los trabajadores del campo.

Señorías, soy andaluz -almeriense-, y quienes conocemos la realidad del mundo rural sabemos lo que han supuesto estos planes de empleo en cuanto a la fijación de la población en el terreno y a la mejora de la rehabilitación de infraestructuras y edificios en nuestros pueblos. Las críticas de quienes no conocen la realidad del territorio rural denotan insensibilidad, que es lo que caracteriza al Partido Popular, que casi nunca ha sido sensible a los problemas del campo en general y en particular a los del campo andaluz y extremeño. El Partido Popular atacó el subsidio agrario, introduciendo la renta agraria con un recorte en las prestaciones por desempleo en la época de Aznar, con un andaluz al frente, el ministro Javier Arenas, pero ahora le quiere dar la puntilla Mariano Rajoy, con una andaluza al frente, Fátima Báñez. ¿Cómo? No fijando planes extraordinarios de empleo y no incrementando los fondos, imponiendo la muerte por inanición del mismo.

En definitiva, hay que seguir trabajando con el fin de refundir el subsidio agrario y la renta agraria en un solo sistema de protección, para garantizar que todas las personas desempleadas que realizan labores agrarias tengan los mismos derechos y el mismo nivel de protección. El Gobierno deberá abrir urgentemente una mesa de diálogo social con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos y las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. El objetivo es configurar una única y nueva prestación denominada subsidio de desempleo agrario para trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. En dicha mesa se analizará la problemática de las personas trabajadoras del campo andaluz y extremeño, de las especiales dificultades que concurren en las personas mayores de cincuenta y dos años, para garantizar su cobertura hasta el acceso a la pensión de jubilación, y de las mujeres trabajadoras, al objeto de determinar cuáles son los principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y, por tanto, su acceso a la prestación. Las conclusiones de esta mesa deben remitirse a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Esto es lo que pedimos.

Señor Cañamero, vamos a trabajar con los agentes sociales y económicos para que desde el diálogo y el consenso consigamos sentar al Gobierno del PP en la mesa de negociación, mejorar las condiciones de vida y recuperar la dignidad de los trabajadores del campo, que es lo que nos interesa.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Calvente Gallego.

El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

En el día de hoy apelo a la responsabilidad de sus señorías para tratar con la máxima objetividad, con la seriedad debida y con el rigor necesario el tema que nos trae aquí, que es la adopción de medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en Andalucía y Extremadura como consecuencia del efecto de la sequía.

Señorías, no pueden ustedes obviar la sensibilidad de este Gobierno, de este grupo parlamentario y del propio Partido Popular con los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en todo el territorio nacional, especialmente en Andalucía y Extremadura. No solo fue este Gobierno del presidente Rajoy el que bajó las peonadas dos veces en las campañas 2012 y 2014 con sendos reales decretosleyes puestos en marcha en los años 2013 y 2015, sino que también fue un Gobierno del Partido Popular el que promulgó y aprobó el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Asimismo, fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Señorías, gracias al Partido Popular, desde el mes de abril del año 2003 se crea una nueva prestación específica, dentro de la acción protectora por desempleo, denominada renta agraria, destinada a los trabajadores eventuales agrarios que se encuentren en situación de desempleo y no puedan ser beneficiarios del subsidio. Los Gobiernos de Mariano Rajoy no solo no han parado de adoptar medidas de generación de riqueza y empleo para todos los españoles y para los trabajadores del campo, sino que día tras día tanto el Ministerio de Empleo como el de Agricultura y el de Hacienda toman decisiones que protegen y ayudan a todos los agricultores y ganaderos de España. Como todos ustedes las conocen sobradamente y en aras de la brevedad, no voy a volver a repetir exhaustivamente todas y cada una de ellas en esta tribuna. Basta recordar el almacenamiento privado del aceite de oliva, la reforma de la Política Agraria Común, la reducción de peonadas, la reducción de los módulos, el incremento del presupuesto de los seguros agrarios, el acceso a la financiación y el anticipo del 70% de las ayudas directas a la Política Agraria Común y el 85% de ayudas de desarrollo rural, lo que ha permitido que los agricultores y ganaderos de España tengan hoy en su bolsillo más de 3280 millones de euros, 960 millones para Andalucía, mi tierra, y 230 millones de euros para Jaén.

Señorías, a mayor abundamiento, quiero transmitir el compromiso firme y continuo del Grupo Parlamentario Popular con el campo español, andaluz y extremeño. Han sido los Gobiernos del Partido Popular los que más recursos han destinado al Programa de Fomento de Empleo Agrario. Nada más llegar al Gobierno, en el año 2012, en las peores condiciones posibles, aumentamos este programa. Sirva como ejemplo que en Andalucía pasamos de 142 millones a 147. Este año 2017 hemos aumentado el 3% en Andalucía, con 152 millones de euros, así como en Extremadura y en las zonas rurales deprimidas de Aragón, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

Señorías, hoy no toca confrontación, toca reflexión, y solo pregunto a los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista y al proponente del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cómo en el año 2012 y el año 2014, con unas circunstancias climatológicas más adversas, con una producción en mi tierra, en el año 2012, del 61% menos del aforo -calculado por la Junta de Andalucía días pasados- y del 37% menos en el año 2014, todos los grupos políticos estábamos de acuerdo en reducir las peonadas de treinta y cinco a veinte, y hoy, con previsiones mejores que las indicadas en los años 2012 y 2014, piden ustedes la eliminación de las peonadas. La respuesta a su cambio de propuesta les retrata a ustedes, pero hoy lo que debemos hacer todas las fuerzas políticas que componemos esta Cámara es dar ejemplo, cumplir la ley, respetar los planes de sequía de 2007, que están vigentes en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, en Andalucía y en Extremadura, analizar como siempre con seriedad y rigor las circunstancias climatológicas de este año; esperar, una vez hecho el análisis, la certificación oficial correspondiente que debe emitir el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, convocando a la mesa del diálogo social del campo y escuchando a los interlocutores sociales del mismo, y consensuar, como siempre, la reducción de las peonadas, si procede.

Por todo lo anterior, entendemos que el único camino posible es que ustedes aprueben por unanimidad nuestra enmienda a esta moción, que insta al Gobierno a evaluar, en el marco del diálogo social -una


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vez haya sido constatada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la existencia de pérdidas económicas o de trabajo en el sector agrario de tal magnitud y gravedad que haga necesario reparar los daños causados por circunstancias meteorológicas-, la posibilidad de reducir el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por la sequía.

Señorías, hablando llegaremos a consensos. Si se vota separadamente, en relación con las medidas de la moratoria y que se tengan en cuenta los jornales del programa de fomento y empleo agrario, cabe la posibilidad de asumirla.

Termino diciendo que en este asunto no hay atajos, sino que debemos seguir asumiendo nuestras responsabilidades, que no son más que las de seguir creando riqueza y empleo como lo estamos haciendo y garantizar a los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura que nadie se va a quedar fuera del subsidio o de la renta agraria.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Calvente.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cañamero, siempre hemos sido sensibles con las situaciones de necesidad y, por tanto, vaya por delante el voto favorable para la propuesta que usted ha realizado. Siempre lo hemos hecho. Lo digo porque a raíz de su intervención el pasado día, en la interpelación, nos pusimos a mirar y, efectivamente, tenía usted razón. En el año 1996, a consecuencia de la sequía, se originó una situación equiparable a esta que llevó a la aprobación de un real decreto-ley por el que se tomaron medidas similares o paralelas a las que se van a adoptar hoy aquí.

Por eso, señor Cañamero, me va a permitir que, dado que vamos a votar a favor y que es constante nuestra actitud de apoyo a las situaciones de necesidad, le recuerde que también ha sido constante nuestro apoyo crítico con este tipo de actuaciones. Se lo digo porque, en principio, en su intervención ha destacado algunos hechos causantes, a su juicio, de esta situación que, desde luego y como siempre, calificamos de estructural. La sequía puede ser en cierto modo coyuntural, aunque ya se prolonga cinco años, pero la situación de los jornaleros, la situación del apoyo a los trabajadores del campo es una cuestión estructural desde hace no ya veinte sino cuarenta años en Andalucía. Usted ha destacado algunos elementos concretos y le pedimos que concrete las posibles soluciones que debe haber.

Hacía usted mención, como causa, a la existencia de una acumulación de tierras, y también hacía referencia a que existía un ámbito determinado, el de la reforma agraria, que no se había incentivado. Venga usted a este Congreso, o mejor dicho vaya usted al Parlamento de Andalucía, que tiene competencias en la materia, como ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, para poder hacer alguna actuación en este sentido. Decía usted que la PAC es otro problema añadido, porque las ayudas no están bien dirigidas. Decía que el 80% de ellas van a parar al 20% de los propietarios. Pues bien, traiga reformas concretas relativas a la PAC para que puedan ser tramitadas ante la Unión Europea y para que, efectivamente, esos grandes terratenientes no sean merecedores de ningún tipo de atención. Decía usted también que el reparto de las cuotas de la Seguridad Social está equivocado, porque el reparto del trabajo no atiende a medidas concretas en las que se pueda obtener un resultado para que todos puedan trabajar y poder obtener este tipo de reparto. Pues bien, traigan ustedes también medidas aquí o, en su caso, preséntenlas en Andalucía, para poder hacer eso. De lo que estamos hablando es de una situación de déficit estructural respecto de la que no hoy sino desde hace cuarenta años no se toman medidas efectivas. Eso sí, en el bien entendido caso de que esas medidas deben ser adoptadas con arreglo a acuerdos más bien mayoritarios.

Por eso, con respecto a su propuesta concreta, en primer lugar, vamos a apoyar que se elimine la situación de las peonadas, pero no estaríamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de asistencia social, como también se lo recordó la ministra el día pasado; es decir, diríjase a la asistencia social y al ámbito del trabajo la sustitución del salario. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor BARANDIARAN BENITO: Pedía usted la moratoria a las cuotas de la Seguridad Social y podemos estar de acuerdo, pero diríjase también a las políticas activas de empleo para que no sea el


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ámbito de la Seguridad Social el que soporte esas cuantías. Y hablaba usted sobre la ampliación del Profea -de acuerdo- para que se puedan repartir el trabajo. Pues bien, fórmese un censo de trabajadores que puedan alcanzar la totalidad de esos trabajos y también estaremos de acuerdo con eso. Pero, por favor, traiga medidas concretas aquí y llévelas también al Parlamento de Andalucía, donde se pueden hacer efectivas, porque le vuelvo a repetir que esta situación que usted ha descrito es grave, es estructural y necesita soluciones, no hoy, sino desde hace muchísimos años.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra señor Salvador i Duch.

Antes de que empiece el siguiente orador, les rogaría, por favor, que pusieran en silencio los móviles y, si van a recibir llamadas, que al menos no los oigamos el resto de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes a todos. Bona tarda a tothom.

En primer lugar, Diego, un recuerdo para mi amigo Andrés Bódalo, preso político andaluz, por cuya libertad luchamos y reivindicamos desde esta misma tribuna, como luchamos también por la libertad de los presos políticos catalanes. (Aplausos). Y Diego, ánimos, porque ser piquete en una huelga no es un delito, es un honor. Así que, muchos ánimos. (Aplausos).

Desde Cataluña, los republicanos catalanes aprovechamos esta tribuna para mostrar toda nuestra solidaridad con los más de 150 000 jornaleros y jornaleras andaluces y extremeños, que tienen como único ingreso el subsidio agrario; menos de 450 euros al mes durante solo seis meses al año. Entre tanto, como has dicho antes, cuatro de las siete mayores fortunas de Andalucía figuran entre quienes reciben las mayores ayudas de la Unión Europea a través de la política agrícola común, la PAC. Reciben ayudas millonarias gentes como el especulador inmobiliario Nicolás Osuna, la familia Mora-Figueroa, la casa de Alba y un largo etcétera; ayudas que a menudo sirven para mantener cotos de caza o fincas prácticamente improductivas. Esto ya lo estudiábamos cuando hacíamos EGB; han pasado muchos años y sigue sin resolverse este problema. Somos conscientes de que las condiciones laborales son solo la punta del iceberg de una injusta distribución de la tierra. Andalucía necesita desde hace mucho tiempo una reforma agraria que haga un reparto justo y productivo de la tierra. Siglos después siguen siendo las grandes familias terratenientes, como decía, las que acumulan la tierra y las fortunas y las que siguen yendo de caza con la familia Borbón y los oligarcas que dominan este Estado.

Los jornaleros y las jornaleras, los trabajadores y las trabajadoras andaluces, así como el pueblo catalán, tenemos enemigos comunes: los terratenientes y los especuladores de siempre, que explotan a los trabajadores y trabajadoras y se envuelven en la bandera rojigualda, en la verdiblanca y también en la señera; los que presumen de patriotismo mientras tienen sus fondos en paraísos fiscales; los que mandan a los guardias civiles que carguen contra los jornaleros que ocupan pacíficamente las tierras que se merecen; los que mandan a la Guardia Civil contra las personas que de manera pacífica quieren votar libremente en Cataluña. Son los mismos. Compartimos la lucha de los jornaleros y jornaleras de Andalucía por el acceso a la tierra que les permita vivir de su trabajo. Quienes luchamos por una república catalana no somos como quieren hacer creer algunos, no somos enemigos del pueblo andaluz; no lo somos, todo lo contrario, somos solidarios con quienes luchan por una república en toda España, una república que traiga la libertad para todos los pueblos, así como una verdadera reforma agraria, como se merecen. Mientras tanto, un sí rotundo, Diego, a vuestras propuestas de ayuda de emergencia a los jornaleros que han sufrido la sequía y a la eliminación de requisitos de las peonadas para poder percibir el subsidio y otras ayudas que muy bien has detallado y explicado. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Salvador. Un momento, por favor. (Rumores).

Señorías, por favor, les ruego silencio. Hay algunas señorías a las que sé que hacen poca mella las advertencias que hace esta Presidencia, pero, sinceramente, si continuamos con este nivel de murmullo, que yo creo que es de los más altos que he tenido que escuchar hasta ahora, tendré que empezar a hacer alusiones de tipo personal, que son absolutamente desagradables. Algunas de sus señorías llevan hablando fuera de su escaño durante toda la sesión, y para eso creo que están mejor los escritorios y los pasillos de esta Cámara que este hemiciclo, donde tenemos que estar escuchando al orador. Les ruego,


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por favor, que abandonen el hemiciclo y salgan a mantener esas conversaciones fuera, porque, si no, tendré que hacer alusiones de tipo personal que no quiero hacer. Muchas gracias.

Continúe.

El señor SALVADOR I DUCH: Muchas gracias.

Parece que a algunos el tema de los jornaleros no les interesa mucho y veo que otros que nos piden el sueldo en toda la tarde no han venido. Al señor Girauta o al señor Rivera no los veo, hace tiempo que no los veo. (Aplausos). Y a algunos por aquí tampoco. Tendríamos que empezar a comparar intervenciones, porque igual en productividad les pegamos una paliza a muchos de los que están aquí. (Aplausos). Si no, miramos el número de intervenciones. Las podemos comparar: 106; algunos de aquí no llevan ni 47. ¿A que sí?

Como iba diciendo... (Rumores). Extrema derecha. Como iba diciendo, señor Cañamero, somos solidarios con quienes luchan por una república en toda España, una república que traiga libertad para todos los pueblos y no sea una cárcel de pueblos y que que traiga una verdadera reforma agraria. Mientras, un sí rotundo, como te decía, Diego, a vuestras propuestas de ayuda, de emergencia a los jornaleros que han sufrido la sequía, a la eliminación de los requisitos de las peonadas para poder percibir el subsidio y demás ayudas.

Muchas gracias. ¡Viva Andalucía libre! (Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, con el señor Rufián Romero puesto en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no quería empezar mi intervención mencionando al último portavoz, pero como andaluz me da vergüenza que tenga usted que decir ¡por una Andalucía libre!, cuando ya quisiera usted tener una comunidad autónoma como la nuestra, en la que la gente se puede manifestar libremente y mostrar aquellos posicionamientos políticos que quiera sin que haya ningún tipo de coacción ni ningún tipo de presión social. (Aplausos). Usted ha dicho aquí cuál es su escala a la hora de decir lo que es un preso político. Para usted un preso político es una persona que pega a una mujer embarazada, esa es su escala para medir lo que es un preso político (Aplausos). Para mí un preso político es lo que decía mi compañero Diego Clemente, lo que declara Amnistía Internacional, que es la que ha dicho que en este momento en España y en Cataluña no hay presos políticos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Voy a intentar centrarme en mi intervención porque creo que es importante en este momento. Señor Cañamero, yo puedo estar de acuerdo con usted en el tema de la sequía, estoy de acuerdo en que del 1 de octubre al 1 de mayo teníamos solamente el 56% de almacenamiento del agua, una agua que estaba en el 74% en los últimos cinco años y en el 70% de media en los últimos diez años. Si vemos el mapa que tenemos ahora mismo (Muestra un mapa), ese nivel medio de almacenamiento ha tenido que bajar ostensiblemente. Me gustaría preguntar al Partido Popular si cuando pone el 31,7% en la cuenca mediterránea andaluza también está contando con la presa de Rules, pues ahora que estamos de sequía tenemos la mayor piscina de Europa sin utilizar, cuando precisamente estamos diciendo que también hace falta agua para nuestros agricultores. (Aplausos).

Señor Cañamero, yo podría estar totalmente de acuerdo con usted en que el desempleo en Andalucía es absolutamente insoportable, pero estamos en una tasa de 17,1% a nivel nacional, en un 25,4% todavía a nivel de Andalucía y hemos llegado a estar hasta en el 35%. La tasa de desempleo de mujeres está en el 28,4%; la tasa de desempleo de jóvenes está en el 46%. Por tanto, yo puedo coincidir con usted en que ese es un gran problema y que algo no ha funcionado. Como ha dicho el señor del Grupo Socialista, esta ayuda la llevamos manteniendo veinticinco años y algo en el sistema no ha funcionado cuando precisamente no hemos conseguido rebajar esas cotas de desempleo en este momento en nuestra comunidad. Yo puedo decir también que para Andalucía es muy importante el sector agrario, puedo decir que la población agraria es muy superior en Andalucía con respecto al resto, puedo decir que la producción agraria es un cuarto de la que se produce en el conjunto del país y que la renta agraria andaluza es un tercio en relación con la del país. Puedo coincidir con usted en que el sector agroalimentario representa el 8% del producto interior bruto de nuestra comunidad, el 10% del empleo, y que, por tanto, es algo por lo que hay que apostar, o que, por ejemplo, podemos mirar los dos con optimismo cómo en los últimos dos años muchos


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jóvenes se han incorporado en este momento para continuar con la profesión agrícola a la que también se dedicaban sus padres. Por tanto, no todo va a ser malo en ese sentido, señor Cañamero. Es un sector que ha facturado 8800 millones de euros en el año 2016 y que ha aumentado cerca de un 5% la producción agraria; por tanto, no todo está tan mal y no podemos dar esa imagen de Andalucía permanentemente, una Andalucía que usted condena cuando intenta que la gente tenga una renta para toda la vida sin preocuparnos de mejorar el modelo productivo, que es lo que realmente tiene que elevar la calidad de vida en los pueblos. (Aplausos).

Señor Cañamero, la PAC hizo una promesa a todos los agricultores españoles, dijo que iba a mejorar su renta media. Nosotros tenemos que favorecer la agricultura familiar, tenemos que modernizar las explotaciones, los regadíos, las industrias, tenemos que hacer una cadena cada vez más equilibrada, pero si lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestra zona rural -porque nosotros somos una región intermedia, porque tenemos un 32% de población en el ámbito rural-, tendremos que dotar a nuestra población rural de unas comunicaciones que le permitan acceder a todos los servicios básicos, a un hospital, al servicio de bomberos o a cualquier otro en un tiempo que sea absolutamente razonable. Tenemos que mejorar las comunicaciones, tenemos que mejorar en esta nueva era, donde para poder producir una empresa no hace falta tener que montar una industria. Y también tenemos que apostar por la industria en Andalucía, tenemos que apostar por la educación de nuestros jóvenes en el ámbito rural para incluir el conocimiento, como intentaba hacer el PSOE con la segunda modernización de Andalucía. No podemos seguir con las mismas fórmulas diciendo que para mantener una subvención tenemos que hacerlo de por vida, que ahí está la solución para poder ganar y recuperar la dignidad del campo andaluz.

Señor Cañamero, yo animo al Partido Popular y al Partido Socialista, que han pasado en este momento del 'y tú más' al 'y yo más', a defender que cada uno había implementado más medidas, a que nos replanteemos cómo queremos que sea la vida en los núcleos urbanos, que veamos cómo podemos elevar realmente la calidad de vida, porque si las comunicaciones funcionan, tanto las viarias como las del conocimiento, habrá oportunidad para emprender y habrá oportunidad también para acceder a servicios básicos. Y si mejoramos nuestro sector productivo, lo hacemos competitivo, exportamos y hacemos que la mano de obra tenga rentabilidad, entonces no estaremos hablando de las mismas personas de las que usted está hablando cuando está refiriéndose al campo andaluz. Lleva mucho tiempo sin actualizar el reloj. Es verdad que hay muchos problemas, por eso nosotros trabajaremos también en la enmienda que usted ha presentado en este sentido en este proyecto de ley que viene a aplicar medidas contra la sequía, pero proponerlo aquí en este momento, en esta moción consecuencia de interpelación, nos parece una medida populista que da una imagen errática de lo que es Andalucía. Por eso nos vamos a abstener, aunque aquí hablaremos de verdad de cómo mejorar la calidad de vida en los ámbitos rurales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Cañamero si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor CAÑAMERO VALLE: Como se suele decir en Andalucía, estamos de arreglos con el Partido Socialista y vamos a presentar una transaccional.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2015, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000005).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al último punto del orden del día, el punto relativo al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Bel Accensi.


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El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Efectivamente, estamos aquí para dar cuenta de la declaración de la cuenta general del Estado para 2015, no sin cierto retraso. En todo caso es momento para hacer balance y, sin ser exhaustivos, ver a qué conclusiones llegamos el Tribunal de Cuentas y los diferentes grupos parlamentarios en relación con la ejecución presupuestaria de 2015. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir aquí, esta es una buena ocasión para que todos repasemos nuestras intervenciones en el momento de aprobar los presupuestos, y también obviamente el Grupo Popular, que es el que hizo posible la aprobación de estos presupuestos de 2015.

Yo tuve ocasión de intervenir en el debate en ese momento en el Senado y no les voy a recomendar la lectura de mis intervenciones porque obviamente no sería prudente, pero sí les voy a recordar algunas de las cuestiones que pusimos de manifiesto. Vaya por delante que, como cada año, se tiene que hacer notar que se formula la cuenta general del Estado, y en ella, de las 392 entidades que deberían integrarse, solo hay 381. Alguno de ustedes puede decir: ¡hombre!, solo once entidades tampoco es mucho. Se ha mejorado respecto a ejercicios anteriores, de acuerdo, pero todavía hay seis entidades que no habían remitido sus cuentas anuales a la Intervención General del Estado para que formulase la cuenta general. Digo esto porque me parece bien que el ministro de Hacienda riña amablemente a los ayuntamientos, riña amablemente a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas si no cumplen la regla del gasto, si no presentan el plan económico financiero, si no lo hacen en plazo. Pero el ministro de Hacienda es el responsable de que se esté formulando la cuenta general del Estado sin que once entidades hayan integrado sus cuentas en ella porque no las han presentado. Si tú eres responsable de determinados actos y no cumples, ¿con qué autoridad moral vas a intentar hacer cumplir a los demás? Dejo esta reflexión encima de la mesa.

Sin entrar en detalles, porque no les voy a cansar... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, guarden silencio. Queda media hora de Pleno y con este murmullo no se puede escuchar al orador.

Continúe, señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Previsión de ingresos: menos recaudación de la prevista, IRPF y Seguridad Social. Lo dijimos en el debate presupuestario y además el Tribunal de Cuentas entiende que esta es una mala praxis que se ha produciendo en 2012, 2013 y 2014. Infra o sobrepresupuestación de IRPF y de Seguridad Social, insistimos.

En cuanto a gastos, les tengo que hacer una referencia a los gastos en defensa. Presupuesto inicial de gastos en defensa, 5705 millones de euros. Modificaciones de crédito, 2293 millones de euros, es decir un 40% de modificaciones de crédito. En 2012, un 43%; en 2013, un 32%; en 2014, un 33%, y en 2015, un 40%. Les recuerdo que tienen una sentencia del Tribunal Constitucional, la 169/2016, por si la quieren consultar, donde se declara inconstitucional la utilización de decretos-leyes para vehicular créditos extraordinarios en programas de financiación de armamento. Les recuerda que no cumplen el artículo 86.1 de la Constitución. Aun así, ustedes han continuado con esta práctica presupuestaria. Veremos si nos presentan algún nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado y si en este hacen lo mismo e infravaloran los gastos de defensa en un 40%.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.

La cuenta general del Estado consolida las cuentas anuales del sector público estatal y sus entidades dependientes. Es el broche final a este proceso presupuestario y nos permite hacer balance del resultado económico-patrimonial de la gestión del Gobierno; 2015, el fin de la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy quiero repasar algunas de las cosas más graves que aparecen en esta cuenta general del Estado y, además, poner en valor aquellas propuestas de resolución que mi grupo parlamentario ha elaborado y presentado.

En primer lugar, aunque 381 entidades consolidan las cuentas este año -el 97% del total-, es intolerable que haya entidades públicas que no sean transparentes e incumplan sus obligaciones de


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rendición de cuentas entre ellas, la Mancomunidad de los canales del Taibilla, la Obra Pía de los Santos Lugares, el Consorcio Castillo de San Pedro, la Fundación iberoamericana para el fomento de la cultura y las ciencias del mar, la Fundación para el desarrollo de la formación de zonas mineras y del carbón y la Fundación canaria de Puerto de Las Palmas.

En segundo lugar, esta declaración de las cuentas generales del Estado de 2015 nos permite hacer un balance de la gestión del Gobierno. El Gobierno del Partido Popular acostumbra a decir que es el único partido capaz de realizar una buena gestión económica y siempre habla de creación de empleo, aunque sea precario, claro. Pero lo de cuadrar las cuentas lo hacen francamente mal. Me explico rápidamente con unos breves datos. El Tribunal de Cuentas certifica que durante 2015 se realizaron disposiciones del Fondo de Reserva por un total de 13 250 millones de euros. El PP es garante de las pensiones pero lo cierto es que estos datos demuestran que estos años ha vaciado la hucha de las pensiones. Otro dato, el déficit por operaciones no financieras, 18 395 millones de euros. El incumplimiento del objetivo de déficit, del 4,2 al 5,7. Esto no es una novedad, durante 2012, 2013 y 2014 incumplió reiteradamente los objetivos de déficit. Otro dato, las previsiones de ingresos, eran realmente imposibles de cumplir, no solo en ingresos tributarios, sino además en cotizaciones a la Seguridad Social. Ya se lo advertimos nosotros y la Airef y ahora el Tribunal de Cuentas se lo vuelve a advertir. Otros ejemplos, los malos hábitos de incorporar los programas especiales de armamento con ampliaciones de crédito a mitad de año e incluso un cierre presupuestario por indisponibilidad de crédito por esa pésima previsión de los ingresos. Señorías, el lado positivo: estos errores ya no pasan. El pacto presupuestario con Ciudadanos obligó a introducir esa responsabilidad y prudencia contable en el presupuesto del año 2017, a recuperar ese seny, ese sentido común catalán que tanto nos hace falta estos días.

Otra de las perlas negativas son las deudas de imposible cobro, más de 23 000 millones de euros, mientras que ustedes recortaban la plantilla de la Agencia Tributaria, o las deudas de la Seguridad Social que jamás fueron saldadas con la Administración del Estado por la liquidación del concierto económico, del llamado Cupo vasco o cuponazo. Por cierto, la próxima semana se debatirá aquí por el procedimiento de urgencia, gracias al PP y al PSOE y a Podemos. Les pregunto, ¿por qué no podemos tener una financiación justa? ¿Por qué ese retraso?

Finalmente, quiero agradecer la profesionalidad del Tribunal de Cuentas y de los letrados y al resto de grupos parlamentarios que hayan posibilitado la inclusión de la mayoría de nuestras propuestas de resolución que integran el dictamen para la mejora de los inventarios, la integración del sector fundacional y los principios de anualidad y publicidad. Sin embargo, lamento que se rechazase instar al Tribunal de Cuentas a incluir de forma automática en su plan de fiscalización a aquellas entidades que he comentado al principio de mi intervención, las cuales no presentan cuentas a este tribunal. No sé, quizás estamos más acostumbrados a premiar a aquellos que incumplen que a castigar a los cumplidores. Quizás, señorías, están más encaminados a hacer amnistías fiscales o a subir los impuestos a la clase media y trabajadora en plena crisis. Por cierto, otra buena noticia, esto con Ciudadanos se ha acabado. A partir de 2017 y 2018 bajadas de impuestos como el IVA y el IRPF a la gente más necesitada.

El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional clave, tanto que durante décadas se han propuesto enterrar la fiscalización del tribunal bajo montañas de papeleo. En resumen, Ciudadanos está en el Congreso para acabar con las viejas inercias y lograr una gestión mucho más moderna y eficiente de los recursos públicos. Señorías, no duden en que seguiremos trabajando en ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.

Silencio, señorías.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Hoy tratamos aquí la cuenta general de 2015, el informe en el que se recoge la situación patrimonial y la ejecución presupuestaria del conjunto del sector público estatal. Es un informe que tiene más de 770 páginas y se liquida, tanto en la Comisión como en el Pleno, con bastante ligereza. Mientras dedicamos dos meses al debate de los Presupuestos Generales del Estado, solo dedicamos siete minutos a hablar de la ejecución presupuestaria, como si nos pudiéramos fiar de este Gobierno para administrar las cuentas públicas.

Entrando en materia, la primera cuestión a destacar tiene que ver con la falta de control público sobre algunas entidades. Esta falta de control se produce de forma reiterada; en concreto, son once las entidades que no rinden cuentas a la Intervención General del Estado. Esta es una práctica que, pese repetirse año


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tras año, el Gobierno no hace nada para evitarla y no ha efectuado ni una sola actuación contundente al respecto. Además, un año más, el informe vuelve a reflejar los trucos de contabilidad creativa o el trilerismo presupuestario que lleva a cabo el señor Montoro para engañarnos con los Presupuestos Generales del Estado y su ejecución.

Este año volvemos a encontrarnos con las ya clásicas modificaciones de crédito para financiar los planes especiales de armamento y el Ministerio de Defensa en su conjunto. Se han financiado, a través de créditos extraordinarios, 852,4 millones de euros destinados a planes especiales de armamento; una práctica, otra más, del señor Montoro, que ya ha sido declarada inconstitucional. En total, entre 2012 y 2015, el conjunto de modificaciones de crédito destinadas al Ministerio de Defensa alcanzaban los 8800 millones de euros. Pero hay más, ni uno solo de los 60 000 millones de euros de ayudas a la banca, destinados en estos años para el rescate financiero, se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en el Congreso. El Gobierno los ejecutó mediante un crédito extraordinario y de esa manera aumentó la partida de administración financiera y tributaria de un presupuesto inicial de 22 300 millones en el conjunto entre 2012 y 2015 a un total de 82 400 millones de euros. Una vergüenza. El Gobierno, mediante esta técnica, pretende eludir las explicaciones al Parlamento y ocultar los presupuestos a la ciudadanía, ocultar que en la época de mayores recortes sociales de nuestra historia el gasto en defensa se disparaba en 8800 millones y el rescate a la banca se producía por un valor total 60 000 millones de euros. Es comprensible que incluso ellos mismos, que el Gobierno del Partido Popular, se avergüencen de cuáles fueron sus prioridades presupuestarias en esta época. Pero un año más quedan retratados por esta cuenta general que se vuelve a ver aquí, en el Congreso de los Diputados.

Este exceso de ejecución en algunas partidas presupuestarias contrasta con la no ejecución de otras partidas. Si atendemos al conjunto entre los años 2012 y 2015, el total de presupuesto no ejecutado asciende a 245 000 millones de euros. Yendo al detalle, en estos años se dejaron de ejecutar 9000 millones de euros destinados al presupuesto de I+D+i, la mayor parte de ello mediante la consignación de préstamos y créditos que finalmente no se conceden. Tampoco se ejecutaron otras partidas como, por ejemplo, las destinadas a la reactivación económica de las comarcas mineras. Ahora que el Partido Popular se presenta como adalid de estas comarcas, debería de poder explicar por qué solo se ejecutó un 26% del presupuesto destinado a esta partida. (Aplausos). En definitiva, estas prácticas recurrentes de trilerismo presupuestario convierten los presupuestos en papel mojado por partida doble. Por un lado, los presupuestos aprobados son modificados para incrementarlos a través de créditos extraordinarios y, por otro, son mermados a través de la no ejecución. Todo a discreción del Gobierno y, por supuesto, por la puerta de atrás.

Como es tarde, se lo voy a resumir en un gráfico (Muestra un gráfico). En total, entre 2012 y 2015, se quedó sin ejecutar el 15% del presupuesto aprobado; en total, hubo incrementos en el presupuesto de defensa por el 34% del conjunto del presupuesto y, en total se produjo una reducción del presupuesto de I+D+i de un 38%. Pero es más -hubo que ampliarlo porque no cabía en la hoja-, en total, el rescate bancario, en la partida destinada a administración financiera y tributaria, se incrementó un 269% el presupuesto. Este es el resumen, esta es la foto de la política económica del Partido Popular.

Por último, hay que señalar también que el informe vuelve a reflejar cómo existe una desviación negativa en las previsiones de ingresos; una sobreestimación que se produce año tras año por parte del Gobierno de Rajoy, siendo de más de 30 000 millones en el año 2012. Esta sobreestimación de ingresos en la Seguridad Social que llevó al vaciamiento de la hucha de las pensiones ha sido una de las causas por las cuales la Administración General del Estado ha incumplido con los objetivos de déficit, un incumplimiento que después ha podido ser mermado gracias al superávit generado por ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo venimos repitiendo estos días, los ayuntamientos están pagando los platos rotos de la Administración central por el absurdo diseño de la regla de gasto que impide a los ayuntamientos disponer del superávit para financiar los servicios públicos que proveen a la ciudadanía. Y en lugar de reconocerles el cumplimiento y su contribución al objetivo de déficit, lo que hacen es buscar fórmulas y procedimientos para intervenirlos, como en el caso de Madrid, incluso si están cumpliendo con la regla de gasto y con la legislación que ustedes desarrollan. En realidad parece que el Gobierno no puede tolerar en absoluto que los ayuntamientos gestionen de forma más justa y eficiente que ellos.

En conclusión -y ya termino-, las trampas recurrentes del Gobierno en materia presupuestaria suponen una burla al Parlamento y a todos los ciudadanos. También suponen una violación de la Ley General Presupuestaria y también de la Constitución. Señores del Gobierno, como ya dijimos ayer al secretario de Estado de Hacienda -el que dejó la Alcaldía de Jaén en situación de quiebra técnica con una deuda de 550 millones de euros-, no tienen autoridad moral, técnica ni de ningún tipo para realizar


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ninguna intervención en materia presupuestaria a quienes son más rigurosos que ustedes. Así que, señores del PP, empiecen por barrer su casa antes de meter las narices en casa ajena, que creo que tienen bastante que barrer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señor Salvador, los andaluces decimos y cantamos ¡viva Andalucía libre, España y la humanidad! (Aplausos). Para nosotros, los andaluces, va unido, y nos sentimos muy andaluces. (Aplausos).

Señorías, este punto es una auténtica paradoja y voy a explicar por qué. Hoy deberíamos estar aquí debatiendo sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, sin embargo, estamos hablando de la cuenta general del presupuesto de 2015. Y es una paradoja porque pone de manifiesto lo que es un Gobierno inactivo, un Gobierno ocioso, que no cumple con lo establecido en la Constitución ni en la Ley General Presupuestaria, y pone en evidencia también un sistema de rendición de cuentas obsoleto, lento. Ahí está la paradoja.

La cuenta general tiene el beneplácito tanto de la fiscalía como del abogado del Estado. Se ha presentado en tiempo y forma, pero se pone de manifiesto por parte del Tribunal de Cuentas, por una parte, que no se ha rendido de la forma adecuada en el sentido de que no todos los datos están pormenorizados porque hay un total de diez entidades que no han presentado las cuentas generales; no es completo, no es universal. Esa es una de las anomalías. Y, por otra parte -lo pone de manifiesto por primera vez el tribunal-, no se tienen en cuenta las recomendaciones de 2011, de 2012 y de 2013, que eran recomendaciones del Parlamento y del propio Tribunal de Cuentas. Pero la cuenta general pone de manifiesto verdades como puños, una de ellas: en 2015 el Gobierno no ha cumplido con la regla de gasto, pero es que no la cumplió en 2014 y no la cumplió tampoco en 2016. ¿Con qué autoridad moral el Gobierno exige, sanciona e interviene a los ayuntamientos para cumplir la regla de gasto? Este Gobierno no tiene ninguna fuerza moral. (Aplausos). En segundo lugar, algo que venimos denunciando de forma reiterada: inflan ustedes los presupuestos del Estado de forma escandalosa. El Tribunal de Cuentas habla de 10 500 millones de euros de demasía, de previsiones incumplibles. De ellos, 9300 son cotizaciones a la Seguridad Social. El resto, hasta los 10 500 millones de impuestos directos, principalmente IRPF. Venimos insistiendo de forma reiterada en que falsean los datos e inflan los ingresos para cuadrar las cuentas.

El propio Tribunal de Cuentas pone de manifiesto también que ustedes no prevén los gastos que deberían consignar: 27 700 millones de euros en fondos, transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que ustedes nos presupuestan y 857 millones de euros por modificaciones presupuestarias en armamento del Ministerio de Defensa. No cumplen, son previsiones insuficientes en esos casos, ingresos inflados y previsiones insuficientes. Van a esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se han ´jalao´ 13 500 millones en 2015. Poco queda ya, señorías, al ritmo que llevan.

Se ponen de manifiesto también otras circunstancias como es una serie de contingencias que están señaladas como que el coste que va a suponer la reestructuración bancaria se cifra ya en 60 718 millones de euros. Ustedes mintieron, es otra verdad evidente. Dijeron que no iba a costar nada al erario público, que el MEDE daba un préstamo de 41 333 millones y que lo iban a devolver las entidades bancarias. Ustedes han falseado las cifras.

También dicen que hay contingencias que no se contemplan como son los 3500 millones de peaje de empresas que están litigando por peaje de autopistas. También litigios que van a mermar el patrimonio del Estado como pueden ser litigios sobre cláusulas suelo y gastos de formalización en las entidades que en estos momentos están en proceso de fusión como son Bankia y BMN, entidades participadas. Litigios probablemente con la Sareb, con un aval que se le ha prestado de 43 700 millones de euros, que no sabemos si van a devolver, además de los 2139 millones que se aportaron en capital social.

En definitiva, unas cuentas que irán a la baja y un patrimonio que irá a la baja con todas estas contingencias señaladas por el Tribunal de Cuentas. Insisto, ustedes deben cumplir con la ley, presenten un proyecto de presupuestos para el año que viene lo antes posible, que se debata. La prórroga de presupuestos es un mecanismo extraordinario y ustedes lo están haciendo un mecanismo ordinario y eso es incumplir con la ley, incumplir con la Constitución. Por tanto, vamos a aceptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y las propuestas de resolución que hemos aprobado en la Comisión pero, desde luego, el contenido de la cuenta general de 2015 pone de manifiesto una gestión nefasta por parte de un


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Gobierno, un Gobierno que sigue en una misma dinámica de cargarse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de no establecer un sistema de financiación autonómica y de no resolver los enormes problemas que la crisis ha causado en este país.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a hacer una consideración inicial. La cuenta general de 2015 fue aprobada el 18 de noviembre de 2016 y publicada en el BOE; el informe del Tribunal de Cuentas fue presentado el 29 de junio de 2017, esto es, en junio de este año, y pasó a Comisión. Lo que tengo que decir es que estamos al día. Después de tres años de cuenta general en esta legislatura, la de 2013 y 2014, ahora se rinde la de 2015 y la de 2016 está en el informe, por lo que, con respecto a esa crítica relativa al retraso de los informes del Tribunal de Cuentas, quiero que conste en el Diario de Sesiones que estamos al día en ese trámite.

El señor Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, en su informe especificó concretamente que, excepto por las salvedades incluidas en las cuentas de 2005, ha presentado fielmente todos los aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, el resultado del ejercicio y la ejecución y liquidación presupuestaria. Que en un marco de 392 entidades haya cinco que se queden sin presentar cuentas supone un 97,2%, pero hay un principio de importancia relativa que nos permite asegurar que las cuentas son representativas. Siguen coleando interpretaciones que tienen un transfondo jurídico, como el tema de la consolidación en SEPI por RTVE, el capítulo 9, las modificaciones presupuestarias que se han hecho, pero hay que recordar que todas las modificaciones presupuestarias, esos 27 250 millones, han cumplido con todos los requisitos contenidos en la Ley General Presupuestaria. Además, corresponden a fondos de financiación de las comunidades autónomas y entidades locales y es difícil tener una previsión al inicio del ejercicio. En definitiva, se mejora de forma sustancial el déficit. Y en cuanto a los ingresos, de los que se ha hablado aquí, de 223 000 millones en 2014 pasamos a 235 000 en 2015 y, como el tiempo apremia, el resultado ajustado pasó de menos 58 000 millones a menos 40 000. Podría seguir con cifras, pero, obviamente, es imposible abordarlas en este tiempo.

Señor Bel, solamente le voy a hacer una consideración. Los gastos de defensa están corregidos en 2016 y 2017 y los planes especiales de armamento tienen su correspondiente dotación presupuestaria.

Señor Ten, de Ciudadanos, no sé si nos hace falta seny, pero le aseguro que el Gobierno, presidido por un gallego, lleva muchos años aplicando lo que nosotros llamamos sentidiño, sentido común. Lo tiene y ha demostrado que lo tiene. Y tampoco va a dar lecciones al Partido Popular de bajar impuestos, porque le aseguro que eso está, como se dice, en nuestro ADN. Lo que pasa es que al Partido Popular, por desgracia, le ha tocado siempre gobernar después de otros señores, del Partido Socialista, que decían que había que cumplir la regla de gasto. El Gobierno cumple la regla de gasto; quienes no lo hacen son ustedes, que se gastaron lo que no tenían y el Partido Popular siempre ha gastado lo que tenía y no más.

Con respecto a los presupuestos de 2018, señor Hurtado, si están dispuestos a negociar y a apoyarlos, háganselo saber al Gobierno, porque dada la situación política que se generó, el Gobierno necesita apoyo parlamentario y todos somos conscientes del número de diputados que tiene cada grupo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que nos acuse de no presentar los presupuestos en este momento.

Al señor de Podemos, que ha dicho que en defensa no hay I+D+i, le aseguro que contienen mucho gasto de ese tipo.

Termino -porque el tiempo se me acabó- sacando una conclusión. La cuenta general se rindió en plazo, cumplió la normativa y refleja fielmente la situación económicopatrimonial del Estado. Ningún Gobierno que suceda a este, presidido por el señor Rajoy, podrá decir que se han ocultado o manipulado las cuentas. Se pone de manifiesto una evolución positiva de las cifras económicas: ingresos, cotizaciones, etcétera. Hacían referencia al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero es que la situación de desempleo y de déficit presupuestario vigente durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 hizo necesario tener que tirar de la hucha de las pensiones para hacer frente al gasto, al igual que a muchos ciudadanos en plena crisis económica no les quedó más remedio, por desgracia, que tirar de la recuperación de los fondos de pensiones.


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En definitiva, es la expresión de unas cuentas que reflejan una situación que va mejorando más lentamente de lo que nos gustaría y que sigue teniendo grandes retos, porque indudablemente la cifra de deuda y de desempleo sigue siendo importante. Si todos ayudan al Gobierno, en vez de remar en contra, lo conseguiremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A BARCELONA COMO NUEVA SEDE DE LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. (Número de expediente 140/000020).

La señora PRESIDENTA: Antes de comenzar las votaciones, vamos a hacer una declaración institucional en apoyo a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos. Señora secretaria primera.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señora presidenta.

Declaración institucional en apoyo a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos. El Congreso de los Diputados ya se manifestó el pasado mes de marzo a favor de la candidatura de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos a través de sendos acuerdos, tanto de su Comisión de Asuntos Exteriores como de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Barcelona, señorías, es una ciudad con inmejorables condiciones técnicas para albergar esta sede. Su parque científico y empresarial biotecnológico, su capacidad logística, su atractivo cultural y de acomodación para profesionales internacionales y el unánime respaldo institucional, municipal, autonómico y estatal hacen de Barcelona una ciudad plenamente preparada para acoger con carácter inmediato a la Agencia Europea de Medicamentos. Para Barcelona, Cataluña y para España, hospedar la agencia es un objetivo estratégico que une a toda la sociedad y fuerzas políticas. La agencia es un polo de atracción de talento, de negocio y de innovación. La Europa fuerte y unida que deseamos todas las fuerzas políticas que suscribimos esta declaración se vería reforzada por la decisión de ubicar la agencia europea en Barcelona.

Por eso, hoy el Congreso de los Diputados reitera su apoyo a la candidatura de Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos e insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos ante las instituciones europeas para conseguirlo.

Congreso de los Diputados. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA LA REPARACIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO MEDIANTE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD E ILEGITIMIDAD DE LOS TRIBUNALES CONSTITUIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO, ASÍ COMO DE SUS SENTENCIAS DICTADAS. (Número de expediente 122/000122).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.

Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.

Comienza la votación. (Pausa.-Aplausos). Señorías, les ruego silencio, por favor.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 3 votos telemáticos, 335; a favor, 172 más 2 votos telemáticos, 174; en contra, 130; abstenciones, 30 más 1 voto telemático, 31.

La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración.

Ahora pueden aplaudir, si quieren. (Aplausos).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE COSTAS DEL PROCESO. (Número de expediente 122/000128).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en materia de costas del proceso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 3 votos telemáticos, 336; a favor, 257, más 2 votos telemáticos, 259; en contra, 75; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.

La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ESTABLECER UNA NUEVA REGULACIÓN QUE REFUERCE LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS DE ENTIDADES NO SUPERVISADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000376).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar el texto de las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 248; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA CALIDAD Y LAS DISMINUCIONES DE LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES REGULADAS POR LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000484).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la calidad y las disminuciones de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La votamos en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 204; en contra, 128; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA VIABILIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL PLÁTANO DE CANARIAS EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000059).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Primero votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país. La votamos en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 248; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA REVERTIR LA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD LABORAL Y LOS NIVELES DE TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN. (Número de expediente 173/000060).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. La votamos en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 167; en contra, 158; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE MEDIDAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS PARA LAS Y LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA, Y DEL CONJUNTO DEL ESTADO, COMO CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA. (Número de expediente 173/000061).

La señora PRESIDENTA: Les recuerdo, señorías, que no se pueden hacer fotos en el hemiciclo.

Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 163; en contra, 131; abstenciones, 39.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


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DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2015, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000005).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 3 votos telemáticos, 335; a favor, 309 más 3 votos telemáticos, 312; abstenciones, 23.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen y la resolución de la Comisión Mixta. (Aplausos).

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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