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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 66, de 23/11/2017
cve: DSCG-12-CM-66
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 66
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 16
celebrada el jueves,
23 de noviembre de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

Bloque I. Seguridad Social:

- Informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000098) ... (Página4)

- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del Senado 771/000159) ... (Página4)

- Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000182) ... (Página4)

- Informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Esperanza del Mar, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000196) ... (Página4)


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Bloque IV:

- Informe de fiscalización de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000215 y número de expediente del Senado 771/000212) ... (Página13)

Bloque V:

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000216 y número de expediente del Senado 771/000216) ... (Página20)

Bloque II. Gestión y control de subvenciones públicas:

- Informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos autónomos correspondientes al área de la Administración económica del Estado, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000181 y número de expediente del Senado 771/000171) ... (Página27)

- Informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422A "Incentivos regionales a la localización industrial", ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000211 y número de expediente del Senado 771/000207) ... (Página27)

Bloque III:

- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000212 y número de expediente del Senado 771/000210) ... (Página33)

- Informe de fiscalización de obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen por objeto instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000218 y número de expediente del Senado 771/000215) ... (Página33)

Bloque VI:

- Informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000217 y número de expediente del Senado 771/000214) ... (Página41)

Votación de las propuestas de resolución ... (Página48)

Bloque I. Contratación pública:

- Informe de fiscalización de los contratos de obras de importe superior al contrato menor que no sean de remisión obligatoria, celebrados por los organismos adscritos a los ministerios del área político-administrativa del Estado, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182 y número de expediente del Senado 771/000181) ... (Página48)

- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199 y número de expediente del Senado 771/000198) ... (Página49)


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- Informe de fiscalización de la ejecución por la autoridad portuaria de A Coruña del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000204 y número de expediente del Senado 771/000200) ... (Página49)

- Informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, S.A., ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000201) ... (Página50)

- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 61, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000209 y número de expediente del Senado 771/000209) ... (Página51)

Bloque II. Prestaciones farmacéuticas:

- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de expediente del Senado 771/000155) ... (Página52)

- Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000172) ... (Página53)

- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000194 y número de expediente del Senado 771/000192) ... (Página54)

- Informe de fiscalización sobre la gestión y el control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y número de expediente del Senado 771/000213) ... (Página55)

Bloque III:

- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de expediente del Senado 771/000202) ... (Página55)

Bloque IV:

- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y número de expediente del Senado 771/000204) ... (Página56)

Bloque V:

- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000205) ... (Página58)


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Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

BLOQUE I. SEGURIDAD SOCIAL:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN APLICADA POR LAS EMPRESAS PARA LA FORMACIÓN DE SUS TRABAJADORES, CON CARGO A LAS CUOTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000098).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS SOCIALES PRESTADOS CON MEDIOS AJENOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000160 y número de expediente del Senado 771/000159).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL BUQUE SANITARIO Y DE APOYO LOGÍSTICO JUAN DE LA COSA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000187 y número de expediente del Senado 771/000182).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL BUQUE SANITARIO Y DE APOYO LOGÍSTICO ESPERANZA DEL MAR, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000198 y número de expediente del Senado 771/000196).

El señor PRESIDENTE: Si les parece a sus señorías, vamos a comenzar esta sesión dándole las gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia aquí.

Antes de empezar, les quiero anunciar que hay unos cambios en el orden del día. Por acuerdo, entiendo, de todos los portavoces, el punto 1 se mantendría igual; el que tiene en el orden del día el número 4 pasaría a ser el 2; el que tiene el número 5 pasaría a ser el 3; el que tiene el número 2 pasaría a ser el 4; el que tiene el número 3 pasaría a ser el 5; y el número 6 seguiría siendo el 6.

Así que, si les parece bien, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para exponer el primer bloque, que contiene los siguientes informes: informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional; informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014; informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico Juan de la Cosa, ejercicio 2015; E informe de fiscalización sobre la gestión del buque sanitario de apoyo logístico Esperanza del Mar, ejercicio 2015.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

En el informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional se han revisado las actividades del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo referidas al subsistema de formación profesional para el empleo, así como el control de las bonificaciones de cuotas por la Tesorería General de la Seguridad Social. En primer lugar, se ha constatado una falta de desarrollo normativo adecuado de la iniciativa de formación de demanda, cuyas disposiciones reguladoras debían ser complementadas mediante instrucciones de carácter interno dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, así como través de documentos elaborados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Se observa que las acciones formativas desarrolladas por las empresas responden, en numerosas ocasiones, más a la oferta presentada por las entidades organizadoras de formación que a un estudio previo de las necesidades en esta área. Se ha verificado la existencia de empresas beneficiarias de este sistema que aplican un importe de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social superior al del crédito del que disponen anualmente para financiar la iniciativa de formación de demanda. Al menos 1064 empresas aplicaron en sus boletines de cotización un importe superior en 1000 euros a su crédito máximo disponible, con una bonificación indebida total de 4 millones de euros. Se ha constatado la existencia de


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empresas que, habiendo aplicado indebidamente bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social en ejercicios anteriores sin haber procedido a su devolución, continuaron beneficiándose de este sistema. En un caso se emitió acta de liquidación por 1,5 millones de euros, dándose traslado de los hechos a la fiscalía por si fueran constitutivos de delito. En la fiscalización realizada a las empresas beneficiarias se aprecian numerosos incumplimientos, entre otros, la falta de finalización de la formación por los trabajadores, el incremento injustificado de los costes facturados por acciones formativas bonificadas y facturas que carecen de los detalles necesarios. Se han apreciado otras deficiencias respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos a las entidades organizadoras de la formación. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal no había elaborado informe específico alguno evaluando el impacto de la formación de demanda en el mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad de las empresas. Tampoco había analizado la eficacia y la adecuación de las acciones formativas impartidas a las necesidades de las empresas, así como la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados. El 68 % de las actuaciones de control en tiempo real desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal, con el apoyo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, tuvieron como consecuencia bien la imposibilidad de realizar dichas actuaciones o bien la confirmación de incidencias o desviaciones en la realización de las acciones formativas, al incumplirse los requisitos exigidos por la normativa vigente para mostrar la conformidad a su realización. El porcentaje de actuaciones de control establecido legalmente en el 5 % de los recursos públicos se muestra claramente insuficiente. El informe incluye resultados relativos a cada una de las entidades organizadoras de formación, así como de las empresas bonificadas y de las autorizaciones de permisos individuales de formación.

El informe de fiscalización sobre la gestión y el control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, ejercicio 2014, analiza en concreto los siguientes servicios: el Programa Estatal de Vacaciones para Mayores, el Programa Estatal de Termalismo para Mayores, los programas de teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilio básica y a las personas en situación de dependencia, y los programas de atención a personas mayores y a personas con discapacidad. Al igual que en el caso anterior, los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social gestionados por el Imserso carecen de un desarrollo normativo completo. Por lo que se refiere al Programa Estatal de Vacaciones para Mayores, la capacidad económica es una de las variables para tener acceso al mismo, pero dicho aspecto no es considerado a efectos de la financiación a aportar por los beneficiarios. El Imserso no efectuaba un control y seguimiento exhaustivo de la información suministrada por la UTE adjudicataria de los contratos de este programa, validando la información remitida por esta en las facturas comprensivas de los usuarios participantes en el mencionado programa. Una de las empresas adjudicatarias entró en concurso voluntario antes de la prórroga del contrato, por lo que debería haber aportado garantías para continuar su ejecución.

Respecto al Programa Estatal de Termalismo para Mayores, los pliegos no recogieron cláusula alguna que regulase el seguimiento y control del cumplimiento del objetivo de generación y mantenimiento del empleo, lo que no permite identificar las personas contratadas. El pliego de cláusulas administrativas particulares no exigió la clasificación de las empresas licitadoras ni los requisitos mínimos que acreditasen su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, por lo que esta ha sido evaluada de modo subjetivo. No se han publicado en los boletines oficiales correspondientes la adjudicación o formalización de los contratos ni sus prórrogas. En 2014, al menos 608 participantes no recibieron los tratamientos termales establecidos debido al rechazo voluntario de los mismos, sin que el Imserso efectuara ningún tipo de actuación al respecto. En los programas de teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilio, el gasto imputado correspondiente a las ciudades de Ceuta y Melilla, por 1,2 millones de euros, se devengó en el ejercicio 2013. En los programas de atención a personas mayores y personas con discapacidad, el seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos, conciertos y convenios celebrados no han sido objeto de un cumplimiento adecuado por parte del Imserso.

Por lo que se refiere a los informes de fiscalización sobre la gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico Juan de la Cosa y Esperanza del Mar, ejercicio 2015, correspondía al Instituto Social de la Marina la gestión, seguimiento y control de las actividades sanitarias de salvamento y asistencia marítima de ambas naves. En general, el Instituto Social de la Marina no disponía de circulares o instrucciones internas que desarrollen los procedimientos de gestión y control sobre los buques ni sobre la segregación de funciones del personal de las unidades o departamentos de aquel. Respecto a la contratación de personal, las relaciones de puestos de trabajo de los buques aprobadas en 2006 se muestran insuficientes para la consecución de las actividades encomendadas. Ante la insuficiencia de las plantillas y para


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completar los roles de embarque, el Instituto Social de la Marina efectuó en el año 2015, para el buque Juan de la Cosa, 157 contrataciones de personal eventual, con un total de 45 trabajadores y una media mensual de 13 contratos. Con respecto al buque Esperanza del Mar, realizó 144 contrataciones de personal eventual, con un total de 40 trabajadores y una media de 12 contratos mensuales. En ambos buques, varios trabajadores desempeñaron un puesto de trabajo de categoría superior, más allá de lo previsto en el convenio. En la contratación administrativa se han detectado diversas incidencias, como la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para servicios con periodicidad anual, deficiencias en el cálculo del valor estimado de varios contratos, confusión de contenidos en los pliegos y falta de conformidad en las facturas. También se observa un posible fraccionamiento de contratos menores con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa.

La representatividad de los estados financieros del Instituto Social de la Marina en lo relativo exclusivamente a los elementos que conforman el inmovilizado adscrito a los buques está condicionada por diferentes incidencias relativas a la valoración del inmovilizado material. Asimismo, no se recogen como existencias los aprovisionamientos pendientes de consumir al cierre del ejercicio. Debido a la falta de una adecuada comunicación entre los servicios comunes de la Seguridad Social no existe un inventario contable en el que figuren de forma individualizada los equipos informáticos adscritos a los buques Juan de la Cosa y Esperanza del Mar. Finalmente, los pliegos para la contratación del suministro de bienes y prestación de servicios no prevén la preferencia en la adjudicación a las empresas que incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, si bien es potestativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas, como siempre, por sus explicaciones y por estar hoy para poder clarificar todavía más y llegar hasta el fondo de los asuntos de los informes.

El bloque que tratamos ahora se compone de cuatro informes. El primero de ellos es el relativo a los sistemas de formación profesional en España. Como todo el mundo sabe, España es un país que tiene el record de ser el que más veces ha superado el 20 % de desempleo; además, tenemos la media de paro más alta de los últimos cuarenta años, con un 18 %. Parece que, lejos de haber aprendido a luchar contra el paro, este tipo de informes lo que ratifican es que tenemos un sistema ineficaz e incluso podemos decir que es un sistema corrupto por el que se desvían millones de euros del objetivo final, que era formar a través de procesos complejos a través de nuestro sistema formativo a nuestros parados para que encontrasen de una forma más fácil, más sencilla posibles oportunidades para volver a insertarse en el mercado laboral. Es cierto que esto está actualmente, como todo el mundo sabe, judicializado y esperemos que podamos llegar hasta las últimas consecuencias. El dinero con el que se estaban financiando esos cursos de formación sale en un 88 % de las cuotas de los trabajadores y de las empresas -sabemos que destinan de las cotizaciones de la Seguridad Social un 0,7 %- y el resto sale de la Administración central, un 8 %, y de los fondos europeos un 5 %, aunque las proporciones van variando cada año, pero la mayor parte del dinero se sigue aportando de las cuentas destinadas a la Seguridad Social. Desde luego este, para algunos, botín, ha sido indebidamente gestionado y, como bien ratifica el informe, sin ningún control ni evaluación de su impacto, lo que ha dado lugar a múltiples estafas que, por desgracia, son de conocimiento público y que actualmente, como decía, están sub iúdice en un proceso judicial. Se montan cursos ficticios con alumnos inexistentes, se falsifican firmas de alumnos, se recurre a bases de datos de personas reales que constan como partícipes pero que nunca aparecen allí, se inflan los costes de los cursos y se cobran comisiones ilegales a profesores. La pregunta que puedo formularle al presidente es cómo se consigue que nadie se percate de que los cursos de formación son un montaje con alumnos falsos y cómo es posible que se produzcan unas irregularidades tan generalizadas y graves sin la complicidad de la fundación tripartita, que además tenía encomendada la gestión de la formación y estaba formada por los representes de la Administración General, de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

Desde luego, como usted decía, falta normativa de carácter regulador, las bonificaciones superaban los créditos máximos en las empresas -se llegaron a hacer bonificaciones por encima de 4 millones de euros-, más de 1064 empresas tienen mayores bonificaciones que lo que suponía su crédito, y este


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tribunal mandó abrir un acta de 1,5 millones, trasladando a la fiscalía esos hechos. Querría preguntarle qué nos puede agregar sobre esos elementos y la fiscalía, si tiene alguna información al respecto.

Según el Tribunal de Cuentas, cientos, miles de empresas inflaban las bonificaciones por formación y los costes asociados, mientras que los alumnos no asistían ni siquiera al 75 % de las horas lectivas y se daban cursos de escasa utilidad; es decir, que ni siquiera eran productivos, ni siquiera se estaba consiguiendo lo que realmente se buscaba, que era abrir un abanico de oportunidades para unos parados que realmente querían reinsertarse y volver otra vez al mercado de trabajo. Este informe desde luego justifica el Real Decreto 4/2015, de 22 de marzo, para la Reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Creemos que va en la buena dirección ya que las organizaciones empresariales y sindicales dejaron de ser protagonistas únicos de los planes de formación. Ellos mismos reconocen que ha habido errores, que querían estar en la gestión, pero no en el seguimiento, no en la planificación, y nosotros creemos que desde luego este es un buen punto de partida. Tenemos que tener tolerancia cero con el fraude y, desde luego, hacer un seguimiento del ámbito de las bonificaciones, de las subvenciones y de las demás ayudas, y limitando, como se establece en este real decreto, los pagos anticipados del cien por cien al 25 %, esa nos parece muy buena medida. Y el impulso al cheque de formación y la concurrencia competitiva -que se pueda abrir a todos los proveedores de formación acreditados- son una buena solución.

El segundo informe que contiene este bloque es sobre el Imserso. No podemos estar más de acuerdo con las conclusiones del tribunal: una carencia de desarrollo normativo completo otra vez, algo que parece que se da de forma reiterada en distintas instituciones. Los viajes del Imserso, como todo el mundo sabe, son una historia de éxito. Nuestros mayores desde 1985 o 1986 pueden disfrutar desde octubre hasta junio de un precio reducido para asistir, por ejemplo, a nuestros archipiélagos, a las maravillosas Canarias y Baleares, así como a circuitos de interior. Jamás hubiesen realizado esos viajes si no fuese precisamente por este tipo de programas. Participan más de 300 hoteles de toda España y permite viajar a un millón de jubilados que se lo merecen sobradamente. Calculamos que se pueden generar unos 95 000 puestos de trabajo directo en temporada baja y una actividad económica de 400 millones de euros anuales en el sector turístico, pero todo esto necesita un control y que se haga un seguimiento de la información emitida por las empresas adjudicatarias y no que se dé por válida la información que se estaba suministrando por las empresas. La falta de publicidad se vuelve a poner encima de la mesa. Lo hace el tribunal de forma brillante. Falta de publicidad y falta de seguimiento. Desde luego, estos elementos no los podemos permitir en proyectos que son de importancia vital.

Le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Se ha llevado de manera adecuada a juicio del tribunal el seguimiento de la ejecución de los servicios contratados en materia de reserva y ocupación de plazas residenciales de personas mayores o con discapacidad para comprobar que era correcto y su calidad? Sé que la respuesta va a ser que no, obviamente, viendo esas conclusiones. Desde luego, para Ciudadanos los viajes del Imserso son un programa tremendamente popular, exitoso, pero esto no debe llevarnos a la autocomplacencia y al descuido; al contrario, tenemos que evaluar todos los programas públicos para mejorarlos y que sobre todo sean eficientes. Es preciso corregir las debilidades del programa para evitar que pueda corromperse su noble objetivo final: mejorar la calidad de vida de las personas que participan en el mismo, nuestros mayores.

Los últimos informes se refieren a la gestión de los buques sanitarios Juan de la Cosa y Esperanza del Mar. Están gestionados por el Instituto Social de la Marina y las conclusiones son las mismas: falta de circulares y de instrucciones internas que desarrollen los procedimientos de gestión, de seguimiento y de control. La RPT pone de manifiesto que los buques tienen un personal insuficiente para cubrir las necesidades. Tiene que haber unas instrucciones, unas directivas del Instituto Social de la Marina. No se puede realizar...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Termino, señor presidente.

Las debilidades de los procedimientos y los protocolos de actuación de nuestra Administración resultan llamativos. En este sentido, quiero hacerle una pregunta final, señor presidente: ¿no debería haber un departamento en el Ministerio de Administraciones Públicas o Función pública que elaborase estos protocolos, aunque solo fuesen unas recomendaciones generales o unas mejoras prácticas?

Muchísimas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora García.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por haber venido a rendir estos informes. Sobre las cuotas de formación profesional, mi compañero ha hecho un repaso tan exhaustivo que tengo poco más que añadir. Dados los incumplimientos en materia de formación profesional en un país en el que tenemos unos índices de paro más que clamorosos, debería haber unos mecanismos de evaluación y de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones muchísimo más contundente. Lo decimos en casi todas las ocasiones en que venimos. La propia defensora del Pueblo hace unos meses hablaba de que el dinero que se tenía que invertir para la formación profesional, para la formación para el empleo, no se estaba invirtiendo en un 26 % precisamente para estos cursos. Esto es un verdadero desastre porque estamos hablando de que el dinero público no está yendo a la función finalista que tendría que ir y a mí me suena bastante mal. Se habla de mal uso. Es verdad que está judicializado, pero tendríamos que ser mucho más contundentes en las medidas correctoras que se tengan que poner en marcha.

Sobre los servicios complementarios de las prestaciones de la Seguridad Social gestionados por el Imserso, un poco lo mismo. Sería oportuno hacer una valoración mucho más contundente. Parece que no hay mecanismos de control en lo público o que los mecanismos de control fallan habitualmente o que no son todo lo rigurosos que tendrían que ser, con lo rigurosos que son en otros ámbitos. Por ejemplo, en el programa estatal de vacaciones una de las empresas integradas en la UTE adjudicataria de los servicios entra en concurso de acreedores, no ha presentado las garantías suficientes que permitan continuar la ejecución del contrato y parece que no pasa nada. Son cosas suficientemente graves y debería adoptarse alguna medida para que no vuelva a ocurrir nunca más y fijar algún tipo de sanción. La capacidad económica, que sí aparece como una de las variables que se recogen en el baremo, no aparece después a efectos de calcular la cofinanciación. Ahí también habría mucho que decir y es uno de los temas en los que me gustaría saber su opinión.

En general, aunque el termalismo queda un poco más claro, no se pide a las empresas la acreditación objetiva de solvencia que se requiere para realizar las actividades -me parece un escándalo que en cualquier otro ámbito no se permitiría- y no se hace el seguimiento, cuando es uno de los objetivos, del impacto económico en las zonas donde están los establecimientos, sean en este caso termales o en zonas turísticas. Si no se hace ese seguimiento y el impacto económico es una de las patas del programa para recuperar esas zonas, deberíamos empezar a incluirlo o debería planteársele al Imserso que a lo mejor hay que plantear algún tipo de medida de control o de sanción.

Por último, en el caso de los dos buques -lo voy a comentar conjuntamente porque son muy parecidos los informes-, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, vuelvo a decir que las infracciones y las irregularidades que se encuentran aquí serían un escándalo en cualquier otro ámbito, pero en este caso la cuestión de que haya una RPT insuficiente que obliga a estar contratando eventuales permanentemente, además con serias irregularidades, nos hace plantearnos su valoración. No es posible que una RPT sea tan insuficiente, aumente gastos y además sea algo que ocurre ya de manera casi estructural. Vamos a empezar a plantear alguna medida porque esto tendría que resolverse. Esas contrataciones eventuales, cuando devienen en estructurales, me parece que se tienen que resolver resolviendo la RPT, en general. Por lo demás, falta de coordinación, falta de control, falta de personal y trabajos de superior categoría son todas irregularidades que no deberían darse en ningún caso en la Administración pública ni en ningún caso que reciba fondos públicos. Le pediría una valoración sobre qué medidas podríamos implementar para garantizar la correcta implantación de sus recomendaciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente y gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia.

Nosotros formamos parte, no de forma directa pero sí por esta Comisión Mixta, del mecanismo de control, en este caso del mecanismo de control externo, y tenemos mucha información sobre el ejercicio del control externo por parte del Tribunal de Cuentas a través de estos pormenorizados expedientes que


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se nos aportan en cada sesión. Por eso, si nos dejamos llevar por un solo universo que sea el de anomalías, observaciones o irregularidades, podemos hacer afirmaciones como las que yo acabo de escuchar aquí, que parece que todo es un desastre, que nada funciona y que hay que empezar de cero. Yo creo que eso es un auténtico error, porque la realidad es bien distinta, es diametralmente opuesta a la que con esas afirmaciones queremos ver. Se ha hablado incluso de estafa. Yo no he visto en ninguno de los expedientes que hoy se van a ver ningún indicio de responsabilidad penal, que es lo que serviría para dar respuesta a un indicio de estafa. Se ven en algunos casos indicios de responsabilidad contable y me gustaría conocer en qué situación están porque, por lo que tengo entendido -no obstante, se preguntó el presidente del tribunal-, creo que incluso están todos archivados. Me refiero a los cuatro que vemos en este bloque. Pero independientemente de eso, aquí hay dos bloques por los que han corrido ríos de tinta en los medios de comunicación porque se les ha dado una dimensión de estafa, de delito, de fraude, de corrupción. Yo conozco el caso de Andalucía, con todo lo que se escribió en la prensa, y todo está archivado por los jueces, lo que significa que no ha habido ningún tipo de delito penal y que, por tanto, solamente ha habido observaciones, anomalías e irregularidades de tipo administrativo que se tienen que solventar.

Justamente en el expediente que se trae hoy aquí de financiación a través de bonificaciones de cursos de formación se pone de manifiesto lo mismo: una serie de irregularidades que se repiten en todos sitios, en todos los territorios, así como en todas las entidades organizadoras e incluso en todas las empresas. En concreto, se trata de empresas que han superado el límite de bonificación, con lo cual tendrán que ser objeto de un expediente de reintegro para que esas bonificaciones hasta cierto punto se compensen porque no están debidamente ejercitadas. Por ejemplo, empresas que han obtenido bonificaciones cuando todavía no se habían cancelado bonificaciones anteriores, posiblemente a compensar por no estar ajustadas a lo que se tendría que haber bonificado. Por ejemplo, que no se ha hecho una evaluación del impacto que han tenido estos cursos de formación en el empleo ni en la creación de riqueza de los distintos territorios. Por ejemplo, que no se tiene pormenorizado el nivel de asistencia de los alumnos a los distintos cursos de formación. Es decir, son irregularidades administrativas que desde luego hay que mejorar y que están incluidas en las recomendaciones, y nosotros vamos a seguir apostando por que se mejore sustancialmente la gestión, pero eso no quita la importancia que tienen estos cursos de formación. Estamos hablando de 558 millones de euros para 561 000 empresas beneficiarias y para 3 200 000 trabajadores que se han beneficiado. Miren, yo después de haber visto en la sesión anterior que en Punta Langosteira, en La Coruña, se gastaron 1000 millones de euros para algo que no sirve, no sé cómo se pueden sobredimensionar las irregularidades de los cursos de formación, las cuales están muy bien detectadas y se deben corregir de forma inmediata, pero con estos mensajes se estigmatiza a las entidades organizadoras, las confederaciones de empresarios y los sindicatos principalmente, que han sido objeto de apaleamiento público por los cursos de formación, así como también a las empresas que voluntariamente se acogen a estas bonificaciones para poder formar y mejorar la cualificación de sus trabajadores.

Con relación al segundo punto, todos estamos muy orgullosos de los dos programas estrella: el de vacaciones del Imserso y el de balnearios. En este caso hay algo en lo que nosotros vamos a insistir: la toma en consideración del nivel de renta, del poder adquisitivo de los beneficiarios que, como bien apunta el propio Tribunal de Cuentas, no se toma en consideración en estos momentos. Los dos programas no llegan a los 200 millones de euros, pero de ellos se benefician casi 900 000 personas mayores que disfrutan durante una temporada de lo que no han podido hacer durante toda su vida laboral porque no han tenido ni posibilidades ni tiempo para ello. Socialmente han sido un éxito rotundo, total y absoluto, por cierto de un Gobierno socialista: uno lleva en marcha desde el año 1985 y el otro desde el año 1989. Las anomalías son muy poco significativas; el tribunal pone de manifiesto que uno de los objetivos es el mantenimiento del empleo y la creación de empleo en el sector turístico y en el sector de los balnearios. Pues bien, no hay un seguimiento exhaustivo, pero sí hay un informe que pone de manifiesto que en la licitación estaba previsto que hubiese un trabajador por cada 7,5 estancias y, sin embargo, se está dando la ratio de un trabajador por cada 5,36 estancias. Por tanto, esto no solamente es bienestar para las personas mayores, sino que está implicando un mantenimiento del empleo en el sector turístico de muchísima importancia.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.


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El señor HURTADO ZURERA: Voy acabando ya.

Son casi cuatrocientos los hoteles que se están viendo beneficiados por estos programas y en torno a ochenta y un balnearios. Tenemos que incidir en eso: tener en consideración el poder adquisitivo de los beneficiarios y mejorar la evaluación que se puede hacer del impacto que tiene este programa en la creación y el mantenimiento del empleo.

Por último, en cuanto a los dos buques sanitarios, aquí estamos hablando de 4 millones y 4 700 000 euros -cuantitativamente no tiene punto de comparación con lo anterior- y tampoco se detectan cuestiones excesivamente significativas. Que no hay suficiente personal, como estamos viendo en todo el ámbito del sector público, porque ha habido recortes en la tasa de reposición. Esperemos que de una vez por todas el señor Montoro afloje, se puedan sacar ofertas de empleo público dignas y se pueda mantener el empleo en el sector público. Se habla incluso de que las auditorías son favorables, con la excepción de que no existe un inventario donde se recoja el material informático. Y, por otra parte, el fondo de amortización es claramente insuficiente y las existencias no se tienen en consideración.

Por tanto, insisto en que le demos a esto la dimensión que corresponde y, sobre todo, no hagamos año. Tanto en la formación, como en los programas de vacaciones del Imserso, como en el resto de actuaciones que se están viendo en este bloque, desde mi humilde punto de vista las anomalías son meramente administrativas. Me gustaría saber su opinión y si los indicios de responsabilidad contable detectados en los dos primeros han llegado a algo o están archivados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Para finalizar este bloque, tiene la palabra la señora Aparicio, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora APARICIO CALZADA: Buenas tardes, presidente.

Como siempre, quiero empezar agradeciendo la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, que con mucha paciencia viene de forma reiterada a esta Casa a darnos cuenta de los distintos informes.

Para empezar por el relativo a la financiación aplicada por las empresas en la formación de sus trabajadores, tenemos que decir que en el momento temporal de la fiscalización que estamos tratando, del año 2010 al año 2012, se ha detectado una falta de desarrollo normativo adecuado sobre la formación de demanda, que se encontraba regulada por el Real Decreto 395/2007 y una orden ministerial también de 2007. La reforma urgente que se realizó del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a través del Real Decreto-ley 4/2015 hizo determinadas modificaciones en esta materia que mejoraron ese desarrollo normativo. Con respecto a la financiación de esta formación de demanda, hay que destacar que no es hasta el momento de las alegaciones del presente informe cuando la Tesorería General de la Seguridad Social se encuentra en disposición de poder ofrecer la información de las empresas que en el periodo 20102012 presentaban saldos acreedores en sus boletines de cotización no aceptados por la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto no se produjo en el momento en que se tenía que haber producido por el órgano competente. En cuanto a las acciones formativas, en el periodo fiscalizado se ha constatado la existencia de empresas que, habiendo hecho indebidamente bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en ejercicios anteriores y no habiendo hecho la devolución correspondiente, se siguieron beneficiando en periodos posteriores. Por ejemplo, como ya ha comentado algún compañero previamente, tan solo una de las empresas tenía un importe pendiente de devolución de 1 500 000 euros aproximadamente. Esta situación, como consta en el informe, fue trasladada al ministerio fiscal y me uno a la petición de información de mis compañeros: si el Tribunal de Cuentas tiene conocimiento de qué pasó con dicho traslado a fiscalía, si se archivó o si se siguieron las actuaciones. La documentación justificativa de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social aplicadas como consecuencia de las acciones formativas por empresas cuya actividad económica cesó en 2010-2012 solo fue comunicada en el caso de cuatro empresas, y aquí tenemos que tener en cuenta el periodo de crisis en el que nos encontrábamos. Es llamativo que solo cuatro empresas que cesaron en su actividad económica hicieran las justificaciones correspondientes, incumpliéndose de nuevo la legislación aplicable en este periodo de tiempo. En cuanto a los permisos individuales de formación, respondieron más a una planificación empresarial, según consta en el informe, que a una iniciativa voluntaria de los propios trabajadores, incumpliéndose de nuevo la legislación vigente.

En cuanto a la evaluación de la formación de demanda, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en el trámite de alegaciones manifestó que en los planes anuales posteriores se iba a tener en cuenta lo dicho por el Tribunal de Cuentas en cuanto a las deficiencias encontradas. Sobre el


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seguimiento y control de la formación de demanda por el Servicio Público de Empleo Estatal, se detectó que los plazos empleados originaron que las comunicaciones previas a las empresas con bonificaciones indebidamente percibidas no se iniciaran hasta dos años después del ejercicio correspondiente. Así, nos encontramos al final que los expedientes remitidos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio 2012 para su reclamación administrativa mediante el acta de liquidación correspondiente son de los ejercicios 2005 a 2008, con un espacio temporal considerable.

Para finalizar este informe, señor presidente, quisiera hacerle una pregunta. Si tenemos en cuenta la fecha del mismo, al igual que esa modificación legislativa, ese Real Decreto 4/2015, y las alegaciones manifestadas por la propia Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, ¿han visto ustedes en fiscalizaciones posteriores relativas al mismo objeto que tratamos una evolución favorable sobre esta materia y si se han ido cumpliendo las recomendaciones y lo establecido en las conclusiones del propio informe?

En cuanto a los buques Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, estamos hablando de una fiscalización de 2015, que voy a tratar conjuntamente, por la premura del tiempo y antes de que el señor presidente me llame la atención,

El señor PRESIDENTE: Va a ser pronto, señoría.

La señora APARICIO CALZADA: Lo tendré en cuenta, presidente. Intentaré apurar.

En general, tenemos que decir que en el ámbito fiscalizado, 2015, se detectó una necesidad de circulares o instrucciones internas sobre la gestión, seguimiento y control. En cuanto a la necesidad de cubrir la plantilla necesaria para el desarrollo de las actividades ya que la relación de puestos de trabajo aprobada en 2006 era insuficiente para poder cumplir con las necesidades de trabajo de dichos buques, en 2015 se efectuó una contratación.

En cuanto a la facturación y cobro de los servicios de asistencia sanitaria y apoyo logístico, el director del Instituto Social de la Marina manifestó en el periodo de alegaciones que ese retraso entre la prestación efectiva de los servicios sanitarios y la notificación de los gastos a los interesados se debió a la consulta realizada al servicio jurídico sobre la orden de precios públicos que existía debido a las atenciones sanitarias en aguas no españolas. Una vez que esa consulta fue solventada, es cierto que, tal como manifiesta el director general, los cargos fueron realizados en los ejercicios correspondientes. Es de destacar que en el trámite de alegaciones el director del Instituto Social de la Marina también ha manifestado que ya se han adoptado, respecto de las contrataciones, medidas para la mejor planificación y control, promoviendo procedimientos de adjudicación...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: ... más transparentes y acordes con los principios de la propia Ley de Contratación del Sector Público.

En cuanto al último de los informes, ya que tengo que acabar, solo diré que hay que poner en valor lo que significan estos programas y lo que suponen a la hora de generar crecimiento económico y empleo. Aquí me gustaría remarcar que las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas parece ser que han sido tenidas en cuenta. Es cierto que en algunos aspectos aún hay que mejorar. En el trámite de alegaciones, el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales manifiesta que estas previsiones se encuentran ya recogidas, en cuanto a la contratación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen los programas. Entiendo que la labor que realiza tanto el Tribunal de Cuentas como el que realizamos en esta Comisión se ve que va dando sus frutos, y que el sistema va mejorando e incorporando las recomendaciones que se realizan.

Gracias y disculpe, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aparicio.

Lo único que no da todavía frutos es el manejo del tiempo, pero todo se verá. (Risas).

Para acabar este bloque, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Me plantean diversas cuestiones relativas a los expedientes que les he presentado. Creo que como antecedente hay que tener en cuenta que el tribunal ha desarrollado en esta área una labor previa muy


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importante, en la medida en que los informes realizados por el tribunal respecto a la formación, fundamentalmente los informes sobre Forcem, fueron quizá los primeros elementos que sobre este asunto pusieron un foco de atención sobre elementos de gestión pública, que, como se ha dicho, tienen deficiencias y son mejorables.

En cuanto a las deficiencias y a los aspectos respecto a si son mejorables o no, hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y ustedes requieren del tribunal que se pronuncie de una manera quizá más contundente o así me ha parecido entender que lo formulaba tanto el señor Ramírez como la señora García, en el sentido de que han hecho ustedes preguntas, en algunos casos retóricas y en otras directas, sobre aspectos de gestión que, por otra parte, el señor Hurtado ha planteado como elementos que son deficiencias pero no graves deficiencias ni deficiencias de conjunto. Yo creo que los informes hablan por sí mismos; es decir, pocas matizaciones hay que hacer al respecto. Bien es cierto que cuando el tribunal quiere hacer un planteamiento general y genérico de que el sistema es deficiente en su conjunto lo hace; y en este caso lo que los informes presentan son un catálogo de deficiencias que se han ido desarrollando, que son importantes, en las que también hay que salvar aquellas partes de gestión que son positivas.

Sin embargo, sí que hay elementos que hay que tener en cuenta cuando valoramos estos aspectos de cursos de formación que yo creo que son los que más tienen que guiar para saber si se está acertando o no se está acertando. La primera cuestión que hay que preguntarse, por ejemplo en el caso de formación para el empleo -que no es exactamente lo que estamos viendo, pero hemos visto informes parecidos a estos relacionados con la formación- es cuántas personas que realizaron cursos de formación para el empleo consiguieron efectivamente un empleo. Eso es lo que mide la verdadera eficiencia de un sistema, y en este terreno nuestro sistema falla. (El señor Hurtado Zurera: Hoy no toca esto). Efectivamente, no es lo que toca hoy, pero son aspectos de formación, porque también se podría preguntar cuántas personas que hicieron formación en el terreno de la empresa perdieron el empleo, que también sería aplicable. Lo que quiero decir es que hay aspectos que son objetivos, que serían los que verdaderamente servirían para valorar este tipo de cuestiones. El tribunal lo que ha puesto es un conjunto de aspectos que en el desarrollo de estos informes se producen, que no llegan ni mucho menos a plantear una descalificación global de este tema, pero que son aspectos mejorables a tener en cuenta.

En cuanto a las preguntas que me formula el señor Hurtado, es cierto, no hay responsabilidades o las responsabilidades que se han solicitado han quedado archivadas en la Sección de Enjuiciamiento y no hay peticiones en el ámbito penal. Por lo tanto, estaríamos siempre en un juicio de valoración que estaría directamente vinculado con el problema de la eficiencia y con la utilización de unos fondos públicos que se deben valorar en la consecución de objetivos, y en ese terreno es donde yo creo que el informe da datos para que ustedes tengan la valoración oportuna y la puedan utilizar.

Me han planteado también el tema del Imserso y el nivel de renta para acceder a los programas de vacaciones y de balnearios. El informe lo que deja claro es que el Imserso tiene en cuenta estos niveles de renta, pero luego la realidad es que todos los beneficiarios pagan lo mismo, por lo tanto, verdaderamente lo que recomienda el tribunal es que se implanten medidas para que en ningún caso el coste sea un elemento que desaliente y que produzca la renuncia a participar de estos beneficios por falta de recursos. Esta es una cuestión que yo creo que se debe tener en cuenta en este tema.

También me han preguntado en relación con el expediente de devolución de 1,5 millones de euros abierto por la Inspección de Trabajo que se remitió a la fiscalía. No tenemos información sobre este tema que yo les pueda aportar.

En relación con una pregunta que siempre es recurrente, y es qué tiene proyectado el tribunal para realizar en relación con estas áreas, he de decirles que no existen en estos momentos informes directamente vinculados con la formación de demanda ni sobre servicios sociales del Imserso, pero está previsto realizar un informe sobre la gestión y control de deudores por prestaciones del Imserso; es un aspecto relacionado con este, pero que no tiene una vinculación tan estrecha.

En relación con los buques, indudablemente las RPT del año 2016 -ustedes lo han señalado- eran claramente insuficientes, el informe lo recoge, y eso ha llevado a que los gestores hayan contratado personal eventual de manera recurrente y ha contribuido a crear algo normal en lo que debe ser absolutamente excepcional y, por lo tanto, la recomendación es muy clara: que las modificaciones que se incorporen a este tipo de proyección de personal sean las adecuadas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.


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BLOQUE IV:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000215 y número de expediente del Senado 771/000212).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número IV, que por acuerdo de todos los grupos parlamentarios se debatirá como punto número 2 y corresponde al informe de fiscalización de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015.

Para su explicación, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

La fundación se constituyó en 1999, conforme a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, destaca la ausencia de desarrollo reglamentario de dicha disposición, lo que ha llevado al patronato a determinar las acciones de la fundación conforme a sus estatutos. A partir de octubre de 2016, pasó a denominarse Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para adaptarse a lo previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En relación con los estados financieros en lo referente a la gestión de las acciones financiadas por la fundación, las cuentas anuales de 2015 representan adecuadamente la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados del ejercicio. Sin afectar a la opinión, tanto en el informe de auditoría de la IGAE del ejercicio 2015 como a raíz de las irregularidades detectadas en el propio informe del tribunal, se indica que la fundación debería revisar todos los expedientes afectados y registrar en cuentas las posibles devoluciones que se deriven de tales actuaciones.

Por lo que se refiere al análisis de la asignación de recursos a las distintas modalidades de acciones ordinarias, estas se clasificaban, hasta el año 2014, en acciones territoriales, sectoriales y directas.

La Comunidad Autónoma del País Vasco impugnó todas las convocatorias desde el año 2008 hasta el año 2013, habiendo sido anuladas en todos los casos. Ante esta situación, el patronato acordó sustituir las acciones territoriales por otras denominadas transversales, si bien no supusieron ningún otro cambio, puesto que se siguieron distribuyendo igual que en los años anteriores.

En septiembre de 2015 el patronato modificó los estatutos de la fundación, suprimiendo la anterior clasificación de las acciones que le son propias, anticipándose a la sentencia de 9 de diciembre de 2016, que anuló la anterior modificación estatutaria referente, entre otros aspectos, a la tipología de las acciones.

La distribución del presupuesto durante las distintas modalidades de acciones en todas las convocatorias ha sido constante: el 66,66 % para acciones territoriales y después transversales; el 21,29 % para las acciones sectoriales y el 12,05 % para acciones directas. Como ya se indicó en el anterior informe del tribunal, no se habían fijado con carácter previo unos criterios iniciales de reparto, objetivos y ponderados que fundamentasen dicha distribución. A partir del 2 de octubre de 2015, a las convocatorias les resulta de aplicación la Ley General de Subvenciones. Ello obligó, respecto a las de la estrategia 2015-2016, a dictar sendas resoluciones de las secretarías de Estado de Empleo, autorizando la concesión de ayudas, y de la Seguridad Social, convalidando las bases reguladoras, sin ello suponer una modificación de las mismas. En consecuencia, estas últimas subvenciones no se concedieron atendiendo a los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la citada ley, dadas las restricciones subsistentes a los posibles beneficiarios de las mismas. Pueden tener la condición de beneficiarios los patronos de la fundación, quienes aprueban la concesión de las subvenciones, siéndoles de aplicación la normativa al estar incursos en conflicto de intereses por haber adoptado decisiones que afectaron a los intereses económicos de las organizaciones a las que representan.

Respecto a las acciones territoriales y transversales, su distribución en las convocatorias de 2013 a 2015 pone de manifiesto que en todas las comunidades autónomas el importe para financiar acciones de la Unión General de Trabajadores, UGT, fue prácticamente idéntico al de Comisiones Obreras. Además, la distribución entre organizaciones empresariales y sindicales apenas ha presentado variación de una a otra convocatoria. Todo ello puede ser indicativo de la existencia de un reparto previo del importe destinado a cada convocatoria, situación que ya se expuso en el anterior informe del tribunal sobre la fundación. Conforme a los baremos aprobados por el patronato, todos los proyectos de las organizaciones empresariales, de UGT y de Comisiones Obreras de ámbito autonómico obtuvieron financiación, quedando


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excluidos o con un importe residual los de Unión Sindical Obrera y ello supone que tales baremos no se ajustaban a los mencionados principios de concurrencia, igualdad y no discriminación.

En cuanto a las acciones sectoriales, la distribución de los fondos entre los sectores de actividad en las convocatorias de 2014 y 2015 se realizó según los intereses de los grupos de trabajo creados al efecto por la comisión delegada de la fundación. En este sentido, los criterios de prioridad y el baremo para valorar las solicitudes de financiación de proyectos idénticos o similares se aplicaron de diferente forma, con el objeto de que se aprobaran determinadas acciones en detrimento de otras, primando a unos sectores concretos. De haberse aplicado correctamente los criterios y el baremo, muchas de las acciones aprobadas no hubieran obtenido financiación y otras, que fueron denegadas, sí la habrían obtenido.

Por lo que se refiere al análisis de la ejecución y liquidación de las acciones tanto transversales como sectoriales, se han observado múltiples deficiencias, algunas de las cuales habían dado lugar al ejercicio de diversas acciones a iniciativa de la fundación mientras otras pueden también ser constitutivas de irregularidades.

En el caso de la acciones territoriales o transversales, pese a estar regulada pormenorizadamente la justificación económica de los gastos, en la mayoría de los casos se basó en una declaración relativa a su realización. En el informe se detallan las incidencias detectadas para cada organización empresarial o sindical. En las acciones sectoriales se han verificado asimismo numerosas deficiencias que se exponen en el informe en función de la naturaleza del contenido de las referidas acciones. Así, en las acciones consistentes en prestar asistencia técnica por el personal de los agentes sociales, a través de gabinetes o puntos de información situados habitualmente en sus sedes, la justificación de la realización de dicha asistencia técnica difirió de unos a otros. A pesar de que la fundación les requirió cierta documentación, su justificación no ha quedado suficientemente acreditada e incluso en algunos casos ni siquiera se remitió la información obligatoria.

En las acciones que consisten en la realización de visitas a empresas se recogen numerosas deficiencias, especialmente en el sector del metal. Destaca la presentación, en las visitas conjuntas, de copias de partes por una organización cuyos originales fueron aportados por otra, de lo que se desprende el intento de obtener ayudas por visitas que, presumiblemente, no se realizaron. En el caso de las acciones sectoriales consistentes en la realización de guías u otros productos similares, también se han detectado diversas deficiencias en su justificación. Asimismo, se analizan las incidencias producidas en las acciones de las convocatorias en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, habiendo remitido la fundación varias denuncias al ministerio fiscal por irregularidades en los partes de visitas paritarias de los agentes sociales. La fiscalía, por su parte, había interpuesto una querella relativa al sector del bingo que fue admitida a trámite y habría interpuesto también querellas referidas a los sectores de loterías, transporte sanitario y recuperación de residuos, a las que no se ha accedido.

Finalmente, la fundación no había cumplido la mayoría de las recomendaciones realizadas por el tribunal en su anterior informe de fiscalización ni la correspondiente resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene de nuevo la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas.

El fin primordial de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, como bien ha relatado, es promocionar actividades destinadas a la mejora, especialmente en las pymes -en las pequeñas y medianas empresas-, de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dichas acciones van desde la información general a la asistencia técnica, a la formación y a la promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Nosotros, desde luego, creemos que todo lo que se pueda invertir en prevención de riesgos laborales es poco, ya que aunque el número de accidentes de trabajo con baja ha ido descendiendo desde el más de un millón que hubo en el año 2000 hasta los algo más de 555 000 en 2016, con la reactivación económica estamos viendo un repunte de esos accidentes laborales. Además, el coste de vidas es inaceptablemente alto; la siniestralidad laboral se ha cobrado ya 300 vidas en lo que llevamos del primer semestre de 2017 -datos cerrados- y en 2016 fueron 607 los que sufrieron la muerte en accidente de trabajo.


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Todos estamos de acuerdo con que la prevención de riesgos laborales es fundamental y las funciones que debería hacer la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales también lo es. Por eso es deprimente comprobar que tanto la CEOE como los sindicatos hayan podido repartirse los fondos de la prevención de riesgos laborales con el objetivo de lucrarse y convertir la fundación en un pequeño chiringuito. Lo digo porque el mismo presidente, y el mismo Tribunal de Cuentas, ha detectado numerosas deficiencias en el acceso a las ayudas. La más importante es una partida de 10,7 millones de euros en las subvenciones de las convocatorias de la estrategia desde octubre de 2015 y 2016, tramitadas además al margen de la Ley de Subvenciones y vulnerando, precisamente, los principios de concurrencia y no discriminación, debido, además -y como bien ha relatado el presidente-, a la doble condición que tienen algunas de esas entidades como patronos y beneficiarios. Los fondos acabaron en manos de los mismos: la OCDE, la UGT y Comisiones Obreras. De hecho, acaba de decir el presidente -opinión que yo comparto- que indiciariamente podríamos estar hablando de un reparto previo, ya que no se han modificado prácticamente ni los porcentajes ni las organizaciones beneficiadas de esto. Parece que en todo esto volvemos a hablar de la falta del elemento de concurrencia, de publicidad y del principio de no discriminación. Está claro que hay un elemento irregular a la hora de gestionar estos fondos.

El caso más llamativo, desde nuestro punto de vista, es que se hayan cobrado visitas no realizadas o realizadas por agentes sindicales sin tener ni siquiera la formación en prevención de riesgos laborales. Las visitas a centros de trabajo para comprobar que cumplen las condiciones de seguridad representan la principal actividad de la fundación. En el caso de las organizaciones sindicales territoriales o transversales -desde luego, el cambio de nombre solo ha sido eso, un cambio de nombre sin un efecto funcional sino solo estético-, tampoco sabemos si el contenido fue la prevención de riesgos laborales u otro tipo de actividad relacionada con las actividades sindicales, especialmente en el caso de Comisiones Obreras, ya que las visitas se realizan por agentes que no tienen la formación específica en prevención de riesgos laborales. En el caso de Confemetal, UGT-FICA y Comisiones Obreras de Industria se presentaron copias a color escaneadas de los partes originales, con la intención además -y eso está claro y comprobado- de cobrar una visita, no sabemos si de manera no debida o es que directamente la visita, presumiblemente, no se realizó. Nos parece que con este informe sobre el asunto que estamos tratando, que es la prevención de los riesgos laborales, y con los datos que todavía tenemos en esta sociedad de accidentes de trabajo, queda mucho por hacer.

Quiero hacer una pregunta al presidente del tribunal en este caso, ¿qué consecuencias se han derivado de este informe?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes y muchas gracias también al señor presidente del Tribunal de Cuentas.

Una vez más, tenemos en nuestras manos un informe que arroja múltiples incumplimientos llevados a cabo por los actores que gestionan y reciben los fondos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales en esta ocasión. Voy a empezar por una cuestión que me parece grave que usted también ha comentado, que son las recomendaciones de años anteriores y que se han incumplido por los gestores de esta fundación. No se han establecido los planes de actuación específicos con objetivos y actividades a realizar. No existen criterios de reparto objetivos de las acciones realizadas para conseguir establecer criterios de economía y eficiencia. No existen análisis, seguimiento y evaluación de los productos finales en las ejecuciones de cada acción. No se cumplen los criterios de eficiencia y eficacia de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. No se han adoptado los mecanismos necesarios para establecer criterios de reparto objetivos entre las diversas convocatorias de acciones. No se ha regulado el procedimiento para analizar el resultado de las acciones concedidas. No se han adoptado medidas para garantizar un control más exhaustivo de la documentación justificativa. Solo con este escenario de incumplimientos de anteriores resoluciones y recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas ya sería suficiente para reflexionar sobre la utilidad de las recomendaciones que hacemos en esta Comisión -que hace el propio Tribunal de Cuentas y que los grupos parlamentarios proponemos- y la falta de control para su efectivo cumplimiento, puesto que, cuando hablamos de


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recursos públicos, hay que hablar de transparencia como elemento central. Hay que hablar de quién, de cuánto, de cómo, de dónde y por qué se gasta el dinero de todos los contribuyentes.

La sensación que queda después de leer este informe, en mi opinión demoledor, es de: yo me lo guiso y yo me lo como, por cómo se han utilizado los recursos, por quién los concede y quién los recibe. Nos parece perverso que los mismos patronos de la fundación, ergo, los responsables de otorgar las subvenciones a cargo del erario público, sean a la postre los beneficiarios de estas subvenciones. Esta actuación, que implica un manifiesto conflicto de intereses al que usted también ha hecho mención, nos parece que no es algo ya que sea contrario a la Ley de Subvenciones y a los principios de concurrencia, sino que es de primero de transparencia y de sentido común. Además, no solo se autootorgan las subvenciones, sino que de una forma muy grosera en numerosas ocasiones coinciden los importes con los de anteriores años, los porcentajes; en fin, lo que ya ha nombrado usted y el grupo que me ha precedido, todo lo cual indica que viene a tratarse de un reparto previo de las cantidades entre los agentes afectados.

Asimismo, la falta de control y fiscalización de las acciones que se llevan a cabo en virtud de las subvenciones concedidas dan lugar a situaciones como las siguientes: personal no formado en prevención de riesgos laborales contratado para tal efecto; subvenciones dedicadas a pagar personal que no realiza las tareas de prevención de riesgos laborales; justificantes de visitas a empresas duplicados o de personas que realmente no estuvieron en dicha empresa, salvo que tuvieran el don de la ubicuidad y pudieran estar en varios lugares a la vez; subvenciones de materiales, que no son el tema que nos ocupa y que finalmente no llegan al punto que deberían llegar; subcontrataciones que tampoco llegan a ningún sitio; pago de dietas no justificadas debidamente; justificaciones de acciones incompletas por omisión o por descuido; un manifiesto descontrol en la gestión de estos fondos destinados a la prevención de riesgos laborales por esta fundación.

En Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aparte de destacar el papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas y la coincidencia con sus conclusiones, proponemos que, efectivamente, haya una gestión transparente, que se respete el principio de libre concurrencia, que se cumplan los requisitos de las justificaciones. En definitiva, proponemos que las subvenciones otorgadas realmente respondan a proyectos de prevención de riesgos laborales, tan necesarios para evitar muertes y accidentes en el trabajo; que existan indicadores claros para realizar el seguimiento de dichas acciones; que se entreguen las memorias justificativas, de forma que realmente se vea dónde ha ido ese dinero público. Asimismo, debería revisarse quién y a quién se otorga ese dinero público y de ninguna manera el subvencionador puede ser el subvencionado.

En definitiva, nos parece muy preocupante que no se hayan atajado las prácticas puestas de manifiesto en este informe y en los anteriores, que no pueden volver a darse ni en esta fundación ni en ninguna otra organización cuando hablamos de la correcta gestión de subvenciones o de fondos de dinero público, que, al fin y al cabo, es el dinero de toda la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente. Y gracias, como siempre, al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia y por su valiosa información.

Quiero empezar por hacerle una pregunta al presidente y es que, tratándose en este caso de una fundación de carácter nacional, quisiera saber quién decide la muestra que se fiscaliza. Considero que los criterios de selección de muestras o de objetivos de fiscalización deben garantizar una proporcionalidad adecuada entre administraciones e instituciones fiscalizadas -que sean de uno y otro signo político, que sean de unos territorios y de otros-; digamos que debería haber criterios objetivos de reparto como suele aconsejar el tribunal en cualquier distribución de ayudas. A veces da la sensación -seguramente errónea por mi parte y pido disculpas anticipadas por ello- de que a Andalucía, que además posee Cámara de Cuentas propia, cuya profesionalidad creo que está fuera de toda duda, le toca con demasiada frecuencia este tipo de fiscalizaciones. Me da igual que se trate del Gobierno andaluz que de sindicatos o de empresarios andaluces. Nos parece muy bien que se fiscalice todo lo que ocurre en Andalucía, pero es verdad que es necesario actuar, ya se trate de tranvías o se trate del otorgamiento de subvenciones, con total pulcritud y proporcionalidad en la selección de objetivos para que la loable e imprescindible actuación


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del Tribunal de Cuentas refleje, lo más equitativamente posible, la realidad territorial e ideológica de las administraciones españolas.

Desde ese punto de vista, y entrando de lleno en el contenido del informe, con brevedad voy a destacar algunos aspectos relevantes. Es verdad que se han detectado deficiencias muy severas en materia de transparencia en cuanto a la eficacia y eficiencia de las subvenciones concedidas; es muy llamativo el conflicto de intereses entre concedentes y perceptores de las subvenciones, y es verdad que durante muchos años ha supuesto una posición de dominio en toda España de las entidades y organizaciones sociales que forman parte de la fundación, si bien no es menos cierto que son las representativas en elecciones sindicales, que han reflejado, por tanto, la voluntad mayoritaria de los trabajadores. Pero, bueno, es verdad que eso nunca puede chocar contra la legalidad y también hay que destacar que estas prácticas forman ya parte del pasado, puesto que ha habido importantes cambios legales en esta materia: por una parte, ahora la Administración ya tiene una representación mayoritaria en el patronato -no es exactamente paritaria- y, por otra parte, la reforma de la Ley General de Subvenciones, de 2015, obliga todavía más a cuidar las incompatibilidades y los conflictos de intereses entre los patronos. También quiero destacar en este sentido, porque es lo que refleja el propio tribunal, que en cuanto a los supuestos de responsabilidad contable, que se refieren sobre todo a la insuficiente justificación de ayudas recibidas, conviene reseñar que la fundación ya ha acreditado el inicio de los correspondientes expedientes de reintegro, lo que seguramente hará innecesario el procedimiento de jurisdicción contable, y lo mismo podemos decir de las graves irregularidades apreciadas por la Abogacía del Estado, que manifiesta en el informe que no sería necesario iniciar procedimiento jurisdiccional alguno si la fundación acepta, como ha hecho, los criterios del tribunal y acredita el inicio de los correspondientes expedientes de reintegro.

Por otra parte -lo conocerá bien el tribunal y el presidente-, también hay informes ya posteriores, como por ejemplo el de 2017, que ya se ha realizado, que demuestran que prácticamente se han subsanado la totalidad de las irregularidades, que el conflicto de intereses se está evitando mediante la figura de la autocontratación y que, a partir de 2016, a partir de este informe que estamos viendo aquí, se ha comenzado un proceso de cambio normativo estratégico y organizativo tendente a adaptar la actividad de la fundación a las indicaciones del tribunal y de la normativa vigente.

No quiero entrar en más pormenores, solo quiero afirmar, para terminar, que al haber analizado una muestra se supone que las conclusiones del informe son extensibles y las recomendaciones aplicables a la acción de la fundación al conjunto del territorio nacional y que, desde luego, no solamente las entidades sociales, sino también la Administración General del Estado ha tenido su parte alícuota de responsabilidad en la buena marcha o en las deficiencias que se han podido producir en la tramitación de estas ayudas. Es decir, si ha habido falta de transparencia, la ha habido en toda España; si ha habido conflicto de intereses, lo ha habido en toda España; si ha habido un claro dominio de algunas organizaciones, lo ha habido en toda España y cualquier práctica irrespetuosa de la Ley de subvenciones, se ha producido en toda España. Por eso, y termino, lo importante es que, gracias al trabajo del Tribunal de Cuentas, de las administraciones y organizaciones sociales concernidas, la gestión pública de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha mejorado y sigue mejorando ostensiblemente, lo que sin duda va a redundar en una mejor consecución de los objetivos, que no son otros que proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Priego Chacón.

El señor PRIEGO CHACÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Como siempre, quiero reiterar también nuestro agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia y por el detallado informe que hoy nos ocupa.

Señorías, todos los que estamos aquí presentes podemos coincidir en que estamos tratando y abordando el fondo de una cuestión muy importante para el sistema de relaciones laborales de este país, como es, nada más y nada menos, que la seguridad y la salud en el trabajo. La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el año 1995 supuso un hito histórico para la legislación laboral española y para la protección y la defensa de los derechos de todos los trabajadores. Esa misma ley otorga un papel fundamental a la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales para la


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formación, la información, la asistencia técnica y para promover el cumplimiento de esta misma ley, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, protegiendo y defendiendo a los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas, que tanto necesitan esa asistencia técnica y esa información y formación externa para poder estar protegidos contra las contingencias y contra las amenazas y peligros que existen en el ámbito laboral.

Nosotros, de la lectura del informe, también podemos concluir algunos aspectos positivos como la rendición de cuentas. Las cuentas anuales de la fundación fueron remitidas al tribunal en tiempo y forma, reflejando la imagen fiel de la institución, también de su situación patrimonial y de los resultados del ejercicio, más allá de que tanto la Intervención General del Estado como el propio Tribunal de Cuentas estén instando a los reintegros de aquellas liquidaciones que no hayan quedado debidamente justificadas. Hay una cuestión en el informe que no se ha abordado -lo dice así expresamente el tribunal-, y es la relativa a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Este asunto, para el Grupo Popular no puede ser menor ni puede ser obviado puesto que una de las misiones fundamentales que tiene la fundación es la prevención de la siniestralidad laboral y la promoción de la salud en el trabajo. No podemos olvidar que las diferencias salariales, la desigualdad funcional, la discriminación por razón de sexo, las barreras de acceso a la información, a la formación profesional y a la promoción laboral en el ámbito de las mujeres trabajadoras pueden ser, de hecho son, causa de siniestralidad laboral y también de enfermedades profesionales e incluso de situaciones de acoso laboral. Por tanto, entendemos que de cara al futuro hay que fiscalizar también si las acciones que realizan los agentes sociales tienen en cuenta esta ley, la Ley de 22 de marzo. También vemos con buenos ojos que los patronos sean responsables solidarios cuando se realizan actos contrarios a la ley y a los estatutos o de actos no realizados con la diligencia debida. Lo saludamos porque de la lectura del informe vemos incumplimientos graves, como es el incumplimiento de las liquidaciones de las acciones, las deficiencias y limitaciones a posibles beneficiarios, las dificultades de evaluación en el cumplimiento de los objetivos o el reparto de fondos sin tener en cuenta los criterios, ni siquiera la Ley General de Subvenciones, justificaciones falsas y contrataciones de personal sin formación. En definitiva, hay muchas cosas que hay que seguir mejorando.

En cuanto a la asignación de recursos a las acciones ordinarias, el propio Tribunal de Cuentas considera necesario, en primer lugar, desarrollar reglamentariamente la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como realizar el estudio previo de los planes de actuación que determinen las necesidades reales del mercado laboral y que no sea a demanda de los propios solicitantes. En esto coincido. No se puede ser juez y parte. Coincido con la expresión de la señora Palencia: Yo me lo guiso, yo me lo como. Además, siempre guisan y comen los mismos, siempre UGT y Comisiones Obreras, dejando al margen a otras organizaciones sindicales o empresariales, que también tienen derecho a acceder a estas subvenciones. Hay que establecer criterios y normas de valoración, con indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los fondos públicos a los que van destinados.

Igualmente, del análisis y liquidación de las acciones transversales, de la lectura del informe, podemos sacar unas conclusiones que tampoco son muy halagüeñas. Se hace un muestreo de la Confederación de Empresas de Andalucía y de UGT y Comisiones Obreras de Andalucía. La señora Moreno ha repartido culpas por extensión, pero realmente lo que tenemos constatado son los incumplimientos de estas organizaciones en el ámbito andaluz. La Confederación de Empresas de Andalucía y sus delegaciones provinciales acreditan falta de justificación de acciones, material editado no distribuido, contrataciones sin solicitar los tres presupuestos previos, guías menos completas que cuestan hasta seis veces más que otras editadas anteriormente y que eran más completas o gastos de personal no justificados. Señorías, como andaluz, como cordobés, tengo que sentir una profunda preocupación por los resultados que este informe arroja respecto a la actuación de los sindicatos en Andalucía, de Comisiones Obreras y de UGT. El portavoz del Grupo Socialista, señor Hurtado, ha manifestado que todo lo de UGT Andalucía y Comisiones Obreras Andalucía ha quedado en agua de borrajas y que solamente había observaciones, anomalías e irregularidades. Podemos descafeinar el asunto todo lo que queramos, pero la realidad es que nuevamente Comisiones Obreras Andalucía y UGT Andalucía vuelven a estar en el ojo del huracán por incumplimientos reiterados de la normativa y por la utilización de fondos públicos. Señorías, se ha repartido material antes de llegar a las delegaciones provinciales, hay guías editadas que no se han distribuido, facturas de empresas que hacían trabajos a los que no se dedicaban, personal contratado para no hacer nada, porque ni hacían visitas ni consultas.


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El señor PRESIDENTE: Señor Chacón, tiene que ir acabando.

El señor PRIEGO CHACÓN: Termino, señor presidente, de momento.

¿Qué hacían? ¿Para qué se les pagaba? ¿A qué se dedicaban estas personas? En mi provincia, en Córdoba, la provincia con más paro de toda España, un 30 %, cuesta hacer el mismo curso 6,5 veces más que en el resto de Andalucía. Se contrató a cuarenta y ocho agentes sindicales sin cualificación en prevención de riesgos laborales y cobraron 643 000 euros en salarios y 52 000 euros en dietas. ¿Para qué, si no podían informar porque que no estaban cualificados? En definitiva, mucho desbarajuste, mucha preocupación por la actuación de estos agentes sociales.

No me da tiempo a analizar las acciones sectoriales -tendría para hablar un buen rato-, así que termino, señor presidente, indicando que la mayoría de las recomendaciones de esta Comisión y del Tribunal de Cuentas no han sido cumplidas. Queda mucho trabajo por realizar, mucho que mejorar y sobre todo hay que reclamar un comportamiento más transparente, ético y legal, principalmente de los agentes sociales, que su actuación vaya encaminada al objetivo marcado que nos debe unir a todos, que no es otro que la prevención de los accidentes, la seguridad y la salud en el trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para dar cumplida respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda de nuevo.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señora presidente.

En primer lugar, quiero hacer una muy breve reflexión sobre el interés que tiene el tribunal en abordar estos informes, que incluyen un importante seguimiento de recomendaciones y de resoluciones de informes anteriores, sobre la base de partir de lo que ya en su momento se dijo y comprobar en qué medida se puede haber mejorado. Es voluntad del Pleno del tribunal incrementar esta labor de seguimiento de recomendaciones en aquellos casos en los que sea posible.

La segunda cuestión de la que quiero hablar se refiere a que un tribunal está dotado de normas técnicas que rigen los procedimientos fiscalizadores y que establecen de manera pormenorizada cómo se desarrolla un fiscalización, cómo se seleccionan las muestras y qué criterios técnicos se utilizan para llevarlas a efecto. He de decirle que en ningún caso los criterios que se utilizan para la selección de las muestras son de carácter político ni territorial, es decir, los criterios técnicos priman por encima de todo y además son revisados en la tramitación interna del tribunal a la hora de la aprobación del correspondiente procedimiento fiscalizador.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas desarrolla su actuación coordinada con otros tribunales de cuentas, con otros organismos de control externo existentes en nuestro territorio. Lo que no podemos plantearnos es la paralización de una fiscalización cuando tiene un horizonte de carácter global por considerar que pudieran existir elementos de fricción o de conflicto de competencias con órganos que tienen el mismo cometido. Pero también hay que darse cuenta de que en muchos casos estamos hablando de fondos estatales. Por otra parte, aunque no fueran fondos estatales, la competencia del tribunal sobre el conjunto de los fondos públicos es indudable. Por tanto, quiero dejar muy claro que la selección de las muestras se hace con criterios técnicos y se revisa en el procedimiento fiscalizador.

Nuestra labor no es cómoda, porque cuando traigo informes como estos, en los que quizá el carácter de señalamiento de las deficiencias tiene un acento superior, es indudable que no son recibidos con agrado en determinadas ocasiones. Pero yo creo que hay que ser conscientes de que el tribunal está cumpliendo con su labor y que lo hace además de acuerdo con un procedimiento preestablecido. Hay que indicar que, en relación con este informe, se han incoado diligencias preliminares por presuntas irregularidades detectadas en la justificación presentada por diversas organizaciones empresariales y sindicales y que están actualmente en tramitación. Es cierto -creo que el portavoz del Grupo Socialista lo ha señalado correctamente- que tanto los informes de la fiscalía como de la Abogacía del Estado señalan de manera repetida que sería perfectamente factible que si la fundación liquida las ayudas pertinentes y lleva a efecto los expedientes de devolución correspondientes no sería preciso el reintegro de esas subvenciones en los casos que así proceda. También hay que indicar que no se han formulado por parte de fiscalía o Abogacía del Estado peticiones de responsabilidad distintas de la contable y que, por tanto, únicamente subsisten estos asuntos en la sección de enjuiciamiento pendientes de una eventual recuperación de fondos por la propia fundación.


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Hay que dejar claro que la autocontratación de los patronos que se plantea en el informe está prevista para la prestación de servicios a la fundación. Lo que no está previsto es que se puedan recibir subvenciones por quienes puedan encontrarse en situación de conflictos de intereses. Es en este segundo aspecto donde el tribunal ha querido señalar su atención. Por último, no se han abordado cuestiones relacionadas con la igualdad efectiva de mujeres y hombres porque no han surgido cuestiones relativas a este ámbito en el curso de la fiscalización y, por tanto, no ha quedado reflejado ningún aspecto crítico sobre esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.

BLOQUE V:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000216 y número de expediente del Senado 771/000216).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto tercero del orden del día, que correspondería al bloque V y que hace referencia el informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2015.

Para su exposición tienen de nuevo la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

El Tribunal de Cuentas aprobó este informe en su sesión de 26 de octubre de 2017, lo que verdaderamente es un récord en nuestro trabajo ante esta Comisión. La cuenta general del ejercicio 2015 se rindió casi con dos meses de retraso con respecto al plazo legal, incumpliéndose así la resolución de la Comisión Mixta que instaba a rendirla en plazo. No formaban parte de la misma las cuentas de las sociedades mercantiles Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, que aún no habían sido aprobadas, y Sociedad de Información Municipal de Melilla, que se rindieron fuera de los plazos previstos en la normativa aplicable.

En cuanto al control interno, no se realizaron informes de control financiero o de eficacia sobre la Administración general y sus organismos. Los puestos de secretario general, interventor y tesorero estaban cubiertos de forma accidental por funcionarios que carecían de la preceptiva habilitación de carácter nacional. La ejecución del presupuesto de 2015 supuso unas modificaciones del 17,4 %, destacando la de los capítulos 6 y 7, en detrimento de la precisión en la planificación de las actividades de capital. En varios suplementos de crédito, basados en el cumplimiento de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de las entidades locales, no se procedió conforme a la normativa al existir obligaciones con proveedores contabilizadas y aplicadas al presupuesto al cierre del ejercicio anterior aún pendientes de pago. La ciudad autónoma imputó al ejercicio 2015 gastos realizados en ejercicios anteriores por importe de 2 000 000 de euros y dejó de aplicar gastos realizados en el propio ejercicio por una cuantía de 4 000 000. Esta forma habitual de operar pone de manifiesto el incumplimiento del principio de anualidad. En el presupuesto de ingresos destaca el bajo grado de ejecución de los conceptos correspondientes a los fondos europeos con un 9 %, debido al deficiente cálculo de las previsiones y al alcanzado en los proyectos financiados a través del Fondo de Compensación Interterritorial, con una desviación del 32 %.

En el balance de la Administración general se han apreciado incorrecciones relativas al inmovilizado intangible al activar indebidamente determinados gastos por 6 000 000 de euros. Respecto a otras entidades sujetas a la contabilidad pública, el tratamiento presupuestario y contable otorgado al Patronato UNEF es el del organismo autónomo pese a no tener tal naturaleza. Por lo que se refiere a las empresas públicas, Emvismesa aprobó sus cuentas en el ejercicio 2014, no así las de 2015, apreciándose incorrecciones en el inmovilizado y las inversiones inmobiliarias. Se recoge la necesidad manifestada por la intervención de liquidar la participación de Proyecto Melilla (Promesa) en la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí.

En relación con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la intervención informó del cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para el año 2015 al haber obtenido un superávit de 5 000 000 de euros. Sin embargo, se incumplió la regla de gasto, lo que llevó al Pleno de la ciudad a


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aprobar el plan económico-financiero, así como también las reglas sobre el destino del superávit presupuestario del ejercicio anterior al mantenerse acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto durante todo el ejercicio. La intervención indicó, asimismo, que el endeudamiento respetaba el límite fijado para no precisarse la autorización del Estado a la realización de esta clase de operaciones.

Entrando en el análisis de la gestión, el periodo medio de pago de las obligaciones, a excepción del segundo trimestre de 2015, se situó fuera del plazo límite de treinta días previsto legalmente. Al menos cinco de los dieciocho empleados públicos incorporados mediante promoción interna a través de la oferta de empleo público de la ciudad para el año 2015, no estaban incluidos en los sectores excepcionados por la Ley de presupuestos. Las cantidades satisfechas por gastos de manutención al personal en comisión de servicios superaban las cuantías exentas de gravamen en el IRPF sin que se practicaran las retenciones a cuenta del impuesto sobre los correspondientes excesos.

Persisten las deficiencias señaladas en ejercicios anteriores relativas a la acreditación del ingreso de la retención fiscal aplicable a los rendimientos satisfechos a los ponentes de las acciones formativas, a la realización de actividades en territorio peninsular sin justificación suficiente y a la admisibilidad de pagos en efectivo.

Finalmente, respecto al seguimiento de las recomendaciones de los informes anteriores, se han apreciado avances en la gestión y justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución de los planes de formación de la ciudad y, asimismo, se ha reducido el número de cuentas bancarias existentes y se ha proporcionado información sobre compromisos de gastos de ejercicios futuros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.

Nos alegra que el Tribunal de Cuentas aprecie avances en las cuestiones que ya había adelantado, como la gestión, la justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución de los planes de formación, la reducción del número de cuentas bancarias existentes y el suministro de información sobre los compromisos del gasto de ejercicios futuros. Si aprecia avances viendo el informe, cómo estarían antes; debía de ser algo dantesco. No obstante, la mayoría de las recomendaciones, como bien sabe el presidente, ya estaban incluidas en los informes de años precedentes -es decir, son irregularidades que se llevan produciendo de forma reiterada- y, desde nuestro punto de vista, ha habido un insuficiente grado de implantación de las mismas. Continuamos con esas irregularidades.

Ha existido un alto nivel de descontrol en la gestión. Usted mismo lo ha dicho: dos meses de retraso en la gestión para aplicar las cuentas; un control interno realizado por un secretario, un interventor y un tesorero accidentales con nula o baja formación para desempeñar esas labores; falta de planificación de las inversiones; incumplimiento de la normativa; 2 millones de euros de gasto aplicados en el año 2015 que son de años anteriores y, sin embargo, no aplican 4 millones de euros que deberían haber aplicado en 2016 o en 2017; un bajo grado de ejecución de los proyectos europeos con desviaciones del 38 %, etcétera. A pesar de que son situaciones que favorecen los abusos y las corruptelas, el Tribunal de Cuentas nunca ha concluido ningún enjuiciamiento en relación con los hechos denunciados en sus informes de fiscalización. Por eso le quería preguntar cuántas causas sobre Melilla se han archivado en la sección de enjuiciamiento por no encontrar ninguna circunstancia que pudiera ser indiciariamente constitutiva de malversación o alcance la responsabilidad económica exigible a funcionarios o autoridades.

También le quería hacer la siguiente pregunta: ¿Es cierto que el Gobierno de Melilla ha culpado de todas las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas a los técnicos del ayuntamiento, a los señores interventores, secretarios o tesoreros? Me parecen excusas de república bananera. Solo les falta alegar sobre los informes que no lo saben, no les consta o no se acuerdan. Nos parece una completa falta de seriedad a la hora de realizar este tipo de seguimientos.

Dado que son organismos estatales, ¿cómo es posible que la Guardia Civil en la llamada Operación Tosca o el propio Tribunal de Cuentas hayan detectado indicios de corrupción en el ayuntamiento pero el Tribunal de Cuentas nunca haya condenado a nadie? Hablamos de delitos graves con penas altas como el de falsedad documental, prevaricación, malversación o tráfico de influencias. La Operación Tosca vincula irregularidades en la contratación pública con incidentes electorales en Melilla. Además, precisamente en el marco de esa operación veinte personas llegaron a ser imputadas, entre las cuales


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había al menos dos consejeros del Partido Popular. ¿Conoce el presidente del tribunal en qué situación procesal se encuentran estas investigaciones judiciales?

No es que queramos ver a inocentes condenados, no se pongan nerviosos; no es que queramos eso. Lo que pasa es que nos resulta sorprendente, dada la reiteración de los informes, de la información que contienen y de las irregularidades que se hacen de forma sistemática, que no se haya condenado a nadie. Por eso queríamos preguntar si el presidente considera que tiene alguna debilidad en la sección de enjuiciamiento que podamos resolver en esta Comisión o si necesita algún recurso que nosotros podamos ayudarle a tener. En este sentido, también me gustaría preguntarle si no le parece raro que sistemáticamente se encuentren irregularidades y no den lugar a ningún tipo de responsabilidad, sea en el ámbito que sea en la ciudad de Melilla.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Llaman la atención muchas cosas en este informe pero, por empezar por algún sitio, llama la atención el reiterado incumplimiento de los plazos de rendición de la cuenta general por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. No solo la rinde tarde, sino que la rinde mal, porque no introduce a todas las entidades que debería incluir; por ejemplo, a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo o la Sociedad Anónima de Información Municipal de Melilla, especialmente la primera, en la que ni siquiera habían sido formuladas las cuentas al realizarse la fiscalización. También clama al cielo, como comentó el compañero de Ciudadanos, que los puestos de secretario general de la ciudad, interventor y tesorero estuvieran cubiertos de forma accidental por funcionarios que no ostentaban el carácter señalado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Llaman la atención las graves deficiencias en general en la Intervención de la ciudad, probablemente relacionadas con este último punto: el interventor no ha realizado los controles financieros previstos; la inexistencia del estado comprensivo de saldo de bases de ejecución que debería elaborar la Intervención; incorrecciones en la contabilización de inmovilizado; desviaciones brutales en el presupuesto tanto de ingresos como de gastos; a duras penas cumple con la regla de gasto, cuando cumple con ella; y no cumple tampoco con los plazos de pago a proveedores. La misma Comisión Europea detectó incidencias graves en el trabajo de la Intervención General, como se señala en el informe. En fin, parece que nos acostumbramos a ver este tipo de actuaciones en los informes que se evalúan en esta Comisión, pero no nos podemos acostumbrar porque son un auténtico escándalo. Yo le preguntaría al partido en el Gobierno, al Partido Popular, por qué ellos, que son tan diligentes a la hora de intervenir comunidades o ayuntamientos cuando consideran que según su criterio no cumplen la regla de gasto, no han intervenido aún la Ciudad Autónoma de Melilla. ¡Ah, no, claro!, es que ha estado gobernada...

El señor PRESIDENTE: Señor González, a quien tiene que preguntarle es al presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Ahora mismo voy con las preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas, pero hay que señalar que es una ciudad gobernada por el Partido Popular.

Al presidente del Tribunal de Cuentas le pregunto, obviamente, cuáles son las acciones que se han desprendido de este informe de fiscalización, tanto en la sección de enjuiciamiento como a través de la fiscalía, y si han sido archivadas; como supongo que lo habrán sido, como suele ser siempre que lo preguntamos, quisiera saber cuáles son los motivos aducidos. También quisiera preguntarle si se ha cumplido alguna de las recomendaciones este año, porque supongo que ya habrán iniciado la fiscalización, incluida la de presentar en el plazo debido la cuenta general; en teoría, deberían presentarlo en octubre, pero no acostumbran a presentarla en la ciudad de Melilla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Iglesias.


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La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.

Seguramente, cuando a continuación tome la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo Popular, tendrá una opinión muy distinta de la que tenemos nosotros y los portavoces que me han precedido respecto a este informe. Nos parece que la opinión que puede tenerse de las realidades que se examinan en este informe es que la situación es bastante desastrosa. Es una antología de la irregularidad, y más teniendo en cuenta los antecedes; me estoy refiriendo a que ya hemos visto numerosos informes, algunos muy recientes, y en todos se ponen de manifiesto muchas deficiencias, y muy graves, y no parece que avancemos prácticamente en nada. Usted ha citado tres, y creo que no hay más en el informe, en las que se ha avanzado algo en cuanto a la justificación de subvenciones, la reducción del número de cuentas bancarias y los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. Pero son avances mínimos en este océano, como digo, de irregularidades.

Si nos fijamos, por ejemplo, en la rendición de cuentas, que es el paso primero de la labor de control, vemos que es verdad que las cuentas anuales de los organismos autónomos y de la Fundación Melilla Ciudad Monumental se rindieron en plazo, pero la cuenta general se rindió fuera de plazo y, además, no incluía las cuentas de dos de las tres sociedades mercantiles con que cuenta la ciudad autónoma, en Emvismesa e Inmusa, detallando además el Tribunal de Cuentas lo sucedido a raíz del requerimiento del consejero de cuentas, que deja patente la poca seriedad y la poca diligencia que han mostrado estas empresas. También fuera de plazo se rindieron las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, lo que resulta inexplicable por las razones que diré más adelante. En cuanto al contenido y estructura de las cuentas, dice el tribuna que se ajustan en general a los principios y normas contables, opinión favorable, con salvedades. Esta fórmula atípica utilizada por el departamento sexto exclusivamente supone seguir sin emitir una opinión tipo, de las que están previstas con carácter vinculante para todos los departamentos en las normas de fiscalización.

La gestión de los presupuestos también presenta importantes irregularidades, que ya se han comentado. Para empezar, el presupuesto fue aprobado fuera de plazo, pero es casi lo de menos. No se justifican las cantidades presupuestadas. No se tiene en cuenta la existencia de obligaciones pendientes de aplicar del ejercicio anterior. El anexo de inversiones carece de determinados datos, cuando además esta carencia ya dio lugar a que en el año 2010 se anularan los presupuestos por los tribunales de justicia. La ejecución del presupuesto también presenta unos márgenes de desviaciones que no parecen en absoluto razonables, en un caso un 162 %, en otro un 222 %, con los ingresos un 200 %. Vamos, todo lo contrario de lo que tiene que ser un presupuesto.

Se observan deficiencias en los procedimientos de control interno, que ha destacado usted. Se ha hablado aquí de los funcionarios que todavía existen con habilitación nacional en secretaría, tesorería, intervención. Inexistencia de controles financieros, de falta de reparos, de falta de depuraciones a los antiguos. Los estados de gasto con financiación afectada y los de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros están tan mal formulados que no son representativos de su contenido. Se contabilizan derechos casi con toda seguridad prescritos, sin que se haya hecho ninguna gestión para su depuración. En general, llama la atención, como ya se ha comentado, la gran cantidad de recomendaciones del propio tribunal que han sido obviadas por la ciudad autónoma como, por ejemplo, la relativa a la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, de la que no se informa absolutamente nada, o la relativa a la peculiar situación de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, fundación sin trabajadores en el ejercicio fiscalizado, con un voluntario, que recibió una aportación de 25 000 euros y realizó una sola actividad, unas jornadas de seguridad, y respecto a la cual Promesa, patrono de la fundación, dijo no saber nada del informe de intervención que proponía liquidar la aportación de esta sociedad en dicha formación.

No se entiende -como decía antes- que con esta poquísima actividad no se hayan podido presentar las cuentas en plazo ni parece razonable tampoco el mantenimiento de esta fundación. En particular, hay recomendaciones que se vienen haciendo desde el ejercicio 2008, que yo haya visto; es decir, durante ocho ejercicios consecutivos sin que la Administración se dé por enterada, y enumero solo algunos: aplicación más estricta del procedimiento administrativo detallado en las bases de ejecución; el cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria; elaborar unos presupuestos con un mayor rigor. Es verdad, y a nosotros también nos llama la atención, que en este estado de cosas únicamente, y por parte del ministerio fiscal, no de la Abogacía del Estado, se haya apreciado algún tipo de responsabilidad contable. No tenemos los datos suficientes para avanzar más allá, pero nos sorprende, en cualquier caso.


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El Tribunal de Cuentas ha hecho sus recomendaciones. Esta Comisión mixta hará sus propuestas de resolución, pero la verdad es que, a la vista de este informe, esta contumacia resulta absolutamente desalentadora.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.

La señora ACEDO REYES: Buenas tardes.

En primer lugar, muchas gracias, presidente del tribunal, por acudir a la Comisión y explicar estos informes de fiscalización que estamos analizando.

Lleva usted razón, señoría del Grupo Socialista. Claro que tengo una visión completamente diferente a la que se ha trasladado aquí por parte de los grupos parlamentarios, porque para hablar de una determinada cosa es importante conocerla y, además, mirar los antecedentes. Así, seguramente no hubiese dicho la cantidad de barbaridades e irresponsables acusaciones que se han hecho aquí, y en otras sesiones previas de la Comisión, que no han dado lugar a responsabilidades penales, pero sí han supuesto un coste político y personal importante para las personas que estaban al frente, cuando se han archivado todo tipo de actuaciones, no hay ningún tipo de responsabilidad contable ni hay ningún tipo de responsabilidad penal. Yo pediría un poquito de prudencia, porque seguramente nos irá muchísimo mejor a todos.

A continuación, voy a analizar el informe de fiscalización. Estos informes de fiscalización llegan dos ejercicios después, y las recomendaciones de 2015 se verán incorporadas en 2018, porque la voluntad de la ciudad autónoma es incorporar todas las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas. Actualmente las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla tienen un volumen de competencias muy elevado y una estructura administrativa limitada para ese volumen de competencias como comunidad autónoma y como ayuntamiento. Es importante que esto se conociese un poco.

Con respecto a la rendición de cuentas, que no es una cosa menor, tanto la Administración general como la de los entes se ajustan al contenido y las estructuras previstas en el régimen contable aplicable. Hay un elevado grado de ejecución del presupuesto, el 83 %, 2 puntos porcentuales por encima del año 2014, y se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria por la situación de equilibrio o de superávit, en términos de capacidad de financiación. Estas son cuestiones muy importantes -no he escuchado que se haya hecho referencia a ellas-, pero no son menores. Pero como la intención de nuestro grupo es participar, junto con el tribunal, en que las recomendaciones se vayan incorporando en todas las administraciones y entes públicos que aquí analizamos, me he ocupado de estudiar cada una de esas recomendaciones, de ponerme en contacto con la propia ciudad para saber el grado de incorporación de esas recomendaciones y las relaciones con el propio tribunal en la presentación de la documentación que se requiere para el análisis de la gestión.

Desde un análisis optimista y sin sobredimensionar lo que viene recogido en este informe, se han experimentado en los últimos años grandes avances, tras las recomendaciones de ejercicios precedentes, en la gestión administrativa y presupuestaria de la Ciudad autónoma de Melilla. Concretamente, en cuanto a las bases de ejecución, en los años 2016-2017 se detallan mal los documentos que son obligatorios en cada expediente para su tramitación contable, los contratos menores, mayores y también subvenciones. Con respecto al importe de reconocimientos extrajudiciales de crédito, a lo que el tribunal hace referencia, se intenta reducir año tras año el importe y, aunque es un instrumento excepcional, existe en la normativa, es perfectamente legal, e incluso en ocasiones es recomendado por el Consejo de Estado y la Junta Consultiva por surgir gastos imprevistos. Al final, son instrumentos perfectamente legales y que debe utilizar la Administración para hacer frente a estos gastos imprevistos.

Con respecto al inventario, que ya se ha trasladado al tribunal, en reiteradas alegaciones se ha notificado la actualización que se está llevando a cabo, junto con el catastro, desde hace algún tiempo. Además, en lo referente a la contabilización del fraccionamiento y aplazamiento de la recaudación, es por la problemática de no estar enlazadas las distintas aplicaciones informáticas, que esperamos que con la nueva aplicación de recaudación que se ha diseñado sea posible.

En relación con la financiación afectada, parece que al Tribunal de Cuentas no le termina de convencer el sistema por el que se envía la documentación y se han mantenido reuniones al respecto, pero es la que presenta la aplicación GEMA actualmente, que no viene muy clara, y nos consta que se está trabajando en una nueva configuración que contenga información más clara. También se han formulado alegaciones por


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parte de la ciudad ante lo que entendían que eran juicios de valor respecto del propio Tribunal de Cuentas. No obstante, se va a trasladar mayor información sobre los compromisos de gasto con ejercicios futuros, habida cuenta de que no hay un mismo criterio entre el Tribunal de Cuentas y la propia ciudad autónoma.

Sobre Melilla Monumental, se está trabajando en la actualización de los estatutos para el año 2018, para concretar y definir correctamente, de manera que se pueda entender, que la actuación de Melilla Monumental no es una actuación, como afirma el tribunal, que puede ser llevada a cabo por otras consejerías, sino que es una actuación muy puntual. Se va a recoger y definir correctamente en los estatutos del año 2018.

Con respecto a Fimades, con una aportación de 25 000 euros, cien por cien participada por la sociedad pública Proyecto Melilla, no se va a eliminar, se ha trasladado al tribunal, sigue defendiéndolo la propia ciudad autónoma y no es una cuestión de capricho, es una cuestión de que somos una ciudad española y europea al norte de África, donde existen importantes transacciones económicas, políticas y sociales con el Reino de Marruecos. El norte de Marruecos solo a través de fundaciones de estas características puede trabajar en esas relaciones. Se mantienen relaciones comerciales, sociales, políticas y económicas para trabajar en el desarrollo económico del norte de África, y tanto la Ciudad de Melilla como, en su caso, Ceuta necesitan de este tipo de fundaciones y por eso se mantienen. Pero cada vez se ha ido reduciendo la aportación de la sociedad pública Proyecto Melilla a esta fundación porque lo importante no es la cantidad económica que haya en la fundación...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Acedo.

La señora ACEDO REYES: ... sino la labor que verdaderamente hace, que es muy positiva para la ciudad y para el norte de África. Se lo digo porque no se va a eliminar.

Con respecto a los planes de formación, ya en el año 2016 se han detallado las normas de justificación de estas subvenciones, gastos subvencionables y los límites de los mismos.

En relación con el Fondo Social Europeo, la Comisión ya levantó el embargo y considera subsanadas todas las deficiencias frente a las alegaciones que se presentaron por parte de la ciudad autónoma. Sería interesante que reparasen en todo este tipo de cuestiones y que se hubiesen informado antes de verter determinadas acusaciones como han hecho, que me parecen completamente irresponsables. Posiblemente, con respecto al Fondo Social Europeo hubo falta de remisión de toda la información. Por eso, una vez que se remitió toda la información correctamente, tal y como la Comisión quería, se levantó el embargo.

He de aclarar que el personal de intervención de la ciudad autónoma intenta que la gestión administrativa, económica y presupuestaria sea cada vez mejor y en eso se está trabajando. También se podrían haber informado todas sus señorías de que se han sacado en numerosas ocasiones tanto la plaza de interventor como la de secretario general y de tesorero para habilitación nacional y no se han cubierto, siguen sin cubrirse; se han vuelto a sacar y siguen sin cubrirse por una cuestión completamente ajena a la ciudad autónoma. Sería importante que se interesasen también, señorías, por esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Acedo, ahora sí.

La señora ACEDO REYES: Sí, presidente, ya voy acabando.

Es importante que se informen de esto también antes de hacer determinadas acusaciones, pero es que no se puede esperar más de sus señorías, lo siento mucho, no se puede esperar más. (Risas). Sí, ríanse, pero es que es la realidad, porque hablar con ese desconocimiento, de verdad, asombra.

Un 17 % de desviación por parte... (El señor Ramírez Freire pronuncia palabras que no se perciben). No me interrumpa que yo no le he interrumpido a usted.

El señor PRESIDENTE: Señora Acedo...

La señora ACEDO REYES: Presidente, termino si no me interrumpen.

El señor PRESIDENTE: ... le ruego que acabe en quince segundos.

La señora ACEDO REYES: Se lo agradezco.

Una desviación del 17 % en el presupuesto, en los capítulos 6 y 7, por situaciones sobrevenidas que lo puede alterar fácilmente, es un imponderable pero no desvirtúan un presupuesto.

Muchísimas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra, para finalizar, el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Brevemente, intentando responder a algunas de las cuestiones planteadas, he de indicar que el tribunal no tiene ningún problema en la Sección de Enjuiciamiento y no lo tiene en relación con la Ciudad de Melilla, no existe ninguna debilidad en ese aspecto. Pero yo no le puedo ofrecer, señor Ramírez, ninguna contestación referente a los procedimientos de la sección de enjuiciamiento por la sencilla razón de que los procedimientos de la sección son propios de la sección, son independientes. Le daré traslado al presidente de la Sección de Enjuiciamiento por si cree conveniente informar de cualquier cuestión relativa a esos procedimientos. Lo que le he de indicar, como lo he hecho en otras ocasiones en las que se ha hablado sobre temas de la Sección de Enjuiciamiento, es que en el tribunal las pretensiones de responsabilidad las ejercen diferentes actores: las ejerce la fiscalía, las ejerce la Abogacía del Estado, las ejercen los representantes legales de las administraciones afectadas y las ejercen también los actores públicos que han podido considerar que existen cuestiones relacionadas con la responsabilidad contable. Lo que no se ve en el tribunal son las responsabilidades penales. Me ha parecido que usted en su intervención lo achacaba al hecho de que en el tribunal no condenamos a nadie en ese terreno. No tenemos esa competencia y no la ejercemos. Y en el caso de la Sección de Enjuiciamiento, como le digo, en el tribunal se sustancian pretensiones planteadas por diferentes instancias y en unas ocasiones llegan a buen término y en otras no. No existe ningún patrón que pueda hacer pensar que en la Ciudad de Melilla existe algo diferente que en el resto de las actuaciones de la Sección de Enjuiciamiento.

En relación con lo que me plantea el señor González sobre qué acciones se han desarrollado derivadas de este informe, quiero indicarle que no se han formulado peticiones de responsabilidad distinta a la contable, pero por parte del ministerio fiscal se ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad contable derivados, fundamentalmente, del abono por Inmusa de un complemento retributivo indebido a sus trabajadores, de la no acreditación del ingreso de las retenciones del IRPF en las justificaciones de subvenciones recibidas por las entidades sindicales destinadas a acciones formativas enmarcadas en el plan de formación con fondos propios y también una subvención nominativa concedida por el Patronato de Turismo y no justificada por el beneficiario. Por otra parte, también se han apreciado indicios de responsabilidad tributaria derivadas de las retenciones a cuenta del IRPF no practicadas por la Administración de la ciudad autónoma y las retenciones a cuenta del IRPF no practicadas por Inmusa.

En relación con lo que me plantea, señora Iglesias, usted mantiene la opinión de que, a su vez, la opinión del tribunal es atípica porque no aplicamos los procedimientos que se aplican en otros departamentos al establecer nuestra opinión sobre los estados financieros. Pienso, señora Iglesias, que usted no puede haber sacado esto de ningún voto particular que se haya formulado, porque entiendo que no se formuló voto particular al respecto. Por tanto, quizá tiene una información superior a la que puedo tener yo. Creo que en relación con las cuentas anuales hay opiniones de todo tipo pero, en todo caso, la opinión que formula el tribunal nunca es una opinión estandarizada que establece las posibles opciones de una manera tan estricta como usted nos ha planteado. Las opiniones que formula el tribunal en el ámbito financiero son suficientemente críticas en este caso y las opiniones de gestión que se han formulado sobre la Ciudad autónoma de Melilla a lo largo de los años han tenido una carga crítica muy notable. Por tanto, que ustedes vengan a achacar al tribunal que no se ha ejercido un control lo suficientemente riguroso con respecto a la Ciudad de Melilla no es cierto y no es justo porque los informes del tribunal relacionados con esta ciudad autónoma siempre han tenido esa carga de crítica que ustedes pueden encontrar en los diarios de sesiones a lo largo de todos los años. Lo que es verdad es que esa carga crítica ha ido disminuyendo o ha disminuido en parte porque también ha habido avances. Alguno de ustedes planteaba: Si ustedes consideran que son avances solo estas tres cuestiones, ¿cómo tendrían que estar antes? Eso ya no es una cuestión que nosotros entremos a valorar porque lo que es indudable es que valoramos esos avances sabiendo que se partía de una situación de dificultad en la gestión de la ciudad autónoma que se ha puesto de manifiesto.

En relación con las propuestas que ha formulado el tribunal en sus recomendaciones, quiero indicar que puede estar muy justificado plantear la pervivencia de determinadas fundaciones pero, desde el punto de vista de la opinión del tribunal, verdaderamente la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental se podría desarrollar a través de comisiones interadministrativas o bien actualizarse sus


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estatutos si, efectivamente, tiene encomendadas funciones adicionales a la de coordinación entre consejerías. Esa es la opinión que hemos manifestado en el informe a la hora de formular las recomendaciones y las seguimos manteniendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

BLOQUE II. GESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES PÚBLICAS:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIONES EN DETERMINADOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso 251/000181 y número de expediente 771/000171).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 422A "INCENTIVOS REGIONALES A LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL", EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso 251/000211 del Congreso y número de expediente del Senado 771/000207).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 4, que corresponde con el 2 antiguo, que contiene dos informes: el informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos autónomos correspondientes al área de la administración económica el Estado, ejercicios 2014 y 2015 e informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422.A, incentivos regionales a la localización industrial ejercicio 2015.

Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Estas fiscalizaciones se dirigen a evaluar la gestión, el control y el reintegro de subvenciones públicas, enmarcándose en el objetivo específico de promoción de buenas prácticas de organización, gestión y control entre las entidades públicas contenido en la planificación estratégica de la actividad fiscalizadora 2015-2017. En ambos informes se han observado debilidades que dificultan la gestión de las ayudas, derivadas principalmente de las lagunas normativas en los procedimientos y de las aplicaciones informáticas utilizadas para el seguimiento y control de los expedientes. En este sentido, las conclusiones y recomendaciones se orientan a la mejora de los mecanismos de gestión y control, homogeneizando los procedimientos y potenciando las herramientas informáticas.

El 22 de diciembre de 2016 se aprobó el informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos autónomos correspondientes al área de la administración económica del Estado, ejercicios 2014 y 2015. La normativa reguladora del procedimiento de concesión y gestión de subvenciones, siendo abundante, no alcanza de forma detallada a todos los aspectos, especialmente el procedimiento de reintegro. Ello ocasiona inseguridad jurídica tanto en los gestores como en los beneficiarios, incoherencias en la actuación administrativa no resueltas por los manuales e instrucciones internas existentes e incluso, en ocasiones, el incumplimiento de la normativa aplicable. El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, al no fijar un plazo para realizar el requerimiento de presentar la justificación, permite que los centros gestores puedan dilatarlo en contra de los principios de celeridad y de impulsión de oficio. Esto, a su vez, origina retrasos en el inicio del procedimiento de reintegro y el incremento del importe en concepto de intereses de demora. Algunos gestores optan por la realización de requerimientos informales o comunicaciones a los beneficiarios, lo cual no debe suponer un riesgo de retraso en realizar el requerimiento formal. Se ha observado que en algunas líneas, aunque los beneficiarios declaren la existencia de remanentes de fondos sin aplicar, suelen esperar a la solicitud de ingreso por parte del centro gestor, en vez de adjuntar una carta de pago al presentar la cuenta justificativa.

Respecto al procedimiento de reclamación de las cantidades a reintegrar, es escasa la regulación sobre devoluciones voluntarias en el ámbito de la Administración General del Estado, lo que propicia que cada centro gestor decida la emisión de uno o dos modelos de declaración para el principal y los intereses de demora. En el caso de los organismos autónomos no existe normativa específica alguna referida a la


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gestión de los ingresos no tributarios que obligue a seguir el procedimiento concreto para el ingreso. Se ha observado que ninguno de los centros gestores analizados había iniciado expedientes sancionadores para la presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas ni tampoco sobre los beneficiarios que no habían rendido la cuenta justificativa en plazo. Por otra parte, no existe en los centros gestores instrucciones internas sobre qué información debe remitirse y en qué plazos a la base de datos nacional de subvenciones. La mayoría de ellas no envía información sobre incidencias en la justificación, sanciones o reintegros pendientes, ni tampoco siguen criterios uniformes.

Por lo que se refiere al informe de fiscalización de las subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 422.A, incentivos regionales a la localización industrial, ejercicio 2015, se aprobó por el pleno del Tribunal de Cuentas de 27 de julio de 2017. El órgano encargado de la ejecución de la política de incentivos regionales era la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Durante los ejercicios 2014 y 2015 reconoció obligaciones por subvenciones de capital de este programa por 79,5 y 74 millones de euros, respectivamente. La aplicación informática Sirio, que utiliza la citada dirección general -actualmente de Fondos Europeos- para registrar los datos de los expedientes, no permite obtener una visión global de su situación ni del volumen gestionado. Los datos de dicha aplicación presentan deficiencias y no aportan información fidedigna. Existe un cierto grado de discrecionalidad en la valoración de los criterios que sirven de base para el informe que emite el Comité de evaluación de proyectos, lo que puede afectar a la obtención de la puntuación mínima para que un proyecto sea financiable. Hay un significativo número de solicitudes de modificación de las condiciones de las subvenciones concedidas. Ello pone de manifiesto que las condiciones establecidas en cada resolución individual se desvirtúan a lo largo de la vida de los proyectos. A su vez, se ha observado un significativo volumen de renuncias a las subvenciones concedidas, un 23 %, lo que revela que existen circunstancias, relativas a la evaluación de los proyectos y a las condiciones iniciales establecidas para su ejecución, que reducen la eficacia de esta modalidad de ayudas en ciertas áreas. La normativa no fija el plazo de que disponen las comunidades autónomas para revisar la documentación del beneficiario. El plazo medio entre la fecha de fin de vigencia y la del documento contable ADOK es de 682 días, atribuibles en su mayor parte a aquellas. La información que sirve de base para el cálculo de los indicadores y objetivos realizados en el presupuesto por programas y memoria de objetivos del Ministerio de Hacienda y Función Pública relativos a este programa presupuestario presenta algunas deficiencias derivadas de la captura de datos de la aplicación Sirio. Finalmente, la Subdirección General de Incentivos Regionales no había elaborado los estudios relativos al análisis y evaluación del impacto territorial de los incentivos económicos regionales. A su vez, el Consejo Rector no había elevado al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, una memoria explicativa de los incentivos concedidos en cada zona promocionable, así como de su incidencia sobre la inversión y el empleo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señor Álvarez de Miranda. Voy a empezar por el segundo informe, sobre los incentivos regionales a la localización industrial. Este programa del Ministerio de Hacienda se suma a otros del Ministerio de Economía como uno de los instrumentos de política industrial para la diversificación de la economía y la reindustrialización en 2020. Me asaltan muchas dudas, quizás sea por el mismo motivo de siempre, pero, insisto, mi primera pregunta es: ¿Cómo cree el Tribunal de Cuentas que este programa contribuye a este objetivo de reindustrialización de 2020? ¿Diría que de una forma significativa? Por otra parte, ¿le parece al tribunal correcta la definición de áreas geográficas definidas para recibir estas ayudas? Insisto, echo de menos en el informe y en la web del ministerio una forma clara de saber qué zonas en concreto pueden beneficiarse de este programa, y es que nuestro grupo parlamentario insiste mucho en la necesidad de evaluar programas de gasto público, y este informe podría ser un buen ejemplo. Por supuesto, hay que revisar el cumplimiento de la legalidad -lo hemos comentado en numerosas ocasiones-, pero desde luego hay que revisar el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de seguimiento. A mí me decepciona un poco descubrir que solo hay dos folios en el expediente sobre este tipo de revisión del grado de cumplimiento. Me gustaría preguntarle al presidente si cree que las Cortes podemos valorar y extraer conclusiones políticas con este apartado que nos presenta.


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Nos aporta un cuadro número 2, del grado de ejecución de objetivos e indicadores, pero hay algunos datos -por ejemplo, que se crearon menos puestos de trabajo directos de lo previsto en los proyectos financiados, o también que hubo menos empresas creadas de las inicialmente previstas- sobre los que, si es posible, me gustaría que me diera alguna razón o que me explicara a qué se debió todo esto. ¿Cómo realizó el Tribunal de Cuentas esta evaluación? ¿Entrevistaron a alguien, visitaron algún proyecto? Me gustaría que el Tribunal de Cuentas confiriera mucha más importancia a la evaluación de las políticas. El Tribunal de Cuentas -usted mismo lo ha comentado- dice que la Subdirección General de Incentivos Regionales no ha cumplido el requerimiento reglamentario. ¿Qué excusas le dieron? Insisto, me gustaría que el informe fuera un poco más claro, más completo, que fuera directamente a las cuestiones que motivaron todas estas irregularidades.

En cuanto al primer informe de fiscalización de reintegro de subvenciones, la verdad es que el importe es muy elevado. Estamos hablando de 9860 millones en 2014 y 7900 en 2015. El Tribunal de Cuentas detalla en su informe que, pese a la existencia de un régimen sancionador bien definido por la Ley de Subvenciones, ninguno de los centros gestores visitados había iniciado procedimientos sancionadores. No se rindieron en plazo las cuentas. Usted mismo ha dicho que hay una escasa normativa en gestión recaudatoria no tributaria. Desde luego, en esto tenemos que hacer hincapié. Entendemos que la Administración no lo pone fácil -usted lo ha comentado- en cuanto a que tan solo en ocho de las treinta líneas analizadas las convocatorias no recogen el medio de pago para llevar a cabo la devolución.

Termino con una pregunta: ¿De cuánto dinero estamos hablando, señor presidente? ¿De cuántos recursos públicos estamos hablando cuando nos referimos a esta gestión de reintegros? ¿Cuánto dinero estima el Tribunal de Cuentas que pierde la Administración General del Estado por no reclamar esas subvenciones que debieran ser reintegradas?

Sin más, muchísimas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Empezaré por el principio, por el informe de fiscalización de la gestión de reintegros de subvenciones correspondientes al área de la administración económica del Estado de los ejercicios 2014 y 2015. En primera instancia, el informe reconoce que existe una abundante normativa reguladora al respecto de la concesión y gestión de subvenciones públicas. Sin embargo, también se dice que no se regulan todos los aspectos del procedimiento y se señalan la ausencia de requerimientos ante la falta de presentación de la justificación, el contenido y los plazos de revisión de las justificaciones, el cobro y registro de los ingresos por cantidades no aplicadas o la imposición de sanciones, entre otros. En este sentido, queremos realizarle dos preguntas al presidente del Tribunal de Cuentas. La primera es si se considera necesaria una revisión en profundidad de la normativa o si más bien es necesario completarla con los aspectos de procedimiento pendientes de regulación. La segunda es que el informe alude a la inseguridad jurídica provocada por estos defectos en la normativa y queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si tienen constancia de que dicha inseguridad haya tenido un impacto sustancial en el número de solicitantes de subvenciones. En las conclusiones del informe, sin embargo, también se nos dice que el régimen de infracciones y sanciones está bien definido en la ley pero que se aplica mínimamente. ¿Esto significa que, además de los defectos regulatorios que pueda haber en la concesión de subvenciones, también hay cierto grado de indulgencia en su gestión por parte de las administraciones públicas correspondientes?

Con respecto al segundo informe, seré breve. En el informe de fiscalización de subvenciones concedidas con cargo al programa de incentivos regionales a la localización industrial del ejercicio 2015 se nos dice que el informe preceptivo de las comunidades autónomas a la Dirección General de Fondos no se aporta en la mayoría de los casos y que, de los casos en los que se aporta, solo la mitad se adecua a lo prescrito. A este respecto, queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas cuáles considera que son las causas de este problema y si han detectado diferencias o asimetrías entre las diferentes comunidades autónomas. El informe también nos dice que existe un cierto grado de discrecionalidad en la determinación de la valoración de criterios que sirven de base al informe del área de proyectos del comité de evaluación. ¿El Tribunal de Cuentas tiene constancia de que esa discrecionalidad en la valoración se haya utilizado en determinados casos para favorecer de manera arbitraria unos u otros proyectos?


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Finalmente, nos preocupa el porcentaje tan elevado de renuncias a las ayudas concedidas, un 23 %. El Tribunal de Cuentas parece atribuirlas a circunstancias relativas a la evaluación de los proyectos y a las condiciones iniciales establecidas para su ejecución y, por tanto, queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas cómo han llegado a esa conclusión y si consideran que hay medidas concretas que podrían contribuir a minimizar esos porcentajes.

Eso es todo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Respecto del primer expediente que vemos, y en cuanto a los reintegros de los ministerios y los organismos del área económica, creo que se puede llegar a una conclusión, que sería según este informe, que mientras tenemos unos procedimientos muy bien definidos, muy ágiles y muy concretos de la gestión de los ingresos, sobre todo los ingresos tributarios, tenemos enormes déficits en lo relativo a la gestión de ingresos como consecuencia del presupuesto de gasto, en este caso, de las subvenciones. Los reintegros de subvenciones no tienen ni procedimientos ágiles ni definidos. El propio informe establece o indica que ni la Ley General de Subvenciones fija un plazo de inicio de un expediente de reintegro; sí define el periodo de prescripción de cuatro años, pero no cuando se debe de iniciar de oficio un expediente de reintegro como consecuencia de no justificar las subvenciones correspondientes. Por tanto, se necesita avanzar en ese cambio normativo, pero sobre todo a nivel de gestión. Esos procedimientos de reintegros tienen que tener una base, un instrumento y una herramienta informática, de la que no se dispone, porque es dispersa, desigual y obsoleta en la gran mayoría de los casos.

Por otra parte, los órganos gestores ni tan siquiera informan del nivel de justificación de esas subvenciones. Se pone de manifiesto también el criterio tan dispar que existe en la aplicación de los intereses de demora a la hora de liquidar esos reintegros e incluso el que no se abran ni tan siquiera expedientes sancionadores. Asimismo se indica que aunque se informe y se faciliten todos los datos de las subvenciones y de algún tipo de incidencias a la base nacional de subvenciones, ni los datos sobre intereses de demora ni los datos sobre aplazamientos ni los datos sobre sanciones se aportan a esa base de datos; con lo cual además es una base de datos incompleta en ese sentido.

Lo que me llama mucho la atención, aparte de esta necesidad de avanzar en la mejora de la gestión de los reintegros de subvenciones que pone manifiesto el expediente, es el universo que aborda este expediente. Es un universo cuantitativamente de mucha consideración. Estamos hablando del área económica y estamos hablando de ministerios y organismos. Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de euros -en concreto, de 9780 millones- en 2014, y estamos hablando en 2015, un año después, de casi 2000 millones de euros menos, casi 2000 millones de euros de euros menos -de 7900 millones de euros aproximadamente-. No sé si se ha analizado en el expediente -yo lo he buscado y no lo he encontrado- cuál es la causa de esa variación tan increíble; estamos hablando de más de un 20 % de disminución. Yo creo que son fondos de I+D+i, de un cambio de sistema que significó abandonar las subvenciones y pasar a lo que es un sistema de préstamos, por lo que ya no tiene la consideración de subvención. Por otro lado, he tratado de buscar en el expediente algo que también se ha señalado y es de qué volumen de reintegros estamos hablando, tanto de aquellos que se han cobrado durante estos dos años como de aquellos que se han dejado de cobrar o, por lo menos, de aquellos que se han liquidado. Me gustaría saber si por parte del presidente del tribunal se puede aportar esa información y qué porcentaje pudiese significar -digamos- la parte de recursos dados a través de subvenciones no suficientemente justificadas y que, por tanto, debiesen ser objeto de expediente de reintegro o han sido liquidados a través de ese expediente de reintegro.

Respecto del segundo expediente, no puedo estar de acuerdo -insisto- sobre la visión que se da de determinados programas, en este caso, incentivos regionales de localización industrial. Estamos hablando de un momento muy difícil, en que uno de los graves problemas en la economía de este país es la desindustrialización que en determinados territorios se está produciendo; problema que hay que abordar, pero hay que hacerlo desde el ámbito público. Estos incentivos son muy necesarios en determinados territorios porque si no, no habría ningún tipo de aliciente para mantener la industria o para crear industria. Independientemente de que sea mejorable la gestión, hay que defender este tipo de recursos e incluso hay que promocionar y promover el aumento de este tipo de recursos, porque una apuesta por la industria y la reindustrialización de determinados territorios de este país es más que urgente. Este expediente


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considera que el nivel de gestión no es aceptable, sino bastante aceptable. Solamente habla de dos cuestiones que considero que son mejorables. Por una parte, habla de mejorar la colaboración con las comunidades autónomas e incluso indica que hay comunidades autónomas que no informan preceptivamente sobre determinados proyectos de inversión. Esto está gestionado a través del Consejo Rector de Incentivos Regionales de la Dirección General de Fondos Europeos y las comunidades autónomas son parte implicada, por lo que ahí habrá que mejorar sustancialmente la colaboración, pero estamos hablando de colaboración, con lo cual hay una línea...

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando.

El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.

Por otra parte, habla de la necesidad de hacer una evaluación más precisa a través de indicadores que evalúen el nivel de creación de empleo y, en definitiva, de los resultados que aporte la inversión. Es mejorable, pero es un expediente en el que no se detecta ningún tipo de anomalía ni ninguna observación que pueda significar indicio de responsabilidad contable. En el primer expediente -esta es la pregunta que le elevo-, por parte de la Abogacía del Estado y de la fiscalía hay indicios de responsabilidad contable y me gustaría saber por qué y en qué situación se encuentra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fole.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Álvarez de Miranda, por comparecer una vez más ante esta Comisión para aclarar algunos de los temas que incluyen estos expedientes.

Voy a comenzar mi intervención con una pregunta que le hacía en la Comisión que se celebró el 26 de septiembre, en la que se abordó el expediente de gestión y control de las prestaciones de los organismos autónomos Fogasa, SEPE e ISM. La pregunta era: ¿No sería necesaria una fiscalización transversal de la Administración General del Estado? Le hacía esta pregunta por la cantidad de recomendaciones que leíamos en los distintos informes del Tribunal de Cuentas referentes a falta de información, coordinación, comunicación entre administraciones, incumplimiento de plazos, obligaciones, planes financieros, necesidades de manuales y directrices de funcionamiento, necesidades de aplicaciones informáticas que solventasen la gestión de los diferentes expedientes, todas ellas dirigidas a una causa común: la eficiencia, eficacia y buen uso de los recursos públicos. Esta pregunta, señor presidente, se ve reflejada en una de las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas dirige al Ministerio de Hacienda y Función Pública en uno de los expedientes que hoy traemos a debate. Dice así: El Ministerio de Hacienda y Función Pública debería estudiar la posibilidad de dictar o promover normas o instrucciones de carácter transversal que permitan solucionar las deficiencias mencionadas en el subapartado anterior. Ese subapartado hacía referencia a deficiencias como dictar instrucciones para que los centros gestores de ayudas elaboren manuales para mejorar el control y gestión de ayudas, realizar comprobaciones iniciales y finales en los procedimientos de justificación, normalizar aplicaciones informáticas, remisión electrónica de información -a estas alturas lo hemos dicho varias veces- o potenciar la formación -importantísimo- del personal destinado a la gestión de ayudas.

Estamos totalmente de acuerdo, señor presidente, con esta recomendación del Tribunal de Cuentas, pero le hacemos las siguientes preguntas. Respecto a la comprobación inicial y final de las subvenciones, ¿cree el tribunal conveniente que los centros gestores envíen informes periódicos sobre el grado de cumplimiento y ejecución de las acciones subvencionables, al igual, por ejemplo, que se hace con la Ley de morosidad, que trimestralmente todas las Intervenciones, al menos las locales, tienen que enviar al ministerio? Respecto a la formación, ¿deberían integrar los centros gestores en sus relaciones de puestos de trabajo personal formado para la gestión de estos fondos, quizá con una visión más transversal, haciendo referencia a un ámbito de administraciones de ámbito menor?

Por lo que respecta concretamente a estos expedientes, señor presidente, fiscaliza el Tribunal de Cuentas siete ministerios, cuarenta y tres organismos públicos y cincuenta y nueve organismos autónomos. Entre otras cuestiones, se fiscalizan procedimientos de justificación, procedimientos de cálculos de demora, procedimientos de contabilidad de derechos de cobro, grados de cumplimiento de objetivos e índices establecidos en los incentivos regionales. Y las conclusiones detallan una serie de


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incumplimientos, deficiencias y necesidades que son ya habituales en los informes del Tribunal de Cuentas, como mencioné anteriormente, pero quería pararme de forma especial en uno de los expedientes, en el de reintegro de las subvenciones. En las alegaciones del Ministerio de Hacienda dice que el régimen sancionador previsto por el título IV de la Ley General de Subvenciones es inaplicado sistemáticamente. Con ello las actuaciones irregulares de los beneficiarios solo se penalizan con el reintegro de lo no ejecutado, lo que hace ineficaz el régimen sancionador. En la misma alegación dice que en mayo de 2004 se crea un grupo interministerial que elabora un anteproyecto, ahora paralizado, de modificación de la Ley General de Subvenciones, cuyo trámite -ahora suspendido, como decía- incluía medidas para integrar el procedimiento de control financiero de las subvenciones y el procedimiento de reintegro, atribuyendo a la Intervención General del Estado el procedimiento y competencia para tramitar y resolver ambos procedimientos simultáneamente eliminando así demoras y duplicidades. Si lo conoce, que me imagino que sí, ¿cree usted que el contenido de este anteproyecto solventaría o daría solución a las deficiencias recogidas en su informe?

Por último, insistiendo también en este asunto, presidente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla entre sus principios generales el de eficiencia de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional entre otros. ¿Cree que la actuación de las distintas administraciones gestoras de subvenciones está incumpliendo alguno -o todos- de estos principios generales? Ahora explicaré por qué hago esta pregunta. ¿En qué medida, si se incumplen, podría la aplicación de esta ley solucionar estos problemas? Pongo como ejemplo -tengo veinte segundos para ello- un proyecto subvencionable del ayuntamiento que he tenido el honor de presidir en el pasado mandato, el proyecto Luz Salgada, proyecto de inversiones turísticas concedido en el año 2006 -concesión de 6 millones de euros que sobre un presupuesto de 25 da la idea de la importancia de su cuantía-, con cuatro años para su ejecución. En esos cuatro años se ejecuta el 15 %, se solicitan dos años de prórroga, no se comunica en esa solicitud que solo se ha ejecutado el 15 %, después de dos años de prórroga no se ejecuta absolutamente nada de ese proyecto -a todo esto y a modo de anécdota con Gobiernos socialistas en el Gobierno municipal-. Acaba el año 2012 el vencimiento y no se ejecuta absolutamente nada. Cambio de Gobierno, tenemos seis meses para licitar, adjudicar y ejecutar las obras, no se puede y, en el año 2013, nos encontramos con una obligación del Ministerio de Hacienda de que hay que reintegrar lo no ejecutado, pero a mayores con una comunicación de que tenemos 1 300 000 euros de sanción que nos pone, según comunicación e información de los departamentos económicos del ayuntamiento, en situación de quiebra económica, quiebra técnica, que se solventó con el Plan de Pago a Proveedores y la Ley de Estabilidad Financiera y Sostenibilidad Presupuestaria, tan solicitada su derogación por otros grupos y que ya ven el resultado y repercusión que puede tener. Por eso, presidente, he intentado ejemplificar con esta situación puntual las preguntas que soportaba mi intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.

Para responder a las cuestiones tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.

Yo agradezco a los portavoces la confianza que parece que tienen en mi persona de ser capaz de contestar a preguntas que no se encuentran en los informes o aspectos que los propios informes no han llegado a precisar. Yo lamento decir que a la hora de manifestar mi opinión no puedo suplir lo que el informe no dice. No tengo opinión sobre el anteproyecto al que se refiere el portavoz popular y no le puedo contestar a esa cuestión, lo mismo que tampoco puedo aventurar una opinión sobre determinadas cuestiones que, como usted bien ha dicho, afectan a siete ministerios y cuarenta y seis organismos públicos y que tienen que ver con una gestión que resulta muy complicada fundamentalmente por una cuestión. Estamos hablando de proyectos de fiscalización que tienen mucho que ver con el diseño de indicadores que o no se han formulado correctamente o no se han aplicado convenientemente. Por tanto, en la labor de verificación resulta muy aventurado pronunciarse de una manera tan tajante como ustedes yo creo que reclaman con todo el derecho del mundo. Tienen posiblemente razón cuando dicen si, con la información que tienen, la labor que tienen que desarrollar es suficientemente adecuada. Lo que no puedo hacer es suplir lo que el informe no ha abordado o ha abordado de manera parcial.

En todo caso, el informe sí recoge cuestiones que ustedes me han planteado. En cuanto a la petición de información que me plantean sobre en qué medida podemos estimar los reintegros, eso es


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muy difícil de estimar porque ni siquiera hay información separada de los reintegros que provienen de subvenciones ni de los que los organismos autónomos pueden imputar como menor gasto en ocasiones, lo que, por tanto, dificulta su seguimiento. Se cuestiona la falta de normativa del desarrollo en lo que afecta en especial a los reintegros. Tienen ustedes razón, pero en el informe no hay evidencia de que se haya favorecido a ningún beneficiario frente a otros. Lo que el tribunal recomienda es normalizar los procedimientos y la homogenización de plazos para la exigencia de reintegros previa emisión de los requerimientos formales. Yo creo que esto es un elemento que ofrece transparencia y claridad a la gestión.

En relación con la pregunta que me han formulado respecto del fiscal, he de informar que el fiscal desistió de la petición de responsabilidad contable que formuló en su momento tras las explicaciones que presentó el departamento ponente y, por lo tanto, desde el punto de vista de responsabilidades, no constan antecedentes en la sección de enjuiciamiento.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE III:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000212 y número de expediente del Senado 771/000210).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2015, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS QUE TIENEN POR OBJETO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000218 y número de expediente del Senado 771/000215).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número III, que corresponde al informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2015, y al informe de fiscalización de obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2015, con especial referencia a las que tienen por objeto instalaciones deportivas y de ocupación de tiempo libre.

Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

El informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2015, señala que el 56 % de las entidades locales rindieron la cuenta del referido ejercicio en plazo, porcentaje inferior al del ejercicio precedente, en el que rindieron en plazo el 62 % de las entidades. También se ha constatado un descenso en la rendición a 31 de diciembre de 2016, es decir, dos meses y medio después de la finalización del plazo legalmente establecido, alcanzando el 73 % frente al 76 % de 2014. El retraso medio fue de veintinueve días.

Por comunidades, el menor grado de rendición correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 34 %; en Aragón se produjo un aumento de 7 puntos en la rendición en plazo, hasta el 73 %, como consecuencia de la nueva regulación que condicionó la concesión de subvenciones a la rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas comunicó al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en noviembre de 2016, las entidades locales que no habían rendido la cuenta general del ejercicio 2015. Tal y como se ha señalado reiteradamente, el plazo de rendición de las cuentas de las entidades locales, establecido hace más de veinte años, se encuentra desfasado, lo que supone una limitación para la transparencia de la gestión pública local.

Del análisis realizado sobre las principales magnitudes presupuestarias, financieras y económicas, puede destacarse que, tras la pronunciada amortización de deuda de las entidades locales en 2014, se produjeron caídas del 40 % en los gastos financieros y del 23 % en la amortización de pasivos financieros en 2015. Continuaron aprobándose, aunque menos que en ejercicios anteriores, modificaciones de crédito financiadas con ingresos que no se correspondían con recursos efectivamente recaudados. Las entidades locales, según las magnitudes reconocidas en las liquidaciones presupuestarias y los remanentes de tesorería presentados en sus memorias, registraban una situación positiva a corto plazo.


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No obstante, 341 entidades, de las que 282 eran ayuntamientos, presentaron remanentes de tesorería negativos. El endeudamiento llegó a 26 481 millones de euros, lo que supone una disminución del 6 % en relación con el ejercicio anterior y de un 17 % respecto al ejercicio 2013. La carga financiera se elevó a 5442 millones, de los que el 88 % correspondía a la amortización de pasivos financieros y el 12 % a los gastos financieros. El 92 % del sector público empresarial estaba constituido por empresas pequeñas y medianas, al menos 36 empresas públicas se encontraban en situación de disolución y otras 17 sin actividad, lo que supone el 6 % de las entidades analizadas. De los análisis de los indicadores de liquidez resulta que las empresas municipales y las entidades públicas empresariales en su conjunto presentaban un adecuado grado de solvencia a corto plazo y de proporción en la financiación del activo corriente del balance.

En relación con la contratación administrativa, las entidades locales incluyeron mayoritariamente la obligación de remitir motu proprio al tribunal las relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas, llegando a enviarlas en plazo solo el 60 % de las entidades locales de las comunidades sin OCEX propio. No obstante, posteriormente, previa solicitud expresa del tribunal, han dado cumplimiento a la obligación legal el 93 % de las entidades locales, mejorando los porcentajes del ejercicio anterior.

Por lo que se refiere al informe de fiscalización de las obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin OCEX propio, y con especial referencia a las que tienen por objeto las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, se han analizado setenta y dos contratos de obras con un importe global de 31 millones de euros, lo que representa el 20,24 % del importe total adjudicado, más otro contrato formalizado en 2014. En relación con la preparación de los contratos, las principales incidencias detectadas se refieren a la justificación de la necesidad de la contratación, al cálculo del presupuesto y del régimen económico del contrato, a los pliegos de cláusulas administrativas particulares e informes de control interno y a la redacción de proyectos y tramitación de obras. Respecto a esta última cuestión, en cinco expedientes se han producido divisiones no justificadas de obras en diferentes fases sin que conste en los mismos la justificación de esta división, por lo que podrían haberse apreciado la existencia de fraccionamientos. En estos casos, por haberse planificado adecuadamente las prestaciones a realizar, procedería haberse efectuado una contratación única. En cuanto a los expedientes tramitados por el procedimiento de urgencia, en dos de ellos no se ha justificado dicha tramitación y en otros siete la justificación aportada es deficiente. Por lo que se refiere a los criterios de adjudicación, se han advertido irregularidades con respecto a su definición y a su ponderación, así como a la falta de valoración del precio de nueve expedientes o a la escasa relevancia de las bajas económicas en otros ocho. Se han observado deficiencias en la regulación y valoración de las ofertas con valores anormales o desproporcionados y en la utilización de las mejoras como criterios de adjudicación. Respecto a la adjudicación de los contratos, se ha advertido la ausencia de los informes técnicos y la existencia de incidencias en la valoración, tanto en los criterios cuantificables de forma automática como en los que atienden a un juicio de valor, además de irregularidades en la actuación de las mesas de contratación.

En relación con la ejecución de los contratos, se observan prorrogas y suspensiones deficientemente justificadas. Las modificaciones contractuales más frecuentes se debieron a errores en los proyectos primitivos o a circunstancias cuya imprevisibilidad en el momento de redacción de los proyectos no está acreditada. Se han detectado incidencias en la facturación e irregularidades en las certificaciones, recepción y liquidación de varios contratos de obras. En general, no se han tenido en consideración los aspectos medioambientales ni la observancia de la normativa para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de transparencia. La última parte del informe se dedica al análisis específico sobre las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre de que disponían los municipios con población superior a 20 000 habitantes.

Respecto a las infraestructuras de que disponen los ayuntamientos, en seis municipios de más de cien mil habitantes la ratio entre la población y la falta de instalaciones es manifiestamente más elevada, salvo la referida a los kilómetros de carriles bici, lo que implica que un mayor número de vecinos debe hacer uso de cada instalación deportiva. Un total de ocho de los ayuntamientos fiscalizados contaban con instalaciones deportivas o de ocupación del tiempo libre sin uso, en algunos casos por antigüedad o deterioro, lo que evidencia una inadecuada supervisión y mantenimiento de las mismas.

Finalmente, el 32 % de las entidades fiscalizadas gestionan directamente todas las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre con su propia organización o a través de una entidad


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dependiente o vinculada. El 17 % recurre a la gestión indirecta, bien mediante concesión, sociedad de economía mixta, gestión interesada o concierto, y el 51 % acude tanto a la gestión directa como a la indirecta para la explotación de sus instalaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra de nuevo el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.

En 2015, el sector público local se encontraba integrado por 12 973 entidades, constituyendo esta estructura fundamental, sobre todo, los ayuntamientos, más de 8100 ayuntamientos, y representaban el 63 % de las entidades locales. Asimismo, resultaba significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior, 3707, que representaba ese 29 % total, esa complejidad. El 56 % de las entidades locales -nos indica el Tribunal de Cuentas- rindieron la cuenta del ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido, es decir, hay un 44 % que no rindió en plazo, como nos ha comentado usted. Además, el informe dice que las entidades locales han incumplido también en gran medida la obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas de contratos -en este caso, el 60 %- y nos ha dado el dato de que previo requerimiento del Tribunal de Cuentas lo han cumplido hasta el 93 %. En el informe de los espacios deportivos, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo; es decir, solo cumplieron el 62 % y, tras ser requeridos por el Tribunal de Cuentas, cumplió un 96 %. Nos gustaría explorar con el Tribunal de Cuentas si estos comportamientos de desacato pueden suponer faltas del Estatuto Básico del Empleado Público y que empiecen a ser sancionados. No sé si nos puede dar alguna recomendación, porque el comportamiento de estas instituciones se parece al de los niños: hasta que no son requeridos por el Tribunal de Cuentas no lo hacen.

La Hacienda Local representa ese 6 % del PIB. Las entidades locales han realizado un elevado esfuerzo en disciplina fiscal. La Airef, además, detecta problemas de sostenibilidad fiscal en 789 ayuntamientos. Todo esto supone que entre 2004 y 2015 el superávit fiscal ha pasado de 112 millones de euros a más de 5000 millones de euros. Es cierto que en algunos ayuntamientos, como el de Madrid o el de Valencia, que es el mío, hay que tener mucho cuidado con el superávit porque hay mucha falta de ejecución del presupuesto. Es cierta también una paradoja, y es que desde 2014 hay una modificación legislativa por la cual se permite ejecutar gasto en inversiones financieramente sostenibles. Solo se ha utilizado, aproximadamente, el 34 % de ese superávit. Mi grupo defiende que se reforme esa regla de gasto para flexibilizar y ampliar esa lista de inversiones financieramente sostenibles, pero antes de nada hay que cumplir con la regla de gastos. Los representantes institucionales debemos cumplir con las leyes ante todo.

Me gustaría reflejar una de las recomendaciones que repite el Tribunal de Cuentas, un año más, y que coincide los planteamientos de nuestro partido -no estoy diciendo que usted sea naranja, ni mucho menos-. Dice que sería conveniente avanzar -y leo textualmente- en la reorganización del sector público local, en particular debería considerarse la disolución de las entidades que no ejercen ningún tipo de actividad. -Fundamentalmente, está hablando del sector público local empresarial-. Hay muchas instituciones, hay muchos entes que no están ejerciendo esa actividad y, por tanto, no tiene mucho sentido que estén dadas de alta. Me gustaría preguntarle, señor Álvarez de Miranda, si tiene alguna relación de esas entidades, si puede el Tribunal de Cuentas elaborar una lista de esas entidades señaladas.

En relación con el informe de espacios deportivos, el informe repite recomendaciones que hemos visto en cientos de informes: la información contractual, la observancia de una mayor precisión en la preparación y tramitación de los contratos de obra, más vigilancia y control.

Por último, nos gustaría insistir en la recomendación de que las administraciones locales incluyan con regularidad en los expedientes de contratación cláusulas tendentes a promover la igualdad de género y la protección medioambiental, así como que continúen avanzando en la efectividad y la transparencia en relación con la información contractual.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene de nuevo la palabra el señor González.


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El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

El primer punto que me gustaría destacar es el relativo a la contratación administrativa de las entidades locales. Se ha demostrado que la contratación pública -y lo venimos viendo aquí en la Comisión en reiteradas ocasiones- es uno de los principales focos de redes clientelares y de prácticas que constituyen el caldo de cultivo de la corrupción que asola nuestras instituciones, más aún cuando se trata de instituciones locales, muchas de ellas que se han visto envueltas en el desarrollo urbanístico depredador vinculado a la modificación de la Ley del Suelo a finales de los noventa y a tramas de corrupción de grandes promotores que financiaban hasta partidos políticos para controlar estas instituciones. Por ello, no entendemos por qué este es precisamente el punto menos desarrollado en el informe cuando creemos que debería ser el núcleo central del mismo. No entendemos por qué muy pocas entidades lo han remitido a tiempo y por qué sigue habiendo alrededor de un 6 % de entidades locales que no han enviado información alguna. Por lo tanto, nos gustaría conocer del presidente del Tribunal de Cuentas cuál es la explicación por la cual este punto ha sido tan escueto y con información tan genérica. Es incomprensible que se analicen de forma detallada otras magnitudes sobre gastos, ingresos, situación patrimonial de las entidades locales, etcétera, pero que no se haga lo mismo en relación con la contratación administrativa. Además, la rendición de cuentas sobre este asunto no debería solamente ser puntual, sino -como bien señalan sucesivos informes de fiscalización del sector público local que anualmente se han aprobado- que se deberían desarrollar por el tribunal los mecanismos suficientes que garanticen el envío regular de información en esta materia. No solo se debería centrar la fiscalización del Tribunal de Cuentas anualmente, sino tener un mayor control sobre la contratación, sobre todo de los ayuntamientos que tienen importantes contratos vinculados con el urbanismo, para asegurar que no se producen tramas de corrupción en las entidades locales.

Por otro lado, tan solo el 56 % de las entidades locales enviaron la cuenta del ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje fue inferior al registrado en el ejercicio 2014, que fue del 62 %, una cuestión que debería preocuparnos si lo que queremos es avanzar y no retroceder en materia de rendición de cuentas. Si lo analizamos por tipo de entidad, aquellas más pequeñas que cuentan con un menor personal administrativo han sido las que no han superado los plazos marcados por la ley. Por lo tanto, debemos concluir que buena parte de este incumplimiento puede deberse a la falta de medios y facilidades de los que disponen para acatar la normativa al respecto, pero nos gustaría la opinión del tribunal sobre esto. En este sentido, es significativa la medida que aprobaron en Aragón, donde el desarrollo de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón, condicionó la concesión de subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón. Esta comunidad autónoma se sumó así a las de Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias en aprobar normativas que vinculan la concesión de ayudas y subvenciones a la rendición de cuentas. Creemos que estas medidas son siempre preferibles a las coercitivas de imponer sanciones y debería ser una política que el Tribunal de Cuentas pudiera recomendar a las comunidades autónomas para que se incluyera en sus respectivas normativas.

También hay que extraer conclusiones respecto a por qué son los cabildos, los consejos insulares y las diputaciones provinciales las entidades con mayor número de incidencias por cuenta en 2015, con valores respectivos de cincuenta y seis y veintiocho incidencias de media, cifras superiores a la media total de las analizadas. Estas entidades no tienen apenas instrumentos fiscales con los que obtener sus ingresos y dependen de las transferencias de otras administraciones públicas. También querríamos saber si se debe a esta circunstancia que cumplan menos que el resto.

En lo relativo a las entidades locales dependientes del sector público local, el nivel de remisión de la información es mucho menor; tan solo de un 66 %. Del mismo modo, la falta de información en las memorias de justificación de los proyectos es la incidencia más común detectada, lo que pone de relieve que es necesario ir hacia sistemas de fiscalización que no solo premien la rendición de cuentas ex post, sino que también desarrollen mecanismos para que haya una remisión de información de estos proyectos durante su desarrollo. En este sentido, en el modelo de la Unión Europea de concesión de subvenciones podemos encontrar distintos mecanismos de rendición de cuentas que poder aplicar en nuestro sector público.

Por último, quiero reseñar otros datos que aparecen en este informe y que ponen de relieve las consecuencias de una regla de gasto que está restringiendo la actuación de las corporaciones locales a pesar de que presenten importantes superávit presupuestarios. El resultado presupuestario fue positivo en el año 2015, por importe total de 2714 millones de euros, siguiendo la tendencia positiva que se inició


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a partir del ejercicio 2012. Al mismo tiempo, en 2015 también se constata que los ayuntamientos experimentan una caída del gasto de un 2 % provocada fundamentalmente por la relevante disminución del gasto de los ayuntamientos de más de un millón de habitantes, en los que se minoró un 14 % respecto a los niveles del ejercicio anterior. Esto constata lo que venimos señalando estos días, que la aplicación de la regla de gasto y su actual diseño suponen una pérdida continuada del peso del gasto público en relación al PIB y la consiguiente disminución de servicios públicos prestados por los ayuntamientos, además de un obstáculo para asegurar muchas inversiones y gastos necesarios de las entidades locales en un contexto que consideramos de infradesarrollo del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias a los presidentes de las dos instituciones, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas.

Seguramente estamos ante un informe que podría ser utilizado para otro tipo de intervención pero no lo voy hacer; no quiero hablar del señor Montoro, ya le interpeló la compañera Susana Sumelzo ayer, ya conocemos todos los aquí presentes el profundo sentido municipalista de mi grupo y cómo de cerca estamos del conjunto de alcaldes y concejales y de sus reivindicaciones. Podríamos hablar también de Madrid, pero como no lo ha hecho anteriormente ningún portavoz, tampoco lo voy a hacer yo; ni de Jaén, porque tampoco está el secretario de Estado de Hacienda en esta sala; y podríamos debatir sobre un tema pendiente como es el de la financiación local, pero esta semana no toca, toca la financiación autonómica y por supuesto el cupo. Así que vamos a hablar de dos informes -básicamente me centraré en uno de ellos-, que tienen un gran trabajo detrás por cierto de fiscalización de este sector público local del año 2015; se trata de un examen muy complejo y que nos dibuja sin lugar a dudas una realidad muy diversa, muy heterogénea y que dice además mucho de la difícil gestión que tienen los miles de alcaldes y concejales de nuestro país. A pesar de que podemos calificar esta gestión como de progresa adecuadamente, también tenemos la necesidad de mejorar, como bien dice el Tribunal de Cuentas en este informe.

Resulta llamativo, por ejemplo, algo que ya ha comentado anteriormente algún otro portavoz, el hecho de que entre las ocho comunidades autónomas que superaron el porcentaje del 80 % en cuanto a la rendición de cuentas, se ha destacado Aragón, y hay otras como Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid que contaban -ya lo hemos dicho- con una ley de subvenciones que exige esta rendición para poder ser perceptoras de las mismas. No podemos obviar tampoco algo fundamental que creo que es digno de reseñar: el volumen de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto -esas famosas facturas en los cajones que todos conocemos- y que se cifran en 850 millones de euros. Ha seguido siendo -yo creo- este dato muy importante durante el año 2015 a pesar de las medidas extraordinarias que se han tomado durante los últimos años. Por el lado positivo, tenemos que indicar que estas administraciones locales objeto de fiscalización han permitido cumplir con los objetivos de déficit del conjunto de las administraciones públicas, dando en ese sentido un balón de oxígeno creo que muy apreciable al señor Montoro y al señor Rajoy cuando más lo necesitaban.

Como decía anteriormente, estamos ante una Administración, ante unas entidades locales muy diversas, con un volumen de población superior incluso al de instituciones autonómicas en algunos de los casos, y hay otras que apenas tienen visibilidad cuantitativa, aunque al menos para nosotros la tienen, sin lugar a dudas, de forma cualitativa. Y luego hay también unas reseñas muy importantes en este informe en cuanto al conjunto de organismos y entidades autónomas, entidades públicas y empresariales con una problemática propia, que además está muy ligada a los grandes ayuntamientos de nuestro país. Ya ha comentado en ese sentido el portavoz de Ciudadanos asuntos en este aspecto.

Me quiero detener en algo que aquí no se ha dicho y es la importancia que tiene este informe en cuanto a que recoge ya las nuevas normas e instrucciones de contabilidad y la utilización de una serie de indicadores que vienen a contribuir a una mejor comparativa entre las diferentes administraciones y que yo creo que son fundamentales en el sentido de la mayor transparencia y la mayor publicidad que se da a este tipo de administraciones, muy en línea con lo que está exigiendo nuestra sociedad. Creo que ha habido demás muy pocas incidencias reseñables en cuanto a los cálculos con estas nuevas directrices, y le pregunto al presidente si considera que ha habido un tratamiento bastante correcto en ese sentido a pesar de la novedad de las mismas.


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Quiero hacer hincapié en una apuesta que yo creo que es un triunfo de todos, pero en especial, por supuesto, del Tribunal de Cuentas y de sus homólogos autonómicos, los OCEX, en torno a la plataforma digital de rendición de cuentas. Me parece una plataforma absolutamente admirable, del siglo XXI, una herramienta fundamental para la transparencia, la eficacia y, en definitiva, la calidad democrática que todos debemos buscar. Es una plataforma que nos permite avanzar, y creo que todavía falta un poquito en ese sentido, en la necesaria cercanía temporal entre los informes de fiscalización y el momento en que se lleva a cabo la gestión fiscalizada de estos municipios. Con lo cual, en un Estado tan descentralizado y diverso como el nuestro, creo que es una herramienta vital para el adecuado funcionamiento.

En cuanto a problemas pendientes, sin lugar a dudas está la falta de unificación en cuanto a los plazos entre las diferentes entidades, entre las diferentes administraciones, que también es mencionado por parte del Tribunal de Cuentas y nos preguntamos si hace falta algún tipo de medidas, también lo han comentado anteriormente algunos otros portavoces, más coercitivas en este sentido.

Hay un aspecto que también trata el tribunal y es esa tendencia o la incertidumbre más bien sobre el endeudamiento de los municipios y la influencia que pueda haber tenido alguna de las medidas tomadas por la Administración central.

El señor PRESIDENTE: Señor Galeano, tiene que ir acabando.

El señor GALEANO GRACIA: Voy acabando ya, señor presidente.

Por último, una esperanza fundamentada, y me refiero básicamente a lo que nos dice el segundo de los informes, en una ilusión de todos los que trabajamos en la Ley de Contratos del Sector Público, recientemente publicada. Vemos en ese segundo informe que continuamos con los problemas de los fraccionamientos de los contratos, la falta de publicidad y transparencia, la mala planificación, modificados de obra, etcétera. Ojalá esa ley suponga un cambio efectivo y real sobre los problemas de la contratación pública. En ese sentido, no sé si hay alguna diligencia de las abiertas en esos contratos en los que ha habido fraccionamientos que haya acabado con algún tipo de sentencia condenatoria.

Finalizo. No he hablado de lo que he dicho anteriormente y, parafraseando mal a Sabina, pongamos que no he hablado de Madrid. (Risas).

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, como también quiero agradecerle al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición de los informes y su presencia hoy aquí.

Estamos -empiezo por el primero, fiscalización del sector público local 2015- ante un informe que es de fiscalización de cumplimiento y análisis de las cuentas agregadas, con lo cual doy a este informe un valor estadístico importantísimo de cara a estudios y demás, algo además que surge siempre cuando debatimos la cuenta general, el porcentaje de entidades que remite cuentas. Como dijo el presidente, el 73 %, pues después ese dato vendrá a unas conclusiones que plantearé.

En cuanto a las modificaciones de crédito, el 24 % para el conjunto, 37 % en las áreas metropolitanas y 44 % en las diputaciones. A veces nos quejamos de que en la cuenta general el Estado hace modificaciones de crédito excesivas.

Un dato que a mí me preocupa, el 10 % para inversiones. Para mí es insuficiente, pero probablemente no se pueda hacer más; indudablemente nos gustaría tener otros números.

Ya se hizo mención por el compañero del Partido Socialista de la plataforma de rendición de cuentas. Y otro tema también preocupante es el grado de ejecución de los ingresos, el 68 %, que puede llevarnos a pensar que de alguna manera se inflan los ingresos para cuadrar el presupuesto de gastos. Mala práctica porque ya sabemos a lo que nos conduce.

Desde el punto de vista político, señor González, solamente recordarle una cosa, esto es de 2015, cuando ustedes entraron a gobernar bien directamente con apoyo del PSOE o en Gobiernos con el Partido Socialista. Se lo digo porque se puede encontrar algún ayuntamiento -yo, por casualidad, he encontrado el mío, Ferrol- que aún no haya rendido las cuentas de 2015, es decir, que todos podemos tener falta de diligencia. Y desde luego no estoy de acuerdo con usted -ahora me meto en ese tema- en que la contratación sea la causa de la corrupción en este país. Ustedes solamente saben hablar -o les interesa hablar- de ese asunto.


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En cuanto al otro informe que tratamos, la fiscalización de las obras contratadas por las entidades locales, a mí me preocupa una cosa. La muestra, como dijo el señor presidente, es de setenta y dos contratos. Bueno, eso lo digo yo, él digo el porcentaje, el 20 % del importe. Yo saqué el dato, setenta y dos contratos que significan el 6,35 del total. Los criterios de selección eran los que se habían hecho sin publicidad y los que se habían hecho por el procedimiento de urgencia. Ahora viene una retahíla que a mí me preocupa -que en el fondo era a lo que quería llegar-, que son las incidencias. Una muestra pequeña da lugar a multitud de incidencias, que para mí es lo preocupante -también tengo mi corta experiencia en Administración local-, que constata una situación que yo he vivido en propia persona y por compañeros. Ese es el problema de la Administración local, no sé si es porque faltan plazas por cubrir de interventores, secretarios o de otros cuerpos, si la formación de los técnicos de la Administración local en comparación con la Administración Central del Estado es más deficiente, pero uno lo lee y a mí francamente me preocupa muchísimo. Justificación de la necesidad de contratación, 29 incidencias; presupuesto y régimen económico, 4; redacción de proyectos y tramitación de obras: imposibilidad de redacción, 11 y fraccionamiento de obras, 5; supervisión, 37; replanteo, 18 -estoy hablando sobre los setenta y dos contratos que son muestra-; aprobación del proyecto: en diez se ha hecho a la vez la aprobación del proyecto y la adjudicación; condiciones en los pliegos, cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, 30 casos sobre la muestra; adjudicación, 14; criterios de adjudicación, 15; ponderamiento de criterios de la Administración, 6; valoración de ofertas, 26; valoración de ofertas con valores anormales, 14; mejora como criterios, 18; motivación de la adjudicación, 23; publicidad, 58 -58 incidencias sobre 73 contratos si contamos el que se contó a mayores porque viene de atrás-; demora en ejecución, 43; modificaciones contractuales, 14; pagos al contratista, 16; certificaciones, recepción y liquidación de obras, 30 incidencias. No sé si esto dio inicio por fiscalía a algún proceso de responsabilidad, pero termino con una reflexión porque obviamente aquí hoy no vamos a darle solución a esto, que es un problema que tiene la Administración local. Supongo que el tribunal tendrá conciencia de que, a lo mejor, hay que incidir en prácticas más habituales de fiscalización de este sector en sus diversas facetas, grandes ayuntamientos, reforzar el plan que tiene de fiscalización de la Administración local, ampliarlo, buscar otros criterios. No lo sé, pero algo nos tenemos que plantear. Vuelvo a insistir en que parte del problema puede venir por lo que decía antes, los medios técnicos que tienen a su servicio las Administraciones locales, sobre todo las de menor entidad, que son muchas. Pero, como decía al principio de mi intervención, lo preocupante es que de 72 contratos de muestra, el número de incidencias que salen por todos los conceptos es importante, teniendo en cuenta -es una opinión personal- que la muestra es pequeña. Y no digo que hubiese tenido que ser mayor porque, obviamente, por volumen para el tribunal sería imposible. Parece una muestra aleatoria, sin problemas, con lo cual es representativa y cumple todos los parámetros desde el punto de vista de auditoría o de estadística para considerar la muestra perfectamente válida, de ahí la preocupación de mi grupo por estos datos...

El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, tiene que acabar.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: ..., que muestran una realidad a la que indudablemente tendremos que hacer frente.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar, tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, hay una pregunta formulada por diversos portavoces en la que ponen de manifiesto lo que el propio informe recoge, y es una disminución del grado de rendición de cuentas de las entidades locales en este ejercicio respecto de anteriores. Se ha alcanzado el 66 % de rendición respecto a rendiciones superiores en ejercicios anteriores. ¿Cuáles son las causas? Bien, la que yo pienso que es fundamental es que el sector público local en general tiene una capacidad de reacción menor ante los cambios y las modificaciones tanto legislativas como de normas que le son de aplicación, es decir, necesita más tiempo para poder asimilar los cambios y poder cumplir con las obligaciones que le representa la modificación de las instrucciones de contabilidad. Las modificaciones de las instrucciones de contabilidad afecta al conjunto de funcionarios de Intervención o funcionarios locales que tienen que


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poder disponer de las cuentas en plazo para que en sus respectivos plenos los alcaldes puedan aprobarlas. De hecho, se ve que la rendición en plazo es muy inferior a la de años anteriores. Sin embargo, la rendición a 31 de diciembre no es tan inferior, aunque sí es inferior y debe tomarse con preocupación por parte de las entidades que están dedicadas fundamentalmente a que esta situación no se produzca. Nosotros en el tribunal estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las entidades locales a que recuperen el ritmo de rendición. Es indudable que hacen mucho y logran un efecto muy importante las medidas legislativas que se están adoptando en diferentes comunidades autónomas relativas al condicionamiento de la obtención de subvenciones a las entidades que no rinden cuentas. Es el caso, como hemos puesto de manifiesto, de Aragón o de otras comunidades en ejercicios anteriores. Bien es cierto que estas medidas tienen que ser permanentes. Por ejemplo, la ley de presupuestos de hace tres años -creo recordar, estoy hablando de memoria- estableció la eventual disolución de las entidades locales menores que no rindieran cuentas, y hubo un incremento espectacular de rendición de cuentas de entidades locales menores. El ejercicio siguiente la ley de presupuestos no decía lo mismo y empezó otra vez a caer la rendición de cuentas. Es decir, que tendría sentido que este tipo de medidas tuvieron continuidad porque indudablemente producen un impacto muy grande en las propias entidades locales, teniendo en cuenta que generalmente este tipo de prácticas administrativas de las entidades locales de sufrir retrasos en su rendición de cuentas no se debe en todos los casos ni fundamentalmente a un deseo de no rendir, sino a unas dificultades objetivas de cumplir con las leyes financieras que afectan a estas entidades locales. Hay que tener cuenta que son estas entidades las que tienen un respaldo muy débil, son la parte más débil de la Administración y el apoyo por parte de las diputaciones provinciales y de las comunidades autónomas se hace especialmente necesario para que puedan cumplir con sus obligaciones.

Me han planteado que por qué no hay más informes de contratación, por qué no se valora en mayor medida la contratación. Hay que darse cuenta de que este informe del sector público local tiene un enfoque general, tiene una visión genérica y general de todo el sector público local, pero hay múltiples informes concretos -muchos de ellos no de ahora sino de hace muchos años- que han hecho referencia a la contratación urbanística, al desarrollo urbanístico de ciudades y no será porque el tribunal no estuviera desde primera hora fiscalizando el Ayuntamiento de Marbella o el de Seseña o múltiples ayuntamientos que el tribunal ha fiscalizado en su momento y que dieron pie a informes que en esta Comisión tuvieron una tramitación y una discusión muy viva y profunda. En ese sentido, estos informes de contratación y los informes de rendición de cuentas tienen esa visión general porque están destinados precisamente a ofrecer esa visión sobre la rendición donde creo que lo positivo en el caso de la contratación es que las deficiencias de rendición en gran parte se pudieron superar a través de la relación de requerimientos que se formularon a los diferentes responsables.

Me plantean que la plataforma de rendición de cuentas es un modelo de éxito que demuestra las ventajas de este tipo de instrumentos. Para mí es una satisfacción en la medida en que dirigí al grupo de funcionarios que puso en marcha esta plataforma hace bastantes años y que verdaderamente ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ofreciendo unos resultados creo que muy positivos. Este informe es un informe-resumen de los informes individuales que se efectúan por cada ayuntamiento que rinde cuentas, que es sometido a una revisión sobre la coherencia y sobre la integridad de sus cuentas anuales y, por otra parte, también es una plataforma que ofrece transparencia al conjunto de ciudadanos porque las cuentas y los resultados de las verificaciones están en la página correspondiente del portal de transparencia de las entidades locales y, por tanto, creo que es un gran activo para que cualquier persona pueda revisar en profundidad la gestión municipal de su propia localidad.

En relación con la muestra de la contratación, una muestra del 20 % es cierto que no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña; está adaptada a las posibilidades de revisión que hemos tenido en este ejercicio. No queremos decir que sea una revisión exhaustiva ni mucho menos pero ofrece resultados lo suficientemente importantes como para que pueda reflexionarse sobre ese tipo de debilidades que tiene la contratación administrativa en el ámbito local, que no es sino la muestra de las carencias que tiene la Administración local a la hora de gestionarse debido a esa debilidad de músculo administrativo que se deriva de que hay muchas oposiciones que no se convocan o hay falta de funcionarios de habilitación de carácter nacional o sustitutivos que tengan esa capacidad y de que las diputaciones provinciales, que deberían prestar esos servicios de cooperación, los prestan pero de una manera que podría ser mejorable. En definitiva, creo que estos informes son una buena radiografía del conjunto de entidades locales. El resultado que se deriva de este ejercicio es que hay un retroceso en el nivel de rendición que se explica


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por el cambio de instrucciones de contabilidad pero que plantea un reto al Tribunal de Cuentas y a todos los órganos de control: recuperar ese nivel de rendición e incluso superarlo en ejercicios futuros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE VI:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO DEL SISTEMA PORTUARIO ESTATAL, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000217 y número de expediente del Senado 771/000214).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último bloque del orden del día en lo que a exposición de informes se refiere, el informe de fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, ejercicios 2014 y 2015.

De nuevo tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.

Este es un informe recientemente aprobado -se aprobó el 26 de octubre de 2017-. El ámbito subjetivo está constituido por las veintiocho autoridades portuarias estatales existentes, de las que se han seleccionado siete para la realización de comprobaciones in situ, que se han realizado en A Coruña, Baleares, Castellón, Las Palmas, Santander, Sevilla y Tarragona.

En relación con el cumplimiento de la normativa reguladora aplicable a la gestión de la ocupación y el aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, durante el periodo fiscalizado se otorgaron un total de 622 concesiones. En la Autoridad Portuaria de Baleares se han detectado sucesivas autorizaciones concatenadas, superando el plazo máximo de tres años autorizado en la normativa, sin que se hubieran iniciado actuaciones relevantes a efectos de regularizar esta situación.

En general, las autoridades portuarias de la muestra aplicaron correctamente los elementos configuradores de las tasas de ocupación y de actividad con determinadas excepciones. Así, en la Autoridad Portuaria de Las Palmas se produjo una demora importante en la adaptación de la tasa de actividad de los títulos concesionales anteriores a la entrada en vigor de la anterior Ley 48/2003. Además, este proceso no estuvo exento de problemas debido a las reclamaciones de los concesionarios estimadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias.

Respecto al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público, entre los años 2006 y 2015 las inversiones del sistema portuario estatal ascendieron a 7560 millones de euros, produciendo un aumento de la superficie concesionable de más de 25 millones de metros cuadrados. Los incrementos generalizados de superficie derivaron en gran medida del modelo actual de planificación de la actividad inversora del sistema portuario, basado en el principio de autonomía de gestión reconocido a las autoridades portuarias. Ello dificulta el establecimiento de una planificación estatal clara y definida, constituyendo una de las causas de la sobrecapacidad actual del sistema portuario español.

El esfuerzo inversor no fue acompañado simultáneamente de un incremento de la actividad concesional, lo que condujo a una disminución del grado de ocupación de todas las autoridades portuarias, a excepción de la de Valencia. Así, en el conjunto del sistema portuario estatal el porcentaje de ocupación pasó del 74,86 % en 2008 al 61,11 % en 2015. En el caso de las autoridades portuarias de Alicante, Avilés, Castellón, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, pese a disponer de capacidad excedentaria, se acometieron nuevas inversiones que contribuyeron al incremento del exceso de capacidad. El menor grado de ocupación del dominio público correspondió a la Autoridad Portuaria de A Coruña debido a la finalización y puesta en explotación del puerto exterior de Punta Langosteira, no acompañada de una mayor superficie concesionada, pasando la ocupación del 99,21 % en 2011 al 28,28 % en 2015.

Asimismo, el incremento de la inversión no se tradujo en un aumento similar en el volumen de tráfico portuario, que depende en gran medida de la situación económica. En el decenio reseñado, de las cinco autoridades portuarias con mayores volúmenes de inversión, únicamente se incrementaron sustancialmente los tráficos de las autoridades de Bahía de Algeciras y de Valencia.


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Como conclusión, no se produjo necesariamente una correlación directa y proporcional entre el gasto de infraestructura y la ganancia de eficiencia, por lo que la inversión no constituye un factor único en la mejora de competitividad ni en la atracción de mayor tráfico. Por otro lado, un aumento simultáneo de la capacidad de puertos vecinos entraña el riesgo de mayor competencia de precios entre los puertos que, si no se consigue incrementar el volumen de tráfico global, se traduce en una pérdida de rentabilidad global.

Por lo que se refiere al análisis de los sistemas y procedimientos de gestión de la ocupación y del aprovechamiento del dominio público, la mayoría de las autoridades portuarias utilizaron las aplicaciones informáticas Sigma para la facturación de las tasas y Navision para el registro contable y la gestión de cobro. El programa Sigma no constituye una herramienta eficaz para obtener información de la gestión del dominio público dirigida a la adecuada toma de decisiones, entre otras deficiencias.

El Ente Público Puertos del Estado contrató el diseño y desarrollo de una nueva aplicación, denominada Integra, para la gestión de la prestación de servicios, pero, ante las pruebas realizadas en 2015, se puso de manifiesto una deficiente operatividad, sobre todo en el tratamiento de una gran volumen de transacciones. A diferencia de la mayoría de las autoridades portuarias de la muestra, la de Santander empeoró la situación de los deudores entre los ejercicios 2014 y 2015, incrementándose un 13 % el saldo de clientes y un 10 % el deterioro de los créditos comerciales. Estos saldos de dudoso cobro correspondían casi íntegramente a dos concesionarios. Sobre el primero de ellos, en situación de insolvencia, se dictó una diligencia de embargo de la concesión de 2016 mientras que en relación con el segundo el Gobierno Regional de Cantabria va abonando con retraso la deuda por la Ciudad del Transporte. Respecto al primero de estos deudores, los informes de auditoría de la IGAE contienen una salvedad al considerar que se debería haber ampliado la dotación del deterioro a la totalidad del exigible, incluyendo la parte que la autoridad portuaria consideraba posible recuperar cuando reviertan los bienes de la concesión embargada. El registro contable de los ingresos de tasas de ocupación y de actividad de las autoridades portuarias de la muestra se considera adecuado, excepto en la de Baleares, sobre la que no cabe pronunciarse por la carencia de los informes de valoración. Finalmente, los portales web de las autoridades portuarias no garantizan suficientemente en términos generales el cumplimiento de los requisitos exigibles sobre transparencia de la información.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.

Por el Grupo Ciudadanos tiene de nuevo la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Este informe abarca veintiocho autoridades portuarias, como ha comentado usted, señor presidente. El Tribunal de Cuentas advierte de una elevada sobrecapacidad del sistema portuario estatal y de una débil concurrencia en el otorgamiento de las concesiones -son las claves de este informe- y recomienda establecer un marco estratégico estatal claro y definido para optimizar el uso de las infraestructuras portuarias, es decir, estamos ante una inexistencia de estrategia y de eficiencia. No es baladí. Usted mismo comentaba que las inversiones en el sistema portuario desde 2006 hasta 2015 ascendieron a 7560 millones de euros y produjeron un aumento en la superficie -lo ha comentado- de más de 25 millones de metros cuadrados. Evidentemente, hay algunos puertos que lo han podido aprovechar con ocupación, aunque la mayoría no. Siendo un país que se caracteriza por construir aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches, no es de extrañar que tengamos un informe sobre puertos sin barcos o sin conexiones ferroviarias. Los hace inútiles y poco operativos.

A esto se añade una cuestión que Ciudadanos llama capitalismo de amiguetes, es decir, corrupción, tráfico de influencias e ineficiencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo estima anualmente en 48 000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas subraya que no existe una correlación directa -lo ha dicho usted hace un momento- y proporcional entre el gasto de la infraestructura y la ganancia de eficiencia y que la inversión no constituye un factor único en la mejora de competitividad ni en la atracción de tráfico hacia los puertos. Además, ha comentado que ese exceso de capacidad de los puertos amenaza una guerra de precios. Es decir, estamos ante una pérdida de rentabilidad global. Tenemos el ejemplo de Huelva y de Sevilla.

El informe presenta un grave problema de competencia de mercados. Durante el periodo fiscalizado dice que se otorgaron 622 concesiones, de las cuales solo el 7,5 % -repito, solo el 7,5 %- lo fueron mediante concurso. Sabemos que la autoridad portuaria pudo acordar el otorgamiento directo de


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concesiones en determinados supuestos y condiciones, pero aquí el Tribunal de Cuentas no aclara si esa falta de concurrencia se debe al escaso número de solicitantes, que podría ser, evidentemente, por la sobrecapacidad del sistema portuario o bien porque la legislación existente no favorece suficientemente la concurrencia. Me gustaría que me despejara, señor Álvarez de Miranda, esa duda. Me gustaría que usted, señor presidente, se pronunciara. Insisto, ¿no debería ser investigar y aclarar estos extremos la miga de un informe del Tribunal de Cuentas, la miga de un informe de fiscalización? El porcentaje de concursos es escandalosamente bajo. ¿Le parece al Tribunal de Cuentas suficiente con apuntar esa anomalía? ¿Quién debe investigar estas causas? En cualquier caso, como en tantas ocasiones, parece que será una sentencia europea la que ponga orden a las irregularidades de España. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2016 obligará a sacar a la competencia pública las concesiones en los puertos sin que puedan prorrogarse automáticamente.

Término con una petición y un deseo, señor Álvarez de Miranda. Una petición. En la medida en que pueda dar respuesta al porqué de esas irregularidades, en la medida en que pueda dar respuesta a esas ineficiencias, estará haciendo muy bien su trabajo y lo estará haciendo muy bien para aumentar los recursos y las fuentes públicas, no solo para dar mucha más confianza en la institución que usted preside, sino en beneficio de los ciudadanos. Y un deseo. Si no tenemos el gusto de volvernos a ver antes de final de año, me gustaría que trasladase a todo el tribunal la labor que está haciendo, la labor que podría hacer y felicitarle las Navidades, y que el próximo año tengamos una actitud mucho más positiva el resto de partidos de la oposición para tener unos Presupuestos Generales del Estado -hay muchos ciudadanos que están pendientes de todas las inversiones que se tienen que acometer- y un mejor sistema de financiación sin privilegios, sin amaños, sino con justicia y con solidaridad.

Muchísimas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor Ten, le confesaré que le veo a usted de Navidad, lo cual me sorprende un poco.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que me gustaría señalar con respecto a este informe es la falta de planificación y estrategias de inversión del sistema portuario estatal, que ha conllevado la sobrecapacidad actual que se señala en el informe del Tribunal de Cuentas. La superficie se incrementó, pero no así la actividad concesional, lo que ha provocado una disminución del grado de ocupación. ¿Por qué seguir ampliando la superficie y la inversión en infraestructuras si no hay una necesidad objetiva para ello? El afán constructor y de desarrollo de infraestructuras solo ha contribuido a cebar más el sector de la construcción, sobredimensionándolo y generando una distorsión en todo nuestro sistema productivo. Es por ello por lo que este tipo de estrategias solo son entendibles en una lógica de funcionamiento desarrollista que no es compatible con respetar los parámetros de sostenibilidad. Por ello es necesario la articulación de una estrategia de planificación estatal de inversiones que tenga como uno de sus fines reducir el impacto ambiental y aumentar y maximizar la eficiencia de estas inversiones.

Además, tal como señala el informe, puede afirmarse que no se ha producido necesariamente una correlación directa y proporcional entre el gasto en infraestructura y la ganancia de eficiencia. Por tanto, la inversión en inmovilizado no constituyó un factor único en la mejora de la competitividad ni en la atracción de tráfico hacia los puertos. Por tanto, además de ser totalmente ineficientes este tipo de inversiones desde el punto de vista ecológico, también son totalmente ineficaces y ruinosas, ya que no se ha trasladado a un aumento del valor del negocio ni de los ingresos. En esta Comisión hemos visto ya varios casos, el caso de los 1000 millones invertidos en Punta Langosteira o los sobrecostes de El Musel de 250 millones. Son múltiples los casos de inversiones en infraestructura portuaria que no obtienen los resultados esperados y que no maximizan ni mucho menos la eficiencia de esta inversión. Nos acostumbramos ya a los aeropuertos sin aviones. Lo que no se conocía tanto eran los puertos sin barcos, como también señaló el portavoz de Ciudadanos. Esto es algo vergonzoso que caracteriza bastante cómo funciona el planificador estatal gestionado por el Gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista en los últimos años.

Otras irregulares que también se han constatado en este informe y que me gustaría señalar son las referidas a la contratación. Las autorizaciones de concesiones concatenadas a lo largo del tiempo han superado el límite de tres años establecido por la ley, especialmente en el caso de Baleares. También se


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primó la adjudicación directa frente al concurso, lo que revela una débil concurrencia en el otorgamiento de las concesiones, o bien porque hay escaso número de solicitantes o bien porque la normativa es muy restrictiva e impide la competencia. En este sentido, queremos que haya una mejor eficiencia en la prestación de este tipo de concesiones. Es fundamental que se promueva una concurrencia competitiva de las empresas que optan a este tipo de contratos.

Otro punto a destacar es la necesidad de mejoras del sistema de gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario, que, como también vienen señalando en el informe, es muy deficitario. En esta línea también hay que mejorar el registro contable de la ocupación para poder planificarlo mejor. Por último, es especialmente grave que no se cumplan los criterios de transparencia reconocidos en la ley y que exista una opacidad de las cuentas y de las actividades que desarrollan los sistemas portuarios. Por ello creemos que toda la información que ha sido remitida al tribunal debe ser puesta a disposición de público en general a través de las respectivas web del sistema portuario para que haya una mayor fiscalización de la sociedad, no solamente por parte del Tribunal de Cuentas, sino que todo el mundo pueda acceder a dicha información.

Por último, queremos saber qué modificaciones cree el Tribunal de Cuentas que deben hacerse en la regulación actual para evitar que se produzcan estos casos de despilfarro de dinero público como vemos en el informe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortés.

El señor CORTÉS LASTRA: Muchas gracias, presidente.

Quiero transmitir, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario nuestro reconocimiento al trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas de manera especial en este informe sobre la fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal. Y digo especialmente porque ha representado un gran esfuerzo para este tribunal pues ha implicado hacer comprobaciones in situ en siete autoridades portuarias distintas del total de veintiocho que conforman el sistema portuario estatal de nuestro país. Lo cierto es que, visto el informe del tribunal, el sector portuario español está funcionando en términos generales positivamente, mejorando sus cifras y ocupando un destacado espacio en el ámbito mundial, y eso a pesar de algunas decisiones tomadas en su momento por el Gobierno del Partido Popular, que llegó a poner en duda el modelo público portuario con una privatización encubierta, ampliando la posibilidad del periodo de concesiones de treinta y cinco a más de cincuenta años.

Quisiera poner también sobre la mesa algunos aspectos que quiero destacar de este informe del Tribunal de Cuentas y valorar desde mi grupo las consideraciones más relevantes en el marco del propio informe con el objetivo constructivo de fortalecer nuestras infraestructuras portuarias; por tanto, me centraré en algunos aspectos del mismo. Uno de ellos es el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público. El tribunal hace una reflexión, vinculando el principio de autonomía de gestión de las autoridades portuarias y la independencia en la fijación de su estrategia con la dificultad en el establecimiento de una planificación estatal clara y definida. Y yo le pregunto si el tribunal considera que sería necesario desarrollar en estos momentos una planificación y un marco estratégico portuario estatal; así parece también deducirse de la primera recomendación del tribunal, pero quisiera que usted profundizara algo más en este asunto. También le quiero preguntar acerca de la sobrecapacidad actual del sistema portuario, que la vincula directamente con la gestión no coordinada suficientemente entre las autoridades portuarias y los puertos del Estado debido precisamente también a la falta de este marco estratégico portuario estatal.

En otro apartado del informe, el tribunal afirma que el incremento en la inversión experimentada no produjo un aumento similar en el volumen del tráfico portuario, dependiente, como es lógico, de circunstancias económicas tanto en nuestro país como en la economía global en su conjunto, pero luego establece que dos de las más importantes autoridades portuarias, como usted ha dicho, presidente, Algeciras y Valencia, vieron incrementado sustancialmente su tráfico. Además, el tribunal considera que, al margen del aumento de la capacidad de los puertos vecinos, no se ha producido una correlación directa y proporcional entre el gasto en infraestructura y ganancia de eficiencia, concluyendo que la inversión en inmovilizado no constituyó un factor único en la mejora de la competitividad. Y yo le pregunto si el tribunal


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considera que estas inversiones disponen de estrategias para una explotación progresiva de las autoridades portuarias en los próximos años.

Respecto al análisis de los sistemas, de los que hablaba también el presidente, sistemas de gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal, resulta evidente que existen déficits en las aplicaciones informáticas que usted decía, Sigma y Navision, tanto en la facturación de las tasas como en el registro contable y la gestión de cobro. Han existido lagunas que se han tratado de solucionar y mejorar con posteriores sistemas, incluso sistemas propios de cada autoridad portuaria, generándose unas ciertas deficiencias claramente mejorables.

Por razón de tiempo, no quisiera terminar sin hacer mención al cumplimiento de la Ley de transparencia. Resulta evidente que el cumplimiento del principio de transparencia se considera insuficiente y que existen, no de una manera general, algunos organigramas insuficientes, algunas cuentas anuales no publicadas de forma independiente y la incompleta información sobre bases imponibles y gravámenes de la tasa de ocupación. Y compartiendo con usted algunas de las recomendaciones que nos plantea el tribunal, como pueden ser el establecimiento del marco estratégico estatal claro y definido o priorizar la mejora de las conexiones ferroportuarias y la promoción de las actividades logísticas, llama la atención que no hagan ninguna recomendación en el ámbito de la transparencia. Y le pregunto para terminar qué recomendación haría en ese sentido este tribunal a esta Comisión, siempre de una manera constructiva y tratando de mejorar la gestión de nuestros puertos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular de nuevo el señor Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda, haré una primera aclaración. No entienda mis palabras como críticas al informe del tribunal. Si yo estoy en un despacho en Madrid y tuviese que hacer un informe de ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario, creo que coincidiría al cien por cien desde el punto de vista técnico. Ahora bien, con respecto a las conclusiones que saca el tribunal, les diré a mis compañeros de Podemos y de Ciudadanos que hay que saber leer los informes y sacar conclusiones. Permítanme que discrepe con que no existe una estrategia portuaria estatal. Dentro de la autonomía que tienen las autoridades portuarias, sí existe por parte de Puertos del Estado una estrategia, porque todos los proyectos que cada autoridad portuaria plantea se analizan, se les da el visto bueno y se autorizan. ¿Existe sobrecapacidad? Existe una sobrecapacidad, está claro. También existe una elevada inversión. También está claro y lo voy a aceptar. Que eso no se ha traducido en un incremento de rentabilidad anual, también lo puedo aceptar, porque matemáticamente es imposible. En cuanto a que no se ha incrementado el tráfico proporcionalmente a la inversión, es indudable.

Primer tema. Los puertos tienen un periodo de amortización, pero debe superar los cincuenta años, aunque de memoria ahora mismo no me acuerdo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Los señores de Podemos y de Ciudadanos no han hecho un análisis de la forma debida del informe respecto a los incrementos de inversiones de las autoridades portuarias. Por ejemplo, el de Punta Langosteira, al que se hace referencia aquí continuamente, arrancó hace ahora quince años con el problema del Prestige. Fue precisamente una de las causas que motivó lanzar la inversión en Punta Langosteira. Pero tanto el de A Coruña como el de Ferrol, los cuales conozco perfectamente por ser de la zona, obedecen a necesidades que tenían las ciudades de sacar tráficos marítimos sucios de los centros de los cascos urbanos; y así podemos justificar absolutamente todas las inversiones. Además, una decisión hace quince o veinte años era mejorar el transporte marítimo; entre otras cosas, para disminuir el tráfico de camiones, que es muy contaminante, aunque el señor de Podemos diga que con las obras estamos atacando el medio ambiente y no hacemos sostenible nuestro sistema. También había que generar oportunidades de negocio, porque se estaban agotando. Hay una cosa obvia: un puerto no es un solar que se puede urbanizar rápidamente. Los puertos son infraestructuras extraordinariamente complejas -por temas de calado, de superficie y otros, que obviamente todo el mundo entenderá- y habrá que esperar un tiempo después de tener esas infraestructuras. Como decía antes, el de Punta Langosteira arrancó con el Prestige, han finalizado hace poco las obras de los diques y los muelles y aún falta la conexión ferroviaria en la que se está trabajando. Entonces había un ciclo económico que empujó, era una necesidad y, por tanto, se aprovechará. Por tanto, hay que entender la filosofía de las inversiones en puertos, porque era, es y va a ser un sistema de


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intercambiador de tráfico de todo tipo de mercancías y, por tanto, generará oportunidades pero quizá no a corto plazo.

El informe es lo que es y con los datos que hay en la mano no se puede decir otra cosa, pero se preparan unas infraestructuras que posibilitarán un desarrollo futuro. Obviamente, si atendemos a los datos del informe, resulta que nada más que Barcelona, Algeciras y Valencia serían las ciudades recomendadas. El tribunal no se va a meter en estas cosas, pero, por los datos numéricos y estadísticos, serían las únicas ciudades en las que habría que invertir. Pues les recomiendo a los señores de Ciudadanos y de Podemos que no vayan con esas teorías ni a Ferrol, ni a Cádiz, ni a A Coruña. Es verdad que en Avilés pudo haber desviaciones de ejecución de obras que son escandalosas y que se deberían haber evitado; estamos de acuerdo. Pero la economía española tuvo esta oportunidad para desarrollar un sistema portuario más competitivo para generar oportunidades de negocio, para generar oportunidades de desarrollo, una apuesta llevada a cabo, alternativamente, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que fueron los Gobiernos que tuvieron las responsabilidades de dirigir este país. Creo que podemos sentirnos orgullosos de tener una buena infraestructura portuaria y con posibilidades de mejorar y aportar a la economía española una parte alícuota importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.

Para finalizar este punto, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.

Es importante tener en cuenta que las recomendaciones de este informe son muy atinadas y, en buena medida, contestan a las preguntas que ustedes han formulado. Lo que el tribunal plantea en las recomendaciones es la necesidad de que ese marco estratégico dé un paso más al establecer un plan concreto de infraestructuras portuarias estatales. No es que no exista, sino que yo creo que tiene que dar un paso para priorizar las infraestructuras portuarias que están debidamente integradas, que tienen conexiones ferroportuarias y que, de alguna manera, contribuyen a la promoción de las actividades logísticas. Además, en buena parte responden a una necesidad de los usuarios del tráfico portuario, que es conseguir colocar sus mercancías en el menor tiempo posible en los lugares de destino y, por lo tanto, cuando un puerto ofrece verdaderamente eficiencia al conjunto del sistema económico. Por otra parte, las recomendaciones plantean unos mecanismos de planificación y de control de las nuevas infraestructuras propuestas, la realización de los estudios realistas de demanda efectiva y tener en cuenta las necesidades del conjunto del sistema portuario.

Me han planteado ustedes en las intervenciones a qué se debe la sobrecapacidad actual. Indudablemente, puede ser debida a una coordinación que ha podido mejorarse y que está evidenciada en el informe, y por supuesto también a la crisis económica. Sin duda, la crisis económica es la que en buena medida ha producido esa sobrecapacidad, porque las inversiones estaban pensadas en un escenario de crecimiento que no se ha producido de la misma manera que estaba inicialmente previsto.

Me plantean también preguntas sobre cómo podría mejorarse o completarse este informe. El informe es el que es, yo no puedo suplir lo que dice el informe, pero creo que está implícito. Cuando usted plantea que no hemos dado el paso de solicitar que las concesiones se den en régimen de concurrencia, yo creo que están implícitas en el informe las propuestas de una mayor concurrencia a la hora de establecer ese tipo de adjudicaciones. El informe, además, se basa sobre un estudio de siete autoridades portuarias. Es un esfuerzo importante, porque además se ha hecho teniendo una fiscalización local, pero desde un punto de vista global; es decir, se ha querido ver la eficiencia del sistema en su conjunto y yo creo que el resultado es positivo para la proyección futura de este tipo de inversiones.

Muchas gracias por las felicitaciones que he recibido, que transmitiré, lógicamente, a los autores de los informes, que son en realidad los que hacen posible la labor que aquí desarrollamos.

Querría terminar felicitando a todos los miembros de la Comisión mixta por el trabajo que han desarrollado para ponernos al día, ya que en estos momentos estamos al día en los informes, y es algo por lo que nos debemos felicitar todos. También le agradezco muy especialmente al señor presidente de la Comisión, que es el que con mano férrea, en ocasiones a veces muy dura para el que les habla, que haya puesto este calendario de presentaciones que permite que, finalmente, estemos plenamente al día,


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puesto que cuando esta Comisión empezó a actuar teníamos 190 informes, aproximadamente, pendientes de ver.

Muchas gracias por todo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Antes de despedir al presidente -y aunque ustedes no se lo crean no lo tenía pactado con él-, yo tenía prevista una pequeña intervención con respecto a lo que él acaba de comentar y por eso le pido que se quede.

Cuando comenzó esta legislatura, esta Comisión estaba siendo -si lo recuerdan todas sus señorías- sometida a una importante crítica. Tanto los partidos, los grupos o los políticos éramos responsables del importante retraso que se acumulaba en la Comisión; una crítica quizá justificada en una parte, pero que a su vez ignoraba que durante casi un año este Parlamento no tuvo un funcionamiento que bien podríamos calificar como ordinario. Los motivos quedan para la historia; yo no voy a entrar ni salir en ellos, cada uno tiene su punto de vista, pero esa era la realidad. En estos días hace un año, 176 informes estaban pendientes de ser presentados y explicados por el presidente del Tribunal de Cuentas, analizados y criticados por sus señorías y, por supuesto, pendientes de ser mejorados con la presentación de las propuestas de resolución. Este importante retraso, que es evidente a juicio del que les habla, tenía un efecto rebote en el propio Tribunal de Cuentas, ya que junto a la crítica de que los informes se emitían con cierto retraso, se sumaba la demora de esta Comisión en su análisis, convirtiéndose todo en un totum revolutum, que daba pie a manifestar que tanto esta Comisión como el propio Tribunal de Cuentas servían más bien de poco por la tardanza de la dación de cuentas en esta Cámara.

Cuando arrancamos esta legislatura le recuerdo a sus señorías que, además, se hablaba de cómo recuperar el prestigio de las instituciones; y, lógicamente, ante este reto que era el suyo y el mío, tuve claro que la única manera -y ahora hacía mención el presidente y así se lo he hecho saber repetidamente en todas las reuniones de Mesa y portavoces- de sacar adelante esto era trabajar duro, como casi todo en la vida, por otra parte. No era un reto sencillo; mucho trabajo atrasado. La primera Comisión que se celebró de esta legislatura fue el día 16 de noviembre de 2016. Si ustedes lo recuerdan, les hablé de este problema y, sobre todo, de que era responsabilidad de todos corregir esta trayectoria y recuperar el buen nombre de la comisión y por ende del tribunal. Era un trabajo colectivo. Hoy, un año después, diecisiete sesiones después, esta Comisión ha cumplido con aquel reto. Todos ustedes han cumplido con su responsabilidad. El marcador, como ha dicho el presidente, queda a cero. Ya no hay informes retrasados porque no queda ninguno; 206 informes; más de 35 000 folios; más de 1000 propuestas de resolución. Ese es el resumen de este gran esfuerzo. Para que sus señorías tengan algún elemento comparativo o una idea de lo que ha supuesto, les diré que en toda la VII Legislatura fueron analizados, durante toda la legislatura, 138 informes. En la IX Legislatura fueron 114; y en la X Legislatura 147. En un año hemos visto casi el 50 % de lo que se vio en tres legislaturas.

Le he pedido al presidente que se quedara porque quiero hacer una mención expresa de agradecimiento por parte de toda esta Comisión a su persona, porque obviamente él ha sido el que ha soportado una parte muy importante de este trabajo, del trabajo ingente que ha llevado a cabo esta Comisión. Esa resistencia titánica que ha demostrado en sesiones maratonianas y sobre todo la buena disposición a dar cumplida respuesta a todas sus inquietudes, que han sido muchas, hacen que esta Presidencia quiera que conste en este Diario de Sesiones expresamente el agradecimiento de toda la Comisión al señor Álvarez de Miranda por su trabajo, al de su equipo, que pacientemente ha estado ahí sentado en la última fila siempre, y que día a día, sesión a sesión, impertérritos desde el principio hasta el fin han estado sin moverse, algo que créanme a mí me merece que conste también en el Diario de Sesiones. (Aplausos). Y el agradecimiento a la letrada de esta Comisión porque obviamente sin su trabajo esto hubiera sido muy complicado.

Señorías, creo que todos ustedes se puede sentir satisfechos; a pesar de esos pesados fines de semana que algunos nos recordaban, donde los informes del tribunal eran ya casi un objeto del paisaje familiar en cada bar, todos se pueden sentir corresponsables de que ya no tengamos que oír -y esto es lo que más me importa de estas palabras- ni en esta Comisión ni en otra el famoso latiguillo de los retrasos de la Comisión o del Tribunal de Cuentas. No se había puesto nunca el marcador a cero, pero a partir de ahora tal como salgan los informes del tribunal serán despachados en esta Comisión en una perfecta sintonía. Yo personalmente les agradezco a todos ustedes su paciencia y su buena disposición, que han demostrado día a día en esta Comisión, y espero que lo sigan haciendo en lo sucesivo. El respeto


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a las instituciones y la credibilidad de los ciudadanos en la política se consiguen cuando las cosas se hacen con normalidad y el funcionamiento es acorde a lo que pensaron en su día quienes las crearon. Creo que hoy hemos cumplido con esa responsabilidad todos y hoy mejora esta institución y mejora la del tribunal.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.-El señor Hurtado Zurera hace un gesto al señor presidente de la Comisión señalando al personal del Diario de Sesiones).

¡Ah, perdón! El señor Hurtado -siempre con precisión- me recuerda -y perdón por la omisión- el agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores de esta casa que pacientemente también han tenido que sufrir las intensas y maratonianas sesiones de esta Comisión. Lo siento, perdón. (Aplausos).

Suspendemos la sesión por cinco minutos para despedir al presidente del tribunal. (Pausa).

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

BLOQUE I. CONTRATACIÓN PÚBLICA:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE IMPORTE SUPERIOR AL CONTRATO MENOR QUE NO SEAN DE REMISIÓN OBLIGATORIA, CELEBRADOS POR LOS ORGANISMOS ADSCRITOS A LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000182 y número de expediente del Senado 771/000181).

El señor PRESIDENTE: Si les parece, comenzamos la votación.

Les recuerdo que el 1 marca el voto, el 2 es sí, el 3 es no y el 4 abstención.

Comenzamos con el informe de fiscalización de los contratos de obras de importe superior al contrato menor que no sean de remisión obligatoria, celebrados por los organismos adscritos a los ministerios del área político-administrativa del Estado, ejercicios 2013 y 2014.

Propuestas de resolución del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Propuestas número 1 a 3, puesto que la 4 ha sido retirada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se produce un empate. Aplicando la regla de la ponderación, suman 295 a favor y 276 en contra. Por tanto, quedan aprobadas. (Rumores). Se aplica el voto ponderado, les recuerdo a sus señorías, y en este caso la suma de síes es mayor que los noes. Creo que conviene centrarnos porque si no igual nos dan aquí las diez de la noche, así que ya no repetiré más votaciones salvo algún caso excepcional.

Propuestas 5 a 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Se produce el mismo resultado que anteriormente, por lo tanto, quedan aprobadas por el mismo criterio.

Propuestas número 9 a 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000199 y número de expediente del Senado 771/000198).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2014.

Propuestas números 1 a 3, del Grupo Confederal de Unidos Podemos, porque la 4 ha sido retirada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo criterio de la ponderación quedan aprobadas.

Propuestas número 5 a 8, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Aplicado el criterio de la ponderación, quedan aprobadas.

Propuestas número 9 a 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 3; en contra, 17; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 13, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA DEL PROYECTO DE NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA, EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000204 y número de expediente del Senado 771/000200).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la ejecución por la Autoridad Portuaria de A Coruña del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, ejercicios 2012, 2013 y 2014.


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Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 6; en contra, 17; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas número 6 a número 9, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 10 y 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 12, 13 y 14, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000203 y número de expediente del Senado 771/000201).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación de la Corporación Radiotelevisión Española, S.A., ejercicios 2014 y 2015.

Propuestas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 5, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Diecisiete votos a favor y diecisiete en contra. Por el criterio del voto ponderado, queda aprobada.


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Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas número 10 a 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas números 13 y 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 1; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 61, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000209 y número de expediente del Senado 771/000209).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la contratación celebrada por Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 61, ejercicio 2015.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha retirado la propuesta número 4. Se procede a votar las propuestas números 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 3, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Resto de propuestas del mismo grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 12 a 16, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Aplicándole el criterio de la ponderación, quedan aprobadas.

Propuestas números 17 y 18, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 19, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 20, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE II. PRESTACIONES FARMACÉUTICAS:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DE LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000155 y número de expediente del Senado 771/000155).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, ejercicio 2014.

Propuestas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.

Se somete a votación la propuesta número 17, del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que el resto han sido retiradas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 20, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 21 a 24, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 25; abstenciones, 9.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 25, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 26 y 27 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 25; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta 28 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EN RELACIÓN CON EL ÁREA FARMACÉUTICA, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000176 y número de expediente del Senado 771/000172).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015.

Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por aplicación del criterio del voto ponderado, quedan aprobadas.

La propuesta número 19 del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirada. Se procede a votar las propuestas números 10 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas números 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por aplicación del criterio de voto ponderado.

Propuesta número 18 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Propuestas 20 y 21 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por aplicación del criterio de voto ponderado.

Propuesta número 22 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por aplicación del voto ponderado.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas números 26 a 31 del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 32 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DEL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000194 y número de expediente del Senado 771/000192).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015.

Propuestas números 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas números 4 y 5, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Con la aplicación del criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.

Han sido retiradas por el Grupo Parlamentario Socialista de la 6 a la 16 y la 18 y la 19, con lo cual se somete a votación la número 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 20 a 22, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 23, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS A CARGO DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000214 y número de expediente del Senado 771/000213).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y el control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015.

Propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea números 1, 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas número 4 y 5, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Con la aplicación del criterio de voto ponderado, quedan aprobadas.

Propuesta número 17, puesto que las restantes han sido retiradas por el Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 23, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 24; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 28, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

BLOQUE III:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE VÉLEZ-MÁLAGA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000205 y número de expediente del Senado 771/000202).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Vélez-Málaga.


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Propuestas números 2 y 3, puesto que la 1 ha sido retirada, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.

BLOQUE IV:

- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000208 y número de expediente del Senado 771/000204).

El señor PRESIDENTE: Informe global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2014.

La propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos ha sido retirada.

Se procede a votar la número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas de resolución números 3, 8 y 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 1, 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 9.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 13, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 7

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 6; en contra, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La propuesta número 15 no fue admitida por la Mesa.

Se procede a votar la número 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 17, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 6; en contra, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 18, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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BLOQUE V:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000206 y número de expediente del Senado 771/000205).

El señor PRESIDENTE: El último informe, señorías. Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca.

Propuesta número 1 del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho de la noche.

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