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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 80, de 27/02/2018
cve: DSCG-12-CM-80
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 80
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 19
celebrada el martes,
27 de febrero de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:

Bloque I:

- Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000244 y número de expediente del Senado 771/000234) ... (Página4)

Bloque II:

- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000222 y número de expediente del Senado 771/000224) ... (Página10)

Bloque III:

- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000225 y número de expediente del Senado 771/000221) ... (Página17)


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- Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000228 y número de expediente del Senado 771/000240) ... (Página17)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000229 y número de expediente del Senado 771/000239) ... (Página17)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000230 y número de expediente del Senado 771/000235) ... (Página17)

- Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000239 y número de expediente del Senado 771/000237) ... (Página17)

- Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000224 y número de expediente del Senado 771/000222) ... (Página17)

Bloque IV:

- Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000226 y número de expediente del Senado 771/000219) ... (Página23)

Bloque V:

- Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000231 y número de expediente del Senado 771/000227) ... (Página32)

Debate y votación de las propuestas de resolución:

Bloque I:

- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000219 y número de expediente del Senado 771/000220) ... (Página41)

Bloque II:

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000220 y número de expediente del Senado 771/000223) ... (Página42)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000223 y número de expediente del Senado 771/000218) ... (Página43)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000233 y número de expediente del Senado 771/000238) ... (Página43)

- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000238 y número de expediente del Senado 771/000226) ... (Página44)


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- Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000242 y número de expediente del Senado 771/000230) ... (Página45)

- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000243 y número de expediente del Senado 771/000231) ... (Página46)

Bloque III:

- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000227 y número de expediente del Senado 771/000225) ... (Página46)

Bloque IV:

- Informe de fiscalización de los pagos librados "a justificar" y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000221 y número de expediente del Senado 771/000217) ... (Página49)

Bloque V:

- Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000241 y número de expediente del Senado 771/000236) ... (Página50)

Corrección de error ... (Página51)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:

BLOQUE I.

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000244 y número de expediente del Senado 771/000234).

El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a esta sesión dando de nuevo la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas y a su director técnico y personal que le acompaña. Sin más dilación, vamos a pasar a la exposición y debate del primer bloque: Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2014 y 2015.

Tiene la palabra para su exposición el presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

La presente fiscalización tiene por objeto el análisis de la contratación en los años 2014 y 2015 de las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En relación con el ejercicio de 2014, los diversos órganos de contratación de las administraciones fiscalizadas comunicaron al tribunal un total de 1466 extractos de expedientes de contratos por 2174 millones de euros. Por lo que se refiere al año 2015, se


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comunicaron 654 extractos de expedientes de contratación por un importe de 767 millones de euros. En todas las comunidades y ciudades autónomas la remisión de la información relativa a la contratación presentaba deficiencias en el cumplimiento de los plazos establecidos para ello. También se han observado deficiencias en la cumplimentación de los datos y en la inclusión de los documentos que deben integrar los extractos.

Respecto a las incidencias relacionadas con la preparación de los contratos, con carácter general no se han justificado suficientemente la necesidad de la celebración de muchos de los contratos analizados, siendo los informes justificativos sumamente genéricos. En relación con el presupuesto y régimen económico de los contratos, en las comunidades de Cantabria y de La Rioja y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha advertido, en diversos expedientes, la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado. También se han observado deficiencias en la preparación de los contratos de las cinco comunidades y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se han apreciado casos en los que no se ha realizado adecuadamente la preceptiva memoria del proyecto y del proyecto de ejecución, o bien no se ha llevado a cabo de manera correcta el replanteo previo del proyecto previsto en la norma.

Por lo que se refiere a las incidencias relacionadas con la tramitación de los expedientes, en las comunidades y ciudades autónomas fiscalizadas, excepto Cantabria, se observa en varios expedientes de contratación el cumplimiento defectuoso de la obligación de incorporar el certificado de existencia de crédito o documento equivalente, así como la fiscalización previa. En determinados contratos de las comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y de la Ciudad de Ceuta los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas eran excesivamente genéricos. También se observa en todas las comunidades y ciudades, excepto Ceuta, que en algunos expedientes no se incluían los certificados de ofertas presentadas o resultaban erróneos, así como constaba la aceptación de ofertas presentadas fuera de plazo. Además, en tales territorios no resultaba debidamente acreditada la concurrencia de las causas que permitían la tramitación de urgencia o de emergencia de varios de los expedientes de contratación. Se observan deficiencias en la composición y funcionamiento de las mesas de contratación, tales como no constar el nombramiento de sus miembros o retrasos en su actuación en relación con las comunidades de Cantabria, Región de Murcia y La Rioja.

En cuanto a las incidencias relacionadas con los criterios de adjudicación, existen deficiencias en la definición de dichos criterios, fundamentalmente por falta de vinculación directa con el objeto del contrato o por su improcedencia como criterio de adjudicación y, asimismo, por la falta de concreción de los criterios sometidos a juicio de valor y por la forma de otorgar las puntuaciones. Destaca también la deficiente definición del criterio de las mejoras, que no siempre se definen convenientemente ni se precisan sobre qué elementos y en qué condiciones quedan autorizadas. En las comunidades y ciudades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Melilla y La Rioja se han observado casos en que no se valoran los criterios objetivos, atribuyendo al órgano de contratación la decisión de continuar los licitadores en función de criterios subjetivos. También se han detectado supuestos en los que la forma de valoración de los criterios de adjudicación se fijan en el informe de valoración de las ofertas, no siendo coherente con los principios de publicidad y transparencia al no concretarse aquellos en los pliegos. Por lo que respecta a las incidencias en relación con la adjudicación y formalización de los contratos, se aprecian deficiencias en los informes de valoración de las ofertas en las comunidades y ciudades autónomas de Cantabria, Ceuta, Región de Murcia y La Rioja, ya sea por la forma de valorar criterios objetivos o por la falta de justificación de las puntuaciones otorgadas. También se han observado en las comunidades y ciudades autónomas fiscalizadas, excepto La Rioja, deficiencias en la justificación de estar el adjudicatario al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Otro epígrafe del informe se refiere a las incidencias en relación con la ejecución de los contratos, habiéndose verificado deficiencias en la actuación del control del cumplimiento de los contratos como la ausencia de un sistema de control, la falta de una adecuada supervisión o la presentación de certificaciones, facturas o documentos de ejecución que carecen de los requisitos exigidos. Se han producido incumplimientos en los plazos de ejecución de los contratos en todas las comunidades y ciudades fiscalizadas, sin ejercitar las opciones de resolución o de imposición de penalidades en los casos en los que se debían a causas imputables al contratista. En determinadas modificaciones de contrato realizadas no resultaba adecuadamente justificado que respondieran a la existencia de nuevas necesidades o a causas técnicas no susceptibles de previsión durante la elaboración del proyecto. Respecto a la obligación en materia de transparencia o de igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se


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aprecian decisiones o irregularidades, salvo en la Ciudad de Ceuta en el primer ámbito. También se aprecia en las recomendaciones referentes a la contratación pública -incluidas en los respectivos informes de fiscalización relativos al ejercicio 2013- que no se han cumplido en la mayoría de los expedientes, excepto en la Comunidad Autónoma de Extremadura y Región de Murcia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Entiendo que hasta el Grupo Ciudadanos no quiere intervenir nadie, así que, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. El informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo 2014-2015 nos vuelve a arrojar las mismas conclusiones que para informes anteriores. Es una obviedad que el dinero público para educación, sanidad y para mejorar, evidentemente, las pensiones tiene que gestionarse mejor, y así queda reflejado en el informe. Hemos modificado, además, la Ley de Contratos del Sector Público para mejorar el control de las empresas que realizan esas obras en la Administración, pero ¿qué medidas tenemos para sancionar u obligar a la Administración a cumplir la ley, como vemos que no hace? ¿Qué se puede hacer para romper con esta manera habitual de hacer las cosas y obligar a las administraciones a justificar debidamente la necesidad de sus contratos? La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya nos dijo que había más de 47 000 millones de euros en sobrecoste, y eso supone un 25 % de la contratación pública. Usted mismo lo ha dicho, señor presidente, hay ausencia de informes; y sin informes económicos no se puede garantizar un correcto precio, no se puede garantizar especialmente que ese dinero público se asigne eficientemente y esté en las mejores empresas y, evidentemente, nos estamos cargando la competencia y los mecanismos del mercado. De forma análoga, se registraron deficiencias en las actuaciones previas dirigidas a garantizar la viabilidad de ciertas obras. Esto ha provocado, además, retrasos y aumento de costes, sobre todo en Cantabria, en Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Región de Murcia. Se ha comentado, además, el tema de la plataforma de contratación, ese mecanismo en el que quizá en 2016 pueda haber mejoras. No sé si tiene usted constancia, señor presidente, que en 2016 haya mejorado esto. Yo le pregunto si, después de fiscalizar todo esto, hay algún contrato que presente alguna irregularidad que haya merecido abrir un expediente de enjuiciamiento. En lo que respecta a la Ley 19/2013, de transparencia, también parece que se vayan arrastrando los pies; la Administración arrastra los pies en este tema. Tenía dos años para adaptarse y, evidentemente, solo con excepción de la Ciudad de Ceuta se ha ido habilitando.

Uno de los contratos más importantes, y yo creo que polémicos, que aparece en el informe es el del hospital Valdecilla. Cantabria va a tener que pagar -todos los cántabros van a tener que pagar- 900 millones de euros en los próximos veinte años por un centro sanitario que los trabajadores, además, califican de deficiente. Hay casos de éxito en la colaboración público-privada; nosotros lo defendemos y es objeto de estudio, pero en este caso, desde luego, se intenta una Comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria -por cierto, el Partido Popular se opone a estas cosas siempre- y, evidentemente, hay un contencioso o una demanda en la Audiencia Nacional. Usted mismo reconoce la complejidad del proyecto, pero el artículo 11.2 -y ahí es donde voy- del texto refundido de contratación del sector público establecía que la colaboración público-privada era una especie de último recurso, en el cual, cuando fuese acreditado que no había otras fórmulas alternativas para llevar el proyecto, evidentemente se podría hacer uso de él. Yo le pregunto, señor Álvarez de Miranda: ¿qué opinión tiene el tribunal sobre si esto fue debidamente acreditado? Por otra parte, hay muchas quejas sobre la calidad del servicio prestado en este hospital, y yo pregunto: ¿puede estar esto conectado con que el contrato limitase el beneficio anual del contratista a una tasa interna de retorno del 12 %? ¿Piensa usted, por la experiencia que tiene en informes, que este beneficio es alto, normal, bajo, comparado con otros hospitales? Por último, y termino, sobre estas cláusulas antimercado, ¿usted piensa que una cláusula de restricción del beneficio en una colaboración público-privada puede reducir la motivación, las buenas prácticas, en definitiva, la eficiencia de esa empresa o de ese contrato?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Martínez.


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El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Seré breve y remarcaré algunas de las incidencias que nos parecen más señaladas en el informe. En primer lugar, la falta de justificación suficiente de la necesidad de muchos contratos celebrados; la ausencia de informes o de estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera adecuado; deficiencias respecto a las actuaciones previas dirigidas a garantizar la viabilidad de la incoación de un expediente; defectuoso cumplimiento de la obligación de incorporar al expediente el certificado de existencia de crédito; uso de modelos de pliegos de cláusulas particulares de carácter excesivamente genérico; deficiencias en la composición y funcionamiento de las mesas de contratación y falta de definición y concreción de los criterios de adjudicación. Todas estas incidencias nos llaman a hacernos algunas preguntas que esperamos pueda respondernos el presidente del Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, queríamos preguntarle si considera que hay diferencias relevantes en las deficiencias de la contratación pública entre aquellas comunidades autónomas que tienen un órgano de control externo y aquellas que no lo tienen. En relación con los incumplimientos y la falta de atención a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hay variaciones entre las distintas autonomías. Por ejemplo, Murcia y Extremadura tienden a responder mejor a las indicaciones del Tribunal de Cuentas, mientras que otras, como Ceuta, no parecen responder positivamente. Por eso, queríamos preguntarle al presidente a qué factores cree que responden estas diferencias. Además, en sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas dice textualmente que ninguno de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos analizados ha introducido la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyeran medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esto nos parece realmente preocupante, y más en un contexto en el que se están reivindicando cada vez más los derechos de las mujeres en los puestos de trabajo. No es la primera vez que tenemos que leer este tipo de conclusiones en los informes del Tribunal de Cuentas. De hecho, es una constante. Por eso, queríamos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si el único método eficaz que se incluye en este tipo de medidas es hacerlas obligatorias. Finalmente, queremos decir también que nos parece preocupante que, en una materia tan sensible como la adecuación a la normativa de la transparencia y legalidad de la actuación administrativa en la contratación, el Tribunal de Cuentas haya detectado tantas deficiencias, tanto por número como por el tipo de anomalías.

Es todo, gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Jiménez.

El señor ALONSO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda, por su presencia en esta Comisión. Parece ser que es la primera ocasión en la que el Tribunal de Cuentas procede a supervisar la contratación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas que se someten, por primera vez, al Tribunal de Cuentas. Entendemos que, efectivamente, esta auditoría típica supervisando la contratación debe hacerse en cumplimiento de la legalidad, del principio de transparencia y, por tanto, consideramos que es muy positivo que en toda la documentación preceptiva se proceda también al análisis de la preparación, de la adjudicación, de la formalización, de la modificación de las prórrogas y ejecución y, en definitiva, del cumplimiento íntegro de los contratos, ya que es muy positivo para la salud del Estado de derecho y sobre todo para la transparencia que pide la sociedad actual, como es lógico y normal.

Hemos apreciado en el informe del ministerio fiscal y del abogado del Estado supuestos de responsabilidad contable. Queremos saber su opinión. Hemos visto que en Cantabria hay supuestos donde existen servicios extraordinarios incluidos que están sin una justificación suficiente. Vemos que en Castilla-La Mancha hay dos supuestos de contrato sin acreditación de su ejecución. También observamos que en Melilla hay supuestos de ejecución de contratos no lo suficientemente justificados; o en La Rioja comprobamos que hay facturación en exceso en la ejecución de un contrato que, en este momento, está en trámite de reintegro por la comunidad. Incluso, el abogado del Estado ha apreciado un supuesto de responsabilidad contable en un contrato de obras de rehabilitación de viviendas en Ceuta. Entendemos que no se han producido limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados. Respecto a la rendición de información sobre la contratación, en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas se han producido demoras en la remisión de la relación contractual preceptiva y deficiencias en la información y documentación a incluir en los extractos de expedientes. En cuanto a la justificación de la necesidad de


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contratación, entendemos que es insuficiente, como usted lo ha dicho anteriormente. Hay indeterminación o defectos en la cuantificación de los precios en las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Vemos también ausencia del preceptivo certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente y de la obligatoria fiscalización previa de los expedientes. Vemos que los pliegos son en muchos casos genéricos y hay ausencia de regulación del régimen de modificación de los contratos o imprecisiones en los plazos de ejecución de los contratos. En Ceuta, por ejemplo, se ha apreciado la inexistencia en los expedientes del certificado de ofertas presentadas por los licitadores y también se ha constatado la insuficiente e incluso indebida justificación del recurso a la tramitación de urgencia. Tampoco se ha justificado en todos los casos el recurso a la contratación por el procedimiento negociado. Entendemos también que en todas las comunidades, excepto en Ceuta, los criterios de adjudicación no han sido suficientemente objetivados y se ha producido indefinición a veces en las mejoras o en los criterios del precio. Por ejemplo, en Ceuta, en Murcia y en La Rioja se ha comprobado la inexistencia de motivación en la valoración de los criterios de adjudicación de los contratos. También hemos encontrado en los expedientes la ausencia de la justificación de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social. Se han producido retrasos en la ejecución de los contratos y eso no ha dado origen tampoco a la imposición de las correspondientes penalidades a las empresas. En Ceuta comprobamos también que no se ha maximizado la necesidad de la implantación del perfil del contratante y, por tanto, se han producido deficiencias en su publicación.

Usted ha hecho también referencia a otras muchas deficiencias. Ante esta concatenación de irregularidades y desajustes con la normativa vigente, nos gustaría saber qué ha hecho el Tribunal de Cuentas, si se producen por la permisividad que han tenido las comunidades autónomas por falta de supervisión o es a consecuencia de que existe algún tipo de conductas que precisan urgentemente una actuación inmediata para que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas se ajusten a la normativa vigente. En todo caso, queremos saber si se ha producido algún tipo de actuación.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso Jiménez, tiene usted que ir acabando.

El señor ALONSO JIMÉNEZ: Sí.

En aras de la defensa de la sanidad pública -que es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho- y en relación con el hospital de Valdecilla, que en este momento no es un hospital eminentemente público, queremos saber si no hubiese sido mejor cumplir con el pago de la deuda comprometida por el Gobierno central.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Acedo tiene la palabra.

La señora ACEDO REYES: Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia hoy aquí al presidente del tribunal, con el que nos encontramos asiduamente en esta Comisión.

Yo voy a ser algo más proactiva que el resto de grupos parlamentarios con este informe, que creo que no es del todo malo, puesto que se ha evolucionado mucho en la contratación pública. Se han detectado muchas deficiencias en casi todas las comunidades y ciudades analizadas. Por ejemplo, en lo que respecta a la remisión de información de las diferentes comunidades y ciudades al Tribunal de Cuentas, en el cumplimiento de los plazos e incluso en la documentación que se tiene que incluir en esta remisión de información, si todas fallan, a lo mejor tendríamos que buscar la posibilidad de arbitrar un sistema que permita que todas puedan cumplir, porque en el Grupo Parlamentario Popular presumimos que todas quieren cumplir. En esa evolución que estamos haciendo todos en la actualización de leyes para que seamos cada vez más diligentes en la contratación pública, tan importante es la contratación pública como la ejecución de los contratos y tan importante es el control de los contratos como la fiscalización de los mismos y de la ejecución por parte de las administraciones. Por tanto, si todas fallan -y presumiendo que todos queremos hacerlo bien, remitir la información y ser lo más transparentes posible-, en estas recomendaciones sería interesante tener en cuenta la posibilidad de arbitrar un sistema que permita que cumplamos la mayoría.

Con respecto a los contratos, cuando el tribunal habla de que no se justifica suficientemente la necesidad, mi pregunta es si en las alegaciones presentadas por las diferentes administraciones no se ha acreditado esa necesidad una vez ya ejecutado el contrato. Con respecto al presupuesto y al régimen económico de los contratos, habla de falta de acreditación. No sé si el tribunal se está refiriendo a la


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inclusión de la retención de créditos y si con la inclusión de la retención del crédito presupuestario se acreditaría ya el presupuesto y el régimen económico de los contratos. Con respecto al contrato de obras, entendemos que una recomendación muy interesante del tribunal es la inclusión de la memoria del proyecto de ejecución, puesto que el hecho de que no esté incluido en los contratos tiene mayor gravedad ya que impide su correcta ejecución. Otra cuestión importante que viene recogida en este informe del tribunal se refiere a la calificación jurídica de los contratos, que afecta a cuestiones fundamentales y no solo en el ámbito de la tramitación. Dependiendo de la calificación jurídica, va a regulación armonizada, y por tanto, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dependiendo de la duración del contrato, si es una gestión de servicio público tiene menos limitaciones en tiempo que si son unos servicios que tienen un máximo de seis años. Por lo tanto, con respecto a la calificación jurídica de los contratos, entendemos que la recomendación debe mantenerse y debemos hacer todos un esfuerzo para cumplir. Lo mismo ocurre con la clarificación de las cláusulas particulares de los pliegos para que sean menos genéricas y más concretas y para que haya una mayor determinación de las garantías y del plazo de ejecución de los contratos. También el tribunal hace referencia a que hay que justificar más y mejor la emergencia y la urgencia de los contratos cuando se tengan que llevar a cabo.

Con respecto a los criterios de adjudicación, quiero hacer algunos apuntes. Por regla general en la adjudicación de la mayoría de los contratos lo que más pondera siempre es el criterio económico. No obstante, hay criterios que son susceptibles de valoración a través de juicios de valor y mejoras. Cuando se hace referencia a que se requiere una mayor definición y más ajustada al objeto del contrato, entiendo que con la ponderación económica y con aquellos criterios que son susceptibles de juicios de valor habría que encontrar un equilibrio. Una de las cosas que se ha detectado y que viene produciéndose -sobre todo tras los efectos de la crisis económica- ha sido que una vez adjudicados contratos con bajadas importantes y desproporcionadas se han producido paralizaciones de obras y una reducción de la calidad de los servicios. Por lo tanto, entendemos que debe haber una mayor clarificación en esos criterios de juicios de valor e incluso en la valoración de las mejoras para que estén equilibrados con el aspecto económico para que no se produzca esto, porque al final las administraciones estamos para prestar el mejor servicio público posible y un servicio de calidad al ciudadano. La paralización de una obra, por ejemplo, no puede suponer la paralización de un servicio fundamental para las ciudades.

Con respecto a las formalidades, se hace referencia a deficiencias en garantías, al documentar la formalización de los contratos, o en la notificación de adjudicaciones. Con respecto a la ejecución, también quiero hacer una aportación. Se habla del control de la ejecución de los contratos.

El señor PRESIDENTE: Señora Acedo, tiene que ir acabando.

La señora ACEDO REYES: Sí, finalizo ya.

Entendemos que es fundamental el control de la ejecución de los contratos. ¿No sería interesante la creación de algún organismo que permitiese en cada una de las administraciones controlar la ejecución de los contratos? Si no se ha creado ya, el personal de las diferentes administraciones debería llevar el control de la ejecución de los contratos de manera mucho más exhaustiva, como recomienda el tribunal. Debería haber un organismo especializado, pero muchas veces por la falta de personal no se lleva a cabo el control de manera tan especializada. En el Grupo Parlamentario Popular presumimos que todas las administraciones pretenden cumplir la legislación y ser cada vez más diligentes en la contratación pública. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos ser proactivos. Se ha evolucionado mucho, aunque tenemos que evolucionar algo más y creo que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas son fantásticas para ir mejorando en este sentido.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el presidente para contestar las cuestiones planteadas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Me plantean ustedes muchas cuestiones de carácter muy concreto, con mucho detalle, sobre un informe que tienen que comprender que afecta a cinco comunidades y a dos ciudades autónomas, que ha sido efectuado por diversos equipos de fiscalización a lo largo de un tiempo dilatado y que presenta unos resultados generales, aunque lógicamente en los anexos de los expedientes figura la documentación


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correspondiente. Yo, sintiéndolo mucho, a muchas preguntas de carácter muy concreto no voy a poder contestar porque desconozco el detalle que ustedes me están pidiendo. Únicamente intentaré contestar aquellas cuestiones sobre las que creo que puedo tener una opinión sin trasgredir y sin ir más allá de lo que el propio informe dice, porque yo aquí estoy presentando el informe, no estoy dando mi opinión personal sobre estas cuestiones.

Me plantea don Vicente Ten una serie de preguntas, algunas de las cuales están relacionadas con el expediente concreto de Valdecilla. Él mismo ha calificado la experiencia de Valdecilla como fracaso e intenta de alguna manera vincular esa experiencia con el hecho de que se trate de una colaboración público-privada y también con que dentro de esta colaboración público-privada el beneficio haya sido predeterminado en un porcentaje. Lo único que le puedo decir, señor Ten, es que no creo tener un criterio lo suficientemente formado, ni creo que el informe llegue a ese nivel, como para poderle contestar a sus preguntas, pero sí hay cuestiones sobre las que podría decir, sin trasgredir el contenido concreto del informe, que el contrato de colaboración público-privado, como uste bien sabe, no ha sido recogido en la nueva Ley de Contratos. Yo creo que esto denota verdaderamente que no se ha encontrado en esa vía de contratación la relevancia suficiente, la relevancia esperada y que, por tanto, seguramente será una figura que teniendo seguramente ventajas innegables a lo mejor en el futuro deberá ser mejor precisada que en la legislación anterior.

También me pregunta usted sobre los expedientes de enjuiciamiento abiertos en relación con esta materia y, por otra parte, el señor Alonso Jiménez prácticamente ha relatado, no los expedientes de enjuiciamiento, sino el contenido de los informes del abogado del Estado y del fiscal. Yo lo único que les puedo decir es que en relación con estos informes no constan antecedentes en la sección de enjuiciamiento, es decir, no se ha abierto ningún procedimiento, aunque sí existen peticiones por parte del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado para que los departamentos responsables elaboren informes, porque se aprecian indicios de responsabilidad contable en relación con diversas incidencias de expedientes que afectan a las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla por parte del fiscal y por parte de la Abogacía del Estado en un contrato de obras en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Pero, como digo, todos estos informes, tanto del ministerio fiscal como del Abogado del Estado, todavía no han dado pie a que se haya abierto ningún procedimiento en la sección de enjuiciamiento, estando en fase de estudio.

Me pregunta también el señor Ten si creo que con la plataforma de contratación mejoró la situación. Yo creo que nos encontramos en el ámbito de la contratación pública con una cuestión de naturaleza muy superior a los instrumentos de plataformas o a las medidas que se puedan adoptar, que es la entrada en vigor de la nueva ley. La nueva ley se concibe como una nueva forma de gestionar la contratación pública. Puede tener muchos de los conceptos de la antigua ley, pero yo creo que la nueva ley se configura como un instrumento verdaderamente normalizado con las prácticas y con las directrices europeas y, por tanto, va a disciplinar mucho más y mejor la contratación pública de las administraciones españolas, y ese es el gran reto. Es indudable que la plataforma de contratación es un instrumento de mejora, porque cualquier sistema que permita el acceso más rápido y mejor a las consultas de contratación va a suponer un avance, pero yo creo que el verdadero avance es la aplicación de la nueva Ley de contratación, ver cómo las administraciones públicas atienden a sus requisitos.

Me pregunta el señor Martínez si podemos decir que hay deficiencias mayores en las comunidades autónomas que tienen OCEX que en las que no lo tienen. Sinceramente, yo creo que no, por la razón de que en todas las comunidades autónomas se ejerce un control sobre la contratación. Hay comunidades autónomas mejores o peores, pero no por la existencia o no de OCEX sino por la propia responsabilidad de los gestores. Hay comunidades autónomas que están mejor gestionadas, o peor gestionadas, o gestionadas con mayor transparencia o mayor diligencia, pero lo que es claro es que en todas las comunidades autónomas existe un control sobre la contratación que ejerce cada órgano de control externo y nosotros, en aquellos sitios donde no hay órgano de control externo, ejercemos un control de carácter similar y solicitamos las aclaraciones pertinentes a todas estas comunidades para incluirlas en los respectivos informes que les presento a ustedes. De alguna manera, esto es una fiscalización añadida a la que con carácter regular se les presenta a ustedes sobre cada una de estas comunidades y sobre cada una de estas ciudades. Es allí donde efectivamente figuran todos los datos relativos al control que se efectúa sobre esta gestión.

Me pregunta también si no sería una manera de potenciar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres introducirlo como criterio obligatorio en los casos de contratación. Usted habrá visto que nosotros


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hemos formulado una recomendación que no necesita de modificación legal, sino que únicamente requiere que los pliegos de cláusulas que regulan la contratación permitan -y además así lo formulamos nosotros- que, en caso de empate en la valoración de las ofertas, la adjudicación a favor de las proposiciones presentadas por empresas que incluyan medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres tenga una mayor relevancia. Es lo que yo creo que en nuestro caso se puede proponer para avanzar en ese terreno.

En relación con lo que me ha planteado la señora Acedo, que ha hecho un repaso de todos los documentos que sería necesario revisar en la contratación para ver cómo mejorar en ese ámbito, yo quería puntualizar únicamente que el documento clave es el certificado de existencia de crédito y de retención para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Es ahí donde yo creo que debemos hacer especial incidencia.

Termino indicando que este tipo de informes del tribunal, que en muchos casos pueden resultar muy genéricos, pretenden dar una visión general sobre el estado de la contratación para estas comunidades, pero luego cada informe concreto, el informe de control financiero de cada comunidad, desarrolla de una manera mucho más pormenorizada cada uno de los elementos que aquí se tienen en cuenta. Por tanto, es ahí donde posiblemente se puede atender a cuestiones concretas que ustedes me han formulado, muchas de las cuales seguramente quedarán sin posibilidad de contestación.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE II:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000222 y número de expediente del Senado 771/000224).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque II, correspondiente al informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Tiene la palabra, de nuevo, el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo el seguimiento sobre las recomendaciones incluidas en el anterior informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales referido a los ejercicios 2004 y 2005 que fue aprobado el 26 de febrero de 2009. Esta fiscalización responde al objetivo de la planificación estratégica de intensificación del seguimiento de las recomendaciones de la institución sobre la gestión económico-financiera pública. Además de analizar su grado de cumplimiento desde la anterior fiscalización, así como el de las correlativas resoluciones de la Comisión mixta, se ha verificado la observancia de la normativa de igualdad efectiva de mujeres y hombres y también sobre transparencia.

En síntesis, de las cuatro recomendaciones del anterior informe se considera cumplida una de ellas, la segunda, y las siguientes han sido parcialmente observadas, si bien en distinto grado. Las tres primeras recomendaciones se encuentran referidas a la estructura organizativa, al establecimiento de procedimientos, a los medios personales y a los desarrollos informáticos.

Respecto a la primera recomendación, el ayuntamiento cuenta con un documento que contiene el personal asignado a cada una de las diferentes áreas de gestión, si bien todavía no se ha aprobado un reglamento orgánico municipal ni un organigrama de la entidad. Asimismo, dispone de una valoración de puestos de trabajo que define las funciones y competencias de cada uno de los puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo. Se ha regularizado la situación del personal al servicio de la corporación, dando adecuada cobertura a puestos que estaban vacantes, como los relativos al viceinterventor, al titular de la asesoría jurídica, al jefe de disciplina urbanística, al recaudador y al tesorero. Además, la normativa dictada por el ayuntamiento en relación con el personal funcionario se ha adaptado al texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. En cuanto a los manuales de procedimiento, aunque no están formalizados como tales, existen manuales de utilización de las aplicaciones informáticas en los que se definen las tareas y fases procedimentales propias de las distintas áreas de gestión.


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Por lo que se refiere a la segunda recomendación, se considera cumplida, habiéndose verificado que existe una adecuada segregación de funciones de manera que no concurran competencias de gestión y de control en un mismo responsable.

Respecto a la tercera recomendación, cuenta con dos partes: la primera, referida a las aplicaciones informáticas que permitan un tratamiento adecuado de la información y, la segunda, relativa a la disponibilidad de controles automatizados sobre vencimientos de plazos de los expedientes y conciliaciones periódicas de archivos. La primera parte se considera cumplida respecto a la mayoría de las áreas de gestión, como las de tesorería, personal, recaudación, rentas y patrimonio, que se han dotado de aplicaciones informáticas específicas; y parcialmente cumplida para las áreas de urbanismo, contratación y gastos, que cuentan con sistemas de codificación homogéneos en el marco de una aplicación común, pero esta no cubre suficientemente las necesidades de tales áreas. En relación con la segunda parte de la recomendación, también se han producido mejoras en cuanto a la cumplimentación necesaria de campos obligatorios de los expedientes y a la realización de conciliaciones entre los mismos. Sin embargo, persiste la necesidad de establecer controles automatizados sobre el vencimiento de los plazos que afectan a la situación jurídica de los expedientes.

Por lo que respecta a la cuarta recomendación, relativa a las áreas de gestión particularmente afectadas por las debilidades del control interno, se considera parcialmente cumplida, habiéndose observado una evolución en ellas, aunque precisan de avances adicionales. Como ya se ha indicado, se han introducido mejoras en cuanto a la utilización de aplicaciones informáticas y a la incorporación de normas de procedimiento en los manuales de las mismas, así como la dotación y ocupación del puesto de viceinterventor. Sin embargo, continúan produciéndose deficiencias por la ausencia de una planificación adecuada que lleve a la aprobación del presupuesto en los plazos legalmente establecidos, por las incidencias en la elaboración, aprobación y rendición de las cuentas, por la inexistencia de mecanismos automáticos de verificación de vencimientos de saldos y por debilidades en la contratación. Así, respecto a los presupuestos en el periodo comprendido entre los ejercicios 2009 y 2017, únicamente se aprobaron los correspondientes a tres ejercicios -2009, 2012 y 2014-, con un retraso medio de 206 días. Los restantes presupuestos no llegaron a presentarse al pleno municipal por el alcalde presidente. Por tanto, el presupuesto no se utiliza como un instrumento básico de gestión, planificación y toma de decisiones por el ayuntamiento. Ello ha dado lugar a que en todo el periodo analizado por término medio se realizaron modificaciones presupuestarias por el 84 % de los créditos iniciales y además en conceptos que no se materializaron finalmente en la ejecución del correspondiente gasto. Asimismo, las cuentas generales de los ejercicios 2009 a 2015 se rindieron con un retraso medio de 164 días, excluyendo las de 2014, que se remitieron sin estar aprobadas por el pleno por lo que no se consideran debidamente rendidas. Tales cuentas tenían que haber sido objeto de una nueva presentación una vez aprobadas.

Se han experimentado mejoras en el área de gestión recaudatoria, pero las depuraciones de saldos se realizan de forma manual. En la muestra se han detectado incidencias que afectan a todas las fases del procedimiento, como la realización de liquidaciones tributarias sobre hechos imponibles ya prescritos o el mantenimiento de saldos elevados de derechos pendientes de cobro. En materia de contratación, se han observado avances derivados de la utilización de una nueva aplicación común de gestión y archivo de los expedientes, mejorando la remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones de contratos mayores si bien con ciertas omisiones. Finalmente, el ayuntamiento elaboró tres planes de igualdad, aunque no fueron aprobados formalmente, y ha cumplido con las obligaciones en materia de transparencia con ciertas excepciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Tenemos aquí un informe del cumplimiento de las recomendaciones ya hechas por el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Castro Urdiales. Es un informe que tiene como objetivo ver qué es lo que ha hecho este ayuntamiento respecto a aquel informe de 2004-2005. En definitiva, había cuatro recomendaciones básicas, de las cuales entiendo que solo se ha cumplido completamente una. La primera está parcialmente cumplida -estamos hablando del tema de los manuales de procedimiento- y yo le pregunto al tribunal cómo cree que podríamos lograr que las entidades elaborasen esos manuales tan necesarios.


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La segunda habla de la segregación de funciones de gestión y control, pero ya ha comentado que afortunadamente se ha cumplido.

La tercera nos habla del tema del tratamiento de la información. Creo que esta recomendación es fundamental, básica, señor Álvarez de Miranda. Además, me gustaría hacer hincapié en ello porque mi grupo va a solicitar informe de fiscalización de alguna muestra de las entidades locales, sobre todo porque la digitalización de nuestra Administración local es básica. Estamos hablando de smart city, de big data, de la agenda digital, de transformación de la economía, y es fundamental que las entidades locales se transformen digitalmente y que ello además provoque beneficio en todas las áreas de gestión. Usted nos ha comentado que sí ha habido mejoras, pero no se ha llegado a las áreas de urbanismo, contratación y gastos.

En cuanto a la cuarta recomendación, también se ha cumplido parcialmente -hay algunas mejoras en procedimiento-, pero lo que no se ha cumplido es quizá lo más importante, el tema del presupuesto. Usted mismo lo ha dicho: sin un presupuesto no podemos hablar de ese instrumento básico de gestión, de planificación, de previsión de necesidades. Estamos hablando de que el 84 % de los créditos iniciales son modificados en ese periodo 2009-2017. Además, tenemos aquí todos los signos políticos. He estado viendo quiénes eran los alcaldes desde 2007 y son de todos los partidos políticos. Para colmo, hay prórrogas continuadas de presupuesto; usted mismo lo ha comentado: en ocho años, tan solo se han presentado tres presupuestos. No sé si el señor Montoro, basándose en esta experiencia, quiere repetir en el tema de la prórroga de los presupuestos, pero tiene claro que se incumple el artículo 134.3, que lo dice textualmente: se deberán presentar antes de los tres meses de la expiración del año anterior los Presupuestos Generales del Estado. Es fundamental esta herramienta -y usted, insisto, lo ha dicho- para la gestión, para la planificación y para el control.

Sorprende además que un ayuntamiento de 30 000 habitantes, y a pesar de que el tribunal aprecie que en esta área de gestión recaudatoria se han experimentado muchas mejoras, se están liquidando impuestos, además prescritos, como usted ha dicho. Si la Administración Central -lo sabemos y lo hemos comentado aquí alguna vez- gestiona casi 46 000 millones de euros en deudas tributarias pendientes o cerca de 1000 millones de euros en recobro de prestaciones indebidas, yo me pregunto cuánto dinero hay en situaciones análogas en la Administración local o en la Administración autonómica. En el informe se habla de 20 millones de euros pendientes de cobro al cierre de 2016. Esto me preocupa porque, además, el punto del informe habla de 12,6 millones depurados en el periodo 20092016 que se han ido cancelando por deuda incobrada, por ejemplo, por baja de contabilidad, por deuda prescrita, por aquella deuda que está mal liquidada... Estamos hablando de muchísimo dinero. Creo que esto puede suponer más del 50 % del presupuesto de este ayuntamiento. Yo le pregunto al tribunal -y termino, presidente-: ¿cree el tribunal que estas circunstancias eran evitables con una mejor gestión?, ¿cree el tribunal que esto es evitable con una pequeña aportación a esas mejoras de la información, de las bases de datos, de las aplicaciones informáticas que comentaba? Y, por último, ¿qué porcentaje piensa el tribunal que efectivamente se cobra de la deuda tributaria? ¿En qué porcentaje podríamos estar, en un 40-60, un 30-70?

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por este mismo tribunal en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales en los años 2004 y 2005. En primer lugar, creo que hay que valorar la utilidad de estos informes de seguimiento de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas, porque si no en muchos casos parece que las recomendaciones que se realizan en cada informe no se sabe muy bien si finalmente tienen el efecto que persiguen o si simplemente se quedan guardadas en un cajón. Por lo tanto, quiero valorar este tipo de informes.

En el caso concreto de Castro Urdiales, en el informe de 2004-2005 se detectaban numerosas deficiencias de gestión, especialmente en lo relativo a organización propia del ayuntamiento, la gestión presupuestaria, el control interno y la contratación. En el informe que presenta hoy aquí el Tribunal de Cuentas sobre las recomendaciones seguidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales se observa cómo han cumplido total o parcialmente con algunas de ellas -totalmente una de las recomendaciones y parcialmente dos- aunque aún les queda muchísimo por avanzar para cumplir con todas las


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recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas. Se destaca el incumplimiento o las deficiencias en la gestión presupuestaria, con la incapacidad para presentar y aprobar presupuestos, constantes retrasos y el abuso sistemático de las modificaciones de crédito presupuestario, algo que nos recuerda las prácticas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del Gobierno de la Administración Central pero que no por ello hay que evitar señalar que es un práctica que hay que dejar de poner en marcha. Por otro lado, también se detectan deficiencias en la contratación pública con el abuso de contratos menores, etcétera.

En las alegaciones que presenta el Ayuntamiento de Castro Urdiales, se señala que algunas de estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas que en el informe figuran como no aplicadas sí que se han puesto en marcha en el año 2017. Quería preguntarle al Tribunal de Cuentas si tiene constancia de que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya aplicado alguna de las recomendaciones una vez remitido el informe del Tribunal de Cuentas porque creemos que, sin duda, tienen que cumplir con estas recomendaciones porque no son permisibles estas deficiencias en el funcionamiento del ayuntamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González, por su brevedad también.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cortés.

El señor CORTÉS LASTRA: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.

En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento a la utilidad de este informe del Tribunal de Cuentas. Quizá no se va dando respuesta a las recomendaciones que plantea el Tribunal de Cuentas con la celeridad con la que a todos nos hubiera gustado, pero sí que es verdad que está siendo un estímulo, un instrumento, un acicate importante en la búsqueda de la mejora de las deficiencias que viene arrastrando la Administración local en el municipio de Castro Urdiales. Por tanto, queda patente esa importancia y también algo muy relevante, que ese informe ha sido escuchado por la Administración local, que ha tratado de dar respuesta a la situación de la que venimos, una situación bastante deficiente, sobre todo después de ver las recomendaciones y la celeridad o los tiempos con los que se va dando respuesta a las distintas recomendaciones.

Quisiera hacer alguna anotación a los asuntos. No voy a entrar en todas las recomendaciones, porque es verdad que parece que se ha dado respuesta a la recomendación dos, en cuanto a la segregación necesaria de funciones entre las competencias de gestión y de control, y que está solventada. Pero en cuanto a la uno, por ejemplo, que dice que debería dotarse de una estructura organizativa -competencias, funciones, procedimientos-, sí que parece que está pendiente de aplicar un reglamento orgánico municipal, que se recoge ya en el plan normativo anual del año 2018 y parece ser que el próximo 27 de febrero se llevará al pleno municipal. Por tanto, se estará dando un paso más, probablemente lento, pero estamos hablando de lo que debiera ser la base de la construcción de un ayuntamiento moderno y distinto. Estamos tardando mucho tiempo en construirlo, evidentemente, pero sí que algún que otro paso se sigue dando.

Es verdad que tenemos un déficit enorme en el ámbito presupuestario. A veces cuando repasas este tipo de informe te parece mentira que no hayamos tenido presupuestos ni en 2010, ni en 2011, ni en 2013, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018. Algunos de los diputados anteriores decían que todos hemos estado en la gestión de este ayuntamiento; es cierto que así es, pero el actual alcalde, por ejemplo, que viene de una fuerza política nueva y que decía que iba a modificar o a cambiar este ayuntamiento en este sentido, ha prorrogado los presupuestos de 2017 y de 2018 y ha hecho unas declaraciones últimamente diciendo que se ha demostrado que se puede gobernar sin presupuesto municipal, lo cual desde mi punto de vista es algo inconcebible en el ámbito de la Administración local. Lamentablemente, como le digo, llevamos demasiado tiempo tratando de gestionar o de solucionar esta situación. Creo que tenemos que seguir incidiendo de alguna manera -y le pido al tribunal que lo siga haciendo- en el control sobre este municipio.

Quería hacer dos apuntes finales en materia de igualdad, tema que usted ha tratado. Es cierto que la composición del personal del ayuntamiento no es paritaria. En abril de 2017 el 62 % eran hombres frente al 38 % que eran mujeres. Se realizó un plan de igualdad específico para los empleados del ayuntamiento consensuado con sectores -usted lo sabe- pero parece que no ha pasado el pleno municipal. Y en el ámbito de la transparencia sí que se hace mención a que se cumple parcialmente, pero todavía parece que no se han publicado algunos planes de morosidad del segundo trimestre del año 2017 ni planes y programas anuales.


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Termino, presidente, simplemente diciendo que en este caso -al menos yo así lo percibo claramente porque soy de este municipio- los informes del Tribunal de Cuentas están suponiendo un acicate importante en la mejora de la Administración local de este ayuntamiento. Aún así, la velocidad a la que se están tomando este tipo de decisiones es demasiado lenta para adaptarnos a lo que es la gestión local y municipal en un futuro que debiera ser mucho más digital y mucho más adaptada a la actualidad tecnológica con la que se gestionan ya la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.

A pesar de que ha hablado usted de la tierruca ha sido muy comedido. Se lo agradezco.

Tiene la palabra el señor Fernández por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Como es de justicia, quisiera empezar agradeciendo al presidente del Tribunal de Cuentas su exposición y felicitando al tribunal por este tipo de informes en los que se analiza el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el propio tribunal en informes anteriores. Porque tan importante como fiscalizar las cuentas del sector público lo es fiscalizar en qué medida las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas se están teniendo en cuenta por ese sector público previamente fiscalizado. Este es un aspecto de la labor del Tribunal de Cuentas que creo que hay que poner en valor de una forma especial y quizás mereciese alguna reflexión acerca de qué medidas se podrían impulsar para facilitar desde el propio sector público esta labor al tribunal dada la incuestionable eficacia que este tipo de informes está demostrando. Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que las propias entidades fiscalizadas realizasen informes internos acerca del grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, algo que sin duda podría facilitar la labor del tribunal a la hora de revisar ese grado de cumplimiento de sus recomendaciones.

Otro motivo para felicitar al Tribunal de Cuentas es por la progresiva y cada vez más evidente actualización y puesta al día de la fiscalización de las entidades objeto de dicha tarea fiscalizadora. Este informe tiene como objeto el análisis del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales que corresponde a los ejercicios 2004 y 2005, que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de febrero de 2009 y a cuyo cumplimiento se instaba en una resolución de esta Comisión Mixta Congreso Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas de 21 de septiembre de ese mismo año 2009. Ahora bien, aunque se está haciendo referencia a ejercicios de hace ya muchos años, la fiscalización que lleva a cabo el tribunal en este informe que ahora se analiza se extiende hasta junio de 2017; es decir, que se analizan todas las actuaciones que fue llevando a cabo el Ayuntamiento de Castro Urdiales desde la fecha de esos ejercicios inicialmente fiscalizados, es decir 2004 y 2005, pero lo lleva hasta junio de 2017. De hecho, el informe se suscribe el 30 de noviembre de 2017 y poco más de dos meses después ya se presenta en esta Comisión. Creo que estamos ante un informe que fiscaliza la acción que desarrolla el Ayuntamiento de Castro Urdiales hasta hace muy pocos meses, hasta junio del año 2017 y es, por lo tanto, un informe que se concluye hace menos de tres meses y eso creo que constituye un motivo para felicitar al Tribunal de Cuentas y, por qué no decirlo también, a esta Comisión que ha ido actualizando los informes objeto de análisis.

Entrando ya en el contenido del informe, en el que se exponen los principales resultados obtenidos del seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales en los ejercicios 2004 y 2005, hay una serie de conclusiones que son las siguientes. Se incluyeron en el informe anterior cuatro recomendaciones dirigidas a impulsar medidas que redundaran en el fortalecimiento de distintos aspectos de la organización municipal, de los recursos personales del ayuntamiento, de las aplicaciones informáticas para el tratamiento de la información y en relación con algunos procedimientos de gestión cuyas principales deficiencias resultaban de las debilidades de control interno.

Pues bien, como se ha señalado, de esas cuatro recomendaciones formuladas, una se puede considerar cumplida -la recomendación segunda- y el tribunal ya ha verificado que efectivamente a día de hoy existe una adecuada segregación de funciones de forma que ya no concurren competencias de gestión, por un lado, y control, en el mismo responsable. Esa deficiencia ya se ha subsanado, se han separado las competencias de gestión y las de control. Las otras tres recomendaciones han sido parcialmente observadas, si bien en distinto grado. El informe va desgranando en relación con cada una de estas tres recomendaciones qué aspectos de las mismas se han cumplido y en cuáles todavía siguen existiendo deficiencias en las materias y cuestiones apuntadas por el Tribunal de Cuentas. El análisis del


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cumplimiento de las recomendaciones se llevó a cabo teniendo en cuenta fundamentalmente dos ámbitos de esas recomendaciones. Por un lado, las que se refieren a la estructura organizativa, al establecimiento de procedimientos, a los medios personales y a los desarrollos informáticos; y, por otro lado, las que se refieren a las áreas de gestión particularmente afectadas por las debilidades de control interno. Además, el informe analiza también el cumplimiento de la normativa sobre igualdad entre hombres y mujeres y el cumplimiento de la normativa sobre transparencia. Y es que este informe, con el pretexto de analizar los principales resultados obtenidos en el seguimiento de las recomendaciones del informe de fiscalización de los años 2004 y 2005, extiende su fiscalización a prácticamente toda la acción municipal hasta el año 2017, constituyendo, por lo tanto, en buena medida un nuevo informe de fiscalización que abarca prácticamente hasta el ejercicio 2017.

De nuevo el informe concluye realizando una serie de recomendaciones cuyo cumplimiento lógicamente habrá que ir fiscalizando en nuevos y futuros informes.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.

Para terminar, quisiera plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas una cuestión que ya he apuntado durante mi intervención y se refiere a si no sería útil que los entes fiscalizados realizasen a nivel interno un informe específico sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Porque ese informe serviría sin duda de base al propio tribunal para realizar a su vez sus propios informes, como los de este tipo que se refieren justamente al grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores informes; es decir, para poder ver qué utilidad podría tener un informe de esta naturaleza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el presidente del Tribunal para contestar a las cuestiones planteadas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Las cuestiones planteadas, como en otras ocasiones, son muy diversas y muchas veces también con un grado de detalle muy grande sobre el propio contenido del informe.

Para empezar hay que hacer referencia a que el informe del Ayuntamiento de Castro Urdiales tenía un contenido muy importante como era la fiscalización de una entidad sometida en un territorio aquejado de un desarrollo urbanístico excepcional con los problemas que eso conllevó en su momento, problemas que tuvieron su traducción en el propio contenido del informe que se aprobó en el año 2004, pero que también tuvieron su presencia en los tribunales correspondientes de la comunidad autónoma en los que durante muchos años la gestión de los años 2003, 2004 y 2005 del Ayuntamiento de Castro Urdiales fue revisada.

El trabajo del tribunal en su momento, al mismo tiempo que puso de manifiesto una serie de operaciones urbanísticas que resultaban irregulares, efectuó una revisión general de cuál era el sistema de organización y funcionamiento del ayuntamiento señalando múltiples deficiencias de carácter organizativo y de la propia gestión interna que se pusieron de manifiesto como elementos sustantivos del propio ayuntamiento, aunque, por otra parte, cuando nosotros elaboramos durante todos aquellos años los informes generales sobre gestión presupuestaria de las entidades locales, dejamos siempre muy presente que las administraciones locales se encontraban en situación muy deficitaria desde el punto de vista de la gestión presupuestaria y no solo eso, sino también en rendición de cuentas, elaboración de presupuestos, asentar en contabilidad las obligaciones y los derechos con la suficiente regularidad, etcétera. En definitiva, debilidades de procedimientos que hacían y hacen en gran parte a nuestra Administración local una administración con grandes problemas de gestión, especialmente cuando nos encontramos con ayuntamientos de tamaño muy pequeño.

Por ello el informe formuló una serie de recomendaciones desde el punto de vista organizativo. Yo creo que es reseñable que en este caso buena parte de aquellas que hacían referencia a la mala organización y división de funciones dentro del ayuntamiento se han resuelto. Pero otras muchas se encuentran todavía pendientes de llevarlas a efecto y especialmente aquellas que hacen referencia a la gestión presupuestaria y también a la rendición de cuentas. Además, nos encontramos con una situación que es aplicable también a otros ámbitos municipales donde nos podemos encontrar responsables municipales que pasen de defender la necesaria aprobación de un presupuesto anual a hacerse acérrimos


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defensores de que se puede gobernar sin presupuesto; de hecho, ha habido incluso teóricos de esa propuesta que llegaron a defender públicamente que no aprobar los presupuestos incluso representaba una manera de controlar el gasto público. Lo recuerdo de un alcalde famoso por no aprobar los trece presupuestos que le correspondía haber aprobado en los trece años de gestión en los que estuvo y defendía precisamente que gracias a no aprobar los presupuestos él tenía más controlado el gasto público. Lo que no quiere decir es que lo que había hecho era privar a los ciudadanos y a la corporación municipal de participar en un elemento tan esencial como es gobernar su propia ciudad y, por lo tanto, solo por ese hecho el tribunal lo censuró de una manera muy radical en el informe que se aprobó. No se trata de citar el ayuntamiento, pero creo que muchos de los miembros de esta Comisión saben perfectamente al ayuntamiento al que me refiero, que no era precisamente pequeño.

He de indicar que la gestión municipal en el ámbito presupuestario, especialmente en los ayuntamientos pequeños, es un problema que el tribunal viene poniendo de manifiesto en los informes anuales desde hace muchísimos años y además instando a que todas las administraciones públicas concernidas colaboren con la Administración local en resolver este problema. En primer lugar, la propia Administración local, los propios responsables municipales que tienen una responsabilidad clarísima de llevar a efecto esos presupuestos y de aprobarlos, y si no consiguen las mayorías necesarias para aprobar un presupuesto, no cejar en ese intento porque proporcionan un grave daño a su propia imagen y a su propia gestión. Y después a las administraciones vinculadas como pueden ser las diputaciones provinciales o las comunidades autónomas, por supuesto que también el Gobierno de la nación, para que se preste un apoyo.

Me preguntaba el señor Ten: ¿cómo se puede prestar un apoyo precisamente a la gestión municipal en estos ámbitos? Por ejemplo, en los manuales de procedimiento por los que me preguntaba, lógicamente provocando y dando la necesaria formación y apoyo a las intervenciones municipales. ¿Incorporando mayores elementos de digitalización para la Administración local? Por supuesto que sí. Creo que el tribunal ha hecho un esfuerzo muy grande en la plataforma de rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas es exclusivamente -podríamos decir- la parte final del problema, previamente tenemos muchísimas cuestiones de gestión que deberían ser resueltas.

Me planteaba también el señor Ten problemas relacionados con la gestión de las liquidaciones presupuestarias. Creo que usted puede ver la información sobre deuda recaudada en el informe que hemos presentado, del que se deduce que el porcentaje de derechos pendientes de cobro al cierre de cada ejercicio ha ido del 25 % en 2009 al 20 % en 2016; si bien ha habido ejercicios en los que este porcentaje ha sido incluso inferior, del 11 % y del 13 %. Creo que es importante que este porcentaje sobre deuda recaudada sea el mínimo posible y que la Administración cuente con todas las ayudas de los entes a los que ya he hecho referencia para poder lograrlo.

Me plantea el señor González si las recomendaciones no se consideran cumplidas o cuando menos en marcha desde el año 2017, y yo he de decirle que indudablemente las administraciones concernidas dicen que los problemas están en vías de solución, pero nosotros no podemos certificarlo hasta que no lo verifiquemos, hasta que no vayamos allí y comprobemos que efectivamente eso es así. Esto me sirve también para decirle al señor Fernández sobre su pregunta de si es útil que los entes fiscalizados efectúen informes sobre el grado de cumplimiento, que es muy útil siempre que no le demos a esos informes la fiabilidad de que efectivamente los problemas están resueltos. Esos informes tendrán que ser verificados normalmente y comprobados para ver si la Administración concernida efectivamente ha cumplido o está únicamente dando datos, podríamos decir, parciales sobre lo que en su momento se le planteó.

Agradezco las palabras del señor Cortés en relación con este informe en la medida en que considera que efectivamente ha sido un estímulo para la entidad, y coincido con él cuando ha planteado el problema de la prórroga presupuestaria. Entiendo perfectamente que el problema de las prórrogas presupuestarias no debe instalarse en las administraciones locales, en las que a lo mejor cada día va a ser más difícil encontrar mayorías para aprobar la gestión normal. Y creo que cualquier ayuntamiento debe darse cuenta de que hay dos elementos que son indispensables para que la propia Administración local se gane el crédito frente a sus ciudadanos: uno es la aprobación de los presupuestos y el otro es la rendición de cuentas, y ambos elementos no deberían estar sujetos estrictamente a las contiendas políticas, que además en el ámbito municipal deben ser atenuadas porque, en definitiva, de lo que se está hablando es de proporcionar a los ciudadanos servicios públicos municipales que son muy necesarios y que requieren una administración ágil y cercana a sus propias necesidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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BLOQUE III

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000225 y número de expediente del Senado 771/000221).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000228 y número de expediente del Senado 771/000240).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000229 y número de expediente del Senado 771/000239).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000230 y número de expediente del Senado 771/000235).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000239 y número de expediente del Senado 771/000237).

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000224 y número de expediente del Senado 771/000222).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al bloque III, que encuadra los siguientes informes: el de fiscalización de la Universidad de Murcia, del ejercicio 2015; el de la Universidad de La Rioja, del ejercicio 2015; el informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, del ejercicio 2015; el de la Universidad de Cantabria, también de 2015; el informe de la Universidad de Castilla-La Mancha, del ejercicio 2015, y el informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, del ejercicio 2015.

Tiene de nuevo la palabra el presidente del tribunal.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Las cuentas de las universidades fiscalizadas se han rendido en plazo excepto las de la Universidad de Castilla-La Mancha. En relación con el análisis de la representatividad de las cuentas anuales, las de todas las universidades reflejan en sus aspectos significativos la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de los resultados a la fecha del cierre del ejercicio 2015. Únicamente se han apreciado salvedades en la Universidad de Murcia por el reconocimiento de derechos que no corresponden al ejercicio por un importe neto de 6,3 millones de euros, y en la Universidad Politécnica de Cartagena debido a la falta de estudios actuariales en relación con el premio de jubilación reconocido a los empleados fijos, cuyo riesgo se valoró en 3,1 millones de euros. Sin afectar a la opinión sobre las cuentas anuales, cabe destacar la falta de implantación de una contabilidad analítica que posibilite el cumplimiento de la exigencia legal de todas las universidades.

Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de la legalidad, la evolución de los recursos humanos muestra un aumento de efectivos en las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia frente a las disminuciones en las universidades de Extremadura, un 10 %, y Politécnica de Cartagena un 6 %. Se ha verificado en todas ellas el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes a la oferta de empleo de 2015, contando con la correspondiente autorización de la comunidad autónoma. Se han respetado las limitaciones previstas en la Ley Orgánica de Universidades, de contratación de personal docente e investigador, salvo la del personal con contrato laboral temporal en la Universidad de Castilla-La Mancha, que excedió el límite del 40 %. En todos los informes se advierte la existencia de una falta de seguridad jurídica en relación con diversos aspectos del personal, incumbiendo a las comunidades autónomas regular aquellas especialidades reconocidas a la universidad con respecto a la legislación básica estatal sobre la materia.


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Transcurridos diez años desde la adaptación de la Ley Orgánica de Universidades a la normativa sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, destaca el incumplimiento de los objetivos en materia de paridad en los órganos colegiados de gobierno. En general, las universidades han mejorado ligeramente la paridad de género en el ámbito de su personal, aunque siguen existiendo sesgos en el personal docente e investigador, que se acentúan cuanto mayor es su cualificación. No obstante, en la Universidad de Extremadura no ha variado la paridad de su personal, presentando desequilibrios importantes en favor del género masculino.

En materia de transparencia y buen gobierno, las universidades han mejorado los contenidos de sus portales de transparencia. En Cantabria y Murcia, no hay un reconocimiento explícito de quién tiene la consideración de alto cargo en el ámbito universitario. En el área de contratación continúan observándose debilidades importantes como la ausencia de justificación de la necesidad de los contratos, la utilización de pliegos de cláusulas administrativas particulares excesivamente genéricos, la falta de justificación de la elección del procedimiento y de los criterios para la adjudicación, y la carencia de una efectiva y concreta necesidad de interés público. En la valoración de las ofertas deberían primarse las mayores bajas, en coherencia con el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, sin perjuicio de la posibilidad de valorar, además, otros aspectos distintos del precio y de la posible exclusión de las ofertas con bajas temerarias.

En cuanto al análisis de la gestión de la actividad docente e investigadora, en general, destacan los ligeros incrementos de las titulaciones de grado y máster, si bien estas últimas se redujeron un 24 % en la Universidad de Extremadura. En las plazas ofertadas en el conjunto del Estado se observa una evolución al alza de escasa intensidad en títulos de grado, de media en un 3 %, y de un 7 % en máster. Se sigue poniendo de manifiesto un exceso de plazas ofertadas en relación con la demanda. Se aprecia un incremento en el número de alumnos egresados, especialmente en las universidades de Cantabria, La Rioja y Politécnica de Cartagena. En la internacionalización del alumnado, la evolución global es positiva al aumentar el número de alumnos no nacionales, especialmente en las titulaciones de máster. Hay un aumento en el conjunto nacional del gasto presupuestario en actividad investigadora e innovadora y una mejora en la producción científica, reflejándose en la Universidad de Cantabria un mayor incremento en el personal dedicado a la investigación. En la transferencia del conocimiento, destaca el aumento de patentes. Entre las debilidades advertidas, en general, se observa la escasa actividad relacionada con la creación de empresas de base tecnológica o spin-off universitarias. En las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena resulta significativa la reducción del gasto en I+D, habiendo disminuido las obligaciones reconocidas un 10 % y un 18 %, respectivamente.

En relación con el análisis del control establecido en la universidad, por lo que se refiere a las competencias encomendadas al Consejo Social, se verifica la intervención formal del mismo, pero se siguen observando deficiencias que afectan al control que ejerce. En general, se observa una aproximación en materia de control interno al régimen existente en el sector público autonómico, si bien se estima la necesidad de introducir mejoras. En las universidades de Cantabria y Extremadura no se recoge la dependencia funcional de la unidad de control interno respecto del Consejo Social.

Asimismo, en relación con el seguimiento de las recomendaciones de los informes de los ejercicios 2013 y 2014, así como de las correspondientes resoluciones de la Comisión mixta, debe tenerse en cuenta que, cuando aquellas se emitieron, ya se habían formulado las cuentas correspondientes al ejercicio fiscalizado. La Comunidad de La Rioja no ha comunicado las medidas adoptadas o en vías de realización para cumplir tales recomendaciones.

Finalmente, destaca la consideración de las universidades públicas como entidades pertenecientes al sector público institucional tras la entrada en vigor de la nueva normativa administrativa estatal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra de nuevo el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

En este bloque presenta informes de seis universidades públicas distintas, ofreciendo un buen retrato de la universidad española actual tras un recorte en su financiación pública en torno al 26 % y una apreciable subida de las tasas. En algunas comunidades autónomas se aprecia mucho más que en otras, pero es generalizada, como muestra la evolución de los ingresos por este concepto. Para Ciudadanos el reto de cambiar nuestro modelo productivo es fundamental cuando hablamos de conocimiento y alto valor


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añadido. No puede apoyarse en una devaluación interna de los salarios, sino que debe comenzar por la educación básica y concluir con la educación universitaria.

Hay varias cosas en común que me gustaría recalcar. Ha comentado, señor presidente, que todas las cuentas reflejan una imagen fiel. Falta una implantación de los ejercicios de contabilidad analítica y hay algún error del criterio de devengo en la imputación del ejercicio, pero en general refleja una imagen fiel. Además, las universidades respetan el límite de gasto, aunque en la mayoría falta un plan de financiación plurianual con la comunidad autónoma que contribuya a dar mayor estabilidad. En cuanto a la actividad investigadora, ha dicho que entre las debilidades suele estar el registro de nuevas patentes y una débil colaboración con el sector privado. Esto es trascendental, puesto que nuestra universidad está conectada con la empresa y muchísimas empresas innovadoras podrían hacer proyectos de investigación universitarios y se podría generar un mayor valor añadido. Por cierto, salvo Murcia y La Rioja, hablando de la brecha de género en este caso, hay personal docente e investigador con sesgo a favor del género masculino, y creo que eso hay que remarcarlo.

Quiero centrar mi intervención en el sector de los recursos humanos, señor Álvarez de Miranda. Para nosotros hay tres cuestiones fundamentales: la endogamia que existe en la universidad, el problema de la promoción interna y el de la precariedad dentro de la universidad. En cuanto a la endogamia, no se cita en el informe y me gustaría preguntarle su opinión. ¿Está la universidad cubriendo realmente sus necesidades docentes en función de la demanda de los procesos meritocráticos y transparentes? Relacionado en cierto modo con esto, ¿cómo valora la modificación del artículo 62 de la Ley Orgánica de Universidades por el reciente Real Decreto-ley 10/2015, que permite el acceso al cuerpo de catedráticos de universidades mediante promoción interna? ¿Cómo ha afectado esto a la movilidad de profesionales entre universidades? Es un tema que nos preocupa muchísimo. ¿Ha detectado el Tribunal de Cuentas algún problema de precariedad laboral dentro de la universidad? Porque lo que se aprecia en los informes es el excesivo éxito de la figura del personal docente asociado. En su origen, la figura de ese profesor asociado era para complementar, para mostrar la realidad de una profesión, de una figura flexible, fácil de convocar, pero lo cierto es que se ha producido un abuso y por eso quiero preguntarle, señor presidente, al igual que en algunos sectores tenemos el abuso de la figura del falso autónomo, si piensa el Tribunal de Cuentas que en nuestras universidades realmente hay un abuso de la figura del falso asociado. El Tribunal de Cuentas dice que casi todas las universidades cumplen con ese límite que establece el artículo 48 de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades, pero si computáramos realmente...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.

El señor TEN OLIVER: Termino.

Si computáramos realmente las horas lectivas, le preguntó por último, señor Álvarez de Miranda, si sabemos cuántas horas lectivas recaen sobre ese personal docente e investigador contratado y cuántas sobre los funcionarios. ¿No le parece al tribunal que esta sería una ratio mucho más adecuada para que reflejara si hay abusos en materia de recursos humanos en la universidad?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señor Álvarez de Miranda. De estos informes de fiscalización quiero destacar cuatro elementos fundamentales porque son comunes en las seis universidades que hoy analizamos. (El señor vicepresidente, Priego Chacón, ocupa la Presidencia). El primero es el incumplimiento de los planes de igualdad. Es un elemento estructural en los diferentes informes de financiación que llegan a esta Comisión mixta, especialmente en aquellas entidades públicas, y es grave cuando se da en el mundo universitario, que en principio debería ser un espejo de las reivindicaciones y los derechos que tenemos en el conjunto de la sociedad. Este incumplimiento de los planes de igualdad curiosamente se da específicamente en los órganos de gobierno y también se está dando en las comisiones de valoración. Nos gustaría saber, señor presidente, qué órgano sería el competente para poder sancionar el incumplimiento de estos objetivos de los planes de igualdad.

El segundo elemento común es la falta de un marco estable de financiación del sistema universitario. Esto revela la inestabilidad de la financiación del sistema universitario español, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno europeo, y también la excesiva dependencia del sistema de


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financiación del pago de las tasas que tiene que hacer el alumnado, cosa que no pasa en otras universidades de Europa. Eso no solamente convierte al sistema universitario en inestable desde el punto de vista financiero, sino que también está expulsando a una parte fundamental del alumnado, aquellas personas con menos recursos.

El tercer elemento es la falta de transparencia que se da estructuralmente en el sistema. Seguramente, es un ejemplo de que la Ley de transparencia aprobada en 2011 por el Congreso de los Diputados fue un bluf; es algo que tiene mucha letra pero poco contenido. Lo que se pide aquí es la mejora de los contenidos y también que se incorporen las entidades dependientes. Le quería preguntar, presidente, si usted considera que el hecho de que no se incorporen determinadas entidades dependientes al sistema integral de la universidad es una estrategia para huir del control de fiscalización necesario de los consejos sociales de las universidades.

Y el cuarto elemento -para nosotros probablemente uno de los más importantes-, es la política de contratación pública de las universidades. Siguen sin justificarse la mayoría de los contratos, se aprecian deficiencias en el control y supervisión de los proyectos de obras, hay pliegos de cláusulas administrativas que siguen siendo imprecisos a la hora de la baremación de los diferentes criterios y la valoración del precio de las ofertas no se establece con la suficiente importancia para la adjudicación de algunos contratos, aunque es verdad que en algunas universidades es más preocupante que otras. Lo que queríamos saber, señor presidente, es si entiende usted que muchos de estos elementos pueden ser subsanados con la entrada en vigor, a partir del 9 marzo, de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y si esta modificación puede ayudar a subsanar algunos de los errores de los que alertan estos informes de fiscalización.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Mena.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.

Creo que ya se ha dicho prácticamente todo lo que era relevante en estos informes. Tal y como usted ha dicho, representan una imagen fiel de seis universidades españolas. Más allá de las cuestiones generales que son comunes a todas lo que se decía de la contabilidad analítica para fijar los precios públicos, el incumplimiento, a nuestro juicio también grave, de los planes de igualdad-, la universidad española tiene una serie de cuestiones que resolver; por ejemplo, el control interno que debe depender del consejo social, tal y como se recoge en los informes. También hay que reconocer que, con carácter general, ha evolucionado adecuada y positivamente -tal y como recoge también la mayoría de informes- en cuanto a la financiación captada por vía competitiva. Aquí quiero reseñar que no todo cabe en la misma caja, no se puede recortar -se decía hace un segundo- un 26 % la financiación de las universidades y al mismo tiempo pretender que todos los resultados económicos vayan maravillosamente. Más que hablar de todo esto de lo que ya se ha hablado, quería hacer una reflexión general porque, si no me equivoco -y, si no, me corrige, señor Álvarez de Miranda-, a través de estos informes queda patente que la universidad es un servicio público eficaz, porque a pesar de esos recortes sufridos sigue arrojando datos tremendamente positivos; al menos, eso es lo que intuye nuestro grupo de los informes analizados.

En primer lugar, en cuanto al pago a proveedores, algunas universidades, por ejemplo la de Cantabria, un día en el pago proveedores. Fíjense ustedes, ya les gustaría a muchas administraciones públicas poder decir lo mismo. En segundo lugar, el aumento en la mayor parte de los casos en materia de I+D+i. Aquí se dijo, pero se pasó un poco por encima. Es imprescindible en nuestro país un cambio de modelo productivo, y la universidad, lógicamente, tiene que ser la palanca de cambio para el desarrollo de ese nuevo modelo. Se ha desarrollado en todas las universidades producción científica de excelencia; se ha mejorado la internacionalización; se ha buscado financiación alternativa con proyectos de cooperación con empresas privadas, Unión Europea o programas estatales de investigación. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por lo tanto, para nuestro grupo hay una cuestión básica, y es que en tiempo de crisis la universidad tiene que ser una apuesta. No se puede recortar gasto a algo que nos va a permitir salir un poco más fuertes de esta crisis económica que hemos vivido durante los últimos años.

Se ha hablado también de la subida de tasas y se insiste en todos los informes en la contabilidad analítica. No parece que haya desequilibrios. Con carácter general, quería preguntarle -sin entrar en el detalle de cada una de ellas- si cree usted que han existido desequilibrios financieros importantes con


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esas subidas de tasas, faltas de financiación y cuestiones de personal que ha habido a lo largo de estos últimos años, o si, a su juicio, se presentan grandes desviaciones de los presupuestos presentados.

En definitiva, señorías, la conclusión a la que se ha llegado por parte de nuestro grupo es que no se deben escatimar esfuerzos para garantizar que la universidad siga siendo pública -por lo tanto, las tasas se han de adaptar de manera que permitan el acceso a todas y cada una de las personas que tengan capacidad o interés por formarse universitariamente-, siga siendo universal en su acceso y, por supuesto, siga siendo de calidad.

Para mí, una cuestión tremendamente relevante es la referida al personal, la temporalidad. Se recoge en algunos de los informes que los contratos temporales se sitúan en torno al 42 %. Esa sí que puede ser una característica general -la precarización del empleo universitario- que tiene una gran incidencia en cómo vamos a salir fortalecidos durante los próximos años y en cómo vamos a poder ir cambiando nuestro modelo productivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.

Tiene la palabra el señor Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Una vez más hay que agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la exposición conjunta de estos seis informes de fiscalización, agradecimiento que hay que hacer extensivo al pleno del Tribunal de Cuentas por la labor de fiscalización que viene realizando en relación con estas seis universidades públicas, y haciéndolo, como ya nos tiene acostumbrados, con un ámbito objetivo realmente amplio, que se extiende a la representatividad de las cuentas de las universidades; al análisis del cumplimiento de la legalidad en materias como personal, igualdad, transparencia y buen gobierno y contratación; al análisis de la gestión de la actividad docente investigadora y a lo relativo al control establecido por la propia universidad a través de órganos como el consejo social o las unidades de control interno. Además, estos informes incluyen un apartado sobre el seguimiento de las recomendaciones señaladas en el último informe de fiscalización de las universidades y de las correspondientes resoluciones de la Comisión mixta. Ahora bien, en este caso, como se pone de manifiesto en los distintos informes, se da la circunstancia de que en la fecha de aprobación de los informes de fiscalización de los ejercicios 2013 y 2014 las distintas universidades ya habían formulado las cuentas del ejercicio 2015, que es objeto de esta nueva fiscalización, por lo que el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas habrá que ir apreciándolo fundamentalmente en los informes de fiscalización de ejercicios sucesivos, porque en el momento de la formulación de las cuentas de 2015 no hubo tiempo material ni posibilidad de incluir las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en los informes de los ejercicios 2013 y 2014. En este sentido, también se pone de manifiesto en los distintos informes que la nueva perspectiva de la consideración de las universidades públicas como entidades públicas pertenecientes al sector público institucional, tras la entrada en vigor en 2016 de la Ley de procedimiento administrativo común de las de las administraciones públicas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la Ley de régimen jurídico del sector público, la Ley 40/2015, también de 1 de octubre, motivará el inicio de una actualización de las normas autonómicas a esta nueva configuración, señalándose en los distintos informes la disposición tanto de las universidades como de las respectivas comunidades autónomas de adoptar las medidas necesarias para proceder al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, que requerirá un proceso legislativo que ya se ha iniciado, pero que necesariamente se va dilatar en el tiempo. Por lo tanto, cabe concluir en este punto que nos encontramos en una especie de periodo de transición y que en futuros informes tendremos ocasión de comprobar el alcance y el acierto de las reformas legislativas que se están llevando a cabo, así como el auténtico nivel de cumplimiento de las recomendaciones que fueron formuladas por el Tribunal de Cuentas en el informe de los ejercicios 2013 y 2014.

Una vez más, como viene ocurriendo en ejercicios anteriores, en relación con la representatividad de las cuentas fiscalizadas, hay que destacar que, tal y como de forma reiterada señala el Tribunal de Cuentas en los distintos informes de fiscalización, en dichas cuentas se refleja, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial y de los resultados en los ejercicios fiscalizados a la fecha de cierre del ejercicio, así como los resultados de sus operaciones. Ello no obsta para que, una vez más, los distintos informes vayan recogiendo diferentes salvedades y aspectos en los que en todas las universidades se ponen de manifiesto deficiencias, incidencias o irregularidades que


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habrá que ir solucionando en posteriores ejercicios, adoptando por las distintas universidades medidas que permitan ir dando cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.

En los informes de ejercicios anteriores, en los de los años 2013 y 2014, a mi juicio, las recomendaciones más significativas que había recogido el Tribunal de Cuentas aludían precisamente a la necesidad de impulsar una serie de reformas legislativas. Los actuales informes ponen de manifiesto que estas reformas legislativas ya se han iniciado y por ello indican, con toda la lógica del mundo, que es necesario que transcurra el tiempo necesario para poder llevar a buen término estas modificaciones legales que se consideraban necesarias y que se podrán analizar en sucesivos y posteriores informes de fiscalización. En realidad, algo muy parecido ocurre con el resto de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, que en muchos casos coinciden con las que ya se habían señalado en los ejercicios 2013 y 2014, pero que en buena medida no se pudieron llevar a la práctica porque, como ya he indicado, cuando se llevaron a cabo estos informes del año 2015 las cuentas de ese año ya habían sido formuladas por las distintas universidades. Por tanto, para ver el grado de cumplimiento también habrá que estar pendiente del contenido de los informes de fiscalización de ejercicios sucesivos.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene que ir acabando.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, y tal como ocurrió en los informes de ejercicios anteriores, también en las cuentas de 2015 cabe afirmar en líneas generales que las universidades públicas tienen un aceptable nivel de cumplimiento de la legalidad en las materias a las que se ha extendido la fiscalización. Creo que cabe hacer esta afirmación sin querer con ello reducir la importancia que hay que darle al hecho de que una vez más en los distintos informes se ponen de manifiesto deficiencias a veces importantes que tienen que ser corregidas. Sobre todo hay que poner especial interés en no permitir que esas deficiencias se sigan produciendo año tras año. Quizá el aspecto más negativo de estos informes es que prácticamente siempre se ve la reiteración de las mismas deficiencias.

No obstante, para terminar, la conclusión que cabe extraer de estos informes respecto a las cuentas de nuestras universidades públicas es en términos generales positiva, razón por la cual entiendo que podemos y debemos expresar nuestra satisfacción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.

Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda para contestar a las cuestiones planteadas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.

Quiero indicar que recojo de la acertada intervención del señor Fernández una de las cuestiones que yo creo que ha captado el informe y que tiene una gran importancia. Indudablemente, en el informe que tenemos presente se pone de manifiesto que la actualización de las normas administrativas derivadas de las leyes 39/2015 y 40/2015 llevará posiblemente a un calendario de modificaciones de normas autonómicas que entendemos que tendrán necesariamente su efecto en un mejor desarrollo legislativo de las normas reguladoras de los procedimientos que afectan a las universidades públicas que estamos revisando. También es cierto lo que él ha manifestado de que, en líneas generales, la mejora de la situación financiera de las universidades se pone de manifiesto en este informe, si bien es cierto que es una mejora correlativa con las propias circunstancias económicas del país y no podemos imputarla a otra cuestión que no sea el hecho de que la crisis poco a poco va pasando.

El contenido del informe señala una serie de elementos que están pendientes de resolver que se han puesto de manifiesto en los diferentes informes de universidades. Hace tres o cuatro años hacíamos una especial referencia a la contabilidad analítica. Incluso llegamos a intentar hacer un esfuerzo de imputación de costes en las universidades que produjo un grandísimo revuelo en el conjunto de las universidades, porque mediante ese ejercicio llegamos a hacer un simulacro de que podríamos encontrarnos ante una situación de un exceso de personal en determinadas universidades y de una falta de justificación de las titulaciones que determinadas universidades llevaban a efecto por disponer de muy pocos alumnos. Esa cuestión relacionada con la contabilidad analítica quedó suspendida en la medida en que existió el compromiso de que la Intervención General de la Administración del Estado iba a resolver el problema de contabilidad analítica de la universidad española. El programa piloto para llevarlo a efecto recibió todo el


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impulso necesario, pero todavía, desgraciadamente, no tenemos un sistema de contabilidad analítica que permita hacer una efectiva y real imputación de costes de la universidad para saber si nos encontramos con unas tasas correctas y ajustadas o si nos encontramos con un sistema de gestión de la universidad que no tiene en cuenta el coste global de la actividad que desarrolla y, por tanto, no tiene elementos para tener una adecuada política de gestión. Además, en los años anteriores se ponía de manifiesto que esa falta de contabilidad analítica iba pareja a la falta de que los consejos sociales fueran verdaderos instrumentos de control y, por tanto, de que las intervenciones y los sistemas de control interno tuvieran una vinculación con esos consejos sociales. El señor Mena me ha preguntado, precisamente en relación con estos asuntos, qué opinaba sobre dos cuestiones de gran importancia, que son la transparencia de la universidad y el funcionamiento de las entidades dependientes, las fundaciones. He de decir que el tribunal da una grandísima importancia a estas dos cuestiones; tanto es así que tenemos unas jornadas organizadas con los consejos sociales de las universidades españolas para tratar estos dos asuntos precisamente: la transparencia en la universidad pública y las entidades dependientes dentro de la universidad pública como elementos que pueden afectar a la propia gestión universitaria.

Me han planteado también múltiples cuestiones relativas a los planes de igualdad. He de indicar que en las recomendaciones del informe -yo me tengo que ceñir lógicamente al informe- lo que se está aconsejando es que todos los concursos convocados para los cuerpos docentes universitarios se establezcan mediante la composición efectiva y paritaria de las comisiones de valoración que se constituyan como elemento de garantía de que no se planteen situaciones perpetuadas de endogamia -expresión utilizada por parte del señor Ten- o, en definitiva, sistemas de promoción que no estén basados en el mérito, la capacidad y, en este caso concreto, también en el respeto a las leyes de igualdad en esta materia.

En relación con la precariedad laboral, el señor Mato ha valorado el elemento de los contratos temporales como una cuestión criticable de la universidad pública española, en concreto, de estas universidades. Yo creo que hay universidades internacionales en todos los ámbitos que funcionan con una gran primacía de contrataciones laborales temporales. No tendría por qué ser en sí el problema. Posiblemente lo es en el caso concreto de la universidad pública española, pero lo es dentro de un conjunto en el que lo que no está claro, en primer lugar, es cuál es el número de docentes que tiene que haber. El problema en la universidad española es que no tenemos los elementos suficientes para saber si la universidad tiene la dimensión que tiene que tener y si el profesorado que presta sus servicios en la universidad es el necesario para cumplir con esos objetivos. Además de la falta de contabilidad analítica, hay una falta de determinación del coste por titulación de universidades, que se multiplica; ya lo hemos dicho en otras muchas ocasiones. En este informe, por ejemplo, no se dice porque estamos pendientes de que quede resuelta esa situación a través de las modificaciones legales oportunas, pero en su momento siempre se dijo que hay determinados centros universitarios que por su número de titulaciones y por su número de profesores ofrecen cifras realmente difíciles de asumir.

Paso ahora a otras cuestiones planteadas por ustedes. Me han hecho una serie de preguntas relativas al artículo 48 de la LOU o al artículo 62, relativo al acceso de catedráticos por promoción interna y lamento que el informe diga lo que dice. No puedo ir más allá del propio informe y por lo tanto son preguntas que necesariamente tienen que quedar en el aire y ser contestadas a través de nuevos procedimientos de fiscalización que las tengan en cuenta y que puedan valorar ese tipo de cuestiones, no solamente desde un punto de vista académico, de si es bueno o malo, sino también desde el punto de vista de la labor que a nosotros nos corresponde, que es fiscalizar, comprobar los resultados y ofrecerles a ustedes estos resultados para que tengan los elementos necesarios para poder legislar en condiciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

BLOQUE IV:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000226 y número de expediente del Senado 771/000219).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque número IV del debate, que corresponde al informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas de nuevo para exponerlo.


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El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

Se trata de un informe realizado a iniciativa de la Comisión mixta, cumpliendo así con la solicitud de fiscalizar las inversiones y el mantenimiento de los tranvías construidos en diversas ciudades. La fiscalización se ha desarrollado sobre el Ayuntamiento de Jaén, como Administración titular del servicio, y sobre la comunidad autónoma, en concreto sobre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y sobre el ente público Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Por lo que se refiere a los contratos para la construcción, instalación y explotación del sistema tranviario, no consta la existencia de antecedentes ni la realización de estudios previos sobre las necesidades de transporte colectivo de viajeros en el municipio de Jaén dirigidos a valorar la posible implantación de un tranvía. La ejecución de los grandes proyectos de infraestructuras, de acuerdo con los principios de economía y eficacia, requiere que la decisión sobre su selección se adopte razonadamente en función de un estudio de las alternativas existentes. La primera actuación consistió en la atribución al ente público Ferrocarriles de la Junta de Andalucía por la Consejería de obras Públicas y Transportes del desarrollo de las acciones para el estudio del trazado y proyecto de construcción de dicho tranvía. Por tanto, la decisión sobre el establecimiento del mismo y la ejecución de la obra ya se habían adoptado con anterioridad a tales estudios. En los convenios, la adenda y el protocolo de colaboración suscritos entre la consejería y el ayuntamiento, la Junta de Andalucía se comprometió a ejecutar y financiar las obras de la infraestructura tranviaria además de otorgar una subvención para la ejecución de los talleres y cocheras y el traslado de la sede de la Policía local. Se han observado incidencias en los convenios y el protocolo, como la falta de motivación de la financiación integrada por la comunidad de una obra tranviaria que no fue declarada de interés metropolitano así como su suscripción sin la autorización del pleno municipal.

Respecto a la construcción y la instalación del tranvía, la consejería atribuyó la gestión de las actuaciones necesarias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, ente público instrumental que en relación con el tranvía acudió sistemáticamente a la contratación externa. Esta forma de gestión aleja al órgano titular de la competencia del control de la ejecución del objeto de la actuación atribuida. En los contratos de redacción del proyecto del trazado y construcción celebrados por el ente público se observan prácticas no ajustadas a los principios de objetividad, transparencia y concurrencia, así como infracciones de la normativa aplicable. Entre ellas cabe señalar la falta de concreción de los datos para la determinación del presupuesto, la ausencia del certificado de crédito, la previsión de medios acreditativos de la solvencia como criterios de adjudicación, la no aprobación del gasto y la falta de motivación suficiente del informe de valoración de las ofertas. También se llevaron a cabo modificaciones contractuales debido a deficiencias en las actuaciones preparatorias de los contratos y sin observarse la preceptiva tramitación que hubiera precedido.

El total facturado por el contratista ascendió a 2,2 millones de euros, importe que incluye además una factura por importe de 58 000 euros, sin que conste la necesidad de los trabajos ni se fiscalizara el gasto ni tampoco se formalizara contrato alguno. El estudio de la demanda realizado por el consultor en ejecución del contrato fijaba un incremento de la demanda del 34 % sobre la del transporte de autobús urbano, sin que se fundamentara dicha previsión y su sostenibilidad temporal, manifestando el propio estudio que los cálculos eran optimistas.

El proyecto constructivo del tranvía, aprobado por la consejería en diciembre de 2008, preveía un presupuesto de ejecución para la obra tranviaria de 96,5 millones de euros. El contrato de las obras del tranvía fue adjudicado por 71,8 millones de euros, en la tramitación del expediente se observó la existencia de irregularidades e incidencias como la falta de certificado de existencia de crédito; la inclusión como criterios de adjudicación de requisitos de solvencia técnica; la exigencia de constitución por el adjudicatario de una garantía especial sin justificación, y la falta de motivación suficiente del informe de evaluación de las ofertas. El contrato se modificó por un importe de 11,7 millones de euros, lo que representa el 16,32 % del precio inicial, que se debió a omisiones en las actuaciones preparatorias así como a una descoordinación entre las administraciones intervinientes, dado que el material móvil no se ajustaba a las características de la vía. Las obras modificadas se ejecutaron sin la tramitación previa que hubiera procedido y precisó de la posterior convalidación del gasto.

El importe total certificado por los trabajos efectuados por las obras del tranvía ascendió a 95,3 millones de euros. Por otra parte, el contrato de dirección de las obras del tranvía se adjudicó por 3 millones de euros, adoleciendo también de diversas incidencias e irregularidades. Este contrato fue modificado en dos ocasiones, constituyendo la segunda de ellas una ampliación del objeto, que debió


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tramitarse como contratación independiente y que se efectuó sin fiscalización previa del gasto, habiéndose formalizado acabados los trabajos. El total abonado por el contrato de dirección de obra ascendió a 3,8 millones de euros y el acta de recepción tuvo un retraso sustancial. Además de los anteriores, se adjudicaron otros contratos en los que se han advertido diversas incidencias e irregularidades, como los relativos a los servicios de control de calidad, por 546 000 euros, una asistencia técnica y asesoría en materia de comunicación, por 49 000 euros, y contratos menores de publicidad y propaganda con prestaciones similares, por un importe de 229 000 euros, en los que se ha producido un fraccionamiento no justificado. Asimismo se suscribieron tres convenios de colaboración con motivo de la implantación del tranvía. Dos de ellos tuvieron por objeto la ampliación y modificación de la instalación eléctrica, sin incluir previsiones relativas al control y supervisión de las actuaciones a realizar. El tercero, suscrito con la Universidad de Jaén, tenía el objeto propio de los contratos de servicios, por lo que se debió acudir a una contratación administrativa en lugar de suscribir un convenio.

Por lo que se refiere al protocolo para el traslado del edificio de la policía, los dos contratos ejecutados, por un importe de 5,6 millones de euros, no tenían por objeto la construcción de la nueva sede, que no llegó a edificarse, originándose un gasto innecesario.

Respecto a la adquisición del material móvil del sistema tranviario, el Ayuntamiento de Jaén tramitó diferentes expedientes que supusieron asumir compromisos económicos de elevada cuantía. Al haberse ejecutado la opción de compra de las unidades móviles por la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía, el contrato de mantenimiento quedó extinguido, si bien se han detectado facturas por este concepto posteriores al ejercicio de dicha opción. En los contratos para la vigilancia y seguridad de las cocheras y del material móvil cabría apreciar la existencia de fraccionamientos no justificados, pudiendo haberse adjudicado un único contrato.

En cuanto a las actuaciones para la explotación del tranvía, el ayuntamiento acordó la gestión directa del sistema tranviario hasta constituirse una empresa mixta. Se tramitaron dos contratos para la asistencia adjudicados al mismo contratista con el que se celebraron otros contratos menores con posible fraccionamiento. El servicio funcionó en pruebas hasta que fue paralizado por orden judicial al admitirse una demanda por competencia desleal. El tranvía no ha llegado a explotarse comercialmente. Ante la imposibilidad de asumir los gastos que generaba su puesta en funcionamiento y su explotación, el ayuntamiento acordó su entrega a la Junta de Andalucía, solicitando la declaración como transporte metropolitano y que asumiera su gestión y explotación. El importe total facturado por los contratos para la construcción, instalación y explotación del tranvía ascendió a 125 millones de euros, de los cuales 7 millones corresponden al ayuntamiento, siendo los gastos de mantenimiento por cuenta de este último.

Por lo que se refiere a la repercusión sobre las haciendas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jaén de los compromisos adquiridos y de los gastos derivados de la inactividad del tranvía, los costes netos totales hasta 31 de diciembre de 2014 se elevaron a 128 millones de euros, cuya financiación correspondió en un 85 % a la consejería de la Junta de Andalucía, en un 9 % a sus entes instrumentales y en un 6 % al ayuntamiento. La UTE adjudicataria del contrato de obras del tranvía reclamó judicialmente a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía el abono de los intereses de demora por 5,3 millones de euros, sin que a la fecha de las comprobaciones hubiera recaído resolución firme. Finalmente, el informe indica la situación presupuestaria y deficitaria del ayuntamiento anterior al inicio de las actuaciones del tranvía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su presencia en esta Comisión. Mi intervención va a ser breve pero con un elemento de reflexión. Este es un informe sobre una actuación muy concreta que implica a un ayuntamiento y a una comunidad autónoma y, más allá del caso concreto, del municipio concreto y de la comunidad autónoma concreta, creo que sirve como reflexión de algunas actuaciones que se han realizado en el conjunto del Estado español a lo largo de los últimos años. Tal como refleja el informe, los costes netos de esta actuación hasta 31 de diciembre de 2014 ascendían a 128 millones de euros, lo que significa que no es una actuación baladí ni una actuación a no tener en cuenta. Lo que se constata en esta actuación y posiblemente en otras vinculadas a los tranvías, tal como la Comisión pidió al Tribunal de Cuentas, es que hay un error de partida. Después es un cúmulo de despropósitos,


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seguramente a estudiar en las escuelas de administración pública, de cómo no se deben gestionar los proyectos. En todo caso, nosotros queremos poner de relieve la primera recomendación, y es que con carácter previo a la toma de decisiones y a la ejecución de grandes infraestructuras en la prestación de servicios públicos, esencialmente en el ámbito del transporte público de viajeros, se deben requerir una serie de estudios, una serie de trabajos previos, que se estudie la demanda y que se comparen las alternativas diversas. En el tema del tranvía nosotros tenemos también un especial interés.

Nuestra pregunta sería la siguiente. A lo largo de los últimos años -esta es una iniciativa que se tomó ya hace muchos años- y a lo largo de la última legislatura ha habido modificaciones legislativas instadas por el Gobierno y hemos oído que estas prácticas ya no se podrían producir. Nosotros entendemos que se podrían continuar produciendo, no estamos diciendo que se produzcan. Nuestra pregunta sería cuál es la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas sobre si estas situaciones todavía hoy se podrían producir en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas. Es verdad que aquí hay una especial circunstancia donde parece concurrir la voluntad del ayuntamiento y de la comunidad autónoma en perseverar en unos errores, pero dicho esto mantendríamos esta pregunta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señor Álvarez de Miranda, por su exposición de este informe; informe que habla sobre el desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén, que además completa una serie de proyectos de tranvías que hemos revisado en esta Comisión al lado de los proyectos de Vélez-Málaga, de Parla y de Zaragoza. En todos los informes llama la atención lo que acaba de relatar, la falta de seriedad en la preparación, en la evaluación de la inversión, y una absoluta despreocupación por su sostenibilidad económica. No habían hecho ningún informe previo ni siquiera para garantizar que fuese viable económicamente, financieramente. El tranvía era una gran idea política que debía hacerse sin o incluso en contra de cualquier análisis técnico y económico básico. Esto nos recuerda a las autopistas sin coches y los aeropuertos sin aviones y, cómo no, tranvías sin pasajeros.

Concluir con el caso de Jaén parece apropiado porque además parece reunir todos los errores a evitar. La factura de una manera o de otra la pagan los ciudadanos. Como usted bien ha dicho, señor presidente, casi 130 millones de euros de coste por infraestructura construida que no se utiliza y cuya inauguración está aplazada indefinidamente. El tranvía de Jaén aparece mencionado por primera vez, tal como relata el informe, en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía -el Pista- 2007-2013. Fue aprobado en 2008, como también ha dicho el presidente; ese año el ayuntamiento firma con la junta un convenio de colaboración y en 2009 comienzan las obras, que se entregan dos años más tarde. Esta decisión casi febril de construir un tranvía en Jaén era una infraestructura que no contaba con ningún respaldo técnico, ni su necesidad ni su utilidad. Nos recuerda a otras infraestructuras, como les he dicho anteriormente. A partir de ahí, todo lo que sucede es puro azar. Como bien ha dicho, el servicio funcionó en forma de prueba de manera gratuita y la empresa concesionaria del servicio público de trasporte en el municipio de Jaén interpuso un recurso contencioso-administrativo por competencia desleal que motivó la suspensión de la gratuidad de ese servicio. En este caso, además, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares por el tranvía de Jaén que han sido remitidas tanto a la fiscalía como a la Abogacía del Estado, además de al Ayuntamiento de Jaén y a la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Es cierto que contra esa decisión cabe interponer recurso, pero las dos cuestiones que darían responsabilidad contable son, primero, un convenio firmado en 2009 por la Universidad de Jaén con Ferrocarriles de la Junta de Andalucía por 68 702 euros para una investigación sobre la integración de personas con dependencia en el sistema tranviario, que según el Tribunal de Cuentas debería haberse optado por un contrato administrativo -otra vez parece indiciariamente que las administraciones, cuando les interesa, se sacan su propio procedimiento administrativo para saltarse los requisitos de publicidad y concurrencia-, y segundo, las obras realizadas por el Ayuntamiento de Jaén para el traslado de la Policía local por no contar con un informe justificativo del trazado de las dependencias policiales a otra sede. Es decir, falta de trasparencia, falta de planificación debida.

Este fracaso corresponde en primer lugar a sus promotores; en el PSOE, a la alcaldesa de Jaén entre 2007 y 2011, la señora Carmen Purificación Peñalver Pérez, con el apoyo de Izquierda Unida y de


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los responsables de la junta en aquellas fechas, el señor Chaves y sobre todo el señor Griñán. Esa máxima de que el dinero público no es de nadie -ya conocen esa frase celebérrima de la señora Carmen Calvo- guarda en su esencia lo que entienden algunos servidores públicos que son los recursos públicos, es decir, dinero que no es de nadie y que pueden utilizar de la forma que más les convenga, lleva a estos esperpentos. Lo irónico es que la alcaldesa de Jaén llegó prometiendo austeridad, honestidad y cercanía. La honestidad y la cercanía lo discutiremos otro día, pero de la austeridad, teniendo en cuenta que hoy Jaén es uno de los municipios más endeudados de España, con una deuda de más de 400 millones de euros, cada uno de cuyos vecinos soporta una deuda de 4000 euros, será mejor que no hablemos.

Ciudadanos subraya la necesidad de que con carácter previo a la toma de decisiones -eso es una conclusión del propio tribunal- existan estudios técnicos y económicos rigurosos para la ejecución de grandes infraestructuras que demuestren su viabilidad en cuanto a su construcción en términos de sostenibilidad económica, financiera, social y medioambiental. Solo así cumpliremos con los principios de economía, racionalidad y eficacia en la gestión del gasto público y se aumentará la confianza de los ciudadanos en sus administradores.

En 2013, el alcalde de Jaén, del Partido Popular, hoy secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández de Moya, devolvió las llaves del tranvía a la junta porque no podía permitirse 5 millones de euros anuales de gastos para mantener el tranvía. Nos parece algo adecuado. Teniendo en cuenta los antecedentes que nos ha relatado hoy el presidente, está claro que esta infraestructura no tenía ninguna viabilidad y tomó una buena decisión el señor Fernández de Moya. En cambio, el actual alcalde de Jaén, Javier Márquez, que también es del Partido Popular, quiere poner en marcha el servicio de tranvía a finales de este año. Y nosotros nos preguntamos, ¿ha cambiado algo? ¿Es viable hoy lo que no lo fue nunca? Por ahora no se han firmado los convenios con la junta y con la diputación para compartir el déficit de su explotación, que va a necesitar dos millones de euros y seis meses de trabajo para poner a punto una infraestructura que lleva seis años sin utilizarse, señorías, seis años. Esperemos que, como recomienda el Tribunal de Cuentas, sea con estudios realistas de demanda y sea la decisión más adecuada económica y socialmente, y no solo para cubrir la vergüenza de semejante inversión o por motivos electoralistas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora García.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas.

Las cuestiones que se señalan en el informe son demoledoras. No hacer un estudio previo, no tener ningún tipo de antecedente antes de entrar a hacer una infraestructura como un tranvía no tiene justificación en ningún caso. Desde nuestro grupo compartimos la necesidad de que esa conclusión del informe del Tribunal de Cuentas sea más que tenida en cuenta, porque, en general, vemos que en el informe hay un enfoque legalista muy bueno de cómo se ha gastado el dinero de manera manifiestamente mejorable, pero también nos gustaría que hubiera un enfoque más operativo. Son 128 millones de euros los que se han gastado en un tranvía, lo que sale a 27,23 millones por kilómetro; es un desastre sin ningún tipo de paliativos. Además, no se ha puesto en marcha, solamente funciona unos días y en pruebas. No sabemos si el entendimiento que parece que hay ahora entre administraciones lo pondrá en marcha, pero en cualquier caso sería igualmente un desastre.

Algunas cuestiones que nos parecen relevantes y que es importante mejorar a futuro es todo lo relativo a la tramitación de los contratos; contratos de construcción e instalación que al final aparecen como vigilancia de cocheras o mantenimiento de instalaciones es bastante mejorable, así como la aplicación laxa de la legislación de contratos, como decía el primer interviniente. A nosotros nos gustaría una mayor valoración sobre la utilización de los entes instrumentales por parte de la Junta de Andalucía por la gestión de actuaciones que le son propias, porque lo que se deduce del informe del Tribunal de Cuentas es que la Junta de Andalucía no asume sus actuaciones propias, las deja en manos de un ente instrumental que tampoco las hace y las subcontrata, con lo cual nos gustaría una valoración mayor porque no nos parece que sea la mejor forma de actuación.

Quiero señalar -lo han dicho todos y creo que es importante que se haga esta reflexión conjunta- que el tranvía de Jaén es nuestro particular aeropuerto de Castellón en Andalucía, y lo único que se puede


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pedir en estos casos son los expedientes de responsabilidad contable por menoscabo de caudales públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero manifestar nuestro total y absoluto respeto a este y a cada uno de los informes del Tribunal de Cuentas; lo valoramos y creemos que contribuye especialmente a la mejora del estado social y el ejercicio de la función encomendada a las administraciones públicas. No obstante, tengo que decir que este es el cuarto tranvía que el Partido Popular insistió en que había que fiscalizar. Yo voy a empezar haciendo un poquito de balance. Primero fue el de Parla, el de Zaragoza, el de Vélez-Málaga y, en este caso, Jaén. En los dos primeros parece que ya está todo archivado, todos los indicios de responsabilidad contable, y mire que desde el Partido Popular corrieron ríos de tinta contra el señor Tomás Gómez o contra el señor Belloch. Todos están archivados por parte del Tribunal de Cuentas y espero que me lo confirme el presidente del mismo. Insisto, vamos por el cuarto. A lo que sí se negó el Partido Popular en dos ocasiones fue a que se fiscalizasen otros ejecutados por él, como es el caso de Murcia y del metro ligero de Madrid oeste. Insto a que el Tribunal de Cuentas lo haga de oficio, en aras de que se universalice la fiscalización sobre este tipo de infraestructuras. Nosotros vamos a seguir insistiendo, que conste, pero agradeceríamos que el Tribunal de Cuentas lo hiciese de oficio. Y hay una diferencia; en ninguno de los cuatro que he dicho se habla de malversación de fondos públicos -corrijo a la interviniente anterior porque se ve que no se ha leído el expediente-, de comisiones ni de ningún otro tipo de cuestión, solamente de procedimiento administrativo que el Tribunal de Cuentas considera no ajustados. No sé si la ocultación premeditada del Partido Popular con respecto a los otros dos tiene que ver con comisiones ilegales en financiación de Madrid o de Murcia, que estaría por ver. Le pido, le ruego al Tribunal de Cuentas que lo haga de oficio.

El tranvía de Jaén es la principal obra de infraestructura que ha tenido lugar en esta ciudad, que es la sexta ciudad más contaminada de España. Aquí hay quien defiende la lucha contra el cambio climático, la movilidad sostenible y parece que está en contra del tranvía de Jaén. Nosotros no, nosotros estamos a favor del tranvía de Jaén como inversión necesaria en una ciudad que lo requiere y lo necesita para su modernización, entre otras razones, y para transformar la movilidad que necesitan sus ciudadanos. Estamos a favor del tranvía de Jaén, una gran inversión. Por cierto, le ha costado prácticamente nada al Ayuntamiento de Jaén. Usted ha dado los datos: 125 millones de euros de costes sufragados, excepto en 5 millones, por parte de la Junta de Andalucía. ¡Vaya regalo, ya lo quisiera yo para mí! Un auténtico regalo y una auténtica inversión en provecho de la ciudad de Jaén y de sus ciudadanos. Lo que no es comprensible es que haya personas en Jaén que puedan decir que ha sido un derroche del Ayuntamiento de Jaén, porque la aportación del ayuntamiento ha sido prácticamente insignificante. Esto es un proyecto que tiene todos los beneplácitos administrativos, todos los informes positivos por parte de los responsables administrativos del ayuntamiento, todos los informes favorables sin ningún tipo de reparo. Ahora, eso sí, este tranvía que le gustaba al PSOE, evidentemente, no podía gustarle al señor Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y que fue alcalde de Jaén durante 2011-2015. Un señor que ha demostrado no tener escrúpulos en política...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: ... y que, evidentemente, también ha demostrado una falta de seriedad y de responsabilidad increíble. En la propia campaña electoral dijo que lo pararía, y lo paró. Realmente él ha sido el causante de este culebrón al que, por cierto, estoy seguro que le quedan ya muy pocos capítulos si no ninguno, porque al igual que se ha archivado esa responsabilidad contable estoy seguro que se archivarán estas. Por cierto, de escasísima consideración. (Un señor diputado: ¡Qué jeta!). Un convenio con la Universidad de Jaén de 68 000 euros en el que se anuncia posible responsabilidad contable sobre una inversión de 125 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando.


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El señor HURTADO ZURERA: Acabo.

O un local, en concreto, para la Policía local, que no se ha efectuado no porque no hubiese financiación sino porque el señor Fernández de Moya no cedió los terrenos e impidió que eso se hiciese realidad. Esa es la segunda responsabilidad contable que se ve en el expediente. Insisto, estoy seguro de que se archivará. Creo y defiendo la pulcritud, el rigor y la responsabilidad de quienes gestionaron ese tranvía y estoy seguro de que va a ser la gran inversión cuando se haga realidad y se ponga en marcha puesto que el nuevo alcalde del Partido Popular lo considera necesario para su ciudad y está dispuesto a ponerlo en marcha.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Calvente.

El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, mi agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por su intervención y por el serio y riguroso informe de fiscalización de desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén que asumimos en su integridad y lo hacemos nuestro, así como asumimos todas sus conclusiones y las recomendaciones contenidas en el mismo y la intervención en el día de hoy del propio presidente del Tribunal de Cuentas.

Hemos de advertir, como lo hace el propio informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y ha resaltado el presidente, que no consta la existencia de antecedentes ni la realización de estudios previos por la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Jaén sobre la necesidad del transporte colectivo de viajeros en el municipio de Jaén dirigido a valorar la posible implantación de un tranvía. Tampoco se realizaron informes en los que se comparara el transporte tranviario con otros medios alternativos con distinta incidencia: viabilidad económico-financiera, impacto en la hacienda pública. Ello pone de manifiesto que no se llevó a cabo planificación alguna para el desarrollo de la iniciativa.

Hemos de manifestar que nos encontramos ante el máximo despilfarro de dinero público en la historia del Ayuntamiento de Jaén. Y lo más grave es que la decisión adoptada por la alcaldesa socialista y la consejería de obras públicas y transporte del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía se hizo sin ninguna previsión, sin ningún informe y sin el más mínimo estudio de viabilidad económica, lo que tuvo y tiene graves consecuencias para al Ayuntamiento de Jaén, que ya en 2008 tenía una situación económico-financiera complicada, con un remanente negativo de más de 200 millones de euros en el año 2011. A la falta de previsión se une la arbitrariedad y la incoherencia con que actuaron las autoridades socialistas del Ayuntamiento de Jaén y de la Junta de Andalucía. Basta hacer un análisis del informe de fiscalización para advertir, como ha hecho el presidente del Tribunal de Cuentas en su exposición, que en todos y cada uno de los contratos suscritos para la implantación del tranvía de Jaén existieron numerosas irregularidades y se vulneraron principios constitucionales y básicos de nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente en materia de contratación administrativa. Así, se vulneró el principio de estabilidad presupuestaria, el principio de transparencia, el de libre concurrencia, el de buena fe, el de economía, el de racionalidad y de eficiencia en la gestión de gasto público, etcétera. En definitiva, con el proceder de la actuación de los gobernantes socialistas en el Ayuntamiento de Jaén y en la Junta de Andalucía se vulneraron leyes tales como la de estabilidad presupuestaria, Ley de contratos del sector público, Ley general de subvenciones, Ley reguladora de bases del régimen local, Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas y los textos refundidos de la Ley de contratos de las administraciones públicas, de la Ley de contratos del sector público y de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Por otra parte, en el proyecto y diseño del trazado del tranvía de Jaén no se pidió ni realizó por ningún servicio municipal del Ayuntamiento de Jaén ningún informe sobre canalizar la incidencia en el tráfico, la definitiva reformulación del sistema de transporte de los autobuses públicos, así como cuestiones de seguridad o prevención y extinción de incendios. Tampoco se adoptó acuerdo plenario alguno, pese a los compromisos económicos, urbanísticos, de ordenación del tráfico y del transporte público que conllevó la firma de los convenios por la alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Jaén, Carmen Peñalver, en el periodo 2007-2011, con todos los respetos a dicha alcaldesa socialista, que adoptó los compromisos que han producido un quebranto económico que ha lastrado al Ayuntamiento de Jaén para muchos años. Además, era manifiestamente incompetente puesto que los acuerdos unilaterales de la alcaldesa debían haber sido adoptados por el pleno de la corporación municipal en virtud de la disposición adicional


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segunda de la Ley de contratos del sector público; compromisos tales como la ejecución de obras y adquisición de material móvil son, por su cuantía, competencia del pleno municipal.

También debemos destacar que el propio Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén emitió un informe afirmando textualmente que desde un punto de vista financiero la situación de las arcas municipales no aconsejaba asumir mayores gastos de los previstos so pena de incrementar el remanente neto de tesorería, lo que conllevaba una especial dificultad para el ayuntamiento. De igual forma, el consejo económico y social local señala que faltó generación de debate sobre la necesidad del tranvía para la ciudad, y por último destaca el carácter metropolitano del sistema de transporte de tranvías que así fue concebido por la propia administración de la Junta de Andalucía en la memoria del proyecto. Pese a lo anterior, en los convenios firmados, el tranvía de Jaén tiene un carácter municipal y en consecuencia la gestión del mismo la tiene que asumir el Ayuntamiento de Jaén, lo cual lo hace claramente inviable ya que al no haberse hecho estudio previo de viabilidad reconoce un déficit inicial que se cuantifica de forma optimista en unas pérdidas anuales de seis millones de euros.

Siguiendo con el cúmulo de despropósitos, no solo existen irregularidades en la suscripción de todos los contratos, sino que los compromisos adquiridos por la alcaldesa de Jaén en relación con el tranvía ha incrementado el déficit estructural que ya acumulaba el ayuntamiento, amén de que la creciente falta de liquidez se ha materializado en el impago no solo de los contratos suscritos sino también a la Seguridad Social, a las empresas concesionarias de servicios básicos así como la retención de los ingresos procedentes tanto de la participación en los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) y de la participación de los ingresos del Estado (PIE), con la consiguiente asfixia económico-financiera para las maltrechas arcas municipales del Ayuntamiento de Jaén.

Por todo lo anterior, le tenemos que decir al señor Hurtado que el único que no tiene escrúpulos, el único que ha montado un culebrón en el día de hoy ha sido usted, que ha mentido descaradamente al amparo del informe y de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos. Ante este mayúsculo escándalo político, jurídico, económico y social de la ciudad de Jaén...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Calvente.

El señor CALVENTE GALLEGO: ... y al amparo del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que hoy analizamos y debatimos, el Juzgado de Instrucción número dos de Jaén ha incoado diligencias previas sobre el proyecto de construcción del sistema tranviario de Jaén señalando como investigada a la que fue alcaldesa socialista en el mandato 2007-2011, doña Carmen Peñalver, al apreciarse indicios de posible responsabilidad penal en relación con la construcción del sistema vial tranviario. ¿Ha oído usted? Responsabilidad penal. En concreto, doña Carmen Peñalver deberá responder por la ausencia, señor Hurtado, del informe de necesidad previo que justificaba la actividad arqueológico-preventiva en el solar del nuevo edificio de la Policía local, que nunca se construyó, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas. Dice el propio informe: ...y la adaptación de otro edificio para una sede temporal en la Avenida de Granada.

Termino. Este despropósito sin precedentes del Ayuntamiento de Jaén ha supuesto para las arcas públicas un coste de 128 millones de euros, como se ha reconocido, para la construcción de un sistema inoperativo e inviable al no poder hacer frente el Ayuntamiento de Jaén a su puesta en marcha y a su mantenimiento. Por tanto, fue una irresponsabilidad construir el tranvía y será una irresponsabilidad para las maltrechas arcas del Ayuntamiento de Jaén ponerlo en marcha.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calvente.

Tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

Debo indicar que ha sido señalado por el señor Bel el carácter importante de la primera recomendación formulada por el tribunal y es a lo que me quiero referir en el sentido de que, efectivamente, lo que recalca el informe del tribunal es que la toma de decisiones y la ejecución de grandes infraestructuras debe tener los necesarios estudios técnicos previos y también los estudios económicos rigurosos para analizar comparativamente las posibles alternativas y valorarse la más adecuada en su conjunto. También hay que indicar que a este respecto la normativa relacionada con la estabilidad presupuestaria y la Administración


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local exige cada vez más y en mayor medida que las inversiones sean financieramente sostenibles. Creo que son dos exigencias que en este caso deberían haberse tenido en cuenta y no se tuvieron. Posiblemente esto haya ocurrido en todos los tranvías, no solo en los que hemos analizado. Señor Hurtado, hemos analizado los que la Comisión Mixta aprobó y, claro, el problema de solicitar que ampliemos los trabajos... Ustedes se tienen que dar cuenta de que en cada Comisión Mixta están pidiendo la apertura de nuevas fiscalizaciones. El tribunal lo que no puede es mantener un programa de fiscalizaciones en el que cada Comisión Mixta va incrementando la carga de trabajo porque si hay que incrementar la carga de trabajo por un lado, habrá que reducirla por el otro. Dígannos ustedes, además de incluir los dos tranvías nuevos, qué dos fiscalizaciones no tendríamos que hacer y entonces valoraríamos si efectivamente lo podemos hacer, y por otra parte si entendemos que es lo razonable, porque la competencia para aprobar el programa de actuación del tribunal corresponde a su pleno.

Yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. Quizá la decisión de origen tendría que haber sido una decisión más templada, en el sentido de incluir infraestructuras tranviarias de uno y de otro tipo, hechas por unos y por otros gestores. Aquí el problema está en lo que hemos estado hablando: si en todas las infraestructuras tranviarias se ha operado de la misma manera, es decir, se ha tomado la decisión y luego se ha empezado a estudiar, creo que en todos los casos se ha hecho mal; porque si se ha acertado, en los casos en los que se haya acertado posiblemente haya sido por casualidad, porque la inclusión de una obra de esta naturaleza entiendo que requiere un estudio muy detallado. Por poner un ejemplo, si uno observa la frecuencia tranviaria de utilización del tranvía de Zaragoza se da cuenta de que tiene un uso muy intensivo. Hay mucho tranvía y se está utilizando muy intensivamente. Sin embargo, las informaciones que se tienen a día de hoy sobre la rentabilidad del tranvía plantean dudas sobre si, efectivamente, tiene la rentabilidad, el retorno y la sostenibilidad necesarias. He de decir que, indudablemente, en estos aspectos no solo las cuestiones económicas son importantes -por supuesto que lo son-, sino también las medioambientales; la existencia de una infraestructura de esta naturaleza tiene que ser valorada en su conjunto, tanto desde el punto de vista económico y de sostenibilidad financiera como de sostenibilidad medioambiental. En todo caso, en el tranvía de Jaén hay que tener en cuenta -y es una cuestión adicional a lo que he podido decir en mi presentación- que el Defensor del Pueblo andaluz pidió en el año 2014 que se adoptara una decisión acerca de si podía ponerse en funcionamiento la infraestructura tranviaria a medio plazo y, en su defecto, que se adoptasen medidas para garantizar la conservación y vigilancia de la infraestructura, porque, indudablemente, se haya hecho mal o se haya hecho bien, ahí hay unos activos que habrá que pensar qué finalidad se le dan y qué rendimientos se pueden obtener, y el Defensor del Pueblo así lo ha solicitado.

En relación con todas las cuestiones que se han planteado, el tribunal pone muy especialmente en valor la revisión del sistema de contratación porque no ha sido el adecuado, se ha incumplido en todas las fases de su ejecución. La señora García ha resaltado en su intervención la utilización de entes instrumentales, y en este caso no está justificada cuando estos entes instrumentales sistemáticamente acuden a la contratación externa de las obras. Esta es una cuestión que la propia nueva Ley de Contratos del Sector Público establece a la hora de valorar precisamente estos entes instrumentales o medios propios. con lo cual verdaderamente variará mucho la utilización de estas figuras en la contratación futura.

Con respecto al resto de cuestiones que ustedes me han planteado, disculpen si no les contesto a todas ellas. Creo que esta es la gestión de un proyecto muy complejo que el tribunal ha señalado que nació mal, se desarrolló desde el primer momento con errores de concepción y los sucesivos intentos de arreglarlo no han resultado fructíferos.

En cuanto a las responsabilidades, usted me pregunta sobre responsabilidades en otros procedimientos de fiscalización. En estos momentos no le puedo dar esa información que me pide, aunque estoy convencido de que seguramente tiene usted razón; es decir, que efectivamente, esos supuestos de responsabilidad contable a los que aludía han sido archivados. En este caso concreto sí hay petición de diligencias preliminares que están en tramitación en la Sección de Enjuiciamiento sobre determinados expedientes y también es cierto que el ministerio fiscal formuló petición de expedición de un testimonio a particulares por presunta responsabilidad penal sobre diversas actuaciones relacionadas con la implantación del tranvía, con la redacción del proyecto, con el contrato de obras, con el de dirección, con eventuales fraccionamientos de gastos y también con las obras de traslado de la Policía local para la construcción e instalación del tranvía de Jaén.

Con ello termino. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


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BLOQUE V:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2015, CON ESPECIAL ATENCIÓN A ENTIDADES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE DICHA OBLIGACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000231 y número de expediente del Senado 771/000227).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del bloque número V y último del orden del día antes de proceder a la votación de las propuestas de resolución, correspondiente al informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.

Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

Este informe tiene por objeto ofrecer una visión global del grado de cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas por las entidades del sector público local, identificando las causas de los incumplimientos con el fin de contribuir a eliminar los obstáculos estructurales, organizativos y prácticos de gestión que las originan. La fiscalización pretende dar mayor amplitud y profundidad al análisis del deber de rendición de cuentas por las entidades locales y a la problemática que ocasiona su incumplimiento reiterado.

En relación con el análisis del censo del sector público local, este se encontraba integrado al finalizar el ejercicio 2015 por un total de 12 968 entidades locales; de ellas, 8122, el 63 %, eran ayuntamientos y 3607, el 29 %, entidades de ámbito territorial inferior al municipio, especialmente en Castilla y León y Cantabria. La disminución de entidades locales es apenas apreciable, si bien las entidades dependientes continuaron su tendencia a la baja.

Respecto al análisis del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, el 56 % de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido, porcentaje inferior al de rendición de cuentas del ejercicio anterior, que fue del 62 %. En el caso de los ayuntamientos, la rendición en plazo registró una disminución respecto al ejercicio 2014 del 66 al 60 %, y ha sido de mayor relevancia en las entidades de ámbito inferior al municipio, pasando del 56 al 49 %, y en los cabildos y consejos insulares, donde se redujo del 30 al 10 %. A 31 de diciembre de 2016, es decir, transcurridos dos meses y medio desde la finalización del plazo de rendición de las cuentas del ejercicio 2015, el nivel de cumplimiento fue del 73 % frente al 76 % alcanzado en el ejercicio 2014, lo que supone un cambio en la tendencia al alza que venía produciéndose hasta el ejercicio 2013. En el caso de las entidades de ámbito inferior al municipio, el porcentaje de rendición disminuyó del 89 % en el ejercicio 2013 a un 74 % en 2014 y a un 67 % 2015, en parte por la falta de medidas legales continuadas en el tiempo. Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición a 31 de diciembre de 2016 corresponde a las entidades locales de Andalucía, con un 34 %; le siguen a distancia las de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Cantabria, con unos niveles de rendición a esas fechas del 62, el 63 y el 65 %, respectivamente. Destaca el incremento del porcentaje de rendición de las entidades de Aragón, con un aumento de 7 puntos de cuentas rendidas en plazo tras la aprobación de la modificación legal que condiciona la concesión de subvenciones a la efectiva rendición de cuentas.

El tribunal llevó a cabo, en colaboración con los OCEX, un plan de actuaciones para promover e impulsar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2015. Además, mantiene actualizado al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre las entidades locales que no habían rendido la cuenta general del ejercicio. Por otra parte, el plazo de rendición de cuentas de las entidades locales establecido hasta hace más de veinte años, así como los plazos específicos aprobados en determinadas comunidades autónomas, limitan la transparencia y la gestión pública local, impiden ofrecer una visión homogénea y ocasionan una demora en el control. Se ha seleccionado una muestra de sesenta y tres entidades de ayuntamientos de más de 5000 habitantes, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de todo el territorio nacional que no habían rendido las cuentas generales de los ejercicios 2014 y 2015.

A 31 de diciembre de 2016 había un total de noventa y siete cuentas pendientes de rendir de entidades de la muestra, de las cuales el 19 % se referían al ejercicio 2013, el 36 % al 2014 y el 45 % al 2015. Además, el nivel de cumplimiento de la obligación de envío de los acuerdos contrarios a reparos de la intervención local, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos para los


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ejercicios 2014 y 2015, fue del 49 % y del 46 %, respectivamente, y el envío de la relación anual de contratos se cumplió por el 17 % y el 29 % de las entidades de la muestra para los mismos ejercicios.

Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de los plazos para la aprobación y liquidación del presupuesto y la tramitación de la cuenta general, la práctica totalidad de las entidades que habían rendido las cuentas de 2015 también habían aprobado el presupuesto, si bien únicamente el 34 % de ellas lo habían hecho antes de comenzar el ejercicio al que el mismo se refería. El retraso medio de aprobación del presupuesto se situó en 131 días. En el caso de las entidades de la muestra, únicamente el 6 % de ellas aprobaron el plazo de presupuesto para el ejercicio 2016, mientras que el retraso medio en su aprobación fue de 180 días.

En relación con el análisis del sistema de información contable y su correlación con el sistema de control interno y otros sistemas de información de las entidades de la muestra, en el 78 % de ellas el sistema de información contable para la Administración local, Sical, permite realizar el control de legalidad, pero solo en un 40 % permite la realización de actuaciones de control financiero. La práctica totalidad de las entidades de la muestra disponían de un registro de facturas electrónicas, si bien en algo más de un tercio de las mismas no estaba conectado con los registros contables. Todas las entidades analizadas contaban con un punto general de entrada de facturas electrónicas, ya sea propio o bien por adhesión al punto general de la Administración General del Estado. Asimismo, el 83 % de las entidades habían remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015.

Finalmente, por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de las obligaciones de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 76 % de las entidades de la muestra tenían implantado un portal de transparencia. En cambio, un 18 % de ellas no habían adoptado medidas para publicar sus actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Respecto a las obligaciones de publicidad activa, un 83 % no había publicado las cuotas anuales de la entidad local, contando con el mayor nivel de publicidad de la contratación y los presupuestos. Por último, el 21 % de las entidades no contaban con medios electrónicos para la petición de acceso a la información pública.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Se trata de un informe que no difiere mucho de los presentados en relación con este tema en los últimos años, pero a mi grupo le gustaría enfatizar algunos aspectos. Como ha señalado el presidente del tribunal, la evolución del nivel de aprobación de las liquidaciones de los presupuestos de la cuenta general más o menos se mantiene estable, con una ligera baja, pero -tenemos que constatarlo- hay una deficiencia en cuanto a la aprobación de los presupuestos. Que solo un 34 % de las corporaciones locales esté aprobando el presupuesto en plazo marca que la gestión de dicho presupuesto genere ciertas deficiencias.

Quisiera centrarme en los datos relacionados con los municipios catalanes. La rendición de cuentas de los ayuntamientos de Cataluña es del 85 %, en términos medios, respecto a la general, que es del 78 %, y esto cubre el 91 % de la población en relación con el 78 % de media. Especialmente quisiera resaltar que el retraso medio -estamos hablando en términos medios- en la formación de la cuenta general en Cataluña es de cuarenta y tres días, el menor del conjunto del Estado español, y que el retraso medio de la aprobación de la cuenta general es de veintidós días, también el menor del conjunto de los municipios de todas las comunidades autónomas. No obstante, se debe perseverar al respecto. Efectivamente, como señala el informe, que se tomen medidas por parte de algunas comunidades autónomas en relación con la dificultad de tramitar ciertas subvenciones si no se ha procedido a la aprobación de la cuenta general facilita muchísimo el cumplimiento.

Dicho esto, quisiera hacer una breve referencia a un aspecto del informe que nos parece relevante, que es el cumplimiento de la Ley 19/2013 -en Cataluña la ley es de 2014-, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si bien, como ha señalado el presidente, el 76 % de las entidades locales tienen implementado un portal de transparencia, es preocupante que un 83 % de las entidades de la muestra del informe no hayan procedido a la publicación de una información tan básica como son las cuentas anuales de la entidad. Del informe se desprende que esta dificultad la tienen los ayuntamientos más pequeños, con menor población, como es obvio. Por tanto, quería preguntar al presidente del tribunal si cree que sería útil y conveniente establecer una línea de financiación específica para que los


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ayuntamientos con menos población pudieran cumplir con estas obligaciones de la Ley de transparencia. Es importante equipararlos al resto y la precariedad de medios en estos ayuntamientos lo dificulta. Por mucho que estén trabajando las diputaciones, que lo están haciendo bien, sería conveniente establecer esta línea de financiación no in aeternum, sino durante unos años para poder regularizar esta situación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Respecto al informe de fiscalización de las entidades locales del ejercicio 2015, quisiera hacer una previa. Para nosotros la Administración local ha hecho los deberes y ha saneado claramente sus cuentas, pero no puede seguir soportando las restricciones presupuestarias impuestas por el Estado. Hay algunos datos que quiero destacar. Los ayuntamientos acumulan cinco ejercicios consecutivos de superávit. En el año 2016 fueron más de 7000 millones de euros y en 2017 será más o menos igual, por lo que debemos afirmar que, gracias al superávit de los ayuntamientos, el Estado ha podido cumplir con sus objetivos globales de déficit. Quería subrayar esta cuestión porque han reducido la deuda un 26 %, pasando de 35 000 millones de euros en el año 2012 a 26 000 millones en 2016. Por cierto, un 44 % de los ayuntamientos tiene deuda cero. Los ayuntamientos también han visto reducidas sus plantillas de personal un 12 % de media debido a los límites de contratación impuestos por el propio Estado y esa aplicación excesiva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha provocado que las administraciones con más porcentaje de gasto social -autonomías y ayuntamientos- sean las que hayan reducido en mayor medida sus presupuestos, obligados por el Estado.

Entrando directamente en la rendición de cuentas de las entidades locales, se evidencian problemas justamente con la misma. Quiero destacar que solo un 56 % de las entidades locales rindieron sus cuentas en el plazo establecido, poco más de la mitad, lo que supone una reducción respecto al año anterior, pese a que se pusieran en marcha algunos planes de actuación y algunas propuestas para promover la rendición de cuentas en plazo. Es de especial relevancia que la cuarta parte de los ayuntamientos hayan presentado sus cuentas en el plazo establecido, pero es un porcentaje que no llega al 30 % en los ayuntamientos entre 50 000 y 100 000 habitantes. En este sentido, por lo que concierne al grado de rendición de cuentas solo quiero indicar que en Cataluña -como ya señalaba el diputado Bel- un 69 % de los ayuntamientos rindieron cuentas dentro del plazo y hasta un 84 % a fecha 31 de diciembre. Por tanto, podemos afirmar claramente que los municipios catalanes cada vez responden mejor a sus obligaciones de rendición de cuentas. En este sentido, el propio informe propone algunas soluciones, unas en las que coincidimos con el tribunal y otras con las que no estamos para nada de acuerdo. La primera propuesta de solución -vaya sorpresa para nosotros- es la de homogeneizar la normativa estatal para los ayuntamientos. Para nosotros homogeneizar es una palabra indicativa del pensamiento de este tribunal, es una palabra que no nos gusta para nada. A nuestro entender -y de hecho también lo dice el propio informe-, debemos dotar de más y mejores instrumentos, eso seguro. Respecto a lo que propone sobre que la rendición de cuentas en plazo constituya un requisito indispensable para el acceso a ayudas y subvenciones, podemos llegar a ponernos de acuerdo, pero deberíamos garantizar que no tuviera efectos sobre los ciudadanos. Es decir, que un ciudadano no deje de recibir una subvención por culpa de que su ayuntamiento o sus gestores no hayan hecho los deberes cuando debían. También revisar las multas coercitivas y revisar la capacidad de los medios de las administraciones locales. Es muy importante reforzar e intensificar el apoyo a las diputaciones y servicios de asistencia a las entidades locales; si no responden a los plazos, deberemos darles más ayudas y más apoyo en este sentido. Insisto, para todo ello las corporaciones locales necesitan más recursos y esto solo puede llevarlo a cabo un partido que crea en la capacidad municipalizadora de transformar la realidad y creemos que la línea propuesta de homogeneizar los ayuntamientos no va en esta dirección. Para nosotros está muy lejos del objetivo.

Termino ya, señor presidente, recordando que esta fiscalización solo se refiere a las cuentas públicas, al dinero ingresado y gastado, y no tienen ninguna intención de evaluar lo que se ha hecho con este dinero. También podríamos entrar en si ha servido o no para implementar políticas públicas, para las que teóricamente se había previsto su necesidad. Y no puedo dejar escapar la ocasión de recordar que la semana pasada, en el Pleno del Congreso, el Partido Popular consumó la eliminación de la Agencia


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estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios y con ello la voluntad de conocer justamente más en profundidad a qué se dedican los impuestos que los ciudadanos pagan religiosamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.

Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas, otra vez por la exposición de este informe, que pretende contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos, así como las prácticas de gestión que originan el incumplimiento del deber de rendición de cuentas por parte de las entidades locales. Deber que, por cierto, no deberíamos recordárselo; todas las entidades locales saben que tienen unas obligaciones y entre ellas la rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas nos proporciona una fotografía de la situación actual y una serie de recomendaciones. Empezaremos por la situación de partida de los problemas más comunes. El primero, la rendición de cuentas fuera del plazo. En 2015, tal y como nos ha dicho el presidente, solo se hicieron por parte del 56 % de las entidades locales. Los mayores incumplidores son los cabildos y consejos insulares y, por comunidades autónomas, tal y como nos ha indicado el presidente del Tribunal de Cuentas, la mayor incumplidora es Andalucía, con solo un 34 % de rendición de cuentas en plazo.

El segundo de los problemas comunes es la aprobación y liquidación del presupuesto, como hemos visto en un informe previo -el de Castro Urdiales- que tuvo presupuesto uno de cada tres años. A esto vamos a acabar llamándole el síndrome Montoro, espero que no se contagie, ya que desde luego genera problemas, como ha dicho el señor Bel, y puede generar retrasos en el porcentaje de ejecución o, básicamente, que se eliminen la priorizaciones de las políticas fundamentales. El informe ve una tendencia -vamos a poner algo positivo- creciente a tramitar el presupuesto, aunque detecta que solo un 34 % de las entidades los aprueba a tiempo; un 34 %, menos mal que hay una tendencia al alza.

El tercero de los problemas más comunes es que el sistema de información contable y el control interno y otros sistemas de información de las entidades analizadas es muy deficitario. El sistema de información contable de la mayoría de las entidades -un 60 %, tal y como dice el informe- no permite efectuar actuaciones de control financiero y ahí donde sí lo permite, en el 80 % de los casos no se realiza. Por lo tanto, tengo un problema en el sistema pero donde no lo tengo directamente no lo realizo; el motivo habría que evaluarlo.

El cuarto de los problemas más comunes es la Administración electrónica no interconectada y aquí, aunque en la actualidad parece que está extendido el uso de la factura electrónica -tal y como ofrece el informe-, se ofrece una automatización y seguridad en el procedimiento de entrada y tramitación de las facturas, y este sistema de facturación no se encuentra conectado con el sistema contable. Desde luego, nos parece a todas luces una incoherencia y desde el punto de vista de procesos es ineficiente.

El quinto de los problemas más comunes es que no hay manuales de procedimiento adecuados. Otra vez la inexistencia de los manuales de procedimiento. El Tribunal de Cuentas en cada uno de los informes que nos trae a la Cámara relata claramente que hay una inexistencia de manuales de procedimiento que, desde luego, generarían un beneficio en su conjunto.

El sexto de los problemas más comunes respecto al cumplimiento de las obligaciones de información prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es que el 27 % de las entidades locales fiscalizadas, además de no rendir cuentas, no hayan remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información correspondiente al cuarto trimestre de 2015, por lo que el sistema de información contable no ha podido generar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que constituye una debilidad a todas luces. Las propuestas del presidente del Tribunal de Cuentas en este informe cuentan con un grado de integridad de la información contable elevado. Es decir, que la falta de rendición de las cuentas generales de las entidades locales no se deriva de la falta de capacidad del sistema de información contable, a pesar de lo que han dicho algunos de los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Los principales motivos de incumplimiento señalados por las entidades de la muestra son: en primer lugar, la falta de dotación de recursos humanos y acumulación de tareas en el área de intervención en un 44 %; en segundo lugar, la omisión de la aprobación de las cuentas anuales de las entidades dependientes, un 13 %; en tercer lugar, incidencias de tipo informático, un 10 %; y en cuarto lugar, con un 6 %, la falta de información para la elaboración de las cuentas generales. Detengámonos en lo más importante, la falta de medios. Como


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hemos visto en el informe previo, Jaén tiene una deuda de 400 millones, 130 de ellos gastados en un tranvía que nadie usa. En demasiadas ocasiones los políticos quieren cortar cintas y hacer inauguraciones con grandes obras que les dan votos; desde luego, hay un incentivo perverso en ello. La pregunta es: ¿qué presupuesto destinan los municipios a inversiones en la Administración electrónica comparado con urbanismo? Esto sigue pasando y no hablemos de municipios pequeños, sino del municipio más grande de este país, el de Madrid. La actual alcaldesa de Madrid tiene como inversión principal la reforma de la plaza de España en un espacio verde y social, que va a costar al erario público de los madrileños 56 millones de euros. ¿Qué dinero gasta el ayuntamiento de Madrid en una Administración digital más eficiente?

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante el informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de entidades locales en el ejercicio 2015. Lo primero que hay que señalar es que hay numerosas entidades locales que siguen sin rendir cuentas en plazo, concretamente el 56 % en el año 2015 no rinde las cuentas en el plazo establecido; un porcentaje inferior al registrado en 2014, que fue del 62 %, pero que debería seguir preocupándonos si queremos avanzar en materia de rendición de cuentas por parte de todas las entidades del sector público. Además, el propio informe reconoce que existe un porcentaje significativo de entidades locales que continúan sin rendir la cuenta general del ejercicio en el plazo establecido. También nos parece difícilmente comprensible que de los últimos tres ejercicios estén pendientes de rendir cuentas a 31 diciembre 2016, en total, 4803 cuentas generales, siendo el 50 % ayuntamientos, el 30 % entidades de ámbito inferior y el 20 % mancomunidades. Del mismo modo, se señala en el informe, en relación a la aprobación del presupuesto, que el porcentaje de aprobación en plazo del presupuesto de las entidades locales en 2016 fue solamente del 6 %. Nos parece difícilmente comprensible que haya tal cantidad de información que no se ha remitido al Tribunal de Cuentas o presupuestos que no hayan sido presentados a tiempo. Cuando hay una incidencia de este tipo que se repite constantemente en el tiempo y hay tantas entidades locales que no cumplen, creemos que puede haber algún tipo de deficiencia en el diseño del proceso de rendición de cuentas y de aprobación del presupuesto y querríamos conocer la opinión del señor Álvarez de Miranda respecto de esta cuestión.

Quizás haya que buscar un diseño distinto del modo en que se aplica la rendición de cuentas teniendo en cuenta el tamaño de las diferentes entidades locales. Si analizamos por tipo de entidad, aquellas más pequeñas que cuentan con menor personal administrativo han sido las que no han superado los plazos marcados por la ley en mayor medida. Según el propio informe, el 44 % de entidades locales de la muestra manifiestan que la causa para no rendir las cuentas en plazo -en el caso de la cuenta general- es la falta de recursos humanos y la acumulación de tareas en el área de intervención de este tipo de entidades. Por lo tanto, creemos que una buena parte del incumplimiento se debe a la carencia de medios y facilidades para realizar la rendición de cuentas y para cumplir la normativa al respecto. Por tanto, queremos preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que la infrafinanciación de los entes locales y quizás también la regla de gasto del Ministerio de Hacienda, que impide a los ayuntamientos gastar el superávit que generan, pueden tener algo que ver con las dificultades que manifiestan a la hora de rendir cuentas, especialmente las entidades pequeñas, que dicen que su principal óbice para rendir las cuentas es esta falta de recursos. También nos gustaría destacar la medida aprobada por Aragón, que se señala en el informe del Tribunal de Cuentas, reflejada en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, que condiciona la concesión de subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón. Nos parece que esta medida ha tenido un impacto tremendamente positivo -parece ser que el 90 % de las entidades locales de esta comunidad cumplieron con la rendición de cuentas en plazo y forma a raíz de la publicación de esta Ley 5/2015- y queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que este tipo de medidas pueden favorecer que se rindan las cuentas en plazo. Creemos que estas medidas de incentivo son mejores que las medidas de sanción que se han puesto en marcha por parte de otras comunidades autónomas. También creemos que hay que obtener conclusiones del informe de fiscalización respecto a la modernización y actualización del proceso de rendición de cuentas. El propio informe señala que el plazo de rendición de cuentas de las entidades locales está establecido desde hace más de veinte años y, por ello, no responde a la situación


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existente con las herramientas que hay a disposición ahora mismo de los ayuntamientos para cumplir con sistemas de transparencia. Por tanto, creemos que hay que modernizar el proceso de rendición de cuentas con el fin de que los entes locales y también el resto de las administraciones públicas sean más eficientes y eficaces en este aspecto. Por eso, queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si han pensado en medidas concretas en esta materia para implementar nuevos mecanismos de rendición de cuentas que permitan a las entidades locales y al resto de entidades cumplir con los plazos.

Por último, me gustaría reseñar algunas cuestiones en relación con la transparencia que señala el informe. El 66 % de las entidades locales tienen implementado un portal de transparencia y, aún así, el 18 % no han adoptado medidas en este sentido para publicar su gestión administrativa, lo que supone una merma en la necesaria publicidad para que exista un control por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general de la actividad que se lleva a cabo en los espacios institucionales locales.

Sin más, esperamos que el presidente del Tribunal de Cuentas tenga a bien contestar a las preguntas y recomendaciones que he formulado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortega.

El señor ORTEGA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su informe y su exposición sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, que plantea una radiografía exacta del cumplimiento de estas entidades, así como de su evolución. Si bien veníamos experimentando un incremento en el porcentaje de rendición de cuentas de las entidades locales, preocupa que precisamente en 2015 se haya producido un descenso de ese porcentaje. Queríamos que, si puede, nos explicara a qué se debe, salvo que sea solo y exclusivamente a la relajación de las Eatim, las entidades de ámbito territorial inferiores al municipio; al no poner en marcha ninguna comunidad autónoma su eliminación por no cumplir, se pueden haber relajado y por eso puede haber disminuido tanto el porcentaje de cumplimiento de estas entidades. No sé si hay algún factor o elemento más para que se haya reducido el porcentaje del conjunto de las entidades locales. Igualmente, establece una radiografía del cumplimiento de los plazos de aprobación de presupuestos, de la liquidación, así como de la aprobación de la cuenta general -radiografía muy positiva-, para, a continuación, hacer una serie de recomendaciones que creemos positivas. Si se llevaran a efecto todas ellas, se elevaría enormemente el porcentaje de cumplimiento de los ayuntamientos o de las entidades locales en general. También creemos que el informe va a contribuir a ello y esperamos que los siguientes, producto del estudio pormenorizado de ese cumplimiento, incentiven que todas las entidades locales que no cumplen con su obligación lo hagan en ejercicios sucesivos.

Sobre las recomendaciones, estando de acuerdo con todas las que se proponen, quiero destacar que se dirigen tanto a las administraciones locales como al resto de administraciones. Como bien se apunta, es necesario que las comunidades autónomas, las diputaciones y la Administración General del Estado pongan los medios de apoyo y de asesoramiento para que las entidades locales -especialmente las que menos cuentan, las menos pobladas- puedan cumplir con las obligaciones que en este informe se fiscalizan. Sobre la homogeneización de la normativa estatal y autonómica, la entendemos positiva para que no se produzca desigualdad entre unos territorios y otros. También estamos de acuerdo con la reducción de los plazos de cara a que la información y la rendición de cuentas sea un instrumento para fiscalizar y gozar de más transparencia por parte de las entidades locales. Sobre la revisión de la normativa en relación con los procedimientos de rendición de cuentas de las entidades que no logran aprobar por el órgano competente la cuenta, entendemos que el Tribunal de Cuentas no cree que sea suficiente con las reformas normativas que se han llevado a cabo hasta ahora. Me gustaría saber hacia qué reformas apuntaría para eliminar este problema de las entidades que no son capaces de aprobar la cuenta general por el tema de las mayorías.

Sobre las medidas legislativas que se han implantado en algunas comunidades autónomas o las propias del Ministerio de Hacienda sobre la retención de la participación en los tributos del Estado, quiero preguntar si no sería lógico también homogeneizar este tipo de normativa, igual que hablábamos de la homogeneización en los plazos de presentación de las cuentas, para que no haya esa distinción entre unos territorios y otros. Quiero destacar que, junto con las medidas coercitivas o de incentivo, sería muy


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necesario -también lo reflejan las recomendaciones del tribunal- el apoyo de las otras administraciones a las entidades locales.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Ortega.

El señor ORTEGA FERNÁNDEZ: Sí, termino ya.

El resto de recomendaciones que van dirigidas exclusivamente a las administraciones locales -no solo al cumplimiento de los plazos del presupuesto o la liquidación, sino otra serie de recomendaciones que mejorarían desde luego el funcionamiento de las entidades locales, su transparencia, la información y, en definitiva, conseguirían unos niveles óptimos de funcionamiento de la Administración- no se podrían llevar a cabo sin una obligación real del resto de administraciones de apoyo no ya respecto a las obligaciones legales que tienen, sino en cuanto a los medios y, por supuesto, a los medios económicos. Entraríamos en el bonito tema de la financiación local, que también se ha puesto aquí de manifiesto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para finalizar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Priego.

El señor PRIEGO CHACÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Igualmente quiero agradecer al señor presidente del Tribunal de Cuentas el informe. Señorías, estamos hablando de una exigencia ciudadana. Hablamos de control y de transparencia de las cuentas del sector público local. De la lectura del informe lo primero que concluimos es que tenemos la necesidad de seguir potenciando la obligación que las entidades locales tienen a la hora de rendir estas cuentas ante el tribunal y remover los obstáculos que motivan estos incumplimientos. Hay un primer objetivo general que analiza el informe en torno a la estructura del sector público local y de él se deriva que entre los años 2011 y 2015 apenas ha sido apreciable la disminución de entidades públicas. Para el Grupo Popular esta es una muy buena noticia porque somos un partido profundamente municipalista, nuestros pueblos no se cierran, creemos en la autonomía local y en nuestros ayuntamientos y en el trabajo que realizan y también en las diputaciones. En esto no coincidimos en absoluto con el discurso de Ciudadanos, que quiere cerrar diputaciones y pequeños ayuntamientos simplemente porque no tienen representación política o porque no les interesan electoralmente. (Aplausos). Desde el Partido Popular apoyamos entidades locales saneadas, eficientes y transparentes y para eso el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Rajoy, aprobó la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ley fuertemente atacada por muchas de sus señorías argumentando que iba a eliminar ayuntamientos, cosa que, a la vista de los resultados que este informe arroja, era totalmente falsa.

Igualmente el informe analiza el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas. Ya se ha dicho aquí que solo el 56 % de los ayuntamientos rindieron en plazo, con una tendencia inversa, un 6 % menos que en el año anterior. A la cabeza de todas las comunidades autónomas, nuevamente Andalucía; Andalucía siempre a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno. (Rumores). Solamente, el 34 % de las entidades locales andaluzas rindieron sus cuentas, pero todavía vamos a algo más grave, solamente el 31 % de la Administración paralela de las entidades locales andaluzas rindieron sus cuentas. Estamos a años luz del resto de comunidades autónomas, y yo pregunto: ¿por qué el Gobierno andaluz no hace también lo que han hecho la Comunidad Autónoma de Madrid o la de Murcia, reformas legislativas en su seno para obligar a las entidades locales a que presenten sus cuentas? Pero hay otra deriva relevante de este informe y es la importancia que dice el Tribunal de Cuentas que tiene para toda Administración pública aprobar sus presupuestos. Aquí hemos escuchado a algunos portavoces exigir a los ayuntamientos que aprueben sus presupuestos en plazo. 'Consejos vendo que para mí no tengo'. Señorías, apoyen ustedes también la gobernabilidad de este país posibilitando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Hablaba el portavoz de Ciudadanos de síndrome Montoro. Olvídese de tanto diagnóstico, olvídese de tanto cálculo electoral y trabajen por el interés general apoyando los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores).

Hablamos también del sistema de información contable y resulta que es útil para la función interventora... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se oye un ruido de fondo que hace poco apto escuchar al interviniente. Les ruego, por favor, un poco de calma, que queda ya poco.


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El señor PRIEGO CHACÓN: Gracias, señor presidente.

... información contable útil para el funcionamiento de la intervención pero hay que avanzar en el control financiero. Pero nos volvemos a encontrar con otra reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, del Gobierno del Partido Popular, que ha posibilitado que ganemos en automatización, en seguridad de entrada y de tramitación, y en seguridad jurídica a través de la Ley de la factura electrónica. Señorías, no más facturas en cajones, no más financiar a los ayuntamientos con los impagos sistemáticos a las empresas proveedoras, pequeñas y medianas empresas que han estado sosteniendo las finanzas municipales. Eso ha conseguido evitarlo el Gobierno del Partido Popular con el impulso de la factura electrónica.

Hablamos también del cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria. El 27 % de las entidades locales no han remitido la información relativa al cuarto trimestre al Ministerio de Hacienda. Señorías, nosotros exigimos que se cumpla con esa Ley de estabilidad presupuestaria porque está posibilitando esa estabilidad presupuestaria, superávit y equilibrio en las cuentas municipales, que el periodo medio de pago a proveedores sea cada vez inferior y, además, el principio de transparencia.

Coincidimos con el Tribunal de Cuentas...

El señor PRESIDENTE: Señor Priego, tiene que ir acabando ya.

El señor PRIEGO CHACÓN: Termino, señor presidente.

Coincidimos con sus recomendaciones, con homogeneizar la normativa estatal y autonómica, con las reformas legislativas que fomenten el cumplimiento del plazo en la rendición de cuentas, también con reforzar la capacidad en los medios de las intervenciones locales. Y termino diciendo que, gracias a estas reforma del Gobierno de España a las que me he referido, gracias a la Ley de estabilidad presupuestaria, gracias a la Ley de factura electrónica, gracias a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, tenemos hoy unas administraciones locales saneadas, más eficientes y más trasparentes. Sigamos trabajando en esta línea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Priego.

Para finalizar, tiene la palabra de nuevo el presidente del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.

Las cuestiones son muy variadas y muchas de ellas no las podré contestar convenientemente, pero por parte de todos los intervinientes ha habido una reclamación al Tribunal de Cuentas para que indique qué medidas concretas son necesarias para resolver estos problemas registrados en la rendición de cuentas de las entidades locales. Quería hacer referencia a la declaración del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, de junio de 2017, en relación con esta materia porque llevamos ya muchos años viendo estos problemas. Tanto el Tribunal de Cuentas como los OCEX llevamos ya más de una década trabajando muy intensamente para lograr que la rendición de las cuentas de las entidades locales sea una realidad creciente cada día y, entre las medidas que proponíamos, quizá la más importante es la de cubrir los puestos de funcionarios con habilitación nacional, es decir, ofrecer a las entidades locales el instrumento funcionarial necesario para poder gestionar sus entidades de una manera más correcta y poder no solo rendir las cuentas, como se ha dicho en este caso, sino también habilitar que la gestión presupuestaria y la gestión corriente del ayuntamiento, tanto desde el punto de vista electrónico como de gestión administrativa, esté al día y no acumule retrasos.

En segundo lugar, también es necesario fortalecer la asistencia por parte de las diputaciones provinciales; revisar la regulación e importe de las multas coercitivas que le corresponden al Tribunal de Cuentas y a alguno de los OCEX; condicionar la percepción de subvenciones, como se ha hecho en muchas comunidades autónomas, y adoptar por parte de la Administración estatal y autonómica las medidas que les permita la normativa tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición. Hay que hacer referencia a que la Ley de presupuestos del año 2012 o del año 2013, creo recordar, establecía como obligatoria la rendición de cuentas de las entidades de ámbito inferior al municipio e imponía, como posibilidad asociada a la no rendición, la apertura de expedientes de disolución de estas entidades. La rendición de estas entidades en ese año fue espectacular. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el miedo a perder esa posibilidad de subsistir como entidad inferior al municipio les hizo reaccionar para presentar sus cuentas correctamente. Desgraciadamente -desgraciadamente o afortunadamente, eso va a juicio


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de cada cual-, esta norma, en la medida que estaba asociada a una ley de presupuestos, cuando terminó el ejercicio presupuestario dejó de tener vigor. Por lo tanto, lo peor que podría ocurrir es que aquello que se anunció como posibilidad quedó como algo no aplicado. Por ello, las entidades de ámbito inferior al municipio, que tienen muchos problemas de gestión -no les vamos a culpabilizar, tienen muchos problemas de gestión, están muy desamparadas, tienen muy poco presupuesto-, si no se ven forzadas a presentar esas cuentas con la rotundidad que establecía la Ley de presupuestos, vuelven a un sistema de mayor relajación, como ha ocurrido en estos años.

Me han preguntado ustedes por las razones de la disminución de la rendición. Adicionalmente, cada vez que se toca por parte de la Intervención General la instrucción de contabilidad de la Administración local, deben hacerse unos reajustes desde el punto de vista de la elaboración de la cuenta general que muchas veces llevan su tiempo. Es decir que incluso muchas veces los proveedores de sistemas informáticos que prestan sus servicios a los ayuntamientos tardan en elaborar esos productos para sus usuarios y en esos años se acumula un mayor retraso porque la formación de la cuenta general tiene los problemas asociados a los sistemas derivados de estas instrucciones. Adicionalmente, creo que hay un cierto cansancio por parte de la Administración local, que ha estado muy espoleada por parte de todos los órganos de control externo para que lleve a efecto este cumplimiento de las obligaciones de rendición de las cuentas en situaciones realmente precarias, cuando -aquí se ha puesto de manifiesto- las entidades locales son las grandes sostenedoras del equilibrio financiero y de estabilidad presupuestaria de este país, y ese es un reconocimiento que deberíamos hacerles todos. Por tanto, tendríamos que intentar lograr que puedan rendir sus cuentas, pero también reconocerles que el sistema de gestión de las administraciones locales tiene ese plus de sostenibilidad financiera que todo el sector público español y todos los ciudadanos debemos agradecer y reconocer.

En relación con esas medidas, yo creo la declaración del Tribunal de Cuentas y de los OCEX fue muy positiva. La hemos presentado en todos los ámbitos. Nos parece que por parte de los poderes públicos debería llevar a modificaciones en las normativas estatal, autonómica y local para poder cumplir con estos requisitos para mejorar la rendición de cuentas. Nos parece importante defender la idea de homogeneización, porque la homogeneización -en esto siento llevar la contraria al señor Picornell- no significa una uniformidad o una unidad de criterio en cuestiones que no tienen razón de ser. Estamos hablando, por ejemplo, de que si el formato electrónico de cuenta general no es el mismo las dificultades de integración saltan por todos lados. El gran acierto de este sistema fue el acuerdo que tuvimos todos los tribunales de cuentas, empezando por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que adoptamos un protocolo para que el formato de rendición de cuentas de la entidad local fuera uniforme. Ese es un valor que no podemos perder. Lo mismo que tampoco podemos perder valores que son importantes a la hora de tener idea sobre qué medidas deben aplicarse para que las entidades locales cumplan con los requisitos de sostenibilidad financiera. Es decir, hay elementos que tienen un fuerte componente técnico y deberíamos evitar ver en la singularidad un factor positivo cuando en realidad muchas veces resulta un obstáculo. Esto quiere decir que nosotros no estamos por una uniformidad -podríamos decir- de ley única, sino por los acuerdos a los que se están llegando en los diferentes ámbitos para poner en común situaciones que son normales y que deberían serlo también en la gestión de las entidades locales. Por ejemplo, tener una misma fecha de rendición de las cuentas de las entidades locales parece razonable. No tiene mucho sentido que en unos territorios sea en diciembre, en otros en noviembre y en otros en octubre. Inferior a octubre no hay porque nadie quiere perder la ventaja de tener ese 15 de octubre señalado por la Ley de Haciendas Locales, que eso sí que es arqueología del siglo pasado. Es decir, un procedimiento de aprobación de las cuentas de las entidades locales con el sistema de exposición pública de cuentas para que los vecinos puedan verlas directamente es del siglo XIX. Hoy en día la posibilidad de formar las cuentas y que los administradores de las entidades locales y los propios alcaldes puedan formular esas cuentas en el mismo tiempo que una sociedad anónima normal, es decir, que se puedan formular las cuentas en el primer trimestre y aprobar en el siguiente trimestre, sería un reto perfectamente asumible por el sector público local, por lo menos el sector público local que hoy ya funciona. Posiblemente, para los pequeños no va a ser asumible, pero como ya no es asumible lo que les estamos imponiendo vamos a intentar mejorar en el ámbito del sector público local con reformas que verdaderamente proporcionen a los ciudadanos la información de la gestión de su propio ayuntamiento en tiempo y forma, lo que normalmente sería el primer semestre del ejercicio siguiente al que se está realizando.

En todas estas cuestiones, como digo, los tribunales de cuentas de España, los OCEX y el Tribunal de Cuentas, tenemos una opinión que es muy parecida, no hay diferencias, no existen diferencias en este


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terreno, porque sabemos que nos jugamos algo que es muy importante, que es la gestión pública de primer nivel, podríamos decir, a la que hay que apoyar, a la que las diputaciones provinciales deben apoyar, a la que las comunidades autónomas deben proteger y a la que también por supuesto la Administración Central del Estado debe ofrecer todo su potencial para que muestre una gestión al día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Como viene siendo costumbre, agradecemos al presidente del tribunal el esfuerzo que ha hecho y suspendemos por tres minutos esta sesión para despedirle. A continuación, comenzaremos la votación. (Pausa).

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:

BLOQUE I:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000219 y número de expediente del Senado 771/000220).

El señor PRESIDENTE: Empezamos la votación con el informe de fiscalización del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ejercicio 2015. Procedemos a votar las propuestas de resolución número 1 a número 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el voto ponderado, quedan aprobadas.

Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.

Propuestas números 13, 15 y 16 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

BLOQUE II:

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000220 y número de expediente del Senado 771/000223).

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al segundo bloque. Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2015.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 1; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 32; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 10 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 23; en contra, 9; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 11 a 13 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 14 a 21 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 15; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000223 y número de expediente del Senado 771/000218).

El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2015.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.

Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 6 a 8 incluidas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas número 9 a 12 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000233 y número de expediente del Senado 771/000238).

El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.


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Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24, en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 6 a 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 9 a 16 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000238 y número de expediente del Senado 771/000226).

El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2015.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; en contra, 9; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 6 a 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas números 11 y 13 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000242 y número de expediente del Senado 771/000230).

El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2015.

Propuestas números 1 a 7 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 11 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 12 a 14 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 15 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 8; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000243 y número de expediente del Senado 771/000231).

El señor PRESIDENTE: Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2015.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 28; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 5 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 9; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 24; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 6 a 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas número 9 a 12 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

BLOQUE III:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLOS, EJERCICIOS 2014 Y 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000227 y número de expediente del Senado 771/000225).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque número III: Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 24; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 7; en contra, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 4 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por el criterio del voto ponderado.

Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular, según la corrección presentada que se ha hecho llegar a todas sus señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 3; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas números 6 y 7 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 13; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta del Grupo Parlamentario Socialista números 8, 12 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas números 9, 10, 11, 13, 14 y 15 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta 17 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 21 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 19; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas 18 a 20 del Grupo Parlamentario Socialista.


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La señora ETXANO VARELA: Presidente, ¿podríamos votar la 19 separada?

El señor PRESIDENTE: Sí. Se votarían entonces la 18 y la 20 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta número 19 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 22 del Grupo Parlamentario Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 31 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 32 del Grupo Parlamentario Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 5; en contra, 26; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 33 del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 5; en contra, 19; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 35 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Por el criterio del voto ponderado gana por uno el sí.

Propuestas números 36 y 39 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta número 38 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 5; en contra, 27; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 34 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas 25, 30 a 37 y 40 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 8; en contra, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

BLOQUE IV:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PAGOS LIBRADOS "A JUSTIFICAR" Y DE LOS SATISFECHOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA POR DETERMINADOS MINISTERIOS DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EJERCICIOS 2013 Y 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000221 y número de expediente del Senado 771/000217).

El señor PRESIDENTE: Bloque número IV. Informe de fiscalización de los pagos librados "a justifica" y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014.

Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 2 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 3 del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 6 del mismo grupo parlamentario.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Por el voto ponderado gana el sí. Queda aprobada.

Propuestas número 8 y número 9, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 11, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Al producirse un empate, por el criterio del voto ponderado, queda aprobada.

Resto de propuestas del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

BLOQUE V:

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS FISCALES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000241 y número de expediente del Senado 771/000236).

El señor PRESIDENTE: Bloque último, número 5: Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015. Propuestas número 1 a número 7, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas número 9 a número 20, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas número 21 a número 27, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, señorías, se levanta la sesión.

Eran las dos y diez minutos de la tarde.

CORRECCIÓN DE ERROR:

En el Diario de Sesiones número 76, correspondiente a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, sesión número 18, celebrada el martes 13 de febrero de 2018 en el Palacio del Congreso de los Diputados, en la páginas números 2 y 10 el número de expediente del Senado relativo al informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Rioja, ejercicio 2015, es el 771/000230.

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