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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 144, de 22/09/2020
cve: BOCG-14-D-144
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de septiembre de 2020

Núm. 144


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la firma y ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de Naciones Unidas ... (Página5)

161/001343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la situación de la población refugiada en la Unión Europea ... (Página6)

161/001351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de la democracia y el Estado de Derecho en Bielorrusia ... (Página7)

Comisión de Defensa

161/001341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se insta al Gobierno a realizar los ajustes oportunos en la formación de las Fuerzas Armadas al objeto de mejorar su capacitación en la intervención en situaciones como la que ha dado lugar la operación Balmis ... (Página8)

161/001342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se insta al Gobierno a continuar con la política de ampliación de la oferta pública para aumentar el personal militar de la Sanidad Militar ... (Página9)

Comisión de Hacienda

161/001325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre reforma del Impuesto sobre el Patrimonio en el marco de la revisión del sistema de financiación de las Comundades Autónomas ... (Página9)

161/001328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas... (Página11)

161/001350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la evaluación de las políticas públicas ... (Página12)

Comisión de Interior

161/001327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación por el Ministerio del Interior de un protocolo de actuación y prevención del COVID-19 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la llegada masiva de inmigrantes irregulares ... (Página13)


Página 2




161/001344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Ministerio del Interior a que apruebe urgentemente la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegadas ... (Página15)

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/001331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la recuperación íntegra de los servicios ferroviarios a la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página16)

161/001337 Proposición no de Ley sobre la emisión de un sello del Canal de Castilla cruce con el Camino de Santiago ... (Página18)

161/001345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la recuperación de todos los servicios ferroviarios que RENFE venía prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 ... (Página19)

161/001348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas eficaces de reestructuración del Plan de Vivienda vigente y medidas complementarias ... (Página20)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/001318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la política de becas ... (Página22)

161/001320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los protocolos de prevención y actuación rápida para el alumnado, el profesorado y familiares con los que se comparta domicilio que sean considerados colectivo de riesgo debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ... (Página24)

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/001326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre extensión de las medidas de protección y conciliación de los trabajadores autónomos afectados por circunstancias relacionadas con la COVID-19 y sus familias, así como para recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad... (Página25)

161/001329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al colectivo de feriantes para afrontar las graves consecuencias económicas derivadas del COVID-19 ... (Página27)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/001333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un Plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España ... (Página28)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/001317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a establecer líneas de ayudas urgentes a los pescadores y negocios que dependen del buen estado de las playas de la costa de Andalucía y del litoral español, que han visto reducidos sus ingresos a causa de la invasión del alga Rugulopterix okamurae ... (Página31)


Página 3




161/001349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la agricultura ecológica ... (Página33)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/001336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del cauce medio del río Carrión y la modernización de regadíos en su sistema ... (Página34)

161/001346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso y la puesta en marcha de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad ... (Página35)

Comisión de Cultura y Deporte

161/001316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a apoyar la inclusión del conjunto monumental del Barroco de la Subbética en la Lista Indicativa Española ... (Página37)

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

161/001339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas de impulso al desarrollo digital ... (Página39)

161/001352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la lucha contra la obsolescencia programada ... (Página41)

Comisión de Sanidad y Consumo

161/001330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las deficiencias cometidas por el Gobierno en la adquisición de equipamiento de protección y tecnología frente a la COVID-19 ... (Página43)

161/001332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de una Ley Nacional sobre el Amianto ... (Página45)

161/001340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para asegurar una atención adecuada y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental y para prevenir el suicidio... (Página49)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/001319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los protocolos de prevención y actuación rápida para el alumnado, el profesorado y familiares con los que se comparta domicilio que sean considerados colectivo de riesgo debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ... (Página50)

161/001335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un nuevo Real Decreto para adaptar los procesos de homologación de títulos ... (Página52)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/001338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil ... (Página53)


Página 4




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

181/000464 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre previsiones acerca de mantener los compromisos y las 25 líneas prioritarias anunciadas con la declaración de emergencia climática ... (Página54)

181/000465 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para reducir el término fijo del coste de la electricidad de manera que se fomente la eficiencia energética y el autoconsumo de energías renovables y se reduzca la pobreza energética ... (Página55)

181/000466 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre previsiones acerca del cumplimiento del Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia ahorro y reutilización y especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las directivas europeas correspondientes ... (Página55)

181/000467 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para salvaguardar el marco general hacia una Transición Ecológica y Sostenible en el contexto de la reconstrucción y de la concreción de los planes socioeconómicos y productivos ... (Página55)

181/000468 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre criterios que va a priorizar el Gobierno en el diseño de las nuevas subastas de renovables para reducir el precio de la energía, garantizar la rentabilidad de las inversiones y fomentar la descentralización y democratización de la propiedad de las instalaciones ... (Página56)

181/000470 Pregunta formulada por el Diputado don Eloy Suárez Lamata (GP), sobre causa por la que no se contempla "la conservación y modernización de infraestructuras de regulación, gestión y distribución de agua" en el Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del Ebro (EPTI), que constituye la siguiente fase en el proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca ... (Página56)

181/000471 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas previstas para salvaguardar el medio ambiente en regiones como Murcia ante la inacción de los Gobiernos autonómicos ... (Página56)

Comisión de Cultura y Deporte

181/000463 Pregunta formulada por el Diputado don Javier Merino Martínez (GP), sobre sustitución de la nueva plataforma de coordinación interterritorial con las Comunidades Autónomas creada el día 25/08/2020 por el Consejo Superior de Deportes, por la Conferencia Sectorial de Deportes adscrita al citado Consejo ... (Página57)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/021495 Autor: Jerez Juan, Miguel Ángel

Prohens Rigo, Margarita

Previsiones acerca de cubrir las vacantes de médico disponibles en la prisión de Eivissa, así como motivos por los cuales no se encontraba un médico disponible en la prisión cuando se encontró muerto en su celda a un interno que presuntamente se habría suicidado. Retirada ... (Página57)


Página 5




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la firma y ratificación del tratado de prohibición de Armas Nucleares de Naciones Unidas, para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 7 de julio de 2017 se aprobó por amplia mayoría en Naciones Unidas el texto del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), que entrará en vigor cuando cincuenta países lo hayan firmado y ratificado. Se negoció entre marzo y julio de dicho año en unas negociaciones en las cuales participaron más de 135 países y miembros de la sociedad civil.

El tratado plantea la prohibición por parte de los Estados de desarrollar, testar, producir, manufacturar, transferir, poseer, acopiar, usar o amenazar con su uso o guardar en depósito armas nucleares de otros países en territorio estatal. También obliga a la asistencia a las víctimas del uso o test de estas armas, así como para revertir las consecuencias que su impacto tiene sobre el medio ambiente.

El sujeto del Tratado es un instrumento con una capacidad de destrucción masiva y total, tal y como se demostró a raíz de la criminal actuación de Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki hace setenta y cinco años; pese a este potencial devastador, ningún tratado hasta el momento era lo suficiente comprehensivo en cuanto a la prohibición de uso en comparación con otras armas de destrucción masiva.

Por ahora, el Tratado cuenta con 84 países firmantes y 44 Estados partes (ratificantes), la mayoría de ellos africanos, continente que ya se había declarado como "continente libre de armas nucleares" en 2009 a raíz del Tratado por un África libre de armas nucleares o Tratado de Pelindaba.

En el caso europeo, de los 48 Estados pertenecientes a Naciones Unidas, únicamente seis países lo han firmado (Austria, Vaticano, Irlanda, Liechtenstein, Malta y San Marino) y cuatro lo han ratificado ya (Austria, Vaticano, Irlanda y San Marino). En esta decisión juega un papel la posición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) quien, con Estados Unidos a la cabeza, ha presionado a sus países miembros y de su órbita para oponerse a este tratado hasta tal punto que cuando, en 2016, se debía votar la resolución que formalmente daba inicio a las negociaciones para la redacción del Tratado, el representante de Estados Unidos animó a sus colegas a votar en contra, no solo a abstenerse, y a evitar la participación en las conversaciones si éstas empezaban.

El Estado español no es ninguna excepción a la "norma" europea: en 2016, siguiendo el mandato emitido por Estados Unidos, votó en contra de la resolución que daba inicio formal a las negociaciones para la redacción del tratado; en 2017, evitó participar en la votación de adopción del mismo; y en 2019,


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frente a la resolución presentada también en la Asamblea General de Naciones Unidas para animar a los Estados aún no firmantes a dar el paso, se volvió a votar en contra.

Cada día que pasa sin que el Estado español rompa con la doctrina impuesta por Estados Unidos en el marco de la OTAN, siendo éste el país con mayor arsenal nuclear y el único en haber usado dicho armamento sobre población civil, hace al Estado cómplice de la inseguridad mundial generada por la existencia de unas armas cuyo potencial destructivo sobre personas y ecosistemas se recuerda con mucho dolor cada 6 y 9 de agosto en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki desde hace setenta y cinco años, un dolor que traspasa fronteras y que genera en el imaginario colectivo mayoritario una ferviente oposición a las armas nucleares.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Iniciar el proceso de firma y ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) de Naciones Unidas.

2. Trabajar, en el marco de las organizaciones internacionales multilaterales en las cuales se es parte, así como en las relaciones bilaterales que España mantiene con otros Estados, para que más Estados den apoyo al TPAN firmando y ratificando.

Trabajar, en el marco de las organizaciones internacionales multilaterales en las cuales se es parte, así como en el marco de las relaciones bilaterales con otros Estados, para contribuir al proceso de desarme de aquellos países que poseen armas nucleares o que las guardan en depósito en su territorio estatal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/001343

El Grupo Parlamentario abajo firmante, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la población refugiada en la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La noche del 8 al 9 de septiembre, el campo de personas refugiadas de Moria en la isla de Lesbos (Grecia) sufrió un gran incendio que lo dejó calcinado casi por completo. En este campo con capacidad para 3000 personas, malvivían hacinadas alrededor de 13.000 personas refugiadas.

Como consecuencia, miles de personas han perdido lo poco que tenían alrededor de este campo y han tenido que huir. La policía ha bloqueado la carretera para impedir que se desplacen a Mitilini, la capital de la isla. Todo esto en una situación de emergencia sanitaria global provocada por la COVID-19 que ha producido un empeoramiento de las condiciones vida en el campo, con alrededor de 80 personas aisladas por el virus.

Todo ello, añadido a la situación que se viene dando en los últimos meses de recrudecimiento de las leyes y mayor control policial por parte del gobierno griego, los ataques de la extrema derecha a las personas refugiadas y a las ONG como el Proyecto Zaporeak, con la indiferencia de la UE en esta materia, ha provocado una situación de extrema gravedad y de vulneración sistemática de los Derechos Humanos hacia las personas refugiadas, que exige una respuesta contundente e inmediata basada en el derecho internacional, por parte del conjunto de la UE.

Consideramos necesario esclarecer lo ocurrido y exigir el traslado de todas las personas, con especial atención a la infancia, a los países miembros de la UE con todas las garantías sanitarias y de Derechos Humanos necesarios para velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.


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Proposición de Ley

"El Congreso de los Diputados y Diputadas insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha todos los medios materiales necesarios para el traslado al Estado Español de las personas procedentes del campo de Moria y, en general, para la acogida de personas refugiadas desde la perspectiva de Derechos Humanos.

2. Garantizar el derecho al asilo desde una perspectiva integral, de la población refugiada que se encuentra actualmente en el Estado español pendiente de la garantía de sus derechos fundamentales.

3. La creación de un intergrupo especifico que vele por la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en el Estado español y en el conjunto de la UE.

4. Poner en valor la extraordinaria labor que realizan las organizaciones de la sociedad en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, insta al gobierno a colaborar activamente en todas las acciones que desde la sociedad se demanda en este ámbito.

5. Tener una actitud proactiva y, por tanto, exigir, mediante sus representantes institucionales tanto estatales como en las propias instituciones de la UE, el cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo como es la Convención de Ginebra, además de múltiples tratados en materia de derechos humanos y el Derecho Internacional, para garantizar todos los derechos para todas las personas sin ningún tipo de exclusión.

6. Poner fin a los acuerdos sobre materia de migraciones con los Estados que vulneren los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas."

Palacio del Congreso de los diputados, 11 de septiembre de 2020.-Jon Iñarritu García, Diputado, -Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

161/001351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Promoción de la Democracia y el Estado de Derecho en Bielorrusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El domingo 16 de agosto tuvo lugar una multitudinaria manifestación en Minsk y en todo Bielorrusia para exigir el fin de la violencia policial, la liberación de las personas detenidas ilegalmente y la celebración de nuevas elecciones tras los comicios presidenciales del 9 de agosto.

Cabe señalar que así como durante la reciente campaña electoral, se han recibido denuncias que indican que el Comité para la Seguridad del Estado impidió la celebración de mítines en Minsk durante la última semana, que detuvo a dos de los principales opositores y que un tercero tuvo que exiliarse. Estas denuncias, junto con la declinación de las autoridades bielorrusas a la observación electoral de la OSCE y la restricción de observadores nacionales, permiten sospechar que el proceso electoral no transcurrió con las legítimas garantías democráticas acorde a los estándares internacionales.

Tras la celebración de los comicios en los que se denunció un posible fraude electoral, se sucedieron protestas ciudadanas de carácter pacífico contra el Gobierno de Lukashenko que, según se ha denunciado, continúan siendo reprimidas mediante el uso desproporciona! de la fuerza y detenciones arbitrarias de miles de personas. Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional sobre los últimos sucesos en el país, los manifestantes afirman haber sufrido tortura y otros malos tratos en centros de detención emprendidos por las autoridades bielorrusas con el fin de socavar las protestas pacíficas por cualquier medio.

Por todo ello, en boca del Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, las protestas en el país no responden a una cuestión geopolítica sino a "una crisis nacional y democrática" y, desde la Unión Europea, "apoyamos al pueblo de Bielorrusia para que decida su destino". En este sentido, los 27 Ministros de Relaciones Exteriores de la UE trabajan actualmente en nuevas sanciones para que ninguno de los responsables pueda quedar impune.


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Ante esta tesitura, parece evidente que el pueblo de Bielorrusia precisa de una salida dialogada, pacífica y democrática al conflicto que vive, apoyada por medios independientes y una sociedad civil fuerte que garantice una solución sostenible.

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Exigir de forma coordinada con la Unión Europea a las autoridades bielorrusas que garanticen el derecho de manifestación pacífica, el cese de los abusos policiales, la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente, el enjuiciamiento de los responsables de los abusos policiales y la reparación de las víctimas.

2. Promover un diálogo lo más amplio posible entre los principales actores políticos y sociales del país, que posibilite la realización de una investigación exhaustiva, transparente e independiente de todos los presuntos abusos que se hayan podido cometer, a fin de depurar responsabilidades individualizadas que recaigan sobre aquellas personas que hayan cometido actos de fraude electoral o un uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones.

3. Impulsar una hoja de ruta dirigida a alcanzar la desescalada del conflicto, que culmine en un acuerdo para la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes y con presencia de observadores internacionales e independientes que verifiquen la limpieza del proceso y aseguren que sea el pueblo bielorruso quien decida libremente su futuro, sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose y Noemi Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/001341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha precisado de la intervención de las Fuerza Armadas, de sus hombre y mujeres y de sus capacidades. El Ministerio de Defensa ha centrado su contribución de medios materiales y humanos en la Operación Balmis. No todas las unidades que se han desplegado tienen como misión habitual, la que han llevado a cabo en este nuevo entorno operativo, de singulares características y requerimientos. Esto ha evidenciado que las epidemias y pandemias y la contribución de las Fuerzas Armadas a su erradicación, requieren en muchos casos y circunstancia, de un grado de especialización, formación y adiestramiento específicos. Las labores de prevención y actuación en un entorno urbano y con un trato directo y permanente con la ciudadanía, deben ser realizadas con altos niveles de formación.

Todo esto requiere que se analice cómo se ha actuado, se documenten las lecciones aprendidas y se determinen las líneas de formación para futuras intervenciones en escenarios semejantes.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a la vista de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas en la operación Balmis, se proceda a realizar los ajustes oportunos en la formación de las Fuerzas Armadas al objeto de mejorar su capacitación en la intervención en situaciones como la que ha dado lugar la Operación Balmis."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Roser Maestro, Diputada.-Roberto Uriarte, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

161/001342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto un sobresfuerzo para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los profesionales que lo integran han atendido, con absoluto compromiso dedicación, las múltiples, exigentes y continuadas necesidades sanitarias que ha demandado una situación tan grave como la que estamos viviendo. El Ministerio de Defensa ha sumado a su contribución de medios materiales y humanos centrados en la Operación Balmis, las capacidades de las que dispone la Sanidad Militar, que ha tenido que dar continuidad a sus cometidos ordinarios y contribuir con personal militar y estatutario, a la prestación de servicios de salud en el marco general propio del Sistema Nacional de Salud.

Los esfuerzos desarrollados en los últimos años para incrementar las plantillas de la Sanidad Militar están dando ya sus frutos, pero aún es necesario reformar el sistema y potenciar la participación de los ciudadanos en su consolidación y ampliación para atender las demandas tradicionales de la defensa, y a los nuevos escenarios y amenazadas con los que ha de enfrentarse la sociedad española, como son las epidemias y pandemias. Todo ello, aconseja que se pongan en marcha los procesos de ampliación de las plantillas de la Sanidad Militar de manera urgente.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con la política de ampliación de la oferta pública para aumentar el personal militar de la Sanidad Militar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2020.-Roser Maestro, Diputada.-Roberto Uriarte, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Comisión de Hacienda

161/001325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda, sobre reforma del Impuesto sobre el Patrimonio en el marco de la revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.


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Exposición de motivos

El sistema fiscal español cuenta con una figura tributaria de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Se considera patrimonio neto al conjunto de bienes y servicios de contenido económico de los que la persona física sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

El impuesto regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio, fue suprimido por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. La fórmula no fue la derogación de la ley que lo regula, sino el establecimiento de una bonificación del 100 % sobre la cuota íntegra. Tres años más tarde, y ante la falta de recursos públicos para hacer frente a la crisis iniciada en 2008, el impuesto fue restablecido, manteniéndose la cesión de los rendimientos y de determinadas competencias normativas a las comunidades autónomas.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2018 el conjunto de administraciones regionales recaudaron un total de 1.123 millones de euros, registrando un aumento interanual del 1,03 %, el séptimo de manera consecutiva. A pesar del incremento continuado de la recaudación, la cifra de 2018 está lejos de la registrada en 2007 (2.121 millones de euros), como consecuencia de las exenciones y bonificaciones establecidas por las comunidades autónomas que analizaremos más adelante.

El número de personas con patrimonios declarados por encima de los 1,5 millones de euros se ha incrementado en 27,6 % durante los últimos once años, al pasar de los 47.614 en 2007, justo un año antes del inicio de la crisis, a 60.744 en 2018. Dentro del grupo de personas con patrimonios superiores a los 1,5 millones de euros destacan aquellos cuyo patrimonio supera los 30 millones de euros, pues en el mismo periodo analizado (2007-2017) se han multiplicado por más de dos, pasando de los 233 en 2007 a los 608 en 2017. Sin embargo, el número de contribuyentes en dicha agrupación ha descendido un 4,3 % y el importe total recaudado se ha reducido en un 23 %, pasando de los 1.240 millones de euros en 2007 a los 954 millones de euros en 2018. Además, si nos fijamos en los tipos efectivos satisfechos en función de los tramos de las bases imponibles, podemos constatar que los patrimonios superiores a los 6 millones de euros terminan teniendo un tipo efectivo menor que el pagado por los contribuyentes con un patrimonio entre 1,5 y 6 millones de euros, evidenciando problemas de progresividad y redistribución.

Por comunidades autónomas destaca Cataluña con una recaudación de más de 512 millones de euros, seguida de la Comunitat Valenciana (142,1 M?), Galicia (82.4 M?) y Andalucía (81,9 M?), mientras que Extremadura (5,3 M?), La Rioja (3,9 M?), y la Comunidad Autónoma de Madrid (0?) son las que menos recaudación registran. Salvo en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid que analizaremos a continuación, la recaudación tiene una correlación positiva con el número de declarantes y el valor total del patrimonio.

El descenso en el número de contribuyentes y de la recaudación del impuesto experimentado en el periodo analizado (2007-2018) no es fruto de la casualidad, sino de los cambios normativos aprobados por las distintas administraciones regionales y de la ingeniería fiscal aplicada por los grandes patrimonios. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Comunidad Autónoma de Madrid, única administración regional que no obtiene ingresos procedentes del impuesto sobre el patrimonio como consecuencia de la bonificación del 100 % aplicada a la base minorada del impuesto. El 99 % de las bonificaciones de todo el Estado se producen en la región de Madrid, lo que termina siendo un agravio para otras comunidades ya que lleva a que los contribuyentes con patrimonios más altos establezcan allí su domicilio fiscal, hecho que no solo mengua la recaudación en este impuesto, sino que también afecta a los tramos autonómicos de otros impuestos como es el caso del IRPF. Cabe señalar que en esta comunidad residen 18.587 declarantes del impuesto, el 9,0 % del total, con un patrimonio medio de 9,5 millones de euros -el más alto de toda España-. Si no existiese dicha bonificación, la recaudación en 2018 hubiera ascendido a más de 905 M?, siendo la más alta de todas las CCAA. Dicha cantidad podría contribuir tanto a una mejora de sus servicios públicos, como a la reducción de su déficit que ese mismo año ascendió a 553 millones de euros.

En el contexto actual de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19, el Estado y el resto de administraciones públicas deben contar con los suficientes recursos para poder llevar a cabo el plan de reconstrucción necesario para impulsar un nuevo modelo económico inclusivo y


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sostenible. El sistema fiscal vigente tiene grandes debilidades que en la actual situación se han hecho más evidentes. Es por ello que urge el diseño y aprobación de una reforma fiscal basada en los principios consagrados en el artículo 31 de la Constitución, el cual establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."

El impuesto al patrimonio es una pieza clave en esta reforma fiscal, no solo por su capacidad recaudatoria, sino también por su capacidad redistributiva. Según un reciente informe publicado por el Observatorio Social de "la Caixa" denominado "Los efectos redistributivos del impuesto sobre el patrimonio", el efecto redistributivo del impuesto es reducido en el corto plazo, "pero su impacto es mucho mayor si se analiza a largo plazo, lo cual es más coherente teniendo en cuenta el proceso de acumulación de riqueza". Además, en el mismo informe se señala que "el impuesto se puede reformar y configurar de forma más sencilla y neutral, sin que pierda capacidad recaudatoria, pero para ello hay que suprimir los tratamientos especiales, que son una fuente importante de elusión fiscal".

Por último, cabe señalar que la reforma de este impuesto debe incluirse dentro del proceso de diseño y aprobación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, garantizando una presión fiscal equitativa entre los ciudadanos con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia y respetando el principio de autonomía financiera.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la redistribución de la renta del Estado a través de las siguientes medidas:

1. Diseñar y aprobar en el plazo más breve posible la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio, incrementando los tipos marginales de las rentas altas y estableciendo mayores límites a las exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales de las que se benefician, con el fin de alcanzar un impuesto que cumpla los principios constitucionales, que permita la redistribución de la riqueza y la financiación de políticas públicas en favor de la mayoría.

2. Gestionar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y dentro del proceso del diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica, la armonización de dicho impuesto que permita paliar las situaciones de dumping fiscal que se produce entre Comunidades Autónomas, estableciendo, además, un mínimo común no bonificable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

161/001328

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El artículo 156 de la Constitución española (CE) establece que "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

Los dos artículos siguientes definen los recursos que configuran el sistema de financiación autonómica, desarrollado posteriormente a través de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que, entre otros principios como la equidad, transparencia o corresponsabilidad fiscal, deben


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cumplir el principio de igualdad, de modo que se garantice un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que vivan.

Este principio de igualdad también subyace en el artículo 135 de la Constitución española (CE) en el que se define el principio de estabilidad presupuestaria al que están sujetas todas las Administraciones Públicas sin que quepan en el mismo exigencias diferentes entre unas Comunidades Autónomas y otras, o entre unas Entidades Locales y otras. Este artículo recoge en sus dos primeros puntos que:

"1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario [...]".

El pasado 20 de marzo de 2020, la Comisión Europea activó para este año la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite, por razones excepcionales como las acontecidas por la pandemia, una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

Esta flexibilidad que la Comisión ha permitido no solo a España, sino a todos los países europeos debe extenderse a todos los niveles de la Administración Pública -máxime teniendo en cuenta que las competencias en sanidad y educación están transferidas a las Comunidades Autónomas que han visto incrementados sus gastos y reducidos sus ingresos de forma muy significativa- y, en cualquier caso, no se puede utilizar para generar diferencias entre unos territorios y otros.

Por eso, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y el País Vasco previo a la Conferencia de Presidentes del pasado mes de julio para permitirle un déficit del 2,6 % para este año debe generalizarse para el resto de Comunidades Autónomas, sin excepción, porque, tal y como ha declarado en múltiples ocasiones el Presidente del Gobierno, el virus no entiende de territorios, y su impacto económico y social, tampoco.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Aprobar un objetivo de déficit común para todas las Comunidades Autónomas en 2020, trasladándole la flexibilidad que permite la cláusula de escape autorizada por la Comisión Europea para este año, en línea con el acuerdo alcanzado con el País Vasco.

Garantizar que los objetivos establecidos para el año 2021 son comunes a todas las Comunidades Autónomas, garantizando así el cumplimiento del principio de igualdad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-Carolina España Reina y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación de las políticas públicas, para su debate en la Comisión de Hacienda.


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Exposición de motivos

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental de buen gobierno que persigue la mejora continua de la Administración y el incremento de la transparencia para reforzar la credibilidad y legitimidad social de las mismas.

La Constitución española recoge en su artículo 31.1 el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo, y en su artículo 31.2, establece los criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del mismo.

Y aunque ya existe una arquitectura jurídica para dar respuesta a estas exigencias, desde la Ley General Presupuestaria a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pasando por la Ley de Procedimiento Administrativo o la Ley de Subvenciones, entre otras, así como un entramado institucional que garantiza la legalidad y eficacia del gasto público, como el Tribunal de Cuentas, la AiREF o la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), es necesario que la evaluación de las políticas públicas de pasos adelante.

En este sentido, es adecuado fortalecer la cultura evaluadora y que el proceso de evaluación se oriente a resultados de forma que se integre al proceso de elaboración de políticas públicas.

De esta manera se consigue mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas y su mejor adecuación a la realidad social y económica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar con la mejora en la evaluación de las políticas públicas, como garantía de la eficiencia e impacto del gasto público, orientando el proceso de evaluación a resultados y fomentando la consolidación de una cultura evaluadora con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas públicas.

2. Seguir facilitando la transparencia y el acceso a los datos, al objeto de que sean útiles para la sociedad, impulsando la institucionalización del análisis y evaluación de las políticas públicas en nuestro país."

Palacio de Congresos de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Patricia Blanquer Alcaraz, Diputada.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Comisión de Interior

161/001327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio del Interior apruebe urgentemente un protocolo de actuación y prevención del COVID-19 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la llegada masiva de inmigrantes irregulares, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La migración es un fenómeno global que debe ser afrontado desde la perspectiva de flujos ordenados, legales y seguros, de forma conjunta con el resto de países de la Unión Europea.

La política del PP en inmigración consiste en abordar este fenómeno desde el principio de la solidaridad con las personas que arriesgan su vida, cooperando con los países de origen y tránsito. Esto supone conciliar la seguridad de las vidas humanas con una política responsable de control de fronteras, en permanente coordinación coordinado con la política migratoria de la Unión Europea y con el


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reconocimiento y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Principios que deben ser reforzados en un contexto de pandemia mundial.

Durante las últimas semanas, la llegada de pateras a las costas españolas se ha incrementado dramáticamente. Las Islas Canarias, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana están sufriendo la llegada de cientos de inmigrantes irregulares víctimas de las mafias de trata de personas.

Se está produciendo una acción coordinada de las mafias para concentrar la llegada de pateras en estas fechas, dado que, por ejemplo, el número de embarcaciones es mucho mayor que en otras ocasiones.

El Ministerio del Interior no ha elaborado unas directrices a las que se deban someter las plantillas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la gestión de los flujos migratorios, con el fin de evitar potenciales contagios.

En este sentido, la Orden INT 657/2020, de 17 de julio, establece que toda persona nacional de un tercer país será sometida a denegación de entrada por motivos de orden público o salud pública y la Orden SND 403/2020, de 11 de mayo, estableció un periodo de cuarentena de catorce días a la llegada de personas procedentes del extranjero que expiró con la finalización del estado de alarma, el 21 de junio. Desde ese momento, son los criterios sanitarios -práctica de pruebas PCR y cuarentena hasta descarte de casos positivos- los aplicables en la llegada de inmigrantes ilegales por vía marítima.

No existen indicaciones operativas concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la gestión de los flujos migratorios durante la crisis sanitaria del coronavirus desde la recepción a los traslados. Tampoco existe un protocolo sanitario específico para tratar e identificar a los inmigrantes que puedan ser portadores de dicha enfermedad.

Hay una ausencia de información total sobre eventuales casos positivos, que no se informan a los profesionales de la seguridad pública que gestionan la llegada de pateras. Y no existe una trazabilidad de todos los policías implicados en estas labores para, en caso de positivos, poder localizar cuanto antes a los agentes y reducir al máximo el riesgo de contagio en su entorno laboral y personal.

Las unidades móviles que se desplazan por toda España para reforzar el despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil se suman al esfuerzo realizado para gestionar la llegada de inmigrantes por costa. La no realización de pruebas PCR antes y después de cada desplazamiento supone un elevado riesgo porque los agentes regresan a sus bases operativas y, en caso de un contagio que no haya sido detectado, se producen confinamientos preventivos de agentes que son muy elevados y que, una vez más, afectan a sus familias.

Ejemplo de ello es la VIII UIP de Policía Nacional: los funcionarios con base en Vigo han regresado de un desplazamiento y se han detectado cinco casos positivos de COVID-19, provocando el aislamiento de 27 funcionarios; o también las Unidades de Málaga y Sevilla que participaron en los disturbios ocasionados por los inmigrantes en Albacete.

Por sus especiales características, movilidad y riesgo de los servicios asumidos, las unidades desplazadas requieren acceso inmediato a test, que se les hagan antes y después de cada desplazamiento y que esos recursos médicos estén a su alcance, tanto en las plantillas de origen como en aquellas otras a las que se desplazan como refuerzo.

Por último, es necesario que se habiliten dependencias específicas para la inmigración irregular, donde se custodien y se realicen los trámites administrativos y las pruebas diagnósticas de posibles casos de COVID-19, ya que el protocolo de la Secretaría de Migración del pasado 25 de julio no especifica la custodia de estos inmigrantes mientras se realizan expedientes administrativos antes de su traslado a la Policía Nacional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Aprobar urgentemente un Protocolo para el tratamiento de la migración irregular durante la pandemia del COVID-19, atendiendo a la detección y tratamiento de posibles inmigrantes infectados y a la prevención de contagios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a otros funcionarios públicos o voluntarios de ONG. Dicho protocolo debe contener unas directrices claras y precisas a las que se deban someter las plantillas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la gestión de los flujos migratorios, que eviten posibles contagios.

Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto de los funcionarios desplegados que recepcionan inmigrantes de equipos de protección individual completos y suficientes.


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Realizar de forma inmediata pruebas PCR a las plantillas afectadas, así como a las unidades desplazadas para refuerzo.

Declarar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado personal de alto riesgo de contagio por la COVID-19.

Habilitar dependencias seguras donde los inmigrantes realicen la cuarentena y adoptar medidas efectivas que disminuyan el riesgo de fuga.

Reforzar los dispositivos de Policía Nacional y de Guardia Civil en los hospitales de campaña para evitar nuevas fugas de inmigrantes que deben guardar cuarentena para evitar nuevos contagios por el COVID-19.

Garantizar la llegada legal y ordenada de la inmigración a España luchando, en particular, contra las mafias que trafican con personas.

Incrementar los medios técnicos y humanos para combatir la avalancha de pateras que llegan a las costas españolas.

Contribuir al control de los rebrotes del COVID-19 en España con su acción de control de fronteras y lucha contra la inmigración irregular."

Palacio del Congresos de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García, Ana Belén Vázquez Blanco, José Ortiz Galván y María Teresa Ángulo Romero, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001344

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio del Interior apruebe urgentemente la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegados, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El Campo de Gibraltar es una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz, situada en el extremo sur de la comunidad autónoma de Andalucía, teniendo una situación geoestratégica excepcional que ha supeditado históricamente la vida de sus habitantes y favorecido los graves problemas a los que nos enfrentamos.

Las costas del continente africano distan del continente europeo, por el punto más próximo, 14 kilómetros por mar. Una escasa distancia física teniendo en cuenta que Marruecos es el primer productor mundial de hachís y punto de salida importante de migración irregular. Sirva de ejemplo que en el campo de Gibraltar se incauta el 60 % del hachís que se incauta en todo el territorio nacional.

En buena parte de los municipios que integran el Campo de Gibraltar se produce una virulencia y violencia ligadas a la actividad ilícita que llevan a cabo los narcotraficantes: todo lo relacionado con la introducción de sustancias estupefacientes, empleando desde el continente africano "narcolanchas" o grandes contenedores hasta el Puerto Marítimo de Algeciras, con destino al continente europeo; así como el tráfico ilícito de personas que se desarrolla desde las costas marroquíes a las españolas como puerta de entrada a Europa.

El desamparo y olvido institucional que ha sufrido durante años la Comarca del Campo de Gibraltar, sumado a los acontecimientos relacionados con el incremento del narcotráfico y, sobre todo, a la aparición de la extrema agresividad que muestran las distintas bandas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, tabaco y personas, cuyo exponente más alarmante y peligroso son las agresiones físicas que han sufrido los agentes policiales de los distintos Cuerpos de Seguridad Españoles que afrontan su labor policial con carencias de todo tipo, han provocado que las Coordinadoras contra la Droga, sindicatos y asociaciones de los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera, hayan creado la Plataforma "Por tu seguridad, por la de todos", para exigir medidas encaminadas a acabar con esta escalada de criminalidad y revertir la situación de deterioro cívico y social que se vive actualmente en esta zona de España.


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Es importante reseñar la importancia que va a adquirir esta zona transfronteriza tras el brexit, ocasionando un incremento de trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues son más de 13.000 personas trabajadoras transfronterizas que se desplazan desde la Comarca del Campo de Gibraltar a trabajar a la Colonia Inglesa de Gibraltar.

Es necesario incrementar y mejorar los medios materiales "rudimentarios" que poseen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes, con dotación de medios tecnológicos, medios de autoprotección, como son los chalecos antibalas (recordamos que el 50 % de los policías en la provincia de Cádiz aún no tienen la dotación de su correspondiente chaleco antibalas individual), medios intermedios de defensa, como pistolas Taser, vehículos adecuados para la actividad delincuencia) característica en la zona (ATV, Buguies, motos y vehículos todos terreno), así como la ampliación de las unidades especializadas en el narcotráfico y blanqueo de capitales, como son la UDYCO, el EDOA y Vigilancia Aduanera.

Asimismo, se hace necesario incrementar y actualizar los catálogos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Cádiz y dotarles de mayor protección con la declaración de Zona de Especial Singularidad, lo que supondría el reconocimiento al inmenso esfuerzo y sacrificio, incluso personal y familiar, de los agentes destinados en esa zona ante la delicada situación en la que se encuentran, trabajando en condiciones de extrema peligrosidad y desbordados por la falta de medios humanos y materiales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, con incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor policial.

Actualizar y aumentar el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Cádiz.

Dotar de más medios materiales y tecnológicos para la lucha contra el narcotráfico.

Crear una Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en la Comisaria de la Línea.

Crear una nueva Comisaría de Policía Nacional en La Línea.

Implementar más estaciones del SIVE y poner en funcionamiento las existentes."

Palacio del Congresos de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-José Ortiz Galván, María José García Pelayo, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos Rojas García e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a iniciativa de su Diputado Antón Gómez-Reino Varela y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relativa a la recuperación íntegra de los servicios ferroviarios a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Exposición de motivos

Durante los últimos años se ha experimentado en Galicia un progresivo recorte en la cobertura y calidad de los servicios ferroviarios, lo que ha supuesto la minoración de servicios en determinadas estaciones que ha llegado hasta su eliminación total en algunos casos. A la cancelación de servicios de transporte se une el cierre de servicios de venta de billetes y atención al viajero en diferentes estaciones. Este proceso ha generado que el transporte ferroviario no se adecue a las necesidades de la población, lo que ha incidido en el decrecimiento del número de personas usuarias.


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Por otra parte, los servicios existentes en las zonas más pobladas son también deficitarios, como en el caso del Eixo Atlántico, donde durante los fines de semana los trenes se saturan con los consiguientes problemas de seguridad para los pasajeros.

Otros servicios deficitarios son los que unen las ciudades de Ferrol y A Coruña, o la línea de ancho métrico (antigua FEVE), que parte de Ferrol y une toda la cornisa cantábrica. Las principales áreas metropolitanas de Galicia, en torno al eje Ferrol-Coruña y el eje Vigo-Pontevedra, no cuentan con servicios de cercanías a pesar de ser territorios con una elevada concentración poblacional, y las zonas interiores de la comunidad, sobre todo la provincia de Lugo, sufren una carencia importante de servicios y conexiones. Y queda pendiente el desarrollo de una conexión adecuada entre Galicia y Portugal, país con el que se comparten cadenas de valor productivas que afectan a empresas y trabajadores.

Las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia supusieron la clausura de la mayor parte de los servicios ferroviarios de manera temporal. Pero la finalización de estas restricciones no ha conllevado la vuelta a la normalidad en la prestación de estos servicios. A fecha de finales de agosto aún no se habían recuperado, entre otros, cuatro servicios que unen A Coruña y Vigo; dos servicios entre A Coruña y Ourense; tres entre A Coruña y Ferrol; uno entre A Coruña, Ferroi y Monforte; y cuatro entre Vigo, Ourense y Monforte. Con respecto a los servicios de larga distancia, faltan por restablecer, al menos, un servicio de conexión con Barcelona y tres con Madrid, además de los dos servicios de tren hotel que unían Galicia con estas dos capitales.

No se tienen así en cuenta criterios de rentabilidad social, vertebración territorial, sostenibilidad ambiental ni de atención a las necesidades básicas de la población. Eliminar servicios de conexión de los principales centros económicos y urbanos del Estado con Galicia supone ahondar en las debilidades y carencias del transporte ferroviario en esta comunidad. En la era de la globalización, la incomunicación de un territorio lo aboca a la recesión. En este caso concreto, cancelar servicios que son utilizados de manera especial por empresarios y trabajadores en el desarrollo de su actividad profesional pone trabas a la propia actividad económica, lo que es especialmente grave en este periodo en que se debe afrontar la recuperación económica y social tras el impacto sufrido por la crisis sanitaria. También en el caso de los estudiantes universitarios la no recuperación inmediata de los servicios supone un obstáculo al normal seguimiento de sus carreras. Y en el caso del turismo, se está impidiendo la mejor recuperación del sector. El transporte es una necesidad básica y la movilidad es un derecho. Es al efectivo cumplimiento de este derecho al que deben atender las empresas públicas por delante de criterios de mera rentabilidad económica.

Otro aspecto a tomar consideración es el de la sostenibilidad ambiental. El transporte ferroviario es mucho menos contaminante que el transporte por carretera, a lo que se suma un menor consumo energético. El avance hacia un modelo de movilidad sostenible pasa irremisiblemente por promocionar el ferrocarril como eje central del sistema multimodal de transporte, al que se debe sumar el desarrollo de otros medios de transporte público colectivo y de transporte privado no contaminante. Los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de efecto invernadero, unidos al progresivo encarecimiento de la energía y la escasez de recursos naturales, sitúan al transporte colectivo, y más concretamente al ferrocarril, como los medios de transporte principales en el futuro próximo.

De cara a lograr los objetivos de vertebración territorial, cohesión social, cobertura de las necesidades básicas de la población y movilidad sostenible esgrimidos por las Administraciones del Estado y de la Unión Europea en numerosos documentos, leyes y reglamentos, es necesario dotar a Galicia de unos servicios ferroviarios suficientes y adecuados, que atiendan de manera real a la cobertura de las necesidades de movilidad de la población en las mejores condiciones posibles.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, una vez superadas las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria y a la máxima brevedad posible, proceder a la restauración de los servicios ferroviarios que operan en Galicia de manera habitual, así como de los que conectan a Galicia con otras comunidades, garantizando durante el proceso las opciones de movilidad de la ciudadanía y procurando un aprovechamiento eficiente de los recursos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Antón Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la emisión de un sello Canal de Castilla cruce con el Camino de Santiago, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

La provincia de Palencia es una concentración de motivos turísticos y arqueológicos con una gran riqueza y diversidad patrimonial.

El Canal de Castilla es uno de los proyectos más relevantes de ingeniería civil de la España Ilustrada, cuyo objetivo principal de su construcción fue servir como vía fluvial de comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que estaba sometida la meseta castellana y leonesa, debido a una orografía complicada y una deficiente y mal conservada red viaria, que dificultaba y hacía casi imposible el transporte de los excedentes agrarios de la región, cereales en su mayoría.

Aunque habían existido antecedentes de proyectos similares en los siglos XVI y XVII, no sería hasta mediados del siglo XVIII, cuando Fernando VI y su ministro más influyente, el Marqués de la Ensenada, empezaron a pensar en un ambicioso plan para desarrollar la economía de España, plan en el que tendría gran notabilidad las obras públicas relacionadas con la comunicación.

En el proyecto inicial se contemplaban cuatro canales, que unirían Segovia con Reinosa, con la intención de, en un futuro, atravesar la cordillera Cantábrica y poder llegar al mar por el puerto de Santander. Finalmente el proyecto quedó reducido a tres ramales. El Ramal del Norte, que toma sus aguas del río Pisuerga en Alar del Rey y discurre hacia el Sur por la provincia de Palencia, con una pequeña incursión en la de Burgos. El Ramal de Campos que toma sus aguas del río Carrión en Calahorra de Ribas, y finaliza sus recorrido en Medina de Rioseco, tras regar la comarca de Tierra de Campos en las provincias de Palencia y Valladolid. Y el Ramal Sur que se nutre de las aguas del ramal de Campos en El Serrón, en las proximidades de Grijota, para finalizar su recorrido en Valladolid tras pasar por la capital palentina.

Las obras de este grandioso proyecto dieron comienzo el 16 de julio de 1753 en Calahorra de Ribas, término municipal de Ribas de Campos (Palencia) y sufrieron distintas paralizaciones y penalidades en los distintos ramales, en buena parte debido al elevado coste de las obras que fueron finalizadas por una empresa privada, la "Compañía del Canal de Castilla", con la llegada de las aguas a Medina de Rioseco, el 8 de noviembre de 1849. A partir de esta fecha, comienza la explotación del Canal de Castilla por la citada empresa; navegación, fuerza hidráulica, regadío y pesca, por un periodo de setenta años, para revertir nuevamente al Estado, que es quien lo administra desde entonces, dependiendo en la actualidad la gestión y explotación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La época de mayor esplendor tuvo lugar entre los años 1850-1860, cuando las barcas que surcaban el Canal superaban las 350. La apertura de la línea férrea Valladolid Alar del Rey, con un trazado casi paralelo al del Canal de Castilla, motiva que el Canal de Castilla vea truncada su utilización "como vía de transporte y comunicación".

No obstante su cauce sigue proporcionando otros usos derivados de la fuerza motriz, generando un desarrollo económico e industrial en las localidades por las que discurre y propiciando que nazcan fábricas de papel, harinas, cueros, molinos, armas e incluso astilleros. El Canal de Castilla ya no solo era una vía de comunicación y una arteria para irrigar los secarrones campos de Castilla, también era el responsable del despertar industrial de la Región.

Para su construcción hubo que salvar un desnivel de 170 metros y poner en marcha la "ingeniería del transporte", por lo que se construyen una serie de elementos arquitectónicos capaces de salvar los desniveles propios de la fisonomía del terreno y facilitar de esa forma la "navegación". La Junta de Castilla y León, mediante el Decreto 154/1991, de 13 de junio, declaró el Canal de Castilla "Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico".

La localidad palentina de Frómista es uno de los lugares más emblemáticos del Canal de Castilla por la descomunal belleza del conjunto de sus cuatro esclusas, la 17,18,19 y 20, el mayor de los tres ramales, con casi 15 metros de desnivel. Raúl Guerra Garrido, en su libro Castilla en Canal, dice de este mágico


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lugar: "Aquí, en Frómista, se cruzan el Canal de Castilla y el Camino de Santiago, la más grande epopeya cívica y la más arriscada apuesta espiritual, dos programas de la lucha por la vida que raramente coinciden en la historia de España."

El Camino de Santiago o Camino Francés, catalogado como "Primer Itinerario Cultural Europeo" así como "Patrimonio de la Humanidad", atraviesa la provincia de Palencia de este a oeste, casi por el centro geográfico de la misma, desde Burgos hacia León, a lo largo de 70 kilómetros, y sigue siendo sin duda, la ruta más antigua, más concurrida con más de 300.000 visitantes al año y más celebrada del viejo continente.

El Canal de Castilla y el Camino de Santiago a su paso por Palencia son dos importantes corredores culturales que atraviesan esta provincia y representan una de las imágenes más importantes que se proyectan desde Palencia, siendo Frómista el lugar de encuentro. Un lugar de encuentro simbólico y único que podrían contar con un reconocimiento especial en la emisión de un sello de correos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las acciones que considere oportunas para estudiar la posibilidad de emitir un sello de Correos y un matasellos, tan pronto como sea posible, como reconocimiento al punto de encuentro en Frómista (Palencia) del Canal de Castilla y el Camino de Santiago, en coordinación con la Comisión Filatélica del Estado, de forma que pueda incluirse su emisión en la programación anual de emisiones filatélicas para el próximo año 2021."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-M.ª Luz Martínez Seijo y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de todos los servicios ferroviarios que RENFE venía prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecía en su artículo 14 distintas medidas en materia de transportes con el objetivo de restringir la movilidad. En este sentido, la norma abordaba la reducción de la oferta total de operaciones en los distintos servicios ferroviarios en ciertos porcentajes, los cuales se han ido modificando posteriormente a través de distintas órdenes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad y la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el referido Real Decreto 463/2020. Su artículo 17 hace referencia a que los operadores del servicio ferroviario de competencia estatal, deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda.

Una vez culminada la emergencia sanitaria no hay explicación alguna para que distintos servicios ferroviarios hayan dejado de prestarse. Sin embargo, esta es la situación que se está dando en diferentes trayectos en los que aún no ha retornado la oferta previa al día 14 de marzo. Colectivos y organizaciones de todo el territorio nacional han pedido la reposición de todas estas circulaciones ferroviarias que en estos momentos están suspendidas y contribuyendo así a que estos territorios se encuentren


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incomunicados. No podría entenderse que el COVID-19 se haya convertido en la excusa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para eliminar servicios elementales dentro de su obligación de servicio público.

De igual modo han dejado de prestarse otro tipo de servicios en el transporte ferroviario. Así, desde el inicio del estado de alarma a consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19, los 2.000 trabajadores que prestaban el Servicio de Atención y Restauración a Bordo de los trenes RENFE y su logística, se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esta tripulación no solo es la imagen de RENFE de cara al viajero, sino que además son ellos los que tienen que acudir a las llamadas de emergencia que se producen a bordo, se ocupan de los menores que viajan solos, velan por que se cumplan los protocolos de seguridad en los túneles, están pendientes de las personas con movilidad reducida para prestarles ayuda, en definitiva son aquellos que hacen que cualquier anomalía o incidencia que se pueda producir en el viaje no influya en el confort y la seguridad de los clientes.

Carece de sentido, por tanto, mantener esta situación de general inactividad del Servicio de Atención y Restauración a Bordo de los trenes RENFE y su logística cuando, por un lado, ya se están poniendo a la venta el 100 % de las plazas de los trenes que circulan y, por otro, el precio de los billetes no ha variado con respecto a los momentos anteriores en los que el pasaje estaba recibiendo los servicios referidos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La recuperación de todos los servicios ferroviarios que se venían prestando hasta la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020).

2. La prestación en los trenes AVE y Larga Distancia del Servicio de Atención y Restauración a Bordo y su logística en condiciones idénticas a como se realizaba con anterioridad a la declaración del estado de alarma por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020), con las debidas medidas de prevención que garanticen la salud y la seguridad de los viajeros y los trabajadores.

3. La garantía del empleo a todos los trabajadores que actualmente conforman la plantilla de cara al futuro, regulando las condiciones de la próxima licitación del servicio sin ningún tipo de bajada, pues de otra manera se ocasionaría un revés tanto en la calidad del servicio que se presta como en la seguridad, así como en la calidad del empleo de quienes lo desempeñan."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas eficaces de reestructuración del Plan de Vivienda vigente y medidas complementarias para su debate en Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Real Decreto Ley 463/230, de 14 de marzo por el que se decreta el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, para la gestión de la crisis sanitaria organizada por el COVID-19, ha tenido como consecuencia una parálisis de la actividad económica en nuestro país, provocando serios reajustes en el empleo que han afectado a la Vivienda, en la medida en que la merma de ingresos en muchos hogares españoles, a consecuencia de ERTES masivos, va a hacer aumentar notablemente la tasa de esfuerzo que a la mayoría de los españoles nos supone pagar la hipoteca o el alquiler.

En un primer análisis de las consecuencias económicas del COVID-19, sobre la base de la información que disponemos y los efectos que está teniendo en todos los sectores económicos, se puede vislumbrar


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que el número de trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo temporales alcanza la cifra de casi cuatro millones. Impagos, posibles despidos, etc.

La situación en la que nos encontramos nos lleva a establecer respuestas políticas apropiadas a un posible desmantelamiento de nuestro sistema que deben traducirse en medidas económicas y sociales que tienen que ser dinámicas, como lo es esta crisis que estamos viviendo, estando a la altura de cada una de las singularidades.

Desconociendo aún el alcance real del problema, por los efectos de los rebrotes y su cuestionable gestión, y siendo la previsión inicial de posible vuelta a una situación similar a la del 2008, donde se perdieron millones de puestos de trabajo, entendemos que se deberían plantear las respuestas que tengan como prioridad dotar de liquidez a las empresas, mantener los puestos de trabajo y recuperar la actividad social y económica.

A nivel vivienda, entendíamos, desde un primer momento, que habría que implantar, por un lado, medidas instantáneas, de choque. Y por otro lado, otras que vayan a favor de la oferta de vivienda.

Desde el Gobierno, la inmediatez de la respuesta se ha visto reflejada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 11/2020 y posteriores desarrollos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular no compartimos a priori la idoneidad de estas medidas que están resultando tremendamente ineficaces -todavía está en plazo su aplicabilidad y también la posibilidad de enmiendas en el Congreso- pero se vislumbra incapacidad económica por inexistencia de fondos suficientes, dificultad en la aplicación de los baremos imposibles de cumplir por una familia de clase media con dificultades económicas sobrevenidas, perfil tipo de los demandantes, y sin conexión con la raíz del problema de la vivienda en España, que es la escasez de oferta y la falta de seguridad jurídica.

Se ha modificado el Plan de Vivienda para que todos los fondos se reorienten hacia ayudas al alquiler, sin la consideración de su insuficiencia y de la dificultad de las Comunidades Autónomas para distribuirlos de forma eficaz. Las dificultades detectadas se podrían resumir en:

I. Ayudas al alquiler.

En realidad son ayudas para el pago de la renta o devolución del crédito ICO, concedido al efecto. Su solicitud es hasta el 30 de septiembre. Medida que se anuncia en marzo hasta mediados de mayo no se ha podido solicitar. Únicamente ha sido demandada por el 3 % de afectados, habiéndose triplicado la morosidad.

II. La imposibilidad de las CC AA de cumplir con su cometido.

Con el programa de ayudas al alquiler se pueden acceder a prestamos de hasta 5400 euros, con el límite de seis mensualidades de alquiler y de 900 euros por mensualidad. En el reparto de fondos para tal fin (que se ha hecho de acuerdo a criterios de reparto del Plan de Vivienda, no en función de mayor o menor número de incidencia), a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, le corresponden unos 15 millones de euros. Corresponden a 2.800 solicitudes aproximadamente. A día de hoy los demandantes ya superan esa cifra.

III. La distribución de fondos en detrimento de otros programas.

Esta carencia dejará sin efecto a otros programas del Plan de Vivienda, que permite reajuste para destinar todo a ayudas al alquiler, incluso lo referente a los ejercicios 2020 en su totalidad y 2021.

IV. El programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.

Este es el único programa que pretende actuar en el sentido de ampliación de la oferta de vivienda en alquiler. De acuerdo a este nuevo programa, se permitiría a las CC AA adquirir directamente viviendas para su destino social en arrendamiento con una financiación de hasta 400 euros/m2. Lo peor es que la financiación provendrá del Plan Estatal de Vivienda, y los fondos no comprometidos no se corresponden con tan ambiciosa finalidad.

Se trata de un sistema basado en subvenciones con límite temporal y cuantitativo, sin certeza sobre su continuidad y de tramitación engorrosa que difícilmente llega a los usuarios, y con absoluta dependencia de la Banca, que ante la falta de garantías obstaculiza la concesión de ayudas.


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A día de hoy, de línea de créditos ICO de 1.200 millones prevista para ayudas al alquiler, se tiene constancia de un 1,3 % de utilización por inquilinos de viviendas. Las causas apuntan a la voluntad de las familias de no endeudarse, a la desinformación sobre la medida y a que no todos los bancos se han unido a la iniciativa,

La eficacia de las medidas a tomar en materia de vivienda, tanto durante lo que fue el estado de alarma, como en la situación posterior, entendemos que ha de pasar por establecer un marco cambiante, dinámico pero seguro, que garantice el mantenimiento del mercado de acuerdo a las variaciones que vayamos teniendo y adaptables a la evolución de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, con la previsión de que el Mercado va a cambiar ante nuevas demandas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se impulsen medidas eficaces de reestructuración del Plan de Vivienda vigente y medidas complementarias que den soluciones al problema social que ha generado la pandemia del COVID-19, y que tengan como objetivos los siguientes:

Garantizar el derecho a la vivienda de las personas, a través de incrementar la oferta en arrendamiento y su puesta a disposición de los colectivos más vulnerables, aumentando el Fondo para ayudas a las CC AA y mejorando su distribución.

Rediseñar los programas de aumento del parque público de vivienda en alquiler, incorporando con incentivos que incluyan a la oferta ya existente, en función de la incidencia territorial de la crisis

Establecer un marco fiscal y de agilización administrativa que propicie la aplicación directa de las ayudas y la puesta en el mercado de productos inmobiliarios no productivos.

Establecer un marco de colaboración público-privada para el diseño e implementación de políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler asequible o compra de primera vivienda.

Considerar la relevancia de la construcción y la rehabilitación de vivienda como eje prioritario de reactivación económica y social de nuestro país."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Ana María Zurita Expósito y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/001318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la política de becas para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Una educación inclusiva y equitativa es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, así como el bienestar individual y colectivo. Así lo recoge el artículo 27 de la Constitución española, que señala que toda la ciudadanía tiene derecho a la educación y que es deber de los poderes públicos garantizarlo. Se establece además en el artículo 27.3 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Pero también se recoge así en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, referente a la educación de calidad como herramienta para reducir la desigualdad, lograr la igualdad de género y fomentar la tolerancia entre personas, creando sociedades más pacíficas.


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En este sentido, y con el fin de garantizar el derecho a la educación, es importante incrementar y mejorar la política de becas y ayudas al estudio con el fin de asegurar la universalidad de acceso, la inclusión y la equidad. Hoy sabemos que el acceso a la educación es clave para corregir desigualdades y por ello es importante el compromiso con la mejora de la calidad y la inclusión, recuperando la equidad perdida en los años de crisis, más si cabe en un contexto socioeconómico como el actual a causa de la pandemia del COVID-19.

En el año 2012, la reforma del sistema de becas llevada a cabo por el Partido Popular y el entonces ministro José Ignacio Wert, endureció los requisitos, aplicó una distribución regresiva de las becas y excluyó a miles de estudiantes de la educación pública. Una de las medidas fue endurecer los requisitos académicos, estableciendo un 5,5 como nota mínima para la beca de matrícula y hasta un 6,5 para otros conceptos. Una circunstancia que expulsó a miles de alumnos y alumnas que, aun cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario, se vieron abocadas a abandonar los estudios o a pedir a sus familias un esfuerzo económico adicional que no siempre podían realizar. La reforma también dividió la beca en dos cuantías, una fija en función de la renta, y otra variable, en función del presupuesto disponible y las notas con una complicada fórmula matemática para calcularla, algo que crea mucha incertidumbre en los y las estudiantes. Así, se recortó el gasto total en becas y ayudas y la cuantía de las becas cayó de media un 27 %, a pesar de que la crisis económica aumentó el número de becas. De media, los alumnos que pudieron mantener la beca la vieron recortada en 300 euros por curso. Una reforma política que no respondía a criterios de equidad ni progresividad, sino a una simple limitación del gasto que ha aumentado en los últimos años la desigualdad de nuestro sistema educativo.

Desde el gobierno de coalición, gracias al trabajo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, se ha acometido una revisión profunda del actual modelo de becas, tanto en la inversión como en la mejora de los criterios de acceso, con el fin de garantizar la equidad y mejorar la gestión. De ese modo, se revierte un modelo que excluía estudiantes por motivos académicos y económicos y se garantiza el acceso de todos aquellos que lo necesitan. Un aumento del 22 %, el mayor en los últimos diez años, del que se podrán beneficiar más de 240.000 estudiantes para seguir avanzando hacia un sistema de becas más equitativo, progresivo y social. Además, se ha podido mejorar el abono de becas y ayudas gracias al esfuerzo de todos los agentes implicados y a las diversas medidas implementadas para reducir los plazos. Una propuesta que permite avanzar en la equidad y la igualdad de oportunidades de nuestro sistema educativo con independencia la situación socioeconómica de los y las estudiantes.

Aun así, es necesario continuar mejorando la gestión de las becas y ayudas a los estudios, en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, con el fin de avanzar hacia una mayor equidad. Así lo han reclamado asociaciones y estudiantes, que piden un reparto más progresivo de los fondos en todos los umbrales de renta, eliminar por completo los requisitos académicos en las cuantías variables de las becas y acelerar el pago de las mismas, que actualmente puede tardar varios meses una vez iniciado el curso. La comunidad educativa ha reclamado en algunas ocasiones cambios en la gestión o la toma de datos fiscales para que las becas puedan estar concedidas al inicio del curso y convertirlas así en herramientas más efectivas para la igualdad de oportunidades. Por eso, es importante seguir avanzando con todos los sectores implicados para seguir mejorando su eficacia y equidad y proteger un sistema indispensable para la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestro país como es la educación.

Además, en el caso de la Formación Profesional, las cuantías de becas y ayudas es mucho menor en comparación con los estudios universitarios, aun siendo los estudios postobligatorios no universitarios una etapa esencial para promover la continuidad de los estudios, disminuir las tasas de abandono y mejorar la igualdad de oportunidades. Según el informe FP Más y mejor, elaborado por Comisiones Obreras y Estudiantes en Movimiento, solo uno de cinco alumnos matriculados en grado medio y uno de cada cuatro de grados superiores obtiene una beca, al mismo tiempo que aumenta el alumnado matriculado en centros privados. Por lo tanto, es necesario poner más recursos y financiación para facilitar el acceso a la formación profesional.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reducir de forma gradual, hasta llegar a su eliminación, la cuantía variable de las becas al mismo tiempo que se elevan progresivamente las cuantías fijas.


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2. Seguir impulsando las medidas necesarias para reducir los plazos de percepción de las becas para que pueda conocerse su resolución antes del inicio del curso, mejorando así su efectividad en favor de la igualdad de oportunidades.

3. Incrementar las becas a la formación profesional con el objetivo de reducir el abandono educativo y promover la continuidad de los estudios y conseguir una FP de calidad accesible a todas las personas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2020.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

161/001320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los protocolos de prevención y actuación rápida para el alumnado, el profesorado y familiares con los que se comparta domicilio que sean considerados colectivo de riesgo debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional elaboraron un documento, que fue presentado en la Conferencia Sectorial de Educación a las comunidades autónomas, cuyo objetivo era plantear una estrategia consensuada por los diferentes agentes implicados para ofrecer un entorno seguro y saludable al alumnado y personal de los centros educativos con el fin de retomar la actividad presencial para el curso 2020-2021 que comienza en septiembre.

El documento aprobado finalmente por el Estado y las Comunidades Autónomas sobre las "Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" contemplaba unos principios básicos de actuación en cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza y ventilación y gestión de casos. Sin embargo, el documento olvidaba qué medidas adoptar con respecto al alumnado y profesorado considerados de riesgo en zonas con altos niveles de contagio.

En la reunión mantenida entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas durante el mes de agosto, tras la insistente presión de la comunidad educativa debido a la ausencia de liderazgo por parte del Departamento de Educación a la hora de ordenar la vuelta las aulas para el curso 2020-2021, únicamente se acordó que los "trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrían las medidas de protección de forma rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2" y que se "informaría y proporcionaría formación a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro".

Por su parte, el Ministerio de Universidades presentó unas recomendaciones el pasado 31 de agosto donde no se hacía mención específica de cómo actuar para garantizar los derechos educativos y laborales de alumnos y docentes con situación de especial vulnerabilidad ante la COVID.

De igual modo, en este momento no existe un marco de actuación general en cuanto al retorno a las aulas del alumnado y los docentes que se encuentren conviviendo con personas que puedan ser consideradas colectivo de riesgo. En concreto, estamos hablando de alumnos y profesores que conviven con personas mayores de 65, inmunodeprimidas, que presentan cualquier tipo de patología respiratoria o cualquier otra enfermedad considerada de riesgo.


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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1. Determinar qué alumnado y profesorado debe ser considerado colectivo de riesgo como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 debido a su situación sanitaria individual.

2. Impulsar un protocolo de prevención y actuación rápida de carácter nacional que contemple la posibilidad de que en aquellas zonas que, debido a la situación epidemiológica, aquellos alumnos que puedan ser considerados colectivo de riesgo puedan permanecer en sus domicilios proporcionando los medios necesarios para garantizar el seguimiento del curso lectivo. De igual modo, se articularán medidas específicas para el alumnado que conviva con familiares que sean identificados como colectivo de riesgo, habilitando la posibilidad de que puedan seguir el curso lectivo desde su domicilio en caso de que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.

3. Impulsar un protocolo de prevención y actuación rápida de carácter nacional que contemple la posibilidad de que en aquellas zonas con un determinado número de contagios el personal docente considerado colectivo de riesgo pueda ser reubicado en otro puesto de trabajo dentro de la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma o bien pueda desarrollar sus labores desde su domicilio. De igual modo, se articularán medidas específicas para el profesorado que conviva con familiares que sean identificados como colectivo de riesgo en caso de que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.

4. Supervisar los protocolos que las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas hubieran desarrollado para los supuestos previstos en los apartados 2 y 3."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la extensión de las medidas de protección y conciliación de los trabajadores autónomos afectados por circunstancias relacionadas con la COVID-19 y sus familias, así como para recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, recogía en su artículo 17 la creación de una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos que hubiesen tenido que suspender su actividad a causa del Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o que, sin haber suspendido su actividad, hubieran experimentado reducciones significativas en su facturación desde la citada declaración.

En concreto, se reconocía el derecho a esta prestación a todos los trabajadores autónomos que hubieran estado en situación de alta en la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en la fecha de declaración del Estado de Alarma, no siendo requisito para su percepción que los autónomos afectados cursasen el cese efectivo de la actividad.

Esta medida consistía en una prestación económica, cuya cuantía es equivalente al 70 % de la base reguladora de la prestación contributiva por cese de actividad a que tuviera derecho el trabajador autónomo o, en su defecto, de la base mínima de cotización vigente en cada momento, junto con una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. Su duración inicialmente prevista era de un mes,


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ampliable hasta el último día del mes en que finalizase la vigencia del Estado de Alarma, lo que, finalmente, sucedería el 30 de junio.

Próxima la finalización de ese plazo, se aprobó el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, que sustituía la prestación extraordinaria por cese de actividad por tres medidas. Primero, una exoneración de cuotas a la Seguridad Social del 100 % durante el mes de julio, del 80% durante el mes de agosto y del 25 % por ciento durante el mes de septiembre. Segundo, como alternativa a la primera, se reconocía el derecho a acceder a la prestación contributiva por cese de actividad para los autónomos que hubieran sido beneficiarios de la prestación extraordinaria, sin exoneración de cuotas, y de manera compatible con la realización del trabajo por cuenta propia, esto es, sin requerir el cese efectivo de la actividad. En tercer lugar, se aprobó una prestación extraordinaria para los trabajadores de temporada que, por razón de su actividad estacional, no hubieran estado en situación de alta en el momento de declaración del Estado de Alarma, pero a causa del mismo no hubieran podido ejercerla.

Sin embargo, los sucesivos rebrotes de COVID-19 que se vienen produciendo en nuestro país, y que auguran una segunda oleada de la pandemia, están provocando la adopción de nuevas medidas restrictivas sobre la movilidad e incluso la suspensión de actividades, como ha sido el caso de las vinculadas al ocio nocturno. Ante esta situación, cuyas consecuencias son idénticas a las del Estado de Alarma, las medidas actualmente vigentes dirigidas a los trabajadores autónomos, concebidas para un escenario de transición hacia la recuperación progresiva de la normalidad, resultan claramente insuficientes. Prueba de ello es que tan solo 143.000 autónomos de los más de 1,5 millones que percibían la prestación extraordinaria por cese de actividad han accedido ahora a la prestación contributiva por cese de actividad compatible con el desarrollo del trabajo por cuenta propia.

Del mismo modo, pensando sobre todo en el retorno a las aulas, los autónomos se encuentran con que carecen de instrumentos que les permitan garantizar la conciliación para atender el cuidado de sus hijos o familiares dependientes afectados por circunstancias relacionadas con la crisis sanitaria de COVID-19. Así, mientras que los trabajadores por cuenta ajena pueden solicitar el teletrabajo o la adaptación o reducción de su jornada de trabajo, que puede alcanzar hasta el 100 % de la jornada -si bien con disminución proporcional del salario, limitación para la que también se solicitan soluciones-, los autónomos no tienen a su disposición ninguna medida análoga que les permitan conciliar en un contexto como el actual, marcados por los sucesivos rebrotes del coronavirus.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:

1. Recupere la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos cuya actividad se suspenda en virtud de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias ante los rebrotes de COVID-19 que se suceden en nuestro país o que experimenten pérdidas significativas en su facturación con motivo de las mismas, manteniéndose su percepción durante todo el tiempo en que se mantengan dichas restricciones y hasta el último día del mes en que las mismas finalicen.

2. Prorrogue el régimen excepcional de acceso a la prestación contributiva por cese de actividad para trabajadores autónomos que hubieran sido beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, en los términos regulados en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, con carácter general, hasta el 31 de diciembre de 2020, e incluso más allá de esa fecha en el caso de sectores donde el impacto de la crisis sanitaria de COVID-19 haya sido mayor, en particular el del turismo.

3. Facilite el acceso a la prestación contributiva por cese de actividad en los supuestos anteriores, permitiendo su reconocimiento aunque el trabajador autónomo no reúna el periodo mínimo de carencia y estableciendo la reposición de la prestación a su finalización de cara a futuros derechos, en términos análogos a los de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los trabajadores afectados por ERTE durante esta crisis sanitaria, así como posibilitando su compatibilidad con la realización de cualquier actividad por cuenta propia o ajena y con la percepción de cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

4. Establezca los permisos necesarios para los trabajadores autónomos que deban conciliar para cuidar de sus hijos o familiares dependientes a cargo que tengan que permanecer en el domicilio por posible contagio de COVID-19 o por cuarentena preventiva por haber tenido contacto estrecho con un


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contagio sospechoso o confirmado, aun si están pendientes de los resultados de una PCR o éstos fuesen negativos. Durante el tiempo en que estuviesen de permiso, los autónomos afectados tendrán derecho a una prestación económica extraordinaria que compense la reducción de su actividad económica o profesional que deban llevar a cabo para poder conciliar.

5. Garantice la cobertura del 100 % de la cuota de los trabajadores autónomos desde el primer día que sean declarados en situación de incapacidad temporal en aquellas situaciones consideradas como asimiladas a accidente de trabajo por contagio, cuarentena preventiva o aislamiento del término municipal del domicilio o del centro de trabajo previstos en el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, así como, en caso de que se le aplique la misma consideración, cuando el trabajador autónomo esté de permiso por los deberes de cuidado a que se refiere el apartado anterior.

6. Amplíe el alcance de la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada regulada en el artículo 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, a todos los trabajadores autónomos que hayan cotizado por un mínimo de 150 días y un máximo de 210 en los dos últimos años, que no estuvieran de alta en la fecha de declaración del estado de alarma y que con posterioridad no hubieran podido desarrollar en algún mes su actividad por haber sido suspendida o como consecuencia de las restricciones declaradas, o por otras circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

7. Haga extensible todas las prestaciones y ayudas de contenido económico dirigidas a los trabajadores autónomos aprobadas durante la gestión de la emergencia sanitaria de COVID-19, así como todas las previstas en los apartados anteriores, a los autónomos que por su condición profesional hayan estado o estén afiliados y en situación de alta en unas Mutualidades sustitutorias del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al colectivo de feriantes para afrontar las graves consecuencias económicas derivadas del COVID-19, para su debate en Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

Desde que estalló la crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno de España ha adoptado un ingente número de importantes medidas cuya finalidad ha sido la protección de la salud de las personas. Y también de las empresas y trabajadores, fundamentalmente de los que más seriamente pudieran verse afectados por esta pandemia, entre ellos, los trabajadores autónomos, consiguiendo en gran parte paliar sus efectos en materia económica y social.

Esta crisis que, sin duda, afecta a todos los sectores productivos, tiene consecuencias más graves, si cabe, en determinados sectores, como son los culturales y de ocio.

La suspensión de la casi totalidad de eventos, ferias y fiestas populares en España durante esta primavera y verano, hace que estas empresas y personas trabajadoras, especialmente autónomos, se enfrenten a una difícil situación, al encontrarse con un parón de su actividad y, por tanto, sin perspectiva de ingresos. Esos ingresos que sostienen a este colectivo y sus familias durante el resto del año.

La temporada alta de ferias y fiestas populares comprende desde los meses de abril a septiembre de cada año, por lo que este colectivo da prácticamente por perdido el año completo.

Se trata de un sector muy estacional y diverso que engloba empresas, con trabajadores por cuenta ajena cubiertos por un ERTE y que ahora pueden verlo concluido. Que también comprende a trabajadores autónomos que cobran la prestación extraordinaria por cese de actividad. Y, la situación más preocupante, que cuenta con un alto porcentaje de autónomos que no se encontraba en alta en el momento de decretarse el estado de alarma, al tratarse del momento preinicial a la campaña.


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Un momento que, sin embargo, sí había ocasionado un ingente desembolso para poner en marcha y encarar en plenas condiciones la campaña de máxima actividad, que hubiera comenzado si España no se hubiese confinado.

Este dato desvela el drama de un importante número de familias que se han quedado sin ingresos, posiblemente sin ahorros, y que no pueden beneficiarse de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno, fundamentalmente las dirigidas a la sustitución de rentas y abono de cotizaciones sociales.

Son estas especiales características derivadas de esta actividad, las que finalmente han situado a este colectivo de trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad, al desencadenarse la pandemia precisamente en el momento de inicio de su campaña, y las que aconsejan que se contemplen medidas específicas para el sector.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proteger al colectivo de feriantes autónomos con actividad estacional. Con tal finalidad, adoptará las siguientes medidas:

1. Evaluará las medias normativas puestas en marcha como consecuencia del COVID-19, al objeto de adecuarlas a este sector de actividad, fundamentalmente las relativas a sustitución de rentas y las referidas a las cotizaciones sociales, considerando, entre otros extremos, los días de alta en los períodos de máxima actividad de años inmediatamente anteriores al estallido de la pandemia.

2. Analizará la posibilidad de modular la frecuencia de la inspección de los vehículos adaptados para maquinaria de circo o ferias, de conformidad con la Directiva europea de ITV y regulada en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, de inspección técnica de vehículos.

3. Promoverá junto a la Federación Española de Municipios y Provincias la articulación de medidas de apoyo al colectivo.

4. Examinará dentro de la mesa de diálogo social abierta con los representantes de los autónomos nuevas propuestas para la reactivación del sector. En dicha mesa se evaluarán las medidas puestas en marcha a efectos de comprobar su efectividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-Esther Peña Camarero, Rafaela Crespin Rubio, Carmen Baños Ruiz, Luc André Diouf Dioh, María Dolores Narváez Bandera, Raquel Pedraja Sáinz, María Luisa Vilches Ruiz, Pilar Cancela Rodríguez, María Inmaculada Oria López, María Mercè Perea i Conillas, Elvira Ramón Utrabo, María Tamara Raya Rodríguez y Mariano Sánchez Escobar, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y doña Inés Cañizares Pacheco, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España, para su discusión en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo

Exposición de motivos

Primero. A lo largo de las últimas décadas, una gran cantidad de empresas han trasladado, o bien, subcontratado directamente, la producción en China. Ello ha permitido a las empresas focalizarse en el diseño, encargando la producción de los productos que fabrican a plantas productivas asiáticas.


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Así ha ocurrido en numerosos sectores productivos, como son la juguetería, la electrónica, la informática o el calzado y textil. Y todo ello, sin necesidad de edificar plantas productivas, pues en China existe una amplia oferta de proveedores que cuentan con las instalaciones necesarias para la producción en masa. De esta forma, los costes productivos se reducen considerablemente, permitiendo tanto una venta más barata del producto en España, como un incremento del beneficio neto sobre el mismo.

Así, mientras la Unión Europea perdía un 9 % de su peso en la actividad manufacturera global -y 10 millones de empleos vinculados-, Japón un 4,6 % y Estados Unidos un 6,2 % (del 2000 al 2014), China ampliaba su mercado, arrebatando a la competencia más del 17% de la cuota total, convirtiéndose en "la fábrica del mundo".

Segundo. Los motivos para contratar la producción o producir directamente en el gigante asiático son numerosos. El análisis realizado por expertos de los diferentes sectores, plasmados en el especial de Expansión "Negocios españoles en China", indican que, en primer lugar, como señalábamos anteriormente, poder desviar la producción sin necesidad de ser propietario de una fábrica, permite una considerable reducción de los costes que, a su vez, facilitan una mayor inversión en innovación y desarrollo. Por otro lado, el coste del material y la mano de obra son mucho más baratos que en Occidente, reduciendo coste y precio e incrementado beneficio.

A este respecto, debe tenerse en consideración que un elevado porcentaje de nuestro tejido productivo está integrado por actividades que requieren un elevado número de horas por cada 1K? de VAB (Valor Añadido Bruto), lo cual explica nuestra baja productividad, y el claro riesgo de internacionalización -que ya padecemos- de parte de nuestro tejido productivo a zonas de menores costes laborales. Y, a lo anterior, se añade el hecho de que un 98 % de nuestras empresas tienen entre 1 y 50 empleados, lo cual tiene tres consecuencias principales:

1.º Se incrementa el riesgo de afección en situaciones de dificultad de financiación.

2.º Se reduce la capacidad exportadora.

3.º Se reduce el poder de decisión y dificulta las inversiones en I+D+i.

Distribución porcentual de las empresas españolas según número de empleados:

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Todo ello motiva que las empresas españolas desvíen o subcontraten la producción en China, tanto las grandes como las pymes que, como en la mayoría de sectores, conforman la amplia mayoría de los mismos. Así, en el sector de la juguetería, por ejemplo, la empresa valenciana Falomir trabaja con diversas empresas chinas que producen piezas o componentes: "Hoy no se puede sobrevivir sin estar donde se produce más barato", señalaba el director comercial de la firma, José María Castellano, en el referido especial de Expansión.

En el caso de la juguetería, señala el especial, muchos componentes eran producidos en Alicante, pero las importaciones chinas y el bajo coste de la producción asiática, provocó que muchas de las empresas desviaran la producción a Asia. Incluso aquellas que preferían la producción nacional en los pequeños talleres, tuvieron que decantarse por la producción China al quebrar o cerrar estos como consecuencia de perder gran parte del volumen de negocio.


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A ello, como avanzábamos, se suma el hecho de que en China, existen muchas regiones en que los sueldos mensuales no superan el 5 % del salario mínimo interprofesional vigente en España, lo que supone que el coste de la producción disminuya considerablemente.

En cuanto a la electrónica, la producción en China ha permitido a empresas ofrecer productos a precios mucho más baratos y competitivos. "Es un país con grandes fábricas de productos de tecnología, que nos ofrecen tiempos de respuesta muy rápidos, además de costes laborales ventajosos", señalaba el director de Nuevos Negocios de Infinity, Julián Najera-Alesón, a Expansión.

Sin embargo, y por el momento, las empresas dedicadas a la producción de calzado, mantienen gran parte de su producción en España porque según manifiestan, la calidad de la fabricación nacional es mucho mayor.

No obstante, poco a poco, van abriendo las puertas a la producción en China, pues los costes de la producción española son difíciles de asumir. Así, Wonders produce entre un 3 % y un 5 % de su producción en el exterior, concretamente en China y Vietnam, y subcontrata parte del proceso de fabricación en Rumanía, señala Expansión.

El objetivo es "ganar en competitividad y mantener la calidad", afirma el director de Exportación de la firma, Jorge Carbonell. No obstante, el problema de subcontratar en países lejanos "es la pérdida de un servicio rápido para tus clientes que demanáan productos de moda para tenerlos a la venta en un plazo de 15 días", según Carbonell. Panama Jack ha importado este año 50.000 pares de China, lo que supone el 5 % de la producción total. El 95 % restante se fabrica en España. El presidente y propietario, Antonio Vicente, prefiere "bajar la facturación a sacrificar la calidad del producto", aunque no descarta que "en el futuro, una pequeña parte de la producción vaya a China siempre que se salvaguarde la calidad", explica. De momento, admite que estudian el mercado y la competencia.

Tercero. Cada día son más las empresas que contratan la producción en China, pues el consumidor se ha acostumbrado al sello Made in China. Anteriormente, la fabricación China podía llegar a ser una disuasión para el consumidor, pero hoy en día está más que aceptada.

Por otro lado, la fabricación China no es todo ventajas. La distancia y los plazos que la misma conlleva son un impedimento importante, que las empresas difícilmente pueden solventar.

Otro factor determinante son los controles sobre los criterios productivos, laborales y sociales de los fabricantes, que han de cumplir con las especificaciones determinadas legalmente por la Unión Europea o los Estados Unidos para tener acceso a sus respectivos mercados. En el mismo sentido, las condiciones laborales son otro criterio por el que las empresas occidentales que producen en China deben velar y, no son pocos, los casos denunciados por desempeñar los trabajos en condiciones infrahumanas.

Cuarto. Recientemente, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció que prepara un plan de incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus fábricas en Asia a que regresen a las Américas, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, según reseñaba Infobae.

"Estamos esencialmente creando una iniciativa de ''regreso a las Américas''", indicó Mauricio Claver-Carone, asesor de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca y aspirante a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este proyecto podría generar inversiones desde 30.000 millones hasta los 50.000 millones de dólares en los países del continente. Aunque Claver-Carone no nombró ninguna empresa en particular, adelantó que ya se habían iniciado conversaciones al respecto. Y añadió que la crisis provocada por el COVID-19 supuso un factor determinante para terminar de convencerse de que había llegado de tratar de atraer la producción fuera de China.

La infraestructura, la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales de enfoque de esta iniciativa. De esta manera, Estados Unidos busca ganar terreno en América Latina, donde China se ha venido posicionando desde 2015 con grandes inversiones y préstamos por más de 40.000 millones de dólares, según datos del Diálogo Interamericano.

Quinto. Muchas empresas, a inicios de la pandemia de COVID-19, comenzaron a elaborar planes de contingencia y a trasladar su producción a otros países como Tailandia, Filipinas y, sobre todo, destinos de proximidad como Portugal, Marruecos, Turquía e incluso España. No obstante, desde las organizaciones textiles consultadas por Radio Nacional de España son claros: esta crisis del coronavirus no ha hecho más que acelerar un proceso que llevaba tiempo en marcha. "Ya trabajábamos una parte en Asia y otra de proximidad porque es bueno para la economía circular y para evitar el riesgo", explican desde FEDECON.

Las empresas reconocen haberse dado cuenta de que producir en China no es tan beneficioso como se pensaba: "Tiene una parte muy positiva y es que tienen un coste muy atractivo, pero una parte muy


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negativa y que es un problema: adelantar la demanda, es decir, intentar adivinar qué vas a vender", sostienen desde ACOTEX, además de asegurar que las "cantidades mínimas de fabricación son muy altas". "Fabricando en proximidad es cierto que fabricas más caro, pero también que tienes que producir menos y, si te equivocas, no lo haces tanto", reconocen en ACOTEX.

Y es que el COVID-19 ha puesto de relieve la excesiva dependencia de China que tienen las empresas y mercados de Occidente. "Está demostrando la debilidad de la cadena de suministro global: está muy focalizada en Asia y debería estar más diversificado para no debilitar tanto la economía global", reflexiona Marta Castells de TEXFOR.

Por otra parte, las patronales expresan que "esto no hace más que acentuar la política de implantar y equilibrar entre lo que se hace fuera y lo que se hace dentro" y reconocen que esto podría ser una oportunidad para recuperar el "tejido empresarial textil" de España.

Pero no solo el tejido empresarial textil, sino el del calzado, la juguetería, la electrónica y un largo etcétera.

Sexto. La pandemia del COVID-19 y la crisis económica consecuencia de la misma, que no ha hecho más que comenzar, pueden suponer una oportunidad para que España se convierta en un productor de referencia a nivel mundial, y la dependencia del gigante asiático disminuya.

En este sentido se pronunciaba el comisario de Comercio Interior, Thierry Breton, en plena pandemia, señalando la importancia de romper la dependencia de China, buscando diversificar las fuentes de suministro y recuperar industrias desmanteladas: "Hemos ido demasiado lejos en la globalización. Esto tiene que cambiar", señaló ante la Eurocámara. Según el francés, la dependencia es "extrema", de ahí la necesidad de promover el plan para la reactivación industrial. Ello conllevaría, indicaba, que los países europeos puedan ganar autonomía e independencia estratégica.

Pero, para alcanzar esa meta es indispensable que, además de factores ya existentes como la calidad y la proximidad, haya incentivos fiscales importantes que no solo hagan retornar a España la producción "exportada" por empresas nacionales, sino también la instauración de empresas extranjeras que produzcan en nuestro país.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar un plan de incentivos fiscales que tenga por objeto el retorno de la producción de empresas nacionales a España, así como la instauración de la producción de empresas extranjeras en territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez e Inés Cañizares Pacheco, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/001317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Olona Choclán, don Rubén Darío Vega Arias, don Carlos José Zambrano García-Raez, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Tomás Fernández Ríos, doña Patricia Rueda Perelló, don Rubén Silvano Manso Olivar, don Ricardo Chamorro Delmo, don Carlos Fernández-Roca Suarez y doña Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer líneas de ayudas urgentes a los pescadores y negocios que dependen del buen estado de las playas de la costa de Andalucía y del litoral español, que han visto reducidos sus ingresos a causa de la invasión del alga Rugulopterix okamurae, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Primero. Desde el año 2015, fecha en que se tiene constancia de la presencia del alga invasora de origen asiático (Rugulopterix okamurae), el ecosistema marino andaluz está siendo destruido, afectando muy seriamente a la actividad del sector pesquero que ve reducidas sus capturas y los negocios que


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dependen del estado de las playas. Solo en el mes de julio, el ayuntamiento de Tarifa ha recogido 400 toneladas de este alga de sus playas.

La Rugulopterix okamurae tiene la característica de extenderse como un manto por el fondo marino, lo que ha provocado la ruptura de la cadena de alimentación, y la consiguiente destrucción de prácticamente todos los caladeros de la costa de Andalucía.

"El alga asiática crece sobre substratos duros y cuando se establece tiene un crecimiento muy rápido. Incluso es capaz de crecer sobre otras algas, o sobre la fauna bentónica, como estrellas de mar, ostras, almejas, pepinos de mar, ofiuroideos y anémonas de mar. Cuando esto ocurre, termina por ahogar a la especie que tiene debajo, ya que según va creciendo le va quitando la luz." Enrique Viguera (Universidad de Málaga).

Segundo. Es preciso destacar las condiciones favorables para la especie existentes en el Mar Mediterráneo, ya que es una zona ambientalmente muy favorable para la especie y, por tanto, con un elevado potencial para albergarla. "El ejemplo más claro es el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el cual alberga comunidades de gran valor y bien conservadas, aunque hay otros espacios protegidos como los Acantilados y Fondos Marinos de Maro-Cerro Gordo, de Calahonda Castell de Ferro y Punta Entinas-Sabinar expuestos a la aparición de la especie". (ALGAS, Boletín de la Sociedad Española de Ficología, ''La modelación de la distribución de especies como herramienta en la gestión de invasiones biológicas en el medio marino: el caso de Rugulopteryx okamurae en el Mediterráneo'': Antonio-Román Muñoz, Adrián Martín-Taboada, Julio de la Rosa, Raquel Carmona, Marianela Zanolla, María Altamirano).

Tercero. Así pues y dado que se trata de una plaga que está devastando el ecosistema costero español y afectando gravemente a la economía de miles de familias dedicadas a este sector, es preciso una rápida actuación que ponga fin la misma, y aporte ayudas económicas a los trabajadores afectados.

En este sentido, las playas se han visto inundadas por esta plaga durante los meses de verano, dificultando la accesibilidad de los bañistas, lo que ha generado unos costes económicos como consecuencia de tener que retirarla para evitar la fermentación y putrefacción de la misma, que ocasionaba olores intensos e insoportables.

Además, y como ya comentábamos anteriormente, la plaga trae como consecuencia la inutilización de artes de pesca y la disminución de capturas en la pesca extractiva y deportiva relacionada con fondos de hasta 40 metros de profundidad, con las graves consecuencias económicas que de ello se derivan.

Por lo tanto, es fundamental destinar todos los recursos disponibles para combatirla y para ayudar a quienes en este sector viven de la mar y no pueden faenar porque el pescado se ha desplazado de sus caladeros habituales. Es fundamental establecer líneas de ayudas urgentes a los pescadores, familias y negocios que dependen del buen estado de la playa y del litoral costero.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las siguientes medidas:

1. Establecer líneas de ayudas urgentes a los pescadores y negocios afectados por el alga Rugulopterix okamurae, adoptando para ello un plan de apoyo a la pesca que cuente con ayudas económicas para indemnizar los daños producidos.

2. Incorporar al próximo Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de los recursos suficientes para reparación de los daños.

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir futuras plagas de parecida naturaleza, estableciendo procedimientos de emergencia, rápido aislamiento y destrucción en coordinación con SASEMAR.

4. Articular, conjuntamente con la Junta de Andalucía, un Plan urgente específico para el ecosistema gravemente dañado por esta invasión.

5. Poner en marcha medidas de contención que eviten la expansión continuada del alga asiática (Rugulopterix Okamurae) por el litoral costero español".

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2020.-Rubén Darío Vega Arias, Carlos José Zambrano García-Raez, Agustín Rosety Fernández de Castro, Rubén Silvano Manso Olivar, Tomás Fernández Ríos, Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la agricultura ecológica, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Vivimos en una sociedad cambiante, cuyos hábitos, modas y deseos evolucionan gracias al impulso de nuevas convicciones y anhelos. La industria alimentaria, que satisface la primera necesidad de cualquier ser vivo, no es ajena a estas transformaciones, que obedecen también a su vinculación con la salud. "Que somos lo que comemos" es una afirmación sobre la que ya nadie duda.

La revolución industrial y la producción en cadena, el modelo capitalista y la concentración demográfica en las áreas urbanas, especializadas en funciones residenciales y desarrollo de los sectores secundario y terciario, obligó al campo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a producir de manera masiva para responder a las demandas de la población; el uso de químicos para la protección de los cultivos, la conservación de la producción agroalimentaria y el engorde del ganado se convirtió en una práctica habitual y pasó a considerarse un mal menor frente a la necesidad de proveer de comestibles suficientes.

Pero con el paso del tiempo y la proliferación de corrientes en defensa de la alimentación sana y natural y de denuncia de los perniciosos efectos de los aditivos en nuestro plato y tras la generación de epidemias en la cabaña ganadera por el uso de piensos artificiales, el consumidor ha comenzado a demandar de manera creciente una dieta de calidad, sin colorantes ni aditivos, que garantice la obtención de los nutrientes necesarios para la vida; una oferta, en suma, de la granja a la mesa.

Tal es la denominación de la estrategia de producción agroalimentaria incluida en el Pacto Verde Europeo. Este ambicioso plan de acción, que aspira a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, recoge su intención de materializar los desafíos de los sistemas alimentarios sostenibles y reconoce los vínculos inextricables entre personas sanas, sociedades sanas y un planeta sano.

Evidentemente, en una hoja de ruta que apunta a las mayores cotas de sostenibilidad del crecimiento en el impulso económico, a la mejora de la salud pública y de calidad de vida de las personas, en un entorno de respeto ambiental, la alimentación saludable no podía quedar al margen.

Las políticas agrarias no pueden desentenderse de las demandas sociales por lo que se hace necesario que, en consonancia con estas, la producción de agricultura ecológica y su comercialización sean fomentadas desde las Administraciones.

Por otra parte, y a tenor de los argumentos incluidos en la estrategia "De la granja a la mesa", la agricultura ecológica tiene un impacto positivo en la biodiversidad, recupera tierras abandonadas y repercute en la repoblación de la España rural, crea empleo y atrae a jóvenes agricultores... Factores todos ellos a tener en cuenta especialmente en el actual escenario económico de recesión post-COVID-19.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a activar estímulos, tanto hacia la oferta como hacia la demanda, de la producción y mercado de productos ecológicos, mediante el desarrollo de campañas de promoción y la contratación pública ecológica, con el objetivo de alcanzar un 25 % de cultivos ecológicos en el horizonte 2030."

Palacio de Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Ariagona González Pérez, Diputada.-Felipe Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.


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Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación del cauce medio del río Carrión y modernización de regadíos en su sistema, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

El sistema Carrión, que se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, abastece a una población de 362.507 habitantes y riega más de 58.373 hectáreas, es deficitario, lo que resulta evidente en temporadas de sequía.

Cuenta con los embalses de Camporredondo y el de Compuerto, ambos suelen estar por debajo de su capacidad de embalse, aunque las aportaciones máximas mensuales al sistema vienen produciéndose en los meses de marzo, abril y mayo.

El incremento de la capacidad de la cuenca está vinculado a la realización de inversiones de regulación complementaria, sobre las que se ha realizado un estudio por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero que contempla medidas de incremento moderado de la capacidad de las presas, la regulación de los afluentes del Carrión, la construcción de balsas en las proximidades de los canales de riego y, por supuesto, la modernización de regadíos.

La capacidad de los embalses de este sistema es de 165 hectómetros cúbicos, fundamentalmente en el embalse de Compuerto, con 95 hectómetros, y Camporredondo, con 70. En el horizonte 2021 deberían entrar en servicio las nuevas regulaciones de Fuentearriba, La Cueza 1 y La Cueza 2 (unos 63 hm3 en total) según el Plan Hidrográfico de DH Duero 2015-2021.

Los recursos de este sistema se completan con una aportación adicional proveniente del sistema de explotación Esla, introducida a través del Canal Cea-Carrión en el Canal de Castilla, con un trasvase de agua en todos los horizontes (2015, 2021, 2027 y 2033) aunque los volúmenes variarán de un horizonte a otro en función de la situación y usos satisfechos en el sistema de explotación cedente.

Aparte del consumo humano de las ciudades de Palencia y Valladolid y otros núcleos, los usos del agua cuantitativamente más importantes en la cuenca son los de generación hidroeléctrica y los de riego. También son significativos los usos para la atención de la cabaña ganadera y ciertos usos industriales. La demanda de agua para riego, que supone más del 90 % de las demandas consuntivas totales, es la más relevante y sobre la que se pueden focalizar las acciones de mejora más significativas.

El regadío es variado, porque extensa y variada es la cuenca, pero hay un claro predominio de los cultivos de cereales, de cultivos industriales y de leguminosas. En general, las producciones en regadío son claramente superiores a las que se obtienen en secano. Ello conduce a que los agricultores tengan interés por la puesta en regadío de sus tierras, lo que se ha venido haciendo tanto con aportaciones de fondos públicos como por iniciativa privada, especialmente en el caso del regadío con agua subterránea. De hecho, el regadío es la única clase de uso en la que se prevén incrementos significativos durante los escenarios futuros que estudia el PHD, pasando de una superficie del orden de las 547.000 hectáreas actuales a 564.000 hectáreas en el año 2021 1.

Las obras 2 de modernización de regadíos ansían satisfacer a las distintas agriculturas que se desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional, es por ello que se aplican las tecnologías y recursos adaptados a cada zona para lograr una mayor eficacia en las labores de riego que repercuten significativamente en los siguientes indicadores y parámetros: mejora en la gestión y uso eficiente del agua, consolidación de la superficie regada, ahorro de energía, reducción de horas de trabajo y tecnificación de la profesión, reducción de contaminación, e incremento de las producciones.

1 1Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014). Resumen Ejecutivo. Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. 2015-2021, Valladolid.

2 2Fuente: Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Descripción de Obras: Disponible en: http://www.seiasa.es/seiasa/?q=content/descripcion-de-obras Consultado el 23/01/2016.


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A pesar de todas las ventajas que supone la modernización de regadíos, lamentablemente la provincia de Palencia es la que más retraso lleva de toda Castilla y León, con solo 7.000 hectáreas de las 60.000 Posibles, actualmente se están ejecutando 2500 hectáreas en la Valdavia de nuevo regadío y se está modernizando Boadilla. El balance es que Palencia es la segunda provincia con menos modernización de Castilla y León, pero con una gran superficie.

Con independencia de las problemáticas de índole medioambiental o social a las que se enfrentan tanto las obras de regulación de cabecera como las de modernización de regadíos, lo cierto es que la modernización tiene una eficacia probada y un efecto inmediato en la producción agraria, por lo que parece aconsejable priorizar esta medida, sin descartar el aprovechamiento de aguas no reguladas mediante balsas en el curso medio del río que se llenen fuera de la campaña de riego.

En este momento, la modernización de regadíos encuentra dificultades de índole social para la necesaria conformidad de los propietarios, como consecuencia del envejecimiento de los propietarios y regantes, de la falta de sucesión en numerosas explotaciones y, sobre todo, porque la propiedad en muchos casos no coincide con los agricultores, tratándose por otro lado de una multitud de pequeños propietarios que toman las decisiones respecto a su tierra con valores más simbólico-patrimoniales que económicos.

El Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (2015-2021) cita textualmente en referencia al sistema Carrión: "Se trata de un sistema dependiente de la acometida de nuevas regulaciones y recursos externos, y muy sensible ante el más leve cambio. Este sistema parte de una situación deficitaria en 2015 que se mejora por completo en 2021 con las medidas previstas ad hoc." (p.164) 3. Este reconocimiento del déficit de actuación debe implicar una agilización y prioridad en las futuras actuaciones del nuevo Plan Hidrológico del Duero.

Finalmente cabe señalar que ya en el mes de mayo del año 2012 se llegó al acuerdo de las Cortes de Castilla y León aprobándose una PNL por parte del PP y PSOE instando a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas que se detallan en la siguiente propuesta de resolución.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para:

1.º Junto con la Junta de Castilla y León, las comunidades de regantes y las OPAS, mantener la promoción de una cultura favorable a la modernización de los regadíos del sistema Carrión mediante medidas de información y sensibilización.

2.º Fomentar la máxima cooperación entre los organismos con competencias agrarias de la Administración General del Estado y de la Junta de Castilla y León con el fin de acelerar los procesos de modernización de regadíos del sistema Carrión.

3.º Agilización de las nuevas regulaciones previstas en el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Duero 2015-2021, así como impulsar las actuaciones conducentes a la redacción de los proyectos, licitación de las obras y su pronta ejecución.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso y la puesta en marcha de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

3 3 Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015). Memoria del Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (2015-2021), Valladolid.


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Exposición de motivos

La crisis global de la COVID-19 es hoy por hoy el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad en su conjunto desde la II Guerra Mundial. Nuestro país ha sido un ejemplo de la solidaridad. La ejemplaridad de la ciudadanía y la generosidad y profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea han sido fundamentales para ir ganando la batalla al virus.

Pero antes de esta crisis ya nos enfrentábamos a otra crisis global: el cambio climático, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento de mares y océanos y los incendios entre otras cuestiones. Todo esto a lo que nos enfrentábamos antes de la COVID-19 sigue ahí y existe la evidencia científica que nos permite afirmar que probablemente ambas crisis sean parte de la misma génesis, ambas crisis se encuentran conectadas.

Es por ello por lo que debemos continuar proponiendo medidas urgentes, que han de ser conocidas y participadas por los diferentes sectores de la sociedad. Las administraciones públicas han de trasladar a la ciudadanía cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, de nuestro modo de vida. Tienen que hacerles llegar que nuestra forma de alimentarnos, movernos, relacionarnos, consumir o producir es causa directa de los problemas medioambientales.

Para evitar y/o mitigar los efectos del cambio climático, que afectan a todo el planeta, hay que plantear cambios desde la política, la economía y lo social que generen nuevos vínculos entre nosotras y nosotros para con el medio. Estos cambios que conducen a una nueva forma de entender la vida, respetuosa con el planeta y con nosotros y nosotras mismas, han de estar fundamentados en el conocimiento científico y han de ser dados a conocer a una sociedad que lo demanda.

La comunicación, divulgación, formación, capacitación y educación son el soporte para reconocer los problemas ambientales que provocamos y cuyas consecuencias ponen en riesgo la vida en el planeta. Por tanto, resulta fundamental la información y formación de quienes van a tomar decisiones en el futuro. Es necesario desaprender y reaprender y para ello han de contribuir todos los sectores de la sociedad.

La educación ha de estar receptiva a los cambios sociales, políticos y económicos y ser permeable a los mismos. Para ello se precisa un cambio en las políticas educativas y formativas en los diferentes sectores de la sociedad, que ha de tener como objetivo implicar a una ciudadanía responsable y solidaria, consecuente con sus acciones y decisiones, corresponsable. Ciudadanía que ha demostrado durante esta crisis sanitaria global que parte del camino ya está recorrido.

El pasado 17 de septiembre de 2019, el Pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas dio un paso importante aprobando una moción en la que se instaba al Gobierno a declarar el Estado de Emergencia Climática en España. La moción fue aprobada por 311 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención e instaba al Ejecutivo a "aprobar la Declaración del Estado de Emergencia Climática en España, con el objeto primordial de comprometer todas las futuras políticas del Gobierno para hacer frente a esta emergencia".

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 28 de noviembre de 2019 con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones una resolución en la que señala que el planeta vive una "emergencia climática". Se plantea una ambiciosa agenda que persigue frenar el calentamiento global y se transmite un mensaje a los y las jóvenes de que han sido escuchados.

El Gobierno de España, el 21 de enero de 2020, declara la Emergencia Climática y Ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. En España nos estamos dotando de un marco jurídico amplio para cumplir con los compromisos medioambientales a los que nos hemos comprometido como país, con el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La Declaración de Emergencia Climática incluye en sus 30 líneas de acción prioritarias para combatir el Cambio Climático con políticas transversales una alusión directa, en el punto 19, a la aprobación de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Después de lo anterior podemos afirmar que, tras la Declaración de Emergencia Climática, corresponde tomar decisiones y plantear acciones concretas.

Tenemos un compromiso con la Agenda 2030 y los ODS que nos invita a trabajar para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas, así como con el Acuerdo de París que traza un nuevo rumbo para combatir el cambio climático. No debemos pasar por alto el artículo 6 de la CMNUCC y el artículo 12 del Acuerdo de París, donde se alude a la importancia de la educación, la sensibilización,


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el acceso a la información, la participación, la formación y la cooperación, como herramientas fundamentales para alcanzar sus objetivos. El Programa de trabajo de Doha (2013-2020), aún en vigor, recomienda la elaboración de una estrategia nacional en estas materias.

Por esto, es preciso impulsar un plan que tenga como objetivo central reforzar, desde las herramientas de influencia social y cultural (comunicación, educación, capacitación y participación), aquellas políticas que deben hacer frente a los desafíos ambientales y climáticos. Un plan cuya ruta es el camino ya marcado en el marco estratégico y legislativo que, tanto internacionalmente como en el ámbito estatal, se ha ido desarrollando.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y poner en marcha un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad:

1. Que incluya mecanismos de comunicación, información, educación, formación, capacitación y sensibilización, capaces de concienciar en la necesidad de la lucha contra la destrucción de la naturaleza y la cultura de la sostenibilidad.

2. Que impulse mecanismos que permitan actuar de manera activa y contribuir a lograr una economía plenamente descarbonizada y resiliente al cambio climático en el año 2050, desde la participación, el diálogo y el consenso.

3. Que conduzca a una reflexión sobre nuestro modelo actual, nuestra visión del mundo y del lugar que ocupamos en él."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, José Luis Aceves Galindo, María Montserrat García Chavarría, Diego Taibo Monelos, Esther Padilla Ruiz, Javier Antón Cacho, Germán Renau Martínez, Manuel Gabriel Gónzalez Ramos, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Daniel Vicente Viondi y María Inmaculada Oria López, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Comisión de Cultura y Deporte

161/001316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. José Ramírez del Río y D.a Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para apoyar la inclusión del Conjunto Monumental del Barroco de la Subbética en la Lista Indicativa Española, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Primero. La riqueza del patrimonio histórico-artístico de España, en general, y de Córdoba, en particular, ha sido ponderada en numerosas ocasiones, es fuente de riqueza tanto cultural como económica y ha recibido ya el reconocimiento de patrimonio de la Humanidad en varias ocasiones. Tanto la Mezquita-Catedral, la Judería de Córdoba como el conjunto monumental de Medina Azahara recientemente han recibido tal consideración. Sin embargo, este reconocimiento se ha restringido hasta la fecha a grandes conjuntos situados o en la propia ciudad o en sus inmediaciones.

La importancia de las ciudades en la concesión de este tipo de reconocimientos alimenta las diferencias entre las diferentes partes del territorio, pues conjuntos patrimoniales de indudable importancia son dejados de lado al estar situados en poblaciones menores e incluso en zonas rurales.


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Segundo. Así ha sucedido con el Barroco de la Subbética, un conjunto de iglesias, ermitas y monumentos de diferente tipo que confieren a las poblaciones de esta comarca una riqueza extraordinaria. Las localidades de Priego, Cabra, Lucena, Palenciana, Benamejí, Rute o Encinas Reales cuentan con monumentos barrocos de singular interés que han dado lugar a rutas turísticas en años pasados por la Junta de Andalucía, y muchos de los monumentos de las mencionadas poblaciones cuentan con reconocimientos como el de patrimonio nacional.

La parroquia de la Virgen de la Asunción, las de San Pedro, San Francisco, la de Aurora o la Fuente del Rey en Priego; la Ermita de la Virgen de la Sierra, el convento de Santo Domingo, la iglesia de las Angustias, la de la Asunción y Ángeles, la de San Juan Bautista, el edificio del Instituto de Bachillerato Aguilar y Eslava en Cabra; parte del palacio de los condes de Santa Ana, la capilla del Sagrario de la Iglesia de San Mateo, la Iglesia y Hospital de San Juan de Dios, el santuario de la Virgen de Araceli, el palacio de los condes de Hust, todo ello en Lucena. El retablo de San Miguel Arcángel en Palenciana; la Ermita de los Remedios y la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Benamejí; la Ermita del Calvario en Encinas Reales; la capilla de San Sebastián, en Rute... la lista sería interminable.

Tercero. A lo largo de esta legislatura se ha hablado en numerosas ocasiones de la España vaciada y si no se presta atención al patrimonio histórico artístico de zonas rurales y de ciudades pequeñas, la despoblación seguirá aumentando. Es imprescindible poner en valor monumentos situados más allá de las capitales de provincia y la inclusión de este tipo de patrimonio en la lista de aspirantes a ser incluidas en la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en una comarca cuya riqueza no envidia en nada a algunas de la Toscana italiana y que, sin embargo, no ha recibido la atención que sería normal por la desidia institucional.

Cuarto. La declaración de bienes como Patrimonio Mundial es un reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los sitios que poseen un valor universal excepcional. Por medio de esta distinción se califican estos bienes como universales y su disfrute, protección y cuidado pasa a ser reconocido por todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en el que estén localizados.

El primer paso que debe llevar a cabo un Estado es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Este inventario se denomina Lista Indicativa, y en base a esta se seleccionan las candidaturas de sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Es un paso de suma importancia dado que no se podrá considerar una propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial a menos que el bien haya figurado como mínimo un año en la Lista Indicativa del Estado Parte.

La elaboración de la Lista Indicativa Española se realiza de la forma siguiente 4:

- Cada Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su Comunidad susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en el futuro.

- Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial, creado en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y avalado por el Consejo de Patrimonio Histórico.

- La Comunidad Autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la recomendación del informe técnico del Grupo de Trabajo.

- El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa Española.

- El Ministerio da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mundial que, si se cumplen los requisitos necesarios, lo eleva al Comité de Patrimonio Mundial para su evaluación.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio Mundial. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad que posteriormente fue adoptada por la conferencia general de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 193 Estados miembros han ratificado la convención. Cada sitio Patrimonio Mundial pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 193 Estados miembros de la UNESCO.

4 1https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrinnonio/mc/patrimoniomundial/proceso-de-candidaturas­en-espana.html


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Los criterios de selección para que un bien sea incluido en la Lista de Patrimonio Mundial son, entre otros, los siguientes:

(i) Representar una obra de arte del genio creador humano;

(ii) atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;

(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;

(iv) constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;

(v) ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles;

(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería ser utilizado preferiblemente de manera concomitante con otros criterios.)

En este sentido, entendemos que, por los motivos expuestos, el Barroco de la Subbética debe formar parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Apoyar la inclusión del Barroco de la Subbética en la Lista Indicativa y proceder a la posterior elaboración y defensa del expediente de propuesta de candidatura de cara a su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

2. Valorar y, en su caso, realizar los estudios y proyectos pertinentes que tengan por objeto demostrar la singularidad arquitectónica, histórica y artística del Barroco de la Subbética, a fin de reunir los requisitos necesarios para su calificación como Patrimonio Mundial.

3. Que el Gobierno de España asegure la difusión del valor monumental del Barroco de la Subbética."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2020.-Mireia Borrás Pabón y José Ramírez del Río, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox.

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

161/001339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre Medidas de Impulso al Desarrollo Digital.

Exposición de motivos

Las medidas de contención de la propagación del COVID-19 decretadas por el Gobierno y que han estado basadas en el confinamiento de las personas en sus hogares, en restricciones de movilidad y en la suspensión de las actividades económicas presenciales consideradas no esenciales por un periodo de


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tiempo limitado han hecho que la dependencia en las tecnologías sea mayor, tanto en el sector productivo como en el ámbito doméstico, debido, principalmente, a los siguientes motivos:

- En primer lugar, por la prioridad que se le ha dado al teletrabajo. En aras de garantizar la protección de los trabajadores, el Gobierno reguló en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el carácter preferente del trabajo a distancia frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas para permitir esta modalidad de trabajo. Esta medida fue prorrogada por dos meses más en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

- En segundo lugar, por la necesidad de las empresas de no perder cuota de mercado y llegar al cliente por medios digitales. Ante las medidas de distanciamiento social, la compraventa de bienes y servicios por internet se ha mostrado como una alternativa eficaz y segura para satisfacer las necesidades de la población.

- En tercer lugar, por la necesidad del uso de medios digitales en los hogares para acceder al teletrabajo, para la formación educativa, para la adquisición de bienes y servicios, y para el entretenimiento.

- En cuarto y último lugar, por el papel relevante que tiene la Sede Electrónica para la realización de gestiones con las Administraciones Públicas parte de las ayudas aprobadas durante el estado de alarma y otros servicios de competencia de las distintas Administraciones Públicas únicamente han podido gestionarse de manera telemática a través de los servicios electrónicos disponibles.

Según la encuesta sobre el uso de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y comercio electrónico en las empresas del INE, España tiene una cobertura completa de banda ancha fija o móvil para que las empresas puedan acceder a internet. Asimismo, si se analiza la disponibilidad de medios digitales por tamaño de la empresa podemos destacar que el 99,7 % de las grandes empresas (250 o más trabajadores) disponen de ordenadores y el 95,6 % disponen de página web. Estos porcentajes descienden a medida que se va reduciendo el tamaño de la empresa, sobre todo si hablamos de la disponibilidad de página web, medio que puede ser fundamental para llegar al cliente en una situación como la actual. En concreto, el 88,3 % de las medianas empresas (entre 50 y 249 trabajadores) tienen página web, cifra que baja hasta el 75,79 % en el caso de las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), siendo las microempresas (menos de 10 trabajadores) las peor posicionadas en este aspecto con el 30,2 %.

Con respecto a los hogares, según los datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (INE), el 91,4 % disponen de conexión de Banda Ancha fija o móvil y el 80,9 % disponen de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, Tablet, etc.). Estas cifras son ligeramente superiores a las registradas en el año 2018, y ha permitido que el número de usuarios de TIC, ya sea para la navegación o para la compra por internet, aumente. Sin embargo, más de 1.382.000 hogares no tienen acceso a internet, el 28 % de ellos alegando que los costes son demasiado elevados. Además, si se atiende a las características socioeconómicas de los hogares, se puede observar cómo del total de hogares que no disponen de acceso a internet el 42,0 % tienen unos ingresos mensuales netos por debajo de los 900 euros. Lo mismo ocurre con el equipamiento de ordenadores, que muestra una correlación positiva con el nivel de ingresos mensuales. El 97,4 % de los hogares con ingresos mensuales superiores a los 2.500 euros disponen de ordenador, mientras que en el caso de los hogares con ingresos por debajo de los 900 euros la cifra desciende al 58,1 %. Estos datos ponen de manifiesto las dificultades en las que se pueden encontrar muchos hogares en situación de vulnerabilidad económica para la tramitación de las ayudas puestas a disposición de la ciudadanía durante el estado de alarma y para el acceso a la formación de los menores que viven en ellos.

En el ámbito de la administración pública el informe REINA, que presenta un análisis cuantitativo del sector de las TIC en la Administración del Estado, expone que el gasto en TIC en el año 2018 (último dato disponible) fue de 1.416 millones de euros, un 1,6 % menos que el año anterior y un 22,1 % menos que el máximo de la serie histórica alcanzado en 2009 (1.817 millones de euros). Asimismo, el informe muestra cómo el peso del gasto informático sobre el presupuesto total registra dos años consecutivos de descenso, y se sitúa en el 2,63 %. El descenso continuado de la inversión en este ámbito genera debilidades que, en situaciones extraordinarias como la del COVID-19, pueden condicionar la eficacia en la actuación de la Administración.


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En el contexto actual el Gobierno ha realizado numerosos esfuerzos en los tres ámbitos analizados (sector productivo, hogares y administraciones públicas), de los que se pueden destacar los siguientes:

1. Plan Acelera Pyme que incluye medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento, la formación, la creación de soluciones tecnológicas y el apoyo financiero;

2. la prohibición a los operadores de telecomunicaciones de suspender e interrumpir los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes;

3. la ampliación de recursos financieros en la Administración del Estado para la adquisición de equipos informáticos que permitan el desarrollo efectivo del trabajo a distancia.

Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común consideramos que la situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar mayores esfuerzos en la implementación de medidas en el ámbito digital que permitan desempeñar el trabajo a distancia permitiendo la conciliación familiar y mantener las condiciones de seguridad en el ámbito laboral; garantizar la formación en línea; simplificar la burocracia administrativa en la concesión de ayudas; y reducir los tiempos de respuesta.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforzar las medidas de apoyo a la modernización del comercio minorista. Junto con el despliegue de redes para la implantación de la tecnología móvil 5G, se debe desarrollar un plan de impulso a la digitalización del comercio minorista para potenciar su penetración en segmentos de mercado dominados por las grandes superficies y grandes empresas y adaptar la actividad de las entidades locales del comercio minorista a los nuevos hábitos de consumo.

2. En colaboración con el resto de administraciones públicas, principalmente con las corporaciones locales, desarrollar censos municipales de pymes y autónomos que incorpore información detallada sobre su estado de digitalización, así como de acciones de formación, acompañamiento y evaluación adaptadas a los diferentes niveles de digitalización de estas.

3. Continuar impulsando la innovación de pymes en España, reforzando la cooperación entre pequeñas empresas y Centros Tecnológicos.

4. Elaborar una estrategia para reforzar la digitalización de la administración que contemple, entre otras, la reducción de los trámites burocráticos y los plazos necesarios para la solicitud y gestión de las ayudas, el aumento del número de servicios ofrecidos al conjunto de la sociedad a través de medios digitales, y fomente el trabajo a distancia o teletrabajo.

5. Junto con las comunidades autónomas y corporaciones locales, facilitar el acceso a internet y dotar de medios digitales a los hogares, en especial, a aquellos que padecen una situación económica vulnerable, reforzando las medidas llevadas a cabo hasta el momento, y diseñando e implementando todas aquellas medidas necesarias para reducir la brecha digital existente.

6. Impulsar la inversión en equipos digitales dentro de las empresas a través de la amortización acelerada, con el objetivo de facilitar el trabajo a distancia en las empresas que, por la actividad que desarrollan, tienen potencial para implementarlo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

161/001352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital relativa a la lucha contra la obsolescencia programada.


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Exposición de motivos

Obsolescencia es una palabra que se define como "la depreciación de un material o equipo antes de que se produzca su desgaste material", hasta el punto que se deprecia y caduca por razones independientes a su desgaste físico. A partir de esa definición básica pueden distinguirse varias formas de obsolescencia:

a) La obsolescencia programada propiamente dicha, consistente en prever una duración de vida reducida del producto, si fuera necesaria mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de un cierto número de utilizaciones;

b) La obsolescencia indirecta, derivada generalmente de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la reparación;

c) La obsolescencia por incompatibilidad;

d) La obsolescencia psicológica derivada de las campañas de marketing de las empresas encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes.

El origen de la obsolescencia programada se encuentra en los años veinte, momento en el que el sector industrial se da cuenta que la economía podía entrar en crisis por culpa de la sobreproducción. La capacidad de producir se hizo superior a la de consumir. Para solucionarlo, los fabricantes introdujeron mecanismos por los que podían limitar la vida útil de los productos.

La obsolescencia programada es una cuestión preocupante por diversas razones: dado que disminuye la duración de la vida de los productos de consumo, hace que aumente el consumo de recursos, así como la cantidad de residuos que hay que procesar al final de la vida de los productos. Además, se emplea para estimular las ventas y sostener el crecimiento económico al crear necesidades incesantes y circunstancias deliberadas que impiden la reparación de los bienes de consumo.

Desde el punto de vista medioambiental y según los datos de la OCDE el consumo mundial anual de materias primas es de aproximadamente 79.000 millones de toneladas, y según sus proyecciones se espera que en el año 2060 sea más del doble (160 millones de toneladas). Por otra parte, cada año se generan en Europa (datos de 2016, eurostat) más de diez millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAES), lo que supone un crecimiento del 2,9 % sobre el año anterior y un 15,2 % más que en 2013 (8,8 millones de toneladas). Y en lo que se refiere a España, la organización internacional World Wildlife Fund indica que nuestro país sigue consumiendo más recursos de los que puede producir, siendo su huella ecológica próxima a 3.

Desde el punto de vista social, la obsolescencia programada plantea tres tipos de problemas. En primer lugar, en un contexto de crisis, las lógicas derivadas de la obsolescencia programada de los bienes de consumo se integran en la dinámica de la compra a crédito y en tasas de endeudamiento nunca alcanzadas hasta ahora. Las personas que más sufren por la obsolescencia son las que pertenecen a clases sociales más desfavorecidas que no pueden pagar más por productos sostenibles y se contentan, a menudo, con productos de baja gama más frágiles.

Las consecuencias en materia de salud pública no son tampoco desdeñables y son de dos tipos, a saber: directas, ya que la incineración de basura incide en las poblaciones aledañas dada la toxicidad de los componentes electrónicos y tiene, por otra parte, un alcance internacional (indirectas). Efectivamente, la falta de infraestructuras que permitan tratar los residuos informáticos es tal que muchos productos inservibles se exportan ilegalmente a regiones del mundo en las que los vertidos se hacen a un coste inferior pero con múltiples consecuencias para la población local.

Por último, en términos económicos es el consumidor quien costea en gran medida la reducción de la duración de vida de los productos y las dificultades derivadas de las posibilidades limitadas de reparación. Es el principal afectado por las políticas de aquellas empresas y de algunos distribuidores que en ocasiones intentan vender ampliaciones de garantías a partir del primer año, aun cuando es obligatoria la garantía de dos años. A menudo, el consumidor carece de información en cuanto a sus derechos.

En este contexto, es inaplazable legislar en favor del medio ambiente y de las personas consumidoras en lo que respecta a la fabricación de los productos sin obsolescencia programada, así como impulsar las medidas necesarias para erradicarla en la industria y sus productos, con el doble propósito de contribuir a la preservación de los recursos naturales existentes en nuestro planeta y de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que sea económicamente sostenible, respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar igualdad social y redistribución de la riqueza.


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En 2015, Francia fue el primer Estado en aprobar, dentro de la llamada Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen el fin de la vida útil de sus productos. Esta norma es la primera que reconoce la existencia de la obsolescencia programada, y sanciona técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas.

A nivel comunitario, ya en 2013 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen en el que aborda el problema de la obsolescencia programada y en el que, entre otras medidas, aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculen para provocar el fin de la vida útil del aparato. Otras de estas medidas propuestas pasan por recomendar a las empresas que faciliten la reparación de sus productos, campañas de sensibilización sobre la obsolescencia estética que se encuentra vinculada a las modas, el aumento de la garantía de reaprovisionamiento, el fomento del consumo responsable, el establecimiento de un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos, o la implantación de un sistema de etiquetado que informe al consumidor si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero. En definitiva, el objetivo es transitar hacia un modelo de sociedad más justo, solidario y sostenible para todos y todas basado en el diseño ecológico de los productos, la economía circular y la economía de la funcionalidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el ámbito europeo y nacional, las medidas regulatorias necesarias para luchar contra la obsolescencia programada, entendida como el conjunto de técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas mediante las cuales un fabricante reduce de forma deliberada la durabilidad de la producción con el objeto de aumentar la tasa de reemplazo, con respeto pleno a las competencias de las Comunidades Autónomas sobre salud pública, consumo y comercio. Adicionalmente, se impulsarán:

a) Una regulación a nivel europeo que permita adoptar medidas para que las empresas faciliten la reparación de sus productos y/o su actualización, mejoren la calidad y la sostenibilidad de los productos manufacturados, y garanticen una duración de vida mínima de los productos ofertados.

b) Medidas de ampliación del dispositivo de garantías vinculado a la compra mediante una garantía mínima de funcionamiento, de modo que las reparaciones se hagan a cargo del fabricante.

c) Medidas de fomento, sobre todo en fase de educación, del consumo responsable, con el objetivo que los consumidores tengan en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, la huella ecológica y la calidad de los productos.

d) Medidas para fomentar la realización de proyectos de I+D+i basados en el diseño ecológico de los productos, la economía circular, el residuo mínimo y la economía de la funcionalidad.

e) Medidas para que en la contratación pública se consideren los parámetros de lucha contra la obsolescencia programada.

f) Medidas para avanzar en el consumo de servicios en lugar de consumo de productos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2020.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Comisión de Sanidad y Consumo

161/001330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las deficiencias cometidas por el Gobierno en la adquisición de equipamiento de protección y tecnología frente a la COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


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Exposición de motivos

Una de las principales deficiencias cometidas por el Gobierno de España en lo que a la gestión y al abordaje de la COVID-19 se refiere -especialmente durante el tiempo en el que estuvo en vigor el estado de alarma- es la que representan sus errores recurrentes en la adquisición de equipamiento de protección individual y tecnología sanitaria para hacer frente a la pandemia.

Miles de test de diagnóstico rápido defectuosos, de mascarillas destinadas al uso por profesionales sanitarios que no ofrecían los niveles de protección requeridos, de respiradores inservibles para las unidades de cuidados intensivos... son numerosos los fiascos consumados por un Ejecutivo que también recurrió a intermediarios y a proveedores de fiabilidad más que dudosa -sin experiencia en el ámbito sanitario, con domicilios fiscales falsificados...- y que suscribió contratos por importes superiores a los precios de mercado.

Consecuencia de esta realidad -atribuible en su práctica totalidad al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que depende del Ministerio de Sanidad-, España es el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados -cerca de 60.000 de acuerdo con los últimos datos oficiales del Gobierno en el momento en el que se elaboraba la presente iniciativa-, las empresas nacionales de biotecnología y tecnología sanitaria se han visto obligadas a exportar su producción en los últimos meses, y la reserva estratégica de fármacos y de material comprometida hace meses por el Ministerio de Sanidad no termina de estar plenamente disponible a pesar de que llevamos tiempo inmersos en la "segunda ola" de la pandemia y ya hemos alcanzado los 500.000 contagios, lo que nos convierte en el país más afectado de la Unión Europea y en el noveno del todo el mundo por número de casos.

Además, y por si la situación descrita hasta el momento no fuese lo suficientemente crítica per sé, el Gobierno no ha terminado de aclarar si las adquisiciones fallidas han sido subsanadas en términos de devolución de los fondos entregados inicialmente para formalizar las compras, ni ha concretado el destino de la totalidad del material y del equipamiento frente a la COVID-19 que dice haber adquirido desde el pasado mes de marzo.

Como consecuencia de todo lo anterior, teniendo presente la contrariedad que supone con las declaraciones realizadas públicamente el pasado mes de junio por Salvador Illa, ministro de Sanidad, el pasado mes de junio cuando afirmó que "se ha acabado el uso inadecuado del dinero público", y en el contexto de la legislación vigente sobre compras y contratación en el sector público,

El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Esclarecer la resolución de todas y cada una de las compras deficientes de equipamiento de protección individual, material y tecnología frente a la COVID-19 que ha realizado, probando la recuperación de los fondos entregados, resolviendo en el periodo de tiempo más breve posible las compras fallidas que continúen pendientes e implementando en coordinación con las Comunidades Autónomas las medidas que resulten necesarias para evitar la repetición de las negligencias cometidas.

- Concretar el reparto y el destino final de todo el equipamiento de protección individual, material y tecnología que ha adquirido frente a la COVID-19.

- Implementar en coordinación con las Comunidades Autónomas un sistema con el que asegurar de forma efectiva la trazabilidad de los suministros de cara a futuras pandemias.

- Garantizar con inmediatez el pleno rendimiento y la total disponibilidad de la reserva estratégica de equipamiento de protección individual, fármacos, material y tecnología comprometida por el propio Gobierno para hacer frente con seguridad a la COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2020.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.a Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Antonio Salva Verd, D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, D.a Georgina Trías Gil y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una Ley Nacional sobre el Amianto, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Primero. Posicionamiento inicial: el asbesto o amianto.

El término asbesto, también denominado amianto, hace referencia a un grupo de minerales naturales fibrosos que se presentan en forma de serpentinas o de anfíboles, que han tenido o siguen teniendo un uso comercial debido a su extraordinaria resistencia a la tensión, su escasa termoconductividad y su relativa resistencia al ataque químico.

El asbesto se utiliza en el aislamiento de los edificios y como componente de diversos productos manufacturados: materiales de construcción, productos de fricción, materiales textiles termorresistentes, envases, pintura, productos de talco y productos de alimentación, entre otros. Hay dos variedades principales de asbesto: las serpentinas, que corresponden al crisotilo o asbesto blanco; y los anfíboles, que incluyen la crocidolita, la amosita, la antofilita, la tremolita y la actinolita.

Segundo. Situación actual en la UE.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado el asbesto en la categoría de sustancias carcinógenas para el ser humano, siendo uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes, que causa cerca de la mitad de las muertes por cáncer ocupacional. La exposición al asbesto causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como de mesotelioma (cáncer de pleura o peritoneo). Asimismo, la exposición al asbesto puede causar otras enfermedades, como la asdestosis (fibrosis pulmonar) 5.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo y se estima que a nivel global, cada año, mueren como mínimo 107.000 personas por cáncer de pulmón, cáncer de pleura o mesotelioma y asbestosis debido a la exposición ocupacional al asbesto. Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, así como también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo.

Solo en Europa, según la OMS, se registran entre 20.000 y 30.000 casos de enfermedades relacionadas con el amianto y se estima que más de 300.000 ciudadanos morirán de mesotelioma de aquí a 2030. En España, concretamente, se estima que podría haber 130.000 fallecimientos a causa de la exposición al amianto antes del 2050, el 40 % aún por acontecer, si no se toman medidas para revertir el incremento de víctimas según las cifras de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Con un periodo de latencia de hasta 40 años es, en la actualidad, un problema sanitario prevalente de gran impacto en España y en Europa, y que se mantendrá las próximas décadas. Además, no es una enfermedad asociada que afecta únicamente a los antiguos trabajadores del amianto, sino que nos afecta a todos, como población general expuesta, sin saberlo, de forma ambiental. Sin embargo, es un carcinógeno desconocido en este aspecto.

Tercero. Sociedad española de neumología y cirugía torácica.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) lleva reclamando desde hace años a los poderes públicos una respuesta urgente a la pandemia del amianto, que avanza de forma silenciosa

5 1Eliminación de las enfermedades relacionadas con el asbesto. OMS.


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e inexorable. SEPAR manifestó en una nota de prensa 6, publicada el pasado julio, que "la exposición al amianto es un problema global y mundial de salud pública". Asimismo, insisten en la necesidad de "concienciar sobre el problema y advertir de las necesidades de eliminar por completo el riesgo de exposición actual al amianto, pero debemos ir más allá y dotarnos de un marco legal, para afrontar esta cuestión de forma integral y decisiva".

Por ello, SEPAR demanda que es de vital importancia identificar todas las naves industriales, edificios, centros de trabajo e infraestructuras que aún contienen amianto y erradicarlo de nuestro medio de forma segura, puesto que el tiempo de latencia media es de unos 20-40 años, por lo que si no se adoptan medidas y se elimina el amianto de nuestro medio será inevitable que veamos nuevos casos de estas graves patologías y más fallecimientos por dicha causa.

En este sentido, SEPAR solicitó al Ministro de Sanidad una ley nacional que pudiera hacer frente a los problemas del amianto, cuyos ejes principales serían los siguientes:

- Incluir un sistema de detección activa y precoz de las enfermedades provocadas por el amianto y desarrollar proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos tanto para el diagnóstico precoz de los cánceres relacionados con el amianto, en particular del mesotelioma, como para lograr avances en los tratamientos.

- Reconocer los derechos de las personas afectadas, mediante un Fondo de Indemnización de las Víctimas de Amianto y Familiares (FIVA), una adecuada vigilancia y atención médica, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, la aplicación de coeficientes reductores de jubilación en el ámbito laboral y que la responsabilidad empresarial por los daños causados no pudiera prescribir.

- Adecuar el Registro de Empresa con Riesgo por Amianto (RERA), a través de un sistema único estatal que debería ser accesible, de inscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas o actividades en las que hubiera existido exposición al amianto antes o después de la prohibición.

- Elaborar diversos planes:

a) Un censo estatal sobre el amianto instalado en edificios, infraestructuras, instalaciones, vertidos y vertederos en todo el territorio español.

b) Un plan estatal de erradicación segura del amianto para que España esté libre de amianto antes del año 2028 y que comprenda tanto el amianto instalado como el presente en residuos controlados y no controlados y suelos contaminados, con prioridades y fases de actuación, ya que primero debería iniciarse en los colegios, polideportivos y entornos con presencia de niños (especialmente sensibles al amianto), siguiendo por hospitales, edificios e instalaciones públicas e infraestructuras de transporte; un plan estatal de gestión y control de residuos con amianto que incluya la destrucción segura de las fibras y su conversión en residuos no peligrosos, además de su eliminación progresiva en vertederos.

c) Y un plan interanual de financiación coparticipativa que implique al Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Unión Europea y agentes privados.

Cuarto. Marco legal del amianto en España y UE.

A) En España, el principal marco regulatorio vigente sobre la materia viene recogido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

El citado Real Decreto establece la exigencia de una estrategia por la que tanto el número de muestras, duración y oportunidad de la medición tiene que ser tal, que deberá ser posible determinar una exposición representativa en períodos de ocho horas. El análisis de la muestra (recuento de fibras de amianto) se realizará siguiendo el método MTA/ MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, "Determinación de fibras de amianto".

La exposición a materiales con contenido en amianto (MCA) puede causar, como hemos mencionado, enfermedades graves e irreversibles, como cáncer, asbestosis (fibrosis pulmonar) o general un mesotelioma maligno. Estas enfermedades ya están definidas como enfermedades profesionales 7. Asimismo, está relacionada con la posibilidad de aparición de enfermedades graves e irreversibles,

6 https://www.separ.es/node/1912

7 3Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.


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estando el mismo clasificado como cancerígeno de primera categoría (C1). A fecha actual se estima que se han producido en el mundo unos 3.000 materiales con contenido en amianto.

Asimismo, el Real Decreto 396/2006 recoge una serie de requerimientos legales mínimos para manipular el amianto como empresa:

- Inscripción en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de Amianto).

- Tener aceptado por la autoridad correspondiente un plan de trabajo único o general. En caso de superar ciertos volúmenes definidos por la ley (varía según comunidad autónoma) en un trabajo, se debe tener aprobado un plan específico para esa tarea.

- Formación específica de amianto para los trabajadores que trabajen con el asbesto.

- Los empleados que retiren el amianto necesitan haber pasado una Vigilancia Médica ante Exposición de Amianto.

Igualmente, se considera mejorable la correcta Coordinación de Actividades Empresariales, al considerarse la exposición al amianto un riesgo grave o muy grave, mejorando el deber de información y cooperación establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Otro asunto de gran importancia es la ausencia de formaciones regladas, más allá de los contenidos mínimos establecidos en el artículo 13 del Real Decreto 396/2006, determinando la duración y contenido formativo en función de los diferentes oficios o trabajos que se puedan realizar (mantenimiento, retirada de materiales, formación general, etc.).

Asimismo, más allá de la determinación del Valor Límite Ambiental, fijado en España en 0,1 fibras/cm3, no existen disposiciones que determinen un número mínimo de muestreos a realizar tanto para la evaluación de las zonas y puestos de trabajo, muestreos durante la ejecución de trabajos de desamiantado o muestreos a realizar para la determinación del índice de descontaminación más allá de la norma MTA/MA 051/A04 publicada por el INSHT.

En última instancia, debe citarse que tanto la Comunidad Foral de Navarra como Cataluña han elaborado y aprobado -en marzo y en octubre de 2019, respectivamente- una Plan director de eliminación del amianto, mineral cancerígeno especialmente por exposición laboral y una Comisión para la erradicación del amianto, que elaborará un plan de priorización de las líneas de trabajo para eliminar la presencia de amianto y los efectos sobre la salud de las personas.

B) A nivel europeo, mención especial merece el marco normativo de la Unión Europea sobre el amianto o asbesto:

- La Unión Europea publicó su primera directiva relacionada con el amianto en 1983, la Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. Dicha Directiva detallaba la "protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo". Al año siguiente de su publicación España incorporó su primer reglamento relacionado con los riesgos del amianto.

- La segunda directiva relacionada con el amianto fue la Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se modifica la Directiva 83/477/ CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.

- La tercera directiva se publicó en 2003, la Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.

- Por último, y estando en vigor, nos encontramos con la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.


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Además, es de destacar, en relación con la UE, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre "Erradicar el amianto en la UE" (2015/C 251/03) 8. Entre sus conclusiones, el citado Dictamen demandaba lo siguiente:

"La completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los productos que contengan amianto debe ser un objetivo prioritario de la Unión Europea. Los planes de acción son competencia de los Estados miembros, pero la UE debería coordinarlos. Por ello el CESE anima a la UE a colaborar con los agentes sociales y otras partes interesadas a escala europea, nacional y regional para desarrollar y compartir planes de acción de gestión y eliminación del amianto. Estos planes deberían incluir: educación e información, formación para empleados públicos, formación nacional e internacional, programas para financiar la eliminación del amianto, actividades de sensibilización sobre la eliminación del amianto y de los productos que contengan amianto (incluso durante su erradicación en los edificios), instalaciones públicas y emplazamientos de antiguas fábricas de amianto, limpieza de recintos y construcción de instalaciones para la destrucción del amianto y de escombros que contengan amianto, supervisión de la eficiencia de los requisitos jurídicos vigentes, evaluación de la exposición del personal en riesgo y la protección de la salud."

Asimismo, el Dictamen dejaba constancia del desarrollo por parte de varios Estados miembros de la UE -entre los que no se encuentra España- de registros de edificios que contienen amianto, instando a su implantación en todo el territorio europeo, con el fin de erradicar todo el amianto a finales de 2032. En la actualidad, solo Polonia ha establecido un plan de acción con respaldo financiero para erradicar todas las fuentes de amianto existentes 9 y apunta el CESE la importancia crucial de una financiación pública suficiente para una eliminación organizada y estructurada del amianto es un tipo de mejora del desarrollo regional y de las infraestructuras de esas regiones.

Por último, recordaban en su Dictamen, tanto al legislador europeo como al nacional, que aún están pendientes de desarrollar e implementar las 64 demandas específicas recogidas, en un informe de iniciativa del Parlamento Europeo (marzo 2013) que describía detalladamente los diversos problemas y ámbitos políticos relacionados con el amianto. 10

En definitiva, es necesario que España atienda las demandas del Comité Económico y Social Europeo (CESE), con el fin de erradicar y solucionar los problemas del amianto en España.

Al amparo y en virtud de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en desarrollo de las competencias estatales recogidas en los artículos 149.1.7.º, 149.1.16.º y 149.1.18.º de la Constitución española, y en coordinación con las diferentes Comunidades Autónomas, promueva la elaboración de una Ley nacional sobre el Amianto, con los siguientes objetivos:

- Regular las medidas para la identificación de población de alto riesgo de enfermedad atribuible al asbesto (áreas calientes, trabajadores de alto riesgo...). Esto permitiría implementar medidas de seguimiento/screening, teniendo en cuenta el periodo de latencia de enfermedad.

- Regular la creación de un Registro de Notificación Obligatoria de todos casos atribuibles al asbesto como la asbestosis o el cáncer y, a tal fin:

a) Fomentar entre todos los especialistas sanitarios que intervienen en el manejo de pacientes con enfermedades del asbesto, incluidos los oncólogos, la importancia de la identificación de estas enfermedades en el registro, con implicaciones sociales/económicas para los pacientes.

b) Evitar el infradiagnóstico de casos, permitiendo el acceso al registro a todos los especialistas que intervienen en el manejo de estos pacientes (médico de atención primaria, neumólogo, oncólogo, médico del trabajo, etc.).

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:520141E5005&from=LT

9 5Ministerio polaco de Economía: Programa para la erradicación del amianto en Polonia 2009-2032 -Anexo a la Resolución no 39/ 2010 del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 2010.

10 6Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente [2012/2065(INI)].


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- Regulación del acceso a beneficios sociosanitarios y económicos específicos: medidas de prevención (como, por ejemplo, ayudas para desinstalación), u otras como ayudas económicas por enfermedad (pensiones, etc.)

- En definitiva, a corto plazo, tener una imagen de la situación en España para gestionar recursos y medidas de prevención/diagnóstico por áreas de prioridad".

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Georgina Trías Gil, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para asegurar una atención adecuada y garantizar los derechos de las personas con problemas de Salud Mental y para prevenir el suicidio, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial sobre el impacto que la lacra del suicidio tiene en nuestra sociedad y, sobre todo, de que puede prevenirse.

La Salud Mental ha sido tradicionalmente, no ya relegada a un segundo plano, sino directamente ignorada -e incluso, a veces, invisibilizada- dentro del ámbito de la atención sanitaria. Esta falta de visibilidad ha tenido como resultado un grave perjuicio para las personas con problemas de salud mental, que todavía hoy sufren el estigma de sufrir unas enfermedades de las que la sociedad aún les sigue en cierto modo culpabilizando, sino por padecerlas, sí por "carecer de voluntad" o "no hacer lo suficiente" para recobrarse de las mismas.

Con la voluntad de revertir esta situación, desde el ámbito del Sistema Nacional de Salud, como parte del Plan de Calidad del SNS, se promovió la aprobación de la primera Estrategia en Salud Mental, cuya vigencia se establecía para el periodo 2006-2009, posteriormente actualizada para un nuevo periodo 2009-2013. Desde entonces, pese a haber existido diversos intentos, esta Estrategia no ha sido objeto de ninguna nueva actualización.

Esta carencia de instrumentos de planificación que permitirían articular una acción más integrada, más coordinada y, por tanto, más eficaz, en la atención a la Salud Mental, resulta si cabe más injustificada por cuanto el número de problemas asociados a la salud mental no han dejado de incrementarse durante esta última década. Entre todos ellos, sin duda el más preocupante, y más dramático, es el que representa el elevado número de suicidios.

El suicidio es un problema de primer orden. Con 3.539 personas fallecidas por esta causa en 2018, según datos del Observatorio del Suicidio en España, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte externa en nuestro país. Sus cifras duplican las de accidentes de tráfico otrora principal causa de muerte externa, y multiplican por trece las cifras de homicidios. Es también, después de los tumores, la principal causa de muerte externa entre la población joven (15 a 29 años). El balance es tan esclarecedor como aterrador: diez personas al día mueren por suicidio, lo que supone un fallecido cada dos horas y media.

Estas cifras de fallecimientos, verdaderamente alarmantes, dan cuenta de la necesidad de tomar consciencia de la magnitud de los problemas asociados a la Salud Mental, así como de redoblar esfuerzos y adoptar todas las medidas necesarias para una prevención eficaz, una detección precoz, una intervención inmediata y una asistencia social integral para las personas con problemas de salud mental y, en particular, aquellas con impulsos suicidas, y sus familias.


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Teniendo todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental, para asegurar una adecuada atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental en nuestro país, y que, entre otros, aborde específicamente los siguientes extremos:

a) La aprobación de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique, al menos:

1. La adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud.

2. La incorporación específica de la promoción del bienestar emocional y la prevención del riesgo de suicidio entre el alumnado en los planes de convivencia escolar, así como la implementación de protocolos específicos de prevención, detección e intervención inmediatas, con especial atención al acoso escolar que se produce dentro y fuera del centro, especialmente del ciberacoso a través de Internet.

3. La formación dirigida a profesionales y a servidores públicos, en particular, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a los profesionales de cuidados y servicios sociales, a los profesionales docentes y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de suicidio, incluida la atención a emergencias por tentativas de suicidio y la atención a los supervivientes y sus familiares.

4. El establecimiento de protocolos específicos que faciliten la prevención, detección e intervención ante actitudes de propensión al suicido, aun cuando sean indiciarias.

5. El estudio de la incorporación de los psicólogos clínicos en la Atención Primaria.

b) Los medios para la asistencia social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada de estas personas.

c) Las garantías para la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación de las personas con problemas de salud mental en todos los ámbitos, entre otros, el institucional, laboral, sanitario, social y cultural.

d) La consideración de los riesgos psicosociales como riesgos laborales a todos los efectos de la normativa en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud laboral.

e) La inclusión de las personas con problemas de salud mental severos en el ámbito de la protección del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los protocolos de prevención y actuación rápida para el alumnado, el profesorado y familiares con los que se comparta domicilio que sean considerados colectivo de riesgo debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional elaboraron un documento, que fue presentado en la Conferencia Sectorial de Educación a las comunidades


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autónomas, cuyo objetivo era plantear una estrategia consensuada por los diferentes agentes implicados para ofrecer un entorno seguro y saludable al alumnado y personal de los centros educativos con el fin de retomar la actividad presencial para el curso 2020-2021 que comienza en septiembre.

El documento aprobado finalmente por el Estado y las Comunidades Autónomas sobre las "Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" contemplaba unos principios básicos de actuación en cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza y ventilación y gestión de casos. Sin embargo, el documento olvidaba qué medidas adoptar con respecto al alumnado y profesorado considerados de riesgo en zonas con altos niveles de contagio.

En la reunión mantenida entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas durante el mes de agosto, tras la insistente presión de la comunidad educativa debido a la ausencia de liderazgo por parte del Departamento de Educación a la hora de ordenar la vuelta las aulas para el curso 2020-2021, únicamente se acordó que los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrían las medidas de protección de forma rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 y que se informaría y proporcionaría formación a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro ".

Por su parte, el Ministerio de Universidades presentó unas recomendaciones el pasado 31 de agosto donde no se hacía mención específica de cómo actuar para garantizar los derechos educativos y laborales de alumnos y docentes con situación de especial vulnerabilidad ante la COVID.

De igual modo, en este momento no existe un marco de actuación general en cuanto al retorno a las aulas del alumnado y los docentes que se encuentren conviviendo con personas que puedan ser consideradas colectivo de riesgo. En concreto, estamos hablando de alumnos y profesores que conviven con personas mayores de 65, inmunodeprimidas, que presentan cualquier tipo de patología respiratoria o cualquier otra enfermedad considerada de riesgo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1. Determinar qué alumnado y profesorado debe ser considerado colectivo de riesgo como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 debido a su situación sanitaria individual.

2. Impulsar un protocolo de prevención y actuación rápida de carácter nacional que contemple la posibilidad de que en aquellas zonas que, debido a la situación epidemiológica, aquellos alumnos que puedan ser considerados colectivo de riesgo puedan permanecer en sus domicilios proporcionando los medios necesarios para garantizar el seguimiento del curso lectivo. De igual modo, se articularán medidas específicas para el alumnado que conviva con familiares que sean identificados como colectivo de riesgo, habilitando la posibilidad de que puedan seguir el curso lectivo desde su domicilio en caso de que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.

3. Impulsar un protocolo de prevención y actuación rápida de carácter nacional que contemple la posibilidad de que en aquellas zonas con un determinado número de contagios el personal docente considerado colectivo de riesgo pueda ser reubicado en otro puesto de trabajo dentro de la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma o bien pueda desarrollar sus labores desde su domicilio. De igual modo, se articularán medidas específicas para el profesorado que conviva con familiares que sean identificados como colectivo de riesgo en caso de que exista una alta transmisión de la COVID-19 en su zona.

4. Supervisar los protocolos que las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas hubieran desarrollado para los supuestos previstos en los apartados 2 y 3."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un nuevo Real Decreto para adaptar los procesos de homologación de títulos, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El proceso de homologación de títulos en España está regulado por Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

En la actualidad, el incremento de la movilidad de los graduados y graduadas, en un contexto de amplia movilidad de profesionales ha sido tan importante que merced al avance de los procesos de integración europeos y mundial, ha aumentado la presión sobre las unidades de la administración que se dedican a la homologación de títulos, y el resto de los procedimientos similares, y ello ha acabado complicando y ralentizando la respuesta que desde la administración se realiza ante este reto.

En este sentido, el Ministerio de Universidades durante el primer semestre del año 2020 estableció un protocolo para agilizar y priorizar las homologaciones de personal médico, enfermería y otras especialidades, como fisioterapeutas o nutricionistas, en el transcurso de la crisis de la epidemia COVID-19, tramitando de urgencia varios centenares de homologaciones de titulaciones sanitarias durante el estado de alarma. Esto demuestra que pueden implementarse mejoras para agilizar todos los expedientes de homologación, así como de los otros procedimientos relacionados, aunque la situación sigue requiriendo una actuación multidimensional para agilizar y garantizar una respuesta adecuada en tiempo y forma de la administración a las peticiones de la ciudadanía.

En este contexto, uno de los procedimientos de mayor demanda, la homologación de títulos, establecido en este Real Decreto 967/2014, establece que las resoluciones de homologación y de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial se adoptarán previo informe motivado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ello ha comportado un incremento significativo de la complejidad y, por lo tanto, de la ralentización de todo el procedimiento, generándose un exceso de temporalidad en dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos y las ciudadanas. Este es uno de los aspectos que deben ser modificados para, garantizándose siempre todos los requerimientos necesarios, se puedan resolver en uno u otro sentido con prontitud y transparencia.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La elaboración de un nuevo Real Decreto que sustituya al Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, para adaptar los procesos de homologación y equivalencias, y todos aquellos procedimientos relacionados, a una movilidad de profesionales muy dinámica, siempre aunando la flexibilidad procedimental y organizativa con un procedimiento garantista, que responda al contexto actual de consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior y de unas sociedades crecientemente abiertas, en el que existe una gran movilidad de profesionales y que debe basarse en la reciprocidad entre países que se reconocen en términos formativos y educativos.

2. Que evalúe de urgencia y, en caso necesario, incremente los recursos humanos dedicados a las unidades que gestionan el proceso de homologación de títulos a fin de agilizar los procedimientos, para dar, de este modo, una pronta resolución a las peticiones de la ciudadanía.


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3. Que establezca un plan de choque digital, con el fin de poder afrontar con éxito el reto del aumento de peticiones y de la necesidad de agilizar la respuesta a estas, que contribuya a disminuir la acumulación de expedientes que pudiera haberse producido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2020.-Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Javier Alfonso Cendón, Juan Francisco Serrano Martínez, Miguel Ángel González Caballero, Helena Caballero Gutiérrez, María Luz Martínez Seijo, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia y la prevención del suicidio juvenil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Exposición de motivos

Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial sobre el impacto que la lacra del suicidio tiene en nuestra sociedad y, sobre todo, de que puede prevenirse.

El documento "Aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!)", publicado en 2017 por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, establece que durante años, los problemas de salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y, en algunos casos, se han pasado por alto, aunque subraya que la situación ha cambiado. En concreto, dicho documento enfatiza que invertir en la salud de los adolescentes promueve un triple dividendo de beneficios: para los adolescentes ahora, para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. De acuerdo con la OMS, cada adolescente tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles para llegar a ser un adulto sano y responsable, contribuir a la sociedad y llevar una vida feliz y plena.

La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para desarrollar problemas de salud mental ya que el 50 % de los problemas mentales aparecen antes de los catorce años, tal y como recoge la OMS. Un reciente meta-análisis sugiere una tasa de prevalencia del 9.1 % de jóvenes con problemas emocionales: 6,5 % para trastornos de ansiedad y un 2,6 % para trastornos del estado del ánimo. Estos datos epidemiológicos apuntan a que 110 millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en todo el mundo. Solo en España se estima que casi medio millón de adolescentes sufren problemas emocionales, lo que representa casi el 50 % de todos los trastornos mentales registrados.

En consecuencia, los problemas emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes (WHO, 2016) y suponen una preocupación y un reto para familias, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Actualmente la depresión es una de las enfermedades mentales que más preocupa a las autoridades sanitarias. La depresión tiene consecuencias muy negativas en todas las áreas de vida de las personas (familia, amigos, trabajo...), y es un importante problema de salud pública, que además implica un alto gasto sanitario. Además, la depresión es el mayor contribuidor al suicidio (APA, 2014), un problema que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (Informe Juventud en España, 2016; Observatorio del Suicidio, 2018). En nuestro país, diez personas mueren al día como consecuencia del suicidio.

En términos de costes, como la Guía AA-HA! recoge, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos aparecen dentro de las cinco primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes. Los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los niños, ya que estos trastornos afectan a todas las áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental).


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Además, cuando ocurren en la infancia/adolescencia suelen ir asociados a consecuencias negativas (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio, suicidio consumado...). Pese a todo ello, los problemas emocionales son los más infradetectados e infratratados. En concreto, datos de "University of Rochester Medical Center" (2018) revelan que los trastornos del estado del ánimo son los problemas de salud mental menos identificados en jóvenes. Sin detección no hay posibilidad de que los adolescentes puedan acceder a intervenciones basadas en la evidencia. Ello sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo para el inicio de otros problemas.

Como se señala en el documento elaborado por la Red para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional en los Jóvenes (Red PROEM), "no hay futuro sin adolescentes emocionalmente sanos" y, por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas, dirigidas a la mejora de la atención y la promoción de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia en nuestro país, destacando, de manera prioritario, las siguientes:

a) La elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio Juvenil específico en la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.

b) La adopción de "Códigos de Riesgo de Suicidio" en todos los centros educativos, así como la implementación de protocolos de prevención, detección e intervención inmediatas, con especial atención a los riesgos que puedan derivarse de casos de acoso escolar fuera o dentro del entorno escolar, especialmente el ciberacoso a través de Internet.

c) La incorporación de la salud y bienestar emocional de la infancia y la adolescencia como línea dentro del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

181/000464

Grupo Parlamentario Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


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Texto:

¿Va a mantener el gobierno los compromisos y las 25 líneas prioritarias anunciadas con la declaración de emergencia climática?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000465

Grupo Parlamentario Plural.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Texto:

¿Qué medidas van a tomar para reducir el término fijo del coste de la electricidad de manera que se fomente la eficiencia energética y el autoconsumo de energías renovables y se reduzca la pobreza energética?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000466

Grupo Parlamentario Plural.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Texto:

¿Qué previsiones tiene el gobierno sobre el cumplimiento del Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia ahorro y reutilización y especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las Directivas europeas correspondientes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000467

Grupo Parlamentario Plural.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Texto:

¿Qué medidas se van a tomar desde el Gobierno y, específicamente, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para salvaguardar el marco general hacia una Transición Ecológica y


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Sostenible en el contexto de la reconstrucción y de la concreción de los planes socioeconómicos y productivos en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000468

Grupo Parlamentario Plural.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Texto:

¿Qué criterios va a priorizar el gobierno en el diseño de las nuevas subastas de renovables para reducir el precio de la energía, garantizar la rentabilidad de las inversiones y fomentar la descentralización y democratización de la propiedad de las instalaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000470

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Diputado don Eloy Suárez Lamata.

Texto:

¿Cuál es la causa por la que no se contempla "la conservación y modernización de infraestructuras de regulación, gestión y distribución de agua" en el Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del Ebro (EPTI), que constituye la siguiente fase en el proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Eloy Suárez Lamata, Diputado.

181/000471

Grupo Parlamentario Plural.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.

Diputada doña Inés Sabanés Nadal.

Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Texto:

1. ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el ámbito de sus competencias para salvaguardar el medio ambiente en regiones como Murcia ante la inacción de los gobiernos autonómicos?


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2. ¿Debería rescatar el Estado las competencias de conservación y protección de la biodiversidad de aquellas autonomías que estén haciendo dejación de funciones, según lo previsto en el artículo 45 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a preservar el medio ambiente de todos los ciudadanos, al igual que la riqueza del país que debe estar sometida al interés general según el artículo 128.1 de nuestra Constitución, y cumpliendo una función social y pública según el artículo 4 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, bajo competencia y responsabilidad del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000463

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura y Deportes.

Diputado don Javier Merino Martínez.

Texto:

¿La nueva plataforma de coordinación interterritorial con las CCAA creada el 25 de agosto de 2020 por el Consejo Superior de Deportes sustituye a la Conferencia Sectorial de Deportes adscrita al Consejo Superior de Deportes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2020.-Javier Merino Martínez, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/021495

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Jerez Juan, Miguel Ángel (GP). Prohens Rigo, Margarita (GP).

Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de cubrir las vacantes de médico disponibles en la prisión de Eivissa, así como motivos por los cuales no se encontraba un médico disponible en la prisión cuando se encontró muerto en su celda a un interno que presuntamente se habría suicidado.

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.

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