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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 71, de 22/04/2020
cve: BOCG-14-D-71
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de abril de 2020

Núm. 71


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Justicia

161/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar la independencia económica del Poder Judicial y la adecuación de las retribuciones de sus integrantes ... (Página5)

161/000573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a conciliar la protección de la salud con la garantía del derecho de defensa en la asistencia letrada del detenido durante la situación del estado de alarma ... (Página7)

Comisión de Hacienda

161/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las deducciones en el IRPF por las donaciones de particulares para luchar contra la crisis del coronavirus ... (Página8)

161/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reparto de 300 millones de euros entre Comunidades Autónomas para las acciones más urgentes contra el COVID-19 ... (Página11)

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la fijación de servicios mínimos para las estaciones de servicio en el contexto de la lucha contra el COVID-19 ... (Página16)

161/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a promover la eliminación del pago de peajes para los vehículos pesados mientras dure el estado de alarma ... (Página17)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/000557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el pago inmediato de las becas para estudios universitarios ... (Página18)

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas de apoyo a los autónomos afectados por circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 ... (Página19)


Página 2




161/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la equiparación entre los mutualistas y los trabajadores por cuenta propia en el acceso a ayudas derivadas de la crisis del COVID-19 ... (Página21)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso del turismo español tras la crisis del coronavirus COVID-19 ... (Página22)

Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la viabilidad y el buen funcionamiento de las residencias de mayores ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ... (Página25)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes en relación con el sector primario de cultivo de planta y ornamental y flor cortada ante la crisis derivada del COVID-19 ... (Página26)

161/000561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con el sector del mar en Galicia ante la crisis derivada del COVID-19 ... (Página27)

161/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para intentar paliar la situación por la que atraviesa el sector de la fresa de Huelva debido a la crisis internacional del COVID-19 ... (Página29)

161/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre medidas urgentes de apoyo a las actividades agrarias afectadas por la crisis del COVID-19 ... (Página31)

161/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al sector ganadero español frente a la crisis del COVID-19 ... (Página33)

161/000572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a establecer medidas para que nuestro sector primario se pueda nutrir con agilidad y eficiencia de mano de obra ... (Página34)

161/000582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a medidas urgentes de apoyo a las actividades pesqueras y de acuicultura afectadas por la crisis del COVID-19 ... (Página37)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a posibilitar la participación y votación de los miembros de los órganos colegiados de las entidades locales mediante procedimientos telemáticos en las circunstancias excepcionales actuales de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Retirada ... (Página38)

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el control de poblaciones de fauna salvaje durante el estado de alarma de COVID-19 ... (Página38)


Página 3




Comisión de Sanidad y Consumo

161/000565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación de medidas que permitan la pronta reactivación de la economía, mediante la disposición de un kit de protección médica básica para el COVID-19 ... (Página40)

161/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la compensación del altruismo por la incorporación de estudiantes de Ciencias de la Salud ante la pandemia por COVID-19 ... (Página42)

161/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a prohibir el bloqueo o suspensión de líneas telefónicas durante el estado de alarma ... (Página43)

161/000578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una reserva estratégica de material sanitario con el que posibilitar un abordaje diligente de crisis como la generada por el coronavirus (COVID-19) que pueda producirse en el futuro ... (Página44)

161/000579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un plan de atención psicológica para los profesionales sanitarios con el que paliar el desgaste emocional derivado de su actividad durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ... (Página45)

161/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un plan de apoyo psicológico y acompañamiento para los familiares y allegados de fallecidos por coronavirus (COVID-19) ... (Página46)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que la cooperación internacional española fije como prioridad la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID-19 en todos sus ámbitos de actuación ... (Página47)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

181/000081 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si el material sanitario proporcionado a los transportistas de mercancías durante las dos primeras semanas del estado de alarma ha sido suficiente y ha puesto la salud de dichos trabajadores en grave riesgo ... (Página49)

181/000082 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si su lentitud en la distribución de mascarillas FFP2 entre los transportistas de mercancías los ha puesto en grave peligro de contagio ... (Página49)

181/000083 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre número de mascarillas, del total de los 8 millones anunciados en la Orden TMA/263/2020 distribuidas en el ámbito del sector del transporte ... (Página49)

181/000084 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si la escasez de material sanitario repartido y la lentitud en su distribución en sectores que trabajan de cara al público como Correos y Renfe, ha puesto en riesgo a los trabajadores y clientes y ha sido una fuente de propagación del virus ... (Página50)


Página 4




Comisión de Educación y Formación Profesional

181/000085 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre recursos proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las Comunidades Autónomas para afrontar la crisis del coronavirus en relación a la necesaria formación online en todos los ámbitos educativos ... (Página50)

181/000086 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal (GPlu), sobre medidas decretadas por el Gobierno para mitigar la brecha educativa y el impacto psicológico de los niños y niñas durante y después de la crisis del COVID-19 ... (Página50)


Página 5




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

161/000563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D. Javier Ortega Smith-Molina y D. José María Sánchez García, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la independencia económica del Poder Judicial y la adecuación de las retribuciones de sus integrantes, para su discusión en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Primero. Un estudio publicado en la web del Real Instituto Elcano sobre la calidad de la democracia española, refleja la posición de España en los dos índices que han publicado informes más recientes, el Democracy Index, elaborado desde 2006 por la Economist Intelligence Unit (EIU) de The Economist 1, a través del cual se pretende determinar el rango de democracia en 167 países, y el Rule of Law Index, elaborado por el World Justice Project, que realiza una evaluación de la calidad de la democracia de 113 Estados y territorios, tomando en consideración ocho factores: 1) limitaciones a los poderes gubernamentales; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto (información a los ciudadanos, capacidad de éstos para influir...); 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad; 6) aplicación de las normas; 7) justicia civil; y 8) justicia penal.

El citado estudio revela que la corrupción hace caer la posición de España en el ranking comparativo de la calidad de las democracias del mundo. La encuesta en la que se basan los datos (junto con las entrevistas a expertos) separa diferentes niveles estatales en los que podría encontrarse corrupción, pero no recoge a los partidos políticos o a los Ayuntamientos, donde más se concentran los escándalos de corrupción aparecidos en España en los últimos años.

Por este motivo y en relación con el ámbito político, los entrevistados solo pueden elegir la opción "en el Parlamento", pese a que en España no existe ningún caso de corrupción notorio relacionado con las Cortes o cámaras legislativas autonómicas. Probablemente, los entrevistados españoles eligen esta respuesta por ser la más cercana a su impresión negativa, según muestran asimismo las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de que la corrupción está extendida entre "los políticos".

Segundo. En contraste con esto, tanto el sistema judicial como el policial obtienen una calificación muy satisfactoria en lo que respecta a su honradez (0,85 y 0,86 en la escala 0 a 1).

Tercero. Sin embargo, un elemento que lastra la posición general de España es la carencia de medios y personal en el sistema judicial, que provoca retrasos excesivos en la tramitación de los procedimientos y, en consecuencia, la ineficacia y desprestigio del sistema.

1 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/comentario-gonzalezenriquez-calidad-democracia-espana


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Cuarto. En todo caso, resulta conveniente introducir elementos que permitan objetivar el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial, al efecto de garantizar su independencia real en el ejercicio de sus cargos. Aunque la Justicia aparezca bien valorada en general, debe contribuirse a que se mantenga esa confianza e incluso a reforzarla. Para ello, es preciso que el ciudadano sienta que el poder judicial es independiente, lo que es esencial para la calidad democrática de nuestro sistema político.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afirmado que, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, la independencia del poder judicial debe garantizarse frente a los poderes legislativo y ejecutivo (vid. Sentencia del TJUE de 10 de noviembre de 2016, Poltorak, C-452/16, apartado 35). Asimismo, el TJUE, en su Sentencia de 19 de noviembre de 2019, C-624/18 y C-625/18, apartados 140 y 144, señala que para comprobar si un órgano de gobierno del poder judicial ofrece o no suficientes garantías de independencia frente a los poderes legislativo y ejecutivo, deberán tenerse en cuenta todos los aspectos pertinentes.

Quinto. Dicha independencia incluye la económica respecto de los otros poderes del Estado. Es relevante para ello su autosuficiencia económica. Destacados miembros de la Carrera Judicial así lo han manifestado en diversas ocasiones. Los jueces decanos, en las XXVII jornadas nacionales celebradas en Bilbao en octubre de 2017, concluyeron que el poder judicial es hoy económico-dependiente, porque no disfruta de la autonomía presupuestaria necesaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales. En ese sentido, las salas de gobierno de los tribunales y los jueces decanos carecen de instrumentos eficaces para exigir que las administraciones competentes pongan a disposición de los juzgados y tribunales los medios materiales y humanos precisos para administrar justicia, de modo que su actividad gubernativa queda en algo puramente testimonial, inoperante e inútil.

Por su parte, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, reunidos en Santander, concluyeron, en sus jornadas celebradas en octubre de 2019, que el estado actual de la organización judicial denota que las denominadas administraciones prestacionales no son capaces de garantizar con prontitud el ejercicio independiente y eficaz de la función judicial, en lo que constituye parte del aspecto externo de la independencia judicial, pero que está intrínsecamente unida al núcleo esencial de la función jurisdiccional.

Sexto. Por otro lado, cabe señalar que el apartado 1 del artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que "el Estado garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional", remitiendo el apartado 6 del artículo 403 a una ley que desarrolle "las retribuciones de los miembros de la carrera judicial". Actualmente, están reguladas por la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, y su Reglamento de desarrollo 2/2018 de 29 de noviembre.

Por su parte, el artículo 389 de la LOPJ establece un régimen de incompatibilidades y prohibiciones, aplicable a los jueces y magistrados, extremadamente duro, que no es equiparable a los aplicables a los demás servidores públicos. También lo es el de los fiscales (artículo 57 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y el de los Letrados de la Administración de Justicia (artículos 445.2 de la LOPJ y 140 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales), todos ellos prácticamente imposibilitados de realizar cualquier otra actividad retribuida.

Pues bien, si el legislador obliga a dichos servidores públicos a un régimen de cuasi absoluta exclusividad en atención a su función, parece razonable exigir que, en contrapartida, establezca un régimen retributivo proporcionado a ese mayor sacrificio y a la alta dignidad y responsabilidad de aquella función, lo que garantizará también su independencia.

Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para que Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, participen en la decisión de asignación y dotación de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, en orden a una verdadera independencia económica del poder judicial, y se mejoren y dignifiquen las retribuciones de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, a cuyos efectos se constituirán grupos de estudio, formados por especialistas designados por los partidos políticos


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parlamentarios de ámbito nacional y sin retribución, que formularán propuestas en el plazo de seis meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Eduardo Luis Ruiz Navarro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Javier Ortega Smith-Molina y D. José María Sánchez García, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley (PNL) relativa a conciliar la protección de la salud con la garantía del derecho de defensa en la asistencia letrada del detenido durante la situación del estado de alarma, para su discusión en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Primero. Como consecuencia del avance de la pandemia del COVID-19 y a la vista de las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 en el que se declara el estado de alarma, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) acordó el día 14 de marzo la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales. Únicamente se mantienen los servicios esenciales de la Administración de Justicia.

El Real Decreto-ley 10/2020 establece en su disposición adicional tercera que los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020, de 14 de marzo y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades autónomas con competencias en la materia.

Segundo. La situación causada por el COVID-19 y su evolución exige la necesidad de adoptar medidas extraordinarias por parte de la Administración de Justicia destinadas a asegurar los servicios esenciales y el desarrollo de los mismos con el menor riesgo de contagio posible.

En un primer momento, el Ministerio de Justicia dictó las Resoluciones de 14 y de 16 de marzo de 2020 para el cumplimiento de los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma. El pasado 23 de marzo, el Ministro de Justicia dictó una resolución sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia durante la pandemia COVID-19. En ella, se adoptan medidas preventivas de protección colectiva, individual y de organización del trabajo y se establece un protocolo de actuación para casos positivos.

Tercero. No obstante, es necesario asegurar también que las actuaciones de asistencia letrada a detenidos que se efectúen en las dependencias policiales cuenten con protección de la salud de todos los intervinientes en ellas.

Tal y como expone la nota de 29 de marzo de 2020 de la Comisión de seguimiento ejecutivo COVID-19 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el derecho fundamental a la defensa, proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, no puede verse perjudicado en ningún momento por la pandemia. Por complejas que sean las circunstancias que atravesemos, como sin duda lo son las que derivan de la declaración del estado de alarma actual, el expresado derecho incluye una "efectiva asistencia", en términos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 13-5-1980, caso Ártico contra Italia).

Por ello, la situación excepcional en la que nos encontramos requiere que garantice la asistencia letrada de los detenidos, con arreglo al derecho de defensa (artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; LECrim, en adelante), mas en condiciones adecuadas para la protección de la salud de los intervinientes en tal actuación (policías, letrados que asistan al detenido, ya sean de oficio o designados, y el propio detenido), con la consiguiente adopción de medidas al efecto.


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Cuarto. Es sabido que, en algunas dependencias policiales y de la Guardia Civil, se están practicando tales diligencias telemáticamente. El propio artículo 520.2.c) de la LECrim contempla la comunicación por videoconferencia o telefónica entre letrado y detenido en determinados supuesto excepcionales.

Asimismo, el 25 de marzo de 2020 el Ilustre Colegio de abogados de Madrid presentó un Protocolo de buenas prácticas en la asistencia letrada a detenidos con ocasión del COVID-19. Se busca a través de este protocolo garantizar el derecho de defensa y, al mismo tiempo, preservar la salud de los intervinientes en dicha diligencia.

Sin embargo, la protección de la salud únicamente de los letrados no es suficiente. Es necesario que el Ministerio de Justicia, en coordinación con las medidas adoptadas por el CGPJ, los Colegios de Abogados y el Ministerio del Interior establezca un protocolo de actuación específico con el objetivo de proteger la salud de todos los intervinientes en las referidas diligencias (agentes de Policía, Guardia Civil, letrados y detenidos), sin merma del derecho de defensa de estos últimos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Adoptar las medidas necesarias que supongan una plena protección del derecho de defensa reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española durante la vigencia del estado de alarma por el COVID-19, y en tanto duren la alerta sanitaria y el riesgo de contagio.

2. Aprobación de un protocolo al efecto que establezca el modo de actuar en orden que se proteja la salud de los intervinientes en las diligencias de asistencia letrada a detenidos en sedes policiales, con garantía del derecho de defensa. Se proponen como elementos mínimos de dicho protocolo los siguientes:

a) Posibilidad de celebración de la entrevista reservada y confidencial con el detenido por medios telemáticos.

b) Ponderación por parte del letrado si resulta imprescindible su presencia para asistir al detenido en su declaración.

c) Posibilidad de recibir declaración al detenido con asistencia letrada por medios telemáticos.

d) En el caso de asistencia presencial en la declaración del detenido en las dependencias policiales:

i. Asegurar las distancias mínimas de seguridad y desinfección de posibles objetos de uso compartido.

ii. Protección de todos los intervinientes expuestos al contagio mediante el uso de material profiláctico (mascarilla, guantes de látex y líquidos desinfectantes), del que se proveerá a la autoridad policial y que ésta facilitará a los intervinientes, a quienes ordenará utilizarlo.

3. Provisión de los recursos necesarios a las dependencias policiales para practicar la asistencia letrada a detenidos por medios telemáticos, con garantía del derecho de defensa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Hacienda

161/000564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Rubén Manso Olivar, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley referente a las deducciones en el IRPF por las donaciones de particulares para luchar contra la crisis del coronavirus, para su discusión en la Comisión de Hacienda.


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Exposición de motivos

Primero. El Código Civil define la donación, en su artículo 618, como un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.

Las donaciones no son por sí mismas un gasto deducible, pues no están previstos como tal en la normativa contable, pero pueden resultar en beneficios fiscales a través de deducciones en cuota tanto del Impuesto sobre Sociedades (IS) como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Segundo. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, recoge en su artículo 68 el régimen de deducciones del presente impuesto, cuyo apartado 30 hace referencia expresamente a las deducciones por donativos y otras aportaciones. El citado apartado señala expresamente lo siguiente:

"Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:

a) Las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) El 10 por ciento de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el párrafo anterior.

c) El 20 por ciento de las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores. La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales y estará constituida por las cuotas de afiliación y aportaciones previstas en la letra a) del apartado Dos del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos."

Tercero. Por otro lado, debemos hacer referencia a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Cabe destacar, en primer lugar, que el objeto de la Ley 49/2002 es regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos (fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública organizaciones no gubernamentales de desarrollo, delegaciones de fundaciones extranjeras, federaciones, etc.), en consideración a su función social, actividades y características, así como regular los incentivos fiscales al mecenazgo. En lo no previsto en esta Ley se aplicará las normas tributarias generales, y todo ello sin perjuicio de los regímenes especiales tributarios de los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso se entiende por mecenazgo, a efectos de la presente Ley, la participación privada en la realización de actividades de interés general.

Cuarto. En segundo lugar, es necesario hacer referencia al Régimen Fiscal de las donaciones y aportaciones, en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002.

El artículo 17.1 hace referencia a los donativos, donaciones y aportaciones deducibles señalando lo siguiente:

"1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior:

a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.

b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura.

c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.

d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico."

Por otro lado, el artículo 19 se refiere a la deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En virtud del citado artículo, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la


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deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, la siguiente escala:

Base de deducción. Importe hasta;Porcentaje de deducción

150 euros.;75

Resto base de deducción.;30

Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 75 % de los primeros 150 euros donados o de los bienes o derechos donados hasta el valor de 150 euros, calculado conforme a las reglas de valoración de la ley.

Los 150 primeros euros son los que el contribuyente decida respecto del total de las donaciones que haya realizado en el mismo ejercicio a una o varias entidades, sin que tengan que ser los primeros 150 euros en el tiempo.

El resto de la donación o de las restantes donaciones que superen los 150 euros darán derecho a deducir de la cuota íntegra el 30 % del importe donado o del valor de los bienes o derechos donados.

El 30 % se incrementará al 35 % si el contribuyente hubiera realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción a favor de una misma entidad por importe de valor igual o superior al del ejercicio anterior, en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores. A partir del tercer ejercicio, si continúa donando a la misma entidad por un importe igual o superior, podrá aplicar también el porcentaje incrementado del 35 %. Si el donante deja de donar o reduce su aportación un año, perderá el derecho por donación plurianual y deberá volver a donar el mismo o superior importe, a la misma entidad, al menos durante tres años, aplicando el porcentaje incrementado el tercer año.

Quinto. En todo caso, el apartado 2 del artículo 19 recoge un límite a la deducción, estableciendo que la base de las deducciones referidas, no podrá exceder para cada una de ellas del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente, en definitiva por el exceso no se podrá practicar deducción.

No obstante, la base de deducción por donativos, donaciones y aportaciones destinados a la realización y desarrollo de actividades y programas prioritarios de mecenazgo antes mencionados, podrá alcanzar el 15 % de la base liquidable del ejercicio (artículo 22 de la Ley 49/2002).

Por último es necesario señalar que como el IRPF se configura como un impuesto parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas, con el límite máximo del 50 %, en el esquema de liquidación es preciso diferenciar dos fases, una estatal y otra autonómica. Esta deducción ha de integrarse al 50 % en cada una de las cuotas íntegras (estatal y autonómica).

Sexto. La sociedad española está dando un gran ejemplo de solidaridad mediante el voluntariado donde más se necesita, pero también aportando fondos, comprando y donando material sanitario necesario para la lucha contra la pandemia del coronavirus o ayudando a los colectivos más afectados con productos de primera necesidad. Una solidaridad que entendemos debe ser reconocida fiscalmente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Promover la ampliación con carácter urgente de los beneficios fiscales para que los contribuyentes de IRPF, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tengan derecho a deducir, de su cuota íntegra, el 75 % de la totalidad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles (calculado conforme a las reglas de valoración de la Ley) como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), durante los meses de marzo a junio de 2020.

2. Promover con carácter urgente el dejar sin aplicación el límite de la deducción sobre la base liquidable para aquellos donativos, donaciones y aportaciones realizadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), durante los meses de marzo a junio de 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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161/000567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jimenez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reparto de 300 millones de euros entre Comunidades Autónomas para las acciones más urgentes contra el COVID-19, para su discusión en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

Primero. El 31 de marzo, el Gobierno aprobó el reparto de "fondos a las Comunidades Autónomas para las acciones más urgentes contra el COVID-19", por importe de 300 M?. El cálculo para dicho reparto se estableció por una ponderación en la que el 80 % correspondía a la población total, el 15 % al número de infectados y el 5 % al de enfermos en UCI, correspondientes a 24 de marzo. Según el Gobierno, las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres que mayores importes recibirán con 52.791.886, 51.367.983 y 44.231.363 euros respectivamente. El resultado de hacer esos cálculos fue el siguiente:

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Por otro lado, se pueden considerar insuficientes los recursos que se están dotando a la sanidad pública española mediante esta vía, teniendo en cuenta que para las televisiones privadas de ámbito nacional se ha dotado el equivalente al 5 % de dicha cuantía, a pesar de mantener y financiar a Radio Televisión Española.

Segundo. Si se hace referencia a la ayuda que el Gobierno da en función de los infectados por cada Comunidad Autónoma, se obtiene el siguiente resultado: las Comunidades Autónomas con mayor


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incidencia de la pandemia reciben menos por infectado y, por tanto, por casos en UCI. Los casos más llamativos son los de La Rioja, Madrid y Navarra.

- Con datos de infectados a 31 de marzo, que es cuando se aprobó el reparto de las ayudas:

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- Con datos de infectados a 24 de marzo, siendo las cifras que utilizó el Gobierno para realizar los cálculos del reparto de las ayudas:

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La evolución de los casos es diferente por cada Comunidad Autónoma, al igual que los datos expuestos por el Gobierno. Las conclusiones que se obtienen del análisis de los datos son las siguientes:

- Con datos a 24 de marzo:

? Los contagiados por COVID-19 en La Rioja fueron 25,50 por cada 10.000 habitantes, mientras que la ayuda planteada es de 4.151 euros menos por enfermo que la media (7.562 euros por habitante). En Madrid fueron 18,5 contagios por cada 10.000 habitantes, mientras que la ayuda recibida por enfermo contagiado es 2.844 euros menos con respecto a la media.

? Al contrario, Canarias con una población infectada de 2,51 por cada 10.000 habitantes, recibiría 12.145 euros más por enfermo que la media nacional. También Andalucía con una tasa de 2,93 infectados por cada 10.000 recibiría 10.338 euros más por enfermo que la media nacional y casi 15.000 euros menos por enfermo que La Rioja.


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- Con datos a 31 de marzo.

? Con datos a 31 de marzo, que es cuando se aprobaron los Fondos, la media por habitante total cae de 7.562 euros a 2.397 euros, y seguirá cayendo.

? Los contagiados de Madrid fueron 44,63 por cada 10.000 habitantes, con una percepción de ayudas por enfermo de 1.168 euros menos que la media nacional. Los contagiados de La Rioja fueron 62,32 por cada 10.000 habitantes, con una percepción de ayudas por enfermo de 1.542 euros menos que la media nacional. Los contagiados de Navarra fueron 38,27 por cada 10.000 habitantes, con una percepción de ayudas por enfermo de 1.021 euros menos que la media nacional.

? Mientras, Canarias con 6,22 contagiados por cada 10.000 habitantes recibiría 5.017 más que la media, o Andalucía con 7,57 contagios por cada 10.000 habitantes recibiría 3.983 euros más que la media. La Rioja recibiría 6.559 euros menos que Canarias.

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Tercero. Entendiendo que la evolución del COVID-19 a nivel geográfico puede ser imprevisible, es necesario atender a la realidad presente. En una situación de ausencia de Administraciones autonómicas sin sus propios recursos, siempre escasos para sus gestores, y sin sus propias competencias plenas en materia de Sanidad entre otras, la gestión de la crisis sanitaria y del conjunto del sistema nacional de salud podría ser más eficiente en términos de capacidad y de poder de decisión. A pesar de ello y partiendo de las rigideces que suponen tantas Administraciones, los recursos no son asignados en función de variables tales como el número de infectados, sino en función de la población total, obviando la urgente realidad a la que se enfrenta el Gobierno.

Por ello, un adecuado cálculo de reparto de ayudas es necesario para atender a las necesidades más acuciantes, los enfermos. El Grupo Parlamentario VOX presenta una propuesta que podría inyectar dinero de manera más eficiente para la lucha contra el COVID-19. El siguiente ejemplo muestra, por un lado, las cifras aprobadas por el Gobierno con datos a 24 de marzo; por otro, el reparto que se hubiera hecho siguiendo la metodología del Gobierno con datos a 31 de marzo, que es cuando se aprobó el reparto y, por último, se muestra un nuevo cálculo de los 300 millones de euros repartidos en función de los infectados y casos de ingresados en UCI a fecha 31 de marzo con las siguientes ponderaciones: 50 % en función de los casos de contagios, 25 % de los casos en UCI y otro 25 % del total de población residente. El siguiente cuadro muestra como quedarían las ayudas utilizando el simple cálculo seguido por el Gobierno, pero cambiando las ponderaciones.

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Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cambiar el sistema de ponderaciones para el cálculo del reparto de fondos a las Comunidades Autónomas para las acciones más urgentes contra el COVID-19, aprobado el 31 de marzo de 2020, de tal manera que el número de infectados y de ingresados en UCI por COVID-19 suponga al menos un 75 % del total del criterio para el cálculo de reparto de ayudas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

161/000556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la fijación de servicios mínimos para las estaciones de servicio en el contexto de la lucha contra el COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 10 un conjunto de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. Se suspende la apertura al público a través de esta norma de diferentes locales y establecimientos, exceptuándose otros como las estaciones de servicio de combustible para la automoción por considerárseles servicio esencial. De igual forma, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, exceptúa del ámbito de aplicación subjetivo del mismo a las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley, entre los que están las estaciones de servicio de combustible para la automoción.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a consecuencia del confinamiento la movilidad en nuestro país ha caído un 89 % en relación a los datos habituales para la época del año. Sin embargo, con el mencionado descenso de los desplazamientos, no tiene sentido seguir manteniendo el 100 % de la oferta de suministro de carburante cuando la movilidad es apenas un 10 % de la habitual y que más de 11.000 puntos de venta estén obligados a permanecer abiertos todos los días.

Los representantes del sector de las estaciones de servicio están solicitando al Gobierno de España el establecimiento de unos servicios mínimos que garanticen el adecuado abastecimiento de carburante en los servicios esenciales (transporte sanitario, vehículos de transporte de mercancías, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc.), al tiempo que permitan a las estaciones de servicio que así lo deseen cerrar temporalmente sus negocios hasta que España recupere la normalidad ahora perdida a causa de la propagación del coronavirus.

Es importante el establecimiento de unos servicios mínimos que ayudarían a preservar miles de empleos en el sector, evitarían la exposición al COVID-19 de miles de empleados de estaciones de servicio que ahora desearían cerrar temporalmente para evitar tener que cerrar la persiana definitivamente y contribuirían a preservar el tejido industrial de nuestro país y una red de estaciones de servicio modélica


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que sirve como elemento de cohesión territorial, fija población en la España vacía y genera una economía social positiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas oportunas en orden a fijar servicios mínimos para las actividades de distribución de carburante al por menor realizadas por las estaciones de servicio en el contexto de la lucha contra el COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Andrés Lorite Lorite, Guillermo Mariscal Anaya y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo y Rubén Darío Vega Arias, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover la eliminación del pago de peajes para los vehículos pesados mientras dure el estado de alarma, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Exposición de motivos

Primero. El sector primario (agricultura, ganadería y pesca), así como la distribución, transformación y todos los intervinientes de la cadena alimentaria, no se detienen a pesar de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). Reconocidos por la nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 18 de marzo de 2020 como sector garante de la cadena de abastecimiento alimentario, y conocedores del lugar estratégico que ocupan, están trabajando a pleno rendimiento a pesar de las dificultades. A las cuantiosas pérdidas económicas derivadas del cierre del canal HORECA, se le suman otras contingencias de carácter excepcional.

Es el caso del transporte de estas materias primas y/o sus transformaciones, cuyos viajes se están intensificando en estos momentos de emergencia, para llevar mercancías a su destino con agilidad y asegurar que los lineales de los comercios tengan sus productos. Sin embargo, una parte de los desplazamientos retorna sin carga debido al cese de actividad de algunos sectores. En estos casos, el transportista, que no puede repercutir los costes derivados del trayecto, como el de los peajes, es el que irremediablemente ha de asumirlos.

En rueda de prensa de 1 de abril de 2020, el Ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuestionado sobre liberar peajes y su gratuidad, afirmó que, en coherencia con el confinamiento, "si se trata de reducir la movilidad, no tiene mucho sentido promover esta movilidad". Ante el desafortunado planteamiento, cabe recordar al Ministro que, "si se trata de garantizar el suministro de la cadena alimentaria, sí tiene mucho sentido promover este suministro de la cadena alimentaria".

Concluyendo, el transporte de alimentos es indudablemente un sector estratégico e imprescindible. Sin embargo, durante la declaración del estado de alarma, este no puede gestionar los portes como lo hacía antes, lo que repercute en los gastos y, por lo tanto, causa perjuicios muy notables.


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Es por ello que, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover a nivel nacional la eliminación del pago de peajes para los vehículos pesados destinados al transporte de bienes de primera necesidad mientras dure el estado de alarma, para minimizar el impacto económico en el transporte de los productos de la cadena alimentaria que es necesario garantizar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/000557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago inmediato de las becas para estudios universitarios, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La actual coyuntura está poniendo en dificultades a muchísimas familias españolas, que han visto como la crisis sanitaria provocada por el coronavirus les ha puesto en serios aprietos a la hora de hacer frente a sus recibos a final de mes, que a pesar de los desgraciados acontecimientos que estamos viviendo, tienen que seguir abonando.

El Gobierno de España debe seguir haciendo frente con todos los instrumentos que tenga a su disposición para que las familias de nuestro país, y en especial aquellas con menor poder adquisitivo, puedan salir adelante y recuperar, como mínimo, la situación en la que encontraban antes de la pandemia que está castigando en estos momentos a la mayoría de Estados de todo el mundo.

Aunque nos encontramos a mitad del curso académico, a día de hoy, el pago de las becas por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional para estudios universitarios del curso 2019-2020 aún no se ha hecho efectivo en su totalidad. Esta situación lejos de ser novedosa, es un mal estructural que padece nuestro sistema de becas y ayudas a los estudios posobligatorios, que año tras año, y por diferentes motivos, no abona las cuantías hasta fechas próximas a la finalización del curso académico.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos es consciente de las dificultades que está soportando el actual Ejecutivo debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que está teniendo nefastas consecuencias sanitarias y tendrá durísimas repercusiones económicas para nuestro país. Por ello, creemos necesario que el Gobierno de España desbloquee el pago de las becas para estudios universitarios de manera urgente. Esta medida podría ayudar a aliviar la situación de muchas familias de manera inmediata a corto plazo, especialmente en el caso de aquellas que pueden estar atravesando dificultades para hacer frente a algunos pagos al verse afectadas por un ERTE o bien por haber perdido su trabajo.

Asumir esta propuesta no supondría ningún coste adicional para las cuentas públicas, dado que este gasto ya está contemplado de cara al presente ejercicio contable y que además se trata de un derecho adquirido que tienen en estos momentos los estudiantes que deberá resarcirse en algún momento.

En caso de que existieran dificultades técnicas para realizar el pago de todas las becas pendientes de pago debido a la situación actual, el Ministerio de Educación y Formación Profesional debería priorizar la ejecución del pago a los alumnos con renta más baja, hasta que sea posible abonar todas las cuantías.

Además, teniendo en cuenta las previsibles consecuencias que tendrá esta situación para nuestra economía, es necesario que el Gobierno de España impulse la actualización en los próximos meses de los umbrales de renta y patrimonio familiar para tener derecho a una beca universitaria, que llevan sin actualizarse desde el curso 2010-2011. Esta medida aumentaría la protección de aquellas familias que


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tienen a su disposición menos recursos, o que no han conseguido recuperar el nivel de ingresos previos al inicio a la crisis sanitaria provocada, y desean que sus hijos puedan cursos estudios superiores en igualdad de oportunidades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ejecutar de manera inmediata el pago de las becas para estudios universitarios del curso 2019-2020, dando prioridad en el ingreso del importe a aquellos estudiantes que se encuentran en el umbral 1 de renta familiar, previsto en el Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.

2. Impulsar de manera inmediata la actualización de los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 para garantizar la igualdad de oportunidades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

161/000558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo para los autónomos afectados por circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Exposición de motivos

Los autónomos son uno de los colectivos más expuestos al impacto económico del COVID-19 y, sin embargo, es uno de los que cuentan con menos protección. Su papel para superar esta crisis es crucial: detrás de cada empresa hay un autónomo y, por tanto, son ellos los que tienen que aplicar en la práctica las medidas tanto de contención sanitaria como de mitigación del impacto económico. También son ellos los que tienen que mantener a flote el tejido empresarial para que la economía pueda volver a la normalidad lo antes posible una vez superada la fase de confinamiento en la gestión de esta emergencia sanitaria.

Desde el primer momento, desde Ciudadanos hemos planteado numerosas iniciativas para apoyar a los trabajadores autónomos durante esta crisis sanitaria. Si bien algunas de ellas han sido adoptadas por el Gobierno, otras muchas no, por razones que nunca se han explicado y que nos resultan incomprensibles. Esta negativa sistemática del Gobierno para tomar medidas adicionales está dejando a cientos de miles de autónomos en la cuneta. Desde Ciudadanos no comprendemos que el Gobierno haya ignorado las peticiones de auxilio que los autónomos le han lanzado en las últimas semanas y especialmente los últimos días. Son demandas de sentido común: mientras sus ingresos sigan congelados por el Estado de Alarma, también deberían ser congelados los impuestos y la cuota de autónomos.

En un momento tan complicado, no se entiende que el Gobierno no haya decidido suspender el pago de las cuotas desde el primer día, ni que cuando lo haya hecho, no haya incluido la de los meses de marzo y abril, ni mucho menos que haya fijado como contrapartida a este aplazamiento el devengo de un interés. Tampoco se explica que los autónomos que se van a ver afectados por el cierre de servicios no esenciales no tengan reconocido el derecho a la prestación extraordinaria, cuando las empresas para las que trabajan tienen que cerrar y sus trabajadores quedar en casa en virtud de un permiso de carácter obligatorio retribuido por la empresa. Estos olvidos sobre cuestiones tan importantes


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para millones de familias españolas evidencian que los autónomos no están entre las prioridades de este Gobierno.

Desde Ciudadanos lo tenemos claro: no podemos olvidarnos de nuestros autónomos, ni dejar tirados a quienes son sin duda un motor de creación de riqueza y empleo en España. Creemos que es de justicia que hagamos el mismo esfuerzo con nuestros autónomos que el que hacemos con todos los trabajadores asalariados. Siempre decimos que Cs es el partido de los autónomos y por eso vamos a ofrecer el máximo apoyo a este colectivo.

Teniendo todo esto presente, consideramos que el Gobierno debe rectificar su actitud con los autónomos y poner encima de la mesa medidas de apoyo que aseguren su supervivencia, motivo por el cual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:

1. Suspenda el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los autónomos durante los meses que se prolongue el estado de alarma, considerando el tiempo de suspensión como cotizado a todos los efectos, aplicable al mes de abril, y previendo la devolución de la cuota de marzo cuando ya hubiera sido cobrada.

2. Extienda el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad a todos los autónomos que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos:

a) Desempeñen una actividad declarada no esencial por el Real Decreto-ley 10/2020.

b) Hayan experimentado una pérdida de sus ingresos o una caída de sus ventas de, al menos, un 30 % respecto al trimestre anterior.

c) Acrediten el deber de cuidado de menores sujetos a su guardia y custodia o de familiares dentro del segundo grado por consanguinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos, que:

1.º Estén en cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19.

2.º Estén afectados por el cierre de centros educativos u otros análogos declarados por las autoridades, como centros de día de personas mayores o con discapacidad.

3.º Estuviesen al cuidado de una tercera persona que no pueda seguir encargándose de ellos por estar en cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19, o tengan que cuidar de familiares afectados por el cierre de centros educativos u otros análogos o que estuviesen al cuidado de un tercero que no pueda seguir encargándose de ellos.

d) Sean mutualistas de una mutua de previsión social alternativa al RETA.

e) Sean familiares colaboradores de un autónomo al que se le reconozca la prestación.

f) Tengan deudas pendientes con la Seguridad Social a la fecha de solicitud o que perciban otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

3. Disponga que la Seguridad Social se haga cargo del pago de las cuotas de los autónomos de baja por cuarentena o aislamiento por contagio por COVID-19 desde el primer día de baja.

4. Establezca que los autónomos que hubiesen tenido que cesar por causas relacionadas con el COVID-19 tengan derecho a una tarifa plana de 60 euros mensuales durante 12 meses cuando inicien de nuevo la actividad económica o profesional.

5. Garantice a los autónomos afectados por COVID-19 una línea de financiación a "coste 0" para los pagos de costes fijos del negocio a proveedores (alquileres, suministros, etc.)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-María Muñoz Vidal y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/000560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, por iniciativa del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la equiparación entre los mutualistas y los trabajadores por cuenta propia en el acceso a ayudas derivadas de la crisis del COVID-19, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

En el ejercicio de profesiones como la abogacía o arquitectura, que desempeñan la actividad de forma independiente pueden acogerse al Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) o, al igual que otros trabajadores de profesiones colegiadas, tienen como alternativa las Mutualidades. Las mutualidades son asociaciones sin ánimo de lucro, donde las personas mutualistas acercan una cuota periódica con la que financian las prestaciones. Estas mutualidades vienen a sustituir las coberturas que la Seguridad Social ofrece para las personas autónomas como la jubilación o la incapacidad laboral transitoria.

Las personas de estos colectivos, una vez que se acogen a las mutualidades no pueden después cambiar de régimen y acogerse al de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que las mutuas ofrecen coberturas que no se incluyen en el régimen de la Seguridad Social, motivo por el que suele ser el más habitual en estos colectivos.

Aunque las mutualidades adoptaron medidas por coronavirus, los mutualistas no pueden acogerse a las ayudas que para el caso de los autónomos de la Seguridad Social (para todas las personas acogidas al RETA) aprobó el gobierno del Estado.

Resulta por lo tanto evidente que los mutualistas se encuentran en una situación de desprotección y desigualdad respecto a los autónomos. Entendemos que el Estado tiene el deber de garantizar que ninguna persona trabajadora quede sin protección social y sin cobertura y no pueda por la falta de ingresos asumir los gastos esenciales. Indudablemente independientemente del tipo de cotización, se debe considerar a estas personas trabajadores por cuenta propia a pesar de incluirse en el sistema de mutuas.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular las siguientes medidas respecto de los trabajadores por cuenta propia en régimen de mutualidad:

1. Exención del pago de las cuotas de las mutualidades y RETA (en el caso de los autónomos).

2. Exención del pago de las cuotas colegiales.

3. Que se apliquen por analogía todas las medidas previstas para autónomos también a las personas incluidas en mutualidades.

4. Reconocimiento para los mutualistas de la indemnización por baja-incapacidad temporal desde el primer día, como si de un accidente laboral se tratara por parte de la Mutualidad de la abogacía y de la Mutualidad de los arquitectos, así como en cualquier otra asimilada a estas.

5. Reconocer el derecho a subsidio por cese de actividad.

6. Establecer, en el caso de los abogados, la gratuidad del cambio de ejercientes a no ejercientes si este es necesario por motivos de reducción o cierre de la actividad derivada de la crisis del COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


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Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/000574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del Turismo Español tras la crisis del coronavirus COVID-19, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Primero. La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de instar al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para mejorar la situación del Turismo Español, paliando así la situación generada por la crisis del SARS-CoV-2 (COVID-19).

La crisis sanitaria producida por el coronavirus COVID-19 tiene en jaque al mundo y, en especial, al sector turístico, que ha visto cómo sus aspiraciones anuales han ido descendiendo debido a las cancelaciones producidas por esta crisis humano-sanitaria. En consecuencia, la irrupción del COVID-19 está afectando severamente y de forma generalizada al sector turístico, que constituye uno de los sectores clave de una potencia turística como España.

Todo lo expuesto está teniendo un impacto económico importante en las líneas aéreas, en el sector turístico y en el comercio minorista. Un ejemplo de ello es que el pasado día 6 de marzo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) revisó sus perspectivas de llegadas de turistas internacionales para 2020, situándolas en un -1 % a -3 %, lo que supone una pérdida estimada de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares (EE.UU.) en ingresos procedentes del turismo internacional. Antes del brote del COVID-19, la OMT había previsto un crecimiento positivo de entre el 3 % y el 4 % para este año.

Segundo. En el año 2018, el último del que tenemos datos objetivos, España recibió 82,6 millones de viajeros y en cuanto a lo que repercute en nuestra economía, la aportación del turismo al PIB fue de 148.000 millones de euros, lo que equivale al 12,3 % del total, alcanzando un nuevo máximo de la serie histórica. Entre al año 2013 y el 2018, la contribución del turismo a la riqueza nacional ha crecido en 7.636 millones al año.

En este cálculo se incluyen distintas actividades turísticas como son el alojamiento; actividades inmobiliarias vacacionales; servicios de comida y bebida; transportes por carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo; alquiler de vehículos; agencias de viajes; industria cultural y actividades deportivas.

Tercero. A principios de este año 2020, Exceltur publicó su balance anual en el que avanzaba los datos referentes al sector turístico del pasado año 2019, y en el que destacaba la predicción de que el Turismo crecería un 1,5 %, por debajo de la economía nacional que calculaban en un 2 %. Los factores que habían acuciado este cambio provenían de la baja demanda por parte de turistas alemanes e ingleses, quienes usualmente venían disfrutando de sus periodos vacacionales en nuestras islas. Otro de los factores con mayor influencia fue la quiebra del turoperador Thomas Cook el pasado septiembre, uno de los más importantes de Europa, siendo España el principal destino de los clientes de Thomas Cook.

Frente a este hecho, los turistas españoles en este pasado año habían contribuido de manera positiva al crecimiento del sector, aumentando las pernoctaciones nacionales, el turismo rural y el uso de medios de transporte.

En cuanto a sus previsiones para este año 2020, Exceltur detalló que el sector crecería al mismo ritmo que en 2019, lo que haría que, por tercer año consecutivo, se avance a menor ritmo que la economía. Sin embargo, tales previsiones llegaron antes de la crisis sanitaria, lo que ha fomentado a la caída del sector turístico hasta niveles nunca vistos.

Cuarto. En España, la promoción del sector turístico corresponde a la Secretaría de Estado para el Turismo, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la que, a su vez, dependen Turespaña y la Red de Paradores Nacionales.

También existe una Secretaría de Estado de la España Global, creada por el Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que sustituye


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en la actualidad a la anteriormente denominada Marca España. Este órgano superior responsable de adoptar las medidas para la mejora de la imagen exterior de España, tiene encomendada, además, la planificación, el impulso, la coordinación y el seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, encaminada a mejorar la percepción del país en el extranjero.

Quinto. Tal y como se puede ver en los siguientes gráficos, la tasa de ocupación en el sector turístico se encuentra por encima de los 2,8 millones en algunos tramos del año.

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Italia, el país europeo con una peor situación en cuanto a contagios y muertes por esta pandemia, está teniendo graves consecuencias para el sector turístico. De hecho, la organización Confturismo-Confcomercio estima que entre el 1 de marzo y el 31 de mayo en el país habrá 31,6 millones de turistas menos, lo que supondrá unas pérdidas de 7.400 millones de euros. También, la Federación Italiana de Turismo, Assoturismo, ha anunciado el pasado jueves 19 de marzo el gran impacto económico que ha ocasionado el brote de COVID-19 en el sector. El gremio considera que incluso si hay una "solución rápida" a la emergencia de salud, "el efecto de la pandemia en el mercado internacional y en la confianza de los viajeros" les llevará a terminar el año con una disminución del 60 % de los ingresos, en comparación con 2019.

Sexto. En el caso de España, según los pronósticos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la crisis del coronavirus COVID-19 podría provocar pérdidas de entre 2,7 y 6 millones de turistas internacionales si la enfermedad no se ataja antes de Semana Santa o el verano, respectivamente, lo que se traduciría en la desaparición de "decenas de miles de millones de euros". Además, resalta que "una de las principales consecuencias es que desaparecerán miles de puestos de trabajo" derivados de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) que se están dando en el sector. Incluso la secretaria de


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Estado de Turismo, la Sra. Isabel Oliver Sagreras, reconocía en rueda de prensa la semana pasada que esta enfermedad va a tener "un impacto directo sobre el turismo y sobre la economía de toda España".

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Por tanto, desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que es preciso tomar nuevas decisiones por parte del ejecutivo que permitan a nuestro sector turístico avanzar sin los miedos y la inseguridad que actualmente se adueña de ellos. El Gobierno debe hacer importantes esfuerzos para que uno de los sectores que más aportan a nuestras arcas públicas pueda subsistir tras esta crisis sanitaria de dimensiones mundiales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto que los empresarios del sector turístico y la aviación están afrontando por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, concretamente, las siguientes:

a) Elaborar un paquete de medidas dirigidas al fomento del sector turístico en mercados turísticos emisores. Tales medidas deben ser acordadas en conjunto entre la Secretaría de Estado para el Turismo y la Secretaría de Estado de la España Global (Ministerio de Asuntos Exteriores).

b) Establecer un conjunto de medidas consignadas al fomento del turismo vacacional interior y destinado a touroperadores, agencias de viajes y todas las pymes y autónomos cuya actividad profesional esté relacionada de manera directa con el turismo.

c) Revisar la eficacia de las políticas de gasto de la Sección 20 destinado a la promoción del turismo en el exterior a través de la presencia en ferias internacionales, así como la inversión publicitaria.

d) Adoptar, a través de los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, medidas específicas para que las pymes y autónomos del sector turístico puedan acogerse para paliar los efectos de esta crisis económica una vez finalizada la crisis sanitaria.

e) Crear una nueva línea de crédito que irá dirigida a los sectores de turismo y de aviación, con el fin de mantener la liquidez para empresas de todos los tamaños.

f) Definir una estrategia de promoción del turismo doméstico, una decisión para compensar la caída en el turismo internacional.

g) Implementar una Línea de Apoyo a la Economía de pymes y autónomos del sector turístico con un equipo de asesoramiento técnico a las mismas, un programa de consultoría online desarrollado por las Escuelas de Turismo de España.

h) Desarrollar campañas de comunicación en medios nacionales con la intención de promocionar que los españoles planifiquen y disfruten de sus periodos vacacionales en España. De esta manera se ayuda al destino turístico que responde a la marca España activando la economía de nuestra nación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la viabilidad y el buen funcionamiento de las residencias de mayores ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El impacto de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) en España alcanzó los 110.238 contagios y los 10.003 fallecimientos el pasado 2 de abril de 2020.

Los efectos negativos del referido coronavirus (COVID-19) en nuestro país están siendo especialmente representativos en el ámbito sanitario (despliegue de hospitales de campaña, más de 16.000 profesionales sanitarios contagiados...). No obstante, sus consecuencias también se están dejando notar de forma más que considerable en el ámbito económico, en el educativo, en el laboral (la Seguridad Social perdió el pasado mes de marzo 834.000 afiliados y el número de desempleados aumentó en más de 300.000 personas) y, entre otros, en el de los servicios sociales.

Una muestra destacada en el último supuesto referido es el que suponen las situaciones acontecidas en las residencias de mayores en las últimas semanas, tanto desde el punto de vista de la asistencia prestada a los residentes (más de 3.000 fallecidos), como desde la perspectiva de la protección de los trabajadores frente al coronavirus (COVID-19) (carencias en el equipamiento de protección individual, en el respaldo sanitario...).

La preocupación mostrada por el conjunto del Tercer Sector de Acción Social ante la coyuntura descrita es mayúscula, tanto por la evolución que ha experimentado la epidemia per se desde finales del pasado mes de enero, como por la carencia de medidas efectivas y diligentes por parte del Gobierno para hacer frente a la crisis con garantías, incluso antes de que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

En este sentido, y en el conjunto de las comunicaciones remitidas al Gobierno desde las organizaciones que conforman el citado Tercer Sector de Acción Social, el Grupo Social Lares remitió una carta el 13 de marzo de 2020 al presidente del Gobierno en la que plantea que marcar normas jurídicas que no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene de suministrar equipos de protección, test de diagnóstico, apoyo económico, reconocimiento público... Por ello, expone el Grupo Social Lares, "nos sentimos solos".

Según el Grupo Social Lares, "el ataque del Gobierno a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo".

Además, "no es suficiente con adoptar medidas de recuperación económica y social", en tanto que "no se está invirtiendo dinero suficiente para parar la cadena de contagio dentro de las residencias".

El ámbito de los servicios sociales "somos la primera línea de la primera línea de lucha contra el virus y seguimos olvidados, quizá porque las personas mayores en residencias no tienen la capacidad de movilización de otros grupos de población".

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Garantizar el suministro de equipos de protección individual, de medicamentos, de termómetros infrarrojos digitales y de respiradores a todas las residencias de mayores.

- Garantizar que se distribuyan con urgencia test rápidos a las residencias para poder ofrecer garantías a los residentes, a las profesionales y a las familias.


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- Habilitar nuevas instalaciones en las que atender de forma adecuada a personas contagiadas por coronavirus (COVID-19) correctamente diagnosticadas y/o aisladas por presentar sintomatología.

- Incorporar apoyo psicológico en los centros residenciales, desde el desarrollo de un plan nacional, a fin de atender las necesidades de comunicación con las familias.

- Elaborar un plan de choque específico para complementar las plantillas de residencias.

- Impulsar ayudas económicas vinculadas al mantenimiento del empleo y dirigidas a financiar la atención extraordinaria realizada en plazas residenciales para personas mayores, así como a la imposibilidad de mantener los ingresos previstos por aplicación de las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos usuarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Alicia García Rodríguez, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y José Ignacio Echániz Salgado, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, por iniciativa del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en relación con el sector primario de cultivo de planta ornamental y flor cortada ante la crisis derivada del COVID-19, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Debido a la situación actual derivada de la pandemia del COVID-19, el sector primario de cultivos de planta ornamental y flor cortada atraviesa por una grave situación. Este sector es uno de los principales motores socioeconómicos en diferentes comarcas de Galiza, y especialmente en el caso del Baixo Miño, donde esta actividad supone una facturación anual por encima de los 22 millones de euros, más de 140 hectáreas de producción y más de 400 puestos de trabajo regular. El 66 % de esos puestos de trabajo están ocupados por mujeres.

De todo el volumen anual de actividad, más del 65 % se concentra en la campaña de primavera, donde las empresas del sector exportan sus productos a países de toda Europa además de a el resto del territorio estatal. La situación actual de alarma generada por la epidemia de COVID-19 está suponiendo la paralización total del sector, que contempla con impotencia como la totalidad del trabajo de muchos meses queda varado y se pierde, dado que se trata de productos perecederos que prácticamente en su totalidad no podrán recuperarse.

El futuro de este sector estratégico es en estos momentos muy incierto, la situación es crítica, y muchas empresas y viveros no podrán sostener la situación actual por mucho más tiempo. Es por ello, que desde las distintas Administraciones se deben tomar las medidas necesarias para que esta crisis no suponga la destrucción de sectores económicos como el que nos ocupa, que van a ser claves para la recuperación económica tras el levantamiento del estado de alarma. Deben adoptarse con urgencia medidas de apoyo y ayuda que permitan que este sector tan importante para el territorio, y del que dependen tantas personas y familias, no muera.

Este sector debe ser considerado de forma singular, pues se trata de una actividad perteneciente al sector primario, pero no se considera esencial. Así, el sector agrario dedicado a la alimentación continúa, pero los viveros no pueden mantener su actividad. Se han previsto medidas específicamente destinadas al sector industrial y comercial, estableciéndose ayudas y líneas de financiación por la crisis, pero en el sector de la planta ornamental y flor cortada no se han previsto medidas concretas para el mismo.


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Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a adoptar todas las medidas necesarias para paliar los efectos derivados de la pandemia del COVID-19 en el sector primario del cultivo de planta ornamental y de la flor cortada, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Establecer un Plan de Ayudas compensatorias por destrucción de plantas.

2. Establecer dentro de las líneas de ayuda para el sector agrícola, medidas que tengan en cuenta la especificidad del sector de cultivo de plantas ornamentales y flor cortada, que es agrícola pero no alimentario, lo cual puede dejarlo en una situación de vacío legal y falta de ayudas.

3. Garantizar que los servicios mínimos de mantenimiento puedan seguir realizándose con seguridad jurídica, ya que es imprescindible las labores de riego, poda, fertilización, etc., para no abandonar las producciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, por iniciativa del Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en relación con el sector del mar en Galiza ante la crisis derivada del COVID-19, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por la crisis del COVID-19 está causando gravísimos problemas al sector del mar.

En el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece en su artículo 10.4 que se suspenden las actividades de hostelería y restauración. Este cierre ha afectado de forma grave y directa al sector del mar, pues ha reducido de forma drástica las ventas al mismo tiempo que se ha producido una caída de los precios.

Así, las actividades extractivas en los bancos marisqueros, a pie, la flote, y a chapuzón, y las actividades que tienen como destino fundamental del producto el sector de la restauración, se han visto claramente afectadas. Prueba de ello es la falta de demanda con la que se están encontrando en las lonjas, de modo que el producto debe ser devuelto al mar o, en el mejor de los supuestos y en casos excepcionales, ser malvendido por ausencia de compradores o limitaciones de la libre competencia.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que, en estos momentos, no existe demanda de este tipo de producto, por no ser de primera necesidad, y está constatándose que los compradores habituales (depuradoras, restauración...) no están acudiendo a la lonja. Por lo tanto, las más que escasas ventas tienen un precio que provoca que la actividad no resulte sostenible desde el punto de vista económico.

Además, debemos tener en cuenta las dificultades que ponen de manifiesto desde el propio sector para poder realizar de manera segura la actividad extractiva, y garantizar las condiciones de salud, toda vez que se realiza de manera colectiva y a escasa distancia (desplazamientos, puntos de control, clasificación, venta en lonja...), al igual que las reducidas dimensiones de muchas embarcaciones que impiden garantizar que los tripulantes puedan mantener medidas de protección y seguridad. Existe, por lo tanto, grave riesgo de contagio entre las y los profesionales, lo que supone también, un riesgo de transmisión a sus núcleos familiares. Por todo ello, se hace necesario que se declare el cierre de la actividad, mucho más cuando, en estos momentos no están teniendo ningún papel en el mantenimiento de la cadena alimentaria, toda vez que no hay demanda del producto.


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Estamos hablando de miles de personas, solo en el marisqueo, tanto a pie como a flote con más de 6.600 personas, con unas rentas bajas, sin remanentes económicos; por lo que les es prácticamente imposible, sin ingresos, afrontar pagos como las cuotas a la Seguridad Social, y menos atender los gastos de sus necesidades básicas.

La Xunta de Galicia sigue manteniendo las competencias para regular el sector, toda vez que en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, que establece el estado de alarma, dice que: "Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión común de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias". La Ley 11/2008 de Pesca de Galicia, en el artículo 7.2.h) dice que se puede adoptar la siguiente medida: "Establecimiento de vedas temporales o zonales para determinadas especies, así como los fondos autorizados".

En el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el anterior, se añade el siguiente "En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando".

Dicho esto, hasta ahora no nos consta que desde la Xunta de Galicia se haya decretado el cierre de estos sectores, como ha hecho por ejemplo el Principado de Asturias (Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se adoptan medidas en relación con la extracción del percebe y el marisqueo a pie en general), ni realizado ninguna solicitud dirigida al Gobierno español solicitando la paralización en base a los argumentos que detallamos.

Por lo tanto, y toda vez que es una evidencia que no tienen un carácter de esencial ni de primera necesidad, la Xunta de Galiza, en coordinación con el Gobierno del Estado, debe atender la demanda que está realizando el sector y decretar la suspensión provisional de la actividad de marisqueo ocasionada por causa mayor, derivada del estado de alarma decretado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y que, también de forma coordinada, se adopten desde ambos gobiernos, las medidas necesarias para la protección de las y de los trabajadores y trabajadoras del sector del mar.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado para que adopte las siguientes medidas:

1. Decretar, en coordinación con la Xunta de Galiza, el cierre del marisqueo por causa de fuerza mayor estableciendo compensaciones al sector. Declarando la paralización temporal de todas aquellas actividades en los bancos marisqueros, a pie, la flote y a chapuzón, y las actividades que tengan como destino fundamental del producto el sector de la restauración o no tengan salida por falta de demanda. Actividades que en la actualidad no pueden realizar con normalidad por las consecuencias provocadas por las medidas decretadas delante de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2. Poner en marcha, también de forma coordinada con la Xunta de Galiza, medidas que garanticen la seguridad en los barcos y una salida comercial del pescado que se descarga en las lonjas gallegas.

3. Que se rebaje el umbral para poder acceder a las ayudas por cierre, en tanto que con el umbral del 75 % mucha gente va a quedar fuera, aunque este mes que acaba de comenzar va a tener cero ingresos, y que en el mes pasado tuvieron unas pérdidas muy importantes.

4. Realizar los trámites necesarios para agilizar el uso de los fondos procedentes de la Unión Europea, incluida la demanda de fondos FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca), para que las personas afectadas puedan percibir ayudas que les permitan sobrevivir y garantizar la plena salvaguarda de los derechos de los profesionales del mar de Galicia, hasta que se den las condiciones para desarrollar la actividad con normalidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.


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161/000568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Tomás Fernandez Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para intentar paliar la situación por la que atraviesa el sector de la fresa de Huelva debido a la crisis internacional del COVID-19, para su discusión en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Primero. La grave crisis del coronavirus y las drásticas medidas tomadas para frenar la pandemia en Europa, han puesto al sector de la fresa de Huelva en una situación muy comprometida, asestando un duro golpe a la actual campaña, que se encontraba en esos momentos en plena producción.

Segundo. Actualmente trabajan cerca de 80.000 personas en la campaña de la fresa en Huelva, de los que muchos de ellos son trabajadores nacionales y también intracomunitarios procedentes sobre todo de Bulgaria y Rumania. Pero como ya sucede desde hace algunos años, al no cubrirse los cupos necesarios con estos trabajadores intracomunitarios, los empresarios onubenses tienen que recurrir también a contratar en su país a operarias marroquíes con experiencia en anteriores campañas, que con contratos en origen, se trasladan a nuestro país para trabajar en exclusiva durante los meses de duración de la campaña.

En el caso de estas trabajadoras, el cierre repentino de las fronteras, primero las del Reino de Marruecos y posteriormente las del Reino de España, han sido la causa principal de que casi 12.000 de ellas, que habían sido contratadas con anterioridad para llevar a cabo la mayor parte de la actual campaña, definitivamente no vayan a poder venir a cumplir sus contratos en nuestro país.

Tercero. El endurecimiento de las medidas de distanciamiento para frenar el contagio de la epidemia decretadas por países como el Reino Unido y Alemania, dos de los principales marcados para los frutos rojos onubenses, han hecho que la demanda exterior de sus productos haya sufrido un notable descenso en sus pedidos, descenso que oscila entre el 40 y el 60 % del total de la producción. El mercado nacional y tal y como está sucediendo con otros sectores similares, se encuentra de la misma manera sufriendo un cierto retraimiento en la demanda, debido a la sensación de incertidumbre total que se extiende en la actualidad por nuestro país.

Todo esto ha llevado al sector a un descenso de alrededor del 50 % de su demanda, lo que está provocando una bajada generalizada de los precios, situándolos, tanto en el mercado nacional como en el internacional, en unos índices bastante por debajo de lo que es habitual.

Cuarto. Debido a estas situaciones excepcionales, ya es un hecho cierto que no va a ser posible la recolección del total de la actual campaña de la fresa de Hueva, aunque esta se encontrara justo antes de la aparición de la crisis en su punto álgido.

Quinto. La producción de Huelva representa el 97 % del total nacional, y ante este escenario actual de incertidumbre muchos productores onubenses no están teniendo más remedio que plantearse el abandonar numerosas hectáreas de cultivo, centrándose únicamente en producir lo suficiente para garantizar la poca demanda que se mantiene y que es básicamente la del mercado nacional.

Resulta inadmisible, en la actual situación, que el Estado se mantenga impasible ante el hecho de que la falta de mano de obra impida la recolección de la producción de nuestro sector agrario, a la vez que las prohibiciones de actividad impuestas por el Gobierno de la Nación han abocado al desempleo a cientos de miles de españoles.

Sexto. Por ese motivo, debe establecerse con carácter urgente un Programa Nacional de Apoyo al Sector Primario que garantice la mano de obra suficiente para la recolección de la producción existente y la realización de cualesquiera trabajos necesarios, adquiriendo el Estado, a precio de mercado, el sobrante de la producción para proveer a las necesidades de alimentación y abastecimiento, presentes y futuras, del pueblo español.

Séptimo. De otro lado, de los temporeros que actualmente están trabajando en la campaña de la fresa en Huelva, unas 6.600 son trabajadoras marroquíes contratadas, que llegaron a nuestro país antes


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de los cierres de fronteras. Estas trabajadoras extracomunitarias, es probable que pueden verse afectadas también por la brusca bajada de la demanda y no poder terminar sus contratos, lo que las pondría en una situación complicada, ya que se encontrarían con la circunstancia de que en estos momentos tampoco les es posible volver a su destino de origen por el cierre fronterizo de ambos países. Por esta razón, se considera imprescindible poner en marcha un plan para poder relocalizar a esas trabajadoras, que aunque hayan llegado a nuestro país contratadas en origen por un empleador específico, tengan la posibilidad de solventar las trabas legales necesarias que les permitan terminar sus contratos originales reubicándose en otras empresas del sector, que de cara a otras campañas diferentes, sí que puedan necesitar durante ese tiempo de vigencia mano de obra, debido al efecto negativo que está teniendo en sus contrataciones ese mismo cierre de fronteras.

Este podría muy bien ser el caso de los sectores del arándano y de la frambuesa de Huelva, cuyas campañas no arrancarán hasta dentro de algunas semanas. Dichas campañas sí tendrían la posibilidad de desarrollarse, al menos en gran medida, una vez superada la crisis actual.

En otro caso, el Gobierno tiene la obligación de proceder a garantizar el inmediato retorno de las trabajadoras extranjeras a su país de origen y asegurar que, en ningún caso, esta situación extraordinaria pueda utilizarse por ellas, o sus familias, para obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo en España de naturaleza permanente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

Ante la situación sin precedentes que estamos viviendo debida a la crisis del COVID-19:

1. Impulsar de modo urgente un Programa Nacional de Ayuda al Sector Agrario a fin de que los españoles en situación de desempleo o los autónomos en situación de cese de actividad como consecuencia de las medidas prohibitivas establecidas por el Gobierno de la Nación en el ámbito del estado de alarma puedan ser contratados por empresarios agrícolas en las siguientes condiciones:

a) Garantía de medidas sanitarias de protección personal adecuadas para los empleados.

b) Bonificación al 100 % de las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa y del trabajador para los empleos concertados en el ámbito de este programa.

c) Concesión de una prima del 20 % sobre el sueldo neto del trabajador, que abonará el Estado.

d) Garantía de adquisición por el Estado del total de la producción, a precio de mercado en la fecha de adquisición para su almacenamiento y distribución presente y futura, en función del tipo de producto agrícola.

2. Si el Gobierno de la Nación renuncia a ayudar al empleo de los nacionales, se acuerde Decretar medidas excepcionales de ayuda a los agricultores de la fresa de Huelva, que les permitan no recolectar toda la cosecha, autorizándoles a paralizar una parte o la totalidad de su producción.

3. Solicitar de manera urgente a la Unión Europea que por medio de la Comisión de Agricultura movilice los recursos financieros y jurídicos necesarios para poner en marcha las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 221 del Reglamento de la Organización Común de Mercados para sectores como el de la fresa y frutos rojos.

4. Adoptar las medidas necesarias para refinanciar el pasivo de los empresarios agrícolas de la fresa y de los frutos rojos a coste cero, y otorgar garantías públicas para los nuevos préstamos de campaña e inversión que tengan que afrontar en el futuro.

5. El aplazamiento o condonación del calendario de pagos impositivos previsto (IRPF, sociedades, cuotas de autónomos, seguros agrarios etc.) para los productores de frutos rojos de Huelva afectados por la crisis del COVID-19.

6. Adicional y subsidiariamente al Programa Nacional de Ayuda al Sector Agrario, dictar las disposiciones legales necesarias que faciliten el que las aproximadamente 6.600 temporeras marroquíes con contrato en vigor y que no puedan regresar a su país de origen, puedan reubicarse durante la duración de los mismos en otras empresas del sector que sí tengan necesidad de mano de obra, como podría ser


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el caso del arándano o de la frambuesa de Huelva. Esta actuación debe quedar sujeta a las siguientes reglas:

a) En ningún caso puede provocar una prolongación de los contratos vigentes.

b) Finalizados los contratos temporales, o en el supuesto de que el Gobierno de la Nación decida no adoptar la medida solicitada en la presente PNL; se debe proveer de modo inmediato al retorno de las trabajadoras a su país de origen.

c) En ningún caso, los extranjeros afectados por estas medidas adquirirán derecho alguno adicional a los que ostentan a la fecha, ni generarán derecho alguno a obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo para sí o sus familiares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Tomás Fernández Ríos y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Proposición no de Ley de medidas urgentes de apoyo a las actividades agrarias afectadas por la crisis del COVID-19.

Exposición de motivos

La paralización generalizada de la actividad económica y de la movilidad de las personas a causa de la lucha contra la pandemia del COVID-19 afecta a todos los sectores. En el caso del sector agrario la actividad no se ha paralizado por ser este es un sector esencial, pero sí que mantiene afectaciones muy importantes en su actividad que requieren de la adopción de medidas específicas urgentes para garantizar una adecuada evolución del sector.

Una de las afectaciones relevantes es la que sufre el sector frutícola. En las semanas venideras empiezan los trabajos de "aclareo" de los árboles, consistente en eliminar el exceso de fruta de las ramas, cuando todavía es pequeña, con el fin de que los árboles puedan dar un fruto con las dimensiones y calidad requeridas. Es un trabajo lento, laborioso y costoso porque debe hacerse a mano. Después vendrán las labores más intensivas en mano de obra y de recolección de la fruta donde, solo en el sector frutícola catalán, entre las tareas en el campo y en las centrales se requieren de 35.000 a 40.000 personas extras en los periodos de máxima actividad. A diferencia de otras actividades productivas, son tareas que no se puede posponer o aplazar. En estas fechas de años anteriores, las cuadrillas de trabajadores ya estaban contratadas, en su mayoría eran trabajadores procedentes de países terceros (Marruecos, Argelia, Colombia, países de la Europa del este), pero este año será diferente a causa de la imposible movilidad, lo cual, de no resolverse, puede llevar a que los productores dejen la cosecha en el campo por imposibilidad de recogerla y manipularla.

Una medida que plantea el sector -y que no tiene coste para el contribuyente- es permitir una regularización temporal de personas extranjeras, residentes en España, pero sin permiso de residencia, para que dispongan de una autorización para trabajar en las campañas del sector frutícola y agrícola de este año, teniendo en cuenta que muchas de ellas ya viven en los municipios colindantes a donde se encuentran los frutales. Esta medida se ha adoptado anteriormente con personas procedentes de países con conflictos bélicos.

Una segunda medida con el mismo objetivo es la de promover estos empleos entre los trabajadores en paro y entre los afectados por ERES y ERTES, aplicando incentivos sociales para su contratación o con la posibilidad de compatibilizar una parte del subsidio con estos trabajos. Esta medida debería acompañarse de una campaña institucional para incentivarlo, tal como han hecho Francia, Alemania o Austria. En el caso de Francia, en cuatro días de campaña se han apuntado 130.000 candidatos. En Austria se ha emplazado principalmente a los jóvenes en paro.


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Un segundo problema específico es el que afecta al sector cárnico. El cierre de hoteles y restaurantes ha conllevado una caída brusca del consumo y de los precios de sectores como el ovino, caprino y bovino. Aquí se trata de solicitar a la Comisión Europa la ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada, ayuda que está prevista en el Reglamento europeo de organización común de mercados de los productos agrarios, para el caso de producirse una perturbación de mercado, de manera que se pueda conceder una ayuda para el almacenamiento de los productos, a la espera de incorporarlos al mercado una vez haya transcurrido este periodo álgido de la crisis.

Otros sectores agrarios específicos que están siendo afectados de forma grave son aquellos que han visto caer en picado su consumo por razones de mercado, sea por el cierre de establecimientos comerciales, sea por la paralización de su estructura de distribución, como por ejemplo el sector de la flor y planta ornamental por el cierre de floristerías, cuando entre los meses de marzo, abril y mayo pueden llegar a concentrar más de las dos terceras partes de su facturación anual o muchos productores de proximidad que destinan sus producciones a restaurantes o las distribuyen a través de mercados ambulantes de proximidad, hoy en gran parte suspendidos.

Con el fin de dar respuesta a estos sectores es preciso modificar la propia regulación de las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis del COVID-19. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo, por el que se aprueban las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vincula su otorgamiento a la aplicación de las disposiciones específicas del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, el cual en su artículo 1.º excluye la posibilidad de otorgarlos a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, lo cual constituye una grave discriminación de aquellos trabajadores autónomos y empresas agrarias que han quedado gravemente afectados por la caída del consumo de sus producciones, tal como se ha puesto de manifiesto en los párrafos anteriores, por lo que urge modificar dicha regulación.

Un aspecto adicional a considerar, en pleno periodo de lucha contra el coronavirus, es la necesidad de compatibilizar la actividad laboral en este sector esencial con la protección respecto al peligro de infección. Para que los temporeros puedan llegar a los campos conviene flexibilizar las medidas vigentes respecto a la capacidad de transporte de los diferentes vehículos a la vez que resulta necesario que en todos los casos el sector pueda contar con los equipos especiales de protección y material básico de higiene tanto para el transporte hasta los lugares de trabajo, como para poder efectuar el trabajo correctamente sin peligro de infección.

Finalmente, resulta evidente que los rendimientos estimados para determinar la fiscalidad de las actividades agrarias que tributan por módulos, en todos aquellos casos en los que se ha producido una brusca caída de la demanda y de la actividad por la crisis del COVID-19, quedaran sobreestimados, por lo que urge modificar los módulos de IRPF e IVA en el régimen de estimación objetiva aplicable a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras afectadas.

Por todo ello, las Diputadas y Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno adoptar medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad en sectores agrarios, entre las cuales:

1. Proceder a efectuar una regularización temporal extraordinaria de aquellas personas, domiciliadas en España, procedentes de terceros países pero sin permiso de residencia, con el fin de que puedan acceder a una autorización para trabajar en las diferentes campañas de los sectores agrícolas que requieran mano de obra y, en particular del sector frutícola de este año, por acreditación de la falta de mano de obra para estos trabajos, habitualmente contratada en países terceros y en origen.

2. Realizar una campaña institucional para que las personas en paro y las afectadas por ERTEs y EREs trabajen en las campañas agrícolas de este año, aplicando incentivos sociales para su contratación o con la posibilidad de compatibilizar una parte del subsidio con estos trabajos.

3. Solicitar a la Comisión Europa ayudas para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada, prevista en el Reglamento europeo de organización común de mercados de los productos agrarios, a la espera de incorporarla al mercado una vez haya transcurrido este periodo álgido de la crisis y con el fin de evitar la quiebra de las explotaciones.


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4. Incorporar plenamente, en la normativa aprobada sobre ayudas concernientes a la crisis del COVID-19, a aquellas actividades agrarias directamente afectadas por graves caídas de la demanda de mercado, así como por incidencias meteorológicas graves, como por ejemplo el sector de la flor y la planta ornamental afectadas por el cierre de floristerías o las actividades agrarias de proximidad afectadas por el cierre de restaurantes y por la suspensión de mercados ambulantes.

5. Garantizar la inclusión de las empresas y trabajadores autónomos del sector agrario afectados por una grave caída de su actividad, como beneficiarios de los créditos con aval del Estado. Para ello, modificar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo, por el que se aprueban las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para garantizar la inclusión de dichas actividades agrarias, modificación que debe ser aplicable a futuras ampliaciones de nuevos tramos de dichos avales.

6. Impulsar campañas institucionales que pongan en valor la importancia del consumo de proximidad para disponer de un potente sector agroalimentario que permita garantizar el abastecimiento alimentario en períodos de emergencia como el actual.

7. Flexibilizar las medidas preventivas adoptadas respecto a la infección por COVID-19, en lo que atañe a la capacidad de transporte de personas trabajadoras en el ámbito hortofrutícola, garantizando además que el sector pueda contar con los equipos especiales de protección y material básico de higiene para poder efectuar los traslados y el trabajo correctamente sin peligro de infección.

8. Modificar los módulos de IRPF e IVA, para el ejercicio 2020, en el régimen de estimación objetiva aplicable a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales afectadas por una brusca caída de la demanda y de la actividad por la crisis del COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

161/000571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector ganadero español frente a la crisis del COVID-19, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

España es una de las principales potencias ganaderas de la Unión Europea. Destaca por la cantidad de su producción, que ha seguido una tendencia ascendente los últimos años, además de por la calidad y la diversidad de sus producciones: porcino, aves, vacuno, ovino, etc.

La crisis generada por el COVID-19 está repercutiendo negativamente en algunas producciones ganaderas. El principal problema es la dificultad para dar salida a las carnes por el cierre de ciertos sectores, como el canal de restauración (HORECA), que absorbía gran parte de estas producciones ganaderas. Otro problema que surge es el abuso por parte de ciertos compradores, para reducir los precios aprovechando la situación de crisis y la ausencia de demanda.

Por tipo de producciones, los corderos, lechazos, cabritos y cochinillos, especialmente perjudicados por el cierre de los restaurantes, también han tenido problemas en la fijación de precios por estar cerradas las lonjas. En menor medida, el cierre de fábricas de peletería que utilizan piel de ovino pone en riesgo unos ingresos que pueden suponer el 15 % del valor del animal.

La producción de cerdo ibérico, base de miles de explotaciones ganaderas nacionales, también se ha visto ralentizada, lo que ha provocado el cierre de muchos cebaderos y mataderos. El porcino de capa blanca está intentando volver a la normalidad en un mercado exportador donde China supone el 27 % de las exportaciones en volumen y el 23 % en valor.

En el vacuno la situación es similar, detectándose el colapso de cabezas de ganado en los cebaderos al reducir el número de sacrificios. El mercado del vacuno de carne español estaba sintiendo, en el último


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año, la desaceleración de la demanda interna, en línea con la contracción del consumo del mercado interior, con un descenso de consumo especialmente notable en los hogares. Por el contrario, el volumen de las exportaciones de carne de vacuno de España había aumentado un 17 % en el último año. Las fronteras permanecen abiertas al tránsito de mercancías. De momento, hay oferta en las explotaciones, pero es necesario agilizar las salidas.

También las ganaderías dedicadas a la producción de leche están viendo afectadas sus producciones. Es el caso del caprino y ovino de leche, dedicado a abastecer principalmente la industria quesera, que también ha sufrido una caída en ventas. En este caso la renovación de los contratos suele ser mensual: se ha bajado el precio y se ha reducido la leche recogida.

Otro aspecto a destacar es el cambio de los hábitos de consumo, tendente a la adquisición de productos de menor precio, y la finalización del acopio inicial de alimentos que se realizó al principio de la crisis.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Comisión Europea la puesta en marcha de una prima al almacenamiento privado, para la congelación de productos cárnicos que no pueda absorber el mercado.

2. Perseguir y penalizar las prácticas de abuso en las negociaciones de adquisición de carnes y leches, siendo necesario el establecimiento de precios en el momento de la compra.

3. Establecer un programa de compra pública y colaboración público-privada, que permita tener abiertas las líneas de sacrificio, y sirva para el abastecimiento de hospitales, residencias, comedores sociales, etc.

4. Reforzar la interlocución con productores y distribuidores, para abrir líneas de comercialización de productos cárnicos nacionales.

5. Promover campañas publicitarias que fomenten el consumo de estos productos ganaderos y el beneficio para la economía de las zonas rurales de nuestro país.

6. Abrir, en colaboración con el sector, nuevos mercados internacionales de comercialización y potenciar el aumento de exportación en los países donde ya existe comercio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Ángel López Maraver, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Juan José Aizcorbe Torra, D.ª Inés Cañizares Pacheco y D. Manuel Mariscal Zabala en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a establecer medidas para que nuestro sector primario se pueda nutrir con agilidad y eficiencia de mano de obra para su discusión en la Colisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Primero. El pasado 14 de marzo de 2020 se aprobó el RD 463/2020, por el que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El sector primario, garante de la cadena de abastecimiento alimentario según la nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 18 de marzo de 2020, no se detiene a pesar de la pandemia. Su labor, indudablemente esencial, se ve dificultada por las medidas adoptadas en esta situación de crisis. A las cuantiosas pérdidas económicas derivadas del cierre de las actividades de


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hostelería y restauración, ahora se suma la dificultad para encontrar jornaleros provocada por el cierre de fronteras.

Segundo. En efecto, la mano de obra temporal en la recogida de las cosechas es clave en distintos sectores como la fruta, hortalizas o el vino. Esta situación afecta, entre otros, a España que ha contratado mano de obra extranjera, ya sin los 10.000 temporeros marroquíes habituales para la fresa y frutos rojos.

Resulta inadmisible, en la actual situación, que el Estado se mantenga impasible ante la falta de mano de obra, dificultando la recolección de la producción de nuestro sector agrario, mientras que las prohibiciones de actividad impuestas por el Gobierno de la Nación han abocado al desempleo a cientos de miles de españoles. Por ese motivo, debe establecerse con carácter urgente un Programa Nacional de Apoyo al Sector Primario que garantice la mano de obra suficiente para la recolección de la producción existente y la realización de cualesquiera trabajos necesarios, adquiriendo el Estado, a precio de mercado, el sobrante de la producción para proveer las necesidades de alimentación y abastecimiento, presentes y futuras, del pueblo español.

Para paliar dicha situación, ya se está haciendo, por parte de una minoría de organizaciones, un llamamiento a desempleados durante esta crisis sanitaria. Estos puestos también se nutren de personal eventual de la hostelería que, en estas fechas que rodean a la Semana Santa, no tendrán trabajo por el cese temporal de los negocios o, en su caso, de operarios de cualquier sector actualmente paralizado. España tiene varios millones de desempleados, cifra que aumentará ante la probable recesión económica, por lo que el trabajo agrario se convierte en alternativa.

Las peticiones formuladas coinciden con las de una larga lista de países, que buscan entre la población nacional cómo cubrir las vacantes para las campañas más próximas.

Así, Alemania ha lanzado una iniciativa para contratar hasta 300.000 trabajadores con el fin de hacer frente a las cosechas de la fresa, espárrago y col, supliendo los habituales temporeros polacos.

En Francia, 200.000 empleos del campo esperan ser cubiertos, nuevamente por desempleados. El principal sindicato de la región, la Federación Nacional de Sindicatos de Operadores Agrarios (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, FNSEA) ha puesto en marcha una plataforma para poner en contacto a posibles candidatos con los agricultores, bautizada Brazos para tu plato (Des bras pour ton assiette). La juventud estudiantil, ahora sin clases, también son un reclamo, así como los trabajadores a media jornada.

Italia, uno de los países más castigados por el COVID-19, suma a sus preocupaciones la marcha de extranjeros, dejando al campo sin mano de obra. Demandan facilidades para contratar y atraer a los nuevos desempleados.

También Austria busca trabajadores locales tras quedarse sin temporeros extranjeros. Reclaman desempleados, ayuda del Ejército o de los 30.000 refugiados con permiso laboral. Unos 13.800 trabajadores al año llegan a este país de nacionalidades como la húngara, eslovaca o rumana, para cubrir las distintas campañas agrícolas.

Tercero. Algunos temporeros extranjeros llegaron a nuestro país antes del cierre de las fronteras nacionales. Es probable que dichos trabajadores pueden verse afectados por una brusca bajada de la demanda y no puedan cumplir hasta la fecha final sus contratos, lo que les pondría en una situación de imposibilidad de retorno a su lugar de origen. Por esta razón, se considera imprescindible poner en marcha un plan para que los trabajadores extranjeros contratados en origen puedan ser reubicados en otras empresas del sector que sí necesiten mano de obra en próximas campañas.

En otro caso, el Gobierno tiene la obligación de proceder a garantizar el inmediato retorno de los trabajadores extranjeros a su país de origen y asegurar que, en ningún caso, esta situación extraordinaria pueda utilizarse por ellos, o sus familias, para obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo en España de naturaleza permanente.

Por lo tanto, ante la falta de temporeros y la necesidad de salvar las cosechas, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Elaborar un plan coordinado a nivel nacional para que nuestro sector primario se pueda nutrir, con agilidad y eficiencia, de mano de obra desempleada, así como estudiar otras alternativas que garanticen la mano de obra en el campo y, a la postre, el suministro en la cadena alimentaria.


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2. Elaborar un registro único nacional de contratación en el sector agrario durante el tiempo del estado de alarma para facilitar la coordinación entre las diversas autoridades, Administraciones y Gobiernos, permitiendo a su vez la conexión entre empresas y trabajadores.

3. Impulsar de modo urgente un Programa Nacional de Ayuda al Sector Agrario a fin de que los españoles en situación de desempleo o los autónomos en situación de cese de actividad, como consecuencia de las medidas prohibitivas establecidas por el Gobierno de la Nación en el ámbito del estado de alarma, puedan ser contratados por empresarios agrícolas en las siguientes condiciones:

a) Garantía de medidas sanitarias de protección personal adecuadas para los empleados.

b) Bonificación al 100 % de las cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa y del trabajador para los empleos concertados en el ámbito de este programa.

c) Concesión de una prima del 20 % sobre el sueldo neto del trabajador, que abonará el Estado.

d) Garantía de adquisición por el Estado del total de la producción, a precio de mercado en la fecha de adquisición para su almacenamiento y distribución presente y futura, en función del tipo de producto agrícola.

4. El aplazamiento o condonación del calendario de pagos impositivos previsto (IRPF, sociedades, cuotas de autónomos, seguros agrarios etc.) para los productores afectados por la crisis del COVID-19.

5. Incentivar el trabajo en el campo a jóvenes en edad de trabajar, incluido estudiantes de escuelas agrarias que en estos momentos se encuentran sin actividad lectiva presencial, estudiantes de centros de secundaria, de formación profesional y universidades de las zonas rurales con más demanda de mano de obra.

6. Incentivar el trabajo en el campo a desempleados. Exigir la incorporación al trabajo en el Sector Primario de los desempleados dados de alta en categorías comprendidas en este sector en el Servicio Público de Empleo Estatal. El rechazo del empleo en el sector primario producirá la paralización de las ayudas que se estén percibiendo por desempleo.

7. Incentivar el trabajo en el campo a los trabajadores de sectores que, en virtud de los sucesivos reales decretos, han visto cesada temporalmente su actividad, bonificando la transición de sector (ej. restauración o construcción).

8. Permitir la contratación en el sector primario a aquellos que estén cobrando ayudas del Plan de Empleo Rural (PER), que será reducido en un 50 % y complementará al salario del trabajador. El rechazo del empleo dará lugar a la eliminación del Subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario.

9. Incentivar el trabajo en el campo entre los asalariados de media jornada y trabajadores en empresas con baja actividad.

10. Adicional y subsidiariamente al Programa Nacional de Ayuda al Sector Agrario, dictar las disposiciones legales necesarias que faciliten que lo temporeros extranjeros con contrato en vigor puedan ser reubicados, durante la duración del mismo, en otras empresas del sector que sí tengan necesidad de mano de obra. Esta actuación debe quedar sujeta a las siguientes premisas:

a) En ningún caso puede provocar una prolongación de los contratos vigentes.

b) Finalizados los contratos temporales, o en el supuesto de que el Gobierno de la Nación decida no adoptar la medida solicitada en la presente PNL, el Gobierno debe proveer de modo inmediato al retorno de los trabajadores a su país de origen.

c) En ningún caso, los extranjeros afectados por estas medidas adquirirán derecho alguno adicional a los que ostentan a la fecha, ni generarán derecho alguno a obtener autorizaciones de residencia o residencia y trabajo para sí o sus familiares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala, Inés María Cañizares Pacheco y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX


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161/000582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Proposición no de Ley de medidas urgentes de apoyo a las actividades pesqueras y de acuicultura afectadas por la crisis del COVID-19.

Exposición de motivos

El sector de la pesca es una parte importante de la cadena alimentaria. Así lo ha puesto de manifiesto tanto el estado de alarma como el real decreto ley 10/2018 para reducir la movilidad del cual está excluido de su ámbito de aplicación: "las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos...".

A pesar de ello, sufre importantes perjuicios a raíz del coronavirus. En primer lugar, los principales clientes de los pescadores son los bares y restaurantes, los cuales están cerrados desde el 15 de marzo. Pero no únicamente han cerrado estos establecimientos sino que también lo han hecho numerosas pescaderías. Esta bajada tan fuerte de la demanda se refleja en los mercados mayoristas de alimentación fresca donde muchas paradas están cerradas.

Las ventas han disminuido, pero el mayor problema son los precios, cuyo descenso en picado no tiene precedentes. Ocurre en todas las lonjas. Hay bajadas de un 66 % y de hasta un 90 %. Sin embargo, los pescadores denuncian que estos descensos no se ven reflejados en las grandes superficies y cadenas de supermercados, casi las únicas salidas actuales.

La situación no es la misma en toda la costa. En el Mediterráneo, cerca del 90 % de la flota se está quedando amarrada. En el litoral catalán la propagación del virus ha hecho que muchas lonjas cerrasen como las de Tarragona, Sant Feliu de Guixols o Barcelona y las que siguen funcionando lo hacen a medio gas debido a que muchas embarcaciones están amarradas.

Aparte de problemas en la demanda, también los hay en la producción. A diferencia del resto de actividades esenciales que en este momento están en funcionamiento, a los trabajadores del sector de la pesca les es muy difícil mantener las distancias mínimas de separación a la hora de trabajar; debido tanto a las dimensiones reducidas de las barcas como al hecho de que muchas labores tienen que realizarse conjuntamente. Además, por el tipo de actividad, también es difícil asegurar las medidas de higiene exigidas.

Hay muchos patrones que llevan días intentando acogerse a las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 recogidos en el real decreto ley 8/2020. Al formar parte del sector primario, no queda claro que se puedan optar a estas medidas. La Federación Nacional de Cofradías ha solicitado al Gobierno si el sector se puede acogerse a esta modalidad de ERTE pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Por ello, las Diputadas y Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Articular las medidas necesarias para garantizar que el sector pesquero y de la acuicultura se pueda acoger a las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad, debidas a la caída de la demanda de mercado, como consecuencia del COVID-19 recogidos en el Real Decreto-ley 8/2020.

2. Impulsar campañas institucionales que pongan en valor la importancia del consumo de proximidad de los productos pesqueros.

3. Adecuar las medidas preventivas adoptadas respecto a la infección por COVID-19 a la realidad de las actividades pesqueras garantizando además que el sector pueda contar con los equipos especiales de


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protección y material básico de higiene para poder efectuar el trabajo correctamente sin peligro de infección."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/000456

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Retirada de su Proposición no de Ley relativa a posibilitar la participación y votación de los miembros de los órganos colegiados de las entidades locales mediante procedimientos telemáticos en las circunstancias excepcionales actuales de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno, a la Comisión de Política Territorial y Función Pública y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 64, de 13 de abril de 2020.

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

161/000570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de poblaciones de fauna salvaje durante el Estado de Alarma de COVID-19, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Exposición de motivos

La situación de cuarentena y confinamiento durante el estado de alarma por el COVID-19 está originando situaciones excepcionales. Una de ella se refiere al desplazamiento de la fauna silvestre fuera de su entorno natural que ha tenido lugar en este breve espacio de tiempo: se han avistado lobos y osos en localidades del norte de España, corzos o patos por el centro de grandes ciudades, cabras montesas en pueblos de Albacete, jabalíes por las calles de Barcelona o conejos campando entre los cultivos de toda España.


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Es normal que la fauna tienda a ocupar el espacio vacío, pues la exploración del entorno es un impulso natural. Algunos desplazamientos están relacionados con la búsqueda de alimento, siendo la basura un recurso muy apreciable. En otros casos se deben a la ausencia de predadores o de estímulos, ya sean sonoros o lumínicos, que intimiden a los animales.

Esta libre circulación de fauna, ya sea cinegética o no, junto con el abandono de animales domésticos, tiene varias derivadas económicas y sociales, tanto a corto como a medio plazo. Con la temporada de caza mayor y menor concluida, se supone realizado ya el control de poblaciones previsto. En el caso del corzo, dependiendo de las regiones, se iniciaba en marzo o comienzos de abril.

Por un lado, preocupa la seguridad ciudadana en zonas rurales próximas a los entornos naturales. Según los expertos, el aumento de la conflictividad entre animales silvestres y personas aumentará al término del confinamiento. Aquí podríamos incluir además la preocupación por la seguridad vial porque, aunque la circulación por carretera se ha reducido, los movimientos de la fauna pueden seguir realizándose con naturalidad una vez finalizado el aislamiento, originando accidentes de tráfico.

Por otro, son peligrosos también los daños a las producciones agrícolas. Antes de iniciarse el estado de alarma, la plaga de conejos ya producía impacto en cultivos en algunas regiones. La proliferación de la población de conejos, de cara a la primavera, podría agudizar la situación en zonas de Toledo, Zaragoza o Madrid, por ejemplo, o en los corredores de infraestructuras de transporte.

La ausencia de control sobre las poblaciones salvajes puede suponer asimismo un repunte en la transmisión de enfermedades al ganado doméstico, en una situación de aumento de la tuberculosis bovina.

Los cotos de caza, según la normativa vigente, están sometidos a una responsabilidad que no se puede ejercer si están limitadas las actuaciones para su adecuada gestión. Además, no debemos olvidar que la actividad cinegética supone una fuente de ingresos para muchas zonas rurales.

En el otro lado de la balanza, los agricultores y ganaderos deben aumentar sus coberturas aseguradoras para garantizar sus rendimientos. En algunas comunidades autónomas se cuenta con ayuda adicional para los daños al ganado si la responsabilidad es de la fauna silvestre.

En definitiva, se trata de aplicar medidas para la protección de las explotaciones agrarias frente a agentes nocivos y de medidas de protección civil en entornos rurales, especialmente en las áreas poco pobladas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fijar, de acuerdo a la situación del estado de alarma y en base al artículo 23 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, las zonas y épocas en que determinados animales deberán ser considerados peligrosos para las personas o perjudiciales para la agricultura, la ganadería o la caza, autorizando los medios de defensa contra dichos animales y reglamentando las medidas precisas para procurar su reducción.

2. Considerar la actividad cinegética como ligada a la actividad agraria durante el período del estado de alarma, considerando el control de poblaciones una parte de la garantía de abastecimiento alimentario.

3. Establecer una excepción a la responsabilidad civil por el cese de actividad de los cotos de caza durante el estado de alarma.

4. Prever las medidas de protección civil para evitar la conflictividad entre fauna salvaje y personas durante el estado de alarma y una vez superado el mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Carmen Navarro Lacoba y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Sanidad y Consumo

161/000565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Mireia Borrás Pabón, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de medidas que permitan la pronta reactivación de la economía, mediante la disposición de un kit de protección médica básica para el COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Primero. La presente Proposición no de Ley pretende instar al Gobierno de España a adoptar, dentro de sus competencias, medidas urgentes para mejorar la gestión de la crisis nacional.

La crisis sanitaria producida por el Coronavirus COVID-19 ha causado más de 47.000 fallecidos y más de 938.000 contagios en todo el mundo. En España, a fecha de 6 de abril de 2020, hay más de 12.000 muertos y 130.000 contagiados.

Segundo. Al parecer, el Gobierno va a proponer al Congreso de los Diputados la prolongación del confinamiento hasta el día 26 de abril. Sin embargo, es urgente establecer medidas que eviten la propagación del virus y que sí permitan la movilidad y el funcionamiento gradual de las actividades en nuestra economía. El Gobierno ha trasladado a la opinión pública que va a pedir a los españoles que lleven mascarilla cuando salgan a la calle. Así lo ha indicado el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien ha recordado que las decisiones sobre si hay que prolongar el confinamiento deben ser adoptadas por el Gobierno y que los técnicos lo que hacen es planear la situación desde el punto de vista científico.

Tercero. Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya sin mascarillas respiratorias. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era el suministro de mascarillas para la población. Los políticos eran valorados en función de la rapidez con la que las suministraban a toda la población: se construyeron a toda prisa nuevas máquinas para su fabricación y el Gobierno coreano las proporciona semanalmente a toda la población.

Para la mayoría de países asiáticos resulta indispensable el uso de mascarilla como protección frente a este y otros virus, siendo algo habitual durante los meses de invierno. De acuerdo con lo anterior, el jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, el Sr. George Gao, a través de la revista estadounidense Science, indicó que "el gran error en EE. UU. y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas. Este virus se transmite por gotitas y contacto cercano. Las gotas desempeñan un papel muy importante: tienes que usar mascarilla, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca. Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si usan máscaras faciales, puede evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros".

Cuarto. En los últimos días hemos conocido como los proveedores de material sanitario han comenzado a avisar a las Comunidades Autónomas y al Gobierno central de que no pueden asegurar los pedidos debido a la ingente compra que está realizando Estados Unidos a fabricantes chinos. Según aseguran diversos medios de comunicación, "Estados Unidos está pagando la mascarilla a 0,80 ? mientras que España está realizando las compras por 0,45 ? y hace 10 días a 0,29 ?". Esto indica que la competencia está siendo feroz y que la propia escasez de suministro está aumentando los precios de estos protectores.

Quinto. Actualmente, muchos ciudadanos ya no disponen de mascarillas o guantes y el Ejecutivo está recopilando estos días toneladas de material. El Gobierno de España sigue, a través del Ministerio de Sanidad, reforzando cada día la distribución del material necesario para hacer frente al COVID-19. Según los propios datos del Ministerio de Sanidad, desde el pasado 10 de marzo y hasta el día 31 de marzo, se han distribuido entre las Comunidades Autónomas más de 32,7 millones de unidades de mascarillas, aunque la mayoría de las Comunidades niegan estos datos.


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En casi todo el territorio español resulta una ardua tarea, casi imposible en Comunidades como Madrid, conseguir mascarillas. Es importante señalar el desabastecimiento en las farmacias y los intentos de robo de mascarillas en varios hospitales españoles, así como la falta de mascarillas en las ferreterías.

Según aparece reflejado en la revista Redacción Médica, la falta de mascarillas ha sobrepasado el ámbito sanitario, ya que las ferreterías se están quedando sin existencias, a pesar de que obviamente estas mascarillas no sirven para evitar la enfermedad. "La venta de mascarillas se ha disparado de tal forma, que hay muchos problemas de abastecimiento, ya que los fabricantes habituales tampoco suministran al tener la mayoría sus fábricas en China 2.

Desde que el pasado 14 de marzo se declaró mediante RD 463/2020 el Estado de Alarma, el Gobierno tiene intervenidas las fábricas de producción de material sanitario, destinadas únicamente al abastecimiento nacional.

Algunas fábricas, como SEAT, han tomado la decisión de dedicar su producción a la fabricación de respiradores. Inditex anunció desde el principio de la crisis que había comenzado a "estudiar la posibilidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a producción de material sanitario". En esa misma línea entendemos que el Gobierno debería proporcionar los mecanismos necesarios para que la industria textil española y de calzado destine recursos productivos a la creación y distribución de material sanitario.

Sexto. Desde el Grupo Parlamentario VOX creemos que junto a la necesidad de solucionar el problema de falta de suministro de material sanitario de protección básico (guantes y mascarillas), el Gobierno debe comenzar a planificar una respuesta coordinada para la contención del virus una vez superados estos momentos de confinamiento total (y muy especialmente a partir de ahora, con la petición por parte del Ejecutivo de que la población utilice mascarillas al salir a la calle).

El fin del Estado de Alarma y la vuelta a la normalidad debe plantearse lo antes posible, ofreciendo y poniendo a disposición de todos los medios y mecanismos necesarios para evitar los temidos rebrotes. El uso de mascarillas será estrictamente necesario, tanto para los profesionales que luchan en primera línea contra el virus, como para la población en general, reduciendo en todo lo posible las posibilidades de contagio.

Sin embargo, hemos observado cómo este material ha faltado incluso en los peores momentos de la crisis, y la mayor parte de los hogares españoles carecen de estos productos sanitarios de primera necesidad. Algo tan sencillo como una búsqueda en Amazon pone de manifiesto los problemas que existen de abastecimiento de dichos productos.

El Gobierno tiene la obligación de ofrecer una solución para toda la población, con el objetivo de proteger la salud y reactivar las actividades económicas, la preservación del empleo y la puesta en marcha del tejido productivo lo antes posible, poniendo a disposición de todos los españoles los mecanismos de protección sanitarios básicos que son de imperiosa necesidad en el corto, medio y largo plazo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:

1. Tomar todas las medidas necesarias que garanticen los Equipos de Protección individual necesarios para todos el personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal de atención en Residencias y en centros que acojan a colectivos vulnerables o de riesgo.

2. Que, una vez cubiertas dichas necesidades, se prepare un kit esencial de protección médica que contenga suficientes mascarillas y guantes para cada persona con una periodicidad mensual. Dicho kit debe ser preparado para realizar un envío masivo a la población, para todos los hogares y centros españoles, y de esa manera ofrecer herramientas a la población para protegerse y para poder volver todos a un estado de normalidad progresiva.

3. Este envío se realizará por correo postal, con recurrencia semanal a ser posible o como mucho mensual, con el kit correspondiente al uso de una mascarilla por persona y semana, en base al censo de los ciudadanos, tomando como ejemplo los envíos de papeletas tal y como se realiza en las épocas de elecciones. En caso de que haya diferencias entre el domicilio habitual y la vivienda donde se encuentren censados los ciudadanos, se habilitará una página web para la formalización de dicho cambio. Para la atención de esos cambios, sería tan solo necesario la denominada Cl@ve PIN, un recurso que la mayoría de los españoles ya utilizan para sus trámites administrativos.

2 https://www.redaccionmedica.com/bisturi/la-falta-de-mascarillas-coronavirus-rompe-las-fronteras-de-la-sanidad-3682


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4. Es deber del Estado proteger a todos sus ciudadanos y estas medidas de protección son esenciales para que la población pueda protegerse del contagio y, a la vez, velar por la reactivación de la economía para mantener el tejido productivo y el empleo. Si los ciudadanos disponen de mecanismos para protegerse, antes podrán aplicarse medidas que nos permitan salir del confinamiento total, de tal manera que la población pueda volver a trabajar y a producir, siempre acompañados de protocolos de seguridad sanitaria. El Gobierno debe garantizar y velar por el acceso y disposición de los recursos necesarios para este fin. Se priorizará siempre a los colectivos de riesgo como enfermos y personas mayores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2020.-Mireia Borrás Pabón, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Yaz de Concicao y D. Antonio Salvá Verd, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación del altruismo por la incorporación de estudiantes de Ciencias de la Salud ante la pandemia por COVID-19, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Primero. Con fecha 11 de marzo de 2020, se publica en el BOE el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Con la declaración del estado de alarma, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo), modificado mediante Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE n.º 73, de 18 de marzo), se han establecido determinadas limitaciones de libertades, medidas de contención, así como medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

En última instancia, en fecha 29 de marzo de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE n.º 87), para el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se ha dictado, con fecha 15 de marzo la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha Orden se moviliza a todos los profesionales sanitarios de las especialidades de Medicina y Enfermería, que no estaban actualmente en activo (jubilados, estudiantes de último curso de los grados de Medicina y Enfermería, licenciados/graduados sin plaza, médicos con titulación extranjera en fase de homologación...), y se procede también a la prórroga de las relaciones laborales especiales de los médicos MIR que ultimaban su residencia en el mes de mayo de 2020.

Segundo. Entre estas medidas drásticas y excepcionales, y siguiendo el mandato del Gobierno y su Ministerio de Sanidad, desde las diferentes Direcciones Generales de RR.HH. de los Servicios de Salud regionales se ha hecho un llamamiento para incorporar profesionales sanitarios y estudiantes de Ciencias de la Salud de los últimos cursos, para prestar ayuda en la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, ante la evidente saturación del sistema, por el aumento diario de nuevos contagios y fallecimientos, en la lucha contra esta enfermedad.

Durante los últimos días de marzo las cifras de fallecimientos del personal sanitario, tanto en China como en Italia, sumado al fallecimiento de sanitarios en España (médicos, enfermeras y farmacéuticos,


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especialmente), y al ingente incremento de contagios entre nuestros sanitarios de hospitales y centros de primaria, en primera línea de exposición frente al COVID-19 (más de 5.500 infectados y hasta 2.500 sanitarios ya fuera de servicio, con al menos 2.000 positivos entre ellos), hace aún más difícil la situación de estos profesionales y cobran aún más valor, si cabe, por su altruismo, su entrega y su buena disposición para hacer frente a esta gran catástrofe sanitaria.

Con respecto a la movilización del personal sanitario llama la atención la baja respuesta de los liberados sindicales de la sanidad puesto que, salvo excepciones, no se han reincorporado a tareas asistenciales, solicitando incluso que se les justificara por qué se ha ordenado su incorporación inmediata a sus puestos de trabajo, pidiendo incluso la acreditación documental de haber agotado todas las vías posibles para cubrir la necesidad de personal. Con respecto al resto de llamamientos, incluidos los estudiantes de Ciencias de la Salud, la situación es bien distinta, ya que han dado una respuesta ejemplarizante ante esta situación de crisis.

Como manifiestan los médicos de las plantillas hospitalarias, ya se están incorporando estudiantes de últimos cursos de Medicina y Enfermería para apoyo logístico y no asistencial, mediante contrato de apoyo sanitario por 3 meses, con sueldo de médico R1 (residentes MIR de primer año), a jornada completa y con su alta correspondiente en la Seguridad Social. Si bien esto es lo mínimo que legalmente puede ser reconocido.

En base a estos motivos el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la compensación del esfuerzo, riesgo para la salud y altruismo de nuestros estudiantes de últimos cursos de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) y, en concreto, las siguientes:

1. Que los estudiantes de Ciencias de la Salud sólo se ocupen de puestos en los que no tengan que mantener contacto con pacientes confirmados o con sospecha de coronavirus y, en ningún caso, realicen tareas asistenciales.

2. La compensación mediante un sistema de ventajas sociales, tales como la gratuidad en los servicios de transporte regionales y nacionales, gratuidad en gimnasios y en la oferta pública cultural y de artes escénicas, etc.

3. La gratuidad de sus estudios universitarios, incluidas tasas de examen MIR/EIR, así como un sistema de becas excepcional por los restantes créditos de su plan de estudios y contenidos curriculares aún por formalizar, y también un acceso preferente a las becas Erasmus, Erasmus+ y Leonardo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao y Antonio Salvá Verd, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.

161/000576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prohibir el bloqueo o suspensión de líneas telefónicas durante el Estado de alarma, para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un llamamiento a las compañías de telecomunicaciones reclamando que "reactiven todas las funcionalidades de las líneas móviles de prepago durante el estado de alarma y se abstengan de dar de baja la numeración de ningún usuario por haber agotado los plazos para realizar recargas".


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FACUA recuerda que las compañías establecen un plazo para realizar la recarga y que en caso de no efectuarse ésta, se bloquean las llamadas salientes, pese a disponer de saldo, como paso previo a la desactivación completa.

No obstante, en una situación de confinamiento como la que vivimos, la comunicación puede ser literalmente vital para determinadas personas. Tanto para ponerse en contacto con los servicios sanitarios (que podría ser necesario por situaciones verdaderamente graves), como para hacerlo con familiares y amigos para cuidar su salud mental y emocional o la de las personas queridas.

Más allá de que puede haber personas que han perdido sus ingresos en estos últimos días y que quizás no pueden efectuar la recarga telefónica, también las hay que no pueden salir de su casa para realizar esta recarga.

En cualquier caso es cruel dejar incomunicada a una persona o familia en unas circunstancias como éstas, y más si tenemos presente que se están intensificando las comunicaciones telefónicas estos días y que posiblemente todas las compañías telefónicas estén incrementando su facturación, sus beneficios.

Por todo ello, el Grupo Republicano presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Prohibir el bloqueo o la suspensión de cualquier línea telefónica durante el período que dure el Estado de alarma.

2. Obligar a las compañías de telecomunicaciones a reactivar todas las líneas telefónicas que hayan sido bloqueadas o suspendidas durante el Estado de alarma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

161/000578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de una reserva estratégica de material sanitario con el que posibilitar un abordaje diligente de crisis como la generada por el coronavirus (COVID-19) que puedan producirse en el futuro, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Uno de los ámbitos con margen de mejora en el Sistema Nacional de Salud que ha quedado al descubierto con la crisis generada en nuestro país por el coronavirus (COVID-19) es el relativo a la adquisición, el suministro y la puesta a disposición de los ciudadanos -especialmente de los profesionales sanitarios- de los equipos de protección individual necesarios, de los test y las pruebas de diagnóstico de calidad requeridos, y de los respiradores precisados por los pacientes.

De igual modo, en las últimas semanas han surgido diversas noticias relativas a la limitación de existencias disponibles de los medicamentos indicados para tratar a los afectados por el coronavirus (COVID-19).

Ante esta realidad, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) hizo pública el pasado 6 de abril de 2020 la propuesta de crear una reserva estratégica nacional de material sanitario, esencialmente de medicamentos y de productos sanitarios.

La finalidad principal de la iniciativa es garantizar la provisión del equipamiento fundamental para hacer posible un abordaje más adecuado y ágil de las epidemias y/o pandemias que están por venir, así como garantizar que la sociedad en su conjunto, y en mayor medida los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los miembros de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, los militares, los trabajadores de los sectores económicos esenciales... disponen en todo momento del equipo que requieren para ejercer su desempeño profesional con la mayor protección y seguridad posibles.


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La creación de una reserva estratégica nacional de medicamentos y productos sanitarios para afrontar en el porvenir situaciones como la generada por referido el coronavirus (COVID-19) es, además, una iniciativa convergente con la propuesta el pasado mes de marzo por la Comisión Europea.

Planteada con una dotación de 50 millones de euros en el marco del fondo de reserva "rescEU" previsto para la protección civil ante catástrofes naturales o situaciones de emergencia, la referida Comisión Europea creó en este caso un depósito de material para cuidados médicos intensivos como respiradores; de equipos de protección individual como máscaras reutilizables; de vacunas y medios terapéuticos, y de suministros de laboratorio, para ayudar a los Estados miembros a afrontar con mayores garantías las dificultades derivadas de la crisis generada por el citado coronavirus (COVID-19).

Por todo ello, y teniendo presente que antes del propio coronavirus (COVID-19) tuvimos que afrontar coyunturas similares -aunque con un impacto sanitario, social y económico mucho menor- como las que generaron el SARS en 2002, la "gripe aviar" en 2005, la "gripe A" en 2009 o el ébola en 2014, y que casi con total certidumbre tendremos que afrontar situaciones análogas en el porvenir.

El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, desde la colaboración con la industria, una reserva estratégica de material sanitario -esencialmente de medicamentos y de equipamiento de protección, diagnóstico y terapéutico- con la que posibilitar un abordaje diligente de las crisis de salud pública, las epidemias y las pandemias que puedan producirse en España en el futuro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un plan de atención psicológica para los profesionales sanitarios con el que paliar el desgaste emocional derivado de su actividad durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Los efectos negativos derivados de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) trascienden el impacto cuantificable en el número de contagiados y en el de fallecidos.

Más allá de las consecuencias nefastas que está provocando en términos sociales, desde la perspectiva económica y desde el punto de vista laboral, entre otros ámbitos, el coronavirus (COVID-19) está causando importantes secuelas psicológicas en la población.

Movimientos limitados y confinamiento prolongado en el hogar, familiares y personas allegadas afectadas sin posibilidad de acompañamiento, pérdida del puesto de trabajo, situaciones económicas apuradas... son diversos los factores que en todos los países, y en mayor medida en los más afectados, están ocasionando importantes desgastes y desequilibrios emocionales.

En China, donde se originó la pandemia, de acuerdo con los datos contemplados en una encuesta realizada por la Sociedad China de Psicología divulgada por medios de comunicación españoles el pasado 29 de marzo de 2020, el 42 % de los 18.000 ciudadanos sondeados mostraba síntomas de ansiedad relacionada con el coronavirus (COVID-19) y un 16 % presentaba indicios de padecer depresión.

En la misma dirección, y también el pasado mes de marzo, la revista "The Lancet" publicó un informe en el que planteaba que situaciones de aislamiento forzado como las vividas durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) -junto con otras variables como el temor a la infección, la frustración, el


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aburrimiento, la falta de información o de suministros adecuada o las pérdidas de ingresos- motivan efectos psicológicos negativos como el estrés postraumático, la confusión e incluso la ira.

De forma convergente, la Sociedad Española de Psiquiatría ha valorado en las últimas semanas que encontrarse triste, con ansiedad y preocupación entra dentro de lo esperable en la coyuntura que estamos viviendo en España desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. No obstante, la propia Sociedad Española de Psiquiatría recomienda a la personas que experimenten las reacciones descritas durante más de quince días que se pongan en contacto con los centros de salud para recibir una valoración cualificada y precisar si su situación precisa una atención especializada.

Lejos de ser una excepción a esta realidad, los profesionales sanitarios son, seguramente, el ejemplo más representativo del desgaste psicológico que está provocando el coronavirus (COVID-19).

Esta situación se produce tanto por las jornadas laborales extensas en horario e intensas desde el prisma de la carga emocional, como por otras variables representadas en los más de 19.000 profesionales contagiados por el virus, en la carencia permanente de material de protección adecuado con el que afrontar su día a día en los centros asistenciales, en los profesionales sanitarios en formación que no son contratados como especialistas...

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar y a poner en marcha en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales y las sociedades científicas, un plan de atención psicológica y de ayudas sociales para los profesionales sanitarios con el que paliar el desgaste emocional derivado de su actividad asistencial durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un plan de apoyo psicológico y acompañamiento para los familiares y allegados de fallecidos por coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Exposición de motivos

Las consecuencias de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) en la sociedad española están siendo muy negativas y se están produciendo en ámbitos dispares.

Uno de los ámbitos referidos es el relativo a la economía y al marco laboral, por hechos como el cese de actividad al que se han visto obligados millones de trabajadores autónomos y de pequeños y medianos empresarios, así como por los 834.000 afiliados que perdió la Seguridad Social y las 300.000 personas en las que aumentó el desempleo el pasado mes de marzo.

Otro ámbito es el concerniente a la limitación de movimientos y al confinamiento en los hogares derivado del estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo, que está causando en algunos ciudadanos episodios de tristeza, ansiedad y preocupación, y que en países como China, donde se originó la crisis del coronavirus (COVID-19), han evolucionado con el transcurso de las semanas en cuadros de ansiedad e incluso de depresión.

Y un tercer ámbito, entre otros, pero indudablemente el principal, es el relativo a la pérdida de seres queridos y de personas allegadas por culpa del virus.

Más allá de los 140.510 casos confirmados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III en el momento en el que se redactaba esta iniciativa, son 13.798 las personas fallecidas en España por


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culpa del COVID-19; personas que casi con total seguridad no pudieron estar acompañadas de sus familiares en sus últimos momentos y que en muchos casos todavía no han podido ser enterradas o incineradas.

Esta circunstancia, sumada a las sentimientos que suelen aflorar habitualmente cuando se produce la pérdida de un ser querido, incrementa la complejidad emocional de la situación y pone sobre la mesa la necesidad de ofrecer a las familias de los fallecidos la posibilidad de recibir un apoyo adicional para afrontar el duelo con la mayor entereza posible.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar, crear y poner a disposición de los familiares y allegados a los fallecidos por coronavirus (COVID-19) un plan de apoyo psicológico y acompañamiento con el objetivo de ofrecerles un respaldo emocional adicional para afrontar su pérdida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que la cooperación internacional española fije como prioridad la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID-19 en todos sus ámbitos de actuación, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto global sin precedentes desde los puntos de vista sanitario, económico y social. Desde el primer caso detectado en Wuhan (China) el 19 de noviembre de 2019 hasta el día de hoy, 7 de abril de 2020, la pandemia ha causado la muerte de 74.834 personas para un total de 1.348.628 de casos diagnosticados, según el Coronavirus Resource Center de Johns Hopkins University. Tan sólo 16 países de los que 193 que forman parte de la Organización de Naciones Unidas han conseguido, de momento, quedar libres de contagios. Para la Organización Mundial de la Salud estas cifras son muy conservadoras respecto a la realidad, teniendo en cuenta que muchos países del mundo no cuentan aún con protocolos específicos para diagnosticar muertes y contagios que muy probablemente se deban a esta enfermedad.

Frente a una catástrofe global de tales dimensiones sólo cabe luchar de forma eficaz mediante la cooperación internacional y desde una perspectiva amplia que incluya la cooperación sanitaria, técnica, científica, financiera y económica. Dada la urgencia y magnitud de la catástrofe es esencial que dicha cooperación se haga bajo el principio de la máxima eficacia, aplicando el criterio de subsidiaridad para lograr el mayor impacto posible de los recursos disponibles.

Por desgracia, España ocupa un lugar destacado en las estadísticas globales de la pandemia al haberse convertido en el país del mundo con más muertes (265) y contagios (2.786) por millón de habitantes, por delante de Italia, China y Estados Unidos. En ese sentido, la experiencia que España adquiera en este terreno será de un incuestionable valor a la hora de luchar contra la pandemia en otros países.

Ello está obligando al conjunto de la sociedad española, a nuestras instituciones y a la administración pública, a sacrificios inimaginables hace pocos meses. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, la Administración Central y todas y cada una de las familias españolas han orientado todos sus recursos y


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capacidades a esta prioridad. La cooperación española no puede ser una excepción a este esfuerzo colectivo y debe fijar como objetivo fundamental la lucha contra la pandemia, destinando a tal fin todos los recursos humanos y materiales con los que cuenta.

La cooperación española debe por tanto mantener su compromiso con los países en vías de desarrollo, pero siendo consecuente con el principio de subsidiariedad. Cuanto antes logremos acabar con la pandemia en España, antes y mejor podremos compartir una experiencia exitosa con los países que son objeto de nuestra cooperación internacional, que se están viendo también afectados y que han expresado que la lucha contra la pandemia es, igualmente, su prioridad.

Mientras que la cooperación multilateral ejecutada por actores como la Unión Europea puede tener un mayor impacto a nivel global, otros recursos destinados habitualmente a AOD bilateral pueden ser más útiles, por ejemplo, para reforzar la investigación, desarrollo y producción de material sanitario como medios de protección, respiradores y medicamentos, destinado a controlar y reducir la pandemia en España y posteriormente destinarlos a la misma causa en otros países objeto de la cooperación española.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fijar, de forma excepcional, la lucha contra el COVID-19 como prioridad de la Cooperación española, atendiendo a las necesidades urgentes expresadas en ese sentido por los países destinatarios.

2. Observar el principio de subsidiaridad en todos los ámbitos de la cooperación, tratando de maximizar el impacto de los recursos disponibles en función de los diferentes mecanismos de la cooperación española.

3. Promover el destino de la cooperación multilateral a este mismo fin prioritario, específicamente en el ámbito de la cooperación coordinada por las instituciones de la Unión Europea.

4. Promover e incentivar el destino de la cooperación descentralizada a este mismo fin prioritario.

5. Estudiar mecanismos de reestructuración de deuda para aquellos países objeto de la cooperación española que estén pasando por una situación financiera especialmente grave, condicionando tal medida al destino efectivo de los recursos liberados a la lucha contra la pandemia.

6. Fomentar la cooperación científico-técnica y hacer uso intensivo de las Embajadas de España a los efectos de informar con transparencia de la gestión realizada en España contra la pandemia del COVID-19."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-Paloma Gázquez Collado, Óscar Clavell López, Marta González Vázquez, Miguel Ángel Jerez Juan, María Auxiliadora Pérez Díaz, César Sánchez Pérez, María Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vicente Tirado Ochoa y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

181/000081

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)

Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco

Texto:

¿Considera el Gobierno que el material sanitario proporcionado a los transportistas de mercancías durante las dos primeras semanas del estado de alarma ha sido insuficiente y ha puesto la salud de estos trabajadores en grave riesgo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.

181/000082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).

Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco

Texto:

¿Cree el Gobierno que su lentitud en la distribución de mascarillas FFP2 entre los transportistas de mercancías los ha puesto en grave peligro de contagio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.

181/000083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)

Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco

Texto:

¿Cuántas mascarillas del total de los 8 millones anunciados en la Orden TMA/263/2020, ha distribuido el Gobierno en el ámbito del sector del transporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.


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181/000084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)

Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco

Texto:

¿Considera el Gobierno que la escasez de material sanitario repartido y la lentitud en su distribución, en sectores que trabajan de cara al público como Correos y Renfe, ha puesto en riesgo a los trabajadores, clientes y ha sido una fuente de propagación del virus?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.

Comisión de Educación y Formación Profesional

181/000085

Grupo Parlamentario Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Formación Profesional

Diputada doña Inés Sabanés Nadal

Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional

Texto:

¿Cuáles son los recursos proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las Comunidades Autónomas para afrontar la crisis del coronavirus en relación a la necesaria formación online en todos los ámbitos educativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

181/000086

Grupo Parlamentario Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Formación Profesional

Diputada doña Inés Sabanés Nadal

Dirigida a la Ministra de Educación y Formación Profesional

Texto:

¿Qué medidas ha decretado el gobierno para mitigar la brecha educativa y el impacto psicológico de los niños y niñas durante y después de la crisis del COVID-19?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2020.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.

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