BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de mayo de 2020
Núm. 86
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, por la que se insta al Gobierno a reducir el número de entidades,
estructuras y cargos superiores y directivos con el fin de adaptar el
gasto político a las nuevas necesidades sociales surgidas como
consecuencia de la tragedia provocada por la pandemia de COVID-19 ... (Página10)
161/000763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a impedir que la ocupación ilegal de
inmuebles pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón
municipal ... (Página13)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la transparencia en las transacciones internacionales
de material para luchar contra el COVID-19 ... (Página15)
161/000735 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre una respuesta multilateral de preparación ante
desastres y emergencias como el COVID-19 ... (Página16)
161/000736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre los esfuerzos globales de reconstrucción y recuperación
tras la pandemia de COVID-19 ... (Página18)
Comisión de Justicia
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al
Poder Judicial ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/000743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la modernización de los aviones Eurofighter Typhonn del
Ejército del Aire ... (Página21)
Comisión de Hacienda
161/000738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la ampliación del plazo para la presentación e ingreso
de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019
... (Página23)
161/000748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a
la modificación de los criterios de la aplicación de la regla de gasto
... (Página24)
161/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la transparencia en las transacciones internacionales
de material para luchar contra el COVID-19 ... (Página25)
Comisión de Interior
161/000725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la equiparación de movilidad laboral de la Policía BESCAM
en igualdad de condiciones con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado ... (Página27)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la adopción de las recomendaciones de la Comisión Europea
recogidas en el Anexo 2 de la "comunicación de la Comisión sobre la
puesta en marcha de los carriles verdes en el marco de las Directrices
sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar
la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96
I/01)" ... (Página29)
161/000745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a levantar la
suspensión de obras en edificios existentes y su remisión a la normativa
existente en materia de seguridad y salud en las obras de construcción
... (Página30)
161/000754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a promover por el Gobierno un plan nacional de
rehabilitación de viviendas, edificios y pequeños comercios ... (Página32)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la elaboración de un calendario específico para las
prácticas curriculares de Formación Profesional ... (Página34)
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Republicano, sobre traspaso de becas y ayudas al estudio ... (Página38)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre medidas para extender la moratoria de cotizaciones de
la Seguridad Social a todas las pymes y autónomos afectados por la crisis
sanitaria del COVID-19 ... (Página40)
161/000739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa al traspaso de competencias del Estado a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social ... (Página41)
161/000751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico
de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios
y autónomos feriantes ... (Página44)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre medidas específicas para mitigar el impacto económico
de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los empresarios
y autónomos feriantes ... (Página46)
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo al sector turístico para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ... (Página47)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, sobre la aprobación de un Plan Nacional de protocolos con carácter
de urgencia, con el fin de garantizar la imagen de España como destino
seguro frente al COVID-19 ... (Página50)
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a establecer un Plan Específico de reactivación del
turismo y la hostelería ... (Página52)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre alcanzar un Pacto de Estado por la Industria ... (Página54)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se apruebe
un plan de liquidez económica para ganaderías bravas ... (Página55)
161/000731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al apoyo a las queserías de campo y
artesanas afectadas por la crisis del COVID-19 ... (Página56)
161/000741 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a incorporar la pesca marítima deportiva y de recreo en el
marco del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad ... (Página57)
161/000752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a extremar los controles y las inspecciones fitosanitarias
de los productos agrícolas provenientes de terceros países en los Puestos
de Inspección Fronterizos (PIF) .... (Página58)
161/000758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre medidas de apoyo al sector pesquero ... (Página61)
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas andaluzas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales en 2020 ... (Página63)
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables
en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el método de estimación objetiva
del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página64)
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas aragonesas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales en 2020 ... (Página65)
161/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
en 2019 en Extremadura ... (Página66)
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas castellano y leonesas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales en 2020 ... (Página67)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento del artículo 3 de la Constitución española en la Comunidad
Autónoma del País Vasco ... (Página69)
161/000747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a
la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto ...
(Página70)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre un Plan urgente de Desarrollo de
Telemedicina y otros Servicios Digitales en zonas rurales y en la España
despoblada ... (Página72)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000732 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan de
protección de los consumidores y usuarios frente al COVID-19 durante el
desconfinamiento ... (Página76)
161/000744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre accesibilidad de los pacientes a los
tratamientos de anticoagulación y previsiones sanitarias para la
adecuación de estos tratamientos a las circunstancias derivadas del
COVID-19 ... (Página77)
161/000746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de grupos de
población para el levantamiento gradual del confinamiento obligado por el
coronavirus (COVID-19) ... (Página79)
161/000753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la autorización para la realización de las empresas
privadas de pruebas de diagnóstico homologado de COVID-19, a sus
trabajadores y/o residentes, utilizando sus propios recursos económicos
... (Página81)
161/000760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Plural, relativa a incluir la podología en el Sistema Nacional de Salud
... (Página82)
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la preservación y el análisis de
muestras biológicas de posibles casos de coronavirus (COVID-19) ... (Página83)
161/000773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, relativa a la concreción y, en su caso, regulación normativa de los
procedimientos para la realización de nebulizaciones,
termo-nebulizaciones y micronebulizaciones ... (Página84)
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la identidad de los expertos del
Ministerio de Sanidad que analizan las solicitudes de las Comunidades
Autónomas para pasar de fase en la desescalada de la pandemia de
coronavirus (COVID-19) ... (Página85)
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la vacunación frente a la enfermedad
neumocócica durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ...
(Página86)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
VOX, sobre la creación de un calendario específico de finalización de las
clases universitarias tras el confinamiento derivado de la crisis
sanitaria del COVID-19 ... (Página88)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre una respuesta global de preparación ante desastres y
emergencias como el COVID-19 ... (Página91)
161/000767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la ayuda para combatir la pandemia de COVID-19 en
África ... (Página93)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a garantizar que el Gobierno respeta al
Poder Judicial ... (Página95)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Republicano, relativa a la protección del Patrimonio Histórico de la
Mecanización Agraria ... (Página96)
161/000772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la reanudación del servicio público de
exámenes de tráfico y su no suspensión en ningún día laborable del año
2020 en ninguna Jefatura Provincial y Local de Tráfico con el fin de
paliar en su totalidad los efectos del estado de alarma decretado como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página96)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/000162 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán
(GVOX), sobre criterios de acercamiento de presos etarras a las cárceles
vascas o de proximidad al territorio vasco ... (Página100)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000120 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre mejoras previstas en la estación de Chamartín ... (Página100)
181/000121 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre actuaciones de mejora que está realizando el Gobierno en la
conexión de la M-40 con la M-607 en Madrid ... (Página100)
181/000122 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre mejoras que está acometiendo el Gobierno en la R-4 y la M-50
en Madrid ... (Página101)
181/000124 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre mejoras que se están acometiendo en las carreteras M-21 y
M-31 ... (Página101)
181/000125 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre situación en la que se encuentran los proyectos para la
implantación del carril Bus-VAO de la autovía A-2 ... (Página101)
181/000126 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), sobre valoración del Gobierno del inicio de la actividad de
RENFE en Estados Unidos ... (Página101)
181/000127 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), sobre medios dispuestos por el Gobierno para la última
campaña de vialidad invernal ... (Página102)
181/000128 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), sobre actuaciones puestas en marcha para la creación de un
organismo multimodal independiente para la investigación técnica de
accidentes ... (Página102)
181/000129 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), sobre mejoras impulsadas por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana para facilitar la instalación de puntos de
recarga eléctrica ... (Página102)
181/000130 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luz Martínez
Seijo (GS), sobre avances que se han producido para mejorar la capacidad
de la autovía A-62 en el tramo Dueñas-Cigales ... (Página102)
181/000131 Pregunta formulada por la Diputada doña Helena Caballero
Gutiérrez (GS), sobre actuaciones que está acometiendo el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aumentar la capacidad de la
autovía A-62 en el tramo Simancas-Tordesillas ... (Página103)
181/000132 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Aranda Vargas
(GS), sobre actuaciones que está realizando el Gobierno en previsión de
la próxima liberación del peaje de la autopista AP-7 Tarragona-La
Jonquera ... (Página103)
181/000133 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero
(GS), sobre avances que se han producido en la Autovía del Duero A-11 ...
(Página103)
181/000134 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero
(GS), sobre valoración del Gobierno de la reversión de la autopista AP-1
... (Página103)
181/000135 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Soler Mur
(GS), sobre valoración del Gobierno de la reversión del tramo
Valencia-Alicante de la autopista AP-7 ... (Página104)
181/000136 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Soler Mur
(GS), sobre avances que se han producido en relación con la variante
ferroviaria de Torrellano ... (Página104)
181/000137 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Aceves Galindo
(GS), sobre avances que se están produciendo en las obras de duplicación
de la SG-20 ... (Página104)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000138 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre medidas previstas para defender a los sectores a los que
representa el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ante la
incertidumbre contenida en el plan de desescalada en relación con las
afirmaciones de la Ministra respecto a que dicho plan no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página104)
181/000139 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre participación de la Ministra o del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en la redacción del denominado plan de desescalada en
relación con las afirmaciones de la Ministra respecto a que dicho plan no
había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página105)
181/000140 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre conocimiento que tiene la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo del contenido del plan de desescalada anunciado y/o aprobado por
el Consejo de Ministros ... (Página105)
181/000141 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre ratificación o rectificación de las explicaciones de la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo, respecto a que en dicha fecha no existía aprobación
en Consejo de Ministros del plan de desescalada anunciado por el Gobierno
... (Página105)
181/000142 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre existencia de engaño a los Diputados o desconocimiento de lo
que se aprobaba en el Consejo de Ministros por la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no
había sido aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página106)
181/000145 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre opinión de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo
acerca del hecho de que en el Comité Técnico de asesoramiento al Gobierno
para el denominado plan de desescalada no haya ningún experto en las
materias de su competencia ... (Página106)
181/000146 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre opinión de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo
acerca de si es admisible dar información incorrecta al Congreso de los
Diputados para la certidumbre y seguridad que reclaman los sectores de la
industria, el comercio y el turismo en relación con las afirmaciones
respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado
en el Consejo de Ministros sino solo informado ... (Página106)
181/000147 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana
(GP), sobre consideración por la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo de presentar su dimisión por las afirmaciones realizadas ante la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo respecto a que el denominado
plan de desescalada no había sido aprobado en el Consejo de Ministros
sino solo informado ... (Página107)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000192 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX), sobre valoración del funcionamiento del Estado
autonómico en una situación de crisis como la generada por el coronavirus
... (Página107)
181/000193 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX), sobre valoración de las respuestas dadas por las
Comunidades Autónomas a las demandas derivadas de la pandemia y su grado
de implicación y lealtad con respecto del Gobierno de la Nación ... (Página107)
181/000194 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX), sobre papel jugado por el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública en la coordinación y colaboración entre el
Gobierno y las Comunidades Autónomas para hacer frente a la pandemia por
coronavirus ... (Página108)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000119 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Vicente Viondi
(GS), sobre principales medidas que plantea el Gobierno para reforzar el
Plan Nacional de Calidad del Aire en las principales ciudades de España
... (Página108)
181/000143 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz
(GP), sobre efectos que tendrá la caída de demanda eléctrica en España
sobre el cálculo de peajes y sobre el sistema eléctrico español ... (Página108)
181/000144 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez
(GP), sobre fecha prevista para aprobar el Plan de Actuación del Sector
Forestal en España con medidas de carácter económico que permitan sumar
la actividad económica forestal a la salida de la crisis post-COVID-19
... (Página109)
181/000148 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez
(GP), sobre previsiones acerca de aprobar y poner en marcha la Estrategia
Española de Economía Circular para establecer los sectores prioritarios
de actividad y las líneas principales de actuación, metas, plazos y en
colaboración con las distintas administraciones, que permita salir de la
crisis y activar la economía post-COVID-19 ... (Página109)
181/000149 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP),
sobre opinión de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la
desescalada, cuando escucha las quejas de los Presidentes autonómicos por
no haber consensuado el proceso de desescalada con las Autonomías y
Ayuntamientos ... (Página110)
181/000150 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP),
sobre motivos por los que se permitió la celebración del 8-M y otras
grandes aglomeraciones si ya estaban detectados los primeros casos de
personas infectadas en España y se observaba la escalada diaria de
aumento de casos en Italia ... (Página110)
181/000151 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP),
sobre motivo por el que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico proclama y exige la
unidad de acción territorial en la lucha contra el COVID-19 y no contacta
con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el desarrollo del plan
de desescalada ... (Página110)
181/000152 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP),
sobre explicación acerca de que España esté en una situación peor en
número de contagios y de fallecidos que otros países de la Unión Europea
que están más próximos al foco de inicio de la pandemia, cuando la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico afirma que Portugal cuenta con mejores
resultados porque el virus viene del Este ... (Página111)
181/000153 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado
(GP), sobre motivos por los que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma en la
entrevista dominical de un medio de comunicación nacional que no les ha
dado tiempo a detectar el problema hasta después del 8-M, si el Gobierno
ha reconocido celebrar las primeras juntas de seguridad ante la posible
llegada del COVID-19 a España durante el mes de enero ... (Página111)
181/000154 Pregunta formulada por el Diputado don Diego Gago Bugarín (GP),
sobre fecha prevista para aprobar la Ley de cambio climático ... (Página111)
181/000155 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz
(GP), sobre consideración acerca de si el PNIEC (Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima) comunicado a la Comisión Europea no necesita ninguna
actualización ... (Página112)
181/000156 Pregunta formulada por el Diputado don César Sánchez Pérez
(GP), sobre planes, partidas presupuestarias e inversiones proyectadas
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para
relanzar la economía española post-COVID ... (Página112)
181/000157 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado
(GP), sobre medidas previstas por la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus
funciones en el plan de desescalada para el sector de la hostelería, a la
vista de que los ciudadanos quieren certidumbres ante sus declaraciones
afirmando que "si no están cómodos que no abran" ... (Página112)
181/000158 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba
(GP), sobre acciones concretas llevadas a cabo por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los últimos dos años a la
vista de las líneas generales trazadas por la Comisión Europea para la
salida de la crisis respecto al crecimiento verde y la digitalización ...
(Página113)
181/000159 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Diego Requena Ruiz
(GP), sobre consideración acerca de si el PNIEC (Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima) remitido a la Unión Europea debe ser modificado como
consecuencia del COVID-19 ... (Página113)
181/000160 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba
(GP), sobre consideraciones acerca de si el incremento de estructura
funcionarial dependiente de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la
política más adecuada para afrontar la crisis económica que se deriva de
las medidas de confinamiento y disminución de la actividad productiva en
España ... (Página114)
181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado
(GP), sobre opinión de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de si el
condicionamiento de las ayudas de la Unión Europea a las que se ha
referido en declaraciones públicas puede afectar a pensiones y sueldos de
funcionarios públicos en España ... (Página114)
181/000173 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu), sobre intención de mantener los compromisos y las 25 líneas
prioritarias anunciadas con la declaración de emergencia climática ... (Página114)
181/000174 Pregunta formulada por la Diputada doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu), sobre medidas a tomar para salvaguardar el marco general hacia
una Transición Ecológica y Sostenible en el contexto de la desescalada y
de la concreción de los planes socioeconómicos y productivos en nuestro
país ... (Página115)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000191 Pregunta formulada por la Diputada doña Paloma Gázquez Collado
(GP), sobre medidas que ha llevado a cabo la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el año que ha
presidido la Red Europea de Agencias de Desarrollo (Practitioners
Network), así como propuestas de respuesta global presentadas frente a la
crisis del COVID-19 tendentes a configurar la Estrategia de Respuesta de
la Cooperación Española frente al COVID-19 ... (Página115)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como
preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página115)
184/011626 Autor: Rufián Romero, Gabriel
Investigación por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra de los
negocios del Rey emérito Su Majestad Don Juan Carlos I ... (Página120)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro y D. José María
Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a reducir el número de entidades, estructuras y cargos
superiores y directivos con el fin de adaptar el gasto político a las
nuevas necesidades sociales surgidas como consecuencia de la tragedia
provocada por la pandemia de COVID-19, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Primero. Son diversas las normas reglamentarias que se refieren a la
estructura política del Gobierno y de la Administración General del
Estado.
En primer lugar, el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales diseña un elefantiásico
Gobierno compuesto por 22 Ministerios. La norma contempla, además, los
restantes órganos superiores de cada departamento (esto es, las
Secretarías de Estado), que ascienden a 27. A estos han de sumarse el
Consejo Superior de Deportes (cuya presidenta tiene rango de secretaria
de Estado), el Centro Nacional de Inteligencia (cuyo director ostenta
este también este rango en la Administración) y la Secretaría de Estado
de Comunicación (adscrita a la Presidencia del Gobierno). En total, 52
órganos superiores, que son los cargos que se encuentran en la cúspide de
la Administración General del Estado.
En segundo lugar, el Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno consagra una estructura en el
Palacio de la Moncloa compuesta por: a) el Gabinete del presidente del
Gobierno (cuyo director, don Iván Redondo Bacaicoa, tiene rango de
secretario de Estado); b) la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno (cuyo titular tiene rango de subsecretario); c) la mencionada
Secretaría de Estado de Comunicación; d) la Dirección adjunta del
Gabinete del Presidente del Gobierno (cuyo titular tiene rango de
subsecretario); e) el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza
infantil; y f) el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Todo
ello, además de otros órganos con el rango de Dirección General
(departamentos de Seguridad Nacional, de Asuntos Económicos y G20, de
Asuntos Exteriores y de Unión Europea y Oficina Nacional de Prospectiva y
Estrategia de País a Largo Plazo).
Por último, el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales determina los órganos directivos de estos hasta el nivel de
Dirección General. En este Real Decreto se da carta a un endiablado
conglomerado ministerial compuesto por 22 Ministerios, a los que se
añaden, a su vez, un total de 199 altos cargos entre Secretarías de
Estado, Subsecretarias, Secretarias Generales, Direcciones Generales y
Secretarías Generales Técnicas, así como, en su caso, otros órganos
específicos en diversos Departamentos.
Por su parte, cada Ministerio desarrolla su estructura orgánica básica en
su correspondiente Real Decreto.
Adicionalmente, por si esto fuera poco y como es bien conocido, de los 22
ministros titulares cuatro son, al mismo tiempo, vicepresidentes del
Gobierno, lo que hace a España ser el segundo país de Europa en número de
miembros en la cúspide del Ejecutivo. Ello tiene notables implicaciones
en materia de gastos de personal. No en vano, el artículo 23 del Real
Decreto 139/2020 dispone lo siguiente:
"1. Los Gabinetes de los titulares de las Vicepresidencias del Gobierno
que asumen, a su vez, la titularidad de un Departamento ministerial
estarán integrados por un Director, con rango de Subsecretario, y un
máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de Director General, y
los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener
cuatro de ellos funciones de coordinación del resto.
2. Los Gabinetes de los demás titulares de departamentos ministeriales
estarán formados por un director, con rango de Director General, y por un
máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de Subdirector General.
3. Los Gabinetes de los titulares de las Secretarías de Estado estarán
formados por un director y un máximo de tres asesores, todos ellos con
nivel orgánico de Subdirector General."
Segundo. Lo anterior implicaría que el actual Gobierno de España podría
contar con más de 250 altos cargos entre cargos superiores, cargos
directivos y personal eventual asimilado. Todo ello, sin incluir en el
cómputo los Gabinetes de los Secretarios de Estado ni las Subdirecciones
Generales creadas en cada uno de los nuevos ministerios.
La estructura creada por los Reales Decretos mencionados implica que el
Gobierno que abogaba por "un mejor uso de los recursos públicos" y que
mejoraría "la eficiencia del gasto público" (Acuerdo de coalición
PSOE-Podemos) es el que dedica el mayor importe a ministros y a altos
cargos de la historia de la democracia española. Teniendo en cuenta que
en este momento el Estado tiene menos competencias de las que ha
ostentado nunca, no parece que ello se corresponda con necesidades
operativas. Tampoco es moralmente ético vista la gravísima situación
económica por la que España se dispone a atravesar tras la tragedia
producida por la nefasta gestión del Gobierno en la emergencia producida
por el COVID-19.
Ello, además, teniendo tan cerca la X Legislatura, con el último Gobierno
que ejerció con normalidad sus funciones hasta el fin de esta en octubre
de 2015 y, además, con mayoría absoluta: el formado por don Mariano Rajoy
Brey en noviembre de 2011.
Según dispuso el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, este Ejecutivo se conformaba de 13 Ministerios y unos 150
altos cargos. Además, la Vicepresidencia Única contaba con su propio
Gabinete, al igual que los ministros y los secretarios de Estado, en los
mismos términos a los anteriormente referidos. En total, un máximo de 166
altos cargos en total (el 60 % de los existentes en la actualidad), entre
cargos superiores, directivos y personal eventual asimilado. Recordemos
que este Gobierno nació en el seno de una crisis económica muy profunda,
pero menor a la que está previsto hacer frente en este momento.
Tercero. El notable incremento de altos cargos llevado a cabo por este
Gobierno de "coalición progresista" conlleva que los ciudadanos han de
hacer frente con sus impuestos a pagar las siguientes cantidades:
- 79.746 euros anuales por cada uno de los cuatro vicepresidentes del
Gobierno.
- 74.858 euros anuales por cada uno de los restantes 18 ministros.
- 72.768 euros anuales por cada uno de los 27 secretarios de Estado.
- 64.516 euros anuales por cada subsecretario y asimilado.
- 53.163 euros anuales por cada director general y asimilado.
Todo ello, por supuesto, sin tener en cuenta los abonos por otros
conceptos, como dietas, productividad y gastos de representación.
En resumen, sin incluir en esta suma otros muchos costes relacionados con
los puestos de Subdirección General creados en los distintos
departamentos ni los asimilados a estos que existen en los distintos
Gabinetes, esta mastodóntica y extensa estructura de Gobierno nos cuesta
a los españoles, como mínimo, 15.844.111 de euros anuales solo en sueldos
de altos cargos. Y ello sin contar con los
sustanciosos salarios de las empresas públicas o con participación del
Estado (la presidenta de Red Eléctrica de España, S.A ., percibe 546.000
euros anuales) o de los distintos reguladores.
Cuarto. El grave drama económico y social que se avecina exige de quienes
nos gobiernan que acompasen el gasto político a las posibilidades de los
ciudadanos. Los españoles de bien cargan sobre sus hombros con la
responsabilidad de sostener el Estado del bienestar y deben recibir un
mensaje claro e inequívoco de que su esfuerzo diario y su sacrificio
individual en favor del superior interés de la comunidad se dirige
correctamente.
El ciudadano medio que entrega una gran parte de sus recursos a su país
debe tener la certeza de que estos se destinan a ayudar a los demás, a
hacer crecer a su país y a proteger a los más vulnerables. Tampoco a que
el dinero de todos sea dilapidado en Ministerios vacíos de contenido, en
Direcciones Generales de Derechos de los Animales o en Gabinetes
compuestos por los hijos de los dirigentes de los partidos de la
coalición.
Si esta regla de adecuación del gasto a las necesidades de la sociedad ha
de ser respetada siempre, con más razón en un Estado que cuenta con
cuatro niveles de autogobierno en el que se reproducen, "mutatis
mutandis", los excesos del Estado central, con Parlamentos, Consejerías,
Viceconsejerías, Observatorios y Administración institucional. No es
aceptable que, mientras el pueblo soberano ve trágicamente mermados sus
ingresos y se incrementan exponencialmente las solicitudes de ayuda a
instituciones de caridad, los gobernantes derrochen el dinero recaudado
con impuestos creando y manteniendo estructuras y departamentos con el
único objetivo de impulsar agendas ideológicas o de colocar a afines
ideológicos.
Quinto. El artículo 31.2 de la Constitución Española señala que "el gasto
público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y
su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía".
En los momentos de necesidad económica para la Nación, quienes
representamos a los ciudadanos tenernos la obligación ética y moral de
impulsar políticas que disminuyan la carga que para los ciudadanos supone
la existencia de superestructuras de Gobierno. Tenemos el deber
constitucional de vigilar que el gasto público se programa y ejecuta con
criterios de eficiencia y economía y que no se supedita a una agenda
ideológica (cuyo emblema es "Sola y borracha quiero llegar a casa").
Las instituciones públicas están para "servir con objetividad los
intereses generales" (artículo 103.1 de la Constitución), para favorecer
la mejor calidad posible en la vida de los ciudadanos y, lógicamente,
para facilitar la creación de riqueza por los españoles. Nunca para
obstaculizarla, para torpedearla ni para someterla a exacción. Entre
mantener el gasto político o apostar por el gasto necesario para cubrir
las necesidades de los españoles respetando sus derechos, la decencia
democrática y la vocación de servicio público nos hacen elegir esto
último.
Es nuestra responsabilidad, unos como mandatados por el pueblo soberano
para defender sus intereses, otros como gobernantes, dar ejemplo de
justicia, de probidad, de excelencia, de honestidad y de austeridad. Más
aún en lo que se refiere al gasto político. Con mayor razón en
situaciones trágicas como la que ya sufren muchos, que en los próximos
meses y años solo puede empeorar.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de Ministerios y de altos cargos
existentes en cada uno de ellos, la primera medida que debería adoptar el
Gobierno de España en esta situación es reducir el tamaño de su
estructura política.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Eliminar tres de sus Vicepresidencias, dejando solo una.
2. Eliminar, al menos, 10 Ministerios que no desempeñen cometidos
indispensables, reduciendo el número de departamentos de 22 a 12 y
suprimiendo o rebajando la categoría y el sueldo de los altos cargos
vinculados a estos.
3. Promover las modificaciones pertinentes en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, así como en la normativa concordante, para
fijar un máximo legal de dos Vicepresidencias del Gobierno y de doce
departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté
integrado por un máximo de trece personas, incluido el Presidente del
Gobierno.
4. Completar en el plazo de 6 meses una auditoría de las Administraciones
Públicas que detecte aquellas entidades públicas, observatorios y
organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, que tengan
fines meramente ideológicos o que no sirvan al interés general,
procediendo inmediatamente a su disolución.
5. Dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la
economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así
como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de
las necesidades reales de los españoles y la provisión de aquellas que en
justicia les correspondan."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José María
Figaredo Álvarez-Sala y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
impedir que la ocupación ilegal de inmuebles pueda dar lugar a la
inscripción de ocupantes en el padrón municipal, para su debate en la
Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 2 de mayo de 2020, el Gobierno publicó la Resolución de 29 de
abril de 2020, de la Subsecretaría del ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
Dicha Resolución establece en su artículo 3.3:
"3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como
se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde
realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la
inscripción padronal es completamente independiente de las controversias
jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, Jo es también de
las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que
afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas,
caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben
figurar como domicilios válidos en el Padrón."
El número de ocupaciones ilegales conocidas por los distintos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado ascendió a 12.214 en 2018, una cifra ha
ido en aumento desde el 2015 con la complicidad de algunos gobiernos
locales de grandes ciudades de corte social-comunista. Esta evolución ha
puesto en jaque al sistema jurídico, ante esta flagrante violación del
artículo 33 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad
privada.
Este cúmulo de circunstancias han llevado al Grupo Parlamentario Popular a
promover desde la XII legislatura varias iniciativas orientadas a luchar
contra esta lacra. En este sentido, se presentó una proposición de ley
incluyendo medidas pioneras "antiokupas", como:
Una definición clara, por primera vez, de la ocupación ilegal.
La introducción de una norma por la que un inmueble ocupado ilegalmente no
puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los
ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que los adquirentes o
arrendatarios.
Dotar a la autoridad pública o sus agentes de la potestad para desalojar
con agilidad, en un plazo de entre 12 y 24 horas, las viviendas ocupadas
ilegalmente, sin necesidad de esperar meses.
Esta Proposición de Ley del Partido Popular no resultó finalmente aprobada
porque una moción de censura impidió la continuidad del Gobierno del
Partido Popular. Aun así, un año antes, el mismo Partido
Popular impulso y consiguió la aprobación de la Ley 5/2018, de 11 de
junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta
importantísima Ley, publicada el 12 de junio de 2018, apenas días después
de la moción de censura, está comenzando a desplegar todos sus efectos.
La ley afecta al proceso civil, dotando a los ciudadanos de instrumentos
rápidos y eficaces para que el propietario de una vivienda pueda
recuperar la posesión ante una ocupación ilegal. Esta Ley ha permitido ya
fortalecer la seguridad jurídica y la propiedad privada; al mismo tiempo,
sus "salvaguardas sociales" le han otorgado un notable crédito. En
resumen, ya son muchas las demandas resueltas que están fortaleciendo la
seguridad jurídica y permitiendo la pacífica posesión de la propiedad
privada.
Es, sin embargo, notorio que aún queda recorrido normativo para fortalecer
estos derechos y que así debe hacerse. Por el contrario, el actual
Gobierno aprueba medidas que siembran de nuevo la inquietud tanto en
operadores jurídicos como en la ciudadanía en general. El Gobierno ha ido
aprobando normas legales y reglamentarias con un escasísimo acierto en su
técnica normativa, antes procelosa que clara, y no precisamente dirigidas
a reforzar la seguridad jurídica, sino a alejarse cada vez más de ella.
Un ejemplo de esta deficiente técnica normativa, acrecentada
especialmente en el estado de alarma, es la Orden TMA/336/2020, donde se
pone de manifiesto en su artículo 4.3, una solución habitacional con un
concepto mal redactado y de extraña argumentación, del cual se podría
inferir que el derecho a un régimen de ocupación de una vivienda distinto
al determinado por la Ley.
A todo ello se suman otros hechos, que desde nuestro Grupo Parlamentario
se han denunciado como atentados a la propiedad privada, avalados por el
Partido Socialista con acciones como la aprobación en el Parlamento de
Cataluña el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes
para mejorar el acceso a la vivienda, y su convalidación posterior, que
claramente vulnera derechos el derecho a la propiedad constitucionalmente
garantizado y que ha de resultar compatible con el derecho a la vivienda.
En este Decreto-ley se legalizó "de facto" la ocupación ilegal de
viviendas. El propio Consejo de Garantías Estatuarias de la Generalitat,
organismo que vela por la adecuación de las Leyes Autonómicas a la
Constitución y al propio Estatuto de Autonomía, ha emitido un informe en
el que se concluye que las previsiones contenidas en este Decreto son
absolutamente incompatibles con los artículos 9 y 33 de la Constitución,
relativos a la seguridad jurídica y a la propiedad privada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las
disposiciones legales oportunas a fin de establecer unas normas de
empadronamiento que contribuyan a evitar la ocupación ilegal, de manera
que:
- Un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de
morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la
misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando
su alquiler.
- La ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de los
ocupantes en el padrón municipal.
- La inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considerará nula y
no constituirá prueba de su residencia o domicilio, ni atribuirá ningún
derecho.
- Los Ayuntamientos den de baja de oficio, o a instancia del propietario o
poseedor legal legítimo, las inscripciones de las que tengan
conocimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Carlos Rojas
García, Ana María Zurita Expósito y Antonio González Terol,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Transparencia en las
Transacciones Internacionales de Material para luchar contra la COVID-19
para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del
mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más
afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia
que la pandemia puede tener en países con sistemas sanitarios menos
preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a
agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está
demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las
enfermedades no conocen fronteras.
En este contexto, los mercados internacionales se han visto sometidos a
una fuerte presión por los niveles de demanda de productos y equipamiento
sanitario básico, ya que cada vez más países veían necesario adquirir más
material para reponer su stock nacional y evitar así el
desabastecimiento. En España, el Gobierno de España aprobó el 10 de marzo
de 2020 su capacidad para centralizar este tipo de compras en el
exterior, en cuyas transacciones se veían envueltos tanto el Ministerio
de Sanidad como otros ministerios, incluido el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sin embargo, no se hizo ningún
tipo de gestión con anterioridad a esta fecha, pese a que el brote de
COVID-19 ya se había extendido por Italia y ya contábamos con casos de
infección en nuestro país.
El 14 de marzo de 2020, tras la asunción del mando único por parte del
Gobierno de España, las Comunidades Autónomas que sí habían iniciado
gestiones para adquirir material en el exterior paralizaron estas
operaciones debido a la aprobación por parte del Gobierno de la capacidad
para requisar material y equipamiento sanitario en cualquier lugar del
territorio nacional para su posterior redistribución bajo ese mando único
del Gobierno. De hecho, varias Comunidades Autónomas denunciaron el
bloqueo que algunos de sus pedidos de material a China habían sufrido
entre el 16 y el 18 de marzo, con cargamentos paralizados en los
aeropuertos mientras el personal sanitario no tenía acceso a los equipos
de protección individual que requerían en su tratamiento a pacientes de
COVID-19.
A medida que avanzaba la pandemia por nuestro país, también lo hacía por
el resto de la Unión Europea. Esto significaba que la adquisición del
material sanitario necesario para hacer frente a la enfermedad se
encarecía. La Portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero,
afirmó que España estaba "en una guerra" con otros países por conseguir
este material sanitario de China, mientras que cargamentos de material
adquiridos por algunas Comunidades Autónomas tampoco habían llegado a
nuestro país. Sólo el 25 de marzo, quince días después de asumir la
compra centralizada, el Gobierno de España anunció un acuerdo con China
por valor de 432 millones de euros para recibir 550 millones de
mascarillas, 950 respiradores artificiales, 5,5 millones de tests rápidos
y 11 millones de guantes de protección.
Sin embargo, el Gobierno de España tuvo que admitir poco después que esos
tests rápidos no eran fiables, incluso entrando en una disputa con la
Embajada de China en España sobre si el proveedor de esos tests estaba
autorizado por parte de las autoridades chinas para desarrollar estos
tests y si tenían certificación para su venta y utilización en la Unión
Europea. Según afirmó el Gobierno en un primer momento, 9.000 tests se
habían visto afectados, mientras que posteriormente tuvo que admitir que
la cifra de tests fallidos se elevaba a 640.000.
Ante esta situación, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación afirmó que el mercado chino "nos es un poquito desconocido",
pese a que China es el segundo socio comercial más importante de la Unión
Europea. Además, a las sospechas vertidas por la Embajada de China en
España se sumaron las declaraciones de la Cámara de Comercio de España en
China recogidas en el medio El Confidencial, donde aseguraban que las
compras que había realizado el Gobierno no se habían
realizado siguiendo los cauces habituales para este tipo de adquisiciones,
sino que se había recurrido a intermediarios y comisionistas. La Cámara
de Comercio de España en China se había ofrecido a realizar informes
sobre la fiabilidad de proveedores de material de forma gratuita, pero el
Gobierno no recurrió a ello. Por tanto, el Gobierno se estaba exponiendo
a utilizar recursos públicos con menos garantías.
Pese a ello, el Gobierno se negó a facilitar la información sobre quiénes
eran los intermediarios a los que contactaba para realizar estas compras.
A mediados de abril de 2020, varios medios de comunicación como Vozpópuli
y El Mundo obtuvieron información de alguno de esos intermediarios, y
publicaron que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
había adjudicado un contrato a un empresario que, a su vez, había estado
involucrado en las filtraciones de sociedades offshore recogidas en los
Paradise Papers, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ). El mismo ministerio también habría adjudicado un
contrato a una micropyme sin experiencia previa en la adquisición de
material sanitario que presentaba fuertes pérdidas y apenas ingresos,
según El Economista. A raíz de esto, el propio Ministerio de Hacienda
anunció que abriría una investigación sobre estos intermediarios de las
compras exteriores del Gobierno y el posible fraude que podrían haber
cometido.
El 28 de abril de 2020, y según de nuevo Vozpópuli, el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana volvió a negar la necesidad de
hacer público quiénes son esos intermediarios a los que el Gobierno
realiza compras de material, a veces incluso descubriendo que el material
adquirido no cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser
utilizado en la protección del personal sanitario que se encuentra en la
primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Tras su comparecencia
ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco facilitó los datos de
quiénes eran estos intermediarios y contratistas a los que recurría el
Gobierno para sus compras en el exterior, pese a ser instada a hacerlo
por parte de las fuerzas parlamentarias allí presentes. Según
informaciones del diario El País, el Gobierno llevaba, a 21 de abril de
2020, 350 millones de euros gastados en estas compras en el exterior sin
ofrecer detalles sobre su destino.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Remitir a las Cortes Generales un informe en el que se recojan los
datos de los intermediarios y contratistas a los que el Gobierno ha
recurrido para sus compras de material sanitario en el exterior, siempre
garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (LPDGDD).
2. Impulsar, en cooperación con las cámaras de comercio españolas en el
exterior y con ICEX España Exportación e Inversiones, la elaboración de
un listado de proveedores fiables en el exterior que pueda ser útil para
futuras compras de equipamiento sanitario para la situación de
levantamiento de medidas de confinamiento.
3. Detallar la cuantía de las compras que el Gobierno de España ha
realizado a intermediarios y contratistas en el exterior, de manera
desglosada por destinatario o receptor de los fondos utilizados para
dichas compras, así como por tipo de material adquirido.
4. Publicar cualquier contrato futuro que se adjudique a intermediarios o
contratistas en el exterior para la adquisición de material y
equipamiento sanitario que sea necesario para la contención y tratamiento
de la COVID-19."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/000735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre una Respuesta Multilateral de
Preparación ante Desastres y Emergencias como la COVID-19, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del
mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más
afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia
que la pandemia puede tener en países con sistemas sanitarios menos
preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a
agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está
demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las
enfermedades no conocen fronteras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Control y
Prevención de Enfermedades (ECDC) ya alertaron en enero de 2020 del
peligro que podían suponer algunos casos de neumonía provocados por
coronavirus en China. Finalmente, y pese a estas advertencias, la
enfermedad se expandió a otros continentes, haciendo que la OMS declarara
la COVID-19 como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Es precisamente
esta dimensión global lo que hace necesario un enfoque multilateral y
basado en la cooperación internacional para poder hacer frente a futuras
crisis y emergencias.
El 18 de marzo de 2015 se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco
establece siete objetivos y cuatro prioridades de acción para prevenir
nuevos riesgos y reducir los ya existentes: (1) Comprender mejor los
riesgos por desastres; (2) Reforzar la gobernanza de riesgos por
desastres para gestionar mejor esos riesgos; (3) Invertir en reducción de
riesgos y resiliencia; y (4) Mejorar la preparación para una respuesta
más adecuada ante desastres y abrazar el principio de "Reconstruir Mejor"
en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El Marco
de Sendai 2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con desastres
naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos relacionados
con el clima, evitando así los costes que producen tanto en vidas como en
daños a personas, bienes, a la economía o a la salud pública.
Sin embargo, el Marco de Sendai también es aplicable a desastres como la
actual pandemia de COVID-19. Nociones como el seguimiento de potenciales
riesgos, la preparación para hacerles frente y la necesidad de
reconstruir mejor deben guiar también tanto nuestra respuesta tanto a
esta emergencia como la capacidad que tengamos de desarrollar una mejor
resiliencia ante posibles desastres futuros. Además, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) también cuenta con un Marco de Gestión de
Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM), que se ideó en 2018
para complementar el Marco de Sendai. Este Marco complementario se basa
en la necesidad de: (1) Plantear políticas, estrategias y legislación;
(2) Planificar y coordinar; (3) Recursos humanos; (4) Recursos
financieros; (5) Información y gestión del conocimiento; (6) Comunicación
del riesgo; (7) Infraestructuras sanitarias y logística; (8) Servicios
sanitarios y relacionados; (9) Participación de las comunidades locales;
y (10) Seguimiento y evaluación. En definitiva, el multilateralismo es la
oportunidad de que los errores que se hayan podido cometer en esta
pandemia no vuelvan a repetirse.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre cómo aplicará los principios del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y del Marco de
Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM) de las
Naciones Unidas en España para reforzar nuestra capacidad de resiliencia
frente a futuros desastres.
2. Impulsar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los
diferentes Estados miembros de la organización realicen ese ejercicio de
evaluación sobre la aplicación del Marco de Sendai y del EDRM en sus
respectivos territorios.
3. Establecer la financiación necesaria en los presupuestos públicos para
poder cumplir con los objetivos del Marco de Sendai y el ERDM en nuestro
país, con líneas de financiación específicas para este cometido y siempre
en línea con los principios de estabilidad presupuestaria.
4. Elevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de
establecer un Comité de Preparación ante Crisis para mejorar la capacidad
de los Estados miembros de las Naciones Unidas de
responder a crisis internacionales como pandemias y otras emergencias y
desastres, de forma similar al Comité Antiterrorista creado tras el 11-S.
5. Defender la creación de un grupo de expertos en el seno de las Naciones
Unidas para asistir al Comité de Preparación ante Crisis, que se encargue
de evaluar el nivel de resiliencia y preparación de los diferentes
Estados miembros ante posibles desastres y que pueda emitir
recomendaciones para subsanar potenciales fallos de preparación de
acuerdo a lo aprobado en el Marco de Sendai y el ERDM.
6. Proponer, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la
necesidad de establecer acuerdos de cooperación con otras organizaciones
regionales como la OSCE, la ASEAN, la Unión Africana o la Organización de
Estados Americanos para coordinar respuestas comunes a posibles desastres
y crisis de diferente índole, así como para trabajar de forma conjunta en
la aplicación del Marco de Sendai y el ERDM en los Estados miembros que
las componen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/000736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre los Esfuerzos Globales de
Reconstrucción y Recuperación tras la Pandemia de COVID-19, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del
mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más
afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia
que la pandemia puede tener en países con sistemas sanitarios menos
preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a
agua y saneamiento es más escaso. El hecho de que pueda haber países o
poblaciones más vulnerables corre el riesgo de acrecentar las
desigualdades tanto entre países desarrollados y en desarrollo como
dentro de los propios países entre personas con una situación
socioeconómica más cómoda y personas expuestas a una mayor
vulnerabilidad.
Según cifras la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los efectos
de la pandemia de COVID-19 podrían hacer que se perdieran 195 millones de
empleos a nivel global, especialmente en sectores que emplean a un gran
número de personas en todo el mundo, como son la distribución y las
ventas (que emplean a 482 millones de personas), el sector industrial
(que emplea a 463 millones de empleos), o el de la restauración y la
hostelería (con 144 millones de empleos). Precisamente, y según la OIT,
el grueso del impacto económico se lo llevarían los sectores que suponen
el 37,5 % del empleo a nivel global.
Por otro lado, y según el Banco Mundial, la COVID-19 provocará el primer
repunte de la pobreza global desde 1998, estimando un incremento de las
personas que viven por debajo del umbral de la pobreza de 632 millones de
personas a 665 millones. Es decir, de un 8,2 % de la población global en
2019 a un 8,6 % en 2020. Antes de la pandemia, las estimaciones apuntaban
a que los niveles de pobreza global continuarían decayendo en 2020 hasta
el 7,8 % de la población global. Por tanto, y según estas cifras, la
COVID-19 provocaría que unos 49 millones de personas quedaran bajo el
umbral de la pobreza en 2020, lo que supone más de la población total de
España entrando en la pobreza en un solo año.
En definitiva, una vez que pase la pandemia los esfuerzos deberán
centrarse en la recuperación y la reconstrucción, atendiendo a la
reducción de esas desigualdades. En este sentido, el 18 de marzo de 2015
se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco establece siete objetivos y
cuatro prioridades de acción para prevenir nuevos riesgos y reducir los
ya existentes: (1) Comprender mejor los riesgos por desastres; (2)
Reforzar la gobernanza de riesgos por desastres para gestionar mejor esos
riesgos; (3) Invertir en reducción de riesgos y resiliencia; y (4)
Mejorar la preparación para una respuesta más adecuada ante desastres y
abrazar el principio de "Reconstruir
Mejor" en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El
Marco de Sendai 2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con
desastres naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos
relacionados con el clima, evitando así los costes que producen tanto en
vidas como en daños a personas, bienes, a la economía o a la salud
pública.
Es precisamente ese concepto de "Reconstruir Mejor" el que debe guiar las
estrategias de recuperación y reconstrucción para salir de la COVID-19.
Según cifras proporcionadas por el "think tank World Resources
Institute", Corea del Sur dedicó hasta el 80 % de sus políticas de salida
de la crisis financiera de 2008 a medidas relacionadas con los principios
de "reconstruir mejor", mientras que la siguiente economía desarrollada
que más dedicó a este cometido fue China con un 40 % de sus medidas.
Asimismo, Corea del Sur experimentó una recuperación notablemente más
rápida que la de la media de la OCDE.
Por tanto, los principios de "Reconstruir Mejor" auspiciados por el Marco
de Sendai deben guiarnos en la recuperación, como ya ha recordado el
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La
organización ya se ha puesto a trabajar, de forma conjunta con sus
Estados miembros, para diseñar este camino de recuperación. El 27 de
abril de 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) publicó un informe para guiar los esfuerzos de reconstrucción
post-COVID-19.
Según este informe, las Naciones Unidas desplegarán a sus Coordinadores
Residentes (CR) en 162 países para llevar a cabo este plan en los
próximos doce-diciocho meses. El PNUD asumiría el mando de todos los
equipos de las Naciones Unidas para mejorar la coordinación de todos los
recursos disponibles de la organización tanto a nivel local como global
en una respuesta integrada a las necesidades de reconstrucción. Según
estimaciones del PNUD, el África Subsahariana y el Sur de Asia serán las
regiones del mundo más afectadas por el impacto que la pandemia puede
tener en la desigualdad y la pobreza extrema. Este plan se centraría en
el principio de "Reconstruir Mejor" y se basaría en cinco pilares: (1) la
protección de los servicios y sistemas sanitarios; (2) la protección
social y los servicios básicos; (3) la protección de los empleos,
sectores vulnerables y las PYMEs; (4) la cooperación multilateral y la
respuesta macroeconómica; y (5) la resiliencia de las comunidades y la
cohesión social.
Para ello, el PNUD se apoyará además en su asociación renovada con la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), que aspira a integrar los conceptos de "Reconstruir Mejor" y de
resiliencia ante desastres en todos los esfuerzos de desarrollo. Este
acuerdo se basa en la adopción de estrategias nacionales de reducción del
riesgo de desastres y la coherencia entre las agendas de desarrollo
sostenible, cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la necesidad de recuperación e inversión de los países en
desarrollo. Por último, se contempla la proporción de asistencia técnica
a las autoridades de estos países para poder hacer decisiones informadas
sobre reconstrucción y reducción de riesgos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Detallar en un informe remitido a las Cortes Generales en qué consiste
la participación del Gobierno de España en los esfuerzos internacionales
auspiciados por Naciones Unidas para la lucha contra la COVID-19 y la
reconstrucción prevista para los próximos 12-18 meses a nivel global.
2. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el
establecimiento de acuerdos bilaterales "ad hoc" con países en América
Latina y África para una cooperación más estrecha en materia de
reconstrucción que se basen en los principios de "Reconstruir Mejor"
recogidos por el Marco de Sendai.
3. Ofrecer, en los diferentes organismos de Naciones Unidas en los que
España tiene representación y en coordinación con nuestros socios de la
Unión Europea, asistencia técnica para los países en desarrollo que
necesiten apoyo para desarrollar sus estrategias nacionales de
reconstrucción, garantizando siempre la seguridad de los profesionales
españoles que participen en este tipo de esfuerzos internacionales.
4. Defender, en el seno de las instituciones internacionales en las que
tiene representación España, la necesidad de mantener la agenda de
comercio global basado en reglas como uno de los principales instrumentos
para asegurar que tanto los países en desarrollo como las economías
desarrolladas pueden salir de la crisis provocada por la COVID-19 con
mayor rapidez.
5. Explorar con el sector privado la capacidad que las empresas españolas
con presencia en el exterior poseen para apoyar estos esfuerzos
multilaterales de reconstrucción, siempre atendiendo a la situación
económica en la que se encuentren estas empresas y la seguridad de sus
empleados, aprovechando posibles sinergias entre los intereses del sector
privado y los objetivos de recuperación y reconstrucción auspiciados por
las Naciones Unidas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/000770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial, para su debate en
la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril se dio a conocer la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid que condena a doña Isabel Serra a diecinueve meses
de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros por los delitos de atentado
a la autoridad, lesiones y daños. La señora Serra es actualmente la
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Los hechos por los que fue condenada se remontan a 2014. La Sentencia
establece como hechos probados que, una vez materializado un desahucio,
la señora Serra y otros impidieron a un grupo de policías que se marchase
del lugar. Se dirigieron de manera violenta contra ellos, insultándoles y
lanzándoles objetos (entre ellos, piedras). La señora Serra se dirigió a
dos policías municipales diciéndole, a la primera "eres cocainómana, mala
madre, hija de puta" y a la segunda "puta, zorra, que te follas a todos
los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y
pegarte un tiro". También participó activamente en los empujones
propinados al grupo de policías municipales y en el lanzamiento de
objetos contundentes. El episodio tuvo como resultado dos agentes
lesionados y dos vehículos policiales dañados.
Nada más conocerse la Sentencia, varios miembros del Gobierno de España
-todos ellos de Unidas Podemos- cargaron duramente contra ella y contra
los jueces que la habían dictado. El Vicepresidente Segundo, don Pablo
Iglesias, afirmó lo siguiente: "En España mucha gente siente que
corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y
contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio
vergonzoso". La ministra de Igualdad, doña Irene Montero, afirmó que la
Sra. Serra había sido condenada por intentar frenar un desahucio y
añadió: "Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las
injusticias estaréis solas.
Somos más. "También la secretaria de Estado de Agenda 2030, doña lone
Belarra, calificó la sentencia de "injusta y desproporcionada".
Esta avalancha de críticas gubernamentales a la Sentencia provocó una
reacción del Consejo General del Poder Judicial (la segunda reacción del
CGPJ a las críticas del Gobierno en lo que va de año). El día siguiente
de la publicación de la Sentencia, el 23 de abril, aprobó un comunicado
en el que mostraba su profundo malestar. En particular, apeló al Gobierno
para que mostrase "moderación, prudencia y mesura" y apeló también "a la
responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la
Justicia". Recordó, además, el CGPJ que "la primera obligación de un
responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones
democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, don Pablo
Echenique, tuvo una furibunda reacción a este comunicado del CGPJ. En
efecto, atacó directamente a su presidente, don Carlos Lesmes, y afirmó
textualmente: "Lecciones de pulcritud democrática, las justas".
Desde entonces, ningún miembro del Gobierno ha dado amparo al CGPJ y todos
los ministros interpelados -incluso en sede parlamentaria- se han
limitado a defender las críticas del Vicepresidente Segundo y demás
miembros del Gobierno a la Justicia en el marco de su "libertad de
expresión".
Este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable. La
doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial pueda
ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del
Gobierno. Afirmar, como han hecho miembros del Gobierno, que la Justicia
española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter
contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados solicita a todos los miembros del Gobierno
que respeten la independencia de jueces y magistrados tal y como ordena
el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eviten lanzar
acusaciones de falta de imparcialidad sobre los mismos y se abstengan de
atacar al Poder Judicial y a la Justicia, que es propugnada en el
artículo 1 de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento
jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Carlos Rojas
García, Isabel María Borrego Cortés, Luis Santamaría Ruiz, Miguel Ángel
Jerez Juan, María Teresa Angulo Romero, Vicente Betoret Coll, Javier
Merino Martínez, Jaime Eduardo de Olano Vela y Ana Belén Vázquez Blanco,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D.
Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez y D. Víctor González Coello de Portugal en sus
condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modernización
de los aviones Eurofighter Typhonn del Ejército del Aire, para su
discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Durante la reunión ministerial del programa Eurofighter,
celebrada en Florencia en diciembre de 2018, se hizo especial mención a
la incorporación del radar AESA (Active Electronically Scanned Array)
E-Sean Mkl con el objetivo de seguir modernizando el Eurofighter para
cubrir las necesidades de combate de los países miembros del programa
hasta la llegada del FCAS (Future Combat Air System). Este tipo de
modernizaciónes se enmarcan dentro de la segunda fase de mejoras (Phase 2
Enhancement o P2E) del Eurofighter.
Kurt Rossner, jefe del Área de Aviones de Combate de la multinacional
Airbus Defence and Space (DS), explicó el programa de modernización de
los Eurofighter del Ejército del Aire y de la Luftwaffe (Fuerza Aérea
alemana). La Luftwaffe incorporará el radar AESA E-Sean Mk1 a 110
aparatos de las tranche 2 y 3 -versiones-, del total de los 143
Eurofighter que posee la Fuerza Aérea alemana. Además, el Ministerio de
Defensa alemán confirmó la adquisición de 38 aparatos adicionales, a
través del programa "Quadriga", que también incluirán el nuevo radar.
Segundo. Por el contrario, y siguiendo la información publicada por Airbus
DS, únicamente 19 aparatos, todos de la tranche 3 -del total de 69 que
opera el Ejército del Aire 1- contarán con el sensor
1 La distribución de las tres versiones es la siguiente: Tranche I: 20,
Tranche 11:32, Tranche 111: 20.
de barrido electrónico activo "E-Sean Mkl". Estos datos se suman a la
necesidad de aparatos adicionales, sobre todo, para la sustitución de los
F/A-18 -comprados de segunda mano a Estados Unidos- pertenecientes a la
Base Aérea de Gando, en Canarias. Y a posteriori, del resto de la flota,
unos 65 EF-18M, pertenecientes al Ala 12 y 15 del Ejército del Aire.
A esta apremiante necesidad, se añade el rearme del Reino de Marruecos.
Dicho rearme incluye la adquisición de 25 aparatos F-16C/D, bloque 72 -la
versión más moderna-, y la modernización de su actual flota de 23 F-16
C/D Bloque 52+, adaptándolos a la configuración del F-16V Viper.
Ambas versiones del F-16, que suman un total de 48 aparatos, sí incluyen
el radar de barrido electrónico activo "Northrop Grumman APG-83". Este
radar es el homólogo estadounidense del E-Sean Mk1 europeo. Por tanto, si
España no se dota de este radar, la flota de cazas de Marruecos gozaría
de una capacidad radar superior a la del Ejército del Aire.
Tercero. Por otro lado, Países aliados como Italia y Reino Unido -también
miembros del consorcio del Eurofighter-, están llevando a cabo programas
de modernización y mejora de sus aparatos. Reino Unido, a través de la
empresa BAE Systems, ultima su proyecto "Centurion", gracias al cual sus
Eurofighter han integrado la versión más moderna de misiles de la
compañía MBDA: los "Brimstone, Meteor" y "Storm Shadow". Además, los
aparatos británicos también incorporarán el pod de designación láser
Litening 5, incrementando de esa forma su capacidad de ataque al suelo.
Las autoridades británicas barajan la instalación de los citados radares
AESA y un nuevo casco de piloto avanzado producido por BAE Systems.
Cuarto. La citada P2E incluye numerosas novedades que resultan cruciales
para el mantenimiento del offset tecnológico del Eurofighter con respecto
a sus principales competidores, y que suponen un auténtico hito en el
proceso de constante evolución de este sistema de armas.
La entidad y complejidad de los cambios incluidos en estos paquetes de
mejora, que normalmente implican también modificaciones físicas en
ciertos equipos o sistemas, sugiere que dichos paquetes sean puestos a
disposición de las naciones usuarias de forma progresiva, por lo que su
entrega se produce a través de incrementos.
El paquete de ampliación de capacidades P2E incluye numerosas novedades
que suponen un auténtico hito en el proceso de constante evolución del
Eurofighter.
Este paquete se proporciona en dos incrementos, denominados P2Ea y P2Eb,
lo que permite una incorporación más gradual de las mejoras. La
integración del citado misil Meteor, es la novedad principal del P2E. Se
trata de un "misil que por su alcance (muy por encima de los 100 kms.) y
por su nivel tecnológico (pues dispone de un avanzado radar que permite
comunicación bidireccional con la plataforma lanzadora), no tiene
competencia en el mercado". Esta incorporación supondría un gran salto
tecnológico para el Eurofighter y que le permitiría mantener una ventaja
sobre sus contrapartes.
Quinto. Pero la situación operativa que vive el Ejército del Aire desde
principios del 2020 pone en grave riesgo el cumplimiento de sus
funciones. Lo demuestra la reducción muy significativa de horas de vuelo
realizadas anualmente, en comparación con años previos a la crisis del
2008, la pérdida de capacidades importantes (ejemplo: reabastecimiento en
vuelo, inteligencia de señales), el sostenimiento de los sistemas de
armas con una capacidad de generar horas de vuelo muy baja y la reducción
de un 18 % de personal desde el 2011. Fuentes militares señalan como
fecha de colapso operativo el año 2023 si no se emprenden acciones de
mejora que establezcan las condiciones para que el Ejército del Aire
pueda seguir cumpliendo con sus misiones en los exigentes escenarios
geoestratégicos de los próximos años.
Concurren en el caso del Ejército del Aire la necesidad de continuar o
finalizar la implantación de sistemas de armas y de programas ya en
curso, junto con la imprescindible reposición de capacidades pérdidas y
el inicio de la sustitución y adquisición de otras con vistas a un
horizonte 2030.
A estas carencias, se suma la falta crónica de financiación a la que se
ven abocadas las Fuerzas Armadas y que hacen insostenible su situación
actual, corriéndose el riesgo de perder capacidades indispensables para
la protección y seguridad de España y sus intereses nacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Ampliar la inclusión del radar tipo AESA E-Sean Mkl a la totalidad de
los Eurofighter (Tranche 2) del Ejército del Aire.
2. Acelerar el proceso de modernización Phase 2 Enhancement (P2E) de todos
los Eurofighter del Ejército del Aire.
3. Elaborar un Informe, a través del Ministerio de Defensa, en el que se
determine las modernizaciones/mejoras que se consideren esenciales para
el mantenimiento de la superioridad del Ejército del Aire y su coste en
las áreas de su responsabilidad especialmente frente a las amenazas no
compartidas. El citado informe se remitirá a la Comisión de Defensa en un
plazo no superior a tres meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Agustín Rosety
Fernández de Castro, Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, Manuel Mestre
Barea, Alberto Asarta Cuevas y Víctor González Coello de Portugal,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/000738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del plazo
para la presentación e ingreso de la declaración por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
correspondientes al ejercicio 2019, para que para su posterior debate en
la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado 1 de abril se inició la campaña para la presentación de la
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2019, cuyo
plazo finaliza el próximo 30 junio (25 de junio para quienes quieran
domiciliar su pago).
En el actual contexto de estado de alarma y confinamiento de la población,
preocupa que el Ministerio de Hacienda no contemple la posibilidad de
aplazar la presentación e ingreso de estos impuestos pues, si bien es
cierto que, en el caso del IRPF, para muchas personas resultará un alivio
financiero su presentación en la medida en que el resultado de su
declaración sea a devolver, sí supondrá, por el contrario, una gravosa
carga para aquellos contribuyentes que deban pagar el impuesto y se hayan
visto azotados por esta crisis.
También resultará especialmente relevante la posibilidad de la ampliación
del plazo para aquellas personas que necesiten, durante la confección de
su declaración, hacer uso del servicio presencial en oficinas bancarias o
en las oficinas de hacienda, servicio cada vez más demandado por muchos
contribuyentes, especialmente aquellos de mayor edad y que son, además,
el grupo poblacional de mayor riesgo al contagio y a sus consecuencias.
En la medida en que ahora mismo todas estas oficinas permanecen cerradas
y se desconoce el momento en el que podrán abrir al público con todas las
garantías sanitarias necesarias, no se entiende que los plazos de
presentación de este impuesto permanezcan inalterables.
Por otro lado, en las actuales circunstancias resulta muy complejo, para
todos aquellos contribuyentes que no se limiten a confirmar el borrador
enviado por la Agencia Tributaria, llevar a cabo todo el trabajo que
exige la mera confección de la declaración. Pensemos, entre otros, en los
autónomos que tributen por
el régimen de estimación directa del Impuesto y que necesiten cerrar
libros contables, reunir facturas, buscar documentación o consultar con
un asesor.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar el plazo de presentación de la declaración por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio,
correspondientes al ejercicio 2019 hasta, al menos, el 30 de septiembre
de 2020.
2. Con respecto al ingreso de la deuda tributaria por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, mantener las actuales condiciones de
fraccionamiento, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la
primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la
declaración y, la segunda, del 40 por 100 restante, al menos hasta el 5
de noviembre de 2020, inclusive."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen
Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/000748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en la Comisión de Hacienda, relativa a la modificación de los criterios
de aplicación de la regla de gasto.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la crisis del 2008, se impuso en nuestro país por el
Ministro Montoro una aplicación de la regla de gasto impuesta por la UE
muy diferente al resto de Europa, plasmada en la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La regla se aplicaba en la UE al conjunto de las administraciones
públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro
país, y su incumplimiento además no conllevaba sanciones como las que
Montoro se empeñó en aplicar a nuestras Corporaciones Locales.
La imposición de esa regla de gasto restringió de manera injustificada la
actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que
coexistían importantes superávits presupuestarios con acuciantes
necesidades sociales, debido a unas políticas públicas debilitadas
durante años.
Sin embargo la deuda de las Corporaciones Locales ha descendido en un 11 %
de media en el último año, algunas las han reducido a proporciones
mínimas, incluso a cero; siendo además las administraciones públicas que
más han aportado en la reducción del déficit público. Como consecuencia
de esto, el superávit de las Corporaciones Locales españolas es cinco
décimas superior al promedio de la Unión Europea, situándose a esta fecha
en más de 27 mil millones de euros.
La pandemia producida por el COVID-19 ha implosionado en una tremenda
crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora
crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una
situación de vulnerabilidad.
Sólo una decidida política de inversión pública puede ayudar a
contrarrestar los efectos esta brutal crisis social. Es ineficaz que en
esto momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan
necesario es invertirlo en las personas. Ahora además los bancos
pretenden cobrar a las Corporaciones Locales comisiones por ese dinero
que está depositado sin poderse gastar por esa regla de gasto, y ya han
anunciado que cobrarán un 0,35 % al año por esos 27 mil millones de euros
inmovilizados.
Urge por tanto revisar, sin más dilación, esa regla de gasto en el sentido
de permitir a las Corporaciones Locales invertir ese dinero en políticas
sociales tan necesarias como imprescindibles en estos momentos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas:
1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las
Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que
nos enfrentamos y eliminando toda traba o condición previa tanto para la
posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se
pueda aplicar.
2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el
Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación
Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se
aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de
la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para
proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En este
sentido, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla
de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la
contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción
social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad
ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen
con las reglas de estabilidad y techo de gasto.
3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo
anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y
extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las
Entidades Locales.
4. Crear un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a
paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las Corporaciones
Locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos. Un
caso singular lo constituye el transporte urbano colectivo de viajeros:
la fase de normalización va a estar caracterizada por una progresiva
reincorporación de los ciudadanos a sus actividades ordinarias, con el
mantenimiento de medidas de protección a la salud y distanciamiento
social en el transporte, lo que sin duda supondrá una importante
disminución de los ingresos por viajeros y un considerable incremento de
los costes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Joan Mena Arca,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común.
161/000749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Transparencia en las
Transacciones Internacionales de Material para luchar contra la COVID-19,
para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del
mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más
afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia
que la pandemia puede tener en países con sistemas sanitarios menos
preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a
agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está
demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las
enfermedades no conocen fronteras.
En este contexto, los mercados internacionales se han visto sometidos a
una fuerte presión por los niveles de demanda de productos y equipamiento
sanitario básico, ya que cada vez más países veían necesario adquirir más
material para reponer su stock nacional y evitar así el
desabastecimiento. En España, el Gobierno de España aprobó el 10 de marzo
de 2020 su capacidad para centralizar este tipo de compras en el
exterior, en cuyas transacciones se veían envueltos tanto el Ministerio
de Sanidad como
otros ministerios, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Sin embargo, no se hizo ningún tipo de gestión con
anterioridad a esta fecha, pese a que el brote de COVID-19 ya se había
extendido por Italia y ya contábamos con casos de infección en nuestro
país.
El 14 de marzo de 2020, tras la asunción del mando único por parte del
Gobierno de España, las Comunidades Autónomas que sí habían iniciado
gestiones para adquirir material en el exterior paralizaron estas
operaciones debido a la aprobación por parte del Gobierno de la capacidad
para requisar material y equipamiento sanitario en cualquier lugar del
territorio nacional para su posterior redistribución bajo ese mando único
del Gobierno. De hecho, varias Comunidades Autónomas denunciaron el
bloqueo que algunos de sus pedidos de material a China habían sufrido
entre el 16 y el 18 de marzo, con cargamentos paralizados en los
aeropuertos mientras el personal sanitario no tenía acceso a los equipos
de protección individual que requerían en su tratamiento a pacientes de
COVID-19.
A medida que avanzaba la pandemia por nuestro país, también lo hacía por
el resto de la Unión Europea. Esto significaba que la adquisición del
material sanitario necesario para hacer frente a la enfermedad se
encarecía. La Portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero,
afirmó que España estaba "en una guerra" con otros países por conseguir
este material sanitario de China, mientras que cargamentos de material
adquiridos por algunas Comunidades Autónomas tampoco habían llegado a
nuestro país. Sólo el 25 de marzo, quince días después de asumir la
compra centralizada, el Gobierno de España anunció un acuerdo con China
por valor de 432 millones de euros para recibir 550 millones de
mascarillas, 950 respiradores artificiales, 5,5 millones de tests rápidos
y once millones de guantes de protección.
Sin embargo, el Gobierno de España tuvo que admitir poco después que esos
tests rápidos no eran fiables, incluso entrando en una disputa con la
Embajada de China en España sobre si el proveedor de esos tests estaba
autorizado por parte de las autoridades chinas para desarrollar estos
tests y si tenían certificación para su venta y utilización en la Unión
Europea. Según afirmó el Gobierno en un primer momento, 9.000 tests se
habían visto afectados, mientras que posteriormente tuvo que admitir que
la cifra de tests fallidos se elevaba a 640.000.
Ante esta situación, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación afirmó que el mercado chino "nos es un poquito desconocido",
pese a que China es el segundo socio comercial más importante de la Unión
Europea. Además, a las sospechas vertidas por la Embajada de China en
España se sumaron las declaraciones de la Cámara de Comercio de España en
China recogidas en el medio El Confidencial, donde aseguraban que las
compras que había realizado el Gobierno no se habían realizado siguiendo
los cauces habituales para este tipo de adquisiciones, sino que se había
recurrido a intermediarios y comisionistas. La Cámara de Comercio de
España en China se había ofrecido a realizar informes sobre la fiabilidad
de proveedores de material de forma gratuita, pero el Gobierno no
recurrió a ello. Por tanto, el Gobierno se estaba exponiendo a utilizar
recursos públicos con menos garantías.
Pese a ello, el Gobierno se negó a facilitar la información sobre quiénes
eran los intermediarios a los que contactaba para realizar estas compras.
A mediados de abril de 2020, varios medios de comunicación como Vozpópuli
y El Mundo obtuvieron información de alguno de esos intermediarios, y
publicaron que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
había adjudicado un contrato a un empresario que, a su vez, había estado
involucrado en las filtraciones de sociedades offshore recogidas en los
Paradise Papers, desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ). El mismo ministerio también habría adjudicado un
contrato a una micropyme sin experiencia previa en la adquisición de
material sanitario que presentaba fuertes pérdidas y apenas ingresos,
según El Economista. A raíz de esto, el propio Ministerio de Hacienda
anunció que abriría una investigación sobre estos intermediarios de las
compras exteriores del Gobierno y el posible fraude que podrían haber
cometido.
El 28 de abril de 2020, y según de nuevo Vozpópuli, el Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana volvió a negar la necesidad de
hacer público quiénes son esos intermediarios a los que el Gobierno
realiza compras de material, a veces incluso descubriendo que el material
adquirido no cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser
utilizado en la protección del personal sanitario que se encuentra en la
primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Tras su comparecencia
ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación tampoco facilitó los datos de
quiénes eran estos intermediarios y contratistas a los que recurría el
Gobierno para sus compras en el exterior, pese a ser instada a hacerlo
por parte de las fuerzas parlamentarias allí presentes. Según
informaciones del diario El País, el Gobierno llevaba, a 21 de abril de
2020, 350 millones de euros gastados en estas compras en el exterior sin
ofrecer detalles sobre su destino.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Remitir a las Cortes Generales un informe en el que se recojan los
datos de los intermediarios y contratistas a los que el Gobierno ha
recurrido para sus compras de material sanitario en el exterior, siempre
garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (LPDGDD).
2. Impulsar, en cooperación con las cámaras de comercio españolas en el
exterior y con ICEX España Exportación e Inversiones, la elaboración de
un listado de proveedores fiables en el exterior que pueda ser útil para
futuras compras de equipamiento sanitario para la situación de
levantamiento de medidas de confinamiento.
3. Detallar la cuantía de las compras que el Gobierno de España ha
realizado a intermediarios y contratistas en el exterior, de manera
desglosada por destinatario o receptor de los fondos utilizados para
dichas compras, así como por tipo de material adquirido.
4. Publicar cualquier contrato futuro que se adjudique a intermediarios o
contratistas en el exterior para la adquisición de material y
equipamiento sanitario que sea necesario para la contención y tratamiento
de la COVID-19."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen
Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/000725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Ignacio Gil
Lázaro, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Francisco José Alcaraz Martos y D.
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para la equiparación de movilidad laboral de la Policía BESCAM en
igualdad de condiciones, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, para su discusión en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El resultado de una encuesta realizada por la Comunidad de Madrid
reveló que la seguridad era uno de los problemas que más preocupaba a los
madrileños. A diferencia de la Comunidad Autónoma vasca, de la Comunidad
foral de Navarra y de Cataluña, la Comunidad de Madrid no tiene
competencias para la creación de una policía autonómica propia.
Con el objetivo de suplir esta imposibilidad, en el año 2004 el Gobierno
regional y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) crearon las
denominadas Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) mediante el
"Programa de Actuación para la Implantación de las Bases Operativas de
las Brigadas Especiales de Seguridad". El objetivo era financiar 2.500
puestos de policías locales entre los distintos municipios de la
Comunidad de Madrid. Para su distribución y reparto se atendió a
criterios técnicos, destacando especialmente los poblacionales, la
situación geográfica o, en el caso de los que cuentan con menos de 25.000
habitantes, el incremento demográfico estacional u otros factores como la
baja ratio policial, el desarrollo industrial o el crecimiento
urbanístico.
La primera base operativa de las BESCAM se estableció, como fase piloto,
en Móstoles. A principios de 2008, 2.500 agentes, repartidos en 102
localidades madrileñas que contaban con un cuerpo de Policía Local, y en
2018 el número de municipios adscritos ascendía a 111.
Segundo. El establecimiento de las BESCAM en un determinado municipio se
instrumentaba mediante la firma de un convenio entre la Comunidad de
Madrid y el respectivo Ayuntamiento. Estos convenios estaban vigentes
hasta el 31 de diciembre de 2018 y eran prorrogables automáticamente por
distintos períodos, salvo denuncia de las partes presentada con un año de
antelación a la finalización del propio convenio. Así, se prorrogaron
hasta el 31 de diciembre de 2019 y, posteriormente, hasta el 31 de
diciembre de 2020.
En virtud de estos convenios se ponía en marcha en el municipio esta
brigada, cuyos agentes se consideran parte de la respectiva Policía
Local, y ello aunque los miembros de las BESCAM tienen uniformes y
vehículos propios. Como tal Policía Local, se encuentran a las órdenes de
los correspondientes alcaldes.
Asimismo, el convenio contemplaba la financiación por parte de la
Comunidad Autónoma de Madrid del personal y de los medios materiales
necesarios para la lucha contra la inseguridad ciudadana, sin asumir más
competencias por parte del ente regional. Ahora bien, estas funciones
podrían ser adaptadas a las peculiaridades de cada municipio, siempre y
cuando se cumpliesen las normas básicas que expone la Ley Autonómica
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
Tercero. Como se ha anticipado anteriormente, a finales del pasado año el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prorrogó los convenios que
garantizaban el funcionamiento de las BESCAM, surtiéndolas con una
inversión de casi 75 millones de euros hasta finales del año 2020 (70
millones de euros para gastos de personal de 2.092 agentes y cinco
millones de euros para vehículos, motocicletas y otros recursos de
carácter técnico, como la red de comunicaciones TETRA). Se da cobertura
así a 111 municipios de toda la región.
Por otro lado, los policías pertenecientes a la BESCAM y los policías
locales de los Ayuntamientos reciben de manera conjunta la misma
formación en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y
Emergencias (IFISE), la antigua Academia de Policía de la CCAA Madrid. Y
es que, pese a que en los primeros años hubo alguna diferenciación de
funciones, ahora ejercen los mismos cometidos, con idéntica uniformidad y
medios y en igualdad de condiciones laborales y sueldo.
Cuarto. A pesar de lo anterior, la condición de pertenecer a la BESCAM de
estos agentes lleva indirectamente aparejada una desigualdad: tienen
suprimida cualquier posibilidad de movilidad geográfica.
El artículo 2 de la referida Ley Orgánica 2/1986 dispone que "son Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad [del Estado]: c) Los Cuerpos de Policía
dependientes de las Corporaciones Locales".
Pero la Policía Local, a diferencia de otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, solo basa la movilidad geográfica de sus agentes en
dos opciones: la comisión de servicios temporal o la permuta de plaza
definitiva con otro municipio. Ambas son potestativas de la Alcaldía.
Aquí reside la clave de la dificultad con la que se encuentran esos más
de 2.000 policías: cualquier movimiento que hiciese el agente BESCAM
supone para el Ayuntamiento la pérdida de la subvención ligada a este
agente, ya que estas son nominativas. De este modo, los policías de las
BESCAM ven sistemáticamente denegadas sus peticiones de movilidad que,
sin embargo, son autorizadas a sus compañeros de la Policía Local. Se
evidencia así un claro agravio comparativo, puesto que se tratan de forma
diferente dos situaciones homogéneas.
Quinto. Como se observa, este sistema de subvención NOMINAL genera
indirectamente un grave problema, ya que mantiene retenido a todo aquel
de los 2.100 policías de las BESCAM que pretenda desplazarse a otro
municipio. Es otro claro ejemplo de discriminación laboral que sufren las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de la pertenencia a uno u otro
cuerpo policial (nacional, autonómico o municipal por razón de su
ubicación geográfica o Comunidad Autónoma determinada). Y no solo por la
falta de equiparación salarial, sino también a la hora de facilitar la
movilidad a otros cuerpos o, incluso, territorios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A promover la eliminación de todas y cada una de las discriminaciones
en el ámbito laboral que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
función de su pertenencia a uno u otro cuerpo de los
referidos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad o de que estén prestando servicio en una región o municipio
determinados.
2. En particular, a adoptar e instar la adopción de las medidas necesarias
para permitir la libre movilidad laboral de los policías locales, con
independencia de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, impidiendo
que las subvenciones estatales o autonómicas otorgadas a esos cuerpos
limiten su movilidad.
3. Como consecuencia de lo anterior, a promover la sustitución de los
criterios nominativos por criterios numerales en lo relativo a la
concesión de estas subvenciones, de tal manera que estas, sean estatales
o autonómicas, no provoquen el efecto perverso de limitar la movilidad de
estos cuerpos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Pablo Juan
Calvo Liste, Ignacio Gil Lázaro, Luis Gestoso de Miguel, Francisco José
Alcaraz Martos y Francisco Javier Ortega Smith-Molina,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.
Francisco José Alcaraz Martos y D.ª Patricia Rueda Perelló, en sus
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de
las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Anexo 2 de la
"Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los carriles
verdes en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de
fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los
bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96 1/01)", para su discusión
en la Comisión Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo mediante
el Real Decreto 463/2020, y las respectivas restricciones a la movilidad
tanto en la circulación de personas como en los transportes, el sector de
transporte terrestre de mercancías se convirtió en un activo esencial en
la lucha contra el SARS-CoV2, así como en el suministro de material
básico para poder hacer frente a la pandemia. Los transportistas no solo
están realizando una labor fundamental en el suministro de material
sanitario, sino también en la distribución de víveres y otros productos y
materiales fundamentales para que todos los ciudadanos tengan cubiertas
sus necesidades básicas sin tener que poner en riesgo su integridad y
evitar así aumentar el riesgo de contagio.
Si bien los transportistas han venido sufriendo diferentes problemas y
situaciones a mejorar, como la falta de mascarillas, las dificultades
para realizar el descanso tan merecido como necesario para evitar riesgos
de accidentes o los problemas para encontrar alojamientos y lugares donde
satisfacer necesidades básicas como comer, estas han sido solventadas o,
al menos, minimizadas en mayor o menor medida, como por ejemplo, con la
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios
esenciales a determinados alojamientos turísticos.
Pero uno de los principales problemas que acucian actualmente a los
transportistas es el hecho de que, a veces y cuando no es responsabilidad
suya, se ven obligados a realizar la carga y descarga del material que
transportan. Así lo han manifestado recientemente diferentes asociaciones
de transportistas, que han reclamado al Gobierno algún tipo de medida de
protección al respecto, ya que se ven desamparados ante estas
circunstancias y ante la inacción del Gobierno. Obviamente, hay
determinadas situaciones y sectores en los que la carga y descarga sí que
es competencia de los transportistas, como en el reparto de paquetería.
Pero hay otros sectores en los que en ningún caso se puede obligar a los
transportistas a realizar tareas de carga y descarga que no les
corresponden.
Segundo. La Comisión Europea también se ha pronunciado al respecto en el
Diario Oficial de la Unión Europea de 24 marzo, con el título
"Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los carriles
verdes en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de
fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los
bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96 I/01). En el Anexo 2
donde se recogen recomendaciones para los conductores y las empresas y
autoridades públicas competentes relacionadas con el sector del
transporte implicados en el transporte de mercancías a raíz del brote de
COVID-19, en el apartado carga y descarga se indica que "en los puntos de
carga y descarga, los conductores deben permanecer en la cabina del
camión siempre que sea posible", así como también se comunica que "las
actividades de carga y descarga deben ser realizadas, en la medida de lo
posible, por el personal local de la empresa que reciba o envíe las
mercancías. Cuando estén obligados a supervisar estas actividades, los
conductores permanecerán a una distancia mínima de seguridad respecto del
resto del personal y utilizarán el material de protección disponible,
como guantes".
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, a través del
instrumento normativo pertinente, las recomendaciones de la Comisión
Europea recogidas en el Anexo 2 de la "Comunicación de la Comisión sobre
la puesta en marcha de los carriles verdes en el marco de las Directrices
sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar
la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (2020/C 96
I/01)", a fin de favorecer la labor esencial de los transportistas de
mercancías y evitar riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2020.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, y Francisco José Alcaraz Martos
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley exigiendo el
levantamiento de la suspensión de obras en edificios existentes y su
remisión a la normativa existente en materia de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, para su debate en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 12 de abril de 2020 se publica en el BOE la Orden SND/340/2020
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras
de intervención en edificios existentes en las exista riesgo de contagio
por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
Dicha Orden se traduce en un artículo único que establece: "la suspensión
de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios
existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban
ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de
ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal,
o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u
otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la
obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales".
Asimismo, se exceptúan de esta suspensión:
- Las obras referidas en el apartado anterior en las que, por
circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca
interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de
la obra.
- Los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la
finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías,
así como las tareas de vigilancia.
La redacción de la citada orden ha suscitado diversas interpretaciones no
solo entre los agentes que intervienen en la obra, sino también entre las
autoridades municipales que vigilan y autorizan la continuidad de las
mismas, llegándose a paralizar obras, que con la legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud se puede establecer un protocolo antes las
nuevas circunstancias frente al COVID-19.
El Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, obliga a los promotores de cualquier tipo
de obra de construcción a contratar los servicios de un coordinador de
seguridad y salud en determinados supuestos, sobre todo cuando esté
previsto que en la ejecución de obra participe más de un contratista,
subcontratista o trabajador autónomo, el promotor deberá nombrar un
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución que será el
responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud y de vigilar que los
contratistas cumplan las normas de prevención de riesgos laborales.
Se consideran obras de construcción, y están afectadas por estas
obligaciones, aquellas en las que existe alguna de estas actividades:
excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, acondicionamiento e instalaciones,
transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo
mantenimiento, conservación, pintura, limpieza y saneamiento.
Entre las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud está la de
coordinar todas las actividades a pie de obra y solicitar las
modificaciones al plan de seguridad cuando las circunstancias del
desarrollo de la obra lo requieran.
Ante las posibilidades de contagio en el desarrollo de una obra por parte
del personal operario hacia las personas ajenas a la misma, que pudieran
tener contacto, a atravesar zonas comunes, por ejemplo, en la
rehabilitación de un edificio de viviendas, siempre se tiene la
posibilidad de sectorizar determinar partes, o acordar tramos horarios
para determinadas operaciones, en función de la capacidad organizativa de
la empresa.
Asimismo, el 3 de mayo de 2020, se publica una nueva Orden SND/385/2020,
de 2 de mayo, por la que se modifica la orden a la que ya se ha hecho
referencia, modificando el articulado en los siguientes términos:
Uno. El apartado 2 del artículo único queda redactado de la siguiente
forma:
"2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado
anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias
de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos
de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no
relacionadas con la actividad de la obra.
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales,
viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las
que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que
se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes
no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar,
durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del
inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al
inicio y a la finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias."
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, que queda redactado
de la siguiente forma:
"4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a
zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las
operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio
que sean necesarias para acometer las obras."
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que ambas Órdenes
Ministeriales sobran, no justifican su existencia, al menos en los
términos en que está redactada, al considerar que ya existe legislación
vigente que regula expresamente la Seguridad y Salud y la previsión de
riesgos en las obras, sean del tipo que sean.
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
ya dispone ante cualquier riesgo posible en obras de
construcción, tanto de obra nueva como de rehabilitación, la posibilidad
de que el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud asuman
la sectorización de la obra, la eliminación de riesgos para los
trabajadores y su planificación temporal en el conjunto de la obra y en
la jornada diaria.
Esta Orden SND/340/2020 y su modificación de 2 de mayo solo producen
inseguridad jurídica, malestar en el sector de la construcción y pérdidas
económicas derivadas de la confusión de normas sobrepuestas, de las que
el Gobierno no se responsabiliza, al tratarse en su mayoría de obras
privadas y no tratarse de contratos sujetos a la LCSP, para el que sí se
establecieron prestaciones en el Real Decreto-ley 8/2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a levantar la suspensión
en las obras de rehabilitación relativas a edificios existentes, tal y
como establece la Orden SND/340/2020 y su modificación Orden
SND/385/2020, manteniendo las determinaciones que al respecto se
establecen en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ana María Zurita
Expósito, María Soledad Cruz-Guzmán García, Andrés Lorite Lorite y Mario
Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª
Patricia Rueda Perelló, D. Rubén Darío Vega Arias, D.ª Patricia de las
Heras Fernández, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, y D. Tomás
Fernández Ríos en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover por el
Gobierno un plan nacional de rehabilitación de viviendas, edificios y
pequeños comercios, para que se debata en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. En la recuperación de nuestra economía, como en crisis
anteriores, el gobierno deberá encontrar el equilibrio entre el gasto
social y las políticas de crecimiento. La virtud estará por tanto en
establecer, sin demagogias, los mínimos de gasto social para evitar
graves problemas personales y sociales, y apostar decididamente por una
salida de la crisis basada en el crecimiento económico y en el
mantenimiento del empleo. La salida de la crisis de 2008, en la que primó
el gasto social frente a la inversión, trajo como consecuencia una crisis
mucho más prolongada, profunda, y una salida de esta muy tímida y que no
se hizo extensiva a gran parte de la población.
Segundo. En el sector de la construcción, los efectos de las políticas
mencionadas han sido especialmente significativas. En el año 2008 había
en el sector de la construcción, según datos de la EPA, 2.459.900
personas ocupadas, lo que representaba un 12 % de los ocupados en ese
año. En 2019 se registraron 1.277.900 (6,5 % sobre el total de los
ocupados). La diferencia porcentual entre estos once años muestra como
resultado una disminución del 48,1 % de ocupados en la construcción. Se
trata del mayor decremento si se compara con otros sectores de la
economía. Por otro lado, hay que destacar que tampoco la industria ha
recuperado el nivel de empleo de 2008. Sólo la agricultura y los
servicios, en particular este último sector, han mejorado con respecto a
2008. Estos datos, junto con las cifras de paro que arrastramos (aún de
los más altos de Europa) nos dan una idea de la muy relativa bonanza de
nuestra economía hasta el impacto de la crisis consecuencia del
coronavirus.
La patronal de la construcción calcula que por cada euro que se invierte
en construcción se genera 1,9 euros, y por cada millón de euros se crean
14 puestos de trabajo. Este punto es esencial tenerlo en cuenta de cara a
ponderar la necesidad de un plan de rehabilitación como el que
proponemos.
La rehabilitación de viviendas es un subsector de la construcción que
tiene mucho interés por su capacidad motriz de nuestra economía. Una gran
parte de la rehabilitación se realiza por pymes y microempresas que
constituyen el 98 % del sector en España.
Las consecuencias de la pandemia no se saben aún con certeza, y son muchas
las opiniones de lo que sucederá con la economía española en el corto y
medio plazo. En cualquier caso, el Gobierno debe asumir que estamos
inmersos en una profunda crisis económica que puede ser especialmente
dramática para los españoles.
En este contexto, un plan de rehabilitación de inmuebles puede ser idóneo
para reactivar una parte importante de la economía y generar empleo y,
por tanto, ingresos a los españoles sin un gran coste para la hacienda
pública. Además, favorecerá grandes beneficios medioambientales,
personales, sociales, e incluso para la propia hacienda pública a medio y
largo plazo.
Tercero. El último censo del ministerio de Fomento (2016) cuantifica en
26.645.100 el número de viviendas que hay en España. De estas, según
fuentes de la patronal de la construcción, en torno a un 10 % se hallan
en estado ruinoso o deficiente, requiriendo conservación. También se
calcula que el 55 % de las viviendas tienen problemas de accesibilidad y
que el 95 % no cumplen las exigencias básicas de ahorro de energía. Por
tanto, el campo de actuación para un plan de rehabilitación bien sea por
urgentes razones de conservación, accesibilidad o ahorro energético es
muy amplio.
Con respecto de la eficiencia energética, nos remitimos a la web de la
vicepresidencia cuarta, ministerio para la Transición ecológica y el Reto
demográfico en la página dedicada a "Mitigación, políticas Y Medidas" se
lee: "La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética,
indica que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final
de la Unión Europea, por ello la reducción del consumo de energía y el
uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la
edificación son importantes para reducir la dependencia energética de la
Unión Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero [...] La
rehabilitación del parque edificado juega además un papel relevante en la
recuperación económica".
Destacar finalmente para concluir este punto, que la Unión Europea es
taxativa en este sentido y así la Directiva 2012/27 de Eficiencia
Energética dispone en su artículo 4 que los estados miembros establecerán
una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación
del parque nacional de edificios residenciales y comerciales.
Cuarto. El plan vivienda 2018-2021 recoge una serie de ayudas a la
rehabilitación y también a la compra de vivienda. Los datos para
establecer el alcance de dichas ayudas y subvenciones no son del todo
fáciles de recabar, pues operan todas las administraciones territoriales
y también la administración central. No obstante, el documento titulado
"Informe De Seguimiento Del Ejercicio 2018 Del Plan Estratégico De
Subvenciones 2018-2021 Del Ministerio De Fomento, abril 2019" recoge en
el objetivo estratégico 3 este tipo de ayudas. Las cifras para el año
2018, en este objetivo estratégico 3 fueron de 459,44 millones de euros,
lo que supone un 98,13 % respecto a su crédito total. El coste previsto
para el año 2019 es de 645,96 millones de euros. Hay que destacar que en
el subsector de la rehabilitación, las ayudas han llegado a apenas 7.800
viviendas con un coste de algo más de 15 millones de euros.
Asimismo, en este contexto, denunciamos los problemas de la vivienda
social y de la vivienda asequible en España. Según fuentes del antiguo
Ministerio de Fomento, en España hay 25,7 millones de viviendas, de las
que 6,1 millones son de alquiler (representa el 23,9 % del parque; 10 %
menos de proporción alquiler/propiedad que la media de la UE). Donde la
situación es catastrófica es en el parque de vivienda social y vivienda
asequible (protegida) que apenas representa un 2,75 % del total. Un
déficit de más de dos millones de viviendas para que España esté en línea
con Europa.
El referido Plan de vivienda 2018/2021 tiene algunos capítulos de ayudas
como el programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad en viviendas, fomento de la conservación, de la mejora de
la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, fomento
de la regeneración y renovación urbana y rural. También existen otros
programas de carácter autonómico y municipal. Estos programas de escasa
dotación y muy atomizados no funcionan como motores del sector de la
rehabilitación, ni tampoco promueven entre los españoles las bondades de
priorizar el esfuerzo de la rehabilitación de sus viviendas. Suele darse
el caso en el que, una vez anunciadas las ayudas por las
distintas administraciones, cuentan con escasa dotación presupuestaria y
se agotan de forma casi inmediata.
Quinto. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta una
serie de medidas con el fin de aliviar el grave problema de la vivienda
en España, combatir la destrucción del respeto a la propiedad privada y
tratar de paliar la desastrosa política de vivienda del estado español.
Apoyamos políticas de crecimiento, incluyendo liberalización de suelo,
utilización de suelo público para vivienda, agilización de trámites
urbanísticos, reducción de impuestos y la construcción de más vivienda
social así como una vivienda asequible uniendo esfuerzos privados y
públicos. En definitiva, defendemos una política sensata, moderna,
efectiva y real que es la que demanda el sector y la sociedad.
En conclusión, el Grupo Parlamentario VOX considera que el conjunto del
estado español debe apoyar la construcción y, en concreto, la
rehabilitación de inmuebles, bien por considerarlo un esencial motor de
nuestra economía al afectar fundamentalmente a nuestras empresas, PYMES y
autónomos, bien por eficiencia energética, por razones de accesibilidad
y/o por garantizar su estado de conservación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar con la
colaboración del Sector Privado un "Plan de rehabilitación" sobre bases
razonables que apueste por el crecimiento económico dirigido a edificios,
pequeños comercios y fundamentalmente viviendas, que incluya una serie de
principios:
a) Establecimiento de un objetivo claro y anual de un número de unidades
con un sistema de ayudas urgentes para la conservación de edificios.
b) Cuantificación anual del presupuesto público dedicado a rehabilitación
de edificios públicos. Seguimiento exhaustivo de su ejecución.
c) Colaboración con las entidades financieras privadas y públicas para el
establecimiento de créditos para la rehabilitación.
d) Fomento de la tramitación de todos los expedientes de rehabilitación
mediante el uso de la declaración responsable y comunicación previa.
e) Revisión de los criterios de protección de patrimonio primando la
accesibilidad.
f) Contemplar la posibilidad de que empresas del sector de la energía
participen financieramente en las rehabilitaciones.
g) Revisión de la problemática de las edificabilidades colmadas, en
particular de los espacios vacíos en los edificios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Cristina Alicia
Esteban Calonje, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras
Fernández, Tomás Fernández Ríos, Rubén Darío Vega Arias y Patricia Rueda
Perelló, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil y D. Joaquín Robles, en
su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un
calendario específico para las prácticas curriculares de Formación
Profesional, para su debate ante la Comisión de Educación y Formación
Profesional.
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia
reciente, debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está
afectando de forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como
sanitario. En España, el coronavirus COVID-19, a 30 de abril, ha causado
la muerte a más de 24.500 personas y ha contagiado a más de 213.000.
Ante tales efectos, el Gobierno de España declaró el estado de alarma el
pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, que ha traído como
consecuencias las restricciones a la movilidad y la parálisis de sectores
claves para la economía española. Dicha parálisis va a provocar un
impacto económico severo, especialmente para ciudadanos, pymes y
autónomos en situación de especial vulnerabilidad.
Previo a este decreto, la mayoría de las Comunidades Autónomas tomaron la
decisión del cierre total de la actividad educativa en centros de
enseñanza y universidades. Desde entonces, millones de alumnos se
encuentran en sus domicilios sin poder asistir a sus centros de estudio y
realizando toda la actividad educativa a través de métodos tecnológicos.
En cuanto a la Formación Profesional (en adelante, "FP"), este curso
2019-2020 estaban matriculados un total de 861.906 alumnos, según el
informe Datos y Cifras publicado en el mes de septiembre por el
Ministerio de Educación.
Debido a las sucesivas prórrogas del estado de alarma solicitadas por el
Gobierno, y ante el avance de la pandemia, existe la posibilidad de que
los alumnos que estudiaban cualquiera de las ramas de FP y FP dual de
forma presencial no tengan la posibilidad de acudir de nuevo a lo largo
de este curso a sus clases, ya sea para exposiciones, exámenes o charlas.
Segundo. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, es una de las la normas base que regula la Educación y
Formación Profesional en España y que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación. Tal y como se indica en la exposición de motivos
de la citada Ley Orgánica, la principal diferencia del sistema educativo
español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo
de alumnos que transitan por nuestra FP.
De igual manera, cabe destacar que la citada Ley incluye la característica
de que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta
obligatoria y carácter gratuito. Esto favorece directamente al alumno,
que ve como al finalizar sus estudios de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), puede acceder a la FP de manera gratuita.
En relación con este punto, el equipo docente podrá proponer a los padres
o tutores legales la incorporación del alumno a un ciclo de Formación
Profesional Básica al tener cumplidos los 15 años o cumplirlos durante el
año natural en curso y haber cursado el primer ciclo de ESO o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la ESO. Estos ciclos
contribuirán a que el alumno adquiera o complete las competencias del
aprendizaje permanente.
Tercero. El artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación,
introducido por el artículo único. 5 de La Ley Orgánica 8/2013, establece
la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de educación. En relación con la FP, el apartado
cuarto del citado artículo señala expresamente que "el Gobierno fijará
los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del currículo básico". De igual manera, le
corresponde al Gobierno, de acuerdo con la letra b), del apartado
primero, "la regulación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en
esta materia".
Asimismo, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/2006,
el currículo de las enseñanzas de FP incluirá una fase de formación
práctica en los centros de trabajo, de la que podrá quedar exento el
alumno en caso de que se acredite la experiencia laboral que se
corresponda con los estudios profesionales cursados.
En relación con el anterior punto, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por
la que se regula el sistema de FP para el empleo en el ámbito laboral,
pretende adecuar la oferta y la demanda de cualificaciones. Esta Ley es
la que regula lo que se conoce como Formación Profesional Dual. De hecho,
en su artículo 26, apartado 3, letra d), indica que: "las Estructuras
Paritarias Sectoriales tendrán la función de participar en la extensión y
consolidación de la formación profesional dual a través del contrato para
la formación y aprendizaje en el ámbito laboral".
Cuarto. En los últimos años, el empleo dirigido a titulados en FP
prácticamente ha alcanzado al de los graduados universitarios en España.
En el año 2018, un 40,3 % de las ofertas de trabajo se dirigieron
a candidatos con esa formación, superando en ocho puntos a los datos del
año anterior y solo 0,2 puntos menos que las que se ofertaron a titulados
universitarios. Según una proyección sobre el futuro del empleo elaborada
por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop) en 2030, los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España
requerirán un 65 % de profesionales con cualificaciones medias (FP) y un
35 % con altas (FP de grado superior y graduados universitarios).
Estos indicios nos hacen ver la importancia que tiene la FP, no solo
dentro de nuestras fronteras sino también fuera de ellas. La mayoría de
los países del entorno del Eurogrupo han aumentado tanto su oferta en
grados, como las dotaciones presupuestarias a la FP. La mayoría de nuevas
titulaciones en FP están dirigidas al sector de las nuevas tecnologías,
quienes más demandan a este tipo de profesionales.
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Sin embargo, si comparamos la cantidad de titulados en FP con la media de
la Unión Europea, así como con la media de los países de nuestro entorno
(Alemania, Italia, Reino Unido), destaca la fragilidad de nuestro sistema
a la hora de llegar a cautivar a gran parte del alumnado.
Quinto. Otro de los grandes desafíos a los que hace frente nuestra nación
es la de desplegar la Formación Profesional Dual. Este tipo de formación
combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el
centro de formación y se caracteriza por realizarse en régimen de
alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de
horas o días de estancia de duración variable entre el centro de trabajo
y el centro educativo.
Países como Alemania o Reino Unido tienen unos fuertes programas de
Formación Profesional Dual, que compite directamente con los grados
universitarios y, de esta manera, amplía el abanico de posibilidades para
nuestros alumnos. Así, las empresas pueden apoyar nuevos modelos de
organización de la FP que se dirijan hacia la búsqueda de la excelencia
en la relación de la empresa con los centros de Formación Profesional y
promuevan su Responsabilidad Social Corporativa.
Sexto. El martes 24 de marzo, se reunieron la secretaria general de
Formación Profesional, D.ª Clara Sanz, y los directores generales de
Formación Profesional de las 17 autonomías para intentar lograr la
unificación de criterios para los alumnos de FP. En dicha reunión
acordaron acortar las prácticas a 220 horas, lo mínimo que exige la
normativa básica para obtener el título. Según datos del propio
Ministerio de Educación y Formación Profesional, hasta 400.000 alumnos de
estas enseñanzas tenían que estar en estos momentos trabajando en
empresas. Antes de esta decisión, los alumnos necesitaban acreditar unas
prácticas de 380 horas entre marzo a junio en los grados medios y unas 400
en los grados superiores para acceder al mercado laboral.
La mayoría de los alumnos que se encuentren estudiando un grado de
Formación Profesional y que están en último curso, tienen la posibilidad
de realizar prácticas curriculares en empresas. Esto supone en muchos
casos la primera incursión en el mundo laboral para los estudiantes, por
lo que es fundamental para su desarrollo y aprendizaje.
Además, el pacto permite convalidar parte de la formación en un centro de
trabajo por un módulo de proyectos y flexibilizar, así, el plazo para
terminar las prácticas, que ya no tendrá que ser antes de junio. "Esta
medida extraordinaria deberá ser coordinada con las fechas de celebración
de la EBA U para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen
puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad", se afirma en
el acuerdo. Y es que muchos de los alumnos de FP se enfrentaban a una
doble problemática puesto que existía la posibilidad de estar finalizando
sus estudios de FP, a la vez que preparando su prueba de acceso a la
universidad (que debido al estado de alarma también ha sido retrasada).
La experiencia profesional determina un 20 % de la calificación final que
el alumno obtiene al final de su formación. Al igual que con los grados
universitarios, los alumnos de FP tienen que realizar un trabajo de fin
de ciclo (TFC) para lograr su titulación, que normalmente compatibilizan
con las prácticas.
Séptimo. Con respecto a la FP Dual, hay situaciones muy dispares en cuanto
a las horas lectivas de prácticas de acuerdo con la Comunidad Autónoma en
la que se imparta. Esto es debido a que las competencias en Formación
Profesional están cedidas a las propias Comunidades, aunque eso sí, se
rigen por los principios comunes del Real Decreto 1529/2012, de 8 de
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
Don Guillem Salvans, responsable del programa de FP Dual en la Fundación
Bertelsmann, reconocía recientemente en una entrevista en un medio de
comunicación que, "en los casos en los que no se pueda hacer formación en
una empresa, se pueden dar trabajos para que se realicen en casa". Este
es un ejemplo de lo que venían realizando los institutos de FP, para dar
soluciones académicas a problemas laborales que podían producirse entre
los alumnos y las empresas, tal y como reconocía Salvans.
En 2018, más de un 70 % de los graduados en FP continuaron trabajando en
la empresa donde realizaron sus prácticas, según un informe de Adecco e
Infoempleo. En el caso de la FP Dual lo hizo el 92 % en algunas regiones
como el País Vasco. En la actualidad, los graduados en FP superior que
quieren acceder a la Universidad no están obligados a presentarse a la
EBAU (antigua Selectividad), lo pueden hacer de forma voluntaria para
subir la nota de acceso. Pero deben cursar la carrera desde primero. En
algunas universidades, se les convalidan algunos créditos del primer
curso, dependiendo de sus normativas internas.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, entendemos que deberíamos aprovechar
esta difícil situación para ensalzar la Formación Profesional Dual que
tan buenos datos de empleabilidad ha cosechado en los últimos años. De
igual manera, se debe intentar dar solución a los alumnos que han visto
cómo sus prácticas curriculares no han podido darse debido al incremento
de casos por coronavirus en nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el
establecimiento de un protocolo de actuación único para que las mismas
puedan dar una respuesta común y equitativa a los problemas de los
alumnos de Formación Profesional y Formación Profesional Dual.
Dentro del citado protocolo deberán estudiarse la adopción de las
siguientes medidas:
- Mantener la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresas
para los alumnos de último curso de Formación Profesional, que han visto
mermadas sus horas de prácticas como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. De esta manera, las empresas podrán alargar,
siempre que el alumno lo desee, las horas de formación. En tal caso, los
institutos serán los encargados de certificar esas horas que tendrán la
validez correspondiente. Esta medida nunca supondrá un perjuicio ni para
el alumno ni para las empresas.
- Extender el periodo de prácticas curriculares para que los alumnos de
Formación Profesional puedan realizar las mismas una vez acabe situación
excepcional de crisis sanitaria. De esta manera aseguramos que este hecho
no les afecte para la obtención de su título académico.
- En el caso de que a lo largo de este curso académico 2019-2020 no sea
posible la realización de las prácticas o TFC, el alumno podrá solicitar
una excepción académica para que en el siguiente curso pueda comenzar o
bien un grado universitario o un grado superior en Formación Profesional,
a la vez que termina con sus prácticas o TFC. Es decir, que esta
situación no le afecte para continuar con sus planes académicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Georgina Trías
Gil y Joaquín Robles López, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
161/000764
A la Mesa de la Comisión de Educación y Formación Profesional
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Marta
Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley en materia de traspaso de becas y ayudas al estudio, para su
debate en instancia en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El actual sistema unitario y centralista de becas es injusto e
insolidario. No tiene en cuenta el distinto nivel de vida en cada
territorio ni la distinta realidad territorial. Un sistema que perjudica
enormemente a los estudiantes de Catalunya, el País Valencià y les Illes
Balears y que ahora, ante la crisis humanitaria del coronavirus, se hace
más evidente que nunca.
En este sentido, de forma reiterada, los estudiantes catalanes han sido
perjudicados por la distribución hispanocéntrica de las ayudas.
Anualmente, en lo que se refiere al sistema universitario, los
estudiantes que reciben beca en Catalunya están un 20 % por debajo de la
del conjunto del Estado, una media de 5 puntos por debajo del conjunto de
la población universitaria de Catalunya. Es decir, cada año, 9.000 de los
180.000 universitarios catalanes han dejado de recibir una beca para
cursar sus estudios. Dicha situación, en términos semejantes, ocurre
también en el País Valencià y les Illes Balears. Resulta una evidencia
que la no transferencia de las becas y el no despliegue máximo de las
plenas competencias en Catalunya, el País Valencià y les Illes Balears ha
propiciado un sistema injusto y ha perjudicado la capacidad para
garantizar la igualdad de oportunidades en los Països Catalans. El
centralista y homogéneo sistema de becas actual ha perjudicado y
perjudica la capacidad de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat
Valenciana y el Govern de les Illes Balears de desarrollar unas políticas
públicas justas y en concreto, ofrecer un sistema de becas y ayudas
adaptado a la propia realidad.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, establece en su artículo 131.3.d) que corresponde
a la Generalitat de Catalunya, en materia de enseñanza no universitaria,
la competencia compartida, respetando los aspectos esenciales del derecho
a la educación y a la libertad de enseñanza en materia de enseñanza no
universitaria y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de
la Constitución española, sobre el régimen de fomento del estudio, de
becas y de ayudas estatales. Asimismo, el Estatuto de Autonomía de
Catalunya establece en su artículo 172.1.g) que corresponde a la
Generalitat de Catalunya en materia de enseñanza universitaria, sin
perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre
la regulación y la gestión del sistema propio de becas y ayudas a la
formación universitaria y, si procede, la regulación y gestión de los
fondos estatales en esta materia. Finalmente, el artículo 114 del
Estatuto de Autonomía de Catalunya determina, las funciones que
corresponden a la Generalitat en relación con las subvenciones estatales
territorializables y señala que la misma participa en la determinación
del carácter no territorializable de dichas subvenciones, así como en su
gestión y tramitación, en los términos que fije el Estado.
Tanto el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, como el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, atribuyen al Estado el establecimiento con
cargo a sus Presupuestos Generales, de un sistema general de becas y
ayudas al estudio, con el fin de
que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia,
disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la
educación, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución
de las Comunidades Autónomas. En particular, el artículo 45.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades dispone que el
desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al
estudio corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos
ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades, con el
fin de facilitar la gestión descentralizada y la atención a las
peculiaridades territoriales que la legislación contemple.
Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, se traspasaron a la
Generalitat de Catalunya las funciones y servicios en materia de
enseñanza, y por el Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, se
traspasaron a la Generalidad de Cataluña servicios en materia de
Universidades, procediendo ahora completar y ampliar el traspaso
efectuado. Asimismo, mediante convenios de colaboración, y a la espera
del correspondiente traspaso, la Generalitat ha asumido desde el año 2005
la gestión de los procedimientos de otorgamiento de becas y ayudas al
estudio universitario y no universitario. En dichos convenios, el cve:
BOCG-11-D-57 Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los
Diputados Serie D Núm. 57 20 de abril de 2016 Pág. 68 el Estado remetía
la cuantificación y la liquidación de los costes de gestión en el momento
de la aprobación del traspaso, que aún no se ha producido.
Existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ignorada por
el Gobierno del Estado, respecto al traspaso a la Generalitat de
Catalunya de la competencia de becas y ayudas al estudio. En este
sentido, en relación a las becas y ayudas de carácter general para
estudios universitarios y de nivel medio, el Tribunal Constitucional
dictó la Sentencia 188/2001, de 20 de diciembre, en la que resolvió el
conflicto planteado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya contra
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y
reconoció la competencia de la Generalitat para la gestión y concesión.
El Estado ha modificado en parte el modelo de gestión pero aún no ha dado
pleno cumplimento a la delimitación de competencias que establece el
Estatuto de Autonomía de Catalunya y que reconoció entonces el Tribunal
Constitucional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Transferir a la Generalitat de Catalunya la competencia en materia de
becas y ayudas al estudio. Dicho traspaso debe permitir la asunción por
la Generalitat de Catalunya de la regulación, convocatoria, ejecución,
tramitación, resolución, notificación, acreditación, pago, control,
verificación e inspección de los sistemas de becas y ayudas al estudio
territorializadas respecto de los solicitantes cuyo domicilio familiar
radique en el territorio de Catalunya y que cursen, asimismo en
Catalunya, estudios conducentes a la obtención de un título con validez
en todo el territorio del Estado y debe prever la participación de la
Generalitat de Catalunya en la gestión y tramitación de las becas y
ayudas al estudio no territorial izadas, así como en otras medidas de
fomento económico del estudio impulsadas por la Administración General
del Estado.
2. Transferir, en los mismos términos, las becas y ayudas al estudio a la
Generalitat Valenciana y el Govern de les Illes Balears.
3. Traspasar la debida dotación presupuestaria siguiendo criterios
objetivos de equidad, y especialmente, el de población."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Marta Rosique i
Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Republicano.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para extender la moratoria
de cotizaciones de la Seguridad Social a todas las pymes y autónomos
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, para su debate en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, regula una moratoria de las cotizaciones a
la Seguridad Social. En concreto, la disposición referida habilita a la
Tesorería General de la Seguridad Social a "otorgar moratorias de seis
meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia
incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social", siempre que lo
soliciten y "cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán
mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos". Esta moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al
pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad
Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo, en
el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio
de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y
julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se encuentren
suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El desarrollo del precepto anterior, en particular para la determinación
de los requisitos y condiciones necesarias para poder acceder a la
moratoria de cotizaciones, se ha producido mediante la publicación de la
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo
34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
Dicha Orden restringe el acceso a la moratoria a tan solo unos pocos
sectores de actividad, en concreto, a catorce sectores en función de su
código CNAE: 119 (otros cultivos no perennes), 129 (otros cultivos
perennes), 1812 (otras actividades de impresión y artes gráficas), 2.512
(fabricación de carpintería metálica), 4.322 (fontanería, instalaciones
de sistemas de calefacción y aire acondicionado), 4332 (instalación de
carpintería), 4.711 (comercio al por menor en establecimientos no
especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y
tabaco), 4.719 (otro comercio al por menor en establecimientos no
especializados), 4.724 (comercio al por menor de pan y productos de
panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados),
7.311 (agencias de publicidad), 8.623 (actividades odontológicas), 9.602
(peluquería y otros tratamientos de belleza).
La restricción de esta moratoria exclusivamente a los sectores de
actividad antes señalados deja fuera a un número muy importante de
empresas y autónomos que están manteniendo su actividad pese al grave
impacto que aquellas están sufriendo a causa de la emergencia sanitaria
ocasionada COVID-19, con pérdidas cuantiosas y un serio riesgo de cierre
en un futuro próximo si no reciben un apoyo que de momento se les está
negando.
Esta restricción genera, por otro lado, importantes dudas jurídicas, por
cuanto podría considerarse que sus efectos suponen una modificación de
hecho el ámbito subjetivo de la norma legal y que incumple el mandato que
establece para el ministerio de establecer "los requisitos y las
condiciones", ya que no define ningún requisito ni condición como tal
sino que meramente excluye sectores de actividad sin ninguna
justificación.
Desde Ciudadanos venimos reivindicando desde el primer momento la
necesidad de que el Gobierno dé una respuesta contundente en forma de
medidas de apoyo que supongan un salvavidas para todas las empresas y muy
especialmente para pymes y los autónomos, a cuyos efectos hemos planteado
numerosas propuestas. A pesar de que algunas de ellas han sido atendidas,
aun cuando sea parcialmente, el esfuerzo realizado por el Gobierno hasta
ahora sigue siendo insuficiente para asegurar la supervivencia
de pymes y autónomos a la crisis provocada por esta pandemia del COVID-19.
Una falta de apoyo cuyos efectos son especialmente gravosos cuando se le
suman las limitaciones inexplicables que el Gobierno pone al alcance de
sus propias medidas, como prueba la restricción impuesta por la Orden
ministerial referida a la moratoria de cotizaciones de la Seguridad
Social.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que modifique
la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el
artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, al objeto de hacer extensible la moratoria
de cotizaciones de la Seguridad Social regulada por dicho artículo a las
empresas y autónomos cualquiera sea su sector de actividad, siempre que
cumplan el resto de requisitos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-María Muñoz
Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/000739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. José
María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa al traspaso de competencias del Estado a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social, para su discusión
en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes.
La gestión unilateral en materia de cotizaciones y pensiones por parte del
Gobierno Vasco es un anhelo largamente acariciado por el Partido
Nacionalista Vasco (PNV). En consecuencia, es exigencia constante de este
partido al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) cuando estos han necesitado sus votos para gobernar España.
Los últimos hitos en este camino de pretensiones han sido, por un lado, el
acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de esa comunidad autónoma
(PSE-EE), que incluyó un calendario para abordar este punto. Por otro, el
pacto con el PSOE para la investidura de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón
como presidente del Gobierno de España, que en su punto tercero recogía
lo siguiente: "proceder en 2020 a la negociación y traspaso a la CAV de
las competencias estatutarias pendientes" (entre las que el PNV entiende
que se encuentra la gestión de las pensiones).
Adicionalmente, la VII Asamblea General del PNV, celebrada en 2016,
aprobó, dentro de su documento político "Batasuna eta Indarra", el
manifiesto "Hacia un sistema propio de Seguridad Social y Pensiones para
la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra". En este se detalla que esta
transferencia tiene por objeto "converger a un sistema de Seguridad
Social para la CAV y Navarra en fases sucesivas que, en primera
instancia, pasaría por promover el traspaso de la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social", para posteriormente establecer "las
bases del modelo prestacional público que diera suficiencia al modelo de
ingresos y gastos que debiera regir la Seguridad Social pública vasca".
Todo ello, con el objetivo final de "configurar unas pensiones dignas
para los vascos".
Segundo. Marco constitucional y legal de la Seguridad Social.
El artículo 41 de la Constitución Española (CE) dispone lo siguiente:
"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social
para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso
de desempleo."
Por su parte, el artículo 149.1.17.ª CE señala que:
"El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 17.ª
Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social [...]."
La interpretación conjunta de ambos preceptos hace concluir que el régimen
público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los
ciudadanos y garantizar, al mismo tiempo, la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en esta materia.
Ambos aspectos son responsabilidad del Estado.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, atribuye exclusivamente al "Estado, por medio de la Seguridad
Social", la materialización del artículo 41 (artículos 1 y 2). Asimismo,
afirma la competencia para todo el territorio nacional de "la Tesorería
General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la
Seguridad Social" (artículo 21) y sujeta "la gestión y administración de
la Seguridad Social" al principio de "unidad de caja" (artículo 66).
Tercero. La unidad de caja de la Seguridad Social.
De las declaraciones referidas en el Expositivo I se observa que el PNV
quiere arrogarse para el Gobierno Vasco una competencia que corresponde
en exclusiva al Gobierno de la Nación, con la voluntad de ofrecer un
trato especial a los pensionistas de esa comunidad autónoma. Se
destruiría, así, la equidad territorial y se desmantelaría en el medio
plazo la "caja única" de la Seguridad Social.
Esta "caja única" significa que la recaudación por las cotizaciones
sociales de los trabajadores y de los empresarios españoles se dirige a
un fondo común. Este fondo se reparte posteriormente con un doble
criterio: por un lado, respetando una cierta proporcionalidad entre lo
cotizado y lo percibido; por otro, dejando un margen para que cada
Gobierno tome sus propias decisiones en el marco de las políticas
públicas que considere oportunas.
Así, el Tribunal Constitucional (SSTC124/1989,195/1996) ha establecido que
"el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa
la unidad de titularidad [...] puesto que, si faltara un único titular de
los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social,
tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no
podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y
de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema".
Asimismo, "las comunidades autónomas no pueden administrar y disponer de
los fondos generados por la Seguridad Social sin una previa provisión o
habilitación del Estado, a quien corresponde gestionar la caja única de
la Seguridad Social".
Y, ¿por qué es, además de ilegal, absurdo que se rompa la unidad de caja
de la Seguridad Social? Principalmente, por tres razones:
- En primer lugar, económica. Al existir un único sistema, que hoy
funciona para 47 millones de españoles, se consiguen grandes economías de
escala. Su división implicaría la ruptura en diecisiete sistemas mucho
más pequeños, territorializados, que ya no se beneficiarían de estas
sinergias. Un sistema es más fuerte que diecisiete. Todos ganamos.
- En segundo lugar, de derechos. La normativa en materia de pensiones y
cotizaciones es básica. Por tanto, la existencia de diecisiete sistemas
supondría incrementar las desigualdades ya existentes entre los
ciudadanos según la región en la que hayan nacido o desarrollado su vida
profesional. Debemos tender a lo contrario, a que los españoles sean más
iguales, y no menos.
- En tercer lugar, de sentido común. El factor territorial no cuenta a la
hora de repartir los recursos: las pensiones no se territorializan más
allá de conocer el domicilio de los beneficiarios y dónde se producen las
cotizaciones. Entre otras cosas, porque un ciudadano puede recibir ahora
su pensión en las
regiones catalana o vasca y haber cotizado durante sus años de vida
laboral en Valencia o Madrid (o al revés). Romper la caja única sería un
sinsentido político.
Por si ello fuera poco, el Tribunal Constitucional es cristalino al
aceptar funciones complementarias en la gestión económica de la Seguridad
Social, pero siempre que "no puedan comprometer la unidad del sistema o
perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la
titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o
engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos".
En este mismo sentido, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social, según señaló en un
reciente comunicado, considera imprescindible que "la gestión en el
reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad
Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo
el territorio nacional [...] Lo contrario -disponer de la facultad de
reconocer las pensiones y el resto de prestaciones (jubilaciones,
incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión
unificados para todo el territorio nacional- abocaría, irremediablemente,
al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad
de todos los españoles".
Cuarto. La "asistencia social" como subterfugio para la ruptura de la
unidad de caja.
Tanto esta formación nacionalista como el Gobierno de España, en
declaraciones recientes, señalan que la transferencia del pago de las
prestaciones al Gobierno vasco (y, en consecuencia, de la posibilidad de
complementar determinadas pensiones por encima del resto del Estado) es
posible. Para ello se basan en el concepto de "asistencia social" del
artículo 149.1.20.ª de la Constitución.
En efecto, la "asistencia social" es competencia exclusiva de las regiones
y se define por el Tribunal Constitucional (SSTC 76/1986 y 146/1986) como
un "mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas". Por
tanto, para averiguar si cualquier prestación por parte de un Gobierno
regional puede encuadrarse en este concepto será imprescindible hacer un
examen individualizado de la existencia de una concreta situación de
necesidad, que en ningún caso puede existir de forma previa y genérica.
Por tanto, no cabe incluir al amparo de esta habilitación competencial el
hecho de que en determinadas partes del territorio nacional los
beneficiarios de la institución perciban prestaciones mayores que las de
otras partes ante idénticas situaciones de necesidad. Y ello, aunque la
diferencia se costee por la propia comunidad autónoma.
Del análisis del caso vasco se desprende claramente que la invocación de
esta "asistencia social" oculta sin pudor la intención de romper, para un
determinado territorio del Estado, la unidad de protección del sistema de
Seguridad Social. Ello es una vulneración patente de lo dispuesto en los
artículos 138.2,139.1 y 2 y 149.1.1 de nuestra Constitución.
Más aún, en un caso similar de desprecio por un Gobierno regional a la
igualdad de todos los españoles como el que nos ocupa, el Tribunal
Constitucional (STC 52/2017) declaró:
"La Generalitat puede, sin duda, planificar y diseñar su organización
interna para el ejercicio de las competencias que, en punto a la
Seguridad Social, le atribuye el Estatuto de Autonomía de Cataluña [art.
165 y STC 128/2016], Es manifiesto, sin embargo, que no figura entre
tales competencias ni la de dotarse de una propia "tesorería" en este
ámbito ni la de configurar un "modelo", también propio, de Seguridad
Social, determinaciones, una y otra, del todo incompatibles con la
Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues el régimen
económico de la Seguridad Social corresponde en exclusiva al Estado (art.
149.1.17.ª CE, sin perjuicio de lo previsto en el art. 165.1 EAC), al que
también compete, en iguales términos de exclusividad, definir un "modelo"
de gestión que entra, de lleno, en la legislación básica sobre esta
institución que la Constitución asimismo le encomienda [art. 149.1.17.ª y
STC 128/2016]."
Quinto. Conclusión.
El Grupo Parlamentario VOX entiende que la Seguridad Social es una
institución estatal de solidaridad nacional, por lo que es imprescindible
su concepción unitaria.
En consecuencia, no deben permitirse diferencias entre Comunidades
Autónomas en la legislación en materia de cotizaciones y pensiones, en
tanto ello supondría correlativas diferencias entre los españoles en
función de su región. Si se abriera la posibilidad de complementar
determinadas pensiones por encima del resto del Estado y de bonificar las
cotizaciones, aduciendo razones no de seguridad social sino de asistencia
social, financiadas con impuestos, se rompería "de facto" la igualdad
territorial que ahora existe en materia de pensiones contributivas y a la
que obliga la Constitución.
El traspaso de la gestión de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma
vasca supondría la ruptura del sistema de caja única y, en definitiva, un
primer paso para el desmantelamiento del Estado. Sería contrario a los
principios de igualdad de todos los españoles -independientemente de
dónde hayan nacido y de dónde residan- y de solidaridad entre ellos,
ambos garantizados por la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español,
declara que las competencias en materia de Seguridad Social corresponden,
en exclusiva, al Estado, que debe velar por el mantenimiento de la unidad
de caja y, en consecuencia, por que el régimen público de esta
institución estatal de solidaridad nacional sea único y unitario para
todos los ciudadanos.
Asimismo, el Congreso de los Diputados afirma que debe garantizarse la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes
en esta materia, debiendo en consecuencia el Gobierno de España
abstenerse de negociar cualesquiera traspasos de competencias en materia
de gestión económica de la Seguridad Social a ninguna Comunidad
Autónoma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del
Valle Rodríguez y José María Fidaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas específicas para mitigar el
impacto económico de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19
entre los empresarios y autónomos feriantes, para su debate en la
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en España
ha llevado a la adopción de diferentes medidas tendentes a frenar su
propagación. Así, el 14 de marzo, el Gobierno decretó la declaración del
estado de alarma, en virtud de la publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que
implicaba la suspensión de actividades de afluencia pública y la
limitación de la movilidad de los ciudadanos. Entre dichas suspensiones
se disponía expresamente las de "verbenas, desfiles y fiestas populares"
recogidas en el artículo 10.5 del citado Real Decreto.
La suspensión de las ferias y fiestas populares ha cercenado por completo
la actividad del sector feriante, formado por todas aquellas actividades
de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se celebran al
amparo de este tipo de celebraciones, y que está integrado en nuestro
país por alrededor de 40.000 empresarios y autónomos. Todos ellos han
visto canceladas todas las actividades que tenían previstas para esta
temporada, por las que muchos ya habían realizado los trámites
administrativos necesarios ante las correspondientes administraciones
locales e incluso habían depositado las garantías económicas, y, vista la
evolución de la pandemia de COVID-19, algunos temen tener que dar por
perdido el año.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para un
sector cuyo funcionamiento ya se enfrenta de manera habitual a muchas
dificultades. Así, a las propias que conlleva el desarrollo de una
actividad autónoma e itinerante, que implica desplazamientos y tener que
interactuar con diferentes administraciones, las cuales requieren en no
pocas ocasiones realizar los mismos trámites y acreditar los mismos
requisitos ante cada una de ellas, se une la falta de protección social a
la que se enfrenta este colectivo, de carácter eminentemente familiar.
Esta condición familiar, precisamente, hace que una parte importante de
quienes trabajan directamente en este sector no puedan figurar como
trabajadores por cuenta ajena, encuadrados en el Régimen General, pese a
ser dedicarse a la actividad feriante de forma
profesional y habitual, la cual constituye su principal sustento y el de
sus familias, simplemente por el hecho de ser familiares de otros
autónomos dedicados a la misma actividad con carácter previo.
Por otro lado, haciendo referencia específica a la emergencia sanitaria
del COVID-19, muchos de estos autónomos feriantes que se han visto
afectados de lleno por el impacto económico de la pandemia se han visto
excluidos de las ayudas aprobadas durante las últimas semanas, en
particular, de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esto
es así porque, como sucede con los demás autónomos que realizan su
actividad de manera estacional, muchos de ellos no están dados de alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos (RETA) durante todo el año, sino que se dan de alta
con ocasión del inicio de la temporada en que se concentra su actividad,
permaneciendo inactivos o dedicados a otras actividades durante el resto
del año. Esta realidad no ha sido tenida sin embargo en cuenta para el
desarrollo de la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que
ha dejado completamente desprotegidos a estos autónomos.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la
siguiente:
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que promueva
las medidas que contribuyan a mitigar el impacto de la emergencia
sanitaria del COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes,
incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Impulse, en coordinación con las Comunidades Autónomas, medidas
específicas para el sector feriante, formado por actividades de comercio,
artesanía, restauración y recreativas que se despliegan con ocasión de la
celebración de ferias y festividades populares, con la finalidad de
mitigar el impacto causado por la suspensión de dichas actividades con
motivo de la gestión de la emergencia sanitaria provocada COVID-19.
2. Contemple el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los autónomos feriantes que no puedan darse de alta para
prestar servicios esta temporada por la suspensión de las ferias y
fiestas populares en la que desarrollarían su actividad a causa de la
emergencia sanitaria del COVID-19, haciendo extensible esta prestación al
resto de autónomos que desarrollen actividades estacionales de temporada.
3. En paralelo, estudie el desarrollo de especialidades en el régimen de
cotización de los trabajadores autónomos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)
que desarrollan actividades estacionales de temporada, que alterne el
reconocimiento de periodos de actividad con otros de inactividad, análogo
al de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la
Seguridad Social que tienen la consideración de fijos-discontinuos.
4. Revise las restricciones que afectan a la posibilidad del trabajador
autónomo de contratar como trabajadores a sus familiares, al objeto de
flexibilizar las posibilidades de su encuadramiento en el Régimen General
de la Seguridad Social.
5. Valore el establecimiento en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) un código específico para la actividad feriante, que
permita recoger de manera específica las actividades desarrolladas por
estos empresarios y autónomos.
6. Promueva, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, los mecanismos que faciliten el intercambio de información, el
acceso recíproco a bases de datos y el reconocimiento mutuo de licencias
de actividad para estos empresarios y autónomos feriantes, evitando que
tengan que realizar el mismo trámite, acreditando el cumplimiento de los
mismos requisitos, incluso en espacios muy cortos de tiempo, ante
diferentes administraciones locales para poder desarrollar su actividad.
Asimismo, impulse, en coordinación con las administraciones referidas,
aquellos otros mecanismos que faciliten la devolución de las tasas
anticipadas y las garantías depositadas por estos empresarios y autónomos
feriantes en previsión de la celebración de ferias que ahora, por causa
de la emergencia sanitaria del COVID-19, no vayan a celebrarse."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Sara Giménez
Giménez, María Muñoz Vidal y María Carmen Martínez Granados,
Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas específicas para mitigar el
impacto económico de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19
entre los empresarios y autónomos feriantes, para su debate en la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
La gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en España
ha llevado a la adopción de diferentes medidas tendentes a frenar su
propagación. Así, el 14 de marzo, el Gobierno decretó la declaración del
estado de alarma, en virtud de la publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que
implicaba la suspensión de actividades de afluencia pública y la
limitación de la movilidad de los ciudadanos. Entre dichas suspensiones
se disponía expresamente las de "verbenas, desfiles y fiestas populares"
recogidas en el artículo 10.5 del citado Real Decreto.
La suspensión de las ferias y fiestas populares ha cercenado por completo
la actividad del sector feriante, formado por todas aquellas actividades
de comercio, artesanía, restauración y recreativas que se celebran al
amparo de este tipo de celebraciones, y que está integrado en nuestro
país por alrededor de 40.000 empresarios y autónomos. Todos ellos han
visto canceladas todas las actividades que tenían previstas para esta
temporada, por las que muchos ya habían realizado los trámites
administrativos necesarios ante las correspondientes administraciones
locales e incluso habían depositado las garantías económicas, y, vista la
evolución de la pandemia de COVID-19, algunos temen tener que dar por
perdido el año.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha supuesto un duro golpe para un
sector cuyo funcionamiento ya se enfrenta de manera habitual a muchas
dificultades. Así, a las propias que conlleva el desarrollo de una
actividad autónoma e itinerante, que implica desplazamientos y tener que
interactuar con diferentes administraciones, las cuales requieren en no
pocas ocasiones realizar los mismos trámites y acreditar los mismos
requisitos ante cada una de ellas, se une la falta de protección social a
la que se enfrenta este colectivo, de carácter eminentemente familiar.
Esta condición familiar, precisamente, hace que una parte importante de
quienes trabajan directamente en este sector no puedan figurar como
trabajadores por cuenta ajena, encuadrados en el Régimen General, pese a
ser dedicarse a la actividad feriante de forma profesional y habitual, la
cual constituye su principal sustento y el de sus familias, simplemente
por el hecho de ser familiares de otros autónomos dedicados a la misma
actividad con carácter previo.
Por otro lado, haciendo referencia específica a la emergencia sanitaria
del COVID-19, muchos de estos autónomos feriantes que se han visto
afectados de lleno por el impacto económico de la pandemia se han visto
excluidos de las ayudas aprobadas durante las últimas semanas, en
particular, de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esto
es así porque, como sucede con los demás autónomos que realizan su
actividad de manera estacional, muchos de ellos no están dados de alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos (RETA) durante todo el año, sino que se dan de alta
con ocasión del inicio de la temporada en que se concentra su actividad,
permaneciendo inactivos o dedicados a otras actividades durante el resto
del año. Esta realidad no ha sido tenida sin embargo en cuenta para el
desarrollo de la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo que
ha dejado completamente desprotegidos a estos autónomos.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentamos la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que promueva
las medidas que contribuyan a mitigar el impacto de la emergencia
sanitaria del COVID-19 entre los empresarios y autónomos feriantes,
incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Impulse, en coordinación con las Comunidades Autónomas, medidas
específicas para el sector feriante, formado por actividades de comercio,
artesanía, restauración y recreativas que se despliegan con
ocasión de la celebración de ferias y festividades populares, con la
finalidad de mitigar el impacto causado por la suspensión de dichas
actividades con motivo de la gestión de la emergencia sanitaria provocada
COVID-19.
2. Contemple el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los autónomos feriantes que no puedan darse de alta para
prestar servicios esta temporada por la suspensión de las ferias y
fiestas populares en la que desarrollarían su actividad a causa de la
emergencia sanitaria del COVID-19, haciendo extensible esta prestación al
resto de autónomos que desarrollen actividades estacionales de temporada.
3. En paralelo, estudie el desarrollo de especialidades en el régimen de
cotización de los trabajadores autónomos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)
que desarrollan actividades estacionales de temporada, que alterne el
reconocimiento de periodos de actividad con otros de inactividad, análogo
al de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la
Seguridad Social que tienen la consideración de fijos-discontinuos.
4. Revise las restricciones que afectan a la posibilidad del trabajador
autónomo de contratar como trabajadores a sus familiares, al objeto de
flexibilizar las posibilidades de su encuadramiento en el Régimen General
de la Seguridad Social.
5. Valore el establecimiento en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) un código específico para la actividad feriante, que
permita recoger de manera específica las actividades desarrolladas por
estos empresarios y autónomos.
6. Promueva, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, los mecanismos que faciliten el intercambio de información, el
acceso recíproco a bases de datos y el reconocimiento mutuo de licencias
de actividad para estos empresarios y autónomos feriantes, evitando que
tengan que realizar el mismo trámite, acreditando el cumplimiento de los
mismos requisitos, incluso en espacios muy cortos de tiempo, ante
diferentes administraciones locales para poder desarrollar su actividad.
Asimismo, impulse, en coordinación con las administraciones referidas,
aquellos otros mecanismos que faciliten la devolución de las tasas
anticipadas y las garantías depositadas por estos empresarios y autónomos
feriantes en previsión de la celebración de ferias que ahora, por causa
de la emergencia sanitaria del COVID-19, no vayan a celebrarse."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Sara Giménez
Giménez, María Muñoz Vidal y María Carmen Martínez Granados,
Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/000768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
de apoyo al sector turístico para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio.
Exposición de motivos
Según van avanzando las semanas va quedando contratado que la industria
turística española está frente a una profunda crisis a raíz de la
pandemia del COVID-19.
El impacto y los nuevos retos a los que se enfrentan empresas, destinos
turísticos y trabajadores del sector exigen del Gobierno una respuesta
acorde con las circunstancias.
La solución médica y científica de este virus facilitará paulatinamente la
vuelta a la normalidad de la actividad turística, pero dejará graves
secuelas económicas y sociales que ya se perciben.
La mayoría de los países habrán visto cuestionado su funcionamiento
general por la falta de respuestas integrales de tipo interno y externo.
Es por tanto necesario el desarrollo inmediato de políticas transversales
entre agentes turísticos y no turísticos, públicos y privados, en base a
la seguridad de los países de origen y los destinos.
El turismo en España es sin duda uno de los sectores económicos más
afectados. Sin embargo, el sector ha demostrado su unidad y ha estado a
la altura para ayudar a afrontar esta inmensa emergencia sanitaria, la
prioridad, a la vez que aúna fuerzas para mitigar el impacto de la
crisis, especialmente en el empleo, y para apoyar unos esfuerzos de
recuperación más amplios mediante la creación de empleo y el impulso al
bienestar económico en todo el mundo.
Todos aquellos que integran el sector turístico, han venido advirtiendo
desde el primer momento sobre los graves perjuicios que está sufriendo el
sistema económico y empresarial español como consecuencia de las
decisiones adoptadas por el Gobierno. Lo cierto es que no se han tomado
medidas valientes de protección de las empresas, tal y como se ha hecho
en otros países europeos.
La preocupación es creciente entre los empresarios hoteleros y turísticos
por la gestión política de esta crisis, sobre todo en materia económica y
empresarial. Los daños causados en sistema económico y empresarial
español son más elevados ahora que nunca y, en ese panorama, el turismo
es especialmente sensible. Lo que nos ha costado sesenta años de
construcción, de ilusión, de inversión y de compromiso se puede tirar por
la borda en apenas treinta días por decisiones estratégicas equivocadas.
España como potencia turística es un potente y eficaz instrumento en la
proyección exterior de España, fruto del trabajo conjunto de empresas,
trabajadores, destinos y Administraciones, que nos permite dar a conocer
y poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio cultural, natural o
histórico.
Mantener y consolidar esta posición privilegiada es ahora el reto que el
Gobierno debe contribuir a alcanzar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
considera que es más necesario que nunca presentar la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Poner en marcha recursos destinados a la adaptación de establecimientos
y destinos, a la adquisición de material y equipamiento para la
desinfección y prevención sanitaria de empresas y elementos de la escena
urbana de las ciudades.
- Elaborar un protocolo único de actuación para todo tipo de destinos
turísticos (playas, museos, aeropuertos, etc), que ofrezcan garantías de
seguridad higiénica sanitarias a los turistas, trabajadores y
empresarios, y a los ciudadanos de todos los destinos.
- Impulsar desde España una certificación "COVID Free" europea que
acredite a aquellas infraestructuras públicas, museos, empresas
turísticas de alojamiento, hostelería, agencias, transporte, comercio,
parques de atracciones, campos de golf, servicios turísticos, etc., que
certifique que las mismas cumplen con los protocolos de medidas de
higiene y seguridad sanitaria que aprueben las autoridades competentes.
- Agilizar al máximo todas las ayudas que se pongan en marcha, y
simplificar al máximo el procedimiento para concederlas, con el máximo de
garantías Decretar el "carácter y tramitación de urgencia" para todos los
procesos administrativos, tales como las contrataciones, subvenciones,
etc., previstas para el año 2020 con el objetivo de favoreceré impulsarla
inversión pública.
- Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
permitir que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100 % del
superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios,
ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos
efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del
COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales.
- Reducir los cánones estatales derivados de las ocupaciones de playas a
los que debe hacer frente cada Ayuntamiento, asociados a la utilización
de las mismas según marca la Ley de Costas, para disponer de recursos
adicionales, así como flexibilizar las propias concesiones
administrativas de ocupación del espacio público marítimo terrestre.
- Suspender el cobro por parte del Estado de cualquier tipo de canon por
concesiones administrativas y del Dominio Público Marítimo Terrestre.
- Cancelar cualquier propuesta del Gobierno de incremento de la carga
fiscal o de creación de nuevas tasas o impuestos que graven al trasporte
aéreo y, alternativamente, aprobar un plan especial orientado a promover
una rebaja de las mismas para fomentar la conectividad por vía aérea de
nuestros destinos.
- Reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados
por la crisis, en concreto al turístico.
- Ampliar a doce meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a
los 50 euros iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más
afectados.
- Cancelar la contra-reforma laboral para garantizar la flexibilidad y la
competitividad de las empresas y los autónomos.
- Aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar las
de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases
mínimas y máximas.
- Ampliar significativamente la dotación de la línea de crédito ICO de 400
millones de euros, aportando garantías temporales que faciliten a las
empresas su acceso.
- Impulsar medidas específicas para posicionar la oferta de turismo de
interior, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, turismo rural,
turismo activo.
- Diseñar un Plan específico de doce meses de duración que contenga
medidas de exención, bonificación y aplazamiento de todo tipo de
impuestos y pagos a cuenta durante ese periodo de protección. Este plan
debe contemplar todos los impuestos y tributos tanto estatales,
autonómicos y locales. Medidas específicas como las exenciones especiales
y el aplazamiento de pagos (Seguridad Social, impuestos...).
- Ampliar el Real Decreto-ley 8/2020 en lo relativo a medidas adoptadas en
materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la
jornada (ERTEs) de manera que sea aplicable a las empresas proveedoras
con interdependencia directa con la hostelería.
- Establecer mecanismos de cooperación gubernamental internacional y,
especialmente, en el ámbito de la Unión Europea para reclamar los cobros
pendientes por servicios facturados antes de la declaración del estado de
alarma en España, a las empresas extranjeras (turoperadores, OTAs,...).
- Constituir de manera urgente la mesa de trabajo anunciada por el
Gobierno y de la que formen parte hoteleros, agencias y empresas de
transporte que inicie lo antes posible los trabajos destinados a revisar,
rediseñar, actualizar y mejorar el programa de vacaciones para mayores
del IMSERSO a fin de evitar nuevos retrasos cuando pueda recuperarse la
normalidad.
- Planificar y reforzar acciones promocionales y de comunicación en el
mercado internacional para mejorar la percepción de España como destino
turístico de máximo nivel en calidad, seguridad y profesionalidad y que
contribuyan a recuperar la confianza para volver a viajar.
- Considerar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las
disposiciones dictadas por el Estado para su control, como causas de
exoneración de la responsabilidad administrativa a efectos del
procedimiento sancionador del artículo 169 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/2007, cuando la no ejecución del contrato de viaje
combinado obedezca y tenga su causa en la imposibilidad de prestar los
servicios por las restricciones impuestas al movimiento de personas en el
Real Decreto 463/2020 y sus normas de desarrollo.
- Promover desde el Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Cabildos, destinos, sector y medios de comunicación, una
gran campaña turística que anime la demanda doméstica y genere confianza
en viajar en los meses posteriores a la situación de Estado de Alarma,
que permitan reactivar el consumo para recuperar lo antes posible la
actividad económica.
- Crear de manera inminente de un comité interministerial "COVID-19 para
el Turismo", coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo y del que
formen parte representantes de las Comunidades Autónomas y las diferentes
asociaciones turísticas del país que incremente la coordinación
interadministrativa para poder dotar de una mayor coordinación las
actuaciones que se lleven a cabo y planificar un plan post COVID-19 para
el turismo, que impulse y priorice medidas que ahonden en facilitar una
rápida recuperación del sector turístico español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Agustín
Almodóvar Barceló, Isabel María Borrego Cortés y Guillermo Mariscal
Anaya, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María
Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón,don Andrés Alberto
Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en su condición de
Portavoz Adjunta y Diputados respectivamente, todos ellos del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de un
Plan Nacional de protocolos con carácter de urgencia, con el fin de
garantizar la imagen de España como destino seguro frente a la COVID-19,
para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La desesperación se instala en el sector turístico. Tras casi dos meses
desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno no ha dado muestras
de haber trazado un plan amplio de apoyo al turismo, al contrario del
resto de grandes países, que si lo han hecho, pese a que esta industria
no es tan preponderante como lo es para España.
El Turismo es una de las actividades económicas esenciales para España.
Representa más del 12 % del Productor Interior Bruto y genera millones de
empleos, directos e indirectos. La crisis de la COVID-19 está afectando a
este sector con gran intensidad, no solo por el cierre de la actividad
decretado por el estado de alarma, sino por las restricciones de
movilidad que impiden la llegada de turistas extranjeros -no hay que
olvidar que España es el segundo destino turístico del mundo. A ello se
le suma la mala imagen de nuestro país en el exterior generada por la
nefasta gestión de la crisis por parte del Gobierno, los negativos
titulares publicados en prensa extranjera y las desacertadas
declaraciones de ministros y vicepresidentes que debilitan nuestra
imagen, aún más si cabe.
Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2019 se batió
el récord de llegada de turistas extranjeros, con casi ochenta y cuatro
millones de visitantes. Teniendo en cuenta las cifras, la falta de
llegada de turistas extranjeros es un alarmante motivo de preocupación.
España ha sido uno de los países más golpeados por el virus. El alto
número de fallecidos por millón de habitantes, el número de contagios de
nuestros sanitarios, la falta de material de protección, las compras de
material defectuoso, la dudosa gestión en la adquisición de dicho
material, sumado a la lentitud y a las desafortunadas decisiones y
declaraciones del Gobierno han generado una negativa imagen de España en
la que faltan medidas que garanticen la tan anhelada seguridad sanitaria.
En ese sentido, son conocidas las declaraciones de Thomas Bareiss,
comisionado de Turismo del Gobierno alemán, alertando a los ciudadanos
alemanes -una de las nacionalidades que más nos visitan ocupando el
segundo lugar entre los países emisores- que no viajen a España como
consecuencia del virus de Wuhan. Y en la misma línea las declaraciones
del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
La preocupación en el sector ante las insuficientes medidas definidas por
el Gobierno, así como la tardanza en su adopción, ha derivado en la
presentación de iniciativas parciales. El pasado 16 de abril, una nota de
prensa de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, anunciaba que se
estaba trabajando en un protocolo común para la creación del certificado
"Hoteles COVID Free". En ese mismo sentido han aparecido otras
iniciativas, también con implicación de las administraciones locales,
como los sellos de Alicante o Fuerteventura. Todas estas iniciativas
carecen de una armonización, lo que puede llevar a confusión y, a la
postre, desigualdades entre comunidades y ciudades autónomas, llegando a
ser contraproducente para el turismo y para el destino España.
Hoy conocemos por los medios de comunicación de la existencia de un
borrador con directrices para hoteles y apartamentos turísticos con
medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios, y que el señor
Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, ha
reconocido en prensa que "es un trabajo que en condiciones normales
llevaría meses y recibimos el encargo el día 23 de abril".
Turismo, sector resentido por la drástica caída de la demanda y con graves
daños estructurales, precisa de soluciones y propuestas y no cuenta, con
antelación, con un plan de reactivación que exponga medidas a nivel
nacional en el sector turísticos español, armonizando las garantías
higiénico-sanitarias, y que podría ser lanzado a nivel europeo, teniendo
en cuenta el alto número de turistas procedentes de países europeos.
España, como pionero que ha sido en este sector, debe recuperar la
confianza de los turistas nacionales e internacionales, y evitar perder
nuestra posición de liderazgo.
Este Gobierno, a remolque de las peticiones de los operadores del sector
turístico, se ha visto en la necesidad de pensar en un Sello de Garantía
en la prevención de la COVID-19, anunciado recientemente por la Sra.
Oliver, Secretaria de Estado de Turismo. Dicho "sello" afirmó ser
encargado al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) que,
tras reuniones con los agentes del sector y con las administraciones
competentes, elaborará un borrador que se remitirá al Ministerio de
Sanidad para su evaluación e hipotética aprobación.
Estos trabajos que está realizando el ICTE, según el anuncio de la Sra.
Oliver, estarán disponible a mediados de mayo. Hay que tener en cuenta
que, según el escenario de desescalada anunciado por el Gobierno, la
siguiente fase, en la que se podría abrir establecimientos turísticos, se
producirá antes de que se publiquen dichos protocolos, por lo que se urge
al Gobierno a acelerarlo para forjar certidumbre.
Desde el Grupo Parlamentario VOX y tras las reuniones mantenidas con el
sector, estimamos que deberían tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de diseñar los protocolos:
i. La necesidad de test rápidos.
ii. Las medidas relativas a los protocolos deben ser a nivel estatal, sin
posibilidad de generar desigualdad entre Comunidades y Ciudades Autónomas
o entidades locales.
iii. Convendría un consejo asesor de verdaderos expertos en epidemiología,
alejado de consideraciones políticas y centrado en asesorar y revisar los
protocolos orientados a los establecimientos turísticos.
iv. Crear unas condiciones óptimas para garantizar el transporte de
turistas respetando las medidas de seguridad y evitando masificaciones.
v. Establecer un plan nacional de detección de viajeros que presenten
síntomas de estar padeciendo la COVID-19 o cualquier otro tipo de virus
con consecuencias semejantes.
a) Algunos países están valorando un carné de seguimiento, similar a las
cartillas de vacunación infantil, de forma que su información sea
fácilmente accesible cuando sea requerida.
b) Designación de instalaciones, fijas o móviles, suficientemente
acondicionadas, donde realizar el control y prevención de los contagios.
c) Establecimiento de lugares aptos donde mantener a aquellas personas que
tras la realización de dicha prueba den positivo para evitar contagiar a
otros.
vi. Si el Ejecutivo considera la creación de un distintivo o sello que
garantice que los establecimientos y servicios turísticos cumplan con los
protocolos y normas de prevención y respuesta ante la COVID-19, que dicho
distintivo sea GRATUITO. Los empresarios y autónomos ya están
sobrecargados con impuestos y costes, directos e indirectos, además de la
inversión que les va a suponer la adquisición de material de protección
para sus empleados y clientes, la limpieza y debida desinfección y
cuantas medidas sean necesarias para la prevención y seguridad. Asimismo,
han demostrado una gran generosidad (hoteles medicalizados, repatriación
turistas, etc.) contribuyendo a paliar la expansión de la pandemia.
vii. Definidos los protocolos comunicarlo, a través de notas de prensa y
en-revistas en medios generales y medios especializados, para que sea
conocido a nivel nacional e internacional. Sobre todo, en los principales
países emisores de turistas.
viii. Redactar un listado de requerimientos técnicos para la gestión de
turistas, tales como limitaciones estrictas de aforos, distancias en las
colas, delimitación de las mismas y todas aquellas medidas necesarias en
toda la cadena de valor con el fin de evitar contagios.
ix. Garantizar la producción nacional de mascarillas, guantes y cualquier
material para evitar contagios a disposición de los turistas y de los
trabajadores de los establecimientos turísticos. Estos materiales deberán
encontrarse en suficiente número para asegurar la disponibilidad
necesaria. Además, deberán tener las homologaciones técnicas precisas.
x. Planificar un plan de limpieza de las instalaciones eficaz,
distinguiendo las necesidades según el tipo de instalaciones, productos
de limpieza, métodos y periodicidad con que debe realizarse la
higienización.
xi. Establecer una serie de controles de cumplimiento, ya sea por personal
de las administraciones o por declaraciones de los responsables.
xii. Diseñar especialmente los circuitos de atención médica para el caso
de detección de contagios.
Se trata de minimizar cualquier riesgo de contagio y de desarrollar una
guía que unifique las normas higiénico-sanitarias y que ayude a la
reapertura de los establecimientos.
En estos momentos las empresas están haciendo todo lo posible por su
supervivencia, con un sobreesfuerzo para adaptar sus protocolos de
limpieza y seguridad con el fin de adoptar todos los cambios y medidas
que puedan garantizar una vuelta al sector con las mejores garantías
posibles.
La tardía respuesta del Gobierno en la búsqueda de alternativas que
favorezcan el turismo en estos tiempos de crisis en los que se diseña un
nuevo escenario está siendo patente y el sector necesita certidumbre.
Urge que se establezca un plan nacional para todas las empresas del sector
turístico español y que enfoque la promoción del Turismo con base en
protocolos sanitarios, con actualización frecuente y con accesibilidad y
visibilidad, pues España merece ser vista como destino seguro y debe
continuar revalidando su liderazgo mundial en el sector turístico.
Las empresas turísticas que antes pongan en marcha protocolos efectivos de
prevención de la COVID-19 y que garanticen el seguimiento de protocolos
de desinfección y limpieza, la implantación de las medidas de seguridad
relativas a personas, procesos, instalaciones y productos impidiendo y
limitando la propagación del coronavirus generarán confianza y seguridad
en turistas y turoperadores, y serán los primeros en recibir clientes y
recuperarse de esta crisis.
Proyectar la imagen de un destino turístico seguro relanzará la imagen de
nuestra nación, lo que impulsará significativamente la recuperación del
sector turístico, el mantenimiento del empleo y la aportación al PIB
prioritario para nuestra economía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer con carácter
urgente un Plan Nacional de protocolos de prevención de la COVID-19 en
empresas turísticas con el fin de garantizar la imagen de España como
destino seguro frente a la enfermedad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para establecer un Plan Específico de reactivación del Turismo
y la hostelería, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo.
Exposición de motivos
Los primeros datos estadísticos correspondientes al mes de marzo
evidencian un impacto muy fuerte de la crisis por la COVID-19 sobre el
sector turístico y hostelero. Así, por ejemplo, el número de
pernoctaciones en establecimientos hoteleros cayó en marzo un 61,1 % con
respecto al mismo mes de 2019, mientras que los ingresos de estos
negocios se redujeron en un 41 % en términos interanuales.
Por lo que respecta al empleo en el sector, la reducción de afiliaciones
en la Seguridad Social en un solo mes ha sido más del doble que todo el
incremento de empleo interanual registrado en febrero. Un desplome
mensual de 250.504 afiliaciones menos (un -10,2 %), que a buen seguro
será aún mayor en los datos de abril.
Afortunadamente al menos, la rápida activación por el Gobierno de los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor
aprobados para el período de estado de alarma ha servido para contener
una segura destrucción de empleo, especialmente en sectores tan afectados
por esta situación como es el sector turístico, que ha pasado de recibir
casi a 84 millones de turistas en 2019 a cero en la actualidad.
Por desgracia, nada más finalice el estado de alarma, el sector no
retornará inmediatamente a la situación de normalidad previa a la crisis.
La desescalada será gradual y asimétrica, pero, además, las medidas de
limitación de los desplazamientos y la distancia social hasta que logre
desarrollarse una
vacuna contra el virus, así como los propios temores entre los viajeros
potenciales afectarán tanto a la entrada de turistas como a sus
actividades vinculadas.
Las medidas de limitación de desplazamientos y distancia social, pero
también los miedos e incertidumbres que suscita en los potenciales
viajeros el nuevo escenario que se abre hasta el hallazgo de una vacuna
eficaz contra el virus muy probablemente harán que la recuperación del
sector turístico sea más lenta en comparación con otros sectores
económicos. Un sector por otra parte muy relevante en nuestro país, pues
representa un 12,3 % del PIB y un 13,4 % del empleo total.
Por ello, dadas las especiales características del sector, así como su
particular relevancia económica en España se hace necesaria la puesta en
marcha de un Plan Específico de reactivación del turismo y la hostelería,
debidamente coordinado con las diferentes Comunidades Autónomas, que
impulse su reactivación y permita su recuperación tras el duro impacto
que ha supuesto la crisis. Este Plan Específico habrá de ser al mismo
tiempo compatible con las necesarias medidas de seguridad y garantías
sanitarias, de forma que ofrezcan confianza para atraer de nuevo la
demanda de turistas adaptada a las nuevas circunstancias.
Dicho Plan Específico de reactivación es necesario que sea complementado
con una perspectiva de medio y largo plazo, de forma que oriente la
recuperación del sector turístico hacia una adecuada modernización en
términos de turismo inteligente, su digitalización, así como la adecuada
incorporación de criterios de sostenibilidad ecológica en la gestión y
promoción de la actividad turística. Una Estrategia de Turismo Sostenible
2030 ya planteada por el Gobierno y que, en definitiva, permita asentar
las bases de transformación del turismo español hacia un modelo de
crecimiento sostenido y sostenible, que permita mantener nuestro
liderazgo mundial de nuevo tras la crisis por la COVID-19.
Una sostenibilidad socioeconómica, medioambiental y territorial, y con
cinco ejes estratégicos. A saber: gobernanza colaborativa, que promuevan
espacios de colaboración entre los diferentes actores públicos y privados
que integran la actividad turística del país; crecimiento sostenible, en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas; transformación competitiva hacia un nuevo entorno de
mercado y una sociedad crecientemente digitales; espacio turístico,
empresas y personas, que han de adaptarse a una nueva configuración del
mercado y una evolución hacia patrones de turismo responsable y; un
quinto y último eje de producto, marketing e inteligencia turística, que
permita diversificar la oferta más allá de la costa y grandes ciudades,
refuerce la promoción, reduzca la estacionalidad del sector y establezca
una oferta más diversa y diferenciada mediante un modelo de inteligencia
turística basada en los datos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los
principales agentes del sector, un Plan Específico para Reactivar el
Turismo y la hostelería a la mayor brevedad, que contenga medidas de
seguridad y garantías sanitarias, liquidez y financiación, flexibilidad
laboral, promoción e inversión.
2. Poner en marcha una nueva campaña para estimular, en primer lugar, el
turismo nacional y, una vez finalice la crisis sanitaria originada por la
pandemia de COVID-19, realizar una campaña de promoción internacional de
España como destino turístico de manera coordinada con las Comunidades
Autónomas, ajustándose a las nuevas circunstancias del sector y de la
demanda. La campaña de comunicación será empática y se destacará la
confianza y seguridad, en todas sus acepciones, que tiene nuestro país
como destino turístico.
3. Aprobar una Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con la participación
de las Comunidades Autónomas y los principales agentes del sector y cuyo
objetivo es reforzar la posición del sector turístico en España basado en
la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y
la digitalización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Alejandro
Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo
Fuentes Curbero, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María
Luisa Faneca López, Patxi López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez,
César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar
Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre alcanzar un Pacto de Estado por la Industria, para su
debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La política industrial ha sido durante mucho tiempo una gran ausente en
España, lo que sin duda ha ayudado al debilitamiento general de la
industria en nuestro país. Así, según datos de Eurostat, la industria
(excluido el sector de la construcción) representó en 2019 el 15,8 % del
valor añadido bruto total, y el 12,2 % en el caso de las manufacturas,
ambos casos por debajo del promedio de la UE-28 (18,6 % y 15,6 %
respectivamente). Tal debilitamiento no es nuevo, pues ya se observó a lo
largo del anterior ciclo de expansión económica entre 1995 y 2008. Y si
bien las causas de este paulatino debilitamiento de la industria son
diversas, entre ellas se encontraría la insuficiente conciencia social
acerca de la importancia de contar con una industria robusta en nuestro
país. Una fortaleza industrial que no vendría como mero efecto de
mercado, sino que requiere de políticas públicas y del compromiso
inversor por parte del sector privado.
Consciente de esta realidad, el Gobierno viene impulsando desde un primer
momento una Nueva Política Industrial 2030 que revierta esta situación y
permita alcanzar un 20 % del PIB en actividades manufactureras, en
coherencia con la Comunicación de la Comisión Europea de enero de 2014
[COM(2014)0014] titulada "Por un renacimiento industrial europeo". Esta
nueva política industrial es asimismo necesaria, en tanto este sector
resulta estratégico por su capacidad de generar puestos de trabajo, con
mejores salarios, así como una mayor calidad y estabilidad en el empleo.
Un hecho fácilmente constatable al observar cómo las Comunidades
Autónomas con mayor peso de la industria cuentan a su vez con menores
tasas de desempleo y una renta media más elevada.
Dicha reindustrialización debe ser complementada con medidas que impulsen
la transformación digital, además de la transición ecológica con justicia
social.
Ahora bien, para un objetivo tan ambicioso resulta imprescindible no solo
la voluntad del Gobierno, sino también la participación de todos los
agentes que conforman la actividad industrial en nuestro país. Es por
ello por lo que el Ejecutivo planteó desde el principio la necesidad de
alcanzar un Pacto de Estado por la Industria, consensuado con los grupos
parlamentarios, organizaciones sindicales y empresariales, con el fin de
dar certidumbre al sector y favorecer la atracción de nuevas inversiones.
Un Pacto de Estado que habrá de incluir a su vez una nueva Ley de
Industria, que actualice el marco regulatorio industrial a los ya
referidos nuevos retos de la digitalización, así como la descarbonización
y adaptación a criterios de sostenibilidad que requiere la transición
ecológica y sea compatible con los ODS de Naciones Unidas.
Ahora, con la crisis sobrevenida por la COVID-19 este Pacto de Estado por
la Industria se hace más necesario aún si cabe. Así, el fuerte shock que
producirá en el corto plazo el parón de actividad por las medidas de
confinamiento y estado de alarma para hacer frente a la pandemia, le
seguirá un posterior proceso de reconstrucción económica y social que
permita recuperar lo antes posible la senda perdida con la aparición del
virus. Un proceso que necesitará del mayor consenso social posible para
su mejor consecución, en torno a un nuevo pacto para la reconstrucción
económica y social. Este pacto de reconstrucción será negociado en una
Comisión No Permanente para Reconstrucción Social y Económica en el
Congreso de los Diputados, tras el acuerdo alcanzado por el presidente
del Gobierno y el principal líder de la oposición.
La búsqueda del pacto entre diferentes en torno a esta Comisión supone con
ello una oportunidad para incluir en los acuerdos entre los grupos de la
Cámara el necesario Pacto por la Industria, consensuado también con los
agentes sociales, y que permita tanto la rápida recuperación del sector,
como también sentar las bases para una nueva política industrial en
nuestro país.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar un Pacto por la
Industria que esté salvaguardada de eventuales y futuros cambios
políticos en nuestro país, con vocación de estabilidad, permanencia,
certidumbre y compromiso presupuestario, con una gobernanza definida, con
la participación de las Comunidades Autónomas y agentes sociales, de la
que emane una futura Ley de Industria, dentro del marco de la Comisión no
Permanente para la Reconstrucción Social y Económica con el objetivo de
la reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la
transición ecológica y la transformación digital."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2020.-Alejandro
Soler Mur, Adolfo Pérez Abellás, Sandra Guaita Esteruelas, Juan Bernardo
Fuentes Curbero, Cristina López Zamora, Ana María Botella Gómez, María
Luisa Faneca López, Patxi López Álvarez, María Ángeles Marra Domínguez,
César Joaquín Ramos Esteban, Germán Renau Martínez, María del Pilar
Rodríguez Gómez y Juan Francisco Serrano Martínez, Diputados.-José
Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al
Gobierno de España a que se apruebe un plan de liquidez económica para
ganaderías bravas, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Las explotaciones de ganado bravo de lidia viven bajo la incertidumbre
generada por la crisis del COVID-19. El mantenimiento de estas
explotaciones depende principalmente de la celebración de festejos de
diferentes características y derivados de la naturaleza del ganado bravo:
exhibición, suelta de reses en festejos populares y lidia ordinaria.
Estas actividades se desarrollan fundamentalmente entre los meses de
marzo y octubre.
En España existen 895 ganaderías de reses bravas en explotaciones
distribuidas en las provincias. Según datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Pesca, durante 2019 el censo de animales
inscritos en la sección principal de Libro Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia dentro de todas las Comunidades Autónomas ascendía a un total de
203.056 animales. Y según datos del Ministerio de Cultura y Deporte del
Gobierno de España, durante el año 2019 se celebraron en nuestro País
1.511 espectáculos taurinos mayores y más de 17.698 festejos taurinos
populares.
Estas cifras de festejos expresan con claridad la importante merma
económica que va a suponer para los ganaderos de bravo de nuestro país la
suspensión de dichos festejos, ya que suponen alrededor del 80 % de sus
ingresos. Pero además de la pérdida económica y la difícil viabilidad de
estas explotaciones ganaderas, el COVID-19 puede suponer una gran pérdida
desde el punto de vista genético, ecológico y cultural para el conjunto
de la sociedad. En estos momentos, los ganaderos se están viendo
obligados a llevar a sus animales al matadero con una importante
depreciación del animal, cuyo valor de carne es muy inferior al obtenido
de su venta o alquiler para festejos. Para evitar esto, países como
Francia ya están articulando ayudas mensuales directas para la
alimentación de las ganaderías de bravo que eviten el envío masivo al
matadero de estos animales.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que teniendo
en cuenta las consecuencias económicas, medioambientales, genéticas y de
bienestar animal que la crisis del COVID-19 está generando en las
explotaciones de ganado bravo en nuestro país, apruebe un plan para estas
ganaderías, con medidas concretas de apoyo a este sector."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Víctor Valentín
Píriz Maya, Alberto Casero Ávila y Marta González Vázquez,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
apoyo a las queserías de campo y artesanas afectadas por la crisis del
COVID-19, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Según los datos facilitados por la Red Española de Queserías de Campo y
Artesanas, actualmente hay en España alrededor de 2.000 queserías de
campo y artesanales, cifra que, en los últimos años, se ha multiplicado
por dos motivos fundamentalmente.
En primer lugar, por el aumento de consumidores que demandan, cada vez
más, el consumo de este tipo de quesos y, en segundo lugar, por la
apuesta de los ganaderos que, frente a la pérdida de rentabilidad por los
bajos precios de la leche, han buscado en ellas una salida.
El queso artesanal es un producto natural, sano y que, además, tiene un
sabor único, fruto de una elaboración en la que es fundamental no solo el
trabajo de la mano experta, sino también el respeto de los tiempos
naturales en su elaboración, lo que permite dar al queso un valor
excepcional.
Para que la elaboración de un queso sea 100 % artesanal, ha de pasar por
sucesivas fases, en las que el maestro quesero es el que se encarga de
seleccionar la materia prima, lo que garantiza el sabor y la calidad y
que el queso artesano sea, además de un alimento sano, un alimento
cercano.
Desde la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, se ha promovido
la redacción de un documento, suscrito por más de 50 organizaciones, en
el que se reclama al Gobierno de España la aprobación de medidas urgentes
que permitan al sector no solo afrontar con garantías de éxito la crisis
generada por el COVID-19, sino también la consolidación y el
fortalecimiento de las queserías de campo y tradicionales.
El sector se encuentra, desde este punto de vista normativo, en clara
desventaja en relación con el marco europeo.
Por otro lado, y nuevamente tal y como manifiesta el propio sector, "el
cierre de la restauración provocada por el estado de alarma, ha sido un
varapalo para la venta de quesos".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar las siguientes
medidas de apoyo a las queserías de campo y artesanas que les permita
afrontar la crisis provocada por el COVID-19:
1. Instar a la Comisión Europea a agilizar y aumentar la previsión
presupuestaria del almacenamiento privado para que las queserías tengan
fondos suficientes, mientras se recupera y vuelve a tener actividad
ordinaria el canal Horeca.
2. Poner en marcha un plan específico para este sector, con medidas de
apoyo concretas.
3. Estudiar la posibilidad de autorización, garantizando siempre la
seguridad sanitaria, de los mercados no sedentarios de proximidad como
vía adecuada de comercialización para las queserías de campo y artesanas.
4. Acordar con la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas la
realización de una campaña de promoción que abarque el consumo de quesos
artesanales en los equipamientos públicos, tales como hospitales,
comedores públicos, residencias de mayores.
5. Fortalecer el protagonismo del sector.
6. Vigilar el correcto funcionamiento de la cadena de valor para poner fin
a las negociaciones asimétricas entre la industria láctea y las
ganaderías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Milagros Marcos
Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rubén Darío Vega
Arias y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a incorporar la pesca marítima deportiva y
de recreo en el marco del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno de España ha propuesto cuatro fases de desescalada
para la situación extraordinaria generada por el estado de alarma
declarado a consecuencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China)
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Segundo. Se entiende por Pesca Marítima de Recreo la que se realiza por
entretenimiento, deporte o afición y sin ánimo de lucro, y en la cual sus
capturas no podrán ser objeto de venta ni transacción. Se pueden
distinguir las siguientes modalidades:
- Desde tierra: Es la que se practica a pie desde la costa.
- Desde embarcación: Es la que se ejerce desde embarcaciones aptas para
esta actividad e inscritas en la lista correspondiente del Registro
Oficial de Buques.
- Submarina: Que es la que se practica buceando a pulmón libre, sin
utilizar ningún tipo de elemento que permita la respiración en inmersión,
ni de medios mecánicos de propulsión.
La pesca deportiva y de recreo tiene la ventaja de que es una actividad
que se realiza al aire libre, por lo que aparece como una actividad
apropiada para incorporar al conjunto de actividades permitidas dentro de
la fase I del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Por
estos motivos, se deben adoptar aquellas medidas que favorezcan la pesca
deportiva y de recreo y nos lleven a una recuperación del sector con la
máxima velocidad.
Tercero. Esta modalidad de pesca se realiza en entornos libres, rodeados
de naturaleza y sin aglomeraciones o contacto con más personas, lo que
hace de ella una actividad segura, ya que es fácil evitar el contacto con
otros pescadores. Es más, se trata de una actividad con beneficios tanto
para la salud física (porque favorece la toma de vitamina D mediante la
exposición a la luz solar), como para la salud mental por la tranquilidad
y sosiego que genera.
Cuarto. Además, la pesca deportiva y de recreo se trata de una actividad
familiar que se puede realizar de manera segura, dado que los miembros de
una misma familia, que conviven juntos, pueden realizarla sin riesgo a
exponerse a un contagio.
Quinto. Junto a estas medidas, también se debería facilitar la labor y la
actividad económica de quienes se relacionan con este sector de la pesca
deportiva. Por ejemplo, abrir la actividad en los puertos
deportivos y turísticos que son espacios abiertos y donde las medidas de
distanciamiento social y de protección son más fáciles de adoptar. Además
de que ello permitiría revisar el estado de las embarcaciones después de
todo este tiempo de confinamiento.
Sexto. Tampoco podemos olvidarnos de que impulsar la pesca deportiva y de
recreo como una actividad permitida en la fase uno, favorecería también
la venta y el consumo en tiendas de pesca, armerías y pequeños comercios,
lo que favorecería, a su vez, la vuelta a la normalidad de este sector de
pequeñas empresas con mayor celeridad, y así empezar a recuperar la
maltrecha economía de numerosos municipios rurales dedicados a este
sector.
En este sentido, tenemos que tener presente que la pesca recreativa genera
3.600 millones de Euros anuales en España y más de 180.000 puestos de
trabajo de manera directa e indirecta. La practican alrededor de 2,5
millones de personas con más de 200.000 embarcaciones implicadas en dicha
actividad.
Séptimo. En relación con las cuatro fases que comentábamos en el
encabezado de este expositivo, la pesca deportiva está encuadrada dentro
de la fase II o también denominada intermedia. En esta fase II se plantea
la apertura parcial de actividades y se prevé la reanudación de la caza y
pesca deportiva.
Octavo. Corresponde a los poderes públicos adoptar planes adecuados para
favorecer una desescalada segura tras el confinamiento y establecer
medidas que favorezcan la recuperación económica tras la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Incorporar la pesca deportiva y de recreo como una actividad
prioritaria en relación con las fases establecidas por el Gobierno,
enmarcándola dentro de la Fase I y no de la Fase II. Todo ello dentro del
marco de desescalada hacia la normalidad, bajo el cumplimiento de medidas
sanitarias y de precaución.
2. Fomentar la pesca deportiva y de recreo como una actividad saludable,
beneficiosa y segura, de tal manera que se puedan mantener el mayor
número de puestos de trabajo que de la misma dependen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ricardo Chamorro
Delmo, Rubén Darío Vega Arias y Manuel Mariscal Zabala,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Tomás Fernández
Ríos y D. Manuel Mariscal Zabala en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, tiene la obligación de presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a extremar los controles y las
inspecciones fitosanitarias de los productos agrícolas provenientes de
terceros países en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF), para su
discusión en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El 2019 no ha sido un año positivo para la economía del sector
agropecuario en España. Después de un lustro (2014-2018) de subidas
constantes, la Renta Agraria en términos corrientes ha experimentado en
2019 un descenso del 8,6 % respecto al año anterior y un 4,5 % por encima
de la media de los últimos diez años, situándose en 26.179,6 millones de
euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Cabe recordar que la Renta Agraria (también denominado "Renta de los
Factores" o "Valor Añadido Neto a Coste de los Factores") representa el
valor generado por la actividad de la producción agraria. Mide la
remuneración de los factores de producción (tierra, capital y trabajo).
La cifra de la Renta Agraria Real Por Unidad De Trabajo Anual (UTA) fue
incluso peor, con un descenso anual del 8,3 % en relación a la del 2018,
consecuencia a su vez de la citada reducción de la Renta Agraria y del
volumen de trabajo en la agricultura del 0,4 %, expresado en Unidades de
Trabajo Agrario.
Debido a esta situación, el valor de los consumos intermedios se ha
incrementado este año un 3,6 %, (un 1,3 % en volumen y un 2,2 % en
precios). Los Consumos Intermedios representan el valor, a precios
de mercado, de los medios de producción consumidos o transformados en su
totalidad en el proceso de producción. Incluyen los gastos de los medios
de producción corrientes: semillas/plantas de vivero, energía,
fertilizantes, fitosanitarios, alimentos para el ganado, gastos
veterinarios, mantenimiento de material y edificios, y otros servicios.
Asimismo, cabe resaltar que durante 2019, el régimen de precipitaciones ha
sido particularmente deficitario, condicionando, en consecuencia, a la
producción nacional. El año hidrológico 2018/2019 se cerró con un
descenso de las precipitaciones del 13 % con respecto a un año normal y
de un 21 % con respecto a 2017/2018; las precipitaciones acumuladas entre
enero y julio de 2019 fueron un 51 % menores que las correspondientes al
mismo período de 2018, produciéndose una situación de sequía que ha
afectado a amplias zonas de España.
Las producciones de secano han sido las más directamente afectadas por la
sequía y la ausencia de precipitaciones, dando lugar a fuertes descensos
en determinadas cosechas como aceitunas, cereales, plantas industriales y
uvas. En determinadas producciones y subsectores, el desequilibrio entre
oferta y demanda ha dado lugar a una reducción significativa de los
precios, como ha sido el caso de las frutas.
Segundo. Al mismo tiempo que descendía la producción nacional, la
importación de frutas y hortalizas frescas procedente de terceros países
creció en el 2019 un 18 % de enero a septiembre en comparación con el
mismo periodo del año anterior, situándose en los 1.413 millones de
euros, siendo Marruecos el primer proveedor con 507 millones, un 15 % más
que el mismo período del año anterior. Dentro de la Unión Europea, España
ha sido uno de los principales mercados de destino de las exportaciones
marroquíes, a pesar de la coincidencia de cultivos y calendarios de
producción, y en el que los productos agrícolas marroquíes han
consolidado su posición en el mercado nacional, donde representan el 36 %
del total comprado a países no comunitarios y el 25 % del total de la
importación española. Solamente en lo que se refiere al sector de las
frutas y hortalizas, en 2019 España importó un total de 430 mil toneladas
de frutas y hortalizas marroquíes, con un crecimiento del 8 % más con
relación a 2018, y alcanzando un crecimiento en los últimos cinco años
del 82 %.
Es preocupante el crecimiento de la importación comunitaria de Marruecos
en productos y periodos coincidentes con la exportación española, y en
especial alarma el caso del tomate, superando ampliamente, los volúmenes
previstos en el Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos. La importación de la Unión Europea de tomate de
Marruecos mantiene su tendencia creciente constante, totalizando 481.706
toneladas en 2019, con un crecimiento del 26 % en los últimos 5 años,
mientras que la exportación española en el mismo año asciende a 767.000
toneladas, con una tendencia descendente constante, retrocediendo en el
mismo periodo de tiempo un 20 %.
Este hecho está provocando perturbaciones en todo el sector nacional de
las frutas y hortalizas, ante la dificultad de competir con los bajos
costes de producción en estos países, principalmente salariales, sociales
y de control sanitario, y que en muchos de los casos incumplen la
normativa europea, a la que sí tienen que someterse los productos
españoles. En los primeros meses de la campaña 2019/2020 se ha mantenido
esa misma tendencia en las importaciones, con un crecimiento del 7,8 % en
el periodo comprendido entre octubre de 2019 y enero de 2020.
Tercero. Tras el brote de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que apareció
en China en diciembre del año pasado, y su posterior expansión al resto
de países, el mundo está viviendo una época de incertidumbre y recesión
económica, marcada principalmente por los intentos de los gobiernos de
frenar la expansión de la enfermedad y evitar el colapso de los sistemas
sanitarios nacionales. Las medidas que en cada país ha impuesto a sus
ciudadanos han afectado en mayor o menor medida a todos los sectores
económicos, entre los cuales también se encuentra el sector agrario.
Uno de los aspectos más importantes del sector agrario es la capacidad de
transportar los productos desde las zonas de producción hasta las zonas
de venta y consumo. Aunque algunos profesionales como los transportistas
pueden seguir viajando a territorio extranjero debido a la función
esencial que desempeñan, las exportaciones de ciertos productos a otros
países se han visto seriamente afectadas. Alimentos como el vino o el
aceite (que ya de por sí estaban sufriendo un impacto negativo debido a
los aranceles impuestos por EE.UU.) están notando una disminución de las
exportaciones hacia zonas como Asia, uno de los continentes más afectados
por el COVID-19.
A nivel europeo, la disminución de la demanda por motivo de la pandemia en
mercados como el inglés o el alemán, importantes receptores de productos
hortofrutícolas españoles, han reducido notablemente las exportaciones
del sector, afectando notablemente el mantenimiento de la producción
nacional.
Asimismo, las restricciones de movilidad para evitar que el coronavirus se
expanda han supuesto también que la mayoría de los países tengan vetado
en este momento el movimiento de ciudadanos nacionales hacia otros países
o de ciudadanos extranjeros hacia el suyo propio. Esta situación está
perjudicando gravemente a aquellas producciones agrícolas que, por falta
de mano de obra nacional, necesitaban habitualmente contratar a
trabajadores extranjeros.
Aunque el Gobierno haya tomado algunas medidas para que trabajadores
nacionales de otros sectores como el turismo o la hostelería y que
actualmente se encontraban en paro, pudieran incorporarse a trabajar en
explotaciones agrícolas cercanas a su domicilio, el déficit de mano de
obra continúa siendo un problema especialmente de cara a las cosechas de
finales de abril y principios de mayo.
Uno de los cultivos más afectados en este aspecto está siendo el de la
fresa y frutos rojos, que se encuentran en estos momentos en plena
campaña de recogida, y en los que a los problemas acarreados por la falta
de mano de obra hay que añadir también el de la caída de los mercados
internacionales, el cierre del canal Horeca (hostelería, restauración y
catering) y la paralización del motor económico que supone el turismo,
por lo que la demanda en el sector se ha visto reducida en estos últimos
meses de forma alarmante, llegando a alcanzar caídas de hasta el 50 %.
Cuarto. Ante la situación de debilidad que todos estos factores han
situado al sector agropecuario español y el momento crucial en el que nos
encontramos, como es el de la campaña de primavera, resulta
imprescindible que durante estos próximos meses el Gobierno de España
refuerce "más que nunca" sus Puestos de Inspección Fronterizos (PIF),
para intentar proteger a los productores españoles, extremando los
controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros
países que fundamentalmente tienen su entrada en nuestro país por los
diferente Puertos del Estado.
En estos momentos sería necesario aumentar y reforzar el personal de los
PIF, extremar la vigilancia del volumen de las importaciones sujetas a
contingentes y precios de entrada, denunciar ante la Unión Europea
aquellos casos en los que se superen las cantidades acordadas y que a su
vez las administraciones y los agentes sociales tengan una información
permanente de los contingentes de importación de productos agrícolas que
han entrado en la Unión Europea procedentes de terceros países.
Quinto. El Gobierno de España tiene en estos momentos un papel esencial
para ayudar a evitar la competencia desleal de los productos de terceros
países con los productos agrarios españoles que, en muchos de los casos,
representan a varios de los principales productores y comercializadores
internacionales, y que estos puedan reducir los efectos de esta crisis y
minimizar sus pérdidas compitiendo, al menos, en igualdad de condiciones
con los productos venidos de otros países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Aumentar la dotación de personal de los Puestos de Inspección
Fronterizos (PIF) en los Puertos del Estado y, principalmente, en
aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de
terceros países.
2. Extremar los controles fitosanitarios de los productos hortofrutícolas
importados de países de fuera de la Unión Europea.
3. Vigilar el volumen de las importaciones agrícolas sujetas a
contingentes y precios de entrada.
4. Denunciar ante los organismos competentes de la Unión Europea aquellos
casos en que las importaciones superen las cantidades acordadas, para
evitar una competencia desleal con aquellos que provienen de la
producción comunitaria.
5. Establecer, entre otros, un mecanismo de información actualizada y
continua con las administraciones y los agentes sociales de los
contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los
acuerdos entre la Unión Europea y terceros países y que hayan entrado en
la Unión Europea en los últimos años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Ricardo Chamorro
Delmo, Tomás Fernández Ríos y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de
apoyo al sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero español es un motor esencial para la economía del
sector primario y nos abastece de alimentos fundamentales para nuestra
dieta mediterránea, que con orgullo exportamos al mundo. Con más de diez
millones de raciones de alimento diario da de comer a seis de cada diez
españoles que consumen pescado dos o tres veces por semana y genera
exportaciones que superan los tres mil millones de euros al año.
Sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 está causando mucha
incertidumbre y pasando una severa factura económica a toda nuestra
actividad pesquera que afecta a más de 50.000 familias de pescadores y
más de 9.000 barcos pesqueros que faenan en España y a toda nuestra
industria transformadora y comercializadora. Ante esta situación, es
momento de tomar medidas urgentes y contundentes, coordinando la acción
de los gobiernos en España con las instituciones europeas para acudir al
rescate de un sector bandera de nuestro país en todo el mundo.
El sector pesquero, junto al resto del sector primario español, desempeña
una labor crítica en estos momentos tan difíciles y cumple con su función
social de garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos
de forma segura a los ciudadanos cuando más los necesitamos. Por ello,
las instituciones debemos velar por que puedan seguir haciéndolo en las
mejores condiciones sanitarias, ofreciendo información clara y directa y
las facilidades necesarias para remar todos juntos en la misma dirección.
Por ello, en la presente iniciativa, se propone catalogar a la pesca como
sector prioritario de manera explícita, dentro del Estado de alarma así
como en el resto de medidas y planes que se desarrollen desde el Gobierno
de España en colaboración con el resto de administraciones para
garantizar su actividad productiva esencial.
Asimismo, se plantea un plan específico de adaptación de las medidas
laborales y sanitarias que permitan al sector pesquero español seguir
abasteciendo a la población garantizando las máximas condiciones de
seguridad.
En relación a las medidas de apoyo directo, se insta al Gobierno a
utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
destinado a España no gastado hasta la fecha para dedicarlo al rescate
del sector ante la crisis del COVID-19. Se incluye flexibilizar los
proyectos en marcha pagados por el FEMP: extender los plazos y los
calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma inmediata sin
perder recursos para el sector en el futuro.
En línea con lo anterior, se valora modificar el artículo 33 del FEMP para
que las ayudas por cese temporal se puedan conceder también por razones
de emergencia sanitaria; ya que actualmente estas ayudas están ligadas a
fenómenos medioambientales o meteorológicos. Es urgente modificar el FEMP
para dar cobertura a los paros por causas directas de salud pública
(afectados y cuarentenas) e indirectas (comercialización del producto)
relacionadas con el COVID-19. Por último pero no menos importante, se
plantea modificar el FEMP para permitir las ayudas públicas directas al
almacenamiento de productos de pesca, haciéndose cargo de los costes de
congelación y paralización del pescado que está causando la emergencia
sanitaria.
También, en el apartado de ayudas directas, se propone evaluar medidas de
indemnizaciones directas al sector para compensar los daños directos e
indirectos de esta crisis a consecuencia de la caída de las ventas, las
restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el desplome de los
precios. En esta categoría, también se insta a ampliar y flexibilizar el
plazo para solicitar las ayudas de minimis hasta finales de 2020 y
utilizar las ayudas previstas por el "New Temporary Framework" para
combatir los efectos de esta crisis.
Por último pero no menos importante, se insta a tomar medidas en materia
de transformación y promoción del sector pesquero. En este sentido se
propone Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la
puesta en marcha de canales de venta directa productor-consumidor,
conectando
la oferta con la demanda de particulares en tiempo real. En el ámbito de
la información y promoción se valora abrir canales o plataformas de
comunicación con el sector para proporcionar la información puntual y
necesaria, incluyendo el seguimiento de las condiciones sanitarias y
laborales o las posibilidades de financiación y ayudas existentes. De
igual modo, se insta promover campañas de comunicación para promocionar
el consumo regular de pescado como parte esencial de una dieta saludable.
En relación a esta última idea, se podrían implementar casos de éxito en
países cercanos como la campaña "#FishToYourDoor" promocionada por el
gobierno británico para entregar pescado a domicilio en porciones
individuales, preparado y empaquetado, directamente al consumidor con
plenas garantías sanitarias.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Catalogar a la pesca como sector prioritario de manera explícita,
dentro del Estado de alarma así como en el resto de medidas y planes que
se desarrollen desde el Gobierno de España en colaboración con el resto
de administraciones para garantizar su actividad productiva esencial.
2. Realizar un plan específico de adaptación de las medidas laborales y
sanitarias que permitan al sector pesquero español seguir abasteciendo a
la población garantizando las máximas condiciones de seguridad.
3. Utilizar todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) destinado a España no gastado hasta la fecha para dedicarlo al
rescate del sector ante la crisis del COVID-19. De igual modo,
flexibilizar los proyectos en marcha pagados por el FEMP: extender los
plazos y los calendarios para poder hacer frente a esta crisis de forma
inmediata sin perder recursos para el sector en el futuro.
4. Modificar el artículo 33 del FEMP para que las ayudas por cese temporal
se puedan conceder también por razones de emergencia sanitaria; ya que
actualmente estas ayudas están ligadas a fenómenos medioambientales o
meteorológicos.
5. Modificar el FEMP para permitir las ayudas públicas directas al
almacenamiento de productos de pesca, haciéndose cargo de los costes de
congelación y paralización del pescado que está causando la emergencia
sanitaria.
6. Evaluar medidas de indemnizaciones directas al sector para compensar
los daños directos e indirectos de esta crisis a consecuencia de la caída
de las ventas, las restricciones para faenar, el cierre de lonjas o el
desplome de los precios.
7. Ampliar y flexibilizar el plazo para solicitar las ayudas de minimis
hasta finales de 2020 y utilizar las ayudas previstas por el "New
Temporary Framework" para combatir los efectos de esta crisis.
8. Fomentar e incentivar la transformación digital del sector y la puesta
en marcha de canales de venta directa productor-consumidor, conectando la
oferta con la demanda de particulares en tiempo real.
9. Abrir canales o plataformas de comunicación con el sector para
proporcionar la información puntual y necesaria, incluyendo el
seguimiento de las condiciones sanitarias y laborales o las posibilidades
de financiación y ayudas existentes.
10. Promover campañas de comunicación para promocionar el consumo regular
de pescado como parte esencial de una dieta saludable. En relación a esta
última idea, se podrían implementar casos de éxito en países cercanos
como la campaña "#FishToYourDoor" promocionada por el gobierno británico
para entregar pescado a domicilio en porciones individuales, preparado y
empaquetado, directamente al consumidor con plenas garantías sanitarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María Carmen
Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas andaluzas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su
debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por
el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros
agricultores. Bajo este sistema declaran los niveles de ingresos medios y
bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de
estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos,
índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las
que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese
alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales
que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos,
índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes
sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe
en el que se propondrán las reducciones de los índices de rendimiento
neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables
a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron
fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias. Este
documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
Siguiendo este procedimiento, la Junta de Andalucía, a través de su
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible elevó
al Ministerio un informe sobre reducción de los índices de rendimiento
neto en régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a las
actividades agrarias que durante 2019 sufrieron fuertes descensos en la
producción por causas extraordinarias, siguiendo criterios objetivos.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
que fue objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" el
pasado 9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una
reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de
Agricultura y recogida en un exhaustivo informe remitido al Gobierno el
pasado mes de febrero. Un documento donde se recoge los daños ocasionados
en diferentes producciones agrícolas y ganaderas a lo largo de 2019 por
adversidades meteorológicas, la crisis de precios, la imposición de
aranceles o la disminución en un 8,6 % de la renta agraria.
Tal es si, que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
alude a las excepcionales circunstancias de los fenómenos meteorológicos
y sus devastadores efectos sobre las producciones agrarias en 2019 para
justificar la urgencia de tramitar de forma extraordinaria un Real
Decreto-ley (Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación) en lugar de una Ley de tramitación ordinaria.
La reducción efectuada por el Ministerio de Hacienda mediante la Orden
Ministerial no atiende a las principales propuestas realizadas por la
Junta de Andalucía y provoca agravios en el campo andaluz,
especialmente en sectores como el olivar, frutas y hortalizas han
resultado especialmente penalizados, pues no se ha tenido en cuenta la
crisis de precios que sufren.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter
urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender
la propuesta realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, relativa a reducción de
los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de
estimación objetiva del IRPF a aquellas actividades agrarias andaluzas
que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los
rendimientos por causas extraordinarias, con el fin de evitar agravios
comparativos en esta Comunidad Autónoma y perjuicios económicos a
sectores fundamentales para Andalucía como son, entre otros, el
hortofrutícola, el del olivar, el del cereal y el ganadero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos
Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
índices de rendimiento neto aplicables en la Comunidad Autónoma de
Galicia, en el método de estimación objetiva del IRPF para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales en 2020, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por
el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros
agricultores. Bajo este sistema declaran los niveles de ingresos medios y
bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de
estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos,
índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las
que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese
alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales
que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos,
índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes
sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe
en el que se propondrán las reducciones de los índices de rendimiento
neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables
a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron
fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias. Este
documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales que fue objeto de
publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de abril, con la
campaña de la Renta ya iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una
reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de
Medio Rural de Galicia.
La reducción efectuada por el Ministerio de Hacienda mediante la Orden
Ministerial no atiende a criterios objetivos y provoca agravios en el
campo gallego, especialmente en sectores como la patata, uva de vino,
castaña, etc; que han resultado especialmente penalizados, pues no se ha
tenido en cuenta la crisis de precios que sufren. Y discriminando en una
misma comarca agrícola unos ayuntamientos de otros. Sirva como ejemplo
que quedan exentas de este trato fiscal las cinco Denominaciones de
Origen de vino, cuando se incluyen las del resto de España. O en una
Comarca agrícola como a Límia sólo afecta la bajada de tipos a dos
ayuntamientos, excluyendo a todos los limítrofes que también producen
patata. O en un producto como la castaña se incluye la provincia de
Ourense completa y la de Lugo se reduce a unos concretos ayuntamientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter
urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender
la propuesta realizada por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de
Galicia, relativa a reducción de los índices de rendimiento neto
(módulos) aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF a
aquellas actividades agrarias gallegas, con el fin de evitar agravios
comparativos dentro de esta Comunidad Autónoma y con el resto de
Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos
Ortega, Marta González Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis
Delgado Arce, Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela,
María Pilar Ramallo Vázquez, Javier Bas Corugeira, Diego Gago Bugarín,
Tristana María Moraleja Gómez y María Valentina Martínez Ferro,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas aragonesas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En la España rural, la agricultura y ganadería representan un sector
fundamental para el desarrollo económico y social. Un sector que aumenta
gracias a la fuerte inversión en tecnología y desarrollo de nuevos
regadíos que nuestros agricultores y ganaderos están implantando en sus
explotaciones.
En la provincia de Teruel estos sectores representan un 32,63 % de su PIB
y supone un eje fundamental para mantener, fijar y ampliar población en
nuestro territorio.
Teniendo en cuenta que el sector agrario está acogido, de manera
mayoritaria, al sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), por el que reduce el trabajo administrativo y
burocrático de nuestros agricultores. Bajo este sistema declaran los
niveles de ingresos medios y bajos, ya que los niveles de ingresos altos
están adscritos al régimen de estimación directa del IRPF.
Uno de los productos por excelencia, es el denominado melocotón de Calanda
el cual es producido en 45 municipios, contiene más de 4.654 km2 de
cultivo y en el año 2019 se comercializaron 3.780 millones de kg.
Fruta de hueso dulce que, a diferencia de otros tipos de melocotón de la
geografía española necesita de labores exclusivas y laboriosas como son
el aclareo y embolsado. Ello supone la inclusión de importante mano de
obra que aumenta el coste de producción en un 35 % y que no se refleja en
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF.
Además de ello, la subida del salario mínimo interprofesional establecida
en el Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, supone un coste adicional
del 5,5 % para los profesionales del sector respecto a las previstas en
el Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre que dificulta todavía más,
la contratación de un mayor número de empleados.
A ello le añadimos que desde el año 2018 y de forma sucesiva, se ha
producido un incremento exponencial del índice del rendimiento neto
aplicable en el método de estimación objetiva del IRPF. Pasamos del 0,13
(año 2018), el 0,19 (año 2019) y este año 2020 ha subido al 0,26.
Teniendo en cuenta que, el pasado 02 de abril del año 2019 y en pleno
proceso de floración del melocotón, la zona del Bajo Aragón, más
concretamente en los municipios de Foz-Calanda, Calanda, Castelserás y
Alcañiz, sufrieron una fuerte helada (inclemencias metereológicas) que
hizo disminuir su producción un 40 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter
urgente y sin demora, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, relativa a
reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) aplicables en el
método de estimación objetiva del IRPF a la actividad de fruta no cítrica
que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los
rendimientos con el fin de evitar agravios comparativos y perjuicios
económicos a un sector fundamental para Aragón como es el hortofrutícola.
Incluir a Foz-Calanda dentro de los municipios de la provincia de Teruel
con características especiales, como municipio productor de fruta no
cítrica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-José Alberto
Herrero Bono y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales en 2019 en Extremadura, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por
el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros
agricultores. Bajo este sistema declaran los niveles de ingresos medios y
bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de
estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos,
índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.0 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las
que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese
alterado por
incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen
a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar,
con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes
sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe
en el que se propondrán las reducciones de los índices de rendimiento
neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables
a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron
fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias. Este
documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado
9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
Durante todo el año 2019, Extremadura ha padecido una gran sequía en todo
su territorio. De norte a sur, todas las producciones agrícolas han visto
mermadas sus cosechas y las explotaciones ganaderas han generado un gran
sobrecoste, lo que ha conducido a los agricultores y ganaderos extremeños
a unas pérdidas económicas que los ha puesto al borde del cierre de sus
explotaciones. Este hecho se ha agravado aún más por la situación del
mercado que hace insostenible la venta de los productos agrarios a tan
bajos precios, por lo que los productores han reclamado en las calles,
unos precios justos para lo que cultivan y crían. En estos graves
momentos que estamos padeciendo hemos comprobado la importancia de
asegurar el abastecimiento de alimentos a la población y el peligro que
supondría el cierre de explotaciones agrarias, sobre todo en ciertos
sectores como la ganadería que está atravesando una gran crisis,
fundamentalmente por el cierre del canal HORECA.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una
reiterada reclamación de rebaja fiscal para las actividades agrícolas y
ganaderas existentes en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
sin embargo no se refleja en la Orden publicada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter
urgente y sin demora, la Orden HAC/32912020, de 6 de abril, por la que se
reducen para el periodo impositivo 2019 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales, de tal forma que se suprima el agravio al que se ha
sometido a los productores extremeños frente a los del resto de España,
valorándose correctamente las pérdidas que han provocado esas
circunstancias adversas en las explotaciones agrarias de toda la
Comunidad Autónoma de Extremadura y atendiéndose las reivindicaciones que
en este sentido han realizado las Organizaciones Agrarias extremeñas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos
Ortega, María Teresa Angulo Romero, Víctor Valentín Píriz Maya, Alberto
Casero Ávila y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas castellano y
leonesas afectadas por diversas circunstancias excepcionales en 2020,
para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El sector agrario está acogido, de manera mayoritaria, al sistema de
módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por
el que reduce el trabajo administrativo y burocrático de nuestros
agricultores. Bajo este sistema declaran los niveles de ingresos medios y
bajos, ya que los niveles de ingresos altos están adscritos al régimen de
estimación directa del IRPF.
En el anexo I de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aprobaron los signos,
índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales para determinar su rendimiento neto.
En el artículo 37.4.1.0 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las
que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese
alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales
que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda
podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos,
índices o módulos.
Es preceptivo que las administraciones competentes elaboren sus informes
sobre los acontecimientos excepcionales en el año impositivo. Así, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe elaborar un informe
en el que se propondrán las reducciones de los índices de rendimiento
neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables
a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron
fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias. Este
documento será remitido posteriormente al Ministerio de Hacienda.
Siguiendo este procedimiento, la Junta de Castilla y León, a través de su
Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural elevó al
Ministerio un informe sobre reducción de los índices de rendimiento neto
en régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a las actividades
agrarias que durante 2019 sufrieron fuertes descensos en la producción
por causas extraordinarias, siguiendo criterios objetivos.
En base al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Ministerio de Hacienda aprobó la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado
9 de abril, con la campaña de la Renta ya iniciada.
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada viene precedida por una
reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y recogida en el
correspondiente informe remitido al Gobierno cuyo tenor no se refleja
completamente en la Orden publicada
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a corregir, con carácter
urgente, la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, para atender la propuesta
realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León, relativa a reducción de los índices de
rendimiento neto (módulos) aplicables en el método de estimación objetiva
del IRPF a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019
sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas
extraordinarias, con el fin de evitar agravios comparativos en esta
Comunidad Autónoma y perjuicios económicos a sectores fundamentales para
su economía. En todo caso se advierte además la necesidad de sustituir la
referencia a Municipios de Ponferrada por Comarca del Bierzo al ser esta
la denominación que englobaría la totalidad de explotaciones afectadas de
esa zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Milagros Marcos
Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez y D. José
María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a adopción de las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento del artículo 3 de la Constitución Española en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 3.1 de la Constitución establece que "el castellano
es la lengua oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el
deber de conocerla y el derecho a usarla". Se singulariza así al
castellano frente a las demás lenguas españolas como la oficial del
Estado, al ser la única respecto de la cual se establece
constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento por todos
los ciudadanos y, con él, la presunción de que todos los españoles la
conocen.
Segundo. El pasado 22 de noviembre de 2019 se publicó en el "Boletín
Oficial del País Vasco" (BOPV) el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre,
sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas
oficiales en las instituciones locales de Euskadi, que parte del carácter
"minoritario" y "vulnerable" de la lengua vascuence y que, en su artículo
1.2, reconoce entre sus objetivos "normalizar y fomentar el uso del
euskera en la administración local con el objetivo de convertirla en
lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus
actividades".
Entre esos objetivos se pueden señalar los siguientes ejemplos:
- El artículo 5.3 enumera entre los principios rectores de este Decreto la
"autonomía lingüística local", que se concreta en que "los municipios
[...] dirigirán su política lingüística, su acción y su práctica a lograr
la plena normalización del uso del euskera y la progresiva
euskaldunización del funcionamiento institucional y administrativo".
- Por su parte, la letra a) del apartado 7 del artículo 5 marca a las
entidades locales vascas el camino de un "uso progresivo y creciente del
euskera en sus actividades internas y en su actividad con proyección
exterior", mientras que la letra c) del citado apartado extiende esta
imposición, incluso, a "la vida privada" del respectivo ámbito de
competencia de la entidad local.
- Así, en lo que se refiere a las actividades internas, el apartado
segundo del artículo 9 dispone que "la planificación lingüística se
dirigirá a posibilitar que las actuaciones municipales puedan
desarrollarse en euskera. A tal efecto adoptarán medidas tendentes al
funcionamiento del municipio en euskera, especialmente en los ámbitos
vitales del euskera". Por lo que respecta a la proyección exterior,
conforme al artículo 10, "los municipios planificarán las medidas
dirigidas al fomento del conocimiento y extensión del uso social del
euskera en el ámbito municipal, especialmente en la publicidad en la vía
pública, en las actividades laborales, profesionales, mercantiles,
culturales, asociativas, deportivas, audiovisuales, cine y espectáculos,
lúdicas y de entretenimiento, prensa de ámbito municipal y de
formación.".
- El artículo 24 impone el vascuence como única lengua de tramitación de
aquellos procedimientos administrativos en los que todas las personas
interesadas utilicen esta lengua, así como en los iniciados de oficio por
la administración, señalando expresamente que "el euskera, como lengua de
uso normal y general, podrá utilizarse en la tramitación de los
procedimientos administrativos iniciados de oficio".
- El artículo 28 obliga a la existencia de modelos normalizados solo en
vascuence o en vascuence y castellano (forma bilingüe), soslayando el
primero de ellos la oficialidad del castellano, que no es materia
disponible. Además, en los formatos bilingües el texto en lengua vasca
tendrá una posición preferente. De la misma manera, el artículo 39 impone
que se cursarán únicamente en vascuence las comunicaciones efectuadas por
las entidades locales de la Comunidad Autónoma vasca a otras
administraciones públicas radicadas en la misma región y en las demás
donde el vascuence sea lengua oficial.
- En materia de señalización, el artículo 44.8 exige que se dé prioridad a
las denominaciones en vascuence frente a las denominaciones en castellano
para el caso de que hubiera que oficializar nuevas denominaciones para
espacios geográficos determinados.
- Por último, existe una larga lista de documentos, comunicaciones,
traducciones o señales que deberán realizarse, "por lo menos", en
vascuence.
Tercero. El Grupo Parlamentario VOX considera que la calificación del
vascuence como "lengua propia del País Vasco" que hace el artículo 6.1 de
la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
el País Vasco supone que este se califique como lengua peculiar de la
región vasca, pero no impide que se considere también al castellano como
idioma propio y autóctono de la comunidad autónoma, en tanto que posee un
enorme arraigo histórico y que es la lengua común a todos los que
formamos la Nación española, de la cual los vascos son parte esencial.
Y es esto último lo que diferencia el modelo lingüístico consagrado por la
Constitución de los sistemas de otros países, como Bélgica o Suiza, en
los que no existe un único idioma oficial en todo el Estado: todos los
españoles, por el mero hecho de serlo, tienen no solo el derecho a usar
el castellano, sino también la obligación de conocerlo, algo que no cabe
predicar de las demás lenguas españolas. Ello significa que, por un lado,
nunca pueda tacharse de discriminatoria la actuación de las
administraciones públicas realizada en castellano y, por otro, que la
utilización del castellano sea obligatoria por parte de todos los poderes
públicos del Estado, sin perjuicio del derecho de los individuos de usar,
cuando proceda, la lengua cooficial.
Cuarto. El Grupo Parlamentario VOX entiende que el referido Decreto supone
favorecer la eliminación del castellano de las comunicaciones entre las
entidades locales y los administrados y dividir a los vascos en
ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua que empleen,
desarrollando los mismos postulados inconstitucionales contenidos en la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
Asimismo, manifiesta que el Decreto 179/2019 incurre en
inconstitucionalidades materiales que derivan de no haberse respetado las
funciones que, como lengua oficial del Estado e idioma común de todos los
españoles, tiene el castellano y que soslayan el "equilibrio inexcusable
entre dos lenguas igualmente oficiales" (Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010, de 28 de junio de 2010), por lo que considera que
vulnera la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que adopte
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de
la Constitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en
consecuencia, el derecho de todos los vascos a no ser discriminados por
usar el castellano, lengua oficial del Estado, en sus relaciones con las
administraciones públicas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del
Valle Rodríguez y José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.-Macarena
Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentaro VOX.
161/000747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para
su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública,
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de
gasto.
Como consecuencia de la crisis del 2008, se impuso en nuestro país por el
Ministro Montoro una aplicación de la regla de gasto impuesta por la UE
muy diferente al resto de Europa, plasmada en la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La regla se aplicaba en la UE al conjunto de las administraciones
públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro
país, y su incumplimiento además no conllevaba sanciones como las que
Montoro se empeñó en aplicar a nuestras Corporaciones Locales.
La imposición de esa regla de gasto restringió de manera injustificada la
actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que
coexistían importantes superávits presupuestarios con acuciantes
necesidades sociales, debido a unas políticas públicas debilitadas
durante años.
Sin embargo la deuda de las Corporaciones Locales ha descendido en un 11 %
de media en el último año, algunas las han reducido a proporciones
mínimas, incluso a cero; siendo además las administraciones públicas que
más han aportado en la reducción del déficit público. Como consecuencia
de esto, el superávit de las Corporaciones Locales españolas es cinco
décimas superior al promedio de la Unión Europea, situándose a esta fecha
en más de 27 mil millones de euros.
La pandemia producida por el COVID-19 ha implosionado en una tremenda
crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora
crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una
situación de vulnerabilidad.
Solo una decidida política de inversión pública puede ayudar a
contrarrestar los efectos esta brutal crisis social. Es ineficaz que en
esto momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan
necesario es invertirlo en las personas. Ahora además los bancos
pretenden cobrar a las Corporaciones Locales comisiones por ese dinero
que está depositado sin poderse gastar por esa regla de gasto, y ya han
anunciado que cobrarán un 0,35 % al año por esos 27 mil millones de euros
inmovilizados.
Urge por tanto revisar, sin más dilación, esa regla de gasto en el sentido
de permitir a las Corporaciones Locales invertir ese dinero en políticas
sociales tan necesarias como imprescindibles en estos momentos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
medidas:
1. Modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las
Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que
nos enfrentamos y eliminando toda traba o condición previa tanto para la
posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se
pueda aplicar.
2. Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el
Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación
Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se
aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de
la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para
proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En este
sentido, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla
de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la
contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción
social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad
ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen
con las reglas de estabilidad y techo de gasto.
3. Permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo
anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y
extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las
Entidades Locales.
4. Crear un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a
paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las Corporaciones
Locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos. Un
caso singular lo constituye el transporte urbano colectivo de viajeros:
la fase de normalización va a estar caracterizada por una progresiva
reincorporación de los ciudadanos a sus actividades ordinarias, con el
mantenimiento de medidas de protección a la salud y distanciamiento
social en el transporte, lo que
sin duda supondrá una importante disminución de los ingresos por viajeros
y un considerable incremento de los costes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Joan Mena Arca,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia En Común.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan
Urgente de Desarrollo de Telemedicina y otros servicios digitales en
zonas rurales y en la España despoblada, para su debate en la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La situación generada por la expansión de la pandemia del COVID-19 en
nuestro país ha puesto de relieve el riesgo de colapso económico y social
si no se adoptan medidas urgentes que permitan sostener la actividad
económica y el empleo. Desde esa perspectiva, una de las estrategias que
viene defendiendo el Grupo Parlamentario Popular consiste en acelerar la
transformación digital de nuestra economía, adaptando empresas y
capacitando a directivos, trabajadores y ciudadanía en general para
aprovechar las oportunidades que brinda la denominada economía 4.0.
Asimismo, la crisis sanitaria que padecemos también ha comenzado a cambiar
la percepción ciudadana sobre el mundo rural y la "España" que venía
afrontando el llamado "reto demográfico". Cada vez más ciudadanos han
optado por pasar el confinamiento en sus segundas viviendas situadas en
zonas rurales o alejadas, dejando atrás las grandes ciudades y núcleos
urbanos, con un doble objetivo; por un lado, reforzar su distanciamiento
social como medida preventiva ante el posible contagio y; segundo,
encontrar en el entorno natural una calidad de vida de superior condición
que en un entorno urbano con movilidad restringida.
Ese nuevo fenómeno, todavía incipiente, de movimiento demográfico desde
las ciudades a los pueblos, ofrece nuevos retos y oportunidades que deben
ser previstas desde ahora por las Administraciones públicas con arreglo a
dos prioridades principales.
La primera de las prioridades debe consistir en la prevención sanitaria,
en definitiva, en el desarrollo de los protocolos y medidas conducentes a
evitar el descontrol sanitario en ese tipo de movimientos de personas,
que pueda perjudicar las buenas condiciones sanitarias conseguidas en
aislamiento y distancia social en las zonas rurales.
La segunda de las prioridades, debe enfocarse a facilitar a todos los
residentes en dichas zonas rurales y de la España despoblada los mismos
servicios que pueden disfrutar quienes residen en entornos urbanos. Hoy,
y cada vez de manera más intensa en el futuro, las tecnologías, productos
y servicios digitales, brindan muchos de esos servicios desde distintas
perspectivas, desde el ámbito sanitaria, asistencial, educacional, etc.
Y, tal y como hemos defendido en una reciente Proposición no de Ley para
la implementación del Plan 300x100 de redes de conectividad ultrarrápida
en todo el territorio nacional para dar cobertura de calidad a zonas
rurales y de la España despoblada, "es el territorio menos poblado, con
población más dispersa, el que se puede beneficiar más de los avances
tecnológicos digitales por una doble razón; primero, porque mejoran las
oportunidades y el bienestar que supone la tecnología para todos; y
segundo, porque reducen las barreras de la lejanía y de la dispersión".
Con la presente Proposición no de Ley el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, pone en marcha una primera prioridad de desarrollo de servicios
soportados en la red ultrarrápida del Plan 300x100 enfocada en los
servicios sanitarios y asistenciales mediante tecnologías digitales o de
telemedicina para las zonas rurales y la España vaciada.
En España existen más de dos millones de personas mayores de 65 años que
viven solas y, de estas, más de 850.000 tienen ochenta años o más. La
situación de confinamiento para detener la pandemia del COVID-19 ha
puesto de manifiesto la situación de los ancianos, carentes de cuidadores
o sin poder recurrir a ellos por miedo al contagio, que tienen que
arreglárselas solos cada día para llevar a cabo sus rutinas diarias:
comida, aseo, medicación, etc.. Para ellos, es clave mantener la
comunicación con los sanitarios pero también con los familiares y amigos,
ya sea por teléfono o videoconferencia.
Casi el 50 % de los mayores de sesenta y cinco años se conecta a Internet
desde su casa y, en la mayoría de los casos, lo hacen a través de su
móvil pero, entre la población de más edad, no conocen el uso de las
nuevas tecnologías.
En España, las zonas rurales presentan un elevado índice de envejecimiento
-alto porcentaje de población mayor de sesenta y cinco años- y
sobreenvejecimiento -alto porcentaje de mayores de 80- como consecuencia
de la continuada emigración de sus poblaciones desde la segunda mitad del
siglo XX. El éxodo el campo a la ciudad ha ido reduciendo el tamaño de
los pequeños pueblos, especialmente de la población más joven, que,
atraída por las posibilidades de desarrollo económico y personal que
ofrecían las ciudades, ha elegido abandonar sus municipios de origen.
En términos demográficos, la primera consecuencia de este proceso
continuado de emigración de la población joven es el envejecimiento
poblacional, que es muy superior en las zonas rurales al del conjunto de
España. Así, en los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, casi
el 25 % de la población supera los 65 años, un porcentaje que asciende
hasta casi el 40 % en los municipios más pequeños, muy por encima del 19
% que suponen en el conjunto del país. Los mayores de ochenta años son
más del 10 % en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, mientras que
los valores totales para España no llegan al 6 %.
La relación entre envejecimiento y entorno es, por tanto, evidente: cuanto
más pequeño es el municipio, más grande es la proporción de población
mayor que tiene. La demografía nos proporciona una foto clara de la
llamada crisis del cuidado, alertándonos sobre la paradoja de que al
mismo tiempo que aumenta la población mayor y, por tanto, crecen las
necesidades de atención que dicho colectivo requiere, desciende el número
de personas potencialmente disponibles para atenderlos. Por lo tanto, la
pregunta es: ¿quién cuida a las personas mayores?
Los mayores en zonas rurales muestran preferencia por el cuidado a cargo
de familiares: casi el 86 % de las personas mayores de sesenta y cinco
años que viven en municipios con menos de 5.000 habitantes (los más
envejecidos) manifiestan preferir ser cuidados únicamente por miembros de
su familia, y son muy pocos, menos del 10 %, quienes afirman que les
gustaría ser atendidos por cuidadores externos. En las ciudades más
grandes, con más de 100.000 habitantes, parece existir un mayor grado de
aceptación del cuidado profesional, ya que más de un 30 % de los mayores
señala que le gustaría contar con el apoyo de cuidadores no familiares
(como cuidadores únicos o como complemento al apoyo familiar).
La creciente evolución e innovación en nuevas tecnologías digitales en
Salud está permitiendo que se desarrollen más proyectos de telemedicina
que pueden ayudar a paliar la situación expuesta. El aumento en la
velocidad de banda ancha facilita el desarrollo de proyectos que permiten
desde la interconsulta a distancia hasta el control remoto de pacientes.
De la misma forma, la inclusión de la banda ancha inalámbrica permite que
estas iniciativas puedan alcanzar zonas distantes. Gracias a la
interoperabilidad de los sistemas y las telecomunicaciones, la
telemedicina facilita todo el proceso de atención desde la gestión
administrativa, diagnóstico, tratamiento o educación en salud.
La asistencia médica remota gracias a la conexión con especialistas en
otro punto es uno de sus usos más extendidos. La teleconsulta, posibilita
el seguimiento, diagnóstico o tratamiento de pacientes a distancia. Para
ello, el intercambio de información clínica es esencial. La
telemonitorización, facilita el seguimiento de los pacientes -en muchas
ocasiones enfermos crónicos-incorporando a la teleconsulta sensores
remotos que permiten el seguimiento de parámetros biológicos,
fisiológicos y biométricos.
La telemonitorización juega un papel fundamental en el empoderamiento de
los pacientes respecto a su salud. Así, les permite adquirir un papel
activo en sus cuidados, al mismo tiempo que reduce su estancia en el
hospital.
Incluso mediante la instalación en domicilio de equipamiento médico y
sensórica que permiten el seguimiento en remoto de constantes vitales, es
posible la hospitalización domiciliaria, que acorta la estancia de los
pacientes en el hospital para procesos postoperatorios o cuidados
paliativos.
También la sanidad digital permita usos enfocados a la prevención y la
bioseguridad sanitaria, la gestión administrativa y de servicios al
paciente, como la cita previa para una consulta o solicitudes de
pruebas médicas, así como la formación a distancia y apoyo en la toma de
decisiones para los profesionales de salud.
Finalmente, también debe considerarse en la estrategia de utilización de
las tecnologías digitales disponibles para atención prioritaria a
nuestros mayores, el actual modelo de farmacia que ha demostrado ser una
garantía en la prestación del servicio, un refuerzo esencial al resto del
sistema sanitario por su proximidad al ciudadano. Es conveniente
profundizar en este momento en el modelo de Farmacia Comunitaria
impulsando los Servicios Farmacéuticos Asistenciales también de manera
telemática mediante soluciones de teleconsulta, videoconsulta y
similares, para responder al reto del envejecimiento, cronicidad y
dependencia, favoreciendo la coordinación con el resto del sistema
sanitario y asistencial para atender a nuestros mayores.
En definitiva, la Telemedicina favorece la comunicación y el trabajo
colaborativo entre profesionales de la salud sin importar su ubicación
geográfica y permite la incorporación de familiares que no conviven con
el paciente al modelo de asistencia remota. En este sentido, no solo
supone una ventaja para los profesionales de salud.
La Telemedicina está funcionando en los últimos años como una herramienta
de empoderamiento para los pacientes a la hora de enfrentarse a su
enfermedad gracias a la posibilidad de pedir una segunda opinión o
diagnóstico, interactuar con familiares y cuidadores e incluso tener un
mayor protagonismo en el autocuidado y la prevención.
Los últimos avances en sanidad digital para la asistencia remota se
enfocan ya a la asistencia robotizada. Considerando la perspectiva de la
robótica asistencial, el Gobierno de Japón, debido al envejecimiento de
la población y la carencia de personal enfermero, lanzó en 2018 un plan
tecnológico para que los robots cuidaran en 2020 del 80 % de los
ancianos. Para ello, el Gobierno nipón ha impulsado numerosas empresas
tecnológicas con el objetivo de que produzcan dispositivos robóticos que
ayuden a las personas mayores en sus tareas diarias: levantarse de la
cama, sentarse en una silla de ruedas, bañarse, hacer ejercicio o incluso
jugar con ellos.
Otras experiencias han demostrado que el uso de un chatbot o robot
conversacional ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento por parte de
los pacientes. Un chatbot es un programa informático que emula la
conversación humana con una persona al proveer respuestas automáticas a
consultas o preguntas realizadas por el usuario-paciente. El robot
conversacional se basa en algoritmos de procesamiento de lenguaje
natural, almacena toda la información en servidores seguros certificados
para el almacenamiento de datos de atención médica y procesa las
respuestas con técnicas avanzadas de tratamiento de la información.
De esa forma, el chatbot es capaz de analizar las consultas de los
pacientes y enviar respuestas personalizadas y clínicamente validadas
porque, en último término, están controladas por profesionales de la
salud.
Es imprescindible desarrollar fórmulas que permitan "humanizar" la
incorporación de estas nuevas tecnologías robóticas y digitales a la vida
diaria de nuestros mayores. En estos momentos dramáticos es necesario un
nuevo concepto de "tecnología humanista", como gran motor de la 4.ª
revolución industrial, que coloque al individuo en el centro y fin último
de toda tecnología y que aplique un código ético humanista a la hora de
implementarla.
La sensación de soledad y desamparo en que se encuentran muchos de ellos,
podría agravarse si la introducción de robótica y tecnología no va
acompañada también de su reconexión con sus familias, amigos y resto de
la sociedad. Mientras esa reconexión no sea posible de manera física y
presencial, -por exigencias de preservación de su propia salud-, debemos
intensificar las posibilidades tecnológicas para que el reencuentro se
pueda producir con los medios digitales ya disponibles. Y puede hacerse
desde doble perspectiva; desde una perspectiva sanitaria y desde una
perspectiva de educación y capacitación.
Los habitantes en las zonas despobladas tienen derecho también a disfrutar
de los servicios y las posibilidades vinculadas al mundo digital. Como ya
hemos señalado al proponer el relanzamiento del Plan 300x100 de
conectividad ultrarrápida para el mundo rural, los servicios digitales no
solo son útiles como acompañamiento y mejora de los servicios de salud en
línea, la teleformación o el teletrabajo.
También aprovechan a los sistemas de producción y gestión de la energía; o
en mejores herramientas para preservar nuestro medio ambiente e
incrementar la posibilidad de reutilizar los residuos, avanzando hacia lo
que se conoce como la economía circular. O para facilitar la atracción de
talento y la modernización de los negocios de los emprendedores y
empresas del sector rural, desde el sector agroalimentario hasta
el turismo, y posibilitando nuevas alternativas para la comercialización
de productos desde y hacia los núcleos rurales.
Por último, la Empresa Pública Correos debe cumplir también con sus
obligaciones de servicio público garantizando el suministro a los
residentes en la España despoblada y, en especial, a nuestros mayores y
dependientes que viven en ellas, de los productos y servicios que
requieran, estableciendo las plataformas de pedido "on line" y a
domicilio y los protocolos de actuación que resulten precisos para que
esa garantía del servicio de entrega a domicilio sea efectiva.
Es responsabilidad del Ejecutivo que los suministros esenciales en la zona
rural estén garantizados durante esta emergencia y después de ella. En la
medida que se extienda en nuestro país el uso de las tecnologías que
permitan actividades de comercio electrónico y pedidos "on line" se
incrementarán las necesidades de entrega a domicilio de mercancías y
productos. Adicionalmente, las necesidades de aislamiento de estos
colectivos de la población especialmente vulnerable, hace necesario
reforzar los sistemas de entrega a domicilio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en el plazo
máximo de quince días un Plan de Desarrollo de Telemedicina y otros
Servicios Digitales en zonas rurales y en la España despoblada que
contemple, entre otras, las siguientes medidas:
1. Reforzar tecnológicamente la asistencia integral de los residentes en
zonas rurales y, especialmente, de las personas mayores y dependientes, a
través de las siguientes líneas se acción:
1.1. Facilitar y promover la coordinación telemática de los servicios
médicos de los centros residenciales con el sistema sanitario dotándolos
de los recursos y tecnología necesaria para poder atender adecuadamente a
los pacientes en su residencia y mantener una comunicación fluida entre
los profesionales.
1.2. Promocionar la asistencia a domicilio con equipos multidisciplinares
y tecnologías que permitan la atención deslocalizada, mejorando la
cobertura de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio para
mayores y dependientes, asegurando una adecuada atención profesional para
que puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno
social y familiar.
1.3. Desarrollar plataformas digitales y bases de datos que promuevan la
coordinación entre la asistencia sanitaria, los servicios sociales, el
tercer sector y el voluntariado para que la asistencia integral sea una
realidad, así como las actividades de autodiagnóstico en plataformas de
comunidades virtuales.
1.4. Apoyo a iniciativas y acuerdos para la integración telemática de la
Farmacia Española en las Estrategias Nacionales de Salud, así como el
aumento del valor sanitario de la Farmacia rural a través de la
interoperabilidad con el resto del sistema de salud y la posibilidad de
brindar servicios de teleconsulta remota.
1.5. Facilitar programas para que los recursos de alta capacidad de
computación en territorio nacional se enfoquen en facilitar desarrollos
de medicina personalizada y de precisión para mayores y dependientes
fomentando la aplicación de esas técnicas de análisis masivo de datos
para su uso diagnóstico y clínico, con el empleo de inteligencia
artificial, los sistemas no invasivos, la trazabilidad, la protección de
los datos sensibles, y la usabilidad de la historia clínica electrónica y
el BigData, creando la estructura adecuada para mejorar la calidad, la
eficacia y la seguridad en la atención sanitaria y en la investigación
clínica para mayores y dependientes.
1.6. Elaborar planes de ayuda e incentivos para la implementación urgente
de las descritas tecnologías digitales en residencias y viviendas de
mayores, a fin de mitigar sus riesgos de contagio, mejorar las medidas de
prevención y reconectar a los mayores con su círculo familiar y personal,
así como con el conjunto de la sociedad.
1.7. Desarrollar planes de formación a los empleados de las residencias de
mayores y actividades vinculadas al cuidado de personas dependientes para
el manejo de los robots domésticos, sistemas de teleasistencia,
hospitalización domiciliaria y equipos telemáticos en general.
1.8. Concienciar a la sociedad española, especialmente a las personas
mayores, de los aspectos positivos de recibir la asistencia de un robot y
hacer uso de tecnologías digitales del siglo XXI, especialmente en
situaciones de pandemia.
2. Impulsar la accesibilidad de los residentes en zonas rurales y,
especialmente, de nuestros mayores, a las capacitaciones TIC y a las
aplicaciones del mundo digital en una Estrategia Nacional contra la
soledad, que considere una política integral que promueva el
envejecimiento activo y saludable, la solidaridad intergeneracional, la
promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la
salud física y mental, la participación en la vida social, política y
económica de sus comunidades y ciudades.
3. Promover nuevos recursos financieros y tecnológicos que den respuesta a
las nuevas necesidades de atracción de talento y nuevo, facilitando
iniciativas de viviendas compartidas y/o edificios inteligentes dotados
de la domótica adecuada para el trabajo, la supervisión y cuidado a
distancia.
4. Garantizar a los residentes en zonas rurales que lo deseen el acceso
permanente a la formación y el aprendizaje en las tecnologías digitales,
así como ayudas para la adquisición de equipos y programas informáticos
y/o suministro de servicio de conectividad. Para ello se ampliarán los
espacios de formación "on line", en colaboración con las universidades y
centros especializados y RTVE, para facilitar su desarrollo personal y la
adquisición de nuevos conocimientos en el marco de los programas de
envejecimiento activo.
5. Desarrollar proyectos tecnológicos de inteligencia artificial para
ayudar a los residentes en zonas rurales en las rutinas diarias, el
control de su salud y la posibilidad de realizar gestiones bancarias y/o
administrativas sin necesidad de esperar grandes colas ni desplazarse.
6. Puesta en marcha de un "Programa Nacional de apoyo al emprendimiento en
e-Salud", con participación pública y privada, cuyo primer componente a
corto plazo sea para el desarrollo de productos y servicios destinados a
mayores y dependientes, y que dote de certidumbre regulatoria,
facilidades de financiamiento y de entrada de fondos de inversión y
entorno y plataformas colaborativas en red, a los emprendedores del
sector de la salud 4.0.
7. Impulsar a las empresas tecnológicas españolas, a través de ayudas
financieras y tributarias, con el fin de que produzcan dispositivos
robóticos, drones, programas y sistemas digitales que ayuden a las
personas mayores y dependientes en sus tareas diarias básicas y en su
atención a domicilio y adapten mejor sus diseños a las necesidades de los
clientes, con especial atención a los habitantes de las zonas rurales.
8. Apoyar la implementación y capacitación de apps, plataformas y sistemas
para la solicitud y prestación de servicios de transporte bajo demanda al
colectivo de residentes en zonas rurales y despobladas y, especialmente,
de mayores y dependientes, en los supuestos en que sea necesario para
ellos el desplazamiento fuera de su domicilio, con arreglo a unos
protocolos definidos de prevención de contagios.
9 Fortalecer el servicio de entrega a domicilio de Correos
prioritariamente orientado a atender las necesidades de residentes en
zonas rurales y despobladas y, especialmente, de mayores y dependientes,
a fin de apoyar las actividades económicas de comercio electrónico y/o de
suministro de productos básicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Carmen Navarro
Lacoba, José Ignacio Echániz Salgado, Guillermo Mariscal Anaya, Tomás
Cabezón Casas, José Alberto Herrero Bono y Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
elaboración de un Plan de protección de los Consumidores y Usuarios
frente al COVID-19 durante el desconfinamiento, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
El fracaso del Gobierno frente a su responsabilidad de proteger la salud y
la vida de los españoles ha sido estrepitoso. Primero, negó la gravedad
de la epidemia del COVID-19 y después no tomó las medidas de precaución y
aprovisionamiento de productos sanitarios, medicamentos y test
diagnósticos necesarias. Ante la posibilidad cierta de un inminente
colapso del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno impuso el
confinamiento de la población general el 14 de marzo.
En este contexto de confinamiento, tras tres ciclos de cuarentena y a
pesar de las medidas de distanciamiento social, la cifra de personas
fallecidas y contagiadas sigue creciendo. Hasta hoy hay (oficialmente)
más de 24.000 fallecidos, más de 225.000 enfermos y más de 37.000
sanitarios contagiados, unas cifras escalofriantes.
La limitación de la libertad de circulación por las vías públicas o
espacios de uso público estableció una serie de excepciones. Entre otras,
las salidas para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y
de primera necesidad, así como para acudir a los bancos. Pese a ello, el
Gobierno no fijó unas normas y protocolos de autoprotección y protección
para los consumidores y usuarios, ni tampoco medias concretas para los
establecimientos comerciales que hayan permanecido abiertos.
Según la mayoría de los estudios epidemiológicos, entre los consumidores y
usuarios y los trabajadores que prestan los servicios esenciales puede
haber un número significativo (que estaría entre el 5 y 15 por ciento) de
portadores asintomáticos del virus o en los días previos a los síntomas.
Estos portadores desconocen su infección, pero han desarrollado una carga
viral suficiente como para ser fuentes de contagio y transmisión del
virus. La identificación de los portadores del COVID-19 y la reducción
del riesgo de contagio por parte de estos portadores sanos y
asintomáticos solo es posible mediante la realización de tests masivos a
la población, así como mediante la implantación de medidas precisas de
protección individual como mascarillas, guantes, gafas y geles
desinfectantes.
El Gobierno anunció el 28 de abril un plan de desconfinamiento que,
lógicamente, va a incrementar la movilidad de los consumidores y usuarios
y el número de establecimientos comerciales a los que puedan acceder.
Esto multiplicará las interacciones personales con posibles portadores
asintomáticos y con fómites contaminados con el coronavirus.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir un Plan de
Protección de Consumidores y Usuarios frente al COVID-19 específico
dentro de su Plan de Desconfinamiento que incluya:
- Medidas específicas de protección personal para los portadores
asintomáticos.
- Garantía de abastecimiento, distribución y venta de equipos de
protección individual (tales como mascarillas, guantes, gafas y geles
desinfectantes) para el uso tanto de los usuarios y consumidores como de
los trabajadores de los locales comerciales y de los almacenes
logísticos.
- Medidas específicas de protección, higiene y desinfección de locales
comerciales y de almacenes logísticos.
- Medidas concretas de limitación de aforo de los locales comerciales que
aseguren el distanciamiento social requerido."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Riolobos
Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado y Elena
Castillo López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
accesibilidad de los pacientes a los tratamientos de anticoagulación y
previsiones sanitarias
para la adecuación de estos tratamientos a las circunstancias derivadas
del COVID-19, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Según cálculos de la Federación Española de Pacientes
Anticoagulados/FEASAN, en nuestro país hay cerca de 1.000.000 de personas
que necesitan disponer de un tratamiento anticoagulante, una cifra que
representa el 2 % de la población española. El perfil de este paciente
es, en su mayoría, el de una persona por encima de los 70 años, con
patologías cardíacas de base, como la fibrilación auricular no valvular,
y otras comorbilidades.
Como se ha puesto también de manifiesto en una reciente sesión divulgativa
de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria/SEMERGEN, "las
personas que precisan tratamiento anticoagulante tienen, por diferentes
motivos, un riesgo aumentado de infectarse de coronavirus y de empeorar
en caso de desarrollar COVID-19. Su condición de pacientes generalmente
polimedicados y las dificultades actuales para controlar algunos de los
factores de riesgo que suelen presentar, además del hecho de haber tenido
que interrumpirse algunas consultas programadas, está incrementando el
número de casos que no alcanzan un control óptimo de la anticoagulación
que requieren".
En efecto, más de la mitad de los pacientes de nuestro país deben acudir
regularmente a los centros sanitarios a realizarse controles de su
tratamiento con antagonistas de la vitamina K, como es el caso del
conocido Sintrom. En la inmensa mayoría de los casos, el paciente debe
acudir a centros de especialidades o atención primaria para llevar a cabo
una evaluación constante, lo que de por sí aumenta la posibilidad de
contacto y riesgo de infección.
Como es sabido, existe una alternativa farmacológica a las terapias con
antagonistas de la vitamina K, los llamados Anticoagulantes de Acción
Directa o ACODs, que han demostrado unos niveles de riesgo-beneficio
favorables al paciente en diferentes condiciones clínicas en las que está
indicada la anticoagulación. Como ventaja adicional, no requieren una
monitorización constante para medir sus efectos, ni presentan las
múltiples interacciones con alimentos y fármacos de los anticoagulantes
clásicos.
De acuerdo con las competencias del Ministerio de Sanidad, los diferentes
ACODs fueron acreedores de decisiones positivas para su financiación por
el Sistema Nacional de Salud desde el año 2008, pero a partir de 2011 se
establecieron las llamadas "reservas singulares" de "las condiciones
específicas de prescripción, dispensación y financiación de los mismos en
el Sistema Nacional de Salud", que se concretan generalmente a través del
denominado "visado".
Durante las primeras semanas de epidemia por coronavirus en España, la
mayoría de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas adoptaron
decisiones concesión automática del visado para la prescripción de ACODs
a aquellos nuevos pacientes que requirieran tratamiento anticoagulante, y
durante el tiempo que durara el actual Estado de Alarma. La decisión que
se adoptó trataba de evitar que los pacientes tuvieran que acudir a
realizarse los controles de coagulación. Al mismo tiempo, suponía un
reconocimiento de la efectividad, conveniencia y seguridad de estos
tratamientos, a pesar de que siguen estando sometidos formalmente al
régimen de visado.
Igualmente, mediante Orden Ministerial SND/266/2020, de 19 de marzo, se
establecieron determinadas medidas para asegurar el acceso a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los
Regímenes Especiales de la Seguridad Social, entre las que se encontraba
excepcional transitoriamente la obligación de estampillar el sello de
visado de recetas de aquellos medicamentos sometidos, según la
legislación vigente, a reservas singulares consistentes en la imposición
del visado previo a su dispensación por oficinas de farmacia".
El problema del visado, sin embargo, no es de carácter coyuntural para
estos pacientes, solo durante el tiempo en el que se mantenga el Estado
de Alarma y la fase más crítica de respuesta sanitaria al coronavirus.
Al contrario, hay consenso entre las sociedades médicas y la
organizaciones de pacientes al efecto de considerar que el acceso a esta
terapias vienen siendo un problema recurrente en un área de alto impacto
para los españoles, puesto que se refiere a uno de los mayores problemas
de salud de nuestra población, el ictus. Cada año, unos 120.000 españoles
sufren un ictus, y de ellos aproximadamente un tercio queda con secuelas.
Estamos ante la segunda causa de mortalidad total en España, después del
infarto de miocardio, y la primera en mujeres, además de constituir uno
de los principales orígenes de discapacidad y pérdida de años libres de
ella. Causó 26.937 defunciones durante 2017, 15.382 de ellas en mujeres,
según las estadísticas publicadas del INE. El ictus isquémico supone
también la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte a nivel
mundial.
La decisión de suspender temporalmente el requerimiento del visado para
los anticoagulantes de acción directa ha sido oportuna y adecuada a la
situación de reordenación urgente de las prioridades sanitarias durante
la fase más crítica de atención sanitaria al COVID-19, y también una
decisión que ha protegido la salud de los pacientes al no exponerles a
riesgos de infección innecesarios.
Sin embargo, tal como está hoy planteada la decisión fáctica de exención
de visado por las CC.AA., es limitada en su persistencia temporal
-durante el tiempo del Estado de Alarma- y en el ámbito que afecta -solo
para nuevos pacientes, no para quienes recibían ya los tratamientos
precedentes.
Otro factor importante a tener en cuenta relativo al manejo de las
personas que están en tratamiento anticoagulante crónico es el de las
interacciones medicamentosas, puesto que ya se ha evidenciado que en
pacientes que reciben tratamiento anticoagulante oral hay un mayor riesgo
de aparición de estas interacciones con los fármacos que se están usando
para tratar el COVID-19.
Además, pocos pacientes en tratamiento con antagonistas de la vitamina K
pueden ser candidatos a espaciar sus controles, y un mal control del
nivel de anticoagulación puede poner al paciente en riesgo de ictus o
hemorragia.
Como es notorio, nuestro país va a enfrentar una larga lucha contra el
coronavirus, que no terminará cuando se supere la fase más crítica de la
respuesta sanitaria frente al COVID-19, y que deberá mantener un elevado
nivel de alerta tanto para la efectiva reducción de los casos que ahora
se registran, como especialmente para prevenir rebrotes y nuevas ondas
epidémicas.
Por ello, hay que demandar del Gobierno que actúe con la debida
prevención, y en atención a las necesidades y derechos esenciales de los
pacientes, entre los que se encuentran el acceso a las terapias más
convenientes y la evitación de riesgos innecesarios, tanto por
inadecuación terapéutica como por requerimientos innecesarios que sean
impuestos.
Desde esta perspectiva, se hace especialmente necesario que el Ministerio
de Sanidad actúe en el uso de sus competencias para facilitar el acceso a
las terapias anticoagulantes que resulten más convenientes para los
pacientes, sobre las que existe un máximo consenso profesional, que
vienen reclamándose por asociaciones científicas y de pacientes, y que
como han puesto de manifiesto las recientes decisiones de las CC.AA.,
permiten un manejo más adecuado de los controles de anticoagulación con
la consiguiente reducción de frecuentación innecesaria y de riesgo
potencial para el paciente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Suprimir el vigente sistema de reserva singular sobre las condiciones
específicas de prescripción, dispensación y financiación (visado) de los
anticoagulantes de acción directa (ACODs) en el Sistema Nacional de
Salud.
2. Adoptar las decisiones necesarias para garantizar el acceso a la más
adecuada opción farmacológica para los pacientes que actualmente reciben
tratamientos anticoagulantes, en atención a las específicas
circunstancias de sus patologías, a la seguridad farmacoterapéutica, a la
máxima prevención en los contactos, y a los requerimientos en relación
con la actual epidemia de coronavirus y la previsión de eventuales nuevas
ondas de contagios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Elvira Velasco
Morillo, José Ignacio Echániz Salgado y Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa al establecimiento de grupos de población para el
levantamiento gradual del confinamiento obligado por el coronavirus
(COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de abril de 2020 dio luz
verde al "Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad" que
contempla "los principales parámetros e instrumentos para la adaptación
del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas
garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19".
Según explicó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el propósito del
plan es "poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los
ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud".
Sánchez insistió en que la desescalada será llevada a la práctica de forma
"gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la
actividad y la movilidad".
Además, y de acuerdo con la nota de prensa emitida por La Moncloa, "la
desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada
provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa
zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en
cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de
su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación
epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en
comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio
público, y en los datos de movilidad y económicos".
Teniendo en cuenta que la aplicación del plan, según Sánchez, va a ser
"más peligrosa y más difícil" que el confinamiento, cabe plantear el
establecimiento de una clasificación de las personas por categorías según
su situación con respecto al contagio que permita incrementar la
seguridad de los ciudadanos y haga más sencillo tanto el levantamiento
gradual del confinamiento como el retorno a la normalidad mencionada.
Se trata de categorizar a las personas en cuatro grupos: personas de
riesgo, personas sanas, personas infectadas y personas inmunes.
El grupo crítico es el de las personas de riesgo porque es el que más
recursos sanitarios va a requerir y mayores riesgos tienen de fallecer.
Este grupo requiere una mayor separación del exterior, así como
protocolos estrictos para evitar el contagio en la medida de lo posible.
La dinámica con el resto de grupos consiste en manejar adecuadamente la
evolución del grupo de personas sanas al grupo de infectadas y, por
último, al de inmunes. Para ello, procede establecer zonas en las que
controlar a todas las personas sanas que den positivo en un test
diagnóstico y se les mantenga vigilados para monitorizar su estado de
salud, recurriendo únicamente a los servicios sanitarios cuando la
situación lo requiera.
De esta forma, además de ofrecer una protección de la salud acorde con las
necesidades de cada perfil, se hace posible que las personas sanas y las
inmunes pueden seguir trabajando, evitando el colapso del país tanto
desde el punto de vista laboral como desde la perspectiva económica.
Evidentemente, esta clasificación -y la implementación de las medidas que
requiere para ser llevada a la práctica-, hace necesaria la aplicación
generalizada y continuada de pruebas diagnósticas fiables y eficientes de
COVID-19 con las que poder determinar en qué grupo incluir a cada
ciudadano.
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta las competencias que la
declaración del estado de alarma atribuye de manera exclusiva al Gobierno
desde el pasado 14 de marzo, así como los más de 217.000 contagiados
(42.000 de ellos profesionales sanitarios) y más de 25.000 fallecidos
registrados de forma oficial en nuestro país,
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, desde la
realización generalizada de test y pruebas diagnósticas a todos los
ciudadanos, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, una
estratificación de la sociedad en grupos de personas de riesgo, sanas,
infectadas e inmunes para favorecer la seguridad y la protección de la
salud en el levantamiento progresivo del confinamiento obligado por el
coronavirus (COVID-19).
Además, y también en coordinación con las Comunidades Autónomas, el
Gobierno adaptará las medidas de protección de la salud a las necesidades
específicas de cada de grupo y las hará compatibles,
siempre desde la protección de la salud pública como prioridad, con
medidas que posibiliten la activación laboral y económica del país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José Ignacio
Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y Elvira Velasco
Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Reyes Romero Vilches y D.ª Rocío de Meer
Méndez, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autorización
para la realización por las empresas privadas de pruebas de diagnóstico
homologado de COVID-19, a sus trabajadores y/o residentes, utilizando sus
propios recursos económicos, para su discusión en la Comisión de Sanidad
y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Tras más de mes y medio desde la declaración del estado de alarma
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y cuando ya se
empieza a hablar de "desconfinamiento", sigue habiendo una gran escasez
de test fiables con los que diagnosticar el grado de afección al
coronavirus SARS-CoV-2 de gran parte de la población española. El afán
del Gobierno por centralizar y "nacionalizar" la gestión de estas pruebas
diagnósticas está resultando contraproducente ya que, por un lado, no se
facilitan medios técnicos para dichas pruebas médicas y, por otro, se
están produciendo compras ineficiente s y abusivas con dinero público
para el fin que se pretende.
En este contexto dramático, existen algunas empresas que tienen capacidad
de importación acreditada, o que están en contacto con universidades
españolas o centros de investigación acreditados, que podrían gestionar
la compra y ejecución de los referidos test diagnósticos del COVID-19 con
toda solvencia científica, aunque hasta ahora no han encontrado
autorización de la autoridad política para realizarlos. Un claro ejemplo
ha sido lo ocurrido con la empresa valenciana Pamesa Cerámica, que
realizó test rápido a toda su plantilla antes de reiniciar su actividad y
la Consejera de sanidad de la comunidad valenciana se lo recriminó
públicamente.
Pero la situación es especialmente problemática en relación con las
residencias privadas de personas mayores y de centros de atención a la
discapacidad. Ante la incapacidad de las autoridades de proporcionar test
fiables, algunos de estos centros acudieron a empresas privadas para
hacerles las pruebas a sus residentes. El Ministerio de Sanidad reaccionó
a dicha iniciativa aprobando la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por
la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema
Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 (publicada en el BOE de 14 de abril), por la que el Gobierno
intervenía (o habilitaba a las autonomías para intervenir) los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de
titularidad privada, estableciendo con carácter general que las pruebas
solo se podrán realizar bajo prescripción médica. Como consecuencia de
ese intervencionismo por parte del Estado, queda claro que cualquier
prueba que se realice por conducto oficial debe tener la autorización del
sistema público sanitario. Y aunque algunos laboratorios privados están
en condiciones de hacer las pruebas con todas las garantías científicas,
no se atreven a hacerlo por miedo a ser intervenidos y sancionados.
La situación real es que todas estas trabas burocráticas que impone la
Administración están costando muchas vidas, sobre todo en las residencias
de ancianos que es la población más castigada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a permitir que las
empresas privadas puedan gestionar, bajo su responsabilidad y con sus
propios recursos, la realización de test de diagnóstico
homologados para detección del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), a fin de
establecer su propio plan de autoprotección, en tanto no sea capaz la
Administración de facilitar los citados test de diagnóstico de forma
masiva para toda la población."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-María de los
Reyes Romero Vilches y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per
Catalunya Laura Borras i Castanyer, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
debate ante la Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley
Para incluir la podología en el Sistema Nacional de Salud.
Exposición de motivos
En la actualidad, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud no reconoce el derecho al diagnóstico y tratamiento de las
patologías de los pies por parte de los podólogos, siendo la única
alternativa para aquellos ciudadanos con recursos suficientes la atención
en el sector privado.
Las numerosas patologías del pie y la cantidad de usuarios de las
consultas podológicas constatan la necesidad de disponer de profesionales
de la podología en los centros de salud públicos. Esta medida proporciona
beneficios en una doble vertiente. Por un lado, contribuye a salvaguardar
el derecho a la salud de los ciudadanos y por el otro, supone un ahorro
económico para las arcas públicas al mejorar en eficiencia asignando
recursos según especialidades y necesidades específicas.
Se estima que más del 70 % de las dolencias en los pies podrían ser
tratadas por podólogos en los Centros de Atención Primaria (CAP) sin
necesidad de acudir a hospitales, liberándolos de la sobrecarga y
saturación que estos padecen. Asimismo, el 40 % de las lesiones en el pie
diabético podrían evitarse si se diagnosticaran y trataran de forma
precoz, en fase ambulatoria.
Según los últimos cálculos, más del 80 % de las personas de la tercera
edad precisan periódicamente de los cuidados de un podólogo. La
incorporación de la asistencia podológica en los centros de salud
permitiría reducir sensiblemente complicaciones médico-quirúrgicas como
amputaciones y gangrenas toda vez que disminuiría la atención
institucional en servicios sociales comportaría una mayor calidad de vida
y bienestar para nuestros mayores.
En otro orden de cosas, la creciente desatención de los cuidados de los
pies de personas diabéticas genera un exorbitante gasto a la sanidad
pública al dar lugar a amputaciones de miembros inferiores. La tasa de
mortalidad tras la amputación por pie diabético supera el 70 %,
porcentaje superior al de los cánceres más comunes. Los estudios
demuestran que la prevención contribuye a reducir las amputaciones en un
85 %.
Esta prevención debería implementarse desde la infancia, para poder
detectar afectaciones y dolencias en una etapa vital temprana que permita
corregirlas de raíz y evitar que desemboquen con el paso de los años en
problemas de salud de mayor gravedad y calado.
Existe un amplio consenso social en la reclamación de la cobertura
podológica en la oferta asistencia pública, máxime con el incremento de
la esperanza de vida y la consecuente multiplicación de estas dolencias
en la sociedad en los próximos años.
En definitiva, los podólogos son agentes sanitarios imprescindibles para
prevenir, diagnosticar y tratar las diversas afecciones de los pies.
Por todo ello los Diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar los servicios
podológicos, incluyendo especialmente y en un breve plazo, la
podología en atención primaria y especializada y el cuidado del pie
geriátrico, del pie infantil y del pie diabético."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Laura Borras
Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
preservación y el análisis de muestras biológicas de posibles casos de
coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
El 5 de mayo de 2020 trascendió públicamente una comunicación realizada
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la que se insta a
todos los países a que conserven y analicen las muestras biológicas
tomadas a pacientes diagnosticados y/o tratados por neumonías sospechosas
de ser causadas por coronavirus (COVID-19) desde los últimos meses de
2019.
De acuerdo con las declaraciones realizadas el mismo 5 de mayo por
Christian Lindmeier, portavoz de la propia OMS, "sería de gran
importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía en
el mes de diciembre del año pasado, o incluso de noviembre, realicen test
diagnósticos de coronavirus sobre las muestras de esos casos".
De hecho, "algunos países ya lo están haciendo", comentó Lindmeier, una
iniciativa que a su parecer puede "aportar una visión más clara" de la
pandemia y resultar esencial "para entender mejor el potencial de
contagio de la COVID-19".
Uno de los países a los que se refiere Lindmeier es Francia. Es más, la
OMS ha realizado la solicitud descrita a partir de un artículo publicado
en la revista científica "lnternational Journal of Antimicrobial Agents",
según el cual el Hospital Avicenne de Bobigny -localidad situada en la
periferia de París, en Francia- ha obtenido un resultado positivo de
COVID-19 en una prueba PCR realizada con muestras de un paciente afectado
por neumonía de acuerdo con el diagnóstico validado el 27 de diciembre
del año pasado, es decir, días antes de que se notificaran los primeros
casos en China.
Según Lindmeier, que también hizo referencia a situaciones similares en
Estados Unidos en sus declaraciones -aunque sin ofrecer detalles al
respecto-, "no sería raro que el coronavirus estuviera ya fuera del país
asiático en fechas tan tempranas, dado que los primeros casos se remontan
a principios de diciembre y entra dentro de lo posible que algunos de los
infectados viajaran desde Wuhan a otros países".
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que todavía está sin ejecutar
el 25 % del presupuesto de 24 millones de euros con el que se dotó al
"Fondo COVID-19" para financiar proyectos de investigación destinados a
mejorar la diagnosis y el seguimiento epidemiológico del virus,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que
resulten necesarias para, desde la solicitud planteada por la
Organización Mundial de la Salud y la coordinación con las Comunidades
Autónomas, garantizar la conservación adecuada de las muestras biológicas
tomadas a pacientes diagnosticados y/o tratados por neumonías sospechosas
de ser causadas por coronavirus (COVID-19) desde los últimos meses de
2019.
Las muestras referidas serán preservadas con el objetivo de hacer posibles
los análisis y las pruebas que resulten pertinentes para mejorar el
conocimiento existente sobre la detección, el diagnóstico y la vigilancia
epidemiológica del virus."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-José Ignacio
Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y Elvira Velasco
Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste y D. José María
Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta
y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concreción y,
en su caso, regulación normativa de los procedimientos para la
realización de nebulizaciones, termo-nebulizaciones y
micronebulizaciones, para su discusión en Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El 17 de abril de 2020, el "Boletín Oficial del Estado" (BOE) publicó,
dentro del apartado correspondiente al Ministerio de Sanidad, la Orden
SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ
de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar
biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de
desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
El título de esta norma pasaría inadvertido en una primera lectura, pues
de todos es sabido que, desde el inicio de la emergencia de salud pública
causada por la pandemia COVID-19, las Fuerzas Armadas (principalmente la
Unidad Militar de Emergencia -la UME-), realizan labores de desinfección.
Sin embargo, de una atenta lectura de la citada Orden se desprende la
posibilidad, no contemplada hasta ahora, de autorizar a las Unidades NBQ
de las Fuerzas Armadas (de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y
Química), así como a la UME, dentro de las actuaciones generales de
desinfección de espacios públicos y privados, a utilizar biocidas del
grupo principal 1, descritos en el artículo 1.1 del Real Decreto
830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora
de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, que están
autorizados y relacionados por el Ministerio de Sanidad como eficaces
para la lucha contra el COVID-19. De la misma manera, se autoriza a estas
unidades a la utilización de procedimientos de desinfección aérea, a
través de las técnicas de nebulización, termonebulización y
micronebulización para la ejecución de las referidas labores de
desinfección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas
oportunas:
1. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de los
procedimientos para la realización de nebulizaciones,
termo-nebulizaciones y micronebulizaciones.
2. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de los agentes
que van a realizar tales labores, así como de a qué Ministerios está
previsto encomendar la realización de nebulizaciones.
3. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de la
realización de nebulizaciones mediante aviones o drones.
4. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, de bajo qué
circunstancias, en qué territorios y a qué intensidad se van a efectuar
nebulizaciones aéreas.
5. Para la concreción y regulación normativa, en su caso, del listado de
productos, materias primas o gases que se van a emplear en las
nebulizaciones, en tierra o por medios aéreos, así como si los mismos
aparecen en las listas de productos desinfectantes del Ministerio de
Sanidad o en el de los más
importantes organismos encargados de proteger la salud a nivel
internacional, como la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense
(EPA)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-José María
Figaredo Álvarez-Sala y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
identidad de los expertos del Ministerio de Sanidad que analizan las
solicitudes de las Comunidades Autónomas para pasar de fase en la
desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19), para su debate en
la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Don Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias del Ministerio de Sanidad, explicó en rueda de prensa el 6 de
mayo de 2020 que, aunque la decisión final está en manos del ministro
Salvador Illa, es un grupo de expertos del propio Ministerio de Sanidad
el encargado de evaluar la documentación remitida y las solicitudes
realizadas por las Comunidades Autónomas para pasar de fase en la
desescalada de la pandemia de coronavirus (COVID-19).
No obstante, y a pesar de la importancia da la decisión y de las preguntas
de los periodistas al respecto, Simón se negó a precisar los nombres y
las trayectorias de los referidos expertos argumentando que "las
presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre en todo
este proceso por parte de la sociedad en general y de los medios de
comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar
con la suficiente libertad".
Simón añadió además que "lo mejor es que (los expertos) hagan su trabajo
correctamente y de la forma más independiente posible", planteando que
"si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno".
Más allá de lo que se le permitiese a Simón durante la rueda de prensa del
pasado 6 de mayo, la realidad es que la normativa vigente en nuestro país
obliga al Gobierno a dar a conocer la identidad de los expertos
seleccionados por el Ministerio para evaluar las propuestas de las
Comunidades Autónomas. Es el caso de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, y de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno.
En el primer supuesto, la Ley General de Salud Pública establece en su
artículo 11 -Colaboración en salud pública e imparcialidad en las
actuaciones sanitarias- que "las Administraciones sanitarias exigirán
transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y
profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las
actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación,
así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con
las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de
acuerdo".
A estos efectos, "será pública la composición de los comités o grupos que
evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los
procedimientos de selección, la declaración de intereses de los
intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo
las limitaciones previstas por la normativa vigente" y "se desarrollarán
reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de
intereses por parte de los expertos y representantes de las
organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o
grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública".
En el segundo caso, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno establece en su artículo 14 -Límites al derecho
de acceso- que "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a
la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la
defensa, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales
[...]. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su
objeto de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso".
Además, dispone en su artículo 15 -Protección de datos personales- que "la
información solicitada contuviera datos personales que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso
únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el
consentimiento expreso y por escrito del afectado".
Por todo ello, con arreglo a lo planteado en la normativa mencionada y
teniendo en cuenta la trascendencia y el impacto que tendrá la decisión
que tomen los expertos del Ministerio de Sanidad en la vida personal y
profesional de todos los españoles,
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la legalidad
vigente y dar a conocer cuanto antes la identidad de los expertos del
Ministerio de Sanidad que evalúan las solicitudes de las Comunidades
Autónomas para pasar de fase en la desescalada de la pandemia de
coronavirus (COVID-19) y que asesoran al ministro de Sanidad para que
tome la decisión final sobre las propuestas que valida y las que
desestima."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Concepción
Gamarra Ruíz-Clavijo, José Ignacio Echániz Salgado y Elvira Velasco
Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
vacunación frente a la enfermedad neumocócica durante la crisis generada
por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con la información facilitada tanto por instituciones
internacionales -caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades- como
nacionales -el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III,
entre otras-, la enfermedad neumocócica invasora es considerada como una
infección grave causada por la bacteria "Streptococcus pneumoniae".
El comúnmente conocido como neumococo puede producir un amplio espectro de
manifestaciones clínicas que oscilan desde procesos comunes del tracto
respiratorio superior como otitis media y sinusitis, hasta cuadros más
graves de enfermedad invasora como sepsis, meningitis, neumonía
bacteriemica, artritis, osteomielitis, celulitis y endocarditis.
Más allá del número de serotipos confirmados como principales agentes
causantes de la enfermedad neumocócica invasora en todo el mundo -las
instituciones antes referidas cuantifican 23-, cabe destacar que las
personas inmunodeficientes, con asplenia o con disfunción del bazo,
diabetes y asma son las que presentan un mayor riesgo de caer enfermas.
En el mismo sentido, hábitos nocivos para la salud como el tabaquismo o la
ingesta excesiva de bebidas alcohólicas también incrementan el riesgo de
sufrir enfermedad neumocócica invasora.
Con todo, los niños menores de cinco años y las personas con edades
avanzadas -de 65 años en adelante- son considerados como los grupos
poblacionales que mayores tasas de mortalidad muestran por neumococo.
Por otra parte, la enfermedad neumocócica invasora es una patología
considerada de declaración obligatoria a la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica -Centro nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III- en España desde el año 2014.
Según los últimos datos consolidados de la propia Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica -publicados en diciembre de 2019-, la
enfermedad neumocócica invasora afectó a 3.773 personas y registró una
tasa de 8,06 por cada 100.000 habitantes en nuestro país en 2018.
De acuerdo con el ISCIII, para prevenir la enfermedad se dispone
principalmente de dos tipos de vacunas. La primera es una vacuna
polisacárida enfocada frente a 23 serotipos (VNP23). La segunda es una
vacuna conjugada frente a 13 serotipos (VNC13).
Desde la perspectiva de la población infantil, y tal y como se plantea en
el documento "Vacunación en población adulta. Ponencia de Programa y
Registro de Vacunaciones" que el Ministerio de Sanidad validó en
septiembre de 2018, la vacunación sistemática con VNC13 se introdujo en
España en la edad pediátrica en 2015 -en el conjunto de las Comunidades
Autónomas en 2016-, aunque se ha estado administrando vacuna conjugada
por prescripción privada desde su comercialización en el año 2001.
En cuanto a las personas mayores, dicho documento recomienda la vacunación
manteniendo preferentemente la estrategia consistente en la vacunación
sistemática a partir de los 65 años de edad con VNP2348 que se acordó en
el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 2004.
En consecuencia, en la actualidad, y teniendo en cuenta el calendario
común de vacunación infantil aprobado por el referido Consejo
lnterterritorial en marzo de 2013, así como del calendario común de
vacunación a lo largo de toda la vida validado por el propio Consejo
lnterterritorial en septiembre de 2019, en nuestro país se ofrece la
vacuna infantil de neumococo a los dos meses, a los cuatro meses y a los
11 meses, y la vacunación de las personas mayores a partir de los 65 años
de edad.
El documento "Vacunación frente a neumococo en grupos de riesgo" que el
Ministerio de Sanidad hizo público en mayo de 2015 estima que,
dependiendo de los grupos de población en los que se recomiende la
vacunación, tendrían que ser vacunadas entre 5 y 12 millones de personas
en España.
Con estas cifras como contexto y en la realidad presente, marcada desde
hace semanas por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus
(COVID-19) -especialmente agresivo con las personas de edad avanzada,
inmunodeprimidas, con hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares,
cáncer... y causante en nuestro país según los datos oficiales de casi
26.000 fallecimientos de más de 220.000 contagios confirmados-, cabe
extremar la aplicación de todas las medidas de prevención disponibles
-como la vacunación- para preservar el bienestar y evitar complicaciones
en la salud de los ciudadanos.
En este sentido, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
expusieron el pasado 21 de abril de 2020 mediante un comunicado conjunto
la relevancia del papel fundamental que desempeña la inmunización en la
prevención de las enfermedades y la preservación de la salud y la vida.
También el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos destacó
el pasado 20 de abril, en el contexto de la "Semana Europa para la
promoción de la Vacunación", la importancia de vacunarse como medida más
eficiente en la protección frente a las enfermedades infecciosas.
Incluso algunas administraciones autonómicas como la Junta de Andalucía
han establecido medidas en este sentido en las últimas semanas, como las
aprobadas en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 23 de abril para
que, a pesar de las limitaciones derivadas de la pandemia por COVID-19,
se mantengan operativas las vacunaciones de carácter prioritario.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar cuantas
medidas sean necesarias para que, desde la protección de la salud pública
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), así como desde la
total coordinación con las Comunidades Autónomas en el Consejo
lnterterritorial y en cooperación con las sociedades científicas, se
garantice el pleno cumplimiento de las pautas de vacunación vigentes en
el Sistema Nacional de Salud -dosis, edades, grupos de riesgo- frente a
la enfermedad neumocócica.
De igual forma, se insta al Gobierno a que desarrolle, también desde la
coordinación con las Comunidades Autónomas y la cooperación con las
sociedades científicas, la actualización de los
protocolos como consecuencia del COVID-19, estableciendo un sistema de
indicadores con el que realizar un seguimiento efectivo del nivel de
vacunación en todo el territorio nacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2020.-Ana María Pastor
Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruíz-Clavijo y
Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Pedro Fernández
Hernández, D. Julio Utrilla Cano, D. Francisco José Contreras Peláez y D.
Manuel Mestre Barea, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
para la creación de un calendario específico de finalización de las
clases universitarias tras el confinamiento derivado de la crisis
sanitaria del COVID-19, para su debate ante la Comisión de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. España vive uno de los momentos más duros de su historia reciente
debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), que está afectando de
forma especial a nuestro país tanto a nivel económico como sanitario. En
España, a 5 de mayo de 2020, el COVID-19 ha causado la muerte a más de
25.000 personas y ha contagiado a más de 219.000.
Ante tales efectos, el Gobierno de España declaró el estado de alarma el
pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, que traía como
consecuencias las restricciones a la movilidad y la parálisis de sectores
claves para la economía española. Dicha parálisis ha provocado un impacto
económico severo, especialmente para ciudadanos, pymes y autónomos en
situación de especial vulnerabilidad.
Segundo. El pasado martes 17 de marzo, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Universidades, la Conferencia de Rectores y las diferentes
Comunidades Autónomas acordaron aplazar la prueba de acceso a la
universidad cuya realización, antes de la crisis originada por el
coronavirus, debía celebrarse antes del 19 de junio.
Se trata de una medida sin precedentes, forzada por la expansión de los
contagios de COVID-19, que obligó a la cancelación de las clases para
todos los ciclos formativos. En España hay 217.000 estudiantes que se
encuentran actualmente en 2.º de bachillerato y pendientes de realizar la
prueba de acceso a la universidad.
Tercero. El pasado 25 de marzo, se celebró por videoconferencia la
Conferencia Sectorial de Educación, entre el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, junto con sus
homólogos de las Comunidades Autónomas. En esta reunión se acordó un
nuevo plazo para la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad
(EBAU), entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria,
y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria.
Hasta la fecha 1.102.700 alumnos estudiaban un grado universitario de
forma presencial y apenas 191.000 a distancia. Además, existe la
posibilidad de que los alumnos que estudiaban el grado de forma
presencial no tengan la posibilidad de acudir de nuevo a clases a lo
largo de este curso. Ante este hecho, cada universidad se ha preparado
individualmente adoptando medidas y criterios a decisión de los propios
rectores que, a su vez, han instado a sus facultades y plantillas a
reforzar las clases y exámenes online, además de recomendar la
preparación de estas para intentar dar normalidad a la situación en la
que nos encontrarnos.
El Ministerio de Universidades ha declarado que las decisiones sobre la
adaptación de la enseñanza corresponden a las propias universidades en el
ejercicio de su autonomía (recogida en la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y en colaboración con las
Comunidades Autónomas.
Cuarto. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
reconoce la autonomía de las universidades públicas y privadas españolas.
En concreto en su artículo 2 desarrolla el principio de Autonomía
universitaria, señalando expresamente lo siguiente:
"1. Las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan
sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas
ellas.
Las Universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia, adoptando
alguna de las formas admitidas en Derecho.
Su objeto social exclusivo será la educación superior mediante la
realización de las funciones a las que se refiere el apartado 2 del
artículo 1.
2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades
comprende:
a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades
privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así
como de las demás normas de régimen interno.
b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de
gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la
investigación y de la docencia.
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de
enseñanzas específicas deformación a lo largo de toda la vida.
e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador
y de administración y servicios, así como la determinación de las
condiciones en que han de desarrollar sus actividades.
f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de
los estudiantes.
g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.
h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la
administración de sus bienes.
i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de
trabajo.
j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción
y desarrollo de sus fines institucionales.
k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de
las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1.
3. La actividad de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan
en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
4. La autonomía universitaria exige y hace posible que docentes,
investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas
responsabilidades, en orden a la satisfacción de las necesidades
educativas, científicas y profesionales de la sociedad, así como que las
Universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la
sociedad.
5. Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Conferencia General de
Política Universitaria, corresponde a cada Comunidad Autónoma las tareas
de coordinación de las Universidades de su competencia."
Todos estos puntos de la autonomía universitaria estarán coordinados por
el Consejo de Gobierno, órgano de gobierno de la Universidad que, tal y
como se indica en el artículo 15 de la citada Ley, "establece las líneas
estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices
y procedimientos para su aplicación". El Consejo de Gobierno estará
constituido por el Rector (que a su vez lo presidirá), el Secretario
General y el Gerente, así como por un máximo de 50 miembros que
representarán a los agentes sociales implicados en la actividad
universitaria.
Por otro lado, el Consejo de Coordinación Universitaria será el máximo
órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario, y se
configura como foro de encuentro y debate entre las tres Administraciones
que convergen en el sistema universitario: Estatal, Autonómica y
Universitaria.
Sin embargo, como señala la Disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 6/2001, las competencias atribuidas por esta Ley al Consejo de
Coordinación Universitaria serán ejercidas por el actual Consejo de
Universidades en tanto no se constituya aquel.
El Consejo de Universidades, según el artículo 28 de la Ley Orgánica
6/2001, es el órgano de coordinación académica, así como de cooperación,
consulta y propuesta en materia universitaria, que desarrolla sus
funciones con plena autonomía funcional. Entre otras, este consejo tiene
las funciones de formular propuestas al Gobierno en materias relativas al
sistema universitario, así como servir de cauce para la colaboración, la
cooperación y la coordinación en el ámbito académico. El Consejo de
Universidades esta presidido por el titular del Ministerio competente y
formado por los Rectores de las Universidades, así como cinco miembros
designados por el presidente del Consejo.
Además, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, introdujo un nuevo órgano
de coordinación, cooperación y colaboración universitaria, la Conferencia
General de Política Universitaria. Dicho órgano, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a los órganos de coordinación universitaria de las
Comunidades Autónomas, tiene por finalidad asegurar la necesaria
coherencia, coordinación y colaboración entre la Administración General
del Estado y la de las Comunidades Autónomas en materia de política
universitaria.
La Conferencia desempeña, entre otras, las siguientes funciones:
a) Establecer y valorar las líneas generales de política universitaria, su
articulación en el espacio europeo de educación superior y su
interrelación con las políticas de investigación científica y
tecnológica.
b) Planificación, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación
general y plurianual de la enseñanza universitaria, que comprende los
recursos humanos, materiales y financieros precisos para la prestación
del servicio público universitario.
c) Aprobar los criterios de coordinación sobre las actividades de
evaluación, certificación y acreditación.
d) Proponer la elaboración de informes sobre la situación de la seguridad
y salud en las universidades españolas y establecer políticas encaminadas
a la promoción de la calidad de vida en los campus universitarios.
e) Establecimiento de los límites de los precios públicos aplicables a los
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, que habrán de estar relacionados
con los costes de prestación del servicio
Dado que la coordinación en el ámbito que indica en el artículo 2 de la
Ley 6/2001 no se está cumpliendo, y que es deber del Estado central a
través del Ministerio de Universidades asegurar la equidad en los
criterios, desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que todos los
distintos niveles competenciales sobre la materia deben poner en común
las deficiencias del sistema, debido a la crisis del coronavirus, para
así lograr entre todos un objetivo común: mejorar la calidad
universitaria.
Quinto. El Sr. Ministro de Universidades, don Manuel Castells Oliván,
durante la crisis del coronavirus que se está viviendo en España en las
últimas semanas, ha estado ausente de los medios de comunicación en
relación con el cierre de universidades, así como en la forma en la que
van a continuar las clases y la conclusión de los diferentes cursos.
Desde el Grupo Parlamentario VOX entendemos que ante la gravísima crisis
que estamos viviendo, y teniendo en cuenta las nefastas consecuencias que
está suponiendo este hecho para el curso universitario, el Sr. Castells
Oliván debería haber dado las explicaciones necesarias y haberse tomado
este hecho en serio, asumiendo el control de la situación y tomando las
decisiones pertinentes.
Sexto. Otro de los problemas recurrentes a lo largo de este periodo, se
produce en aquellas carreras universitarias que requieren una evaluación
práctica. Este es el caso de Ciencias del Deporte, cuyos alumnos deben
exponer sus conocimientos y habilidades de manera eminentemente práctica,
sin posibilidad de mostrarlos teóricamente.
En grados como Veterinaria o Química y, en general, en toda la rama de
Ciencias de la Salud el problema se ve agudizado, puesto que los alumnos
deben mostrar una serie de destrezas, que difícilmente podrán realizar de
manera "online". La mayoría de los laboratorios de las universidades
españolas se encuentran cerrados desde el inicio del estado de alarma y,
con ello, el trabajo de muchos investigadores y estudiantes, los cuales
han visto como sus Trabajos de Fin de Grado y Máster se han visto
paralizados e, incluso, finalizados sin obtener las conclusiones de las
que eran objeto.
Séptimo. Las tasas universitarias es el precio a que el alumno debe hacer
frente para cursar sus estudios universitarios oficiales. El precio medio
obtenido de una matrícula universitaria en la universidad pública
española es de 1.100 euros actualmente. Los precios son determinados en
función del número de créditos que ostenta una asignatura.
Dichas tasas aumentan de manera exponencial por cada año que el alumno se
matricula de una misma asignatura, penalizando, en este caso, al alumno
que no aprueba.
El derecho que obtiene el alumno por matricularse de una asignatura es la
realización de dos convocatorias de exámenes: ordinaria y extraordinaria.
Desde el Grupo Parlamentario VOX, entendemos que no sería equitativo el
cobro de la totalidad de la matrícula en el caso de que un alumno no
pueda, por causa de fuerza mayor, acceder a una de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, a través del Ministerio de Universidades y dentro del marco
de sus competencias, la creación de un nuevo calendario universitario,
tanto para las universidades públicas como privadas, atendiendo al
impacto del COVID-19 en la enseñanza universitaria.
2. Promover, en caso de que el estado de alarma se alargarse, la
unificación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Dicha
convocatoria extraordinaria no debe tenerse en cuenta para el cómputo del
límite de las mismas reguladas por las propias universidades.
En caso de que no pueda darse la convocatoria extraordinaria y, por lo
tanto, se esté privando al alumno de una oportunidad a la que tiene
derecho con el pago de su matrícula, este podrá matricularse en el curso
siguiente de la materia correspondiente sin tener que pagar un recargo
por la misma. De igual manera, el alumno tendrá derecho a que, en caso de
no haber dispuesto de convocatoria extraordinaria, se le compense en el
pago de la misma, ya sea en este curso o en posteriores.
3. Promover la creación de un protocolo de actuación que incluya los
procesos y métodos de evaluación para aquellos grados y postgrados cuyas
asignaturas sean eminentemente prácticas. No debe existir una brecha
entre alumnos del mismo grado en diferentes universidades y evitar así
que se vaya a dos velocidades de respuesta."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Mireia Borrás
Pabón, Pedro Fernández Hernández, Julio Utrilla Cano, Francisco José
Contreras Peláez y Manuel Mestre Barea, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre una Respuesta Global de
Preparación ante Desastres y Emergencias como la COVID-19, para su debate
en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 se ha extendido ya por todos los rincones del
mundo. Pese a que España es, desafortunadamente, uno de los países más
afectados por la enfermedad, es especialmente preocupante la incidencia
que la pandemia puede tener en países con sistemas sanitarios menos
preparados para este reto, así como en territorios en los que el acceso a
agua y saneamiento es más escaso. Si esta emergencia sanitaria está
demostrando algo es que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos de
prevención y respuesta ante crisis a nivel internacional, puesto que las
enfermedades no conocen fronteras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Control y
Prevención de Enfermedades (ECDC) ya alertaron en enero de 2020 del
peligro que podían suponer algunos casos de neumonía provocados por
coronavirus en China. Finalmente, y pese a estas advertencias, la
enfermedad se expandió a otros continentes, haciendo que la OMS declarara
la COVID-19 como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Es precisamente
esta dimensión global lo que hace necesario un enfoque multilateral y
basado en la cooperación internacional para poder hacer frente a futuras
crisis y emergencias.
El 18 de marzo de 2015 se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este marco
establece siete objetivos y cuatro prioridades de acción para prevenir
nuevos riesgos y reducir los ya existentes: (1) Comprender mejor los
riesgos por desastres; (2) Reforzar la gobernanza de riesgos por
desastres para gestionar mejor esos riesgos; (3) Invertir en reducción de
riesgos y resiliencia; y (4) Mejorar la preparación para una respuesta
más adecuada ante desastres y abrazar el principio de "Reconstruir Mejor"
en las tareas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. El Marco
de Sendai 2015-2030 se ideó principalmente para lidiar con desastres
naturales como los terremotos, las riadas y otros fenómenos relacionados
con el clima, evitando así los costes que producen tanto en vidas como en
daños a personas, bienes, a la economía o a la salud pública.
Sin embargo, el Marco de Sendai también es aplicable a desastres como la
actual pandemia de COVID-19. Nociones como el seguimiento de potenciales
riesgos, la preparación para hacerles frente y la necesidad de
reconstruir mejor deben guiar también tanto nuestra respuesta tanto a
esta emergencia como la capacidad que tengamos de desarrollar una mejor
resiliencia ante posibles desastres futuros. Además, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) también cuenta con un Marco de Gestión de
Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM), que se ideó en 2018
para complementar el Marco de Sendai. Este Marco complementario se basa
en la necesidad de: (1) Plantear políticas, estrategias y legislación;
(2) Planificar y coordinar; (3) Recursos humanos; (4) Recursos
financieros; (5) Información y gestión del conocimiento; (6) Comunicación
del riesgo; (7) Infraestructuras sanitarias y logística; (8) Servicios
sanitarios y relacionados; (9) Participación de las comunidades locales;
y (10) Seguimiento y evaluación. En definitiva, el multilateralismo es la
oportunidad de que los errores que se hayan podido cometer en esta
pandemia no vuelvan a repetirse.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo insta al
Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre cómo aplicará los principios del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y del Marco de
Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias (EDRM) de las
Naciones Unidas a los esfuerzos de la cooperación española.
2. Impulsar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los
diferentes Estados miembros de la organización realicen un ejercicio de
evaluación sobre la aplicación del Marco de Sendai y del EDRM en sus
respectivos esfuerzos de reconstrucción y recuperación.
3. Establecer la financiación necesaria en el marco de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) y de la ayuda humanitaria para que las actividades que
desempeña la cooperación española contribuya de forma adecuada a que los
países en los que actuamos puedan cumplir con los objetivos del Marco de
Sendai y el ERDM, con líneas de financiación específicas para este
cometido y siempre en línea con los principios de estabilidad
presupuestaria.
4. Elevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de
establecer un Comité de Preparación ante Crisis para mejorar la capacidad
de los Estados miembros de las Naciones Unidas de responder a crisis
internacionales como pandemias y otras emergencias y desastres, de forma
similar al Comité Antiterrorista creado tras el 11-S.
5. Defender la creación de un grupo de expertos en el seno de las Naciones
Unidas para asistir al Comité de Preparación ante Crisis, que se encargue
de evaluar el nivel de resiliencia y preparación de los diferentes
Estados miembros ante posibles desastres y que pueda emitir
recomendaciones para subsanar potenciales fallos de preparación de
acuerdo a lo aprobado en el Marco de Sendai y el ERDM.
6. Proponer, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la
necesidad de establecer acuerdos de cooperación con otras organizaciones
regionales como la OSCE, la ASEAN, la Unión Africana o la Organización de
Estados Americanos para coordinar respuestas comunes a posibles desastres
y crisis de diferente índole, así como para trabajar de forma conjunta en
la aplicación del Marco de Sendai y el ERDM en los Estados miembros que
las componen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Sara Giménez
Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley sobre la ayuda para combatir la pandemia de COVID-19
en África.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo
caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Ayuda
para Combatir la Pandemia de COVID-19 en África, para su debate en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha demostrado ser un grave riesgo para la salud
pública a nivel mundial. Su incidencia en los países europeos ha
demostrado que la letalidad de esta enfermedad no depende del nivel de
desarrollo del que goce una sociedad, sino que su peligrosidad radica en
la facilidad de contagio del virus SARS-CoV-2. Por ello, es
extremadamente importante difundir la necesidad de tomar medidas de
higiene por parte de toda la población, como el lavado de manos con jabón
o geles hidralcohólicos o el uso de mascarillas para evitar potenciales
contagios por parte de sujetos asintomáticos.
Precisamente por este motivo preocupa tanto la extensión de la pandemia de
COVID-19 por el continente africano, especialmente por África. Según un
informe realizado por la agencia de cooperación internacional alemana GIZ
para la OCDE, solo el 56 % de los habitantes de las ciudades en el África
Subsahariana tienen acceso a agua corriente, y solo 11 % de ellos tienen
instalaciones de aguas residuales. Es más, esta región es el lugar del
mundo donde hay una mayor parte de su población sin acceso a agua y
saneamiento, incluso en las principales economías del continente. Por
ejemplo, en Nigeria se estima que en torno a un 70 % de los ciudadanos
sigue sin tener acceso a agua y saneamiento; mientras que en Sudáfrica en
torno a una quinta parte de los hogares tienen cortes de agua que duran
más de dos días, con algunas regiones del país triplicando esa cifra.
Según datos de la ONG especializada "The Last Well" y de las Naciones
Unidas, más de 320 millones de personas no tienen acceso a agua potable y
el 40 % de toda la población mundial que no tiene acceso a agua limpia
vive en África Subsahariana. Por su parte, UNICEF ha alertado de que el
50 % de los niños de las escuelas de 8 de los principales países del
Norte de África y Oriente Medio no tienen acceso a instalaciones que
cumplan los estándares mínimos de provisión de agua y saneamiento.
Por el momento, África ha reportado muchos menos casos que otros
continentes, lo que puede deberse tanto a una menor incidencia del virus
como a una menor capacidad de detectar positivos, acumular datos y
comunicarlos por parte de las instituciones nacionales de los países
africanos. Sin duda,
la combinación de falta de acceso a agua y saneamiento, falta de
suministro de equipamiento sanitario básico, bajo nivel de cobertura
sanitaria y gran proporción de población inmunodeprimida debido a la
incidencia del VIH/SIDA puede suponer un grave riesgo para África a la
hora de hacer frente a la pandemia de COVID-19. Según un informe
publicado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
(ECA) el 17 de abril de 2020, la COVID-19 podría acabar con la vida de al
menos 300.000 personas en África, empujando además a unos 27 millones de
personas a la pobreza extrema debido a la contracción de los niveles de
crecimiento de las economías del continente.
A fecha de redacción de este texto, los casos confirmados de COVID-19 en
África han superado los 23.000, con Marruecos, Argelia, Egipto y
Sudáfrica como los principales países que reportan casos de positivos.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a las Cortes Generales un Plan de Acción para ofrecer la
asistencia adecuada a los países africanos para contener y combatir la
pandemia de COVID-19, con objetivos concretos y medibles y que cuente con
una memoria presupuestaria donde se detallen los recursos que pretenden
movilizarse, así como sus fuentes, y las sinergias con el V Plan Director
de la Cooperación Española 2018-2021;
a) Dicho Plan de Acción deberá contar con acciones en el plano sanitario,
con especial atención a la provisión de equipamiento de protección para
profesionales sanitarios, así como de medidas especiales para evitar la
sobreexposición de las personas inmunodeprimidas al contagio de la
COVID-19.
b) Dicho Plan de Acción deberá contar con medidas específicas destinadas a
mejorar el acceso a agua y saneamiento, fomentando el lavado de manos
como medida de prevención de la enfermedad, especialmente entre la
población infantil y juvenil.
2. Garantizar la seguridad y el acceso a atención sanitaria adecuada para
los cooperantes españoles que se encuentren en África, así como de
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todo el personal con
nacionalidad española desplegado en este continente con la misión de
contribuir a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible de
la población africana.
3. Fomentar la cooperación público-privada con las empresas españolas con
presencia en el continente africano para diseñar e implementar proyectos
de contención y tratamiento de la COVID-19 de la forma más
coste-eficiente posible, explorando sinergias entre los intereses del
sector privado y los esfuerzos globales de las Naciones Unidas para hacer
frente a la COVID-19;
4. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea una estrategia común
y coordinada de cooperación y ayuda humanitaria entre los Estados
miembros para asegurar una asignación de recursos eficiente y efectiva
para la contención de la pandemia de COVID-19 en África;
5. Elevar, en el seno de las Naciones Unidas, la necesidad de que los
diferentes Estados miembros de la organización apoyen con recursos
económicos adecuados los esfuerzos de la conferencia mundial de captación
de fondos impulsada por la Comisión Europea en mayo de 2020 para la lucha
contra la COVID-19 a nivel global, con especial atención a la situación
en África."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Sara Giménez
Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la
corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial, para su debate en
la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra
la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
El pasado 22 de abril se dio a conocer la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid que condena a doña Isabel Serra a diecinueve meses
de cárcel ya una multa de más de 2.000 euros por los delitos de atentado
a la autoridad, lesiones y daños. La señora Serra es actualmente la
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Los hechos por los que fue condenada se remontan a 2014. La Sentencia
establece como hechos probados que, una vez materializado un desahucio,
la Sra. Serra y otros impidieron a un grupo de policías que se marchase
del lugar. Se dirigieron de manera violenta contra ellos, insultándoles y
lanzándoles objetos (entre ellos, piedras). La señora Serra se dirigió a
dos policías municipales diciéndole, a la primera "eres cocainómana, mala
madre, hija de puta" y a la segunda "puta, zorra, que te follas a todos
los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y
pegarte un tiro". También participó activamente en los empujones
propinados al grupo de policías municipales y en el lanzamiento de
objetos contundentes. El episodio tuvo como resultado dos agentes
lesionados y dos vehículos policiales dañados.
Nada más conocerse la Sentencia, varios miembros del Gobierno de España
-todos ellos de Unidas Podemos- cargaron duramente contra ella y contra
los jueces que la habían dictado. El Vicepresidente Segundo, don Pablo
Iglesias, afirmó lo siguiente: "En España mucha gente siente que
corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y
contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio
vergonzoso." La ministra de Igualdad, doña lrene Montero, afirmó que la
Sra. Serra había sido condenada por intentar frenar un desahucio y
añadió: "Ni lsa ni ninguna persona que en España luche contra las
injusticias estaréis solas.
Somos más."También la secretaria de Estado de Agenda 2030, doña lone
Belarra, calificó la sentencia de "injusta y desproporcionada".
Esta avalancha de críticas gubernamentales a la Sentencia provocó una
reacción del Consejo General del Poder Judicial (la segunda reacción del
CGPJ a las críticas del Gobierno en lo que va de año). El día siguiente
de la publicación de la Sentencia, el 23 de abril, aprobó un comunicado
en el que mostraba su profundo malestar. En particular, apeló al Gobierno
para que mostrase "moderación, prudencia y mesura" y apeló también "a la
responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la
Justicia". Recordó, además, el CGPJ que "la primera obligación de un
responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones
democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, don Pablo
Echenique, tuvo una furibunda reacción a este comunicado del CGPJ. En
efecto, atacó directamente a su presidente, don Carlos Lesmes, y afirmó
textualmente: "Lecciones de pulcritud democrática, las justas".
Desde entonces, ningún miembro del Gobierno ha dado amparo al CGPJ y todos
los ministros interpelados -incluso en sede parlamentaria- se han
limitado a defender las críticas del Vicepresidente Segundo y demás
miembros del Gobierno a la Justicia en el marco de su "libertad de
expresión".
Este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable. La
doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial pueda
ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del
Gobierno. Afirmar, como han hecho miembros del Gobierno, que la Justicia
española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter
contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
"El Congreso de los Diputados solicita a todos los miembros del Gobierno
que respeten la independencia de jueces y magistrados tal y como ordena
el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eviten lanzar
acusaciones de falta de imparcialidad sobre los mismos y se abstengan de
atacar al Poder Judicial y a la Justicia, que es propugnada en el
artículo 1 de nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento
jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Pedro Navarro López, Edurne Uriarte Bengoechea, Carlos Aragonés
Mendiguchía, Eloy Suárez Lamata, Jaime Eduardo de Olano Vera, Macarena
Montesinos de Miguel, María Auxiliadora Pérez Díaz, Adolfo Suárez Illana
y Pilar Marcos Domínguez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés
Granollers Cunillera. al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la protección del Patrimonio Histórico de la Mecanización
Agraria, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible.
Exposición de motivos
La publicación del Real Decreto 448/2020 de 10 de marzo, sobre
caracterización y registro de la maquinaria agrícola, ha generado
inquietud en el mundo de la conservación y coleccionismo de tractores
antiguos. A partir de la publicación de dicho Real Decreto se establece
que para comprar, cambiar de titularidad y poder circular legalmente con
un tractor de más de cuarenta años sin estructura de protección contra el
vuelco el vehículo se tenga que homologar y catalogar como vehículo
histórico según el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. Esta situación es inédita
en el mundo del coleccionismo de vehículos antiguos, ni automóviles, ni
motocicletas, ni camiones ni autobuses están obligados a ello.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta el gobierno a tomar las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la circulación de tractores con
una antigüedad superior a cuarenta años mediante el compromiso del
usuario de pertenecer a una asociación o club de vehículos antiguos y la
correspondiente anotación en la tarjeta ITV o permiso de circulación de
no poder realizar labores productivas con dicho tractor."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Inés Granollers
Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo
Republicano.
161/000772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reanudación del servicio público de exámenes de tráfico y su no
suspensión ningún día laborable del año 2020 en ninguna Jefatura
Provincial y Local de Tráfico con el fin de paliar en su totalidad
los efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para su debate en la Comisión de
Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El Ministerio de Sanidad publicó diecisite días antes que el Consejo de
Ministros decretará el estado de alarma para hacer frente a la expansión
del coronavirus COVID-19 el Procedimiento de actuación frente a
enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Posteriormente, entre el 2 y el 5
de marzo, Sanidad elaboró el Procedimiento de Actuación para los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al
nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) de aplicación en los distintos
departamentos ministeriales y organismos autónomos de la Administración
General del Estado.
La Jefatura Central de Tráfico, como Organismo Autónomo de los previstos
en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público, atendiendo al estudio de éstos procedimientos para su
aplicación y a la tipología del trabajo que se desarrolla en sus
distintos centros de trabajo elaboró un documento, que remitió el 10 de
marzo a las Escuelas Particulares de Conductores, en el que se recogía
las medidas de actuación frente al coronavirus (COVID-19) en la Dirección
General de Tráfico (DGT). Así, según los tipos de exposición las medidas
de actuación a aplicar variaban en cada escenario:
"Con atención directa al público en las Jefaturas Provinciales, locales y
oficinas locales: Medidas: Se deberá habilitar una zona de espera de
seguridad del público que acuda a la gestión de los diferentes trámites,
para ello se determinará una distancia de aproximadamente 2 metros a los
puestos de atención al público. Se extremará la precaución del uso de
hidrogeles, solución hidroalcohólica o agua y jabón para higiene de manos
especialmente tras el examen de la documentación que aporten los
interesados. No es necesario el uso de EPIs.
Con atención directa al público: Aulas, Centros de Examen y Examinadores:
Medidas en Aulas y Centros de Examen: Se deberá habilitar una zona de
espera de seguridad del público durante la gestión de la documentación
relativa a los exámenes. Para ello, se establecerá una distancia de
aproximadamente 2 metros desde el puesto donde se entregue la
documentación a la zona de espera del público, alejando las sillas de
espera, si las hubiera. Igualmente, se deberá mantener una distancia de
seguridad, en la medida de lo posible, de 2 metros con los alumnos
durante el desarrollo del examen. Se extremará la precaución del uso de
hidrogeles, solución hidroalcohólica o agua y jabón para higiene de manos
especialmente tras el examen de la documentación que aporten los
interesados.
Medidas en pruebas de circulación en vías abiertas: Se deberá mantener una
distancia de seguridad, en la medida de lo posible, de 2 metros con el
alumno durante la gestión de la documentación relativa al examen. Se
extremará la precaución del uso de hidrogeles, solución hidroalcohólica o
con agua y jabón para higiene de manos especialmente tras el examen de la
documentación que aporten los interesados y tras la subida y bajada del
vehículo de examen. En el caso de exámenes en turismos y pesados, se
deberá limitar el número de personas dentro del vehículo a un alumno, el
profesor y el examinador, permaneciendo este último en todo momento en
los asientos traseros del turismo o a la máxima distancia que permita la
cabina del vehículo pesado desde donde dará las instrucciones sin
acercarse al resto de ocupantes.
No obstante lo anterior, en caso de acudir un alumno que presente una
sintomatología clara y evidente compatible con el COVID-19 (fiebre, tos y
sensación de falta de aire), el examinador podrá suspender la prueba
anulando la convocatoria de dicho alumno."
El 12 de marzo la Dirección General de Tráfico, en función de las
competencias que tiene atribuidas, decidió suspender temporalmente desde
el 13 de marzo y hasta nuevo aviso, los exámenes para la obtención del
permiso de conducir, tanto teóricos como prácticos en las Comunidades de
Madrid y de La Rioja, así como en la provincia de Álava como medida
preventiva de salud en aplicación del protocolo de actuación frente a la
exposición al COVID-19.
El 13 de marzo de 2020, la Dirección General de Tráfico decidió ampliar
las medidas de prevención en aplicación del protocolo de actuación frente
a la exposición al COVID-19 a todo el territorio nacional. Entre esas
medidas se encontraba la suspensión temporal, hasta nuevo aviso, de los
exámenes teóricos y prácticos, de todas las categorías de vehículos, para
la obtención del permiso de conducción en todas las Jefaturas
provinciales de tráfico a partir del lunes 16 de marzo. Siendo el tenor
de la comunicación oficial
de Tráfico el siguiente: "La Dirección General de Tráfico, en función de
las competencias que tiene atribuidas ha decidido este viernes ampliar
las medidas de prevención en aplicación del protocolo de actuación frente
a la exposición al COVID 19.
Se suspenden temporalmente, hasta nuevo aviso, los exámenes teóricos y
prácticos -de todas las categorías de vehículos- para la obtención del
permiso de conducción en todas las Jefaturas provinciales de tráfico a
partir del lunes 16 de marzo [...]"
El 14 de marzo el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros
extraordinario, aprobó a tenor del artículo 116 de la Constitución
declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional por un
periodo de quince días para afrontar la situación de emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19 en España.
El artículo 7 y 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió la actividad educativa
presencial entre la que se encuentra la ofrecida por las escúpales de
formación de conductores, y no contempló la posibilidad de poder circular
para la realización de clases prácticas de enseñanza preparatorias para
la obtención de los permisos y licencias de conducir.
El 28 de abril, 46 días después de la declaración del estado de alarma y
tras tres prórrogas del mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un
plan de desescalada del confinamiento asimétrico en función de la
evolución de la pandemia en el ámbito provincial que se prolongará hasta
finales de junio en el mejor de los casos. En el Anexo ll de ese Plan
referido a la "Previsión orientativa para el levantamiento de las
limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma, en
función de las fases de transición a una nueva normalidad" se indica que
la previsión orientativa para la apertura de las autoescuelas se
enmarcará en la Fase II de la desescalada provincial que en el mejor de
los casos se producirá a partir del 26 de mayo, siempre y cuando la
evolución de la pandemia lo permita. Así, en la Fase II se permitirá la
"apertura de los centros educativos y de formación (autoescuelas,
academias, etc.) que no estén incluidos en los apartados de Educación y
Ciencia. Se establecerán las medidas de distanciamiento, higiene y
protección oportunas".
Desde el 16 de marzo las más de 9.000 autoescuelas que conforman el sector
en España están paralizadas al cerrar su actividad formativa para la
obtención de las licencias y permisos para conducir en todo el territorio
nacional. Por lo que la gran mayoría han recurrido al ERTE para proteger
a sus trabajadores de la situación generada, al mismo tiempo que los
autónomos titulares de autoescuelas mayoritariamente han solicitado la
prestación extraordinaria por cese de actividad. Durante más de 71 días,
en el mejor de los casos, las autoescuelas seguirán cerradas sin poder
ofrecer sus servicios profesionales a los ciudadanos hasta el inicio de
la Fase II del Plan de vuelta a la normalidad económica y social aprobado
por el Consejo de Ministros.
Según la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial
cada día de "no actividad" normal por parte de las autoescuelas está
costando al sector alrededor de seis millones de euros. Lo que supondrá
según esos cálculos, y en el mejor de los casos, un coste de más de 426
millones de euros para el sector formativo de las autoescuelas.
El retorno a la normalidad en el sector de las autoescuelas requiere que
la Dirección General de Tráfico reanude inmediatamente la realización de
las pruebas de aptitud prácticas para la obtención del permiso para
conducir ya que sin la reanudación de los exámenes suspendidos, desde el
12 de marzo en Madrid, La Rioja y Alava y desde el 13 de marzo en el
resto de España, no se reactivarán en las escuelas particulares de
conductores las clases prácticas preparatorias que son la actividad
esencial de las autoescuelas lo que provocaría la ruina del sector y la
pérdida de miles de empleos.
La vuelta a la normalidad tanto en la formación como en el servicio
público de exámenes de la Dirección General de Tráfico tras el
confinamiento por la COVID-19 requiere la inmediata presentación por
parte de la autoridad competente de un protocolo organizado, coordinado,
armonizado y responsable con medidas específicas y efectivas que
garanticen la seguridad y la salud de los tres actores que intervienen en
el desarrollo de las pruebas teóricas y prácticas para obtención del
permiso de conducir: los examinandos, los profesionales de las escuelas
particulares de conductores, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, y
los empleados públicos.
La mayoría de Jefaturas Provinciales de Tráfico cierran sus puertas
durante el verano dejando a autoescuelas y alumnos sin poder examinarse.
En la situación actual en la que, por un lado, 130.000 alumnos se
encontraban preparándose para someterse a las pruebas de alguno de los
permisos y licencias de conducción cuando el Consejo de Ministros decretó
el estado de alarma según datos de la
Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial; y por
otro, el retraso de la EBAU que supondrá un evidente retraso de
matriculaciones en las autoescuelas para mediados de julio, requiere un
esfuerzo de la Jefatura Central de Tráfico para aumentar su capacidad de
examinar para la obtención de los permisos y licencias de conducir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reanudar el servicio público de exámenes de la Dirección General de
Tráfico, tanto de las pruebas teóricas como prácticas, para la obtención
de los permisos y licencias para conducir a partir del 26 de mayo fecha
de inicio de la Fase ll o Intermedia del Plan de vuelta a la normalidad
económica y social aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril.
2. De acuerdo con lo anterior, y con el fin de paliar en su totalidad los
efectos del estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia
"COVID-19", no suspender la celebración de exámenes para la obtención del
permiso y licencia de conducir ningún día laborable del año 2020 en
ninguna Jefatura de Tráfico desde el inicio de la reanudación del
servicio público de exámenes.
3. Prestar el mencionado servicio público de exámenes garantizando siempre
la seguridad y la salud de todos los ciudadanos que participan en las
pruebas de evaluación, habilitando los medios y recursos necesarios para
impedir que por esta actividad puedan producirse nuevos contagios entre
los examinandos, los empleados públicos y/o los profesionales de la
formación vial ya sean trabajadores por cuenta ajena o autónomos.
4. Remitir a las Escuelas Particulares de Conductores con el suficiente
margen de antelación, que nunca será inferior a diez días del inicio de
la Fase ll o intermedia del Plan de desescalada, el protocolo de
seguridad y de salud que aplicará la Dirección General de Tráfico en las
aulas y centros de examen así como en las pruebas prácticas y de destreza
de circulación.
5. Asimismo, remitir a las Escuelas Particulares de Conductores con el
suficiente margen de antelación, que nunca será inferior a diez días del
inicio de la Fase ll o intermedia del Plan de desescalada, las medidas
preventivas para evitar que se produzcan contagios por COVID-19 que deben
implementar las autoescuelas con el fin de reanudar su actividad
formativa, teórica y práctica, con la máxima certeza y seguridad
laboral."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Óscar Gamazo
Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz y María Sandra Moneo Díez,
Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la reversión del tramo Valencia-Alicante de la
AP-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Alejandro Soler
Mur, Diputado.
181/000136
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se han producido en relación con la variante ferroviaria de
Torrellano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Alejandro Soler
Mur, Diputado.
181/000137
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
Texto:
¿Qué avances se están produciendo en las obras de duplicación de la SG-20?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-José Luis Aceves
Galindo, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000138
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, qué medidas va a
tomar Vd. para defender a los sectores a los que representa su Ministerio
ante la incertidumbre contenida en dicho plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, cuál ha sido su
participación o la de su Ministerio en la redacción del denominado plan
de desescalada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
181/000140
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, conoce la Sra.
Ministra el contenido del plan de desescalada anunciado y/o aprobado por
el Consejo de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
181/000141
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, ratifica o
rectifica Vd. sus explicaciones respecto a que en dicha fecha no existía
aprobación en Consejo de Ministros del plan de desescalada anunciado por
el gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido aprobado
en el Consejo de Ministros sino solo informado, mintió la Sra. Ministra
en la Comisión, o engañó a los Diputados miembros de la misma o no se
enteró en el Consejo de Ministros de lo que se aprobaba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
181/000145
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, qué opinión le
merece a usted y a su Ministerio el hecho de que en el Comité Técnico de
asesoramiento al Gobierno para el denominado plan de desescalada no haya
ningún experto en las materias de su competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
181/000146
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, considera Vd.
que es admisible que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo dé
información incorrecta al Congreso de los Diputados en un tema de tanta
importancia para la certidumbre y seguridad que reclaman los sectores de
la industria, el comercio y el turismo de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo
Diputado don Jesús Postigo Quintana, Diputado por Segovia
Texto:
¿En relación con las afirmaciones realizadas por Vd. como Ministra de
Industria, Comercio y Turismo en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo respecto a que el denominado plan de desescalada no había sido
aprobado en el Consejo de Ministros sino solo informado, considera Vd. la
posibilidad de presentar su dimisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Jesús Postigo
Quintana, Diputado.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
181/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de
Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública,
doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿Cómo valora la Ministra de Política Territorial y Función Pública el
funcionamiento del Estado autonómico en una situación de crisis como la
generada por el coronavirus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputado.
181/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de
Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública,
doña Carolina Darias San Sebastián
¿Cómo valora el Gobierno las respuestas dadas por las Comunidades
Autónomas a las demandas derivadas de la pandemia y su grado de
implicación y lealtad con respecto del Gobierno de la Nación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputado.
181/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública
Diputado don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, actuando en su condición de
Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
Dirigida a la Sra. Ministra de Política Territorial y Función Pública,
doña Carolina Darias San Sebastián
Texto:
¿En qué ha consistido el papel jugado por el Ministerio dirigido por la
señora Darias San Sebastián en la coordinación y colaboración entre el
Gobierno y las Comunidades Autónomas para hacer frente a la pandemia por
coronavirus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2020.-Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000119
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Texto:
¿Cuáles son las principales medidas que plantea el gobierno para reforzar
el Plan Nacional de Calidad del Aire en las principales ciudades de
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Daniel Vicente
Viondi, Diputado.
181/000143
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Qué efectos tendrá la caída de demanda eléctrica en España sobre el
cálculo de peajes y sobre el sistema eléctrico español, dado que nada se
sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta
Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez
en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se
declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando
ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego
Requena Ruiz, Diputado.
181/000144
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el Plan de Actuación del sector
Forestal en España, con medidas de carácter económico que nos permita
sumar la actividad económica forestal a la salida de la crisis
Post-COVID-19, dado que nada sabemos sobre dicho particular pese a que la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y
Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha
comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez
Pérez, Diputado.
181/000148
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar y poner en marcha la Estrategia
Española sobre Economía Circular para establecer los sectores
prioritarios de actividad y las líneas principales de actuación, metas,
plazos y en colaboración con las distintas Administraciones, que nos
permita como país salir de la crisis y activar la economía Post-COVID,
dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta
Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez
en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se
declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando
ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez
Pérez, Diputado.
181/000149
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Qué opinión tiene la Vicepresidenta responsable de la desescalada cuando
escucha las quejas de los presidentes autonómicos incluidos los de su
partido por no haber consensuado el proceso de desescalada con las
autonomías y ayuntamientos, dado que nada se sabe sobre dicho particular
pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no
ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago
Bugarín, Diputado.
181/000150
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Por qué han permitido la celebración el 8M y otras grandes aglomeraciones
si ya teníamos detectados los primeros casos de personas infectadas en
España y observábamos con pavor la escalada diaria de aumento de casos en
Italia, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y
Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha
comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago
Bugarín, Diputado.
181/000151
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Si usted proclama y exige la unidad de acción territorial en la lucha
contra el COVID-19, por qué no ha contado con las CC.AA. y Ayuntamientos
en el desarrollo del plan de desescalada, dado que nada se sabe sobre
dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro
del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión
competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado
de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y
entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago
Bugarín, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Si usted afirma que Portugal cuenta con mejores resultados porque el
virus viene del Este, cómo explica el Gobierno que España esté en una
situación peor en número de contagios y de fallecidos que otros países de
la UE que están más próximos al foco de inicio de la pandemia, dado que
nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta
del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico es la
única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez en la
Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el
Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de
prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago
Bugarín, Diputado.
181/000153
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿Si el Gobierno ha reconocido celebrar las primeras juntas de seguridad
ante la posible llegada del COVID-19 a España durante el mes de enero,
por qué usted ahora afirma en la entrevista dominical de un importante
medio de comunicación nacional que no les ha dado tiempo a detectar el
problema hasta después del 8M, dado que nada se sabe sobre dicho
particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno
que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en
los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en
diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez
Collado, Diputada.
181/000154
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Diego Gago Bugarín, Diputado por Pontevedra
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la Ley de cambio climático,
dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta
Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez
en la
Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se declaró el
Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando ruedas de
prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Diego Gago
Bugarín, Diputado.
181/000155
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Considera que el PNIEC comunicado a la Comisión Europea no necesita
ninguna actualización, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese
a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no
ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego
Requena Ruiz, Diputado.
181/000156
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don César Sánchez Pérez, Diputado por Alicante
Texto:
¿Qué planes, partidas presupuestarias e inversiones tiene proyectado
llevar a cabo su Ministerio para relanzar la economía española
Post-COVID, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y
Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha
comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-César Sánchez
Pérez, Diputado.
181/000157
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿A la vista de que los ciudadanos quieren certidumbres y un Gobierno que
no les ponga, al menos, "palos en la rueda" y que sus declaraciones como
Vicepresidenta afirmando que "si no están cómodos que no abran" no es
sinónimo de apoyo al hostelero, qué medidas concretas ha previsto su Vd.
en sus
funciones en el plan de desescalada para el sector de la hostelería, dado
que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la Vicepresidenta
Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
es la única miembro del Gobierno que aún no ha comparecido una sola vez
en la Comisión competente del Congreso de los Diputados desde que se
declaró el Estado de alarma y en los últimos días está protagonizando
ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez
Collado, Diputada.
181/000158
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Carmen Navarro Lacoba, Diputada por Albacete
Texto:
¿A la vista de líneas generales trazadas por la Comisión Europea para la
salida de la crisis, relativas al crecimiento verde y la digitalización,
qué acciones concretas ha llevado a cabo su Ministerio en los últimos dos
años, dado que nada se sabe sobre dicho particular pese a que la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y
Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno que aún no ha
comparecido una sola vez en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en los últimos días
está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Navarro
Lacoba, Diputada.
181/000159
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputado don Juan Diego Requena Ruiz, Diputado por Jaén
Texto:
¿Considera que el PNIEC remitido a la Unión Europea debe ser modificado
como consecuencia del COVID-19, dado que nada se sabe sobre dicho
particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno
que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en
los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en
diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Juan Diego
Requena Ruiz, Diputado.
181/000160
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Carmen Navarro Lacoba, Diputada por Albacete
Texto:
¿Considera que el incremento de estructura funcionarial dependiente de su
Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico es la política más adecuada para afrontar la crisis económica
que se deriva de las medidas de confinamiento y disminución de la
actividad productiva en España, dado que nada se sabe sobre dicho
particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno
que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en
los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en
diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Carmen Navarro
Lacoba, Diputada.
181/000161
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Paloma Gázquez Collado, Diputada por Asturias
Texto:
¿Considera la Vicepresidenta Cuarta y Ministra de Transición Ecológica que
el condicionamiento de las ayudas de la UE a las que se ha referido en
declaraciones públicas, puede afectar a pensiones y sueldos de
funcionarios públicos en España, dado que nada se sabe sobre dicho
particular pese a que la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográfico es la única miembro del Gobierno
que aún no ha comparecido una sola vez en la Comisión competente del
Congreso de los Diputados desde que se declaró el Estado de alarma y en
los últimos días está protagonizando ruedas de prensa y entrevistas en
diarios nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez
Collado, Diputada.
181/000173
Grupo Parlamentario Plural
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Inés Sabanés Nadal
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Va a mantener el gobierno los compromisos y las 25 líneas prioritarias
anunciadas con la declaración de emergencia climática?
Palacio Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Inés Sabanés Nadal,
Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico
Diputada doña Inés Sabanés Nadal
Dirigida a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Qué medidas se van a tomar desde el Gobierno y, específicamente, desde el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para salvaguardar
el marco general hacia una Transición Ecológica y Sostenible en el
contexto de la desescalada y de la concreción de los planes
socioeconómicos y productivos en nuestro país?
Palacio Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-Inés Sabanés Nadal,
Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000191
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputada doña Paloma Gázquez Collado
Texto:
¿Qué medidas ha llevado a cabo la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en el año que ha presidido la
Red Europea de Agencias de Desarrollo (Practitioners Network) y qué
propuestas de respuesta global frente a la crisis del COVID-19 tendentes
a configurar la Estrategia de Respuesta de la Cooperación Española frente
al COVID-19 se han presentado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-Paloma Gázquez
Collado, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener
por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar,
a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, las preguntas al Gobierno con
respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo
a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/005962
Núm. registro: 14094
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP).
Objeto iniciativa: Fundamento jurídico, condiciones de protección o texto
legal que ampara la prohibición enviada por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico por correo electrónico a
empresas afectadas por los planes de gestión de las 24 ZEC (Zonas de
Especial Conservación) de Canarias, referentes a los criterios de
navegación para desarrollar la actividad de avistamiento de cetáceos en
el ámbito costero de Santiago del Teide mayoritariamente.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 48 de 9 de
marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000169.
Núm. expte.: 184/005973
Núm. registro: 14105
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Mariscal Anaya,
Guillermo (GP) Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP) Ledesma Martín,
Sebastián Jesús (GP).
Objeto iniciativa: Razones de la demora de la autorización de obras al
Hotel Oliva Beach en Fuerteventura.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 48 de 9 de
marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000168.
Núm. expte.: 184/005974
Núm. registro: 14106
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Ledesma Martín,
Sebastián Jesús (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Pérez Díaz, María
Auxiliadora (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Canarias para "Acondicionamiento Playa de Valleseco" en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 48 de 9 de
marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000167.
Núm. expte.: 184/005979
Núm. registro: 14111
Autor iniciativa: Zurita Expósito, Ana María (GP) Ledesma Martín,
Sebastián Jesús (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Pérez Díaz, María
Auxiliadora (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Canarias para "Actuaciones en la Costa" en la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 48 de 9 de
marzo de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000166.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener
por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar,
a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se
indican, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a
continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones
correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María
Valentina (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP) Rojas García, Carlos (GP) Marcos
Domínguez, Pilar (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de incrementar las dotaciones
destinadas a emitir permisos de residencia y expedición de números de
identidad para extranjeros tras la suspensión de las citas previas
previstas para ello.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000189.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Núm. expte.: 184/007409
Núm. registro: 18079
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María
Valentina (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Países que han restringido las comunicaciones vía
terrestre, aérea y marítima desde España durante la crisis por el
coronavirus.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000187.
Núm. expte.: 184/007411
Núm. registro: 18081
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María
Valentina (GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Valoración de las restricciones de las vías de
comunicación anunciadas por terceros países respecto a España.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000188.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
Núm. expte.: 184/006281
Núm. registro: 15827
Autor iniciativa: González Guinda, María del Carmen (GP) García Rodríguez,
Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la asimilación legal de la
valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima
del grado de capacidad, que en nuestro ordenamiento jurídico es el 33 %.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000176.
Núm. expte.: 184/006290
Núm. registro: 15836
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia
(GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para reducir la lista de espera en el
ámbito de la dependencia en el año 2020.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000177.
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia
(GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para favorecer la emancipación de los
jóvenes en el año 2020.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000178.
Núm. expte.: 184/006294
Núm. registro: 15840
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia
(GP).
Objeto iniciativa: Medidas previstas para fomentar la natalidad en el año
2020.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000179.
Núm. expte.: 184/006297
Núm. registro: 15843
Autor iniciativa: Moneo Díez, María Sandra (GP) García Rodríguez, Alicia
(GP).
Objeto iniciativa: Conclusiones alcanzadas y propuestas realizadas durante
la reunión del Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales celebrado el 12 de diciembre de 2019 en relación con la gestión
realizada y la actividad desarrollada en el año, así como con la apertura
de los nuevos centros de referencia estatal y con la confección del nuevo
contrato del programa de turismo social.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000180.
Núm. expte.: 184/007437
Núm. registro: 18126
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra
(GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de garantizar la flexibilización del
personal y de tareas para dar respuesta a la situación actual y a la que
pueda producirse en las próximas semanas y la atención a las personas
usuarias de centros de personas mayores, centros de carácter social y
servicios de atención domiciliaria.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000181.
Núm. expte.: 184/007440
Núm. registro: 18129
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra
(GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para declarar a los
profesionales de los servicios sociales como prestadores de servicios
esenciales.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000182.
Núm. expte.: 184/007441
Núm. registro: 18130
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra
(GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para garantizar la atención
de los ciudadanos que se vean afectados por la crisis del coronavirus.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000183.
Núm. expte.: 184/006331
Núm. registro: 15878
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca del déficit de plazas residenciales
y de desarrollar el epígrafe relativo a la calidad de las residencias de
mayores del documento "Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para
España".
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000184.
Núm. expte.: 184/006333
Núm. registro: 15880
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de culminar la Encuesta sobre
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, "que tenía
que haber estado realizada y entregados sus resultados en 2018".
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000185.
Núm. expte.: 184/007442
Núm. registro: 18131
Autor iniciativa: García Rodríguez, Alicia (GP) Moneo Díez, María Sandra
(GP) Garcés Sanagustín, Mario (GP).
Objeto iniciativa: Medidas y plazos previstos para ampliar la cobertura y
posibles ayudas de urgencia al alquiler no contempladas en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000186.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Núm. expte.: 184/006327
Núm. registro: 15874
Autor iniciativa: Requena Ruiz, Juan Diego (GP).
Objeto iniciativa: Previsiones de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir acerca de abrir plazo para la solicitud de riegos
extraordinarios en la provincia de Jaén y su concesión para al menos los
regantes de las cuatro últimas campañas.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000175.
Comisión de Sanidad y Consumo
Núm. expte.: 184/007372
Núm. registro: 18023
Autor iniciativa: González Vázquez, Marta (GP) Martínez Ferro, María
Valentina (GP) Mariscal Anaya, Guillermo (GP) Echániz Salgado, José
Ignacio (GP) Hoyo Juliá, Belén (GP).
Objeto iniciativa: Intercambios comerciales de productos sanitarios
realizados por el Gobierno con empresas chinas durante la crisis del
coronavirus.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63 de 8 de
abril de 2020.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000190.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rufián Romero, Gabriel (GR).
Investigación por la Fiscalía de la ciudad suiza de Ginebra los negocios
del Rey emérito Su Majestad Don Juan Carlos I.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el quinto guion dado
que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre
materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al
Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2020.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito.
Según se publicó hace pocas semanas por la prensa ginebresa la Fiscalía de
la ciudad suiza de Ginebra investiga al rey emérito Juan Carlos de
Borbón. Por lo publicado, el ministerio fiscal suizo investiga posibles
percepciones irregulares provenientes de donaciones de 100 millones de
dólares en una cuenta del banco Mirabaud en 2008, el rastreo de la cual
parece arrojar la conclusión de que procedía del entorno del entonces rey
de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saudí.
Por lo publicado, esta investigación implicaría directamente a la
aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein y a presuntos testaferros del
monarca emérito como son Arturo Fasana y Dante Canónica. De hecho, la
investigación, se basa en buena parte en lo contenido en la documentación
requisada en los registros que hizo el fiscal suizo a los despachos de
dichos testaferros. La fiscalía helvética investiga, además, los
movimientos de la fundación panameña Lucum en la que el Rey emérito era
primer beneficiario. La instrucción se enmarca también en una
investigación relacionada con un presunto delito de blanqueo agravado de
capitales por presuntos pagos de comisiones derivadas de las
adjudicaciones a empresas españolas de la construcción del AVE entre La
Meca y Medina.
Recientemente el periódico El País publicó que había obtenido acceso a la
declaración de Fasana ante el fiscal jefe del cantón de Ginebra Yves
Bertossa. Por lo visto, el presunto testaferro habría declarado que Juan
Carlos I entregó en persona 1,9 millones de dólares contenidos en un
maletín, dinero proveniente de una donación del rey de Bahréin Hamad bin
Isa al Jalifa al que era gestor de su cuenta suiza -Fasana- en la banca
Mirabaud. Cuenta a nombre de la fundación Lucum. Por lo visto el Rey
emérito hizo esta transacción en persona y en el domicilio del mismo
Fasana justo después de haber llegado de una visita a Abu Dabi.
En la propia comisión rogatoria enviada por Bertossa a petición del Juez
de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se informa, entre otras,
de la donación de Arabia Saudí de 100 millones de dólares a una cuenta
suiza del Rey emérito, así como también el ingreso el 7 de abril de 2010
de los 1,9 millones de dólares a los que Fasana, presuntamente, hacía
referencia. Confirmando así la declaración del presunto testaferro.
Con lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas al Gobierno:
- ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la investigación iniciada por la
fiscalía de Ginebra en relación a los negocios del Rey Emérito?
- ¿Ha mantenido algún contacto en relación a esta investigación con el
ministerio de justicia helvético y/o el gobierno suizo?
En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el objetivo y conclusiones de este
contacto?
- ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la investigación que ha
abierto la fiscalía helvética?
- Algunos grupos políticos con presencia en el Senado y el Congreso han
presentado sendas peticiones de comisión de investigación, peticiones que
han sido sistemáticamente rechazadas por el principal partido del
Gobierno, ¿Piensa el Gobierno iniciar algún tipo de investigación en
relación a los negocios del Rey emérito y la implicación política de los
anteriores Gobiernos y la administración pública y las presuntas tramas
de corrupción a las que estaría presuntamente vinculado según diversas
informaciones aparecidas de forma recurrente en los medios?
- [...]
- ¿Continuará el CIS sin preguntar a la ciudadanía la valoración,
posicionamiento y opinión en relación a la Casa Real? ¿Hasta cuándo? ¿por
qué?
- ¿Piensa el Gobierno actuar en la medida que le sea posible para iniciar
cualesquiera de las reformas legislativas que sean requeridas a fin y a
efecto de que ninguna institución pueda acogerse a principios de
inviolabilidad ni figuras legales que puedan amparar comportamientos
indecorosos y/o irregulares sino directamente ilegales y corruptos?
